El Departamento de Educación de la Generalitat y los sindicatos docentes mayoritarios han cerrado un preacuerdo para poner fin al conflicto educativo en Catalunyas. El pacto, que prevé una mayor subida salarial de la discutida hasta ahora, se someterá a votación del profesorado antes de decidir si se pone fin definitivamente los paros laborales que quedan entre el 1 y el 5 de junio. 

Las subida salarial progresiva para los próximos años, el principal escollo de la negociación, superará finalmente los 400 euros acumulados al mes hasta 2029. En principio, se añaden otros 50 euros más dentro del nuevo complemento específico. Esto, según ambas partes, elevaría la cifra mensual a percibir por la plantilla a entre 600 y 630 euros más dentro de cuatro años, si se suman todos los incrementos previstos.

El aumento total que han presentado los negociadores al salir de la reunión incluye lo pactado entre Educación y CCOO y UGT en marzo, el nuevo complemento salarial añadido en las actuales conversaciones, y la subida estatal para el funcionariado.

La otra clave del conflicto, el refuerzo de las plantillas para apuntalar el modelo de escuela inclusiva, es el que ya se dio a conocer el jueves. Educación se compromete a desplegar 6.400 dotaciones especializadas para este cometido (psicopedagogos, aulas de acogida, logopedas, técnicos de Infantil...).

En total, la inversión a cuatro años comprometida por el Govern es de 2.726 millones de euros. De ellos 2.000 ya estaban previstos en el pacto de marzo y el resto se han arrancado en la actual negociación.

El acuerdo se ha planteado formalmente como un anexo al que firmó Govern con CCOO y UGT. De esta forma, permite contar con el visto bueno de ambos sindicatos y de USTEC y Professors de Secundària, los mayoritarios de la enseñanza pública y convocantes de las actuales huelgas. El resto de centrales laborales huelguistas, CGT e Intersindical, se han desmarcado.

“Hemos movilizado una gran cantidad de recursos, extraordinaria, para empezar a resolver el malestar del sistema educativo”, ha celebrado tras la reunión Ignasi Giménez, secretario de Mejora Educativa de la Generalitat. Iolanda Segura, portavoz de USTEC, ha defendido que con el preacuerdo sellado este vierens se ponen las bases para “recuperar el poder adquisitivo perdido” en los últimos años.

La consulta para renfrendar el acuerdo se llevará a cabo desde este sábado hasta el lunes a todos los afiliados. Debido a estos tempos, todo apunta a que la jornada de paro prevista para el día 1 de junio en Girona se mantiene.

Después de siete encuentros de la mesa sectorial, el escollo que separaba a las partes era fundamentalmente salarial. Aunque faltaba por cerrar detalles del refuerzo de plantillas para la escuela inclusiva –el otro gran punto de discusión–, sindicatos y Educación no lograban acercarse definitivamente en lo que afectaba a las nóminas de los docentes. 

La conselleria que dirige Esther Niubó puso sobre la mesa una última oferta, que tachó de definitiva, que permitía acumular una subida salarial de hasta 400 euros en 2029. Con esa cifra, Educación defendía responder a las demandas retributivas de los sindicatos. Sin embargo, estos acusaron a Educación de hacer trampa en los cálculos, y afirmaron que la subida que ellos exigían de 400 euros o más al mes se refería solo a la parte autonómica, a la que luego habría que añadir el incremento estatal. 

Al final, los complementos autonómicos pactados sitúan la subida en 390 euros de forma progresiva hasta 2029. Sumado al incremento estatal para el funcionariado, dejaría las nóminas docentes para esas fechas en 600 euros más para Primaria y 633 para Secundaria. El compromiso de los firmantes pasa por no exigir nuevas subidas mientras dure este calendario de cuatro años.

Entre los demás asuntos discutidos, la Administración educativa también ha aceptado la devolución de los llamados “estadios”, es decir, los sexenios que no se pagaron durante los años de los recortes, así como una convocatoria de 5.000 cátedras de Secundaria.

Aunque se ponga fin a las huelgas y se eviten las de la próxima semana, el curso escolar 2025-2026 concluirá como uno de los más conflictivos a nivel laboral de las últimas décadas. El Govern de Salvador Illa y la consellera Niubó han tenido que afrontar hasta tres oleadas de huelgas distintas, con un seguimiento prácticamente sin precedentes. Los primeros paros, convocados de forma unitaria por todos los sindicatos, y la segunda y la tercera –y actual– tanda, con los que se desmarcaron del pacto entre CCOO y UGT y el Ejecutivo.

El conflicto docente en Catalunya sigue enquistado. Tras más de cinco horas reunidos, sindicatos y Departamento de Educación han vuelto a constatar sus diferencias, sobre todo en la parte salarial, hasta el punto que los representantes de los trabajadores han dado por finalizado el encuentro y han acordado encerrarse en las oficinas de la Administración, con la exigencia de que acuda la consellera Esther Niubó para desbloquear las conversaciones. 

La última oferta salarial, y al parecer definitiva, de Educación, ha sido la de una subida acumulada de hasta 400 euros al mes en 2029. Pero la parte laboral les ha acusado de incluir en el cálculo el incremento estatal, que antes no contaban. Este detalle, además de la falta de concreción en la parte del refuerzo de plantillas, ha hecho descarrilar la reunión.

“Les pido a los sindicatos que reconsideren su posición, es una buena oferta y creemos que puede suavizar la tensión en el sistema”, ha lamentado a la salida Ignasi Giménez, secretario de Mejora Educativa en la Generalitat. “El esfuerzo es enorme desde el punto de vista presupuestario”, ha insistido el responsable de las negociaciones por parte de Educación.

La Generalitat y los sindicatos encaraban este jueves la sexta reunión en dos semanas para desencallar el conflicto, en medio de un nuevo ciclo de huelgas sucesivas –hasta 17, entre generales y por territorios– que arrancó el pasado 12 de mayo. Los sindicatos convocantes de los paros –USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical– han apretado desde el inicio para superar el acuerdo al que llegó el Govern de Salvador Illa con CCOO y UGT, que siempre calificaron de “insuficiente”. 

Inicialmente muy alejados en sus postulados, el Departamento de Educación y los sindicatos huelguistas han ido acercando posiciones en los últimos días con la aspiración de alcanzar un acuerdo antes de finalizar esta semana. Los dos nudos a deshacer en la negociación han sido en todo momento el incremento salarial y el refuerzo de la plantilla para hacer frente a los retos del modelo de escuela inclusiva. Pero por ahora no hay solución.

Ante la reunión de este jueves, Niubó aseguró que contaba ya con una propuesta “definitiva” para los sindicatos. Esta consiste en un aumento progresivo de los salarios hasta 2029 que se acercaría a los 400 euros al mes más. Concretamente, 392 euros que se lograrían sumando la subida del complemento específico autonómico ya acordada con CCOO y UGT (entre 267 y 273 euros, según un nuevo cálculo) y un plus nuevo del servicio de educación de Catalunya (124 euros de subida al mes en 2029). 

Pero los sindicatos les han acusado de incluir en este punto la subida salarial estatal, cuando ellos siempre han exigido alcanzar un incremento de entre 400 y 500 euros del complemento autonómico. “Denunciamos que las propuestas presentadas por el Departamento siguen siendo insuficientes y sin concreciones claras sobre las reivindicaciones planteadas por el profesorado movilizado”, han manifestado en un comunicado posterior.

A este capítulo salarial se le suma también la reclamada recuperación de los llamados “estadios”. Se trata de que los docentes cobren los sexenios que perdieron con los recortes de 2012. Ese ajuste se revirtió, pero todavía se acumulaba la deuda. 

En cuanto al aumento de plantillas, la Administración ha puesto sobre la mesa un despliegue progresivo de unas 1.631 dotaciones nuevas cada curso. Entre ellas habría personal de apoyo intensivo a la inclusión, docentes de audición y lenguaje y aulas de acogida. Al llegar a 2030, la cifra superaría los 6.400 profesionales que exigían los sindicatos (anque estos los pedían a menos años vista). 

El pequeño Thiago, un bebé de apenas dos meses de vida, iba a nacer con los intestinos fuera del abdomen. Se trata de malformación rara llamada gastrosquisis, que en los casos más graves puede dañar irreparablemente las tripas de los recién nacidos. Pero una operación insóltia en Europa, llevada a cabo en Barcelona, consiguió curarlo durante el embarazo. 

El Hospital de Sant Joan de Déu ha dado a conocer la pionera intervención de Thiago este jueves en un acto junto al Hospital Clínic de Barcelona, con quien comparte el programa BCN Natal. La cirugía se llevó a cabo con éxito el pasado 10 de febrero, cuando la madre, Camila, estaba en la semana 28 de gestación y el bebé pesaba 700 gramos.  

“Inicialmente no ibamos a aceptar la cirujía, pero me ayudaron a tomar la decisión y aceptamos”, explicaba Camila en un acto junto a los especialistas que la operaron. Tras la intervención, Thiago nació a la semana 34, de cesárea, y a día de hoy pesa cuatro kilos y goza de una dieta normal, algo impensable para los bebés con gastrosquisis. 

A Thiago le detectaron la gastrosquisis en una ecografía rutinaria durante la semana 20 de gestación. Esta malformación, que afecta a entre dos y tres de cada 10.000 niños, se produce cuando un pequeño orificio en el abdomen, al lado del ombligo, hace que salga el intestino. La mayoría de afectados se someten a cirugía una vez han nacido. 

Sin embargo, de todos los casos de este defecto congénito, algunos son más graves, generalmente los que tienen una mayor exposición del intestino al exterior. Su contacto con el líquido amniótico puede hacer que se pierda gran parte del intestino. Esto, tras el nacimiento, puede ser sinónimo de muerte prematura o de alimentación parenteral. 

Hasta hace poco, no se optaba por la cirugía fetal porque se consideraba que las consecuencias no eran lo suficientemente graves como para acometer una intervención arriesgada. Pero en los últimos años se ha empezado a llevar a cabo. Según Sant Joan de Déu, hay ejemplos de operaciones de este tipo en Estados Unidos y Colombia. 

Los encargados de dar el detalle de esta operación inédita en España, que duró dos horas y media, han sido el director de BCN Natal, Eduard Gratacós; el jefe de Cirugía del Hospital Sant Joan de Déu, Xavier Tarrado, y el cirujano especialista en Medicina Fetal del Clínic, Josep María Martínez. “Es una una cirugía de extrema complejidad, donde es necesario relajar el útero y realizar una operación complicada en el espacio de pocos centímetros”, ha resumido Gratacós. 

El gran temor de los cirujanos era que provocar complicaciones en el embarazo o directamente perder al bebé. “Cualquier maniobra errónea puede producir un paro cardiaco”, advertía Gratacós. 

