Las canteras ilegales de Tenerife y el Partido Socialista

La generación que se hizo con el poder en los primeros años de la democracia se encontró con la necesidad de profesionalizar la política; para unos era no discriminar el acceso a los puestos políticos por razones económicas, esa era la opinión de la mayor parte de los partidos de izquierdas recién legalizados, para otros, los puestos políticos debían estar bien remunerados, al fin y al cabo, son miembros de la élite de la sociedad y su dedicación a la sociedad tiene que ser bien pagada. Los partidos políticos pronto se dieron cuenta que, no solo era una agrupación de ciudadanos unidos por sus ideas políticas y que quieren que llevara cabo gobernando las instituciones, también eran empresas capaces de dar muchos puestos de trabajo bien remunerados y con grandes posibilidades de promoción económica y social. Los partidos políticos, para garantizar el control de la empresa pública, idearon una forma de controlar el voto de los ciudadanos: ellos son los que designan a los candidatos. Éstos solo pueden votar una lista, ni tan siquiera podemos alterar con el voto nuestras preferencias entre los distintos integrantes de la papeleta electoral. Por eso, los elegidos para desempeñar los cargos, obedecen más las consignas del partido del que depende su continuidad en el cargo, ante que los compromisos electorales asumidos con los electores.

El problema no es solo que la actividad política se haya convertido en un coto reservados a los profesionales de los partidos dominantes, peores consecuencias ha tenido que la oligarquía que forman los aparatos de los partidos se hayan hecho con el control del patrimonio público y de los presupuestos. La falta de transparencia que caracteriza a las administraciones públicas españolas se ha visto facilitada por el poder legislativo, controlado por los partidos, que nunca ha legislado para que las instituciones públicas esté fiscalizada realmente por los ciudadanos. Esta deliberada ocultación de de la gestión se evidencia, no solo en el recurrente silencio administrativo y las tasa judiciales, también les lleva, incluso, a negar el acceso a la documentación que conservan en sus archivos, afectando la prohibición a hechos ocurridos hace más de treinta años y que, por tanto, siguen siendo inaccesibles a los historiadores.

Canarias no es una excepción, los partidos políticos con responsabilidades en las instituciones públicas, sin excepciones, siguen la misma tónica. Un caso evidente que afecta a los tres partidos que se reparten el gobierno de las administraciones públicas es de las canteras clandestinas que suministran los áridos, especialmente los destinados a la construcción del puerto de Granadilla. El hecho cierto es que han proliferado las canteras ilegales y, lo que es más grave, las administraciones han permitido que este flagrante delito ambiental se siga cometiendo. No vale alegar, por parte de los políticos y sus partidos, desconocimiento de la situación. Entre otras cosas, porque una cantera no se puede camuflar y, desde hace años, han sido denunciadas por ATAN ante la propia administración y en los juzgados. En agosto del año 2012 presentó un escrito en en el que exponía el caso a la consejería de Empleo, Industria y Comercio, con registro de entrada nº 971.747. El entonces Director General de Industria, Juan Antonio León Robaina, contestó a nuestra asociación y no optó por el silencio administrativo. En su escrito, con fecha de salida 25/10/2012, reconoce: “Que como consecuencia de esas comprobaciones [ Las del SEPRONA] han sido iniciados varios expedientes, al detectar que las obras de preparación de fincas, ha sido con excavaciones y apuntalamiento, exceden las condiciones impuestas por los ayuntamientos en licencias municipales que puntualmente se vienen otorgando.”

También deja claro en su escrito que: “las piedra está siendo comercializada, transportada, vendida y aprovechada en las obras del Puerto de Granadilla, sin que conste autorización alguna de los intervinientes, ni de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, ni del Departamento de Obras públicas de la Administración del estado.” En consecuencia, el Director General de Industria toma la decisión de cerrar estas explotaciones “sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven por la explotación de recursos sin la preceptiva autorización.”

