La mayor terraza ilegal de Barcelona, en la angosta calle Trinitat del barrio Gótico, ya ha desaparecido. El Ayuntamiento de Barcelona, que abrió un expediente sancionador al restaurante, acudió a finales de junio con un camión y retiró todas las mesas y sillas.

La terraza no contaba con ningún tipo de licencia, pero el restaurante, Avinyó 10, había dispuesto unas 20 mesas en el callejón el considerar que era un paso privado. Sin embargo, el Ayuntamiento ya les advirtió de que no podían y que les iban a expedientar.

No es la primera vez que el consistorio desmantela esta terraza. Ya ocurrió en 2022, ante las quejas de los vecinos, que acusaban al dueño (que tiene el otro restaurante de la calle) de privatizar el espacio.

“Los trámites van tan lentos que la sensación que da es que pagan las multas con la facturación”, advertían fuentes de la asociación de vecinos el pasado 18 de julio. Finalmente, el consistorió actuó y por ahora la calle permanece sin mesas en medio del paso.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado este lunes su plan estrella para reducir al mínimo la burocracia en los trámites urbanísticos. Para reducir los cuellos de botella que padece la Administración, el Govern ha optado por externalizar algunos de los procesos que más se demoran, como la validación de las licencias de obras, con el objetivo de reducirlos de casi un año a solo un mes.

El ‘Anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental’ persigue agilizar la construcción de vivienda, con la promesa de los 50.000 pisos asequibles en 2030 de fondo, pero también facilitar proyectos empresariales e industriales que el Govern considera que se ven lastrados por la burocracia. Con una modificación de hasta 15 normas, para el Ejecutivo de Illa es la una de las regulaciones más ambiciosa del mandato.

El texto, que pasa a exposición pública hasta septiembre y se aprobará previsiblemente en diciembre, actúa sobre todo en tres trámites concretos, en todos ellos para rebajar el tiempo de espera para los promotores: las licencias de obras, los planeamientos urbanísticos y las autorizaciones ambientales. Desde el Govern advierten que no se recortan requisitos ni se relaja ninguna legislación, sino que simplemente se modifican los procedimientos administrativos para acortarlos.

Illa lo ha anunciado en un acto del Govern en la fábrica de Ebro, situada en los antiguos terrenos de Nissan en la Zona Franca. El president ha defendido que con este anteproyecto lo que están haciendo “es política de la buena, política útil”, así como aplicar “un cambio de mentalidad”.

De cara a las licencias de obras (ya sea para nueva edificación, rehabilitación o cambios de uso), el Govern quiere evitar que las carpetas se acumulen en la mesa de los técnicos municipales de los Ayuntamientos. Un trámite que por ley debería durar dos meses se alarga ahora nueve (la media del consistorio de Barcelona) o más de un año.

Para resolverlo, el anteproyecto de ley permite a los promotores aportar un certificado conforme cumple con todos los preceptos jurídicos y técnicos. Este documento podrá ser elaborado por una Entidad Colaboradora de Certificación del Ámbito Urbanístico (ECAU), empresas y entidades del sector autorizadas para ello. Desde el Departamento de Presidencia, responsables del plan, aseguran que estas entidades (despachos de arquitectos, urbanistas o ingenieros) estarán supervisadas y auditadas.

El Ayuntamiento, a través de la ordenanza municipal, podrá decidir si opera con la vía exprés o con la tradicional. Si es con la primera, el consistorio deberá otorgar la licencia en un mes. Y si es con la segunda, no podrá superar los dos meses que fija la ley. Si lo hace, se activará la vía rápida. Con lo cual, alegan desde el Govern, se acelerará sí o sí el trámite.

Una fórmula parecida, de externalización, se utilizará para otro proceso que el Govern tenía en el punto de mira: los planeamientos urbanísticos, que definen a qué usos se destina el suelo (industrial, urbano, etc). Hasta ahora, para aprobarlos había que pedir un informe “sectorial” a todos los departamentos afectados. Es decir, que para levantar un complejo industrial, hacía falta la validación desde ventanillas como medio ambiente, Protección Civil, la Agencia Catalana del Agua, equipamientos comerciales…

Ahora, con la nueva ley, de nuevo será el empresario el que podrá aportar estas certificaciones con profesionales acreditados de cada sector. Si la Administración no elabora los informes a tiempo, prevalecerán los redactados por el privado. Así, esperan rebajar de hasta doce meses a entre uno y dos los plazos para tirar adelante el planeamiento.

La simplificación llegará también a las autorizaciones ambientales. Cuestión sensible, el Govern insiste en que no se rebaja la exigencia en cuanto a la legislación ambiental. Pero sí suprime el trámite de “suficiencia e ideoneïdad”, que cambia por un modelo en el que el promotor ya deberá aportar toda la documentación necesaria. Y elimina el carácter “preceptivo y vinculante” del informe municipal.

La crisis de la vivienda, que el 28% de los catalanes percibe ya como su mayor preocupación, condiciona desde hace años del debate político en Catalunya. La Generalitat ha sido pionera en España en aplicar la regulación de los alquileres y ahora se plantea prohibir las compras especulativas. Pero hay otras asignaturas pendientes, más lentas y menos vistosas, en las que se depositan no pocas expectativas: la principal, el aumento del parque residencial.

Pocos son los que dudan de que hay que construir más vivienda en un mercado tensionado, en parte, por el crecimiento de la población. El president Salvador Illa anunció como medida estrella la construcción de 50.000 viviendas asequibles antes de 2030. Pero la pregunta es cómo crecer: ¿en qué barrios y ciudades? ¿Con qué tipo de arquitectura? ¿Con pisos de titularidad privada, pública o con otras fórmulas? Estos son algunos de los interrogantes que se han tratado de resolver en el acto Dret a l’habitatge: on i com créixer, organizado este jueves por elDiario.es.