La intervención se inició dos semanas antes con la inyección en la pared abdominal del bebé de una toxina botulínica para relajar su musculatura. “El abdomen tiene mucha presión y dificulta a reintroducción del intestino si está muy dilatado y tiene mucho contenido fuera”, relataba el doctor Martínez. Esta parte se hizo en el box del hospital. 

Quince días después, llegó el momento clave. La cirugía se lleva a cabo con anestesia general, para contar con el útero de la madre relajado y, con una incisión tipo cesárea, exponerlo en condiciones. Así lo describía el doctor Tarrado, que proseguía relatando que lo que hay que hacer entonces es colocar adecuadamente el feto y vaciar el líquido amniótico e introducir un gas que permite ver y operar con claridad.

A partir de entonces, con tres trócares fueron recolocando el intestino, que tenía unos 80 centímetros y un diámetro de 3 a 15 mm, dentro del abdomen. Al acabar, suturaron para que continuara la gestación de Thiago. “A la semana de vida intrauterina, vimos que el bebé lo había tolerado muy bien”, señalaban hoy los médicos. Pocas semanas después, el pequeño rompió la bolsa y nació con las tripas en su sitio.

El consumo de tabaco es generalizado en las terrazas, incluso en aquellas donde está prohibido. Un estudio de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) ha detectado que se fuma en casi todas las terrazas cerradas a pesar de que la ley lo prohíbe desde hace años. 

El informe publicado este jueves, a partir del análisis de 180 terrazas de bares y restaurantes de toda la ciudad, constata la presencia de nicotina ambiental en el 85% de los lugares. Pero una de las consecuencias más destacadas es que los restos del tabaco también aparecen en el 92% de las terrazas con cerramiento (las que tienen techo y al menos dos paredes, sean de plástico o cristal), donde el consumo está prohibido. 

En estas últimas, añaden, la concentración de nicotina es dos veces superior a la de las terrazas abiertas. “El estudio pone de manifiesto un incumplimiento generalizado [de la regulación del consumo de tabaco] en los espacios donde no está permitido”, constata el estudio. 

La ASPB, que depende del Ayuntamiento de Barcelona, califica de “elevados” los niveles de nicotina hallados, y detecta también una mayor exposición en los bares de zonas con menor nivel socioeconómico. 

El estudio incluye también una encuesta a 450 usuarios de terrazas, que se declaran mayoritariamente, en un 94%, expuestos al humo del tabaco, así como son conocedores (95%) de los perjuicios para la salud. En cuanto a los cigarrillos electrónicos, dicen estar expuestos a ellos en estos espacios el 76% de los consumidores encuestados. 

De todos los encuestados, el 57% está a favor de prohibir el consumo de tabaco en las terrazas, tal como prevé el Gobierno. La ASPB también lo avala. “Hay que implementar una prohibición total de fumar en las terrazas de la hostelería”, concluyen en el informe.

El profesorado catalán sigue en pie de guerra y se ha movilizado este miércoles en una nueva jornada de huelga. En paralelo, las negociaciones continúan en los despachos del Departamento de Educación de la Generalitat y, por primera vez, los sindicatos salieron este martes satisfecho con algunos avances en materia salarial. 

El paro laboral de este miércoles afecta a toda la plantilla docente de Catalunya, de la pública y también de la concertada, además del personal de Administración. Los sindicatos convocantes (USTEC, Professors de Secundària, CGT y Intersindical) llevan a cabo protestas en distintas ciudades y han cortado varias carreteras en distintos tramos, entre ellas la autopista AP-7 en Girona, Tarragona y Granollers, y la autovía A-2 en Lleida. 

La intención de los docentes es alargar los cortes de carretera durante la reunión prevista a las 15:00 h entre los sindicatos y el Govern. Según datos del Departamento de Educación, el 24,89% de la plantilla convocada ha secundado el paro, teniendo en cuenta los servicios mínimos de un profesor por cada tres aulas. En cualquier caso, el seguimiento es algo inferior al de jornadas anteriores.

Tras dos semanas de sucesivas huelgas –por territorios y en toda la comunidad autónoma–, esta vez la movilización llega después de que sindicatos y Departamento de Educación hayan acercado posiciones este martes, aunque reconocen que siguen alejados. 

“La cuestión positiva es que comienza a sonar la misma música”, afirmaba la portavoz de USTEC, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública. “Estamos bastante más cerca que hace unas semanas”, reconocía la consellera de Educación, Esther Niubó, en TVE. 

Educación puso sobre la mesa algo a lo que se había negado hasta ahora: un incremento salarial para toda la plantilla –y no a través de pluses específicos– que va más allá del pactado con CCOO y UGT. Si primero propuso adelantar el incremento progresivo de hasta 214 euros al mes de 2029 a 2028, ahora añadió otro complemento de sueldo de entre 35 y 40 euros al mes este mismo 2026. 

Los sindicatos valoran que la propuesta sea lineal y no a través de pluses específicos, pero continúan alertando de que es insuficiente. Las conversaciones proseguirán este miércoles en una nueva mesa sectorial. Segura aseguró que están dispuestos a permanecer en la reunión hasta sellar el acuerdo que desconvoque las huelgas (que se mantienen esta semana y la que viene), pero los sindicatos exigen llegar a un aumento de las nóminas de entre 400 y 500 euros al mes. 

Al margen del complemento salarial, Educación planteó estudiar una “compensación” por los docentes afectados por el recorte en 2012 de los sexenios (llamados estadios). Aunque la medida se revirtió hace años, los sindicatos piden que se les pague lo adeudado. Lo que no ve tan claro es poder vincular los salarios a las subidas del IPC. 

Además del sueldo, la otra carpeta por resolver es el refuerzo de plantillas, sobre todo para dotar de más apoyos al alumnado con necesidades educativas especiales (lo que se conoce como escuela inclusiva). Educación se comprometió a incorporar 2.405 nuevos profesionales para el próximo curso, de los que 1.348 serían especialistas en educación inclusiva. Este mismo martes, el Govern aprobó de hecho 1.787 nuevas dotaciones para el curso 2026-2027. Sin embargo, los sindicatos piden elevar la cifra hasta los 6.400. 

La Generalitat enviará ayuda humanitaria a Cuba por primera vez en quince años. La profunda crisis económica y energética que atraviesa el país caribeño desde hace meses, agravada por el endurecimiento del embargo de Estados Unidos, ha empujado al Govern catalán a sumarse a las campañas de asistencia a la población de la isla. 

El Govern de Salvador Illa tiene previsto aprobar en el Consejo Ejecutivo de este martes un paquete de 440.000 euros para financiar la asistencia humanitaria de Naciones Unidas y de entidades y ONG sobre el terreno. 

“Cuba afronta una grave crisis que está afectando a las necesidades más básicas de su población”, argumenta el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch. “Queremos contribuir, en línea con la actuación de otros actores internacionales, al despliegue de acciones humanitarias en la isla”, abunda el conseller. 

De esta primera partida económica, la mayor parte, 290.000 euros, se destinarán al Programa Mundial de Alimentos de la ONU, centrado en abastecer los comedores comunitarios de La Habana. El resto de dinero aprobado, 150.000 euros, irá para las entidades sociales y ONG sobre el terreno, a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que depende de la Generalitat. 

La Administración catalana se suma así a la respuesta en cooperación de otras instituciones a raíz de la crisis humanitaria cubana, como son las ayudas aprobadas por el Gobierno central o la UE. Asimismo, también destacan acciones ciudadanas de apoyo a la población cubana como el caso de la Flotilla de Open Arms, que zarpó el pasado 10 de mayo. 

Desde la Generalitat añaden que el acuerdo de financiación que se aprobará en el Consejo Ejecutivo incluye también otras medidas de apoyo —aunque por ahora no las cuantifican— a las comunidades catalanas en Cuba. En concreto, añaden, a la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Catalunya en La Habana. Actualmente residen en la isla caribeña 3.300 ciudadanos catalanes. 

La crisis en la que está sumida Cuba es una de las peores que se recuerdan en el país. La escasez de divisas, alimentos, medicinas y sobre todo combustible mantiene a la sociedad cubana y al régimen castrista al borde del colapso, con apagones constantes. Todo ello agravado por el temor a una intervención de Estados Unidos. 

La crisis de la vivienda en ciudades como Barcelona ha obligado a supervisar con lupa, año tras año, la subida del precio de los alquileres —ahora frenada por la regulación—, y de la compraventa de pisos. Pero hay una cara oculta del mismo mercado inmobiliario, el de la compra de edificios residenciales enteros, que mueve cientos de millones de euros al año y que impacta también en la vida de los barceloneses. 

Desde 2019, el Ayuntamiento de Barcelona ha registrado hasta 1.290 operaciones de compraventa de fincas con viviendas. Los traspasos se concentran sobre todo en el Eixample y Ciutat Vella, y la mitad de ellos afectan a inmuebles que contaban con inquilinos a la hora de comunicar el cambio de manos. 

La radiografía, calle a calle, de la compraventa de fincas en la capital catalana, desvelada por elDiario.es tras una petición de Transparencia que se ha alargado casi un año, procede de las notificaciones que recibe el Ayuntamiento de Barcelona cada vez que se acuerda una operación de este tipo entre privados en la ciudad. Los protagonistas del negocio suelen ser empresas que van desde fondos de inversión a inmobiliarias o sociedades patrimoniales. 

Antes de traspasar cualquier edificio residencial en Barcelona, el vendedor debe comunicarlo al consistorio que, por normativa, desde 2018, tiene preferencia en la adquisición del inmueble por el mismo precio. Es lo que se conoce como derecho de tanteo y retracto, regulado para todas estas operaciones en la capital catalana al final del primer mandato de Ada Colau.  

Esta fórmula permite al Ayuntamiento comprar por la vía rápida edificios para destinarlos a vivienda pública —lo ha hecho en 31 ocasiones desde 2019—, pero también tomar el pulso de la inversión residencial en una codiciada urbe como Barcelona. Un mercado del que poco conocen los barceloneses, salvo cuando llega a sus oídos por las protestas de aquellos inquilinos que ven cómo su nuevo casero les quiere echar. 

La lucha contra los colivings, encabezada por el profesor Txema Escorsa del Sindicato de Inquilinas, tiene su origen en la compra de su edificio en la calle Sant Agustí, en Gràcia. Según los datos obtenidos por este diario, el fondo NAD adquirió la finca —con 11 viviendas, seis de ellas todavía ocupadas— por 3,11 millones de euros. La casa de Rosario en el Eixample, convertida posteriormente en una “residencia de estudiantes encubierta”, fue comprada por Vandor a Renta Corporación por 4,55 millones.

Menos operaciones, la mayoría en el centro

Entre todas las comunicaciones de compraventas recibidas por el Ayuntamiento, la cifra inversora ascendería en siete años a 3.798 millones de euros, con un alcance de 9.870 viviendas (el 52% de ellas, con uno o más inquilinos).

