El sindicato UGT del Ayuntamiento de Mogán, en Gran Canaria, denuncia que una Inspección de Trabajo detectó numerosas irregularidades y deficiencias en las dependencias de la Policía Local del municipio sureño. El colectivo responsabiliza a la alcaldesa, Onalia Bueno, al concejal de Seguridad Ciudadana, Mencey Navarro, y al Jefe de Policía, de “la desastrosa gestión” del cuerpo.
El colectivo presentó un escrito de denuncia el 26 de enero del año pasado y recibió la respuesta prácticamente un año después, el 21 de diciembre de 2018. En ella se explicaba que durante la visita transcurrida en mayo se apreciaron bastantes anomalías en materia de riesgos laborales en las instalaciones del cuerpo. La existencia de termitas en las ventanas del edificio, la inexistencia de “zona fría” en el armero o la ausencia de agua caliente son algunas de ellas.
En relación a la sala de taquillas, la Inspección de Trabajo señala que el ancho de los pasillos es inferior a un metro “por lo que se requiere la subsanación de la deficiencia” y requieren la dotación de vestuarios adecuados. El hecho de que no existan servicios en la planta no lo considera una irregularidad, sino “un problema organizativo”. Además, añade, en la sala de ordenadores deben eliminarse los soportes “improvisados” de madera y acentúa que no observaron sillas de ruedas en el momento de la visita.
En la sala de briefing se encontró otra deficiencia y es que, según se explica en el documento, los pasillos no se ajustan al Real Decreto 486/97 por lo que se solicita que se subsane.
En materia de vehículos solo se aportó el documento que acredita que los coches han pasado la ITV, por esta razón se requiere a “la corporación local que pase los controles periódicos determinados por el fabricante y los controles precisos para garantizar el estado del vehículo entre los intervalos determinados por el fabricante”. Debe dotarse a los agentes de las cremas protectoras, ya que la mayor parte de su trabajo se efectúa en la vía pública. En el apartado de equipos de lucha contra incendios, la inspección comprobó que los extintores tenían fecha de vencimiento de diciembre de 2017.
Por otro lado, aunque en el momento de la visita se consideró que la temperatura se encontraba dentro de los valores establecidos por ley, se ha requerido que se cumpla lo previsión en la Evaluación de Riesgos.
UGT critica que la alcaldesa “alardea” de haberse gastado más de 120.000 euros en dotar a la Policía Local, pero no cuenta ni con linternas en condiciones para señalizar un accidente. “De chalecos de seguridad mejor ni hablar, compran emisoras y se olvidan de la pila de reserva”, juzga.
Además, añade que los agentes solo cuentan con dos ordenadores para todo el cuerpo y no tienen material de oficina. Ni una simple grapadora. “Nos esconden hasta los bolígrafos y los folios”, dicen. El sindicato critica que “por no querer gastarse dinero, no se han gasto ni un céntimo en las prácticas de tiro policial”.
El colectivo afirma que la alcaldesa y el concejal de Seguridad “siguen empeñados en no cumplir con las necesidades básicas” y por ello no han entregado el uniforme a los agentes.
Con esto, señala, incumplen las órdenes judiciales que les obligan a ello, ya que “es la segunda sentencia que acumulan”. Además, critica que Navarro no respeta los estacionamientos de los vehículos del cuerpo ya que aparca su vehículo privado habitualmente en esa zona. “Con estas acciones no se nos falta el respeto sólo a nosotros, sino a todos los vecinos del municipio”, sentencia.