Celebrado en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en Barcelona, el evento ha contando con la participación de Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que ha anunciado la prórroga del tope de los alquiler. En cuanto a los expertos y administraciones, han tomado parte en la mesa de debate Jordi Mas, director general de Vivienda de la Generalitat; Josep Maria Borrell, director del Instituto Metropolitano de Promoción del Suelo y Gestión Patrimonial (Impsol); Maria Sisternas, Coordinadora del Área de Transición Ecológica y Área Urbana del Ayuntamiento de Girona y arquitecta en la Fundación Hàbitat3, y Núria Moliner, arquitecta y comunicadora.

Por parte de la Generalitat, Mas ha abogado por planificar el crecimiento con criterios de “sostenibilidad” y “equilibrio”, apuntando a que no es lo mismo hacerlo en barrios que ya tienen una elevada densidad, que en zonas de casas unifamiliares. “Creemos que el suelo es un recurso escaso y se debe poner al servicio de una de las principales necesidades que tenemos, que es la vivienda”, ha expresado. El modelo, ha precisado, debería ser el de las ciudades “compactas” del Mediterráneo, que también contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Lejos de ejemplos como las polémicas remontas –muy extendidas en edificios del Eixample de Barcelona en los 60 y 70– los ponentes han defendido más bien una densificación de las ciudades mediante la reconversión suelos industriales o de oficinas, o con el crecimiento del área metropolitana. Sisternas, que ha puesto el ejemplo de La Siberia en Barcelona –una antigua fábrica convertida en viviendas–, ha advertido de que el reto de aumentar la densidad va más allá de la vivienda. “Poner más gente en un sitio requiere más servicios y equipamientos”, ha expresado.

“La forma de regularlo es un plan urbanístico que haga las reservas correspondientes de servicios”, ha añadido, desde escuelas a bibliotecas o piscinas municipales. Hacerlo manzana a manzana, ha argumentado, y no edificio por edificio, es la manera de que “la densidad no sea una lastre”. En este sentido, esta medida no solo aplicaría a Barcelona, sino a los municipios catalanes de tamaño medio con zonas industriales y comerciales infrautilizadas.

La construcción de nueva vivienda, además, debería tener en cuenta otros aspectos: en primer lugar, que sirva para ampliar el parque público (el objetivo es alcanzar el 15% del total), y en segundo lugar, hacerlo con una arquitectura de parámetros sostenibles, que tengan en cuenta el combate contra la emergencia climática y formas de vida más comunitarias.

“Aunque todo el mundo tiene claro que hay que hacer más vivienda social, hay gente y alcaldes que no los quieren cerca, y tenemos que combatir esto con ejemplaridad”, ha defendido Borrell, que ha añadido que para darle la vuelta hay que dotar de calidad estos edificios y adaptarlos a las necesidades del futuro: más versátiles, estancias flexibles, cocinas en el centro, comunidades de vecinos con más espacios compartidos, o sistemas de ahorro energético.

“Si ponemos una galería bioclimática en un edificio, con fachada de cristal, conseguimos 23 grados constantes sin calefacción, y esto vale para hoy y para dentro de 20 años; si ponemos una fachada delgada, y aire acondicionado dentro, fomentamos el consumo masivo de energía”, ha puesto como ejemplo Borrell.

A debate han salido también los llamados edificios cebra, el fenómeno arquitectónico que invade las ciudades de toda España. Moliner se ha mostrado crítica con esta moda: “Su construcción masiva es fruto de una pauta marcada por las promotoras, que quieren construir a partir de un molde fruto de la especulación y la mediocridad”. La arquitecta lo atribuye también a la imagen de lo que el sector privado quiere vender como “moderno” o “atractivo”, con unos servicios integrados “egocéntricos” (desde piscinas a zonas ajardinadas) que van en contra de la vida comunitaria y la sostenibilidad en las ciudades.

Para Moliner, la “carta a los reyes” en materia de vivienda incluye crear, y sobre todo luego mantener, el parque residencial público, y hacerlo por todas las vías posibles. Desde la construcción a la rehabilitación, de zonas industriales a oficinas, aunque con una excepción: las plantas bajas, puesto que ha dado a entender que sus usos comerciales y sociales contribuyen a crear vida de barrio.

El director general de Vivienda de la Generalitat, Jordi Mas, se ha mostrado optimista ante este reto y ha recordado que algunos indicadores ya señalan que Catalunya va por el buen camino, como la contención de los precios del alquiler en comparación con otras ciudades como Madrid o Málaga. “Tener un contexto regulado, una estrategia pública liderada por la Generalitat, consigue remover cosas y cambiar actitudes”, ha expresado. En cuanto al parque público, ha añadido que “poco a poco” se van acercando a producir la vivienda protegida necesaria.

“Se trata de favorecer una estrategia de generación de un parque de alquiler proteger mínimo, para dar respuesta a todas necesidades, y ampliar el número de viviendas de mercado libre que pasan a ser protegidos o que tengan un nivel de regulación si hace falta”, ha concluido.

Cada noche, medio millón de personas se alojan en un piso turístico en España reservado a través de las principales plataformas de economía colaborativa. Una cifra que continúa subiendo y que no parece tener techo a pesar del descontento social, la saturación y los nuevos controles a la actividad. En 2025, el país vivió un nuevo récord de reservas en viviendas vacacionales a través de Booking, Airbnb y Expedia.

Si ampliamos el foco hasta 2018, los números hablan por sí solos: las reservas se han multiplicado por dos -de las 94 millones hasta las 189 millones de pernoctaciones-. Un nuevo récord mientras aumentan las regulaciones y controles. Por ejemplo, con la eliminación de plataformas como Airbnb de anuncios que no cumplen la legalidad o con la creación del registro único de viviendas de uso turístico, tumbado recientemente por el Tribunal Supremo.

