El Askartza de Bilbao y el Gernika Sporting disputaban el pasado sábado la final de la Copa Preferente, cuando un grupo de radicales se empeñó en amargarle el partido a Mikel Iturgaiz, jugador del primer equipo. El joven, de 23 años, e hijo de Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, recibió todo tipo de insultos por motivos ideológicos. Además, tras el final del encuentro, los radicales accedieron al campo con la intención de agredirle, según recoge el acta arbitral avanzada por 'El Correo'.

“¡Fachita de mierda, te vamos a matar!, ¡Te vamos a quemar vivo con tu puto padre!”, fueron algunos de los insultos que profirieron contra el joven. Iturgaiz hijo denunció lo vivido en su cuenta de Twitter y tachó de “indignante” el trato recibido por “una panda de maleducados”. También quiso agradecer a los jugadores del equipo rival, el Gernika Sporting, el apoyo que le prestaron, así como la actuación del trío arbitral.

Además de los insultos recibidos, una vez que sonó el pitido final del encuentro, parte del grupo de radicales se dirigió al campo, momento en el que Mikel Iturgaiz tuvo que ser escoltado hasta los vestuarios por un grupo de amigos. “No es que moleste, es que esto hoy en día no puede pasar. ¡RESPETO! Da igual el pensamiento de cada uno. Creemos una sociedad mejor”, escribió en la red social.

Por su parte, fuentes de la Federación Vizcaína de Fútbol han explicado a elDiario.es/Euskadi que a lo largo de esta semana se reunirá el comité de competición para determinar si cabe alguna sanción ante lo sucedido.

Tras conocerse los hechos, multitud de dirigentes populares y de otras formaciones han expresado su solidaridad con el joven. “Tienes todo nuestro apoyo frente a los miserables que te amenazan. Aunque nos insulten no dejaremos de defender a España y la libertad en el País Vasco. Y espero que la Justicia les haga pagar su acoso. Estamos orgullosos de ti, como de tu padre”, ha defendido este martes a través de Twitter el presidente del PP, Pablo Casado.

También el PP vasco ha condenado las amenazas e insultos. La portavoz de la formación, Laura Garrido, ha destacado que estos hechos “lamentablemente denotan que siguen existiendo vestigios de odio en Euskadi hacia quien piensa diferente. Especialmente hacia quien se siente vasco y español”. Por eso, ha instado al conjunto de las instituciones y sociedad vasca a condenar “estos hechos persecutorios por motivos ideológicos que desde luego no tienen cabida en nuestra sociedad”.

El Gobierno vasco también se ha sumado a las condenas. El portavoz, Bingen Zupiria, ha censurado los hechos haciendo suyas las palabras del joven. “Dijo que no es normal y no puede serlo, que se dirijan a un semejante en esos términos. No deberíamos quitarle ninguna importancia. Es un hecho grave mantener un ambiente de crispación y de división en la sociedad vasca”, ha puntualizado el también consejero de Cultura y Deportes.

No es la primera vez, además, que Mikel Iturgaiz denuncia el acoso de los radicales. El joven explicó el pasado 11 de octubre, también a través de Twitter, que le habían destrozado los retrovisores del coche. “Quiero denunciar que sigo sufriendo el acoso de algunos sinvergüenzas que por ser el hijo de quien soy y dar mi opinión no paran de joderme la vida”, dijo ante el ataque sufrido y tras el cual también recibió el apoyo de Casado y otros dirigentes del PP.

Enrique Pérez Guerra tenía 12 años cuando un cura del convento de los Carmelitas de Zaragoza abusó sexualmente de él. Era un niño con una autoestima baja, con problemas de salud y en la religión encontró una salida. Quería ser misionero, aunque por aquel entonces no supiera muy bien qué significaba eso. Creyó que aquel cura podía ser la persona indicada para que le guiara, para que resolviese sus inquietudes, sus dudas... Pero, lo cierto es que “no tenía ningún interés por mis convicciones religiosas, y sí por mi piel, por la textura de mis glúteos...”, rememora. Pérez Guerra es una víctima de una realidad, la de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica española, sobre la que todavía pesa el silencio y el oscurantismo, de la que no hay apenas investigaciones, mientras se ha optado por minimizar el problema y la gravedad de los casos.

Estas son algunas de las conclusiones de un estudio multidisciplinar impulsado por la Universidad del País Vasco (UPV–EHU), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad de Barcelona (UB), presentadas este lunes en San Sebastián en el marco de la la jornada 'Abusos sexuales de menores en instituciones religiosas: respuestas restaurativas desde la victimología'. Cada uno de los centros ha abordado esta realidad desde una vertiente diferente, así, los especialistas de la UB han sido los encargados de trazar un perfil de las víctimas a través de 40 entrevistas.