Sin embargo, ese volumen total podría ser inferior. Fuentes municipales precisan que de todas las notificaciones que reciben, que corresponden a acuerdos de traspaso, algunas puede que no se lleguen a consumar al echarse atrás el inversor^*. 

Desde 2019, la cifra de traspasos notificados ha oscilado entre los 148 del año 2020, en pandemia, y el récord de 217 en 2024. Lo más destacado es el descenso registrado en 2025, una caída de un 31% en un solo año. 

El Gobierno municipal atribuye esta reducción a que las políticas de vivienda de los últimos años hacen cada vez menos rentable la gran inversión residencial en la ciudad, que vinculan con la especulación inmobiliaria. Los límites del precio del alquiler o la regulación de los arrendamientos de temporada “desincentivan” estas operaciones, afirman.

Por contra, resulta llamativo también cómo el volumen se ha mantenido estable hasta hace poco a pesar de la aprobación en 2018 de otra polémica medida, que el sector aseguró que paralizaría las inversiones: la obligación de destinar el 30% de pisos a vivienda social en nuevas promociones pero también en las grandes rehabilitaciones de fincas enteras. 

La mayor porción del pastel inmobiliario está, como era de esperar, en los dos distritos más céntricos de Barcelona: Eixample y Ciutat Vella, con 392 ventas tramitadas, se llevan un tercio de las operaciones. Esto no se debe solo a que algunos de sus barrios están entre los más caros de la ciudad, o a que el Eixample por ejemplo es el que tiene más población, sino también a que concentran más inmuebles de propiedad vertical —es decir, que no se han llegado a separar y vender por viviendas—. 

Por barrios, los que salen destacados en la foto son Gràcia (91) y el Raval (88), núcleos —sobre todo este último— en el que han trascendido en los últimos años numerosos ejemplos de expulsión de vecinos y especulación. El 8% de todas las viviendas de la ciudad que se traspasan —o así se comunica al consistorio— por esta vía pertenecen a este barrio de renta baja. 

Algunas zonas resaltan también por el porcentaje de pisos con inquilinos que pasan de manos. Descartados los que tienen poco mercado (menos de diez ventas en siete años), aparecen por encima del 70% de ocupación Poble-sec, Horta, Sant Antoni o El Putxet.

De las ventas más caras a las más polémicas

La operación más cara de la última década en Barcelona no aparece en los registros, porque se produjo este 2026: la inmobiliaria de CaixaBank compró el enorme Edificio Estel, alquilado por AstraZeneca, por 385 millones. Lo que sí sale es cómo el viejo y destartalado inmueble de Telefónica fue adquirido por 120 millones por las inversoras Freo y Brain Capital, que posteriormente se lo vendieron a la entidad financiera. 

Las cifras más abultadas corresponden a edificios patrimoniales, donde hay más oficinas y comercios que vivienda, como el récord de 169 millones por el antiguo Corte Inglés de Portal del Àngel, conocida por ser la calle más cara de España. Ahí están en el top 10 el Palau Marcet (Passeig de Gràcia, 13; 68,3 millones), comprado por el fondo Stoneweg para albergar el Museo Thyssen; y la Casa Heribert Pons (Rambla de Catalunya, 19-21; 36,8 millones), adquirido por Núñez i Navarro y alquilado a la Conselleria de Economía de la Generalitat. 

Las ventas más costosas conocidas por el Ayuntamiento también incluyen complejos residenciales de alto standing, para estrenar y con decenas o cientos de pisos. Dos de ellos están en la zona de crecimiento urbanístico de Zona Franca. El tercero más caro, el de Rambla Guipúzcoa (98 millones), comunicó oficialmente tener diez viviendas, pero en realidad se trata un conjunto de inmuebles de varias plantas de altura. 

En este sentido, el número de viviendas y su ocupación incide de forma decisiva en el precio. La transacción comunicada con más pisos en liza fue Avinguda Diagonal 61-79, con 181 hogares, todos ellos por entrar a vivir.

El detalle de estas grandes ventas, que incluye precios y direcciones, deja, sin embargo, un hueco por rellenar. Al menos, en cuanto a los datos que recoge el Ayuntamiento: se trata de sus protagonistas. Con la ordenanza de tanteo y retracto, el consistorio ha anotado desde 2019 el nombre de cada empresa vendedora, pero no el de la compradora. 

Fuentes municipales argumentan que la normativa municipal no les obliga a registrarlo, aunque en 2024 y sobre todo 2025 empezaron a hacerlo (no sistemáticamente). Esos primeros datos permiten constatar algunas empresas con más de una adquisición ese último año: las que más, tres, fueron Calagran SAU y Second House SL. 

Lejos del mercado más lujoso, firmas como la propia Second House SL figuran por sus adquisiciones en el punto de mira de los movimientos de defensa de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas de Catalunya denunció la compra “especulativa” de tres edificios por parte de esta firma, a la que acusó de practicar el método flipping, que consiste en comprar una finca, expulsar a los residentes y vender los pisos por separado para sacar beneficio. 

El inmueble de la calle Cortines, 10, les costó 1,5 millones. El de Tapioles, 15, 2,28 millones. Y el de Salou, 7, lo compraron por 900.000 euros. En este último, con siete viviendas, la nueva propiedad puso a la venta un solo piso sin reformar por 295.000 euros, según los vecinos. Tras dos años de lucha, los inquilinos lograron renovar el contrato de alquiler. 

Pero si se trata de conflictos vecinales, ninguno como Casa Orsola, símbolo contra la gentrificación en el Eixample. También fue ofrecido al Ayuntamiento para comprarlo en su día, cuando Lioness Investments se lo quedó por 6 millones en 2021. Tres años después, apremiado por las protestas, el consistorio lo acabó adquiriendo por la vía directa por 9 millones. 

31 compras municipales en siete años

En medio de la jungla inversora, el Ayuntamiento barcelonés ha optado por intervenir en 31 de los cientos de ventas que le han comunicado. Esto es, ha ejercido la compra preferente en el 2,4% de los ofrecimientos por un montante total de 108,2 millones de euros. 

Tras poner en marcha Colau la normativa, en 2018, los primeros años apenas se utilizó. Tras la pandemia, 2021 y 2022 fueron los ejercicios de mayor actividad de tanteo. El consistorio compró catorce y siete edificios, respectivamente, el 7% y el 4% del total de operaciones planteadas en la ciudad esos ejercicios. 

Los Comuns siempre defendieron el tanteo y retracto como una de las herramientas para complementar el crecimiento del parque de vivienda pública, cuyo aumento se apuesta sobre todo a la nueva construcción. Tras la llegada de Jaume Collboni al Gobierno municipal, este tipo de compras preferentes cayeron a ocho en tres años.

Desde el Gobierno municipal, que se fijan llegar al 15% de vivienda asequible en la ciudad en 20 años (como la Generalitat para toda Catalunya), aseguran que siguen siendo partidarios del tanteo y retracto en algunos casos. Pero de entrada atribuyen las cifras más elevadas de 2021 y 2022 a que los ayuntamientos contaron esos años con la suspensión de las reglas fiscales debido a la pandemia y Barcelona pudo destinar más superávit a comprar vivienda. 

Los responsables de vivienda del Gobierno socialista aseguran que se plantean aplicar las compras preferentes solo cuando son a precio de mercado —o por debajo— y si las viviendas están vacías, para poder dar salida a las solicitudes de la bolsa de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Con todo, también aseguran que valoran adquirir las fincas que potenciales víctimas de especulación (cuando ven que están ocupadas y estiman una rentabilidad que apunta a la expulsión de los vecinos). 

Esto último ya ha ocurrido. Colau compró varias, entre ellas, por ejemplo, el edificio de la calle Hospital 99, propiedad de Blackstone, en el que vivían familias vulnerables. Costó 2,1 millones. De Collboni, una de las compras más llamativas ha sido la de Diputació, 345, que ha pasado de tener pisos turísticos a vivienda pública joven. 

A la foto del tanteo y retracto hay que añadirle, finalmente, la que ha empezado a ejercer la Generalitat, que también afecta a Barcelona. Sin ir más lejos, los pisos adquiridos al fondo buitre Divarian, que en la capital catalana son 487 (la mayoría con familias vulnerables como inquilinas). O las que corresponden también a la ciudad de los 2.000 hogares comprados por la Administración catalana a InmoCaixa. 

* En algunos casos, aparecen en dos fechas distintas comunicaciones de compraventa que corresponden a la misma finca y al mismo vendedor. Fuentes municipales apuntan a que se trataría de operaciones que no se llegaron a formalizar finalmente pese al acuerdo de traspaso entre las partes

La nueva oleada de huelgas docentes en Catalunya –y ya van tres este curso– afronta su tercera semana seguida de movilizaciones. Con un seguimiento notable, los sindicatos que las convocan aspiran a arrancar del Govern unas mejoras salariales y de refuerzo de plantillas que vayan más allá de las pactadas en marzo entre CCOO y UGT. 

Si al inicio del actual ciclo de protestas el conflicto parecía enquistado, ambas partes han reconducido la situación para iniciar una ronda de negociaciones que ya va por la cuarta sesión. Del desenlace de estas conversaciones depende que las huelgas lleguen hasta el 5 de junio, o incluso que alarguen hasta la visita del Papa a Barcelona.

Por ahora, los únicos brotes verdes tienen que ver con las concesiones de ambas partes para sentarse a la mesa. El Departamento de Educación descartó negociar fuera del acuerdo de 2.000 millones de euros cerrado con CCOO y UGT, pero en la práctica ya lo está haciendo. Por su parte, los sindicatos de la protesta (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) reclamaban reunirse como comité de huelga, pero finalmente han aceptado hacerlo dentro de la mesa sectorial.

A partir de aquí, y en reuniones que se han alargado varias horas, las partes han fijado unas condiciones de mejora laboral que todavía están lejos. El nudo de las conversaciones afecta a dos de las principales reivindicaciones del colectivo en los últimos meses: la subida salarial, y el refuerzo de plantillas para el modelo de escuela inclusiva. 

Mejores salarios y mayor subida el 2026

Aunque los sindicatos de la huelga fijan el refuerzo de plantillas y los sueldos como un doble objetivo irrenunciable, de las reuniones se desprende que la parte salarial es la más complicada de resolver. 

La negociación parte del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, que aspiraba a alejar a los docentes catalanes de la cola estatal en cuanto a retribuciones, a través del aumento –por primera vez en 25 años– del complemento salarial autonómico. En este sentido, se fijó una subida a cuatro años hasta alcanzar los 3.000 euros más anuales en 2029 (o, lo que es lo mismo, unos 214 euros al mes de incremento). 

