La discapacidad es un fenómeno complejo que afecta a más de cuatro millones de personas en España, con diferentes grados y tipos de limitaciones para realizar las actividades de la vida diaria. La discapacidad tiene su origen en una deficiencia física, mental o sensorial, pero también está condicionada por los factores sociales, culturales y ambientales que influyen en la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España en 2008, reconoce el derecho al trabajo y al empleo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, así como el derecho a una vida independiente y a la inclusión en la comunidad. Sin embargo, estos derechos están lejos de ser una realidad para muchas personas con discapacidad en nuestro país.
Según el observatorio Odismet, la tasa de actividad económica de las personas con discapacidad en España es del 35%, frente al 78% de las personas sin discapacidad. La tasa de paro es del 25%, casi el doble que la media nacional. Y el 80% de las personas con discapacidad ocupadas trabaja por cuenta ajena, mientras que solo el 14% lo hace por cuenta propia. Estos datos reflejan una situación de desigualdad y exclusión social que se agrava por la persistencia de barreras físicas, actitudinales y normativas que dificultan el acceso al mercado laboral ordinario y a otras formas alternativas de actividad económica para las personas con discapacidad.
En este sentido, se puede hablar de una narrativa dominante sobre la discapacidad y la actividad económica que se basa en políticas paternalistas y empleo protegido. Estas políticas se caracterizan por:
- Considerar a las personas con discapacidad como sujetos pasivos y dependientes, incapaces o limitados para desarrollar una actividad económica productiva o emprendedora.
- Ofrecer como principal opción económica para las personas con discapacidad los subsidios o pensiones no contributivas, de forma que no se promueve que estas personas se integren al mercado laboral y puedan realizarse como profesionales y aporten al desarrollo local.
- Promover el empleo protegido como forma preferente o exclusiva de inserción laboral para las personas con discapacidad, mediante centros especiales de empleo (CEE) o empleo público reservado. Estas modalidades tienen ventajas como garantizar un salario mínimo o adaptar los puestos a las necesidades específicas, pero también presentan inconvenientes como segregación del mercado ordinario, bajos niveles salariales o escasa proyección profesional.
- Desatender otras formas alternativas o complementarias de actividad económica para las personas con discapacidad, como el autoempleo, el cooperativismo, la economía social o solidaria, la economía verde o circular, etc., que pueden ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional más acordes con los intereses y capacidades de cada persona.
Esta narrativa dominante sobre la discapacidad y la actividad económica necesita ser transformada para dar respuesta a las demandas y aspiraciones de todas aquellas personas con discapacidad que se sienten útiles y empoderadas, que quieren participar activamente en la sociedad y contribuir al bienestar común, y que no padecen discapacidades incapacitantes.
Para ello, se requiere:
- Adoptar una perspectiva integral e inclusiva sobre la discapacidad, que reconozca su diversidad y potencialidad, que respete su autonomía personal y su libertad de elección, y que promueva su participación ciudadana e igualdad efectiva.
- Impulsar políticas activas e innovadoras sobre empleo e inclusión social para las personas con discapacidad, que fomenten la diversificación de las opciones económicas y laborales, que faciliten el acceso a la formación y la cualificación profesional, que apoyen el emprendimiento y la economía social y solidaria, que incentiven la responsabilidad social de las empresas y que garanticen unas condiciones laborales dignas y justas.
- Desarrollar medidas de apoyo personalizado e individualizado para las personas con discapacidad que quieran iniciar o mejorar su actividad económica o laboral, como el sistema de empleo con apoyo, el empleo personalizado o los itinerarios integrados de inserción sociolaboral. Estas medidas implican una atención centrada en la persona, en sus capacidades, intereses y expectativas, así como una coordinación entre los diferentes agentes implicados (servicios sociales, sanitarios, educativos, de empleo, etc.).
- Sensibilizar a la sociedad sobre el valor añadido que supone la diversidad y la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito económico y laboral. Para ello es necesario romper los estereotipos y prejuicios que aún existen sobre este colectivo, difundir buenas prácticas y experiencias exitosas de personas con discapacidad que desarrollan una actividad económica o laboral satisfactoria y reconocer su contribución al desarrollo sostenible.
En definitiva, se trata de construir una nueva narrativa sobre la discapacidad y la actividad económica que sea más acorde con los principios de derechos humanos, igualdad de oportunidades, inclusión social y participación ciudadana.
Una narrativa que ponga en el centro a las personas con discapacidad, que reconozca su diversidad, su potencialidad y su autonomía, que les ofrezca múltiples opciones para desarrollar una actividad económica o laboral que se adapte a sus necesidades, intereses y expectativas, y que les garantice unas condiciones dignas y justas. Una narrativa que impulse un cambio cultural, social y normativo, que implique a todos los agentes sociales, económicos y políticos, y que contribuya al bienestar común y al cumplimiento de la Agenda 2030.
Este artículo se redacta como parte del proyecto “Difusión y dinamización de ”cultura startup“ entre personas con discapacidad con espíritu emprendedor entidades civiles y entidades públicas que desarrollan actividades inclusivas dirigidas a este colectivo y facilitadores del emprendimiento innovador” dentro de la línea de “proyectos para el desarrollo de modelos experimentales para la atención centrada en la persona que se encuentra en situación de discapacidad y/o dependencia”, acción financiada por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad de la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.