La Xunta de Galicia acaba de anunciar que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto de las zonas de aceleración de renovables porque considera que invade competencias autonómicas. Abre con ello otra batalla con el Gobierno central por cuestiones de competencias, que ya han acabado judicializadas en casos como la normativa eólica o la gestión del litoral. El presidente gallego ha justificado la decisión como una “defensa del autogobierno en un sector especialmente sensible”.

El Gobierno gallego sostiene que el Estado tiene competencias en legislación básica en este sector, pero que el desarrollo corresponde a las comunidades, según recoge el Estatuto de Autonomía. El real decreto, añadió, es “tan detallado” que, “en la práctica, no deja margen de maniobra a la Xunta” para determinar dónde se pueden instalar los aprovechamientos de energías renovables.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, compareció junto a Rueda para explicar la decisión y aseguró que la norma lleva a que solo se podrían hacer estas instalaciones en el 0,16% del territorio, de manera “totalmente dispersa y contraria a lo que pide la Comisión Europea, que pide tener zonas suficientes y amplias”. Vázquez volvió a hacer referencia a que Galicia es la comunidad que más ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años, sin citar que la explicación está en que cerraron las dos centrales térmicas que funcionaban en la comunidad.

Las zonas de aceleración de renovables son zonas que se consideran especialmente adecuadas para la instalación de estas explotaciones. Según el decreto que ahora recurre la Xunta, la idea es dar prioridad a suelos industriales, urbanizados o artificiales, áreas degradadas, vertederos, canteras y minas clausuradas o corredores e infraestructuras energéticas o de transporte que ya existen. Los proyectos que se desarrollen en estas zonas no tendrán que someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario ni simplificado, aunque deben adoptarse antes medidas preventivas y mitigadoras. Sí será necesaria una evaluación ambiental estratégica de los planes por los que se designa alguna zona de aceleración de renovables.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado dar su opinión sobre la decisión de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia (PP), de no ceder las instalaciones de O Vello Cárcere de la ciudad para un acto sobre el inicio del proceso para declarar el edificio, símbolo de la represión franquista en la ciudad, lugar de memoria democrática. Tampoco se ha pronunciado sobre la ausencia de la propia regidora -el concejal Agustín Gallego acudió en representación del Ayuntamiento-.

“No tengo conocimiento de las razones de la denegación ni de las razones de la alcaldesa para no ir. Habrá que preguntarle a ella”, replicó Rueda, que es también presidente del PP gallego, a una pregunta sobre lo ocurrido en Lugo el pasado viernes, cuando el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, hizo una visita institucional para celebrar el inicio del proceso.

El acto se tuvo que hacer en el exterior de O Vello Cárcere porque el gobierno de Lugo rechazó ceder las instalaciones con el argumento de que estaban plenamente ocupadas por la intensa programación del Arde Lucus. Esta celebración fue también la que centró la actividad de Candia durante la visita de los representantes del Gobierno central. La regidora se encontraba en ese momento supervisando el puesto avanzado móvil del dispositivo de seguridad para la fiesta.

“Me sorprendió un poco; a Madrid la tengo por una comunidad abierta”. Esta ha sido la reacción del líder del PP gallego y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la decisión de la Comunidad de Madrid de excluir de los abonos de transporte a quienes no estén empadronados en la autonomía. Confirmó que el Gobierno gallego ha recibido la propuesta para firmar un convenio que permita que las bonificaciones se sigan aplicando a trabajadores y estudiantes gallegos que viven en la capital, pero avisó de que, si se firma un documento, la condición de reciprocidad va a ser innegociable.

“Estas cosas hay maneras de hablarlas”, añadió, antes de recordar que hay vecinos de la Comunidad de Madrid que se benefician de descuentos y bonificaciones en las mismas condiciones que los ciudadanos empadronados en Galicia cuando están en la comunidad. Puso el ejemplo de algunas ayudas al transporte, como las tarjetas que permiten viajar gratis a jóvenes y mayores.

La carta ya llegó a la Xunta, que va a analizar la propuesta de la comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso, compañera de partido de Rueda. “Tengo que decir que me sorprendió, primero, el anuncio público y, después, recibir la carta, la invitación a firmar un convenio”.

La decisión de la Comunidad de Madrid está en vigor desde el 15 de junio y afecta sobre todo a estudiantes y personas migrantes que viven en la comunidad, pero que no están empadronadas. Díaz Ayuso anunció después que promovería convenios con las comunidades para que sigan teniendo acceso a las bonificaciones los estudiantes que vivan fuera de la región.

“Vivimos mirando al cielo y cruzando los dedos”. Así resume la alcaldesa de A Rúa (Ourense), María González Albert (BNG), la preocupación por la posibilidad de que caigan nuevas trombas de agua que arrastren monte abajo piedras, troncos de árboles y lodo. En las últimas semanas, en este municipio, cuyo terreno forestal ardió por completo en los incendios de agosto de 2025, han anotado varios episodios de anegamientos que dejaron numerosas calles cubiertas de barro y desechos. Temen que habrá más este verano. La situación se repite en el vecino Vilamartín de Valdeorras, que esta semana vio como una fuerte tormenta provocó que se desbordasen ríos y entrase en agua en numerosas viviendas. La carretera N-120, que atraviesa toda la comarca de Valdeorras, tuvo que cortarse al tráfico.

Vecinos, responsables municipales y expertos miran ladera arriba para explicar la virulencia de las descargas de agua y los arrastres de material desde el monte: el terreno quedó abrasado por un gigantesco incendio hace menos de un año -el que empezó en Larouco, que el más grande desde que hay registros en Galicia, con 33.000 hectáreas, según el cálculo de la Xunta-. Los efectos del fuego siguen apareciendo mucho después de extinguidas las llamas y lo hacen por varias vías. Serafín González, edafólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), explica que el terreno que ha ardido queda oscurecido. Cambia el albedo, que es la proporción entre la energía luminosa que recibe una superficie y la que se refleja. Es decir, la tierra más oscura absorbe más radiación, se calienta más y eso provoca más evaporación, que favorece la aparición de las nubes de tormenta.

Ese es el primer factor que cita este experto, que razona que, por este motivo, los terrenos quemados van a seguir contribuyendo todo el verano a que se formen tormentas. Además, González expone que estas tierras que han ardido se vuelven, en cierta medida, repelentes al agua: pierden capacidad de empaparse y almacenar las precipitaciones. “Si llueve, no la retienen y hay más escorrentía”, señala. Y esto facilita que el material, troncos enteros de árboles afectados por el fuego incluidos, se vea arrastrado ladera abajo y haya riadas. “Suelo poner el ejemplo de que un suelo natural sin quemar es como una esponja: almacena agua y luego la suelta lentamente. Si se quema, deja de hacerlo”, expone y añade que esto afecta a que el agua baje con más velocidad por las laderas empinadas en las que, además, no encuentra ninguna vegetación que la frene.

Lo han comprobado en los últimos días en la comarca de Valdeorras, pero también en otros puntos de la provincia, como en Viana do Bolo, en donde las trombas de agua arrastraron a varias aldeas una enorme cantidad de barro, rocas, troncos y ramas de árboles que provocaron destrozos en viviendas, coches y carreteras. El alcalde, Germán García-Ávila (PSdeG), habló ante los medios de un escenario “dantesco”, en el que hubo que rescatar a varios vecinos de sus casas y pidió la declaración de zona catastrófica. Manifestó que la sensación es de que ha pasado “un tsunami”, con lenguas de barro y rocas dentro de las aldeas y coches medio sepultados. Como la regidora de A Rúa, el de Viana teme otra tormenta que descargue con fuerza, especialmente si llega antes de que se puedan retirar todos los materiales que atascaron arroyos y canalizaciones y presionaron los pilares de un puente en Pradocabalos, uno de los núcleos que salió peor parado de la tormenta del pasado miércoles, junto A Bouza, Pixeiros y O Castro.

García-Ávila apunta también a las consecuencias que se siguen desplegando meses después de los incendios: asegura que las cortas realizadas en los terrenos afectados contribuyeron al desastre porque no se retiró la maleza, que fue arrastrada por el agua y contribuyó a los taponamientos. En el municipio, dice, hay vecinos que se quedaron sin agua y sin electricidad. También en Vilamartín de Valdeorras hay zonas sin suministro de agua porque las captaciones quedaron bloqueadas.

“Llevamos un año avisando”

Al hacer el repaso de los daños, la regidora de A Rúa lamenta que se trata de una situación que se veía venir: “Llevamos un año avisando. La sensación es de total abandono”, dice la alcaldesa, que el pasado agosto estuvo días lanzando peticiones de ayuda para poder apagar el incendio que prendió en un vertedero de materiales industriales que desprendía humo tóxico. Cree que la Xunta tiene “abandonados” a los ayuntamientos que no son de su mismo color político, es decir, que no son del PP.

Tras los fuegos del pasado verano, Albert asegura que el Ayuntamiento mantiene areneros y rejillas limpios, pero nada de esto es suficiente cuando la tromba de agua arrastra tanto material. “Limpiamos las canalizaciones, pero llueve y se vuelven a reventar. Es un coste muy grande”, añade y recuerda que el suyo es un municipio pequeño -4.200 habitantes-. En este caso concreto se suma otro factor que incrementa el riesgo para muchas viviendas: hay, desde la dictadura, dos cauces de agua canalizados que atraviesan la localidad. Si se atascan, el agua encuentra la forma de seguir su curso en la superficie. Es lo que les ocurrió a los vecinos del barrio de Fontei hace una semana. En lugar de celebrar la noche de San Antón bailando con una orquesta, como tenían previsto, se dedicaron a retirar lodos de bajos y calles. “Lo que tenemos aquí es una rambla”, dice.

