El conflicto del Sahara Occidental es hoy un conflicto olvidado. La presión marroquí y otras crisis más perentorias, impiden que ocupe el primer plano de la prensa internacional, a pesar de los casi cuarenta años de su ocupación por Marruecos y de las continuas violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes.

Una ocupación en la que el Gobierno del General Franco en 1975 y el del Rey Juan Carlos en 1976 tienen mucha responsabilidad, tal como muestra Wickileaks, en relación con los cables intervenidos de Kissinger. Aún hoy España tendría la obligación jurídica de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues la cesión del territorio que hizo a Marruecos es nula. Es un territorio que no forma parte de Marruecos y que está a la espera de descolonización.

¿Por qué el Sahara Occidental está siendo administrado por Marruecos?

El pasado 14 de noviembre hizo 39 años de la firma, por el Presidente del Gobierno español y los representantes de los Gobiernos de Marruecos y Mauritania de una «Declaración de principios» sobre el territorio del Sahara Occidental, entonces bajo administración española. Unos acuerdos que, como señalan opiniones muy autorizadas, son nulos. Estos acuerdos fueron sorprendentes (incluso conociendo su parte económica, secreta). Escasamente un mes antes, la Corte Internacional de Justicia, en su Dictamen Consultivo del 16 de octubre de 1975, había declarado que no había vínculo de soberanía entre Mauritania o Marruecos con el Sahara y que no había razón para no aplicar la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU y descolonizar ese territorio.

Este Acuerdo abrió el camino para la inmediata ocupación militar del territorio por parte de los dos Estados -no sin encontrar una fuerte resistencia armada de su población- y para su posterior reparto entre ambos, realizado en el acuerdo de 14 de abril de 1976. El 5 de agosto de 1979 el Frente Polisario y Mauritania alcanzan un acuerdo por el cual Mauritania cede la parte que ocupaba del Sahara Occidental al Frente Polisario, pero Marruecos se anexiona esa zona el 11 de agosto.

¿Qué ocurrió desde 1976?

De entrada, hay que recordar un hecho transcendental: el 27 de febrero de 1976, se produce la proclamación de la República Arabe Saharaui Democrática cuyos límites serían los de la antigua provincia española y que ya entonces eran territorios ocupados. Ha sido reconocida por 82 países y pertenece a la Organización para la Unidad Africana desde 1984.

La evolución del conflicto se puede dividir en tres fases: Una primera, de inactividad de la ONU y que comprende el periodo entre 1976 y 1988. Está marcado tanto por la ocupación militar del territorio por Marruecos como la oposición armada de los saharauis a través del Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro).

Es en esta época cuando aparece el “Muro del Sahara Occidental”. Fue construido por el ejército marroquí con la ayuda de expertos israelíes y la asistencia financiera de Arabia Saudita y de Estados Unidos. En realidad consiste de 8 muros, que suman 2.720 kilómetros de berma de arena – un espacio elevado y llano que divide en dos un espacio – que recorre el Sahara Occidental y el sudeste de Marruecos separando las áreas controladas por el gobierno de dicho país y la llamada Zona Libre del Frente Polisario.

Una segunda fase, entre 1988 y 2002, centrada en el “Plan de Arreglo de la cuestión del Sahara Occidental” de 30 de agosto de 1988 cuyo elemento central estaba constituido por la celebración de un referéndum de autodeterminación en el territorio. Este Plan se acompañó en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de 18 de junio de 1990 un “Plan de aplicación de conformidad con la Resolución 621 (1988) del Consejo de Seguridad”.

En esta fase, se llega a la primera paralización en 1995, debido esencialmente a las solicitudes de inclusión de votantes en el censo por parte de Marruecos. Tras el nombramiento de James Baker como Enviado personal del Secretario General (1997), se inician nuevas consultas y negociaciones sobre las medidas para la ejecución del “Plan de Arreglo” que alcanzaron resultados en los Acuerdos de Houston de diciembre de 1997 sobre el procedimiento para resolver las apelaciones relativas a la inscripción en el censo de votantes y el Código de Conducta en el referéndum, lo que hizo que el Consejo de Seguridad de la ONU determinara en dos ocasiones una fecha para el referéndum. Marruecos paralizó entonces el procedimiento especialmente mediante la presentación de 130.000 solicitudes de inclusión en el censo de votantes.

¿Cuál es la situación actual?

Pese a las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, desde 1975 hasta las más recientes, que afirman sistemáticamente que la solución final al conflicto pasa por la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental, referéndum incluido; la situación actual es de paralización de la resolución del conflicto. Una situación que favorece a Marruecos, especialmente por la explotación de los recursos naturales, y que está provocando que el Frente Polisario esté planteando seriamente la vuelta a la lucha armada.

Una parte de la población saharaui está viviendo en pésimas condiciones la zona de Tinduf, un área desértica e inhóspita en territorio argelino. Su población es de varias decenas de miles de habitantes (algunos de los cuales llevan más de 30 años allá, y otros, de tercera generación nunca han pisado suelo saharaui), pero la cifra exacta varía en función de la fuente.

¿Cuál es la actitud de las autoridades españolas hacia los saharauis?

A diferencia de lo que ocurre con los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o los sefardíes que tienen un procedimiento privilegiado para la adquisición de la nacionalidad española (mera residencia de dos años) no hay una regla equivalente para los saharauis.

El Tribunal Supremo está en los últimos tiempos reconociendo a los saharauis la condición de apátridas, con independencia de que hayan nacido en territorio argelino, en los campos de refugiados, o en el territorio del Sahara Occidental.

La actuación del Gobierno español, en mi opinión, siempre ha estado mediatizado por la presión marroquí (vinculada al contencioso sobre Ceuta y Melilla). Eso explica la falta de impulso a la descolonización y que la ayuda oficial se limite a la humanitaria.

Son 9 autopistas de peaje concedidas por el Gobierno de Aznar en los trayectos Madrid-Toledo (AP-41), Radiales 2, 3, 4 y 5, Ocaña-La Roda (AP-36), Cartagena-Vera (AP-7), Alicante-Cartagena, la autopista M-12 que lleva al aeropuerto de Barajas y la circunvalación de Alicante, hoy en quiebra. Constituyen un modelo de mala gestión pública, tanto por su planificación como por su ejecución.

El Gobierno de Aznar otorgó a concesionarios privados la construcción de estas infraestructuras. Uno puede pensar, inocentemente, que el hecho de que se hayan sido empresarios privados los que hayan acometido las obras, que el riesgo de la construcción lo asumían ellos directamente con los bancos. Nada más lejos de la realidad.

Estas vías recibieron cuantiosas ayudas públicas a la construcción. Ayudas que se materializaron bajo la fórmula de préstamos participativos y avales que hoy el Estado ha de dar por perdidos. las condiciones fueron muy deficientes para el Estado: tenían en la mayor parte de los casos la consideración de subordinados, esto es, la Administración que prestó el dinero queda en peor condición que los propios accionistas que, supuestamente, son los que asumen el riesgo de la operación.

La cuantía fue muy alta: en la autopista Cartagena-Vera, por ejemplo, los préstamos que otorgó el Estado eran tres veces mayores que la cuantía que aportó el concesionario privado. Esto es, no parece que aquí el riesgo de la empresa lo asuma el concesionario de la autopista sino el propio Estado. De este modo es fácil asumir una obra de esta naturaleza: los costes los asume el Estado, el beneficio que pudiera haber será privado y la garantía del Estado cubrirá las deudas empresariales..

Dicho de otro modo, el Estado va a asumir la pérdida del dinero prestado que no va a recuperar así como el del dinero que deberá desembolsar en la actualidad para el pago a los acreedores de los concesionarios. No se ha señalado nada, además, del efecto que va a tener sobre el déficit público ya que será ahora cuando, una vez se materialice la garantía del Estado, cuando habrá que computarlo en el déficit público. Un aspecto más que dificultará conseguir el objetivo europeo y que provocará problemas con los servicios públicos.

La planificación de las obras fue muy deficiente en relación con la protección del medio ambiente. No es difícil descubrir la conexión que había con el desarrollo urbanístico: las radiales de Madrid pensaban nutrirse de nueva población que viviera en las ciudades y pueblos que iban a crecer mucho, de acuerdo con los planes que se aprobaron en la época de Esperanza Aguirre. Un desarrollo que atenta contra los principios de sostenibilidad del urbanismo pero que resultaba absurdo desde un punto de vista de la gestión púlbica.

Hay dos autopistas que son especialmente dañinas para el medio ambiente. La Cartagena-Vera tenía un único objetivo: que se urbanizara una parte del litoral que aún permanecía con bajo nivel de ocupación. No había necesidad, sino que era el medio para que la necesidad surgiera, manifestada en un incremento del turismo y una sobreocupación de la franja litoral. Todo ello con el elemento añadido de los problemas de agua que existe en esa zona del levante

La Autopista Madrid-Toledo es buen ejemplo de un comportamiento contrario al medio ambiente. Iba a constituir el primer fragmento de la autopista Madrid-Toledo-Ciudad Real-Córdoba, que se planificó sin tener presente que había que cruzar espacios de alto valor ambiental. La Evaluación de Impacto Ambiental, que se efectuó siendo Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, demostró lo obvio: que la autopista era “incompatible con el medio ambiente”. Por ello, tuvo que anularse el proyecto Toledo-Córdoba y quedó sólo este fragmento que, lógicamente no ha resultado rentable para el concesionario.

El efecto positivo para el medio ambiente ha tenido su elemento negativo en la responsabilidad del Estado y en las obras que hubo que acometer para mejorar el acceso a Andalucía, sin olvidar los préstamos participativos otorgados al concesionario: El Tribunal Supremo declaró la responsabilidad del Estado por la anulación del tramo Toledo-Ciudad Real-Córdoba ya que con ello no resultaba rentable la autopista Madrid-Toledo. Primer coste al que se añade el segundo actual del rescate, más el que resulta de ampliar la autovía A-4 a su paso por Despeñaperros, inaugurado en 2011 en la última gran obra de la época Zapatero.

Las autopistas constituyen el ejemplo paradigmático de la mala gestión de la obra pública en España. Han sido un reducto para que haya sido un lugar de negocio fácil para las constructoras, que han asumido menos riesgos de los que hubiera sido conveniente. No podemos olvidar que este es el segundo caso en nuestra historia en donde ha habido que rescatarlas: en los años ochenta del siglo pasado hubo un proceso similar.

Frente al negocio fácil, no se abordan los problemas que “hacen país” social y económicamente: el eje Mediterráneo (y, en particular, el desdoblamiento de la línea férrea entre Castellón y Tarragona), la Y vasca, la integración del puerto más importante de España (Algeciras) con las redes de ferrocarril y autovías de alta capacidad; o los accesos a Cantabria y Asturias por ferrocarril -en este último caso, nótese que de las cuatro horas dura el trayecto Madrid a Asturias, dos son a León (337km) y dos a Oviedo (124 km)-.

Es un campo abonado para la post-verdad y la demagogia política, como ocurre con el mal llamado AVE a Palencia y León, que no llega a la velocidad requerida para ser “alta velocidad” por el uso la señalización visual ASFA que limita la velocidad a 200 km/h. Como es demagogia decir que se va a recuperar el dinero pagado mediante el incremento del tráfico. Si así fuera, no se alcanza a ver la razón por la que ha de nacionalizarse las pérdidas de estas empresas.

Y no se aborda la necesidad de evolucionar hacia un sistema de comunicaciones sostenible ambientalmente. Evitar la contaminación de nuestras ciudades y, con carácter general, el calentamiento global, obliga a impulsar el transporte colectivo y el no contaminante, especialmente en distancias cortas. Más y mejor tren de cercanías. Y ¿por qué no? diseñar una red de vías interurbanas para bicicletas, como en Holanda o Alemania.

Es cierto, como ha señalado Hidalgo, que hay razones ideológicas que pueden dar una explicación al fenómeno y que se puede percibir un corrimiento hacia la derecha de los votantes estadounidenses, lo que nos conectara con el endiablado sistema electoral a que haré referencia al final. Ha ganado en votos populares y en los electorales. De hecho, la victoria republicana es por aplastamiento, controlan la Presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado. Será Trump el Presidente que proponga un Magistrado para el Tribunal Supremo en sustitución del fallecido Scalia, que será conservador, y con ello todos los poderes caen del lado republicano. Nos esperan, por tanto, cambios importantes.

Es curioso recordar cómo el grado de vinculación y de compromiso de la derecha es muy superior ahora en todo el mundo al de los votantes progresistas y de izquierda. La desafección puede ser fruto del tipo de discurso que se plantea. A los votantes más de izquierda les ha debido preocupar los republicanos que se han inclinado por Clinton. De hecho, algunos le han situado como la candidata típica republicana. Acaso se debe empezar a pensar que, frente al discurso conservador de los aparatos de los partidos de izquierda, el electorado y las bases se inclinan por candidatos rupturistas y con un discurso ideológicamente diferenciado. No obstante, los círculos de poder en los partidos siguen teniendo gran peso.

Pero posiblemente haya también razones más primarias para explicarlo.

En un contexto de auge populista en todo el mundo, el discurso de Trump es fácil de comprar para muchos, sobre todo en ciertos colectivos empobrecidos y que se sienten vulnerables ante lo que viene de fuera. En particular, dos aspectos: el “anti casta” y el antiglobalizador. Y por ello, frente a Trump, Clinton no era buena candidata. Frente a otro candidato más convencional sí, frente a un discurso populista y rupturista no. Aquí Sanders hubiera tenido muchas más opciones.

