Nunca, ni en la fuerte sequía de 1989/1990 ni en la de 2017, había estado tan baja a estas alturas del año la reserva del embalse de Eiras, la pieza fundamental en el abastecimiento de la ciudad de Vigo, la más poblada de Galicia, y varias localidades a su alrededor. El alcalde vigués, Abel Caballero (PSOE), lleva días dando avisos de que solo queda agua para garantizar dos o tres semanas –22 días, según sus declaraciones del miércoles– de calidad “óptima” en el suministro y acusando a la Xunta de tener como única política la de esperar a que llueva, algo que las predicciones apuntan a que va a ocurrir este fin de semana.

Eiras está al 36,36% de su capacidad, muy por debajo de la reserva que tenía acumulada otros años en los primeros días de noviembre. En 2025 estaba al 77,27% y en 2023 registraba incluso un 100%. En los últimos diez años hay que remontarse hasta 2017 –también con sequía– para encontrar una cifra por debajo del 50%. La situación es “inusual”, admite el profesor de Ingeniería Agroforestal de la Universidade de Santiago (USC) Jorge Dafonte, que sitúa el caso de Vigo como el más preocupante en estos momentos en Galicia. Los niveles de otros embalses están bajos, pero no tanto. Habla, por ejemplo, del de Cecebre, que abastece A Coruña, y señala que, con su 38,57% de ocupación actual, no se desvía tanto de la media de los últimos años.

Tener una sequía a estas alturas del otoño “no es lo habitual, pero tampoco es imposible”, dice Dafonte. Recuerda el prolongado periodo de escasas precipitaciones del invierno del 1988 y 1989, que llegó hasta enero y llevó a aplicar restricciones en el consumo de agua en Bilbao, otra de las ciudades de la parte húmeda de la península ibérica. Pero añade que ahora los expertos están hablando de una “mediterraneización” del clima de la costa atlántica norte. En ese contexto de cambio climático se están dando las condiciones específicas de este otoño, en el que apenas ha caído lluvia en Galicia porque no han llegado las habituales borrascas desde el suroeste. La predicción meteorológica dice que la situación va a cambiar desde el fin de semana, pero tiene que caer mucha agua para reponer las reservas en el embalse de Eiras. Unos 200 litros por metro cuadrado, calcula Dafonte, que añade que todo seguirá dependiendo de que después no vuelva el tiempo seco de forma prolongada.

La Xunta declaró a mediados de octubre la sequía prolongada en toda la demarcación Galicia Costa, que es sobre la que tiene competencias (la mayor parte del territorio gallego depende de esta o la Confederación Hidrográfica Miño - Sil. Además, una parte del sur de la provincia de Ourense corresponde a la del Duero y algunas áreas en la frontera con Asturias, a la del Cantábrico). Pero esto no quiere decir que los problemas sean iguales en todos los puntos y el de Vigo resulta el más llamativo este otoño. Para empezar, los expertos suelen subrayar que sequía y escasez de agua no son conceptos equivalentes: la sequía se refiere a la falta de precipitaciones y la escasez a la posible insuficiencia de las reservas de agua disponibles para cubrir la demanda.

59 municipios en alerta por escasez

En su última actualización sobre la escasez de agua, este jueves, el Gobierno gallego fijó la situación de alerta para 59 municipios (entre ellos las ciudades de Vigo, A Coruña, Pontevedra y Ferrol) y la de prealerta para 64. La Xunta puntualiza que esto no quiere decir que haya que aplicar automáticamente restricciones, aunque muchos ayuntamientos vienen eliminando usos prescindibles, como el riego de jardines o el baldeo, desde hace meses. A mediados de agosto, tres de cada cuatro municipios gallegos tenían algún aviso por escasez de agua. Entonces los expertos explicaban que lo que ocurría era una sequía repentina: después de un invierno especialmente húmedo, desde mayo dejaron de caer precipitaciones y se encadenaron varias olas de calor. Eso hizo que suelos, ríos y recursos hídricos perdiesen agua muy rápidamente.

El otoño no ha dejado tampoco, por el momento, grandes lluvias. Los datos de Meteogalicia, la agencia meteorológica autonómica, concluyen, de hecho, que tanto septiembre como octubre han sido cálidos y secos. Con este comportamiento, los embalses para abastecimiento de la población de Galicia Costa tienen, en conjunto, unas reservas del 38,04%, según el último boletín hidrológico, del 2 de noviembre. Hace un año estaban al 65,31%.

Los problemas de construir un nuevo embalse en Vigo

En esta situación, la ciudad de Vigo ha lanzado el aviso de que se están agotando las reservas necesarias para garantizar que el agua que va a llegar a los grifos de unas 400.000 personas va a tener la calidad adecuada. El embalse de Eiras está al 36,36% y el de Zamáns, que se usa también para una parte de la ciudad, al 37,62%. Y entre el Ayuntamiento y la Xunta se ha abierto un nuevo enfrentamiento: el alcalde, Abel Caballero, exige reducir el caudal ecológico y también la construcción de una nueva presa aguas arriba de la actual, en el río Oitavén, mientras que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, considera que la situación es preocupante, pero no llega a la emergencia en ningún punto de la comunidad. Caballero sostiene que, sin la potabilizadora municipal, el problema ya habría estallado.

Jorge Dafonte pide hacer un análisis profundo de lo que ocurre en Vigo, con los efectos tanto de un incremento de la demanda en la ciudad y su área metropolitana y los de una tendencia a lluvias más concentradas y periodos secos más largos. Insiste en que lo primero es buscar fórmulas para rebajar el consumo, utilizar aguas regeneradas para usos como los baldeos y resolver posibles pérdidas en la red. Construir un embalse es “la última opción” y, además, sería una medida a largo plazo, dados los tiempos de tramitación y construcción.

Alberto Vaquero, profesor e investigador de la Universidade de Vigo del grupo GEN (Governance, Economic and Nature), apunta al escenario general de Galicia: el problema de la falta de agua se está presentando en un territorio considerado hasta ahora “un oasis térmico e hídrico”. Hay “bastantes presas, pero su capacidad es bastante limitada” porque se pensaron para una tierra de lluvias, añade. Sus propuestas van sobre todo por la vía de mejorar los sistemas de potabilización (“no es suficiente tener agua, hay que poder tratarla mejor”), controlar el sistema para evitar las pérdidas, buscar un uso más moderado del recurso y plantear una subida de la factura. “En un informe que hicimos para la Federación Galega de Municipios e Provincias investigadores de la USC y la UVigo apostábamos por establecer precios reales del servicio del agua, ya que los municipios suelen incurrir en costes que no siempre son repercutidos al consumidor”, defiende.

La Policía desalojó la pasada madrugada la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol. Pero, lejos de Madrid, las protestas por las dificultades para ver protegido un derecho fundamental se mantienen. Un ejemplo de ello son las decenas de tiendas de campaña que continúan instaladas en la Praza do Obradoiro, a los pies de la catedral de Santiago y entre el trasiego de los peregrinos y de la grabación de una nueva película (Buen Camino, dirigida por Susan Béjar) sobre el Camino. Se quedan de forma indefinida, dice Isa, una de las portavoces, porque sus reclamaciones siguen vigentes y cada acampada decide de forma autónoma qué medidas tomar.

Esta portavoz explica que han recibido con “rabia” las noticias procedentes de Madrid, donde los participantes en la protesta denunciaron que el desalojo fue violento. La Delegación del Gobierno, por su parte, describe una intervención sin apenas incidentes, en la que hubo dos detenciones por desobediencia y resistencia a la autoridad.

La acampada de Santiago, que empezó en la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre, va a mantenerse porque el problema por el que protestan sigue sin estar resuelto y el acceso a la vivienda sigue estando repleto de dificultades: precios elevados tanto para compra como para alquiler, viviendas vacías, presión turística, discriminación a determinados colectivos. El motivo se repite en otras ciudades que siguen adelante con las tiendas de campaña.

Vigo

En el caso de Vigo, la decisión es también permanecer de forma indefinida. Los participantes en la protesta, que comenzó el 13 de octubre en la Alameda de la ciudad, insisten en que es necesario seguir exigiendo vivienda digna y a precios asequibles. Allí, según informa Europa Press, continúan instaladas 60 tiendas y entre 30 y 40 personas se quedan a dormir cada noche.

