Hubo una noche en la que Jesús Ordax, de 69 años, no tenía donde dormir y se subió a un autobús nocturno. Recorrió la línea de principio a fin, varias veces, atravesando el área metropolitana de Barcelona hasta que amaneció. Era mayo de 2026 y le acaban de echar de su casa. 

Jesús, de cuerpo enjuto y pelo cano, residente en L’Hospitalet de Llobregat, todavía no lo sabía entonces, pero esa fue la primera de muchas noches que pasaría a la intemperie. “Acabar así no se lo imagina nadie”, advierte. “Uno piensa siempre que tiene una especie de protección, una burbuja, pero se rompe a la primera de cambio”, reflexiona.

Desde que perdió su casa han transcurrido cuatro meses en los que pasó primero por albergues y pensiones, hasta acabar en la calle. Entremedias, encontró trabajo en un programa de inserción del Ayuntamiento de L’Hospitalet, pero siguió durmiendo al raso. En las pocas habitaciones de alquiler que encontraba, o no le querían, o él no se fiaba. 

No fue hasta esta semana, coincidiendo con el temporal de lluvias en Catalunya, que una conocida le ofreció dormir en su pasillo. Y su suerte dio un vuelco: encontró una habitación por 400 euros al mes. “Con la edad que tengo, como puedes suponer, ¡compartir piso es una experiencia totalmente nueva!”, reconoce Jesús por WhatsApp. 

Días antes, cuando todavía dormía en el parque de Can Batlló, en el barrio de Sants de Barcelona, Jesús decidió relatar su particular odisea habitacional en una charla con elDiario.es. “No es que yo haya tenido mala suerte”, argumentaba. Cuando el número de personas sinhogar no deja de crecer, razonaba, “la mala suerte no existe”. 

Pertenencias en la calle al salir del hospital

Nacido en Vigo, Jesús Ordax llegó a Barcelona a los 30 años, en busca de salidas profesionales y con la fotografía como pasión. “Yo era amante de todos los grandes reporteros”, asegura. Durante años, explica, trabajó de freelance en el sector. Viajó por África y dejó varias publicaciones.

A lo largo de su trayectoria también montó un bar, que reconoce que no le fue bien, y en los últimos años impartió cursos de fotografía en el Centre Cultural Sanfeliu. “Estuve casi cinco años, pero luego llegó el boom de Instagram y cancelaron el programa”, se lamenta. 

Desde entonces, cobraba una pensión no contributiva y vivía de alquiler en una caseta de jardín sin regularizar que le arrendaban en B. Pagaba 500 euros y apenas llegaba a fin de mes. “Era una habitación grande, con un patio fantástico”, recuerda. 

Pero una enfermedad le obligó a ingresar en el hospital, y un mes y medio después, al volver a su casa, se encontró con todas sus pertenencias en la calle. “Mesas, muebles, documentación, papeles, libros de fotografía… Todo lo que puedes tener en tu casa, pues fuera”, explica. “Entré en shock, no entendía nada”. 

Sin contrato, y habiendo dejado a deber un mes de cuota, explica que su casero lo echó. No tenía adonde ir, así que esa noche fue cuando subió al autobús nocturno. También acudió a la comisaría a denunciarlo, aunque sin éxito. Lo que sí pudo hacer es alquilar un trastero, que todavía le cuesta 70 euros al mes, para guardar sus pertenencias. 

Allí comenzó su periplo por las dependencias de emergencia: le dieron una pensión en Gavà, luego un albergue en L’Hospitalet de Llobregat y también durmió en la calle. En julio, los técnicos municipales le encontraron trabajo como peón en una brigada del Ayuntamiento pensada para personas en riesgo de exclusión social. 

Dormir en el parque y trabajar en la brigada

De julio a septiembre, salvo vacaciones –que durmió, dice, en la playa del Garraf–, Jesús Ordax ha trabajado de día pintando bancos y farolas con sus compañeros de turno. De noche, pernoctaba en el parque.

“Me levanto, me acicalo en la fuente como los gatos, y me voy a trabajar”, describía sobre su rutina. De 8:00 a 14:00 horas. “Al salir, todo el mundo termina, se dice ‘hasta mañana’, y tú te encuentras con la realidad”. 

Su tarde consistía en buscar algún bar donde comer algo caliente, echar la tarde en el parque, quizás ir al cine algún día, y después buscar algún rincón donde dormir. Nunca repetía sitio, ni quería compañía. “No me interesa ir con nadie, porque tiene sus riesgos y te envicias. Y yo no quiero meterme en historias raras ni paranoias”, exponía. 

Con 1.200 euros de salario mínimo que todavía cobra –el contrato es por un año–, ¿por qué tardó tanto tiempo en encontrar techo? En primer lugar, se sentía estafado cuando le pedían avances y fianzas que consideraba abusivas, y además denuncia que se topaba a menudo con infraviviendas controladas por grupos de los que no se fiaba. Otras veces, eran los caseros que no querían a alguien de su edad. 

“Hay habitaciones sin ventanas, subterráneos, sextos pisos sin ascensor, y compañías que no son agradables porque puedes tener problemas”, describía días antes de dar con una. “La ecuación es muy difícil de resolver, tanto a nivel social como humano”, exponía. 

En pleno debate sobre los decretos de vivienda y el caso Maricarmen, Jesús denuncia con su situación que la exclusión social y residencial, tal como han detectado entidades sociales, alcanzó hace tiempo también a una parte de la población asalariada y pensionista.

“El sistema perjudica a la población en general, y hablo de clase media también”, afirmaba. “Un señor y una señora que cobran entre los dos 2.000 euros no tienen para pagar un piso, ni llenar una nevera, y ni me imagino si tienen hijos”.

Tras la entrevista con elDiario.es vinieron los días del temporal de lluvias y después Jesús Ordax encontró finalmente la habitación en la que ahora se ha instalado. Está ilusionado, pero insiste por teléfono en dejar constancia de su odisea, que asegura haber resistido gracias a la “filosofía estoica”.

“Lo más grave de dormir sin techo es que suele derivar en abandono personal, desidia y refugios fáciles como adicciones…”, reflexiona. Jesús de momento lo ha esquivado. 

La patronal española de constructores y promotores ha entrado en campaña electoral para situar sus exigencias a los partidos políticos: menos regulación en materia de vivienda, un pacto de Estado para solucionar la crisis y más facilidades por parte de la Administración para aumentar la producción de inmuebles y, por lo tanto, la oferta. 

Así lo ha planteado el sector en el V Congreso Nacional de Vivienda, que organiza la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) este martes en Barcelona. “En los programas electorales el punto de vivienda debería ser el mismo para todos: llegar a un pacto de Estado, a un consenso como a veces ha ocurrido en sanidad o educación”, ha reclamado su presidente Xavier Vilajoana. 

Las jornadas, que coinciden con la aprobación de los nuevos decretos de protección de los inquilinos, debían contar con la intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pero la ley electoral le ha obligado a cancelar. Sí han asistido la directora general de Vivienda y Suelo del Gobierno, Inés Sandoval, así como responsables políticos de comunidades autónomas y ayuntamientos, además de directivos de constructoras, inmobiliarias y fondos de inversión vinculados a este sector. 

La convocatoria electoral del 29N vinculada a la crisis de vivienda y al llamado decreto Maricarmen ha marcado el congreso. Vilajoana se ha referido a las protestas sociales de los últimos días, aunque sin señalar a nadie: “Demasiadas veces se usan situaciones dolorosas para hacer política de vivienda, y no hay error más mayúsculo”. 

La receta del presidente de la APCE es reducir la regulación en materia de vivienda, que asegura que en los últimos años se ha traducido en “inseguridad jurídica”. “Legislamos con una vorágine”, ha afirmado, “¿pero alguien lo evalúa? Muy poco. Legislamos prueba-error, y más veces con error que con prueba”, ha lamentado. 

Tanto Vilajoana como Carolina Roca Castillo, de la asociación de promotores madrileños ASPRIMA, han reclamado también más colaboración de la Administración para aumentar el ritmo constructor. Roca Castillo ha atribudo directamente la “explosión social” de la crisis de vivienda a la falta de oferta. “O recuperamos el ritmo de producción del bien de primera necesidad que es el suelo, o será imposible solucionar esta crisis”, ha apuntado. 

Por parte del Gobierno, Sandoval ha defendido los decretos de vivienda frente a un auditorio receloso y ha señalado que también incluye medidas reclamadas por el sector y que deberían servir para ampliar el parque de vivienda. Entre ellas, ha mencionado la reducción del IVA para la venta de vivienda protegida y la rehabilitación para alquiler o los 2.000 millones en avales del ICO para promociones asequibles.

“Los decretos también van dirigidos a quienes financiáis y producís y construís vivienda. Se habla mucho de la protección y la regulación, pero también está la parte enfocada a estimular y ampliar la oferta de vivienda en este país”, ha defendido la directora general, que también ha señalado el Plan de Vivienda 2026-2030 como mecanismo para hacer crecer el parque inmobiliario disponible.

Varias de las voces que han tomado parte en las jornada han criticado que la legislación actual, en referencia velada a los decretos de vivienda, hace recaer los problemas sociales de los inquilinos sobre el propietario. “No podemos revertir sobre el sector privado la cobertura social de la vivienda, porque nos encontramos en una ratonera”, ha expresado Rosa Gallego, CEO de QLiving, que ha rechazado la etiqueta de fondo buitre. “Yo no soy un fondo buitre, soy un fondo de inversión”, ha reivindicado. 

Una de las críticas más duras a las regulaciones vinculadas a la vivienda, y en especial al tope de los alquileres, ha sido la del CEO de la inmobiliaria Guinot Prunera, Jordi Tomàs, que ha afirmado incluso que “el inquilino tiene la propiedad de la vivienda de facto”. “Como propietario, la prioridad es la seguridad del cobro”, ha planteado, y ha añadido que las dificultades para desahuciar y recuperar una vivienda hacen “desaparecer” oferta del mercado. 

En la mesa de debate La adecuación de la oferta a las necesidades reales, también empresas como Cevasa, Culmina y Lagoom Living han aportado su visión sobre cómo aumentar la producción de viviendas de protección oficial o asequible. En este sentido, han pedido facilidades para optar a suelo edificable, más concursos públicos para construir vivienda y mayor “seguridad jurídica”.

El temporal sigue azotando Catalunya con fuerza. Las intensas lluvias y el riesgo de inundaciones han empujado a la Generalitat a restringir la movilidad el ocho comarcas, incluida la de Barcelona, y en una de ellas, el Vallès Oriental, directamente han pedido a la población que se confine por riesgo de desbordamiento de barrancos. 

La borrasca ha avanzado de una forma más inesperada que el fin de semana y, hacia el mediodía, también han pedido a la población de algunas localidades de Girona (santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró y Sant Feliu de Guíxols) que se confinen en casa debido al riesgo de crecidas del río Riudaura y de otras rieras.

Dada la gravedad del temporal y el riesgo de desbordamiento de ríos y barrancos, a primera hora del lunes la Generalitat ha pedido el confinamiento en toda la comarca del Vallès Oriental. También han avisado a la población de que evitara la calle, se refugiara en edificios y no bajara a sótanos.

