Un documento interno de la Xunta avisa de que reactivar la mina de cobre de Touro - O Pino es un riesgo por sus impactos ambientales, en concreto en la ría de Arousa, y pone en peligro la producción marisquera y la acuicultura. Un informe de la Subdirección Xeral de Acuicultura de la Consellería do Mar desaconseja llevar adelante los planes, dado que lo que establece la normativa europea es que es necesario evitar un deterioro adicional de las masas de agua y recuperar su buen estado, para lo que las actividades asentadas deben afectar “lo mínimo posible”. “Por lo tanto, incluir actividades como la propuesta por San Rafael en O Pino - Touro, teniendo en cuenta el dimensionado tan grande del proyecto, que puedan desequilibrar la vida marina y acuícola, no sería lo recomendable”, señala el análisis, difundido por la Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa (PDRA), la Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma Veciña Mina Touro - O Pino Non.

El texto repasa algunos datos básicos del proyecto, con una propuesta de retomar la minería a cielo abierto y con una descripción de las escorrentías hacia varios arroyos de la zona que van a dar al río Ulla, que, a su vez, desemboca en la ría de Arousa. El plan, presentado por Cobre San Rafael y declarado proyecto industrial estratégico por parte de la Xunta en junio de 2024, sigue a la espera del resultado de la evaluación de impacto ambiental. Dentro de la tramitación, se solicitó al Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura un informe sobre la incidencia en la acuicultura. Por su parte, la Consellería do Mar se ha limitado a explicar, según informa Europa Press, que consideran que el documento no tiene “valor” en lo que se refiere a la tramitación o a la evaluación de la Xunta y señala que no tiene ni firma ni fecha. Afirma que hay otro documento interno de trabajo que “no dice absolutamente nada de eso”.

Las conclusiones del documento facilitado por la PDRA y las dos plataformas son críticas con la posibilidad de volver a extraer cobre en la mina. Recalca que la ría de Arousa es la más relevante desde el punto de vista ambiental, pero también económico, y cifra en más de 106 millones de euros los ingresos procedentes de la producción acuícola en este entorno, que son más del 45% de Galicia. El 65% de las bateas autorizadas en concesión en la costa gallega (2.385 de 3.564) se encuentran en estas aguas. De estas, el 97% son de mejillón y el resto lo integran ostras, almejas, berberecho y crustáceos como centolla o camarón.

El informe llama la atención sobre el descenso de producción registrado desde 2019 en la zona. No se puede asociar a un motivo concreto, “pero es seguro que las actividades nocivas anteriores y las ya existentes fueron, en conjunto y crónicamente, debilitando la vitalidad de los recursos. La actividad acuícola de la ría, añade, está a 38 kilómetros en línea recta de la mina, pero ”la extensión del proyecto y las dimensiones de las instalaciones, junto con los procesos industriales que pretende realizar, podrían suponer un riesgo en la riqueza y en el desarrollo de la acuicultura tal y como se desarrolla en la actualidad“.

Las emisiones de la mina y sus residuos “tóxicos y peligrosos” se irían incorporando con los años a las aguas, precipitándose en sus sedimentos y pasando a los organismos vivos, incluso con el compromiso de tomar medidas preventivas para reducir los vertidos. El texto critica también que la documentación ambiental no analiza la bioacumulación de los metales pesados en los seres vivos ni los compuestos que se formarán en los lechos de los ríos. Añade que, dada la relevancia de las actividades primarias en la ría, “habría que reconsiderar este tipo de actividad empresarial de la mina porque va a ser una transformación importante geomorfológica, paisajística y del uso, que modificará las características de la zona”.

La PDRA, la Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma Veciñal Mina Touro - O Pino Non publicaron un comunicado en el que piden rechazar el proyecto porque el documento evidencia “los riesgos irreversibles” sobre la ría de Arousa. El valor socioeconómico de sus recursos “es infinitamente superior a la actividad extractiva pretendida [en la mina], la cual pondría en riesgo mortal un motor económico ya exitente, rentable y estratégico”, defienden.

Cobre San Rafael, la empresa promotora de la mina, responde, según recoge Europa Press, a la difusión del documento, que califica de “claramente subjetivo y, en el mejor de los casos, de trámite, no final y no comunicado al promotor”. Considera que quien lo redactó no analizó al completo la documentación de su proyecto y afea que contiene “expresiones y valoraciones de carácter subjetivo que resultan impropias de un informe técnico riguroso”.

La Xunta de Galicia anuncia una moratoria temporal, que estará vigente un máximo de dos años, para la tramitación y concesión de nuevas licencias para la instalación de granjas de porcino, bovino o avícolas en las superficies en las que la escorrentía fluya hacia la cuenca del río Limia. También se aplicará para las ampliaciones de las explotaciones ya existentes. La medida se incorpora como una actualización al proyecto de decreto para actuar contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias en Galicia. El contexto de fondo es la histórica sentencia que el año pasado condenó tanto a la administración autonómica como a la estatal (por las responsabilidades de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil) por vulnerar los derechos fundamentales de los vecinos del embalse de As Conchas por una contaminación que deriva en la proliferación de bacterias peligrosas.

En julio de 2025, solo cuatro días después de esa sentencia -confirmada después, en febrero de 2026, por el Tribunal Supremo-, la Xunta arrancaba el proceso para el anteproyecto del decreto de nitratos. Un año después, el Gobierno gallego presentó su propuesta y abrió el plazo de alegaciones. Las presentaron varias entidades ecologistas, que cargaban contra las demoras de la Xunta para intervenir para frenar la contaminación de la actividad intensiva y la acusaban de haberse enrocado en el negacionismo con lo que calificaban de “no-decreto”. La Consellería do Medio Rural ha insistido en los últimos años en el discurso de que no está claro que los problemas se deriven de los residuos y purines de las granjas y ha retrasado la toma de decisiones asegurando que estaba a la espera de que el Gobierno central concretase los datos.

Greenpeace, el Movemento Ecoloxista da Limia y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) denunciaron hace unas semanas que “casi un tercio de la extensión total del borrador del decreto” entonces en exposición pública se centraba en “cuestionar las evidencias sobre la importancia de la contaminación por nitratos de origen agrario” en Galicia. Entre la extensa documentación aportada por los denunciantes en el caso de As Conchas se encontraban informes de expertos que concluían que el origen está, sin duda, en la actividad de las grandes granjas de A Limia. Citan datos estadísticos oficiales para evidenciar que la carga ganadera en la cuenca del Limia hasta la estación de control de Ponteliñares “sería equivalente a la de entre 1,5 y 2 millones de personas, cuando la población humana es de solo 21.000 habitantes”. Y señalan que, aunque todas las aguas fecales se vertiesen sin depurar, la contribución a la contaminación por nitrógeno y fósforo “apenas sería de entre el 1 y el 1,5% del total”.

Medio Rural incorpora ahora una actualización del proyecto de decreto, de modo que el plazo de envío de sugerencias vuelve a estar abierto y permanecerá así hasta el 13 de octubre. Agrega al texto una disposición adicional en la que se hace referencia a la “alta densidad ganadera” en la cuenca del río Limia y señala que “se prohíbe la autorización y registros de nuevas explotaciones” de cerdos, vacas y aves, además de un aumento de la capacidad de las existentes. Las excepciones se aplican para el autoconsumo, en concreto para las explotaciones avícolas de autoconsumo, las porcinas extensivas de autoconsumo y las bovinas con una capacidad máxima de 1,2 unidades de ganado mayor en las que se críen exclusivamente animales para matadero con fines de autoconsumo en en la propia explotación. El texto agrega que se pueden hacer modificaciones en las granjas existentes si no suponen un aumento de la capacidad productiva.

El tiempo máximo que se aplicará la moratoria va a ser de dos años, pero decaerá antes si se aprueban los programas de actuación que corresponden si se declaran zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. La Consellería también puede dejar sin efecto la prohibición antes si en estos dos años se acredita, “mediante evaluación técnica motivada, que la contaminación dejó de tener un origen significativamente agrario”.

Otra disposición adicional aclara que la prohibición de autorizar nuevas granjas no se aplica a modificaciones que impliquen un aumento de la capacidad de producción si ya estaban autorizadas antes del 21 de septiembre de 2026 ni para las solicitudes de permisos que presenten personas que reciben ayudas para agricultores jóvenes.

En su exposición en el proyecto de decreto, la Xunta insiste en que no hay un informe definitivo de presiones elaborado por el Gobierno central y, por eso, la comunidad no puede designar zonas vulnerables. Pero admite que los datos provisionales obtenidos dentro del estudio de presiones en ciertos puntos de la cuenca del Limia llevan a la Xunta a adoptar algunas medidas “al haberse detectado que el origen de la contaminación es significativamente agrario”. “Los datos obtenidos son suficientemente consistentes como para activar una respuesta administrativa previa a la posible declaración de zona vulnerable”, reconoce.

Añade que la moratoria contribuye a ejecutar la sentencia por la contaminación de las macrogranjas en As Conchas, ya que “enuncia expresamente entre las acciones correctoras que podría adoptar la administración autonómica con la finalidad de restaurar el medio la adopción de una moratoria específica” que impida la instalación de más explotaciones en A Limia.

