EEUU e Israel lanzaron hace tres semanas su guerra contra Irán con el asesinato de Alí Jamenei, la máxima autoridad política del país, y medio centenar de cargos militares, entre ellos el ministro de Defensa y el máximo responsable de la Guardia Revolucionaria, con el propósito de descabezar al régimen y provocar su colapso. Donald Trump y Benjamin Netanyahu confiaban en que el régimen se desmoronase como un castillo de naipes en tan solo unos días. También realizaron llamamientos para que la población tomase las calles y las milicias kurdas se levantasen para derrocar el régimen autoritario.

Ninguno de estos supuestos se ha materializado. Aunque malherido, el régimen mantiene su cohesión pese a los golpes que ha sufrido y que han diezmado la cadena de mando. Por ahora no hay rastro de un levantamiento popular, a pesar de que el primer ministro israelí no deja pasar ninguna ocasión para reclamar que los iraníes se movilicen para dar el golpe de gracia a un régimen que presenta más debilitado de lo que realmente está.

La supuesta entrada en acción de las milicias kurdas también parece haber sido otro globo sonda de esta guerra que no solo se libra en las trincheras, sino también en el terreno de la propaganda. El último conejo que Trump se ha sacado de la chistera —el envío de tropas al estrecho de Ormuz o la captura de la isla de Jarg— parece también una cortina de humo para tapar la ausencia de una estrategia clara.

Mientras Netanyahu afirma haber destruido el 80% de las rampas de lanzamiento de misiles iraníes, Israel sigue sufriendo, día tras día, la caída de una lluvia de misiles sobre su territorio sin que el escudo de la Cúpula de Hierro sea capaz de interceptarlos en su totalidad. Tan solo el viernes, lanzó ocho oleadas de ataques que demuestran que Irán todavía mantiene su capacidad balística, a pesar de las pérdidas sufridas en las últimas semanas. En uno de ellos, la refinería de Haifa resultó dañada, lo que mostró que Irán también puede golpear las infraestructuras energéticas de su enemigo.

Redirigir rutas energéticas

Tres semanas desde el inicio de la guerra ha tardado Benjamin Netanyahu en esgrimir el objetivo oculto de su campaña militar. Si hasta ahora había repetido hasta la saciedad que los principales propósitos eran destruir el programa nuclear iraní, eliminar los misiles balísticos y derrocar al régimen, ahora ha añadido uno nuevo: redirigir las principales rutas energéticas y comerciales de la región para que Israel se convierta en un nodo logístico clave en el transporte de hidrocarburos y mercancías entre Asia y Europa.

En su segunda rueda de prensa tras el inicio de la guerra, el primer ministro israelí tuvo lo que muchos han catalogado como un lapsus linguae al reclamar un nuevo trazado para los oleoductos y gaseoductos de Oriente Medio que pase obligatoriamente por Israel: “En lugar de tener que pasar por los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb para que fluya el petróleo, bastaría con construir oleoductos y gasoductos que atraviesen la península arábiga hacia el oeste, hasta Israel, hasta nuestros puertos del Mediterráneo, y así se eliminarían los cuellos de botella para siempre”.

En este punto merece la pena detenerse en tres cuestiones centrales. En primer lugar, debe recordarse que Israel ya dispone de importantes recursos gasísticos que le permiten no solo hacer frente a la demanda interna, sino también exportar sus excedentes a Egipto y Jordania, los únicos dos países vecinos con los que ha firmado tratados de paz, en 1979 y 1994 respectivamente.

Se calcula que sus reservas superan los 1,1 billones de metros cúbicos de gas natural (muy lejos de los 26,85 billones de Irán o los 25,63 billones de Qatar), concentrados en los yacimientos de Tamar y Leviatán. Se trata tan solo de una mínima parte de las reservas existentes en el Mediterráneo oriental, que comparte con Egipto, Líbano, Siria y la Autoridad Palestina. Las aguas territoriales palestinas en la Franja de Gaza albergan el yacimiento de Gaza Marine, hecho que explica la magnitud de la destrucción del enclave palestino y el intento de expulsar a su población para apoderarse de dichos recursos.

En segundo lugar, Israel pretende aprovechar sus reservas de gas para convertirse en uno de los principales proveedores de los países mediterráneos por medio de la construcción del gaseoducto EastMed en el que participan Grecia y Chipre y al que podría sumarse también Italia. El objetivo sería intensificar la interdependencia energética entre dichos países y consagrar a Israel como alternativa energética, en un momento en que Europa busca diversificar sus suministros y disminuir su exposición a Rusia.

Para ello es imprescindible torpedear otros proyectos gasísticos que puedan rivalizar con el EastMed promovido por Israel. De ahí que no nos sorprenda el ataque contra el yacimiento de South Pars iraní, interconectado con el North Field catarí, que produce un 20% del gas licuado del mundo. A principios de siglo, Qatar intentó promover la construcción de un gaseoducto a través de la península arábiga que llevase su petróleo hasta el Mediterráneo tras atravesar territorios saudíes, jordanos y sirios, proyecto que fue saboteado por Rusia.

En tercer lugar, Israel también apuesta por convertirse en un nodo logístico que conecte el subcontinente indio con Europa a través de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania e Israel en el marco del ambicioso proyecto del Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, concebido como una alternativa a la Iniciativa de la Franja y de la Ruta promovida por China. Si bien es cierto que la puesta en marcha de esta ruta reduciría notablemente los tiempos de transporte, también lo es que requiere un clima de estabilidad en una región que parece instalada en la volatilidad permanente. También requeriría la plena normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí, lo que no parece posible mientras Netanyahu pretenda imponer por la fuerza de las armas su proyecto del Gran Israel.

El trofeo

Es un secreto a voces que Israel pretende aprovechar su abrumadora supremacía militar y el respaldo incondicional de la Administración Trump para imponer su hegemonía al conjunto de Oriente Medio. El primer paso es redibujar las fronteras de la región al interpretar que el trazado de Sykes-Picot, un siglo atrás, ha quedado obsoleto y no refleja la actual distribución de fuerzas. Netanyahu considera factible aprovechar la manifiesta debilidad de la parte palestina para impulsar la anexión, de facto o de iure, de la Franja de Gaza y Cisjordania desalojando, parcial o totalmente, a su población por medio de la limpieza étnica.

El sur libanés es un trofeo perseguido desde tiempos inmemoriales por el movimiento sionista, que ya en la Conferencia de París de 1919 reclamó todo el territorio al sur del río Litani, cuya zona marítima comprende el yacimiento de gas de Qana

No solo eso, sino que Netanyahu considera factible ir más allá, como demuestra su ofensiva contra el sur libanés, un trofeo perseguido desde tiempos inmemoriales por el movimiento sionista, que ya en la Conferencia de París de 1919 reclamó todo el territorio al sur del río Litani, cuya zona marítima comprende el yacimiento de gas de Qana.

El hecho de que el ejército israelí esté aplicando en el territorio libanés el mismo manual de guerra que en Gaza dos años antes muestra hasta qué punto Netanyahu pretende aprovechar que el foco mediático se encuentra en el estrecho de Ormuz para vaciar de su población todo el territorio comprendido entre el río Litani y la frontera israelo-libanesa, así como destruir sus infraestructuras civiles para hacerla inhabitable.

El objetivo final sería establecer un Gran Israel entre el río Jordán y el mar Mediterráneo que también incluya el sur libanés y, cómo no, parte de Siria, ya que también se pretende desmilitarizar los territorios al sur de Damasco para facilitar la imposición de una tutela israelí sobre las zonas de mayoría drusa, donde ya operan milicias armadas y financiadas por Tel Aviv.

Una vez más, Oriente Medio está inmerso en llamas. Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque sin precedentes contra Irán con la intención de derrocar al régimen islámico, no sólo golpear su programa nuclear como hicieron en el pasado mes de junio. Se trata de un doble salto mortal, porque es prácticamente imposible acabar con un Gobierno que lleva casi cinco décadas en el poder y dispone de una sólida red de apoyos sin desplegar tropas sobre el terreno.

Al embarcarse en una nueva guerra de inciertos resultados, el presidente Donald Trump ha decidido ignorar a su propia base electoral a la que prometió que se centraría en el frente doméstico y abandonaría las aventuras bélicas de sus predecesores en el cargo. El lema ‘América Primero’ parece haber sido relegado al baúl de los recuerdos por un Trump empeñado no sólo en resucitar la Doctrina Monroe en el patio trasero de América del Sur, sino también en retornar a un Oriente Medio que Barack Obama prometió abandonar para contener la proyección china en el Indo-Pacífico.

No debe pasarse por alto que Estados Unidos lleva detentando una posición hegemónica en Oriente Medio desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces ha apostado por ‘el poder duro’ para imponer sus designios, promoviendo múltiples golpes de Estado e intervenciones militares que, en lugar de asentar la paz y la estabilidad, han extendido el caos y el desorden. Sin duda, un buen negocio para la industria armamentística y petrolífera estadounidenses que han hecho cuantiosos negocios con las monarquías árabes del Golfo, las principales exportadoras de petróleo y las primeras importadoras de armas a nivel mundial. 

La guerra de agresión contra Irán parece ser un nuevo eslabón más de esta política que tan sólo agudizará los problemas de la región y tendrá un único vencedor: Israel, que pretende aprovechar el cambio de era para imponer, contra viento y marea, su hegemonía en el conjunto de Oriente Medio. Una vez más, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha demostrado su capacidad para imponer su agenda belicista a Donald Trump, que ha hecho caso omiso de las advertencias de sus aliados árabes para evitar una nueva escalada de violencia. Ambos comparten su desprecio por el derecho internacional, su apuesta por el unilateralismo y su voluntad de perpetuarse en el poder.

Durante semanas, el presidente Trump ha puesto en marcha un doble juego para distraer la atención de la comunidad internacional. De una parte, ha enviado a Ginebra a dos personas de su total confianza —Steve Witkoff y Kared Kushner— para que negociaran con Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores iraní, la interrupción de su programa nuclear. De otra parte, el Pentágono se ha coordinado con el Ministerio de Defensa israelí para lanzar un ataque sin precedentes contra los principales líderes políticos y militares iraníes, entre ellos el Guía Supremo Ali Jamenei, el presidente Masud Pezeshkian y la mayor parte de los ministros del gobierno, incluido el propio Aragchi.

En los últimos días, Estados Unidos había concentrado en el golfo Pérsico buena parte de su arsenal bélico con un despliegue sólo equiparable al que puso en marcha ante la invasión de Iraq en 2003. La presencia de los portaviones Abraham Lincoln y Gerald R. Ford, veinte fragatas y cientos aviones de combate de última generación parecía indicar que la opción negociadora era tan sólo un trampantojo para justificar que se habían agotado todas las vías antes de dar luz verde al ataque. Todo ello pese a que las negociaciones habían registrado avances significativos y que Badr Al Busaidi, ministro de Asuntos Exteriores omaní, había anunciado hace unos días que el acuerdo estaba “al alcance de la mano” y podría firmarse “mañana mismo”.

En su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, Trump lanzó la inverosímil acusación de que “Irán estaba trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos”. Marco Rubio, su escudero, advirtió que el régimen iraní pronto dispondría de misiles con los que amenazar Europa. Dichas acusaciones no difieren mucho de las formuladas en su día para justificar la invasión de Irak. En aquel entonces se habló de la existencia de armas de destrucción masivas que sólo existieron en la cabeza de George W. Bush y sus palmeros. 

Debe recordarse que, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, la Doctrina Bush aprobó el lanzamiento de ataques preventivos contra las potenciales amenazas que se cernían sobre el imperio americano. Hoy en día, Trump ni tan siquiera se ha molestado en recabar el apoyo del Congreso (mucho menos el del Consejo de Seguridad) para lanzar su guerra contra Irán, una intervención que viola el derecho internacional y nos adentra en la ley de la jungla en la que tan cómodos se mueven autócratas de la talla de Trump, Netanyahu y Putin.

En todo caso, la manifiesta debilidad del régimen iraní tras años de asfixiante bloqueo económico y de reveses militares no debería confundirse con su incapacidad para responder a Estados Unidos e Israel. En las últimas horas, las fuerzas armadas iraníes han contraatacado golpeando las bases militares norteamericanas y lanzando misiles hacia el Estado hebreo que han sido interceptados sin dificultad. Si bien es cierto que hoy en día el régimen iraní no puede recurrir a la doctrina de ‘disuasión asimétrica’ activando a sus aliados regionales (Hamás, Hizbulá y los Hutíes), sería un error de cálculo pensar que va a asistir a su propio funeral como un convidado de piedra.

El régimen iraní afrenta la mayor amenaza existencial de toda su historia. Pensar que va a rendirse sin ofrecer resistencia parece poco realista, ya que en el pasado ha demostrado sobradamente su capacidad de resiliencia. En el caso de que perciba que está en riesgo su propia existencia no debería descartarse que optase por morir matando.

Si bien es cierto que Estados Unidos e Israel cuentan con una abrumadora superioridad militar, también lo es que Irán dispone todavía de varias bazas a las que recurrir. Entre las opciones que baraja está el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, por el que cada día pasan unos 20 millones de barriles de crudo, lo que podría disparar el precio del petróleo. No sólo eso: la interrupción de la navegación en dicho estrecho también provocaría una disrupción logística, ya que por el puerto emiratí de Jebel Ali, clave en el comercio mundial entre Asia y Europa, pasan cada mes más de 1,5 millones de contenedores.

El Reino Unido ha tardado, nada más y nada menos, 108 años en reconocer los derechos nacionales del pueblo palestino. Son los años transcurridos entre la infame Declaración Balfour, aprobada el 2 de noviembre de 1917, y el reconocimiento del Estado de Palestina por Keir Starmer, el primer ministro laborista, el pasado domingo. De esta manera pretende reparar, de una manera insuficiente y tardía, una ínfima parte del daño causado al pueblo palestino durante su dominación colonial.

Debe recordarse que Reino Unido y Francia son, en buena medida, corresponsables del caos y el desorden que ha sacudido la región durante el último siglo. Tras la Primera Guerra Mundial y la desaparición del Imperio Otomano, estas dos potencias se repartieron Oriente Próximo en base a los compromisos contemplados en los Acuerdos de Sykes-Picot. Para satisfacer sus intereses coloniales no dudaron en dividir la Gran Siria y establecer varios Estados artificiales (entre ellos Israel, aunque no solamente), lo que abonó el terreno para el estallido de numerosos conflictos regionales. Las diversas guerras árabe-israelíes (1948, 1956, 1967, 1973 y 1982) fueron acompañadas de conflictos civiles, y en muchos casos también sectarios, en Jordania (1970-1971), Líbano (1975-1990) y, más recientemente, Siria (2011-2024).

