El PP gallego ha respaldado desde 2016 los intentos de que de la autopista do Atlántico, la AP-9, se transfiera a Galicia. Lo hace, al menos, en el Parlamento autonómico. Y, desde entonces, son innumerables las ocasiones en las que la formación política ha reclamado la infraestructura que recorre el territorio desde Ferrol hasta Tui, en la frontera con Portugal, y vertebra el área económicamente más pujante de la comunidad. Pese a las insistentes reivindicaciones, cuando el pasado 23 de julio salió adelante definitivamente en el Congreso la ley para transferir la vía a Galicia, lo hizo con los votos en contra del PP (y de Vox).

El rechazo no se concreta solo en el 'no' en la Cámara Baja. La Xunta ha emprendido también una maniobra que los grupos de la oposición en el Parlamento gallego leen como un intento de dilatar el proceso y enredarlo. El anuncio lo hizo el presidente autonómico, Alfonso Rueda, el 3 de agosto, en el último Consello –la reunión semanal de su gabinete– antes del parón estival: pide una comisión bilateral con el Gobierno central para “solventar las diferencias con la ley orgánica”, que está ya publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y que remite, para concretar el traspaso de la titularidad y las competencias sobre la autopista, a un acuerdo al que Estado y Comunidad Autónoma deben llegar en la comisión mixta de transferencias. La Xunta no quiere afrontar aún esa comisión y ha optado por pedir una reunión sobre un texto ya aprobado, en lugar de arrancar la negociación para concretar la transferencia.

Esas “diferencias con la ley orgánica” de las que habla Rueda se centran en los 4.000 millones de euros que la Xunta sostiene que podría tener que asumir para el rescate de la concesión de la AP-9, en el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirme que la prórroga aprobada por el Gobierno de Aznar –sin concurso público– fue ilegal. El Gobierno y el PP gallegos repiten una y otra vez que esta posibilidad queda abierta con la redacción de la ley aprobada y que esta se aparta del acuerdo unánime del Parlamento gallego, que recoge una mención explícita a que deben darse garantías financieras y jurídicas para que la Xunta no tenga que hacer desembolsos si se da ese escenario.

Enfrente, PSOE, BNG y Sumar –las formaciones que pactaron el texto que luego recibió luz verde con mayoría absoluta en el pleno del Congreso– los acusan de estar mintiendo y se remiten a la propia ley aprobada, que consideran que deja claro que la Xunta no tendrá que asumir compromisos que no se deriven de su propia gestión. Lo que dice exactamente la ley es que “las consecuencias de las decisiones tomadas por la Administración General del Estado previas a la transferencia recaerán sobre la Administración General del Estado”.

Lo recoge así el punto tercero del artículo 1, en el que la ley indica que la Administración General del Estado “conservará a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, las obligaciones con repercusiones económicas y financieras derivadas de la aplicación de la concesión en vigor” que se deriven de modificaciones hechas en los largos años en los que ha tenido la competencia.

El siguiente punto abunda en cómo se reparten las responsabilidades económicas entre cada administración: “La Comunidad Autónoma asumirá a su cargo, con respecto a la sociedad concesionaria de la autopista AP-9, todas las obligaciones con repercusiones económicas y financieras consecuencia de las modificaciones que sobre el régimen económico-financiero de la concesión promueva una vez efectivo el traspaso”.

En cualquier caso, la ley indica que tiene que ser la comisión mixta de transferencias la que entre en el detalle de “las condiciones y límites para la transmisión de competencias”. Ese es el órgano previsto para que Gobierno central y Xunta negocien y lleguen a un acuerdo sobre los términos del traspaso, que luego deben quedar plasmados en un real decreto.

Con esta redacción, Rueda se ha enrocado en asegurar que han desaparecido las garantías económicas y financieras que sí se incluyen en el acuerdo unánime del Parlamento gallego y en calificar de “estafa” la ley aprobada. Tanto el BNG como el PSdeG atribuyen la postura no a la literalidad del texto, sino a la obediencia del presidente gallego a las directrices del PP estatal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, le espetó la líder nacionalista, Ana Pontón, en un debate en julio en la Cámara autonómica. El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, añadió que el presidente de la Xunta no gobierna pensando en Galicia “sino en lo que le dictan en Madrid” y en el “nuevo susurrador en el oído de Rueda”, que es la extrema derecha. Vox fue el único partido que se unió al PP en el voto en contra de la ley de transferencia.

Tras la negativa, la petición de la comisión bilateral

Entre los intentos del PP gallego de justificar su rechazo a una ley que permite una transferencia que llevan una década reclamando, Rueda lanzó su petición de que se reúna la comisión bilateral como paso previo a la comisión mixta de transferencias. La diputada del PSOE en el Congreso Patricia Otero lo calificó de maniobra dilatoria que pretende retrasar la comisión mixta: “La Xunta debe dejarse de excusas y ponerse a negociar porque las condiciones están claras en la ley”.

El BNG también lo interpreta como un intento de “enredar” que se traduce en un “boicot a la transferencia”. Luís Bará, viceportavoz segundo del BNG en el Parlamento de Galicia, acusa a Rueda de hacer “un ejercicio de filibusterismo” y le reclama que negocie el traspaso de la autopista, que es una demanda histórica a la que el propio PP gallego dio su respaldo en los últimos años. La ley orgánica, insiste, deja claro que es en la comisión mixta en la que hay que negociar. “Rueda tiene que decidir si va a colaborar para hacer efectiva la transferencia o si va a seguir poniendo palos en las ruedas, como ha hecho el PP en los últimos 10 años”, añade.

Las contradicciones en el PP

El telón de fondo de esta batalla en torno a la transferencia de la AP-9 es una contradicción entre lo que el PP ha votado en Galicia y las decisiones que ha tomado desde Madrid. En diciembre de 2024, la número dos del partido en la comunidad, Paula Prado, se lamentaba en el Parlamento, en uno de los debates para pedir el traspaso de la autopista, de que el asunto se iba a llevar por cuarta vez al Congreso porque “el PSOE y sus socios llevan años bloqueando su tramitación en Madrid”. No mencionó que, en realidad, fue su propio partido en que impidió que prosperase la iniciativa en tres ocasiones, vetando incluso que llegase a debatirse.

En 2017, el entonces ministro de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna, dijo en una visita a Galicia que los problemas para el traspaso de la AP-9 eran de carácter técnico y económico. En julio de 2017, solo un par de meses antes del referéndum del 1 de octubre en Catalunya, se remitió a “las tensiones territoriales” para rechazar la posibilidad y dio como argumento que emprender ese proceso “conllevaría muchos otros, hasta llegar a un desmantelamiento de las infraestructuras del Estado”.

Tras varios intentos –dos de ellos, con Pedro Sánchez en el Gobierno, que tampoco prosperaron: en una ocasión decayó al convocar elecciones y, en la otra, se quedó estancada tras varias peticiones de prórroga–, la ley actual es lo más lejos que ha llegado la reivindicación de que la AP-9 pase a ser una competencia gallega.

Por delante queda todavía todo el proceso negociador entre Xunta y Gobierno central y las consecuencias del expediente abierto por Bruselas a España por la prórroga de la concesión que otorgó Aznar y que la dejó en manos de Audasa hasta 2048. En julio de 2025 se conoció el dictamen que consideraba que se incumplieron las normas. Entonces, la Comisión Europea reclamó que se tomasen “las medidas necesarias” para corregir las irregularidades y avisó de que, de no solucionarse, el asunto acabaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Xunta ha cumplido con el guion anunciado para su plan para dificultar las bajas laborales. Este viernes anunció que ha cerrado un preacuerdo en el diálogo social, en el que solo ha participado un sindicato, UGT, que tiene algo menos de los delegados elegidos en Galicia. Junto al conselleiro de Emprego, José González, y al máximo responsable de UGT en Galicia, Cristóbal Medeiros, ha firmado el documento el presidente de la patronal gallega, José Manuel Vieites. El Gobierno gallego ha rechazado hacer público el contenido y solo ha avanzado que habrá “mecanismos novedosos” en la reincorporación de los trabajadores tras una incapacidad temporal.

El Gobierno gallego anunció su intención de lanzar una ofensiva contra las bajas laborales en abril. Fue el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el que lo dijo en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que indicó que consideraba el asunto un problema urgente y que daría más peso a las mutuas privadas. Aunque aseguró que buscaría un acuerdo en el diálogo social, no tardó en admitir que el plan se aplicaría de todos modos. Ni la CIG, el sindicato mayoritario en Galicia, ni CCOO participaron en las conversaciones, que se quedaron reducidas a la presencia de la patronal -que lleva años enarbolando el discurso contra lo que denomina absentismo- y UGT.

El plan fue recibido con críticas también de los partidos de la oposición, de asociaciones de médicos de familia -que son los profesionales que gestionan las bajas-, de asociaciones de pacientes y de todos los colegios médicos de Galicia, pero la Xunta continuó adelante. Ahora, anuncia un acuerdo inicial que no ha revelado.

