El pleno extraordinario del Parlamento solicitado por el presidente Paulino Rivero para autorizar y fijar la fecha de la consulta popular sobre las prospecciones ya tiene fecha y hora: las 10.30 horas del próximo 4 de septiembre.
Ese día, el presidente Rivero presentará a la Cámara la resolución del Gobierno en la que se detallarán tanto el trámite administrativo como las decisiones políticas adoptadas para celebrar la consulta antes de que culmine el mes de noviembre en base a la Ley de Participación Ciudadana de Canarias.
Precisamente, el Ejecutivo regional está a la espera del informe del Consejo Consultivo sobre el decreto que desarrolla la ley, pues como se recordará, el Ejecutivo regional no ha optado por un referéndum, ya que únicamente lo puede autorizar el Estado.
Por ello, Rivero explicará en el Parlamento que la consulta ciudadana podrá realizarse de forma presencial en urna o por procedimientos electrónicos y en la misma no solo podrá participar todos los residentes y empadronados en Canarias, sino las entidades ciudadanas y personas jurídicas sin ánimo de lucro que se inscriban en el Registro de Participación Ciudadana, al que también han de apuntarse los ciudadanos que elijan pronunciarse de forma telemática.
Asimismo, el Gobierno no podrá preguntar directamente a los ciudadanos su opinión sobre las prospecciones, porque no tiene competencias sobre las mismas, pero sí podrá redactar una pregunta que relacione los sondeos petrolíferos con materias en las que Canarias sea competente.
Una vez definida la pregunta, Rivero aprobará un decreto de convocatoria, que debe celebrarse al menos 30 días naturales después, por lo que el presidente podrá establecer más nítidamente una fecha en el transcurso del debate.
Apelar a la Unión Europea
Al margen de la consulta propiamente dicha, el presidente también utilizará la tribuna de oradores para recordar que además del recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo la nulidad de la sentencia que convalidó la autorización de las prospecciones y del recurso ante el Ministerio de Industria contra el último permiso que da vía libre a las perforaciones, el Gobierno canario solicitará a la Comisión Europea que apele a la intervención del tribunal de Luxemburgo por considerar que se está vulnerando la normativa europea, como ya apuntaron dos de los cinco magistrados del Supremo.
Tras la intervención de Rivero, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios iniciarán el debate sobre el contenido de los decretos que propiciarán la consulta popular, así como de los pasos políticos y administrativos a adoptar y, previsiblemente, se fijará la fecha en la que se conocerá el parecer de la ciudadanía.
El debate concluirá, previsiblemente, en la sesión de tarde, cuando se aprueben las distintas propuestas de resolución que presenten los grupos parlamentarios.
Únicamente el Grupo Popular se opone a la consulta popular, ya que la considera ilegal, como dijo la pasada semana el ministro de Industria y líder de los conservadores canarios, José Manuel Soria.
“En España no se pueden hacer consultas ilegales, ni en Canarias ni en ninguna otra parte de España. Consultas ilegales no se van a hacer y esta consulta ilegal tampoco se va a hacer, ponga la fecha cuando la ponga el Gobierno regional, no se pueden hacer consultas ilegales”, afirmó el ministro.
Por tanto, todo hace prever que la Cámara respaldará tanto el método de consulta elegido como las acciones legales y políticas llevadas a cabo por el Gobierno regional con la única oposición del PP canario, una actitud que volverá a serles criticada por el resto de fuerzas parlamentarias, toda vez que en Baleares, Andalucía y Valencia están en contra de que el Estado permita a Repsol buscar petróleo en aguas cercanas.