Medio Rural expone en una nota de prensa que hizo la actualización tras recibir el borrador del informe definitivo sobre presiones del Ministerio para la Transición Ecológica, al que indica que ya ha presentado alegaciones. La Consellería asegura que hay diez puntos en los que considera que la información no es concluyente sobre el origen agrario de la contaminación. Son los puntos de control de la costa Ártabra (Valdoviño y Abegondo); Coruña interior (Melide y Santiso); Costa da Morte (Zas); Zona Coruña Centro (Trazo); Rías Baixas (Cambados); y Rías Baixas Sur (Redondela, Vigo y Baiona).

En abril de 2023, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó el anteproyecto de la ley que iba a renovar la normativa vigente en materia de lucha contra los incendios forestales y afirmó que iba a “actualizar una normativa que tiene ya 16 años”. Este lunes volvió a presentar el anteproyecto de la nueva ley gallega contra los incendios señalando que la anterior “tiene ya casi 20 años, es de 2007”. El Gobierno gallego ha tardado tres años y medio en completar el trámite de abrir su propuesta a sugerencias y presentar su redacción final antes de remitirla al Consello Forestal y, previsiblemente en octubre, al Parlamento autonómico. El nuevo texto, impulsado por el anterior conselleiro de Medio Rural, José González, ahora envuelto en el escándalo por la contratación de migrantes sin papeles en la bodega de su familia y que ha pasado a ocuparse de la cartera de Emprego, estuvo este tiempo esperando su turno.

Cuando la Xunta presentó su propuesta en 2023 habían pasado ya más de dos años desde la promesa de actualizar la ley y, por el medio, se produjeron los dos primeros fuegos de más de 10.000 hectáreas en Galicia -en el verano de 2022-, que luego quedarían superados en los registros autonómicos por los de 2025. La idea que entonces defendía como central la Consellería de Medio Ambiente era que había que dar más peso a la prevención. Hablaba de una gestión del territorio que condujese a un paisaje en mosaico -en el que hay diferentes tipos de terrenos: usos agrícolas o ganaderos junto a bosques de diferentes especies o zonas de matorral-, defendido por los expertos como un elemento que hace el terreno menos propenso a grandes incendios forestales porque abre más oportunidades para apagarlos.

La conselleira actual de Medio Rural, María José Gómez, defendió que el nuevo texto pretende avanzar hacia “un modelo integral que no se limite a la reacción o a la limpieza de franjas, sino que sitúe en el centro la gestión estratégica del territorio”. Prevenir, con la nueva ley, no será “solo eliminar combustible”, sino “cambiar el territorio para que haya discontinuidades que ayuden a limitar el fuego”. Añadió que las medidas no serán homogéneas en todo el territorio, sino que se modularán en función del riesgo o la vulnerabilidad de determinadas zonas. Si ese peligro es elevado, por ejemplo, la zona que debe limpiarse alrededor de los núcleos habitados o en las inmediaciones de infraestructuras puede pasar de los 50 metros actuales a 100. La gestión de la biomasa sigue siendo responsabilidad de los propietarios de las parcelas, para los que se mantienen sanciones -las leves no superan los 1.000 euros, pero las graves pueden llegar a los 100.000-. La administración va a seguir teniendo la posibilidad de ocuparse de estas tareas si el responsable no cumple y pasarle la factura.

Gómez indicó que habrá una red de hidrantes obligatoria en las nuevas instalaciones industriales o en gasolineras en terrenos agroforestales y que los agentes de la autoridad -forestales, ambientales o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- van a poder dictar órdenes verbales inmediatas sobre el terreno como el desalojo de áreas recreativas o el cierre de caminos si consideran que hay un peligro inminente y sin esperar a los trámites administrativos. La red de puntos de agua se considerará infraestructura de seguridad estratégica y los ayuntamientos deberán instalar tomas compatibles en sus redes municipales. El agua almacenada no podrá usarse si no es para la extinción. Tampoco podrá haber construcciones o plantaciones a 50 metros alrededor de los puestos de vigilancia.

Las prioridades, aseguró Gómez, son la protección de la población y la gestión estratégica del territorio. El texto pasará este martes por el Consello Forestal y después entrará en el Parlamento para su aprobación.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, continúa con la ofensiva de su gobierno contra las bajas de los trabajadores, en esta ocasión centrando el discurso en el profesorado y lo que considera un elevando número de incapacidades temporales en el arranque del curso. Defiende así la postura planteada por su conselleiro de Educación, Román Rodríguez en una entrevista en la Cadena Ser, en la que acusó a la CIG, el sindicato mayoritario en el sector, de difundir “bulos” porque asegura que lo que hay son profesores de baja y no vacantes no cubiertas, como denuncia la organización sindical.

Rueda se embarcó hace medio año en una batalla contra el derecho de los trabajadores a la baja con la que recibió críticas tanto del sector médico -las bajas las gestionan los médicos de cabecera- como de los sindicatos -solo UGT sigue en el diálogo social-. Y, tras las palabras del conselleiro, ha puesto el foco en los docentes. El presidente gallego evitó hablar de absentismo, un término utilizado por la patronal y que él mismo venía usando, para defender que, cuando hay “causas reales” para la incapacidad temporal, debe respetarse ese derecho, pero si no es así, no.

El dato de las bajas con el inicio de las clases es considerado preocupante por el presidente gallego, que considera que la mayor parte de la población está de acuerdo con sus razonamientos sobre las incapacidades temporales. “Se me ocurren muy pocas razones para estar en contra”, insistió en declaraciones en su comparecencia tras el Consello de la Xunta, que este lunes aprobó el llamado marco gallego para el impulso educativo, un plan que defiende que busca reforzar las competencias en las que el informe PISA detectó más carencias.

Nueva asignatura obligatoria en secundaria

El Gobierno gallego ya había avanzado, aunque sigue sin concretar cómo se va a desarrollar, un refuerzo para los alumnos de 6º de primaria que se va a impartir fuera del horario escolar y para quienes se considere que lo necesitan más. Este lunes esbozó otras nuevas propuestas: este mismo curso se implantará un programa para mejorar la competencia lectora del alumnado de 3º y 4º de primaria. En el curso 27/28 se va a hacer una actualización del currículo de primaria, dentro de las competencias autonómicas, para que el refuerzo de la comprensión lectora se haga en todas las áreas de conocimiento.

En secundaria anunció que desde el próximo curso va a haber una nueva materia obligatoria para 1º y 2º de la ESO, que se va a llamar Lectura y Comprensión. En cuanto a las matemáticas, también hará una propuesta para que en primaria se insista más en los conceptos básicos, el razonamiento matemático y el cálculo.

Por otro lado, se va a crear una Oficina de Apoio ao Profesorado, que estará en funcionamiento “próximamente” y que asesorará a los docentes. La Xunta promete también reforzar el acompañamiento a los profesores en prácticas.

El Gobierno gallego avanza también que implantará “nuevas acciones de identificación e intervención temprana” ante dificultades en el aprendizaje, sobre todo en los primeros cursos de Primaria. Se va a probar como experiencia piloto este mismo curso un programa de acogida en la ESO para el alumnado que llega con el curso empezado, centrado sobre todo en apoyo a las competencias lingüísticas de estudiantes que lleguen del extranjero.

El presidente gallego añadió que habrá una red de centros de referencia de buenas prácticas, que sirvan de modelo para otros y que se van a crear unas olimpiadas de la educación en primaria con el objetivo de “estimular a los alumnos mediante retos y desafíos”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiere pasar página del escándalo de la sanción a la empresa de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, por contratar a personas migrantes sin papeles para la vendimia de 2025. Da por buenas y considera suficientes -incluso “amplias”“- las explicaciones dadas por un asunto del que asegura que se enteró la semana pasada, cuando fue publicado por elDiario.es. No comparten esta opinión BNG y PSdeG, que han reclamado más aclaraciones, una cuestión contra la que ha cargado Rueda: ”Otra cosa es que a la oposición no le valgan se den las que se den“.

“Cuando sale esto, cuando se produce la denuncia, yo fui el primero en preguntarle al conselleiro qué estaba pasando y esas explicaciones que me dio fueron las que yo dije la semana pasada que entendía”, dijo. Esto, según el propio Rueda, vale para aclarar también si pensó en algún momento en pedirle a González que dimitiese. Y agregó que, si el conselleiro se lo hubiese contado antes “con estas mismas explicaciones”, él habría pensado “exactamente lo mismo”, es decir, que no hay motivos para apartarlo de su cargo.

El presidente aseguró que, si la oposición activa alguno de los mecanismos para que González comparezca en el Parlamento para dar explicaciones, el conselleiro lo hará. Adelantó ya cómo sería el contenido de esa comparecencia: “No tendrá inconveniente en repetir lo que explicó”. Rueda admitió que “cuando un asunto puede ser polémico, tiene que ser explicado”, pero con las declaraciones de González sobre su desvinculación de la bodega familiar y acusando a una empresa de trabajo temporal de haber sido la que llevó a los viñedos a personas migrantes sin papeles, da el asunto por zanjado: “Explicaciones dadas”.