En A Rúa están salvando el suministro de agua por la labor del fontanero, que, según destaca la alcaldesa, está pendiente de los avisos de tormenta y va a cerrar la llave del depósito aunque sean las 2.00 de la madrugada. Albert relata que ha enviado comunicaciones a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pero sostiene que ni la primera hizo labores de restauración ni la segunda se ocupó de limpiar los arroyos. Añade que la maquinaria pesada que se está introduciendo en los terrenos forestales -casi todos propiedad de dos comunidades de montes- para retirar los troncos que aún se pueden aprovechar está “reventando” tanto la escasa vegetación que empezaba a crecer como elementos patrimoniales, como algunas mámoas -montículos funerarios prehistóricos-. “El incendio en el momento que ocurre es muy grave y muy espectacular, pero es luego cuando vienen muchos problemas importantes”, concluye.

La Consellería do Medio Rural, por su parte, insiste en que ha trabajado todos estos meses para evitar daños derivados de los incendios. Entre las medidas cita el mulching -que consiste en extender paja sobre el suelo a modo de cubierta protectora- y albarradas -barreras para tratar de frenar la erosión-, que sostiene que ha aplicado en municipios como A Rúa. Ofrece, en respuesta a preguntas de esta redacción, numerosos datos generales: cifra en 100 los kilómetros de pistas forestales reparadas y en 5 los millones de euros destinados a cubrir daños en bienes municipales o a compensar gastos asumidos por administraciones locales y vecinos para apagar fuegos. Para ello, indica que la Xunta firmó convenios con 46 ayuntamientos. Hace referencia también a partidas de la Consellería de Medio Ambiente, que reservó, entre sus primeras medidas tras el fuego, un millón de euros a los cazadores (a través de los tecores, los terrenos cinegéticamente ordenados) y ayuntamientos y mancomunidades de montes en terrenos gestionados por tecores.

Los trabajadores del hospital de Montecelo, en Pontevedra, han denunciado la presencia de ratas y culebras en el servicio de farmacia del centro. En un escrito remitido por la delegada de prevención al comité de seguridad e higiene del Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, señala que, durante las visitas a la farmacia se han encontrado culebras, ratas e indicios de “otras plagas procedentes de zonas de sumideros”. Avisa de que la situación es especialmente preocupante porque en este servicio se gestionan, almacenan y dispensan medicamentos para toda el área hospitalaria, incluidos tratamientos de quimioterapia, de nutrición o fármacos para pacientes ingresados.

La presencia de estos animales, continúa el escrito, supone un riesgo para los trabajadores y también para la calidad y la seguridad de los medicamentos y productos sanitarios que salen de este servicio y que pueden poner en peligro a los pacientes. Los trabajadores reclaman una inspección y que se tomen medidas urgentes de desinfección. El gerente del área sanitaria, José Flores, admite la situación y señala que no es la primera vez que ocurre algo parecido. La razón, asegura, es que el hospital se encuentra rodeado de campo y que el servicio de farmacia se encuentra en la planta -2, lo que hace más fácil que estos animales accedan al interior.

Flores asegura que ya se ha activado el dispositivo previsto para estos casos: se ha comunicado la situación, de la que dice que la gerencia tuvo constancia ayer, martes, a la unidad de prevención de riesgos laborales y a medicina preventiva. “Se están tomando todas las medidas necesarias y se está investigando para actuar en consecuencia y de forma definitiva”, señala. Los trabajadores dieron el aviso al ver “alguna rata y una culebra”: “Es algo que puede pasar”.

El escrito de los trabajadores también avisa de que hay material mal almacenado, depositado directamente en el suelo y “deficiencias de orden, limpieza e higiene incompatibles con los estándares exigibles a un servicio sanitario”. Piden, por este motivo, que se revisen las condiciones en las que se depositan los materiales en la farmacia de Montecelo.

Relatan también que una trabajadora, que prefiere no dar su nombre, tuvo que acudir a urgencias por una picadura que desconoce qué animal se la hizo y tuvo que tomar antibióticos para tratarse.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prima el criterio de su gobierno sobre el del Icomos -órgano consultivo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural- a la hora de evaluar si el proyecto de la mina de Touro puede afectar al Camino de Santiago. Defiende la postura de los informes de los técnicos de la administración autonómica, que consideran, igual que lo hace la empresa promotora, que la explotación no tendría impacto sobre el Camino de Santiago. Por la contra, el Icomos manifestó que cualquier permiso para la actividad minera en la zona debería ser anulado porque no hubo consulta previa a la Unesco pese a plantearse para las inmediaciones de un tramo de la ruta jacobea, declarada Patrimonio Mundial desde 1993.

El informe del Icomos, dijo, “merece todo el respeto, el mismo, ni más ni menos, que los técnicos de la Xunta”. El proyecto está avalado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, agregó, que concluye que el proyecto para reactivar la extracción de cobre en Touro y O Pino es “compatible” con el Camino, cuyas dos últimas etapas discurren por esta zona.

Rueda hizo estas afirmaciones en respuesta a una pregunta sobre las advertencias del organismo que asesora a la Unesco, que acaba de proponer, en otro proceso distinto, que la Ribeira Sacra no sea declarada Patrimonio Mundial. A lo que no contestó el presidente gallego fue a otra cuestión sobre si su Gobierno va a seguir en futuros proyectos las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial, que son las que establecen que cualquier acción que pueda tener algún impacto en un bien incluido en la lista deben ser consultadas, con carácter previo, con la Unesco.

El Gobierno gallego tampoco ha dado respuesta a las propuestas del Icomos de crear una mesa conjunta para analizar los posibles efectos sobre el Camino de Santiago del proyecto de Touro. En su informe señala que ya en febrero de 2025 remitió comunicaciones tanto a la Consellería de Economía como a la de Cultura pidiendo ese órgano de interlocución y reitera su disposición a crearlo.

No por ser esperado le resulta menos indignante a Isabel García, vecina de Touro (A Coruña) implicada desde 2017 contra la reactivación de la mina de cobre en ese municipio, el aluvión de comunicaciones que la Xunta está remitiendo a personas que presentaron alegaciones al proyecto. Lo que dicen esas notificaciones es que la administración autonómica no las considera personas interesadas en el proceso. Por tanto, sus objeciones van a ser desechadas. La carta les ha llegado a vecinos de Cabo de Cruz, en Boiro (A Coruña), a 55 kilómetros en línea recta del yacimiento y que temen sus efectos a través de las aguas del río Ulla, pero también a residentes que tienen su vivienda a 200 metros de la explotación.

La vía de denegar la condición de interesado a personas que alegan en un proceso administrativo no es nueva: la Xunta revisa en cada caso la pertinencia de las peticiones y responde negativamente si entiende que no está suficientemente justificado. Pero la tramitación de la macrocelulosa de Altri le dio una nueva dimensión a este modo de actuar, con una avalancha de denegaciones que, para organizaciones muy activas contra el proyecto como Greenpeace, era un intento de “silenciar” la enorme oposición que había y que se tradujo también en miles de alegaciones. La historia se repite en Touro. Isabel García, que es miembro de una de las plataformas vecinales que batallan contra los planes de volver a explotar el yacimiento, ve un paralelismo y cree que la intención es desgastar a quienes se oponen: “Hacer esta maniobra con personas que, en muchos casos, no están acostumbradas a lidiar con este tipo de comunicaciones es una táctica para intentar que no se siga adelante”. “Y también buscan tener un argumento de que no hubo tantas personas porque no hubo tantos interesados”, agrega. Meterse en el asunto, dice, es “una carrera de obstáculos”.

“Están usando el mismo modus operandi que con Altri”, sostiene Che Cancelo, portavoz de otra plataforma vecinal contra la mina. Primero, explica, llegaron hace unos meses las comunicaciones que pedían a quienes presentaron alegaciones justificar que son parte interesada en el proceso. Desde hace semanas constan las denegaciones, contra las que se puede presentar recurso de alzada. Cancelo considera que, al analizar los distintos casos, no quedan claras las razones ni los criterios de la Xunta y se queja de que están excluidas personas a las que les expropiarían terrenos, que ella defiende que es un elemento que demuestra que tienen interés en el proceso. Los razonamientos de la administración autonómica en algunos de estos casos de vecinos de la zona, a cuyas resoluciones ha tenido acceso esta redacción, son que la persona “alega de forma genérica posibles pérdidas económicas, psicosociales, culturales, ambientales y de salud que no se evaluaron” y que no se acredita “una relación material unívoca” ni un efecto “cierto” derivado del proyecto.

La ley de procedimiento administrativo común señala que se consideran interesados en un procedimiento quienes lo promuevan como titulares de derechos legítimos, los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte o aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar también afectados y se personen antes de que haya resolución definitiva.

