Un hombre se enfrenta a una multa de hasta 225.000 euros por provocar con un dron la caída de una menor en Tenerife

EFE

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Agentes de la Guardia Civil han instruido diligencias contra un piloto de un dron que, al sobrevolar a baja altura, provocó la caída de una menor de un caballo mientras practicaba equitación en el sur de Tenerife, un hecho por el que podría afrontar a una multa de hasta 225.000 euros.

Es lo que establece, según ha informado este martes la Guardia Civil en una nota, la ley de seguridad aérea, ya que el hombre ha sido denunciado también ante la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) por la comisión de varias infracciones cuyas sanciones pueden conllevar multas de hasta 225.000 euros para operadores recreativos, y de hasta 4,5 millones de euros para operadores profesionales.

De hecho, el instituto armado ha recordado que estas sanciones pueden agravarse cuando, como resultado de acciones imprudentes, se produzcan accidentes o lesiones en las personas o daños materiales.

La investigación se inició tras la denuncia presentada en el Puesto Principal de la Guardia Civil en Guía de Isora, de modo que se activó a los agentes especialistas del Equipo PEGASO que reunieron indicios suficientes para averiguar que los hechos pudieron haberse producido por el sobrevuelo a baja altura de un dron previamente observado mientras volaba muy cerca de los caballos de un centro hípico localizado en el sur de Tenerife.

Los agentes lograron localizar la aeronave no tripulada e identificaron a su piloto, un varón mayor de edad residente en Tenerife, que además era el propietario del aparato.

El piloto investigado carecía del certificado de conocimientos teóricos de piloto a distancia, requerido para drones de más de 249 gramos, y no se encontraba registrado como operador en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Además, el dron no contaba con la preceptiva póliza de seguro y la zona donde se llevó a cabo el vuelo se encuentra en espacio aéreo controlado, muy próxima al aeropuerto Tenerife Sur, sin que se hubiese solicitado la debida autorización de AESA, ni coordinación con los controladores aéreos.

Conforme a los citados hechos, los agentes especialistas del Equipo PEGASO han instruido diligencias por un presunto delito de lesiones por imprudencia, que ya han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Granadilla de Abona.