La Xunta de Galicia acaba de aprobar su estrategia de impulso a la vivienda protegida. Tiene dos patas: medidas dirigidas a los compradores -fundamentalmente, permitir el acceso de hogares con ingresos más elevados- y medidas pensadas para los promotores, que suponen un incremento del precio al que se van a poder vender los pisos y también ayudas directas a las empresas que los construyan.

Parte de los contenidos de este plan los había adelantado ya el presidente gallego, Alfonso Rueda, en el debate sobre el estado de la Autonomía del mes pasado. Entonces había dicho ya que la vivienda de promoción pública -es decir, dependiente de la propia Xunta- iba a pasar a tener como límite ingresos de cuatro veces el IPREM -4,5 veces en el caso de familias numerosas-. Cuando aplica estas subidas, la Xunta suele poner el ejemplo de una pareja con un hijo. El nuevo tope implica que, en ese supuesto familiar, el máximo de ingresos brutos mensuales es de 3.500 euros. Este lunes, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, añadió que ese incremento en los ingresos máximos permitidos se extiende también a la vivienda de promoción autonómica -la protegida que construyen promotores privados y cooperativistas-. La misma pareja con un hijo pasa de un límite de 3.750 euros brutos mensuales para una vivienda en régimen general a 4.850.

Pero la Xunta ha detectado un problema que no está en el acceso a la vivienda protegida, sino en la construcción de la misma y en las empresas que se dedican a ello. “Hoy no es atractivo construir vivienda de promoción autonómica”, dijo Allegue, que lo atribuyó a factores como el encarecimiento de los materiales, la escasez de mano de obra y unos precios máximos de venta de la vivienda protegida “que no cubren los costes reales”. El análisis se deriva de varias reuniones mantenidas en los últimos meses con representantes de este sector empresarial, expuso.

La respuesta del Gobierno gallego es subir los precios a los que se puede vender una vivienda protegida -que están limitados-. El incremento no es homogéneo para todas las zonas, sino que depende de las áreas y el régimen en el que se construyen. Son “más contenidos” en donde hay más demanda y los precios son ya más elevados, es decir, en las ciudades. La conselleira puso como ejemplo una vivienda tipo de tres dormitorios y 85 metros cuadrados: en régimen especial puede llegar a 206.456 euros; en régimen general el tope estará en 214.840 euros y en régimen concertado se eleva hasta 241.040 euros.

Además, los promotores recibirán ayudas directas porque “este ajuste no resulta suficiente par garantizar la viabilidad de las promociones”, según la Xunta. Estos apoyos pueden llegar a 42.500 euros por vivienda en viviendas protegidas de régimen especial en ciudades como Vigo o Pontevedra. La promesa del Gobierno gallego es construir 4.000 viviendas de promoción pública esta legislatura, que termina en 2028, y facilitar suelo para que se levanten otras 20.000 mediante estas colaboraciones con promotores privados.

En el incendio de Oímbra (Ourense) ardieron en agosto de 2025 más de 23.000 hectáreas y tres brigadistas resultaron heridos graves -uno de ellos, de 18 años, permaneció hospitalizado casi tres meses con medio cuerpo quemado-. La investigación judicial abierta para determinar qué ocurrió en el que es el segundo mayor fuego forestal registrado en Galicia ha revelado que hubo fallos por parte de la Xunta y el Ayuntamiento en la comunicación de que, con el alto riesgo en los montes, tenían que suspenderse actividades como las de desbroce, a la que se atribuye el origen de las llamas. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha guardado silencio este lunes, después de que el diario El País revelase que la orden de parar los desbroces se perdió en una confusión administrativa.

Rueda replicó a una pregunta sobre el asunto que se trata de un tema judicializado y pidió esperar a conocer las conclusiones de la Justicia. “Ningún medio ni gobierno va a poner una sentencia que corresponde a los jueces”, manifestó. Nada dijo sobre si iba a tomar alguna medida para evitar que los problemas de comunicación se repitan este año ni sobre su opinión acerca de que la alcaldesa de Oímbra (Ana Villarino, PP) enviase a los brigadistas que terminaron hospitalizados al punto en el que luego se vieron atrapados.

El incendio comenzó el 12 de agosto y el día 14 trascendió la detención de un hombre de 46 años por haber presuntamente provocado las llamas mientras realizaba un desbroce con un tractor. Una chispa prendió en la vegetación. El hombre trabajaba para las administraciones públicas a través de una empresa privada que estas tenían contratada. La información publicada por El País indica que la investigación judicial refleja que, aunque a finales de julio la Consellería de Medio Rural dio la orden de que no se hiciesen este tipo de trabajos ante el riesgo extremo de incendio, tal indicación no llegó a los operarios que se ocupaban de esos trabajos en Oímbra y que incluso llegaron a recibir el mensaje de que debían continuar.

El detenido estuvo en prisión provisional y fue puesto en libertad unos días después. En la actualidad es el único investigado por los delitos de incendio por imprudencia grave y lesiones y daños por imprudencia grave. Las pesquisas han revelado que la desbrozadora tenía deficiencias y que hubo una prohibición de desbrozar aquellos días que no llegó a quienes debían recibirla. El director general de Defensa del Monte de la Xunta, Manuel Rodríguez, manifestó verbalmente el 29 de julio a la empresa pública Seaga que no debía haber desbroces. Las delegaciones provinciales tenían que pasar el aviso a las empresas contratadas para que detuviesen las tareas desde el día siguiente.

Una técnica de la delegación ourensana manifestó, según el sumario, que no pudo enviar tal orden hasta el 3 de agosto porque estaba de vacaciones. Después, la administrativa municipal de Oímbra manifestó no recordar ni qué día vio el correo electrónico ni cuándo se lo trasladó a la alcaldesa. Afirmó también que entendió que Seaga daría la orden a la empresa adjudicataria en la que trabajaba el ahora investigado. Los trabajos de esta empresa privada los dirigía un trabajador municipal que estaba al tanto de la orden de Seaga y que aseguró que se la comunicó a la alcaldesa. Pero sostiene que ese tractor trabajaba para la Xunta y para el Ayuntamiento y que lo que dejó de hacer fueron las tareas de desbroce para la administración autonómica, pero no para la local.

La investigación incluye también testimonios de técnicos de Seaga sobre una orden verbal para retomar los desbroces el 4 de agosto. Y el investigado asegura que recibió indicaciones tanto del Ayuntamiento como de Seaga de seguir trabajando. La ley de incendios gallega recoge que, cuando el índice de riesgo diario sea alto, “no estará permitido” realizar trabajos que supongan usar maquinaria, tractores o vehículos pesados que no tengan equipamiento para la extinción de incendios. Añade que el uso de otra maquinaria no forestal ni agrícola con herramientas que puedan producir chispas o soldaduras requerirá una autorización.

La investigación judicial refleja también que los tres brigadistas heridos en el incendio relataron que estaban de día libre, pero al ver la gravedad del fuego pidieron incorporarse al dispositivo de extinción. Aseguraron que la alcaldesa lo autorizó verbalmente y, además, les dijo a qué zona debían ir. Allí se vieron atrapados por las llamas.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, no descarta que el nombre de María Reigosa, la concejala exsocialista que ha anunciado que va a apoyar la moción de censura del PP en el Ayuntamiento de Lugo, pueda aparecer en las listas de su partido para las elecciones municipales del próximo año: “Esa es una decisión que no me corresponde a mí y, por lo tanto, no puedo garantizar ni que sí ni que no”.

A unos días de que se debata la moción de censura con la que el PP, con Elena Candia al frente, se va a hacer con el gobierno local, Rueda ha admitido también que el movimiento, criticado por PSOE y BNG por estar precedido de la muerte de tres concejales -Reigosa accedió al acta tras el fallecimiento de uno de ellos- y contra el que se han organizado protestas en la ciudad, está generando crispación. Pero ha considerado que no es la propia decisión del PP el origen de ese clima tenso, sino la reacción de socialistas y nacionalistas.

Rueda aseguró que PSOE y BNG están tratando de “amedrentar” a Reigosa y también a los concejales del PP con sus críticas. “Un poco menos de hipocresía y ojo con la crispación que están provocando”, dijo y pidió “respeto a la democracia” ante esta moción que va a desalojar de la Alcaldía al socialista Miguel Fernández con el apoyo de una concejala que fue elegida en las listas del PSOE. En las próximas municipales, añadió el presidente gallego, los ciudadanos tendrán “derecho a opinar” en las urnas sobre lo ocurrido.

La Xunta de Galicia se opone a la protección del lobo y es una firme defensora de que debe poder cazarse. Ni los datos de su último censo, que concluye que la población de la especie no crece, sino que está estable, ni las conclusiones del Gobierno central sobre que el estado es desfavorable en la península ibérica ni las decisiones judiciales que han frenado las normas gallegas que permiten abatir ejemplares han hecho cambiar de idea a la Consellería de Medio Ambiente. En su persistente batalla por aplicar un control letal sobre estos animales, se ha puesto al frente de una inusual maniobra que pretende forzar que el informe que se presente ante Bruselas sobre la situación del lobo no sea el elaborado por el Gobierno central, sino uno alternativo redactado por la Xunta y al que han dado su apoyo varias comunidades autónomas. Con este embrollo sobre la mesa, y tras la petición de varias organizaciones de que se pueda consultar toda la documentación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido que va a sacar a información pública el material, según adelantó la Agencia EFE.

Una de esas organizaciones es el Fondo para la Protección del Lobo. Ernesto Díaz, su coordinador, considera que la estrategia de las comunidades que pelean por poder cazar lobos, con la Xunta al frente, es “insólita”. Dice no recordar otro caso en el que una comunidad haya decidido recopilar la información de las demás para presentar un informe alternativo al ya elaborado por el Gobierno central con los datos remitidos por las propias autonomías. Asegura que lo que se está desplegando es “una maniobra orquestada fundamentalmente por los gobiernos de las comunidades del noroeste”, que han ido reuniendo apoyos de otras administraciones “afines”, sobre todo del PP. Y detrás de todo esto interpreta que lo que hay es “una búsqueda del voto rural”, con el discurso, cuestionado por expertos, de que están aumentando los ataques de lobos al ganado y amenazando su viabilidad.