El fenómeno no es solo español, por toda Europa se han multiplicado los visitantes que recurren a estas viviendas turísticas en lugar de a hoteles. Lo dicen los últimos datos de la Eurostat sobre las reservas en plataformas de Airbnb, Booking y Expedia, publicados este mes y analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, una red de periodistas de la que forma parte este medio. Hay que matizar que estas cifras recogen las reservas de pisos y de casas turísticas contratadas a través de esas plataformas pero no incluyen ningún tipo de alojamiento en hoteles ni en campings que, en ocasiones, también pueden reservarse en esas mismas páginas web.

El economista especialista en vivienda de la consultora Ksnet, Pablo Tucat, alerta de que “las regulaciones que se han aplicado son sobre la oferta, por eso no tienen por qué tener impacto en la demanda”, si bien “hay evidencias” de la limitación del stock acaba reduciendo o limitando las pernoctaciones en algunos casos como en Catalunya o Barcelona, pero de manera más contundente en Los Ángeles.

El mapa europeo de la presión de los pisos turísticos revela cómo el Mediterráneo concentra la mayor presión de visitantes que se alojan en pisos turísticos sobre la población local.

De las 10 regiones con más reservas (contabilizadas como noches por persona) de todo el continente, cuatro son españolas. Andalucía lidera la tabla con más de 50 millones de pernoctaciones. Es decir, unas 136.000 personas se alojan -de media- cada día en viviendas turísticas reservadas a través de las principales plataformas. Le siguen la costa de Croacia (Jadranska Hrvatska), la Provenza francesa, Canarias, París, la Comunitat Valenciana y Catalunya. El listado lo completan Ródano-Alpes (Francia), Lazio (Italia) y Lombardía (Italia).

En casi todas, las reservas se han duplicado respecto a 2018. El boom turístico que siguió a la pandemia también muestra un cambio estructural en el sector. No es solo que la gente viaje más en general sino también a un aumento de la popularidad de los pisos turísticos frente a los hoteles.

Aunque Eurostat explica que los datos sobre el turismo a través de plataformas no deben sumarse a los datos clásicos del turismo hotelero, ya que algunos tipos de alojamiento podrían solaparse. Pero cuando comparamos las tendencias, podemos observar que el turismo a través de viviendas vacacionales está creciendo mucho más rápido.

En España, mientras las reservas de pisos turísticos se han duplicado desde 2018, las noches en hoteles apenas han subido un 8%. No somos la excepción, en países como Suecia, Noruega, Alemania o Francia, la brecha entre el crecimiento del turismo a través de plataformas y el turismo hotelero también se ha disparado.

El antropólogo e investigador en turismo Claudio Milano alerta que las regulaciones municipales o autonómicas tienen poco impacto porque “se enfrentan a multinacionales que no tienen sede fiscal en España” y “es complicado aplicar medidas disuasorias fiscales”, además de que existe “una falta de fiscalización real de su cumplimiento”. Y hay formas de saltárselas como empadronarse en una vivienda y después alquilar.

Medidas como las limitaciones municipales o el registro único estatal, tumbado recientemente por el Supremo, deberían tener algún efecto, aporta Tucat, si bien alerta de “limitaciones de recursos públicos a la hora de fiscalizar”. “Las multas a las viviendas turísticas han sido elevadas, por lo que también deberían disuadir”, añade Tucat.

Las zonas más afectadas por la presión turística

Las islas Canarias muestran el reflejo de la saturación turística. En un territorio de apenas 7.500 kilómetros cuadrados, se reservaron unas 13.000 noches en viviendas turísticas por cada 1.000 habitantes. Es la comunidad más presionada por los pisos turísticos, con casi el doble de noches por residente que en regiones como Andalucía o la Comunitat Valenciana.

En el archipiélago, el descontento por los efectos del turismo masivo y la subida de los alquileres han traído una ola de protestas para poner límites al sector. Con el lema “Canarias tiene un límite”, el movimiento ha exigido en las calles el fin del turismo masivo y la destrucción del territorio: ''No somos un parque temático''.

De las diez provincias de todo el continente europeo en las que más pernoctaciones hubo, cinco son españolas: Málaga, Alicante, Barcelona, Madrid y la isla de Tenerife junto con Roma (Italia), Algarve (Portugal), Damacia (Croacia), Alpes (Francia) y París (Francia). El mediterráneo es el destino favorito de los turistas extranjeros, la mayoría de pernoctaciones que se registraron en Andalucía fueron de personas que vivían fuera de España, por ejemplo. Pero el internacional no es el único tipo de turismo que ha crecido en España.

Aunque el 60% de visitantes eran de otros países, desde 2018 los españoles que recurren a viviendas turísticas en el territorio nacional ya son más del doble. ¿Dónde van esos 67,5 millones de personas? Pues muchos optan por la zona norte del país. Galicia, Asturias o Cantabria son algunas de las regiones que más han visto crecer el turismo en los últimos años, hasta un 260%.

Cómo el cambio climático y la saturación disparan el norte de España

Más de la mitad de visitantes que reciben en la zona norte son turistas españoles que escapan del calor. El aumento de las temperaturas convierte a estas regiones en una especie de refugio climático durante los meses de verano, unido a la saturación que genera el turismo en el sur y la costa mediterránea, las convierte en un destino cada vez más popular.

Los datos de Eurostat sugieren que este fenómeno se repite en Europa: cada vez más personas evitando las áreas del sur del continente en los meses más calurosos del año. Así, países como Suecia, Estonia o Noruega recibieron un 20% de su turismo en los meses de julio y agosto. Una tendencia que probablemente vaya en aumento.