Ricardo Ares es una de las personas que vive en las inmediaciones de los terrenos de la mina, en Arinteiro, un núcleo perteneciente a Touro. Compareció a principios de mes ante la prensa para explicar su caso, junto al Sindicato Labrego Galego. “Las tierras me las llevan todas”, afirmó, pero la respuesta a su petición de ser parte interesada ha sido negativa. Si los planes de Cobre San Rafael reciben el visto bueno, afirma que no podrá vivir en el lugar en el que lo hace ahora. Teme los impactos sobre los manantiales de la zona, en unos terrenos con repetidos episodios de contaminación que han llevado a que la propia Xunta imponga multas. Ares dirigió unas palabras al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Tenga un poco de dignidad y hable con los vecinos”.

El Sindicato Labrego también carga contra la Xunta por una actitud que califica de “oscurantista”. Y otra vecina afectada, Marta Curros, avisa de que esta forma de proceder genera indefensión para ellos. Recuerda que esta es la segunda vez que se registra una solicitud para reactivar la mina y llama la atención sobre que ahora se les está denegando la condición de interesadas a personas a las que sí se les reconoció en 2017. “La administración no es imparcial, está de parte de la empresa promotora”, acusó.

Las trabas desde 2017

También echa la vista atrás hacia la tramitación que empezó en 2017 Isabel García. El contexto del proyecto es inusual: el yacimiento se explotó en los años 70 y 80 para extraer cobre. Fue en 2017 cuando la empresa Cobre San Rafael -de Atalaya Mining- presentó por primera vez sus planes para retomar la actividad. La contestación social fue férrea. En 2020 la Xunta anunció que no superaba el trámite ambiental y descartó la propuesta en 2021. La empresa insistió pocos años después y el Gobierno gallego declaró el proyecto estratégico en 2024. En la actualidad está a la espera de la declaración de impacto ambiental, pero, entretanto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló que la Xunta hizo mal la tramitación que llevó a denegar el primer proyecto -por una cuestión de forma, no de fondo- y anuló aquella decisión. La empresa, no obstante, ha aclarado que no tiene intención de resucitar los planes iniciales, sino de seguir con los actuales.

En cualquier caso, Isabel García, recuerda que en 2017 los vecinos que se organizaron contra la mina ya se enfrentaron al muro burocrático de la administración gallega para que los reconociese como parte interesada. “Entonces no sabíamos reaccionar, pero fuimos aprendiendo”, señala. Explica que el motivo para poner tanto énfasis en esto es que, pasado el trámite de exposición pública, se siguen incorporando informes y documentación al expediente y, si no son persona interesada, no tienen acceso a ellos. “Nos quedamos sin saber qué pasa cuando tenemos una mina a las puertas de casa”, protesta. Hace nueve años, rememora, llamaban al departamento responsable de minas y pedían ver el expediente. “Tras mucho lidiar con la jefatura, nos reconocieron como interesados. Entonces permitían ver el expediente in situ. Había que pedir cita de mañana e ir a A Coruña, lo que a muchos les suponía pedir días en el trabajo. No podías hacer fotos, tenías que solicitar una copia y volver otro día a recogerla pagando una tasa. Fue un agotamiento”, cuenta.

“Vivimos aquí, tenemos propiedades, defendemos bienes”

En el proceso actual las cartas para pedir que demostrasen su interés en el caso empezaron a llegar hace algo más de un año -el periodo para presentar alegaciones terminó el 31 de enero de 2025-. “Nosotros respondimos que lo somos porque residimos aquí, porque tenemos propiedades afectadas y están publicadas en el Diario Oficial de Galicia o porque, sin ser residentes, defendemos bienes afectados como los recursos hídricos o el Camino de Santiago, que es Patrimonio Mundial”, explica. El Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural acaba de elaborar un informe en el que pide anular cualquier permiso para la mina porque no ha habido una consulta previa ante la Unesco y está en riesgo la ruta jacobea.

García asegura que a algunas personas les llegó hasta tres veces el requerimiento para justificar su interés. Y han tenido que responder tres veces. Vuelve a recalcar que hay mucha gente afectada que no está habituada a los trámites de este tipo y señala que, por eso, las plataformas facilitan modelos para responder a las peticiones de la administración autonómica en función de si son vecinos o propietarios de tierras o si su interés deriva de otra cuestión. En el caso de Altri, esta disponibilidad de formularios, tanto en las alegaciones como en las réplicas a los requerimientos, llevó al presidente gallego a afirmar que lo que había era una campaña “orquestada”.

El siguiente episodio empezó hace unas semanas, con las cartas denegando esa consideración de parte interesada. “Piden que aportemos más información. No explican cómo”, se queja. Su conclusión es que el Gobierno gallego “no piensa en las personas”. “Compraron lo que les cuenta la empresa y van para adelante”, dice, sin que ni Rueda ni alguno de sus conselleiros se haya entrevistado con los vecinos: “¿Tienen miedo a conocer las vidas que se van a destruir?”.

La movilización contra el proyecto sigue en marcha y el domingo está convocada una manifestación en A Illa de Arousa (Pontevedra) contra la mina y también contra Altri, cuyos planes no están archivados definitivamente.

Las plataformas vecinales que llevan nueve años peleando contra los planes para volver a explotar la mina de Touro - O Pino reciben el informe del Icomos, órgano asesor de la Unesco en materia de patrimonio cultural, que critica la tramitación por los riesgos para el Camino de Santiago como la confirmación de sus reiteradas denuncias. “La mina es incompatible con el Camino de Santiago. O es la explotación o es el Camino”, resume Isabel García, portavoz de una de las asociaciones que agrupan a los residentes en el área afectada.

García, que se implicó en la batalla contra la mina desde que se presentó en 2017 el primer proyecto para retomar la actividad en la zona, considera que la advertencia del Icomos da concreción a la preocupación por los efectos en el itinerario a Santiago, declarado desde 1993 Patrimonio Mundial por la Unesco, y evidencia “la imposibilidad de llevar a cabo una mina a cielo abierto al lado del Camino”. El documento técnico pide anular cualquier permiso de la Xunta para la explotación del yacimiento porque el proceso se está haciendo sin hacer una consulta previa a la Unesco, lo que, defiende, vulnera las normas establecidas para la protección de los bienes protegidos.

“No hay que olvidar que la línea de respeto [alrededor del Camino] está a 200 metros de la mina en algún punto. Y en la zona de Santa Irene, está a 1.500 metros y es por ahí por donde saldrían los camiones de gran tonelaje cruzándose con los peregrinos”, expone García, que destaca que la propia empresa admite en los estudios que ha presentado que la mina es visible desde varios tramos. “Los peregrinos ven desde los albergues los cortes mineros”, añade esta vecina, que llama la atención sobre otros efectos menos citados: habrá ruidos, trasiego de vehículos y nubes de polvo que afectarán a la ruta.

García recuerda que el Icomos ya dijo cuando se presentó el primer proyecto que era una amenaza para los bienes declarados Patrimonio Mundial y ahora lo ratifica. El pronunciamiento de este organismo asesor debería tener consecuencias, opina: “De entrada, el informe de Cultura tendría que ser desfavorable. El Camino es la estrella de la Consellería, así que tendrían que ser muy claros”. Con la tramitación del primer proyecto -la mina se intentó reactivar en 2017, pero la Xunta lo terminó descartando por no superar el trámite ambiental; la empresa volvió a presentar sus planes en 2024-, se debatieron iniciativas en varios ayuntamientos gallegos. El de A Estrada (Pontevedra), por el que pasa el río Ulla, aprobó una de rechazo a la reactivación de la mina, relata García. El alcalde era en aquel momento José López Campos, actual conselleiro de Cultura.

Che Cancelo habla en nombre de otra de las plataformas vecinales que están organizando las protestas contra el proyecto -el siguiente acto es una manifestación este domingo en A Illa de Arousa- y reclama a la Xunta que descarte los planes mineros en Touro y O Pino y haga bien los trámites. Cree que, si la Xunta no consultó a la Unesco el proyecto, es “porque no les conviene”.

Cancelo llama a participar en la manifestación del domingo porque, argumenta, es “la única forma de frenarlos”, aunque avisa también de que estudian acciones judiciales contra el proyecto, que sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental, dos años después de que la Xunta lo declarara estratégico.

Un informe del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural) alerta de que la tramitación del proyecto para volver a explotar la mina de Touro - O Pino (A Coruña) arrastra incumplimientos desde su mismo nacimiento, reclama que se anule cualquier permiso para estos planes y que se vuelva a la casilla de salida para elaborar una evaluación previa de impacto sobre el patrimonio porque hay riesgo de que se vea afectado el Camino de Santiago, el eje sobre el que gira buena parte de la política económica del Gobierno gallego y toda su estrategia de turismo.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es y figura al final de esta información, enfatiza que la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural celebrada en París en 1972 estableció que cualquier actuación sobre bienes declarados Patrimonio Mundial [el Camino de Santiago figura en la lista desde 1993], así como en las áreas buffer, que son las que rodean al propio bien, debe ser, “con carácter previo”, consultada a la Unesco o con el propio Icomos. Recalca que la notificación debe ser “lo antes posible (por ejemplo, antes de la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos) y antes de que se tomen decisiones difícilmente reversibles”. Así lo recogen textualmente las Directrices Operativas de la Convención. Pero, advierte, el “dato alarmante” es que, en el caso del proyecto minero de Touro, “no consta que se actuase conforme a las directrices expuestas, con el riesgo que ello supone para los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial”.

