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Julio González García

Catedrático de Derecho administrativo en la UCM.

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Rescate de las autopistas

El Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, señaló en una comparecencia pública que las se va a producir el rescate de las autopistas de peaje. Con posterioridad, el Gobierno decidirá cuál es la forma de gestión más adecuada. El coste del rescate de las autopistas se calcula  en unos 5000 millones de euros, aunque la cantidad final deberá ser determinada en el momento en que se produzca el acuerdo con los bancos y demás fondos buitre a los que la banca ha ido traspasando la deuda. Se trata de un rescate del que se lleva hablando mucho tiempo que por motivos electorales ha ido retrasando el Gobierno, a pesar de que ha estado encima de la mesa en los últimos 3 años.

Son 9 autopistas de peaje concedidas por el Gobierno de Aznar en los trayectos Madrid-Toledo (AP-41), Radiales 2, 3, 4 y 5, Ocaña-La Roda (AP-36), Cartagena-Vera (AP-7), Alicante-Cartagena, la autopista M-12 que lleva al aeropuerto de Barajas y la circunvalación de Alicante, hoy en quiebra. Constituyen un modelo de mala gestión pública, tanto por su planificación como por su ejecución.

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Ganó Trump. 6 razones para explicarlo

Ganó Trump. Caras de desolación y de incredulidad a lo largo de los Estados Unidos-entre los no votantes, claro- y del resto del mundo. Bajadas de bolsa. ¿Cómo ha podido ganar? Pues la razón es bien simple: Trump era mejor candidato que Clinton para conectar con el electorado estadounidense. 6 razones lo pueden explicar

Es cierto, como ha señalado Hidalgo, que hay razones ideológicas que pueden dar una explicación al fenómeno y que se puede percibir un corrimiento hacia la derecha de los votantes estadounidenses, lo que nos conectara con el endiablado sistema electoral a que haré referencia al final. Ha ganado en votos populares y en los electorales. De hecho, la victoria republicana es por aplastamiento, controlan la Presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado. Será Trump el Presidente que proponga un Magistrado para el Tribunal Supremo en sustitución del fallecido Scalia, que será conservador, y con ello todos los poderes caen del lado republicano. Nos esperan, por tanto, cambios importantes.

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RCEP: el gran acuerdo de libre comercio impulsado por China que debiera interesarle

Los Tratados multilaterales de Libre Comercio van a ser el instrumento fundamental para la política y la economía de los próximos años. Frente a las dificultades que está encontrando la negociación del TTIP, las que existen sobre la firma del CETA y la ratificación del TPP (las negociaciones sobre el TISA se desarrollan de forma lenta pero parece que progresan), el Sudeste asiático puede estar tomando una ventaja considerable sobre los restantes.

No podemos olvidar que la preocupación hacia el peso de Asia en las relaciones económicas deriva de que,  en las palabras del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos cuando prevé que «como consecuencia del declive de Occidente y del ascenso de Asia, de aquí a 2030 los Estados en vías de desarrollo habrán sobrepasado a los Estados desarrollados»

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Incompatibilidades

Un candidato de Ciudadanos y otro del Partido Popular que va de la mano de un Embajador aparecen en la última semana en los medios de comunicación por causa de (presuntas) incompatibilidades. Hace algunos meses apareció el caso de dos diputados del Partido Popular que cobraron de constructoras por la realización de informes. Cuando surge la denuncia suelen alegar que no es exactamente así, que han actuado con respeto a la ley y que no sabían que fuera ilegal.

Esta es una situación que no acabo de entenderla. Cuando uno accede a un puesto de funcionario, es elegido por la ciudadanía para representarles o es designado para un cargo público, debería tener la certidumbre de una cosa: a partir de ese momento casi cualquier tipo de actividad económica está prohibida. Esta regla es la consecuencia de que los cargos se ejercerán en régimen de exclusividad. No se puede decir que la legislación de incompatibilidades de los funcionarios sea nueva, porque se aprobó en 1988. Desde 1995 hay normativa estricta en relación con las incompatibilidades de altos cargos, sustituida recientemente. Y hay prohibiciones complementarias que concretan lo que está dispuesto en dichas disposiciones, aunque no resultara necesario: Por ejemplo, el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital dispone de forma bien clara que “tampoco podrán ser administradores los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y las demás personas afectadas por una incompatibilidad legal”. Resulta llamativo el aparente desconocimiento de esta norma, como prueba algún otro caso denunciado por los medios de comunicación.