Un informe del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea estima cómo el cambio climático futuro alterará la demanda turística en general. “Se prevé que las regiones de Europa Central y del Norte se vuelvan más atractivas para las actividades turísticas durante todo el año”. Por el contrario, 52 regiones europeas entre las que se encuentran países como Grecia, España o Francia verían descender el número de turistas a raíz del aumento de las temperaturas.

Por el momento, en Galicia los visitantes han crecido un 258% desde 2018. Entre las comunidades que más han aumentado su número de turistas en España también están Castilla la Mancha (257%), Castilla y León (236%), Asturias (215%) y Navarra (187%).

Hay una diversificación territorial que está protagonizada por este turismo nacional en el que, además de los flujos habituales de viajeros a las zonas de costa, también hay aumentan quienes eligen destinos como las provincias de interior. El aumento de los costes o la saturación turística de algunas localidades son algunos de los motivos que apuntan estudios como el de BBVA Research para este cambio de preferencias.

Los datos señalan que, en comunidades como Asturias, el pico turístico de las reservas en viviendas vacacionales lo alcanzan en agosto. Principalmente, por los turistas nacionales.

Sin embargo, el foco sigue estando en la playa. De las diez ciudades españolas que más sufren la presión turística la mayoría son zonas costeras del sur junto a localidades del Mediterráneo o las islas. Ciudades medianas como Benidorm y Benalmádena recibieron más de 30.000 visitantes por cada 1.000 habitantes en 2025. Son ya las dos localidades más populares de Europa y no parece que el turismo vaya a dejar de crecer.

Mientras comunidades tradicionalmente turísticas como Andalucía, Valencia o Murcia reciben más del doble de visitantes que en 2018, Catalunya es la región que menos crece. Un 59% a pesar de ser un destino popular para extranjeros y nacionales. Parte se debe a que ya era una zona con mucho turismo, igual que ocurre en el caso de Madrid, pero otro punto a tener en cuenta son los intentos de regulación.

El investigador Milano resalta que “sin duda existe una descentralización” de la vivienda turística, pero eso no está implicando una reducción en las zonas más turísticas, “no hay una relajación, sino al contrario”. Se le suma además el fenómeno de “estudiantes internacionales, nómadas digitales y residentes temporales, flotantes, que pasan unos meses en una ciudad” y pueden tensionar aún más el mercado de la vivienda.

Barcelona crece, pero mucho menos que el resto

Dentro del mapa disparado de pisos turísticos, Barcelona emerge como una de las ciudades con mayor presión. También Catalunya, que con 184 pernoctaciones por cada 1.000 habitantes, se sitúa entre las comunidades con más actividad en alojamientos de este tipo. Pero hay una particularidad en la región y en la capital catalana que las diferencia de las demás: su crecimiento se ha frenado en los últimos años.

Si en el resto de comunidades la cifra de estas viviendas se multiplica –como mínimo– por dos desde 2018, en Catalunya el aumento es del 40% (solo seguida de cerca por Baleares, con un 45%). De forma parecida, la provincia de Barcelona, pese a figurar entre las que cuenta con más pisos turísticos de Europa (sólo superada por Málaga, Roma y Alicante) al mismo tiempo experimenta un menor incremento.

La explicación que ofrecen algunas fuentes a esta moderación es que la regulación de este sector arrancó antes, especialmente en Barcelona, y que se han destinado numerosos recursos a combatir los apartamentos turísticos ilegales que figuran en estas plataformas.

El Ayuntamiento de la capital catalana congeló provisionalmente la concesión de licencias para pisos turísticos ya en 2014, una medida que consolidó con los años y que mantiene estable la cifra de estos alojamientos, en unos 10.000. Pero no solo eso: el Gobierno municipal de Ada Colau declaró la guerra a los pisos turísticos sin licencia, anunciados en Airbnb y otras plataformas, hasta el punto de que en la última década se han desmantelado 6.600 apartamentos ilegales.

A nivel autonómico, además, el Parlament aprobó un decreto ley en 2023 que pone coto a esta actividad. De cara a 2028, permite a los ayuntamientos eliminar licencias de pisos turísticos –Jaume Collboni ha anunciado que las retirará todas en Barcelona–, y les obliga a tener un máximo por habitante. Pero en el corto plazo, recalca Aguirre, impide la concesión de nuevas licencias (puesto que obliga a los ayuntamientos a elaborar planeamientos urbanísticos para justificarlo).

Aunque el PEUAT (Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos) del mandato de Ada Colau de 2017 en Barcelona que limitó las licencias turísticas de hoteles y apartamentos en las zonas más tensas sí que tuvo un impacto para al menos frenar el crecimiento, el investigador Claudio Milano alerta de que “los pisos turísticos crecieron en zonas periféricas” que quedaban fuera de la regulación y además se siguieron promocionando pisos ilegales.

“Si en 2028, en Barcelona se eliminan las licencias turísticas para apartamentos como se ha dicho, esto sí que tendrá un impacto. Pero habrá que ver cómo lo llevan a cabo las empresas y qué pasará con los 9.800 que existen. ¿Volverán al residencial o irán al de temporada?”, se pregunta Milano.

Los datos muestran la presión sobre la vivienda

Los pisos y las casas de uso turístico han cambiado el mapa del acceso a la vivienda en España. Así lo han constatado diversos organismos, nacionales e internacionales. Uno de ellos, el Banco de España que, en su último informe anual, realiza un análisis detallado del panorama inmobiliario y desglosa, también, qué ha pasado con este segmento de las viviendas vacacionales.

El organismo encabezado por José Luis Escrivá pone el foco en este tipo de inmuebles, que presionan los precios de forma muy diferente a lo que ocurrió en la última gran crisis financiera y del ladrillo, donde no fueron un factor determinante. En concreto, el Banco de España explica que “el auge de la vivienda turística es un fenómeno que contribuye a presionar al alza la demanda de vivienda y que no estuvo presente en el auge inmobiliario de los años 2000”.