A partir de aquí, Educación abrió juego y planteó acelerar esta subida para completarla en tres años en vez de cuatro. Además, ha añadido la creación o subida de nuevos pluses salariales, en total siete, que aseguran que afectarían a 100.000 docentes (concertada incluida). Se trata de complementos de tutorías, co-tutorías o coordinación digital y las subidas durarían entre dos y cinco años en función del plus. 

Pero esto sigue lejos de las pretensiones de los sindicatos huelguistas, que ya respondieron antes de la última reunión del viernes con una propuesta sustancialmente mayor. Los representantes laborales quieren que las subidas sean para todo el personal. Su propuesta es que el incremento progresivo sea de hasta 500 euros al mes al llegar a 2029. 

A todo ello, le añaden vincularlas subidas al IPC, mejorar el pago por nocturnidad en excursiones (el pacto de CCOO y UGT arrancó por primera vez 50 euros por noche) e incrementar los sexenios. 

Al margen de la cuantía total, una de las claves del acercamiento de posiciones puede tener que ver con el calendario de su aplicación. Con la perspectiva de la aprobación de presupuestos en 2026, la parte sindical aprieta para atar las mejoras este mismo año, de cara al próximo curso.

En este sentido, los partidos que ejercen de socios del Govern, ERC y Comuns, han transmitido estar dispuestos a replantear algunas de sus medidas, para dar más margen de maniobra presupuestaria a la conselleria de Educación. En los últimos días, Jéssica Albiach, de los Comuns, ha insistido en que está dispuesta a “recalendarizar” algunos de sus acuerdos para encajar demandas docentes y solucionar el conflicto.

El refuerzo de la escuela inclusiva

Antes de abrir el melón salarial, el Departamento de Educación apostaba por desencallar el conflicto sobre todo a través de reforzar las plantillas para aplacar las quejas de que el modelo de educación inclusiva hace aguas. Durante las protestas de los últimos meses, una de las principales denuncias de los docentes ha sido que la incorporación en la última década del alumnado con discapacidad y otras dificultades de aprendizaje en las aulas convencionales no ha ido acompañada del personal de apoyo suficiente para atenderlo bien.

De ahí que Educación haya ido subiendo la apuesta para incorporar más profesionales especializados en este ámbito de cara al próximo curso. De unos 500 que planteó inicialmente han pasado ya a 1.348 de cara a septiembre. Esto solo para escuela inclusiva, que incluye logopedas, psicopedagogos, personal de apoyo, técnicos de educación infantil… Además, contratarán 708 docentes más sobre todo de cara a impedir las llamadas sobreratios (que en la ESO no superen 30 alumnos por clase). 

Casi todas las fuentes consultadas ven más plausible el acercamiento entre las partes en materia de inclusión que en salarios –aunque algunos lo vean más lejos, y otros más cerca–. Pero aquí se abre otra brecha entre sindicatos. USTEC, que es el mayoritario en la pública, y CGT, apuestan por apuntalar el modelo inclusivo con más personal. Pero Professors de Secundària se opone a él y quiere que se replantee.

De ahí que en sus comunicaciones conjuntas pidan refuerzos de plantilla en general. En total, 6.400 nuevas dotaciones. Pero se pregunta en concreto a USTEC, por ejemplo, propone que todas ellas sean para el modelo de escuela inclusiva, con un horizonte de uno o dos años, como una primera fase o “plan de choque” para salvar la inclusión. 

Los refuerzos, señala este sindicato, requerirían una inversión de 300 millones, y el salario, para el curso actual, de 200. Pero Educación ha rebatido que el alcance sería de 1.000 millones de euros, algo que ven fuera de lugar, con lo que las negociaciones no están cerca de su fin.

Las denuncias de acoso, coacciones y explotación laboral contra el mayor empresario del mercado de la Boqueria, Elharrar Mardochee, han llegado al Ayuntamiento de Barcelona. ERC ha exigido este miércoles al consistorio que tome cartas en el asunto, habida cuenta de que se trata de un mercado municipal. Pero el consistorio de momento lo descarta. 

Durante la comisión de Economia y Hacienda, el concejal de ERC, Jordi Coronas, ha pedido que “por coherencia institucional” el Ayuntamiento debe intervenir. En primer lugar, ha exigido que presenten una denuncia de oficio a la Inspección de Trabajo y, en segundo lugar, que en la concesión de licencias dentro del mercado incorporen cláusulas de cumplimiento de la normativa laboral y de protocolos anti acoso. 

“La Boqueria es la cara más visible de Barcelona en el mundo; que en un mercado municipal pase esto sin que el Ayuntamiento se implique es un problema de coherencia institucional”, ha alertado Coronas. 

Sin embargo, tal como manifestaron fuentes municipales a este elDiario.es tras desvelar las demandas, el Gobierno municipal considera que los trabajadores ya han acudido a la Inspección de Trabajo y a los juzgados y que, por lo tanto, al no haber recibido quejas dentro del Instituto Municipal de Mercados, no pueden actuar. 

“Lo que sí haremos es un control y seguimiento del caso exigiendo al titular de los establecimientos que acredite el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de la seguridad social”, ha expresado Raquel Gil, quinta Teniente de Alcaldía del Ayuntamiento y presidenta del Instituto Municipal de Mercados, que gestiona el equipamiento. 

Gil ha rechazado el ruego de ERC y ha añadido que ya existe una cláusula que vincula las licencias al cumplimiento de la normativa laboral. A lo que Coronas ha respondido, sorprendido: “Si no se están ejerciendo o no se piensan ejercer, perdemos una oportunidad de lanzar un mensaje a los operadores que se planteen no cumplirlas”.

Desde que estalló el caso, la posición del consistorio ha sido considerar las denuncias como un conflicto laboral en el que consideran que no tienen competencias para intervenir. A pesar de que el mercado es municipal y las licencias las concede la Administración pública. 

Las quejas de los trabajadores –ocho han presentado ya demanda en los juzgados– incluyen acoso laboral y sindical, impedimentos para coger bajas o permisos, insultos, coacciones y manejo de alimentos en mal estado. El primer juicio está fijado para julio.

La empresa, Restaurante Egipto SL, y su responsable, Mardochee, no son un operador cualquiera en la Boqueria, uno de los mercados más visitados del mundo. Este empresario, solo o con socios, cuenta con 15 licencias de locales, de los cuales cuatro son de bares (uno de ellos, el mítico Pinotxo, que rebautizó como Mític Bar). 

Durante dos semanas, mientras su hija, Judith, permanecía en la UCI del Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona, Anna pasaba los días a su lado y las noches, en el coche. “No sabía qué hacer, estaba desamparada, lejos de casa, no podía pensar adonde ir”, reconoce esta mujer. 

Originaria de Girona, no podía dejar a su hija sola mientras se debatía entre la vida y la muerte. El trasplante de riñón y páncreas al que se había sometido Judith, de 31 años, no fue bien, sufrió un ictus y tuvo que estar dos meses en cuidados intensivos. Anna dormía cada noche en el aparcamiento del hospital, hasta que un día la trabajadora social del centro le ofreció el contacto de una entidad que gestiona pisos para acompañantes de pacientes desplazados. 

Con unos hospitales especializados y unos tratamientos punteros que cada vez reciben más pacientes de otras provincias, incluso de otras comunidades autónomas, Barcelona recibe cada año a cientos de sus familiares que buscan donde dormir. Pero los actuales precios de la vivienda, sumados a los de los alojamientos turísticos, impiden a muchos acompañantes encontrar un techo estable. 

Este es el diagnóstico de una decena de entidades sociales y fundaciones privadas que desde hace años tratan de ofrecer pisos de acogida para estas familias, que no paran de crecer. En 2025 atendieron a 1.072 personas, de las que un 40% son padres o madres de menores de edad. 

Con 55 alojamientos disponibles entre todas las fundaciones y asociaciones –la estancia media es de 33 días–, cada año suman nuevos pisos procedentes de donaciones, herencias o alquileres asequibles. Pero aún así denuncian que la demanda crece más rápido. El año pasado dejaron fuera a 259 solicitantes, un 40% más que en 2024. 

“Todos queremos que Barcelona sea un hub mundial de salud, pero en paralelo debemos dar solución a los problemas sanitarios más básicos de los enfermos y sus familias, una salida digna”, reclamaba este miércoles Pere Puig, de la Associació Catalana del Fetge, una de las que provee de viviendas temporales para estas familias. 

El resto de las entidades que facilitan estos pisos en Catalunya, y que este miércoles se han juntado para exigir más fondos y mayor implicación pública para aumentar la bolsa de vivienda, son la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, la Fundació Enriqueta Villavecchia, AFANOC, Casa Ronald McDonald, Fundació Xana, Fundació Hospitalitat, Fundació Inés Arnaiz y Fundació Jubert Figueras. 

Esta última fue la que concedió durante ocho meses un piso a Anna, mientras su hija se recuperaba en el Hospital Germans Trias. “No me faltó de nada y no me pusieron prisas para marchar, solo tengo agradecimiento”, reconoce hoy la madre de Judith. 

Desde la Fundación Jubert Figueras reconocían este miércoles que su lucha ya ha dado algunos frutos. Por ejemplo, desde este 2026 la Generalitat ha aprobado una ayuda a familiares de hospitalizados desplazados –que ya existía solo para progenitores de menores de edad– de 33 euros por noche y 14 de dietas. 

Sin embargo, Marta Soler, subdirectora de la entidad, advertía también de que en Barcelona hoy es mucho más difícil encontrar un piso por unos meses o una habitación de hotel a un precio asequible. “Antes la gente con algo de recursos podía encontrar un arrendamiento temporal, un alquiler de dos o tres meses era factible”, afirma. “Todo ello sumado al domicilio original, que siguen pagando”, añade. A nivel de hoteles, también se han encarecido. Y en verano no hay habitaciones. 

Las entidades y fundaciones han aprovechado el acto conjunto de este miércoles para pedir también a la Generalitat que coja como ejemplo otros países, como Francia o Inglaterra, en los que existen alojamientos para familiares anexos a los hospitales. “No debería ser una utopía pedir que se incluya en el Estado del Bienestar”, reclamaba Soler. 

Tatiana, de Zaragoza a Barcelona por su hijo

A Tatiana le tocó empezar a mirar los portales inmobiliarios de Barcelona cuando el médico les advirtió de que tenían que trasladarse a la capital catalana para un posible trasplante de corazón de su hijo, Dominik. Originarios de Colombia, por entonces madre e hijo residían en Zaragoza, donde tenían familia. 

Dominik padecía una cardiopatía congénita compleja, el síndrome del corazón izquierdo hipoplástico, y necesitaba un trasplante del órgano. Para ello, debían instalarse en Barcelona, para estar en la lista de espera cerca del Hospital Vall d’Hebron. “La urgencia era apremiante, pero el mercado inmobiliario está complicado”, afirma Tatiana. 

