Nueva Canarias (NC) está de acuerdo en afrontar el debate sobre la vacunación obligatoria contra el coronavirus en los estados miembros de la Unión Europea (UE) porque es partidaria de adoptar una medida de estas características al entender que “prevalece la protección de la salud pública y los derechos de la colectividad” además del “tremendo mazazo” que una nueva ola de contagios puede ocasionar al sector turístico de las islas en plena temporada alta y, en consecuencia, a los evidentes signos de recuperación económica de la islas.
La portavoz económica y sanitaria de NC en el Parlamento, Esther González, ha apoyado, además, la exigencia del certificado COVID o una prueba diagnóstica negativa en los sectores y actividades sujetas a restricciones así como la adopción de otras iniciativas de similares características.
González ha afirmado que la vacunación obligatoria es una medida “necesaria” en estos momentos porque es una cuestión de “salud pública, en la que hay que tomar las decisiones que sean imprescindibles para salvar la vida de las personas, proteger también los derechos” de terceras personas y para “no echar por tierra los avances sanitarios, sociales y económicos” conseguidos desde mediados de marzo de 2020.
“El coste ha sido muy elevado y dudo que podamos afrontar las consecuencias de desandar el camino avanzado hasta este momento”, ha añadido. En su opinión, las islas dependen de la evolución de la pandemia en los mercados europeos emisores de turistas para “activar” el tejido productivo, reducir el número de personas en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), disminuir el número de desempleados, elevar las afiliaciones a la Seguridad Social, la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y la confianza empresarial.
La diputada ha explicado que “todos tenemos la obligación de contribuir al bienestar” de la sociedad, e insistió en que quienes se niegan a tomar las vacunas “ponen en peligro la salud de los otros, los empleos de todos y, en consecuencia, se produce un incremento de los niveles de pobreza”.
Esther González subrayó que la “única” manera de frenar la progresión del virus, y para que la sociedad en su conjunto avance, son las vacunas.
Por estas razones, también se mostró partidaria de que se implante la exigencia del certificado COVID o una prueba diagnóstica negativa en los sectores y actividades sujetas a restricciones. González espera que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avale la solicitud planteada por el Ejecutivo.
Al mismo tiempo, ha defendido las medidas preventivas como el uso de las mascarillas, la distancia social, la higiene de manos y el seguimiento de los contagios para hacer frente a la nueva variante ómicron, que la Organización Mundial de la Salud ha calificado de alto riesgo.