En ese análisis, el Banco de España tiene en cuenta que, en términos agregados, las viviendas turísticas suponen una proporción pequeña del parque total de viviendas, porque son el 1,5%. Sin embargo, si se mira el mercado inquilino, “su peso relativo alcanza cuotas en torno al 10% en el conjunto del mercado del alquiler”. Además, apunta, esta actividad y sus posibles efectos sobre el mercado residencial tienen una “elevada heterogeneidad territorial”.

En concreto, explica el supervisor, “la relevancia relativa de las viviendas turísticas es especialmente intensa en determinadas áreas urbanas de las islas y de la costa mediterránea”. “Asimismo, dentro de estas áreas urbanas, estas viviendas se concentran en barrios donde presentan unas cuotas muy significativas en relación con el mercado del alquiler. Estos fenómenos se observan, por ejemplo, en los centros históricos de Málaga y Sevilla, y son también significativos en ciudades como Barcelona y Madrid, donde el dato de viviendas turísticas a nivel agregado del área urbana sugeriría una escasa penetración de esta actividad”.

El investigador Claudio Milano habla de una “turistificación de la vida cotidiana” y asegura que hay “evidencias científicas de sobra” del impacto de la turistificación en los precios de la vivienda. “A partir de las plataformas, el turismo se mete en nuestras fincas”, relata. “Nunca hubo tanta presión como en los últimos 15 años porque se empezó a orientar la oferta del parque residencial al turismo y a la vivienda temporal, que ofrece mayores rentabilidades que la vivienda de familias”, remata.

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Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos y mapas: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.

La Justicia ha puesto en el foco una empresa que opera diversos centros de desintoxicación en la zona de Figueres —en la provincia de Girona— sin licencia ni profesionales acreditados. La denuncia de varias familias por presunta estafa, intrusismo laboral y delito contra la salud pública ha derivado en el cierre de al menos uno de estos equipamientos por orden del departamento de Salud de la Generalitat.

Los afectados denuncian que pagaron cantidades mensuales de entre 4.000 y 5.000 euros por el internamiento de familiares, sobre todo hijos con problemas de adicciones, para luego descubrir que los centros no contaban con el personal publicitado ni autorización de Salud. El centro se llama Sinopsis Paso a Paso, y tiene su sede formal en Llers, aunque ha contado con establecimientos en Figueres, Vilanant o Girona.

A raíz de la denuncia presentada en 2023, la magistrada del juzgado de instrucción nº 9 de Figueres ha abierto una investigación, que ha ido ampliando, y ha citado ya como imputados a los dos responsables del centro, Erik Berjano y Danny Bowling. Ambos son desde 2021 fundadores y administradores de la empresa.

La jueza ve indicios de estafa e intrusismo, e indaga asimismo si el manejo de fármacos en sus centros incumple la ley y podría constituir un delito contra la salud pública. A raíz de las pesquisas judiciales, los Mossos d’Esquadra han abierto también una investigación que ha hecho aflorar más de una docena de perjudicados que declararán en el juzgado.

Mientras tanto, la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat, que abrió un expediente en abril del 2025 a Sinopsis, ordenó el cierre de su mayor centro, ubicado en la localidad de Vilanant, en abril. Esa masía, en la que supuestamente se rehabilitaban, internados, una veintena o treintena de usuarios, no contaba con autorización sanitaria, ni tampoco con licencia municipal —en el Ayuntamiento estaba registrada su actividad como establecimiento turístico—.

Este diario ha comprobado que Sinopsis no cuenta con ninguna autorización sanitaria para funcionar como servicio de atención a las drogodependencias, con o sin internamiento, o como comunidad terapéutica.

A pesar de los locales en distintas direcciones que señalan las familias denunciantes, solo en uno de ellos existe una aprobación de Salud. Es en el de la calle Nord, en Figueres, pero no como centro de desintoxicación, sino para servicios de psicología y psiquiatría.

El de Sinopsis no es el único centro de estas características que ha llevado a actuaciones por parte de Salud o de la Justicia. elDiario.es desveló recientemente cómo la Policía investiga a Luís Pérez, exadicto, empresario e influencer del tratamiento contra las adicciones, debido a las denuncias de maltratos, castigos y presiones en sus centros en Tarragona, que funcionan bajo la marca Zeus.

El perfil de Berjano, que también se ha prodigado por entrevistas en redes sociales, y que conducía un podcast propio —hoy despublicado—, es también el de una persona que tuvo en el pasado graves problemas de adicciones a las drogas, pero que logró dejarlos atrás. Un historial que hacía valer en sus primeras entrevistas con potenciales usuarios, señalan las familias, como ejemplo de superación.

Este diario se ha puesto en contacto tanto con Berjano como con Bowling, pero han declinado hacer valoraciones. Por ahora, son cuatro las personas que han interpuesto una querella contra los responsables de Sinopsis, tres madres y una usuaria.

226 potenciales afectados, según la jueza

En el último auto, al que ha accedido elDiario.es, la jueza hace referencia a irregularidades en la administración de fármacos. “Aun cuando pudieran haber sido inicialmente prescritos por un facultativo tras una primera valoración, existen indicios de que tales medicamentos eran posteriormente entregados y administrados por personas sin titulación sanitaria ni habilitación profesional para ello”, señala.

La gestión de estos medicamentos (psicofármacos como quetiapina, pregabalina o diazepam) recaía a veces en “voluntarios”. Por lo tanto, concluye, esto podría suponer un delito contra la salud pública.