Tatiana afrontaró ese traslado en 2019. Dominik no superó la operación y falleció. Pero la mujer quiso estar presente en el acto de este miércoles para defender la necesidad de ampliar estos alojamientos. “Imagínate con la situación que tienes entrar a internet, mirar pisos, ver habitaciones sin ascensor en la sexta planta, otro piso de 1.200 euros más la agencia que no puedes pagar…”, enumera. 

Por suerte, añade, a través de los servicios sociales les contactó la Fundación Inés Arnaiz, que les ofreció una de sus viviendas. Durante dos años pudieron permanecer en ese piso, mientras Dominik esperaba para someterse a la intervención que finalmente no pudo salvarle la vida.

Tampoco ha habido acuerdo este jueves entre el Govern y los sindicatos de la huelga educativa en Catalunya. Pero algunas cosas han cambiado. Con una propuesta de mayor aumento salarial sobre la mesa, la reunión se ha alargado más de tres horas y, pese a no llegarse a un pacto, las partes se han citado para continuar con las conversaciones el jueves y el viernes. 

Los sindicatos acudían al encuentro con una propuesta de subida salarial por parte del Departamento de Educación que supera la pactada con CCOO y UGT en marzo, tal como reclamaban para sentarse a la mesa. Con todo, Ustec, CGT y Professors de Secundària ya advertían que todavía no era satisfactoria, y estos últimos han optado directamente por no acudir al encuentro.

La mesa sectorial se ha celebrado una vez más en plena jornada de huelga, que en esta ocasión afectaba a la etapa Infantil de 0 a 3 años, que ha sacado a las calles de Barcelona a unos 1.500 educadores. Tras los paros de los docentes de Barcelona, el lunes, y de Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental, el martes, este jueves será el turno del profesorado de Tarragona y Terres de l’Ebre. Si la situación sigue sin reconducirse, la semana que viene continuarán los paros, que se alargan hasta el 5 de junio. 

La solución al conflicto pasa por mejorar el acuerdo de Generalitat con CCOO y UGT en dos aspectos: el de la escuela inclusiva, donde todos coinciden en que se necesita má personal de refuerzo, y el de los salarios. 

En cuanto al primero, la conselleria que dirige Esther Niubó ha puesto sobre la mesa la contratación de 1.348 profesionales, entre los que se cuentan psicopedagogos, orientadores, técnicos de infantil o logopedas. A ello le añade además otros 708 docentes más de cara al próximo curso y 349 dotaciones de personal de administración. 

En la parte salarial, las partes siguen alejadas. El pacto de marzo con CCOO y UGT contemplaba una subida progresiva de hasta 3.000 euros al año en 2029 –unos 210 euros al mes–, que se suma al incremento pactado para todos los funcionarios del Estado.

Ante la negativa de los sindicatos huelguistas a aceptar este aumento, ahora Educación propone acelerarlo, y concentrarlo entre 2026 y 2028. Además, le añade subidas de complementos singulares para tutorías, cotutorías y tutorías en centros de máxima complejidad.

El Ayuntamiento de Barcelona ha prohibido este miércoles la apertura de nuevas tiendas alimentarias y supermercados 24 horas. La suspensión de licencias, que durará un año a la espera de elaborar una nueva normativa comercial, persigue evitar la “saturación” de estos establecimientos en diversos barrios de la ciudad, según el consistorio. 

La moratoria de nuevas aperturas afecta a lo que técnicamente se conoce como establecimientos alimentarios de autoservicio –entre 60 y 150 m²–, superservicio –de 150 a 400 m²– y superservicio con venta de producto cárnico –250 a 400 m²–. Se trata en realidad de los pequeños supermercados de alimentos que han proliferado en la ciudad, que suelen abrir hasta la noche y en domingo. 

Actualmente son 1.300 los locales que cumplen con esta tipología. “El nuevo planeamiento permitirá proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar procesos de saturación y monocultivo en determinadas zonas”, destaca el consistorio. 

En su comunicado, el consistorio insiste en que la implantación “generalizada” de estas tiendas ha conllevado en algunos casos problemas de convivencia con los vecinos, especialmente en zonas turísticas. Por eso ya existen regulaciones restrictivas en algunos distritos concretos de la ciudad, como Ciutat Vella o Sant Martí.

El Gobierno municipal de Jaume Collboni ha puesto el punto de mira en estos locales desde el inicio del mandato. Ha llevado a cabo 14 campañas inspectoras en 230 establecimientos y ha denunciado que acumulan numerosos incumplimientos de normativa: infracciones por salud pública, gestión de residuos o de condiciones laborales. 

En estos macro operativos de inspección participan técnicos municipales de inspección, salud pública, trabajo, o hacienda. También intervienen Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, estos últimos de Extranjería, ya que la mayoría de locales son regentados por migrantes. 

Además de las grandes inspecciones, el Ayuntamiento ha llevado a cabo en estos locales 2.880 revisiones ordinarias este mandato, que han derivado en 87 precintos y 253 sanciones.

La Generalitat ya ha puesto sobre la mesa una propuesta para desencallar el conflicto que arrastra con el profesorado. En plena oleada de huelgas, el Departamento de Educación se ha abierto a acelerar la subida salarial que pactó con CCOO y UGT, además de plantear un refuerzo de plantillas con hasta 2.400 nuevos profesionales. 

Los sindicatos huelguistas (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) exigían a Educación una propuesta de incremento de los sueldos para acudir a la próxima reunión, prevista para este miércoles. Aunque inicialmente lo descartaba, al final la consellera Esther Niubó les ha trasladado una nueva oferta de mejora salarial. 

El documento que Educación ha remitido a los sindicatos afecta a las nóminas mediante dos vías. Por un lado, ofrece acelerar el calendario pactado con CCOO y UGT, que preveía una subida progresiva de hasta 3.000 euros al año (unos 200 euros al mes) en 2029. Este incremento, que se lleva a cabo vía modificación del complemento salarial autonómico, se completaría ya en 2028. 

Por otro lado, Educación plantea otra mejora retributiva, todavía por concretar, a través de tres complementos singulares: el de tutorías (ahora es de entre 66 y 90 euros), uno nuevo para los cotutores, y otro para los tutores en los Centros de Máxima Complejidad (es decir, aquellos de entornos sociales más vulnerables).  

Las nuevas retribuciones, que requerirían unos 98 millones de euros de inversión, se suman a la ya anunciada intención de la Administración educativa de reforzar las plantillas con más docentes y sobre todo, con personal para atender al alumnado con más dificultades de aprendizaje. En total, de cara al curso que viene ponen sobre la mesa la incorporación de 2.405 nuevos profesionales, lo que supone también 93 millones de euros addicionales.

Niubó reconoce que una parte importante del malestar docente procede de la sobrecarga de trabajo asociada al modelo de escuela inclusiva, para el que los huelguistas aseguran que faltan recursos, con lo que ya en la última reunión ofreció un incremento de personal.

Del total de profesionales anunciados, 1.348 serían destinados a escuela inclusiva (educadores sociales, psicopedagogos, técnicos de infantil); 708, docentes para reforzar plantillas, y 349, personal de administración. 

Por último, desde Educación han trasladado un calendario de negociaciones a los sindicatos que, de ser aceptado, transcurrirá en paralelo a las huelgas que convocadas a lo largo de mayo y principios de junio. Si este miércoles está prevista la primera mesa sectorial, entre los días 22 de mayo y 3 de junio la Generalitat plantea cinco encuentros para abordar de forma específica cada medida.

La oposición carga contra su gestión

A la espera de reunirse con los sindicatos, Niubó ha tenido que comparecer este miércoles en el Parlament para dar cuenta no solo de la crisis con el profesorado, sino también por la relacionada con los Mossos: por el plan piloto para desplegarlos en algunos centros educativos y por la infiltración en una asamblea docente. 

La oposición parlamentaria ha aprovechado por pasar cuentas con la consellera. Le han exigido desencallar el conflicto con los docentes, y la mayoría, salvo PP y Vox, le han pedido también que retire el plan piloto de los policías de paisano en los institutos.

Niubó ha dejado caer en la Cámara catalana que estaban trabajando en una nueva propuesta de mejoras laborales para la plantilla, pero que no se saldría del acuerdo con CCOO y UGT de 2.000 millones en cuatro años. “Lo complementaremos de forma realista, no es desde las demandas maximalistas que se consiguen las mejoras”, ha advertido antes de que se conociera la propuesta.

La consellera ha defendido una vez más el plan piloto para desplegar agentes de paisano de los Mossos d’Esquadra varios centros, a pesar del rechazo de la comunidad educativa y de parte de los claustros afectados. Para Niubó, el plan no es un “cambio de modelo” ni un despliegue “estructural” de policía en los centros, y permitirá probar una mejor colaboración entre servicios públicos y prevenir conflictos dentro y fuera de los institutos, siempre bajo el “liderazgo” del centro.

Desde la oposición, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios han criticado la incapacidad por ahora de encauzar las protestas docentes. Anna Feliu, diputada de Junts, ha lamentado que tacharan de “acuerdo histórico” el pacto con CCOO y UGT y sin la mayoría sindical. “Lo que hay de histórico son las movilizaciones; el nivel de desconexión con los profesionales y la desconfianza generada”, ha afirmado.

Irene Aragonès, de ERC, ha aprovechado el pacto de Presupuestos anunciado este martes con el Govern para exigir la puesta en marcha de algunas de sus medidas, como la climatización de los centros. Ha evitado vincular las cuentas a la resolución de la crisis, y ha centrado sobre todo su crítica en el plan piloto de los Mossos. “Es comprar el marco ideológico de la derecha y convertir a los adolescentes en un problema de orden público”, ha señalado la diputada.

En este sentido, PP y Vox, a pesar de ser muy duros con el Govern por su gestión de la huelga docente, han defendido que los Mossos d’Esquadra puedan estar presentes en los centros. “No es el marco mental de la derecha, es que tenemos a bandas juveniles captando a menores en la puerta del instituto”, ha argumentado Cristian Escribano, del PP. 

Los Comuns, por su parte, también han cargado con dureza contra el despliegue experimental de policías en los centros, que han señalado además que puede aumentar la segregación y la estigmatización de centros que ya tienen la etiqueta de problemáticos. 

Sin embargo, en el capítulo laboral, han querido tender la mano al Govern para que la negociación de Presupuestos incorpore algunas demandas docentes que permitan resolver la situación. “No hay excusas, si hacen falta más recursos, podemos reagendar y recalendarizar alguna propuesta”, ha planteado la diputada Jéssica Albiach. 