En 1917, Londres se comprometió con el movimiento sionista a convertir Palestina en “el hogar nacional del pueblo judío” por medio de la Declaración Balfour cuando en dicho territorio apenas había un 10% de población judía que coexistía en términos relativamente pacíficos con una abrumadora mayoría palestina. Es importante destacar que esta declaración fue emitida cinco años antes de que Reino Unido fuera reconocida como potencia mandataria por la Sociedad de Naciones cuando, por lo tanto, no tenía ningún tipo de responsabilidad jurídica sobre Palestina. El por aquel entonces secretario de Asuntos Exteriores, Alfred Balfour, dejó bien claro que los palestinos (privados de su identidad y descritos desde entonces como “comunidades no judías”) disfrutarían a lo sumo de “derechos civiles y religiosos” pero, en ningún caso, políticos.

De ahí que, tras el establecimiento del Mandato de Palestina por parte de los británicos en 1922, las autoridades coloniales hicieran todo lo posible por perseguir al movimiento nacionalista palestino mientras favorecían el establecimiento de las estructuras protoestatales sionistas, con las que trabajaron codo con codo. A partir de 1928 se prohibieron las reuniones del Congreso Árabe Palestino y, un año después, se permitió la creación de la Agencia Judía con base en Jerusalén y que actuó como un gobierno judío en la sombra. En esa misma década nacieron el Histadrut (el principal sindicato sionista) y también la Haganá (las milicias armadas sionistas que, tras la independencia, se convertirían en las Fuerzas de Defensa Israelíes).

La represión al movimiento nacionalista palestino se agudizó en el marco de la Gran Revuelta que sacudió Palestina entre 1936 y 1939. Ante la intensificación de la colonización judía y la masiva compra de terrenos por parte del Fondo Nacional Judío, el Alto Comité Árabe (que, pocos meses después, fue ilegalizado) convocó una huelga general que sería brutalmente reprimida por parte de las autoridades británicas. En dicho levantamiento jugó un papel central el campesinado, que adoptó la kufiya como símbolo de oposición frente a los notables urbanos (que, en aquel momento, todavía llevaban el tarbush o fez otomano), parte de los cuales habían contemporizado con los británicos. Las medidas punitivas fueron brutales como evidencia el asesinato de, al menos, 5.000 personas. Aproximadamente un 10% de la población masculina palestina fue herida, encarcelada o exiliada a la fuerza.

En 1917, Londres se comprometió con el movimiento sionista a convertir Palestina en “el hogar nacional del pueblo judío” por medio de la Declaración Balfour cuando en dicho territorio apenas había un 10% de población judía que coexistía en términos relativamente pacíficos con una abrumadora mayoría palestina

En el marco de la represión se impuso la ley marcial y se generalizó la política de castigos colectivos, práctica considerada en la actualidad un crimen de guerra. Se establecieron campos de concentración, se bombardearon aldeas y se demolieron miles de viviendas. Tan solo en Yafa se destruyeron más de 250 edificios, precipitando el éxodo de miles de palestinos. Los campesinos también pagaron un precio elevado, ya que la política británica de ‘tierra quemada’ implicaba la imposición de elevadas multas a las que no pudieron hacer frente, por lo que perdieron sus tierras a la vez que se incendiaban sus cosechas, se confiscaba el ganado y se arrancaban olivos y cítricos, árboles que todavía hoy simbolizan la ligazón entre el pueblo y la tierra palestinos. Las detenciones administrativas sin juicio se generalizaron, así como las ejecuciones extrajudiciales y las torturas —como la asfixia por immersión—. Además, se utilizaron a los civiles como escudos humanos y se utilizaron dóberman en los registros de viviendas. Muchas de estas prácticas han sido utilizadas, y siguen siéndolo hoy en día, por las autoridades coloniales israelíes.

Aunque es evidente que el reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido es un paso en la buena dirección, también queda claro que es absolutamente insuficiente dada su responsabilidad histórica en la tragedia palestina. Este reconocimiento llega tarde y no le exonera de su responsabilidad en la desmembración de Palestina y la limpieza étnica de más de 750.000 personas acontecida entre 1947 y 1948, una parte importante de ella desarrollada ante la pasividad de la administración colonial británica. Por eso no debe extrañarnos que, para muchos palestinos, este reconocimiento deje un sabor agridulce y les sepa a poco, ya que debería ir acompañado de un claro compromiso para la reparación del inmenso daño causado.

Ignacio Álvarez-Ossorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y coautor de 'Gaza. Crónica de una nakba anunciada' (Catarata, 2024)

Israel ha bombardeado Doha, la capital catarí, y ha sobrepasado una nueva línea roja ante la absoluta pasividad de la comunidad occidental, que parece haber otorgado al Gobierno Netanyahu luz verde para redibujar las fronteras de Oriente Medio. En los últimos meses, el régimen israelí ha atacado Irán, Siria, Líbano y Yemen, donde, el pasado 30 de agosto, aviones israelíes asesinaron al primer ministro de los rebeldes hutíes y a casi todos los miembros de su gobierno. Tras 64.000 muertos en Gaza, los países occidentales siguen sin adoptar sanciones contra Israel.

Esta vez, el Gobierno israelí ha ido mucho más lejos, porque su objetivo ha sido Qatar, un aliado estratégico de Estados Unidos que alberga Al Udeid, la principal base aérea estadounidense en el golfo Pérsico. El emir Tamim Bin Hamad Al Thani ha hecho de la diplomacia una de las señas de identidad de su política exterior, apostando por el ‘poder blando’ y la diplomacia para resolver los conflictos regionales. Con esta acción, que representa una flagrante violación del derecho internacional, Netanyahu parece lanzar el mensaje de que ni tan siquiera los aliados estadounidenses en la región están a salvo y que Washington no acudirá en su ayuda, tal y como había hecho en el pasado.

Desde el Pacto de Quincy de 1945 con Arabia Saudí, Estados Unidos se ha erigido en defensor de las monarquías del Golfo. Este acuerdo se basaba en la máxima ‘petróleo por seguridad’ por la cual las petromonarquías cedían a empresas estadounidenses y británicas la explotación de sus hidrocarburos a cambio de que la administración norteamericana se comprometiera a garantizar la perpetuación de sus dinastías en el poder y las defendiese ante eventuales amenazas externas. De esta manera, se estableció un ‘matrimonio de conveniencia’ entre Washington y las monarquías del Golfo gracias al cual se reforzó el autoritarismo de las monarquías, que obtuvieron carta blanca para la violación sistemática de los derechos humanos de sus súbditos.

Al dar luz verde al ataque contra territorio catarí, o al menos no haberlo parado, la Administración Trump parece haberse disparado en su propio pie, ya que ha roto dicho acuerdo dejando vía libre a Israel para que, en un futuro, pueda bombardear a otros países de la región tradicionalmente situados en la órbita americana. Todo ello a pesar de que, en su reciente visita a la región en mayo, las monarquías del Golfo rindieron pleitesía a Donald Trump, al que prometieron multimillonarias inversiones en EEUU, sobre todo en el sector armamentístico y tecnológico, para tratar de reflotar la economía estadounidense. El emir Tamin se comprometió a comprar dos centenares de Boeing por valor de casi 250.000 millones de dólares, contrato que ahora podría pender de un hilo dada la renuencia de Washington a garantizar la defensa del emirato árabe.

El mensaje de Netanyahu parece claro: todos aquellos países que se nieguen a aceptar la hegemonía regional israelí podrían arriesgarse a sufrir represalias por parte de Tel Aviv. Arabia Saudí tiene razones para preocuparse, ya que su negativa a sumarse a los Acuerdos de Abraham, por el cual varios países de la región como Emiratos Árabes Unidos y Baréin reconocieron en 2020 al Estado de Israel y se avinieron a establecer plenas relaciones diplomáticas con él, podría situarle en la diana del régimen supremacista israelí.

El intento de asesinato de la cúpula de Hamás en Doha es, además, especialmente preocupante porque Qatar ha ejercido la labor de mediador entre Israel y la organización islamista palestina en los últimos veinte meses intentando alcanzar un acuerdo de alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes de ambas partes. El primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha afirmado que “Netanyahu simplemente mató cualquier esperanza para los rehenes”, aunque no ha aclarado si Qatar abandonará definitivamente sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza. 

Es importante tener en cuenta que Hamás supedita el acuerdo a que Israel se comprometa a cesar su ofensiva militar y retire sus tropas de la Franja de Gaza. Precisamente el liderazgo de Hamás se encontraba reunido para pronunciarse sobre la última propuesta presentada la semana pasada por el presidente Trump, lo que evidencia que Netanyahu no apuesta por una negociación, sino por la rendición incondicional de Hamás.

Desde el asesinato de Ismail Haniye en Teherán el 31 de julio de 2024, Hamás ha evitado nombrar a un nuevo líder para evitar situarlo en la diana de los servicios secretos israelíes. De ahí que, en la actualidad, la organización islamista palestina tenga un liderazgo colegiado del que forman parte figuras históricas como Khaled Mashal, Musa Abu Marzuq o Khalil Al Hayya. Probablemente esta circunstancia explique, al menos parcialmente, el fracaso de la operación militar israelí, que no ha conseguido asesinar a ninguno de los hombres fuertes de Hamás, lo que sin duda representa un varapalo sin precedentes para los servicios de inteligencia.

Aunque las autoridades cataríes se han apresurado a advertir que se reservan el derecho a responder a la agresión israelí, es evidente que dicha respuesta no será militar. Qatar es el principal exportador del mundo de gas licuado, por lo que su principal baza es la económica. Una posibilidad es que, a partir de ahora, opte por enfriar sus relaciones comerciales con EEUU, una vez que ha quedado patente que la Administración Trump ha roto su compromiso de garantizar la seguridad catarí. Otra posibilidad es que, en el futuro, apueste por estrechar aún más sus relaciones con las potencias del sudeste asiático y, en particular, con India y China, dos de sus principales socios comerciales que están destinados a desempeñar un papel protagónico en el emergente nuevo orden multipolar. Cualquiera de estas dos opciones es dañina para Washington.

A estas alturas resulta evidente que Israel hará todo lo posible por torpedear cualquier alto el fuego y tratará de llevar a la región a una situación límite, todo ello con el propósito de crear nuevas cortinas de humo que le permitan poner en práctica su ‘solución final’ para la Franja de Gaza. En el corto plazo, dicho proyecto implicará la destrucción sistemática de todas las ciudades y campamentos de refugiados y la limpieza étnica de su población. De hecho, las autoridades israelíes han intensificado los contactos con Libia y Sudán del Sur para que acojan a cientos de miles de palestinos, todo ello con la manifiesta complicidad de la Administración Trump, que ha planteado el proyecto Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation (GREAT) para transformar dicho enclave palestino en un resort de lujo y en una meca tecnológica. El objetivo final de Netanyahu, cada vez más claro y descarnado, es redibujar las fronteras de Oriente Medio para establecer un Gran Israel en el territorio comprendido entre el mar Mediterráneo y el río Jordán en el que los palestinos no tienen cabida.

El presidente Trump llegó a la Casa Blanca con un programa basado en hacer grande a América de nuevo, lo que implicaba concentrarse en la agenda doméstica y renunciar a su intervencionismo en Oriente Medio. No ha tardado ni tan siquiera cinco meses en traicionar sus promesas y lanzar un ataque contra Irán de consecuencias imprevisibles. El bombardeo de las centrales nucleares iraníes constituye una flagrante violación del derecho internacional al haberse realizado de manera unilateral y sin la luz verde del Consejo de Seguridad. Tal y como ocurrió con la invasión de Irak y Afganistán, la nueva aventura bélica estadounidense no contribuirá a asentar la paz y la seguridad, sino que desestabilizará aún más la región extendiendo al caos y la violencia.

El ataque norteamericano contra territorio iraní, además, pone de manifiesto el absoluto desprecio de Trump por la legalidad internacional y el multilateralismo. En 2003, la ONU se negó a dar vía libre a George W. Bush para que invadiera Irak al considerar que no existían pruebas fehacientes de que estuviera desarrollando un programa nuclear. Ante este precedente, Trump ha optado por evitar el engorroso trámite del Consejo de Seguridad, donde a buen seguro se toparía con el veto frontal por parte de China y Rusia. Al proceder de manera unilateral, el presidente estadounidense intenta defender, con uñas y dientes, la perpetuación del orden unipolar impuesto tras el final de la Guerra Fría y evitar, a toda costa, el advenimiento de un orden multipolar en el que la hegemonía estadounidense sea puesta en tela de juicio.

El inquilino de la Casa Blanca ha optado, además, por ningunear al propio Congreso estadounidense, en una prueba más de que pretende dinamitar el sistema desde dentro para acabar con la separación de poderes. Según la Constitución, el presidente es el comandante en jefe del Ejército, pero el Congreso es el único capacitado para declarar la guerra. El texto constitucional señala con rotundidad que “ningún estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, entrar en guerra, a menos que de hecho haya sido invadido o se vea en un peligro tan inminente que su defensa no admita demora”, supuesto que no concurre en este caso puesto que Irán ni ha invadido ni atacado el territorio estadounidense.

Por lo tanto, Trump habría adoptado, a sabiendas, una decisión que viola la propia Constitución estadounidense, lo que es un paso más de su deriva autoritaria y un claro intento de torpedear los “frenos y contrapesos” fijados precisamente para hacer frente a la arbitrariedad presidencial. Todo ello crea un peligroso precedente de cara al futuro al acentuar las tendencias cesaristas de Trump, quien considera que los poderes judicial y legislativo no son más que un obstáculo para su intento de gobernar en solitario y perpetuarse en el poder.

Al dar luz verde a los bombardeos contra Irán, Trump parece haber caído en la tela de araña laboriosamente urdida por el primer ministro israelí. Durante años, Benjamin Netanyahu ha intentado sin éxito empujar a los presidentes norteamericanos a una confrontación total con su principal enemigo regional: Irán. La retórica belicista de los ayatolás y el avance del programa nuclear iraní no fueron capaces por sí solos de convencer a los inquilinos de la Casa Blanca para que se implicaran en una nueva guerra en Oriente Medio de inciertos resultados. El cambio en el balance de fuerzas entre Israel e Irán tras los ataques del 7 de octubre de 2023 podría haber convencido a Trump de que ahora apuesta por el caballo ganador.