Pero, para llegar a la situación actual, se han entrecruzado varios hilos. La postura de la Xunta ha sido clara y favorable a la caza de lobos. En 2021, cuando la especie se incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que llevó a que no se pudiese cazar, el Gobierno gallego se opuso. Esa prohibición duró hasta marzo de 2025, cuando una enmienda a la ley sobre desperdicio alimentario le retiró esa protección, con el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV. La Consellería de Medio Ambiente se había preparado para aprovechar de inmediato ese nuevo escenario: autorizó de nuevo la caza de lobos solo un día después de que el cambio entrase en vigor. La Justicia paralizó después esa posibilidad de matar a estos animales (y la Xunta lo recurrió).

Esa modificación normativa contiene un segundo aspecto que ha permitido la maniobra con el contrainforme: obliga a que los informes sexenales sobre el estado de conservación de fauna y flora silvestres que se deben remitir a la Comisión Europea pasen antes por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente -que reúne a Gobierno central y comunidades- y reciban su visto bueno. Antes de ser elevados a esa Conferencia, deben analizarse en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que también están representadas las comunidades autónomas y el Ejecutivo estatal. Y en este foro es en el que la Xunta presentó su informe alternativo. Antes de estos cambios, que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, el Gobierno central los elaboraba y los enviaba directamente a Bruselas.

El Gobierno español está fuera de plazo para presentar estos informes sexenales (y Bruselas ha abierto expediente por este motivo), que debía haber entregado antes de julio de 2025. Fue a esas alturas cuando el Ministerio para la Transición Ecológica difundió los datos del último censo del lobo: hay 333 manadas en España, que son 36 más que una década antes, pero menos que las 500 que los expertos defienden como el umbral de seguridad para confiar en las buenas perspectivas de la especie a largo plazo. Con esta información, el informe sobre el estado de conservación concluyó que la situación era desfavorable, algo que hace más difícil que entre las medidas de gestión que se adopten para la especie estén las letales.

El documento se presentó en Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, pero no fue aceptado. Lo que ocurrió fue que la Xunta acudió a la cita con un informe alternativo que llega a la conclusión contraria y que ha sido apoyado por buena parte de las comunidades autónomas. Votaron a favor Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Asturias, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta y la propia Galicia. Castilla-La Mancha, Catalunya y Euskadi se abstuvieron y el Gobierno central votó en contra. El siguiente paso es elevarlo a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, algo que aún no ha ocurrido y que va a tardar, dado que el Gobierno central ha decidido sacar a información pública toda la documentación.

El contrainforme

La Xunta defiende la maniobra de intentar forzar el cambio en las conclusiones que se envíen a Bruselas y asegura que su informe alternativo “es una especie de réplica/alegación a la propuesta del Ministerio”. En su justificación, la Consellería de Medio Ambiente acusa al Gobierno central de estar haciendo “valoraciones subjetivas” y exponer “falsedades” con el “único fin” de que la conclusión sea que el estado es desfavorable. El documento gallego, al que ha tenido acceso elDiario.es, repasa parámetro por parámetro los datos para las regiones atlántica y mediterránea y defiende que en ambas debe considerase que la situación es favorable. Cuestiona la interpretación que hace el Gobierno de los criterios establecidos en Europa para las evaluaciones y también critica que se tome como referencia que la población de seguridad sea de 500 manadas para la península ibérica.

El Ministerio replica a varias de las consideraciones de la Xunta y agrega un análisis de los resultados si no se tomasen como referencia esas 500 manadas. La conclusión es que, aun así, el estado sigue siendo desfavorable en las tres regiones (atlántica, mediterránea y alpina). El Gobierno central defendió también que es necesario tener en cuenta el impacto de los ejemplares que ya han sido cazados en comunidades como Cantabria y Asturias y el de los gigantescos incendios del pasado verano en territorios habitados por la especie.

La Consellería de Medio Ambiente señala, en respuesta a preguntas de esta redacción, que tomó la iniciativa de elaborar un análisis que contradice el del Ministerio “en el marco de la coordinación y colaboración existente entre las comunidades autónomas con intereses en esta materia”. Asegura que, en otras ocasiones y asuntos, han sido otras comunidades las que han adoptado este papel. Sobre la elaboración del informe afirma que lo hicieron técnicos de la Xunta, que es un trabajo riguroso y que el contenido “recoge la información aportada por las distintas regiones” y que se han utilizado para el censo estatal - los datos “son los oficiales, que son públicos”, aclara-. Es decir, han empleado la misma información que el Gobierno central para llegar a la conclusión opuesta.

Mientras la Xunta acusa al Ministerio de hacer valoraciones subjetivas, son varios los expertos que dicen que quien tiene una postura ideológica y alejada de la ciencia es la Consellería de Medio Ambiente. Ernesto Díaz la califica de “arbitraria” y cree que Galicia y el resto de comunidades del noroeste, como Asturias, Cantabria o Castilla y León están en “una carrera hacia el precipicio de matar lobos”.

La beligerancia de la Xunta

En enero de este año, varios responsables de estos territorios se reunieron en Cantabria para reclamar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que debería aprobar el informe sexenal sobre el lobo y en la que quieren que salga adelante el documento de la Xunta. Tras el encuentro, la conselleira gallega, Ángeles Vázquez, volvió al argumento del impacto en el ganado y consideró que eso es una evidencia de su buena situación en Galicia: “Su estado de conservación es favorable, como acredita el hecho de que los ataques de esta especie hayan aumentado un 72% en relación con 2021”. Estos datos de muertes de animales causadas por el lobo también son discutidos por biólogos, que avisan de que un aumento de los reportes no implica necesariamente que hayan crecido los ataques porque no se analiza si hay ADN de esta especie o de perros asilvestrados ni se distingue depredación de carroñeo. Apuntan también a posibles fraudes en un contexto en el que han aumentado las compensaciones por ganado muerto.

Vázquez ha insistido en los últimos años en una postura especialmente beligerante para autorizar la caza de lobos en Galicia, a pesar de que es una medida que, cuando ha estado permitida, apenas se ha usado ni ha tenido éxito en Galicia: un informe publicado en 2023 por Unións Agrarias indicaba que en la década anterior se habían autorizado 60 batidas, que se saldaron con solo 11 animales cazados. Después de que la Justicia paralizase la medida que reintroducía la posibilidad de abatir ejemplares de esta especie, la conselleira reaccionó con exageración: “Lo que no se puede pretender es que Galicia albergue a todos los lobos de toda España”.

A la espera de que se inicie el proceso de información pública anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica lo que se abren son incógnitas sobre el informe sexenal del estado del lobo. Ernesto Díaz señala que se desconoce cómo va a ser el trámite, de qué manera se van a gestionar las alegaciones y cómo van a influir posteriormente en la información que se remita a Bruselas.

La de este martes es la sexta jornada de huelga educativa en un curso que se anunciaba, ya antes de empezar, convulso. El profesorado gallego llegaba a septiembre de 2025 reiterando sus denuncias de que los derechos que se perdieron con la crisis económica desencadenada a partir de 2008 no se llegaron a recuperar, avisando de que las necesidades diversas en las aulas requieren de más personal y reclamando una reducción de las ratios ante la sobrecarga. Pero sumaron nuevas batallas: una instrucción de la Consellería de Educación para implantar el principio de la neutralidad ideológica -un concepto empleado por la ultraderecha- o el nombramiento como jefe provincial de Educación en A Coruña de Santiago Freire, exalcalde del PP en Noia y Lousame que tiene anotados en su historial chistes machistas y una broma en elogio del golpe de estado de Franco.

“Lo que llevamos este curso son fotos y propaganda y estamos hartas de anuncios vacíos y de que no haya ninguna mejora ni en las condiciones laborales del profesorado ni en la enseñanza pública”. Así resumió el sentir del profesorado la secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, antes de que la multitudinaria manifestación que recorrió Santiago de Compostela saliese de la Alameda. Este sindicato, STEG y las Asambleas Abertas do Ensino Público son las organizaciones convocantes de las protestas y representan a la mayor parte de los docentes. Con las fotos, Arroxo se refiere a acuerdos sellados entre la Consellería de Educación y el resto de sindicatos. El más reciente, el anunciado hace unos días por la Xunta y Comisións Obreiras, UGT, ANPE y CSIF para que los docentes de secundaria pasen de 20 a 18 horas lectivas a la semana, que eran las que tenían antes de los recortes aplicados en 2012. Las organizaciones que convocaron la huelga critican que aún no se conocen las condiciones concretas del acuerdo y se hace difícil evaluarlo sin saber si va acompañado de un incremento de la plantilla.

Arroxo repitió que exigen recuperar derechos que les fueron “arrebatados” con la crisis y volver al horario anterior. Eso son las 18 horas lectivas en secundaria, en principio anunciadas por la Xunta, y 21 en infantil y primaria, que siguen a la espera. También insistió en que el alumnado “es mucho más diverso y necesita más recursos humanos para avanzar en inclusión” y que se reduzcan las ratios de alumnos por docente. También llamó a reducir la “sobrecarga burocrática brutal” que afrontan. Respaldó las demandas Comba Campoy, secretaria de Acción Sindical de STEG, que calificó la situación de insostenible. “Es cada vez peor y afecta a la calidad de la enseñanza”, recalcó.