La carrera en Junts para encontrar alcaldable en Barcelona se prevé agitada. Jordi Martí Galbis, actualmente portavoz del partido en el Ayuntamiento, ha desafiado a la dirección y les ha comunicado que tiene intención de presentarse a la alcaldía. 

La intención de Junts era designar desde la cúpula un candidato de consenso, para no tener que pasar por primarias, cuando queda un año para la celebración de los comicios municipales. El nombre que encajaba en ese cálculo era el también concejal en la capital catalana Josep Rius, cercano a Carles Puigdemont y al secretario general, Jordi Turull.

Pero la irrupción de Martí Galbis, que ha adelantado el diario Ara, trastoca los planes del partido. El concejal atesora una larga experiencia en el consistorio, desde 2011, fue designado por Xavier Trias como sucesor cuando dimitió y es del agrado de la militancia.

Martí Galbis tratará de forzar unas primarias en la federación barcelonesa de Junts para que se decida de esta forma al candidato. Pero no está claro que lo consiga. El reglamento de la formación prevé que sea la Comisión Municipal Territorial la que, al conocer los candidatos y sus avales, decida cómo proclamarlos: de forma directa, con propuesta de nombre y ratificación, o con votación abierta a la militancia. 

Tras el movimiento de Martí Galbis, falta ver cómo reacciona la dirección, y si confirma a Josep Rius, que además de concejal en la ciudad es diputado en el Parlament y vicepresidente del partido. Antes de él, la dirección del partido barajó nombres de mayor impacto, como el empresario Tatxo Benet, o el expresident Artur Mas, pero no fructificaron.

La dirección buscaba un golpe de efecto parecido al retorno de Xavier Trias en las elecciones de 2023. El exalcalde logró entonces la victoria para Junts frente al PSC de Jaume Collboni y los Comuns de Ada Colau, pero no consiguió acceder a la alcaldía debido la alianza entre estos últimos y el PP para aupar al socialista.

Desde entonces, Junts ha ejercido como líder de la oposición en el consistorio, con Martí Galbis como cara más visible. Abierto a algunos pactos con el PSC, en general ha quedado relegado por el interés de Collboni en buscar acuerdos a la izquierda con ERC y los Comuns.

La Generalitat y los sindicatos de la huelga educativa han salido de su primera reunión en semanas sin un acuerdo. El Departamento de Educación ha planteado aumentar los profesionales de apoyo para la escuela inclusiva, pero por ahora no contempla tocar los salarios, una de las líneas rojas de los huelguistas, ya que considera que se han subido de forma suficiente dentro del pacto con CCOO y UGT. 

La reunión de este jueves, en pleno ciclo de paros laborales que se alarga entre mayo y junio, ha citado al Departamento de Educación con todos los sindicatos. Con los que pactó en marzo, CCOO y UGT, y también con los que han convocado las dos últimas oleadas de huelgas, Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical. 

Al no llegar a un acuerdo, se han citado a una nueva reunión el próximo martes. Pero los sindicatos de la huelga ya han dejado claro que no acudirán si no reciben el lunes una propuesta que incluya de alguna forma un incremento salarial. 

Sin revisar las nóminas, no seguirán hablando. “No renunciaremos a hablar de los salarios”, ha insistido a la salida Iolanda Segura, de USTEC. Su sindicato ya planteó esta semana un incremento de 400 euros al mes para frenar el conflicto. 

Aunque no lo han verbalizado, los representantes de los trabajadores confían también en que un acuerdo de Presupuestos entre el Govern y ERC, que se prevé para los próximos días, permita al Ejecutivo mover ficha. De ahí que hayan intensificado sus contactos tanto con republicanos como con los Comuns.

Sin embargo, el Departamento de Educación evita mencionar el capítulo salarial y asegura que puede estudiar mejoras de las “condiciones laborales” de los docentes dentro de los 2.000 millones de inversión pactados con CCOO y UGT. Ese acuerdo contempla una subida progresiva de hasta 3.000 euros al año en 2029. 

Con todo, Ignasi Giménez, secretario general de Educación, se ha mostrado “satisfecho” con la reunión y ha asegurado que hay “margen de maniobra” para acercar posiciones con los sindicatos y poner fin al conflicto. “El acuerdo [con CCOO y UGT] es suficientemente amplio para encontrar una solución”, ha afirmado.

La principal apuesta de Educación para contentar al profesorado pasa por ampliar las dotaciones de profesionales de apoyo a la escuela inclusiva, dado que suele ser una de las mayores fuentes de malestar que expresa la plantilla. En este sentido, han anunciado en la reunión que el próximo curso pueden sumar 1.066 profesionales más, de los cuales 645 para atender al alumnado con dificultades. 

Los sindicatos, por su parte, han respondido que también ven necesario mejorar estas dotaciones, pero que hará falta hablar de sueldos. 

Ignasi Fernández, de Professors de Secundària, ha calificado la propuesta de “irrisoria” y ha acusado a la consellera Esther Niubó de vivir en una “realidad paralela”. Laura Gené, de CGT, lo ha tildado de “insulto” y de “migajas” lo que ofrecen para la escuela inclusiva.

La tercera oleada de huelgas educativas del curso en Catalunya ha vuelto a sacar a la calle a miles de docentes. Con cortes de carretera a primera hora y una manifestación unitaria al mediodía en Barcelona, la plantilla del sistema público ha vaciado escuelas e institutos para arrancar al Departamento de Educación más mejoras salariales y de recursos en las aulas de las que pactó en marzo con CCOO y UGT. 

Los sindicatos convocantes (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) han congregado de nuevo a una multitud docente en el centro de la capital catalana. Unas 26.000 personas, según la Guardia Urbana (80.000 según los organizadores) han recorrido Via Laietana hasta desbordar la Plaça Sant Jaume, frente a la sede del Govern. 

Los docentes han logrado mantener el pulso con un seguimiento del paro laboral que ha alcanzado el 34,77% de la plantilla (con unos servicios mínimos de un maestro por cada tres aulas). El nivel de movilización se asemeja al de las primeras huelgas del año, en febrero, y supone un ligero descenso respecto a las de marzo (se llegó al 39%). 

“El sistema se sustenta sobre la vocación del profesorado, y esto tiene límite”, señalaba Pau Casanova, maestro de Primaria de una escuela de Cerdanyola del Vallès. Acompañado de su madre, maestra jubilada, y de su hijo, explicaba este docente que ha acudido a todas las movilizaciones y que no recuerda un ciclo de protestas como el actual.

Como viene siendo habitual, la reivindicación más repetida era la de aportar más financiación para sostener un modelo de escuela inclusiva que denuncian que desborda al profesorado. “La inclusión sin recursos es una ilusión, no se puede atender el nivel de diversidad que hay actualmente en las aulas, con todos los planes específicos e individuales, sin más ayuda que la que tenemos”, añadían Mireia y Gil, docentes de Badalona. 

A esta proclama se le han unido esta vez las quejas por las polémicas vinculadas a los Mossos d’Esquadra. Una, el plan para desplegar agentes de paisano en algunos centros. La otra, la infiltración policial en una asamblea docente. “Ha sido nefasto, no solo por lo que implica de vulneración de derechos, sino porque justamente el Govern presumía de gestionar bien”, afirmaba Casanovas.

Los sindicatos han exigido la dimisión de la consellera de Educación, Esther Niubó, y también de la de Interior, Nuria Parlon, y del jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

La marcha ha transcurrido sin incidentes destacables tras la pancarta ya habitual en la que se leía Ya basta, mejoras laborales ya. En la educación, + salarios, + recursos, - ratios, - burocracia. Entre cánticos como “arriba los salarios, abajo las ratios” o “menos policía y más educación”, la protesta ha avanzado hasta las puertas del Palau de la Generalitat, donde los docentes han exigido al Ejecutivo que acuda a la reunión que tienen prevista para el jueves con alguna propuesta que vaya más allá de la voluntad de escucha.

400 euros al mes o más apoyo en las aulas

El profesorado catalán mantiene desde hace meses un enfrentamiento abierto con el Departamento de Educación, un conflicto que la Administración no logró pacificar con el acuerdo con CCOO y UGT. El pacto supuso 3.000 euros más al año de aquí a 2029, cobrar 50 euros por excursiones con pernoctación, rebajar ratios y incorporar más profesionales de apoyo para reforzar el modelo de escuela inclusiva. 

Sin embargo, el resto de sindicatos, conocedores del grado de malestar de las plantillas, mantuvo el pulso y convocó una nueva tanda de huelgas en marzo que fueron multitudinarias. Desde entonces, el conflicto no ha hecho más que agravarse, sobre todo debido al plan piloto anunciado de desplegar mossos en las aulas, del que el profesorado recela, y por la infiltración de dos agentes en una de sus asambleas.

Con todo, este jueves se abre una nueva oportunidad para acercar posiciones. El Departamento de Educación ha convocado una mesa sectorial a la que acudirán los sindicatos del pacto y los huelguistas.

De cara al encuentro, las partes han comenzado a moverse ligeramente. El sindicato mayoritario, Ustec, ha planteado que con un aumento salarial de 400 euros al mes podrían poner fin a las protestas (hasta ahora pedían 700 al mes, es decir, un incremento del complemento salarial autonómico del 100%). 

La consellera de Educación, Esther Niubó, lo ve “maximalista”, pero en una entrevista en Catalunya Ràdio ha expresado que se pueden explorar los “márgenes” del acuerdo con CCOO y UGT para atraer a los demás. Según ha apuntado, su opción pasa por un mayor incremento del personal de refuerzo (integradores, educadores, psicopedagogos) que de oxígeno a los docentes a la hora de atender a la diversidad creciente en las aulas. 

El Govern de Salvador Illa llegó al sistema educativo con la promesa de rebajar la tensión y recomponer la relación con un profesorado enfrentado a los anteriores ejecutivos de ERC. Pero un año y medio después, el conflicto se ha agravado: los docentes encadenan tres ciclos de huelgas en un solo curso. Los dos primeros fueron multitudinarios y el tercero, con paros convocados a lo largo de todo un mes, arranca este martes.

¿Qué alimenta este malestar docente? Algunas de sus reclamaciones son compartidas con profesorado del resto del estado, como la pérdida de poder adquisitivo o el aumento burocracia. 

Otras afloran con especial intensidad en Catalunya, como la falta de recursos suficientes –aunque hayan aumentado en los últimos ejercicios– para hacer frente a unas aulas cada vez más diversas: más alumnos con discapacidades, sin dominio del idioma, con problemas de aprendizaje o en situación de pobreza y exclusión social. Todo ello en medio de un descenso del nivel académico que ya pocos cuestionan. 

Además, la pugna sindical de los últimos meses, entre CCOO y UGT, que optaron por pactar mejoras con el Govern, y el resto, que mantienen las movilizaciones, ha avivado un conflicto que no ha hecho más que crecer en los últimos días con dos polémicas vinculadas a los Mossos d’Esquadra. Primero, con el cuestionado plan para desplegarlos en los institutos, y después, con la infiltración policial en una asamblea docente. 