El Icomos elabora su informe, con fecha del 21 de mayo, en respuesta a una consulta hecha por el concejal de Medio Ambiente e Camiño de Santiago del Ayuntamiento de Touro, Darío Rey, que trasladaba su preocupación por los posibles impactos. En el texto, la entidad avisa de que, tras consultar la documentación relacionada con el proyecto, “no existe constancia” de que se hayan solicitado esos estudios de impacto patrimonial ni por parte los ayuntamientos afectados, ni de la Xunta, ni del Estado. Su conclusión es que “se han incumplido diferentes determinaciones de carácter procedimental, algunas de ellas fundamentales”. Y concreta que entre los puntos que no se han respetado está la obligación de “notificar por adelantado al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, antes de considerar cualquier acción, toda cuanta propuesta pueda tener un impacto en y sobre el Patrimonio Mundial”. “Es decir, y en el presente caso, las autorizaciones concedidas para la explotación minera de la mercantil Cobre San Rafael en el entorno del Camino de Santiago [...] debieran anularse, toda vez que no han sido consultadas previamente con la Unesco”, sostiene.

Además, la organización recuerda que las evaluaciones de impacto patrimonial deben “iniciarse desde el mismo instante en que se considere que cualquier actuación o proyecto de intervención pueda afectar al Patrimonio Mundial” y que ese proceso de comprobación debe ser “continuo en el tiempo” y mantenerse durante el desarrollo y después de ejecutada la acción. “Cualquier decisión debe ser considerada con carácter previo y a través de una evaluación de impacto, que deberá tratar los bienes del Patrimonio Mundial como elementos sensibles y valiosos”, agrega el Icomos, que enfatiza que los análisis deben tener carácter preventivo. Deja, asimismo, un aviso relacionado con la implicación de colectivos y vecinos de las zonas afectadas: la evaluación de impacto “debe promover y fomentar la participación efectiva, inclusiva y equitativa de los titulares de derechos, las comunidades locales y otras partes interesadas”. Y para ello “no basta con el cumplimiento de un proceso de exposición pública a fin de dar conformidad a un derecho establecido por un texto legislativo”.

El informe recuerda que el proyecto estuvo abierto a consulta pública desde el 25 de noviembre de 2024 -el proceso terminó el 31 de enero de 2025- y revela que el 4 de febrero de 2025 Icomos España envió un escrito a la Consellería de Cultura y otro a la de Economía para recordarles que es necesario cumplir las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial y para trasladarles su “total y desinteresada colaboración” para crear una mesa de trabajo con la administración y la empresa promotora para proteger el Camino de Santiago. El Icomos supervisa el estado de conservación de los bienes Patrimonio Mundial. Cuando se planteó construir un teleférico entre el centro de Santiago y la Cidade da Cultura, se posicionó en contra. La Unesco terminó por rechazarlo también y el Ayuntamiento paralizó el plan por el riesgo de comprometer la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

El concejal de Touro que motivó el informe con su consulta señala, preguntado al respecto, la preocupación por el impacto del proyecto minero en el territorio y en el patrimonio y recalca que la evaluación previa es “fundamental” en una empresa de este tipo por sus posibles efecgtos en los valores que justifican la protección internacional del Camino. Darío Rey destaca que Icomos ponga el foco en la “participación efectiva de las comunidades locales”. El Ayuntamiento, agrega, dispone ahora de un pronunciamiento oficial del principal organismo asesor de la Unesco en la materia en el que cuestiona “aspectos esenciales de la tramitación” y “refuerza la necesidad de extremar las garantías” en la protección tanto de la ruta de peregrinación como de su entorno.

Un proceso complejo en una mina con fuerte rechazo social

El yacimiento de Touro, que entra también en terrenos del municipio de O Pino, se explotó en los años 70 y hasta mediados de los 80, cuando quedó abandonado, sin que se hiciese una reparación ambiental de los terrenos. Esa contaminación persistente la tenían muy presente los vecinos cuando, en 2017, se presentó por primera vez el proyecto para retomar la extracción de cobre a cielo abierto en el lugar. Después de intensas movilizaciones impulsadas por los vecinos, la Xunta optó por guardar los planes en un cajón en 2020. Lo hizo a través de una declaración de impacto ambiental desfavorable en aquel año y con una confirmación de que le daba carpetazo en 2021. Pero ese no fue el final de un proyecto en el que se abrieron varios frentes judiciales y que ha derivado en una inusual situación.

Con el primer intento fracasado, Cobre San Rafael -empresa detrás de los planes para reabrir la mina y participada por Atalaya Mining- recompuso la documentación y volvió a iniciar los trámites ante la Xunta, que declaró, en 2024, proyecto industrial estratégico la propuesta. Esta figura que aplica el Gobierno gallego implica una tramitación más rápida. No obstante, dos años más tarde, sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental. Entretanto, las plataformas vecinales, asociaciones ecologistas y colectivos afectados por los vertidos que ocasionaría la explotación minera, retomaron las movilizaciones -la próxima, convocada para el domingo-. Denuncian que el proyecto es fundamentalmente el mismo que el presentado en 2017 y que tendría un gran impacto ambiental en el terreno y aguas abajo, dado que los arroyos de la zona desembocan en el río Ulla y este, en la ría de Arousa.

En medio del trámite de alegaciones se dio una situación insólita: la empresa envió un comunicado para destacar que, entre los miles de documentos registrados ante la Xunta, había 6.000 que eran a favor del proyecto. Cobre San Rafael ha sido muy activa en estos últimos años en la propaganda de sus planes mineros, colaboraciones con equipos deportivos incluidas.

Una decisión judicial ha añadido complejidad al panorama: en mayo de este año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la declaración de impacto ambiental negativa con la que la Xunta había tumbado el proyecto en 2020 y, en consecuencia, la decisión del Gobierno gallego de ponerle fin. Las críticas de la Justicia se centran en que, ante un proceso que se dirigía a descartar los planes, la Xunta no diese trámite de audiencia a la empresa que los había presentado y le denegase “la última palabra”. A pesar de esta resolución, Cobre San Rafael no tiene intención de retomar ese proyecto, sino que quiere sacar adelante el actual, el que ha sido declarado estratégico.

Esta es solo una de las derivadas judiciales relacionadas con la mina de Touro, que está pendiente de otras: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente.

El estudio de la empresa

La documentación presentada por Cobre San Rafael para pedir la autorización de la Xunta incluye referencias al Camino de Santiago: indica que el Camino Francés -el más popular- se encuentra cerca de la mina, a unos dos kilómetros de distancia de los límites del proyecto. Lo que denomina “ámbito de respeto del Camino”, sin embargo, llega, en el punto más cercano, a solo 200 metros de la mina. La empresa asegura que la explotación no afecta ni al Camino ni a esa zona alrededor en la que también se deben controlar posibles impactos. Aporta un estudio de la Universidade de Vigo sobre integración paisajística que sostiene que solo la zona noroeste de la explotación es visible desde el Camino de Santiago -cuyas dos últimas etapas pasan al norte de la mina- y que la visibilidad llega a ser elevada en “algunos promontorios”. En el trabajo de campo, dice el texto, “se ha prestado especial atención” al tramo que atraviesa el municipio de O Pino, “desde el que podría existir una relación especialmente sensible”. La conclusión es que “el propio sentido de la marcha, hacia el oeste, limita la percepción sobre la explotación minera, que queda a la espalda del peregrino”.

Cuando anunció la declaración de proyecto industrial estratégico para la mina de Touro en 2024, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que la inversión que se promete asciende a 200 millones de euros y los puestos de trabajo, a 394. También dio importancia a que se pretende extraer fundamentalmente cobre, un mineral considerado estratégico por la Unión Europea. El Gobierno gallego ha hecho de la minería una de sus apuestas fundamentales en materia industrial y ha manifestado su intención de reactivar explotaciones que tuvieron una fuerte oposición social. Dentro de su estrategia, encargó un informe sobre los recursos mineros de Galicia, firmado por un geólogo que trabaja para la mina de Touro. Ni la empresa promotora ni la Xunta habían contestado, en el momento de elaborar esta información, a las preguntas remitidas.

El número de pacientes del área de Vigo asignados a Povisa, un centro privado propiedad del grupo Ribera con el que la Xunta tiene un millonario concierto, se sitúa en el más bajo de su historia. Son poco más de 102.000, después de que unos 8.000 pasasen de este centro a los de la red pública en abril, cuando se abrió la ventana para hacer el cambio. Pese a la elevada cifra, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tratado de limitar las causas a que los ciudadanos deciden libremente.

Todos los años, añadió, se permite pasar de un sistema a otro y hay un trasvase de pacientes. Y, si el de 2026 ha sido más alto de lo habitual, quienes tienen que aclarar los motivos son, a su juicio, los que han pedido el cambio: “Ellos deben explicar sus razones”. El presidente gallego evitó hacer un análisis o pronunciarse sobre si han pesado cuestiones como el aumento de servicios en la parte pública de la sanidad en Vigo o los escándalos que afectan al grupo Ribera. En los últimos meses, se han conocido las maniobras para alargar listas de espera en Torrejón (Madrid) con el fin de lograr más ingresos o que se reutilizaron varias veces catéteres de un solo uso.

