La gran mascarada de Las Teresitas

Todas las fuerzas vivas canarias, especialmente las de Tenerife, han cerrado filas alrededor de un sofisma bastante indigestible: la total y absoluta inocencia de Miguel Zerolo y de los empresarios González y Plasencia en el caso de Las Teresitas por la ya conocida decisión del TSJC de sobreseer para ellos y varias personas más el delito de cohecho por el que se les ha venido investigando los últimos años. Cualquiera que se haya leído el auto de 70 folios dado a conocer la semana pasada por la juez instructora, Carla Bellini, recomendaría a los eufóricos inocentes y a toda la coral de hagiógrafos que ha puesto el grito del honor en el cielo, que callaran prudentemente al menos durante un tiempo. Al menos hasta que se juzguen los otros delitos que quedan vivos. Porque, según ese auto, el principal encartado en el pelotazo de libro, el ex alcalde de Santa Cruz hoy senador del Reino, ha venido llevando un nivel de vida bastante alejado de lo que pudiera considerarse natural dados sus ingresos conocidos y declarados. Un político del que una juez y una fiscal aseguran que presenta unos gastos que no se corresponden con los movimientos en sus cuentas corrientes y que maneja unos dineros de “procedencia desconocida” no debería seguir en política, y menos ir repartiendo por ahí el perdón a los que le han ofendido por temerse lo peor. La justicia archiva por dos motivos, uno es el que ha puesto en un auto: por no haber podido probar que esos dineros procedieran de un pago (cohecho, soborno, dádiva, enjuague) realizado por los empresarios de Las Teresitas. El otro motivo tiene que ver con esos poderes invisibles que conducen a muchos servidores públicos a preferir un mal archivo que un buen pleito.

Todas las fuerzas vivas canarias, especialmente las de Tenerife, han cerrado filas alrededor de un sofisma bastante indigestible: la total y absoluta inocencia de Miguel Zerolo y de los empresarios González y Plasencia en el caso de Las Teresitas por la ya conocida decisión del TSJC de sobreseer para ellos y varias personas más el delito de cohecho por el que se les ha venido investigando los últimos años. Cualquiera que se haya leído el auto de 70 folios dado a conocer la semana pasada por la juez instructora, Carla Bellini, recomendaría a los eufóricos inocentes y a toda la coral de hagiógrafos que ha puesto el grito del honor en el cielo, que callaran prudentemente al menos durante un tiempo. Al menos hasta que se juzguen los otros delitos que quedan vivos. Porque, según ese auto, el principal encartado en el pelotazo de libro, el ex alcalde de Santa Cruz hoy senador del Reino, ha venido llevando un nivel de vida bastante alejado de lo que pudiera considerarse natural dados sus ingresos conocidos y declarados. Un político del que una juez y una fiscal aseguran que presenta unos gastos que no se corresponden con los movimientos en sus cuentas corrientes y que maneja unos dineros de “procedencia desconocida” no debería seguir en política, y menos ir repartiendo por ahí el perdón a los que le han ofendido por temerse lo peor. La justicia archiva por dos motivos, uno es el que ha puesto en un auto: por no haber podido probar que esos dineros procedieran de un pago (cohecho, soborno, dádiva, enjuague) realizado por los empresarios de Las Teresitas. El otro motivo tiene que ver con esos poderes invisibles que conducen a muchos servidores públicos a preferir un mal archivo que un buen pleito.