Equiparar el salario al resto de comunidades

Los docentes catalanes están entre los que peor cobran de España. Con un salario entre 2.400 y 2.700 mensuales euros en función de la etapa, el informe anual de UGT les situaba en 2025 solo por delante de Aragón y Asturias. 

Las exigencias salariales han sido uno de los nudos que ha encallado la negociación con los sindicatos huelguistas, que exigen recuperar el poder adquisitivo perdido en una de las comunidades donde el coste de la vida es más caro. Este mismo martes el sindicato mayoritario, Ustec, planteó una subida de 400 euros al mes para poner fin a la huelga.

Mientras tanto, el acuerdo sellado con UGT y CCOO ya conllevaba un incremento del sueldo a través del complemento salarial autonómico, que estaba congelado desde 2001. Los docentes ya han cobrado la subida de 2026, de hasta 850 euros para este año, y la previsión es aumentar hasta los 3.000 euros anuales en 2029 –a lo que habrá que añadir el incremento pactado con los funcionarios a nivel estatal–.

Para el Govern y los sindicatos del pacto, esto permitirá que Catalunya adelante en la escala salarial autonómica hasta la tercera posición. Pero los críticos apuntan que este cálculo obvia los incrementos que también se acordarán en las demás autonomías. 

Dar clase es cada vez más complicado

Una de las principales razones del hartazgo docente es que cada vez les resulta más complicado dar clase, puesto que en las aulas hay más alumnos con problemas de aprendizaje que nunca. “Cualquier docente confirma esta sensación de desborde”, advierte Cesc Ayora, profesor de Secundaria en el Instituto Castellar, de Castellar del Vallès. “Como hay alumnado más diverso, con más diagnósticos, hay más individualidades que atender, y por lo tanto mayor exigencia que hace años”, sostiene este docente. 

Los datos avalan esta percepción. El alumnado catalogado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE) se ha duplicado en los últimos cuatro años hasta alcanzar el 23,3% del total, casi uno de cada cuatro. De estos 326.000 alumnos, la mayoría tienen dificultades de carácter social, derivadas de la pobreza o la inmigración, y el 76% de ellos están en centros públicos.

Además, dentro de ese grupo de NESE, también el alumnado con discapacidad escolarizado en los centros ordinarios ha seguido al alza, de 29.000 a 38.000 en cuatro años, debido al compromiso con el modelo de educación inclusiva que se adoptó en Catalunya con el decreto de 2017. 

Con todo, cabe precisar que parte de esa complejidad, sobre todo la de carácter social y económico, ya estaba muy presente en las aulas. Lo que ha cambiado es que se ha mejorado la detección –los dictámenes y diagnósticos–, pero solo esto ya tiene consecuencias para el profesorado. 

“En una clase puedes tener ocho o diez de 25 con necesidades especiales”, arranc David Ll., docente de Primaria de la escuela pública Jacint Verdaguer de Barcelona. “Significa adaptar las clases, adaptar los deberes, hacer Planes Individualizados (PI) para los que lo requieren, hablar más con las familias, asumir que quizás los más avanzados se van a aburrir, activar protocolos de psicólogos cuando es necesario, coordinarte más con los compañerlos… Es muchísimo trabajo añadido”, resume. 

Esto, señalan las fuentes consultadas, explica también la denunciada “sobrecarga” de trabajo de carácter burocrático. Para paliarlo, el Govern ha anunciado un plan para reducir las tareas administrativas, que afectan especialmente a las direcciones y a los centros de barrios más vulnerables.

Más inversión, también en escuela inclusiva

La frustración que viven los docentes en sus centros contrasta sin embargo con el aumento de la inversión en educación en Catalunya. Si durante años los sindicatos lamentaban no haber recuperado el presupuesto anterior a los recortes de la crisis económica, ahora se ha superado con holgura. También en uno de los indicadores económicos clave: la inversión pública por alumno. 

Del 2020 al 2023, según los últimos datos disponibles por el Departamento de Educación, creció un 23%, de 6.440 euros por alumno del sistema escolar público al año, a 7.961. En los últimos ejercicios sigue al alza. 

“El presupuesto crece, pero no al ritmo que lo hace la complejidad”, sentencia Miquel Àngel Alegre, jefe de Proyectos de Equitat.org (antes Fundació Jaume Bofill). “La demanda aumenta más que los recursos. Por ejemplo, cada vez hay más aulas de acogida, es cierto, pero la ratio de alumnos recién llegados por cada una de estas aulas es peor que hace cinco años”, sentencia. Y algo parecido ocurre, añade, con la contratación de educadores o integradores sociales en los colegios. 

Esta mayor dotación de profesionales, que buena parte del profesorado ve insuficiente, se refleja también en el modelo de escuela inclusiva. Si se observan los educadores de las Unidades de Apoyo Intensivo en los centros (SIEI, por sus siglas en catalán), han saltado de 762 en 2020 a 1.234 en 2024. 

Las ratios, entre la promesa y la realidad

La de las ratios es una reivindicación habitual de todo el profesorado, también en Catalunya. En los últimos inicios de curso, o durante las preinscripciones, el Govern ha anunciado de forma recurrente reducciones del alumnado por aula. Lo ha hecho de nuevo con el pacto alcanzado con CCOO y UGT. Pero, ¿qué reflejan los datos? 

En Primaria y Secundaria, donde está el grueso del alumnado, se mantienen relativamente estables desde hace años. Donde sí han empezado a descender de forma considerable es en la etapa de Infantil. Esto significa que durante los próximos años esas ratios reducidas irán progresivamente alcanzando en todas las etapas. 

La bajada de ratios en Infantil tiene una explicación: el descenso de la natalidad. “En realidad, la política de reducción de alumnos por clase en esta etapa se cumple sola por el factor demográfico”, señala Miquel Àngel Alegre. En una década, en Infantil se ha pasado del pico de 22,7 escolares por aula a 18,8 actualmente.

Mientras tanto, el profesorado exige avanzarse al descenso demográfico y reducir ya las ratios en la ESO, donde todavía aumentan ligeramente. En comparación con las demás comunidades autónomas, Catalunya sigue estando entre las que lideran las aulas más abultadas. 

El descenso de resultados

Algunas de las tensiones existentes en los claustros, señalan las fuentes consultadas, no se explicarían tampoco sin la caída del nivel académico en los centros. Pruebas externas como PISA en 2022 alertaron del descenso, que se refleja también en las evaluaciones externas de Educación. 

Aunque los resultados oscilan significativamente año a año, en las competencias lingüísticas (catalán, castellano e inglés), que son históricamente las que mejor dominaban los escolares, la tendencia ha sido a la baja. Por otro lado, si el umbral de aprobado que fija Educación es de 70 sobre 100, otras materias siguen instaladas en el suspenso, como Matemáticas, o bordeándolo, como Ciencias o Inglés.

Con todo, Educación ha detectado una mejora en cursos recientes sobre todo de Matemáticas, que venía de tocar fondo. En este sentido, han ampliado sus programas de mejora de matemáticas y lengua a 450 y 500 centros, respectivamente, que contarán por ejemplo con clases de refuerzo gratuitas para alumnos vulnerables.

Las razones de descenso pueden ser diversas. Pero en lo que coinciden algunos docentes es en una bajada de la exigencia ya desde Primaria. “Con este nivel de complejidad en las aulas y la falta de recursos, con los alumnos que te llegan en la ESO sin dominar el idioma, es muy complicado conseguir cierto nivel competencias lingüísticas”, apunta Ayora. “La solución de supervivencia acaba siendo fijarte objetivos que pueda alcanzar todo el mundo, es decir, que hemos puesto un listón más bajo que el de hace unos años, sobre todo en lengua, que es lo que marca el resto de aprendizajes”, resume este profesor.

Casi 24 horas después y en medio de un revuelo político de envergadura, el Govern ha admitido que dos agentes de los Mossos d'Esquadra se infiltraron en una asamblea de docentes de Barcelona de preparativos para la huelga de la próxima semana.

Los socios de izquierda de, ERC y los Comuns, han exigido el cese del director general de la policía, Josep Lluís Trapero, el número dos en la estructura política del cuerpo por debajo de la consellera de Interior, Núria Parlon. La crisis política queda oficialmente abierta para el Ejecutivo de Salvador Illa.

Tras varias horas sin que Interior ni los Mossos confirmaran ni desmintieran la infiltración, la dirección general de la Policia ha emitido un comunicado con el que ha pretendido “aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, en velada referencia al espionaje policial de una asamblea docente. Cabe remarcar que la reunión de profesores era para preparar una huelga, un derecho fundamental reconocido en la Constitución.

Según Interior, el espionaje estaría amparado por un artículo del decreto de estructura de la dirección general de la Policia que autoriza a la comisaría general de información a “recoger y tratar información de carácter operativo” sobre “la conflictividad laboral y social” con el objetivo de “valorar amenazas y riesgos”. En el mismo artículo de la norma se incluyen las funciones de recogida de datos sobre extremismos violentos y toda “actividad criminal que suponga una amenaza para el ejercicio colectivo de las libertades”.

“Los Mossos d'Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos, y tenemos la obligación legal de garantizarlos todos así como la seguridad pública”, agrega la nota de Interior de este viernes, que tamibén se pone “a disposición” de los grupos parlamentarios para dar cuenta de la actuación policial.

La denuncia de la infiltración en una reunión de profesores este miércoles en el Instituto Pau Claris de Barcelona ha obligado al president Salvador Illa a reaccionar, aunque ha asegurado desconocerla por completo. “No tenía conocimiento de ello, pero tengo confianza en la profesionalidad de los Mossos d’Esquadra”, ha afirmado, para luego añadir que la policía lleva a cabo el trabajo “encomendado” sin dar parte a Presidencia. 

La queja de los sindicatos docentes se dirige hacia Interior y también hacia el departamento de Educación. Preguntados por elDiario.es, desde Interior tampoco han detallado si fue una actuación bajo amparo judicial ni si hay investigaciones abiertas vinculadas a la actividad huelguista docente.

Varios partidos políticos de la oposición han salido también al paso de la información para exigir la comparecencia de la consellera Núria Parlon. Junts, ERC Comuns y CUP han manifestado su rechazo por el presunto espionaje y los tres últimos han pedido la dimisión del director de la policía, Josep Lluís Trapero.

“En un país democrático, es inadmisible infiltrar a la policía en reuniones preparatorias de huelgas”, ha afirmado el portavoz adjunto de ERC en la Cámara catalana, Jordi Albert. “Es un hecho de extrema gravedad”, ha añadido, y ha alertado del silencio de Trapero en las últimas horas. “¿Dónde está el director de la policía?”.

