El manual de toda oposición en tiempos complicados recomienda seguir aquella divertida maldad que Felipe González dedicaba a sus rivales de primera hora: pidan todo lo que ya hace el Gobierno “y dos huevos duros más”. Coalición Canaria ha debido guardar un huevo para lo que pueda venir en el futuro, pues su propuesta de reconstrucción para las Islas como respuesta a la epidemia de coronavirus puede ser cuestionada en algunos de sus puntos, pero no descrita como un brindis al sol de imposible cumplimiento. De hecho muchas de las medidas que sugieren los nacionalistas canarios están claramente sobre la mesa como respuestas no solo posibles sino incluso deseables, tanto a escala estatal como en lo que atañe a las responsabilidades que afronta el Ejecutivo canario en esta hora gravísima. Y el montante global del programa, por valor de 2.500 millones de euros, que en realidad son mil menos porque esa cantidad saldría de los recursos asignados al Instituto de Crédito Oficial, dista mucho de resultar astronómico. Ángel Víctor Torres haría bien en dar la bienvenida a una propuesta que contiene alguna zancadilla, que eso también, pero que viniendo de la primera fuerza de la oposición no puede ser asociada con afán destructivo alguno. En Canarias, rumores aparte, las fuerzas políticas están practicando el guante blanco como manual de uso, quizá porque nadie en su sano juicio buscaría investirse con la túnica del poder en estos tiempos tan difíciles, propicios para el desgaste acelerado que vendrá por un camino o por otro.
Algunas de las medidas sugeridas por los nacionalistas canarios ya forman parte de su repertorio habitual. Entre ellas se cuentan las rebajas fiscales y bonificaciones en las cotizaciones sociales para los residentes en el Archipiélago. Planteadas en tiempos de normalidad, sonaban como una carta a los Reyes Magos en toda regla, la típicas reclamaciones al Gobierno central de imposible cumplimiento. Pero estos no son tiempos normales, y desde luego no lo serán durante bastante tiempo para aquellos sectores de actividad más golpeados por la parálisis económica derivada de la pandemia. El turismo y todas sus actividades asociadas, como el ocio, la restauración, los transportes, los suministros de bienes y servicios, etcétera, son obviamente víctimas preferentes de la gran recesión que viene, de modo que el alivio de sus costes estructurales es una medida en la buena dirección si queremos que mantengan los empleos ahora en riesgo, en el caso de las grandes empresas, o que al menos tengan la oportunidad de volver a abrir sus puertas, si nos referimos a las pymes y autónomos de esta tierra. Otras medidas de carácter fiscal, como la suspensión de impuestos municipales, que serían abonados con cargo al superávit fiscal de las corporaciones fiscales, refuerzan una senda ya esbozada por ayuntamientos canarios de todo signo político, que han anunciado moratorias y aplazamientos en el pago de los impuestos sobre los que tienen competencias. Por el contrario, la rebaja del 50% en la base del IRPF para todos los ciudadanos con cinco años de residencia en Canarias estaría en el glosario de medidas de imposible aplicación, y los redactores del documento lo saben perfectamente. Finalmente, quedan dos aspectos de notable carga política: el uso del superávit, ese tótem de la política canaria del presente, para el que se recomienda su utilización en la pelea sanitaria contra la Covid-19, y los mil millones pendientes de la sentencia sobre los incumplidos convenios de carreteras. No será fácil recuperarlos, pero cabe un matiz: si no es ahora, ya no lo será nunca. Los nacionalistas canarios ponen sobre el tapete un documento sensato, no una bomba lapa con la que dinamitar el Pacto de las Flores.