Esta jornada de huelga, dijo Campoy, está marcada también por la participación de las Asembleas Abertas do Ensino Público, integradas por profesorado que dedica horas de su tiempo libre para organizar las movilizaciones. En representación de las mismas, Ana Cabanelas resaltó que se trata de una acción “que se hace desde la base y la colectividad”. “Queremos que se cambie la realidad en los centros, no más anuncios. Nosotros estamos a pie de aula y somos conscientes de cuál es la realidad”, afirmó y defendió que la enseñanza pública es la única opción para garantizar la igualdad de oportunidades. A la protesta de este martes se unió también el alumnado universitario a través de las Asembleas Abertas da USC.

Las protestas empezaron poco después del inicio del curso. La primera huelga, convocada por CIG y STEG, fue el 25 de septiembre. Le siguieron otras dos jornadas, el 28 y 29 de ese mes. Antes de acabar el primer trimestre se sumaron otras dos convocatorias el 16 y 17 de diciembre. Hubo también, en el arranque de 2026, encierros de profesorado en los centros, un tipo de protesta a la que no se recurría desde las movilizaciones contra la LOMCE de 2013. Y el calendario continúa: la semana que viene, el día 6 de mayo, habrá también protestas en una veintena de comarcas.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha recurrido de nuevo a desdeñar las protestas, de las que ha dicho que están “fuera de lugar” y que responden a un interés partidista del “entramado” de la UPG -formación núcleo del BNG-, el BNG y la CIG.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defiende que es “lícito” que la Consellería de Educación se haya negado a homologar un encuentro de educadores de Galicia y Portugal organizado por Nova Escola Galega al considerar que la actividad, “tal como está redactada, no cumple con el principio de neutralidad ideológica”. Ese encuentro lleva como título “Palestina e máis alá. Educar na vida en tempos de xenocidio”.

El jefe del Gobierno gallego ha afirmado que la Xunta está en su derecho de considerar que eso “no se puede validar como horas de formación del profesorado” y ha sostenido que esa es “la razón” para denegar la homologación: “Si se quiere vestir de otras cosas, allá cada uno”.

Nova Escola Galega denunció la semana pasada este rechazo, que le fue transmitido por la Consellería de Educación en un documento en el que alude únicamente al incumplimiento de la neutralidad ideológica, un principio que la Xunta impuso hace un año en las aulas y tras el que los expertos ven una asimilación de ideas de la ultraderecha en un intento de controlar las escuelas.

Cuando se conoció la denuncia de Nova Escola Galega, la Xunta dio un giro a su argumentación y dijo que la propuesta no sigue la normativa, según un informe técnico-jurídico. Indicó que no cumple las “condiciones de 'carácter extraordinario'” exigidas en el artículo 20 del reglamento, que la temática no se alinea con “las líneas estratégicas del Plan de Formación do Profesorado” y que “es susceptible de confrontar con el principio de neutralidad”. El rechazo a homologarlo no implica que la Xunta impida el encuentro, que sigue adelante.

La concejala tránsfuga del Ayuntamiento de Lugo que va a dar la Alcaldía al PP, María Reigosa, anunció que no va a optar a un puesto, convocado en comisión de servicio por la Xunta, de jefa de servicio de Litoral en Lugo. Lo hizo en la misma comparecencia en la que confirmaba que dará su voto para que Elena Candia logre el bastón de mando y después de que PSOE y BNG preguntasen públicamente si esa plaza, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, no estaría pensada para encajar con el perfil de Reigosa, que es funcionaria de Costas. Ahora el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se remite a esas palabras de la edila, pero no descarta que ella se vaya a presentar a algún otro puesto público en la administración autonómica.

Rueda respondió este lunes, de vuelta de su viaje a China, a una pregunta sobre si puede garantizar que Reigosa no va a optar a alguna otra plaza de la Xunta tras lograr el PP su apoyo para la polémica moción de censura de Lugo. Su reacción fue aferrarse a que lo que ella dijo ante los medios es que no va a optar a la de jefa de servicio en Lugo: “Hacerme responsable de lo que una persona anuncia públicamente... Cuando las cosas se anuncian públicamente es que las cosas se van a cumplir”. Aunque fue él mismo el que habló de la posibilidad de que Reigosa no cumpla su palabra: “Si al final optase, entonces otra cosa sería la decisión que tomamos. Pero no me quiero adelantar, sinceramente, porque ella misma dijo que no optaría”.

La cuestión del papel que va a desempeñar Reigosa tras la moción -cuyo debate está previsto para el 7 de mayo- está sobre la mesa. En la rueda de prensa en la que ella y Candia confirmaron el movimiento, la líder del PP en Lugo manifestó ya que “todos tendrán un papel cumpliendo la ley” y espera trabajar “codo con codo” con la edila que dejó el PSOE y figura actualmente como no adscrita. Con la plaza de Litoral descartada por ella misma, está pendiente determinar su destino en un contexto en el que la ley rechaza que los concejales tránsfugas puedan acceder a mejoras económicas o políticas dentro del ayuntamiento, lo que quiere decir que no puede formar parte del futuro gobierno del PP ni cobrar más.

Una de las quejas de Reigosa con respecto al PSOE es que, según ella misma explicó en una entrevista en La Voz de Galicia, el partido no le ofreció una dedicación exclusiva del 100% cuando asumió el acta de concejala, sino que le ofreció “el 70% porque el 30% restante lo querían usar para que otros concejales cobraran más”. Rueda minimizó la importancia de estas críticas en la decisión de apoyar la moción de censura: “Habló de muchas motivaciones y las principales eran que entendía que el Ayuntamiento no funcionaba”.

El presidente de la Xunta, que es también el líder del PP gallego, volvió a defender el movimiento para desalojar del gobierno local de Lugo a PSOE y BNG frente a las críticas y las protestas, como la organizada el pasado viernes en la ciudad. Señaló que manifestarse es democrático, al igual que lo es “usar un cauce previsto en la ley como la moción de censura”.

La Deputación de Pontevedra ha denegado la petición de su secretario de retrasar su jubilación, pese a que sí se lo había autorizado en ocasiones anteriores. La negativa llega después de que este funcionario, Carlos Cuadrado, hiciese críticas en las que identifica ilegalidades en algunos procesos de selección de personal dentro del ente provincial: denunció una reducción del temario en el turno de promoción interna que considera irregular y no motivada y también que se reservaron más plazas de las debidas para estos movimientos de personas que ya se encuentran dentro de la administración. Las primeras objeciones se las trasladó al presidente, Luis López (PP), en septiembre de 2025 y las últimas, en el mes de marzo de 2026. Solo unas semanas después se le comunicó que no se le va a prolongar la actividad y debe jubilarse ya.

La resolución de la Deputación que le comunica la decisión está firmada el 9 de abril y es un documento de 13 páginas en el que se recogen los argumentos para no retrasar su jubilación. El motivo fundamental alegado por el ente en ese documento, al que ha tenido acceso elDiario.es es que no considera que su perfil, tras cuatro décadas en el puesto, sea adecuado para los proyectos de digitalización. Cuadrado ha rechazado hacer declaraciones.

El desencuentro comenzó con la convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir vacantes entre los funcionarios de la Deputación que se incluyen en las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, en el turno de promoción interna. El secretario presentó recurso de reposición contra estos procesos porque detectó una reducción del 50% del temario mínimo establecido. En ese documento razonaba que el ente provincial no tiene capacidad para disminuir estos contenidos porque están recogidos en una normativa básica. Además, consideraba que había falta de motivación para la decisión tomada y que se estaban generando “diferencias de trato” entre las plazas de acceso libre y las de promoción interna. Este recurso fue desestimado.

Posteriormente, Cuadrado volvió a avisar sobre una convocatoria publicada el 7 de enero de 2026 en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, de la que dijo que “infringía la normativa, siendo nula de pleno de derecho”, según un escrito dirigido en marzo al presidente de la Deputación en el que le señalaba que hay límites para las plazas que se reservan para promoción interna. Solo un mes después, el secretario recibió la respuesta a su solicitud de no jubilarse y continuar en su puesto hasta los 70 años. Es una denegación, en la que la Deputación sostiene que su perfil no tiene “una adecuación plena” a las tareas para la digitalización.

El ente provincial expone que está en marcha un proceso para implantar la administración electrónica, que recibió un impulso significativo con la pandemia, pero sobre el que se observa en los últimos años “una desaceleración o estancamiento”. “Las actuales necesidades organizativas requieren un perfil profesional especialmente orientado al liderazgo efectivo de procesos de modernización administrativa”, indica y añade que se espera del secretario provincial que trabaje también en la coordinación entre servicios y promueva una comunicación fluida. “De las circunstancias descritas se desprende que este liderazgo no se está ejerciendo en la intensidad ni con los resultados que el actual proceso de transformación requiere”, continúa, antes de sostener que la continuidad del funcionario “no contribuiría” a la modernización administrativa. El informe hace constar, en cualquier caso, que el reconocimiento médico ha concluido que Cuadrado es apto para seguir realizando sus funciones. También asegura que no pretende cuestionar su “competencia profesional” o trayectoria.

Consultada al respecto, la Deputación de Pontevedra defiende que la decisión de “no prorrogar por cuarta vez las funciones” del secretario es, “además de legítima, plenamente justificada” por las razones ya citadas. Añade que hay una “urgencia” por aplicar las nuevas tecnologías en el funcionamiento de la institución, sin aludir a otros perfiles dentro de la misma orientados a estas tareas. Justifica también que la prolongación del servicio activo “debe analizarse no solo como un derecho del funcionario, sino también como una medida excepcional condicionada a la contribución efectiva al interés general y al correcto funcionamiento de la administración”.