Algunos previamente habían sido maltratados, la mayoría eran de sexo masculino, además sufrieron abusos crónicos, es decir, no fueron episodios esporádicos, al contrario se produjeron durante largos periodos de tiempo, y tuvieron un carácter grave, según los datos recabados. “En la mayoría ha habido un contacto físico, y en un 30%–40% de los casos hubo penetración. Es un porcentaje muy alto”, remarca Noemí Pereda, de la UB. La especialista también ha analizado las consecuencias psicológicas y espirituales. La mayoría de los entrevistados “tienen problemas cronificados de ansiedad y depresión, dificultades sexuales, de alimentación y sueño, y por último, el trauma espiritual, relativo al impacto extremo que los abusos sexuales han causado en su fe y su creencia en la Iglesia católica”.

“Poco a poco fue abordándome y yo no sabía cómo responder, cómo poner límites. Es una experiencia demoledora. Pensaba que si yo no iba donde él, si no me prestaba a desnudarme y a que se hiciese con mi cuerpo, el padre Javier vendría a mi casa a buscarme. Mi vocación se fue al garete, no porque considerase que ese mundo estaba enturbiado, sino porque pensé que yo no lo merecía”, explica Pérez Guerra, una de las víctimas que ha participado en la jornada. Con el miedo se mezclaban los sentimientos religiosos y conceptos como el pecado y el infierno. Por eso, sintió una gran humillación cuando tuvo la necesidad de confesarse. No se atrevió a dar este paso ante otro sacerdote por el temor de que su familia se enterase de lo que había pasado, por lo que optó por pedírselo a su agresor, que no hizo más que reírse de él.

Aspectos como el poder clerical, el perfeccionismo moral, la concepción de la sexualidad, el secretismo, la soledad o la idea del pecado y del perdón han sido identificados como factores de riesgo.

Un aspecto fundamental encontrado es la instrumentalización de las víctimas y el hecho de priorizar la reputación institucional por encima de los derechos individuales de los entonces menores.

Esta víctima, nacida en Burgos, tiene ahora 65 años y en 2001 escribió el libro 'Las tardes escondidas: Memorias de la agresión sexual a un niño'. El embrión de la obra fue la carta que intentó escribir a su hijo para explicarle lo que había sufrido cuando él tenía su misma edad. Pérez Guerra tardó 9 años en contarle a alguien que había pasado. Primero fue a una compañera de universidad –ahora su mujer–, después llegó un amigo común. Sin embargo, su padre se murió sin saberlo, cuando tuvo el coraje de contárselo a su madre estaba aquejada de una demencial senil –“no se enteró o no quiso saber”–, y a sus hermanos “no les hizo mucha gracia” y siempre lo han considerado un tema tabú.

Hubo tres factores clave que empujaron a Pérez Guerra a hablar sin tapujos de su experiencia: el fallecimiento de su padre –militar ultraconservador–, el hecho de que su hijo fuese aproximándose a la edad que tenía cuando sufrió los abusos y su profesión. Trabaja en Mallorca con menores conflictivos y al conocer las vivencias de otras personas que han sido víctimas se dio cuenta de que él no era un “bicho raro”.

Doble victimización

Otro de los aspectos que aborda el estudio es la “doble victimización” que han sufrido las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Es uno de los aspectos en los que se ha centrado Gema Varona, investigadora de la UPV. En este caso, a raíz de 60 testimonios, la experta concluye que “ninguna de las víctimas entrevistadas está satisfecha con la respuesta recibida, ni por parte de la sociedad, ni por supuesto, por parte de la Iglesia y otras instituciones. A la victimización primaria ha sucedido una continua y persistente victimización secundaria. Cuando, tras muchos años, las víctimas deciden hablar la respuesta obtenida ha causado más daño”, sostiene Varona.

Se lo dije al obispo, para pasar página, hay que leer hasta la última línea, el problema es que en el tema de los abusos no se ha leído ni la primera. Y como si oyese llover.

“Un aspecto fundamental encontrado es la instrumentalización de las víctimas y el hecho de priorizar la reputación institucional por encima de los derechos individuales de los entonces menores. Además, el derecho canónico, recientemente reformado, no ha considerado durante mucho tiempo los derechos que las víctimas deben tener en los procedimientos para revisar los casos”, añaden los investigadores.

Pérez Guerra asegura que “la superación es un mito” y que todavía, cuando menos se lo espera, revive lo sufrido. A su agresor, al poco tiempo, lo trasladaron a otra congregación religiosa. No lo sabe con certeza, pero cree que el cambio fue fruto de que un seminarista entró en la habitación mientras el padre Javier abusaba de él. “Debió de contárselo a alguien de arriba”.

De la Iglesia, según cuenta, no ha recibido ningún apoyo. Cuando intentó ponerse en contacto con el abad del convento donde sucedieron los hechos no obtuvo ninguna respuesta, solo una “actitud totalmente despótica”. Años más tarde, y tres cartas mediante, consiguió una entrevista con el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull Anglada.

“Me dijo que tenía que dejarlo atrás, que tenía que olvidar y pasar página, y entonces me acordé de que un par de días antes había visto en el telediario a Gorka Landaburu. Él, como víctima de ETA, dijo que estaba dispuesto a pasar página, pero que para hacerlo primero había que leer hasta la última línea. Y trasladé esa reflexión a mi propia experiencia, y se lo dije al obispo, para pasar página, hay que leer hasta la última línea, el problema es que en el tema de los abusos no se ha leído ni la primera. Y como si oyese llover”, recuerda.