El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha asegurado que, si el director de la policía estaba al caso del operativo, “debe ser destituido”, y que si no lo estaba, “también”, porque eso demostraría que desconoce qué ocurre en el cuerpo.

Desde los Comuns, el diputado Andrés García Berrio ha exigido una “investigación efectiva” de los hechos, explicaciones urgentes y una rectificación si se confirma que hubo agentes infiltrados. “Infiltrar agentes policiales en una asamblea sindical traspasa todas las líneas rojas”, ha afirmado García Berrio.

Los hechos sucedieron en una asamblea del pasado miércoles en el Institut Pau Claris de Barcelona a la que acudieron un centenar de docentes, según fuentes presentes. A la reunión estaban convocados docentes activistas de la capital catalana, de cara a preparar las movilizaciones previstas para este mayo y junio. 

Avanzada la asamblea, algunos docentes sospecharon de la presencia de dos asistentes y les pidieron que se identificaran. En un aparte, les reclamaron sus credenciales como trabajadores del Departamento de Educación, pero no pudieron ofrecerlas. Ambas afirmaron que procedían de un centro educativo de Santa Coloma de Gramenet, pero asistentes a la asamblea comprobaron que no era cierto, tal como aseguran a este diario docentes que lo presenciaron. 

Tras el incidente, las dos falsas maestras abandonaron el lugar. Al día siguiente, los cuatro sindicatos que convocan la huelga (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) acusaron al Departamento de Interior de infiltrar dos agentes de paisano en la asamblea. En un comunicado conjunto, exigieron explicaciones a su consellera, Núria Parlon, y que aclare también desde cuándo llevan a cabo operativos como este. “Reivindicamos que el derecho sindical y de reunión son derechos fundamentales”, reclamaban.

Este caso de presunto espionaje añade tension entre el profesorado y la Generalitat, que mantienen un pulso sobre las condiciones laborales con la convocatoria de numerosas jornadas de huelga este mayo y junio. Por si fuera poco, el malestar docente se ha avivado en los últimos días por otra cuestión vinculada a los Mossos: el plan piloto de desplegar agentes de paisano en algunos centros y que buena parte de la comunidad educativa rechaza.

“Es uno de los restauradores que se está haciendo con todo”. Así describe un veterano comerciante del mercado de La Boqueria a Elharrar Mardochee, propietario de la empresa Restaurante Egipto SL, actualmente demandada por varias empleadas por presunto acoso laboral y amenazas, y por servir comida en mal estado.

Otros vendedores consultados por elDiario.es —que prefieren mantener el anonimato— emplean expresiones similares para describir su irrupción en la Boqueria. Sin apenas hacer ruido, este hostelero, conocido como El Maki, ha adquirido en los últimos años numerosos negocios dentro del mercado más cotizado y concurrido de Barcelona, hasta convertirse en un símbolo de la entrega al negocio turístico del que fue un mercado referente en producto fresco y de calidad. 

Con cerca de 80 empleados, en función del ejercicio, Mardochee opera a día de hoy 15 licencias de establecimientos dentro del mercado: once de ellas, que incluyen cuatro bares, están a nombre de su empresa principal, Restaurante Egipto. Fundada en 1985, en su último ejercicio disponible –el de 2023 en Insight View– facturó 7,3 millones de euros con unos beneficios de 1,3 millones. 

Además, cuenta con otros tres puestos con un establecimiento en el mercado junto con un socio, según confirma el Ayuntamiento de Barcelona, y hay al menos otro que está a nombre de su encargada, Dunia M., también acusada de abusos laborales. 

elDiario.es ha tratado de contactar al empresario para recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta. El Ayuntamiento de Barcelona, responsable de la gestión del equipamiento municipal, aseguró que la supervisión laboral no es de su competencia y ha optado por no valorar el auge de Mardochee en el recinto. Añaden fuentes municipales que la normativa permite acaparar hasta el 50% de los puestos (la Boqueria tiene 178 activos).

Originario de Marruecos y afincado en Barcelona desde hace décadas, Mardochee aterrizó en La Boqueria en 2013. Lo hizo desde muy cerca, puesto que su principal negocio entonces era un restaurante ubicado a escasos metros, en La Rambla. Se llamaba Egipto y luego lo bautizó como Maccabi, especializado en comida kosher, ya que él es judío, según refieren algunos de sus empleados. Actualmente, el local está cerrado. 

Ese año, 2013, Mardochee se hizo con uno de los once bares ubicados dentro de La Boqueria: el Central. En este mercado municipal, que recibe más de 40.000 visitantes al día, prácticamente todos turistas, los puestos de hostelería son la gallina de los huevos de oro en cuanto a facturación. Un traspaso de una licencia de bar, señalan fuentes de comerciantes, puede superar de largo el millón de euros.

Con esa operación, algunos vendedores, los que defienden el modelo de mercado alimentario tradicional, ya vieron cuáles eran sus intenciones. “Los antiguos dueños compraban todo el producto dentro del mercado, pero él ya decidió comprar lo mínimo, y esto simboliza una deriva”, reflexiona. 

El conflicto del Pinotxo y la venta a turistas

Desde entonces, ha ido sumando, además de licencias de bares, puestos de venta de pollo, pescado, especias, jamón… Y a veces los ha ido ampliando, a base de comprar licencias de establecimientos contiguos. La mayoría de ellos, como ocurre con mucha frecuencia en la Boqueria, se dedican principalmente a la venta de degustación para turistas, no al fresco. 

El último ejemplo, a través de la empresa Hernando Boqueria, de la que es accionista, fue el del antiguo local Avinova. Pollería especializada en aves criadas al aire libre (pintadas, pichones, coquelets…), puesto de referencia para los mejores chefs de Barcelona, El Maki la adquirió con un socio hace unos años. Ahora se llama The Boqueria Chicken y despacha básicamente raciones de pollo y de patatas fritas para llevar.

La expansión de este empresario demandado por acoso dejó de ser discreta en 2023. Aunque apenas trascendió su nombre, sí lo hizo el de su empresa cuando se supo que había comprado el puesto más famoso del lugar: el bar Pinotxo del emblemático Juanito. 

Cerrado durante unas semanas por obras en el mercado, al reabrir lo hizo ya en propiedad de Mardochee, con numerosos rumores de traspaso millonario y con una disputa familiar que todavía colea en los juzgados. La intención del nuevo dueño era mantener la marca, para aprovechar su tirón, pero un juez le prohibió usarla, y ahora se denomina Mític Bar. 

Las suspicacias que despierta su crecimiento en el recinto tienen que ver también con la buena relación que mantiene con su directora, Concepción Blanco. Desayunan o toman un café juntos habitualmente, según fuentes presentes. Algunos comerciantes creen que le facilitan los traspasos de negocios en venta, pero otras fuentes atribuyen su auge a sus habilidades y capacidad económica. El consistorio ha declinado valorar este detalle.

Su papel dentro del mercado alcanza también la Asociación de Comerciantes de la Boqueria. Es uno de los integrantes de su Junta, dedicada a coordinar a los vendedores y organizar la asamblea anual. Este diario ha preguntado a la entidad si conocía las denuncias de acoso y cómo valoran la irrupción del Maki en el mercado, pero no ha obtenido respuesta. 

Pasear por la Boqueria consiste en esquivar riadas de turistas que sacan fotos del género expuesto en los establecimientos y deambulan mientras consumen zumos de frutas, cucuruchos de jamón o empanadas o sticks de pollo frito. Los comerciantes tradicionales, con producto orientado a los barceloneses, son desde hace años una minoría en peligro de extinción.

La normativa fija que como mínimo el 50% de lo que se ofrece debe ser producto tradicional, por otro 50% como máximo de producto “elaborado”. Pero algunos vendedores dicen que no se cumple. “Esto refleja lo que ha permitido la dirección, pero también la demanda que hay: si la gente pidiera manzanas y naranjas, las venderíamos, porque es más fácil, pero nos hemos complicado la vida para vender esta basura por culpa del turismo”, concluye un vendedor.

El Ayuntamiento de Barcelona cederá gratuitamente el Estadi Olímpic Lluís Companys al Papa León XIV para un gran evento en el arranque de su visita a la capital catalana. El acto, que ha adelantado El Periódico y que se prevé el 9 de junio, será uno de los principales puntos en la agenda del pontífice en Barcelona, que culminará con visita de la Sagrada Família en el centenario del nacimiento de Antoni Gaudí. 

La decisión última de ceder estas instalaciones con una bonificación del 100%, planteada por el consistorio, se ha votado definitivamente este miércoles en el consdejo de Administración de Barcelona Serveis Municipals (B:SM), la empresa pública que gestiona el estadio. Ha salido adelante con los votos de PSC, Junts y PP (10) y con el rechazo de Comuns y ERC (5).

En un informe, la gerencia del Área de Promoción Económica, Turismo, Relaciones Internacionales y Deportes del consistorio defiende la cesión gratuita de un estadio que suele cobrar para acoger eventos privados debido al “máximo interés público y general” de la visita del Papa. Alegan que su presencia conllevará la asistencia de “miles de personas” de todo el mundo, además de “autoridades civiles, religiosas e institucionales”. 

El documento insiste en la “excepcionalidad” del acto, en su carácter “no lucrativo” y en su dimensón de “evento de Estado” para ceder el espacio con la bonificación del 100% del precio. Además, añade que el Ayuntamiento asumirá el importe de todos los gastos que genere, como seguridad, mantenimiento o limpieza. 

El viaje del Papa a España pasará por Canarias, Madrid y Barcelona. Su a la capital catalana, según ha dado a conocer la Conferencia Episcopal este miércoles, comenzará con el acto en Montjuïc el día 9. El 10, visitará la cárcel de Brians y la abadía de Montserrat, y después acudirá a la Sagrada Família. También se prevé que visire la parroquia de los agustinos del Raval y que bendiga las ambulancias de Sor Lucía Caram para Ucrania.

Una de las voces que ya había manifestado que votarán en contra en el Consejo de Administración de B:SM era la de Barcelona en Comú. Su representante en la empresa municipal, el concejal Guille López, se ha mostrado contrario a la cesión gratuita. “No estamos en contra de la visita, pero no compartimos que el Ayuntamiento deba cubrir económicamente sus gastos”, señala. 

El edil argumenta que no se da el mismo trato a organizaciones que también tienen proyección internacional, como el Barça o TV3, y asegura que la visita del Papa no encaja dentro de los supuestos para cesiones gratuitas: que sean eventos solidarios, como el partido Catalunya-Palestina, o que se trate de actividades en las que participa la administración municipal, como encuentros escolares.

“Collboni opta por ceder a interesos de terceros las ciudad como ya vimos con la Fórmula 1 en Passeig de Gràcia o el Park Güell con Luis Vuitton”, remacha López.