En lo que consideró que no se puede “meter” es en si es adecuada la decisión de la bodega de la familia del conselleiro, propietaria del grupo Casal de Armán, de denunciar a los migrantes sin papeles en lugar de la empresa de trabajo temporal. Lo atribuyó a un intento de emplear los cauces “más eficaces” para resolver la situación.

Los proyectos se dieron a conocer el pasado mes de julio, en pleno verano. Beltaine, la empresa de renovables del grupo Jealsa, dedicado a la conserva, está detrás de los planes para construir dos centrales hidráulicas de bombeo en la Serra da Groba –en concreto, en los municipios de Oia y O Rosal– con agua de mar, lo que implicará hacer dos captaciones en la costa, instalar dos plantas con turbinas, tuberías ladera arriba y dos grandes balsas, de unas 20 hectáreas cada una, en el monte, en un entorno natural de elevado valor, para almacenar agua salada. La idea ha puesto en contra a los dos ayuntamientos directamente afectados, gobernado uno por el PP y el otro por el BNG, asociaciones ecologistas y plataformas vecinales. Les preocupan sobre todo los impactos ambientales y los riesgos para los manantiales de agua de los que se abastecen quienes viven en la zona.

Las centrales hidroeléctricas de bombeo no son una novedad. Existen ya varias en España, alguna en Galicia, y continúan tramitándose proyectos. Lo que es más infrecuente es que utilicen agua del mar, que tiene que almacenarse en tierra, en un entorno en el que los recursos hídricos son de agua dulce. Este tipo de instalaciones se plantean como un recurso de almacenamiento. El funcionamiento consiste en conectar dos masas de agua –habitualmente son dos embalses– a diferente altura, de forma que se bombea desde la que está más abajo en momentos en los que se está produciendo mucha energía y la demanda no es alta. El agua se mantiene en la balsa superior y se libera para generar energía cuando crece la demanda.

Con los dos proyectos para A Groba sobre la mesa, tanto el Ayuntamiento de Oia –liderado por la alcaldesa Cristina Correa (PP)– como el de O Rosal –al frente del cual está Ánxela Rodríguez (BNG)–, organizaron reuniones con los vecinos para explicar en qué consisten y recoger las preocupaciones. Los dos equipos locales presentaron alegaciones. También lo hicieron asociaciones ecologistas como Adega y plataformas vecinales como el Instituto de Estudos Miñoranos y SOS Groba, hasta sumar 50.000, según sus cálculos.

La regidora de O Rosal cuenta que tuvieron que hacerlo a contrarreloj y en un momento complicado, al coincidir con las vacaciones de buena parte de los trabajadores municipales. Los acuerdos publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para someter a información pública los planes daban 20 días hábiles para reaccionar. El de Fonte das Mañas (Oia) se publicó el 6 de julio y el de Portocelo (O Rosal), el 8 de ese mismo mes. El trámite concreto para el que se abrió la consulta fue el de la solicitud de la empresa –en realidad dos, una constituida para cada una de las centrales– ante la Xunta para que se le otorgue concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre.

Las dos alcaldesas aseguran que hay un fuerte rechazo social a los proyectos y que las corporaciones locales también se oponen frontalmente. Cristina Correa califica los planes de “despropósito”. “Es un proyecto muy agresivo y pone en peligro recursos básicos, como nuestros acuíferos”, recalca. Todas las fuentes consultadas para esta información citan que la empresa se remite a un único antecedente de planta de bombeo de agua de mar, construida en la isla japonesa de Okinawa, y trasladan la inquietud respecto a una tecnología que consideran poco testada. La empresa que está detrás de los planes en el sur de Pontevedra, Jealsa, no había respondido, en el momento de elaborar esta información, a las preguntas remitidas, pero los proyectos presentados defienden las ventajas de estas centrales: son una manera de almacenar energía, ayudan a mejorar la regulación del mercado y pueden aportar producción con rapidez cuando es necesaria.

Los proyectos básicos citan el ejemplo de Okinawa para asegurar que se demostró que el sistema de sellado de la balsa es “de una gran durabilidad de más de 40 años y funciona de forma fiable”, se logró que no se adhiriesen organismos marinos a las tuberías y los materiales usados mostraron alta resistencia a la corrosión. Esa planta está desmantelada en la actualidad. “El de Okinawa fue un proyecto experimental y dio muchos problemas, entre ellos filtraciones”, objeta la regidora de Oia.

Correa cita una larga lista de impactos preocupantes, a mayores de una posible llegada de agua salada a los acuíferos: el impacto ambiental de tener una masa salada en donde solo debería haberla dulce, posible afectación a una área de turberas, riesgos para valores patrimoniales y culturales -en la zona se celebra el curro da Valga-, ruidos tanto durante la obra como por la actividad de las turbinas, deterioro del paisaje y efectos económicos negativos porque por ahí pasa el Camino de Santiago desde Portugal por la costa, una ruta crecientemente popular. “No es seguro. Y lo presenta una empresa sin experiencia consolidada en este tipo de proyectos”, zanja. Ánxela Rodríguez, la regidora de O Rosal, añade otra crítica y es que se pongan recursos comunitarios “al servicio de una empresa privada”, especialmente en una zona tan sensible tanto desde el punto de vista medioambiental -toda la costa gallega es una zona de especial protección de las aves- como del abastecimiento de agua para los vecinos. “Aquí hubo mucha reacción”, subraya.

Dos proyectos, pero unidos

Los dos proyectos se han presentado a la tramitación separados, aunque la propia documentación señala que van a estar unidos. Este es otro de los puntos que recogen las alegaciones presentadas por SOS Groba a cada una de las propuestas para levantar una central. Piden que el expediente no se valore de forma aislada porque hay un “proyecto gemelo” tramitándose al mismo tiempo. Señalan también que los documentos calcan párrafos idénticos de otro presentado hace unos años para hacer una central reversible con bombeo de agua de mar en Punta Centinela, en Oia, en el límite con Baiona, que no llegó a prosperar. Bruno Centelles, de SOS Groba, también llama la atención sobre la potencia de las dos centrales propuestas: una es de 49,95 megavatios y la otra, de 49,77, justo por debajo de los 50 megavatios que harían que sea el Gobierno central y no la Xunta quien se tenga que encargar de la futura evaluación ambiental.

Centelles considera que no son necesarios más aprovechamientos hidroeléctricos en Galicia y encuadra estas dos centrales en un “megaproyecto industrial” que abarca los planes de instalar aerogeneradores en las aguas frente a la costa de las comarcas de O Val Miñor y O Baixo Miño. Dice desconocer dónde están esos parques eólicos ya existentes a los que les sobra de forma recurrente producción y de cuyos excedentes se aprovecharían las centrales de bombeo para llevar el agua del mar hasta las balsas en A Groba. “¿Hay eólicos a los que les sobra o vamos a hacer centrales de bombeo que justifiquen más eólicos?”, plantea. En la zona, vecinos y ecologistas llevan años movilizándose contra la instalación de aerogeneradores y varios proyectos ha sido frenados.

También Greenpeace ve con cautela la propuesta de centrales de bombeo utilizando agua de mar. Manoel Santos, portavoz de la asociación en Galicia, expone que no rechazan el recurso a estas instalaciones de almacenamiento porque permiten “aprovechar excedentes cuando no se usan”, pero recalca que es necesario revisar las condiciones de cada propuesta: “En Red Natura no se pueden aceptar”, dice y añade que tampoco ve aceptables los planes con agua salada por ser “una tecnología no madura”. Pide dar priorizar a infraestructuras ya existentes –por ejemplo, con embalses que ya están construidos– y evitar oligopolios entre las empresas que los controlan. “Renovables sí, pero con una buena planificación y atendiendo a la justicia social y ambiental”, resume.

Alegaciones contra otra propuesta en el río Sil

A principios de mes se registró otra solicitud para instalar una central de almacenamiento hidráulico, pero esta en los ríos Sil y Edrada, en Parada de Sil (Ourense). La propuesta parte de A Senra Infraestructuras, una empresa conjunta de Iberdrola y Naturgy que pidió a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil una concesión para tomar hasta 75.000 litros por segundo del cauce fluvial. Con este trámite se abre un periodo de competencia de proyectos, al que se pueden presentar tanto estas empresas como otras.

La iniciativa ya ha recibido críticas y la Plataforma de Investigadores Ambientales ha presentado alegaciones. Avisan de que es necesario un informe previo de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural porque la zona está integrada en el bien de interés cultural del paisaje de la Ribeira Sacra. Además, consideran que un proyecto así es incompatible con la candidatura, por ahora rechazada, de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la Unesco y que afectaría a terrenos con protección ambiental.

El sector marisquero lleva varias campañas de pesadilla en Galicia. En cuestión de diez años, las cantidades de bivalvos –almeja, berberecho, mejillón o navaja– que han llegado a las lonjas se han desplomado. Si en 2015 se vendieron 7.795 toneladas, en 2025 fueron solo 3.742. Es decir, menos de la mitad. Hay tres especies que sobresalen por la caída a mínimos en su producción en este periodo: la almeja babosa, con una bajada que roza el 90%; la fina, con un descenso por encima del 87% y el berberecho, que se ha hundido casi un 81%.