Hillary Clinton iba con una gran mochila a sus espaldas. Forma parte del establishment de Washington, ese que es tan odiado en buena parte de los Estados Unidos. Por partida doble, además. El debate se situaba, pues, en la discusión entre la gente corriente (que mayoritariamente le ha votado) y las élites que se han inclinado por Clinton. De hecho, incluso ha podido jugar en su contra el dinero que ha podido acumular -legalmente- la familia como consecuencia de su paso por la política.

Posiblemente pueda resultar extraño considerar a un archimillonario como Trump “gente corriente”, pero muchos le veían como alguien que no ha pisado la moqueta de las Instituciones. Algunos le ven como el modelo que tanto gusta en EEUU, del hombre que se rehace a si mismo, incluso después de quiebras de sus empresas. El candidato al que el Partido Republicano “oficial” ha desdeñado. En definitiva, el populismo de derechas a que he hecho referencia en otras ocasiones.

El TPP y el TTIP forman parte, en el imaginario colectivo de muchos estadounidenses, de un ataque frente a lo propio, frente al buy local tan importante en su economía. La apertura de mercados contenida en ambos tratados se ve como una amenaza de introducción masiva de productos foráneos. Es el voto rural y el voto obrero blanco que teme la producción agrícola foránea y las fábricas del Sudeste asiático y la llegada de emigrantes. En el no a ambos tratados, por cierto, Trump coincide con el ala más de izquierda del Partido Demócrata, la que encabezan Sanders y Warren; aunque por distintas razones.

La campaña se ha situado, además, en la contraposición entre dos escándalos, que se han demostrado con una relevancia desigual: el sexual de Trump y el de los correos electrónicos de Clinton. El primero se ha considerado una cuestión privada para la mayoría a pesar de su importancia ética. Frente a ello, el último se ha podido ver cómo la manifestación de alguien que no es especialmente cuidadoso y que, por tanto, pone al país en una situación de debilidad; un riesgo que la sociedad estadounidense no acepta.

Resulta en este sentido paradójico lo poco que han trascendido las propuestas de uno y otra.

El sistema electoral estadounidense favorece un determinado tipo de candidato. La exigencia de inscripción ha favorecido siempre a los blancos, que votan mucho más que el resto de colectivos. En estas elecciones, las exigencias de identificación con fotografía han podido dejar fuera a muchos votantes de colectivos que mayoritariamente podrían haber sido votantes demócratas.

A partir de ahora empezarán cuatro años que se esperan complicados. El último mandato de un Republicano, George W. Bush, es el de la guerra de Iraq cuyas consecuencias estamos padeciendo hoy. No es de extrañar que cambie radicalmente la posición de EEUU en relación con los conflictos sirios y la forma de luchar contra Al Qaeda y el Daesh. Pero también en ordenación económica, en libertades y derechos, la sociedad estadounidense pueden notar cambios relevantes. Nos toca esperar acontecimientos.

*Artículo publicado en Global Politics and Law ( @GPoliticsLaw) Global Politics and Law @GPoliticsLaw

No podemos olvidar que la preocupación hacia el peso de Asia en las relaciones económicas deriva de que, en las palabras del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos cuando prevé que «como consecuencia del declive de Occidente y del ascenso de Asia, de aquí a 2030 los Estados en vías de desarrollo habrán sobrepasado a los Estados desarrollados»

Ciertamente, si tomamos todos los acuerdos de libre comercio que se han venido firmando en la cuenca del Pacífico, podemos encontrar una situación un tanto caótica, como lo muestra este gráfico de la NBC:

Precisamente por ello, pasa a ser muy relevante las negociaciones que se están desarrollando para la firma del RCEP, que agruparía a este ámbito territorial:

En efecto, los países que están en el gráfico anterior, parece que tienen avanzadas las negociaciones sobre la siguiente vertiente de Tratado comercial, el Regional Comprehensive Economic Partnership, que agrupa a los países de ASEAN más aquellos con los que ya están suscritos acuerdos de libre comercio. Esto es, si las negociaciones fructifican estarán Australia, Brunei, Camboya, Corea del Sur, China, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda Singapur, Tailandia, Vietnam. Un acuerdo cuyosprincipios inspiradores fueron publicados en 2012 y del cual no se ha hablado demasiado en Europa, a pesar de que puede constituir el transfondo de las negociaciones del TTIP y CETA

Si quisiéramos plantear los datos centrales de esta agrupación económica, veríamos que agrupa al 40% del comercio internacional, el 45% de la población (más de 3000 millones de personas bajo su ámbito de influencia).

El RCEP está celebrando estos días en China su 15ª ronda negociadora, después de los avances que se produjeron en su reunión de Nueva Zelanda de junio, especialmente en eliminación de aranceles que llegaban al 80% sobre el valor actual.

En una primera aproximación, podríamos pensar que el RCEP resulta similar al TPP. Es, en este sentido, un tratado que tiene el objetivo de liberalizar y armonizar estándares, incluyendo regulaciones de bienes y servicios, pero también, protección de la propiedad intelectual (similar al que tiene el TPP, por petición japonesa) o un mecanismo similar al de protección de inversiones.

Ahora bien, a diferencia de otros tratados de libre comercio, éste tiene una pretensión de menor armonización y más preocupación por los aspectos relativos a la liberalización de los mercados de bienes y servicios. Está, por tanto, mucho más cerca de los acuerdos de libre comercio que hay suscritos en el sudeste asiático. Podríamos pensar, incluso, que dado que no están los EE.UU. no ha existido la preocupación del TPP en la protección de la industria farmacéutica o la de la protección de la información comercial, lo que está facilitando su negociación.

Este acuerdo forma parte de los importantes movimientos que se están produciendo en Asia en materia comercial. Movimientos que oscilan entre la creación de un gran área de libre comercio, que podría incluso incluir a todos los signatarios del TPP (esto es, incluso los EEUU) más Rusia menos la India. La creación de este espacio fue una opción en la que estuvo trabajando los EEUU antes de decantarse por el TPP. o la creación de acuerdos coo el RCEP.

En este momento, el RCEP es una solución para China, aislada del TPP y temerosa del TTIP; esto es, de los dos grandes acuerdos comerciales que ha impulsado la Administración Obama y cuyo objetivo ha sido delimitar las reglas del juego comercial sin la participación de China.

Por ello, este país ha tenido que hacer de la necesidad virtud e impulsar un gran acuerdo comercial que permitiera solucionar el aparente aislamiento al que le está conduciendo la política estadounidense con el TPP y el TTIP, que la deja fuera de los grandes bloques comerciales y, sobre todo, evita la entrada masiva de productos chinos en EEUU, la gran razón por la cual este país no prosiguió su participación en el gran acuerdo de libre comercio asiático. De hecho, existía un riesgo relevante de que China y Rusia pudieran hacer una pinza contra los intereses comerciales y políticos estadounidenses.

Ello no quita, sin embargo, para que el gran objetivo del Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico haya dejado de ser un objetivo para China. Antes al contrario, recientemente, su Ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que en la próxima reunión de ASEAN presentará una propuesta para iniciar las negociaciones que conduzcan a su firma.

Razones económicas pero también políticas. Un acuerdo comercial como el RCEP significa para China volver a estar en la punta de lanza de la discusión económica y comercial frente a los EEUU. Posiblemente, con un punto de ventaja frente a los estadounidenses: no hay la dificultad en la ratificación del Tratado que se encuentra la administración Obama y a la que he hecho referencia en otras ocasiones.

Pero, en segundo lugar, es una respuesta a aquello que preocupa a la Administración Obama y a la Unión Europea: No podemos olvidar que, para China y la India, el RCEP es especialmente importante por cuanto que se concentra en la liberalización comercial es y contiene reglas menos estrictas y metas de reducciones arancelarias menos ambiciosas. Resulta, en este sentido, preocupante la poca preocupación que tiene por la normativa ambiental o de protección de derechos de los trabajadores.

Al mismo tiempo, coloca a la Unión Europa en una situación complicada desde este planteamiento comercial si no es capaz de firmar y ratificar el TTIP y el CETA. Y, con ello, se producirá una presión añadida para su conclusión, obviando la presión popular en contra de la firma de ambos tratados. Y aquí, en el medio plazo, no podemos dejar de pensar en la posibilidad de que RCEP y TPP, China, India y EEUU puedan converger en la creación de ese gran Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico, incluyendo además a Rusia.

Conviene hacer una pregunta a la vista de los acuerdos comerciales asiáticos que se vio al comienzo de este post ¿cómo se armonizará la presencia de algunos países en bloques cuyos principios pueden ser tener puntos de contradicción? ¿serán las ventajas comparativas de unos y otros los que terminen de diseñar la importancia cualitativa de cada uno? ¿Será por ello la convergencia CPEC-TPP la respuesta a medio plazo?

Last but not least ¿Y la Unión Europea? ¿Qué papel va a jugar en este nuevo mundo que se está creando día a día? ¿Va a resultar positiva para el Reino Unido la salida de la Unión Europea porque dispone de más instrumentos de negociación y más flexibles para incorporarse a bloques económicamente más importante? ¿Y que ocurrirá con la ciudadanía y sus derechos económicos, sociales y políticos?

*Artículo publicado en Global Politics and Law (@GPoliticsLaw)Global Politics and Law@GPoliticsLaw

Esta es una situación que no acabo de entenderla. Cuando uno accede a un puesto de funcionario, es elegido por la ciudadanía para representarles o es designado para un cargo público, debería tener la certidumbre de una cosa: a partir de ese momento casi cualquier tipo de actividad económica está prohibida. Esta regla es la consecuencia de que los cargos se ejercerán en régimen de exclusividad. No se puede decir que la legislación de incompatibilidades de los funcionarios sea nueva, porque se aprobó en 1988. Desde 1995 hay normativa estricta en relación con las incompatibilidades de altos cargos, sustituida recientemente. Y hay prohibiciones complementarias que concretan lo que está dispuesto en dichas disposiciones, aunque no resultara necesario: Por ejemplo, el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital dispone de forma bien clara que “tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal”. Resulta llamativo el aparente desconocimiento de esta norma, como prueba algún otro caso denunciado por los medios de comunicación.

En ocasiones, será posible una excepción a la incompatibilidad de actuar con un permiso que ha de ser otorgado por la Administración. Por coger dos ejemplos, los profesores de Universidad, tenemos el régimen del artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades que hace que el contrato lo suscriba la Universidad -no el profesor-, se quede con un porcentaje -que varía en función de la Universidad pública- y tengamos un límite anual en lo que se puede percibir (120.000€ aproximadamente). Los arquitectos tienen que solicitar no sólo una autorización general sino también una licencia especial para cada proyecto que visen (artículo 12 Real Decreto 598/1985).

Con estos casos, que se podrían complementar con otros, se ilustra una idea importante: no basta con que se cumpla con la normativa tributaria, sino que es preciso cumplir, además, la legislación de funcionarios o del cargo público que se desempeña. Y cada una tiene sus peculiaridades, dentro de una legislación que es bastante completa al efecto. Pero la mera letra de la ley no basta si no hay órganos de aplicación suficientes: de hecho, si analizáramos los estudios del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo Europeo, veríamos con sorpresa (agradable) que la normativa española de incompatibilidades de diputados y senadores es más estricta que la media europea.

El problema es que si la legislación es importante, no lo es menos la actividad de los entes públicos luchando contra las incompatibilidades. Es sintomático en este punto la situación de los diputados: a pesar de que la legislación es clara disponiendo que el cargo de diputado o senador se ejercerá con dedicación absoluta, el 65% de los diputados tiene reconocida otra actividad. Entre ellos, casi 40 diputados trabajan, administran, son consejeros, gerentes o dueños de empresas privadas. Y hay cosas ciertamente insólitas: Mariano Rajoy cobró unos 100.000€ de dietas (que, por tanto, son libres de impuestos y no aparecen en el certificado de IRPF sino sólo en el certificado de ingresos de Hacienda, que debiera ser obligatorio) de acuerdo con la última declaración anterior a ser Presidente del Gobierno. Esto es, se ha actuado con bastante tolerancia: aunque las actividades privadas deben ser aprobadas por la Comisión del Estatuto del Diputado y votadas en el pleno, no existen mecanismos específicos de control, revisión o sanción. En consecuencia, nada pasa al incumplidor.

Algo parecido se podría decir de la actuación de los órganos de inspección de servicios de las Administraciones públicas, que funcionan a posteriori, cuando hay denuncia interesada o aparece algún caso en los medios de comunicación (como ha ocurrido con el Ayuntamiento de Huesca o con la Oficina de Conflicto de Intereses); en lugar de realizar una actividad mínima de control, para la que podrían contar con el apoyo de la Agencia Tributaria

Este texto está publicado en globalpoliticsandlaw.com

Los datos sobre la evolución de los presupuestos de las universidades públicas contradicen el planteamiento general de que "hay que cambiar el modelo productivo".

El pasado 21 de enero el diario EL PAIS publicó estos interesantes gráficos sobre la evolución de los presupuestos de las Universidades pública y que complementa el que ya comentamos el año pasado. Los datos no son sino la constatación de un gran retroceso, que contradice el planteamiento general de que “hay que cambiar el modelo productivo”. ¿Qué 5 notas serían las más relevantes?

1. La Universidad española ha perdido el 16% de su presupuesto de 2010 a 2014. En el mismo periodo de tiempo, la Universidad de Harvard lo aumentó el 18%. No sólo es que se destine menos dinero sino que aumenta la diferencia con las Universidades que se pretende que sean nuestro modelo. Un dato: entre dos universidades de EEUU, una privada (Harvard) y otra pública (Berkeley), suman aproximadamente el 75% del presupuesto de toda la Universidad española. Los resultados tienen su explicación.