Preguntado por esta salida masiva de pacientes de Povisa, el presidente de la Xunta se ha limitado a responder que agradece la confianza que tienen en que estarán bien atendidos en la pública y a manifestar que la obligación de su equipo es que reciban cuidados adecuados tanto en ese sistema como en el hospital concertado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pone de perfil en los asuntos que en los últimos meses han cuestionado la buena marcha de los medios públicos gallegos. La última vez que dio un toque de atención a la CSAG, antes CRTVG, fue en noviembre de 2025, como reacción a los malos datos de audiencia. Este lunes ha rechazado pedir explicaciones por la relación entre la TVG y la productora de Roberto Vilar, su estrella televisiva. La empresa ha sido condenada por despido improcedente e impagos a un guionista del programa Land Rober. Rueda le ha quitado importancia: “Seguro que no será el único caso”.

El jefe del Gobierno gallego evitó este lunes dar su opinión sobre el asunto y se remitió a que no conoce los pormenores, a que la cuestión ya ha sido vista por una jueza y a que no hay una relación contractual directa con los medios públicos.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a Destino Bergen, que es la productora de Vilar, a pagar una cantidad superior a 40.000 euros a un guionista de Land Rober-Tunai Show por haberlo despedido de forma improcedente en 2024 y por pagarle menos de lo que fija el convenio estatal del sector audiovisual. La empresa trató de justificar en el proceso judicial que las cantidades asignadas de las arcas públicas para hacer el programa se adjudicaron a CTV, que es otra productora, y que esta subcontrataba después los servicios. La intención era hacer pasar el espacio por uno de tramo medio, dado que el sueldo de los escritores varía según el tramo.

El sindicato de guionistas ALMA ha criticado que esta situación se dé precisamente en los medios públicos, que consideran que deben ser “el ámbito en el que de manera más clara y más pulcra se cumpla con la ley, y el convenio colectivo es parte de la ley”. Rueda no ha hecho comentarios sobre este punto.

“Preocupantes declaraciones”

El sindicato de guionistas ALMA reaccionó a las afirmaciones de Rueda, que calificó de “preocupantes”, recordando que el convenio laboral tiene fuerza de ley y es de obligado cumplimiento. Y le ha pedido al presidente gallego que, si como ha dicho, está seguro de que no es el único caso, tome las medidas de su competencia que eviten estos incumplimientos.

Además, insisten en que las televisiones públicas deben garantizar “con el máximo celo que se respeten los derechos de las personas que trabajan para ellas y bajo su responsabilidad”.

En el verano de 2025 ardieron en Galicia unas 120.000 hectáreas, en uno de los peores años desde que hay registros y en el que se produjeron los incendios más grandes de la historia de la comunidad -solo el que comenzó en Larouco a mediados de agosto arrasó unas 33.000 hectáreas, según la Xunta-. Pero no por ello hay que pensar que la temporada de alto riesgo de 2026 o las siguientes van a ser más tranquilas, avisan los expertos. Sigue habiendo 2 millones de hectáreas que reúnen las condiciones para prender y, sobre todo, una tendencia a que los años con gran impacto de los fuegos sean más frecuentes y a que estos se conviertan en gigantes que devoran miles de hectáreas en un solo evento, insiste el profesor de la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra Juan Picos. Añade que se está dando también un cambio en el clima que hace que zonas antes “protegidas” por factores meteorológicos, como la costa norte de la Comunidad, empiecen a quedar más expuestas.

A pocas semanas de que empiece la temporada de alto riesgo de incendios en Galicia -entre el 1 de julio y el 30 de septiembre- lo que se ve por el retrovisor es la tierra quemada en el verano de 2025. “Del año pasado no se recuperó nada, por mucho que en Galicia tenemos tasas de recuperación muy altas”, dice Picos. Diez meses después, en muchas de las zonas arrasadas por aquellos fuegos el paisaje sigue siendo de ceniza. Este es el panorama, por ejemplo, desde el techo de Galicia, Pena Trevinca, devorada por las llamas en agosto del año pasado y que en la actualidad ve aparecer el verde solo en arbustos aferrados entre piedras que los protegieron del fuego o en el área de la cabecera del río Tera, que está encharcada.

Por este motivo, los terrenos afectados en 2025 son de los pocos que se pueden considerar libres del peligro de arder este año. En el resto del territorio, expertos y personal del servicio de extinción de incendios coinciden: la destrucción del año pasado puede repetirse en los próximos meses y el riesgo va en aumento en zonas no se venían considerando tan vulnerables a las llamas. “Se dice 'Ourense siempre arde', pero hace tres años el único gran incendio de ese ejercicio fue el de Barreiros, en A Mariña”, expone Julio Saiáns, bombero forestal en el distrito I -comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal- y portavoz de la CIG en materia de incendios. En las formaciones están viendo mapas de lo que se denomina disponibilidad de combustible (la parte de la vegetación que está en condiciones de arder) que muestran índices elevados en el interior de la provincia de A Coruña hacia el norte y el eje Ferrol-Abadín. Y, sobre el terreno, confirma que el monte está “muy seco”. En invierno llovió mucho, pero en la primavera ya no.

Picos también incluye la zona norte de Galicia -“cualquier día nos da una sorpresa”- entre las áreas con mucha vegetación “susceptible” de prender. Habla también del suroeste de Ourense, el Xurés, y toda la costa atlántica. Queda mucho territorio con “potencial alto”, es decir, en el que no solo es que haya monte, sino que se dan ciertas condiciones que hacen más fácil que las llamas comiencen y se propaguen. Hace extensiva la situación a Asturias, Castilla y León y Portugal, en donde también se registraron incendios en 2025.

“Buena parte de los factores del año pasado los tenemos todavía en el paisaje”, asegura. Este año, como el anterior, hubo un invierno húmedo seguido de un periodo sin precipitaciones. Entonces se sumaron tres olas de calor entre junio y agosto, todo lo cual dejó la abundante vegetación muy seca y muy susceptible de arder. Pero, recuerda el experto, en muchos puntos no ardió, de modo que sigue ahí ese material reseco: “Se pasa el riesgo de un año al siguiente”. Coincide en la advertencia Manoel Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia, que agrega que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hablan de un verano con temperaturas por encima de la media en el norte. Ambos insisten en que toda esta información hay que leerla en su contexto: una tendencia hacia condiciones que favorecen los incendios y también a que estos se transformen con más frecuencia en grandes monstruos.

Saiáns, el bombero forestal, admite que en el dispositivo de la Xunta la plantilla no afronta la próxima temporada de alto riesgo con optimismo. “Vemos muy pocos cambios. El Pladiga (el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia) es casi un cortapega del año pasado”, protesta. El documento prevé algo más de 5.400 trabajadores de diferentes administraciones en la época de alto riesgo, que son 200 más que en 2025. Habrá dos nuevos aviones de carga en tierra y uno de coordinación, además de más cámaras de vigilancia. “Lo vemos positivo, pero es insuficiente y no va al origen del problema”, evalúa el representante de la CIG, que critica que no se está actuando “sobre el combustible”. Es decir, carga contra una política que se sigue volcando en la extinción en lugar de en la prevención, como hacen Picos y Santos. Los tres hablan de la necesidad de un cambio estructural, a largo plazo, que pasa por dinamizar el rural y promover una actividad en el territorio que recupere el paisaje en mosaico, sin extensiones continuas de vegetación, bien porque se cultivan especies forestales, bien porque los terrenos están abandonados.

“No es una cuestión puntual de un año”

Picos recalca que los cambios de los últimos años anticipaban que iba a llegar un verano como el pasado. Se ha ido elevando la frecuencia con la que aparecen esos ejercicios “malos” con mucha superficie quemada: “Antes eran siete, después fueron cinco y entre 2022 y 2025 solo pasaron tres”. La tendencia va hacia un menor número de incendios, pero entre los que hay unos cuantos gigantescos que dejan tras de sí un desastre. El trabajo tiene que ir por un “cambio de mentalidad” porque los incendios ya no son como eran y algunos quedan directamente fuera de la capacidad de extinción de un dispositivo que defiende que en Galicia funciona bien y es rápido. Los cambios de fondo, dice, no tienen resultados inmediatos, pero sostiene que las tareas de preparación no son para este año, sino para la próxima década. Y urge a tomar medidas porque está en cuestión que “la velocidad de mejora sea superior a del empeoramiento de la situación”.

Dentro de ese trabajo “estratégico” que reclama contra los incendios, señala que es necesario anticiparse y detectar las áreas en las que la prevención es más necesaria. Por ejemplo, zonas en las que hasta ahora podía parecer que no había un riesgo alto, pero con los cambios en el clima van sumando papeletas: “Si hay seis factores para que haya un incendio y tienes tres o cuatro, ya dependes de muy pocos”.

Manu Santos, de Greenpeace, insiste en esta idea. “Es una tendencia global: los veranos son más largos, las olas de calor más frecuentes. Tenemos que prepararnos para el futuro, porque si no es este año, será el siguiente, pero va a pasar”. Pone el foco en las políticas para asentar población en el rural y sostiene que “los incendios también se combaten con escuelas, con centros de salud, con centros de día”. También carga contra la estrategia de la Xunta, que sigue invirtiendo más en extinción que en prevención. “Eso es lo que hay que revertir”, zanja.