Debe recordarse que Netanyahu goza de un amplio respaldo tanto en las filas del Partido Republicano como del Partido Demócrata, tal y como demostró su intervención del 24 de julio del 2024 ante el Congreso estadounidense, donde fue ovacionado en repetidas ocasiones. Buena parte de su discurso lo dedicó a cargar contra el régimen iraní al que acusó de ser “responsable de todo el terrorismo, de toda la agitación, de todo el caos y de todas las matanzas... Cuando Israel actúa para impedir que Irán desarrolle armas nucleares, armas nucleares que podrían destruir Israel y amenazar a todas las ciudades estadounidenses, a todas las ciudades de las que ustedes provienen, no solo nos estamos protegiendo a nosotros mismos, sino a ustedes”. Finalmente, señaló: “Nuestros enemigos son vuestros enemigos, nuestra lucha es vuestra lucha y nuestra victoria será vuestra victoria”. A juzgar por lo acontecido en el último año, no nos queda más remedio que concluir Netanyahu dispone de un respaldo incondicional de EEUU para imponer la hegemonía israelí en el conjunto de Oriente Medio.

Todavía queda por saber cuál será la respuesta de un régimen iraní cada vez más débil y, por lo tanto, más imprevisible, dado que interpreta que lo que está en juego es su propia supervivencia. La Guardia Revolucionaria, la columna vertebral del régimen, ha sido humillada y no tiene más remedio que responder con la máxima contundencia en el menor tiempo posible si quiere recuperar la iniciativa y restaurar su capacidad de disuasión. No obstante, se enfrenta a un dilema existencial: apostar por una escalada de inciertos resultados o, por el contrario, inclinarse por una desescalada, que sería interpretada como una nueva señal de debilidad o, peor aún, como una derrota. Ambas opciones son peligrosas, porque entrañan riesgos claros para el régimen iraní.

Si bien es cierto que el régimen iraní no puede quedarse con los brazos cruzados, también lo es que deberá calibrar con cuidado su respuesta. La Guardia Revolucionaria ha advertido que “el número de bases estadounidenses en la región no es una fortaleza, sino una vulnerabilidad”, ya que albergan a 40.000 efectivos. Si decide golpearlas, EEUU podría optar por una oleada de ataques a gran escala que tuviesen como objetivo no sólo el programa nuclear, sino también las principales bases militares del país. Por otra parte, si Irán bombardea las infraestructuras petrolíferas de Emiratos Árabes Unidos o Bahréin, países que ha normalizado sus relaciones con Israel por medio de los Acuerdos de Abraham, podría en riesgo las relaciones con el conjunto del Consejo de Cooperación del Golfo. Un ataque directo contra las refinerías de Arabia Saudí, a su vez, se traduciría en la ruptura de relaciones entre ambos países, lo que acentuaría aún más el aislamiento de un Irán que parece haber sido abandonado a su suerte por China y Rusia.

Consciente de sus escasas posibilidades de éxito en un choque frontal con EEUU, el régimen iraní podría apostar por una guerra asimétrica en la que intentaría movilizar a sus aliados regionales. Durante décadas, Irán ha financiado de manera generosa a una amplia plétora de actores no gubernamentales integrados en el Eje de la Resistencia, con la esperanza de activarlos cuando la situación lo requiriese. No obstante, la mayor parte de ellos han sido golpeados sin tregua por Israel en el curso de los últimos veinte meses, lo que ha degradado prácticamente por completo sus capacidades militares.

Una vez descartados el Hamás palestino y el Hizbulá libanés, todas las miradas están puestas en las milicias chiíes iraquíes y yemeníes. No obstante, las primeras no parecen excesivamente interesadas en asumir el elevado coste que tendría atacar las bases americanas en suelo iraquí. De hecho, el influyente clérigo chií Muqtada al-Sadr ha hecho un llamamiento para que “Irak se mantenga al margen de esta guerra, ya que Irak y su pueblo no necesitan nuevas guerras”. Así las cosas, el único actor que podría acudir al rescate de Teherán serían las milicias hutíes en Yemen, que en el pasado han amenazado la libre navegación en el estrecho de Bab al-Mandeb. No obstante, es muy dudoso que dicho grupo apueste por esta vía sin que, previamente, la Guardia Revolucionaria iraní intente colapsar el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz a través del cual se exporta buena parte del petróleo que se produce en la región.

El régimen iraní parece atrapado en el dilema de responder a la agresión contra su soberanía o apostar por unas negociaciones condenadas de antemano al fracaso. Sea cual sea la respuesta de las autoridades iraníes, no conseguirán contrarrestar la aplastante superioridad militar de Israel ni tampoco hacer recapacitar al primer ministro israelí, que ha dejado claro que no sólo pretende destruir el programa nuclear, sino también provocar la caída del régimen instaurado tras la Revolución de 1979. Una vez destruido su programa nuclear, la prioridad absoluta del mandatario israelí será convencer al presidente Trump de que la misión no se completará hasta la eliminación del guía supremo Ali Jamenei y el derrocamiento del régimen islámico. Está por ver si, una vez más, consigue imponer su agenda belicista basada en “cuanto peor para Oriente Medio, mejor para Israel”.

Ignacio Álvarez-Ossorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y coeditor del libro La península arábiga e Irán ante la cuestión palestina (Ediciones de la Universidad de Granada, 2025)

Una vez más, Oriente Medio se encuentra al borde del abismo. Israel lanzó su primera oleada de ataques contra las principales centrales nucleares iraníes el pasado viernes 13 y, desde entonces, se han multiplicado los asesinatos de altos miembros de la Guardia Revolucionaria y del Ejército con el propósito de descabezar la cúpula militar iraní. El modus operandi empleado hasta el momento nos recuerda al utilizado en los últimos veinte meses para descabezar a Hamás y Hizbulá, con la única salvedad de que Irán no es una organización paramilitar, sino un país con 90 millones de habitantes que, además, atesora las terceras mayores reservas de petróleo del mundo.

Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, Netanyahu está intentando redibujar las fronteras regionales por medio de la creación de un Nuevo Oriente Medio bajo su absoluta hegemonía.

El gran escollo en su camino es el régimen iraní. En los últimos veinte meses ha golpeado, uno tras otro, a los diferentes eslabones del denominado 'Eje de la Resistencia', incluidos el Hizbulá iraní y el Hamás palestino. La caída de Bashar Al Asad en Siria no hubiera sido posible sin los sistemáticos ataques israelíes contra los efectivos de la Guardia Revolucionaria en territorio sirio. Una vez que Irán ha perdido todos sus instrumentos de disuasión para mantener a distancia a su tradicional enemigo, Netanyahu no está dispuesto a desaprovechar la oportunidad que ahora se le presenta.

El régimen iraní se encuentra en una manifiesta situación de debilidad. El aislamiento internacional de Irán ha quedado todavía más patente después de que los líderes del G7 dejaran claro, una vez más, su respaldo incondicional a Israel y hayan reconocido su derecho a defenderse, pasando por alto que es Israel quien ha iniciado las hostilidades en una flagrante violación del Derecho Internacional.

El canciller alemán ha llegado a declarar: “Solo puedo expresar respeto por el Ejército israelí”, ya que “Israel está haciendo el trabajo sucio por nosotros”. Se refiere al mismo ejército que ha asesinado a más de 55.000 palestinos en la Franja de Gaza, lo que ha llevado a que Israel sea investigado por genocidio por la Corte Internacional de Justicia y se hayan dictado órdenes de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Las opciones del régimen iraní son bastante limitadas. Las posibilidades de volver a la mesa de negociaciones son prácticamente nulas, dado que todo parece indicar que Israel ha conseguido arrastrar a Estados Unidos hacia una confrontación total con Irán. En el caso de que ataque las bases militares estadounidenses en el Golfo, Irán se arriesgaría a suscitar la ira de Donald Trump, quien podría autorizar el empleo de las temidas bombas GBU-57/B, con capacidad para atravesar búnkeres bajo tierra, para atacar la central nuclear de Fordo. En juego no solo está la destrucción completa del programa nuclear iraní, sino también la propia supervivencia del ayatolá Ali Jamenei y su régimen teocrático.

Con su intervención en Irán, Netanyahu intenta sortear el creciente malestar de algunos países occidentales que, como Francia, amenazan con reconocer simbólicamente al Estado de Palestina o reclaman la revisión de los Acuerdos de Asociación entre la Unión Europea e Israel. También gana tiempo para proseguir con la limpieza étnica de la Franja de Gaza y acelerar los preparativos para la anexión de Cisjordania.

El argumentario esgrimido por Benjamin Netanyahu para tratar de justificar sus ataques es por todos conocido: el programa nuclear iraní representa una amenaza existencial para Israel. Nada nuevo bajo el sol, porque es el mismo mantra que lleva repitiendo desde hace años con la intención de arrastrar a Estados Unidos a un choque frontal con Irán, algo que no ha suscitado excesivo entusiasmo entre los últimos inquilinos de la Casa Blanca después de las desastrosas intervenciones en Afganistán e Irak.

En 2012, Netanyahu ya advirtió a la Asamblea General de la ONU de que el régimen iraní estaba “a meses, si no semanas” de lograr la bomba atómica. Trece años más tarde, no hay rastro de dicha bomba. Tulsi Gabbard, responsable de Inteligencia Nacional estadounidense, afirmaba el pasado 25 de marzo ante el Parlamento que “Irán no está construyendo un arma nuclear” y que “el líder supremo Ali Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003”.

Estas declaraciones han irritado profundamente al presidente Trump, que parece haberse contagiado del ardor guerrero de Netanyahu y ha lanzado un ultimátum al liderazgo iraní para que se “rinda de manera incondicional”. “Sabemos dónde se esconde el autodenominado líder supremo: es un objetivo fácil, pero no vamos a eliminarlo (matarlo), al menos por el momento”.

El presidente norteamericano ha hecho suyas las exigencias del propio Netanyahu y ha hecho propios sus logros militares: “Tenemos el control completo de los cielos en Irán” y “todo el mundo debe evacuar inmediatamente Teherán”. No está de más recordar que en la capital iraní viven tantas personas como en Nueva York: casi 10 millones, exactamente la misma población que en el conjunto de Israel, lo que hace dicha evacuación materialmente imposible.

La incógnita que queda por despejar es qué ha hecho cambiar de opinión a Trump, quien hasta ahora parecía apostar por la vía diplomática para evitar que Irán siguiera enriqueciendo uranio, y si se trata de una mera estrategia negociadora para torcer el brazo del régimen iraní. En el seno de la Administración estadounidense se está librando una lucha sin cuartel entre los sectores aislacionistas, que piensan que el presidente debería concentrarse en la agenda doméstica, y los sectores belicistas, partidarios de reafirmar la hegemonía estadounidense a escala global con una nueva guerra en Oriente Medio.

Entre los máximos defensores de este último campo se encuentra Mike Huckabee, reverendo evangelista y político republicano elegido como embajador en Israel, quien considera que Trump es un elegido por Dios para restaurar el Gran Israel y acelerar la llegada del Mesías. En un reciente mensaje en sus redes sociales le aconsejó: “Creo que oirá una voz del cielo, Su voz, y esa voz será más importante que ninguna otra. Usted no buscaba este momento, pero el momento le buscó a usted”, llegando a compararle con Harry Truman, quien ordenó lanzar bombas nucleares sobre Nagasaki e Hiroshima provocando la muerte de 250.000 civiles.

La última vez que un presidente americano se dejó guiar por la voz de Dios fue cuando George W. Bush ordenó la invasión de Irak en 2003. En aquel momento también se recurrió a una campaña mediática para convencer a la comunidad internacional de que el presidente de ese país, Sadam Hussein, atesoraba armas de destrucción masiva y representaba una amenaza para la seguridad mundial.

El derrocamiento del sátrapa iraquí se vendió como la solución mágica para resolver los problemas endémicos de la región y la condición indispensable para democratizar Oriente Medio. Todos sabemos cómo acabó aquella aventura militar: la devastación de Irak y más de un millón de muertos, lo que creó el caldo de cultivo para la irrupción del denominado Estado Islámico y una devastadora guerra sectaria.

En las últimas horas, el bando belicista parece haberse impuesto en Washington. Una buena parte de la culpa la tienen los exitosos ataques israelíes contra la cadena de mando iraní, que han descabezado a la cúpula militar iraní.

Está por ver si Irán es un tigre de papel, como creen Netanyahu y Trump, o, por el contrario, todavía conserva la capacidad para incendiar Oriente Medio. Entre el amplio abanico de posibilidades en manos de Teherán estaría golpear las bases militares estadounidenses situadas en las petromonarquías del Golfo o interrumpir la libre navegación por el estrecho de Ormuz, la única vía de salida para la quinta parte de la producción mundial de petróleo, lo que podría desencadenar una crisis energética y obligar a la comunidad internacional a involucrarse, de una vez por todas, para promover una solución negociada no solo al programa nuclear de Irán, sino también para detener el genocidio de Gaza.

Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y coeditor del libro 'La península arábiga e Irán ante la cuestión palestina' (Ediciones de la Universidad de Granada, 2025)

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha amenazado en varias ocasiones a los habitantes de la Franja de Gaza con “desatar un infierno” en el caso de que Hamás no libere a los rehenes israelíes en su poder. No sólo eso, sino que además ha anunciado su intención de convertir dicho territorio en la 'Riviera de Oriente Medio' una vez que su población sea desplazada de manera forzosa a los países del entorno.

Estas declaraciones han allanado el terreno para que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rompa unilateralmente la tregua que mantenía con Hamás con el lanzamiento de intensos bombardeos que han provocado la muerte de, al menos, 500 personas en los dos últimos días (la inmensa mayoría, como suele ser habitual, civiles).

Estos bombardeos, realizados con nocturnidad y alevosía en el mes sagrado musulmán de Ramadán, tienen la evidente intención de impedir la aplicación de la segunda y tercera fases del acuerdo de alto el fuego, que preveían la consecución de una tregua duradera, la retirada completa del ejército israelí y, por último, la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Precisamente, Egipto planteó en la reciente cumbre extraordinaria de la Liga Árabe un plan de reconstrucción de Gaza por valor de 53.000 millones de dólares, en el marco del cual la Autoridad Palestina recuperaría el control de dicho territorio. Esta propuesta ha pasado sin pena ni gloria, debido tanto a la oposición frontal de Estados Unidos e Israel, como al intento de los países del Golfo de ligarla al previo establecimiento de un Estado palestino, algo que no entra en los planes de Trump ni, mucho menos, de Netanyahu.

Desde que se alcanzó el alto el fuego el pasado 15 de enero, la situación sobre el terreno ha cambiado de manera drástica. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca ha evidenciado que existe una completa sintonía entre el presidente norteamericano y el primer ministro israelí en torno a la voluntad de liquidar la cuestión palestina con el desplazamiento masivo de la población gazatí a los países árabes del entorno.