2. En el presupuesto de las Universidades públicas españolas ha incrementado sustancialmente el peso que tiene la contribución de los estudiantes: hoy los usuarios del servicio sufragan con sus tasas el 22% del presupuesto, mientras que en 2010 sufragaba únicamente el 15%. Nuestro modelo está cambiando, reduciendo su equidad. Con ello, los estudiantes se matriculan de menos créditos ya que al reducirse becas, ayudas al estudio y de otro tipo tienen problemas para pagar su coste debido a la menor riqueza de las familias.

3. Al tiempo que se incrementa la participación del usuario del servicio, nos encontramos con que los estudiantes reciben cada vez menos: el coste medio de las plazas de estudiantes se ha reducido un 17% en cuatro años. La consecuencia no puede ser sino una menor calidad, que se acrecienta con el hecho de que hay menos personal.

4. La tasa de reposición cero impuesta por el Gobierno de Rajoy ha hecho que el profesorado universitario cueste un 8% menos. Los planes de promoción del profesorado se han congelado, prácticamente no ha habido nuevas plazas de profesores y las pocas que han salido se han recurrido. La paradoja es que, cuando se implanta un modelo educativo que necesita más profesores, se reduce su número. Y si hay que impartir más docencia, se investigará menos con lo que la posición de las universidades españolas en el ranking de Shangai empeorará, ya que sólo analiza la investigación.

5. La rebaja presupuestaria tiene campeones del recorte: Castilla-la Mancha lo ha reducido un 23%, Murcia el 22%, Cantabria el 20% y Cataluña y el País Vasco el 18%. Lo que obviamente nos podría llevar a una lectura de que las políticas conservadoras han reducido más el dinero destinado a ciencia y formación.

No hay calidad sin presupuesto. La frase del antiguo Rector de Harvard Dereck Bock de que “si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia” es una gran realidad. La Universidad no es sólo formación, sino también investigación. Si no se investiga nuestra economía seguirá siendo de turismo de sol y playa y de ladrillo, cuyas consecuencias están a la vista. A los partidos les toca cambiar el ritmo en las elecciones de este año ya que es al Estado al que corresponde impulsar el cambio.

1. Las dificultades con las que se inició el periodo democrático, en donde se favoreció la gobernabilidad en detrimento de la calidad democrática, han hecho que carezcamos de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas adecuados para evitar y luchar contra la corrupción. Los partidos políticos se han transformado en sitios cerrados, opacos, y han creado un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción. No podemos entrar en el juego del 'tú, más', porque esto conduce a un debate absurdo, teniendo en cuenta lo que muestra el mapa político de la corrupción en España.

2. La lucha contra la corrupción puede precisar ciertas medidas de cambio legislativo pero, sobre todo, requiere un aumento de los medios personales y materiales para la prevención y erradicación. Disponemos de la segunda plantilla de personal más pequeña por cada mil habitantes en la zona euro que se dedica a inspección fiscal. Sólo Italia está peor que nosotros. La adscripción de personal especializado resulta tanto más importante cuanto que los corruptos recurren a métodos cada vez más refinados para el delito. El mejor pacto contra la corrupción sería el acuerdo de los partidos de poner a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, y de los juzgados que están investigando estos delitos, los medios personales y materiales que precisen para extirpar este problema.

3. Las medidas de cambio legislativo se deben articular sobre la transparencia y la responsabilidad. Medidas en contratación pública como la publicación de las modificaciones de contratos de obra, de los contratos menores, serían muy eficaces. Y una auditoría de los contratos de concesión de obra pública parece imprescindible: no es admisible que se haya dilapidado dinero público bajo la apariencia de préstamos participativos o de otros instrumentos de apoyo a la concesión que son irrecuperables.

Sería preciso que se extendiera la transparencia de los políticos sobre sus bienes publicando el certificado de ingresos de la Hacienda Pública, que incluye también las dietas que se han percibido y que no figuran en las declaraciones de impuesto por no tributar (¿sería la misma la consideración del presidente del Gobierno si aparecieran las dietas percibidas?). Y en relación con los conflictos de intereses manifestados en un control efectivo de su participación, de todo tipo, en sociedades mercantiles. El caso Cañete ante el Parlamento Europeo muestra la poca seriedad con la que se hace en España, debido a que la omisión carece de trascendencia. Casos recientes como el de Pujol o el de Bárcenas muestran, además, la importancia de la familia.

4. De la cárcel se sale, de pobre no. Este dicho popular que tanto se ha oído en algunos ámbitos fortalece en la idea de que han de reforzarse los mecanismos para la recuperación del dinero público obtenido o defraudado por los corruptos.

5. La corrupción requiere dos sujetos, corrupto y corrompedor. La batalla se centra en el corrupto, pero debiera ser igual contra los que corrompen. Y a ellos se añaden los cooperadores necesarios. El blanqueo de capitales y las salidas de capital fuera de territorio español requieren la colaboración de diversos agentes a los que habría que examinar también. Y, desde luego, tendrían que reforzarse los mecanismos de colaboración internacional para la obtención de información. El secreto bancario es, en esta línea, el tesoro mejor guardado de los paraísos fiscales.

6. La crisis económica no ha hecho desaparecer la corrupción. Viendo la última operación policial del caso Granados podemos decir que, como la materia, ni aumenta ni disminuye, sólo se transforma. No hay actividad urbanística –y por ello se ha reducido mucho la corrupción en ese ámbito– pero se han incrementado los contratos de servicios como consecuencia de las privatizaciones de servicios públicos. Y esto me lleva a afirmar que los mecanismos de gestión directa de los servicios por los entes públicos limitan esencialmente la corrupción.

7. Pese a que disponemos de un número de instituciones suficientes para la lucha contra la corrupción, la realidad muestra que han resultado ineficaces. Son excepción los supuestos que han sido descubiertos por los órganos que teóricamente debieran servir para ello: el Tribunal de Cuentas (y su equivalente autonómico), la Intervención General de la Administración del Estado, la Fiscalía Anticorrupción o las unidades policiales encargadas de luchar contra la corrupción. Normalmente, los descubrimientos han sido consecuencia de denuncias de particulares.

8. La pluralidad de tipos de entidades del sector público ha generado que se diversifiquen sus formas de control. No basta, en este sentido, decir que están sometidas al Tribunal de Cuentas, por ejemplo, sino que hay que determinar si el tipo de procedimiento de control contable que realizan es eficaz para cumplir la misión que tienen encomendada en relación con el sector público. Y aquí hay mucho por hacer.

9. Los delitos fiscales son un elemento imprescindible en la lucha contra la corrupción. La modificación del plazo de prescripción y el endurecimiento de las sanciones se transforma en imprescindible para que pueda ser efectiva. Pero también habría que mejorar la legislación procesal, que tanto ha favorecido al infractor, o la responsabilidad civil. Y el comportamiento de los administradores de sociedades corrompedoras.

10. Es imprescindible romper la relación entre responsabilidad política y responsabilidad penal que debemos al caso de Juan Guerra. Esta última tiene unas reglas propias, ajenas a la política, que impiden que se pueda establecer una relación entre ambas. ¿Podríamos decir, por ejemplo, que una persona deja de ser políticamente un corrupto porque su delito haya prescrito y, en consecuencia, no se le pueda condenar? Evidentemente, no; pero la falta de persecución penal por causa de prescripción tiene algún ejemplo en el Gobierno que resulta intolerable. O, por citar otro caso reciente, ¿carece de trascendencia política que alguien elija reiteradamente a personas envueltas en corrupción?

Y la conclusión: la lucha contra la corrupción no es sólo un problema de las instituciones. Hasta hace bien poco tiempo, la ciudadanía ha tenido una sensibilidad nula hacia los problemas de corrupción –a pesar del coste económico y social– y la pérdida de la calidad democrática que ello implica. Los resultados electorales de alcaldes procesados que son reelegidos resultan intolerables. Sin cultura democrática contra la corrupción, este problema no tendrá solución. Y las próximas elecciones son en mayo del año que viene.

1. ¿Qué es el Tratado Transatlántico?

1. ¿Qué es el Tratado Transatlántico?El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por el acrónimo en inglés TTIP), es un tratado que se está negociando en la actualidad entre los Estados Unidos y la Unión Europea para “aumentar el comercio y la inversión entre la UE y los EE.UU. haciendo realidad el potencial sin explotar de un auténtico mercado transatlántico que genere nuevas oportunidades económicas de creación de empleo y crecimiento mediante un mejor acceso al mercado y una mayor compatibilidad reglamentaria y marcando una pauta en materia de normas mundiales”

Para lograr este objetivo, “el Acuerdo estará formado por tres componentes clave: a) acceso al mercado, b) cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (BNA) y c) normas. Estos tres componentes se negociarán de forma paralela y formarán parte de un acto único que garantice un resultado equilibrado entre la eliminación de derechos, la eliminación de obstáculos reglamentarios al comercio innecesarios y la mejora de las normas que den lugar a resultados importantes en cada uno de estos componentes y una apertura efectiva y recíproca de los respectivos mercados”, tal como señala el mandato negociador que recibió la Comisión Europea.

2. ¿Cuál es su origen?

2. ¿Cuál es su origen?Su origen remoto se encuentra en la Declaración Transatlántica, firmada en noviembre de 1990 por el presidente George Bush, por un lado, y el primer ministro italiano, Giulio Andreotti, que encabezaba ese semestre el Consejo Europeo, y el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. El siguiente hito relevante se encuentra en la Declaración común de la Unión Europea y EEUU (1998) sobre el acuerdo económico transatlántico.En 2007 Barroso y Merkel -por el lado europeo- y Bush por el estadounidense crean el Consejo Económico Transatlántico para la armonización legislativa. En 2011 se crea un Grupo de Trabajo de Alto Nivel encargado de estudiar la reducción de los obstáculos para el comercio entre ambas partes. El 13 de febrero de 2013, los Presidentes de los EEUU, el Consejo europeo y la Comisión europea, Obama, van Rompuy y Barroso anuncian que se inician las negociaciones para alcanzar el acuerdo.

3. ¿Cómo, quién está negociando y cómo se aprobará el TTIP?

3. ¿Cómo, quién está negociando y cómo se aprobará el TTIP?La negociación se produce con bastante opacidad entre la Unión Europea -a a través de la Comisión europea- y los EE.UU. La Comisión europea tiene un mandato negociador que contiene información reservada que pese a estar hoy publicado no deja de plantear dudas y problemas.

Los trámites para su entrada en vigor serían los siguientes: Una vez concluidas las negociaciones por las delegaciones de ambas partes; en el ámbito europeo la Comisión europea lo presentará al Consejo de la Unión, que deberá aprobarlo por mayoría cualificada (55% de los Estados que representen el 65% de la población). Tras este visto bueno, se someterá a aprobación en el Parlamento europeo y, posteriormente se ratificará por los Parlamentos nacionales. Hemos de tener presente que las votaciones son sobre la totalidad del proyecto, y que, por tanto, no cabrían enmiendas de los Estados.

Pese a su importancia, que puede suponer de facto una mutación constitucional desde un punto de vista de la “Constitución económica”, no hay previsiones de que se someta a referéndum ciudadano ni en España ni en la Unión Europea.

4. ¿Perdería el Estado otros aspectos de su poder público?

4. ¿Perdería el Estado otros aspectos de su poder público?Para el Estado hay dos riesgos esenciales: por un lado el de la difuminación absoluta en el marco del TTIP y la eventual imposibilidad de aplicar políticas distintas a los enunciados neoliberales que laten en el TTIP. Las características de un tratado como éste, dependiente además de la Unión Europea, harían materialmente imposible su modificación en el caso de que nuevas mayorías pidieran su modificación.

En segundo lugar, la privatización de la justicia, al someter todas las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados. Conviene recordar aquí la demanda que presentó Veolia contra Egipto ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, por la elevación de 31€ el salario mínimo, lo que afecta al equilibrio económico del contrato de basuras de Alejandría.

5. ¿Qué riesgos plantea para la ciudadanía europea?

5. ¿Qué riesgos plantea para la ciudadanía europea?Los cinco riesgos mayores para la ciudadanía europea serían los siguientes: 1. Pérdida de derechos laborales, ya que EEUU sólo ha suscrito 2 de los 8 Convenios fundamentales de la OIT. 2. Limitación de los derechos de representación colectiva de los trabajadores. 3. Olvido del principio de precaución en materia de estándares técnicos y de normalización industrial. 4. Privatización de servicios públicos, por el establecimiento de una lista reducida de aquellos que no se pueden privatizar. 5. Riesgo de rebaja salarial, teniendo en cuenta el efecto que pudiera tener el NAFTA -y los sueldos más bajos de México- y el eventual acuerdo transasiático.

6. ¿Qué riesgos supone para la ciudadanía estadounidense?

6. ¿Qué riesgos supone para la ciudadanía estadounidense?Las cinco amenazas mayores serían las siguientes: 1. Mayor dependencia del petróleo si se consuma la restricción a la utilización de los carburantes menos contaminantes. 2. No etiquetaje de productos modificados transgénicamente. 3. Eliminación de reglas sobre los mercados financieros, más estrictas en la actualidad en EE.UU. 4. Eliminación de las evaluaciones independientes de los medicamentos no producidos en los EEUU. 5. Eliminación de las reglas de preferencia nacional en los contratos públicos.

7. ¿Se está negociando algún otro tratado parecido que pudiera ampliar sus efectos?

7. ¿Se está negociando algún otro tratado parecido que pudiera ampliar sus efectos?Sí, existen otros dos tratados que se están negociando en paralelo. Por un lado el Acuerdo para la liberalización de servicios en el marco de la Organización Mundial de Comercio, cuyos aspectos están siendo aún más opacos que los del TTIP. Con ello, se extenderán todos los problemas que se están planteando con la Directiva Bolkestein que tanto rechazo tuvo en la Unión Europea antes de su aprobación en 2006. El segundo sería un tratado equivalente a éste que está negociando EE.UU. con sus socios asiáticos.