Si se analiza la evolución de las ventas en las lonjas –los datos de Pesca de Galicia, una plataforma puesta en marcha por la Xunta, empiezan en 1997–-, se aprecia un comportamiento irregular, con un máximo de producción de bivalvos en 2008 –11.259 toneladas– y ejercicios flojos, como el de 2014, algo por debajo de las 6.000 toneladas, pero nunca aparecen unas cifras tan bajas de marisco como las anotadas en 2024 y 2025.

Lo que ocurre –porque las perspectivas para este año siguen siendo malas– empezó a fraguarse muchos meses antes, con las intensas lluvias del otoño de 2022 y el invierno de 2023. El motivo inmediato del desplome hay que buscarlo en la bajada de la salinidad provocada por la llegada de grandes cantidades de agua dulce a los bancos marisqueros, ubicados en los esteros y en las rías y en los que se registró una mortalidad masiva de bivalvos. Liliana Solís, la bióloga encargada de la asistencia técnica para la Confraría de Noia (A Coruña), lleva 20 años trabajando en la zona y asegura que en este tiempo no había visto una producción tan baja como la que se registra desde 2023. En noviembre de 2022 empezaron a encontrarse con episodios prolongados de bajada de la salinidad, que se fueron repitiendo.

Solís explica que, por los ciclos de estas especies, no les ha dado tiempo a recuperarse porque han vuelto a afrontar el mismo problema. Asegura que estos años se han encontrado tanto en diferentes tipos de almejas como en el berberecho que se han reproducido –algo que ocurre en primavera y verano– y hay incluso una densidad elevada, pero no llegan a crecer hasta la talla comercial. Por una parte, la bióloga se ha encontrado con que no avanzan al ritmo habitual, algo que asocia a una falta de fitoplancton, su alimento. Y por otra, no superan el invierno y las bajadas de salinidad asociadas a la sucesión de temporales. Un berberecho necesita un año o un año y medio para llegar al tamaño suficiente, mientras que algunas almejas necesitan algo más, entre otras cuestiones, porque la talla comercial es más grande. Es decir, los que se han encontrado este año, en la revisión realizada en agosto y principios de septiembre, no se recogerán –si llegan– hasta el año que viene, en el caso de los berberechos. En el de las almejas habrá que esperar a 2028.

La bióloga anticipa que, tras un arranque de año en el que los temporales fueron acompañados de una mortalidad masiva y de toneladas de moluscos muertos, la próxima campaña va a volver a ser “muy mala”. La intención en Noia es, si la Xunta lo autoriza, empezar a mariscar en octubre, pero es pesimista sobre el resultado. En la memoria está la campaña del otoño de 2023, que con apenas 10 días, se convirtió en la más corta de la historia en esta zona. Entonces las críticas de la cofradía noiesa y de agrupaciones como la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) señalaron no solo a las lluvias, sino a la liberación de grandes masas de agua dulce del embalse del Tambre sobre la ría de Noia e Muros, de Naturgy. Los efectos de estos desembalses son una drástica caída de la salinidad, el arrastre de materiales y la turbidez de las aguas, señalaron.

La PDRA incluye más elementos para explicar la crítica situación del marisqueo en la ría de Arousa, la más productiva de Galicia: acusa a la Xunta de incrementar las presiones sobre unas aguas ya contaminadas con medidas como verter los lodos del dragado del Lérez en el entorno de Sálvora o la reactivación de la mina de Touro - O Pino. Reclama desde hace años un plan urgente de regeneración de los bancos marisqueros y un saneamiento integral de la ría.

Caídas de hasta el 90%

Los datos de las lonjas muestran que el impacto se está notando especialmente en algunas de las especies de mayor valor comercial. La peor situación es la de la almeja babosa, que pasó de una producción de 1.079 toneladas en 2015 a 116 en 2025, es decir, se ha desplomado un 89,2%. La almeja fina, que ya era menos abundante, pasó en ese mismo periodo de 548 a 70 toneladas, un 87,2% menos. Resiste mejor la japonesa, que ha caído un 21,26%, desde 1.835 a 1.445 toneladas. El berberecho también se ha hundido: ha pasado de 2.649 a 507 toneladas, lo que significa que hay un 80,9% menos.

También bajan los ingresos de los mariscadores, aunque no en la misma medida en la que ha caído la producción. En 2015 el importe total de la primera venta de bivalvos en la lonja llegó a los 64,1 millones de euros, mientras que 2025 cerró en 47,7 millones de euros. El descenso es del 25,6%. El producto, más escaso, se ha encarecido. El precio medio hace una década era de 8,22 euros por kilo, frente a los 12,76 de 2025.

Los partidos de la oposición en Galicia consideran insuficientes las explicaciones dadas hasta el momento por la Xunta tras conocerse que la bodega de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, contrató a dos migrantes sin papeles para la vendimia de 2025 y dirigen su mirada también hacia el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda. El BNG lo acusa de estar “escondido” por no haber respondido a ninguna pregunta ni haberse pronunciado en público sobre el asunto y el PSdeG le pide que aclare si conocía la situación de la empresa de la familia de González.

La líder del BNG, Ana Pontón, calificó de “auténtico escándalo” que la empresa familiar del conselleiro que está encargado de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y que lleva las políticas sobre personas migrantes haya sido sancionada por contratar a dos sin papeles para la vendimia de 2025. Considera que es “gravísimo” el hecho en sí, pero también que el conselleiro “pretenda echarles la culpa a esos trabajadores”, algo que tacha de “obscenidad”. Se refiere a que, González señaló en sus declaraciones a una empresa de trabajo temporal (ETT) por proporcionar a estos trabajadores para la vendimia de la bodega, Casal de Armán, y aseguró que la denuncia que la empresa de su familia interpuso es por “usurpación de identidad” contra estos temporeros, no contra esa ETT.

“La pregunta que me hago es dónde está el señor Rueda, que está escondido y no dice nada de este tema”, agregó Pontón, que le ha exigido que tome una decisión: “O avala este comportamiento o procede al cese de un conselleiro que, desde nuestro punto de vista, está inhabilitado de facto para su cargo”. También cargó contra la postura en contra del PP con la regularización de migrantes: “Sabemos que, para el PP, los inmigrantes hay que tenerlos de manera irregular para poder explotarlos”.

Por su parte, el PSdeG ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia que incluye varias preguntas sobre las ayudas públicas recibidas por la empresa familiar del conselleiro desde 2009 y una petición para que comparezca en la Cámara autonómica. Las explicaciones dadas hasta ahora, dicen los socialistas, son insuficientes. La diputada Carmen Rodríguez Dacosta recuerda que, aunque González y la bodega familiar atribuyen la responsabilidad a la ETT, la Inspección de Trabajo dirigió su actuación contra una empresa del grupo de la familia.

En el Parlamento, recalcó Rodríguez Dacosta, “no se le pregunta como hermano, sino como conselleiro de Emprego”. En las preguntas registradas en PSdeG pide saber la calificación de las infracciones y la cuantía de la sanción, además de la fecha en la que el conselleiro tuvo conocimiento de la actuación de la Inspección y si informó al presidente de la Xunta de lo ocurrido. “Primero pedimos explicaciones. Si las que dé en el Parlamento no convencen, exigiremos responsabilidades”, dijo la diputada.

La oposición ha reaccionado a la noticia de que la bodega de la familia de José González, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, fue sancionada por explotar a migrantes sin papeles en la vendimia del año pasado. El BNG reclama el cese de González por una situación que considera “indecente”, mientras que el PSdeG le pide primero explicaciones y, si estas no “convencen”, exigirá “responsabilidades”.

La información, publicada por elDiario.es, indica que la empresa Viña Campinas SL, filial de Casal de Armán, recurrió a personas de origen africano sin la documentación en regla para recoger la uva y la situación fue detectada en una inspección de oficio en los viñedos de la zona de O Ribeiro (Ourense). La bodega fue fundada por el padre del conselleiro y heredada, a su muerte, por José González y sus hermanos. El conselleiro se desprendió de su parte cuando fue nombrado para este cargo.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, recalcó que González está precisamente a cargo, dentro del Gobierno gallego, de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y la seguridad en el trabajo. “Es una noticia gravísima, absolutamente indecente”, dijo y se preguntó si realmente el PP, que se opone a la regularización de migrantes lo hace porque “en el fondo quieren que trabajen en esa situación de irregularidad”.

Por parte del PSdeG, Lara Méndez acusó al PP de no tratar igual a todos los migrantes y considerar que los hay “de primera y de segunda”. “Parece que no quieren regular la situación de los migrantes, pero no les importa contratarlos sin papeles”, criticó. “Es un tema tremendamente complejo y difícil que tendrá que explicar”, señaló y defendió que González tiene que comparecer en el Parlamento, aunque su grupo no presentó la propuesta en la junta de portavoces de este martes.

Méndez defendió ser “cauta con los adjetivos” y hablar desde “la rigurosidad”. Por eso considera que primero el conselleiro debe dar explicaciones y, “si el resultado no convence”, los socialistas exigirán “responsabilidades”. “¿El presidente de la Xunta qué va a hacer, va a seguir cerrando los ojos a lo que pasa en su casa o va a defender los derechos de los gallegos y también los de los migrantes?”, añadió.