Ni los fondos que destina la Xunta a la atención primaria son suficientes ni ha puesto remedio al problema de la falta de personal o de la temporalidad ni ha conseguido que la demora para ir al médico de familia sea de menos de 48 horas. El Consello de Contas confirma que esta área de la sanidad se ha deteriorado drásticamente: recibe el 12% del gasto sanitario, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda más del doble -un 25%-; solo la Comunidad de Madrid le destina menos; el 40% de los ayuntamientos no tienen pediatra y otro 30% lo comparte con otros territorios; el 28% de las plazas están vacantes y las demoras para ver al médico de familia se han incrementado. El informe analiza estos datos de espera solo en las áreas sanitarias de Pontevedra y Ferrol, pero recalca que los pacientes tienen que aguardar más de cinco días en el 39% de los casos en Pontevedra y en el 30% de las ocasiones en Ferrol.

El análisis de Contas -el ente que fiscaliza a las administraciones públicas en Galicia- llega en medio de protestas nunca desactivadas por la situación de la sanidad pública, en una jornada de huelga convocada por el sindicato CIG, cuando la Xunta anuncia una reforma de la atención primaria y con el debate abierto por el plan para limitar las bajas laborales. En este contexto, el informe hace una fotografía de la situación y señala que ese 12% del gasto destinado a primaria está por debajo también de la media estatal, que es del 14%

El documento añade que hubo, entre 2013 y 2023, una disminución de la población gallega y, a la vez, un envejecimiento, de modo que los mayores de 85 años aumentaron un 32%. Estos cambios, sumados a la dispersión de la población, “inciden directamente en las necesidades de la asistencia en atención primaria”. Pese a ello, el incremento en el gasto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) -que fue del 27,5% entre 2019 y 2023- se dirigió sobre todo a atención hospitalaria y gasto farmacéutico. Para las consultas especializadas se destinó el 62% del gasto sanitario.

El análisis se refiere también al equipo humano en atención primaria, en donde están vacantes el 28% de las plazas. La falta de profesionales es, añade, “uno de los principales problemas estructurales”, reconocido por la propia Xunta. La cuestión se agudiza en medicina de familia y pediatría, recalca Contas, que indica que hay 120 ayuntamientos gallegos (el 40% del total) en los que los niños no tienen un especialista propio que los atienda y otros 96 en los que comparten pediatra, según los datos actualizados en octubre de 2025. En estos casos, los menores son derivados al médico de primaria, pero se pone de manifiesto “una cobertura insuficiente y desigual, especialmente en las zonas rurales”.

El personal sanitario tenía una tasa de temporalidad del 28%, según datos de principios de 2023. Hay una reducción tras la convocatoria de 468 plazas lanzada ese año, pero sigue sin alcanzarse el objetivo de que esa tasa se sitúe por debajo del 8% en todas las categorías profesionales.

Los documentos publicados este jueves son varios y se refieren, además de a la atención primaria y al Sergas, a las cuentas generales de la Xunta de Galicia en 2024 y al sector instrumental, es decir, entes que dependen de la administración autonómica o empresas en las que tiene una participación mayoritaria. Sobre estos puntos, Contas pone varios reparos. Señala que el Gobierno gallego incumplió la regla de gasto -que se determina cuánto puede aumentar el gasto de una administración teniendo en cuenta sus ingresos-, con un aumento del 9,1%, por encima de la media de las comunidades autónomas, que fue del 7% y del 2,6% que se había marcado.

Contratos sin concurrencia competitiva

El Consello de Contas señala que las rebajas fiscales aplicadas se incrementaron un 15,9% y representan 686 millones de euros que se dejan de recaudar. Estos beneficios fiscales, añade, equivalen al 0,66% del producto interior bruto (PIB) gallego, mientras que las normas que implican subir impuestos equivalen a solo el 0,27% del PIB.

El ente fiscalizador vuelve a poner el foco en la contratación, en la que el 42% del gasto -2.941 millones de euros- se tramita con procedimientos sin concurrencia competitiva entre varios candidatos. También afea que haya gastos corrientes registrados incorrectamente como inversiones, lo que “contribuye a proporcionar una imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor de la administración”. Entre las partidas que no se pueden considerar inversiones cita las destinadas a la defensa contra incendios, la publicidad realizada en medios de comunicación y el contrato de seguimiento y gestión del plan de transporte público. Esta cuestión, recuerda Contas, se pone de manifiesto año tras año en sus controles.

Otra de las críticas se refiere a la falta de transparencia sobre entidades como la empresa público-privada Impulsa Galicia (disuelta en 2025 y a través de la que se promovió el proyecto de Altri y mediante la que se firmó un memorándum de entendimiento secreto con la empresa portuguesa) o la sociedad Recursos de Galicia. Contas señala que no se ha aprobado un marco normativo que aumente el nivel de supervisión sobre las mismas.

La Xunta acaba de aprobar un decreto para regular el diálogo social en el que va a fijar en un texto legal la composición, organización y funcionamiento del mismo. Sobre la mesa va a tener de forma inmediata la tarea de negociar el plan anunciado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, para dificultar las bajas laborales. Pero esas conversaciones van a tener lugar en un órgano que nace con un problema de representatividad: el sindicato mayoritario en Galicia, la CIG, ha manifestado en varias ocasiones que no se va a integrar en él, ni para esta negociación ni para ninguna otra. Se reafirma en la decisión el secretario confederal de Negociación Colectiva, Paco Sío, que expone que la postura es que ya existen órganos de representación tripartita y que, en cualquier caso, la negociación se hace centro a centro o sector a sector, con sus reivindicaciones específicas.

El decreto lo presentaron este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que no hicieron referencia a esta falta anunciada. Manifestaron que la intención es “institucionalizar” el diálogo social, con una mesa que va a estar adscrita al departamento que dirige González, y estableciendo la norma reguladora. No es que hasta ahora no hubiese reuniones a las que estaban llamados sindicatos y patronal, sino que hasta el momento no estaban reguladas en un decreto.

El conselleiro aseguró que la idea es consolidar la herramienta, que considera “clave” en la negociación colectiva. La norma va a aparecer publicada en el Diario Oficial de Galicia en los próximos días y va a fijar las funciones de esa Mesa de Diálogo Social. Expuso que una de ellas será realizar informes sobre materias que se debaten en este órgano. Y sobre la mesa está ya la necesidad de abordar “cuestiones como el absentismo y el bienestar laboral”. Lo que se va a hacer, añadió, es analizar “las causas y consecuencias de las bajas laborales” para luego presentar un plan para reducirlas. González afirmó que la intención es que haya menos bajas que “puedan ser evitables” a través de un refuerzo en la prevención de riesgos laborales y con un mayor bienestar laboral; “evitar prolongaciones innecesarias de las bajas introduciendo avances en los procesos de gestión y control” y “luchar contra posibles abusos”.

El plan fue recibido con críticas por los sindicatos. La CIG consideró que el presidente de la Xunta estaba actuando como un “vasallo de la patronal” -el discurso del absentismo y sus impactos económicos ha centrado buena parte de los argumentos de los empresarios- y Comisións Obreiras censuró que se pusiese el foco sobre las personas trabajadoras cuando “el problema no está ahí”. Apuntan a cuestiones como las demoras en la sanidad pública, los incumplimientos en materia de prevención o el envejecimiento de las plantillas.

Con el nuevo decreto, que Sío considera propaganda, asegura que la intención de la Xunta es “poner un marchamo de legalidad” a una negociación en la que estarán la patronal y parte de los sindicatos, pero no el mayoritario en Galicia. De hecho, cree que lo que mueve al Gobierno gallego a elaborar esta norma es que en otros órganos “no controla la mayoría sindical”. El representante de la CIG recalca que órganos como el Consello Económico e Social (CES) o el Consello Galego de Relacións Laborais ya son foros en los que funciona ese diálogo social y que se va a producir una duplicidad de funciones.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, da su respaldo a la posibilidad de que el PP presente una moción de censura apoyada en una tránsfuga en la ciudad de Lugo. “El PP tiene todo el derecho a intentar gobernar siendo la lista más votada”, defendió, después de que María Reigosa, la concejala que se escindió del grupo del PSOE, haya abierto la puerta a apoyar un movimiento de este tipo. Lo dejó planteado en una entrevista en La Voz de Galicia en la que aseguró que Lugo necesita un cambio de ciclo y que una moción “también es una gran oportunidad para la ciudad”.

Y esa posible moción sería bendecida por parte de Rueda, que es también el líder del PP en Galicia. En respuesta a preguntas al respecto, manifestó que la decisión la tienen que tomar, en cualquier caso, los concejales de su partido en Lugo, que son los que tienen capacidad para estampar su firma en una moción de censura que arrebataría el bastón de mando al actual alcalde, el socialista Miguel Fernández, que llegó a esta responsabilidad hace poco más de un año, en marzo de 2025, para sustituir a Paula Alvarellos, que falleció repentinamente.

Uno de los aspectos que PSdeG y BNG es que el PP se pueda plantear presentar una moción apoyándose en una persona que llegó a recibir el acta de concejala debido al fallecimiento de uno de sus entonces compañeros, Pablo Permuy. Consideran que no es ético, en un contexto en el que, a las muertes de Alvarellos y Permuy se acaba de sumar la de la edila Olga López Racamonde. Rueda discrepa: “Hubo supuestos desgraciados que lamento. Pero [Reigosa] es una persona que iba en la lista del PSOE, que supongo que cuando hace las listas incluye a personas que considera idóneas”.

El presidente gallego defiende la posibilidad de una moción porque considera que el Ayuntamiento “no funciona adecuadamente” y porque la candidata del PP en las pasadas municipales, Elena Candia, se quedó a un puñado de votos de lograr la mayoría absoluta. Además, recordó la decisión del Tribunal Supremo de junio de 2025 que despejó el camino para validar los acuerdos con tránsfugas. El fallo modificó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) para eliminar un punto que impedía que las mociones pudiesen prosperar si dependían del voto de alguien que había concurrido a las elecciones en la misma lista que el alcalde al que se pretende sustituir. Los movimientos se sucedieron de forma inmediata en Galicia con varias mociones que provocaron cambios de alcalde, la mayor parte para que el PP accediese al bastón de mando.