De nuevo los medios de comunicación nos muestran las fotos de inmigrantes que quieren saltar las vallas de Melilla para entrar en territorio español. De nuevo se lee que se están aplicando procedimientos de expulsiones en caliente a todos los inmigrantes irregulares que se encuentran entre las dos vallas.

Es cierto que la gestión de los flujos migratorios son muy complicados. Es cierto que, además, se han complicado en los últimos años ya que se ha añadido a los que tienen un origen económico los que tienen una razón política, cuyo origen está en los problemas que existe en el mundo árabe. Pero lo anterior no es justificación para que las expulsiones de territorio español no se realicen de acuerdo con una serie de reglas básicas y que, además, tengamos el ejemplo de la gestión de la crisis de los cayucos de 2006 como muestra de que es perfectamente posible.

1. Los límites terrestres que separan el territorio de Ceuta de Marruecos se establecieron en los artículos II y III del Tratado de paz de Tetuán de 26 de abril de 1860, consignándose la demarcación concreta de la frontera mediante el Acta de 17 de noviembre de 1860. Por su parte, los límites terrestres de Melilla se encuentran determinados en el Tratado de Madrid de 30 de octubre de 1861, complementado con el Acta de demarcación de los límites de la plaza de Melilla de 26 de junio de 1862 y el Acta de replanteo de los límites jurisdiccionales de Melilla de 1 de mayo de 1891. De ellos resulta de forma nítida que el territorio que está entre las dos vallas es territorio español. Incluso me atrevería a decir que negar una total soberanía sobre esa franja es negativo en un eventual conflicto territorial con Marruecos.

2. Toda actuación de gestión fronteriza se ha de realizar siguiendo un procedimiento y concluir con una resolución firmada por una autoridad competente, que de acuerdo con la legislación en vigor debería ser el Subdelegado del Gobierno. Si no se hace así nos encontraríamos, como mínimo, ante vía de hecho. No hay ningún procedimiento en el Acuerdo con Marruecos de 1992 que permitan la devolución tal como se está realizando.

El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 11 de septiembre de 2014 por el que se imputa al Coronel-Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla considera que se trata de una actuación delictiva.

3. El procedimiento debe permitir, en todo caso, que el emigrante ilegal presente una solicitud de asilo, contemplada en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, lo que en la actualidad no ocurre.

4. El procedimiento debe permitir un tratamiento digno de los emigrantes irregulares para lo cual el Estado debe disponer de instalaciones adecuadas para el asesoramiento de los mismos, para proporcionarles asistencia lingüística y, en su caso, asistencia sanitaria (tanto más importante si sigue habiendo concertinas y otros instrumentos cortantes en las vallas). De hecho, en las Directivas europeas de asilo -que deben ser traspuestas al ordenamiento español antes del verano de 2015- se prevé la posibilidad de movilizar fondos para la construcción de estas infraestructuras.

La publicación en el BOE del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia ha despertado la polémica. 170 páginas donde se regulan cuestiones tan variadas como el Registro Civil o los aeropuertos, los puertos o minas, las empresas de trabajo temporal, el cine, los horarios comerciales, los drones, el sector del gas natural o el de la energía eléctrica.

Estas medidas, y otras muchas, se aprueban cuando ha concluido el período de sesiones de las Cortes Generales y la ciudadanía está pensando en las vacaciones. Forma y tiempo de aprobación de la norma se unen impidiendo la discusión sobre reformas de gran calado, que ahondan en orientaciones de marcado corte neoliberal y privatizador. De hecho, ya están en vigor sin que el Parlamento se haya pronunciado.

¿Es constitucionalmente legítimo? ¿Se puede usar el Real Decreto Ley (RDL) para regular todo lo que el Gobierno quiera sin debate público? La pregunta es pertinente cuando los dos gráficos y la siguiente tabla muestran que se hace un uso generoso del RDL.

El RDL está regulado en el artículo 86 de la Constitución. Su espíritu no puede ser más estricto: para poder dictarlo tiene que aparecer una circunstancia extraordinaria, que actúa como presupuesto. Esto permite emplear un procedimiento extraordinario para dictar una norma que tiene rango de ley (con el mismo valor y efectos que las demás normas con rango de ley). Tiene un límite: no puede regular las materias incluidas en el propio artículo 86.

El presupuesto para poder dictar un RDL es un “caso de extraordinaria y urgente necesidad”. Podemos discutir sobre el alcance del precepto pero la realidad es que, como señaló el Tribunal Constitucional, es una habilitación “restrictiva y exigente, es decir, limitadora”. La necesidad ha de ser apremiante, estar justificada y motivada y se ha de corresponder con las medidas que se adopten. Que sea extraordinario excluye las situaciones normales de la vida pública y que no requieren una respuesta inmediata.

Además, ha de ser urgente. No bastaría con el procedimiento legislativo ordinario ni con el de urgencia. Esto es ha de existir una correspondencia entre una vía muy expeditiva y la necesidad pública, de tal manera que si no se sigue, las medias serían ineficaces.

Viendo nuestro caso, ¿realmente tendría alguna trascendencia cambiar el Registro civil en una ley normal cuando en el propio RDL se retrasa más de un año su entrada en vigor? ¿Es urgente atribuir a los Registradores -cuerpo al que pertenece el Presidente del Gobierno- el llevar el Registro Civil cuando no hay ningún problema apremiante y funciona razonablemente bien?

El presupuesto de urgencia justifica un procedimiento extraordinario: a) la norma con rango de ley es aprobada por el Gobierno, en lugar de por el Parlamento; b) entra en vigor inmediatamente y c) el Congreso procederá a ratificar la norma en una votación de la totalidad del proyecto (sin enmiendas) que se producirá en el plazo de 30 días. Todo razonable. Pero en caso de abuso, las consecuencias son nefastas: En nuestro ejemplo, contenido nuevo aprobado y más de 30 leyes modificadas en una mañana sin poder enmendar ni una coma.

La regulación se completa con las materias prohibidas para el RDL. Reflejan que constituye una potestad extraordinaria: no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

La regulación del RDL es razonable si se aplica en su espíritu. Pero siempre hay riesgo de excesos del Gobierno ejerciendo esta potestad. El RDL 8/2014 es la prueba palpable: no resuelve un problema extraordinario y urgente sino que actúa como ley escoba para regular todo lo que el Gobierno tenía en mente y era problemático. Eso es poco democrático.

Y el Tribunal Constitucional, ¿no sirve para eliminar estos RDL abusivos? Lamentablemente no. Su lentitud para dictar sentencias hace que sus consecuencias se hayan materializados cuando llega la resolución. Además, él mismo reconoció en la STC 182/97 que no ejecutan un control estricto. Last but not least, el contenido del RDL se salva con la posibilidad de tramitarlo, tras su ratificación, como Proyecto de Ley. Sus vicios quedarían subsanados por la existencia de otra norma posterior con el mismo objeto y más o menos el mismo contenido, que proviene de la viciada. El círculo se completa.

No piense el lector que esto que se está señalando es una pejiguera de un profesor de universidad preocupado por la calidad de las normas. No, este problema va mucho más allá: afecta a la deteriorada calidad de la democracia. No se puede hurtar el debate sobre ciertas medidas cuando no hay necesidad para ello porque se vulnera la cláusula del Estado democrático del artículo 1.1 de la Constitución. No se puede utilizar una ley escoba porque impide el control ciudadano de la actividad pública y se dificulta la participación de los ciudadanos en la vida política. No se puede cambiar el ordenamiento sin seguir el procedimiento porque dificulta saber qué hay que aplicar, genera inseguridad jurídica en nuestros derechos e intereses, lo que afecta al Estado de derecho.

El 14 de enero de 2014 el Tribunal Constitucional alemán (BVerfG) presentó una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ella, el BVerfG plantea la duda sobre si el Banco Central Europeo (BCE) era competente, conforme al Derecho europeo, para adoptar la decisión de 6 de septiembre de 2012, que permite la adquisición sin límites de deuda pública de países de la zona euro en el mercado secundario.

Podrá quizás dudarse del interés periodístico del simple planteamiento de esta cuestión. Sin embargo, como veremos, y aunque parezca difícil de creer, sus efectos para Europa -jurídicos, políticos y económicos- pueden ser devastadores, sea cual sea la respuesta que ofrezca el TJUE, y coloca a la integración europea ante una gran incertidumbre.

Básicamente, el problema se puede plantear de la siguiente manera. Si el TJUE acordara que el BCE no era competente para adoptar aquella decisión, ésta carecería de soporte jurídico y por ello se anularía el mecanismo que ha permitido la bajada de tipos. Y no se podría crear otro similar ya que Alemania no podría aceptarlo.

Si, por el contrario, el TJUE concluyera que el BCE era competente, el BVerfG podría sostener –la cuestión deja intuir que puede ser así- que esa decisión del BCE atenta contra el principio democrático previsto en la Constitución alemana (participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos), por dejar al Parlamento alemán sin sus poderes de control presupuestario, por permitir la adquisición sin límite de deuda pública y, por tanto, sin control de los Estados. Esto significaría, conforme a la propia doctrina del BVerfG, que las autoridades alemanas no podrían haber participado en la aprobación de la decisión –ni en su eventual ejecución-, por lo que ésta no se aplicaría en Alemania.

Como se puede ver, la decisión pone a Europa en una encrucijada. Aparentemente, que el BVerfG presente una cuestión prejudicial puede dar a entender un reconocimiento de europeismo al reconocer la autoridad del TJUE. Así, se ha dicho que “el centinela de Europa se repliega” o que hay una “actitud nueva y humilde” del BVerfG. Yo no estoy tan seguro de que sea así, ni por el fondo de la decisión ni por su argumentación, ni por su tono, “contundente, cuanto no amenazante”, tal como ha señalado recientemente Ricardo Alonso.

Creo que su mero planteamiento es diabólico, por sus efectos. Veamos con más detalle cuáles son.

Si se decidiera que la decisión del BCE contraviene los Tratados, se terminaría el sistema que ha permitido la bajada de los intereses de la deuda. Ello se debe a que, como señala el BVerfG, “interfería en la responsabilidad de los Estados miembros en relación con la política económica. De acuerdo con el Título VIII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de los poderes expresamente asignados a la Unión (entre otros, artículos 121, 122, 126 TFEU), la responsabilidad de la política económica es claramente de los Estados”.

La razón es clara: los poderes del BCE se limitan al mantenimiento de la estabilidad en el marco de la política monetaria europea, como dispone el artículo 127 TFUE. La decisión controvertida persigue otro objetivo de política económica: neutralizar los diferenciales de deuda soberana en países de la eurozona que están sometidos a tensiones e incrementos insostenibles de su precio.

Podría ser conforme con los Tratados. El propio BVerfG da una interpretación para justificar la conformidad de la decisión del BCE … que puede ser un callejón sin salida. En ese caso, afirma el BVerfG, “podría violar la identidad constitucional alemana si se crea un mecanismo que podría suponer la asunción de responsabilidad por decisiones de terceros que provoca consecuencias difíciles de calcular; actuando así y debido a este mecanismo el Bundestag dejaría ser el máximo responsable de sus decisiones y no podría ejercer su autonomía presupuestaria bajo su propia responsabilidad”. El principio democrático de la Constitución alemana se vulneraría.

Con ello, el sistema de compra de bonos sería conforme con el Derecho europeo pero contrario con la Constitución alemana, con lo que las autoridades alemanas, incluido el Bundesbank, no podría ser partícipe de ella ni en su ejecución.

Las consecuencias de la cuestión prejudicial no pueden ser, en consecuencia, más negativas:

a) Si la decisión es de disconformidad con los Tratados, económicamente no se podría mantener el sistema actual de compra de deuda pública con lo que sus intereses subirían. A la vista del artículo 123 TFUE, exigiría excluir las quitas y las compras ilimitadas de deuda pública en los mercados secundarios.

b) Si, es de conformidad, nos podríamos encontrar ante una decisión conforme con el Derecho europeo pero sin efectos en territorio alemán. El marco actual de articulación del euro y de lucha contra las tensiones de deuda deberían ser objeto de revisión. E, indirectamente, lo que se está planteando es la prevalencia del Derecho europeo sobre el Derecho de los Estados cuando alcanza a normas constitucionales. ¿O pensamos que se producirá una modificación sustancial de la Constitución alemana? Me atrevo a ir más allá, con una decisión contraria del BVerfG ¿podría mantenerse Alemania en el euro si el BCE pasara por alto los límites derivados de las competencias no transferidas por los Estados a las instituciones europeas?

c) Desde la perspectiva política de la Unión: cuestiona el modelo bipolar de construcción europea de mantenimiento de la estructura estatal con una estructura europea superpuesta que ha ido creciendo sobre la base de poderes explícitos e implícitos.

Como se puede ver, el planteamiento de la cuestión prejudicial se mantiene la idea de una Europa alemana, tal como titulaba Ulrich Beck uno de sus últimos trabajos, ya que, de facto, sigue tutelando el funcionamiento europeo. Es la consecuencia de las carencias de la construcción europea que la crisis ha sacado a la luz sin remisión. Posiblemente, sea el momento de su redefinición con arreglo a otros valores, más democráticos, éticos y sociales.

Casi tres años después de la reforma del artículo 135 de la Constitución, se escuchan en algunos grupos de izquierda peticiones de cambio para adaptarlo al Estado social. Ahora bien, ¿qué efecto tendría la derogación del artículo 135 de la Constitución? O incluso ¿podemos hacerlo? Son dos cuestiones imprescindibles en el debate sobre esta cuestión.