Barcelona

La acampada de Barcelona, que lleva más de un mes instalada en la plaza Catalunya, tiene la intención de resistir indefinidamente. Pocas horas después del desalojo de la Puerta del Sol, los apostados en la capital catalana han avisado de que volverán a “ocupar cualquier plaza, espacio o edificio público o privado” en caso de que se les expulse, informa Sandra Vicente.

Por su parte, el Govern de la Generalitat ha asegurado este martes que ni el Ejecutivo catalán ni el Ayuntamiento de Barcelona tienen pensado desalojar el espacio. “No hay elementos que lo recomienden y no prevemos ninguna actuación en este momento”, ha explicado la portavoz Sílvia Paneque.

Sevilla

En la capital andaluza también se mantiene la movilización, aunque entre amenazas de desalojo. El alcalde, José Luis Sanz (PP), ha ofrecido a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla tanto la Policía Local como el Grupo de Actuación Rápida (GAR) para un posible desalojo de la acampada de las Setas de la Encarnación. Considera que ha quedado “comprobado que las peticiones que llevaban a cabo los que están allí son una auténtica mentira” y pide al subdelegado del Gobierno la expulsión inmediata de quienes protestan.

Palma

El escenario es similar en Palma, en donde el alcalde, Jaime Martínez (PP), informó de que la Policía Local va a empezar a abrir expedientes sancionadores a los acampados que incumplan las ordenanzas cívica y de ocupación de la vía pública y volvió a reclamar a la Delegación del Gobierno en Balears que intervenga para desalojar la Plaça d'Espanya, informa Esther Ballesteros.

“Si en Madrid se ha considerado que esta concentración ha superado el plazo previsto y que la situación ya no está amparada por el derecho de manifestación, en Palma debe aplicarse exactamente el mismo criterio”, defendió Martínez, que ya había pedido hace un mes a la Delegación del Gobierno que adoptara medidas para poner fin a la protesta.

Santander

La acampada por la vivienda de Cantabria va a abandonar el próximo viernes la plaza Porticada, tras casi 40 días de protesta, aunque sus integrantes seguirán preparándose para la jornada de huelga general del 11 de noviembre, informa Olga Agüero. En sintonía con la acampada de Sol, el Sindicato de Estudiantes dio el primer paso y fueron los primeros en instalarse en la plaza, un campamento que ha llegado a reunir 40 tiendas y que ha organizado desayunos solidarios, asambleas abiertas, talleres y actividades para mantener viva la reivindicación y el debate.

Las cinco semanas han ido pesando en el ánimo de los participantes, ya que muchos de ellos, después de dormir en la plaza, tenían que ir a trabajar o a clase. A eso se une la inseguridad que han sufrido por las noches, que les obligaba a turnarse para hacer guardias y evitar incidentes. También recibieron en varias ocasiones la visita de la Policía Local de Santander para identificar a sus integrantes y amenazar con multas por ocupación del espacio público. En este momento tienen los datos de 19 personas. La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha estado en contra de la acampada y les ha llegado a acusar de estar “privatizando” un espacio público.

Pontevedra

En Pontevedra está prevista una asamblea el martes por la noche para decidir qué hacer tras el desalojo en Madrid. Será el miércoles por la mañana cuando informen de qué pasos van a seguir en esta protesta, que está a punto de cumplir un mes.

En otros territorios las acampadas se habían levantado ya, como fue el caso de las de Gran Canaria, Tenerife o Bilbao.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no ha admitido ninguna pregunta de la prensa durante la habitual comparecencia tras la reunión semanal de su gobierno. El argumento es que debe cumplir la ley electoral y que la intención es evitar posibles denuncias ante la Junta Electoral por dar un uso partidista a las decisiones del Gobierno gallego cuando están convocadas ya unas elecciones, las generales del próximo 29 de noviembre. Fuentes de su equipo señalan que, desde el anuncio de la fecha de los comicios ya se presentaron cuatro denuncias. Dos de ellas tuvieron un resultado favorable al Gobierno gallego y otras dos -una de ellas sobre asuntos abordados tras un Consello-, en contra.

Las denuncias por la utilización partidista de las decisiones del Gobierno gallego, que pueden derivar en expedientes y sanciones, son habituales con cada convocatoria electoral -y no solo en Galicia-. Son varias las recibidas por la Xunta en la carrera a las urnas en diferentes ocasiones, pero fue en la campaña de las autonómicas de febrero de 2024 cuando Rueda decidió por primera vez restringir las preguntas en sus comparecencias tras el Consello de la Xunta.

En aquella campaña, la Xunta optó por impedir a la prensa hacer preguntas tras la comparecencia posterior al Consello con el mismo argumento de que no quería arriesgarse a incumplir la ley. Llevaba ya algunos toques de atención por cuestiones como publicitar el complemento autonómico a las pensiones y consideró que esquivar las cuestiones de los periodistas -esta comparecencia semanal se aprovecha habitualmente para preguntar por temas de cualquier asunto de actualidad, incluidos posicionamientos políticos- daba respuesta al problema.

No lo hizo y, de hecho, la Junta Electoral le abrió después expediente por uno de los asuntos que él presentó por iniciativa propia en una de sus comparecencias tras el Consello, en la que ya no admitió preguntas si no eran sobre cuestiones específicas del Consello. Hizo notar en el expediente que las manifestaciones problemáticas no se habían hecho en respuesta a ningún periodista.

En esta ocasión, la decisión de no admitir preguntas -ninguna, ni siquiera sobre el contenido de la comparecencia- fue anunciada a la prensa solo unos minutos antes del inicio de la comparecencia. El presidente gallego sí tiene previsto contestar a los medios a cuestiones de actualidad fuera de los actos institucionales de la Xunta.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclama que la investigación sobre el choque de dos trenes en Urda, que deja, hasta el momento 69 fallecidos, se lleve “hasta las últimas consecuencias, con rigor e independencia” y que, de este modo, las víctimas reciban “la verdad, la justicia y la reparación” que no tuvieron los afectados por el accidente del Alvia en Angrois en 2013. La líder de la formación nacionalista pide, además que se depuren responsabilidades, “caiga quien caiga”: “Esto no va de un ministro ni de un gobierno, va de garantizar que tengamos infraestructuras seguras y que accidentes de esta magnitud, con un coste en vidas humanas que es impagable, no se vuelvan a repetir”.

Pontón, que participó en el minuto del silencio de todos los grupos en el Parlamento de Galicia, volvió a trasladar su apoyo a las víctimas y manifestó que en Galicia “remueve por dentro” porque trae a la memoria el accidente de Angrois, que considera que dejó como lección que “ante una tragedia de este tipo es imprescindible, incluso un imperativo legal, darles a las víctimas y a sus familias verdad, justicia y reparación”.

Añadió que la deuda no se saldó en el caso de Angrois y señaló como responsables al PP y al PSOE. Recordó también que Alberto Núñez Feijóo, que era presidente de la Xunta cuando se produjo aquel accidente, se opuso a una investigación en el Parlamento gallego sobre lo ocurrido, en donde el PP votó cuatro veces en contra. Indicó que la formación conservadora también se opuso tres veces en el Congreso, aunque en la Cámara baja terminó por crearse una comisión de investigación en 2017. “Está bien que Feijóo diga que España merece saber, pero también Galicia merecía saber y Feijóo hizo todo lo posible para evitarlo”, protestó Pontón. Ahora, tras el choque de Urda, exige una investigación que no se cierre en falso y que se tomen medidas para garantizar la seguridad de los trenes.

La subasta de bienes sacados del Pazo de Meirás es “un espectáculo lamentable e inmoral”, según la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, que carga contra el Estado y la Xunta porque considera que esto es una evidencia de que “no defendieron adecuadamente” estos objetos, muchos de los cuales sostiene que deberían formar parte del patrimonio público. Lamenta esta “especie de feria de oportunidades del franquismo” que tiene como beneficiarios a los herederos del dictador Francisco Franco: “Una asquerosa apología muy lucrativa del régimen”.

