ONGs y agentes sociales canarios exigieron este miércoles el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad, ya recogidas en la Ley de Extranjería, así como recursos de acogida que favorezcan su integración social.
Así se recoge en un escrito suscrito por medio centenar de asociaciones de inmigrantes y agentes sociales de Canarias, que también han firmado un manifiesto en contra de la directiva europea que pretende aumentar a 18 meses el periodo de internamiento de los inmigrantes indocumentados procedentes de terceros países.
Representantes de estos colectivos dieron a conocer ambas iniciativas en una rueda de prensa en la que reclamaron la imposición de sanciones económica en su lugar, como está previsto en la Ley de Extranjería, que, aunque no parecen tampoco muy razonables, es mejor que el internamiento, subrayó Blanca Ruiz.
Las organizaciones anunciaron la convocatoria en la capital grancanaria de dos concentraciones y una manifestación para exigir la retirada de esta directiva que califican de “la vergüenza” porque “estigmatiza” y transforma en “delincuentes” a los inmigrantes.
Según el manifiesto, esta decisión agravará el sufrimiento humano de personas que no han cometido delito alguno y equiparará de forma desproporcionada la sanción de una falta administrativa a la pena de privación de libertad, con lo que contribuirá a consolidar ante la opinión pública europea la idea de emigrar sin documentación con delincuencia.
Las concentraciones están previstas para los días 3 y 10 de junio y tendrán lugar ante la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias, y la manifestación será el día 14, y su objetivo es movilizar a los ciudadanos en contra de esta normativa que “vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de los extranjeros”.
Para estas organizaciones, no es “realista ni políticamente correcto, ni moralmente aceptable” una regulación y control de los flujos migratorios cuyo único componente sea el cierre de fronteras y una concepción muy restrictiva de los derechos de estas personas.
Estos colectivos exigen a los miembros del Parlamento Europeo y del Estado español que rechacen la directiva, que está prevista que se apruebe en el pleno que se celebrará el día 16 de junio.
Consideran que se debe impedir que Europa “caiga de nuevo en una época oscura de segregación entre nacionales e 'indeseables', a través de la sistematización de los centros de internamiento y del alejamiento forzado”.
Los representantes de estas asociaciones solicitan al Gobierno de España que legitime los derechos de los inmigrante y adecúe la legislación de extranjería a las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que obligan al Estado a garantizar los derechos de asociación, reunión y sindicación a los inmigrantes.
Además, reclaman una reflexión coherente junto a las fuerzas sociales sobre la el fenómeno de la inmigración, así como el abandono de su política “neocolonial de saqueo y expolio”.
En su escrito recuerdan que Europa históricamente ha sido el continente que más inmigrantes a irradiado el resto del mundo, sin que por ello sus ciudadanos hayan recibido el trato “deshumanizador” y atentatorio contra la dignidad humana que reciben las personas que traspasan el espacio Schengen y apelan a su responsabilidad.