Y ello, a pesar de que, recogiendo lo que está en muchos sectores sociales, la actual redacción del artículo se ha considerado, en palabras de Moisés Martín, “una reforma excesiva, precipitada, de dudosa consistencia económica, y con un fuerte significado político que limita en buena medida las posibilidades de construir una política económica diferente en un Estado descentralizado como España. Una reforma que no puede sino considerarse un grave error”.

Aunque la crisis ha reforzado el papel estructural de la estabilidad presupuestaria, las reglas son más antiguas y España las asumió cuando aceptamos la pertenencia a la Unión Económica y Monetaria y entramos en el euro. Hoy constituye un principio estructural de la política europea, como se puede ver en el reciente Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) en la Unión Económica y Monetaria, firmado en 2012.

¿Qué hemos de tener en cuenta para responder a las dos preguntas iniciales?

1. El artículo 126 -apartados 3 a 11- del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europeas obliga a las instituciones comunitarias a tramitar un Procedimiento de Déficit Excesivo cuando se incumpla el porcentaje de déficit público, que, aplicando las políticas neoliberales europeas, reducirá la capacidad de gasto público.

No sólo se prevé la obligación de abrir este procedimiento sino las sanciones son duras ante el incumplimiento de la resolución. Así, el Consejo europeo podrá:

i) Imponer controles antes de emitir deuda pública. Aunque no esté escrito, el Banco Central Europeo no apoyará para reducir su precio;

ii) Recomendar al Banco Europeo de Inversiones para no conceder préstamos al Estado;

iii) Exigir al incumplidor un depósito hasta que considere que se ha corregido la situación y

iv) Imponer multas dependientes del incumplimiento.

Primera consecuencia: desde Europa, aplicando sólo Derecho europeo, se obligará al Estado que incumpla las reglas de la estabilidad presupuestaria a volver a ella.

2. El segundo aspecto afecta a la soberanía económica de los Estados, que se perdería por el artículo 5 del TECG. dispone que quien sea objeto de un procedimiento de déficit excesivo establecerá un “programa de colaboración presupuestaria y económica en el que incluya una descripción pormenorizada de las reformas estructurales que se deberán adoptar y aplicar a fin de garantizar una corrección efectiva y duradera de su déficit excesivo”.

Con ello, Bruselas adoptará las decisiones esenciales de reducción de gasto público que implementará el Estado cuando su presupuesto haya sido verificado en Europa. Restricción de soberanía económica de la que hoy los países se congratulan.

Segunda consecuencia: desde Europa, aplicando sólo Derecho europeo, se perderá más soberanía económica por tenerla monitorizada por las autoridades europeas.

3. La razón jurídica que nos impide modificar el artículo 135 deriva del artículo 3.2 del TECG, ya que impone que sus principios estén en “disposiciones que tengan fuerza vinculante y sean de carácter permanente, preferentemente de rango constitucional, o cuyo respeto y cumplimiento estén de otro modo plenamente garantizados a lo largo de los procedimientos presupuestarios nacionales” (artículo 3.2). Dicho de otro modo, se contiene, i) una preferencia clara por una disposición de este carácter, lo que obliga a justificar el optar por otro tipo; ii) si no es constitucional debe tener fortaleza equivalente y iii) serán los órganos europeos los que controlarán si la norma es suficientemente obligatoria. Esto es, la libertad sobre el tipo de norma es muy limitada.

Tercera consecuencia: desde Europa, aplicando sólo Derecho europeo, se decretaría el incumplimiento del Estado; lo que según el artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea podría acarrear sanciones al Estado por no introducir la regla de la estabilidad en la Constitución y en el Derecho nacional.

La reforma del artículo 135 estaría rodeada de problemas. O desde Bruselas nos imponen las mismas reglas o nos impiden cambiarlo. Recordemos que el Tratado firmado por Rajoy en 2012 tiene entre sus fines “obligar a tal Estado miembro a reducir el déficit que pueda haberse detectado”.

Por ello, ¿qué valor tendría una vuelta atrás al artículo 135 de la Constitución si el Derecho europeo adopta medidas de efecto equivalente a las que hipotéticamente se eliminarían? Nulos o casi nulos.

Más aún, si el control de los cambios constitucionales se hará por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y asumido que el deseo central es la reducción del déficit público ¿podría modificarse realmente el precepto? Si, y sólo si, disponemos de una norma equivalente equivalente.

Desde la perspectiva de los resultados para la ciudadanía ¿estamos realmente en condiciones de salirnos del sistema? Porque evidentemente sin el artículo 135 de la Constitución, incumpliendo el Derecho comunitario, tendríamos la sanción económica de que las condiciones de acceso a los mercados de deuda serían otras mucho peores. ¿Cuál sería el coste social cuando en 2013 nos endeudamos en 76.000 millones de euros? ¿Podríamos pagarla al valor de mercado sin la intervención del Banco Central Europeo?

El problema proviene de la ausencia de un discurso alternativo de la izquierda cuando se hicieron las reformas de los Tratados, que planteara una construcción europea distinta, más social, sostenible y democrática. Al tiempo, esta falta de modelo alternativo abrió una autopista al pensamiento conservador que moduló los Tratados a su conveniencia.

Las elecciones europeas de 2014 deberían ser el momento para llevar a la agenda pública europea la cuestión de las políticas europeas y, en particular, las reglas de estabilidad presupuestaria y sus consecuencias.

De hecho, en 2017, dentro de esta legislatura europea, habrá que revisar la aplicación de estas medidas ya que así lo señala el TEGC. Por ello, es el momento a partir del cual desde la izquierda se debería plantear una estructuración distinta de los principios y las políticas económico-financieras de la Unión Europea. Lo cual no se ve en el debate público.

Last but not least, si las reglas europeas son tan estrictas, nos estamos cuestionando la articulación democrática de Europa. O dicho de otro modo ¿podemos hacer política de izquierda con los Tratados europeos actuales? Porque conviene recordar que, en esto, no rige el principio matemático de la solución única.

Educación, sanidad, dependencia y… el binomio universidad-ciencia, todos los pivotes de nuestro Estado se han visto afectados intensamente por los recortes. Es significativo el Informe que hizo público esta semana la Confederación de Sociedades Científicas de España, COSCE.

Docencia e Investigación los padecen muy intensamente. Todas las Universidades públicas rebajaron su presupuesto. Aunque el cuadro refleja las 4 Comunidades que tuvieron descensos mayores en sus presupuestos, no podemos olvidar la importancia de los recortes en las Universidades que no están en ese listado.

Contextualizando con lo ocurrido en las universidades de excelencia: i) El presupuesto de la Universidad Complutense se redujo un 15,1% desde 2010 y el de la Universidad de California en Berkeley (pública) subió un 8,5% desde 2009 y ii) En el año fiscal 2012-13 el presupuesto de Berkeley es de 2130 millones de dólares y el de la UCM para 2013 es de 516 millones de euros.

Del gráfico resalto dos consecuencias, una preocupación y una reflexión final.

Primera consecuencia: menos calidad. La rebaja en gastos de personal deriva de la prohibición de la Ley de Presupuestos desde 2012. El aumento impuesto en 2012 de las obligaciones docentes hace que se investigue menos. Con ello, la posición de nuestra Universidad en el ranking de Shanghai no mejorará ya que sólo analiza investigación.

Segunda consecuencia: Los incrementos en tasas y precios públicos reflejan que los presupuestos se cubren por los estudiantes. En 2009 las tasas cubrían el 15% y hoy el 21%. Hay menos estudiantes y con menos créditos; y tienen menos posibilidades como muestra la reducción en un 47% de la partida para becas Erasmus.

Preocupación: la efectividad del presupuesto. Desde la demanda de UCM en 2009 a la Comunidad de Madrid, se ha exteriorizado el incumplimiento de la financiación autonómica de las Universidades.

Y la reflexión. ¿qué papel se quiere que tengamos en Universidades y ciencia? ¿Quieren los poderes públicos que seamos suficientemente activos para cambiar nuestro modelo económico? Recordemos que como decía aquí Diego Beas, deben ser “conscientes de que los sistemas de innovación más importantes y exitosos de los últimos 50 años siempre han germinado y crecido de la mano del Estado”. Una reflexión que no está en la Agenda Pública española y que merecería un Pacto de Estado.

La crisis económica de 2008 es una crisis de riesgo bancario. El modelo regulatorio de los EEUU eliminó la diferenciación entre las actividades bancarias, lo que ha conducido a que todos los bancos realicen todo tipo de actividades con todo tipo de clientes. La ciudadanía se ha visto afectada en un doble sentido: por un lado, por los aportes que han tenido que hacer los poderes públicos y, por el otro, por los productos financieros que han ofrecido a los clientes, clientes que no estaban en condiciones de ser valorados de forma rigurosa para conocer todas las implicaciones que ello tenía.

La crisis bancaria ha derivado de sus prácticas de alto riesgo. Estas se han articulado sobre un erróneo funcionamiento del mercado hipotecario, con mala ponderación de riesgos y con porcentajes de financiación iguales o superiores al valor de tasación del bien (que, en ocasiones, también era superior a un valor razonable). Hoy la rebaja del valor de los pisos y la morosidad bancaria han incluido en los balances bancarios un alto porcentaje de toxicidad, con el efecto negativo que tiene para toda la economía. Pero no me quiero extender sobre ello hoy.

Me resulta más relevante hacer referencia a los productos financieros y su efecto socioeconómico. Como es conocido, los productos financieros de alto riesgo se han extendido como consecuencia de la desregulación de los mercados financieros y el limitado ejercicio de la potestad de supervisión por parte del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dos de ellos van a centrar mi atención: las participaciones preferentes y los bonos contingentes convertibles.

Las participaciones preferentes han sido el ejemplo más conocido, dentro de otros muchos, tal como nos mostró en Agenda Pública hace algunos meses el interesante artículo de Isabel Fernández. Su reducción de valor de cotización, consecuencia de la pérdida de valor de los bancos como consecuencia de la crisis, se ha traducido en un perjuicio patrimonial importante por parte de muchos pequeños ahorradores, algunos de ellos en condiciones poco admisibles.

El problema radica en que la solución que se está empleando –la recompra de participaciones– proporciona un beneficio considerable para los propios bancos, manifestado en la reducción de su pasivo a un precio menor al de la propia deuda. Lo cual se hace, claro, a cargo de la pérdida del preferentista.

En efecto, en un momento dado la banca procedió a recomprar las participaciones preferentes. Aparentemente, las condiciones eran mejores que las de mercado y ello ofrecía un incentivo. La pérdida para el preferentista era menor en un momento en el que su angustia personal era considerable porque podían haber perdido todos sus ahorros fruto de la pérdida de valor del banco.

Por esta razón, asumían una pérdida con respecto a lo invertido, pérdida que se incentiva con una prima que daba el banco sobre el valor de mercado. Se trata de operaciones en las que existe una gran presión sobre los preferentistas, como lo muestra lo que está ocurriendo en relación con la adquisición por Unicaja de CEISS, donde el volumen de preferentes es precisamente un problema para la adquirente.

Pero ¿y para el banco? ¿Lo hacían por un sentido de justicia o por mejorar su balance?

Los bancos no hicieron esto por amor al arte ni por un sentido de justicia. Las participaciones preferentes son deuda que está en el balance de los bancos por el importe adquirido por el ahorrador. En la actualidad están reduciendo ese pasivo a un precio menor al de la deuda.

Dicho de otro modo, la diferencia que hay entre el valor por el que lo compran y por el que emitieron la deuda es un beneficio que está obteniendo la banca. Con ello está mejorando los ratios de capital regulatorio que se exige en Basilea III. Eso explica la presión que está realizando Unicaja a que antes se hacía referencia. Y esto repercutirá, además, en la cuantía de las ayudas que dé el FROB a Unicaja para la operación.

En esencia, la operación fue de este modo (los valores son totalmente ficticios):

Si examinamos alguna comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, veremos que no contentos con ello se procedió a la entrega de nuevas participaciones preferentes y nuevos instrumentos de deuda subordinada. Recordemos que estas ofertas no supusieron incremento de coste financiero de las entidades que recurrieron a este canje.

El siguiente paso de las operaciones de riesgo que está realizando la banca son los bonos contingentes convertibles, que se suelen denominar CoCos. Es cierto que hasta ahora sólo puntualmente han aparecido como un gran problema, pero su naturaleza hace que sean el siguiente eslabón de un problema social de gran envergadura.

Los CoCos son también un activo complejo, no apto para todo tipo de inversores y que tiene una naturaleza mixta entre deuda y capital. Son muy importantes por cuanto que en la actualidad, en el marco de la nueva política de capitalización bancaria que se estructuró en noviembre pasado, los CoCos aparecieron como uno de los instrumentos, especialmente de los bancos con una gran cartera de activos inmobiliarios. Esto es, se trata de una figura muy extendida en la actualidad, que lo va a seguir en el futuro, compleja y de alto riesgo, lo que ha llevado a la aparición de problemas, como los que ayer reflejaba eldiario.es.

¿Por qué constituyen un elemento de riesgo para el inversor? Por su propia configuración. En el momento en que se den las condiciones que se han pactado previamente, pierden la consideración de deuda de la entidad bancaria –referidos a la solvencia de la entidad– y se transforman automáticamente en capital social. Sin que el titular del bono pueda exponer su oposición. Esta conversión automática es el riesgo que asume el inversor a cambio de una retribución más alta de las normales de mercado.