Rueda se aferra a uno de los casos en los que el desalojado fue un alcalde del PP y en su lugar se sentó uno del PSOE: Noia. El PSOE, dijo, critica la posibilidad de una moción de censura en Lugo, pero “acaba de usar esa posibilidad”. “Si la izquierda no es capaz de articular una mayoría estable en Lugo no es problema del PP”, zanjó.

Un acuerdo que “tardó mucho” en Extremadura

En cuanto al acuerdo alcanzado entre el PP y VOX para formar gobierno en Extremadura, Rueda le encuentra una única pega: que “tardó mucho”. Aunque no ha profundizado en cuestiones como la “prioridad nacional” mencionada en el documento, el presidente gallego asegura que el pacto da respuesta al mensaje “claro” dado por los extremeños en las urnas. Su interpretación de lo votado es que debía haber un entendimiento entre su partido y la ultraderecha.

Ha limitado las críticas a “la izquierda”, a la que reprocha que, “pese a haber perdido”, se posicione en contra de estos acuerdos que el PP intenta repetir en otras comunidades en las que ha habido elecciones. Ha añadido que está “seguro de que nada que no esté en el ordenamiento jurídico se va a aplicar” ni en Extremadura ni en otro territorio.

Todo empezó en octubre de 2023, cuando la Xunta decidió, de oficio, hacer una valoración de la situación de I.T.D.F., un menor de edad de Ourense que hasta ese momento tenía reconocido un grado III de dependencia, el máximo. Reevaluar a un dependiente es un procedimiento habitual para hacer seguimiento de su estado. Pero, en este caso, esa revisión dejó fuera uno de los diagnósticos que más afectan al día a día del menor y de quienes están con él: un trastorno del espectro autista severo no verbal. Los padres del niño, que tiene ahora 10 años, denuncian que esta omisión provocó que el grado de dependencia se rebajase al II. Ellos emprendieron una batalla por que la administración autonómica enmendase el error y una sentencia judicial les dio la razón, en noviembre de 2024, en su postura de que el nivel reconocido debe ser el III. Pero aseguran que los servicios de la Xunta la están aplicando “de forma defectuosa”. El enfrentamiento acaba de derivar en la retirada de las prestaciones económicas que estaba recibiendo la familia.

Joaquín Dosrey, el padre del menor, y Julieta Fernández, la madre, acusan a la administración autonómica gallega de estar actuando con mala fe. Defienden que, si acata que debe devolver el grado III de dependencia a su hijo -cosa que la Xunta, en efecto, ha hecho-, debe también incluir el diagnóstico de TEA y volver a darle la misma ayuda que tenía reconocida antes. Con aquella revisión de 2023, explican, se elaboró también un nuevo programa individual de atención (PIA) para el menor. El PIA es el documento que recoge las prestaciones públicas a las que tiene derecho un dependiente. Los padres indican que su hijo tenía concedida una libranza por cuidados en su entorno, es decir, una cantidad mensual para apoyar los cuidados que recibía por parte de su familia en su casa. Eran 500,94 euros. Cuando, en la nueva valoración, se consideró que su grado de dependencia era II, se hizo también un nuevo PIA, que establecía una libranza por cuidados en su entorno de 200 euros y otra pensada para pagar terapias de 150 euros. En total, 350 euros mensuales, 151 menos que en el plan anterior.

El padre del menor expone que lo que quieren es que se corrija la valoración que se hizo en 2023, que se tenga en cuenta que el niño tiene un trastorno del espectro autista severo que afecta a su desempeño cognitivo y que se recuperen las ayudas que tenía reconocidas antes de esa evaluación. Por eso, dice Dosrey, no han presentado, tras la sentencia judicial que les da la razón, facturas de las terapias a las que llevan al menor. Quieren evitar que se interprete como una aceptación tácita de una valoración y un PIA que son incorrectos. Y, sin esos recibos, la Xunta no abona los fondos. Esto es lo que ha llevado a que la administración gallega haya paralizado desde inicios de este año los ingresos. La Consellería de Política Social, consultada sobre el caso, asegura que ha seguido la normativa vigente y ha aplicado los baremos de valoración establecidos en la ley para determinar el grado de dependencia de I.T.D.F.

El departamento que dirige Fabiola García también sostiene que ha cumplido “estrictamente con lo dictaminado en la sentencia, la cual solamente se pronuncia sobre el grado de dependencia reconocido”. Los padres aseguran que lo que significa esto es que la Xunta ha cambiado el número en el grado de dependencia y nada más. Lo que dice exactamente esa sentencia es que la situación del niño es “la misma en la actualidad que en 2017, cuando le fue reconocida la dependencia en grado III” y concluye que ese es el nivel que debe aplicarse. “Se condena a la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia a estar y pasar por esta declaración y a asumir, en sus respectivas responsabilidades, las consecuencias que de ello se deriven”, indica el fallo.

La sentencia recoge, dentro de los hechos probados, todos los diagnósticos del niño: parálisis cerebral infantil tipo diparesia espástica, displasia de caderas bilateral, trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastorno del espectro autista, una duplicación que afecta al gen CHRNA 7, trastorno del lenguaje, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno grave de conducta. La explicación continúa: “Tiene ausencia de lenguaje verbal, emplea un comunicador. Tiene alteraciones de los procesos cognitivos. Tiene alteradas las funciones ejecutivas, precisando planificación, organización y supervisión constante de un adulto. Tiene alteraciones del estado de ánimo (irritabilidad, euforia, rabietas). Tiene episodios de agresividad hacia él y hacia los demás”.

Hay más: tiene movilidad reducida y necesita unos dispositivos ortopédicos para poder hacer desplazamientos cortos, además de andador. Si la distancia es larga o está en exteriores, necesita silla de ruedas. En su colegio precisa “apoyo constante de un cuidador” para su higiene personal, para ponerse y quitarse prendas que llevan sujeciones o las ayudas ortopédicas y para tomar líquidos. En casa también requiere “supervisión constante de sus padres”. “No es independiente”, concluye la sentencia.

El diagnóstico de TEA

Los padres relatan cómo empezó el enfrentamiento con la Xunta: ellos alegaron contra la valoración de 2023 que consideraba que su hijo tenía un grado II de dependencia, pero Política Social no admitió sus argumentos. Aquello fue en 2024. En su respuesta, la administración autonómica se reafirmaba en que la valoración se había realizado correctamente y que se habían tenido en cuenta los diagnósticos que constaban en el expediente. Señalaba también que los informes médicos que se habían aportado por parte de Joaquín y Julieta reflejaban “nuevos diagnósticos”, en alusión al TEA. Sin embargo, varios documentos con fecha anterior a la valoración de 2023 recogen ese trastorno del espectro autista. Los firman diferentes profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de las áreas de psiquiatría, psicología infantil y rehabilitación de Ourense.

Al ver rechazados sus argumentos, los padres del menor acudieron a la Justicia. La sentencia que les dio la razón es de noviembre de 2024. Fue prácticamente un año después cuando la administración hizo lo que ellos consideran “un intento de ejecutar la sentencia de forma defectuosa”. La acusación se refiere a que hubo un reconocimiento del grado III, pero se mantuvieron los recortes económicos y la “valoración errónea”. Cuentan también que un funcionario llamó al centro de terapia al que va su hijo para dar de alta servicios sin conocimiento de los padres, lo que ellos ven como un intento de que pareciese que había una “aceptación tácita” por su parte de esa ejecución de sentencia que critican.

También se quejan del trato recibido en el servicio de dependencia de la Xunta en Ourense. Aseguran que, en una conversación telefónica, un funcionario los amenazó con influir en los servicios sociales o “rebajar más recursos” si se hace una nueva valoración del menor. La Consellería de Política Social afirma que ha hecho las consultas pertinentes al respecto y defiende que esa comunicación tuvo “como único propósito informar sobre la situación administrativa de los expedientes en curso y la normativa en vigor”. El capítulo siguiente se registró en diciembre de 2025, con el aviso de la administración de que iba a parar cautelarmente los ingresos de las ayudas por no haberse remitido las facturas.

Un conflicto que sigue sin resolverse

Los padres del niño han vuelto a dar la batalla: el pasado mes de febrero registraron un escrito reclamando una revisión de oficio para corregir el error en la valoración de 2023 e incluir el TEA. Recalcan que el diagnóstico no es nuevo, sino que consta desde hace años en el Sergas, es decir, en los sistemas de la administración autonómica. Esa omisión, insisten, es la que está en el centro de todo el problema y no se van a rendir, a pesar de que ahora mismo no cuentan con ayudas públicas.

En respuesta a preguntas sobre cómo se realizan las valoraciones, la Consellería de Política Social indica que los equipos que se ocupan de las mismas están integrados por profesionales del área sanitaria y de la social, que analizan de forma “exhaustiva” toda la documentación, pero no aclara cómo es posible que un diagnóstico de TEA como el de este caso, que consta en el Sergas, no figure en esa evaluación. Añade que, cuando se hace una revisión del grado de dependencia, ese equipo técnico hace una propuesta basada en la “documentación actualizada” para determinar el nuevo grado y ajustar los servicios o prestaciones, “si la situación de la persona cambió”. Si hay errores, la administración tiene establecido un procedimiento para corregirlos “en cualquier momento”, pero solo si se trata de “fallos evidentes de escritura o de cálculo que no alteren el sentido jurídico del acto”.

Alfonso Villares, exconselleiro do Mar de la Xunta que dimitió tras ser imputado como presunto autor de una agresión sexual -denuncia que el juzgado archivó- ha convocado a los medios de comunicación a una comparecencia sin preguntas para anunciar que pide reincorporarse al PP y reclamar a los partidos de la oposición que se disculpen con él. No respondió a los intentos de la prensa de saber si tenía alguna oferta del presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, para volver a la Xunta, pero sí aprovechó para felicitar a su madre en su 93 cumpleaños y pedirle a su hijo que lo haga también.