En declaraciones a los medios tras la firma, el consellerio de Emprego defendió que el objetivo es reforzar la prevención, agilizar la gestión de las incapacidades temporales e implantar un “modelo pionero de reincorporación al trabajo”, sobre el que la Xunta indica en una nota de prensa que Galicia va a ser la primera comunidad en dotarse de “un mecanismo de acompañamiento a la reincorporación” con “medidas que contribuyan a evitar recaídas”.

José González indicó que el plan debe seguir ahora la tramitación administrativa, con las medidas concretas y la dotación presupuestaria, antes de hacerse público. La previsión es que el Consello de la Xunta lo apruebe en septiembre. El conselleiro ha tratado de rebajar las críticas asegurando en los últimos días que rechaza hablar de absentismo porque cree que es un término que “confunde” y optando por “hablar de tratar de reducir las ausencias al trabajo evitables. Ante los medios calificó el preacuerdo de ”hito“ que ”demuestra la eficacia del diálogo social“, pese a la presencia de un único sindicato.

La Xunta de Galicia se ha mostrado reacia a acoger a menores migrantes no acompañados procedentes de otras comunidades en otras ocasiones y vuelve a hacerlo tras la llegada de miles de personas a Ceuta procedentes de Marruecos. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, no ha aclarado cómo tiene pensado proceder el Gobierno gallego, dirigido en solitario por el PP, en un contexto en el que otras comunidades en las que gobierna con Vox, como Aragón, han manifestado que van a rechazar el reparto.

En respuesta a una pregunta sobre si la Xunta acogerá menores procedentes de Ceuta, Calvo ha contestado que es un tema pendiente de abordar: “Eso lo hablaremos. Desde el primer momento en el que se produjo la entrada de más de 70.000 personas en una ciudad española ya advertimos de cuáles iban a ser las consecuencias. A los menores no acompañados habrá que atenderlos, pero habrá que pedir al Gobierno que atienda a las comunidades autónomas y sus requerimientos también”.

El conselleiro ha insistido en que lo que considera una “llegada incesante de menores” no puede tratarse “como si fuese algo normal” y ha cargado contra el Gobierno central, al que acusa de “no hacer absolutamente nada”. Pide un “refuerzo de la política fronteriza, un acuerdo con todos los partidos”.

Hace dos años y en medio, cuando se debatía sobre el reparto de migrantes entre comunidades, el presidente gallego, Alfonso Rueda, criticó lo que llamó “aluvión” de migrantes. Poco después admitió que Galicia no estaba desbordada, si bien su Gobierno pasó más tarde a instalarse en el discurso de que su red está “sobreocupada” y que lo que necesario es más planificación y recursos para las comunidades.

El primer plazo que dio la Xunta para presentar su propuesta para renovar el Plan Xeral de Normalización Lingüística era noviembre de 2025. Después, el Gobierno gallego retrasó el acontecimiento hasta el primer semestre del año actual. Finalizado el mes de junio, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha admitido que la previsión no se cumple y que ese documento, que el Gobierno gallego llama “pacto pola lingua” se va a hacer público en el mes de julio.

Rueda señaló, en respuesta a una pregunta sobre los motivos para este retraso -un aspecto sobre el que no contestó- y el posible nuevo plazo, que estará en breve. El pacto fue anunciado por el Gobierno gallego una vez asumió la Presidencia Alfonso Rueda. El plan de normalización que promete actualizar es un documento que fue aprobado en 2005 por unanimidad en el Parlamento de Galicia y que el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo rompió en 2011, con un decreto que supuso, por primera vez, un retroceso del gallego en las aulas.

La Xunta tiene sobre la mesa, mientras elabora su propuesta, varios informes y posturas de organismos relacionados con la cultura que consideran catastrófica la situación del gallego, como es el caso del Consello da Cultura Galega, o que avisan de que los colegios destruyen gallegohablantes, como avisa la Real Academia Galega.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha salido en defensa de la promesa del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de aplicar una “ley nacional del concebido no nacido” si gobierna, a pesar de que asegura que desconoce cuáles son los motivos para lanzar esa propuesta, planteada al hilo de la ley promovida por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

“La necesidad de hacer una nueva ley se me escapa. En la óptica de Galicia, no era necesario, pero a nivel estatal no sé los condicionantes que pueden llevar a la necesidad de hacerlo por ley, pero seguro que los hay, cuando se hace el planteamiento”, manifestó, en respuesta a una pregunta durante la comparecencia posterior a la reunión semanal de su gabinete. En Galicia, como recordaron tanto Feijóo como Rueda, está en vigor una norma que ya reconoce al embrión como miembro de la unidad familiar. Supone, según el actual presidente gallego “ventajas importantes para muchas personas, familias y mujeres”.

Rueda recordó que las medidas son herencia de la etapa de Feijóo al frente de la Xunta y él decidió mantenerlas. En concreto, el concepto del “derecho a la vida en formación desde la concepción” figura ya en una norma de 2010 de apoyo a la mujer embarazada, un texto que nació después de que el PP gallego asumiese las posturas de Red Madre, una organización antiabortista. En 2011 se aprobó la ley de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, que recoge, en su definición de lo que es una familia numerosa o monoparental, que “se asimilará al descendiente el hijo o hija concebido o concebida”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegura que las diferencias entre su formación, el PP, y Vox “están ahí y muchas personas las perciben”, pero no ha dado ningún ejemplo concreto. En respuesta a una pregunta al respecto tras los acuerdos de investidura en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía que han llevado al PP a aceptar ideas del partido que lidera Santiago Abascal, Rueda ha eludido mencionar en qué temas la organización a la que pertenece se separa del ideario ultra.

“En Galicia [las diferencias] son especialmente notorias”, manifestó y argumentó que, por esto, Vox no tiene presencia institucional actualmente en la comunidad. “Y voy a trabajar para que así siga siendo, aunque al final son los electores los que deciden”, agregó. Las próximas elecciones autonómicas serán, si se convocan según el calendario previsto, en 2028.

Rueda afirmó que las dos formaciones son distintas, pero no citó ninguna diferencia concreta entre ellas. El presidente gallego sí marcó distancias en asuntos concretos en el pasado. Lo hizo, por ejemplo, cuando, en el mes de febrero, su compañera María Guardiola estaba buscando el apoyo de Vox para lograr la Presidencia de la Junta de Extremadura y dijo en una entrevista que los dos partidos defendían “el mismo feminismo”. Entonces, el barón gallego del PP discrepó: “Tengo claro que, en todos los temas que tienen que ver con feminismo, en el PP gallego y en la Xunta tenemos bastantes diferencias con los planteamientos de Vox”.

El presidente gallego sí dio su respaldo expreso a otras cuestiones, como la de la “prioridad nacional”, que Vox ha exigido para los acuerdos en las comunidades, sobre la que Rueda dijo que hay una mayoría de ciudadanos, según su percepción, que quiere que se valore “llevar tiempo” viviendo y cotizando en España y que esto es “de sentido común”.

Hace un año que la Xunta asumió los poderes sobre la gestión del litoral, el primer traspaso de competencias para Galicia en 17 años. El presidente gallego, Alfonso Rueda, aprovechó el aniversario, el miércoles 1 de julio, para hacer un repaso de la actividad de estos 12 meses. Desde el parador de Muxía, una de las obras incluidas en el plan de inversiones posterior al hundimiento del Prestige, celebró la estabilidad y la aceleración de los trámites y destacó tres cuestiones: los permisos para actividad empresarial, la ampliación de la temporada de chiringuitos y la senda que recorre toda la costa gallega con la intención de atraer visitantes. Las asociaciones ecologistas hacen otro balance: el enfoque es económico, se orienta a la masificación turística y olvida la protección del entorno natural. La propia elección del parador como escenario y el contenido del discurso, dicen, lo confirman.

“Vivimos en la costa y podemos vivir de la costa”, afirmó el presidente gallego en el acto, en el que añadió una referencia vaga a que es necesario cuidar del litoral: “Para disfrutar nosotros, los que nos visitan ahora y en el futuro”. La gestión directa dio estabilidad a la cadena mar-industria (sector en el que se incluyen actividades como la conserva, las depuradoras y los astilleros), pero también a empresas relacionadas con el turismo y la hostelería, destacó Rueda.

Aportó también cifras: en este tiempo la Xunta resolvió más de 1.800 concesiones y autorizaciones para usos e instalaciones en la costa. Ha dado permiso para más de 900 servicios de temporada, buena parte de los cuales son chiringuitos, aunque también hay, por ejemplo, negocios para deportes acuáticos. No solo eso, el Gobierno gallego amplió el periodo en el que pueden funcionar, que ahora va desde Semana Santa al 31 de octubre de forma ininterrumpida, y destinó un millón de euros para que “sean más bonitos”, dijo Rueda. En cuanto a lo que el Gobierno gallego ha bautizado como el Camiño do Litoral, el presidente gallego destacó que son sendas que incluyen 1.300 kilómetros de la costa gallega -prácticamente toda-, desde Ribadeo hasta A Guarda. En realidad, la propuesta se basa en caminos que ya existían en el 90% de los casos. El objetivo, de nuevo, es que haya más visitantes.