Julio Saiáns hace todavía otra crítica al Gobierno gallego: las 42 nuevas brigadas anunciadas para este año van a contratarse a través de la empresa pública Seaga, lo que considera que es “volver al error de atomizar el servicio, en lugar de actuar con una unidad de mando”. Entre las personas del dispositivo las habrá contratadas por la Xunta, por empresas, por entidades locales y eso lleva a la “descoordinación”, como ocurrió en uno de los peores incendios de 2025, el de Oímbra, en el que tres brigadistas del Ayuntamiento resultaron heridos. La investigación judicial apunta a las chispas de un tractor que estaba desbrozando en medio de una alerta por alto riesgo, cuando este tipo de actividades deben suspenderse. La orden de parar, sin embargo, se enredó entre las administraciones responsables.

El beneficio neto de Hijos de Rivera, empresa propietaria de la cerveza Estrella Galicia, ha cerrado 2025 en 110 millones de euros, una cifra que representa un 15,8% más que en el ejercicio anterior y supone volver al crecimiento de las ganancias, después de un 2024 en el que la compañía, aun con resultados positivos, se vio lastrada por los desembolsos para construir su nueva gran planta en Morás (en Arteixo, municipio vecino de A Coruña), que ya está produciendo.

El presidente de la empresa, Ignacio Rivera, presentó este jueves las principales cifras del año pasado, en el que el sector de la cerveza cayó un 1% en ventas, mientras que Hijos de Rivera subió un 4,4%, hasta los 569 millones de litros. La facturación fue de 945 millones de euros, un 6,7% más. El presidente de la compañía recordó que el objetivo repetido en los últimos años de llegar a los 1.000 millones y lo da por conseguido. Si no figura la cifra en la cuenta de resultados, dijo, se debe a unos ajustes contables por cambios regulatorios.

El ebitda fue de 240 millones de euros en 2025, un 13,7% y el beneficio antes de impuestos llegó a los 145 millones, un 13,6% más que en 2024. Rivera destacó las nuevas incorporaciones a la plantilla, que llega a los 2.168 empleados debido también a la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones. El complejo de Morás aporta ya a la producción de Estrella Galicia, con unos 100 millones de litros en la actualidad, aunque el proyecto está planteado para llegar hasta alrededor de los 1.000.

La obra “faraónica” de Morás supuso una inversión de 280 millones de euros desde 2022, de los cuales 40 se desembolsaron el año pasado. En ese último ejercicio la empresa destinó otros 130 millones más a otras inversiones.

Rivera señaló que la estrategia de la empresa pasa por el crecimiento orgánico, con interés no solo por la cerveza -que es ahora el 80% de su negocio-, sino también por bebidas no alcohólicas y también novedades del tipo cócteles listos para tomar -ha lanzado una marca de spritz preparado llamada Amara Brava-. Pero también se plantea adquisiciones y participaciones en otros proyectos. Entre los últimos ha citado la entrada en la cervecera artesanal Basqueland y en la gallega Vánagandr, productora de una premiada ginebra.

Rivera ve más trabajo por hacer en el escenario internacional. “Somos una hormiga”, dijo. Sobre el mercado de Brasil, en donde la empresa tenía planes de levantar una fábrica propia, ha señalado que ahora mismo están asociados con Coca-Cola para producir su cerveza en unas instalaciones de la empresa de origen estadounidense. Con Morás en funcionamiento y con la previsión de culminar en 2027 la primera etapa del plan estratégico de la compañía, prevé que el crecimiento se acelere en los siguientes ejercicios.

Rivera ha dejado también un mensaje social y, en sus palabras, sobre formas de cuidar la salud mental: “Menos pantallas y tomar una caña de vez en cuando con un colega. Menos ansiolíticos, la socialización es buena. Los cerveceros abogamos por eso”.

Contra expertos internacionales y directores de centros de arte contemporánea de todo el Estado, contra los más de 1.500 profesionales, artistas o estudiantes que subscribieron el contundente manifiesto Se afunde é porque pesa: SOS CGAC, contra la Facultade de Belas Artes de la Universidade de Vigo y contra el departamento de Historia da Arte de la de Santiago de Compostela, contra la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo y contra por lo menos dos aspirantes que han hecho pública su candidatura y poseen un currículum objetivamente muy superior al de la designada por la Xunta de Galicia. Al presidente del Gobierno gallego, Alfono Rueda, le da igual y ha optado por empecinarse en el nombramiento de la desconocida Eva López Tarrío al frente del principal museo de arte contemporáneo de la comunidad. “Vuelvo a reivindicar la manera de hacer las cosas, la valía de la candidata elegida”, pidió Rueda al término de la reunión semanal de su gabinete.

Es precisamente esa “manera de hacer las cosas” y “la valía de la candidata elegida” lo que ha levantado una formidable polvareda crítica en el mundo del arte gallego, estatal y ahora internacional: el Consejo Internacional de Museos (ICOM), que agrupa 45.000 socios y miles de museos de 138 países, ha emitido este lunes un comunicado en el que exige al Ejecutivo autonómico que “restaure los principios de profesionalización, transparencia y excelencia que deben regir la dirección de un museo público”. Pero el presidente gallego ha menospreciado todo este revuelo y lo reduce a “básicamente personas que presentaron al proceso y no fueron seleccionadas”.

La referencia velada -no pronunció sus nombres- era a los profesores universitarios Susana Cendán y Alberto Ruiz de Sanmaniego, ambos con una amplia trayectoria como comisarios y teóricos y que la semana pasada desvelaron que se habían candidatado a la dirección del CGAC. Ruiz de Sanmaniego, autor de una decena de libros en prestigiosas editoriales, había sido en 2007 el responsable del pabellón español en la Bienal de Venecia y después de la Fundación Seoane de A Coruña. La Consellería de Cultura prefirió sin embargo a López Tarrío, artista sin apenas experiencia en gestión cultural y con tres artículos publicados en revistas comarcales, discípula del cuestionado crítico y comisario Antón Castro. Rueda lo aderezó este lunes con una mentira: afirmó que se trata de “la primera mujer que se va a hacer cargo” del CGAC, cuando fue Gloria Moure la encargada de ponerlo en marcha entre 1994 y 1998. El argumento falso ya lo había empleado en una entrevista el conselleiro de Cultura, José López Campos.

El origen de la actual crisis del centro se encuentra en la Lei de Museos de Galicia aprobada por el Partido Popular en 2021. Una posterior reforma de la relación de puestos de trabajo (RPT) del CGAC suprimió el contrato de alta dirección para el puesto y lo sustituyó por uno reservado a funcionarios de carrera, inicialmente solo autonómicos y de museos y después ampliado a docentes y trabajadores de otras administraciones. La Xunta llevó adelante el proceso entre fuertes críticas del sector. La última publicada, del ICOM, recuerda además que “la dirección de un museo no es únicamente un puesto administrativo, es una responsabilidad científica, cultural y pública que garantiza la integridad científica de la institución, la coherencia de su programación, la preservación de su colección y su inserción en redes nacionales e internacionales”. El Consejo Internacional de Museos acusa a la Xunta de “quebrar los estándares profesionales que rigen los museos contemporáneos”.

“El debilitamiento del CGAC”, concluye el organismo, “no afecta únicamente al sector profesional: afecta a la ciudadanía, al acceso a la cultura y al derecho a instituciones públicas gestionadas con criterios de excelencia. ICOM España y CIMAM recuerdan que los museos son garantes de derechos culturales, no instrumentos de oportunidad política. Su autonomía científica es un valor irrenunciable”.

El gigante automovilístico chino SAIC ha presentado una solicitud formal para levantar en Ferrol la que va a ser su primera planta de fabricación en suelo europeo. La Xunta acaba de confirmar esta propuesta de inversión, que ha declarado ya proyecto industrial estratégico, una figura que facilita y acelera los trámites. El anuncio llega tras semanas de especulaciones sobre la posibilidad de que la empresa se instalase en suelo gallego y entre agradecimientos de la Xunta al Gobierno central por su trabajo y su colaboración en el proceso.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que su equipo se ha implicado de forma “discreta” durante meses en negociaciones con la empresa china, que llevaron a que él mismo y la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, viajaran a China en abril, justo a continuación de una visita de Pedro Sánchez al país que fue duramente criticada por el PP. Rueda admitió que la aportación del Gobierno central ha sido determinante y ha agradecido su “implicación, en especial en la recta final de las negociaciones”.

Lorenzana, que presentó este lunes el proyecto junto a Rueda, afirmó que la colaboración del Gobierno central está siendo “ejemplar” y que ha tratado el proyecto con “la seriedad que merece” y ha participado en tres reuniones de máximo nivel. La conselleira comparó los planes de SAIC para las comarcas de Ferrolterra y el Eume -la planta se proyecta en el puerto exterior ferrolano, pero se propone también un centro industrial y logístico en As Pontes- con el complejo industrial que ha generado en Vigo y su entorno la fábrica de Stellantis.

Sería, expuso Lorenzana, el centro industrial y logístico de SAIC en Europa, en donde la empresa china, cuya marca más conocida es MG, exploró otras posibles ubicaciones. El proyecto promete 1.000 empleos directos en Ferrol, sumados a otros tantos indirectos y a 300 más en As Pontes. “Estaríamos hablando del mayor proyecto internacional que llegó a Galicia en las últimas décadas”, enfatizó. La propuesta implica una inversión de 200 millones de euros, con la intención de estar produciendo 120.000 vehículos al año. La intención es que el proceso sea acelerado: según la Xunta, SAIC quiere arrancar las obras en 2027 y tener la planta operativa en 2028.