Expuesto con crudeza, a cambio de esa retribución suplementaria respecto de un CoCo, el riesgo económico por la mala situación de la entidad se traslada al titular del bono que se ha transformado en accionista. Y para la banca –y demás empresas que recurran a los CoCos– la situación es muy beneficiosa: en el caso de que ocurran los eventos, hay un efecto importante sobre el capital social de la entidad. Al tener lugar la conversión se rebaja el nivel de deuda, mejorando su consideración desde la perspectiva de los niveles de capital social que se exige en las normas bancarias.

La regulación de la Ley 9/2012, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, ha extendido esta posibilidad a que sean adquiridos por el FROB, algo que vienen reclamando las entidades de crédito en los últimos tiempos. Aunque sea con un régimen diferente, el riesgo para el erario público reaparece después de los más de 37.000 millones de euros de ayuda a la banca privada que el propio FROB ha dado ya por perdidos.

Como se puede apreciar, la crisis nacida en el 2008 no sólo no ha modificado los hábitos de la banca sino todo lo contrario, amparado en la protección de los intereses de las entidades bancarias que constituye la idea que late en la legislación. Pero el problema esencial deriva de la propia desregulación de los mercados financieros, tanto por las autoridades nacionales como por las europeas, que parecen ciegas pese a las consecuencias que han tenido las prácticas de las entidades de crédito en los últimos quince años.

La crisis económica, política, y de ética pública, que estamos atravesando ha sacado a la luz algunas de las carencias de nuestro sistema democrático. Hemos visto cómo el Partido Popular ha rechazado de manera habitual la petición de comparecencia del presidente, a pesar de que lo solicitaran casi la mitad de los diputados de la Cámara, se ha negado una y otra vez a la creación de comisiones de investigación y ninguna de las propuestas de los diferentes grupos que representan una parte del sentir de la ciudadanía son escuchadas.

No resulta razonable que el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno determine si se le controla o no. No es razonable tampoco que el posible investigado decida si se abre comisión o no, ni si se efectúa una comparecencia del presidente del Gobierno ante el Parlamento.

Ante el espectáculo, a diario repetido, de falta de responsabilidad en el ejercicio de la representación otorgada, la ciudadanía asiste perpleja sin poder hacer nada. Es una situación que resulta inaudita si observamos el Derecho constitucional comparado y que, aunque durante esta legislatura ha alcanzado niveles nunca conocidos, ha ocurrido en otros periodos de nuestra época democrática. En el Reglamento de las Cortes, anclado en fórmulas de las primeras Cortes, con grandes riesgos de involución, se encuentran parte de los problemas que estamos padeciendo.

Nuestra Constitución tiene mimbres para superar esta situación. No sólo es que el Estado se autoproclame como “democrático” en el artículo 1.1., no lo es tampoco que su preámbulo ratifique la voluntad de crear una democracia avanzada. En su propio articulado se señalan fundamentos de la participación en la vida pública, por ejemplo, en los artículos 9.2 o 23, que fijan un mandato para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

En esta línea de cauce de participación ciudadana se sitúa el referéndum revocatorio del que nos ocupamos ahora, y que debería ser aplicable no sólo en las Cortes Generales sino también en las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

El referéndum revocatorio se puede encontrar, entre otros, en las constituciones de diversos Estados de Estados Unidos (California lo utilizó, por ejemplo, en 2003 para remover a su gobernador Davis), en diversos cantones de Suiza o en la provincia de British Columbia en Canadá. El caso que más trascendió fue el de Venezuela de 2003 contra el presidente Chávez.

En nuestro caso, el referéndum revocatorio sería aquel en el que la ciudadanía decide con su voto el mantenimiento o no de las Cortes Generales (y, por tanto, de forma indirecta del presidente del Gobierno) que, en opinión de una mayoría determinada de la ciudadanía (que sería la que solicitaría la convocatoria del citado referéndum), no ha ejercitado bien sus responsabilidades políticas. Pensamos en circunstancias de mal gobierno o en situaciones como la de los papeles de Barcenas o en el lamentable espectáculo de las Cortes Valencianas con un alto porcentaje de los diputados del PP imputados por conductas de corrupción.

Las condiciones básicas para su ejercicio serían, en primer lugar, su planteamiento al menos transcurrido un año de la convocatoria de las elecciones. Tendría que solicitarlo un porcentaje significativo del censo electoral (aproximadamente un 20%) y la pregunta que se plantearía sería sobre el mantenimiento o no del mandato de las Cortes Generales. Caso de que el pronunciamiento fuese negativo, el efecto automático sería la convocatoria inmediata de elecciones generales en el plazo de dos o tres meses.

El referéndum revocatorio sirve de mecanismo de (auto)control previo en un triple sentido: para los partidos políticos, porque les obligaría a ser más responsables a la hora de configurar el programa electoral. Para el Gobierno, porque limitaría las tentaciones de tomar decisiones contrarias a dicho programa, evitaría la escasa transparencia y, además, permitiría la exigencia de la responsabilidad política en los casos de escándalos de ética pública. Por último, para el Parlamento en su conjunto, porque le obligaría a ejercitar de forma efectiva la labor de control del Gobierno, olvidando la disciplina de partido actual, que resulta tan nociva. Desde estos puntos de vista, el referéndum revocatorio constituye un mecanismo indirecto para mejorar el ejercicio de las funciones del Parlamento y del Gobierno.

Pero lo más importante, siéndolo mucho lo anterior, consiste en que la ciudadanía conserva íntegramente la capacidad de nombrar y cesar a sus representantes. Retiene en todo momento los poderes derivados de la soberanía popular. Es la que designa al Parlamento y es, al mismo tiempo, la que lo puede cesar. Justo lo contrario de lo que ocurre ahora.

Esperar al cumplimiento del mandato de cuatro años para desautorizar a un gobernante que incumple sistemáticamente sus compromisos es legal según nuestro actual sistema, pero no responde, creemos, a las exigencias ciudadanas de una mayor participación. Optar por fórmulas de democracia mayor nos colocará en el punto de salida hacia un ejercicio del poder con más responsabilidad.

El referéndum revocatorio no es, sin duda, una panacea, deberá complementarse con otras medidas de más participación democrática, como la consulta a la ciudadanía de toda decisión de especial transcendencia, tal y como ocurre en otros países. Algunos ejemplos son Massachusetts o California, en las que se preguntó el día de las últimas elecciones presidenciales por el uso terapéutico de la marihuana o la abolición de la pena de muerte; o Suiza, donde se ha preguntado a los ciudadanos esta última semana acerca de la brecha salarial. Son decisiones de especial transcendencia sobre las que hay “derecho a decidir”.

Por ello es por lo que pensamos en la conveniencia de incluir estas modalidades de referéndum en nuestro esquema político.

El reciente informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo (con el expresivo título de «¿Se gastan correctamente los fondos de la política de cohesión de la UE destinados a las carreteras?») vuelve a reflejar los problemas que ha habido en la construcción de obras públicas en nuestro país. Algunos de los problemas ya los planteé en el post que redacté cuando surgió el problema del rescate de las autopistas. Hoy veremos otros.

Desde un punto de vista económico, la conclusión del informe no puede ser peor, aún asumiendo la complejidad técnica de uno de los proyectos analizados, que incrementaba el coste: “El coste de construcción de calzadas más bajo se halló en los proyectos auditados en Alemania, seguidos de los de Grecia, España y Polonia. El coste de uso más bajo también se registró en Alemania, y el más caro, en España”. Segundos más caros en coste de construcción y los más caros en coste de uso. El principio constitucional de la eficiencia en el gasto público, de nuevo, por lo suelos. Más allá de los casos concretos analizados aquí ¿por qué es así?

Por un lado, por el coste de las expropiaciones. Exponiéndolo de forma sucinta, la Ley del suelo que aprobó el Partido Popular en 1998 encareció su coste al incluir en ellas el valor de las plusvalías generadas por la acción edificatoria. No se puede discutir que había intereses detrás, pero ha sido un desastre en la obra pública, que al final hemos pagado todos: más sobrecostes y, en las autopistas concedidas, tendremos que pagar el rescate que nos costará 4000 millones de euros (más los muchos millones ya entregados en apoyo a las concesiones de obra pública).

En segundo lugar, los tan conocidos “modificados de obra”. Realmente eran uno de los cánceres del sistema antes de su modificación en la Ley de Economía Sostenible, en 2011. Constituían una forma de alterar el resultado del procedimiento de adjudicación de los contratos (haciendo previsiones incorrectas de costes --a la baja- que se subsanaban durante la ejecución) y era al mismo tiempo una fuente fácil para prácticas espurias. En algunos casos analizados el porcentaje de desviación ha sido del 30%, algo totalmente inaceptable. Lo cual ha sido, además, fuente de retrasos denunciados por el Informe europeo.

En tercer lugar, un régimen de adjudicación de los contratos en donde se penaliza, con la ordenación de las denominadas bajas temerarias (reducciones de precio sobre el resto de las ofertas), a ofertas económicamente más eficientes. Nada hay más fácil para las constructoras que inflar los precios sabiendo que más o menos todas hacen lo mismo. Con ello, al mismo tiempo, se bloquea el acceso al mercado. Tanto es así que el Tribunal de Cuentas recuerda que en algunos de estos proyectos se ha expulsado del procedimiento a aspirantes que ofrecían una rebaja del al menos el 10% del precio medio ofrecido por los restantes licitadores.

En cuarto lugar, el Informe del Tribunal de Cuentas Europeo hace referencia a errores en la planificación de las obras, en particular sobre la estimación de uso de las mismas. Su mera formulación nos recuerda los conocidos casos de los aeropuertos de Castellón o Ciudad Real, que constituyen supuestos paradigmáticos de despilfarro público (aunque el lector estará recordando un despilfarro equivalente en su ámbito más cercano). Incluso, se podría pensar que ese 80% de las instalaciones olímpicas para Madrid2020 ya terminadas se deberá incluir en esta lista de despilfarros, ahora que los Juegos Olímpicos se van a Tokio. Fíjense, si analizamos esas obras, vemos dos ejemplos curiosos de mala planificación de obras públicas: el faraónico Centro Acuático hubiera requerido la modificación del proyecto porque no responde a los requisitos del COI. La gracia de no haber leído esas exigencias supone, según presupuesto de 2011, un sobrecoste del 50%. La Caja Mágica (300 millones de euros, dos veces y media el presupuesto inicial) solo se abre una semana al año para un torneo de tenis. Podríamos también pensar en por qué Madrid necesita cuatro grandes pabellones de deportes (Paris o Nueva York tienen solo uno). Todo se reduce a una palabra: planificar. La eficiencia y una buena gestión publica, que los responsables de la candidatura olímpica han demostrado estar lejos de ella, es saber cuándo se gasta, para qué se gasta, si es necesario y si el uso merece el coste. Y no olvidemos que construir es, en la mayor parte de los casos, lo más barato: luego hay que mantener los edificios y darles un uso razonable. No nos pase como con los elefantes blancos de Siam, que regalaba el Rey a los súbditos molestos para arruinarlos.

Last but not least, la corrupción. La corrupción, además de todos los problemas que provoca y que conducen a falta de democracia, no es gratis para el erario público. El dinero que entregan los corruptores a los corruptos para influir en la adjudicación de los contratos sale directamente de las cantidades que pagan las Administraciones Públicas por la ejecución de los trabajos. Esto es sale del bolsillo de todos los que pagamos impuestos. Aquí no hay más que recordar los “papeles de Bárcenas” para saber de que se esta hablando.

Europa va a aprobar próximamente un paquete de directivas en materia de contratación pública que está ya muy avanzado; tanto que estamos en la fase anterior a su aprobación definitiva, tras el acuerdo del Consejo en junio pasado. Posiblemente es el momento en que se olvide ese orientación general que incide tanto en el mercado y su salvaguardia, en la posición de los contratistas y se incida más, bastante más, en la satisfacción global del interés general. Las restricciones que sigue habiendo a los elementos sociales y de sostenibilidad ambiental en la contratación es una muestra del camino que no se debe seguir.

Pero desde un punto de vista económico el problema esta en otro sitio. La falsa panacea de las colaboraciones público-privadas se ha traducido en un desplazamiento de riesgos del sector privado al sector público y un aumento de los costes de las infraestructuras, que condicionan además la capacidad de actuación de los poderes públicos durante muchos años debido a los costes que han de pagar. En nuestro país, el abuso de los apoyos públicos a las concesiones se tradujo en que realmente no se arriesgaba capital y cuando se hacía eres con créditos dados por el poder público en condiciones leoninas para esa administración pública. En efecto, están subordinados a todos los demás: recuperaría el dinero si y solo si cobraban los demás prestamistas y los accionistas cobraban dividendos.

Por ello, hay que volver a formulas tradicionales hechas de forma razonable. La planificación, con estimaciones realistas, memorias ajustadas y soluciones adaptadas a esas necesidades, es el gran reto que han de tener las entidades públicas. La excesiva dependencia que se intuye de las empresas constructoras -que recuerda al “secuestro” de las agencias administrativas por las empresas reguladas- es, ha sido, un lastre insufrible en la obra pública. Y claro, hemos de complementarlo con transparencia y con un ejercicio de responsabilidad sobre los resultados de la gestión. Es una exigencia de ética pública, de los cambios que hay que hacer en la forma de gobernar.

No es cierto que en la Unión Europea, ni en la zona euro, sólo Chipre pueda ser considerado paraíso fiscal

¿A qué se debe que los paraísos fiscales no se reconozcan?