El juzgado de Ferrol en el que recayó el caso tras perder Villares -con su renuncia a todos los cargos públicos en junio de 2025- la condición de aforado tardó apenas seis meses en manifestar que entendía que no debía procesarse al exconselleiro. La decisión la confirmó en abril de este año la Audiencia Provincial de A Coruña. Los argumentos dados fueron que la investigación realizada fue “amplia y minuciosa” y la jueza instructora no había apreciado “indicios bastantes” para seguir adelante con la causa, un criterio que apoyó el Ministerio Fiscal.

Tras conocerse estos pronunciamientos judiciales, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había vuelto a abrir la puerta a recuperar a Villares para la política. La decisión, dijo el pasado lunes, dependía solo del exconselleiro. La reacción de Rueda tras conocer la denuncia -supo de ella en febrero, según contó él mismo- fue mantener a Villares en el cargo, a la espera de que se le comunicase si estaba siendo investigado por la Justicia. Fue entonces, cuando se confirmó su imputación, cuando dimitió, en junio de 2025. Su despedida, acusado de una agresión sexual, fue un aplauso de sus compañeros y un abrazo del propio Rueda.

Este jueves, en una sorprendente e infrecuente convocatoria, Villares habló ante la prensa en un hotel compostelano cercano a la sede del PP gallego. Avanzó solo un primer paso en lo que dijo que es su “vuelta a la normalidad” en su vida privada y profesional, que es esa solicitud de reingreso en el partido en el que había militado entre 1995 y 2025. Ante los medios se reivindicó recordando que dijo desde su dimisión que era inocente y que, ante la jueza, contestó a las preguntas de todas las partes. La Justicia, insistió, ya se ha pronunciado, en el sentido de que no debe ser procesado porque no se han encontrado “indicios bastantes” para ello.

Villares, que estos meses volvió a su puesto de veterinario en la Consellería de Medio Rural, también aprovechó para lamentar que su imagen pública fue “injustamente dañada” y exigir disculpas. “Hubo personas, señaladamente responsables políticos, que decidieron ignorar la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. Que cargos públicos actúen con irresponsabilidad entraña un enorme peligro. Si un político se dedica a condenar sin juicio se quiebran las garantías de la sociedad y, ante esta falta de respeto a los principios democráticos más básicos, espero una reflexión y una disculpa”, dijo. No dedicó ningún comentario a la denunciante ni mencionó que la identidad de ella fue confirmada, el mismo día de su dimisión como conselleiro, por fuentes del Gobierno gallego.

Los defensores del medio ambiente no son los únicos críticos con las políticas desplegadas por la Xunta desde la Consellería de Medio Ambiente. La responsable de este departamento, Ángeles Vázquez, se acaba de poner en contra también a los cazadores, a pesar de que el Gobierno gallego se ha inclinado por aplicar políticas favorables para sus intereses. El motivo son las medidas aplicadas para “controlar” la población de jabalí en Galicia, que se han traducido en la declaración de una emergencia cinegética, es decir, en autorizar que se cace esta especie sin limitaciones. “Su efectividad real en el campo es sencillamente ridícula”, afirma la Unión de Tecores y Cazadores de Galicia (Unitega), que agrupa a unas 11.000 personas y cerca de un centenar de tecores -terrenos cinegéticamente ordenados-.

A la crítica de la falta de efectividad le añaden varias más. Unitega cree que los anuncios relacionados con el jabalí son una estrategia propagandística por parte de la Consellería de Medio Ambiente, un “paripé” para sostener que ha tratado de reducir el número de ejemplares y, en caso de complicaciones, como una posible entrada de la peste porcina africana, poder descargar responsabilidades sobre los cazadores. “La realidad que vivimos día a día en el monte demuestra que la administración nos quiere utilizar como una cortina de humo. La intención es clara: descargar sobre las espaldas de los tecores toda la responsabilidad en caso de que se acaba produciendo un positivo de peste porcina en Galicia”, asegura la agrupación, que pone el foco también sobre un desencuentro que ha llevado a que los cazadores aireen su oposición a las políticas de la Xunta. Rechazan que se introduzca una modalidad típica de la caza menor, que es la denominada caza en mano, para el jabalí, que es caza mayor. Avisan de que va a haber menos control y un aumento del riesgo de accidentes.

El secretario de Unitega, Antonio Mota, insiste, en conversación con elDiario.es, en que la Consellería de Medio Ambiente está dando mucha publicidad a la emergencia cinegética para trasladar “una imagen de que se están tomando medidas”. La Xunta está recurriendo a estos permisos para cazar jabalíes sin límite desde hace unos años. Primero lo justificó con las denuncias de los ganaderos por las pérdidas causadas al entrar estos animales en los terrenos cultivados y con los accidentes de tráfico con ejemplares implicados. Con el brote de peste porcina africana en Catalunya, detectado en esta especie, la vinculó también a la prevención para evitar la enfermedad.

Mota avisa de que, mientras tanto, hay “una ceguera voluntaria” sobre lo que considera “verdaderas vías” potenciales para la entrada de la peste porcina: productos cárnicos procedentes de zonas afectadas por la enfermedad y la introducción de los mismos por parte de humanos. Considera que la administración autonómica debería hacer una campaña informativa para avisar de los riesgos de que queden restos en zonas naturales o transitadas por personas a las que puedan acceder jabalíes. Y cree que las autovías A-6 y A-52 son “puntos calientes” porque los viajeros que pasan por ellas pueden dejar atrás, por ejemplo, un bocadillo de embutido contaminado. Recuerda que esta fue la teoría a la que se le dio más peso en el brote registrado en diciembre de 2025 en Catalunya.

“Es mucho más fácil firmar papeles de emergencia cinegética en un despacho y señalar al cazador que realizar un trabajo de campo y prevención real en las infraestructuras viarias”, protesta Unitega, que dice que “el silencio ya no es una opción” para los cazadores porque consideran que “la inacción institucional y las medidas puramente de cara a la galería” están abocando a “un desastre sanitario” del que creen que van a ser culpados de forma “premeditada”. Las medidas de la Xunta, insisten, “son tan poco realistas que apenas hay solicitudes”. Mota indica que lo normal es que la caza del jabalí se permita los jueves, sábados, domingos y festivos y que, con la emergencia cinegética, estos animales pueden ser abatidos todos los días. Pero es “innecesario”, dada la cantidad de jornadas en las que ya se puede hacer. La actividad, recalca, se concentra el fin de semana y solo algunos jubilados salen también los jueves.

“Una vez más, la Consellería de Medio Ambiente trabaja para la galería: solo buscan transmitir a la parte de la sociedad ajena a la caza una falsa sensación de control, tanto respecto a la peste porcina africana como a los continuos daños agrícolas o los accidentes de tráfico provocados por la fauna. Y no, no está bajo control”, afea la agrupación.

Mato se detiene también sobre la nueva modalidad que quiere permitir la Xunta para cazar el jabalí. Expone que los cazadores en Galicia suelen salir organizados en cuadrillas, en las que hay al menos ocho personas y en las que una de ellas actúa como responsable del grupo. Al aplicar la modalidad de la caza en mano, señala, serían suficientes dos personas para recorrer el monte en busca de animales a los que disparar. Pero para matar a un jabalí son necesarias balas. “Es otro nivel. Pasamos de una caza organizada a una caza que puede ser bastante más incontrolada”, protesta. La intención de la Xunta, según trasladó en reuniones recientes con representantes de los cazadores, es publicar en breve la orden en la que se va a permitir esta modalidad para abatir jabalíes, con la idea de hacerla opcional y que sean los tecores los que decidan si solicitarla o no. Mota dice no tener dudas de que habrá un cierto número que sí lo hará y eso le preocupa.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reafirmado en que el exconselleiro Alfonso Villares, que dimitió tras ser denunciado por agresión sexual -una denuncia que ha quedado archivada-, tiene abiertas las puertas para volver a la política. “No tendría problemas para volver a la vida pública”, manifestó y señaló que la decisión, en realidad, depende solo del propio Villares.

La dimisión la anunció el exconselleiro en junio de 2025. Aunque él habló de una cuestión que afectaba a su “esfera estrictamente personal”, se confirmó inmediatamente que la denuncia era por una agresión sexual. No solo eso, fuentes de la administración gallega confirmaron también entonces el nombre de la denunciante. Unos meses después, la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó que el caso quedaba archivado por “falta de indicios”. Los jueces que redactaron el auto señalaron que la investigación había sido “amplia y minuciosa”, sin que se hubiesen encontrado “indicios bastantes para procesar” a Villares, una postura que compartió la Fiscalía.

Con este resultado en la investigación judicial, Rueda reiteró que no tendría inconveniente en volver a contar con Villares, del que dijo que “era un buen servidor público”. Además, ha pedido a quienes cargaron contra Villares y el proceder de la Xunta -el propio Rueda era conocedor de la denuncia meses antes de la dimisión, que se produjo cuando el Tribunal Superior de Xustiza comunicó al exconselleiro su condición de investigado- que pidan disculpas ahora “con el mismo énfasis”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sabe de antemano que el representante de su gobierno que se siente en el diálogo social para abordar el plan sobre las bajas laborales se va a encontrar con una postura crítica de los sindicatos y con el respaldo entusiasta de la patronal. Pero este lunes ha dejado claro que el proyecto no depende de que haya un acercamiento en las negociaciones y que va a salir adelante con acuerdo o sin él. El jefe del Gobierno gallego ha insistido en la defensa de sus intenciones para redoblar el celo que se pone en el control de las incapacidades temporales: “Creemos que es necesario actuar y actuaremos”. No hay, insistió, otra alternativa.