Más dura fue la representante del primer grupo de la oposición, el BNG: “Es impresentable. Pedimos su cese inmediato”. Rodil recordó que este no es el primer incumplimiento de la normativa por parte de la empresa, con una orden para demoler un salón de eventos levantado en 2015 junto a una casa de turismo rural que también explota y varios viñedos. La estructura, sin embargo, continúa en pie.

“Es evidente que esta persona no puede estar ni un minuto más al frente de la Consellería”, manifestó la diputada nacionalista, especialmente cuando González está al frente de “la campaña de acoso y derribo contra los trabajadores que los criminaliza por enfermar”.

El PP no ve caso

El portavoz del PP, Alberto Pazos, siguió el guion y defendió al conselleiro: “No hay caso”. Se remitió a las declaraciones que González había hecho poco antes, en las que atribuyó la contratación de personas migrantes sin papeles a una empresa de trabajo temporal, y recordó que él dejó de ser socio de la bodega familiar cuando fue nombrado conselleiro, en 2018, y no participa en las decisiones o la contratación de personal. “Nos congratulamos de que funcione la inspección”, añadió Pazos, que también repitió los argumentos de la Xunta sobre el asunto: “Si corresponde sanción, tendrá que afrontarla con normalidad, como cualquier otra empresa”.

También se pronunció al respecto el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, que se limitó a decir que “si se contrata a sin papeles, es una ilegalidad y tienen que actuar las autoridades pertinentes”.

La Xunta va a dar a los pacientes la posibilidad de saber cuánto cuestan los tratamientos que recibe o las consultas a las que acude en la sanidad pública. El presidente gallego, Alfonso Rueda, explicó que la información se va a dar a través de la app del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y aseguró que la intención de la medida es avanzar en materia de transparencia.

La Consellería de Sanidade explica que quienes tengan la aplicación Sergas Móbil pueden acceder a los datos en el icono del portal del paciente É-saúde, en el apartado Valoración económica da miña atención sanitaria. Para entrar es necesario tener el certificado digital o el sistema Chave 365.

El Gobierno gallego indica que el paciente va a poder ver información sobre los servicios de atención primaria como consultas médicas, de enfermería o análisis de sangre, pero también de actos sanitarios en la atención especializada, como consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos. Otra de las cuestiones cuyo coste económico se va a poder ver es el de la asistencia en urgencias o en los puntos de atención continuada (PAC). También habrá un apartado con lo que cuestan los medicamentos dispensados, que distinguirá la parte que paga la sanidad pública y la que abona el paciente.

Sanidade aclara que los importes de los servicios se basan en los precios públicos (que se fijan en el Decreto 56/2014 que establece las tarifas del Sergas). El coste de los medicamentos será el del momento de la dispensación, a partir del precio oficial de venta al público.

En los próximos tres meses también se va a ir incorporando para su consulta la información sobre los costes de una hospitalización, de la farmacia hospitalaria, prótesis, terapias respiratorias o transporte sanitario no urgente. La aplicación del Sergas la usan 2,3 millones de personas, señala la Xunta.

El anuncio lo lanzó el presidente de la Xunta en el debate sobre el estado de la Autonomía de 2025: el Gobierno gallego se propone aumentar en 1.800 las plazas en residencias de mayores con la construcción de 24 nuevos edificios. Pero no será una ampliación de la capacidad netamente pública, sino que se hará a través de una colaboración público-privada que no se ha concretado todavía en qué va a consistir exactamente, a pesar de que el plan acaba de ser aprobado por el Consello.

Este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda, lo presentó tras la reunión semanal de su gabinete. En la comparecencia ante la prensa destacó que, en los últimos años, se ha incrementado el número de plazas “sostenidas con fondos públicos” y volvió agradecer por su contribución a la Fundación Amancio Ortega. Las instalaciones que paga el fundador del grupo Inditex se integran en la red pública gallega, pero el Gobierno gallego no las gestiona directamente, sino que entrega la gestión a entidades de iniciativa privada.

Rueda afirmó que al menos el 60% de las 1.800 nuevas plazas que se van a crear tendrán “carácter público”. La conselleira de Política Social, Fabiola García, que compareció también para presentar el plan confirmó que la iniciativa se va a llevar a cabo mediante una colaboración público-privada. En el modelo gallego existen centros que son privados, centros que son privados, pero en los que la Xunta tiene plazas concertadas y centros públicos.

García expuso que se van a dividir esas 24 residencias en 12 lotes, cada uno de los cuales va a incluir una residencia principal con más de 100 plazas y otra “satélite” de menor tamaño. Van a estar localizadas en ayuntamientos próximos entre sí. Además, el plan es que sean municipios de menos de 25.000 habitantes y en los que no haya ahora plazas de este tipo.

Los ayuntamientos, todos gobernados por el PP menos dos que están en manos del PSOE, tienen un plazo de un mes para adherirse y, a partir de ahí, disponen de un año para hacer efectiva la cesión de la parcela para levantar una nueva residencia. La Xunta tiene ya seleccionados los emplazamientos que le interesan. En caso de que algún ayuntamiento rechace formar parte de la iniciativa, el Gobierno buscará otra localización alternativa.

La propuesta de Política social incluye ocho en la provincia de A Coruña, que son (en todos los casos se cita primero la residencia principal y después la satélite): Porto do Son y Outes; Mañón y Cariño; Carnota y Cabana de Bergantiños; y Oza Cesuras y Carral. En Lugo se proponen, por una parte, O Corgo y O Páramo, y, por la otra, O Saviñao y Folgoso do Courel. En Ourense serían Ribadavia y Castrelo de Miño y San Cibrao das Viñas y Toén. En Pontevedra la intención es levantarlas en O Porriño y Baiona; Sanxenxo y Cambados; y Marín y Moraña. Un último lote incluye Arbo (Pontevedra) y Padrenda (Ourense). La conselleira ha recordado que está también en marcha la de Ribeira (A Coruña), un proyecto que la Xunta desbloqueó solo cinco días después de la moción de censura que dio la Alcaldía de nuevo al PP.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, ha condenado el boicot sufrido por el trío de neotrad gallego Tanxugueiras en Palencia. “Estoy en desacuerdo con la actitud de estas personas”, dijo, y recalcó que “ni ellas ni otros tienen que aguantar este tipo de actitudes”, que sostiene que “nadie del PP” apoyaría.

Los hechos sucedieron el pasado 2 de septiembre. Un grupo de ultras envueltos en banderas de España, procedentes de la concentración en apoyo a Ceuta que se celebró, como en otras ciudades, en Palencia, obligaron a retrasar el concierto 40 minutos, entre gritos pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez e improperios contra las artistas por cantar en gallego.

Las tres integrantes de Tanxugueiras reaccionaron publicando un vídeo poco después en el que llaman a no dejar pasar lo que ocurrió y avisan de que la violencia, tanto verbal como física, es “muy peligrosa”. “El mundo se está poniendo bastante oscuro”, señala una de ellas. No son las únicas artistas que han recibido ataques de ultras y varios de ellos llaman a darles respuesta con la unión en el sector y manteniéndose sobre los escenarios.

Rueda manifestó su rechazo al boicot a Tanxugueiras, pero aprovechó para reclamar atención también para “manifestaciones y seguimientos totalmente fuera de lugar” que asegura que sufrió él mismo: “Hay que denunciarlo cuando les toca a los demás y cuando nos toca a nosotros también”. Él estuvo aquel día en la concentración convocada en A Coruña. Cuando se le pregunta por alguna manifestación contra sus políticas, el presidente gallego suele responder distinguiendo entre quien protesta “de buena fe” y quien “politiza” los asuntos. Este lunes respondió a una pregunta sobre si, en el caso de las concentraciones por Ceuta, esto también ocurrió: “La inmensa mayoría estaban con la misma intención que yo, que era apoyar a un pueblo que está sufriendo. Si había otras personas intentando obtener rédito electoral, allá ellas, quedaron retratadas”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantiene un doble discurso con respecto al apoyo a Ceuta: por un lado, defiende la solidaridad de Galicia -con la que justifica haberse ausentado de una reunión de su gobierno para estar en un acto político de Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, en Madrid-, pero, por otro se, muestra reticente con el reparto de menores migrantes y rechaza concretar a cuántos estaría dispuesto a recibir en el sistema autonómico: “Me niego a hablar de cifras, ni siquiera sobre si tienen que venir en este momento”.

Rueda repitió este lunes el mensaje en el que lleva semanas instalado: Galicia se presenta como un territorio solidario, consciente del problema tras lo que llama “avalancha de personas que llegaron a Ceuta” hace mes y medio, pero carga contra el Gobierno porque reclama que el reparto de menores migrantes se haga con una planificación que dice que no hay y acompañado de presupuestos extra.