El silencio de la Iglesia

Los investigadores de las tres universidades implicadas reconocen las muchas limitaciones que han tenido para poder recabar datos con los que elaborar el estudio. La Iglesia Católica en España no ha querido colaborar con ellos, tampoco la institución parece estar dispuesta a hacer lo que se ha hecho en otros países como Bélgica, Irlanda, Alemania o Estados Unidos, impulsando investigaciones dentro de su propio seno.

Por ello, una de las conclusiones del estudio es la escasez de iniciativas puestas en marcha para denunciar casos de abusos sexuales, “nunca se han hecho investigaciones a fondo sobre la victimización producida a lo largo de los años para poder repararla adecuadamente y facilitar un acceso uniforme de las víctimas a dicha reparación”.

De hecho, a día de hoy, resulta imposible dar una cifra aproximada de cuántas personas han sido víctimas de abusos sexuales por parte de un algún miembro de la Iglesia en España. El pasado mes de abril, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ofreció los primeros datos oficiales al desvelar que hay 220 sacerdotes bajo investigación. Sin embargo, no facilitó cifras de víctimas.

“Si yo soy una víctima de una vulneración de derechos humanos, cómo no voy a empatizar con otra víctima”. La pregunta la formula Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de Donostia asesinado por ETA en 1995, ante la celebración este sábado de un homenaje a 35 víctimas de la violencia policial. Ordóñez añade: “Tienen el mismo derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, una idea con la que coinciden Gorka Landaburu e Iñaki García Arrizabalaga, también víctimas del terrorismo.

Tras presentarse esta semana en el Parlamento el primer informe sobre víctimas de violencia policial con el testimonio de 35 casos, el Gobierno vasco celebrará este sábado en Bilbao un homenaje en reconocimiento a estas personas. La idea es que cada año se haga un acto similar mientras se analizan y resuelven los 1.017 expedientes recibidos hasta la fecha.

Las tres víctimas del terrorismo subrayan la importancia del derecho a la verdad, de que sepa lo que sucedió. De hecho, Ordóñez mantiene una relación muy estrecha con una de las hermanas de Mikel Zabalza, detenido por supuesta colaboración con ETA en 1985 –no tenía nada que ver con la banda terrorista–, torturado en el cuartel de Intxaurrondo y hallado muerto en el río Bidasoa días después. La versión oficial siempre mantuvo que murió ahogado al intentar huir esposado de los agentes que le custodiaban para la identificación de un zulo, sin embargo, sus allegados siempre sostuvieron que murió a causa de las torturas que sufrió. Precisamente, el pasado febrero salió a la luz el audio de una conversación en la que el excoronel del CESID Juan Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto dejaban entrever que Zabalza murió por las agresiones de las que fue víctima.

Este es un caso, explica la propia Ordóñez, por el que siente especial “empatía” y sobre el que desea que algún día la familia del joven navarro pueda saber “toda la verdad”. Y aunque Zabalza no va a ser una de las víctimas a las que se le va a rendir homenaje –la comisión de valoración sigue a la espera de recibir más documentación para empezar a elaborar el informe correspondiente–, sí se recordará a las tres personas que fueron detenidas junto a él: Idoia Ayerbe, entonces pareja del joven, Manuel Vizcay, su primo, y Jon Arreche. Todos denunciaron haber sufrido torturas.

“Es un acto necesario que no debe molestar a ninguna víctima [de ETA] porque no va contra ellas”, sostiene García Arrizabalaga, cuyo padre, Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica en Gipuzkoa, fue asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1980. Este profesor de universidad además ensalza el hecho de que el Gobierno vasco haya propuesto un homenaje diferenciado para el reconocimiento de estas víctimas y no lo haya unido con los homenajes a las del terrorismo.

“Me parece que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo”, ahonda Landaburu, quien en 2001 recibió un paquete bomba que le provocó importantes heridas. El periodista sostiene que es una cuestión de “higiene democrática” intentar aclarar todos los casos de violencia, ya fuesen protagonizados por fuerzas o grupos “parapoliciales, policiales, de extrema derecha, de ETA o el GAL”. “Hay que decir las cosas de una santa vez. Aquí se ha torturado y se ha torturado más de lo que creíamos mucha gente”, defiende para añadir que el intentar buscar la verdad no debe tomarse como un acto de “venganza”.

“No se pueden equiparar las dos violencias. Pero aquí hay gente que sólo habla de ETA y otros que sólo hablan de torturas. Hay que hablar de todo, de todas las violencias. Si exigimos que se esclarezcan los crímenes de ETA que están sin resolver, también hay que exigir que haya justicia, reparación y verdad para otros”, remarca Landaburu.