La capital de la comarca, Granollers, ha registrado inundaciones importantes por segundo día consecutivo. Una de ellas junto a las vías del tren y a un talúd que se desmoronó debido al aguacero.

Lo que ha añadido complicaciones a las restricciones de movilidad han llegado poco después de las 9:00 horas, con miles de personas desplazándose o ya en su puesto de trabajo, y las escuelas con los alumnos recién llegados. La actividad lectiva ha quedado suspendida en Vilanova del Vallès, Roca del Vallès, Granollers, Òrrius y Canovelles, según fuentes del Departamento de Educación. 

A media mañana, Protección Civil ha enviado un mensaje ES-Alert a las comarcas de Alt Penedès, Garraf, Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Maresme y la Selva. Piden a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a los ríos. 

El temporal, que obligó a restringir la movilidad en hasta 20 comarcas entre el sábado y el domingo, dejó registros de lluvia de récord en Barcelona, causó inundaciones en numerosas localidades, llevó el río Besòs al límite del desbordamiento y dejó dos muertos, en Montornès y Tordera, además de un desaparecido en Pineda de Mar.

Durante la noche, los Bomberos de la Generalitat han continuado desplegados en numerosos frentes. Han atendido 139 avisos hasta las 8:00 horas. Desde el inicio del episodio, el cuerpo de emergencias ha recibido 2.608 avisos.

Los trenes afectados

La infraestructura que mayores afectaciones sufre con el arranque de la jornada es el servicio de trenes. En Rodalies, un total de seis líneas (R1, R2, R4, R7, R8 y R11) sufren cortes en tramos de vía. Para todos ellos, informa Renfe, han habilitado transporte por carretera.

Además, a media mañana se han suspendido también durante unas horas las rutas de alta velocidad que conectan Barcelona con Girona y Francia, debido a una afectación en los túneles entre Estación de Sants y la Sagrera. Renfe informa que ya se han restablecido.

A primera hora del lunes en la R1 no hay circulación entre Arenys de Mar y Badalona, trayecto que se cubre con autobuses; en la R2 Norte, el tramo entre Granollers Centre y Sant Celoni se realiza por carretera; y en la R4 hay servicio de autobús entre Manresa y Terrassa-Estació del Nord.

Las líneas R7 y R8 no funcionan en todo su recorrido y se ha habilitado un servicio alternativo por carretera. Lo mismo ocurre en la R11, donde hay un servicio directo por carretera entre Girona y Sant Andreu y entre Portbou y Maçanet-Massanes.

En cuanto a la R1, algunos trenes realizan el recorrido entre L’Hospitalet y Arenys (correspondiente al servicio Maçanet-L’Hospitalet), mientras que otros (los servicios Mataró/Blanes-L’Hospitalet) terminan en Badalona, donde los pasajeros pueden enlazar con la L2 del Metro. Según han indicado fuentes de Renfe, esto se debe a una cuestión de capacidad del túnel de Passeig de Gràcia, ya que el túnel de Plaça Catalunya todavía no está operativo.

Comprar un piso en Catalunya, con un precio medio que ronda los 2.800 euros por metro cuadrado, no está al alcance de cualquiera. Menos aún para personas que superen los 40 años, ya que, al tener menos tiempo para devolver el préstamo, su hipoteca puede acarrear cuotas demasiado elevadas. 

Para facilitar la compra a estos perfiles, igual como quiere incentivar la de los jóvenes mediante préstamos al 0%, la Generalitat ha anunciado un plan de compras conjuntas con particulares. La fórmula novedosa se basa en el Código Civil de Catalunya, distinto al del resto de España, que tiene regulada tanto la propiedad compartida como la temporal. 

El president Salvador Illa anunció esta medida durante el debate de política general en el Parlament, y esta semana la consellera de Territori, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha ofrecido más detalles, entre ellos una primera partida presupuestaria, de 100 millones para una convocatoria inicial, y el calendario: a partir de principios 2027. El objetivo es alcanzar unos 2.000 pisos.

Sin embargo, el Parlament de Catalunya le propinó en paralelo el primer revés, con una votación en la que toda la oposición, sumada a la abstención de los Comuns, tumbó la iniciativa. Pero, ¿en qué consiste exactamente este modelo? 

La Generalitat ofrece a las personas de entre 40 y 56 años, a las que no les da para comprar un piso, la opción de hacerlo a medias con la Administración. De esta forma, y tras conseguir la hipoteca, el particular pasa a ser propietario de su piso al 50% durante un tiempo de 50 años, con la posibilidad de dejarlo en herencia hasta cumplir ese período. 

Durante esos 50 años, el propietario particular –o su heredero– tiene la opción de comprar la otra mitad. También de venderla (con posibilidad de compra preferente de la Generalitat). Transcurrido el plazo, si no la adquiere finalmente, la vivienda pasa a ser de la Administración. 

En cualquiera de estos escenarios, el piso queda calificado como de protección oficial. Pero eso sí, al haber sido comprado a valor de mercado, su precio no queda regulado como las demás VPO, sino que será como máximo el de la primera adquisición, sumado el IPC y otras variables, como unas posibles obras de rehabilitación. 

Lo que falta por detallar en todo caso son algunos de los requisitos concretos que exigirá el Govern para optar a este tipo de compra, como son la renta familiar o el precio máximo del piso. O qué ocurre en caso de incumplimiento con la hipoteca por parte del particular.

El programa también contempla mayores de 56 años. En esos casos, la Generalitat asumiría el 60% de la vivienda. Y el copropietario podría vivir en ella durante los 40 años siguientes a la compra. 

Paneque aseguró además que un objetivo concreto pueden ser los inquilinos de grandes fondos de inversión que actualmente buscan desprenderse de sus activos. El Govern ha adquirido recientemente cientos de viviendas por la vía del tanteo y retracto a grandes tenedores como Divarian o Inmocaixa. “En esos pisos vive gente, que podría ser propietaria de esas viviendas”, afirmaba esta semana la consellera.

“Estamos activando las clases medias trabajadoras para que sean propietarias y tengan estabilidad y tranquilidad”, defendía. 

La particularidad de esta medida, como recalca la Generalitat, es que se basa en un modelo de propiedad recogido en el Código Civil de Catalunya (en el Libro Quinto), modificado por la ley 19/2015, que incorporó tanto la propiedad temporal como la compartida. Este concepto distingue entre el propietario material (el que posee la vivienda, la usa y la puede adquirir completamente), y el llamado propietario formal (en este caso sería la Generalitat).

Desde que se aprobó el ‘decreto Maricarmen’ hasta que el Congreso lo ha tumbado este viernes, apenas han transcurrido tres días. Unas jornadas que, precedidas de una fuerte movilización social, han llevado a miles de inquilinos a contener la respiración a la espera de saber si podrían atar la prórroga de sus contratos, evitar subidas de mensualidades o, en los casos más extremos, frenar desahucios que ya tenían día y hora.

Pero la mayoría parlamentaria, con un Junts alineado a última hora con PP y Vox, les ha dejado sin la protección que recogía la norma. Esta incluía, entre otras medidas, la prolongación durante dos años de todos los contratos que acabasen hasta 2028, la prohibición hasta 2030 de los desahucios de familias vulnerables, o la regulación más estricta de los alquileres de temporada o por habitaciones. 

A la familia de Félix, de 58 años, con mujer y un hijo de 29, se les acabó el contrato de alquiler el pasado día 29 de septiembre, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el real decreto ley, así que el reloj corre en su contra. Un fondo de inversión, Mosaic, compró la finca en la que vive, en Erandio (Bizkaia) y no renueva ningún contrato. 

“El decreto nos hubiera dado aire para respirar”, expresa su hijo, también Félix. Muchos de sus vecinos sintieron que se abría una ventana de esperanza para ganar tiempo antes de que lleguen las denuncias y órdenes de desahucio. Félix, en cambio, no era tan optimista: “Me imaginaba que iba a salir que no”, afirma, “por eso ni siquiera me siento decepcionado, sino muy desilusionado”. “Ya no creo en los Reyes Magos y esto era la crónica de una muerte anunciada”, lamenta.

El pasado 29 de septiembre también fue un día importante para Juanita y para Seha. Ambas tenían ese día marcado en el calendario como el de su desahucio, pero los jueces de sendos casos decidieron aplazar el lanzamiento a la espera de ver qué decidía el Congreso. “¿Eso significa que habrá otro lanzamiento?”, pregunta Seha, vecina de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y embarazada de riesgo, al enterarse de la noticia.

“Fue una alegría tan grande cuando se paró el desahucio y ahora mira... Yo sólo quiero estar aquí hasta que cierre los ojos por última vez. Después, que se queden el piso”, explica Juanita, de 78 años, que confiesa haberse tomado un ansiolítico después de la votación.

Esta mujer compró su piso de Sant Adrià del Besós (Barcelona) hace 20 años, pero se lo embargaron hace casi diez años, porque lo puso como aval a la compra de su sobrina. CaixaBank le dejó quedarse a cambio de un alquiler social, ya que Juanita cuenta con un informe de vulnerabilidad, pero en el momento en que cayó el escudo social, le llegó el burofax avisándola de que la echaban.

“Los políticos que votan contra leyes que protegen a las personas no son humanos. Ellos vienen de una madre como yo. ¿A sus madres las dejarían en la calle?”, se pregunta Juanita, que rompe en lágrimas. La acompaña la PAH, que asegura que se mantendrá muy cerca para intentar que esta mujer no acabe perdiendo su hogar. “La lucha la tenemos que hacer todas juntas, porque somos más Maricármenes de las que se imaginan”, asegura.

Desde el Sindicato de Inquilinas advierten de una emergencia social con los desahucios. “Vamos a un escenario de decenas de miles de desalojos, y con los niveles de sinhogarismo que hay, es una temeridad”, alerta Carme Arcarazo, portavoz del colectivo. La caída del escudo social en enero, vigente desde la pandemia e igualmente rechazado por la derecha, asegura que ya disparó los desalojos. 

Solo en los últimos días, han sido varios los lanzamientos previstos que se han ejecutado o aplazado en función de si la fecha era anterior o posterior a la aprobación del decreto. En Mataró, una familia con un miembro con discapacidad fue expulsada de su casa el lunes. El miércoles y el viernes, en cambio, Macarena y Lucélia, en Barcelona y Manresa respectivamente, vieron cómo se aplazaban sus lanzamientos debido al fugaz decreto ley finalmente derogado. 

Los que esperaban prórrogas

Aunque los desahucios han atraído estos días todas las miradas, no solo las familias a punto de perder sus hogares estaban pendientes del decreto. También millones de inquilinos y propietarios aguardaban la votación del Congreso para conocer cómo quedaban los contratos. 

En total, dos millones de contratos de alquiler finalizan en España antes de 2029, según los datos del Ministerio de Consumo. Estos incluyen aproximadamente a cinco millones de arrendatarios. 