El colectivo memorialista protesta porque las administraciones no atendieron sus peticiones de hacer inspecciones de los bienes y, en caso de que se encontrase alguno del dominio público, se impidiese la venta. Con independencia de que figuren o no en inventarios, “los bienes de dominio público son imprescriptibles e inalienables”, recalca. La CRMH hace referencia a los inventarios e informes encargados sobre los bienes que estaban en el interior del pazo una vez que la Justicia falló que el inmueble debía pasar a manos del Estado. Esos documentos fueron los que determinaron qué piezas debían permanecer en Meirás y cuáles se consideraban propiedad de los Franco.

La CRMH asegura que, entre los bienes sacados a subasta, hay objetos que estaban en Meirás antes de que muriese el dictador e incluso antes de la llegada de los Franco en 1938, por lo que están ligados a la escritora Emilia Pardo Bazán o al periodo de la dictadura. Cuestiona que estas piezas no se hayan reclamado como patrimonio público. En el catálogo de la puja, insiste, se evidencia que muchos de los objetos tienen, “como mínimo, una aparente vinculación” con esas etapas históricas y que, en varios casos, es fácil identificarlos con fotografías antiguas. “Exigimos, pues, que se den las explicaciones oportunas de por qué bienes del pazo, que tienen la consideración anteriormente descrita, no fueron incorporados a los inventarios que defendió la Abogacía del Estado en los diferentes procesos de reclamación judicial”.

Esta falta de diligencia de la que acusan a Xunta y Estado en la defensa de los bienes de Meirás “atenta contra la integridad patrimonial del pazo”, pero también “contra la memoria y el respeto que una sociedad democrática debe ofrecer a las víctimas del franquismo”. “Es inaceptable que, a más de 50 años de la muerte del dictador Franco, sus herederos continúen apropiándose de bienes que tienen su origen en la dictadura franquista”, recalcan. Y consideran que esto contradice algunas de las afirmaciones que se hacen en la reciente declaración del pazo como Lugar de Memoria, como la de que el inmueble deja de ser un símbolo de la apropiación y el poder franquista para ser un referente de la defensa de los valores democráticos y de la construcción de una memoria colectiva basada en la verdad, la justicia, la reparación y la preservación del patrimonio común. Con la subasta “ocurrió justo lo contrario”, agregan.

La CRMH recuerda que está pendiente la ejecución de la liquidación del estado posesorio de Meirás, lo que va a implicar que el Estado abone una compensación a los Franco por abandonar el pazo, dado que la sentencia considera que los herederos del dictador actuaron de buena fe. De nuevo, protesta el colectivo, los beneficiarios son los descendientes de Francisco Franco. Estos ingresos que van a tener, tanto por la indemnización como por la subasta, se derivan de procesos en los que las administraciones “reconocieron derechos a los herederos del dictador que resultan insoportables en términos morales y democráticos”, concluyen.

Los científicos del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM), un centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), creen que han localizado en el interior de la ría de Vigo la mayor colonia de caballitos de mar –en concreto de Hippocampus guttulatus, los que tienen el hocico alargado– del litoral español. El equipo del proyecto Hippo Dec quiere ahora identificar a cada uno de los ejemplares que componen ese grupo, estudiar su comportamiento tanto de día como de noche y hacerles un seguimiento. La información de la que disponen, por el momento, es que tienen una actividad nocturna inusual en una especie diurna: han sido vistos comiendo y adoptando curiosas posturas, colocados boca abajo, mirando al fondo en busca de presas en las horas de oscuridad, cuenta uno de los especialistas implicado en el estudio, Miquel Planas.

Lo que puso sobre aviso a este grupo de investigadores (además de Planas, forman parte del equipo Sira Pereira Cividanes y Jorge Hernández Urcera) fue la información recabada por José Irisarri, un documentalista submarino que hizo numerosas inmersiones en una zona del interior de la ría de Vigo en la que se encontró con que puede haber entre 50 y 70 caballitos de mar, lo que convertiría a esta colonia en la mayor de España. Los expertos del IIM han hecho hasta ahora una única inmersión, para acotar la zona de estudio, pero a partir de noviembre confían en poder hacer al menos una inmersión diurna y otra nocturna cada mes.

Planas explica que quieren poder distinguir a cada uno de los ejemplares. Esa labor de identificación la van a hacer mediante el patrón de puntos blancos que tienen en el cuerpo, sobre todo en el tronco y la cabeza, y que es distinto en cada individuo. “Queremos saber cuántos son, quiénes son, si se relacionan o no, analizar su comportamiento y comparar el día y la noche”, expone. También tienen la intención de hacer un documental, de menor duración que otro realizado hace ocho años, SyngDoc. El desconocido mundo de los signátidos, premiado en el Ciclo Internacional de Cine Submarino de San Sebastián.

El proyecto Hippo Dec, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica, va por su cuarta anualidad. El objetivo del plan es evaluar el estado del caballito de mar en el litoral español. La especie es vulnerable y el Hippocampus guttulatus acaba de ser incluido en el catálogo de especies amenazadas. En esta tarea, los investigadores cuentan con la llamada ciencia ciudadana: fotografías, imágenes e información que aportan de sus observaciones personas que no tienen por qué ser especialistas en ese campo.

Ahora, los científicos del IIM van a estudiar a fondo esta abundante colonia localizada en la ría de Vigo. Y, en función de los resultados, propondrán que se aplique protección a esta zona, que Planas indica que es una pradera de zostera (una planta acuática que está en retroceso por la contaminación y otros efectos de las actividades humanas) bien conservada, en la que no hay actividad ni de pesca ni de marisqueo y se ha convertido en un refugio no solo para caballitos de mar, sino para otras muchas especies que encuentran también alimento aquí.

Un arrecife artificial en el puerto

Los caballitos de mar se dejan ver también por áreas menos esperables en la ría de Vigo. Los varios avistamientos acumulados en el puerto de la ciudad llevaron a instalar a este año varias estructuras, similares a jaulas, en dos puntos distintos, en el visor de A Laxe y en el de Bouzas. La intención era crear un arrecife artificial para facilitarles la permanencia en la zona, sobre todo para proporcionales estructuras para agarrarse, dado que estos animales suelen usar la cola para aferrarse y consumir menos energía. El investigador Jorge Hernández Urcera explicaba el pasado mes de febrero que al principio fue una sorpresa recibir tantos avisos de que alguien había visto un hipocampo en un lugar con tanto trasiego como el puerto vigués. Después le encontró una lógica: siempre hay alguna zona con pocas perturbaciones y con alimento y los amarres les proporcionaban puntos a los que sujetarse.

Así surgió la idea de instalar varias estructuras submarinas y observar lo que ocurría. Hernández Urcera indica que este mes terminó el seguimiento mensual y ahora es momento de preparar el informe final. Cuenta que en la actualidad hay dos refugios fondeados en el visor de A Laxe, que están allí desde febrero, y en los que han visto a unos 20 ejemplares de caballito de mar. Hay otros dos refugios en el visor de Bouzas desde julio y allí han observado a dos de estos animales. Los investigadores tienen que analizar las imágenes tomadas para determinar si hay observaciones repetidas del mismo ejemplar en diferentes días o son distintos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defiende usos de la inteligencia artificial como el dado por el PP a esta tecnología para generar vídeos en los que se suplanta la identidad de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero o Montse Mínguez para que aparezcan reconociendo presuntos delitos. “Hombre, estamos hablando de redes sociales, que cada vez se vuelven más atrevidas, innovadoras y más, entre comillas, transgresoras”, defendió.

Rueda, que es también presidente del PP gallego consideró que el uso es adecuado, si se hace “con límites y con respeto”, algo que considera que se da en este caso. La condición que pone es que se debe indicar que se recurre a la inteligencia artificial para crear esos contenidos.

El presidente gallego ha cargado contra “los que más se quejan” por este tipo de campañas en redes sociales porque considera que son los mismos que “en su momento fueron más allá”. No concretó, sin embargo, a qué actitudes concretas se refería, pero sí manifestó que está convencido de que “si se les corre algo original”, lo harán antes de que termine la campaña para las elecciones del 29 de noviembre. No hay, repitió, “absoluta barra libre”, pero su postura es que las redes sociales están “para ser transgresoras, más cuando se habla de inventiva política”.