La jueza, que ha ordenado el embargo de las cuentas de la empresa por un valor de 30.500 euros, ha citado a declarar en septiembre a los dos imputados, así como a las trece personas que pasaron por el centro y que se consideran “perjudicadas”. También estima en 226 los usuarios potencialmente afectados que pasaron por Sinopsis en los últimos años.

El relato de algunas de las familias afectadas describe un centro muy alejado de lo que promocionaba Sinopsis Paso a Paso en su web y en las entrevistas con las familias, con supuestos profesionales como psiquiatras, psicólogos, terapeutas y fisioterapeutas, y lamentan muy poca supervisión de profesionales durante el día a día de los usuarios.

Las visitas con los psiquiatras, denuncian, eran muy puntuales y casi siempre por videoconferencia. Además, las denunciantes aseguran que han pedido el historial clínico o, al menos, del internamiento de sus hijos, pero no lo han recibido, con lo que sospechan que jamás se generó esta documentación. “No había informes psiquiátricos ni médicos, nosotros los pedimos y solo nos enviaban las recetas, con lo que no sabes si iba bien o mal”, relata Marta (nombre ficticio), madre de una de las internadas.

Esta mujer se queja además de que a su hija, que tenía que pasar un mes en Sinopsis y estuvo más de cuatro, la derivaron a un piso tutelado. Pero que la supuesta “tutela” consistió en que compartiera piso con otro usuario, mucho mayor que ella.

Laura (también nombre ficticio), que pasó por la masía hoy clausurada de Vilanant, asegura que pagó un total de 17.000 euros por su estancia, y lamenta la falta de profesionales acreditados. En una casa donde vivían entre 20 y 30 drogodependientes en vías de recuperación, había momentos, sobre todo por la noche, en que solo había un trabajador de unos 70 años y sin titulación. Este era uno de los encargados además de administrar la medicación, denuncia.

El “fraude” del Programa Aventura

Pero si hubo una práctica que desató las alarmas que desembocaron en las denuncias fue el Programa Aventura, que los responsables de Sinopsis plantearon a las familias en primavera de 2023. Consistía en una suerte de ruta por la comarca del Alt Empordà, con actividades de deporte diarias, noches de camping y convivencia durante un mes. Les dijeron, según la querella, que habría profesionales como psiquiatras, psicólogos, enfermeras y catering.

A una familia, Sinopsis le cobró 15.000 euros. Por esa misma actividad, a otras cobraron 12.000 o 5.000.

Pero la coordinación de la actividad recayó en un trabajador que no tenía titulación médica ni psicológica, sino que era un terapeuta que ejercía al mismo tiempo labores de logística. Transportaba tanto la comida como la medicación en su coche particular, y era él mismo, según ha relatado a elDiario.es, el que se encargaba de ordenar los fármacos y repartirlos a cada usuario.

“Me daban las pautas por WhatsApp o en papel, sin informe médico”, expresa este extrabajador, que ha sido testimonio del caso. “Hay que tener en cuenta que eran sustancias psicoactivas, yo tenía mucho miedo de equivocarme”, reconoce. Contratado para ese programa, al acabar dejó el trabajo.

En la querella, los denunciantes aseguran que hubo cuatro usuarios que recayeron en consumo de drogas. Y que algunos de esos casos se ocultaron a las familias por parte de la dirección de Sinopsis. “Fue un fraude absoluto, no cumplía ninguno de los requisitos que explicaron los querellados”, afirma la denuncia.

Juana, una de las madres que inició la batalla judicial, y que se dejó en el centro unos 30.000 euros, lo resume con un interrogante: “Si nuestros hijos fuesen enfermos del corazón, o cualquier otra enfermedad, ¿qué pasaría con un centro de estos sin autorización? ¿Seguiría abierto?”.

Solo en un barrio de Barcelona, la Esquerra de l’Eixample, más de 3.000 inquilinos viven con la angustia de si les van a echar de su casa. Estos son los cálculos que hace la asociación de vecinos en un estudio en el que, puerta a puerta, finca por finca, ha identificado en total 90 inmuebles que en los últimos años han sido adquiridos por grandes propietarios y que persiguen encarecer los alquileres o directamente expulsar a los actuales residentes.

“Los vecinos tenemos que hacer de inspectores de vivienda porque el Ayuntamiento no lo hace”, ha lamentado Xavier Riu, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de l’Esquerra de l’Eixample. Durante meses, los activistas preguntan comercios, consultan plataformas inmobiliarias, y llaman a los timbres para localizar residentes a los que no se les renueva el contrato de alquiler o incluso que ya se han marchado.

El resultado de la fotografía es de 90 fincas con procesos de expulsión de vecindario en marcha, que alcanzaría a más de 3.000 personas. Además, han mencionado la investigación de elDiario.es en la que se identifican 179 operaciones de compraventas de inmuebles enteros en el distrito del Eixample en los últimos siete años, aunque no han podido comprobar la situación de todas.

En un acto en el que han participado también el Sindicato de Inquilinas de Catalunya, el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, y algunos inquilinos amenazados por desahucios, los vecinos han exigido a la Administración poner freno a la especulación inmobiliaria. Entre otras medidas, agilizar la prometida ley que prohibe las compras de vivienda que no sean para uso residencial del comprador. O aumentar las inspecciones para que se aplique la reserva del 30% para vivienda protegida en las nuevas promociones.

La Esquerra del Eixample, con 859 edificios de propiedad única, es para los vecinos un “caramelo” para los fondos de inversión. “Tenemos que pararlo de verdad, no podemos tener a miles de personas que viven con el corazón en un puño; nos destrozan los barrios”, ha sentenciado Xavier Riu.