Uno de ellos es la abuela de Ana, que tiene 95 años. Vive de alquiler en Madrid y su contrato acaba en 2026. Su nieta, que estos días acampa en la Puerta del Sol, no sabe qué va a pasar con ella. Con el decreto contarían con dos años más de prórroga. “Si estamos tanta gente joven aquí es también para cuidar de nuestros mayores y para asegurarnos un futuro, poder vivir una vida digna y tranquila”, cuenta. 

No es la única que se ha acercado a la Puerta del Sol motivada por situaciones personales o familiares complicadas. También es el caso de Pablo, cuya madre vive en la sierra de Madrid y su casero le sube el alquiler mes a mes 20 euros. No sabe cómo va a poder seguir asumiendo los incrementos. El joven critica la inacción del Gobierno progresista y afirma: “Aquí en España están surgiendo dos opciones. Si trabajas te puedes pagar una casa, pero te mueres de hambre. Y si no, pues puedes comer un poco, pero vas a vivir o con tus padres o en la calle”. Otra situación que se repite es la de los caseros que se aprovechan. “Llevo cinco años de alquiler en Madrid, en cuatro casas distintas”, cuenta frente a su tienda de campaña Pau, que paga 500 euros por una pequeña habitación en una casa compartida con seis personas. Ahora considera que tiene suerte porque tiene un contrato indefinido, pero le echaron de su piso anterioR.

Desde Cieza, en Murcia, Aurora y su pareja, Alberto, expresan la misma inquietud, pendientes de un contrato que vence en marzo de 2028. “Estamos preocupados porque la zona en la que estamos, la Avenida Europa, se ha revalorizado mucho en los últimos años y hay indicios de que nos van a subir los precios”, expresan. Empezaron pagando a su casero 650 euros por un apartamento de 70 metros cuadrados, dos habitaciones, un baño, cocina y salón. “Ahora pagamos ya 711,25, por las subidas del IPC porque firmamos antes de la Ley de Vivienda”, afirman. 

Lo que más les afecta, relatan, es la incertidumbre: “Tenemos 34 y 35 años y proyectos profesionales y personales que queremos desarrollar en la capital, pero cada vez se está poniendo más complicado, no solo el alquiler, también adquirir una vivienda”, concluyen. 

Entre los activistas por la vivienda, la decisión de Junts de este jueves cayó como un jarro de agua fría. “Sabiendo que el PSOE llevaba tiempo negociando el decreto con ellos, no contemplábamos que lo tumbaran, porque era de mínimos”, se lamentaba Arcarazo, que no esconde su sorpresa. “Estamos en el momento de la legislatura en que la cuestión de la vivienda está más viva, con el nivel de hartazgo más alto, y no nos queda otra que caminar hacia una huelga general”, expresa. 

Con la aportación de Belén Ferreras, África Gelardo y Erena Calvo

Primeras consecuencias del nuevo decreto de vivienda frente a los desahucios. Macarena, una vecina del barrio de Sant Andreu de Barcelona, que aguardaba este jueves su desalojo arropada por vecinos y activistas, ha visto cómo se suspendía el lanzamiento debido a la nueva norma. 

Los abogados del Sindicato de Inquilinas han solicitado este jueves a primera hora la suspensión del desahucio en virtud del decreto aprobado por el Ejecutivo y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles. En una diligencia, obtenida por elDiario.es, un juez de Barcelona ha acordado la suspensión provisional.

Macarena vivía en el piso desde 2017 y se enfrentaba al segundo intento de desahucio. El primero fue en julio y medio centenar de vecinos y activistas lograron pararlo. 

Según el Sindicato de Inquilinas, la mujer, en situación de vulnerabilidad y con problemas de salud mental diagnosticados, residía en la vivienda sin contrato formal, pero con un acuerdo verbal con el propietario por el que abonaba cada mes la renta, actualmente de 850 euros. 

En 2024, la propiedad quiso subirle el alquiler y ella pidió a cambio que le formalizaran el contrato, pero el casero se negó y le ofreció una sola habitación por ese precio, siempre según la versión del Sindicato de Inquilinas.

“Desde entonces empezó un período de acoso y chantaje para conseguir que abandonara la vivienda”, aseguran desde la entidad, que ha intentado en más de una ocasión negociar con la propiedad.

La situación de esta mujer fue también trasladada a la Oficina de Vivienda de Sant Andreu. Desde este organismo se ofreció a la propiedad la posibilidad de acceder a una subvención para renovar el piso, que se encuentra en muy malas condiciones, a cambio de incorporarlo a una bolsa de vivienda del Ayuntamiento. La propiedad, sin embargo, no llegó a responder a esta propuesta, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas.

Ante la fecha de desahucio de este miércoles, y agotadas las vías de negociación, el Sindicato llamó a la ciudadanía a pararlo en la calle y los activistas estaban preparados para intentar frenarlo. Macarena, por ahora, no será desahuciada.

La polilla del boj avanza sin tregua por España. En Catalunya, uno de los primeros territorios donde fue detectada, en 2014, ya ha arrasado 214.000 hectáreas de este arbusto. Y no da señales de detenerse: una investigación de AlertaForestal, cuyos resultados ha podido consultar elDiario.es, constata que la plaga sigue extendiéndose y golpea cada vez a más comarcas.

Los últimos datos oficiales disponibles, de los Agentes Rurales de la Generalitat, advertían de que había llegado a 26 comarcas, donde había arasado con el 40% de la superficie del boj. Pero el proyecto de ciencia ciudadana AlertaForestal, coordinado por el grupo de investigación ecológica CREAF, lo ha detectado en unas cuantas más. Entre ellas, la Noguera, en el prepirineo, o el Montsià y la Terra Alta, en las Terres de l’Ebre. 

“A escala de bosque, a diferencia de los jardines y otros espacios privados, ahora mismo es imposible hablar de erradicación o de control real, no es factible”, reconoce Mireia Banqué, coordinadora de AlertaForestal e investigadora de CREAF. “El sotobosque catalán tiene mucho boj, con lo que es su bufé, porque además no tiene demasiados depredadores”, añade esta científica. 

La polilla del boj, una mariposa nocturna de color blanco con rayas marrones, se detectó por primera vez en España en 2014. En Catalunya dieron la voz de alerta unos vecinos de Besalú, una localidad de Girona, por donde inició su expansión. 

Originaria de Asia, todo apunta a que esta especie invasora entró a Europa debido a la comercialización de arbustos de boj ornamentales, puesto que se detectó por primera vez en 2007 cerca de un nodo de transporte fluvial en Alemania. 

Durante su fase de oruga, se alimenta de las hojas del boj e incluso llega a roer los troncos, provocando a menudo la muerte de la planta. “Se come todas sus hojas y le impide hacer la fotosíntesis, con lo que el boj no tiene capacidad para rebrotar”, dice Banqué.

Además de Catalunya, la polilla del boj se ha expandido por numerosas comunidades autónomas en la última década. Primero en Galicia, después en Cantabria, y ahora amenaza estos arbustos ya en Asturias, País Vasco, Aragón, la Comunidad Valenciana o Navarra. En esta última, las autoridades alertaron este verano de una “explosión” de esta plaga de polillas.  

A la incapacidad del boj para sobreponerse a los ataques de estas orugas, tampoco ayudan las sequías y las olas de calor, cada vez más frecuentes. Pero los investigadores apuntan al mismo tiempo que las elevadas temperaturas pueden ralentizar sus avances. 

“Cuanto más extremas son las temperaturas, y cuanto más continental es el clima, más le cuesta, o menos agresiva se muestra”, constata Banqué. Los investigadores esperan también que con el tiempo aparezcan depredadores y acaben equilibrando su presencia en el medio. Por ahora hay algunos pájaros que se las comen, como el carbonero, pero no tiene parásitos que ataquen sus huevos. 

Catalunya es, de lejos, la comunidad autónoma que más ha intervenido en el mercado de la vivienda. Los precios disparados del alquiler y el fuerte rechazo social a los desahucios han empujado al Parlament y a la Generalitat a sacar adelante medidas para frenar una crisis habitacional que, pese a la intensa actividad legislativa, persiste.

La comunidad fue la primera en topar los precios del alquiler, con una ley propia en 2020, y en 2024 lo volvió a hacer, en base a la Ley de Vivienda. Ha aprobado una regulación de arrendamientos de temporada y de habitaciones, y en el horizonte está una reducción de los pisos turísticos. En paralelo, Salvador Illa fía la salida de la crisis a la construcción de 50.000 viviendas asequibles antes de 2030, para lo que ha modificado también normativa urbanística.

De toda esta batería de políticas de vivienda, ¿cuáles han funcionado y cuáles han fracasado? A continuación, las más destacadas. 

Dos años de tope a los alquileres

Alumna aventajada de la Ley de Vivienda, Catalunya ha limitado desde marzo de 2024 la subida de los precios del alquiler en 271 municipios, declarados como zona de mercado tensionado. Dos años y medio después, algunos han salido al verse mejorada su situación, como Lleida, pero las principales ciudades continuarán con el tope. 

Desde su aplicación, los precios de los nuevos contratos regulados ha frenado su espiral de subidas. En Barcelona, donde todavía se pagan 1.137 euros al mes de media, el descenso ha sido del 4,3% entre el primer trimestre de 2026 y el de 2024. En el resto de Catalunya, en las zonas tensionadas ha bajado un 1,2%, mientras que en las que tienen precios libres (en su mayoría, municipios pequeños) han crecido un 9,5%. 

Esta medida, sin embargo, tiene dos derivadas que han dado pie a las críticas. Una es la fuga hacia el alquiler de temporada para esquivarlo, lo que empujó a aprobar un decreto que regulara estos arrendamientos, cuyos precios están muy por encima de los de larga duración y suelen quedar fuera de los análisis. La otra tiene que ver con la disminución de la oferta, y es más compleja. 

Qué pasa con la oferta

La caída de los contratos que se firman cada trimestre es una realidad, del 17% desde el inicio de la regulación en Barcelona. Con todo, esto se puede deber a una mayor estabilidad: la población se mueve menos. A nivel global, el saldo entre contratos que acaban y empiezan sigue siendo ligeramente positivo (salvo en el tercer trimestre de 2026). 

Sea como sea, lo que acreditan las plataformas de anuncios es que su oferta de alquiler de larga duración se ha desplomado, y en ciudades como Barcelona es habitual ver colas de cientos de personas para aspirar a pisos que, de otro modo, son adjudicados en minutos.

Unos juegos del hambre que se intuyen a través de la creciente demanda: un 19% de los catalanes busca “activamente” piso, y entre los jóvenes se ha disparado solo en un año del 27% al 37%, según la encuesta del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OH-B). 

Regulación de temporada e inspecciones

El disparado crecimiento de los alquileres de temporada, como forma de evitar las limitaciones de precio, llevó al Parlament a aprobar en diciembre su sujeción al tope del resto de alquileres residenciales, con los votos de PSC, ERC, Comuns y CUP. Desde entonces, han descendido en los registros oficiales, aunque menos de lo que se esperaba. En Barcelona, además, siguen copando mayoritariamente los anuncios en webs como Idealista. 

En cuanto a las habitaciones, cuyo precio sumado ahora no puede superar el del conjunto del piso con el índice de precios, es una incógnita su impacto. Muchas se alquilan de forma irregular, con un solo contrato y subarriendos, y hay empresas de colivings que continúan operando. 