Con el ánimo de atraer inversiones, los Estados llevan a cabo una bajada de requisitos o de impuestos que sirve para que las empresas se localicen en dicho territorio

Examinando la crisis chipriota, más de uno se habrá quedado perplejo al observar que en Europa, en la zona euro, había un paraíso fiscal, refugio de los dineros rusos. En principio, nada más contradictorio con la moral que se nos quiere vender desde Europa - de rigidez y control fiscal- que la existencia de un territorio cuya finalidad es meramente atraer inversiones financieras especulativas mediante la evasión fiscal. Y más aún, que esté en la zona euro. A la perplejidad de Chipre se ha añadido con pocos días de diferencia la divulgación de una lista de personalidades –ministro francés incluido- que tienen su capital en este tipo de territorios.

Ahora bien, no es cierto que en la Unión Europea -ni en la zona euro- sólo Chipre pueda ser considerado paraíso fiscal. Los problemas que hay para la aplicación en el Reino Unido de ciertas normas fiscales y bancarias de la Unión Europea derivan esencialmente del régimen de la City londinense, que podría considerarse un territorio offshore. Algo parecido podríamos decir de Luxemburgo (país del que era originario el anterior presidente del Eurogrupo, Junker), de los centros de coordinación belgas o los muelles de Dublín, en Irlanda (donde tributan un gran número de empresas). Territorios de Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Malta y los Países Bajos completarían el elenco de países de la Unión Europea donde se puede hablar de paraísos fiscales en sentido amplio. Incluso la propia regulación española de las SICAV no se aleja demasiado de lo que ocurre en este tipo de países. La responsabilidad europea no termina aquí sino que hay multitud de territorios dependientes del Reino Unido y Holanda que tienen esta consideración. Por no hacer referencia a Lichenstein, Mónaco o San Marino.

Fuera de Europa, nos encontramos con el Estado de Delaware en los Estados Unidos, y hay numerosas islas paradisiacas que también lo son por razones tributarias de tipos bajos y alta facilidad de deducir gastos. En su momento la lista afectaba a unos 80 territorios. El listado de los que tienen esta consideración para España llega a 48. Listado que contrasta con el hecho de que, de acuerdo con informaciones de prensa, casi todas las empresas del IBEX35 tenían presencia en paraísos fiscales. Es de nuevo el problema que se ha señalado en otra ocasión sobre la escasez de personal en la Agencia Tributaria que lo facilita.

Pero vayamos al comienzo. ¿qué son los paraísos fiscales o, más ampliamente, territorio offshore? Se trata de territorios que viven esencialmente de los servicios financieros en los cuales la tributación de las actividades económicas es muy reducida lo que incita a las empresas y a los particulares a localizarse en él, sin que ello suponga la localización de economía productiva.

Al mismo tiempo, resultan opacos a las investigaciones que resultan terceros países, con lo que sirven también para el blanqueo de capitales proveniente de actividades delictivas vinculadas a la delincuencia organizada. De hecho, de acuerdo con el Informe FATF-GAFI las amenazas más graves que hay en este momento para la economía mundial podrían provenir de la financiación del terrorismo internacional y las armas de destrucción masiva que se podrían financiar con el dinero ubicado en los paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales y, en general todas las medidas de atracción de capitales, están en la esencia de la globalización capitalista. Por un lado, porque estamos en un momento de triunfo de la economía financiera frente a la economía productiva y los paraísos responden a esta lógica. En los paraísos fiscales no hay actividad económica real sino pura especulación. En segundo lugar, porque los paraísos fiscales son la consecuencia de una de las libertades económicas tan defendidas en la actualidad: la libre circulación de capitales.

Pero también porque estimulan la competencia entre Estados. Con el ánimo de atraer inversiones, los Estados ponen en el mercado de legislación aquello que tienen, que no es otra cosa que derecho. Una bajada de requisitos o de impuestos que sirve para que las empresas se localicen en dicho territorio. De hecho, en la esencia de esta globalización asimétrica, además de estos paraísos fiscales, hay otros que se dedican a eludir la aplicación de otra serie de requisitos, como los ambientales, de seguridad social, de condiciones laborales (que son los que se solían recordar con la Directiva Bolkestein, cuando se hablaba del del fontanero polaco y su dumping social)… algo parecido a lo que ha hecho la Comunidad de Madrid con los Centros de Integrados de Desarrollo en los que se va a ubicar Eurovegas.

Pero ¿existen? La cumbre del G20 celebrada en Londres en 2009 oyó a Gordon Brown, antiguo Premier británico, a declarar fuera de la ley a estos territorios. Las conclusiones de la cumbre proclamaron pomposamente que “tomaremos medidas contra las jurisdicciones que no colaboren (…) La era del secreto bancario ha desaparecido”. A partir de entonces, la presión en las cumbres del G20 ha sido mucho menor hasta hace escasamente unos días en donde parece que se está haciendo de la necesidad virtud y se ha retomado la lucha contra estos territorios precisamente porque las finanzas públicas están exhaustas. Pero hasta entonces la consigna parecía ser que ya no existen.

Sí, está leyendo un post sobre algo que aparentemente no existe para la OCDE. O para ser exactos hay sólo dos: Nauru y Niué. Pero la realidad es como las meigas, existir existen. Y existen bastantes más que esas dos islas del Pacífico,¿A qué se debe que no se reconozcan? La mala prensa que tienen, el que fuera un objetivo declarado de los movimientos antiglobalización, conllevó un cambio que ha permitido que desaparezcan de los listados oficiales: concretamente se incentivó la suscripción de acuerdos de intercambio de información, que proliferaron entre 2009 y 2011, tanto que en las Conclusiones de la Cumbre del G20, celebrada en Toronto, se indicó que se habían suscrito más de 500 convenios de intercambios de información.

¿Podemos decir que con ese impulso a la transparencia han desparecido los paraísos fiscales? NO. De entrada, porque los acuerdos suscritos -12 era el mínimo exigible por la OCDE- se ha realizado entre Estados que tenían la consideración de paraísos fiscales. De nuevo, la forma vale más que el fondo, sobre todo si examinamos lo indicado por Tax Justice Network. Pero además, siguen manteniéndose tratamientos fiscales muy beneficiosos para los capitales extranjeros en muchos lugares del mundo tal como tuvimos ocasión de ver en la prensa el pasado fin de semana..

¿Podrían dejar de existir? Es cierto que la determinación de las condiciones de fiscalidad entran dentro de la política interior de cada Estado y que por ello resultará complicado, teniendo en cuenta las ventajas para cada uno de ellos y que algunos Estados viven, en sentido literal, de esos servicios financieros. Pero, si pensamos en los territorios que están vinculados a otros países, especialmente el Reino Unido, observaremos que el impulso no sería tan complejo.

Siendo esto así, son las hipocresías de la globalización, el que sus reglas de funcionamiento favorezcan esencialmente la desigualdad entre personas y territorios, entra dentro del pensamiento utópico el que desaparezcan. Mientras, impulsando lo posible, habría que establecer medidas indirectas para impedir que puedan recibir los fondos y que puedan llegar desde ellos. ¿Hay voluntad para ello? Hasta ahora no ha sido así y la política económica neoliberal que se está aplicando urbi et orbe me permiten decir que tendremos que esperar tiempos mejores. Aunque para ello la participación de todos será imprescindible

La presunción de inocencia no puede significar su mantenimiento en el cargo público

Faltan medios, falta personal y en esas condiciones no se pueden castigar conductas prohibidas

La ausencia de cultura ciudadana se demuestra en pequeños comportamientos y en la sanción electoral del corrupto

En un primer post decía que el principal problema de la lucha contra la corrupción es la ausencia de instrumentos suficientes para su represión. Faltan medios, falta personal y en esas condiciones no se pueden castigar conductas prohibidas.

Lo anterior exterioriza un problema de cultura; cultura ciudadana y cultura política contra la corrupción. Esta carencia obligará a realizar un esfuerzo considerable para remediarlo -que obtendría frutos a medio plazo- y recuperar a la ciudadanía para la política. Mantenernos en la actitud tolerante conllevaría la italianización del país, con pérdidas de libertad, de democracia y un aumento de la arbitrariedad como nos explicó Joan Queralt. Cambio de cultura que obliga a un gran impulso, dentro del cual podría resultar conveniente crear un Comisionado de las Cortes Generales. El respaldo del Parlamento permitiría de forma imparcial vigilar comportamientos, adoptar pautas de análisis y modos de inspección y atender a sensibilización de la opinión pública.

La ausencia de cultura ciudadana se demuestra en pequeños comportamientos y en la sanción electoral del corrupto. Desde el primer punto de vista, hay pequeñas corrupciones que se toleran, como esa factura de comida familiar que se incluye en la declaración del IVA; o esos “regalos de cortesía” para agradecer que un cargo público le haya dado la razón cuando sólo cumple con su deber. El último ejemplo ilustra la transcendencia: subiendo la cuantía llegamos a los trajes de Camps de 12000€. Que se considerara algo banal explica por qué no se enjuiciara como cohecho y, ni siquiera, se consideraron cohecho impropio por el jurado que enjuició al exPresidente de la Comunidad Valenciana.

Desde un planteamiento político, el segundo de los enunciados es más serio. Algunas de las causas se han exteriorizado en un post anterior de Agenda Pública. No se castiga al corrupto, o, para ser más exacto, no se castiga a los corruptos de derechas. Por ello, estos entienden indebidamente que la victoria electoral borra lo cometido, pretendiendo además, que tenga el efecto benéfico de borrar la instrucción penal. El resultado es descorazonador cuando se ve el grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, con un 18% de imputados. O el aroma que desprendió la Asamblea de Madrid tras las elecciones posteriores al Tamayazo y que permitieron el acceso de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad.

Es cierto que para el PSOE las cosas no han sido tan sencillas. El asunto FILESA fue una de las causas que le llevó a la oposición en 1996 después de una machacona campaña del PP que lo identificaba con “paro, despilfarro y corrupción”. Triada de acusaciones que aún hoy deja caer el PP a pesar de todo lo que está ocurriendo con instrucciones penales de corrupción contra miembros de ese partido. Al PP, al igual que a CiU, de momento no le está afectando electoralmente. Es un dato que exterioriza la permisividad de la derecha con la corrupción, la cual proporciona sensación de impunidad a sus políticos y a los medios de comunicación que les resultan afines, incluso en la exigencia de responsabilidad de miembros de la izquierda. La mera comparación que han hecho algunos medios del caso Bárcenas con el asunto Mulas es indicativo.

El PSOE sigue teniendo FILESA como un trauma que le está impidiendo actuar sin complejos en la crisis de los papeles de Bárcenas y en cualquiera de las otras muchas que está viviendo el PP. E incluso con los propios. El votante de izquierda suele ser más exigente en estas cuestiones y no entiende la tibieza en la acusación y puede entenderlo como un pacto de no agresión. Ni tampoco entiende el ciudadano de izquierda la tibieza cuando el acusado es un miembro de este partido, momento en el que se reclama la expulsión automática.

Pero al mismo tiempo, estaría bien hacer algún estudio sociológico de por qué esta diferencia de consecuencias entre derecha e izquierda. Acaso, también influye la mayor habilidad mostrada por el PP en identificar al PSOE con la corrupción, lo que proviene de la falta de complejos en esta materia.

La izquierda sólo puede romper esta dinámica con una receta: hacer propuestas que exterioricen la tolerancia cero ante la corrupción y aplicarlas de forma unívoca en la propia casa. Obviamente no estoy hablando de declaraciones retóricas ni de pactos huecos que son rechazables. Hacer didáctica de cultura política anticorrupción pasa por un ejercicio exigente de la ética en la gestión pública, en los comportamientos diarios, en el momento de configurar listas electorales, en la gestión de los votos o en asumir las consecuencias de la apertura de procedimientos judiciales.

Hay dos reglas que deberían formar parte del ADN del político y que contribuirían mucho a mejorar la cultura democrática contra la corrupción: a) la responsabilidad política es más exigente que la penal. En el caso de la Ministra Ana Mato, su no imputación se justificó por razones de prescripción tal como figura en el Auto de 19 de abril de 2011, ¿puede indicar que políticamente la ilegalidad también ha prescrito? Que fuera nombrada Ministra ocasiona un daño enorme a la política, teniendo en cuenta, además, que la instrucción de Gürtel reverdece su actividad dudosa. Esto también es cultura. Y b) La presunción de inocencia no puede significar su mantenimiento en el cargo público. Hay que proteger el interés general, igual que el temor a la fuga hace que se haya retirado el pasaporte al extesorero del PP.

Mantener la situación actual tiene dos lecturas a cual más negativa: la corrupción no tiene consecuencias, ya que el corrupto sigue en el puesto. Y en segundo lugar, el interés general se perjudica ya que ante un asunto conflictivo siempre puede existir la tentación de pensar que, también en este caso, el político corrupto tiene un precio.

La cultura política exige del partido no afectado una postura clara y terminante de denuncia de corrupción. Este es un mandato especialmente serio para los partidos de izquierda para los que la ética es una cuestión central. ¿Cómo no va a ser obligación la denuncia de comportamientos corruptos, que atentan contra la esencia misma de la democracia? No es un juego del “y tu más” tal como se dice ahora; es exigir responsabilidad política. Callarse sólo favorece a los corruptos y contribuye a la creencia ciudadana de que hay un pacto de silencio; lo cual es pernicioso.

Es un problema de fondo pero también de imagen. Lo que no resulta admisible es que el PSOE vaya con complejos en esta materia. Hoy no podemos olvidar que tenemos la situación extravagante de tener que pedir los certificados de ingresos del Presidente del Gobierno porque somos conscientes de que las dietas no tributan y a la vista de los papeles de Bárcenas ¡no nos fiamos! Es una situación inimaginable en cualquier otro país del mundo, en donde se dimite por plagiar una tesis doctoral.