La última novedad en este terreno se anunció hace unos días: la Xunta facilita los permisos para actividades como competiciones deportivas, eventos de interés turístico, conciertos y festivales que se realizan el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección. Además, ha eliminado el pago de tasas administrativas asociadas a la solicitud de ocupación temporal de la costa.

“La Xunta ha estado muy concentrada en el aspecto socioeconómico y muy poco en el cuidado ambiental y en la resiliencia, en un contexto de cambio climático en el que la costa es la primera barrera de protección”, dice el portavoz de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos. Repite que la costa gallega era ya un espacio “muy desprotegido” y que el Gobierno autonómico “no ha movido un dedo” ni en estos últimos años ni desde que tiene las competencias de gestión del litoral por aumentar esa resiliencia o por atender a cuestiones como el avance del mar, que indica que ya se ve en casos de viviendas que peligran en varios puntos porque el agua ha erosionado los acantilados sobre los que se construyeron.

Santos critica el enfoque de la Xunta y su Consellería de Medio Ambiente, extensible a los espacios naturales en general, de que el entorno es un reclamo para el turismo, en lugar de centrarse en su protección por sus valores intrínsecos. Un ejemplo de esto es la red de sendas en la costa, que es una apuesta por “llevar a gente a sitios a los que antes no llegaba, incluso a lugares casi vírgenes”. Que se haga en un entorno natural, avisa, no quiere decir que se pueda considerar turismo sostenible y cita los casos de la playa de As Catedrais o de las Cíes, que son ya destinos masificados.

En estas islas, recuerda, hay especies amenazadas, como la gaviota patiamarilla (Larus michahellis), que está experimentando un declive dramático que ha hecho que los especialistas pidan catalogarla como en peligro de extinción. Eso, reprocha el portavoz de Greenpeace, no ha provocado reacción en el Gobierno gallego. Tampoco que las rías estén “cerca del colapso ecosistémico”, una situación que se hace evidente también en la bajada de producción.

Afrontar el cambio climático, “la absoluta prioridad”

El secretario técnico de la asociación ecologista Adega, Fins Eirexas, considera que la Xunta actúa con el orden de prioridades equivocado. Lo primero en la gestión del litoral, razona, es protegerlo, mantenerlo en buen estado y recuperar las zonas degradadas. “Después de eso es cuando viene el análisis de si puede haber aprovechamientos turísticos o chiringuitos”, dice. Añade que la industria tiene cabida en la costa, pero con el principio de que lo primero es la protección del entorno y de que “industria que vierte, industria que cierra”. Coincide con Santos en el papel clave de la costa para afrontar el cambio climático: “Es la absoluta prioridad”. Y en que no se han dado pasos en este sentido por parte del Gobierno gallego, al que pide retirar rellenos o espigones.

Eirexas rechaza lo que considera un modelo basado en el turismo masivo para la costa, en especial “sin un estudio previo de capacidad de carga”, es decir, sin un análisis de cuántos visitantes puede acoger Galicia en sus playas. “Ese [ser un reclamo turístico] no es el principal objetivo de un espacio natural”, señala y rechaza que se fomenten los chiringuitos o la reconversión en establecimientos turísticos de edificios que están en desuso. “La Consellería de Medio Ambiente no gestiona el turismo, pero parece que está para que nada estorbe a otros intereses que no son los ambientales”, zanja.

Santos agrega que comprende que, en estos primeros 12 meses, buena parte de la atención de la Xunta en la gestión del litoral la hayan acaparado los trámites administrativos o la gestión de las concesiones, pero avisa de que ni hay que mantenerlas todas —cita, en concreto, el caso de Ence, con la reclamación histórica de que salga de la ría de Pontevedra— ni hay que confundir simplificación administrativa con “impunidad”.

Unas competencias muy peleadas

Galicia asumió las competencias sobre la gestión de la costa el 1 de julio de 2025. Era el primer traspaso en 17 años, tras un periodo en el que la Xunta, dirigida por Alberto Núñez Feijóo, relegó la ampliación de los asuntos que dependen directamente de la comunidad. En septiembre de 2022, Alfonso Rueda, ya al frente del Gobierno gallego, anunció que iba a redactar una ley del litoral. Era una reacción a la negativa del Ejecutivo central de traspasar las competencias en la materia, una histórica reivindicación de la izquierda gallega que el PP había hecho suya en medio de su oposición a la ley estatal de cambio climático que temía que iba a limitar la permanencia de Ence en la ría de Pontevedra —el Supremo acabó avalando que la celulosa se mantenga en su ubicación actual—.

El Gobierno central recurrió la ley gallega del litoral cuando fue aprobada. Consideraba que se reducía de forma indebida la protección y que la comunidad se estaba atribuyendo más competencias de las que le reconocía su Estatuto. El Tribunal Constitucional dio la razón a Galicia y se abrió entonces la negociación que culminó con el traspaso el año pasado.

En el acto oficial del traspaso, Rueda ya adelantó cuáles iban a ser los puntos de atención para la Xunta: “A las más de 4.000 edificaciones, a las 100 empresas de la cadena mar-industria, a toda la vida económica, a todo el enorme respeto con el que cuidamos nuestro entorno natural le faltaba la capacidad de gestión que acerca la cercanía”.

La Plataforma Mina Touro - O Pino Non, una de las asociaciones vecinales que se opone a la reapertura de la explotación para extraer cobre, denuncia que la balsa de residuos mineros que existe en el lugar —en la que se acumulan los desechos de la actividad anterior— sigue provocando filtraciones contaminantes peligrosas y que amenaza la aldea de Fonte Díaz, en donde hay, además de viviendas, instalaciones deportivas, la Casa da Cultura y una residencia de mayores. Acumulan desde hace años imágenes en las que se aprecia, en una zanja de drenaje junto a una carretera, líquido del color anaranjado típico de las aguas ácidas de las minas.

Esta asociación indica que esas aguas se filtran desde el muro de la balsa minera, cargadas de metales pesados, y que van a parar al arroyo Ameneiro Lamas, después al Lañas y, de este, al río Ulla. Esto ocurre desde hace “décadas, todos los días del año, las 24 horas del día, lo que produce mayor gravedad por la bioacumulación de metales en el lecho de los ríos”, sostiene. El depósito contiene los residuos generados por la actividad minera que hubo hasta mediados de los 80. Y es una de las instalaciones clausuradas consideradas peligrosas por el inventario que el Gobierno central realizó para cumplir con las normas europeas.

La elaboración de ese listado se encargó al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Julio César Arranz es uno de los científicos que se ocuparon de esta tarea. Explica, en conversación telefónica, que no hay dudas sobre los riesgos de la balsa de Touro: “Está en el inventario por la capacidad de contaminar aguas superficiales y porque es enorme y, en caso de rotura, se vería afectada la aldea de Fonte Díaz”. Arranz rememora cómo fue el proceso y cómo hubo un desencuentro con la Xunta porque sostenía que la balsa de Touro no debía incluirse, con el argumento de que no estaba abandonada porque tenía dueño. Con propietario o sin él, dice el experto, llevaba décadas, desde mediados de los 80, parada.

Finalmente, la balsa de Touro se incluyó en la ampliación del inventario de 2015. Hubo una revisión en 2019, que incluyó el desplazamiento al lugar de los científicos del IGME. Arranz cuenta que no pudieron tomar muestras en el interior porque no pudieron acceder, pero sí fueron al arroyo Pucheiras y a otro que se encuentra al este de la presa. La conclusión fue que seguía siendo una instalación contaminante de las aguas superficiales, con efectos sobre todos los usos y sobre la fauna piscícola. “Al hacer la revisión nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error: teníamos que subirle la categoría de riesgo”, expone.

La plataforma vecinal, una de las que lucha contra la reactivación de la mina, critica que, pese a la evidente contaminación, que ha supuesto incluso alguna multa de la propia Xunta, no ha logrado información del Gobierno gallego sobre si existe algún plan de restauración del entorno, si se está haciendo alguna tarea de control y vigilancia o si la presa debe tener un plan de emergencia exterior por la peligrosidad de los desechos que contiene.

Fuentes de la Consellería de Economía e Industria aseguran que la restauración de la balsa está incluida en el proyecto de la empresa Cobre San Rafael para reactivar la explotación, que ha sido declarado estratégico por la Xunta y está en tramitación, a la espera de la evaluación ambiental. Este es el segundo intento por retomar la actividad en la mina para producir cobre, después de que el proyecto presentado en 2017 fuese rechazado por el Gobierno gallego precisamente por no superar el trámite ambiental y en medio de una fuerte contestación social.

La mina se encuentra en una situación inusual: con el primer proyecto de reactivación denegado, la empresa recompuso su plan y volvió a presentarlo en 2024. Fue entonces cuando la Xunta lo declaró proyecto industrial estratégico —una figura que implica que la tramitación se acelera—. Pero, en los tribunales, había seguido avanzando el recurso contra el archivo del primer plan. La Justicia tomó una decisión en mayo de 2026 y consideró que el informe ambiental que lo había echado abajo era nulo porque no se había dado audiencia a la compañía promotora antes de dictar la declaración de impacto ambiental. Es decir, detectó un defecto de forma. A pesar de esa victoria, la empresa no tiene intención de retomar ese proyecto, sino de continuar con el que ahora mismo está declarado estratégico. También este tiene en contra a plataformas vecinales, ecologistas y al Icomos, un organismo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural y que teme efectos negativos sobre el Camino de Santiago.

Protestas continuadas

A la espera de conocerse si esta vez supera la evaluación de la Xunta, los vecinos de la zona que se oponen a la reactivación de la mina han seguido movilizándose: una multitudinaria manifestación mostró el rechazo social al proyecto en junio, durante la exposición pública se presentaron miles de alegaciones —que han derivado en una carrera de obstáculos para que la administración gallega reconozca a muchos vecinos como parte interesada— y han seguido documentando la contaminación procedente de la balsa.

En marzo de este año, la Plataforma Mina Touro - O Pino Non trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Delegación del Gobierno en Galicia sus preocupaciones por las filtraciones y por el riesgo que la balsa representa para el núcleo de Fonte Díaz, a menos de 300 metros del depósito de residuos. Aseguran que, tras esa comunicación, se acometieron unas obras, que consistieron en una canalización para recoger las filtraciones intentando separarlas de la zanja que recoge el agua de la lluvia. Pero, denuncian, el color anaranjado se sigue extendiendo hacia la zona pensada para pluviales, como se aprecia en la imagen que se ve a continuación.

La Consellería de Economía asegura que, si el proyecto de Cobre San Rafael logra su visto bueno, la empresa “asumiría su restauración [la de la balsa de residuos], vigilancia y control dentro del denominado plan de vigilancia ambiental”. No hace referencia al plan de emergencia exterior, que reclama el real decreto 975/2009 sobre gestión de residuos mineros, el mismo que fijaba la obligación de elaborar el inventario de presas o escombreras clausuradas y consideradas peligrosas. Esa norma indica que el plan de emergencia exterior debe hacerlo la autoridad competente cuando las instalaciones sean de categoría A -las que tienen riesgo de un accidente grave en caso de fallo y las que tienen residuos peligrosos por encima de un determinado umbral-.

El experto del IGME, indica que, cuando se hizo la evaluación de las instalaciones de residuos mineros llegaron a la conclusión de que esta norma no se aplicaba a las explotaciones anteriores a la misma. Es decir, la balsa de Touro no cuenta con un plan de emergencia exterior. Arranz aclara que, si se le aplicase esta normativa, el depósito de Touro sería categoría A “de libro” y debería contar, por tanto, con esa estrategia de emergencia exterior.

La Plataforma Mina Touro - O Pino Non recuerda que ha habido accidentes en otras balsas mineras en Galicia, algunos de ellos recientes, como el de Monte Neme el pasado invierno, y se pregunta si los vecinos de la zona tendrán que estar “pendientes de dos alarmas, la de la balsa antigua y la nueva que instalen, ambas con población a 300 metros y el río Ulla como destino”.

El presidente del PP gallego y de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado responder a las preguntas sobre las aclaraciones del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre quién paga el piso en el que vive en Madrid. “Este intento de desviar la atención no va a contar con mi colaboración”, manifestó Rueda.

El tema, argumentó, lo sacó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un debate en el Congreso la pasada semana y es “una cortina de humo”, opina. Sánchez retó a Feijóo a que hiciese pública su declaración. “Y así nos enteramos de cuánto le paga a usted su partido por el alquiler de la vivienda que tiene en El Viso [una exclusiva urbanización en Madrid]”, dijo.

Feijóo dijo después en los pasillos del Congreso que el piso lo pagan él y su pareja: “Ha intentado decir que quién me paga el piso. Mi familia y creo que dentro de mi familia estoy yo”, aseguró el presidente del PP.

La iniciativa del Gobierno central para reducir a la mitad las ratios en la educación infantil y evitar la masificación en los centros de cero a tres años ha sido mal recibida por la Xunta, que considera que poner más profesionales desbarata su plan para que esta etapa educativa sea gratuita. El presidente gallego, Alfonso Rueda, lo reiteró este lunes y dijo que la propuesta “compromete muy seriamente la gratuidad”.

Rueda respondió a una pregunta sobre si la incapacidad de bajar las ratios con el modelo actual supone que hay algún fallo en el planteamiento del sistema gallego: “El sistema gratuito estaba funcionando adecuadamente”. La solución de la Xunta para ofrecer esa gratuidad en la etapa de cero a tres años no descansa solo sobre la estructura pública y no ha supuesto una apuesta por ampliar esta red, sino que hay miles de plazas que son de guarderías privadas, a las que el Gobierno gallego paga. Esta estructura fue una de las últimas decisiones que dejó tomadas Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, pero en el primer curso en el que se aplicó era ya Rueda el máximo responsable del Gobierno gallego.

El presidente de la Xunta sostiene que todo iba bien hasta que el Gobierno central habló de exigir que haya más profesionales por grupo de alumnos. En concreto, el objetivo del Ministerio de Educación es que en las aulas de cero años haya como mucho cuatro bebés, frente a los ocho de la actualidad; que las de uno lleguen hasta seis (frente a 13) vy que las de dos años tengan ocho de máximo (ahora pueden llegar a 20). En el segundo ciclo de infantil, que va de los tres a los seis años, el tope estaría en 20, mientras que ahora es de 25.

“Lo que propone el Gobierno es tanto como decir que hay que doblar el número de plazas o bajar a la mitad los matriculados”, se quejó Rueda, que criticó que sea una propuesta “sin financiación”. “Esto complica sobremanera un sistema modélico que estaban imitando otras comunidades autónomas”, agregó, en una respuesta sin alusiones a que esta, la de reducir las ratios, es una de las demandas del profesorado de esta etapa, que protestó la pasada primavera.

La Xunta acaba de publicar las instrucciones para el curso escolar 2026/27, en las que insiste, pese a las críticas de la comunidad escolar, en el control ideológico en las aulas y establece más límites a las actividades complementarias en las que pueden participar los alumnos. Además de consagrar la “neutralidad ideológica” -una expresión que los expertos identifican con el ideario ultra-, vuelve a exigir que todas las actividades estén previstas al inicio del periodo lectivo y, como novedad, limita a solo una por trimestre la participación en salidas “sobrevenidas”.

El texto repite la redacción del curso que acaba de terminar en cuanto al control ideológico de las actividades complementarias, que deben desarrollarse “con sujeción a los principios constitucionales, garantizando la neutralidad ideológica”. El año pasado, cuando las instrucciones incluyeron estas exigencias, sindicatos, asociaciones de madres y padres, ONG y partidos políticos cargaron contra lo que calificaron de censura. Pero el Gobierno gallego hizo una defensa cerrada de su postura. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que lo que no se incluía en esa neutralidad ideológica era la religión. “Neutralidad ideológica es neutralidad ideológica. Estamos hablando de otra cosa”, dijo entonces y aseguró que a lo que se refiere su equipo es a la “ideologización desde un punto de vista casi político”.

Las normas requieren que las actividades complementarias se orienten a profundizar en los contenidos curriculares y que todas ellas estén en la programación general anual. Solo de forma “muy excepcional”, bajo premisas “de motivación y coherencia con el currículum”, se permitirán actividades complementarias sobrevenidas, “siempre y cuando sean aprobadas por el equipo directivo” y se informe al Consello Escolar y a la Inspección educativa.

Las instrucciones regulan más estas actividades complementarias: no pueden suponer “una alteración significativa del normal desarrollo de la actividad lectiva”. El centro debe evitar que se concentren en determinados periodos, en especial en los que coinciden con las evaluaciones y los finales de trimestre. También debe tratar de evitar que los mismos grupos participen reiteradamente en estas actividades y fija varias limitaciones: que no haya más de una actividad en el propio centro en horario lectivo por semana para un mismo grupo, que las que impliquen salir se repartan a lo largo del curso y no sean más de tres por trimestre y que solo se permita una sobrevenida por trimestre. La Inspección velará por la “adecuación pedagógica y organizativa de estas actividades complementarias”.

Cuando las actividades sobrevenidas en las que se proponga que participe el alumnado las organicen ayuntamientos, diputaciones u otras entidades externas, deben aplicarse “criterios de pertinencia pedagógica” y “no procederá la participación en actividades que carezcan de una justificación educativa suficiente”.

Críticas de las ANPAS

La Confederación de ANPAS Galegas ha criticado las nuevas instrucciones, que califica de nuevo intento de “censurar”. Destaca que continúan la línea del curso pasado y marcan nuevas limitaciones, con más supervisión administrativa de as actividades complementarias. “La cuestión que es necesario aclarar es cómo se compatibilizan estas restricciones con la necesaria autonomía de los centros y con la participación de la comunidad educativa en los órganos colegiados”, expone y califica las maniobras de la Xunta de “intento de control amparado en unas instrucciones [...] donde se obvian escandalosamente la importancia y las funciones del Consello Escolar”.

Asegura que dejar en manos del equipo directivo la aprobación de las actividades complementarias es “suplantar” la función del Consello Escolar. Las ANPAS lamentan la “deriva” de la enseñanza pública, con este “intento de censurar y controlar todas esas actividades necesarias” para trasladar en la enseñanza los valores de la ciudadanía democrática, la responsabilidad, la igualdad o el fomento del espíritu crítico. Hay, avisa, “una clara tendencia al autoritarismo” en estas instrucciones. La preocupación de las familias nace de la referencia a la neutralidad ideológica, pero también de “la acumulación de requisitos, límites y autorizaciones previas que pueden dificultar la capacidad de los centros para responder a oportunidades educativas que aparecen durante el curso”.

La Xunta de Galicia acaba de anunciar que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto de las zonas de aceleración de renovables porque considera que invade competencias autonómicas. Abre con ello otra batalla con el Gobierno central por cuestiones de competencias, que ya han acabado judicializadas en casos como la normativa eólica o la gestión del litoral. El presidente gallego ha justificado la decisión como una “defensa del autogobierno en un sector especialmente sensible”.

El Gobierno gallego sostiene que el Estado tiene competencias en legislación básica en este sector, pero que el desarrollo corresponde a las comunidades, según recoge el Estatuto de Autonomía. El real decreto, añadió, es “tan detallado” que, “en la práctica, no deja margen de maniobra a la Xunta” para determinar dónde se pueden instalar los aprovechamientos de energías renovables.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, compareció junto a Rueda para explicar la decisión y aseguró que la norma lleva a que solo se podrían hacer estas instalaciones en el 0,16% del territorio, de manera “totalmente dispersa y contraria a lo que pide la Comisión Europea, que pide tener zonas suficientes y amplias”. Vázquez volvió a hacer referencia a que Galicia es la comunidad que más ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años, sin citar que la explicación está en que cerraron las dos centrales térmicas que funcionaban en la comunidad.

Las zonas de aceleración de renovables son zonas que se consideran especialmente adecuadas para la instalación de estas explotaciones. Según el decreto que ahora recurre la Xunta, la idea es dar prioridad a suelos industriales, urbanizados o artificiales, áreas degradadas, vertederos, canteras y minas clausuradas o corredores e infraestructuras energéticas o de transporte que ya existen. Los proyectos que se desarrollen en estas zonas no tendrán que someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario ni simplificado, aunque deben adoptarse antes medidas preventivas y mitigadoras. Sí será necesaria una evaluación ambiental estratégica de los planes por los que se designa alguna zona de aceleración de renovables.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado dar su opinión sobre la decisión de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia (PP), de no ceder las instalaciones de O Vello Cárcere de la ciudad para un acto sobre el inicio del proceso para declarar el edificio, símbolo de la represión franquista en la ciudad, lugar de memoria democrática. Tampoco se ha pronunciado sobre la ausencia de la propia regidora -el concejal Agustín Gallego acudió en representación del Ayuntamiento-.

“No tengo conocimiento de las razones de la denegación ni de las razones de la alcaldesa para no ir. Habrá que preguntarle a ella”, replicó Rueda, que es también presidente del PP gallego, a una pregunta sobre lo ocurrido en Lugo el pasado viernes, cuando el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, hizo una visita institucional para celebrar el inicio del proceso.

El acto se tuvo que hacer en el exterior de O Vello Cárcere porque el gobierno de Lugo rechazó ceder las instalaciones con el argumento de que estaban plenamente ocupadas por la intensa programación del Arde Lucus. Esta celebración fue también la que centró la actividad de Candia durante la visita de los representantes del Gobierno central. La regidora se encontraba en ese momento supervisando el puesto avanzado móvil del dispositivo de seguridad para la fiesta.

“Me sorprendió un poco; a Madrid la tengo por una comunidad abierta”. Esta ha sido la reacción del líder del PP gallego y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a la decisión de la Comunidad de Madrid de excluir de los abonos de transporte a quienes no estén empadronados en la autonomía. Confirmó que el Gobierno gallego ha recibido la propuesta para firmar un convenio que permita que las bonificaciones se sigan aplicando a trabajadores y estudiantes gallegos que viven en la capital, pero avisó de que, si se firma un documento, la condición de reciprocidad va a ser innegociable.

“Estas cosas hay maneras de hablarlas”, añadió, antes de recordar que hay vecinos de la Comunidad de Madrid que se benefician de descuentos y bonificaciones en las mismas condiciones que los ciudadanos empadronados en Galicia cuando están en la comunidad. Puso el ejemplo de algunas ayudas al transporte, como las tarjetas que permiten viajar gratis a jóvenes y mayores.

La carta ya llegó a la Xunta, que va a analizar la propuesta de la comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso, compañera de partido de Rueda. “Tengo que decir que me sorprendió, primero, el anuncio público y, después, recibir la carta, la invitación a firmar un convenio”.

La decisión de la Comunidad de Madrid está en vigor desde el 15 de junio y afecta sobre todo a estudiantes y personas migrantes que viven en la comunidad, pero que no están empadronadas. Díaz Ayuso anunció después que promovería convenios con las comunidades para que sigan teniendo acceso a las bonificaciones los estudiantes que vivan fuera de la región.

“Vivimos mirando al cielo y cruzando los dedos”. Así resume la alcaldesa de A Rúa (Ourense), María González Albert (BNG), la preocupación por la posibilidad de que caigan nuevas trombas de agua que arrastren monte abajo piedras, troncos de árboles y lodo. En las últimas semanas, en este municipio, cuyo terreno forestal ardió por completo en los incendios de agosto de 2025, han anotado varios episodios de anegamientos que dejaron numerosas calles cubiertas de barro y desechos. Temen que habrá más este verano. La situación se repite en el vecino Vilamartín de Valdeorras, que esta semana vio como una fuerte tormenta provocó que se desbordasen ríos y entrase en agua en numerosas viviendas. La carretera N-120, que atraviesa toda la comarca de Valdeorras, tuvo que cortarse al tráfico.

Vecinos, responsables municipales y expertos miran ladera arriba para explicar la virulencia de las descargas de agua y los arrastres de material desde el monte: el terreno quedó abrasado por un gigantesco incendio hace menos de un año -el que empezó en Larouco, que el más grande desde que hay registros en Galicia, con 33.000 hectáreas, según el cálculo de la Xunta-. Los efectos del fuego siguen apareciendo mucho después de extinguidas las llamas y lo hacen por varias vías. Serafín González, edafólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), explica que el terreno que ha ardido queda oscurecido. Cambia el albedo, que es la proporción entre la energía luminosa que recibe una superficie y la que se refleja. Es decir, la tierra más oscura absorbe más radiación, se calienta más y eso provoca más evaporación, que favorece la aparición de las nubes de tormenta.

Ese es el primer factor que cita este experto, que razona que, por este motivo, los terrenos quemados van a seguir contribuyendo todo el verano a que se formen tormentas. Además, González expone que estas tierras que han ardido se vuelven, en cierta medida, repelentes al agua: pierden capacidad de empaparse y almacenar las precipitaciones. “Si llueve, no la retienen y hay más escorrentía”, señala. Y esto facilita que el material, troncos enteros de árboles afectados por el fuego incluidos, se vea arrastrado ladera abajo y haya riadas. “Suelo poner el ejemplo de que un suelo natural sin quemar es como una esponja: almacena agua y luego la suelta lentamente. Si se quema, deja de hacerlo”, expone y añade que esto afecta a que el agua baje con más velocidad por las laderas empinadas en las que, además, no encuentra ninguna vegetación que la frene.

Lo han comprobado en los últimos días en la comarca de Valdeorras, pero también en otros puntos de la provincia, como en Viana do Bolo, en donde las trombas de agua arrastraron a varias aldeas una enorme cantidad de barro, rocas, troncos y ramas de árboles que provocaron destrozos en viviendas, coches y carreteras. El alcalde, Germán García-Ávila (PSdeG), habló ante los medios de un escenario “dantesco”, en el que hubo que rescatar a varios vecinos de sus casas y pidió la declaración de zona catastrófica. Manifestó que la sensación es de que ha pasado “un tsunami”, con lenguas de barro y rocas dentro de las aldeas y coches medio sepultados. Como la regidora de A Rúa, el de Viana teme otra tormenta que descargue con fuerza, especialmente si llega antes de que se puedan retirar todos los materiales que atascaron arroyos y canalizaciones y presionaron los pilares de un puente en Pradocabalos, uno de los núcleos que salió peor parado de la tormenta del pasado miércoles, junto A Bouza, Pixeiros y O Castro.

García-Ávila apunta también a las consecuencias que se siguen desplegando meses después de los incendios: asegura que las cortas realizadas en los terrenos afectados contribuyeron al desastre porque no se retiró la maleza, que fue arrastrada por el agua y contribuyó a los taponamientos. En el municipio, dice, hay vecinos que se quedaron sin agua y sin electricidad. También en Vilamartín de Valdeorras hay zonas sin suministro de agua porque las captaciones quedaron bloqueadas.

“Llevamos un año avisando”

Al hacer el repaso de los daños, la regidora de A Rúa lamenta que se trata de una situación que se veía venir: “Llevamos un año avisando. La sensación es de total abandono”, dice la alcaldesa, que el pasado agosto estuvo días lanzando peticiones de ayuda para poder apagar el incendio que prendió en un vertedero de materiales industriales que desprendía humo tóxico. Cree que la Xunta tiene “abandonados” a los ayuntamientos que no son de su mismo color político, es decir, que no son del PP.

Tras los fuegos del pasado verano, Albert asegura que el Ayuntamiento mantiene areneros y rejillas limpios, pero nada de esto es suficiente cuando la tromba de agua arrastra tanto material. “Limpiamos las canalizaciones, pero llueve y se vuelven a reventar. Es un coste muy grande”, añade y recuerda que el suyo es un municipio pequeño -4.200 habitantes-. En este caso concreto se suma otro factor que incrementa el riesgo para muchas viviendas: hay, desde la dictadura, dos cauces de agua canalizados que atraviesan la localidad. Si se atascan, el agua encuentra la forma de seguir su curso en la superficie. Es lo que les ocurrió a los vecinos del barrio de Fontei hace una semana. En lugar de celebrar la noche de San Antón bailando con una orquesta, como tenían previsto, se dedicaron a retirar lodos de bajos y calles. “Lo que tenemos aquí es una rambla”, dice.

En A Rúa están salvando el suministro de agua por la labor del fontanero, que, según destaca la alcaldesa, está pendiente de los avisos de tormenta y va a cerrar la llave del depósito aunque sean las 2.00 de la madrugada. Albert relata que ha enviado comunicaciones a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pero sostiene que ni la primera hizo labores de restauración ni la segunda se ocupó de limpiar los arroyos. Añade que la maquinaria pesada que se está introduciendo en los terrenos forestales -casi todos propiedad de dos comunidades de montes- para retirar los troncos que aún se pueden aprovechar está “reventando” tanto la escasa vegetación que empezaba a crecer como elementos patrimoniales, como algunas mámoas -montículos funerarios prehistóricos-. “El incendio en el momento que ocurre es muy grave y muy espectacular, pero es luego cuando vienen muchos problemas importantes”, concluye.

La Consellería do Medio Rural, por su parte, insiste en que ha trabajado todos estos meses para evitar daños derivados de los incendios. Entre las medidas cita el mulching -que consiste en extender paja sobre el suelo a modo de cubierta protectora- y albarradas -barreras para tratar de frenar la erosión-, que sostiene que ha aplicado en municipios como A Rúa. Ofrece, en respuesta a preguntas de esta redacción, numerosos datos generales: cifra en 100 los kilómetros de pistas forestales reparadas y en 5 los millones de euros destinados a cubrir daños en bienes municipales o a compensar gastos asumidos por administraciones locales y vecinos para apagar fuegos. Para ello, indica que la Xunta firmó convenios con 46 ayuntamientos. Hace referencia también a partidas de la Consellería de Medio Ambiente, que reservó, entre sus primeras medidas tras el fuego, un millón de euros a los cazadores (a través de los tecores, los terrenos cinegéticamente ordenados) y ayuntamientos y mancomunidades de montes en terrenos gestionados por tecores.

Los trabajadores del hospital de Montecelo, en Pontevedra, han denunciado la presencia de ratas y culebras en el servicio de farmacia del centro. En un escrito remitido por la delegada de prevención al comité de seguridad e higiene del Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés, señala que, durante las visitas a la farmacia se han encontrado culebras, ratas e indicios de “otras plagas procedentes de zonas de sumideros”. Avisa de que la situación es especialmente preocupante porque en este servicio se gestionan, almacenan y dispensan medicamentos para toda el área hospitalaria, incluidos tratamientos de quimioterapia, de nutrición o fármacos para pacientes ingresados.

La presencia de estos animales, continúa el escrito, supone un riesgo para los trabajadores y también para la calidad y la seguridad de los medicamentos y productos sanitarios que salen de este servicio y que pueden poner en peligro a los pacientes. Los trabajadores reclaman una inspección y que se tomen medidas urgentes de desinfección. El gerente del área sanitaria, José Flores, admite la situación y señala que no es la primera vez que ocurre algo parecido. La razón, asegura, es que el hospital se encuentra rodeado de campo y que el servicio de farmacia se encuentra en la planta -2, lo que hace más fácil que estos animales accedan al interior.

Flores asegura que ya se ha activado el dispositivo previsto para estos casos: se ha comunicado la situación, de la que dice que la gerencia tuvo constancia ayer, martes, a la unidad de prevención de riesgos laborales y a medicina preventiva. “Se están tomando todas las medidas necesarias y se está investigando para actuar en consecuencia y de forma definitiva”, señala. Los trabajadores dieron el aviso al ver “alguna rata y una culebra”: “Es algo que puede pasar”.

El escrito de los trabajadores también avisa de que hay material mal almacenado, depositado directamente en el suelo y “deficiencias de orden, limpieza e higiene incompatibles con los estándares exigibles a un servicio sanitario”. Piden, por este motivo, que se revisen las condiciones en las que se depositan los materiales en la farmacia de Montecelo.

Relatan también que una trabajadora, que prefiere no dar su nombre, tuvo que acudir a urgencias por una picadura que desconoce qué animal se la hizo y tuvo que tomar antibióticos para tratarse.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prima el criterio de su gobierno sobre el del Icomos -órgano consultivo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural- a la hora de evaluar si el proyecto de la mina de Touro puede afectar al Camino de Santiago. Defiende la postura de los informes de los técnicos de la administración autonómica, que consideran, igual que lo hace la empresa promotora, que la explotación no tendría impacto sobre el Camino de Santiago. Por la contra, el Icomos manifestó que cualquier permiso para la actividad minera en la zona debería ser anulado porque no hubo consulta previa a la Unesco pese a plantearse para las inmediaciones de un tramo de la ruta jacobea, declarada Patrimonio Mundial desde 1993.

El informe del Icomos, dijo, “merece todo el respeto, el mismo, ni más ni menos, que los técnicos de la Xunta”. El proyecto está avalado por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, agregó, que concluye que el proyecto para reactivar la extracción de cobre en Touro y O Pino es “compatible” con el Camino, cuyas dos últimas etapas discurren por esta zona.

Rueda hizo estas afirmaciones en respuesta a una pregunta sobre las advertencias del organismo que asesora a la Unesco, que acaba de proponer, en otro proceso distinto, que la Ribeira Sacra no sea declarada Patrimonio Mundial. A lo que no contestó el presidente gallego fue a otra cuestión sobre si su Gobierno va a seguir en futuros proyectos las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial, que son las que establecen que cualquier acción que pueda tener algún impacto en un bien incluido en la lista deben ser consultadas, con carácter previo, con la Unesco.

El Gobierno gallego tampoco ha dado respuesta a las propuestas del Icomos de crear una mesa conjunta para analizar los posibles efectos sobre el Camino de Santiago del proyecto de Touro. En su informe señala que ya en febrero de 2025 remitió comunicaciones tanto a la Consellería de Economía como a la de Cultura pidiendo ese órgano de interlocución y reitera su disposición a crearlo.

No por ser esperado le resulta menos indignante a Isabel García, vecina de Touro (A Coruña) implicada desde 2017 contra la reactivación de la mina de cobre en ese municipio, el aluvión de comunicaciones que la Xunta está remitiendo a personas que presentaron alegaciones al proyecto. Lo que dicen esas notificaciones es que la administración autonómica no las considera personas interesadas en el proceso. Por tanto, sus objeciones van a ser desechadas. La carta les ha llegado a vecinos de Cabo de Cruz, en Boiro (A Coruña), a 55 kilómetros en línea recta del yacimiento y que temen sus efectos a través de las aguas del río Ulla, pero también a residentes que tienen su vivienda a 200 metros de la explotación.

La vía de denegar la condición de interesado a personas que alegan en un proceso administrativo no es nueva: la Xunta revisa en cada caso la pertinencia de las peticiones y responde negativamente si entiende que no está suficientemente justificado. Pero la tramitación de la macrocelulosa de Altri le dio una nueva dimensión a este modo de actuar, con una avalancha de denegaciones que, para organizaciones muy activas contra el proyecto como Greenpeace, era un intento de “silenciar” la enorme oposición que había y que se tradujo también en miles de alegaciones. La historia se repite en Touro. Isabel García, que es miembro de una de las plataformas vecinales que batallan contra los planes de volver a explotar el yacimiento, ve un paralelismo y cree que la intención es desgastar a quienes se oponen: “Hacer esta maniobra con personas que, en muchos casos, no están acostumbradas a lidiar con este tipo de comunicaciones es una táctica para intentar que no se siga adelante”. “Y también buscan tener un argumento de que no hubo tantas personas porque no hubo tantos interesados”, agrega. Meterse en el asunto, dice, es “una carrera de obstáculos”.

“Están usando el mismo modus operandi que con Altri”, sostiene Che Cancelo, portavoz de otra plataforma vecinal contra la mina. Primero, explica, llegaron hace unos meses las comunicaciones que pedían a quienes presentaron alegaciones justificar que son parte interesada en el proceso. Desde hace semanas constan las denegaciones, contra las que se puede presentar recurso de alzada. Cancelo considera que, al analizar los distintos casos, no quedan claras las razones ni los criterios de la Xunta y se queja de que están excluidas personas a las que les expropiarían terrenos, que ella defiende que es un elemento que demuestra que tienen interés en el proceso. Los razonamientos de la administración autonómica en algunos de estos casos de vecinos de la zona, a cuyas resoluciones ha tenido acceso esta redacción, son que la persona “alega de forma genérica posibles pérdidas económicas, psicosociales, culturales, ambientales y de salud que no se evaluaron” y que no se acredita “una relación material unívoca” ni un efecto “cierto” derivado del proyecto.

La ley de procedimiento administrativo común señala que se consideran interesados en un procedimiento quienes lo promuevan como titulares de derechos legítimos, los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte o aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar también afectados y se personen antes de que haya resolución definitiva.

Ricardo Ares es una de las personas que vive en las inmediaciones de los terrenos de la mina, en Arinteiro, un núcleo perteneciente a Touro. Compareció a principios de mes ante la prensa para explicar su caso, junto al Sindicato Labrego Galego. “Las tierras me las llevan todas”, afirmó, pero la respuesta a su petición de ser parte interesada ha sido negativa. Si los planes de Cobre San Rafael reciben el visto bueno, afirma que no podrá vivir en el lugar en el que lo hace ahora. Teme los impactos sobre los manantiales de la zona, en unos terrenos con repetidos episodios de contaminación que han llevado a que la propia Xunta imponga multas. Ares dirigió unas palabras al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “Tenga un poco de dignidad y hable con los vecinos”.

El Sindicato Labrego también carga contra la Xunta por una actitud que califica de “oscurantista”. Y otra vecina afectada, Marta Curros, avisa de que esta forma de proceder genera indefensión para ellos. Recuerda que esta es la segunda vez que se registra una solicitud para reactivar la mina y llama la atención sobre que ahora se les está denegando la condición de interesadas a personas a las que sí se les reconoció en 2017. “La administración no es imparcial, está de parte de la empresa promotora”, acusó.

Las trabas desde 2017

También echa la vista atrás hacia la tramitación que empezó en 2017 Isabel García. El contexto del proyecto es inusual: el yacimiento se explotó en los años 70 y 80 para extraer cobre. Fue en 2017 cuando la empresa Cobre San Rafael -de Atalaya Mining- presentó por primera vez sus planes para retomar la actividad. La contestación social fue férrea. En 2020 la Xunta anunció que no superaba el trámite ambiental y descartó la propuesta en 2021. La empresa insistió pocos años después y el Gobierno gallego declaró el proyecto estratégico en 2024. En la actualidad está a la espera de la declaración de impacto ambiental, pero, entretanto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló que la Xunta hizo mal la tramitación que llevó a denegar el primer proyecto -por una cuestión de forma, no de fondo- y anuló aquella decisión. La empresa, no obstante, ha aclarado que no tiene intención de resucitar los planes iniciales, sino de seguir con los actuales.

En cualquier caso, Isabel García, recuerda que en 2017 los vecinos que se organizaron contra la mina ya se enfrentaron al muro burocrático de la administración gallega para que los reconociese como parte interesada. “Entonces no sabíamos reaccionar, pero fuimos aprendiendo”, señala. Explica que el motivo para poner tanto énfasis en esto es que, pasado el trámite de exposición pública, se siguen incorporando informes y documentación al expediente y, si no son persona interesada, no tienen acceso a ellos. “Nos quedamos sin saber qué pasa cuando tenemos una mina a las puertas de casa”, protesta. Hace nueve años, rememora, llamaban al departamento responsable de minas y pedían ver el expediente. “Tras mucho lidiar con la jefatura, nos reconocieron como interesados. Entonces permitían ver el expediente in situ. Había que pedir cita de mañana e ir a A Coruña, lo que a muchos les suponía pedir días en el trabajo. No podías hacer fotos, tenías que solicitar una copia y volver otro día a recogerla pagando una tasa. Fue un agotamiento”, cuenta.

“Vivimos aquí, tenemos propiedades, defendemos bienes”

En el proceso actual las cartas para pedir que demostrasen su interés en el caso empezaron a llegar hace algo más de un año -el periodo para presentar alegaciones terminó el 31 de enero de 2025-. “Nosotros respondimos que lo somos porque residimos aquí, porque tenemos propiedades afectadas y están publicadas en el Diario Oficial de Galicia o porque, sin ser residentes, defendemos bienes afectados como los recursos hídricos o el Camino de Santiago, que es Patrimonio Mundial”, explica. El Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural acaba de elaborar un informe en el que pide anular cualquier permiso para la mina porque no ha habido una consulta previa ante la Unesco y está en riesgo la ruta jacobea.

García asegura que a algunas personas les llegó hasta tres veces el requerimiento para justificar su interés. Y han tenido que responder tres veces. Vuelve a recalcar que hay mucha gente afectada que no está habituada a los trámites de este tipo y señala que, por eso, las plataformas facilitan modelos para responder a las peticiones de la administración autonómica en función de si son vecinos o propietarios de tierras o si su interés deriva de otra cuestión. En el caso de Altri, esta disponibilidad de formularios, tanto en las alegaciones como en las réplicas a los requerimientos, llevó al presidente gallego a afirmar que lo que había era una campaña “orquestada”.

El siguiente episodio empezó hace unas semanas, con las cartas denegando esa consideración de parte interesada. “Piden que aportemos más información. No explican cómo”, se queja. Su conclusión es que el Gobierno gallego “no piensa en las personas”. “Compraron lo que les cuenta la empresa y van para adelante”, dice, sin que ni Rueda ni alguno de sus conselleiros se haya entrevistado con los vecinos: “¿Tienen miedo a conocer las vidas que se van a destruir?”.

La movilización contra el proyecto sigue en marcha y el domingo está convocada una manifestación en A Illa de Arousa (Pontevedra) contra la mina y también contra Altri, cuyos planes no están archivados definitivamente.

Las plataformas vecinales que llevan nueve años peleando contra los planes para volver a explotar la mina de Touro - O Pino reciben el informe del Icomos, órgano asesor de la Unesco en materia de patrimonio cultural, que critica la tramitación por los riesgos para el Camino de Santiago como la confirmación de sus reiteradas denuncias. “La mina es incompatible con el Camino de Santiago. O es la explotación o es el Camino”, resume Isabel García, portavoz de una de las asociaciones que agrupan a los residentes en el área afectada.

García, que se implicó en la batalla contra la mina desde que se presentó en 2017 el primer proyecto para retomar la actividad en la zona, considera que la advertencia del Icomos da concreción a la preocupación por los efectos en el itinerario a Santiago, declarado desde 1993 Patrimonio Mundial por la Unesco, y evidencia “la imposibilidad de llevar a cabo una mina a cielo abierto al lado del Camino”. El documento técnico pide anular cualquier permiso de la Xunta para la explotación del yacimiento porque el proceso se está haciendo sin hacer una consulta previa a la Unesco, lo que, defiende, vulnera las normas establecidas para la protección de los bienes protegidos.

“No hay que olvidar que la línea de respeto [alrededor del Camino] está a 200 metros de la mina en algún punto. Y en la zona de Santa Irene, está a 1.500 metros y es por ahí por donde saldrían los camiones de gran tonelaje cruzándose con los peregrinos”, expone García, que destaca que la propia empresa admite en los estudios que ha presentado que la mina es visible desde varios tramos. “Los peregrinos ven desde los albergues los cortes mineros”, añade esta vecina, que llama la atención sobre otros efectos menos citados: habrá ruidos, trasiego de vehículos y nubes de polvo que afectarán a la ruta.

García recuerda que el Icomos ya dijo cuando se presentó el primer proyecto que era una amenaza para los bienes declarados Patrimonio Mundial y ahora lo ratifica. El pronunciamiento de este organismo asesor debería tener consecuencias, opina: “De entrada, el informe de Cultura tendría que ser desfavorable. El Camino es la estrella de la Consellería, así que tendrían que ser muy claros”. Con la tramitación del primer proyecto -la mina se intentó reactivar en 2017, pero la Xunta lo terminó descartando por no superar el trámite ambiental; la empresa volvió a presentar sus planes en 2024-, se debatieron iniciativas en varios ayuntamientos gallegos. El de A Estrada (Pontevedra), por el que pasa el río Ulla, aprobó una de rechazo a la reactivación de la mina, relata García. El alcalde era en aquel momento José López Campos, actual conselleiro de Cultura.

Che Cancelo habla en nombre de otra de las plataformas vecinales que están organizando las protestas contra el proyecto -el siguiente acto es una manifestación este domingo en A Illa de Arousa- y reclama a la Xunta que descarte los planes mineros en Touro y O Pino y haga bien los trámites. Cree que, si la Xunta no consultó a la Unesco el proyecto, es “porque no les conviene”.

Cancelo llama a participar en la manifestación del domingo porque, argumenta, es “la única forma de frenarlos”, aunque avisa también de que estudian acciones judiciales contra el proyecto, que sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental, dos años después de que la Xunta lo declarara estratégico.

Un informe del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural) alerta de que la tramitación del proyecto para volver a explotar la mina de Touro - O Pino (A Coruña) arrastra incumplimientos desde su mismo nacimiento, reclama que se anule cualquier permiso para estos planes y que se vuelva a la casilla de salida para elaborar una evaluación previa de impacto sobre el patrimonio porque hay riesgo de que se vea afectado el Camino de Santiago, el eje sobre el que gira buena parte de la política económica del Gobierno gallego y toda su estrategia de turismo.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es y figura al final de esta información, enfatiza que la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural celebrada en París en 1972 estableció que cualquier actuación sobre bienes declarados Patrimonio Mundial [el Camino de Santiago figura en la lista desde 1993], así como en las áreas buffer, que son las que rodean al propio bien, debe ser, “con carácter previo”, consultada a la Unesco o con el propio Icomos. Recalca que la notificación debe ser “lo antes posible (por ejemplo, antes de la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos) y antes de que se tomen decisiones difícilmente reversibles”. Así lo recogen textualmente las Directrices Operativas de la Convención. Pero, advierte, el “dato alarmante” es que, en el caso del proyecto minero de Touro, “no consta que se actuase conforme a las directrices expuestas, con el riesgo que ello supone para los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial”.

El Icomos elabora su informe, con fecha del 21 de mayo, en respuesta a una consulta hecha por el concejal de Medio Ambiente e Camiño de Santiago del Ayuntamiento de Touro, Darío Rey, que trasladaba su preocupación por los posibles impactos. En el texto, la entidad avisa de que, tras consultar la documentación relacionada con el proyecto, “no existe constancia” de que se hayan solicitado esos estudios de impacto patrimonial ni por parte los ayuntamientos afectados, ni de la Xunta, ni del Estado. Su conclusión es que “se han incumplido diferentes determinaciones de carácter procedimental, algunas de ellas fundamentales”. Y concreta que entre los puntos que no se han respetado está la obligación de “notificar por adelantado al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, antes de considerar cualquier acción, toda cuanta propuesta pueda tener un impacto en y sobre el Patrimonio Mundial”. “Es decir, y en el presente caso, las autorizaciones concedidas para la explotación minera de la mercantil Cobre San Rafael en el entorno del Camino de Santiago [...] debieran anularse, toda vez que no han sido consultadas previamente con la Unesco”, sostiene.

Además, la organización recuerda que las evaluaciones de impacto patrimonial deben “iniciarse desde el mismo instante en que se considere que cualquier actuación o proyecto de intervención pueda afectar al Patrimonio Mundial” y que ese proceso de comprobación debe ser “continuo en el tiempo” y mantenerse durante el desarrollo y después de ejecutada la acción. “Cualquier decisión debe ser considerada con carácter previo y a través de una evaluación de impacto, que deberá tratar los bienes del Patrimonio Mundial como elementos sensibles y valiosos”, agrega el Icomos, que enfatiza que los análisis deben tener carácter preventivo. Deja, asimismo, un aviso relacionado con la implicación de colectivos y vecinos de las zonas afectadas: la evaluación de impacto “debe promover y fomentar la participación efectiva, inclusiva y equitativa de los titulares de derechos, las comunidades locales y otras partes interesadas”. Y para ello “no basta con el cumplimiento de un proceso de exposición pública a fin de dar conformidad a un derecho establecido por un texto legislativo”.

El informe recuerda que el proyecto estuvo abierto a consulta pública desde el 25 de noviembre de 2024 -el proceso terminó el 31 de enero de 2025- y revela que el 4 de febrero de 2025 Icomos España envió un escrito a la Consellería de Cultura y otro a la de Economía para recordarles que es necesario cumplir las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial y para trasladarles su “total y desinteresada colaboración” para crear una mesa de trabajo con la administración y la empresa promotora para proteger el Camino de Santiago. El Icomos supervisa el estado de conservación de los bienes Patrimonio Mundial. Cuando se planteó construir un teleférico entre el centro de Santiago y la Cidade da Cultura, se posicionó en contra. La Unesco terminó por rechazarlo también y el Ayuntamiento paralizó el plan por el riesgo de comprometer la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

El concejal de Touro que motivó el informe con su consulta señala, preguntado al respecto, la preocupación por el impacto del proyecto minero en el territorio y en el patrimonio y recalca que la evaluación previa es “fundamental” en una empresa de este tipo por sus posibles efecgtos en los valores que justifican la protección internacional del Camino. Darío Rey destaca que Icomos ponga el foco en la “participación efectiva de las comunidades locales”. El Ayuntamiento, agrega, dispone ahora de un pronunciamiento oficial del principal organismo asesor de la Unesco en la materia en el que cuestiona “aspectos esenciales de la tramitación” y “refuerza la necesidad de extremar las garantías” en la protección tanto de la ruta de peregrinación como de su entorno.

Un proceso complejo en una mina con fuerte rechazo social

El yacimiento de Touro, que entra también en terrenos del municipio de O Pino, se explotó en los años 70 y hasta mediados de los 80, cuando quedó abandonado, sin que se hiciese una reparación ambiental de los terrenos. Esa contaminación persistente la tenían muy presente los vecinos cuando, en 2017, se presentó por primera vez el proyecto para retomar la extracción de cobre a cielo abierto en el lugar. Después de intensas movilizaciones impulsadas por los vecinos, la Xunta optó por guardar los planes en un cajón en 2020. Lo hizo a través de una declaración de impacto ambiental desfavorable en aquel año y con una confirmación de que le daba carpetazo en 2021. Pero ese no fue el final de un proyecto en el que se abrieron varios frentes judiciales y que ha derivado en una inusual situación.

Con el primer intento fracasado, Cobre San Rafael -empresa detrás de los planes para reabrir la mina y participada por Atalaya Mining- recompuso la documentación y volvió a iniciar los trámites ante la Xunta, que declaró, en 2024, proyecto industrial estratégico la propuesta. Esta figura que aplica el Gobierno gallego implica una tramitación más rápida. No obstante, dos años más tarde, sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental. Entretanto, las plataformas vecinales, asociaciones ecologistas y colectivos afectados por los vertidos que ocasionaría la explotación minera, retomaron las movilizaciones -la próxima, convocada para el domingo-. Denuncian que el proyecto es fundamentalmente el mismo que el presentado en 2017 y que tendría un gran impacto ambiental en el terreno y aguas abajo, dado que los arroyos de la zona desembocan en el río Ulla y este, en la ría de Arousa.

En medio del trámite de alegaciones se dio una situación insólita: la empresa envió un comunicado para destacar que, entre los miles de documentos registrados ante la Xunta, había 6.000 que eran a favor del proyecto. Cobre San Rafael ha sido muy activa en estos últimos años en la propaganda de sus planes mineros, colaboraciones con equipos deportivos incluidas.

Una decisión judicial ha añadido complejidad al panorama: en mayo de este año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la declaración de impacto ambiental negativa con la que la Xunta había tumbado el proyecto en 2020 y, en consecuencia, la decisión del Gobierno gallego de ponerle fin. Las críticas de la Justicia se centran en que, ante un proceso que se dirigía a descartar los planes, la Xunta no diese trámite de audiencia a la empresa que los había presentado y le denegase “la última palabra”. A pesar de esta resolución, Cobre San Rafael no tiene intención de retomar ese proyecto, sino que quiere sacar adelante el actual, el que ha sido declarado estratégico.

Esta es solo una de las derivadas judiciales relacionadas con la mina de Touro, que está pendiente de otras: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente.

El estudio de la empresa

La documentación presentada por Cobre San Rafael para pedir la autorización de la Xunta incluye referencias al Camino de Santiago: indica que el Camino Francés -el más popular- se encuentra cerca de la mina, a unos dos kilómetros de distancia de los límites del proyecto. Lo que denomina “ámbito de respeto del Camino”, sin embargo, llega, en el punto más cercano, a solo 200 metros de la mina. La empresa asegura que la explotación no afecta ni al Camino ni a esa zona alrededor en la que también se deben controlar posibles impactos. Aporta un estudio de la Universidade de Vigo sobre integración paisajística que sostiene que solo la zona noroeste de la explotación es visible desde el Camino de Santiago -cuyas dos últimas etapas pasan al norte de la mina- y que la visibilidad llega a ser elevada en “algunos promontorios”. En el trabajo de campo, dice el texto, “se ha prestado especial atención” al tramo que atraviesa el municipio de O Pino, “desde el que podría existir una relación especialmente sensible”. La conclusión es que “el propio sentido de la marcha, hacia el oeste, limita la percepción sobre la explotación minera, que queda a la espalda del peregrino”.

Cuando anunció la declaración de proyecto industrial estratégico para la mina de Touro en 2024, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que la inversión que se promete asciende a 200 millones de euros y los puestos de trabajo, a 394. También dio importancia a que se pretende extraer fundamentalmente cobre, un mineral considerado estratégico por la Unión Europea. El Gobierno gallego ha hecho de la minería una de sus apuestas fundamentales en materia industrial y ha manifestado su intención de reactivar explotaciones que tuvieron una fuerte oposición social. Dentro de su estrategia, encargó un informe sobre los recursos mineros de Galicia, firmado por un geólogo que trabaja para la mina de Touro. Ni la empresa promotora ni la Xunta habían contestado, en el momento de elaborar esta información, a las preguntas remitidas.