El plan fue el anuncio que centró la atención en el debate sobre el estado de la Autonomía de la pasada semana. Rueda avanzó que su equipo va a “pisar el acelerador” con un programa que busca limitar las bajas laborales: una unidad específica va a revisar las bajas -aunque, en realidad, las decisiones ya dependen de médicos-, con especial atención a los motivos más frecuentes, que son lesiones musculoesqueléticas y problemas de salud mental. Además, se aceptarán las propuestas de alta de las mutuas salvo que algún elemento genere dudas, en cuyo caso se citará a la persona de baja para revisar su estado.

Las reacciones no se hicieron esperar: la CIG, que es el sindicato mayoritario en Galicia, consideró a Rueda “un vasallo de la patronal” y avanzó que no se va a presentar al diálogo social; Comisións Obreiras censuró que el foco se ponga sobre las personas trabajadoras, cuando el problema “no está ahí”, sino, en su opinión, en las listas de espera en la sanidad o en una patronal que descuida la salud laboral. UGT se mostró a favor de dialogar, pero con la advertencia de que lo que ve en este plan es una crítica a la propia gestión de la Xunta porque considera que el problema son las demoras para ser atendido por un médico o hacerse una prueba.

Hubo más posturas contrarias a las intenciones anunciadas por la Xunta: BNG y PSdeG votaron en contra de apoyar las medidas propuestas; la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, las consideró ilegales y anunció que las recurrirá ante el Tribunal Constitucional; y la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria se refirió a las propuestas como “disparatadas”. A pesar de todas estas críticas, Rueda asegura que “hubo muchas reacciones positivas”. Las que han trascendido públicamente son las de su partido, el PP gallego, y la de la Confederación Galega de Empresarios (CEG), que hace tiempo que adoptó el discurso del absentismo y pide medidas para combatirlo.

El presidente gallego aseguró este lunes, en respuesta a varias preguntas sobre su plan, que “lo más cómodo sería no reaccionar frente a lo que todos coinciden en que es un problema que afecta a la productividad”. Cargó contra quienes piden retirar el proyecto porque considera que, con las explicaciones que él ha dado hasta ahora, no lo conocen. Se dirigió en especial a Yolanda Díaz y consideró que es una “irresponsabilidad” anunciar un recurso contra una medida que “no sabe en qué consiste”. Pidió “un poco de tiempo” para ir presentando detalles del plan. El primer paso, dijo, es llevarlo al diálogo social para poder tener la estrategia elaborada este semestre. Si no hay consenso, avisó de que su equipo gobierna apoyado en la mayoría absoluta del PP, que recibió votos para “resolver problemas”.

Rueda defendió, en respuesta a una pregunta sobre si asume responsabilidades por el impacto de las listas de espera sanitarias en los tiempos que esperan personas de baja pendientes de pruebas y consultas, que el plan busca mejorar el funcionamiento de la administración y complementarlo con refuerzos, como el de las mutuas privadas. Aseguró también que no está poniendo en duda la labor de los sanitarios que conceden las bajas ni acusando a los trabajadores de cometer fraude. Trató de ilustrarlo comparando las incapacidades temporales, que no son posibles de partida sin la supervisión de un médico, con los incumplimientos al volante: “Es como decir que no hay que perseguir las infracciones de tráfico porque la mayoría de la gente no las comete”.

Para la Sociedade Galega de Ornitoloxía (SGO) la actitud de la Xunta con respecto a las aves es negligente: asegura que hay una desatención institucional que está contribuyendo al declive de numerosas especies y que ha hecho que el Catálogo Galego de Especies Amenazadas, lejos de ser una garantía para la atención de poblaciones vulnerables, se haya convertido en “un listado de extinciones anunciadas”. La avifauna gallega pasa por “uno de sus momentos más críticos” y no es solo por las presiones ambientales, sino por la parálisis de la administración autonómica.

La SGO organizó el pasado fin de semana un encuentro que reunió a más de medio centenar de especialistas en A Pobra do Caramiñal (A Coruña). La conclusión es demoledora, hay “un declive general” de la población de aves y, de las 30 especies de este tipo de animales que están incluidas en el catálogo de especies amenazadas, solo cinco tienen una tendencia positiva. Otras 13 siguen cayendo pese a estar dentro de esa lista que obliga legalmente a la Xunta a elaborar planes de recuperación para las especies en peligro de extinción y de conservación para las catalogadas como vulnerables. Y hay 12 más de las que estos expertos denuncian que no existen siquiera datos para evaluar su estado.

La labor de la Xunta -en concreto, de la Consellería de Medio Ambiente que dirige Ángeles Vázquez- fue el centro de las críticas de la jornada, a la que el Gobierno gallego declinó enviar a algún representante, según señala la SGO. El incumplimiento de la normativa es “sistemático”. A pesar de que el catálogo de especies amenazadas existe desde 2007, solo tres de las 201 especies incluidas tienen un plan de protección en vigor. Dos de ellas son aves: la escribenta das canaveiras (el escribano palustre, Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitánica Steinbacher) y la píllara das dunas (el chorlitejo patinegro, Charadrius alexandrinus L.).

El análisis de la situación del escribano palustre y el chorlitejo patinegro valió para ilustrar que estar dentro del listado e incluso tener un plan de protección no hace que las especies estén atendidas. Sobre la segunda, los ornitólogos confirmaron que Galicia y Baleares son las dos únicas comunidades autónomas en las que hay una tendencia positiva. Para esta ave hay medidas y presupuestos, señalan: 1.000 parcelas instaladas para proteger los nidos de los depredadores, cierres perimetrales para que los polluelos tengan tranquilidad y un programa que permitió liberar 200 ejemplares en el medio natural desde 2018. Pero el caso del escribano palustre es la antítesis. Tiene un plan aprobado desde 2013, pero está “congelado administrativamente” y las poblaciones registran un “descenso catastrófico” del 60% desde 2007 y desapareció de seis localidades históricas de cría. La subespecie lusitanica, solo presente en Galicia y el norte de Portugal, “se encamina hacia una desaparición irremediable”, avisan.

Pero la lista de preocupaciones es larga: los ornitólogos piden que se incluyan en el catálogo de especies amenazadas la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), la garceta (Egretta garzetta), la focha común (Fulica atra) o la grajilla occidental (Coloeus monedula). En zonas húmedas y medios agrarios destacan como especialmente negativa la situación del zarapito real (mazarico real en gallego, Numenius arquata), del que queda una única pareja reproductora. Citan también la avefría (Vanellus vanellus), cuyos nidos son “arrasados por tractores en plena campaña agrícola” pese a que es una especie en peligro y el alcaraván común (pernileiro en gallego, Burhinus oedicnemus), del que quedan dos parejas en Corrubedo y algún núcleo residual en las comarcas de A Terra Chá y A Limia.

 En cuanto a las aves marinas, destacan al paíño europeo (Hydrobates pelagicus) con un descenso que califican de notable en su colonia principal, que relacionada con la presencia de depredadores como el visón americano, y el cormorán moñudo (Gulosus aristotelis), que no se ha recuperado del “colapso” que supuso el desastre del Prestige hace más de 20 años. También recalcan que Galicia resulta crucial para la pardela balear (Puffinus mauretanicus) como zona de paso en su migración. Esta especie atraviesa áreas que coinciden “peligrosamente” con zonas proyectadas para la eólica marina.

Algunas rapaces aparecen recurrentemente entre las especies con más riesgo: la tartaraña (aguilucho cenizo, Circus pygargus) y la gatafornela (aguilucho pálido, Circus cyaneus) pierden sus hábitats como consecuencia de la política forestal de la Xunta, señala la SGO, que recuerda que su declive es acentuado. El águila real (Aquila chrysaetos) registra una ligera expansión, pero sigue amenazada también por las extensiones de especies de cultivo como los pinos y el eucalipto, que señalan que son pirófitas y ardieron (fundamentalmente pinos) en los grandes incendios de agosto de 2025. Los especialista encontraron pocos motivos de optimismo en la jornada, pero señalaron como positivo el proyecto del colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) en Trives, en donde un programa privado de instalación de cajas nido permitió que se alcanzasen las mayores densidades mundiales, aseguran.

Falta de transparencia

La SGO también recordó especies ya extintas en Galicia: el arao (Uria aalge) ha desaparecido como reproductor, al igual que el sisón (Tetrax tetrax) y la gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), mientras que el urogallo (pita de monte, Tetrao urogallus) hace años que no se encuentra en la comunidad.

Entre las denuncias de los ornitólogos están que la Xunta no presta atención a la conservación y destina recursos que califican de ridículos a la tarea. Además, la acusan de falta de transparencia porque en varios de los censos que realiza no difunde los datos para que la comunidad científica los pueda estudiar. Esta opacidad, dicen, obliga a que sean las iniciativas privadas y de voluntarios las que se ocupen de hacer un seguimiento de las poblaciones. Llaman la atención sobre que el catálogo de especies amenazadas está obsoleto. Hay especies que “viven en estado burocrático” en ese listado, pero en el terreno están desapareciendo. Otras deberían figurar en él, pero siguen sin incluirse. “Sin un cambio radical en la política de la Xunta que transforme los planes de papel en acciones sobre el terreno, la ornitología gallegga seguirá siendo la crónica de cómo nuestras aves aprendieron a desaparecer en un mar de burocracia”, concluyen.

Son 52 las iniciativas que se han aprobado en el debate sobre el estado de la Autonomía, aunque la mayoría de ellas no han logrado el acuerdo general del Parlamento gallego. Solo once han conseguido el respaldo unánime de los cuatro grupos, entre ellas una que hace un reconocimiento a las víctimas de ETA, otra que pide protección para las víctimas de violencia machista y otra sobre el traspaso de la AP-9. Entre las propuestas que han contado con el voto negativo de la oposición está el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dificultar el derecho a la baja laboral de los trabajadores. Tanto BNG como PSdeG la han rechazado, frente al apoyo del PP y la abstención de Democracia Ourensana, que tiene un único diputado en la Cámara gallega.