Tras su batería legislativa, Catalunya ha constatado que no tiene suficientes inspectores para hacerla cumplir. Ahora existe el compromiso de la Generalitat de crear un cuerpo de inspectores que controle mejor el cumplimiento del tope de precios, que detecte alquileres de temporada fraudulentos, o anuncios que no incluyen los requisitos necesarios. 

El golpe a los pisos turístico, por llegar

Es la promesa estrella de Jaume Collboni: afirma que suprimirá todos los pisos turísticos de Barcelona, unos 10.000, en 2028. Esta medida, que deberá acometer si gana de nuevo la alcaldía, descansa sobre un decreto ley catalán cuyos efectos están todavía por ver. 

La regulación, aprobada en 2023, acaba con las licencias a perpetuidad, fija un máximo de 10 viviendas turísticas por cada 100 habitantes y obliga a los ayuntamientos con más viviendas turísticas (a partir de 5 por cada 100 habitantes) a regularlos con licencia urbanística, que se puede pedir y conceder hasta noviembre de 2028. 

Los 50.000 pisos y la regulación urbanística

La promesa estrella de la legislatura de Salvador Illa es ganar 50.000 pisos asequibles para el mercado de la vivienda antes de 2030, una apuesta de ampliación del parque protegido que considera ineludible para salir de la crisis de precios y accesibilidad. Para ello, busca construir nuevas VPO públicas, con ayudas a privados, y acelerar compras directas o mediante tanteo y retracto (como los pisos de Criteria o Divarian). 

También en este punto hay novedades normativas, pensadas para agilizar la construcción, pero de nuevo es pronto para calibrar su eficacia. Entre otros, plantea externalizar algunos trámites en licencias de obras para descargar de trabajo a los ayuntamientos. 

En materia urbanística y para ampliar el parque, destaca además la reserva del 30% que impulsó para Barcelona Ada Colau, y que Collboni no ha modificado –pese a quererlo– por falta de apoyos. La norma obliga a las nuevas construcciones y a la gran rehabilitación de destinar uno de cada tres pisos a uso protegido, pero no ha logrado las cifras esperadas. 

Liderazgo en desahucios

Catalunya fue también pionera en aprobar una ley que obligaba a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social antes de desahuciar. La primera norma fue en 2014, luego vendrían otras, pero las tumbó el Tribunal Constitucional. Con esa ley, la Generalitat forzó 20.000 alquileres sociales que iban a ser desalojos entre 2017 y 2023. 

A pesar de tener programas también innovadores como la unidad antidesahucios de Barcelona, Catalunya nunca ha dejado de ocupar los puestos más destacados en cuanto a desahucios, a expensas del escudo social del Gobierno desde el revés del Constitucional. En 2025, Catalunya sufrió 13 desalojos por impago de hipoteca por cada 100.000 habitantes, solo superada por Murcia, y 61,7 por alquileres, por encima de todas las demás comunidades. 

La “compra especulativa”, en negociación

La prohibición de las compras especulativas centró parte del debate político de vivienda este año en Catalunya, a raíz de la propuesta de un abogado experto en urbanismo que posteriormente abanderaron los Comuns.

Ahora que se plantea el veto a los fondos buitre en el decreto estatal de vivienda, cabe recordar que esta propuesta, aunque con diferencias, se tramitó en el Parlament por lectura única. Pero un duro revés del Consejo de Garantías Estatutarias, que cree que vulnera el derecho a la propiedad, la dejó congelada. 

La propuesta catalana, distinta a la estatal, pasaba por permitir a los ayuntamientos que, mediante la normativa urbanística, puedan prohibir la adquisición de inmuebles si no es para vivir en ellos. Inicialmente, no distinguía entre grandes o pequeños compradores, pero el Govern pactó dejar fuera a quienes no son grandes tenedores, así como las compras de fincas enteras si son para destinar a alquiler asequible. 

La fiscalidad y las ayudas a la compra

En el capítulo fiscal, quizás la menos vistosa de las políticas de vivienda, Catalunya cuenta con deducciones del alquiler, con ciertos requisitos de vulnerabilidad, y un impuesto de transmisiones patrimoniales del 10%, entre los más elevados del estado. Recientemente, se aprobaron rebajas al 5% para jóvenes en primera compra, que ahora se valora extender. 

Además de contar con ayudas al alquiler para familias pobres, para facilitar la compra de un primer piso la Generalitat ha puesto en marcha un crédito a interés 0%, de un máximo de 50.000 euros, para cubrir la entrada. Por ahora ha servido a unos 2.000 jóvenes, cuyo nuevo piso a cambio solo se podrá vender a precio limitado de VPO.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que hay que “gobernar” el mercado de la vivienda para garantizar que se accesible, especialmente para los jóvenes, y ha pedido este lunes “privilegiar” el uso residencial de los inmuebles frente al turístico. 

Sánchez ha clausurado en Barcelona el acto Vidas futuras. Un día en 2050, organizado por la Oficina Nacional de Prospectiva del Gobierno y celebrado en el Disseny Hub. En el encuentro han participado también el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de la capital catalana Jaume Collboni.

En plenas negociaciones contrarreloj para el decreto de vivienda, tras la conmoción del desahucio de Maricarmen, Sánchez ha evitado hacer referencia al texto que llevarán al Consejo de Ministros. 

Sobre las políticas de vivienda, se ha limitado a afirmar que “hay que poner el foco en la accesibilidad”, y en “aumentar la oferta” de vivienda al alcance de la ciudadanía. En este sentido, ha pedido a las comunidades autónomas que usen la “palanca” de la Ley de Vivienda para hacerlo.  

Al margen de este ámbito, Sánchez ha defendido durante el acto Vidas futuras avanzarse a algunos de los retos de 2050, entre ellos reducir las desigualdades, o facilitar que los distintos modelos de familia puedan consolidarse y considerarse “legítimos” igual que el tradicional. 

El informe presentado este lunes es un ejercicio de Moncloa para anticiparse a cómo será la sociedad española del futuro y trabajar ya en la legislación y las políticas que permitan acomodarlo. Entre otras previsiones, los expertos creen que las familias serán más reducidas, condicionadas por la longevidad, con mayor peso de las amistades en el círculo de cada uno y también más presencia de lazos digitales. 

“Cada derecho hoy evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que íbamos demasiado lejos”, ha expresado el presidente, que ha lamentado que “algunos llegan tarde al progreso”. En este sentido, ha puesto como ejemplo la ley del matrimonio igualitario, y ha confiado en que legislaciones más recientes, como la de muerte digna, aunarán el mismo consenso que esta en el futuro. 

Sánchez se ha referido también a cómo la digitalización, la emergencia climática o el envejecimiento de las sociedades, han cambiado el día a día de los españoles, y cómo lo hará en el futuro. 

En especial, el que afecta a la tecnología, se ha preguntado siu beneficiará a toda la ciudadanía, o solo a punos pocos, ensanchando de esta forma las desigualdades. “Jamás ha habido una concentración tan grande de poder, ni desigualdades como las que hay entre los tecnooligarcas y el resto de la ciudadanía”, ha lamentado.

El movimiento por la vivienda en Catalunya se suma a la presión para que el Gobierno apruebe este martes un decreto de vivienda que incluya sus reivindicaciones. El Sindicato de Inquilinas de Catalunya ha anunciado una movilización este lunes en Barcelona, coincidiendo con la visita del presidente Pedro Sánchez en la capital catalana. 

“Hacemos un llamamiento a los catalanes a decirle a la cara a Pedro Sánchez que no aceptaremos una farsa”, ha afirmado el portavoz del Sindicato, Enric Aragonès, sobre un decreto que exigen que recoja sus demandas, entre ellas el contrato de alquiler indefinido.

La convocatoria es a las 19:00 horas frente al Palau de Congressos de Barcelona, en la avenida Diagonal, donde Sánchez acude a la gala Premis La Vanguardia 2026. El Sindicato de Inquilinas de Catalunya sigue la estela de sus homólogos madrileños, que este sábado llevaron a cabo una movilización masiva que acabó con una acampada en la Puerta del Sol. 

Las demandas que esgrimen los sindicatos de inquilinos para el que ya han bautizado como el decreto Maricarmen pasan también por la renovación “automática” de los contratos de alquiler, la regulación estatal de alquileres de temporada y de habitaciones, la congelación de precios durante la vigencia del contrato –ahora se puede subir dentro de un índice estatal vinculado al IPC– y la prohibición de los desahucios para familias vulnerables si no hay alternativa habitacional. 

Además de esta convocatoria, el movimiento por el derecho a la vivienda en Catalunya prepara también una manifestación el próximo sábado, 3 de octubre. Se hará en L’Hospitalet de Llobregat, en homenaje a la vecina del municipio, Olga, que se suicidó tras ser desalojada de su casa. La marcha la convocan el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya con apoyo del Sindicato de Inquilinas o la PAH. 

Paquita, Mariví, Natalia, María o Francisco son nombres propios que no tienen todavía la fuerza del de Maricarmen, pero que pasan ahora por su misma situación: sobre ellos pende la amenaza de un desahucio que los expulsará de sus hogares. La salida de la anciana madrileña, de 87 años, ha removido la conciencia social y las imágenes de su lanzamiento han recordado al Gobierno la dureza de la crisis de vivienda.

Ahora, mientras el Ejecutivo acelera para atar con sus socios un Real Decreto-Ley que trate de poner freno a la emergencia habitacional, los testimonios de estas cinco personas amenazadas con la pérdida de la vivienda en la que residen cobran más relevancia. A Paquita la echan para montar un piso turístico en La Latina, en pleno centro de Madrid, porque es más rentable que un alquiler de larga duración. En Badalona, a Francisco y María los quieren expulsar de su casa ya pagada... pero con la que avalaron a su hijo para la compra de un piso que no pudo pagar por la crisis de 2008. En Canarias y en Euskadi, Natalia y Mariví tiemblan pendientes de un fondo.

“Ha pasado lo de esta mujer, que yo estuve allí para despedirla, no sé qué será de mí”, dice Paquita, sobre Maricarmen, este viernes. “Esto es un sinvivir. Yo no pido un palacio; pido un techo”, narra Natalia. “No me voy a ir de aquí”, sostiene Mariví. “Lo único que pido es que me dejen vivir con mi esposa en esta casa hasta que nos muramos, que no queda tanto”, piden Francisco y María.

Paquita: 83 años, párkinson y a merced de un piso turístico

Si existe un caso parecido al de Maricarmen es el de Paquita. Tiene 83 años, cuatro menos, padece de párkinson y vive a solo cuatro kilómetros de distancia. En la noche del desahucio acudió al barrio de Retiro, en Madrid, para apoyar a Maricarmen y para “despedirla”, contaba este viernes entre lágrimas ante los micrófonos.

Ella vive desde hace 29 años con su hijo, de 47, en un piso de la calle Santa Ana, en el céntrico barrio de la Latina, “y no pagamos una miseria: 1.100 euros al mes”, dice. Pero su casero, que es la empresa Tolesanta, que tiene múltiples pisos turísticos en su mismo bloque y en otros, no quiso renovarle el arrendamiento. “Si quieren que pague más, que nos lo digan y negociamos”, asume Paquita.