La conselleira hizo un repaso de las decenas de reuniones mantenidas desde que, en octubre de 2025, SAIC Motor se interesó por las alternativas existentes en Galicia para levantar su fábrica europea. La Xunta, relató, ofreció todas las zonas industriales de la comunidad y fue la empresa china la que optó por el puerto exterior de Ferrol. El Gobierno gallego asegura que la experiencia previa en automoción y la rapidez de los plazos de tramitación ofrecida fueron determinantes en la elección.

La Xunta asegura que también existe un compromiso por parte de la empresa china para que buena parte del aprovisionamiento tenga origen europeo. “No tiene mucha escapatoria”, dijo Lorenzana, que argumentó que importar los materiales supondría para SAIC tener que pagar los aranceles y que esta es precisamente una de las razones de que se quiera instalar en suelo europeo.

El proyecto inicia así su tramitación, que incluye análisis ambientales y los permisos de la Xunta, pero también, en paralelo, el otorgamiento de las concesiones portuarias y la autorización en el Consejo de Ministros de la inversión extranjera.

Alfonso Villares, el exconselleiro que dejó su cargo en la Xunta acusado de una agresión sexual, vuelve a la vida política. El presidente gallego, Alfonso Rueda, anunció este lunes que pasará a ocupar el puesto de delegado territorial en Lugo, a pesar de que su caso no ha sido archivado de forma definitiva, sino provisional.

Rueda manifestó que la decisión la ha tomado sin “hacer futuribles” sobre una posible reapertura del caso. “No sé en qué circunstancias se podría producir”, dijo. Pero, si ocurriese, mantendrá la actitud exhibida hasta el momento con respecto a Villares, que califica de “coherente”. Tanto él como el exconselleiro consideran que no podía estar en el Gobierno gallego mientras estuviese imputado, pero con el archivo provisional confirmado por la Audiencia Provincial de A Coruña, la situación ha cambiado “completamente”

El caso trascendió hace un año: el 4 de junio de 2025, Villares, que entonces era el conselleiro do Mar, convocó a la prensa por sorpresa para comunicar su salida del Gobierno gallego. Aunque él no lo concretó en aquella comparecencia en la que no respondió preguntas, el motivo era una denuncia de agresión sexual presentada contra él. La despedida que le dedicó el Gobierno gallego, con aplausos de sus compañeros y un abrazo de Alfonso Rueda incluidos, levantó las críticas de la oposición.

En diciembre de ese año, el juzgado de Ferrol que llevaba el caso llegó a la conclusión de que no se podía procesar a Villares. En abril de 2026 la Audiencia Provincial confirmó esta decisión y señaló que, tras la investigación realizada, no se habían encontrado “indicios bastantes para procesar”. Unos días después, en un gesto infrecuente, el exconselleiro convocó a los medios para anunciar que se reincorporaba al PP y para exigir a la oposición que se disculpase con él.

Rueda había manifestado desde la propia dimisión de Villares que confiaba en poder recuperarlo para la política. La decisión fue esperar a que quedase confirmado el sobreseimiento de la causa, si bien este es provisional. La vuelta del exconselleiro se ha materializado este lunes y el suyo es uno de los varios nombramientos anunciado por el presidente gallego, que cambian varios puestos de segundo nivel en diferentes áreas: de la dirección del Servizo Galego de Saúde (Sergas) a la Autoridad Portuaria de Ferrol.

La Xunta se ha embarcado en una convencida apuesta por dificultar las bajas laborales en Galicia. Una en la que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha reiterado que no piensa dar marcha atrás, pese a que se ha quedado solo con la patronal en esta empresa. Al plan le han llovido las críticas desde que lo presentó. Las primeras reacciones fueron las de los sindicatos de clase. CCOO y CIG -el mayoritario en Galicia- manifestaron que el foco no se estaba poniendo donde debería estar, que es el refuerzo de la sanidad para evitar que las incapacidades temporales se alarguen por las demoras en la atención y los tratamientos o la vigilancia de la seguridad y la salud en el trabajo. La CIG habló también de vasallaje a los empresarios. Luego se fueron uniendo las voces de los partidos de la oposición, de asociaciones de médicos de familia -los que gestionan las bajas- y de pacientes, de sindicatos del gremio y de todos los colegios médicos de la comunidad.

El Gobierno gallego, sin embargo, no ha dejado de dar pasos para confirmar su proyecto. Incluso antes de lograr la bendición a través de un mermado diálogo social. La intención negociadora la enunció el propio Rueda cuando esbozó el plan en la Cámara gallega, en la que aseguró que se negociaría con patronal y sindicatos. Solo tardó unos días en aclarar que, en realidad, las medidas se aplicarían con o sin acuerdo. El 20 de abril, poco menos de dos semanas después del primer anuncio, la Xunta presentó un decreto para “institucionalizar” el diálogo social, con la vista puesta precisamente en la batalla contra las bajas. El presidente gallego no le dio importancia a que el sindicato con más representación, la CIG, se negase a participar desde el principio y tampoco a que poco después de la primera reunión lo abandonase también CCOO. Si solo quedan la patronal y UGT -con algo menos del 26% de los delegados sindicales elegidos en Galicia y que también ha manifestado su malestar por el “torpedeo” de la negociación “a golpe de titulares”-, será con ellos con los que el Gobierno gallego se siente a buscar acuerdos, dijo.

Pero la maquinaria ya ha echado a andar antes de que haya ningún fruto de esas conversaciones. La Xunta ha empezado a enviar a los inspectores de Sanidade a reunirse con médicos de familia para procurar que aceleren las altas, ha introducido como uno de los baremos del plus de productividad la duración de las incapacidades temporales y ha modificado el protocolo de gestión de las bajas, un cambio que está ya publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y que da más poder a las mutuas.

El proceso arrancó en realidad hace dos años: el 5 de agosto de 2024 Rueda presidió el último Consello de la Xunta antes de tomarse unos días de descanso estival. No hacía ni seis meses que había logrado su primera mayoría absoluta al frente del PP gallego y empezaba a lanzar medidas propias más allá de las heredadas. Fue en la comparecencia posterior a aquella reunión de su gabinete en plena época vacacional en la que anunció un plan para luchar contra el “absentismo”, un término en el que insistía -e insiste- la patronal para referirse a las personas de baja. El Gobierno gallego, a través del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, hablaba entonces abiertamente de “fraude” en las incapacidades temporales y ya adelantaba que habría una “intensificación” de la actividad inspectora.

En el debate del estado de la Autonomía del pasado 8 de abril, Rueda se presentó con un balance de aquellas medidas. Dijo que se habían revisado 130.000 casos y que 30.200 personas que “no debían” estar de baja recibieron el alta. Hizo una defensa cerrada de que este es un “asunto urgente” en Galicia porque “lastra la productividad” y citó que la media de la duración de las incapacidades temporales es la segunda más elevada del Estado, solo por detrás de la de Euskadi. Esa duración son 82,8 días en Galicia en el periodo 2017-2014, según recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Pero hay más datos, que el presidente de la Xunta no citó: la incidencia gallega es la segunda más baja entre las comunidades autónomas, con 24,4 episodios de incapacidad temporal por cada 1.000 afiliados. Tampoco habló -y se lo recordaron en numerosas críticas- de la siniestralidad laboral, que creció en 2025 en la comunidad. Los datos oficiales del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) muestran que fueron 30.749 los accidentes en el trabajo que derivaron en baja, un 1,3% más que el año anterior.

En el discurso del pasado abril, el presidente gallego avanzó que se crearían unidades especializadas para controlar las bajas, centradas en las originadas en lesiones musculoesqueléticas y cuestiones de psiquiatría, que son las más frecuentes, y que se daría más poder a las mutuas privadas en la revisión de las incapacidades temporales. Desde entonces se han ido concretando varias medidas. Primero trascendió que, desde antes incluso del anuncio en el Parlamento de Galicia, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) había estado enviando a sus inspectores a reunirse con médicos de familia de diferentes áreas sanitarias. La intención, según la Xunta, es “trasladar novedades legislativas y conceptos normativos específicos del absentismo”. Lo que ha ocurrido es que en esos encuentros se han ido repasando uno por uno los procesos de baja dependientes de esos facultativos como forma de presionar para que se acorten. Estas visitas ocurren desde marzo, según informó la Consellería de Sanidade, que indica que se revisaron ya 3.521 casos y se dieron 730 altas.

A bajas más cortas, más sueldo para el médico

El 18 de mayo, el presidente de la Xunta anunció que, para apoyar esta decisión de “pisar el acelerador” en el plan contra las bajas, va a incorporar a 18 personas para la inspección. Le va a dedicar a ello un presupuesto de tres millones de euros en los próximos tres años. Aquellos días se conoció otra medida: el Gobierno gallego ofrece a los médicos de familia ganar más dinero si acortan las bajas de los pacientes. Esto se hace a través del plus de productividad -que supone hasta 2.491 euros al año-, en el que se va a valorar que las incapacidades temporales se ajusten a lo que se considera tiempo “estándar”. La medida se ha encontrado con duras críticas de los propios médicos: sindicatos como O'Mega y Simega consideran que es una presión a los profesionales y lo ven “impresentable” por situar por encima de la salud intereses económicos y sembrar desconfianza entre sanitarios y pacientes.