Ambos líderes coinciden, también, en la necesidad de intensificar la presión sobre el régimen iraní para que renuncie a sus ambiciones hegemónicas en Oriente Medio y paralice por completo su programa de enriquecimiento de uranio. Trump ha llegado a advertir a Irán de que, “de ahora en adelante, cada disparo de los hutíes [de Yemen] será considerado como un disparo de las armas y el liderazgo de Irán, e Irán será responsable y sufrirá las consecuencias, que serán terribles”.

Reflejando esta nueva repartición de fuerzas, Israel Katz, el ministro de Defensa israelí, ha señalado: “Hamás debe entender que las reglas del juego han cambiado: si no libera inmediatamente a todos los rehenes, se abrirán las puertas del infierno y se enfrentará a toda la fuerza de las Fuerzas de Defensa de Israel por aire, mar y tierra, hasta su completa destrucción”. Es decir: reconoce abiertamente que el acuerdo de alto el fuego sellado a mediados de enero es papel mojado y que Israel bombardeará la Franja de Gaza de manera inmisericorde a partir de ahora.

Lo que no resulta tan evidente es que Israel busque realmente la desaparición de Hamás, dado que debe preservar su existencia a toda costa para, así, tratar de justificar la destrucción de Gaza y la limpieza étnica de su población.

En las últimas semanas, Israel ha intentado renegociar el acuerdo para extender la primera fase mediante la liberación del resto de los rehenes en manos de Hamás sin tener que comprometerse a sellar una tregua definitiva o a retirarse de la Franja. Ante la oposición del movimiento islamista a renegociar lo pactado, el Gobierno israelí ha impuesto un nuevo bloqueo impidiendo la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria, medicinas, alimentos, agua, combustible o electricidad, todo ello con la luz verde por parte del presidente Trump que ha responsabilizado a Hamás del callejón sin salida al que han llegado las conversaciones.

Human Rights Watch ha recordado, una vez más, que “las autoridades israelíes han cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, incluidos desplazamientos forzosos y exterminio, y actos de genocidio durante el asalto a Gaza”, aunque llueve sobre mojado.

Esta nueva escalada parece ser una huida hacia delante de Netanyahu, investigado por la justicia por diferentes casos de corrupción y acusado por buena parte de la sociedad israelí por su negligencia en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. La reanudación de los bombardeos ha permitido el retorno del partido xenófobo Poder Judío a la coalición de gobierno, de tal manera que Netanyahu gana un aliado más para su proyecto de guerra total contra los palestinos.

Todos estos movimientos coinciden con un nuevo escándalo que podría tener efectos devastadores para el futuro político del primer ministro, ya que algunos de sus exasesores están siendo investigados por el Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior, por haber recibido supuestamente sobornos por parte de Qatar, lo que ha desencadenado la destitución de su director Ronen Bar. En un reciente artículo publicado por el periódico Yediot Ahronot, el analista Nahum Barnea advertía de que dicho enfrentamiento está empujando a Israel “hacia una forma de guerra civil, aún no con armas, pero ya en la fase de erosión de la confianza y desafío dentro de las agencias de seguridad”.

La reanudación de la ofensiva terrestre y la intensidad de los bombardeos nos hacen pensar que nos dirigimos a un escenario apocalíptico. El Gobierno israelí interpreta que ha llegado el momento de la verdad y considera que cuenta con el pleno respaldo por parte de la Administración norteamericana para adoptar su solución final.

Hoy por hoy, no existen líneas rojas y sus máximos responsables se siente reforzados para poner en práctica el desplazamiento masivo de la población de la Franja de Gaza, en especial tras las declaraciones de Trump en torno a la necesidad de convertir dicho enclave palestino en un resort de lujo una vez que se complete la limpieza étnica. Según informaba recientemente el periódico The Jerusalem Post, el Ministerio de Defensa ya ha establecido un organismo para convertir dicha propuesta en una realidad.

El principal problema no es de carácter moral, ya que esta decisión cuenta con un amplio respaldo dentro del Gobierno y por parte de la Knéset (el Parlamento israelí), sino más bien de carácter logístico, habida cuenta que tanto Egipto como Jordania han rechazado acoger a más refugiados palestinos en su territorio y han amenazado con romper relaciones diplomáticas con Israel en el caso de que lleve a cabo dicha expulsión.

Entre los posibles destinos para los refugiados, Israel y Estados Unidos están barajando diferentes opciones como Sudán, Somalia o Somaliland que, a cambio, recibirían cuantiosas ayudas económicas. “Si expulsamos a 5.000 personas al día, tardaremos un año en expulsarlos a todos”, ha afirmado ante la Knéset Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, considerando que la financiación de dicha operación debería ser una prioridad nacional.

Hace tan sólo dos meses, el objetivo de los negociadores palestinos era alcanzar una tregua de largo alcance y reconstruir la Franja de Gaza tras la retirada de las tropas israelíes, pero ahora el futuro es mucho más desalentador, ya que tanto el Gobierno israelí como la Administración estadounidense han dejado claro que apuestan por el desplazamiento forzado de los poco más de 2 millones de palestinos que han sobrevivido a quince meses de bombardeos y devastación.

La única vía para frenar la aplicación de dicho plan es que la comunidad internacional abandone, de una vez por todas, su mutismo y advierta al Gobierno israelí, de manera tajante, de que la limpieza étnica de la Franja de Gaza no saldrá gratis y tendrá consecuencias en términos de sanciones económicas y represalias políticas. De lo contrario nada impedirá que el Gobierno supremacista israelí perpetre una nueva Nakba mucho más devastadora que la desarrollada en 1948.

Ignacio Álvarez-Ossorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y coautor del libro 'Gaza: crónica de una Nakba anunciada' (Catarata, 2024)

Para cualquier mediano conocedor de la historia reciente siria, era más que evidente que la transición no iba a ser, ni mucho menos, un camino de rosas. No obstante, la magnitud de las dificultades que afronta Ahmad Al Sharaa, el nuevo hombre fuerte de Siria, es mucho mayor a la esperada, no sólo por las injerencias de las potencias regionales, sino también por el desgobierno imperante en varias partes del país, en el que las nuevas autoridades han sido incapaces de restaurar el orden y todavía están en manos de diferentes milicias que intentan imponer su autoridad.

La pasada semana, se desató una brutal ola de violencia en la franja costera que dejó más de un millar de víctimas entre milicianos armados, fuerzas de seguridad y, sobre todo, civiles alauíes que fueron ejecutados a sangre fría por diversas fuerzas yihadistas. El desencadenante de estos acontecimientos fue el asalto a las nuevas fuerzas de Policía por parte de los ‘remanentes’ del régimen asadista que, en el curso de las últimas semanas, han lanzado numerosas acciones de guerrilla desde sus feudos en la zona costera mediterránea contra las posiciones del nuevo régimen islamista establecido tras la caída del presidente Bashar Al Asad el pasado diciembre.

Estas noticias son extremadamente preocupantes, porque el nuevo brote de violencia nos retrotrae a las peores fases de la guerra civil siria en la que se perpetraron innumerables matanzas sectarias por parte de los grupos islamistas y el propio régimen asadista. También porque evidencia el caos que impera en la Siria post-Asad, con una nueva administración incapaz de hacer frente a los focos insurrectos en la Montaña alauí. Peor aún, a pesar de que es indudable que Al Sharaa ha ganado legitimidad internacional, parece incapaz de imponer su autoridad a sus propias milicias, que actúan por su cuenta y riesgo, y no parecen secundar el giro hacia el pragmatismo dado por el antiguo líder yihadista.

Aunque todavía hay más sombras que luces, varios analistas coinciden en señalar que el asalto contra las fuerzas islamistas fue orquestado desde Irak, donde se han refugiado algunos de los miembros más destacados del régimen asadista. Entre ellos se encuentra Maher Al Asad, el hermano del expresidente, quien estuvo al mando de la temible IVª División Armada, la unidad de élite del Ejército sirio responsable de innumerables crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto civil. Los denominados ‘remanentes’ del régimen no están solos, ya que cuentan con el respaldo de la Guardia Revolucionaria iraní, que tras los golpes sufridos en los últimos meses por parte de Israel está intentando recuperar la iniciativa, recomponer el debilitado 'Eje de la Resistencia' encabezado por Teherán e influir en la nueva Siria a través del patrocinio de la minoría alauí. 

Lo que parece evidente es que el vacío de poder y el desgobierno reinante crean las condiciones adecuadas para que las potencias regionales intenten extender su influencia sobre Siria por medio del respaldo a las diferentes facciones armadas que se niegan a reconocer la legitimidad de las nuevas autoridades de Damasco. Irán no es el único país que está intentando desestabilizar Siria, ya que también Israel ha bombardeado el país en numerosas ocasiones durante los últimos meses bajo el pretexto de destruir sus arsenales de armas químicas. No sólo eso, sino que también ha aprovechado el vacío de poder y la debilidad manifiesta del nuevo Gobierno interino para ocupar las zonas de amortiguación en los Altos del Golán y el monte Hermón, que se encuentra a pocas decenas de kilómetros de la capital. 

El Gobierno de Benjamín Netanyahu se ha arrogado el papel de defensor de la minoría drusa, mayoritaria en la zona de Sueida, en la frontera con Jordania, y con presencia también en los Altos del Golán sirios ocupados por Israel. El primer ministro israelí ha exigido la completa desmilitarización de las tres provincias sirias sureñas y ha advertido de que no tolerará “ninguna amenaza a la comunidad drusa”. Por su parte, Gideon Saar, su ministro de Asuntos Exteriores, ha amenazado con intervenir en Yaramana, un barrio del sur de Damasco, en el caso de que las fuerzas islamistas se desplegaran sobre el terreno. Todo ello sin consultar en ningún momento con la propia comunidad drusa, que siempre ha manifestado su compromiso con la unidad territorial de Siria y su frontal oposición a convertirse en un títere en manos de Israel y de su Gobierno mesiánico que ambiciona restaurar el Gran Israel.

En este complejo escenario, el papel de Turquía será determinante para el futuro de Siria. Debemos recordar que es el principal beneficiado por la caída del régimen asadista, ya que le permite expandir su influencia en Oriente Medio a través del patrocinio del nuevo Gobierno de Al Sharaa y, por lo tanto, restaurar su política neotomanista en sus antiguos dominios árabes, algo que el presidente Recep Tayyip Erdogan había intentado sin éxito desde las fallidas Primaveras Árabes. Esta creciente influencia turca en Siria es contemplada con alarma por Israel, acostumbrado a lidiar con rivales de menor entidad y receloso de las ambiciones hegemónicas turcas en el Levante árabe. De ahí que la principal apuesta de Netanyahu sea intentar torpedear la transición siria mediante bombardeos recurrentes y demandas exorbitantes realizadas precisamente para desestabilizar a su vecino árabe. 

Este gran juego que las potencias regionales están librando en la Siria post-Asad guarda no pocos paralelismos con las políticas del divide et impera auspiciadas por Francia durante el periodo colonial en la época de entreguerras. Tras la instauración del Mandato francés sobre Siria, las autoridades coloniales sembraron la discordia entre los diferentes componentes de la heterogénea sociedad siria, intentando enfrentar a sunníes, chiíes, alauíes, drusos, ismaelíes, cristianos y kurdos, todo para dividir y enfrentar a la población y, de esta manera, proyectar la imagen de Francia como un árbitro de las tensiones sectarias. En este marco, París patrocinó la creación de varios mini-estados autónomos artificiales, tanto en la Montaña drusa en el sur como en la Montaña alauí en la franja costera, origen de algunas de las disfuncionalidades que el Estado sirio ha venido arrastrando desde su independencia en 1946.

En 2025 vuelve a plantearse un escenario similar, aunque quien pretende dividir el territorio o debilitar al máximo al nuevo régimen son las principales potencias regionales: Irán, Israel y Turquía, todo ello con el objetivo de que Siria sea incapaz de restaurar su soberanía y recuperar su tradicional peso en la zona. A dichos países les conviene una Siria débil y fragmentada antes que una Siria fuerte y cohesionada, que renazca de sus cenizas y vuelva a convertirse en uno de los referentes de Oriente Medio. Todo ello, sin olvidar, por supuesto, el nefasto papel desestabilizador jugado en el pasado y en el presente tanto por Rusia como por Estados Unidos, que no han dudado en alimentar la hoguera de la guerra civil que ha acabado incendiando y devorando el país.

Después de 15 meses de destrucción, Israel y Hamás han alcanzado un principio de acuerdo de alto el fuego para poner fin a la devastadora guerra de Gaza. La mediación de Qatar y Egipto ha sido indispensable durante estos últimos meses de maratonianas negociaciones, pero el factor determinante ha sido la presión ejercida por el presidente electo Donald Trump y su equipo en las últimas semanas. No obstante, el acuerdo tiene más sombras que luces y su aplicación se aventura enormemente compleja, dadas la división dentro del propio gabinete Netanyahu y la manifiesta debilidad de Hamás.

En términos generales, el compromiso alcanzado replica los términos de la resolución 2.735 del Consejo de Seguridad, aprobada el 10 de junio del pasado año, que preveía un plan en tres fases que debería conducir, en último término, a una retirada israelí de la Franja de Gaza y a su reconstrucción.

Ni una cosa ni otra parecen fáciles, dado que ni el Gobierno de Netanyahu ni el estamento militar israelí contemplan una retirada completa ni tampoco ceder el control del estratégico corredor de Philadelphi, que separa el enclave palestino de Egipto a través del paso de Rafah, y tampoco parecen demasiado proclives a salir del corredor de Netzarim, que parte en dos el territorio palestino.

En los últimos quince meses, Netanyahu y sus ministros ultraderechistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir han hecho todo lo posible por torpedear todas y cada una de las propuestas de paz puestas sobre la mesa. Unos y otros tenían claro que su objetivo iba mucho más allá de recuperar a los rehenes y pretendían aprovechar la coyuntura internacional tras los ataques del 7 de octubre contra territorio israelí para dar un castigo ejemplar no sólo a Hamás, sino al conjunto de la población gazatí, así como golpear al Eje de la Resistencia capitaneado por Irán.

De ahí que haya sido la población la que haya pagado el precio más elevado por la ofensiva desencadenada contra la Franja de Gaza. Desde entonces, al menos 46.780 palestinos han sido asesinados y otros 111.600 han resultado heridos, aunque un reciente estudio publicado por la revista The Lancet considera que el número de muertos a causa directa de los bombardeos podría ser mucho mayor y elevarse en un 40%: en total, 18.680 personas más.

Por otra parte, el 80% de los edificios han resultado dañados o destruidos, por lo que su reconstrucción se antoja una tarea hercúlea, sobre todo si tenemos en cuenta que es Israel quien controla todas las fronteras del enclave palestino y podría, tal y como ha hecho en el pasado, entorpecer la entrada de materiales de reconstrucción alegando que podrían tener un doble uso.