Tras difundir el PP los vídeos hechos con IA, el PSOE señaló que estaba estudiando emprender acciones legales.

Ángeles Vázquez, la hasta ahora conselleira de Medio Ambiente -una área en la que cosechó constantes críticas de los colectivos ambientalistas- va a ser la nueva titular de la Consellería de Política Social e Igualdade. Vázquez, que se ha destacado por su defensa de Altri, cambia de competencias para cubrir el puesto de Fabiola García, quien cesó como responsable de las políticas sociales de la Xunta para concurrir de número dos en las listas del PP al Congreso por A Coruña el próximo 29 de noviembre.

El puesto de Ángeles Vázquez en Medio Ambiente lo va a ocupar Nicolás Vázquez, el hasta ahora secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, resuelve la remodelación de su gabinete con promociones internas: la conselleira Ángeles Vázquez se ve premiada con un departamento con más tamaño y presupuesto -1.535 millones de euros previstos para 2027, frente a los 168,5 de Medio Ambiente- y al frente de las políticas ambientales asciende a un perfil procedente del área de la industria.

La comunicación de los cambios no se hizo hasta después de que finalizase la comparecencia ante la prensa en la que Rueda informa de los asuntos abordados en el Consello de la Xunta. Se hizo mediante una nota de prensa, en la que se recuerda la trayectoria de ambos. Ángeles Vázquez, que fue alcaldesa en Melide (A Coruña), entró en la Xunta en 2015, cuando Alberto Núñez Feijóo era el presidente, para ocuparse de la Consellería do Medio Rural. En 2018 pasó a la cartera de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Llegó a ser vicepresidenta segunda de la Xunta, pero Alfonso Rueda modificó la estructura del Gobierno gallego tras lograr su primera mayoría absoluta en 2024 y eliminó las dos vicepresidencias que había hasta entonces, un modelo heredado de Feijóo.

Fabiola García firmó su cese el domingo y, por lo tanto, el Consello de esta semana se hizo sin conselleira de Política Social para presentar los temas de su departamento -unas ayudas para que las familias paguen menos por el comedor en las escuelas infantiles de entidades de iniciativa social-. Según Rueda, la demora entre la salida de una titular y el nombramiento de la siguiente no se debió a ningún problema, sino que fue de índole práctica, para evitar posibles objeciones de la Junta Electoral a que hubiese estado ejerciendo en un cargo incompatible con ser candidata al Congreso hasta el mismo día en el que se registran las listas para las elecciones del 29N.

García deja un departamento que ha afrontado o afronta conflictos en todas las áreas de su competencia: de los problemas en las residencias de mayores y el servizo de axuda no fogar (SAF), a las protestas en la educación infantil, las demoras en la atención a la dependencia o las resistencias a acoger a menores migrantes.

Por su parte, Nicolás Vázquez da el salto de las políticas industriales al medio ambiente. El perfil elegido por Rueda es el de un funcionario que pasó ya por la Vicesecretaría Xeral de la Vicepresidencia y la Consellería de Presidencia entre 2015 y 2020, cuando el vicepresidente y conselleiro de Presidencia era el propio Rueda. En septiembre de 2020, tras las elecciones autonómicas de ese año, pasó a ser secretario xeral técnico de la Consellería do Medio Rural y, en junio de 2023, pasó a ocupar el cargo de secretario xeral de Industria -dentro de la Consellería de Economía e Industria-. Un año después sumó las competencias de Desenvolvemento Enerxético.

El nuevo conselleiro, nacido en Lugo en 1974, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago de Compostela y en Ingeniería Industrial por la UNED. Trabajó en el sector privado como consultor en sistemas de información, según indica la Xunta. Entre 2001 y 2015 se ocupó de diferentes funciones en el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) y ese último año se incorporó como funcionario del cuerpo facultativo superior de la Xunta.

Ángeles Vázquez, por su parte, es una veterana en la política institucional. Nacida en 1972 en Melide, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidade de Santiago de Compostela. Fue alcaldesa en su localidad natal en dos periodos: entre 2004 y 2007 y entre 2011 y 2015, además de concejala, diputada provincial en A Coruña y diputada en el Congreso.

La toma de posesión de ambos será el martes a las 9.00 horas en el Pazo de Raxoi. Rueda ha adelantado que la comparecencia en el Parlamento para presentar los presupuestos de Política Social, que estaba prevista para la misma jornada, se va a retrasar.

El debate sobre las pensiones se le atragantó a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP estatal, en la campaña de las elecciones de 2023. Ahora, en la precampaña de otras generales, la cuestión se ha vuelto a poner de actualidad por unas declaraciones de la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, que aseguró que el sistema “va a petar”. Feijóo tuvo que salir a aclarar que él se compromete, si gobierna, a actualizar las pensiones con el IPC y a defender que “los jóvenes tienen derecho a un sistema público de pensiones viable”, aunque sigue insistiendo en que hay un “agujero”.

Pero, en medio de estas manifestaciones, su barón -y sucesor- en Galicia, Alfonso Rueda, ha optado por mantenerse lo más al margen posible de la cuestión y, en respuesta a dos preguntas, ha manifestado que él confía en las decisiones de Feijóo y no se atreve a dar recetas: “No tengo todos los datos ni capacidad para concretar”.

Para evitar el asunto de si hay un agujero en las pensiones y el espinoso debate que se deriva de las posibles medidas a tomar, Rueda se ha limitado a remitirse a las palabras de Feijóo sobre la actualización con el IPC y a decir que está “seguro” de que el líder de la formación conservadora “hará lo necesario” para garantizar que las pensiones sean “intocables” si gobiernan. “Ya lo demostró con su gestión económica en Galicia”, añadió.

Las aclaraciones hechas por Feijóo no dejan, según Rueda, “lugar a ninguna duda”. “Lo que dijo es lo que hay que hacer y quedó clarísimo. Poco más que decir”, zanjó el presidente de la Xunta.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido la decisión de su gobierno de no declarar luto oficial por el fallecimiento de Xosé Manuel Beiras, intelectual, dirigente del nacionalismo gallego y diputado durante años en el Parlamento, el pasado 8 de octubre. “Era una persona que no representaba a la totalidad de los gallegos, sino a una parte de ellos”, razonó.

El presidente gallego reaccionó al fallecimiento de Beiras publicando un mensaje en sus redes sociales en el que reconocía que era una figura de referencia que “marcó las últimas décadas de la vida política de Galicia e intentó aportar lo mejor de sí mismo, sin dejar a nadie indiferente”. La número dos del PP gallego, Paula Prado, acudió, junto al Conselleiro de Cultura, José López Campos, y otros cargos del PP y de la Xunta al acto civil de despedida, en el que no estuvo Rueda. Tampoco estuvo el presidente del PP estatal -ni publicó ningún mensaje-, Alberto Núñez Feijóo, que coincidió con Beiras en el Parlamento y protagonizó con él algunos de los momentos más recordados del paso del dirigente nacionalista en la Cámara gallega.

Rueda justificó también el silencio de Feijóo con el argumento de que Paula Prado visitó la capilla ardiente en nombre de todo el PP gallego, dentro del cual considera que está incluido el líder estatal. El presidente de la Xunta acusó a otras fuerzas políticas de “hacer polémica de todo esto”. Expuso que su postura es que sí merecían el luto oficial Manuel Fraga, como expresidente de la Xunta, y el que fue conselleiro de Facenda Valeriano Martínez, fallecido en plena jornada laboral porque ellos sí “representaron a la totalidad de los gallegos” en su papel dentro del Gobierno. Rueda sostuvo que “son cosas diferentes”.

El caso de Ludmila Sanches ilustra cómo funciona: ella vivió en un piso con otros menores tutelados hasta que se trasladó a A Coruña para hacer un ciclo formativo en Integración Social y ahí fue cuando se topó con una soledad que antes no había vivido y que ella no buscaba. Cuenta que los primeros meses estaba bien, pero poco a poco fue ganando espacio en sus pensamientos la comparación, tanto con sus compañeros como con las vidas ajenas que intuía a través de las redes sociales: “Yo el fin de semana, al final, me quedo aquí, mientras que ellos se van con la familia, hacen churrascadas...”. Se metió en un bucle en el que sentirse aislada hacía que se aislase más y se quedase encerrada en su habitación.