Pero lo que sospechan es que quieren habilitar más pisos turísticos, aunque en la ciudad de Madrid es ilegal que nuevas unidades convivan con viviendas desde agosto de 2025. En 2023, un juez dictaminó que Paquita tenía que abandonar la casa porque se le había vencido el contrato, pero ella siguió pagando y ellos reciben la transferencia cada mes. “Eso es que están de acuerdo, ¿no?”, se pregunta Paquita.

El pasado 22 de julio, Paquita se enfrentaba a su desahucio acompañada de vecinos que le apoyan, pero fue suspendido. Aseguraba que necesitaba más tiempo para buscar piso, pero ahora, visiblemente afectada por el caso de Maricarmen, casi un espejo, parece decidida a luchar. “Claro que voy a defender mi casa, aquí han muerto mi marido, mi madre... Y que yo no pago una miseria”, defendió el viernes.

“Estoy fatal, tengo la rodilla hecha polvo, así ando, paquí y pallá, pero con el bastón. No me echo atrás, no me voy a quedar en casa, pero me cuesta, me cuesta mucho. (...) Ha pasado lo de esta mujer, que yo estuve allí para despedirla, no sé qué será de mí. Espero poder seguir en mi casa”, decía, y aseguraba que al otro lado del teléfono, Tolesanta no responde a las peticiones para negociar, incluso a ofertas de pagar más alquiler.

Francisco y María: “Jamás pensé que me ocurriría a mí”

Poco antes de que la policía sacara a Maricarmen de su casa en Madrid en la mañana del miércoles, a 600 kilómetros de allí, en Badalona, una pareja de 84 y 79 años logró frenar su desahucio. Francisco Olea y María Andrade, acompañados por sus hijos, los vecinos y el Sindicato de Vivienda de Badalona, consiguieron frenar la comitiva judicial y aplazar el desalojo del que ha sido su hogar en los últimos 50 años. Su historia, como ocurre a menudo con los desahucios, hunde sus raíces en la crisis inmobiliaria de 2008. Fue entonces cuando la pareja decidió avalar a su hijo para que se comprara un piso en la ciudad. “Las cosas iban bien, tenía un pequeño taller, pero la crisis lo fastidió todo y no pudo pagarlo”, explica Francisco a elDiario.es.

La familia explica que tras desahuciar hace un año al hijo, el BBVA –con quien contrajo la hipoteca– inició el procedimiento para quedarse con el piso de Francisco y María. Sin embargo, ambos aseguran que su hijo se lo ocultó, convencido de que podría solucionarlo, con lo que se enteraron de la fecha de desalojo dos días antes, el día 21 de septiembre. “Jamás pensé que me ocurriría a mí, tengo pagada la casa desde hace 40 años”, exclama Francisco, que durante años militó en la PAH.

Tras paralizar el desahucio en la calle, Francisco y María consiguieron una prórroga hasta el 29 de octubre, y reclaman ahora al Ayuntamiento de Badalona que les ayude a negociar con la propiedad. Lamentan que no pueden pagar el montante reclamado, de 70.000 euros cada uno, pero sí ceder el piso a cambio de un alquiler social. “Lo único que pido es que me dejen vivir con mi esposa en esta casa hasta que nos muramos, que no queda tanto”, suplica Francisco.

Natalia, con un menor a su cargo

El fondo demandante del desahucio de Natalia, Trova Capital S.L., está radicado en Madrid, muy lejos del barrio de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria, y de la ventana desde donde, aún hoy, saluda a sus vecinas.

“En casa seguimos todos muy nerviosos”, cuenta a esta redacción Natalia, que no sabe cuándo va a volver a llegar una carta que les ponga, una vez más, el corazón en un puño. “Esto es un sinvivir. Me han parado ahora el desahucio, ¿después qué hago? Yo no pido un palacio; pido un techo, que yo lo adapto para mi hija. Rompo bloques si hace falta”.

Natalia recuerda lo joven que era cuando, hace trece años, llegó a esta casa abandonada. Recuerda entrar por la puerta con su hija, que tiene una discapacidad del 100%, y cómo los vecinos, al conocer su situación, hicieron una colecta para que pudiera poner las ventanas, la encimera de la cocina y adaptar lo mejor posible la vivienda para criar a la niña. 

Hoy, su vecina del quinto le proporciona agua y luz porque sabe que su situación es aún más grave: se enfrenta a un desahucio sin alternativa habitacional ni red familiar, y tiene a su cargo a una hija en situación de dependencia, a un menor de once años y a un sobrino con esquizofrenia. La presión vecinal pudo parar el lanzamiento previsto para el pasado 14 de septiembre.

La historia de este desahucio se remonta a 2022. En 2023, el Juzgado solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas un informe de vulnerabilidad, que fue emitido y acreditó la situación de vulnerabilidad de Natalia y su familia. El desahucio se paralizó entonces por el escudo social vigente. Ahora, el escudo son las vecinas.

Mariví: “No hemos dejado de pagar nunca”

Marivi tiene 78 años y mucha determinación. Dice que hace muchos meses que ni come ni duerme ante el temor de perder su casa. Podía haber caído en la desesperación, pero ha optado por la lucha y ser uno de los rostros que encabeza las protestas de los 120 vecinos de Erandio (Bizkaia) que se han unido para intentar que el fondo Mosaic, que ha comprado el edificio donde viven a InmoCaixa, no les eche de su casa. “De aquí no me voy a mover”, advierte. “Este es mi hogar y voy a defenderlo”.

Mariví y su marido, de 87 años, viven en este piso del barrio de 'Los Ochos' desde hace 16 años, y pagan una renta de 875 euros cada mes. “No hemos dejado de pagar nunca”, dice, aunque con sus ingresos, 1.107 euros que provienen de la pensión de su marido, “no nos queda para nada y casi tenemos que buscarnos la vida para poder comer al día siguiente”.

Pero pagar “religiosamente” el alquiler, ya no es suficiente. El fondo quiere vender los pisos y, para ello, primero echar a los inquilinos. Ya ha recibido el burofax en el que les advierten de que su familia tiene que dejar el piso porque su contrato vence el 1 de octubre. Los nuevos dueños no quieren ni prorrogar contratos ni renegociar alquileres. “Ahora, a nuestros años, no sabemos qué va a ser de nosotros, dónde vamos a acabar”. “Y no dejo de preguntarme por qué nos está pasando esto. No hemos hecho nada malo para merecerlo. Hemos pagado, hemos cumplido, y ahora nos encontramos con que nos echan y no tenemos capacidad para acceder a otro alquiler”, relata.

Todos los vecinos afectados se han unido y han presentado una demanda colectiva para intentar frenar la pretensión del fondo. “La demanda creo que nos va a proteger unos meses, pero yo no me voy a mover de aquí aunque se me acabe el contrato. Me quedo en mi hogar. Y no de okupa, porque pienso seguir pagando el alquiler como he hecho toda la vida”, dice. “No queremos que nos regalen nada”, insiste.

Llegaron a ofrecerle comprar el piso en el que vive, que el fondo quiere vender por más de 300.000 euros. “Me dijeron que igual si negociaba me lo podían dejar en 260.000. Pero ¡qué vergüenza! ¿Cómo voy a poder pagar esa cantidad si me cuesta pagar la renta? ¿Con 78 años y 87 que tiene mi marido? Simplemente nos están atosigando y quitándonos la vida”. “Esto es una pesadilla que nos está costando una enfermedad”, asegura.

Mariví confiesa que le afectó mucho ver las imágenes del desahucio de Maricarmen en la televisión y cree que la gente tiene que ser consciente de que “nos puede pasar a todos. Y si no a ti, a cualquiera de la familia, a un sobrino, a un hijo…. La vida es pura injusticia”.

Mariví piensa resistir: “No sé qué va a pasar a partir del día 1, cuando vence el contrato. Pero tengo ganas de luchar, ya ni duermo ni como porque estoy muy afectada, pero hay que hacerlo porque este es mi hogar y quiero defenderlo”

Ada Colau nunca cerró del todo la puerta a regresar algún día a la política institucional, pero pocas veces como ahora había dado muestras de querer dar finalmente el paso. La exalcaldesa de Barcelona ha sorprendido a Comuns y Sumar al mostrarse dispuesta a “ayudar” en las próximas elecciones generales, sin cerrar la puerta ni siquiera a acudir como candidata. Eso sí, siempre que sea una lista de izquierdas amplia y que cuente con más caras conocidas al frente. 

En declaraciones a ElDiario.es, asegura que se plantea participar en las próximas elecciones al Congreso en un “frente realmente amplio” de izquierdas “para evitar que gobierne el fascismo en España”. “Si las conversaciones entre partidos logran ser generosas y avanzar en ese sentido, por supuesto me sentiré responsable de ayudar”, afirma. 

Para contar con ella, advierte, la candidatura sí debería superar los actuales espacios políticos de la izquierda. En este sentido, la exalcaldesa condiciona su paso a que Podemos también esté dentro de la ecuación, una opción que ya estaba sobre la mesa en las negociaciones que mantienen Más Madrid, Comuns, Izquierda Unida y Movimiento Sumar.

En su propia formación, los Comuns, aún no dan por hecho nada, aunque celebran el cambio de posición de Colau, que ha pasado de desmarcarse de cualquier movimiento electoral a dejarse querer como posible nombre que desatasque el debate entre las formaciones. “Entendemos que ella quiere ver cómo se concreta el acuerdo [entre las formaciones de izquierdas] y a partir de aquí decidir. No tiene una decisión cerrada pero, si finalmente da el paso, es una grandísima noticia”, explican fuentes de los Comuns.

Desde Podemos se muestran cautos y aseguran que, en este momento, desconocen los pasos que desea dar Colau. Reconocen, sin embargo, que Irene Montero y la exalcaldesa han mantenido una línea de comunicación mientras los puentes entre Sumar y Podemos se dinamitaban, lo que a priori supondría un mejor encaje con Colau que con otros posibles nombres de la candidatura. Con todo, las conversaciones están verdes para dar por hecho una candidatura de unidad que, para la formación morada, deberían sí o sí pasar por unas primarias.

Un cambio de parecer sin descartar aún nada

Aunque insiste en que por ahora no es candidata a “nada”, la posición de Colau ha virado en los últimos meses hacia una predisposición clara a saltar a la arena política. Antes del verano, y en pleno debate sobre la vía Rufián, la exalcaldesa se mostraba tan tajante a la hora de apoyar esa opción como de descartarse para liderarla. “Yo no quiero ser candidata”, afirmaba en mayo en una entrevista en RTVE. 

Desde que dejó el acta de concejal en 2024 y se apartó de la primera línea, siempre que se lo han preguntado en público ha argumentado que solo consideraría regresar a la política institucional en un momento “excepcional” y para ser “útil” para la izquierda. De puertas adentro, cuando el partido la había sondeado para ocupar cargos y listas, incluso para dar el salto a Madrid, lo había descartado. 