En este contexto, la única certeza es que la Franja de Gaza tardará décadas, y no años, en resurgir de sus cenizas si se le permite. La ayuda de los países occidentales y, sobre todo, de las monarquías del Golfo será imprescindible para que este proceso pueda culminarse con éxito.

Pero antes de lanzar las campanas al vuelo es esencial que las partes cumplan lo firmado, lo que no parece una tarea sencilla, tal y como se está evidenciando en sus primeros compases. El Gobierno israelí se encuentra profundamente dividido y la propia supervivencia de Netanyahu está amenazada por sus principales socios de coalición, ya que los partidos de corte supremacista y ultranacionalista —Sionismo Religioso y Poder Judío— han amenazado con abandonar la coalición y provocar una crisis de gobierno.

Netanyahu ha retrasado la votación en su gabinete para dar el sí definitivo al acuerdo mientras ambas partes se cruzan acusaciones sobre exigencias de último minuto. Además, desde que se anunció el acuerdo, Israel ha matado al menos a 77 personas.

La posición de fuerza de Netanyahu y la debilidad de Hamás

No obstante, la aprobación del alto el fuego parece estar fuera de toda duda, ya que los principales líderes de la oposición, Yair Lapid y Benny Gantz, se han comprometido a darle su respaldo. Probablemente, la luz verde de Netanyahu al acuerdo tenga mucho que ver no sólo con las presiones por parte del presidente Trump, sino también con los buenos resultados que le auguran las encuestas, ya que vaticinan que podrá revalidar su mayoría en el caso de que se celebren unas elecciones anticipadas.

Hamás se encuentra en una posición mucho más delicada, puesto que los ataques israelíes han diezmado su estructura militar y descabezado a su liderazgo político. Su credibilidad interna también ha quedado seriamente erosionada, ya que buena parte de sus tradicionales simpatizantes le reprochan no haber calculado los elevados costes que podría generar el ataque del 7 de octubre.

Por si fuera poco, el régimen iraní, su principal patrocinador, se encuentra inmerso en una crisis existencial después de que el Eje de la Resistencia haya sido prácticamente desmantelado en los últimos meses. Hizbulá ha perdido buena parte de sus efectivos y a sus líderes como consecuencia de los ataques israelíes, lo que le ha restado capacidad para condicionar la política libanesa, tal y como demuestra la reciente elección de Joseph Aoun y Nawaf Salam como presidente y primer ministro de la república, ninguno de ellos situado en la órbita del partido-milicia libanés.

Por otra parte, el derrocamiento de Bashar Al Asad supone un golpe sin precedentes para Irán, que desde 1980 mantenía una alianza estratégica con Siria, país a través del cual abastecía de armamento a Hizbulá.

Así las cosas, parece evidente que Hamás no ha salido reforzado del 7 de octubre, sino mucho más debilitado, al igual que sus aliados regionales, lo que evidencia su enorme error de cálculo. El acuerdo de alto el fuego no contempla que la organización islamista vaya a tener ningún papel en el escenario de posguerra y probablemente tampoco pueda presentarse a unas eventuales elecciones para renovar la cuestionada Autoridad Palestina, ante el veto no sólo de Israel y Estados Unidos, sino de la propia Unión Europea, que sigue siendo el principal sostén financiero del autogobierno palestino.

Quizá la principal incógnita por despejar en el nuevo periodo que ahora se abre es quién gobernará, una vez concluida la tercera fase de los acuerdos, la Franja de Gaza. Netanyahu ha repetido hasta la saciedad que no permitirá que el enclave palestino se convierta en un Hamastán ni tampoco permitirá un Fatahland, en una clara alusión a la facción mayoritaria de la Organización de Liberación de Palestina, Fatah, liderada por el presidente Mahmud Abbas.

La máxima prioridad de Netanyahu desde la primera vez que accedió al gobierno, en 1996, ha sido destruir al movimiento de liberación nacional palestino, siguiendo las políticas aplicadas por sus maestros Isaac Shamir y Ariel Sharon.

Aquí es donde entran en escena Emiratos Árabes Unidos y Egipto, países a los que Netanyahu pretende involucrar en la gobernanza en la fase de posguerra. En concreto, el líder israelí pretende que ambos países desplieguen fuerzas sobre el terreno y se encarguen de garantizar la seguridad en la Franja de Gaza.

De esta manera conseguiría ningunear a la Autoridad Palestina y arabizar, como ya ocurrió tras la Nakba de 1948, la cuestión palestina, negando el papel de la OLP como única y legítima representante del pueblo palestino y devolviendo el dosier palestino a la comunidad árabe, mucho más proclive, tal y como demostraran los Acuerdos de Camp David (1979) y los Acuerdos de Abraham (2020), a presentar concesiones en la mesa de negociaciones y a mercadear con los derechos nacionales palestinos.

Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y coautor del libro 'Gaza: crónica de una nakba anunciada' (Catarata, 2024)

En los últimos días, hemos asistido a una ceremonia de la confusión en torno a la Organización de Liberación del Levante (Hayat Tahrir Al Sham, en árabe). Como es bien sabido, dicho grupo es el principal, aunque no el único, responsable del fulgurante avance de las fuerzas rebeldes hacia Damasco que puso fin a los 25 años de dictadura de Bashar Al Asad el 8 de diciembre.

Diversos analistas, por ignorancia o por interés, interpretan que el ideario de Hatay Tahrir al Sham (HTS) no se diferencia excesivamente del de su formación matriz –el Frente Al Nusra, la filial siria de Al Qaeda– y que el objetivo de dicho grupo es convertir a Siria en un emirato talibán similar al existente en Afganistán.

No obstante, en la última década Ahmad Al Sharaa, más conocido como Abu Muhamed Al Jolani, se ha desligado del movimiento yihadista transnacional y ha reafirmado las credenciales nacionales del movimiento que lidera. En 2013, el Frente Al Nusra rompió con el autodenominado Estado Islámico y, en 2016, hizo lo propio con Al Qaeda. Desde entonces, los choques con ambas formaciones han sido frecuentes y, de hecho, HTS las ha erradicado de los territorios bajo su control combatiendo a la yihadista Hurras Al Din y eliminado al máximo responsable del Estado Islámico: Abu Al Husein Al Qurashi.

Debe recordarse que la prioridad de dichas organizaciones yihadistas no era otra que establecer un Estado islámico regido por la sharía como paso previo a la instauración de un califato global. Para ello, no dudaron en recurrir al sectarismo para atacar a las diversas minorías confesionales (no sólo a los cristianos, sino también a drusos, alauíes e ismailíes) e imponer por la fuerza su rigorista interpretación del islam, basada en la máxima de “ordenar el bien y prohibir el mal” (al-amr bi-l-ma‘ruf wa nahi ‘an-l-munkar, en árabe), que aplicaba castigos corporales contra quienes infringiesen la ley islámica.

Aunque en el pasado el Frente Al Nusra también persiguió a dichas minorías, en la actualidad Al Jolani ha manifestado su voluntad de respetar la diversidad de la sociedad: “En la Siria del futuro, la diversidad es nuestra fortaleza y no es una debilidad”.

Desde su creación en 2017, la máxima prioridad de HTS ha sido gestionar de manera eficiente Idlib. Dicha provincia del noroeste de Siria, fronteriza con Turquía, tiene una extensión de unos 6.000 km² y acoge a más de cuatro millones de habitantes, dos terceras partes de ellos desplazados internos. Sus responsabilidades de gobierno le han obligado a alejarse de la retórica yihadista y negociar con los actores locales. Para tratar de ganar el respaldo de una población heterogénea que no comulga necesariamente con su ideario salafista, HTS ha apostado por la vía del pragmatismo mediante el diálogo con los líderes tribales, recurriendo a la conocida estrategia del palo y la zanahoria. Es decir: aplicando la coerción para perseguir a los sectores seculares críticos con su gestión, pero ofreciendo a la población servicios básicos como agua o electricidad para ganarse su apoyo.

En la última década, HTS ha impuesto en Idlib un gobierno islámico, aunque en una versión mucho más edulcorada de la que estuvo vigente en el pseudo-califato yihadista dirigido por Abu Bakr Al Bagdadi en Irak y Siria hace años. De hecho, Al Jolani ha señalado: “El gobierno debe ser coherente con la sharía, pero no de acuerdo con los estándares del Estado Islámico ni de Arabia Saudí”. Si bien es cierto que no se impone la separación de géneros en el espacio público, sí se obliga a la mujer a cubrirse con el velo. Al contrario que en el Afganistán de los talibanes, en Idlib las niñas están escolarizadas y las mujeres pueden ir a la universidad, pero en clases segregadas.

Probablemente este giro hacia el pragmatismo está forzado por las circunstancias, ya que la sociedad siria es sumamente heterogénea y uno de cada tres sirios pertenece a las minorías confesionales o étnicas. Además, debe tenerse en cuenta que, como en otros países de la región, un porcentaje significativo de la población es laica y desconfía de los intentos del HTS de imponer una lectura extremadamente rigorista del islam.

Parece evidente que no es lo mismo gobernar una pequeña provincia rural como es Idlib que dirigir un territorio tan complejo como Siria, que además está devastado tras una cruenta guerra civil, tarea hercúlea que exigirá el concurso de todos los componentes de la diversa sociedad siria.

En los últimos años, Al Jolani no ha dejado de hacer guiños a Occidente para tratar de ganarse su confianza y que deje de contemplar a HTS como una organización terrorista. En primer lugar, ha dejado claro que no permitirá que su territorio se convierta en un santuario yihadista desde el cual se lancen ataques contra Occidente. En segundo lugar, ha señalado que respetará la diversidad de la sociedad y no perseguirá a las minorías dado que, como señalara en una reciente entrevista, “estas sectas han coexistido en la región desde hace cientos de años y nadie tiene derecho a eliminarlas”. En tercer lugar, ha señalado que el final de la guerra creará las condiciones necesarias para el retorno de los refugiados acogidos tanto en los países del entorno como en el continente europeo. Todo ello ha allanado el terreno para que Estados Unidos y la Unión Europea hayan establecido contactos preliminares con HTS.

En todo caso, no debe restarse un ápice de gravedad a la crítica situación en la que se encuentra Siria tras 14 años de conflicto. Si bien es cierto que la dictadura asadista ha finalizado, también lo es que podría ser reemplazada por otra de carácter islamista. De hecho, el nombramiento de Mohamed Al Bashir como primer ministro interino no es una buena señal, ya que dicha decisión no ha sido consensuada con el resto de grupos rebeldes y fuerzas opositoras. Otro tanto puede decirse de los gobernadores de Damasco y Alepo, las dos ciudades más importantes del país, que también son dos altos cargos del HTS.

La principal incógnita por despejar en este periodo de incertidumbre en el que ahora nos adentramos es qué tipo de transición se emprenderá y hasta qué punto las fuerzas opositoras serán integradas en las nuevas estructuras de gobierno. Al Jolani, el nuevo hombre fuerte de Siria, ha señalado en una entrevista con CNN que “HTS es solamente una parte de la ecuación y puede disolverse en cualquier momento, ya que no es un fin en sí mismo”. Igualmente ha afirmado que “Siria merece un sistema de gobierno basado en las instituciones y no uno donde un único gobernante adopte decisiones de manera arbitraria”.

Hoy por hoy, está por ver que estas buenas intenciones se traduzcan en el establecimiento de una democracia plena en la que todos los ciudadanos, independientemente de su confesión o etnia, dispongan de los mismos derechos, tal y como reclamaban los manifestantes que en 2011 tomaron las calles para demandar la caída del régimen y el final de la dictadura de Al Asad.

La repentina captura de Alepo y Hama ha sorprendido a propios y extraños hasta el punto de que muchos analistas consideran que podrían ser el principio del fin del régimen asadista. La debilidad de Rusia, Irán y Hizbulá, tradicionales aliados de Bashar Al Asad, es uno de los motivos que explica los drásticos cambios registrados sobre el terreno, pero no es el único ni, probablemente, el más relevante.

Tras catorce años de guerra civil, Siria atraviesa la peor crisis de su historia reciente con un país fracturado en lo político, dividido en lo social y hundido en lo económico. El presidente Bashar Al Asad es contemplado por una inmensa mayoría de la población como el principal responsable de esta situación, ya que su intención de mantenerse en el poder contra viento y marea ha provocado la destrucción del país.

Durante el conflicto han muerto, al menos, medio millón de sirios y la mitad de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares convirtiéndose en refugiados en los países del entorno o desplazados dentro de su propio país. Nueve de cada diez sirios viven bajo el umbral de la pobreza y la corrupción permea como un cáncer el conjunto del Gobierno.

Por si no fuera suficiente, el país está dividido en cuatro entidades diferentes. Hasta hace poco, el gobierno asadista controlaba dos terceras partes del territorio: los corredores urbano (Damasco-Homs-Hama-Alepo) y litoral (Tartus-Lataquia), así como la estratégica ciudad de Deir Az Zor a orillas del Éufrates.

En los últimos diez días, la situación ha cambiado de manera drástica, ya que la islamista Organización para la Liberación de Siria (Hayat Tahrir Al Sham, HTS en sus siglas en árabe), al frente del Gobierno de Salvación Nacional en Idlib, ha lanzado una ofensiva en el curso de la cual ha conquistado buena parte de las provincias de Alepo y Hama y, ahora, avanza hacia Homs, un punto neurálgico que comunica Damasco con la costa mediterránea.

Por su parte, la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria dirigida por las Fuerzas Democráticas Sirias, bajo dominio kurdo, controla los territorios al norte del Éufrates con el respaldo de Washington. Por último, existe un Gobierno Interino en las zonas fronterizas del norte bajo autoridad del Ejército Nacional Sirio, de obediencia turca, que ha aprovechado la coyuntura para hacerse con el control de los barrios kurdos de Alepo y la ciudad de Tel Rifaat, de donde han huido decenas de miles de kurdos.

Durante años, el presidente Bashar Al Asad ha logrado mantener su precario poder gracias al respaldo incondicional que le han prestado sus aliados. No obstante, la distribución de fuerzas ha cambiado de manera drástica en los dos últimos años. De una parte, la invasión rusa de Ucrania, que obligó a Putin a retirar buena parte de sus efectivos de Siria (incluido el Grupo Wagner) para concentrarlos en el frente ucraniano. De otra parte, la estrategia de “unidad de las arenas” establecida por Irán tras el ataque del 7 de octubre de 2023, que obligó a los integrantes del Eje de la Resistencia a involucrarse en el combate contra Israel para tratar de evitar la desaparición de Hamás. Desde entonces, la Guardia Revolucionaria iraní y el Hizbulá libanés han sufrido una serie de golpes sin precedentes por parte de Israel que han mermado de manera significativa sus capacidades operativas y han puesto en tela de juicio su influencia en Oriente Medio y Líbano, respectivamente.

