La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunciaba a principios de agosto el plan de ahorro energético del Gobierno central, que incluye cuestiones como el apagado de escaparates o la fijación de una temperatura máxima y mínima en la calefacción y el aire acondicionado, entre otras. Sin embargo, una de las recomendaciones del Ministerio que ha contado con menor concreción ha sido el fomento del teletrabajo. Se trata de una modalidad que despuntó en la pandemia, permitiendo que algunos sectores indispensables no cesaran su actividad, pero que generó también un coste a la ciudadanía, a la que en ocasiones alejaba de los procesos administrativos o que provocó un sobrecoste en trabajadores así como problemas de salud mental o sobrecarga para las mujeres. El teletrabajo tiene sus luces y sombras, pero sindicatos y trabajadores coinciden: falta regulación.
En Canarias es difícil calcular el porcentaje exacto de trabajadores públicos que se acogen a esta modalidad ya que ha ido variando a lo largo de la pandemia y depende de cada una de las administraciones. Javier Galván, portavoz del sindicato CSIF, señala que “la sensación de la plantilla es que no hay voluntad política para regularlo”. En mayo, en un primer borrador del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el plan de ahorro energético se recogía que los empleados de la Administración General del Estado (AGE) podrían acogerse a la modalidad de tres días a la semana de trabajo a distancia. No obstante, el representante sindical afirma que “desde que se anunció la medida hasta mediados de agosto, estamos exactamente igual”. Explica que cada ministerio debe desarrollar sus planes de teletrabajo para que después sean aprobados por Función Pública.
A los trabajadores que dependen de la administración canaria tampoco les ha variado su situación en los últimos meses. Una instrucción de finales del año pasado autorizó la prestación de trabajo no presencial durante un día a la semana. No obstante, desde la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia aclaran que la norma que regulará el teletrabajo se está tramitando y esperan que vea la luz a finales de año. De momento, ya se cuenta con los informes perceptivos, aunque el trámite cuenta con plazos muy largos, como la fase de consulta de los distintos departamentos, que tienen un mes para informar. En los primeros meses de la pandemia, se emitieron 30.000 certificados para la conexión del personal. Esto permitió que unas 8.000 personas se conectaran habitualmente al sistema y teletrabajaran. Entonces, además se potenció la atención telefónica con el número 012. Canarias pretende ahora regularizar esta forma de trabajo en un decreto, pero también implantar la dirección por objetivos para avanzar hacia la eficiencia.
Desde el sindicato CSIF insisten en que teletrabajar no es un privilegio, sino una evolución de la realidad que hay que analizar según cada departamento y puesto de trabajo. Javier Galván remarca que “lo primero que tiene que suponer es que no haya merma en la atención a la ciudadanía” y para ello señala que se pueden implementar evaluadores de calidad. También recuerda la importancia de analizar qué puestos son susceptibles de teletrabajar, ya que hay áreas de atención al público en las que no sería posible, algo que no ocurre en el caso de determinados departamentos de informática, por ejemplo, o tareas que no requieran de contacto directo con el público. “El que teletrabaja y hace bien sus funciones, de forma presencial hace lo mismo”, añade. En la plantilla explica que también existen distintas posturas; personas que prefieren trabajar a distancia porque se concentran mejor o por temas de movilidad y quienes prefieren el contacto con los compañeros de trabajo y salir de su vivienda.
Vuelta a las oficinas en septiembre
Uno de los casos que ha generado malestar en los últimos días es el del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El pasado 2 de agosto el consistorio publicó una resolución en la que “se suspende el régimen transitorio de teletrabajo” autorizado durante la pandemia. Por tanto, “se requiere al personal la reincorporación a la prestación presencial de servicios en el centro de trabajo municipal, puesto, dependencia y ubicación que le corresponde, con efectos de 1 de septiembre de 2022, según los términos técnicos y jurídicos que procedan”, concluye.
La resolución establece como única excepción aquellas personas que estén actualmente en teletrabajo y “haya podido comprobarse que la prestación del servicio en dicho régimen ha supuesto una mejora indiscutible en la prestación del servicio y en la reducción de los tiempos de tramitación correspondientes”. El documento añade que la permanencia en dicha situación “requerirá de informe emitido por la jefatura correspondiente de la que dependa el puesto, en el que se indique con datos objetivos en qué han consistido tales mejoras en la gestión, así como en qué medida se han visto reducidos los tiempos de ejecución y espera. Del mismo modo deberá indicar si se han respetado los requisitos de comunicación y contacto permanente con el servicio y/o concejalías que hayan requerido su asistencia e información y con la ciudadanía”. Será la Alcaldía la que deba consignar el visto bueno correspondiente para que se autorice el teletrabajo.
Leonardo Perera, miembro del sindicato CSIF ha explicado a este periódico que la medida ha generado malestar en la plantilla pues la resolución fue publicada en pleno mes de agosto con muy poco margen para poder organizarse en septiembre. Además, cree que es contradictorio que desde el Gobierno central se recomiende el teletrabajo como medida de ahorro energético y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria firme esta orden y muestra su desacuerdo con el hecho de que sea “el jefe de servicio de turno quien decida quién puede teletrabajar y quién no”, en lugar de atenerse al reglamento.
En este sentido, Perera destaca que el Ayuntamiento dispone de un reglamento aprobado desde hace un año y que se encuentra publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. En ese documento se establecen una serie de requisitos para el trabajo a distancia y que, sin embargo, no se ha puesto en marcha. En él se determinan los supuestos en los que se aprobará esta modalidad, según el servicio, la conciliación familiar, el cuidado de personas dependientes, entre otras cuestiones. El representante sindical también apunta que se había creado una comisión de teletrabajo precisamente para estudiar en qué puestos era viable el trabajo a distancia y en cuáles no. Subraya que ahora había personas que teletrabajaban desde un día a varios por semana y que debería atenderse al reglamento aprobado.
Por su parte, desde la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento (que ostenta el socialista Mario Regidor) afirman a este periódico que se continuará negociando con los sindicatos para establecer el nuevo reglamento y que próximamente se estudiará cómo afectan las medidas y la crisis energética para plantear alternativas.