Aunque está más instalada socialmente la idea de que la soledad no deseada es un problema sobre todo de personas mayores, es “un fenómeno muy importante ahora mismo” entre los jóvenes, explica el profesor de Psicología y director de la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar (UIICF), vinculada a la Universidade da Coruña. “Es un factor de riesgo de salud mental, de situaciones de depresión e incluso de riesgo de suicidio”, expone durante un descanso entre los encuentros del think tank sobre soledad no deseada organizado en Santiago de Compostela por Igaxes, una ONG de apoyo a la infancia y la juventud en riesgo, coincidiendo con su 25 aniversario. Este experto indica que quienes han pasado por una infancia o juventud “con una adversidad muy grande”, como en el caso de los menores tutelados, son más vulnerables y su situación hace necesario mucho trabajo para reforzar el sentimiento de pertenencia.

Igaxes, que tiene como una de sus insignias el programa Mentor, de apoyo a jóvenes tutelados en la etapa en la que pasan a ser mayores de edad y tienen que afrontar la emancipación, ha empezado a detectar el fenómeno de la soledad no deseada entre quienes están en el sistema de protección a menores. Carlos Rosón, el director de esta ONG, recalca el impacto que tiene en estos casos: “Las consecuencias son más intensas que en quienes tienen un entorno familiar o escolar más acogedor”.

“Muchas veces vienen de una situación traumática, han tenido ya un abandono muy profundo. Y un nuevo abandono social tiene una influencia transversal en su vida, que afecta a la toma de decisiones, a la motivación, a la salud mental o a la formación”, expone Rosón. La necesidad cada vez más evidente que general el impacto de la soledad no deseada llevó a Igaxes a convocar a varios expertos en la materia a las jornadas por su aniversario. También a jóvenes, como Ludmila Sanches, que han pasado por el sistema de protección a menores en riesgo.

Sanches relata que ella estuvo muchos meses aislada y terminó por dejar el ciclo que estaba estudiando cuando solo le faltaban dos asignaturas para terminarlo. Considera que tuvo suerte de darse cuenta de que tenía que dejar de alimentar ese aislamiento. Cree que ese es un paso fundamental y que el siguiente es no tener vergüenza para pedir ayuda. “A mi yo del pasado le diría que no tenga miedo, que deje el ciclo y siga adelante, que ya lo continuará”, dice.

Ella identifica la fase crítica: fue tener que dejar el piso en el que convivía con otros jóvenes que también estaban dentro del sistema de protección. Asegura que en esa vivienda ni ella ni sus compañeros tenían la sensación de estar solos, pero al salir afrontaron el miedo de tener que hacer una vida adulta -con 18 años o en, en algunos casos, en los primeros de la veintena- en la que todo dependía ya de ellos mismos, sin red que amortiguase posibles reveses. Sanches opina que es importante prepararse para ese momento y también saber dónde hay recursos si necesitan ayuda psicológica.

La paradoja de la sociedad conectada

Valentín Escudero señala el contrasentido del aumento de la soledad no deseada en una sociedad que tiene medios para conectarse de manera inmediata y constante: “La sensación subjetiva de no formar parte es un fenómeno creciente, precisamente por esa paradoja. El mundo ofrece tal inmensidad de conexiones que hace que, a veces, te sientas perdido”.

Un estudio realizado en 2024 por Fundación Once, con la colaboración de Ayuda en Acción, se centraba en la soledad no buscada entre los jóvenes en España y llegaba a la conclusión de que una de cada cuatro personas de 16 a 29 años se sentía sola y que, entre estos, la mayoría (un 75%) decía que se encontraba así desde hacía más de un año. A la pregunta de si lo habían experimentado alguna vez en su vida, el 69% respondía que sí.

Ampliar el sistema de protección después de los 18

Escudero pone en foco en las circunstancias que añaden dificultades para quienes están en el sistema de protección de menores: “Han tenido una adversidad muy grande en su crianza y haber tenido una experiencia compleja en los primeros años, una experiencia de apego que no les ha aportado la seguridad suficiente, crea una base de vulnerabilidad que hace que todo el trabajo con estas personas deba poner especial atención en construir seguridad, en que formas parte, que perteneces. Conectar con otros, con el grupo, con la sociedad, es fundamental. Es el concepto de integración”.

Ante esta situación, el director de Igaxes subraya que “nada se puede hacer sin buenos recursos” y defiende que estos deben ser públicos, en especial cuando se trata de menores en riesgo. Tanto él como Escudero y Sanches ponen el foco en el desfase que hay entre la realidad social actual y esperar de un joven de 18 años que se emancipe y tenga un proyecto de vida independiente, como se espera de los menores tutelados. Piden programas personalizados que vayan más allá de la mayoría de edad. “En la sociedad más normativa no hay una expectativa de que a los 18 años nadie vuele por su cuenta y se emancipe”, insiste Escudero. Rosón abre otra posibilidad: permitir que quienes se emancipan puedan volver al sistema de protección “si hay un revés”.

La Xunta ha anunciado varios cambios en la normativa sobre convivencia en las aulas gallegas. Una de las propuestas es que, por norma general, la medida que se tome para un alumno que cometa acoso o ciberacoso en las enseñanzas obligatorias sea obligarlo a que cambie de centro. También habrá un régimen sancionador para los casos en los que familiares o allegados de un alumno o el propio alumno agredan a un docente, con multas de entre 300 -en los casos leves- y 15.000 euros -en los muy graves-, que serán compatibles con posibles responsabilidades civiles o penales.

Las modificaciones se van a incluir en la ley de acompañamiento, que se presenta cada año junto con los presupuestos y que la Xunta utiliza para concentrar decenas de cambios legislativos en un solo debate. El anuncio lo hizo el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que sustituyó este martes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda -de viaje institucional en Bruselas-, al frente del Consello.

La intención con las modificaciones es, según Calvo, “fortalecer el clima de respeto, responsabilidad y convivencia” en las aulas. La nueva redacción va a establecer tres grados de gravedad -leve grave y muy gravemente perjudicial para la convivencia-, frente a los dos actuales -leves y muy graves-. Los cambios van a afectar a la ley de la convivencia y al decreto que la desarrolla.

Dentro de la categoría de conductas muy graves se van a incluir expresamente las agresiones, actos violentos, amenazas o coacciones susceptibles de causar un perjuicio grave, actos graves de discriminación, vejación o humillación, manifestaciones graves de odio, violencia de género y sexual, acoso y ciberacoso, grabación y publicación o difusión de contenidos que vulneren gravemente el honor, la dignidad o la intimidad. La nueva redacción va a hacer mención a la creación o manipulación mediante inteligencia artificial de contenidos que lesionen estos derechos, en un contexto en el que se han conocido varios casos en España de alumnos que han difundido imágenes de contenido sexual creadas con inteligencia artificial utilizando fotografías de compañeras.

La Xunta quiere también que las conductas que se consideren más graves impliquen la suspensión de la asistencia al centro de quien las cometa por periodos más largos que los actuales o que haya un cambio definitivo de grupo.

Calvo señaló también que la Xunta tiene previsto poner en funcionamiento la Oficina de apoio ao profesorado, que asegura que dará acompañamiento y orientación a los profesores, incluida asistencia jurídica, y prestará apoyo ante agresiones, amenazadas, situaciones de acoso o ataques físicos o a través de las redes sociales por parte de familiares del alumnado o sus representantes legales.

La Xunta de Galicia, gobernada por el PP, se suma a las voces de ese partido que respaldan la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de más de 160.000 españoles nacionalizados por la ley de nietos. No ve en esa postura una contradicción con las décadas de defensa de los derechos de los descendientes de emigrados y las campañas del PP gallego en busca del voto exterior, con viajes frecuentes tanto de Manuel Fraga como de Alberto Núñez Feijóo.

