Camino al 20A: una lucha de valientes

Dentro de un mes se cumplirá un año desde que finalizó la etapa de Podemos al frente del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, y cinco desde que decidimos afrontar responsabilidades de gobierno en las islas con todas las consecuencias que esta decisión traía consigo. 

La eficacia de cualquier partido comprometido con los de abajo se mide netamente por la capacidad que tiene, desde el lugar que le toque ocupar, de acompañar y llevar a la agenda política las demandas y anhelos de la sociedad civil a la que representa. 

En los 4 años de mandato del llamado “Pacto de las Flores” no hubo ni un momento en que el dilema entre los límites y las posibilidades de gobernar no se hiciese patente para nosotras. Se daba la paradoja de que accedíamos al Ejecutivo autonómico en un contexto de retroceso electoral relativo, con menos fuerza electoral e institucional, y aún así se abría la posibilidad de que una organización con un programa nítidamente de izquierdas accediese al Consejo de Gobierno de las islas con el empuje suficiente para que algunas cosas empezasen a cambiar.

Con esta premisa asumíamos en 2019 responsabilidades políticas que tocaría defender muy pronto, muchas veces contra los propios socios de Gobierno, acostumbrados durante décadas a atender solo a aquellas presiones que venían desde arriba, desde aquellos despachos en que se se sentaban quienes se habían acostumbrado a mandar en las islas sin presentarse a las elecciones. 

Las luchas ciudadanas por la defensa del territorio ganaron un enorme protagonismo durante la pasada legislatura.

En julio de 2020, la movilización popular permitía que el reclamo contra el macromuelle de Agaete, una ocurrencia urbanística sin viabilidad ambiental ni económica, se convirtiese en el centro de la discusión pública. 

Ya en ese momento entendíamos que se daba una pugna por el interés general que tenía como agente protagonista al movimiento ecologista de Gran Canaria, y que la función de Podemos Canarias era la de defender férreamente la integridad del territorio en todos los ámbitos en que estábamos presentes. Así lo habíamos hecho durante el Debate de la Nacionalidad de 2018, cuando todos los grupos del Parlamento (incluidos NC y PSOE) pedían que las obras del muelle se iniciasen “a la mayor brevedad posible”, y nos quedábamos solas votando en contra. El Gobierno de Canarias era un nuevo espacio de disputa ganado para la ciudadanía y no dudamos en dar la batalla desde allí.  

Y se consiguió. El empuje ciudadano y la traslación de su fuerza al Ejecutivo a través de una organización que ejercía de altavoz en la institución permitieron detener una operación especulativa contra nuestra tierra.

Recuerdo con especial intensidad la valentía con que la gente se opuso, también en aquellos días, al Puerto de Fonsalía, una barbaridad que amenazaba el único santuario de cetáceos de toda Europa y que pretendía imponerse sobre una Zona de Especial Conservación. De nuevo, el debate se dividió entre quienes tenían intereses económicos, poder y políticos a sus órdenes, y una ciudadanía que tenía la fuerza de su voz y la razón de su parte. Nos costó una fuerte polémica dentro del gobierno, pero no dudamos ni por un momento de cuál era nuestro bando. La fórmula volvió a funcionar: un pie en las instituciones y miles en las calles permitían que el macroproyecto planteado para Guía de Isora terminase en la papelera de la Historia de las islas.

Ni un año después se iniciaban las obras del complejo turístico de lujo “Cuna del Alma” en Adeje, quizá la demostración más cruda que vimos la pasada legislatura de lo que es el modelo del destrozo. Grúas funcionando contra activistas indefensos, mostrando el mismo desprecio y violencia que los propios directivos del proyecto. Vestigios arqueológicos destruidos por la avaricia del capital extranjero mientras los partidos tradicionales se ponían de perfil.

La presencia en el gobierno volvió a ser una herramienta esencial para dar oxígeno a las movilizaciones: se logró imponer multas históricas a los responsables y la paralización cautelar de unas obras a todas luces irregulares. 

Ello no evitó la frustración por no poder ir más rápido, más lejos y con mayor rotundidad contra quienes destrozaban, ni el sentimiento de que todo apoyo a las activistas que ponían el cuerpo contra las palas podía quedarse corto. 

Hoy, casi un año después de unas elecciones en que la fragmentación del voto de izquierdas provocó la vuelta de las derechas al poder, desde Podemos Canarias miramos con ilusión la energía con que la ciudadanía vuelve a organizarse para desbordar las calles el próximo 20 de abril por un modelo productivo que cuide de la población y del territorio. Hoy observamos cómo reclamos que hasta hace poco parecían imposibles, como la ecotasa, se abren paso de forma imparable, pasando a formar parte incluso del argumentario de los reaccionarios (algunos se estarán arrepintiendo de no haber aprobado esta medida cuando pusimos un proyecto de ley sobre la mesa del Pacto de las Flores hace no tanto).

Las herramientas políticas populares nacemos de las demandas de la gente que lucha, nos dejamos la piel por convertirlas en acción de Gobierno cuando la fuerza electoral lo permite y cuando los tiempos se vuelven difíciles, seguimos empujando desde el lugar que nos toque ocupar en cada momento. 

Hoy, casi un año después de terminar nuestra primera experiencia de gobierno y ante un nuevo ciclo de reivindicaciones, recordamos con más fuerza que nunca dónde está nuestro lugar: acompañando a nuestra gente. Allí estaremos.

Dentro de un mes se cumplirá un año desde que finalizó la etapa de Podemos al frente del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, y cinco desde que decidimos afrontar responsabilidades de gobierno en las islas con todas las consecuencias que esta decisión traía consigo. 

La eficacia de cualquier partido comprometido con los de abajo se mide netamente por la capacidad que tiene, desde el lugar que le toque ocupar, de acompañar y llevar a la agenda política las demandas y anhelos de la sociedad civil a la que representa.