En términos similares se expresa García Arrizabalaga: “Creo que estos actos engrandecen la democracia. No se puede aceptar sólo lo que te gusta y mirar para otro lado con lo incómodo”. “Estas víctimas tienen derecho a saber la verdad, qué pasó, quién lo permitió, quién lo cometió... Son cosas que por dignidad democrática tienen que salir a la luz”, zanja.

Jorge Urdánoz (Pamplona, 1971) es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra y Profesor de Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la UNED. Bajo su dirección se ha celebrado entre este miércoles y jueves el curso ‘Problemas actuales de la democracia en España’, dentro de la programación de los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Uno de sus campos de estudio son los sistemas electorales y es un ferviente defensor del voto igual. Colabora en varios medios de comunicación, entre ellos, elDiario.es.

En uno de sus últimos artículos publicados en elDiario.es, deseaba que los indultos a los líderes del procés llegasen pronto. El Consejo de Ministros los aprobó este martes y ayer, los políticos independentistas salieron de la cárcel.

Es una alegría por motivos elementales de justicia, en cuanto que creo que se trata de personas que no merecían haber visto la cárcel desde dentro. Y es una muy buena noticia para la concordia en este país y para rehacer esa idea de nación española que tiene que incluir incluso a aquellos que quieren irse. Lo que se está haciendo desde la derecha y desde ciertos sectores del PSOE es expulsarles. Es una política nacionalista española que lo que provoca es una expulsión de los sectores nacionalistas catalanes. Lo que hay que hacer es superar tanto el nacionalismo españolista como el catalanista y buscar vías de acuerdo que se plasmen en un nuevo acuerdo. 

Esa política, ese argumentario, ¿es un tiro en el pie?

Desde que la derecha se lanzó a hacer carne del tema catalán, hay más y más catalanes que quieren irse, que quieren dejar de pertenecer a España. Es un problema gravísimo para el que yo no veo que la derecha tenga ni una estrategia, ni un planteamiento de fondo. Ni siquiera los intelectuales de la derecha, donde hay gente muy válida. Veo a todos presos de una especie de mezcla de constitucionalismo y nacionalismo español y no acaban de distinguir qué es una cosa y cuál otra. Me gustaría que por parte de la derecha alguien pensara más allá de las siguientes urnas y más allá de las entrañas. Entiendo que si eres nacionalista español te parezca casi una traición que haya alguien que se quiera ir, pero lo tienes que encajar políticamente y tienes que darle una salida a esa aspiración. Es legítimo te guste o no.

¿Ve posible una solución?

Llevamos desde Ortega y Gasset hablando de la conllevancia. Ortega no es santo de mi devoción pero en el fondo tenía razón. No hay una solución en el sentido de que a partir de ahora podamos decir: “Hemos solucionado el problema”. Hay una convivencia que va a dejar, quizás, a mucha gente insatisfecha pero que nos permite progresar. Claramente, eso ocurrió a partir de 1978 con los estatutos de autonomía y con la integración de las nacionalidades. Y ahora hay que reforzar ese pacto. Por definición, un pacto no va a dejar contento a todo el mundo, pero hay que intentar buscar uno nuevo que por lo menos nos dé otros 20, 30 o 40 años de convivencia y de progreso. Eso es perfectamente posible. La política es el arte de hacer posible lo que a priori no lo parece y tenemos que apostar por eso.

Habría que cambiar la Ley Electoral, sin ninguna duda. Es desigual y nos da una capacidad desigual a los ciudadanos de influir en la esfera de lo político, y eso es radicalmente antidemocrático.

Dentro de la programación de los Cursos de Verano de la UPV/EHU dirige el curso 'Problemas actuales de la democracia en España'. ¿Por qué esta propuesta?

Edito una colección de libros junto con Cristina Monge que acercan a la ciudadanía algunos de los principales temas políticos de actualidad. Y este curso es esa colección transformada en curso. Además, siempre está bien reflexionar sobre los problemas de la democracia española, que son inagotables. 

Y dentro de esa lista inagotable, ¿cuáles son para usted los más acuciantes?

Voy a empezar por un no problema. Somos una democracia avanzada, somos un país privilegiado. Me gusta señalar esto. Tenemos una autocomprensión de nosotros mismos, tanto en España como en Europa o en Estados Unidos, muy negativa y yo creo que hay que poner en valor todo lo que hemos conseguido. En primer lugar, hay que dejar clarísimo que este es uno de los países privilegiados en el orden mundial. Eso no supone, lógicamente que no tengamos problemas. El primero claramente es el de la textura nacional, la configuración, ese nuevo pacto del que hablábamos con Catalunya. Es muy grave que la mitad de los catalanes quieran formar otro estado y tenemos que solucionarlo. Además, hay un problema evidente de corrupción y de desprestigio de lo político. Los políticos están completamente desprestigiados y eso está ligado a que la ideología que nutre a los partidos, que surge en los siglos XIX y XX, se ha quedado un poco obsoleta. Los partidos siguen como estructuras que luchan por el poder, y aunque contraten a publicistas y agencias, la gente detecta que ahí no hay savia, que no hay vigor ni autenticidad. Y por último, los problemas económicos, el paro juvenil con lo que eso implica, por no hablar de la pandemia.  

