Todo el mundo oculta la auditoría que compromete a la Fundación Puertos de Las Palmas: “Acabará en la Fiscalía”

Son muchas las personas que conocen la auditoría hecha por Puertos del Estado a la Fundación Puertos de Las Palmas. Pero nadie se atreve a facilitar una copia al periodista. Le tienen terror a la abogada del Estado destacada al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Patricia García-Gallardo Frings, activista de Vox y hermana del que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, por ese partido. Ella se ha ocupado de advertir severamente a todos los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y a todos los funcionarios del organismo que tienen acceso a cualquier tipo de documentación que la revelación de secretos es un delito. Hasta Puertos del Estado guarda bajo siete llaves la auditoría realizada por sus propios servicios y que revela lo que todo el mundo sabe: que Coalición Canaria está utilizando la Fundación Puertos de Las Palmas para colocar y beneficiar a personas afines y promocionar a Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria, en su carrera hacia la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

Varias de las personas que han podido consultar la auditoría llegan a la misma conclusión a preguntas de este periódico: “Acabará en la Fiscalía”. Si alguien la lleva hasta allí, previenen a continuación, porque a 48 horas de que se celebre el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas nadie está en condiciones de afirmar que haya debate y que de ese debate se concluya que lo que se reproduce en ese informe tiene indicios delictivos como para acabar en manos del Ministerio Público. Ni siquiera por iniciativa de la abogada del Estado, que en sus redes sociales elogia apasionadamente a los funcionarios públicos fieles a su juramento.

En este contexto de tanta pureza administrativa extraña mucho en la Autoridad Portuaria que teniendo como tenía en su poder la auditoría desde el pasado 20 de abril, su discusión no se llevara al consejo de administración del mes de mayo y sea ahora, en junio, cuando vea la luz.

Entre otros extremos, la auditoría recuerda que la Fundación Puertos de Las Palmas ya debió haber sido liquidada en aplicación de las resoluciones dictadas en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y así se le recordó a Beatríz Calzada a comienzos de su mandato. Sin embargo, lo que hizo fue despedir con cajas destempladas a la anterior gerente para colocar a una persona de su confianza y de la cuerda de Coalición Canaria, Betsabé Morales. Y en la intrahistoria de ese despido hay bastantes claves del resultado de la auditoría, porque se recogen muchas irregularidades, como la designación a dedo de la nueva gerente y su vinculación con una empresa, de cuyos órganos de gobierno dimitió al tomar posesión del cargo pero que, de repente, ha empezado a contratar por importantes sumas de dinero con la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Es precisamente esa empresa, Kinewa Ideas del País, S.L., la que ha organizado para este viernes un acto público al que ha invitado a más de media docena de medios de comunicación para que conozcan el Puerto de La Luz como nunca. Y lo ha hecho pagando a cada medio, en función de su influencia, contratos publicitarios que van desde los 1.000 a los 5.000 euros.

La gerente despedida elevó escritos tanto a Puertos del Estado como al interventor de la Autoridad Portuaria, lo que desembocó en que se dejara de mirar para los lados.

Pero hay muchos más contratos bajo sospecha en esa auditoría que se someterá a la consideración del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, contratos menores a personas directamente vinculadas a directivas del organismo por servicios sospechosamente más baratos.

Como es norma en la Autoridad Portuaria de Las Palmas y en Puertos del Estado, esta información ha sido elaborada sin su versión porque ambos organismos públicos se han negado a facilitarla.