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Presupuestos de la universidad: crónica de un retroceso

 

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Sahara Occidental: 39 años de olvido

El conflicto del Sahara Occidental es hoy un conflicto olvidado. La presión marroquí y otras crisis más perentorias, impiden que ocupe el primer plano de la prensa internacional, a pesar de los casi cuarenta años de su ocupación por Marruecos y de las continuas violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes.

Una ocupación en la que el Gobierno del General Franco en 1975 y el del Rey Juan Carlos en 1976 tienen mucha responsabilidad, tal como muestra Wickileaks, en relación con los cables intervenidos de Kissinger. Aún hoy España tendría la obligación jurídica de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, pues la cesión del territorio que hizo a Marruecos es nula. Es un territorio que no forma parte de Marruecos y que está a la espera de descolonización.

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Diez tesis sobre la corrupción y una reflexión final

1. Las dificultades con las que se inició el periodo democrático, en donde se favoreció la gobernabilidad en detrimento de la calidad democrática, han hecho que carezcamos de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas adecuados para evitar y luchar contra la corrupción. Los partidos políticos se han transformado en sitios cerrados, opacos, y han creado un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción. No podemos entrar en el juego del 'tú, más', porque esto conduce a un debate absurdo, teniendo en cuenta lo que muestra el  mapa político de la corrupción en España.

2. La lucha contra la corrupción puede precisar ciertas medidas de cambio legislativo pero, sobre todo, requiere un aumento de los medios personales y materiales para la prevención y erradicación. Disponemos de la segunda plantilla de personal más pequeña por cada mil habitantes en la zona euro que se dedica a inspección fiscal. Sólo Italia está peor que nosotros. La adscripción de personal especializado resulta tanto más importante cuanto que los corruptos recurren a métodos cada vez más refinados para el delito. El mejor pacto contra la corrupción sería el acuerdo de los partidos de poner a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, y de los juzgados que están investigando estos delitos, los medios personales y materiales que precisen para extirpar este problema.

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7 preguntas sobre el TTIP cuya respuesta deberías conocer

El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (conocido por el acrónimo en inglés TTIP), es un tratado que se está negociando en la actualidad entre los Estados Unidos y la Unión Europea para “aumentar el comercio y la inversión entre la UE y los EE.UU. haciendo realidad el potencial sin explotar de un auténtico mercado transatlántico que genere nuevas oportunidades económicas de creación de empleo y crecimiento mediante un mejor acceso al mercado y una mayor compatibilidad reglamentaria y marcando una pauta en materia de normas mundiales”

Para lograr este objetivo, “el Acuerdo estará formado por tres componentes clave: a) acceso al mercado, b) cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (BNA) y c) normas. Estos tres componentes se negociarán de forma paralela y formarán parte de un acto único que garantice un resultado equilibrado entre la eliminación de derechos, la eliminación de obstáculos reglamentarios al comercio innecesarios y la mejora de las normas que den lugar a resultados importantes en cada uno de estos componentes y una apertura efectiva y recíproca de los respectivos mercados”, tal como señala el mandato negociador que recibió la Comisión Europea.

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De nuevo, expulsiones en caliente en Melilla

De nuevo los medios de comunicación nos muestran las fotos de inmigrantes que quieren saltar las vallas de Melilla para entrar en territorio español. De nuevo se lee que se están aplicando procedimientos de  expulsiones en caliente a todos los inmigrantes irregulares que se encuentran entre las dos vallas.

Es cierto que la gestión de los flujos migratorios son muy complicados. Es cierto que, además, se han complicado en los últimos años ya que se ha añadido a los que tienen un origen económico los que tienen una razón política, cuyo origen está en los problemas que existe en el mundo árabe. Pero lo anterior no es justificación para que las expulsiones de territorio español no se realicen de acuerdo con una serie de reglas básicas y que, además, tengamos el ejemplo de la gestión de la crisis de los cayucos de 2006 como muestra de que es perfectamente posible.

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El abuso del Decreto Ley y la mala calidad de la democracia

La publicación en el BOE del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia ha despertado la polémica. 170 páginas donde se regulan cuestiones tan variadas como el Registro Civil o los aeropuertos, los puertos o minas, las empresas de trabajo temporal, el cine, los horarios comerciales, los drones, el sector del gas natural o el de la energía eléctrica.

Estas medidas, y otras muchas, se aprueban cuando ha concluido el período de sesiones de las Cortes Generales y la ciudadanía está pensando en las vacaciones. Forma y tiempo de aprobación de la norma se unen impidiendo la discusión sobre reformas de gran calado, que ahondan en orientaciones de marcado corte neoliberal y privatizador. De hecho, ya están en vigor sin que el Parlamento se haya pronunciado.

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