¿Cómo se tendría que haber dado respuesta desde lo político a la pandemia?

Hubo muchos analistas, muy al principio, durante las primeras semanas, que dijeron que la pandemia iba a cambiar la configuración actual, que lo iba a modificar todo, que iba a ser un antes y un después, y no ha sido así. Ha sido un drama, un tortazo para toda la sociedad pero no creo que haya transformado en profundidad las estructuras anteriores. Ha sido un bache en el camino, pero seguimos en la misma dinámica en la que nos encontrábamos anteriormente. Una dinámica en la que la principal, digamos, explicación a lo que ocurre en el mundo da por descontada una configuración del mundo por países, por naciones, que de alguna manera la globalización está superando poco a poco y que ojalá se acabe disolviendo en una sociedad sin naciones. La pandemia ha podido empujar un poquito en esa dirección, pero no extraordinariamente, porque seguimos pensando en términos nacionales. Eso es muy triste porque todos deberíamos empezar a pensar en términos globales. Y eso lo uno a la pérdida del vigor ideológico de los partidos. La socialdemocracia, la democracia cristiana, el comunismo o el anarquismo podrían tener sentido para determinado país europeo en el siglo XX, pero ahora, ¿dónde vas con esos aparatos ideológicos?

¿Ni siquiera cree que se haya podido reforzar la idea de Europa en la ciudadanía?

Podría haber ocurrido, porque se daban todas las condiciones, un problema global que solo globalmente se podía afrontar, pero no veo que haya habido una suerte de giro en la percepción de la ciudadanía ni de los políticos. El escenario es idéntico al que podía estar vigente en 2018. No hay nuevos movimientos, ni nuevas movilizaciones. En ese sentido, ante la crisis, la Unión Europea, gracias a Dios, no ha reaccionado como lo hizo en 2008, pero yo no veo un cambio sustancial de estructuras, ni muchísimo menos de mentalidad, que es a lo que a mi juicio hace falta.

Uno de sus campos de especialización son los sistemas electorales y es un acérrimo defensor del concepto voto igual, ¿habría que cambiar la ley electoral?, ¿Cómo?

Habría que cambiarla, sin ninguna duda, porque es desigual, nos da una capacidad desigual a los ciudadanos de influir en la esfera de lo político, y eso es radicalmente antidemocrático. Me da una pena inmensa que PP y PSOE, que se dicen partidos democráticos, por interés no modifiquen este tipo de cuestiones. ¿Cómo llegar a conseguir el voto igual en España? Es complicado, es la pescadilla que se muerde la cola. Los partidos más votados son los que podrían cambiar la Constitución, pero a su vez son los que se benefician del sistema y no quieren modificarlo. 

La sociedad, principal perjudicada, ¿es consciente de la importancia de este concepto?

No, porque no les ha interesado a los grandes partidos. No ha habido una presión social demasiado nítida, aunque sí la hubo durante el 15M. Uno de los aspectos más llamativos es que [los grandes partidos] te digan que son demócratas pero que a la vez justifiquen que tu voto no sea igual. Se están contradiciendo de una manera tan palmaria que eso a la gente le produjo un sentimiento de rechazo y de indignación. Eso es entre otras cosas lo que significó el 15M. Es cierto que ahora está un tanto de capa caída, pero de alguna forma sigue estando en la sociedad y es una buena señal que los ciudadanos tengan las cosas claras y que por lo menos en el terreno de lo ideal, la gente sepa lo que es una democracia.

El pleno del Ayuntamiento donostiarra ha aprobado este jueves, a cuatro días de la celebración el próximo lunes del día del Orgullo, la creación de un observatorio LGTBI en la ciudad. La propuesta, presentada por Elkarrekin Donostia, ha contado con el respaldo de todos los grupos, e incluirá la habilitación de un teléfono de atención ciudadana para asesoramiento y acompañamiento, además del compromiso de sistematizar una recogida de datos que permitan la elaboración de diagnósticos e informes.

La portavoz de la formación morada, Aitzole Araneta, ha sido la encargada de defender la propuesta y ha empezado su intervención recordando las últimas agresiones homófobas y tránsfobas registradas en diferentes puntos de Euskadi: el ataque que sufrió Ekain, el joven de Basauri, a manos de 13 personas, el pasado 8 de junio, otra agresión de corte homófobo registrada en Zornotza el pasado sábado, y la aparición en un colegio de Vitoria de pintadas contra el colectivo.

Estos ataques demuestran, según ha defendido Araneta, que “no estamos aún en una sociedad libre de comportamientos de este tipo” y que para erradicarlos “es importante contar con recursos que recojan y sistematicen las denuncias y discriminaciones que se pudieran dar en la ciudad por motivos de orientación, identidad o expresión sexual”.

“Además, están sucediendo en fechas significativas. En pleno mes del Orgullo, que rememora una fecha en la cual, frente al odio, se inició un camino imparable para ensanchar los márgenes de autonomía y de libertad, independientemente de quiénes seamos o a quién deseemos”, ha añadido Araneta.