Pero ahora Colau está dispuesta a ser candidata si la izquierda consigue configurar una candidatura ambiciosa y que aúne distintas “caras potentes”. La exedil barcelonesa nunca escondió su apoyo a la propuesta de Rufián de articular una candidatura más amplia de izquierdas, pero hoy esta opción parece casi descartada por el rechazo de ERC. 

La sensación más extendida en Sumar desde que Colau evitó cerrar por primera vez la puerta a ser candidata, hace semana y media, ha sido una mezcla de expectación y desconcierto. Las cuatro formaciones que se encuentran renegociando su alianza —IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid— tantearon a la exalcaldesa de Barcelona a principios de este año, pero entonces recibieron una respuesta negativa por su parte que les hizo desistir y buscar otras opciones.

No obstante, desde junio —cuando Colau se descartó públicamente para ser candidata “a nada” en una entrevista en El País—, las formaciones encuadradas en Sumar no han encontrado un candidato que genere consenso en todas las organizaciones y, sobre todo, que quiera tomar el timón de una alianza que pasa por un momento de debilidad.

La semana pasada, quien evitó cerrar la puerta a asumir ese rol fue el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que en días posteriores ha mantenido esa ambigüedad y que, este mismo viernes, volvió a evitar descartarse, si bien fuentes de su entorno aseguran que él no va a ser el candidato de todo el espacio a la izquierda del PSOE a las generales.

En cualquier caso, el tiempo apremia y los partidos encuadrados en Sumar han prometido dar a conocer tanto el nombre de su alianza como su candidato en el mes de octubre. El propio Urtasun afirmó hace unos días que el espacio no tardará “mucho” en anunciar sus planes.

Estas formaciones tendrán que decidir también si aceptan la oferta de Podemos de participar en unas primarias abiertas para elegir al líder de una lista conjunta de toda la izquierda alternativa, una idea que permitiría volver a unir a las formaciones que se presentaron unidas en 2023. El movimiento ha sido recibido de manera desigual en Sumar: mientras IU se ha mostrado a favor de esas primarias, los Comuns son ambiguos y Más Madrid y Movimiento Sumar las rechazan.

De todas sus intervenciones recientes, la que más impacto causó entre sus propias filas, por inesperada, fue la del día del desahucio de Maricarmen en Madrid, cuando pidió a los Comuns que abandonaran el Gobierno si no se actúa contra los fondos buitre. Pocas veces como entonces se había pronunciado sobre el rumbo a seguir del partido.

Cabe recordar que desde que Colau dejó el acta de concejal a finales de 2024, se había mantenido alejada de los quehaceres diarios del partido. Aun así, no estaba desvinculada de la formación que fundó y lideró durante 10 años: desde 2025 preside Fundación Sentit Comú, el laboratorio de ideas y formación del partido. 

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se reunió en Nueva York con su homólogo, Zohran Mamdani, y sorprendió con un anuncio llamativo e inesperado: la creación de una red de comercios asequibles. La iniciativa guarda similitudes con el proyecto de supermercados públicos en el que trabaja la Administración neoyorquina y ya ha suscitado reacciones de todo tipo en la capital catalana.

Dentro del consistorio, las formaciones de izquierdas, ERC y Comuns, ven “improvisación” y “marketing” en un anuncio en el que faltan detalles por resolver, mientras que Junts y PP lo rechazan de plano. En sintonía con la patronal de pymes Pimec, lo consideran competencia desleal para el pequeño comercio. Desde el sector de supermercados, guardan silencio y ponen en duda que la experiencia se lleve a cabo. 

En paralelo, expertos en soberanía alimentaria celebran que esta iniciativa permita debatir sobre un modelo que a día de hoy impide que todo el mundo acceda a productos frescos y saludables, con una cesta de la compra que se ha disparado un 35% en tres años. Pero advierten que la propuesta de Collboni parece centrarse en barrios desfavorecidos, cuando debería avanzarse hacia medidas para toda la ciudadanía.

Tras el anuncio, poco más se conoce sobre la apuesta del alcalde barcelonés. Su intención es impulsar en 2027 una primera tienda como plan piloto, en un barrio en crecimiento y con poca oferta como es la Marina. El local comercial se ubicará en un edificio de vivienda pública, será gestionado por una entidad social o ONG, y estará vinculado a un programa de inserción laboral y formación profesional.

La experiencia de Nueva York está más avanzada, aunque no desplegada. Cuenta ya con un presupuesto, de 70 millones de euros, y el compromiso de que los alimentos básicos en estos supermercados sean un 30% más baratos. Para lograrlo, la Administración, que adjudicará la gestión a empresas privadas, asumirá costes como el alquiler del inmueble y aplicará rebajas fiscales. 

El Ayuntamiento de Barcelona es ahora la primera administración española que asegura que probará este modelo, aunque el debate no es nuevo en el país. Partidos como Podemos lo han planteado, y Sumar llevó al Congreso una proposición no de ley, que salió adelante, para crear “infraestructuras públicas” para distribuir productos saludables y de proximidad en colaboración con los ayuntamientos. 

En la capital catalana, los Comuns han mostrado su enfado con Collboni porque propusieron una iniciativa parecida a principios de año sin recibir respuesta. Su apuesta pasa por recurrir a Mercabarna, la plataforma alimentaria mayorista de titularidad pública, y ubicar los supermercados públicos en los emplazamientos cedidos actualmente a grandes cadenas dentro de los mercados municipales de la ciudad. 

Una de las diferencias de Barcelona respecto a Nueva York, es que cuenta con una red más tupida de comercios en los barrios, incluidos 39 mercados municipales que venden producto fresco. “En Estados Unidos predominan los desiertos alimentarios, y es muy complicado encontrar producto fresco”, advierte Adrià Rodríguez, investigador del instituto IDRA y autor del estudio Entre el campo y la mesa. Las cadenas de suministro agroalimentario en Catalunya. 

Los problemas que sí identifica en Barcelona son las dificultades económicas para comprar alimentos y la “sobreabundancia” de oferta de productos poco saludables o de baja calidad. Y critica que la respuesta de Collboni sea una iniciativa puntual de carácter “asistencialista”, en un barrio desfavorecido, y no para el conjunto del municipio. “El problema de la asequibilidad lo sufren más severamente los más pobres, pero la inflación alimentaria golpea a toda la ciudad”, concluye. 

Desde el pequeño comercio, sin embargo, temen competencia “desleal” por parte de esta anunciada red de tiendas públicas. Así lo ve Mònica Gregori, responsable de Comercio de la patronal Pimec. Si Collboni quiere garantizar el acceso a determinados alimentos, propone que se subvencionen directamente a través de los comercios existentes.

Preocupación en los comercios e interés en el sector agrario

“Igual que hacen con el precio de la gasolina, con el Gobierno que utiliza la red de gasolineras, si quieren bajar el precio de las lentejas un 30% pueden compensarlo con reducciones del IVA o subvenciones temporales al tejido comercial”, arguye Gregori. 

Ana Moragues, profesora de Economía en la Universitat de Barcelona (UB) y directora del Food Action and Research Observatory (FARO), defiende por contra que las administraciones intervengan en el modelo alimentario. “Tiene sentido plantear supermercados públicos, porque el derecho a la alimentación no está garantizado”, afirma.

“Hay muchas formas de intervención, desde las becas comedor hasta los mercados municipales o las ayudas al sector agrario, así que hay que poner iniciativas sobre la mesa”, señala Moragues, para aumentar el acceso a alimentos básicos. De hecho, Moragues y Rodríguez coinciden en que debería ser una oportunidad para “repensar” otras partes de la cadena, desde la producción hasta la logística. 

En este sentido, algunas organizaciones agrarias se han mostrado favorables a este plan piloto. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) valora “positivamente” que se intente “aportar vías de comercialización alternativas a la cadena agroalimentaria”. “Somos muy activos en el establecimiento de canales cortos que acerquen la producción al consumo, eliminando de este modo intermediarios que, en ocasiones, obtienen mucha ganancia con muy poco aporte de valor a la cadena”, afirman. 

También celebra este proyecto de comercios asequibles la responsable de Cadena Alimentaria de la Comisión Ejecutiva de COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas), Isabel Vilalba. “Recibimos con interés esta u otro tipo de medida de intervención de los mercados siempre que supongan un cambio real en la cadena de valor, que vayan a favor de asegurar la rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas y que permitan asegurar el derecho a una alimentación adecuada de la ciudadanía”. 

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado la prohibición de la Inteligencia Artificial en las aulas al menos hasta los 14 años. El jefe del Ejecutivo lo ha planteado dentro de un plan para reducir el uso de pantallas entre los jóvenes y “potenciar la lectura”. La iniciativa la ha apuntado en una entrevista en Rac1 y la ha desarrollado en el acto Apaguemos pantallas, abramos libros.

Illa ha comparado la apuesta para reducir el tiempo que pasan los jóvenes frente al móvil con la lucha contra el tabaquismo, que poco a poco ganó consenso social, y ha defendido que hay que “fomentar y trabajar por la lectura y el contacto y la relación humana, no intermediada por una pantalla”.

Uno de los escenarios esenciales para conseguir ese objetivo son las escuelas y, por eso, la exclusión de los teléfonos móbiles en toda la educación obligatoria y la prohibición de la IA a menores de 14 años irán de la mano de otras medidas para que “los libros vuelvan a ser un objeto cotidiano”, según ha apuntado Illa.

La premisa, reconoce el president, es “ambiciosa” y pasa por repensar las políticas educativas. Pocas semanas después de que los resultados del informe Pisa (que dejaron fuera a Catalunya por un error de muestra) apuntalaran que la lectura es una de las asignaturas pendientes del alumnado, Illa asegura que “hay que volver a leer. La consigna es papel, lápiz y libros. Por eso, el libro de texto se tiene que recuperar, así como los aprendizajes clásicos basados en la lectura, escritura y la oralidad”, ha apuntado.

Para todo ello, el Govern prevé aprobar más de 60 medidas como las ya mencionadas para “garantizar los derechos digitales de la infancia” y convertir a Catalunya en la primera comunidad con un “marco de bienestar digital propio”.

Aulas sin IA

La prohibición de la IA en las aulas para menores de 14 años es una de las medidas que la Comisión Interdepartamental aprobará el próximo lunes. Ahora bien, la medida choca con las recomendaciones aprobadas en 2024 por el Departamento de Educación, que ofrecía consejos sobre cómo usarla en las aulas. 

Falta por ver si esta prohibición se aplica solo durante las clases, dentro de escuelas e institutos –donde el uso es más bien minoritario–, o si afecta también a los deberes y tareas que los alumnos hacen en casa, lo que genera más preocupación por parte del profesorado.

El anuncio de Illa llega después de que el Departamento de Salud difundiera este martes un estudio sobre el uso de pantallas que advierte incluso de daños “irreversibles” entre los más pequeños. Se trata de una guía por edades que relaciona el uso abusivo de los móviles y las redes sociales con problemas en el desarrollo del lenguaje, antes de los 6 años, o con déficits de atención entre los adolescentes.

La guía parte de una revisión de 700 estudios científicos, pero también de la encuesta ESTUDES a alumnado de 14 a 18 años. De ella se desprende que uno de cada tres adolescentes (el 23%) hace un uso problemático de las redes sociales, y en uno de cada cuatro (18%) el uso de internet es directamente “compulsivo”, asociado a síntomas como menos sueño o pasar menos tiempo con otras personas. 