En respuesta a una pregunta al respecto, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que presidió este martes el Consello de la Xunta porque Alfonso Rueda se encuentra en Bruselas para participar en actos del Comité Europeo de las Regiones, siguió la argumentación dada por otros miembros del PP: “El Supremo no impide votar a los residentes en el exterior que hayan demostrado que son descendientes de exiliados. Lo único que dice es que hay muchos casos en los que no es demostrable que se pueda aplicar esta ley [de nietos]”.

Calvo defendió que “conviene sanear” los listados antes de que se incorporen todos los nacionalizados al censo electoral. Añadió que ve “nerviosismo” en el PSOE y que eso “hace desconfiar a la persona más inocente de España de la verdadera intención del Gobierno”. El conselleiro dice que nada de esto es contradictorio con las numerosas ocasiones en las que el PP gallego se volcó en hacer campaña en el exterior, en busca del voto de los descendientes de emigrados de Galicia, o con declaraciones como las realizadas por Feijóo en su primer viaje a América Latina tras su primera mayoría absoluta en Galicia, lograda en 2009. Entonces, el ahora presidente del PP estatal, reivindicó “la equiparación de derechos de los emigrantes, tanto sociales, en el ámbito de la sanidad y los servicios sociales, como en la equiparación de derechos fundamentales, como es el derecho al voto”.

Los datos de la espera media para operarse en la sanidad pública gallega no han dejado de empeorar en el último año, en el que la demora se ha disparado tanto que solo el peor momento de la pandemia ofrece una cifra más negativa. Al cierre del primer semestre de 2020, la crisis sanitaria llevó la espera para una intervención a los 100,8 días. Seis años después, al término de junio de 2026, la cifra era de 89,5 días, es decir, prácticamente tres meses. Son casi 20 días más que un año antes. Y el dato ni siquiera recoge la realidad completa de lo que los pacientes aguardan en el sistema sanitario público gallego. El motivo es que estos números hacen referencia únicamente a la lista estructural, pero la no estructural, en la que muchas personas acaban por negarse a ser intervenidas en centros privados con los que la Xunta tiene un concierto, permanece fuera de los cálculos.

Rocío (nombre ficticio para evitar ser identificada) se está enfrentando ahora mismo a lo que supone pasar de la lista estructural a ese otro cajón en el que ni hay garantías del tiempo máximo que tendrá que esperar ni apenas información. La operación a la que se tiene que someter esta paciente tiene prioridad 2. Según la normativa, la prioridad 1 debe atenderse en 30 días; la dos, en 90; y la 3 no tiene un tiempo concreto de referencia. La ley -en este caso la de garantías de prestaciones sanitarias de Galicia- dice que, si la espera prevista es superior al tiempo máximo establecido, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) debe “ofertar la realización de la prestación en otro centro de la red pública o en un centro concertado”. En caso de que el paciente rechace esos centros alternativos, quedan sin efecto las garantías de tiempos máximos, según la misma norma, que replica la redacción de la estatal.

Esto explica por qué Rocío recibió el día 91 de su espera una llamada del Sergas para ofrecerle operarse en un centro privado que tiene un concierto con la Xunta. Expone que la funcionaria con la que habló le dijo que esas clínicas concertadas se comprometían a operarla en un plazo de tres meses, lo que implica que ya se estaban “saltando el plazo de la lista de espera”. Es decir, esta paciente ya había esperado esos 90 días que la sanidad pública no debe permitir que se superen en una operación de su prioridad, pero el Sergas actuaba como si comenzase la cuenta de cero.

“Al decirles que no, que yo no quería que ocultaran con dinero a la concertada la falta de recursos en la pública, me avisó de que esto podía conllevar esperar hasta un año y que era bajo mi responsabilidad”, añade. Al día siguiente comprobó que en la aplicación del Sergas para el móvil ya aparecía como que no había pasado ningún día en lista de espera. La única referencia de la que dispone ahora es cuántas personas hay en su misma situación, pero sin aclarar qué puesto ocupa ella en esa lista.

“Una silenciosa derivación de fondos a la privada”

Rocío considera esta práctica “una manera de cubrirse las espaldas” ante las largas listas de espera y de “forzar a los ciudadanos a ser operados en clínicas privadas donde no les han hecho el seguimiento de su estado y cuyos estándares en el criterio de selección y condiciones laborales de sus profesionales no son los mismos que en la pública”. Insiste en que “es una manera más de ocultar la falta de recursos en la sanidad pública gallega y de derivar fondos y pacientes a las clínicas privadas de manera silenciosa”.

Algo más de 14 meses fueron los que tuvo que esperar Nela Abella por una operación de varices en la pierna derecha, más de lo que su médico había dicho que era adecuado retrasarse en su situación, que era no más de un año. La intervención, con prioridad 3, le fue prescrita el 13 de diciembre de 2023. Dos meses después, el 8 de febrero de 2024, llegó la llamada ofreciéndole ir a un centro concertado en Santiago de Compostela. Se negó y fue relegada a la lista no estructural. Para el sistema, su espera fue de 57 días. En diciembre de 2024, cuando la demora real era ya de un año, llamó al servicio de espera quirúrgica y dice que allí la atendieron “de bastantes malos modos”, le dijeron que no le podían dar una orientación de cuánto tendría que aguardar y que el único dato que le podían facilitar era uno obvio para la paciente: aún no había hecho las pruebas del preoperatorio.

Abella le recordó a su interlocutora que la norma (tanto un Real Decreto como la ley gallega) dice que los ciudadanos deben tener acceso a la información personalizada sobre la espera prevista en relación con su proceso asistencial. Ahí la dirigieron a otro servicio en el que tampoco logró su objetivo. Pero poco después la llamaron y finalmente la operaron el 24 de febrero de 2025. “Esto es una privatización descarada de la sanidad, un trasvase de dinero a la privada”, protesta esta paciente, que llama la atención también acerca de que, si una persona no conoce los términos de la ley, se queda “desprotegida” y sumida en una espera a ciegas.

Las reprimendas recurrentes de la Valedora

Entre los muchos casos de pacientes relegados a la lista no estructural, varios han optado por quejarse, como Abella, tanto en los canales del Sergas como ante otros organismos, como la Valedora do Pobo, que acumula resoluciones sobre el asunto. Una de ellas recoge el caso de una mujer con más de dos años de demora para una operación -una artrodesis vertebral-, con prioridad 3. Ella misma explica en su queja que rechazó en dos ocasiones ser derivada a un centro privado y los motivos: los facultativos que la atendieron le habían recomendado siempre operarse en su centro público de referencia, que es el hospital vigués Álvaro Cunqueiro, “tanto por los medios disponibles como por la gran experiencia de los profesionales”. La Valedora le pide al Sergas que atienda el caso y recalca que, aunque un paciente pierda las garantías de los plazos máximos, “la atención debe realizarse en un tiempo prudencial”.

Otro caso es el de un paciente que rechazó someterse a una cirugía en un centro concertado porque una operación anterior, por el mismo motivo y realizada en 2022, había salido mal y no se resolvió su situación, sino que continuó con dolor y con las hernias de las que tenía que ser tratado. En julio de 2024 había vuelto a entrar en lista de espera y más de un año después se dirigió a la Valedora para exponer su caso. “Parece prudente programar la intervención objeto de la queja en un periodo de tiempo razonable”, fue la petición lanzada por esta institución al Sergas.

También aparece entre las resoluciones recientes la historia de otra paciente que llevaba un año y medio de espera para una intervención de prioridad 2 para una prótesis en la cadera derecha. De nuevo, la Valedora reprende a la Xunta: “Debe tenerse en cuenta que la pérdida de la garantía del plazo máximo no supone la desaparición de las circunstancias que determinaron la asignación de la prioridad 2 comentada”.

La asociación ecologista Adega rechaza el proyecto presentado por Iberdrola y Naturgy -a través de una sociedad conjunta denominada A Senra Infraestructuras S.L.- para crear una central de bombeo en la Ribeira Sacra, para el que pide la concesión para bombear hasta 75.000 litros por segundo entre el embalse de Santo Estevo y el de Edrada-Mao. La solicitud de estas dos empresas eléctricas abrió un trámite de competencia de proyectos al que pueden concurrir otras propuestas. Una de ellas es la de Adega, que solicita ese mismo volumen de agua, pero para darle usos ambientales.