Hoy por hoy, ni Rusia ni Irán disponen de recursos suficientes para frenar el avance rebelde y, probablemente, ya dan por amortizado a Bashar Al Asad. De hecho, Rusia apenas tendría una docena de aviones desplegados en su base área de Hmeimin en Lataquia y ha retirado sus últimas tres fragatas del puerto de Tartus, la única base naval de la que dispone la flota rusa en el Mediterráneo.

A su vez, el régimen iraní se encuentra inmerso en una crisis sin precedentes, ya que su Eje de la Resistencia ha quedado descabezado en el último año y su absoluta prioridad es garantizar su propia supervivencia en un entorno hostil, máxime ante la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Si bien es cierto que en el pasado apostó todas sus cartas por Al Asad, en la actualidad carece de capacidad para acudir en ayuda de su tradicional aliado ante la aguda crisis económica que atraviesa.

Sus llamamientos para movilizar a las milicias chiíes iraquíes englobadas en el Hashad Shaabi (Esfuerzo Popular), han chocado con la frontal oposición del influyente clérigo chií Muqtada Al Sadr y con la tibieza del Gobierno iraquí, que no desea verse inmerso en las pantanosas aguas sirias.

El propio régimen sirio tampoco dispone de efectivos para plantar cara a las bien entrenadas y armadas unidades agrupadas en la HTS y el ENS. El aventurismo militar de Putin en Ucrania y las derrotas sufridas por el Eje de la Resistencia han colocado a Al Asad en una situación extremadamente vulnerable. Todo ello en un contexto en el que vivía un momento dulce tras su reciente rehabilitación por la Liga Árabe y el restablecimiento de relaciones con Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes.

Hoy en día, el liderazgo de Al Asad es ampliamente contestado incluso en el interior de sus filas, donde el malestar es evidente y las deserciones son masivas ante la incapacidad del régimen para hacer frente siquiera a los irrisorios salarios que todavía perciben funcionarios y militares y que son incapaces de garantizar unos ingresos mínimos ante la galopante inflación y la caída en picado de la libra siria.

En este contexto, Turquía emerge como el principal beneficiado de los reveses del régimen y la debilidad rusa e iraní. Debe recordarse que Turquía se integró en el Proceso de Astaná en 2017 al constatar que su apuesta por el derrocamiento de Al Asad había fracasado. De ahí que intentase coordinarse con Rusia e Irán para, al menos, salvar los muebles y lograr que una serie de demandas básicas fueran tenidas en cuenta.

La más importante era expulsar a las Unidades de Defensa Popular kurdas de las zonas fronterizas, ya que las considera una amenaza para su propia seguridad nacional por su estrecha relación con el PKK. Otra de sus demandas era que, en la fase de posguerra y en coherencia con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad, se constituyese un gobierno de unidad nacional en el que se integrasen los grupos opositores y se convocasen elecciones legislativas y presidenciales para elegir a un nuevo liderazgo. Todo ello, en opinión de Ankara, crearía las condiciones para un retorno gradual de los tres millones de refugiados sirios acogidos por Turquía, presencia que se ha convertido en una bomba de relojería para el propio Erdogan en las últimas citas electorales.

Ante la negativa de Rusia e Irán a tener en cuenta los intereses turcos, Erdogan ordenó a su ejército intervenir en territorio sirio. Las operaciones Escudo del Éufrates, Rama de Olivo y Manantial de la Paz, entre 2017 y 2019, se saldaron con la masiva expulsión no sólo de las milicias kurdas, sino también con la limpieza étnica de dichos enclaves con la expulsión masiva de la población kurda. Ahora, los avances registrados en la región en los últimos meses colocan a Turquía en una situación ventajosa, ya que ha pasado de eslabón débil de la cadena a parte fuerte de la ecuación. La reciente caída de Alepo y Hama le coloca en una posición de fuerza frente a Rusia e Irán, ya que Turquía es el promotor del ENS y mantiene estrechas relaciones con HTS.

Si bien es cierto que todavía es demasiado pronto para predecir cómo evolucionarán los acontecimientos en los próximos días y si el colapso del régimen se traducirá en la caída de Bashar Al Asad, lo que parece claro es que, una vez más, las potencias regionales seguirán interfiriendo en el país árabe. Muchos actores internacionales, entre los que se encuentran Estados Unidos e Israel, consideran que sigue siendo beneficioso para sus intereses mantener indefinidamente el conflicto sirio para debilitar a sus rivales regionales. No obstante, el rápido avance rebelde evidencia que, entre la población siria, existe un amplio consenso en torno a la imposibilidad de que el máximo responsable de la destrucción del país se perpetúe indefinidamente en el poder y condene a Siria a un futuro aciago.

Un año después del ataque del 7 de octubre, la Franja de Gaza ha quedado reducida a escombros y, al menos, 42.000 de sus habitantes han muerto y otros 95.000 han sido heridos como resultado de los ataques indiscriminados perpetrados por el Ejército israelí, que no distingue entre objetivos civiles y militares. El control del corredor Philadelphia en la frontera con Egipto ha permitido a Israel restringir aún más la entrada de ayuda humanitaria, lo que ha provocado una hambruna generalizada con la propagación de enfermedades como la polio o la hepatitis. El objetivo parece claro: destruir todos los medios de vida para hacer inhabitable la Franja de Gaza.

En este último año, el primer ministro Benjamin Netanyahu no se ha cansado de repetir que Israel está librando su segunda guerra de independencia, lo que pone de manifiesto que pretende aprovechar el incondicional respaldo occidental para establecer una nueva realidad sobre el terreno basada en la ampliación de las fronteras y el desplazamiento masivo de la población. A estas alturas, parece evidente que el Gobierno israelí no tiene ninguna intención de alcanzar un alto el fuego o retirarse de la Franja de Gaza. No sólo eso, sino que lo más probable es que recurra, una vez más, a su política de ‘hechos consumados’ con la división de la franja y la concentración de su población en espacios cada vez más reducidos.

Un territorio inhabitable

Por el momento, el Ejército israelí ha partido en dos la Franja de Gaza con la creación del corredor Netzarim, una barrera de seis kilómetros de largo y otros dos de ancho, que separa el norte y el sur de la franja. Dicho corredor impide el retorno de los desplazados que fueron obligados a abandonar sus hogares en Beit Lahia, Beit Hanun, Jabalia y Ciudad de Gaza en los primeros compases de la ofensiva militar. El 13 de octubre del pasado año, el millón de habitantes de esta última recibió un ultimátum para evacuar la ciudad con el pretexto de “salvaguardar su seguridad”. A día de hoy, sólo un 30% de los desplazados del norte del corredor Natzarim ha podido retornar a sus hogares, en su mayor parte reducidos a escombros.

Ahora el poderoso movimiento de colonos pretende convertir el corredor de Netzarim en la nueva frontera de Israel. El Foro de Comandantes y Soldados en Reserva ha presentado un plan destinado a expulsar a los 300.000 palestinos que todavía quedan en el norte de Gaza y que contempla la imposición de un completo asedio que impida la entrada de agua, alimentos y medicinas para forzarles a abandonar definitivamente sus viviendas. El profesor Uzi Rabi, director del influyente Moshe Dayan Center de la Universidad de Tel Aviv, lo ha expresado en toda su crudeza: “Desplacen toda la población civil del norte; quienes se queden serán considerados legalmente como terroristas y sometidos a un proceso de inanición o exterminio”.

A pesar de que Netanyahu ha señalado que “Israel no tiene intención de ocupar permanentemente Gaza ni de desplazar a su población civil”, lo cierto es que esta aseveración, como muchas otras del mandatario israelí, no tiene ninguna relación con la realidad. El pasado 28 de enero se celebró en Jerusalén la conferencia “Los asentamientos traen seguridad y victoria” promovida por la organización Nachala en la que tomaron parte 12 ministros del Gobierno israelí. Durante dicho encuentro, su directora Daniella Weiss manifestó: “Es el fin de la presencia de los árabes en Gaza. En lugar de ellos habrá muchos, muchos judíos que volverán a los asentamientos y construirán nuevas colonias”.

Esta posición no sólo es compartida por el movimiento colono, sino por buena parte del supremacista y mesiánico Gobierno israelí, abiertamente favorable a la expulsión o aniquilación de la población de Gaza. Itamar Ben-Gvir, ministro de Interior y al frente del supremacista Poder Judío, se mostró a favor, el 14 de mayo, de la “emigración voluntaria” de los palestinos, un eufemismo para denominar la limpieza étnica: “Para acabar con el problema debemos hacer dos cosas: la primera es volver a Gaza ahora, volver a casa, volver a nuestra tierra santa; la segunda es fomentar la emigración: promover la salida voluntaria de los residentes de Gaza porque es ético, es racional, es lo correcto, es la verdad, es lo humano y es lo que dice la Torá”. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas y responsable del Partido Sionista Religioso, fue mucho más allá al considerar “justificado y moral matar de hambre a dos millones de civiles hasta que nos devuelvan a nuestros rehenes” en el curso de una conferencia pronunciada el 6 de agosto, aunque reconoció que la comunidad internacional probablemente no lo permitiría.

En el caso de aplicarse dichas propuestas, los territorios al sur del corredor Netzarim, que representan dos tercios de la franja palestina, concentrarían a más de dos millones de desplazados convirtiéndose en la zona más densamente poblada del planeta. El destino que les espera es de todo, menos tranquilizador, ya que Netanyahu no tiene ninguna intención de permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria ni de favorecer su reconstrucción, tal y como le reclama buena parte de la comunidad internacional. Su principal objetivo es mantener de manera indefinida la precariedad actual para hacer la franja completamente inhabitable, lo que crearía las condiciones para un éxodo masivo en el caso de que se abran las puertas al Sinaí egipcio.

Una Gaza sin autoridad

Un elemento indispensable para llegar a este escenario es impedir, a toda costa, que se restablezca cualquier tipo de autoridad sobre el territorio palestino. Como verbalizara el propio Netanyahu, “no estoy dispuesto a cambiar un Hamastán por un Fatahland”, en referencia a las dos principales formaciones políticas palestinas. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes han recrudecido su campaña contra la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) para tratar de desacreditarla e impedir sus actividades en el conjunto de los territorios ocupados. Un proyecto de ley aprobado el 22 de julio por el Parlamento israelí la tachó de “organización terrorista”.

La intención de Netanyahu no sería otra que evitar que surja una autoridad capaz de gobernar la franja y acometer su reconstrucción. En su lugar, el Gobierno israelí pretende fortalecer a los clanes tribales para que sean ellos quienes asuman la tarea de gestionar la caótica situación y redistribuir la escasa ayuda humanitaria que entra en el enclave palestino en una reedición de Los juegos del hambre. Como señalara un reportaje de The Guardian, “Gaza se enfrenta a un caos cada vez más profundo a medida que se desmoronan los últimos restos de orden civil, dejando un vacío cada vez más ocupado por bandas armadas, clanes, familias poderosas y delincuentes, que determinan quién recibe la ayuda humanitaria que tanto se necesita”, lo que ha llevado a diversos analistas a advertir que, si no se revierte la situación, Gaza podría convertirse en la Mogadiscio del Mediterráneo.

Para Netanyahu y su gobierno extremista, una eventual somalización de Gaza reportaría innumerables ventajas, entre ellas evitar que Hamás pueda retornar al poder o que la Autoridad Palestina gestione los fondos de la reconstrucción. Al mismo tiempo, dividiría aún más a la escena palestina con la irrupción de los clanes tribales como actores políticos, en un proceso similar al registrado en Siria, Libia o Irak en los últimos años ante el colapso estatal. La aparición de señores de la guerra es abiertamente alentada por el Gobierno israelí, ya que también contribuye a cimentar su relato colonial de una sociedad caótica a la que solo puede gobernarse mediante el empleo de la fuerza.

Ignacio Álvarez-Ossorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y coautor de Gaza. Crónica de una nakba anunciada (Catarata, 2024)

Tal y como había amenazado en las últimas semanas, el Ejército israelí ha iniciado su invasión terrestre en el sur de Líbano en lo que anuncia como “una operación limitada, localizada y selectiva”. Se trata de la misma fórmula empleada en el pasado para justificar la intervención en la Franja de Gaza y su completa destrucción, que hasta el momento han provocado casi 42.000 muertes y más de 96.000 heridos.

Dados los precedentes, podemos aventurar que la invasión israelí de Líbano ni será limitada, ni tampoco localizada, ni mucho menos selectiva y, una vez más, será la población civil la que tenga que pagar el precio más elevado por el aventurismo militar israelí. Por el momento, más de un millón de libaneses (casi un 25% de la población) se han visto obligados a abandonar sus hogares y huir de los ataques indiscriminados que, al igual que en Gaza, no diferencian entre objetivos civiles y militares.

En estos tiempos de amnesia colectiva, no está de más recordar que, cuando el Gobierno de Menajem Begin decidió invadir Líbano en 1982, también utilizó la misma expresión: una operación limitada para destruir la Organización para la Liberación de Palestina y poner fin a sus operaciones contra el norte de Israel. Finalmente, las tropas israelíes acabaron llegando a Beirut, la primera capital árabe en ser asediada por el ejército hebreo, y mantuvieron su ocupación de los territorios al sur del río Litani durante casi dos décadas –su retirada no se produjo hasta el año 2000–. Precisamente su presencia sirvió de detonante para la irrupción del grupo chií Hizbulá.

Como era previsible, la Administración de Joe Biden se ha apresurado a secundar la invasión israelí y ha subrayado el derecho a la autodefensa de su principal aliado en Oriente Medio, al que presta un inquebrantable respaldo económico y militar, así como una amplia cobertura política y diplomática –a pesar de los reiterados crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en los últimos doce meses en la Franja de Gaza–.

No sólo eso, sino que Lloyd Austin, secretario de Defensa estadounidense, se ha mostrado a favor de “desmantelar la infraestructura de ataque a lo largo de la frontera para garantizar que Hizbulá no pueda perpetrar ataques similares a los del 7 de octubre” y ha advertido de “las serias consecuencias que afrontará Irán si opta por un ataque directo contra Israel”. Irán ha lanzado este lunes casi 200 misiles contra Israel sin causar fallecidos.

En los últimos días, EEUU ha aprobado una nueva ayuda de 8.500 millones de dólares para que Israel siga engrasando su maquinaria de guerra, así como el envío de miles de efectivos a la región para evitar que Irán abra un nuevo frente en la guerra.