No obstante, la portavoz de Elkarrekin Donostia, quien siempre ha reconocido abiertamente su transexualidad, también ha querido dejar claro que más allá de las denuncias y del hartazgo del colectivo ante la violencia, su objetivo era defender la propuesta con un tono “propositivo” y situar a Donostia al mismo nivel que otras ciudades, como Vitoria o Barcelona, que cuentan con observatorios LGTBI.

La propuesta incluía cuatro puntos y si bien los tres principales han salido adelante -la creación de un teléfono específico para la atención a personas del colectivo, la recogida de datos sistemática que permita la elaboración de informes que a su vez contribuyan o sustenten el diseño de programas de atención integral futuros y que el tejido asociativo también pueda tener un lugar en la Casa de las Mujeres-, el último no ha sido aprobado. Este último punto planteaba la elaboración de un estudio que garantizase en un futuro un plan de inserción socio-laboral de personas en situación de transexualidad. Y no ha sido aprobado porque la concejal de Igualdad, Ane Oyarbide (PSE-EE), ha explicado que no había presupuesto suficiente para financiarlo.

“Aunque dentro de poco ya nos iban a vacunar en España, cuanto antes mejor. Así tenemos un verano más tranquilo y podemos estar con la familia sin preocupaciones”. Paola Lorenzo es una joven donostiarra de “19 años para 20”, y a pesar de que este martes en Euskadi se ha anunciado que esta semana se abrirá la reserva de citas para que a la población entre los 30 y los 39 se les administre alguna de las vacunas contra la COVID-19, ella ha recibido su primer pinchazo. No ha sido en Illunbe, en la plaza de toros de Donostia reconvertida en vacunódromo, sino en la localidad francesa de Capbreton, a 74 kilómetros, y tras una hora de coche.

Lorenzo y su amiga Leire Barros son dos de los centenares de jóvenes guipuzcoanos que han cruzado a Francia para vacunarse. Hasta este lunes, varios centros próximos a la frontera permitían la vacunación de españoles, como avanzó ‘El Diario Vasco’, aunque no residiesen en el país ni trabajasen en él. Bastaba con reservar cita a través de DoctoLib, la aplicación oficial francesa para la gestión de la administración de dosis. En un par de minutos y facilitando tan sólo unos pocos datos personales como nombre y apellido, un email y teléfono móvil, además de la edad y de qué vacuna se deseaba la dosis, se cerraba la cita tanto para el primer pinchazo como para el segundo.

No obstante, la avalancha de solicitudes hizo que este lunes el centro de vacunación de Biarritz, principal punto de peregrinación y a 50 kilómetros de la capital guipuzcoana, decidiese cerrar el grifo y sólo inocular a aquellos españoles que pudiesen acreditar residir o trabajar en Francia. Y aunque esta también era la premisa que este martes regía desde primera hora en Capbreton, a mediodía, la Prefectura del departamento de Las Landas volvía a dar luz verde a la inoculación de cualquier persona. 

“Nos vuelven a dejar vacunar”, explicaba a elDiario.es/Euskadi uno de los responsables de cotejar los datos con las reservas. A las 10.00, una hora antes, sin embargo, la directriz era otra. “Lo siento, pero a las 8.30 hemos recibido una llamada de la Prefectura y ya no podemos vacunar. ¿Tiene residencia en Francia?”, preguntaba en castellano esta misma persona a tres jóvenes guipuzcoanos que se agolpaban en la puerta con una reserva cerrada pero sin documento alguno que acreditase que cumplían las nuevas exigencias para recibir su primera dosis.

“Teníamos cogida cita en Biarritz, pero al ver que ya no vacunaban, decidimos cambiar de sitio. Tenemos muchos amigos guipuzcoanos y también alguno madrileño que han venido”, explicaba uno de los integrantes de este último grupo, que se ha vuelto a Donostia sin haber recibido pinchazo alguno. En ese mismo momento, un matrimonio donostiarra y su hijo de 13 años recibían la misma respuesta. “Así nos vamos más seguros de vacaciones”, mencionaban los padres, que no han querido dar su nombre, mientras explicaban que el objetivo del viaje era conseguir vacunar al niño, porque ellos ya están inmunizados.

El matrimonio aseguraba que a primera hora habían llamado por teléfono y les habían confirmado que no habría ningún problema, que tan sólo tendrían que pagar 7,30 euros al no tener tarjeta de la Seguridad Social francesa. Este, precisamente, ha sido uno de los rumores que ha corrido estos últimos días por Gipuzkoa, que en algunos puntos de vacunación de Francia se exigía el pago de las vacunas, extremo que no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial; de hecho, en los vacunódromos consultados han afirmado lo contrario, que no se realiza cobro alguno, al menos en el momento de inocular las dosis.

Teníamos cogida cita en Biarritz, pero al ver que ya no vacunaban, decidimos cambiar de sitio. Tenemos muchos amigos guipuzcoanos y también alguno madrileño que han venido

Más suerte han tenido Lorenzo y Barros, al llegar justo pasado el mediodía, tras haber recibido los responsables del punto de vacunación de Capbreton luz verde para seguir administrando dosis sin más requisitos que haber cerrado una cita previa. Las dos amigas han tenido que presentar su DNI, sus tarjetas de Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), además de rellenar una hoja para especificar si previamente habían pasado la COVID-19, si tenían alguna alergia, si habían tenido algún problema previo con alguna otra vacuna o si estaban embarazadas. “Hemos esperado tres minutos y nos han puesto las dosis”, han sostenido.

Lorenzo, estudiante de Comunicación, precisaba que una de las razones para no haber esperado su turno en Euskadi es que el próximo septiembre se va de Erasmus a Córcega y como todavía no hay una fecha cerrada para la administración de dosis en veinteañeros, vacunándose en Francia se quedaba “más tranquila”. Esta mañana, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, evitaba pedir a los jóvenes que dejasen de acudir a Francia, y aunque reconocía que aquellos que han decidido cruzar la frontera no están cumpliendo con el protocolo fijado en Euskadi, afirmaba que esta es una “opción libre”.

En el momento en el que las dos amigas donostiarras cruzaban la puerta del punto de vacunación de Capbreton, las nacionalidades de los que tenían cita a esa hora se repartían al 50% entre españoles y franceses. De hecho, los responsables de tomar los datos se dirigían a los asistentes de forma indistinta en castellano y francés. En esta localidad, con una administración media de 500 dosis al día, 30 españoles recibieron su primer pinchazo este lunes, mientras que este martes el volumen de reservas de gente de este lado de la frontera era mayor.

“Por si cuela”

En Hendaya, ciudad fronteriza, el escenario era muy diferente. Pese a que muchos guipuzcoanos se han acercado estos últimos días al punto de vacunación de la ciudad, en este espacio nunca se ha permitido la administración de dosis a españoles que no acreditasen residir en la localidad o en alguna cercana -pero siempre en territorio francés-, o trabajar allí. De hecho, ante la avalancha de reservas tramitadas estos últimos días, este martes, los sanitarios que inoculan las dosis han recibido un mensaje de las autoridades sanitarias con el que se les recordaba que todas las personas deben cumplir uno de estos dos requisitos.

“Tenemos un problema y es que en la aplicación DoctoLib no te piden en ningún momento el número de la Seguridad Social”, explicaba uno de los responsables del punto de vacunación de Hendaya. Por eso, cualquier persona puede reservar su cita y aunque ya sepa que no cumple con los requisitos “acaba cruzando la frontera por si cuela”.

Sin embargo, esta avalancha de citas –este lunes el número de españoles que intentaron vacunarse fue “brutal”–, no hace más que crear problemas en las ciudades cercanas a la muga. “El problema es que sobran dosis. Tenemos previsto para cada día un número de dosis según las citas que se han reservado y algunas pueden acabar caducándose”, señalaba el responsable. Este martes, por ejemplo, se han quedado sin sus dosis “cuatro o cinco personas”, y en más de una ocasión han tenido que buscar a gente en los restaurantes cercanos para no desperdiciar las dosis. “Si vives en Donostia, si trabajas en Donostia, ¿por qué tiene que ser la Seguridad Social francesa y no la de Euskadi la que te vacune?”, se cuestionaba.

Muchas dudas por resolver

Ninguna autoridad francesa ha explicado, por el momento, por qué en algunos departamentos del país –o directamente, en determinados municipios– sí permiten vacunar a personas que no pueden acreditar ser residentes en Francia o trabajar allí, pero en otros, no. Un ejemplo es la confusión vivida en Capbreton. Si en el punto de vacunación cambiaban de parecer a mediodía, argumentando que eran órdenes de la Prefectura, desde la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania, de la que depende la localidad, indicaban por teléfono que no estaba permitido la administración de dosis sin cumplir alguno de los dos requisitos.

Asimismo, ni el Ministerio de Sanidad español, ni el francés, ni la propia Osakidetza han podido confirmar que las personas que ya tienen sus primeras dosis puedan también recibir la segunda. A Lorenzo y Barros, las dos amigas donostiarras, se les ha entregado un certificado y un número de identificación “muy importante conservar”, según les han explicado, “para la inoculación de la segunda dosis”. No obstante, admitían no estar muy seguras de que esto llegue a suceder como debe. “Tenemos reservada la cita para la segunda dosis, pero no sabemos si está garantizada o si cuando llegue el día nos dirán que no es posible”, declaraban.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.

Francia vuelve a permitir que ciudadanos españoles, residan o no en el país vecino, puedan recibir en el mismo alguna de las vacunas contra la COVID-19. Después de que este pasado fin de semana se hiciese público que en algunos vacunódromos de Francia no se exigía tarjeta de residencia o estar dado de alta en la seguridad social francesa, la avalancha de solicitudes desde España se multiplicó. Ante esta realidad, en algunas localidades próximas a la frontera con Euskadi como Biarritz, este lunes decidieron cerrar el grifo, no así en otros municipios como Capbreton, a 60 kilómetros de Irún.