En el ámbito escolar, las advertencias sobre los docentes llevaron a la Generalitat en 2025 a prohibir el uso del móvil en las aulas. En la etapa de Infantil, de 3 a 6 años, se decidió además retirar progresivamente todos los dispositivos digitales, como pizarras táctiles o tabletas. 

Con los malos resultados de PISA en España, y la advertencia de la OCDE de que las pantallas empeoran la comprensión lectora entre los adolescentes, cobra más fuera aún la voluntad de restringir su uso. Algunas voces del profesorado señalan en este sentido cómo la IA dificulta la evaluación de los deberes y demás tareas en casa, dado que temen que los alumnos recurran siempre a esta herramienta. 

Hace ya diez años que Clara Sanchis lleva a los escenarios Una habitación propia, de Virginia Woolf, y hasta ahora nunca había tenido problemas para anunciar el espectáculo. Pero este septiembre, al intentar promocionarlo con motivo de sus funciones en el Teatre Raval de Barcelona, se encontró con un obstáculo inesperado: Instagram y Facebook se lo han tumbado.

En un comunicado, el Teatre Raval y Sanchis se muestran indignados no solo por el rechazo, sino sobre todo por los motivos esgrimidos por Meta, la empresa a la que pertenecen ambas redes sociales. En sus explicaciones, alega que no pueden publicar anuncios sobre “temas sociales, elecciones o política” en la Unión Europea, puesto que aseguran que infringe sus normas de publicidad. 

En sus respuestas, desde Meta van más allá y alegan que Virginia Woolf, una de las figuras más destacadas de la historia de la literatura del siglo XX, va asociada a aspectos que su política de anuncios tiene vetados. “La mención de derechos civiles, feminismo o reformas sociales (temas centrales en la obra de Woolf) suele ser clasificada como 'tema social' por nuestros sistemas automáticos”. Y estos “temas sociales” son los que activan su rechazo. Una habitación propia es uno de los ensayos más conocidos de Woolf y una obra fundamental para el pensamiento y el activismo feminista.

“Estamos consternados ante la imposibilidad de poder publicitar el espectáculo en este medio, es decir, hacer conocedor al máximo de personas posibles que este espectáculo existe y se está haciendo”, lamentan la actriz y la productora de la obra. 

Señalan además la paradoja de haberse encontrado con esta censura justo un día después de celebrar un coloquio posterior a la obra con la periodista Cristina Fallarás y la actriz Vicky Peña que versó sobre la necesidad de defender el feminismo “ante las actitudes fascistas y patriarcales”. Debatieron precisamente sobre “la imposición machista de las altas esferas y las grandes corporaciones”, para luego encontrarse este viernes con el rechazo a Woolf por parte de uno de los gigantes de las redes sociales. 

Desde Teatre Raval insisten en que se trata de una “injusticia” . Pero no son los primeros en denunciar esta política publicitaria de Meta. Hace casi un año, las ONG denunciaron que la empresa de Mark Zuckerberg apelaba a una nueva ley europea para retorcerla y acabar censurando sus anuncios sobre “causas sociales”. 

Joan Busquets, el maqui apodado como El Senzill, que pasó 20 años encarcelado durante el franquismo, se ha querellado contra sus torturadores. A sus 98 años, este ex guerrillero ha viajado en coche a Barcelona desde su residencia en Normandía, Francia, para anunciar con esta denuncia que continúa su lucha en defensa de la memoria histórica. 

“Hay que actuar, y seguir al pie del cañón contra las injusticias”, expresaba Busquets, uno de los últimos maquis que quedan con vida, en una charla por teléfono con elDiario.es este miércoles. En su denuncia, acusa a siete de los funcionarios del Penal San Miguel de los Reyes, en Valencia, de delitos de lesa humanidad y lesiones empleando tortura. 

Además de su querella, Busquets, que protagoniza el documental Joan Busquets, l’últim maqui, ya inició en 2024 una reclamación económica contra el Estado por los daños sufridos durante su encarcelamiento. Su solicitud, de un millón de euros, fue rechazada, puesto que la Ley de Memoria Democrática de 2022 no prevé indemnizaciones. Pero ahora han reabierto el procedimiento con nueva documentación. 

Tanto en la reclamación como en la querella, presentada el pasado julio en la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia número 20, Busquets va de la mano de la CGT. Uno de los responsables del sindicato en la comarca del Berguedà, Pep Cara, es quien suele subir en coche hasta Normandía para conducirle a Barcelona. 

Torturas y negligencia médica

Nacido en Barcelona en 1928, Busquets llegó a la edad adulta como militante de la CNT en la posguerra más dura. Tras exiliarse un tiempo a Francia, regresó a España como guerrillero del grupo de Marcelí Massana. A los 20 años, cayó detenido tras un golpe con explosivos para derribar una cincuentena de torres alta tensión en Terrassa. 

Lo condenaron a muerte, aunque le conmutaron la pena a 30 años de cárcel, que luego serían 20. De ellos, 15 los pasó en San Miguel de los Reyes, donde sufrió enfermedades y malos tratos. En concreto, tras un intento de fuga en el que se rompió el fémur, le dejaron tirado en una celda de castigo donde estuvo a punto de morir. “La pierna me supuró durante 50 años por culpa de ello”, recuerda Busquets, al que dieron la invalidez una vez ya en Francia precisamente debido a esa dolencia. 

En la querella responsabiliza de esa negligencia a varios trabajadores del Penal valenciano. De entrada, a sus dos directores, Fernando Arnao García y Agustín Gómez Escolástica, pero también a funcionarios de los que recuerda el nombre completo o solamente el apodo: Armando Zapata, Carmelo, Carlos Caballé (el médico de la prisión), Señor Ramos (el oficial que le denegó asistencia médica), Elisardo El Sonriente, Señor Pereira, o Tejerío El sheriff. 

“La represión y la violencia fueron pilares fundamentales de la estrategia de los golpistas, tanto para asegurar el triunfo del propio golpe como para el sustento del régimen que se impuso como consecuencia de aquél”, sostiene la querella. El texto argumenta que el Derecho Internacional Humanitario, que se aplica en España, considera imprescriptibles y no amnistiables los crímenes de lesa humanidad y de tortura. 

Pero el camino judicial que le espera a Busquets no parece dar pie al optimismo. Hasta ahora, las decenas de denuncias presentadas para investigar crímenes del franquismo han sido arhivadas en los juzgados. El Tribunal Constitucional lo avaló al considerar que la prescripción, la ley de Amnistía del 1977 o la inexistencia del delito de lesa humanidad durante el franquismo impiden abrir causas penales. 

De esta forma fueron tumbados casos como las torturas en Via Laietana de Barcelona, las que sufrió Julio Pacheco (que señalaba, entre otros, al comisario Villarejo), o los presos republicanos que hicieron trabajos forzados en Navarra. Nada de esto echa para atrás a Busquets, El Senzill: “Mientras no nos reconozcan, a los maquis, yo seguiré luchando”.

El cierre de comercios históricos, algunos de ellos centenarios, suele convertirse en noticia por el arraigo que mantienen entre sus clientes y vecinos. La falta de relevo generacional, el descenso de las ventas o el aumento de los alquileres son algunas de las razones que explican estas clausuras, cada vez más frecuentes entre negocios tradicionales.

Para frenar esta sangría, y proteger a los comercios emblemáticos, la Generalitat de Catalunya acaba de anunciar una reforma legislativa que incluye la compra preferente de estas tiendas cuando estén a la venta. Así lo ha anunciado el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, dentro de un Plan de Protección de Ejes Comerciales Estratégicos. 

El descenso de estas tiendas históricas, a menudo especializadas, es una realidad: en Barcelona, por ejemplo, se han perdido una de cada cuatro mercerías, droguerías y pescaderías en una década. 

Para paliarlo, el plan anunciado por el Govern prevé adaptar la normativa catalana para que tanto la Generalitat como los ayuntamientos puedan ejercer el llamado derecho de tanteo y retracto, que es la preferencia para adquirir inmuebles frente a otros compradores privados. Su intención es circunscribir este derecho a comercios que los municipios consideren “estratégicos”, ya sea por su valor histórico o patrimonial o por estar ubicados en ejes considerados “esenciales” para la vida vecinal. 

“El comercio ha dejado de ser una política económica para convertirse en una política urbana estratégica”, ha declarado Sámper. “Debemos disponer de herramientas para preservar establecimientos y ejes comerciales que contribuyen de forma decisiva a la vitalidad de nuestros barrios”, ha argumentado durante el Foro Europeo de las Ciudades y del Comercio de Proximidad, una jornada vinculada a la capitalidad europea del comercio que ostenta Barcelona este año 2026. 

Barcelona ya prepara un fondo

En el mismo acto, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que preparan un fondo con el que empezar a desplegar estas adquisiciones. El objetivo, ha declarado, es “preservar la actividad” de estos establecimientos en los barrios. s.

Collboni ha concretado que se trata de negocios que, “por el papel que desempeñan en un eje comercial o porque garantizan un servicio necesario”, deben continuar abiertos.

“Haremos que un ayuntamiento pueda adquirir directamente locales comerciales emblemáticos o estratégicos que por sus características históricas o por el papel que juegan en un barrio se deben preservar”, ha explicado.

Joan Sala i Ferrer Serrallonga, probablemente el bandolero sobre el que más se ha escrito y cantado en Catalunya, nació en una imponente masía donde hoy ya no vive nadie. Es la Sala de Viladrau, una antigua casa señorial de 800 años, situada a las puertas del Parque Natural del Montseny. Desde hace unos años, un grupo de activistas por el patrimonio se ha propuesto una misión: salvarla del abandono.

La historia de La Sala de Viladrau se remonta al menos al año 1226, cuando aparece documentada como cesión de un clérigo local. Levantada sobre un pequeño montículo, perteneció a la familia Sala, la del bandolero Serrallonga, hasta el 1645. Con los siglos, se fue ampliando, entre otros elementos, con una torre defensiva que le valió la declaración de Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN). 

“Es una de las masías más icónicas de Catalunya”, reivindica Marta Lloret, técnica de patrimonio y presidenta de la Fundació Mas i Terra. “Nació como residencia señorial, aunque en la época de Serrallonga probablemente ya era una casa de payés”, sostiene. 

Dedicada durante siglos a la ganadería y al trabajo de los bosques, conserva todavía estancias como la sala de amasado de pan o el salador, para almacenar la carne de matanza. La Sala de Viladrau estuvo habitada hasta 2004, y aún albergó la actividad agrícola y ganadera hasta 2019 por parte de un masovero (la figura del labrador que vive en una masía y trabaja sus tierras sin ser el propietario). Después, la masía quedó vacía.

Tres años desde que se cedió

Poco después de que su último ocupante se fuera, Lloret se enteró de que el futuro de esta centenaria casa familiar estaba en peligro. Para entonces, esta técnica ya era conocida como la Caçadora de Masies, por la cuenta de Instagram con la que se dedica a rescatar del olvido este patrimonio arquitectónico. Quien la puso sobre la pista de la Sala fue nada menos que Quim Torra, el expresident de la Generalitat, informado a su vez por los dueños de la finca, que buscaban ayuda para revitalizarla. 