El PP intentó un acuerdo con DO y el PSdeG sobre el plan sobre las incapacidades temporales. Les remitió el jueves una redacción distinta a la registrada inicialmente en la que señalaba que el objetivo es presentar en un plazo de tres meses un documento para disminuir el “absentismo laboral”, elaborado con “el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales”. No hubo resultados, de modo que la redacción que se aprobó finalmente fue la original del PP: una petición para que se ponga en marcha “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”.

El anuncio de este plan que pone el foco en el personal de baja laboral recibió críticas tanto de BNG como del PSdeG. La portavoz de los socialistas en el debate, Lara Méndez, se refirió al “plan estrella” del presidente gallego que señaló que “lo que quiere es perseguir, como siempre, a los trabajadores”. Por parte del BNG, Olalla Rodil cargó contra Rueda por haber presentado como medida para quienes “no viven en la arcadia feliz del PP” la de que “va a poner todo su empeño para dificultar la baja” a quienes tienen problemas de ansiedad, depresión o dolores musculares. “Porque para el PP los trabajadores de este país somos unos vagos y maleantes y los médicos que dan las bajas, unos defraudadores”, acusó. Y afeó que no hubiese “ninguna reflexión, ni un solo segundo” sobre los accidentes laborales mortales, que provocaron 43 víctimas en 2025 en Galicia.

Por parte del PP, Alberto Pazos Couñago hizo una única referencia a la medida. Fue para cargar contra la oposición y acusarla de hacer una “confusión interesada”: “No perseguimos a los trabajadores, queremos perseguir el fraude”. Poner un mayor celo en la revisión de las incapacidades temporales y crear una unidad que revise las decisiones de los propios médicos es, según el diputado popular, “blindar los derechos de los trabajadores”.

La mayor parte de las propuestas aprobadas -que son una declaración de intenciones, pero no obligan a la Xunta- parten del PP, que tenía garantizado que iba a sacar adelante sus 40 iniciativas con su mayoría absoluta. A ellas se suman nueve textos que partieron de Democracia Ourensana, uno del BNG -para que la Xunta elabore este año un plan de gestión integral del agua- y dos del PSdeG , referidos a que los centros educativos estén dotados con suficiente profesorado de apoyo, incluidos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y a garantizar que el acceso a la cultura sea inclusivo y que en los proceso para elegir las direcciones de entidades artísticas haya equidad.

El PP rechazó con sus votos un acuerdo entre BNG y PSdeG sobre los usos del Pazo de Meirás y la reclamación de que el énfasis se ponga en la memoria democrática. Los dos grupos de la oposición también se unieron a favor de una propuesta registrada por los nacionalistas para reclamar a Rueda que se disculpe por considerar “vagos y defraudadores” con el plan sobre las bajas laborales. Sin sorpresas, el PP tumbó la petición.

Con esta votación concluyó el que se considera el principal debate de política anual en el Parlamento gallego, que en esta ocasión coincidió con la mitad del mandato de Rueda. El presidente compareció en la apertura, el miércoles, para hacer un balance triunfalista de las medidas puestas en marcha desde que llegó a la Presidencia de la Xunta -por segunda vez, la primera fue en 2022 para sustituir a Feijóo, pero sin elecciones-. Aseguró que el 85% de sus promesas están cumplidas y propuso como principal novedad un plan para dificultar las bajas laborales, con una unidad específica para controlar los trámites que hacen los médicos y un mayor peso de las mutuas privadas. Todo ello con el argumento, idéntico al de la patronal, de que lo que hay es “absentismo”, un cuestionamiento indirecto de que las incapacidades temporales estén bien decididas y llamadas de atención sobre el impacto económico.

De las 40 propuestas de resolución presentadas por el PPdeG dentro del debate sobre el estado de la Autonomía, 27 -es decir, el 67,5%- se dirigen al Gobierno central. Son iniciativas que reiteran peticiones de traspasos de competencias, mantenimiento de infraestructuras, financiación para atender a la dependencia o desarrollo de la energía eólica, pero también una condena a ETA aprovechando el principal debate político que acoge cada año el Parlamento autonómico. Registrado con el número cinco, el texto pide reafirmar el reconocimiento a las víctimas, rechazar acuerdos políticos o pactos institucionales con “formaciones que no condenen expresa e inequívocamente el terrorismo”. Añade otra reclamación: que “las administraciones competentes” cambien la ley para que los condenados por terrorismo “deban colaborar activamente en el esclarecimiento de todos los atentados de los que tienen conocimiento para el acceso a beneficios penitenciarios”.

Paula Prado, viceportavoz parlamentaria del PP gallego y secretaria general del partido, habló de las iniciativas en una rueda de prensa, en la que volvió a defender uno de los principales anuncios del presidente gallego, Alfonso Rueda, en el debate: el plan para dificultar el derecho a las bajas laborales. La medida ha concitado críticas de los sindicatos, de la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz asegura que es ilegal y el Gobierno lo recurrirá por inconstitucional) y del principal partido de la oposición, el BNG, que, de hecho, incluye entre sus propuestas de resolución una para que Rueda se disculpe con los trabajadores “por tratarlos como vagos defraudadores”.

La diputada del PP ha replicado a la petición del BNG afirmando que sus críticas se derivan de “la ideología” y que lo que deben hacer es “hablar más con los gallegos”. Sugirió a la líder de la formación nacionalista, Ana Pontón, que converse con autónomos, empresas y trabajadores “para ver qué piensan”.

El plan para limitar las bajas no es el único anuncio de Rueda al que su partido se suma en las propuestas de resolución, que serán votadas este viernes. Sobre este punto el PP pide la puesta en marcha de “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”. Pero también incluye entre las demandas una reforma de la atención primaria ya avanzada por el presidente de la Xunta o el anuncio de elevar el tope de renta para acceder a viviendas públicas en venta hasta cuatro veces el IPREM o reservar el 30% de estos pisos para personas de entre 37 y 45 años.

Los populares incluyen también una propuesta que no fue mencionada por Rueda en su intervención el miércoles, en la que no habló de políticas de igualdad ni de lucha contra la violencia machista. El PPdeG pide algo en esta materia, aunque el ruego se dirige, de nuevo, al Gobierno central: “un refuerzo real y efectivo de protección de las víctimas de violencia de género, empezando por el incremento del presupuesto del nuevo pacto de Estado contra la violencia de género”.

Otra de las peticiones es que la Xunta inste al Gobierno central a que “cumpla con su deber constitucional” de presentar los presupuestos. Entre las propuestas aparecen varios asuntos recurrentes: que haga las obras que necesita el Pazo de Meirás y transfiera la gestión a Galicia para aplicar un plan de usos que recoja tanto la figura de Emilia Pardo Bazán como “el proceso por el que se convirtió en propiedad del dictador”; que agilice los trámites para las desgravaciones fiscales de los patrocinadores del Xacobeo 2027 y los traspasos de competencias que ya se habían solicitado, como el de la AP-9, la gestión del ingreso mínimo vital, los aeródromos que no son de interés general y la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a migrantes.

Por su parte, el BNG utiliza sus 40 propuestas para reclamar medidas que garanticen la independencia judicial tras ser apartado el juez Luís Villares de la sección que se encarga de ver los litigios sobre eólicos, para recuperar la gratuidad de los libros de texto, para aumentar la vivienda pública y para que haya más profesorado de apoyo. También pide que se cree una comisión de investigación sobre el proyecto de Altri y que el PP levante el veto al candidato propuesto por el BNG para ser adjunto a la Valedora do Pobo, Fernando de Abel Vilela.

El PSdeG pide que el Pazo de Meirás sea un centro de memoria y derechos humanos, que la Xunta archive de forma definitiva el proyecto de Altri, que se rehabiliten todas las estaciones de bus y apoyar la candidatura de Vigo a ser sede del Mundial de fútbol 2030. Los socialistas también presentaron iniciativas para crear un banco público de viviendas en alquiler para movilizar pisos vacíos y hacer inspecciones para evitar prácticas especulativas en este ámbito.

El plan de la Xunta de Alfonso Rueda para dificultar el derecho a las bajas médicas de los trabajadores se ha encontrado ya con críticas de los sindicatos, de los partidos de la oposición y del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tacha de ilegal y avisa de que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Considera que lo que hace el presidente gallego con las medidas anunciadas es poner en cuestión la profesionalidad de los sanitarios y “su propia gestión de la sanidad gallega”, además de privatizar este ámbito por el refuerzo de las mutuas.

Rueda hizo el anuncio durante su discurso en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que elevó a asunto “urgente” el de la cantidad y duración de las incapacidades temporales en Galicia. El motivo, que están “lastrando la productividad” de la economía. La Xunta va a poner el foco en ello con un “programa integral de abordaje” que va a implicar la creación de una unidad que controlará las bajas y que estará centrada en las más habituales, que son las derivadas de lesiones músculoesqueléticas y problemas de salud mental “menores”, expuso. Además, el Gobierno gallego anuncia que va a reforzar el papel de las mutuas privadas y que, si hacen una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar. Solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para verificar su situación.

Estas propuestas son “absolutamente ilegales”, según la ministra de Trabajo, que considera que hay una invasión de competencias estatales. “Si esta medida se materializa, anuncio que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional”, insistió, en unas declaraciones a los medios antes de participar en un acto en A Coruña. Cargó, en concreto, contra la creación de un órgano específico de control y la intención de “privatizar aún más” algo sobre lo que quienes tienen competencia son, “en primer lugar, los médicos que decretan las bajas”. También recalcó que las materias sobre las que se anuncia un especial celo, relacionadas con salud mental y lesiones musculares, son “de mucha sensibilidad”.