Entre los afectados están casos conocidos, de bloques unidos que han plantado a cara a fondos de inversión y han evitado desahucios. Por ejemplo, han acudido a la rueda de prensa Marga Aguilar, del conocido como Bloc Papallona (Llançà, 20), donde el fondo New Amsterdam Developements busca vaciar las viviendas para convertirlas en colivings. O Melani, del Edificio Tarragona (Tarragona, 84) donde la inmobiliaria Gallardo quiso abrir decenas de pisos turísticos y chocó con la oposición vecinal.

“Cada vez hay más bloques en riesgo, es uno paso más para perder la ciudad, vaciarla de vecinos y convertirla en un decorado”, ha criticado Gerard Mena, portavoz del Sindicato de Inquilinos. “Si estos 90 edificios son solo del Eixample Esquerre, ¿cuántos habrá en el área metropolitana de Barcelona? ¿Y en toda Catalunya?”, se preguntaba el activista.

Aina Casassas, del Sindicato de Vivienda Socialista, abundaba: “No podemos normalizar que te echen de tu casa para sacar más rédito con turistas, queremos expropiaciones de bloques como el Papallona”.

Gisela Martín, de 23 años, apenas recuerda algunos flashes de los cinco meses que pasó hospitalizada, la mayor parte del tiempo atada a una cama con sujeciones mecánicas. Todo lo demás se lo han tenido que contar sus padres: los gritos, los delirios, los insultos y los golpes que dirigía a quienes la rodeaban, sobre todo a sus seres queridos. Una auténtica película de terror, reconocen tanto su familia como ella misma —hoy prácticamente recuperada—, que tiene como culpable una enfermedad de nombre críptico: la encefalitis por anticuerpos contra el receptor de NMDAR.

La periodista del New York Post Susannah Cahalan, que sufrió ese infierno en sus carnes, lo plasmó en 2012 en el libro superventas Brain on fire. My Month Of Madness. Una cascada de alucinaciones, convulsiones y pérdidas de memoria que fueron achacadas por los médicos al alcoholismo, primero, y a una esquizofrenia, después. Pero ese aparente arrebato de locura tenía como causa esta encefalitis, poco conocida entonces, que está provocada por un ataque del sistema inmunitario a algunos de los receptores clave del cerebro. 

“Es una inflamación del cerebro mediada por el sistema inmunológico; hay varios tipos, mediados por anticuerpos o por una respuesta celular a través de linfocitos T”, describe Josep Dalmau, investigador ICREA del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) del Hospital Clínic de Barcelona. Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón en Medicina y Ciencias de la Salud en 2025, este médico fue quien describió por primera vez una de estas encefalitis, la anti-NMDAR, mientras trabajaba en 2007 en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.

Casi 20 años después, Dalmau lidera la investigación médica para combatir esta enfermedad desde el Clínic de Barcelona, y atiende a su vez a pacientes como Gisela Martín. Del tipo de encefalitis anti-NMDAR, reciben a unos 15 pacientes al año. El 80% son mujeres, mayoritariamente jóvenes, y más de un tercio presentan un teratoma. Este tumor poco común, que ayuda a los profesionales a afinar el diagnóstico, puede desencadenar la producción de anticuerpos que acaban atacando al sistema nervioso.

Delirios, agresividad y meses de hospital con sujeciones

Para Gisela, la encefalitis arrancó en febrero de 2025, con los primeros síntomas de delirios y un carácter irascible que la llevaron a dejar el trabajo. Tenía 21 años, vivía sola en Piera, lejos de su familia en Barcelona, y se ganaba la vida como dependienta en una panadería. 

Los recuerdos de Gisela sobre la enfermedad se entremezclan, reconoce. Lo poco que ha retenido hasta hoy es de los días previos al ingreso hospitalario. Sabe que condujo hasta Barcelona para hablar con sus padres, que vieron cómo soltaba frases y palabras “sin sentido”, alucinaciones sobre “moléculas y átomos”, “energías y vibraciones”, y pensaron que era fruto del consumo de alguna droga. 

Pero no era así. “Llevaba tres o cuatro días sin dormir, sin comer, y no había consumido nada”, relata la joven. Además de sus alucinaciones, comenzaba a perder movilidad. “Mis amigos me decían que cuando cogía el coche no giraba del todo el volante, o que tardaba mucho; me dijeron que estuve a punto de tener un accidente, y mis padres me contaron que andaba muy mal, que no me aguantaba en pie”, relata.

Su familia la dejó regresar a Piera, pero al día siguiente, tras llamar a los Mossos d’Esquadra, sus padres lograron convencerla para que ingresara en el Hospital Universitari de Igualada. Descartada una meningitis, y como su situación se agravaba, su madre logró que la trasladaran al Hospital Vall d’Hebron, donde le indujeron el coma. “No me callaba, no podía parar de hablar, el corazón me iba muy rápido y llegó un punto que me dolía tanto la cabeza que solo necesitaba parar, dormir”, relata Gisela. 

Los indicios iniciales llevan a sospechar sobre cuadros psiquiátricos, o brotes psicóticos, y durante años se sospecha que muchos pacientes sufrieron esta confusión. Pero los síntomas que siguen al estallido de la enfermedad ya son distintos, señala el doctor Dalmau: los problemas cognitivos, de memoria y el insomnio agudo, por ejemplo.

Además, en adolescentes o adultas jóvenes, añade, suele haber una “rápida” evolución hacia una pérdida sustancial de consciencia, alteración de movimientos, tics, mordeduras de lengua, y estado comatoso. Muchos, de hecho, acaban en la UCI, y los más graves, en coma y con respiración asistida.

Así fue el ingreso hospitalario de Gisela, con otro traslado al Hospital Clínic incluido. Permaneció durante una larga estancia en la UCI, con tramos de respiración asistida, alimentación por sonda, y sujeciones. Por entonces ya le habían confirmado la encefalitis anti-NMDAR. Gisela no tiene consciencia de ese período. “Yo recuerdo que me dormí el 23 de febrero y que me desperté un 15 de julio, en una cama de hospital, llena de vías, atada, con camisón blanco, y sola”, afirma. 