Acaso por no encontrar la receptividad que la situación demanda, los ciudadanos están desplegando iniciativas. Foro Etico es una de ellas, cuyos integrantes, desde la izquierda, exigimos que se adopte un comportamiento ético y se progrese hacia una democracia avanzada. Porque creemos que la ética es un valor especial en la izquierda y en la democracia. En la web están las primeras 43 medidas que proponemos contra la corrupción a la espera de que los grupos de trabajo presenten sus conclusiones. Esperamos encontrar esa misma receptividad en los destinatarios de las propuestas. En juego está el funcionamiento colectivo.

Este será el segundo rescate de las autopistas de peajes. Ya a principios de los años 80 hubo que proceder a un rescate porque dos de ellas estaban en quiebra. Esta enseñanza debiera haber aumentado el cuidado en su otorgamiento de concesiones futuras. Por contra, la realidad muestra que el entusiasmo demostrado por el PP es inversamente proporcional al análisis que debieron hacer sobre su conveniencia y clausulado. El coste lo hemos pagado todos y, por lo que parece, lo vamos a volver a pagar.

La Autopista Madrid-Toledo es buen ejemplo de un comportamiento torticero. Iba a constituir el primer fragmento de la autopista Madrid-Toledo-Ciudad Real-Córdoba, que se planificó sin tener presente que había que cruzar espacios de alto valor ambiental. La Evaluación de Impacto Ambiental que se efectuó siendo Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, demostró lo obvio: que la autopista era “incompatible con el medio ambiente”. Por ello, tuvo que anularse el proyecto Toledo-Córdoba y quedó sólo este fragmento que, lógicamente no ha resultado rentable para el concesionario.

Ahora bien, el problema es que fue aún menos rentable para el erario público. El Tribunal Supremo declaró la responsabilidad del Estado por la anulación del tramo Toledo-Ciudad Real-Córdoba. Primer coste al que se añade el segundo actual del rescate, más el que resulta de ampliar la autovía A-4 a su paso por Despeñaperros, inaugurado en 2011. Sin olvidar los préstamos participativos otorgados al concesionario.

No es este el único ejemplo de la poca planificación ambiental. Ahí tenemos la Cartagena-Vera ejecutada sólo para favorecer el brutal desarrollo de la construcción en el litoral mediterráneo.

A problemas de esta naturaleza se añade el hecho de que las cláusulas de estas concesiones de autopistas otorgadas en los Gobiernos de Aznar reflejan una protección deficiente del interés general. El uso de préstamos participativos y de avales concedidos al concesionario tenían la función de facilitarle a su vez la obtención de préstamos de la banca. Una buena gestión pública hubiera exigido prever las consecuencias de resultados económicos negativos partiendo del principio general recogido en la ley para toda concesión de que el riesgo tiene que asumirlo el concesionario y no el Estado. Aquí ocurrió lo contrario.

Así, los préstamos participativos que otorgó el Estado eran subordinados a todos los demás: recuperaría el dinero si y solo si cobraban los demás prestamistas y los accionistas cobraban dividendos. Por lo tanto, nunca, con lo que a los 4000 millones que al parecer nos va a costar el próximo rescate tendrán que añadirse todos los préstamos participativos que no se recuperarán. El despropósito de la situación es tal que, en algún supuesto, por ejemplo -aunque no es un caso aislado- en la autopista Alicante-Cartagena, la cantidad aportada por el Estado a través de un préstamo participativo es tres veces superior a lo invertido por el concesionario y que al estar los préstamos subordinados -tal como se acaba de indicar-, el Estado queda en peor condición que los propios accionistas que, supuestamente, son los que asumen el riesgo de la operación.

Se nos decía en aquella época que la gran ventaja de estas concesiones era que no computaban para el déficit público porque, teóricamente, el riesgo lo asumía el concesionario. Sin embargo, como estamos exponiendo difícilmente se puede mantener examinando las concesiones otorgadas entonces. Eran los tiempos en los que Eurostat (oficina estadística de la Comisión europea), excitaba la contabilidad de diseño con su Manual sobre el cómputo del SEC95. Conforme a esta norma contable europea, que sigue vigente, el principio de devengo -que imputa el déficit en la anualidad en la que se hacen efectivas las garantías del Estado- conllevará que se incremente el déficit público en 2013. Esperemos que el Gobierno del PP no recurra al lenguaje creativo para encubrir la realidad, como acostumbran. Pero, en todo caso, ¿se atreverán a aplicar más recortes para sufragar este déficit añadido?

Algunas de estas concesiones de autopistas han aparecido en la querella de Izquierda Unida contra dirigentes del Partido Popular por su vinculación con los denominados “papeles de Bárcenas”. De acuerdo con lo afirmado en la querella, hay una vinculación temporal entre el otorgamiento de estas concesiones y los pagos de los concesionarios a la “contabilidad B” del PP. No hace falta recordar quiénes son los beneficiarios de los sobresueldos que publicó EL PAIS. Si se prueba que alguno de los pagos realizados lo fue por la obtención de la concesión de autopista habrá que analizar si aquel Consejo de Ministros cometió algún delito en el otorgamiento. Sería, sin duda, la guinda final en este cúmulo de arbitrariedades de estas concesiones, que afectan tanto en su planificación, como en su otorgamiento, como en las cláusulas que se incluyeron en ellas.

Cabe ya poca duda de que las políticas del suelo e infraestructuras de los dos mandatos de Aznar son causa principal de la crisis económica actual. La liberalización del suelo y la forma de valorar los terrenos nos condujeron a una vorágine de incremento de precios a los que una banca desregulada y sin control público, entre otras razones, suministró combustible suficiente. De nuevo Rajoy se sienta en el Consejo de Ministros, ahora como Presidente del Gobierno, y debería asumir la responsabilidad como miembro del aquel Gobierno; aunque hasta ahora nada ha dicho sobre su responsabilidad en la burbuja inmobiliaria.

Al contrario, frente a este desastre de concesiones su respuesta será la misma que ha proporcionado a los problemas de parte de la banca privada y que están ocasionados por el mismo problema de los créditos mal concedidos: socializar los costes de aquellos desmanes.

Para la ciudadanía sólo queda esperar pacientemente la instrucción penal de los asuntos derivados de “los papeles de Bárcenas”. El daño al erario público parece inevitable.

El plazo de prescripción de los delitos de corrupción es demasiado bajo, como ha mostrado algún caso relevante

El elemento más relevante para combatir la corrupción no es la legislación sino disponer de mecanismos que sean eficaces

La insuficiencia de medios demuestra una escasa cultura política y ciudadana contra la corrupción

El título, prestado de un libro de Alejandro Nieto, refleja la inquietud que hoy recorre el país: una democracia que se está deteriorando como consecuencia de la corrupción que, por la confluencia de casos, la personalidad de los sujetos y la crisis económica, se ha situado en los primeros puestos de las preocupaciones sociales. Desde el caso Urdangarín, pasando por los problemas de Dívar -corrupción cutre y de baja escala-, a los más recientes de la investigación de “los papeles de Bárcenas,” la posición de los afectados es realmente representativa. La corrupción no se queda ahí ya que hay problemas en Ayuntamientos y Comunidades autónomas. Eso sí, conviene recordar que no es algo nuevo sino que en el franquismo tenía carta de naturaleza el aprovechamiento privado de lo público.

Cuando se examina la corrupción, la primera pregunta parece obvia ¿cómo es nuestra legislación? Tiene fallos, es indudable. Hay que recordar los problemas de la legislación procesal que acaban favoreciendo al infractor, que habitualmente sigue en el cargo. La pervivencia de foros especiales en el Tribunal Supremo o los Tribunales Superior de Justicia no favorece la instrucción de los sumarios. Los tipos penales tienen carencias, tanto en la definición de tipos sancionadores como de sujetos afectados. El plazo de prescripción de los delitos de corrupción es demasiado bajo, como ha mostrado algún caso relevante. Tributariamente, la reducción que se hizo de los plazos de prescripción no beneficia, teniendo en cuenta que hay que usar mecanismos indirectos de lucha y el fiscal es el más relevante. Carecemos de normativa de transparencia administrativa y de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales (y la ley que impulsa el Gobierno es manifiestamente mejorable y no sólo por obviar a la Casa Real). No está resuelta de forma satisfactoria la responsabilidad civil y la devolución del dinero a la Administración; ni las sanciones a los donantes ilícitos a partidos políticos.

Como se puede apreciar, son cuestiones importantes. No son las únicas, ni mucho menos. Pero creo que el problema de la lucha contra la corrupción no se resolvería disponiendo de la mejor legislación. De hecho, buena parte de los hechos conocidos son ya ilegales. La ley no resuelve el problema. Es, si se me permite la expresión, “mero papel”, importante, pero no actúa por sí misma.

El elemento más relevante para la lucha contra la corrupción no es la legislación -que ayuda- sino disponer de unos mecanismos de lucha contra ella que sean eficaces.

En la pasada legislatura, el Gobierno socialista de Zapatero dio un impulso importante a los instrumentos de represión, fortaleciendo con doce fiscales el Centro de Madrid, complementado con el eficaz apoyo de la Agencia Tributaria, Intervención General del Estado y Policía Judicial. Se amplió la plantilla de fiscales anticorrupción en Barcelona, Málaga, Gran Canaria, Alicante, Granada y Baleares. Esto hizo que salieran a la luz tantos casos. Fue insuficiente, como veremos inmediatamente, aunque hoy se puede decir que casi cualquiera tiempo pasado fue mejor.

De la importancia que tuvo da buena cuenta que el PP modificó en enero de 2012 la estructura policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal -creada en 2005 por la especificidad que tenían los cometidos encomendados-. El cambio en la cúpula policial fue la consecuencia natural a la acusación que hizo de forma reiterada en la pasada legislatura (y que coincide con la acusación que hizo Rajoy en 2009 de que la trama Gürtel “no es una trama del PP, es una trama contra el PP”) de que el descubrimiento de ciertos asuntos de corrupción estaba intencionada políticamente. Los comportamientos eran de corrupción, no cabía duda. La lectura era el enroque interesado como se ve ahora. Acaso su solución era volver a un periodo átono de lucha contra la corrupción, como fue el periodo 1996/2004.

Hoy nos topamos con curiosas coincidencias: recientemente estuvieron al mismo tiempo en el Ministerio de Justicia el Fiscal General del Estado, la Secretaria General del PP y el propio Ministro. A eso se añade que el Juez Ruz pide a la Fiscalía anticorrupción que deje de investigar en relación con un aspecto del caso Gürtel. Y finalmente la Vicepresidenta del Gobierno recuerda que el Fiscal General puede cesar a cualquier Fiscal.

Seguimos teniendo una Agencia Tributaria inadecuada para la población española y, por ende, que pueda servir como un instrumento indirecto eficaz contra la corrupción. En un post anterior, Didac Queralt resaltaba que sólo Italia tiene menos Administración Tributaria que España. Citar a Italia como el único país de la zona Euro que está peor que nosotros es intuir la gravedad del problema. Tenemos la mitad que Alemania o un tercio que Francia. Que eso afecta a la recaudación tributaria es algo palmario (¿hace falta referirse al fraude fiscal que hay en España?) pero también con una adecuada fiscalización de rentas irregulares, se podrían encontrar indicios de corrupción. Y desde luego, dificulta que se pueda cumplir la función de apoyo en los procedimientos judiciales. Las plantillas están congeladas.

Encontramos un segundo escalón problemático en el Tribunal de Cuentas, que acaso por la escasez de medios no ha cumplido su papel lógico contra la corrupción política. Dos deben ser citados aquí entre los problemas que constató el Consejo de Europa sobre España de 2011: por un lado, la ausencia de auditorías de los partidos políticos (obviamente, la más estricta de todos, lo que constituye cuestión actual, sobre todo teniendo en cuenta que la auditoria que quería el PP no ha encontrado quien la escribiera). Y, en segundo lugar, más medios personales y materiales para que los informes de fiscalización de los partidos políticos sean mejores y más rápidos. Yo añadiría la redefinición de funciones, ya que hay procedimientos que tienen carencias importantes. La prueba mejor de lo que estoy diciendo es la nula participación del Tribunal de Cuentas en el impulso de algún fenómeno de lucha contra la corrupción y en que al mismo tiempo actúa como justificación de que la cuenta de cada partido están bien; lo que constituye un sinsentido. Algo parecido podría decirse de la Intervención General.

Acaso pueda resultar extraño citar entre los problemas de aplicación de la ley a los Tribunales de justicia cuando hay jueces que están impulsando los procedimientos contra los corruptos. Los problemas los sitúo en dos puntos muy distintos: por un lado, lo que se pueden denominar “ejemplos poco alentadores”. Lo ocurrido con el asunto de los trajes en Valencia, o lo ocurrido con la salida de Garzón del poder judicial como consecuencia de las escuchas del caso Gürtel reflejan la idea que quiero expresar. Aquí probablemente el problema estribe en la estructura social del Poder Judicial, y especialmente en cómo se eligen los jueces. El segundo tendría más fácil solución, aunque los recortes en la Justicia van en la dirección contraria: se trata de la cuestión de la carga de trabajo de los tribunales que tienen que se ve muy agravada por la dificultad que tiene el estudio de los casos de corrupción y que requeriría un importante apoyo de medios. En esta línea, podría ayudar la concentración en la Audiencia Nacional -por su capacitación y el tipo de asuntos de que conoce- de los asuntos de corrupción, aunque haga falta redefinir los efectos de los foros especiales que tienen algunas personas.

En definitiva, lo que estas líneas querían resaltar es dónde se ha de situar el problema de por qué no se ha evitado todo lo que estamos leyendo a diario en los periódicos. Unos medios insuficientes que demuestran una escasa cultura política y ciudadana contra la corrupción.