La asociación ha recurrido a esta vía para oponerse al plan de A Senra Infraestructuras, dado a conocer hace un mes y del que no se conocen los detalles, más allá de los dos embalses que quiere conectar para que funcionen como un recurso de almacenamiento energético -en este tipo de centrales, se bombea agua desde la presa inferior para conservarla en la superior y liberarla a las turbinas cuando haya un aumento de la demanda- y de la cantidad de agua que llegaría a bombear. Al pedir la concesión esta empresa, se abrió el proceso para que otras iniciativas puedan concurrir, de modo que no se concretaría la propuesta hasta más adelante.

Adega considera que esta cuenca tiene ya demasiadas infraestructuras de explotación hidroeléctrica. El informe del Icomos, órgano asesor de la Unesco, fue desfavorable a la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial y uno de los impactos que citaba era el de las presas construidas en la zona. La candidatura fue devuelta el pasado mes de julio. La asociación ecologista hace alusión a esa candidatura y recalca la cantidad de aprovechamientos grandes y pequeños del área.

Además, Adega indica que el agua del embalse de Santo Estevo, en el río Sil, forma parte de la Red Natura y de la Reserva de la Biosfera de la Ribeira Sacra y Serras do Oribio e Courel. El de Edrada-Mao también se integra en esa Reserva de la Biosfera, añade. Y expone que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 señala que las actuaciones en masas de agua como los proyectos de bombeo y almacenamiento deben “cumplir con lo dispuesto en el plan hidrológico y, en todo caso, se situarán fuera de la Red Natura y espacios protegidos”.

El volumen de agua para el que se pide la concesión (esos hasta 75.000 litros por segundo) “modificará sustancialmente el balance hídrico de las cuencas del Sil y Edrada-Mao, afectará a la ZEC (zona de especial conservación) Cañón del Sil y dificultará la consecución de los objetivos de conservación para este espacio”, argumenta Adega.

Mantener los ecosistemas acuáticos en buen estado es clave para mitigar los efectos del cambio climático y su deterioro no compensa, según esta asociación, los beneficios aportados, que, además, son “mayoritariamente para el oligopolio eléctrico”. Adega pone el foco también en que la empresa podría pedir un plazo de concesión de 75 años para el aprovechamiento, mientras que el embalse de Santo Estevo, de Iberdrola, tiene permiso vigente hasta 2051 y el de Edrada-Mao, de Naturgy, hasta 2053.

Adega añade que, si se da la concesión para el bombeo, habría que alargar la permanencia de estas dos presas y “mantener cortocircuitados ambos sistemas fluviales como mínimo hasta 2101, lo que resulta inaceptable” porque va contra la legislación de aguas vigente.

La Xunta de Galicia ha aprobado su reforma de la atención primaria sanitaria. El nuevo plan va a abonar complementos retributivos a los médicos que se considere que tienen pacientes más complejos (por ejemplo, más ancianos o más bebés) o que desarrollen su labor en centros pequeños en zonas alejadas de las ciudades o principales núcleos de población. También fija que cada profesional de medicina familiar tendrá un máximo de 30 consultas al día, que bajan a 25 en el caso de los de pediatría.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presentó el plan este lunes junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que señaló que la inversión hasta 2030 será de 320 millones de euros y prometió que se van a crear 644 plazas, entre profesionales de medicina, enfermería y otras áreas como trabajo social o podología.

El conselleiro indicó que el nuevo modelo de agendas se va a probar primero en 14 centros de salud, dos por cada área sanitaria, para ver cómo funciona.

En cuanto a los criterios retributivos, Sanidade explica que se van a vincular al número de tarjetas sanitarias asignadas y se tendrán en cuenta “los cupos más complejos o que impliquen una carga asistencial más exigente” por la edad de los pacientes o por prestar servicio en zonas despobladas. Para estas modificaciones retributivas se destinan, inicialmente, 10 millones de euros.

Gómez Caamaño indicó también que se construirán nuevos centros de salud o se reformarán los existentes en 40 localidades, con una inversión de 217,6 millones de euros. Otros 600.000 euros se destinarán cada año del plan a colaborar con los ayuntamientos para reformar centros que sean de su titularidad. Y 50 millones serán para comprar equipos.

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, defiende que Ana Vázquez Blanco, también conocida como Ana de Bande, no debe verse penalizada en las listas electorales tras el episodio protagonizado en el Congreso de los Diputados, en donde introdujo un spray de gas pimienta -considerado un arma y, por lo tanto, prohibido en la Cámara-, y que se saldó con varios intoxicados.

“Puede ser un gesto desafortunado” fue toda la crítica que hizo Rueda del comportamiento de Vázquez, sobre la que consideró que puede volver a formar parte de la candidatura del PP para las elecciones generales que serán el 29 de noviembre. Que se le pueda reclamar la dimisión es “un disparate”, según el presidente gallego, que recurre al argumento de que hay cosas peores en otros partidos: “Con todo lo que vimos en el PSOE...”.

Rueda se refirió también este lunes a la posibilidad de que el PP integre en las listas a personas que forman parte actualmente del Gobierno gallego. Así ocurrió en 2023, cuando Feijóo llamó a dos de los conselleiros de la Xunta y obligó a Rueda a remodelar su gobierno. El presidente gallego manifestó que entendería, una vez más, que hubiese salidas si el líder del PP estatal le pide a alguno de los altos cargos que se presente en las candidaturas, aunque asegura que no ha tenido insinuaciones por el momento.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sugiere que hay riesgo de fraude en el voto por correo. En cualquier fórmula para ejercer este derecho deben darse “las máximas garantías”, pero cree que, en la actualidad, hay que poner el foco especialmente en las papeletas que se van a recibir a través de Correos: “Tenemos que ser muy estrictos, visto lo visto”. Se sumó así al bulo del pucherazo electoral, al que recurrió también hoy, con más vehemencia, su compañera de partido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que llamó a no votar por correo.

Preguntado sobre estas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Rueda replicó que en lo que él está de acuerdo es en que “todo sistema de voto tenga las máximas garantías” y que, “esta vez, por las cosas que se han visto”, hay que vigilar especialmente el voto por correo.

El presidente gallego, líder también del PP en la comunidad, manifestó que la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones al 29 de noviembre “coincide, por primera vez en mucho tiempo, con el sentido común”. Él, como el resto de su partido, venía reclamando una convocatoria electoral. Eso sí, opina que lo que ha guiado a Sánchez es su interés personal y un cálculo de que el momento no es, tal vez, “el que más le beneficiaba, pero sí que el que menos le perjudicaba”.

Rueda cree que la decisión responde a un “oportunismo político” que busca “anticiparse” a “circunstancias que podrían ocurrir” o el “impacto” de casos judiciales abiertos en el entorno del presidente del Gobierno. No cree que el debate sobre la vivienda y el voto del PP en contra de los dos decretos presentados la semana pasada tenga que perjudicar a su partido: “La vivienda es un buen motivo sobre el que discutir siempre. Es un buen escenario para hablar de lo que cada uno hizo, con realidades y no con anuncios de propaganda”.

El presidente gallego habló también sobre la posibilidad de que el líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, vuelva a mirar hacia su gabinete para elaborar las listas electorales. La llamada de Feijóo en 2023 provocó la salida de varios conselleiros del Gobierno gallego para integrarse en la candidatura del PP al Congreso y obligó a una remodelación en la Xunta. Rueda expuso que su opinión sigue siendo que lo “procedente” es que, si se repite ese escenario, salgan miembros de su equipo, aunque aseguró que no ha habido ninguna insinuación al respecto. Niega que vaya a aprovechar la situación para cambiar a alguno de sus conselleiros y razona que, si estuviese descontento con alguno, lo habría cambiado ya.

CIG y CCOO se reafirman en su oposición al enfoque que la Xunta -con el apoyo de la Confederación de Empresarios de Galicia y UGT- quiere aplicar a la cuestión del aumento de las bajas laborales. Consideran que el plan aprobado el lunes en el Consello lo certifica y supone “una criminalización” de las incapacidades temporales, poner la sospecha sobre quien enferma, engordar a las mutuas y evitar que el foco se ponga en las causas que están detrás del aumento de las bajas.