“Los propietarios habían contactado con algunas administraciones por si podían intervenir, pero no obtuvieron respuesta”, relata Lloret. No querían venderla, conscientes del valor histórico y cultural de la masía y de que el destino de estas transacciones suele ser la reconversión de este patrimonio en negocios turísticos, ya sean casas rurales u hoteles. 

Finalmente, los amos de la Sala cedieron su uso en 2023 a la Fundació Mas i Terra, que preside Lloret, un gesto que se vivió como una pequeña victoria por parte de los activistas por el patrimonio. Pero desde entonces el reto ha sido aún mayor: elaborar un proyecto arquitectónico y cultural para mantenerla con vida, y buscar financiación para las obras.

Actualmente, se encuentran en este punto tras recibir finalmente el permiso de obras. Han empezado una campaña de micromecenazgo para conseguir 40.000 euros, una parte del coste de arreglar el tejado y otros elementos estructurales. El resto esperan cubrirlo con subvenciones. O con donaciones de algún mecenas. “Estaría bien que algún gran empresario comprometido pusiera dinero”, expresa Lloret. 

Además del proyecto arquitectónico y de restauración patrimonial, que han elaborado desinteresadamente, los planes de la Fundación Mas i Terra contemplan que la Sala pueda albergar un centro de formación sobre actividades vinculadas a las masías, además de una escuela sobre construcción tradicional. Pero también que tenga una parte de vivienda, para al menos una persona, y así preservarla como residencia. 

La leyenda que nació en la Sala

La de Serrallonga es la historia de bandolerismo más célebre de Catalunya, hasta el punto de que ha inspirado obras teatrales y canciones hasta nuestros días. Lo curioso es que Joan Sala i Ferrer no era conocido por el nombre de su casa familiar, Sala, sino por el de la masía de la mujer con la que se casó, el mas Serrallonga de Querós.

Nacido en el mas La Sala de Viladrau en 1594, en el seno de una familia campesina acomodada, Serrallonga acabó convertido en un bandolero temido, que asaltaba masías y caminos y llegó a asesinar a un vecino que lo había delatado. Escurridizo para las fuerzas de la justicia, contó con la protección de algunos habitantes de la zona. Con el tiempo, la leyenda lo convertiría también en una suerte de Robin Hood catalán, que repartía entre los más pobres el botín de sus asaltos, incluidos los dirigidos contra los transportes reales.

Serrallonga fue capturado finalmente en Santa Coloma de Farners en 1633 y ajusticiado en Barcelona el 8 de enero de 1634, en una ejecución pública concebida como escarmiento. Su muerte no evitó que se agrandara el mito, y son múltiples las obras que han recordado su figura, desde El catalán Serrallonga y bandos de Barcelona, estrenada pocos años después de su muerte, hasta Alias Serrallonga (1974), de Els Joglars.

Miles de alumnos en Catalunya encaran el primer curso de su vida escolar en el que no van a ir de colonias ni de excursión fuera del centro. Tampoco habrá viajes de fin de etapa. Es la consecuencia de una protesta que surgió en algunos colegios el curso pasado y que ya secundan cientos de claustros: no llevar a cabo estas actividades hasta que mejoren las condiciones del profesorado.

A la iniciativa se han sumado oficialmente 1.354 escuelas e institutos, más de la mitad de los centros públicos catalanes. En algunos casos, se han puesto de acuerdo todos los colegios de un mismo municipio, a través de las asambleas docentes. La intención de sus impulsores es añadir presión al Departamento de Educación para resolver el conflicto que arrastran desde el curso pasado.

Sin embargo, no todo el mundo dentro de la comunidad educativa apoya esta forma de protesta. Las familias han mostrado ya sus reservas, especialmente por la cancelación de excursiones dentro del horario lectivo, y el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo) alerta de que puede perjudicar a los alumnos de entornos más desfavorecidos. 

Mientras tanto, las empresas y entidades del sector del ocio educativo que contratan a monitores y gestionan casas de colonias y campamentos, como Fundesplai o la Fundació Pere Tarrés, han dado la señal de alarma. Este septiembre, momento en el que muchos centros reservan estas actividades de cara a final de curso –sobre todo en el caso de las colonias–, la caída de la demanda es del 80%. 

Durante las negociaciones con los sindicatos para poner fin a este boicot, el Govern decidió compensar a los docentes con 50 euros por cada excursión con pernoctación, con un máximo de dos profesionales por grupo. Sin embargo, a los impulsores de la movilización no solo les parece insuficiente esta compensación, sino que condicionan la recuperación de estas actividades al desenlace del conflicto docente en su conjunto, que incluye reivindicaciones como aumentos retributivos, refuerzos de personal o la climatización de las aulas.

“Hemos eliminado todas las actividades que incluyen trabajar fuera del horario lectivo”, resume Rubén, docente de la escuela Francesc Feliu de Aitona, en Lleida. En este centro, solo harán salidas puntuales si no incluye la hora de comedor –porque no está compensada–, o si se pueden hacer sin autocar. Solo harán excepciones, añade, en celebraciones puntuales –como el festival de Navidad– u otras actividades que tengan una justificación educativa suficiente. 

“No es una medida que haya venido para quedarse”, advierte Rubén. “Nosotros creemos en estas excursiones, creemos que hay niños y niñas que si no es de esta forma, tienen pocas oportunidades”, añade, y por eso apremia a la Generalitat a atender a sus demandas. “50 euros por noche no me convencen ni a mí ni a la mayoría, es un parche que no soluciona los problemas de fondo”, expresa este docente.

Al margen del amplio apoyo docente, asociaciones de familias y el Síndic de Greuges apremian a las partes a ponerle solución para que los alumnos no se queden con una actividad que consideran estrechamente vinculada al derecho a la educación. 

Lidón Gasull, presidenta de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (AFFAC), entiende que se cancelen las pernoctaciones fuera del centro si no se reconocen con pluses salariales y una regulación más clara, pero se opone a que se renuncie a cualquier salida del colegio, sea para ir al teatro, al campo o a un museo. “Los profesionales tienen derecho a reivindicar mejores condiciones para hacer salidas, pero estas se deben garantizar”, reclama Gasull, que señala que el mecanismo de presión ya previsto para canalizar este descontento son las huelgas, no el boicot. 

“Lo que más nos preocupa es que nadie mueve ficha y que estas actividades se dejen de hacer, o peor, acaben lideradas no por los claustros, sino por iniciativas de carácter privado desvinculadas del proyecto educativo del centro”, reflexiona. En este punto, todas las fuentes consultadas reconocen que son las públicas quienes secundan la protesta, mientras las concertadas seguirán con sus planes de excursiones y viajes de final de curso.

Andreu Termes, investigador del Globalisation, Education & Social Policies de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), coincide con el temor de Gasull. “Confío en que la negociación llegue a buen puerto antes de que se cumpla la amenaza, porque incrementará las desigualdades para todos aquellos alumnos de la pública que no pueden realizar estas actividades en contextos no escolares”, resume. 

Paradójicamente, Termes ve una parte positiva en el revuelo que ha levantado esta protesta, tanto en la Administración como con las familias o con el propio Síndic de Greuges: es la señal de que estas excursiones importan a la comunidad educativa. “Tienen mucho valor: cognitivo, académico, psicosocial, emocional… Ofrecen oportunidades claramente únicas para algunos alumnos”, tercia.

Los que más aprietan para que Educación y los docentes resuelvan este conflicto son las empreas del sector, agrupadas en torno a la patronal ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura), que emplean a unas 10.000 personas. “El impacto es terrible, y la gran mayoría son empresas pequeñas”, apunta el gerente Pep Montes. Las reservas de colonias escolares, asegura, se han desplomado por ahora un 80%. 

Montes se declara impotente ante un conflicto que golpea con dureza a un sector que poco puede hacer para solucionarlo. “Somos espectadores atónitos, no somos ni causa ni solución de esta crisis”, lamenta, y pide al Govern “flexibilidad” e “inventiva” para atender a las reivindicaciones docentes. Por ahora, la Generalitat ha anunciado una línea de préstamos bonificados de hasta 100.000 euros a estas empresas para detener el golpe de este curso.

La aprobación del plan inversor aeroportuario del Gobierno para los próximos cinco años ha levantado ampollas entre los ministros de Sumar. Los socios del Ejecutivo han expresado su rechazo a un “modelo de crecimiento” que, a su juicio, agravará las emisiones y la presión turística. Una de sus principales quejas es además la inclusión, ya prevista, de las primeras partidas para preparar la ampliación del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a su vez portavoz de Sumar, ha tachado de “locura” la intención de extender la pista del lado mar del Prat para ganar capacidad operativa, un proyecto pactado por Aena y la Generalitat hace más de un año. Su rechazo se debe no solo a que afectará a los humedales de la Ricarda, que la Administración asegura que compensará, sino porque permitirá aumentar de 55 a 70 millones de pasajeros. 

“Nos oponemos a este plan para seguir haciendo crecer de forma indefinida la actividad aeroportuaria”, ha insistido Urtasun. En el caso barcelonés, además, desde Sumar han lamentado que se avance en la ampliación sin tener en cuenta que antes debe validarla la Comisión Europea, dado que afecta a zonas protegidas de la Red Natura 2000. 

Durante la presentación del Documento Regulador Aeroportuaria 2027-2031, que prevé 13.000 millones de inversión para todos los aeródromos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha argumentado que las partidas para la ampliación del Prat son muy reducidas y, en cualquier caso, se destinan a trabajos previos a la espera del aval de Bruselas. 

De los 1.760 millones de euros que irán al Prat en los próximos cinco años, la mayoría va a mejorar y reconfigurar las terminales T1 y T2. De cara a la ampliación de la tercera pista del aeropuerto, ha manifestado Puente, se destinan 191 millones principalmente a actuaciones “preparatorias” para la terminal Satélite y a “compensaciones” medioambientales por el alargamiento de la pista “en caso de que la UE considere que son viables”. 

En concreto, y tal como pactaron la Generalitat y Aena cuando dieron el visto bueno a la ampliación, la partida de compensaciones sería para comprar suelo en zonas cercanas y desarrollar espacios naturales equiparables a los afectados en La Ricarda. 

A la espera del Plan Director para esta obra, ya en marcha y que se deberá trasladar a Bruselas, Puente ha añadido que el grueso de la inversión para las obras de la pista mar se incluirán en el próximo DORA, el IV. El objetivo del Goberno sigue siendo tener la infraestructura actualizada en 2033.

“La Ricarda no es compensable”, ha proclamado la alcaldesa del Prat, Alba Bou, en una comparecencia de urgencia. La edil lamenta que se haya aprobado el DORA III sin el consenso de corporaciones locales afectadas como la suya, y confía en que Bruselas acabe tumbando los planes del Gobierno. Tal como ha recordado, sigue sin resolver un expediente abierto por la Comisión por incumplir las compensaciones ambientales de la última ampliación de la infraestructura, a principis de siglo.