Justifica su negativa a concretar a qué estaría dispuesta la Xunta con que es el Gobierno central el que sigue “lejos de dimensionar el problema”. “Si quieren colaboración, se tiene que hacer de otra forma”, insistió. Además, en línea con el PP estatal, volvió a decir que los niños deben volver con sus padres y que la opción de trasladarlos a otros territorios “debería ser la última”. Acusó al Gobierno de no intentar otras alternativas, una cuestión que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha negado en varias ocasiones al asegurar que se da prioridad al reagrupamiento familiar, pero esto no siempre es posible.

El autorrescatador es un dispositivo de emergencia que permite respirar cuando en el entorno no hay suficiente oxígeno o cuando están presentes gases tóxicos. Los brigadistas que luchan contra los incendios en Galicia lo tienen como el último recurso en caso de que una situación se complique. Pero estos profesionales tuvieron que pasar este año varios días sin estos equipos porque casi todos los que compró la Xunta tuvieron que ser sustituidos por un defecto. Y, en ese periodo entre que un trabajador notificaba el problema y le entregaban material nuevo, tenía que acudir a su puesto sin que tuviese disponible un autorrescatador.

La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta denunció la situación en el Parlamento de Galicia, en el que presentó una serie de preguntas sobre lo ocurrido. Le contestó el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, que admitió que, de los 2.820 autorreguladores adquiridos han tenido que ser sustituidos 2.639. Aseguró que no hay ningún brigadista que no cuente con este material en la actualidad y señaló que los reemplazos se fueron haciendo progresivamente y que no estuvieron a la vez más de 2.600 trabajadores sin este dispositivo. También afirmó que el defecto no implicaba que el aparato no estuviese operativo. La Consellería do Medio Rural agrega que los cambios se hicieron en época de bajo riesgo. La diputada, sin embargo, aseguró que varios brigadistas le comunicaron que recibieron los nuevos autorrescatadores hace pocos días.

Un brigadista de la zona de Ourense relata a esta redacción que, en su caso, fueron dos los cambios de autorrescatador que tuvo que pedir desde que le entregaron el primero, el año pasado. Confirma que, como señala Medio Rural, el problema estaba en la bolsa exterior, que se hinchaba. El aparato se basa en una reacción química en la que se genera oxígeno y aparentemente, se desencadenaba pese a estar cerrado y bien almacenado, expone este trabajador, que indica que a él le entregaron el material nuevo en cuestión de tres días y hace meses, antes de la campaña de máximo riesgo, que empieza en julio en Galicia. Eso sí, en esos días entre que se llevaron el autorrescatador defectuoso y le dieron el nuevo tuvo que ir a trabajar sin él. Esos días no tuvo que salir a ningún incendio, pero fue porque “coincidió así”. Si hubiese tenido que ir a apagar llamas, tendría que haber salido sin este complemento.

Manuel Francisco defendió que hay que distinguir entre los equipos de protección individual (EPI) destinados a los trabajos de extinción (el traje ignífugo, el casco, las botas, los guantes, las gafas, las máscaras antihumo o el protector del cuello) y sus complementos, entre los que incluyó el autorrescatador. Según su versión, el fabricante aseguró que los dispositivos seguían operativos, pese al fallo en la bolsa. Pero se hizo la sustitución igualmente y la empresa sustituyó las bolsas antiguas por otras con una válvula para impedir la entrada de impurezas y que permiten que, si se generan candidades pequeñas de oxígeno en el interior, puedan salir.

Las sustituciones se fueron haciendo, según el director xeral, a medida que cada trabajador fue comunicando que su equipo tenía un defecto. El brigadista de la zona de Ourense que contó su experiencia a esta redacción expuso que en su brigada se cambiaron todos los autorrescatadores defectuosos a la vez y explicó que se les había pedido que comprobaran su estado.

Rodríguez Dacosta replicó que la respuesta de la Xunta implica que “fallaron los autorrescatadores” y que eso “da para reflexionar”. Y pidió explicaciones por la llegada de algunos de ellos en septiembre. “No me responda que los autorrescatadores están entregados y diga cuándo debía disponer de ellos el personal, que decía que al principio de la campaña tenían que tener los EPI. Pues no era cierto”, recriminó. La diputada añadió que las quejas de los brigadistas por el material van más allá de estos dispositivos y que protestan por la escasez, por ejemplo, de camisetas interiores o por no disponer de mochilas para poder llevar consigo todo el material que, si llevan sujeto al cinturón, resulta “inaguantable”.

“A usted se le llena la boca hablando de absentismo laboral y empezó faltando a su puesto de trabajo”, le espetó la líder del BNG, Ana Pontón, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la primera sesión de control del nuevo curso político en el Parlamento de Galicia. Se refería, por un lado, a la campaña emprendida por la Xunta para limitar las bajas de los trabajadores y, por otro, a la decisión del jefe del Gobierno gallego de ausentarse del Consello el pasado lunes para estar en Madrid en un acto informativo de Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, junto a la plana mayor del PP. Tampoco pasó por alto la agenda de Rueda el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro: “Abandonó el Gobierno de Galicia y se fue al aquelarre de Feijóo en Madrid”.

Tanto Pontón como Besteiro afearon también el uso de lo ocurrido en Ceuta, con la entrada masiva de unas 80.000 personas hace más de un mes, de las que miles continúan en la ciudad autónoma, para “generar más odio”. “Pida más recursos al Gobierno, pero no haga lo de las últimas semanas ni use a menores para generar odio”, le recriminó el representante socialista a Rueda, mientras que la líder del BNG tachó de “impresentable” que haga “política barata” con “niños que están en una situación inhumana”. La reacción del presidente gallego fue acusar a los líderes de la oposición en Galicia de falta de empatía y de incapacidad para ponerse en el lugar de los afectados, en alusión a los ceutíes, “los compatriotas”. “¿En qué momento perdieron ustedes la humanidad?”, les dijo. “Me critican por apoyar a un presidente de una comunidad autónoma [en realidad, Ceuta es una ciudad autónoma] como me gustaría que me apoyasen a mí”, añadió.

Rueda centró las preocupaciones en los “ceutíes en Galicia y gallegos en Ceuta que lo están pasando muy mal”. Y volvió a criticar al Gobierno por querer que las comunidades autónomas acojan a una parte de los migrantes, lo que ha equiparado con “repartir culpas”. Los gallegos, con su historia de pueblo de emigrantes, deben ser solidarios, pero “de forma seria, como hay que hacer las cosas”, agregó y afirmó que este problema “lo tiene que solucionar quien lo provocó con su indolencia”. La solidaridad, replicó Besteiro, se mostró hace unos años con las personas que huyeron de la guerra en Ucrania, pero “con los africanos, desprecio y desidia”.

“Los gallegos no le pagan para ser el palmero de Feijóo, sino para solucionar sus problemas”, insistió Pontón sobre la ausencia de Rueda en el Consello. Y pasó a enumerar algunas de las dificultades: un encarecimiento del 35% en la alimentación, del 24% en la vivienda y del 23% en los transportes en los últimos años. “No es un lujo, es lo básico”, señaló. En el momento del inicio del curso escolar, la líder del BNG propuso dos medidas relacionadas, que son recuperar la gratuidad de los libros de texto que el PP se ha negado reiteradamente a implantar y ampliar las plazas de los comedores escolares. También le reclamó a la Xunta que ejecute todos los programas de vivienda, que limite los precios de los alquileres y las viviendas de uso turístico.

El curso político está recién estrenado, pero los argumentos utilizados en el debate son ya familiares. Rueda le replicó a Pontón con desdén: “No se me enfade tanto, que estamos al principio del periodo de sesiones”. La acusó de utilizar de forma recurrente su primer turno de palabra “para hacerse la víctima” y el segundo, para “lanzar una serie de titulares de los que no se va a acordar cuando acabe la jornada”. “Si quiere que la tomen en serio, hable en serio”, le dijo, después de volver a poner en duda las cifras citadas por la líder de la oposición, que respondió afeándole su actitud: “Le vengo a hablar de los problemas de este país y su respuesta es Bildu. Hablo de la gratuidad de los libros texto y me sale con no sé qué de Sánchez. Hablo del problema de la vivienda y viene aquí con ataques personales e intentos de descalificación”.

Besteiro, por su parte, le afeó a Rueda que derive responsabilidades hacia los ayuntamientos con los problemas de los incendios y de la sequía y la falta de respuestas de la Xunta ante emergencias como la de la vivienda -“ya no es un derecho, es un lujo”- o la de la sanidad -“los anuncios no sanan”-. También censuró el enredo del PP para rechazar ahora una transferencia de la AP-9 que lleva años reclamando. “Deje de buscar culpables y céntrese en las soluciones. Para hablar de los problemas tenemos a los tertulianos, pero Galicia le paga para solucionarlos”, le dijo. También cargó contra la postura del PP sobre la ley de nietos y la decisión del Supremo de prohibir cautelarmente que los descendientes de españoles residentes en el extranjero y que han sido nacionalizados gracias a esta norma voten: “El PP tan emocionado cuando va a Argentina y ahora les decimos que son nacionales a medias, porque votar es el principal derecho de un nacional”. El socialista señaló que esta cuestión está siendo otra muestra de la convergencia entre las argumentaciones del PP y las de Vox en varios temas.