El Gobierno de Netanyahu interpreta que el balance de fuerzas es plenamente favorable para Israel, que ha demostrado su capacidad para luchar en varios frentes al mismo tiempo, en un intento de descabezar el denominado 'Eje de la Resistencia', una coalición informal de fuerzas compuesto por el grupo palestino Hamás, Hizbulá, los hutíes yemeníes y diversas milicias mayoritariamente chiíes iraquíes.

Parece evidente que el silencio y la complicidad de la comunidad occidental ante la completa destrucción de la Franja de Gaza y el exterminio de su población han sido interpretados por los dirigentes israelíes como un cheque en blanco para extender la guerra por el conjunto de Oriente Medio.

El objetivo declarado de la operación es impedir el lanzamiento de cohetes hacia el norte del Estado hebreo para permitir el retorno de más de 60.000 evacuados, así como expulsar a la milicia chií al norte del río Litani, tal y como reclama la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU (que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hizbulá).

No obstante, Israel intenta aprovechar la manifiesta debilidad de Hizbulá, diezmada por una serie de golpes sin precedentes que ha descabezado su aparato militar y eliminado a su máximo dirigente, Hasán Nasralá, para imponer una nueva realidad sobre el terreno.

Como parte fuerte de la ecuación, Israel no pretende limitarse a neutralizar las capacidades militares de Hizbulá, sino que también aspira a influir en la escena política libanesa mediante el establecimiento de un Gobierno afín en el que la milicia chií no goce de minoría de veto, tal y como ocurría hasta ahora. Para ello necesita contar con colaboradores que se apresten a cumplir la hoja de ruta fijada por Tel Aviv, algo que no parece sencillo.

La imposición israelí del líder cristiano Bashir Gemayel como presidente de la República, tras la invasión de 1982, acabó con su asesinato y la posterior matanza en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila. Con estos antecedentes, es difícil, por no decir imposible, que cualquier dirigente libanés, independientemente de su confesión, esté dispuesto a colaborar con el Gobierno israelí y a convertirse en correa de transmisión de los planes de desestabilización regional de Netanyahu.

Lo que no puede descartarse es que, en este nuevo contexto, ciertos líderes políticos se vean tentados de aprovechar la fragilidad de Hizbulá para saldar cuentas pendientes con el movimiento y forzar cambios en la estructura de poder del país. No son pocas las voces que acusan a dicho grupo de intimidar al resto de actores políticos y estar detrás del asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri en 2005, y de la explosión del puerto de Beirut en 2019 –que se saldaron con cientos de muertos–.

En este sentido es pertinente recordar que la fractura entre los bloques libaneses prooccidental y prosirio sigue plenamente vigente, como demuestra el hecho de que hayan sido incapaces de alcanzar un acuerdo en torno a la elección de un jefe de Estado tras el final del mandato de Michel Aoun, un estrecho aliado de Siria y Hizbulá, hace ahora dos años.

En estos tiempos distópicos que nos ha tocado vivir, algunas voces próximas a Israel pretenden justificar la invasión israelí de un país soberano aludiendo a que “Israel no está invadiendo Líbano, sino liberándolo” del dominio de Hizbulá, tal y como ha señalado el escritor francés Bernard-Henry Lévy.

Por su parte, Benjamin Netanyahu no ha dudado en presentarse, en el colmo del cinismo, como el liberador del pueblo iraní de la opresión de los ayatolás: “Cuando Irán sea finalmente libre, y ese momento llegará mucho antes de lo que la gente piensa, todo será diferente. Nuestros dos pueblos ancestrales, el pueblo judío y el pueblo persa, finalmente estarán en paz. Nuestros dos países, Israel e Irán, estarán en paz”.

No es la primera vez que se emplea el discurso de la liberación y la democratización para justificar las intervenciones militares en países soberanos, pero sorprende que, después del rotundo fracaso de las invasiones de Afganistán e Irak, vuelvan a esgrimirse los mismos argumentos para tratar de justificar lo injustificable; pero ya sabemos que el hombre es único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

En los últimos días, Israel ha lanzado una cadena de ataques para tratar de descabezar, de manera definitiva, a la rama militar de Hizbulá. Se trata de la mayor ofensiva registrada desde la guerra de 2006 y ha provocado, en un solo día, más de medio millar de muertos, una cifra que no veíamos desde el final de la guerra civil libanesa en 1990. Como consecuencia del lanzamiento masivo de misiles, miles de civiles libaneses se han visto obligados a abandonar sus hogares en el sur del país y la zona de la Beqaa, dos regiones de mayoría chií.

Desde los ataques del 7 de octubre, Israel y Hizbulá vienen librando una guerra de desgaste sin un claro ganador. Sin embargo, en las últimas semanas el equilibro de fuerzas ha cambiado de manera drástica tras una serie de ataques de precisión israelíes contra los máximos dirigentes de la milicia chií.

Fuad Shukr, número dos de la organización, fue asesinado el 30 de julio y el 20 de septiembre le llegó el turno a Ibrahim Aqil, jefe de operaciones, cuando se reunía con una docena de comandantes de la unidad de élite Redwan. Unos días antes, la explosión sincronizada de miles de dispositivos móviles había matado a 37 personas y provocado heridas de distinta consideración a más de 3.000. Como consecuencia de estas acciones, la cadena de mando de Hizbulá ha quedado seriamente dañada y sus capacidades militares, severamente limitadas. 

Todo parece indicar que el Gobierno israelí considera que ha llegado el momento de pasar la página del ciclo acción-reacción y lanzar una amplia operación para destruir a Hizbulá. Una vez arrasada la Franja de Gaza, Israel considera que tiene las manos libres para abrir un nuevo frente en Líbano. La pasividad de la comunidad internacional ante la destrucción de Gaza y el genocidio de su población ha sido interpretada por el Gobierno de Netanyahu como un cheque en blanco. Aunque se trata de una decisión no exenta de riesgos, existe un amplio consenso en el seno de la escena política israelí en torno a la necesidad de aprovechar la manifiesta debilidad de Hizbulá para asestar un golpe definitivo.

De cara a las próximas semanas no deberíamos descartar una 'gazificación' del Líbano o, al menos, de algunos de sus territorios, sobre todo aquellos donde la milicia de Hizbulá cuenta con mayor presencia, como las provincias del sur, el valle de la Beqaa o el suburbio de Dahiye, en Beirut.

Cabe prever que los ataques no serán ni quirúrgicos ni limitados y se repetirán las mismas matanzas que las registradas en Gaza en este último año. Debe recordarse que fue en la guerra de 2006 cuando Israel puso en práctica por primera vez la Doctrina Dahiye, promovida por su jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot que, en sus propias palabras, pretendía “aplicar una fuerza desproporcionada y causar grandes daños y destrucción: no hay que distinguir entre aldeas civiles y bases militares”.

En los últimos meses, las máximas autoridades políticas y militares israelíes han recurrido a una retórica belicista cada vez más preocupante. Yoav Kisch, ministro de Educación, señaló recientemente que “no hay diferencia entre Hizbulá y Líbano” y que “Líbano será aniquilado: no existirá tal y como lo conocemos”. Por su parte, Yoav Gallant, ministro de Defensa, ha amenazado en reiteradas ocasiones con devolverlo “a la Edad de Piedra”, afirmando: “Lo que hemos hecho en Gaza, podemos hacerlo en Beirut”. 

Algunos analistas consideran que esta retórica tendría como principal propósito presionar a Hizbulá para forzarle a interrumpir sus ataques, lo que permitiría el retorno de los 80.000 israelíes que se vieron obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del lanzamiento de cohetes. Otros piensan que esta escalada es una antesala de una futura desescalada.

Sea como fuere, el ejército israelí parece estar siguiendo el mismo libreto al que recurrió para tratar de justificar la estrategia de tierra quemada aplicada en Gaza. Un alto cargo militar ha señalado que “Hizbulá utiliza sus aldeas, incluidas mezquitas, hospitales, clínicas o escuelas como lugares para lanzar cohetes y misiles contra civiles israelíes”, de tal manera que dichos lugares tienen todas las papeletas de ser considerados objetivos legítimos por el ejército israelí.

De consumarse estas amenazas, no será la primera vez que Israel invade Líbano: ya lo hizo en 1982 para tratar de destruir a la Organización de Liberación de Palestina e instaurar un gobierno títere cristiano que se aviniera a firmar un tratado de paz. No sólo no consiguió sus objetivos, sino que, además, allanó el terreno para la irrupción en escena de la resistencia islámica que, desde entonces, ha ganado un considerable peso en la escena política hasta alcanzar, en la actualidad, una posición hegemónica.

La ocupación militar del sur libanés duró casi dos décadas y los últimos efectivos israelíes se retiraron en el año 2000 dejando un reguero de muerte. En 2006, Israel lanzó una nueva ofensiva contra Hizbulá que provocó más de 1.100 víctimas y destruyó una parte importante de las infraestructuras civiles, pero no logró destruir a Hizbulá, que sigue disfrutando de importantes apoyos en el seno de la sociedad libanesa.

El gobierno israelí podría estar cometiendo un enorme error de cálculo al infravalorar las capacidades de Hizbulá y al interpretar que la milicia chií se ha convertido en un gigante con pies de barro que, tarde o temprano, acabará por desmoronarse como consecuencia de la estrategia de máxima presión a la que la está sometiendo.

Hizbulá es mucho más que una milicia armada y, en sus cuatro décadas de existencia, ha conseguido erigir un Estado dentro del Estado. Su presencia en el Parlamento es clave para garantizar la gobernabilidad del Líbano y sus redes caritativas prestan servicios esenciales para buena parte de la comunidad chií, uno de los eslabones más débiles de la heterogénea sociedad libanesa.

Tras sufrir una serie de golpes sin precedentes, todo parece indicar que Hizbulá no pretende escalar las tensiones ni entrar en una guerra total con Israel que, además, podría desencadenar la destrucción d Líbano. Hoy por hoy, su máxima prioridad es tratar de recuperarse de las bajas sufridas y garantizar su propia supervivencia en un contexto regional sumamente adverso.

Hizbulá es plenamente consciente del escaso margen de maniobra de sus aliados del Eje de la Resistencia, ya que Irán no parece interesado en un choque frontal contra sus tradicionales enemigos y las milicias chiíes en Yemen, Iraq o Siria apenas cuentan con recursos para plantar cara a un envalentonado Israel que, por otra parte, disfruta del inquebrantable respaldo de Estados Unidos.

Ignacio Álvarez-Ossorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y coautor de 'Gaza. Crónica de una nakba anunciada' (Catarata, 2024).

El asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán viene a evidenciar lo que era un secreto a voces: la prioridad del Gobierno israelí es incendiar Oriente Medio y arrastrar a Estados Unidos a una guerra contra Irán. El primer ministro Benjamín Netanyahu confía en que la extensión del conflicto al conjunto de la región le servirá también como cortina de humo para culminar la destrucción de la Franja de Gaza y la aniquilación de su población.

En esta lógica del ‘cuanto peor, mejor’, nos hemos acostumbrado a que el Ejército israelí bombardee un día Damasco, otro Beirut y al siguiente Teherán, como si fuera lo normal. El 4 de diciembre del pasado año, Ronen Bar, jefe del servicio de Inteligencia israelí Shin Bet, advirtió de que su agencia “mataría a los líderes de Hamas en cualquier lugar, ya fuera en Gaza, Cisjordania, Líbano, Turquía o Qatar”. Es lo que viene haciendo en los últimos meses con el asesinato de Saleh al Arouri, número dos de Hamás, en Beirut el 2 de enero de 2024; el intento de asesinato de otro líder de Hamás, Mohamed Deif, en Gaza el 13 de julio y, ahora, la aniquilación de Haniyeh en Teherán.

Por el camino hemos normalizado por completo que Israel bombardee el consulado iraní en Damasco para matar a altos responsables de la Guardia Revolucionaria de Irán o el barrio de Dahiyeh, en la periferia sur de Beirut, para acabar con el número dos del grupo chií Hizbulá, Fuad Shukr.

Ismail Haniyeh era el máximo dirigente del Movimiento de la Resistencia Islámica, más conocido por su acrónimo Hamas. En su larga trayectoria política había desempeñado prácticamente todos los cargos dentro de la organización, desde responsable del movimiento en Gaza en 1997 a jefe de la Oficina Política de Hamás desde 2017, pasando por el puesto de primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina entre 2006 y 2007. Su activismo político le llevó a ser detenido en numerosas ocasiones y a sufrir varios intentos de asesinato, lo que le obligó a fijar su residencia en Doha, la capital de Qatar.

Tras el ataque del 7 de octubre, fue acusado por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y contra la humanidad, junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. En los últimos meses, había desempeñado un relevante papel en las negociaciones para el alto el fuego y el intercambio de prisioneros, que chocaron con la intransigencia del Gobierno radical israelí, más interesado en la destrucción de Gaza que en un acuerdo con Hamás.

Respaldo incondicional de EEUU

No hay que pasar por alto que la eliminación de Haniyeh tiene lugar pocos días después del viaje triunfal de Netanyahu a Estados Unidos, donde recibió un respaldo incondicional tanto del actual presidente demócrata, Joe Biden, como del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. En su intervención ante el Congreso fue aclamado por la mayoría de los congresistas y senadores estadounidenses, a pesar de los casi 40.000 muertos y 91.000 heridos que, hasta el momento, ha provocado la brutal campaña militar israelí contra la Franja de Gaza.

Es más que probable que este masivo respaldo haya sido interpretado por el dirigente israelí como un cheque en blanco para culminar la destrucción del territorio palestino hasta convertirlo en completamente inhabitable. El momento y el lugar elegidos no puede ser más simbólicos, ya que Israel ha asesinado a Haniyeh cuando asistía a la toma de posesión del nuevo presidente iraní, Masud Pezeshkian, en pleno corazón de Teherán. La integridad del líder palestino había sido encomendada a la Guardia Revolucionaria, lo que evidencia importantes fallas de seguridad por parte de unos de los cuerpos de élite del régimen iraní, así como pone de manifiesto la efectividad de los servicios de Inteligencia israelíes.

La opción de golpear en Teherán era, entre las barajadas, la menos sencilla, ya que la estancia de Haniyeh en la capital iraní apenas iba a prolongarse unas pocas horas. En la elección de Teherán debe haber pesado el intento de no indisponerse con las autoridades qataríes y turcas, ya que el dirigente palestino reside habitualmente en Doha y Estambul entre fuertes medidas de seguridad.

El asesinato de Haniyeh y otros dirigentes islamistas en la región parece obedecer a la lógica de expandir el conflicto al conjunto de Oriente Medio con el objeto de involucrar a Estados Unidos en un choque frontal con Irán. En las últimas dos décadas, Israel ha conseguido desembarazarse de sus principales rivales en la región. Iraq y Siria, que en su día representaron una amenaza para Tel Aviv, se han convertido en Estados fallidos tras la caída de Saddam Hussein en 2003 y el estallido de la guerra civil siria en 2011.