El Consello Galego de Colexios Médicos también avisa de los “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos” de que se premie en el sueldo de los facultativos que las bajas duren menos. La extensión de las incapacidades temporales, recuerda, debe depender de “criterios clínicos, evidencia científica y respeto a la independencia profesional”. El órgano que agrupa a los cuatro colegios médicos gallegos rechaza también la aplicación de una duración estándar: los tiempos orientativos, argumenta, son herramientas administrativas y “nunca deben sustituir la valoración clínica individualizada”.

Los colectivos de médicos, como los sindicatos o los partidos de la oposición, reclaman que, en lugar de centrar los esfuerzos en cuestionar las bajas, se refuerce la sanidad pública y subrayan el impacto de las listas de espera en la prolongación de las incapacidades temporales.

El paso más reciente dentro de la implantación del plan para limitar las bajas, también sin que vaya precedido de un acuerdo con el sector o en el diálogo social, es la resolución publicada esta semana en el DOG para modificar el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal por parte de los inspectores médicos. Los cambios son que las mutuas ya no tendrán que pedir autorización para cada prueba que quieran realizar al paciente, sino que valdrá con una para todas ellas, y que la inspección va a validar las propuestas de alta si están “debidamente motivadas” y sin que se interprete que el silencio del médico de cabecera significa que el trabajador debe seguir de baja. Es decir, va a dar facilidades para aceptar las altas que vengan indicadas por las mutuas.

Las bajas como síntoma, no como problema económico

Los sindicatos de clase han repetido en estas últimas semanas sus advertencias sobre lo que consideran un discurso peligroso que “criminaliza” y sitúa como sospechosas a las personas de baja y también a los médicos que las atienden. El de no tener que acudir a trabajar para recuperarse de una dolencia, insisten tanto CIG como CCOO, es “un derecho conquistado, no un privilegio”. Además de los retrasos en la atención y las pruebas en una sanidad pública que no deja de empeorar en sus indicadores de demora, los sindicatos señalan que es necesario analizar y poner el foco en otras cuestiones relacionadas con las causas y la duración de las bajas. Señalan el envejecimiento de la población, el retraso de la edad de jubilación, el descuido de la salud laboral o las largas jornadas.

La CIG destaca que una de cada cuatro personas trabajadoras en Galicia tiene más de 55 años, lo que implica “mayor desgaste físico acumulado y más dificultades de recuperación”. Además, la jornada laboral en España supera la media europea y esos horarios prolongados “incrementan el desgaste físico y mental”. En la misma idea de que las incapacidades temporales deben abordarse como un síntoma, y no solo desde la perspectiva del impacto económico, CCOO elaboró un documento con su posición sobre el discurso del absentismo. Expone que lo que revelan las bajas es “que algo no funciona en el medio laboral” y la respuesta “no puede ser más control, más sospecha ni más presión”, sino más prevención “real” en las empresas, más inspecciones laborales y más inversión en sanidad.

“El absentismo no debería abordarse como una anomalía moral ni como una simple desviación económica. En la inmensa mayoría de los casos es el síntoma de algo más profundo: un modelo productivo que desgasta, unas condiciones laborales que enferman y un sistema sanitario público que, tras años de sobrecarga, no siempre puede responder con rapidez”, sostiene CCOO, que añade que aumentar la presión a quienes están de baja es injusto y, además, ineficaz.

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ha dejado en el aire el apoyo de su partido al pacto anunciado entre PSOE, BNG y Sumar para el traspaso de la autopista AP-9 a la comunidad. No ha revelado si tendrá o no su respaldo, a la espera de determinar si los términos del cuardo son los mismos que contenía la iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego.

“Ahora vemos que los que la estaban bloqueando [la transferencia] anuncian que está desbloqueada. Veremos si eso es cierto y si está en los términos que acordó el Parlamento”, dijo, en respuesta a preguntas de los periodistas durante su comparecencia tras la reunión semanal de su gabinete. Rueda considera que, para aceptar la propuesta el Gobierno central tiene que seguir financiando los compromisos que ha adquirido estos años y dar medios financieros a Galicia para ampliar bonificaciones. Además, reclamó que se suprima el incremento de la tarifa del 1% anual durante 20 años acordado durante la etapa de Zapatero como presidente, un punto que, según recoge Europa Press, no aparece expresamente en el pacto anunciado este lunes.

Si no aparecen todas las condiciones aprobadas en el Parlamento gallego, el presidente de la Xunta considera que el PP y el resto de grupos que apoyaron el acuerdo autonómico están en la obligación de rechazar el pacto estatal por estar “incompleto”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admite el grave deterioro del embalse de As Conchas, afectado, según recoge una sentencia que condena a las administraciones estatal y autonómica, por la contaminación procedente de las granjas que han proliferado en la comarca de A Limia. “Soy consciente de que es un tema que hay que solucionar”, dijo este lunes, en la comparecencia posterior al Consello.

Sin embargo, el jefe del Gobierno gallego insiste en que no está claro de dónde procede esa contaminación y su equipo está bloqueando las reuniones con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) porque considera que son necesarios más estudios. “La Confederación Hidrográfica sabe que necesitamos conocer para actuar qué perjuicios vienen de los residuos agrícolas cuáles de otra parte”, manifestó y repitió que su equipo está a la espera de “datos que no fueron facilitados”.

La CHMS manifestó, en respuesta a preguntas de esta redacción, que ha pedido reunirse tanto con el delegado de la Xunta en Ourense como con el presidente del Gobierno autonómico, pero no se ha puesto fecha a ningún encuentro por el momento, a pesar de que la primera sentencia condenatoria es de julio del año pasado y la confirmación del Tribunal Supremo, de febrero de este año. Rueda, preguntado por los motivos para no concertar un encuentro, se remitió a esa necesidad de más informes.

Los fallos judiciales consideran que tanto la Xunta como la Confederación Hidrográfica, con su inacción, vulneraron los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua en As Conchas, donde los vecinos soportan proliferaciones de bacterias que son peligrosas para la salud. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia señala que la Xunta tiene responsabilidad por no salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas, proteger el medio ambiente ni cumplir las normas sanitarias, algo que llevó a “un incremento excesivo en una comarca como A Limia de macrogranjas (más de 300) sin trasladar el riesgo medioambiental a la empresa y/o empresas destinatarias del beneficio”.

En cuanto a la CHMS, la responsabilidad se debe a que tenía la “obligación” de controlar la calidad de las aguas, según el fallo, que critica su “inacción” ante un hecho “constatable” de empeoramiento desde el año 2011. También señala que no intervino para evitar la “proliferación de las autorizaciones de las macrogranjas”. Y, sobre el origen del problema, el texto añade que “era evidente un deterioro paulatino y crónico” en las aguas cuyo origen, “pese a no reconocerse expresamente” era “palmario a la vista de los datos, dado que la población es escasa y la cabaña ganadera es asimilable a la de una gran ciudad en cuanto al nivel de residuos”.

Ni la ausencia de dos organizaciones sindicales -CIG, la mayoritaria en Galicia, y CCOO, la tercera, pero a muy poca distancia de UGT- en el diálogo social, ni sus críticas al plan para limitar el derecho a las bajas de los trabajadores ni el rechazo de todos los colegios médicos a que se vincule la duración de las incapacidades temporales al plus de productividad van a hacer a la Xunta replantearse sus medidas. El presidente gallego, Alfonso Rueda, manifestó este lunes que las conversaciones del diálogo social van a seguir adelante para buscar acuerdos “con los que quieren estar”, que, a estas alturas, son la patronal y UGT.

Hace poco más de un mes, el Gobierno gallego aprobó un decreto para regular el diálogo social, con el fin de dar peso institucional a una mesa en la que, en realidad, ya sabía que iba a faltar la organización sindical mayoritaria, la CIG. Lo hacía en medio de las numerosas críticas al plan contra las bajas laborales y con este asunto como primer punto de la agenda de trabajo.

La fotografía era la de unas negociaciones en las que iban a participar la Xunta, la patronal, UGT y CCOO. Pero esta última organización anunció hace unos días que abandona el empeño. Ve el diálogo social “vacío de contenido real” y carga contra el Gobierno autonómico por impulsar “medidas ejecutivas de forma paralela”, lo que convierte la negociación en “un mero escaparate mediático”. Para Rueda, sin embargo, esta salida de CCOO es “difícil de entender”.

Aquel día trascendía que la Xunta ofrece a los médicos cobrar más si acortan las bajas laborales de sus pacientes. La medida se concreta en que la duración de las incapacidades temporales afecta al plus de productividad y se va a premiar que esa duración esté dentro de los tiempos que el Gobierno gallego considera “estándar”. Médicos de familia y los cuatro colegios profesionales -uno por cada provincia- mostraron su rechazo inmediato. El Consello Galego de Colexios Médicos pidió dar marcha atrás porque la medida, asegura, genera “importantes riesgos éticos, clínicos y organizativos que deben ser analizados con prudencia” y es una “presión indirecta” para dar las altas antes.

Tampoco este descontento va a afectar a las decisiones de la Xunta. Rueda sostiene que la medida no es nueva, y que lo que ocurre es simplemente que está ahora más “de actualidad por el decidido impulso” de su equipo en la materia. Lejos de hacer autocrítica, se ha mostrado satisfecho. La estrategia contra las bajas, dijo, ya está dando resultados y las cifras muestran que la duración ha “mejorado sensiblemente” este año con respecto al anterior.