“Es un paso más en la campaña del Gobierno gallego en la criminalización de las bajas médicas, en el papel abusivo de las mutuas y en la privatización de la sanidad pública, mientras siguen sin adoptarse medidas ante el empeoramiento de la salud laboral de las personas trabajadoras, la precariedad y los recortes en la sanidad pública, verdaderas causas de las incapacidades temporales”, resume la CIG, el sindicato mayoritario, que ha rechazado participar en la mesa de diálogo social impulsada por la Xunta. Tampoco CCOO entró en las negociaciones del plan, que ve como “na cortina de humo diseñada para perseguir a las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal, justificar nuevas medidas de control y disciplina sobre quien enferma y canalizar recursos públicos hacia el tejido empresarial”.

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, el plan es un escándalo que “malgasta y despilfarra” fondos públicos -está dotado con 45 millones de euros- y a quien va a beneficiar realmente es a las empresas, las mutuas y el sector privado. La creación de la figura del acompañante de reincorporación la califica de tomadura de pelo, en especial “cuando se niegan las dotaciones de personal en la sanidad pública para que atienda como se debe a las personas trabajadoras”. Las medidas van a “engordar el negocio de las mutuas”, ya que considera que les derivan los tratamientos de enfermedades músculo-esqueléticas. “Sus abusos e ilegalidades se ven compensados con dinero público”, critica. La CIG tiene convocadas protestas el 8 de octubre ante los edificios administrativos de la Xunta contra el plan.

Por su parte, CCOO considera que la Xunta ha presentado el plan como algo que no es, con “un envoltorio de retórico de bienestar y protección”. En realidad, avisa, se consolidan medidas de control que se aplican con críticas de las propias organizaciones médicas. Pone como ejemplo que, entre los indicadores de seguimiento, aparece el porcentaje de altas de las mutuas resueltas dentro de plazo, lo que considera que es una presión para que los médicos den esas altas.

El sindicato carga contra el concepto del “uso responsable” del sistema del que habla el plan. “Convierte el derecho a la salud en un privilegio condicionado al comportamiento del titular”, critica y cita la medida concreta de la carta de derechos y deberes que se enviará a las personas de baja y que va a reclamarle que colabore en la recuperación y en la reincorporación, “como si la salud fuese un contrato bilateral”. También censura que haya un dispositivo concreto contra posibles abusos, pese a que el mismo texto reconoce que el fraude es una cuestión minoritaria. Añade también que no hay referencias a las horas extra no pagadas ni a las enfermedades profesionales, que se registran por debajo de su verdadera incidencia. “Quien enferma no es un sospechoso, es un titular de derechos”, concluye.

La Xunta va a crear y a probar como experiencia piloto una nueva figura de seguimiento de las personas trabajadoras en situación de incapacidad temporal: un coordinador de reincorporación para el momento en el que vuelvan a sus tareas. Es una de las medidas incluidas en el plan para limitar las bajas, fuertemente criticado y que el Gobierno gallego ha sacado adelante con el apoyo únicamente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y el sindicato UGT.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, José González, presentaron el plan, que fue aprobado en el Consello de la Xunta este lunes y que estará disponible para su consulta en el sitio web de institucional. Las medidas las avanzó el propio Rueda en abril, durante el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que aseguraba que su intención era “pisar el acelerador” con medidas para intensificar el control de las bajas, en especial de las más frecuentes, que son las motivadas por lesiones músculo-esqueléticas y por problemas de salud mental.

En estos meses, en los que el plan recibió críticas de la oposición, de los sindicatos CIG y CCOO y de los colegios médicos -son los especialistas de primaria los que gestionan las bajas-, el Gobierno gallego fue abandonando el uso del término absentismo para repetir el mensaje de que quienes razones “objetivas” para estar de baja, “tienen todo el derecho”. Lo volvió a decir Rueda este lunes y añadió que, si ese no es el caso, la administración va a actuar. El plan va a estar dotado con 45 millones de euros para poner en marcha 37 medidas hasta 2029.

El conselleiro de Emprego aseguró que se va a respetar el criterio de los profesionales sanitarios, pero la lectura de la Xunta es que la cantidad de bajas es “una realidad compleja con un elevado impacto en las personas, las empresas y la economía”. Uno de los objetivos es reducir las ausencias al trabajo por la vía de la prevención: “La mejor baja es la que no llega a producirse”. En este sentido, señaló que la idea es que las empresas vayan en Galicia “más allá de la legislación vigente” en cuanto a condiciones de trabajo y ambiente laboral.

La Xunta anuncia ayudas específicas para pequeñas y medianas empresas (pymes) y para autónomos, tanto para que adquieran equipos ergonómicos u otro material para prevención como para que contraten a un sustituto si se encuentran en una situación de incapacidad temporal. Habrá también un programa voluntario para evitar lesiones músculo-esqueléticas y problemas de salud mental.

La reincorporación al trabajo

En cuanto al momento de la vuelta al trabajo, el Gobierno gallego va a crear la figura del coordinador de reincorporación, que será un profesional con un perfil que está por definir, pero que no va a proceder del ámbito sanitario. Será, según José González, alguien que “acompañará” -“en ningún caso controlar”- a la persona que se reincorpora. Algo así como un intermediario entre trabajador y empresa, añadió. El plan asegura que todos los aspectos de este acompañamiento son voluntarios para la personal trabajadora, que deberá dar un consentimiento previo, expreso e informado. Estos instrumentos “respetarán la situación de incapacidad temporal, el criterio clínico y garantizarán la confidencialidad”. Uno de los aspectos que tendrán que abordar será el proceso para que la empresa actúe sobre el puesto o la organización del trabajo, si la reincorporación de un trabajador lo requiere.

El coordinador de reincorporación será, según el plan, “un gestor de caso de naturaleza sociolaboral” que va a estar adscrito al Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga). No va a tener vínculo con el ámbito sanitario ni podrá acceder a la historia clínica del trabajador. “Tampoco tiene objetivos de reducción de bajas ni incentivos vinculados a las reincorporaciones”, añade el texto. La función es “coordinar el caso, junto con el servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa, la propia empresa y la persona trabajadora”. El protocolo que va a regular esta figura está pendiente de una negociación entre quienes pactaron el plan: Xunta, CEG y UGT.

La Xunta incluye también entre las medidas un informe voluntario de capacidades funcionales de la persona que se reincorpora y un protocolo pactado de contacto entre empresa y trabajador durante la baja. El objetivo es, según el plan, “ofrecer apoyo y preparar, únicamente cuando proceda, una reincorporación segura.

Medidas contra el abuso, pese a su carácter “minoritario”

Otras medidas pretenden, según el conselleiro, descargar a los profesionales sanitarios para agilizar la gestión de las bajas. Dentro del sistema sanitario, el plan consolida el refuerzo de los inspectores médicos que presionan a los médicos para revisar las bajas, dentro del que va a “priorizar las áreas con mayor duración media y los procesos de larga duración”. Se van a crear unidades especializadas en trastornos músculo-esqueléticos y salud mental, con un médico consultor. Habrá también una revisión clínica de los casos de personas en los que se repiten las incapacidades temporales. El plan asegura que el objetivo es “determinar qué está fallando”.

La Xunta asegura que habrá también medidas contra los “abusos” entre el personal que está de baja, que el propio conselleiro admitió que consta que son casos “minoritarios” y sobre los que el plan explicita que no constituyen “el elemento central del fenómeno” del incremento de las incapacidades temporales, según la evidencia disponible. Pese a estas afirmaciones, hay un carrusel de medidas para estrechar la vigilancia sobre las personas en esta situación y se va a poner en marcha un dispositivo de actuación que se va a centrar en vigilar si la persona realiza actividades incompatibles con la baja o cobra prestaciones de forma indebida; en perseguir fraudes como obtención irregular de partes -y se informará a Fiscalía si se aprecian indicios de delito-; y en supervisar que las empresas no incumplan la normativa con peticiones como prestar servicios durante una incapacidad temporal o presionar para el alta.

Además, las personas que estén de baja recibirán una carta “que hace explícito el contrato social de la incapacidad temporal”, es decir, un documento para recordar sus deberes y con información expresa sobre las actividades que son incompatibles con la baja.