La responsable del tribunal de Santiago que acogió el juicio por el accidente del Alvia que descarriló en Angrois en julio de 2013 y provocó la muerte de 79 personas y heridas a 143 se ha pronunciado a favor de que el maquinista, Francisco Garzón, reciba el indulto total de la pena de prisión de dos años y medio que se le impuso. De forma subsidiaria, también informa favorablemente al indulto parcial, que afectaría a la parte de la pena que excede de los dos años de cárcel y que permitiría que Garzón no tenga que entrar en prisión.

La magistrada de la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela, María Elena Fernández Currás, se posiciona a favor del indulto después de que la semana pasada la Fiscalía respaldase un indulto, aunque en este caso, parcial. La jueza razona que el maquinista no tiene antecedentes penales y está ya jubilado, de modo que “el pronóstico de que vuelva a delinquir es prácticamente nulo”. Agrega que la responsabilidad civil se ha abonado -toda o prácticamente toda, por parte de QBE, que es la aseguradora de Renfe, condenada como responsable civil directa.

El informe que firma Fernández Currás argumenta que hay “razones de justicia y equidad” para darle a Garzón el indulto solicitado. La conducta delictiva se cometió “por una imprudencia profesional grave, pero concentrada en un brevísimo espacio de tiempo” en el que perdió la atención a la conducción del tren “durante el tiempo en que mantuvo una conversación telefónica con el interventor”, que lo llamó por una cuestión profesional, pero que no tenía urgencia y que coincidió con el paso del convoy por un punto crítico de la vía, en el que el maquinista debía hacer una reducción de velocidad muy brusca para entrar en la curva de A Grandeira, en la que descarriló.

La jueza hace referencia también a que, en la gravedad del resultado concurrieron, “con su conducta negligente, otras circunstancias” relacionadas con la “deficiente señalización del tramo en el que se produjo el descarrilamiento y de medidas de seguridad que disminuyeran el riesgo de un exceso de velocidad”. Recuerda que los hechos probados que recogió la sentencia de instancia -que condenó tanto al maquinista como al que exjefe de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte- fueron mantenidos por la Audiencia Provincial de A Coruña, que se pronunció después en respuesta a los recursos presentados y absolvió a Cortabitarte.

Las consideraciones acerca de la falta de medidas en la vía que redujesen el peligro, expone Fernández Currás, no quedan descartadas en la sentencia de la Audiencia Provincial, aunque “no se haya materializado en la condena de la única persona a quien se acusó como responsable de esas deficiencias en la vía”, es decir, aunque Cortabitarte haya sido absuelto.

El informe añade más elementos a favor de indultar a Garzón: su “profundo pesar” por el dolor causado a las víctimas y sus familias, que señala que “fue patente ya desde el primer momento tras el accidente y durante la tramitación del procedimiento y la celebración del juicio”. “Como alegan algunas de las víctimas a la solicitud de indulto -respecto de la que las víctimas que se han pronunciado lo han hecho mayoritariamente a favor-, la condena moral del maquinista será de por vida, cumpla o no la pena de prisión”, añade.

La jueza expone que las penas de prisión tienen la finalidad de prevenir en general para que “la sociedad y las víctimas confíen en que la comisión de delitos no resulta impune”, pero en este caso cree que no cumpliría ninguna finalidad en cuanto a prevención o a la necesidad de resocialización o neutralización del riesgo de que el condenado delinca otra vez. El informe de la magistrada ya ha sido remitido, con el resto de documentación recabada por el órgano judicial, al Ministerio de Justicia para que evalúe la petición de indulto.

La Xunta acaba de presentar su plan estratégico de salud mental para el periodo 2026-2030. En el documento, promete duplicar la inversión y contratar más psiquiatras, psicólogos y profesionales sanitarios especializados en salud mental para 2030. Lo hace después de que el plan anterior, lanzado entre 2020 y 2024 con la idea de hacer frente a las consecuencias de la pandemia, resultase ineficaz, presentase deficiencias de equidad y eficacia y dejase a Galicia lejos de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto al número de psiquiatras que debe haber en función de la población, según el informe realizado por el Consello de Contas.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presentó las líneas del plan tras el Consello de la Xunta de este lunes. Anunció que se contratarán 357 nuevos profesionales, de los que 124 serán psiquiatras y psicólogos. Dentro de estos últimos, la promesa es que para 2030 haya 50 en la red de atención primaria, lo que supone sumar 22 a los actuales. El resto de los trabajadores serán del área de la enfermería especializada, la terapia ocupacional y otros ámbitos relacionados con la salud mental. El Gobierno gallego asegura que el presupuesto se va a duplicar y va a alcanzar los 177 millones de euros, frente a los 83 del plan anterior.

Caamaño indicó que se van a reforzar las áreas de la atención en la infancia y la adolescencia y también las medidas dirigidas a las personas mayores. Entre las líneas estratégicas, dijo, también está la atención a las personas con adicciones.

El plan de salud mental anterior fue objeto de un duro informe del Consello de Contas, que concluyó en mayo del año pasado que había brechas de equidad, sostenibilidad y eficacia en su implantación y que la ratio de psiquiatras por habitante en Galicia se encontraba un 42% por debajo de la recomendada por la OMS. La proporción que considera adecuada es de entre 13 y 15 de estos profesionales por cada 1.000 habitantes, pero en la comunidad la cifra era de 8,7. Otras comunidades tenían un mejor comportamiento: 12,8 en Euskadi y 12,5 en Catalunya.

El informe del órgano fiscalizador también confirmaba un incremento en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos y constataba que las personas con rentas bajas eran las que más tomaban.

A menos de dos días de que arranquen las clases en Galicia, la Xunta ha anunciado una iniciativa para dar un refuerzo educativo a los alumnos que se considere que lo necesitan antes de pasar de 6º de Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, había adelantado la idea el fin de semana, pero ha sido en el Consello de la Xunta de este lunes donde se le ha dado luz verde. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo -que sustituyó a Alfonso Rueda, de viaje en Madrid para ir a un acto del presidente de Ceuta-, expuso que serán clases extraescolares que, preferentemente, se impartirán en el mismo centro y en grupos reducidos. El programa es voluntario para los colegios.

El anuncio ha dejado varios puntos sin aclarar: la Xunta no ha señalado si este programa de refuerzo fuera del horario lectivo implicará la contratación de más profesorado ni tampoco ha aclarado cuándo va a empezar. En respuesta a preguntas sobre estos aspectos, la Consellería de Educación indica que se están “cerrando los detalles” y que se ampliarán los datos “en las próximas semanas”. La nota difundida por el Gobierno gallego tras el Consello expone que la iniciativa “se desarrollará en este curso”. La finalidad, añade, es “fundamentalmente preventiva” y pretende que el alumnado termine Primaria con “los aprendizajes, competencias y hábitos necesarios para afrontar adecuadamente la siguiente etapa”.

El programa se va a dirigir “prioritariamente” al alumnado que propongan los centros, en función de quién necesite más necesidades de refuerzo y teniendo en cuenta cuestiones como “las dificultades en los aprendizajes esenciales, el nivel de adquisición de las competencias, su evolución académica, necesidades detectadas por el equipo docente o si hay situación de vulnerabilidad socioeducativa”. Calvo expuso que los refuerzos serán en áreas como matemáticas o comprensión lectora y para que los alumnos aprendan técnicas de estudio.

El anuncio ha pillado por sorpresa al sector. Laura Arroxo, responsable de CIG-Ensino -el sindicato mayoritario en la educación en Galicia-, lamenta desconocer cómo se va a concretar la medida. “Tendrá que haber un aumento de profesorado para esos refuerzos”, dice. Tampoco se sabe ni cuándo empiezan estas clases extra ni cuántos refuerzos habrá por centro o cómo se va a decidir. También señala que la voluntariedad no será solo la del colegio para participar, sino la de los propios alumnos y alumnas. Y anticipa dificultades: se pregunta si el alumnado que se desplaza en transporte escolar tras las clases se podrá sumar a estos refuerzos. “Va a depender no de la voluntariedad de los padres, sino de que tengan la posibilidad de ir a llevarlos o recogerlos”, expone. “Al ser fuera del horario lectivo, ya no va a haber igualdad de condiciones; habrá quien lo necesite, pero no pueda asistir”, objeta.

Otra de las reticencias es la posibilidad de que hay un “estigma” al hacer una distinción entre quienes tienen que ir a los refuerzos y quienes no. Tampoco le ve “mucho sentido” a aplicar el programa en 6º de Primaria y considera que sería más útil dar un refuerzo al llegar a 1º de la ESO, que es el curso que suele implicar más cambios para los menores. Recuerda que hace unos años hubo una iniciativa similar dentro del programa PROA (plan de refuerzo, orientación y apoyo), pero después los profesores terminaron contratados para refuerzos en el aula.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha justificado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se haya ausentado de nuevo de la reunión semanal de su gabinete. En otras ocasiones, Rueda faltó a este encuentro, en el que el Gobierno gallego adopta los acuerdos de más calado, para acudir a citas de su partido. Esta vez no ha sido un comité de dirección, pero sí ha sido un acto con otros miembros de su partido: ha acudido a un acto informativo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en un hotel de Madrid. “Es el mejor sitio en el que podía estar hoy”, dijo Calvo, que es el encargado de sustituir al jefe del Gobierno autonómico cuando él no está.

