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Cultura democrática contra la corrupción

En un primer post decía que el principal problema de la lucha contra la corrupción es la ausencia de instrumentos suficientes para su represión. Faltan medios, falta personal y en esas condiciones no se pueden castigar conductas prohibidas.

Lo anterior exterioriza un problema de cultura; cultura ciudadana y cultura política contra la corrupción. Esta carencia obligará a realizar un esfuerzo considerable para remediarlo -que obtendría frutos a medio plazo- y recuperar a la ciudadanía para la política. Mantenernos en la actitud tolerante conllevaría la italianización del país, con pérdidas de libertad, de democracia y un aumento de la arbitrariedad como nos explicó Joan Queralt. Cambio de cultura que obliga a un gran impulso, dentro del cual podría resultar conveniente crear un Comisionado de las Cortes Generales. El respaldo del Parlamento permitiría de forma imparcial vigilar comportamientos, adoptar pautas de análisis y modos de inspección y atender a sensibilización de la opinión pública.

La ausencia de cultura ciudadana se demuestra en pequeños comportamientos y en la sanción electoral del corrupto. Desde el primer punto de vista, hay pequeñas corrupciones que se toleran, como esa factura de comida familiar que se incluye en la declaración del IVA; o esos “regalos de cortesía” para agradecer que un cargo público le haya dado la razón cuando sólo cumple con su deber. El último ejemplo ilustra la transcendencia: subiendo la cuantía llegamos a los trajes de Camps de 12000€. Que se considerara algo banal explica por qué no se enjuiciara como cohecho y, ni siquiera, se consideraron cohecho impropio por el jurado que enjuició al exPresidente de la Comunidad Valenciana.

Desde un planteamiento político, el segundo de los enunciados es más serio. Algunas de las causas se han exteriorizado en un post anterior de Agenda Pública. No se castiga al corrupto, o, para ser más exacto, no se castiga a los corruptos de derechas. Por ello, estos entienden indebidamente que la victoria electoral borra lo cometido, pretendiendo además, que tenga el efecto benéfico de borrar la instrucción penal. El resultado es descorazonador cuando se ve el grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, con un 18% de imputados. O el aroma que desprendió la Asamblea de Madrid tras las elecciones posteriores al Tamayazo y que permitieron el acceso de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad.

Es cierto que para el PSOE las cosas no han sido tan sencillas. El asunto FILESA fue una de las causas que le llevó a la oposición en 1996 después de una machacona campaña del PP que lo identificaba con “paro, despilfarro y corrupción”. Triada de acusaciones que aún hoy deja caer el PP a pesar de todo lo que está ocurriendo con instrucciones penales de corrupción contra miembros de ese partido. Al PP, al igual que a CiU, de momento no le está afectando electoralmente. Es un dato que exterioriza la permisividad de la derecha con la corrupción, la cual proporciona sensación de impunidad a sus políticos y a los medios de comunicación que les resultan afines, incluso en la exigencia de responsabilidad de miembros de la izquierda. La mera comparación que han hecho algunos medios del caso Bárcenas con el asunto Mulas es indicativo.

El PSOE sigue teniendo FILESA como un trauma que le está impidiendo actuar sin complejos en la crisis de los papeles de Bárcenas y en cualquiera de las otras muchas que está viviendo el PP. E incluso con los propios. El votante de izquierda suele ser más exigente en estas cuestiones y no entiende la tibieza en la acusación y puede entenderlo como un pacto de no agresión. Ni tampoco entiende el ciudadano de izquierda la tibieza cuando el acusado es un miembro de este partido, momento en el que se reclama la expulsión automática.

Pero al mismo tiempo, estaría bien hacer algún estudio sociológico de por qué esta diferencia de consecuencias entre derecha e izquierda. Acaso, también influye la mayor habilidad mostrada por el PP en identificar al PSOE con la corrupción, lo que proviene de la falta de complejos en esta materia.

La izquierda sólo puede romper esta dinámica con una receta: hacer propuestas que exterioricen la tolerancia cero ante la corrupción y aplicarlas de forma unívoca en la propia casa. Obviamente no estoy hablando de declaraciones retóricas ni de pactos huecos que son rechazables. Hacer didáctica de cultura política anticorrupción pasa por un ejercicio exigente de la ética en la gestión pública, en los comportamientos diarios, en el momento de configurar listas electorales, en la gestión de los votos o en asumir las consecuencias de la apertura de procedimientos judiciales.

Hay dos reglas que deberían formar parte del ADN del político y que contribuirían mucho a mejorar la cultura democrática contra la corrupción: a) la responsabilidad política es más exigente que la penal. En el caso de la Ministra Ana Mato, su no imputación se justificó por razones de prescripción tal como figura en el Auto de 19 de abril de 2011, ¿puede indicar que políticamente la ilegalidad también ha prescrito? Que fuera nombrada Ministra ocasiona un daño enorme a la política, teniendo en cuenta, además, que la instrucción de Gürtel reverdece su actividad dudosa. Esto también es cultura. Y b) La presunción de inocencia no puede significar su mantenimiento en el cargo público. Hay que proteger el interés general, igual que el temor a la fuga hace que se haya retirado el pasaporte al extesorero del PP.

Mantener la situación actual tiene dos lecturas a cual más negativa: la corrupción no tiene consecuencias, ya que el corrupto sigue en el puesto. Y en segundo lugar, el interés general se perjudica ya que ante un asunto conflictivo siempre puede existir la tentación de pensar que, también en este caso, el político corrupto tiene un precio.

La cultura política exige del partido no afectado una postura clara y terminante de denuncia de corrupción. Este es un mandato especialmente serio para los partidos de izquierda para los que la ética es una cuestión central. ¿Cómo no va a ser obligación la denuncia de comportamientos corruptos, que atentan contra la esencia misma de la democracia? No es un juego del “y tu más” tal como se dice ahora; es exigir responsabilidad política. Callarse sólo favorece a los corruptos y contribuye a la creencia ciudadana de que hay un pacto de silencio; lo cual es pernicioso.

Es un problema de fondo pero también de imagen. Lo que no resulta admisible es que el PSOE vaya con complejos en esta materia. Hoy no podemos olvidar que tenemos la situación extravagante de tener que pedir los certificados de ingresos del Presidente del Gobierno porque somos conscientes de que las dietas no tributan y a la vista de los papeles de Bárcenas ¡no nos fiamos! Es una situación inimaginable en cualquier otro país del mundo, en donde se dimite por plagiar una tesis doctoral.

Acaso por no encontrar la receptividad que la situación demanda, los ciudadanos están desplegando iniciativas. Foro Etico es una de ellas, cuyos integrantes, desde la izquierda, exigimos que se adopte un comportamiento ético y se progrese hacia una democracia avanzada. Porque creemos que la ética es un valor especial en la izquierda y en la democracia. En la web están las primeras 43 medidas que proponemos contra la corrupción a la espera de que los grupos de trabajo presenten sus conclusiones. Esperamos encontrar esa misma receptividad en los destinatarios de las propuestas. En juego está el funcionamiento colectivo.

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2 de abril de 2013 - 06:00 h

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