Por una vez parecía que una administración asumía sus responsabilidades. No solo contestaba con cierta rapidez, también tomaba la decisión normal de cumplir y de hacer cumplir las leyes. Pero el señor León Rabaina, cesó en su puesto, las canteras ilegales siguieron proliferando, los ayuntamientos concediendo falsas licencias y los promotores vendiendo piedras para la construcción del puerto con la complicidad de la Autoridad Portuaria, del esperpéntico Observatorio Ambiental de Granadilla (OAG) y con la vista gorda del Gobierno y del Cabildo.

La Consejería de Industria es responsabilidad del Partido Socialista Canario, también lo es la protección del territorio y el medio ambiente desde el año 2011. En el año 2013, más de un año después de la decisión tomada por la Dirección General de Industria, ATAN denunció una cantera en suelo rústico propiedad del exalcalde de Fasnia, Pedro Hernández Tejera (CC), y que la piedra obtenida de la excavación se usa para obras del puerto de Granadilla. Ante la inhibición de los de las instituciones encargadas de administrar nuestros bienes conforme a la legalidad, ATAN ha presentado un escrito en fiscalía para que pida al juez que decrete las medidas legales oportunas contra el ex-alcalde y de todos los que resulten responsables de esta ilegalidad y empresario ante su reiterado incumplimiento de la ley.

Un hecho como éste pone en evidencia que una resolución de la Dirección General de Industria del Gobierno Canario ni vale ni sirve para nada, porque es más importante para el partido Socialista favorecer el negocio de las canteras ilegales y asegurar, de esta manera, la construcción del polémico puerto. Eso explica que no contesten a las demandas de información que le hacemos desde ATAN, a pesar de que la ley les obliga a ello. Hemos recurrido a los tribunales para que el PS conteste, mientras tanto, su silencio cómplice está permitiendo que el sur de la isla esté siendo picoteado, que unos pocos se sigan haciendo de oro con las canteras y el puerto.

La presidenta del OAG es Guacimara Medina Pérez, que también es viceconsejera de Medio Ambiente, y en esta cuestión ( Y no solo es ésta) está tan muda como la dicharachera Consejera de Industria. ¿Esta es la transparencia que defienden en sus discursos electorales?

La generación que se hizo con el poder en los primeros años de la democracia se encontró con la necesidad de profesionalizar la política; para unos era no discriminar el acceso a los puestos políticos por razones económicas, esa era la opinión de la mayor parte de los partidos de izquierdas recién legalizados, para otros, los puestos políticos debían estar bien remunerados, al fin y al cabo, son miembros de la élite de la sociedad y su dedicación a la sociedad tiene que ser bien pagada. Los partidos políticos pronto se dieron cuenta que, no solo era una agrupación de ciudadanos unidos por sus ideas políticas y que quieren que llevara cabo gobernando las instituciones, también eran empresas capaces de dar muchos puestos de trabajo bien remunerados y con grandes posibilidades de promoción económica y social. Los partidos políticos, para garantizar el control de la empresa pública, idearon una forma de controlar el voto de los ciudadanos: ellos son los que designan a los candidatos. Éstos solo pueden votar una lista, ni tan siquiera podemos alterar con el voto nuestras preferencias entre los distintos integrantes de la papeleta electoral. Por eso, los elegidos para desempeñar los cargos, obedecen más las consignas del partido del que depende su continuidad en el cargo, ante que los compromisos electorales asumidos con los electores.

El problema no es solo que la actividad política se haya convertido en un coto reservados a los profesionales de los partidos dominantes, peores consecuencias ha tenido que la oligarquía que forman los aparatos de los partidos se hayan hecho con el control del patrimonio público y de los presupuestos. La falta de transparencia que caracteriza a las administraciones públicas españolas se ha visto facilitada por el poder legislativo, controlado por los partidos, que nunca ha legislado para que las instituciones públicas esté fiscalizada realmente por los ciudadanos. Esta deliberada ocultación de de la gestión se evidencia, no solo en el recurrente silencio administrativo y las tasa judiciales, también les lleva, incluso, a negar el acceso a la documentación que conservan en sus archivos, afectando la prohibición a hechos ocurridos hace más de treinta años y que, por tanto, siguen siendo inaccesibles a los historiadores.