En la actualidad, el denominado 'Eje de la Resistencia' representa el principal escollo para la imposición del Eretz Israel, un Gran Israel que se extienda entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. De ahí la imperiosa necesidad de derribar al régimen iraní y golpear a sus aliados regionales, entre los que se encuentran el Hamás palestino, el Hizbulá libanés y los hutíes yemeníes.

Netanyahu y su Gobierno son plenamente conscientes que Irán y su 'Eje de la Resistencia' no pueden ser destruidos sin la participación directa de Estados Unidos. De ahí que el primer ministro israelí haya invertido buena parte de sus energías en tratar de convencer a Donald Trump, primero, y a Joe Biden, después, de la necesidad de golpear a Irán y derrocar su régimen teocrático. Si bien es cierto que ambos han renegado del acuerdo nuclear y apostado por la estrategia de máxima presión contra Teherán, al mismo tiempo ninguno quiere involucrarse en una nueva aventura bélica de inciertos resultados tras las desastrosas intervenciones en Afganistán e Irak.

En este contexto, cobran sentido los constantes ataques israelíes contra objetivos iraníes y sus aliados regionales, que pretenden desencadenar un choque frontal que obligue a Estados Unidos a involucrarse de una manera activa. Aunque las autoridades iraníes hayan llamado a la venganza y estén obligadas a responder al asesinato de Haniyeh, lo cierto es que son plenamente conscientes de sus limitaciones y que no pueden caer en la tela de araña tejida por Israel, ya que contribuirían a cavar su propia tumba.

Por ello, lo más probable es que la reacción iraní esté milimétricamente medida y no difiera demasiado de la registrada el 13 de abril, tras el ataque contra su consulado en Damasco, cuando se contentaron con lanzar cientos de misiles y drones sobre varias bases militares israelíes que no llegaron a causar víctimas mortales.

El reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno español no ha tomado a nadie por sorpresa. Esta decisión estaba recogida en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar y, por lo tanto, tan sólo era una cuestión de tiempo que se materializara. Este paso también es coherente con la política exterior española hacia la cuestión palestina en las últimas décadas e, incluso, ya fue recogida en la proposición no de ley aprobada por el Congreso en 2014, con el respaldo de todos los partidos del arco político. También la opinión pública la secunda mayoritariamente, tal y como recoge el último Barómetro del Real Instituto Elcano, que señala que dicha medida cuenta con un 78% de respaldo.

El Gobierno israelí dirigido por Benjamín Netanyahu ha dejado claro, por activa y por pasiva, que nunca aceptará la creación de un Estado palestino sobre los territorios de Cisjordania, Gaza y Jerusalén, ocupados desde 1967. No sólo eso, sino que su programa de gobierno recoge como su máxima prioridad la necesidad de extender la soberanía israelí al conjunto de los territorios comprendidos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, lo que equivaldría a una anexión de facto.

Parece evidente, por lo tanto, que la eventual creación de un Estado palestino no llegará como “consecuencia de un proceso de negociación entre las partes”, tal y como contemplaba la mencionada proposición no de ley.

Por otra parte, tampoco parece lógico postergar indefinidamente este reconocimiento en aras a un eventual consenso en el seno de la familia europea, toda vez que varios países se han mostrado abiertamente contrarios a dicha iniciativa, como es el caso de Alemania o Francia. Ante esta cruda realidad sólo quedaban dos alternativas: bien seguir apelando a la retórica de los dos Estados, como se ha venido haciendo hasta ahora o, por el contrario, romper este círculo vicioso con una apuesta clara a favor de la estatalidad palestina, tal y como se ha hecho.

Con el paso dado por Irlanda, Noruega y España ya son 146 Estados los que han reconocido al Estado palestino, toda una declaración de intenciones frente al proyecto colonial sionista y sus intentos de destruir cualquier posibilidad de erigir un Estado soberano e independiente en los Territorios Palestinos Ocupados.

La mayor parte de dichos países pertenecen al Sur Global y están ubicados en los continentes africano, asiático y americano. En este sentido, la Unión Europea, como el resto de Occidente, sigue representando una anomalía, puesto que sólo once de sus 27 miembros lo reconocen y buena parte de ellos lo hicieron en el marco de la Declaración de Argel de 1988 cuando aún formaban parte del bloque soviético.

Lo que a estas alturas resulta del todo revelador es que ninguno de los integrantes de la Unión Europea se haya planteado revisar sus relaciones con Israel en respuesta a su ofensiva contra la Franja de Gaza que ha provocado, hasta el momento, 35.709 muertes y 79.990 heridos.

Mientras muchos gobernantes europeos se muestran renuentes a un gesto meramente simbólico como es el reconocimiento del Estado palestino, no tienen el menor inconveniente en dar un trato privilegiado a un gobierno acusado de perpetrar crímenes de guerra y de lesa humanidad por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional –que ha solicitado órdenes de detención para el primer ministro Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant–, o, incluso, de estar cometiendo un posible genocidio, tal y como ha establecido la Corte Internacional de Justicia.

A partir de ahora, la Unión Europea lo tendrá un poco más difícil para justificar el trato de favor que concede a Israel y no podrá seguir mirando hacia otro lado, fingiendo ignorar lo que ocurre sobre el terreno. Si ciertos países europeos persisten en proveer de armas a Israel para que destruya por completo la Franja de Gaza podrían, en un futuro, ser acusados de complicidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por el Ejército israelí, incluidos los de exterminio, la muerte intencionada de civiles o el empleo del hambre como arma de guerra, confirmados por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional.

En este contexto cobra especial relevancia la decisión del Gobierno español, que viene a reafirmar la vigencia de la solución de los dos Estados y la necesidad de que todo acuerdo se base en el derecho internacional. Es cierto que esta decisión no cambiará la situación en el corto plazo ni tendrá resultados prácticos para la población palestina, que atraviesa su mayor catástrofe desde la Nakba de 1948, pero también lo es que el reconocimiento del Estado palestino pone en evidencia la clamorosa soledad de Israel, cada vez más aislado por las decisiones de un Gobierno radical empeñado en imponer, a sangre y fuego, su completa soberanía sobre el territorio que se extiende entre el río y el mar.

*Álvarez-Ossorio es coautor del libro Gaza. Crónica de una Nakba anunciada (Catarata, 2024)

Israel no se ha recuperado del estado de shock en el que se encuentra desde el sorpresivo ataque lanzado por Hamas desde la Franja de Gaza y, probablemente, tardará mucho tiempo en hacerlo. La formación de un minigabinete de guerra integrado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el ex jefe del Estado Mayor Benny Gantz ha puesto en evidencia que existe un amplio consenso sobre la incapacidad del actual Gobierno de coalición para afrontar una crisis que podría desestabilizar al conjunto de Oriente Medio en el caso de que se extienda por la región.

Las decisiones adoptadas por el actual Gobierno israelí, considerado por propios y extraños como el más radical y extremista de la historia del país, han sido determinantes para explicar la intensificación de la violencia en el curso de los últimos meses. Dicho Gobierno consiste en una heterogénea amalgama de fuerzas que tiene tres componentes principales. En primer lugar, el Likud, un partido de corte derechista hostil a la creación de un Estado palestino y que en las elecciones de 1977 fue capaz de derrotar por primera vez al Partido Laborista, que detentaba una posición hegemónica en el terreno político. El segundo componente es el Partido Sionista Religioso, integrado por varias formaciones ultranacionalistas y supremacistas judías y que defiende la anexión de Jerusalén Este y Cisjordania –a las que denominan Judea y Samaria, por sus nombres bíblicos– que, junto a la Franja de Gaza, componen los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. El tercer componente son los partidos religiosos sefardí Shas y askenazí Judaísmo Unido de la Torá, con una agenda ultraortodoxa que les enfrenta a las formaciones laicas e izquierdistas de la Knéset, el Parlamento israelí.

Es bastante elocuente el hecho de que Yair Lapid, líder de la oposición y al frente del partido laico Yesh Atid, haya rechazado formar parte en el gabinete de guerra mientras no sean expulsados del Gobierno de coalición dos de sus miembros más radicales: Bezalel Smotrich, cabeza de lista del Partido Sionista Religioso y al frente del Ministerio de Finanzas, e Itamar Ben Gvir, líder de Poder Judío y ministro de Seguridad Interna. Ambos comulgan con una ideología mesiánica y consideran que la Tierra de Israel pertenece a los judíos por decreto divino. De hecho, residen en asentamientos de colonos considerados ilegales por las convenciones internacionales. 

Desplazamiento forzoso

Smotrich se hizo célebre por un panfleto titulado El plan decisivo de Israel, publicado en 2017, en el que abogaba directamente por la expulsión de la población palestina que no reconociese la supremacía judía sobre los territorios ocupados. El plan señalaba: “Quienes decidan no renunciar a sus ambiciones nacionales recibirán ayuda para emigrar a uno de los muchos países donde los árabes hacen realidad sus ambiciones nacionales o a cualquier otro destino del mundo”. Desde entonces, su influencia no ha hecho más que aumentar en la escena política israelí. En las negociaciones para la formación del actual Ejecutivo, Smotrich exigió que el programa de gobierno reconociese que “el pueblo judío tiene el derecho exclusivo e indiscutible a todas las partes de la Tierra de Israel”, que incluye los territorios ocupados palestinos. No solo eso, sino que además el actual gobierno se comprometió a extender la soberanía israelí a Cisjordania, un paso previo para su anexión formal. 

Hoy en día, Bezalel Smotrich es uno de los ministros más influyentes del gabinete israelí tras asumir el Ministerio de Finanzas, cuyas competencias van mucho más allá de lo que su enunciado señala. En realidad, dicho ministerio ejerce el control absoluto de casi dos terceras partes de Cisjordania, la denominada Área C de los Acuerdos de Oslo donde viven más de 400.000 colonos israelíes contraviniendo la IVª Convención de Ginebra, que impide a la potencia ocupante modificar la composición demográfica del territorio ocupado. Hace dos años, el político israelí protagonizó una agria polémica con una diputada árabe de la Knéset en la que le espetó: “Estás aquí por un error, es un error que Ben Gurion no terminara el trabajo y no os echara en 1948”. 

Avigdor Lieberman, líder de la formación Israel Nuestra Casa y exministro de Defensa, es otro de los políticos que habitualmente se pronuncian a favor de un desplazamiento forzoso. Hace 20 años se hizo célebre por reclamar la expulsión de los denominados árabes de Israel, que disponen de ciudadanía israelí y representan el 20% de la población del Estado. Ante los micrófonos de la Radio del Ejército, Lieberman exhortó a Ariel Sharon a perpetrar “matanzas generalizadas” contra los palestinos para inducirles a abandonar sus hogares, tal y como ocurrió en 1948. En un mitin electoral incluso pidió la decapitación a los árabes israelíes desleales. En una reunión ministerial llegó a concretar su plan, según citaron varios medios: “A las 8:00 am, bombardearemos los centros comerciales; a mediodía, sus gasolineras; y a las dos, los bancos... Luego mantendremos abiertos los pasos fronterizos”.

Tras la operación Inundación del Aqsa llevada a cabo por Hamás, este debate ha vuelto a cobrar fuerza. En los últimos días, varios diputados de la Knéset se han sumado a los llamamientos a llevar a cabo una nueva limpieza étnica como la ordenada por David Ben Gurion, el padre fundador de Israel y que los palestinos denominan la nakba (catástrofe en árabe), la expulsión forzada de 750.000 personas de sus hogares. Tras la reciente masacre perpetrada por Hamás en territorio israelí, Ariel Kallnet, miembro del gobernante Likud, tuiteó en sus redes sociales: “Ahora mismo, un objetivo: ¡nakba! Una nakba que eclipse la nakba de 1948. Nakba en Gaza y nakba a cualquiera que se atreva a unirse!”.

Un ultra al frente de Seguridad Interna

Otro de los arietes del Gobierno de coalición israelí es Itamar Ben Gvir, que proviene del movimiento Kach, incluido en el listado de organizaciones terroristas de Estados Unidos, y conocido admirador de Baruch Goldstein, un colono que perpetró una matanza contra los palestinos en la mezquita de Abraham en Hebrón, en cuyo asentamiento reside. Ben Gvir es célebre por encabezar las incursiones de colonos extremistas en la mezquita del Aqsa de Jerusalén, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes tras La Meca y Medina. Estas provocaciones son del todo menos inocentes, ya que precisamente la irrupción de Ariel Sharon por la Explanada de las Mezquitas fue el desencadenante principal de la cruenta Intifada del Aqsa en el año 2000.

Ben Gvir detenta el Ministerio de Seguridad Interna, lo cual no deja de ser una paradoja teniendo en cuenta que fue excluido del servicio militar por sus posiciones extremistas. El líder del supremacista Poder Judío no solo tiene bajo su mando a la Policía, sino también los controles militares distribuidos por los territorios ocupados, así como las cárceles israelíes en las que se hacinan más de 5.200 presos palestinos (un 20% bajo detención administrativa y encarcelados sin cargos). En una reciente polémica, el político israelí dejó claro que los derechos de los judíos debían anteponerse a los de los palestinos: “Mi derecho, el derecho de mi esposa y el de mis hijos a moverse por Judea y Samaria se antepone al derecho de los árabes a moverse”.

Todas estas provocaciones no han caído en saco roto y han tenido una clara traducción en la situación sobre el terreno. Militantes del movimiento colono ultranacionalista, cuyos intereses representa el Partido Sionista Religioso en la Knéset y el Gobierno, han pasado a la acción llevando a cabo numerosos ataques contra las aldeas palestinas y sus pobladores. Un reciente informe de la ONU señalaba que, desde comienzos de año, un total de 60 comunidades palestinas han sido atacadas violentamente sin que las fuerzas de ocupación intervinieran, lo que da a los colonos una absoluta impunidad. En total, la ONU ha denunciado casi 600 ataques de los colonos en los que han sido asesinados más de 200 palestinos, casi el doble que el pasado año, lo que solo puede atribuirse a la permisividad de las fuerzas israelíes bajo control de Smotrich y Ben Gvir, dos de los principales respaldos de Netanyahu. 

El reciente ultimátum de las autoridades israelíes a que más de un millón de palestinos abandonen sus hogares en el norte de la Franja en 24 horas podría ser una señal de que las tesis de los sectores duros se han impuesto y se llevará a cabo un desplazamiento forzoso de la población ante la pasividad de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, que ha dado luz verde al Gobierno israelí para que lleve a cabo su ataque sobre el territorio ocupado palestino.

--

Ignacio Álvarez-Ossorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense