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Jorge Urdánoz Ganuza

Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Pública de Navarra y Profesor de Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la UNED. Ha sido Visiting Scholar en Columbia University y en la New York University. Sus temas de interés giran en torno a cuestiones relativas a la representación, la teoría de la democracia, el derecho y la teoría de las votaciones. Su último libro es "Reformar el sistema electoral" (Gedisa, 2019). Es activista por el voto igual en España. 

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La transición y las naciones

En un determinado momento de ese debate a cinco que ya parece de otro siglo, Rivera le mostró a Sánchez un mapa de España uniformemente coloreado — creo que en rojo suave — y le espetó algo así como, "¿cuántas naciones ve usted aquí, Sr. Sánchez? Porque yo solo veo una". La pregunta se ha puesto de moda últimamente. Sánchez no contestó, pero sí lo hicieron los ciudadanos unos días después, en las urnas. Y con su respuesta refutaron, por decirlo con Popper, ese mapa uninacionalmente nítido, terso, impecable e ilusorio de Rivera. Una refutación que se repite incesante, sin una sola salvedad, cada vez que, desde el siglo XIX, a los ciudadanos españoles de carne y hueso se les ha permitido votar. Lo sorprendente es que todavía haya quien, tras tantos y tantos experimentos cruciales demoledores, siga sosteniendo la hipótesis de la nación única.

Las afirmaciones sobre el ser de una nación pertenecen al reino de la metafísica. En ese sentido, recuerdan a la religión y conviene abordarlas de modo similar. De la misma manera que el hecho empírico de la diversidad de cultos se soluciona desde la modernidad con el invento político de la libertad religiosa (esto es: el laicismo), el hecho empírico e irrefutable de la pluralidad de creencias nacionales en España ha de solucionarse con alguna suerte de invento político que lo articule de modo neutral, inteligente y acordado. Aquí hay varios nombres: Estado de las Autonomías, federalismo, plurinacionalidad, nación de naciones, etc. Denominémoslo federalismo. Existe también, ciertamente, la apuesta por la uniformidad nacional, esto es, la nación inmaculada, homogénea y sobre todo única del mapa de Rivera. Denominémoslo nacionalismo.

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Contra la historia

Nada más engañoso ni más embaucador que ese aforismo según el cual "quien no conoce la Historia está condenado a repetirla". ¿Qué es "la Historia" cuando se presenta con mayúscula y sin objeto alguno al que venga referida? Es siempre historia de la nación: batallas, reyes, fronteras, imperios. Cuando se habla de Historia a secas, ha de añadirse de inmediato el apellido: nacional. La propia expresión lleva dentro su veneno.

Comparto, por descontado, los diferentes alegatos contra la manipulación nacionalista de la historia, pero me pregunto si tal manipulación no es en buena medida consustancial a la propia disciplina. Esto es, me malicio si la sola creencia en algo llamado "la Historia", así en abstracto, no es sino puro nacionalismo travestido de modo más o menos inconsciente en un saber académico supuestamente neutral y objetivo.

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La gramática del consenso

No falla. Es nombrar la reforma electoral y al instante los portavoces del bipartidismo sacan de la chistera el manoseado señuelo del “consenso”.  Pero, de puro viejuno, el truco hace ya mucho que no cuela entre una ciudadanía considerablemente más formada y exigente que la de hace 40 años. Y, si hay algo que subyace bajo la espontánea sensación de extrañeza que provoca esa apelación a un fantasmal “consenso”, son razones bien fundadas.

Hay, en primerísimo lugar, una contradicción meramente semántica. Esto es, un uso incorrecto del lenguaje en el nivel léxico, el habitual, para entendernos, en los niños: “eso no se dice así”. Cuando dos partidos que suman alrededor de un tercio del electorado proponen una modificación de las reglas, carece de lógica alguna argumentar que hay que mantener el consenso, puesto que la propia configuración de la realidad implica que no hay ningún consenso que mantener. Es como aquello de ordenarle a alguien que sea espontáneo: la propia oración carece de sentido. El lenguaje no se usa aquí para comunicarse, para establecer un diálogo, para posibilitar un acuerdo; se usa para oscurecer, para entorpecer, para tergiversar. Lo importante no es decir, lo importante es ocultar.

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Esto no es una violencia

Resulta desolador que, en un mal remedo del conocido ardid del poli bueno y el poli malo, el auto que el Tribunal Supremo dictó para Forcadell y otros miembros del parlamento catalán se haya venido a configurar ante la opinión pública como “garantista” frente al de la Audiencia Nacional para el Govern. En una democracia no se trata de que los polis –no digamos los jueces– sean buenos o malos, se trata de que sea imposible que haya polis malos y de que las instituciones no se dejen arrastrar por la intensidad de las pasiones políticas. Y no sé si estamos pasando la prueba.

El apartado conformado por los Fundamentos Jurídicos números 8 y 9 de ese auto, en los que el juez del Supremo desarrolla las razones por las que entiende que lo sucedido en Catalunya en los últimos meses fue un “alzamiento violento” es especialmente preocupante desde los presupuestos del Estado de Derecho. No solo estamos ante una decisión llamativamente endeble desde un punto de vista jurídico, sino sobre todo ante lo que parece ser una cesión más que preocupante desde una perspectiva política. Pero vayamos por partes.

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Las otras tesis de los otros Camps

Este post surge como reflexión de urgencia a partir de los indicios de plagio (aquí) que he podido encontrar en la tesis de Francisco Camps y de la consecuente campaña lanzada en Change.org para que se abra una investigación al respecto (aquí). Mientras escribo esto, día y medio después de haberse iniciado la movilización, han firmado ya más de 125.000 personas y parece que la Universidad de Elche, en un gesto que la honra, va a investigar el asunto. Sería, de confirmarse, una excelente noticia… pero conviene profundizar un poco más.

Quizás lo más revelador de que algo no acaba de funcionar en nuestro modelo de investigación doctoral sea el número de sobresalientes en las tesis. Se sitúan, más o menos, en un 95%. Lo cual supone, claro, una inmensa contradicción incluso semántica, ya que "sobresaliente" viene lógicamente de sobresalir. Pero nuestra situación actual es tan estrafalaria que las tesis que realmente sobresalen –esto es: las únicas que pueden reclamar para sí con todo derecho la catalogación de "sobresalientes"– son aquellas calificadas con un notable o una nota inferior. Es el mundo al revés.

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Por qué no nos representan: las raíces de todo

Últimamente en España se habla mucho del sistema electoral, pero a mi juicio el debate no se encuentra bien encauzado. Antes de comenzar a hablar de listas abiertas, de circunscripciones únicas o de distritos uninominales, hemos de aclarar qué queremos representar. Por eso –y aunque parezca que nada tiene que ver– yo estoy convencido de que todo debate riguroso sobre el sistema electoral tiene que empezar por la cuestión del Senado.

¿Es necesario que existan dos cámaras? Les propongo lo siguiente para entender qué es lo que hay en juego aquí: supongan ustedes un parlamento mundial. Todos los países del mundo representados en la ONU, cada país con un peso proporcional a su población. Bien, en ese parlamento China y la India tendrían un 40% de la representación. Juntas podrían decidir prácticamente todo lo que quisieran. ¿Les parecería razonable? ¿Ustedes creen que sería, a día de hoy, un buen diseño democrático mundial? No. Ningún país querría estar bajo la soberanía de ese parlamento, porque sería casi como estar bajo la soberanía de China e India. España tendría el 0.7% de cuota parlamentaria… ¿cederíamos todo el poder decisorio a una cámara así? No, por supuesto.

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Chaparrón democrático

¿Se acuerdan de aquella memorable escena del Jovencito Frankenstein? En el cementerio, de noche y con un cadáver por desenterrar, el pobre Gene Wilder no puede creer que la cosa pueda empeorar, pero Aigor le desengaña. "Podría llover", elucubra. Y, dicho y hecho, chaparrón al canto. Algo muy similar está ocurriendo con la reforma electoral que plantea el Gobierno. Cuando ya nada quedaba por decir de nuestro desdichado modelo representativo –desigual, manipulado, maquiavélico, preconstitucional, absurdo, desproporcional–, cuando todos los movimientos que persiguen regenerar la democracia lo han ensartado en sus picotas de cabecera, cuando desde Podemos hasta Vox el lamento unánime es el ya célebre del "no nos representan", cuando suena insistente una reforma constitucional de calado… entonces, justo entonces, el Gobierno se descuelga con esto.

¿Y qué es esto? Pues, según parece, una ley por la que todo partido que logre –en las elecciones municipales– más del 40% de los votos pero menos del 50% pasará automáticamente a copar el 51% de los concejales y, por tanto, a nombrar al alcalde. El resto de partidos, que por definición sumarán siempre entre un 50% y un 60% de los votos y, por tanto, serán por definición y siempre una mayoría si votan conjuntamente, reciben siempre y por definición menos de un 49% de los escaños y quedan por tanto siempre y por definición (perdonen que insista) en minoría.

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¿Responsabilidad política? Pregunte en el extranjero

Es habitual afirmar que no se han de confundir la responsabilidad penal y la política. Ahora bien, ¿en qué consisten las diferencias y los parecidos entre ambas? Y, sobre todo, ¿qué es lo que falla institucionalmente entre nosotros en lo relativo a la responsabilidad política? Porque en España tal cosa sencillamente no existe, y ninguna democracia seria puede funcionar sin ella.

Cuando se sostiene que uno es inocente “hasta que se demuestre lo contrario”, algunos asumen que tal demostración llega con el juicio oral, esto es, tras meses o años de proceso. Es falso. Desde el principio hay un juez instructor, y ese juez instructor puede mandar al acusado a la cárcel, es decir: puede juzgar. ¿Es a día de hoy “inocente” Bárcenas, por ejemplo? No. Para el juez instructor es más bien culpable, por eso está en Soto del Real. El del juez instructor es un juicio, y tiene consecuencias inmediatas.

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¿Un golpe legítimo?

El golpe de estado de Egipto parece haber llevado al límite todas nuestras concepciones sobre la democracia. La tensión proviene del hecho de que chocan frontalmente dos legitimidades, y las dos reclaman para sí el mismo título de “democráticas”. Tomando prestada una distinción de David Brooks, uno de los defensores del golpe, podemos distinguir entre entre los partidarios del “procedimiento” y los de la “sustancia”. Para los primeros lo importante son las formas, esto es, las elecciones. Morsi había sido elegido democráticamente, y por tanto sólo mediante las urnas podía ser destituido. Para los segundos lo importante no es tanto cómo se hacen las cosas, sino qué cosas se hacen. El origen electoral de un gobierno no lo legitima para llevar a cabo cualquier tipo de política, y Morsi habría demostrado con su acción de gobierno que el islamismo, también el moderado, es esencialmente incompatible con los postulados de la democracia.

Por debajo de esta escueta presentación bulle, por supuesto, un debate filosófico endiabladamente complejo. Ambas perspectivas son en lo básico completamente ciertas, y lo son por igual. De hecho, las democracias asentadas combinan los dos aspectos. El sustancial mediante una Constitución que garantiza ciertos derechos que nadie, ni siquiera una mayoría, puede tocar. El procedimental, mediante elecciones periódicas que posibilitan que las diferentes mayorías hagan y deshagan en el gobierno y se turnen el poder. Pero incluso en las democracias más estables ambos planteamientos conocen momentos de fricción. A las chispas que entonces brotan las denominamos “desobediencia civil” u “objeción de conciencia”, las formas habituales en las que se expresa el choque entre lo legítimo y lo mayoritario entre nosotros.

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