El director de gobierno de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Benito Cabrera, planeó este miércoles sacar a la venta el hotel Santa Catalina, de titularidad municipal, para enjugar las deudas acumuladas por sentencias urbanísticas, que Cabrera estima en 35 millones de euros, y además realizar inversiones en distintos apartados. Este anuncio coincide con la negativa del Ministerio de Hacienda a la Administración local para que solicite un préstamo de 10 millones de euros destinado a hacer frente al endeudamiento por las sentencias en firme en 2010.
“El Ayuntamiento debe plantearse y estudiar seriamente la opción del hotel Santa Catalina”, subrayó el responsable local de Economía y Hacienda, antes de señalar que “es un hotel de una sociedad propiedad municipal que ahora mismo tenemos arrendada hasta el año 2017 por una cifra irrisoria de 24.000 euros y ahora que el casino no está, que aportaba la mayor parte de la recaudación, entiendo que es un propiedad que debe estudiar su venta”.
Benito Cabrera precisó que la venta del hotel Santa Catalina sería “tan válida” como la venta de una parte de la acciones de Emalsa, que ahora se encuentra en trámite para su adquisición privada. “Estoy poniendo sobre la mesa opciones, habría que hacer los estudios pertinentes, lo que sí les puedo decir que el Santa Catalina se valoró en 1993, cuando se constituyó la sociedad, en 13 millones de euros y han pasado 17 años por lo que ese valor se ha duplicado, probablemente”, explicó el director de gobierno, quien insistió en “igual que se plantea el asunto de Emalsa, habría que plantearse otras cosas, fundamentalmente el hotel”.
Negativa del Ministerio
Asimismo, Cabrera señaló que un informe remitido por el Dirección General de Coordinación Financiera con las comunidades autónomas y entidades locales, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, niega al Ayuntamiento capitalino la posibilidad de realizar las operaciones de endeudamiento -cifrada en 10 millones de euros en 2010- que había previsto el grupo de Gobierno en el Plan Económico-Financiero 2010-2013, aprobado en sesión plenaria en octubre pasado.
El director de Gobierno explicó que esta negativa de Hacienda se debe a que “entiende que no se puede autorizar” pagar la deudas de sentencias urbanísticas y expropiaciones, “ya que entiende que esas deudas son originadas en años anteriores, por lo que señala que los préstamos nuevos deben ser inversiones nuevas a realizar”, puntualizó, al tiempo que precisó que el Ministerio “considera que la vía de financiación para sentencias y expropiaciones debe ser el remanente de tesorería”.
En este sentido, Benito Cabrera señaló que el área de Economía y Hacienda, si no prospera su alegación frente al Ministerio, cubriría la operación de endeudamiento de 2010 en sentencias y expropiaciones, cifrada en 10 millones de euros, de los cuales unos 7,5 millones se cubrirían con el remanente de tesorería municipal y otros 2,5 millones con recursos propios del ayuntamiento.
El director de Gobierno, asimismo, planteó dos escenarios presupuestarios para 2011, según el Ministerio aprueba o no, una nueva solicitud de endeudamiento de otros 10 millones de euros, para hacer frente a sentencias urbanísticas y expropiaciones. Dado el primer caso si el Ministerio de Hacienda aprueba que el Ayuntamiento se endeude por ese concepto el presupuesto inicial se aprobaría en 298 millones de euros (en 2009 fue 304 millones); mientras que si deniega, “lo más probable”, según Benito Cabrera, se situaría en 288 millones de euros.