En esta localidad, la mañana se ha vivido con incertidumbre. Si a las 8.30, según han explicado los responsables del centro de vacunación a elDiario.es/Euskadi, la prefectura de la región en la que se encuentra la localidad daba una orden para que se dejase de vacunar a los españoles sin residencia en Francia, minutos antes de las 11.00, volvían a recibir una llamada de la misma autoridad para que volviesen a aceptar a cualquier persona.

No obstante, los responsables del centro han explicado que no saben si esta nueva decisión se mantendrá más allá de hoy, o si por el contrario, las autoridades francesas volverán a restringir las vacunas. “Es algo que se tiene que solucionar entre los dos países. Hoy sí podemos vacunar, mañana no sabemos”, han señalado estas mismas fuentes.

El cambio de criterio ha provocado que muchos españoles con una cita reservada a través de la App DoctoLib, la aplicación oficial de Francia para la gestión de las vacunas, se volviesen a Gipuzkoa sin el pinchazo. Es lo que le ha sucedido a un matrimonio de Donostia que, pasadas las 10.00 se acercaba al vacunódromo de Capbreton para que a su hijo de 13 años le administrasen una primera dosis. Sin embargo, otros han tenido más suerte y han podido recibir sus dosis.

Quedan muchas incógnitas por despejar. Si en el centro de vacunación han asegurado que todo el mundo podrá recibir allí su segunda dosis, este extremo de momento no ha sido confirmado por ninguna autoridad sanitaria en Francia. Además, la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania, de la que depende Capbreton, ha explicado a este periódico que sigue sin ser posible inocular a españoles sin residencia en Francia, en contra del proceder que se está siguiendo este martes en este punto de vacunación. De hecho, en Biarritz, otra de las localidades donde hasta este lunes por la tarde los españoles han podido vacunarse sin ningún problema, siguen manteniendo la prohibición.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.

Erne, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, ha denunciado ante la Agencia Vasca de Protección de Datos al Departamento de Seguridad, al entender que ha publicado y facilitado datos reservados de 16 agentes en una respuesta parlamentaria. En la denuncia, el representante de la central, también señala al Parlamento Vasco como responsable de una presunta violación de la Ley de Protección de Datos.

El origen de la denuncia es una respuesta parlamentaria fruto de una interpelación de Julen Arzuaga (EH Bildu) con la que solicitó al Departamento de Seguridad los partes de lesiones de 16 agentes que resultaron heridos el pasado 23 de febrero en unos incidentes registrados en las inmediaciones de las instalaciones que Tubacex tiene en Llodio.

Erne explica en su denuncia que esa información fue publicada por 'Naiz' y que si bien en los 16 partes de lesiones se borraron los datos relativos al NIP, DNI y nombres y apellidos de los agentes, sí figura otra información que podría ser constitutiva de una infracción de la ley.

“Los partes contienen numerosos datos de carácter personal y privado de los agentes lesionados, tales como sus bases de cotización y otros relativos a las lesiones sufridas, que gozan de especial protección y están amparados no sólo por la LOPDP, sino también por el artículo 18.4 de la Constitución española”, según recoge el texto de la denuncia.

El sindicato policial además añade que si bien en los documentos publicados no figuran los datos más sensibles, como el DNI, esta información sí que pudo ser remitida al Parlamento y por ello pide que se investigue si este extremo es cierto y quién podría haber accedido a esos datos.

La central considera de “suma importancia” que se realicen las investigaciones necesarias para identificar a todas las personas que hayan podido acceder a los datos más sensibles de los agentes y “depurar, en su caso, las responsabilidades de toda índole que puedan derivarse de semejante actuación”.

“Se ha procedido de forma adecuada”

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, tras ser preguntado por el propio sindicato, sostuvo el pasado 27 de abril que no consideraba que se hubiese actuado de forma contraria a la Ley de Protección de Datos. Es una respuesta que no satisfizo a los agentes implicados, ni al propio Erne, como representante de los mismos, según explica el secretario general de la central, Roberto Seijo.

Erkoreka explicó que fue su Departamento el encargado de redactar la respuesta en la que se incluían los 16 partes de lesiones de los agentes heridos y que fue la Dirección de Recursos Humanos la que eliminó cualquier dato sensible “con el propósito de imposibilitar la identificación” de los ertzainas.

El consejero además detalló que a petición del Gobierno vasco, el Parlamento no incluyó esta respuesta en la web de la institución, por lo que tan sólo se facilitó a los grupos parlamentarios, y que el objetivo de Seguridad siempre fue garantizar el derecho a la información de los representantes públicos y el respeto a la protección de datos de las personas que pudiesen verse afectadas. De ahí que Erkoreka zanjase: “Se ha procedido de forma adecuada”.

Sin embargo, Seijo insiste en que no se ha respetado el derecho a la protección de datos de los 16 agentes, y que si la respuesta que ofrece la Agencia Vasca de Protección de Datos “no es satisfactoria” recurrirán, en última instancia, a la vía judicial.