El conselleiro compareció ante la prensa para explicar los acuerdos adoptados en el Consello en el que no estuvo Rueda. Como en otras ocasiones que se le preguntó por la ausencia del presidente, defendió que la reunión se desarrolló con “total normalidad” y que Rueda está al tanto de todos los asuntos tratados. “Me alegro de que fuese a arropar a un presidente que lo está pasando bastante mal”, insistió.

Al acto con Vivas acudieron otros cargos del PP, desde el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En su intervención, el presidente de Ceuta admitió que no tenía información previa de que iban a entrar “80.000 personas” en la ciudad procedentes de Marruecos.

En Galicia, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cargó contra Rueda por estar haciendo lo que calificó de “patriotismo de pulserita”. El viaje a Madrid para estar en el acto de Vivas, dijo, provocó que no estuviese “haciendo lo que tenía que hacer”, que considera que es “ayudar a Ceuta” con la “reubicación de los menores migrantes no acompañados que sí necesitan de esa solidaridad”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz de Sumar en el Congreso y co-coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Barbero, en una comparecencia en Santiago. Criticó que Rueda vaya a “hacerse fotos” con Vivas. “Solidaridad sería proceder a la acogida de menores migrantes”, replicó.

La escena es recurrente: un vecino acude al Ayuntamiento de Touro (A Coruña) y registra una denuncia por los olores fétidos y los incumplimientos de los que él y otros residentes acusan a una empresa de gestión de residuos que está instalada en la antigua mina y a 500 metros de las casas más cercanas. Los afectados se turnan en la tarea de dejar constancia ante las administraciones del malestar de quienes residen en las inmediaciones de la planta, que recibe, entre otros, lodos de depuradoras. La última vez fue a finales de agosto. “Es una problemática importante”, admite el alcalde, Jesús Reboredo (PP), que sostiene que solo hay una solución y pasa por que la actividad deje de desarrollarse en ese emplazamiento. No pide el cierre, sino un traslado a terrenos más hacia el interior de la antigua explotación y más alejados de núcleos de población.

El municipio está marcado en la última década por las movilizaciones ciudadanas contra actividades empresariales que tienen su epicentro en lo que era una mina de cobre, actualmente sin actividad. El proyecto para reabrirla ha llevado a que los vecinos se organicen en contra. Pero no es el único problema contra el que batallan. El regidor reconoce que hace años que se quejan, sobre todo por olores que describen como nauseabundos, y asegura que el Ayuntamiento da traslado de estas denuncias. Aunque considera que la situación ha mejorado en los últimos años, recalca que “los episodios son evidentes”. La Xunta, dice, “tiene un problema de gestión de residuos, pero hay que hacerlo con los mínimos efectos para la población”. El concejal de Medio Ambiente, Darío Rey, considera que está “claro” que lo que hace la empresa, Tratamientos Ecológicos del Noroeste S.L. (TEN), “es un sistema para deshacerse de residuos, en ningún caso para restaurar nada”.

TEN expone en su página web que admite varios tipos de desechos: lodos de depuradoras urbanas y procedentes de la agricultura y la ganadería, cenizas, residuos de minería y de construcción. Tras tratarlos produce, por una parte, fertilizantes y, por la otra, tecnosuelos, que se pueden usar para “recuperación de espacios degradados”, como minas, y para obras públicas. En respuesta a las preguntas remitidas por elDiario.es, señala que los residuos con los que trabaja están catalogados como no peligrosos y niega que esté incumpliendo la autorización ambiental integrada que le concedió la Xunta.

Jesús Penido es uno de los vecinos afectados y se cuenta entre el grupo de los que siguen movilizándose para que paren los olores. Relata que la asociación que habían creado para la causa, Cheiros Non, está prácticamente desaparecida en la actualidad y lo atribuye a la “impotencia” de buena parte de sus integrantes tras años de protestas sin recibir “ni una llamada” como respuesta. Pero él, por su parte, sigue anotando día a día si se registran olores. “Este año el verano está siendo terrorífico”, protesta. En medio de los varios episodios de calor sofocante tuvo que renunciar a abrir las ventanas al anochecer para refrescar su casa porque la peste se le hacía insoportable por momentos.

Penido y otros vecinos de la zona se turnan para ir a registrar las denuncias al Ayuntamiento, que debe pasar una copia a la Xunta y otra a la empresa. No han dejado de hacerlo porque esa es la recomendación que les dieron hace años agentes de la Guardia Civil para que el problema constase y para que constase también que no se estaba resolviendo. En esas quejas exponen que los olores afectan a los núcleos de Tribas, A Goleta, Os Bravos, Arinteiro, O Castelo, Loureda, Cebreiro, Angumil, Fonte Díaz y Cruz de Méndez. Desde este último lugar habla Penido, que explica que hacia este lado, al sur de la planta de TEN, los problemas se concentran entre finales de mayo y octubre. Después, explica, cambia el viento y el aire lleva los olores más bien hacia el norte.

A la espera de una estación de calidad del aire

En los escritos que entregan, estos vecinos señalan que la Consellería de Medio Ambiente le requirió a la empresa que instale una estación de calidad del aire para hacer un seguimiento de los niveles de varios gases, con tecnología para transmitir información a la administración. Han pasado más de tres años y sigue sin haberse colocado, protestan. Sobre este punto el alcalde indica que están a la espera de la autorización de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental para el modelo propuesto. Por su parte, la Consellería no había contestado, en el momento de redactar esta información, a las preguntas remitidas por elDiario.es sobre la estación y sobre las reiteradas denuncias.

Las quejas hablan de otros incumplimientos. Citan una resolución de julio de 2018 de la Xunta sobre la adecuación del uso de tecnosuelos para restaurar la antigua mina en la que se establece que no se pueden aplicar estos materiales mientras se generen olores desagradables y que se depositarán en las épocas en las que no se produzca “saturación hídrica” del terreno. También indica que la aplicación de tecnosuelos se debe hacer en capas de 40-50 centímetros cada 12-18 meses. Los vecinos denuncian que se han superado los 3 metros de altura en menos de medio año y que ha habido escorrentías que han llegado al dominio público hidráulico.

Penido añade que no es solo el olor, sino que también les preocupa que algunos de los gases o de los materiales puedan resultar peligrosos para la salud. Si se instalase la estación de calidad del aire que pide la Xunta, dice, al menos estarían “más tranquilos”. “Te preguntas qué estás respirando”, señala.

TEN argumenta en su respuesta que los residuos orgánicos generan olor y defiende que hace 10 años que ha implantado un sistema que gestión de olores “basado en la mejora continua” y ha invertido para reducir el impacto. El resultado, sostiene, es que ha habido “una drástica reducción de los episodios de olores, siendo en la actualidad algo excepcional”. Lo niega Penido, que asegura que sale a pasear con su perro por toda la zona y “cuando no es en un sitio, es en otro”, pero se topan con el olor. La empresa no hace mención a la estación que le ha requerido el Gobierno gallego que instale, pero asegura que tiene dos dentro de la planta para medir la calidad del aire, “sin que en todos estos años se hayan detectado mediciones fuera de la normalidad”. También señala que dos entidades independientes acreditadas han hecho 47 mediciones en el entorno y en todas “los parámetros están dentro de la normalidad”.

El plan para reactivar la mina

La planta de TEN se levanta en lo que era la mina de cobre de Touro, un espacio que dejó de explotarse hace 40 años, pero quedó sin restaurar. La empresa recoge en su página web una entrevista con una de sus responsables, Carmen Pintor, que explica el origen de la iniciativa: en 2004, emprendedores del sector del medio ambiente buscaban un lugar para levantar una planta de compostaje de lodos de depuradoras y se unieron al propietario de la mina. Ese propietario es Explotaciones Gallegas, perteneciente al grupo del fallecido empresario Francisco Gómez. Explotaciones gallegas se alió, por otro lado, con Atalaya Mining para crear Cobre San Rafael, que es la empresa que presentó hace casi diez años un proyecto para reactivar la mina de cobre. El primer intento de reabrir la explotación tuvo una fuerte oposición social y terminó siendo descartado por la Xunta en 2021. Cobre San Rafael lo reformuló unos años después y, en 2024, la Xunta lo declaró proyecto industrial estratégico. Actualmente, más de dos años después y con un rechazo social que se mantiene, sigue pendiente de la evaluación de impacto ambiental.

Entre las alegaciones que se presentaron contra la reactivación de la mina de cobre están varias referidas al uso de tecnosuelos como método para la restauración de los terrenos que promete Cobre San Rafael. La Plataforma Mina Touro - O Pino Non y Ecoloxistas en Acción consideran que optar por esta vía sería extender el problema que ya existe con TEN. El mismo argumento utiliza el concejal de Medio Ambiente de Touro, Darío Rey, que critica que la nueva mina quiere “perpetuar este sistema [el de TEN] para desechar los residuos de toda Galicia en Touro, ya que es el supuesto método de restauración recogido en el proyecto”. “Es un sistema más que fallido y generador de nuevas problemáticas”, zanja.