Lo que ocurrió entre medias lo sabe por sus padres, que estuvieron cada día a su lado con un doble sufrimiento: por un lado, el de no saber si Gisela se iba a recuperar y cómo; y del otro, el de asistir a cómo su hija, fuera de sí, les maltrataba una y otra vez. De hecho, Cristina, su madre, conserva vídeos en el móvil que todavía no le ha enseñado a Gisela, en los que ella aparece desgañitándose e insultando desde su habitación del Hospital Vall d’Hebron. 

“Me tenían que atar de pies, manos y torso porque pegaba a mi familia, a los enfermeros, a los auxiliares… A todos les mordía, escupía, insultaba, arañaba, y no sé por qué”, admite Gisela. También tiene recuerdos de arrancarse las vías y sondas de la nariz y del brazo, entre amenazas y súplicas de sus familiares de que se iba a morir si lo hacía.

Su madre, que aprovecha para reclamar apoyo psicológico para familiares ante enfermedades de este tipo, reconoce que tocó fondo un día en que Gisela la mordió en un brazo. “Cuando vi que el dolor aumentaba, y que ella no me soltaba, la acabé pegando para apartarla. Entonces salí de la habitación y me derrumbé, me puse a llorar… Había pegado a mi hija”, rememora la mujer.

Diez meses después de salir del hospital, y tras un largo proceso de rehabilitación, Gisela expone su relato con una dicción clara y un lenguaje preciso. Una leve lentitud en el discurso permite deducir lo que sufrió. Y solo la emoción al hablar de sus padres logra interrumpir sus palabras. “Fue muy duro para ellos, los médicos les decían que iba a mejorar, pero no sabían cuándo, y estaban conmigo todos los días en el hospital”, reconoce Gisela. 

Inmunoterapia y una lenta recuperación para la mayoría

Dalmau y su equipo publicaron recientemente en The Lancet Neurology un estudio en el que observan como incluso en los casos más graves, en los que el paciente estuvo al menos nueve meses en estado casi vegetativo, dos tercios acaban logrando una “mejora funcional significativa” (y un tercio, completa). No obstante, otro tercio no consigue evitar secuelas importantes, principalmente en la memoria, superados los dos años de la enfermedad. Y entre un 3% y un 4% acaban falleciendo en el hospital. 

La mejoría en los pronósticos también se explica por la investigación biomédica de centros como el IDIBAPS-Clínic, que hoy permiten ir más allá de la simple contención de los síntomas. El tratamiento específico pasa por la inmunoterapia. “Generalmente se inician tratamientos antiinflamatorios para reducir la actividad del sistema inmunitario y eliminar los anticuerpos, y se escala después a terapias que buscan eliminar las células que los producen”, afirma Dalmau. “Por ahora, estos abordajes están dando buenos resultados”, añade.

Gisela salió del hospital el 31 de julio de 2025. Se instaló en casa de sus padres, aunque durante cuatro meses se sometió a rehabilitación diaria en el Institut Guttman, especializado en neurorehabilitación. Tuvieron que enseñarle todo de nuevo: a andar, a comer, a hablar. “No me valía por mí sola, en el barrio tenían que acompañarme amigos y familiares porque no podía aguantarme”, detalla. 

Horas de gimnasio y de caminatas por Barcelona le permitieron recuperar la musculatura. Y las conversaciones con amigos y, sobre todo, con sus padres, le ayudan a recobrar completamente el habla. “Antes me trababa e iba muy lenta, me costaba un montón; ahora tengo más velocidad”, señala. Tiene suerte de que no le ha quedado afectada la memoria, que es lo más habitual, pero sí el equilibrio y la motricidad fina, por lo que sigue practicando la escritura y juega a menudo con una pelotita antiestrés.  

Pero lo que mejor le sentó, asegura, es estar en casa. “A mí me fue muy bien volver a mi habitación, a tomarme un cafelito con mis padres, tumbarme en el sofá con ellos… Me había despegado mucho de la familia, vivía sola, trabajaba, salía mucho de fiesta, pero la enfermedad me ha dado la oportunidad de reecontrarme con ellos”, celebra. 

Décadas atrás, sin los hallazgos del doctor Dalmau, una joven como Gisela hubiese tenido que lidiar con diagnósticos psiquiátricos. “Dalmau me dijo que si me llegan a tratar como un brote psicótico, no me hubiese recuperado igual”, explica. 

Ahora, con la detección de las encefalitis autoinmunes y las perspectivas de curación, lo que les ocurre a los investigadores es que ven cómo muchas familias con hijos con trastornos psíquicos severos acuden a ellos con la esperanza de que se trate del mismo diagnóstico. “Cada vez que hablamos de esta encefalitis, nos inundan de correos electrónicos de familias preocupadas, desesperadas para recibir inmunoterapia”, detalla Dalmau. “Pero esos anticuerpos solo se detectan en enfermos que tienen estas encefalitis”, se lamenta el doctor. 

Gisela acabó la rehabilitación en noviembre y el tratamiento, en enero. Ahora solo le quedan las revisiones puntuales en Vall d'Hebron y los ejercicios. Y, aunque no lo manifiesta abiertamente, se le nota cierto optimismo en la mirada. A ella y a su madre. “Desde que salí del hospital, son dos años para recuperarme; luego ya es más difícil. Si me esfuerzo ahora y consigo mejorar, quizás no estaré al 100%, pero sí al 95%”, afirma.

Los Bomberos han logrado estabilizar el incendio del macizo de Les Gavarres, en Girona, 36 horas después de que se iniciase en La Bisbal. Tras una madrugada en la que las llamas alcanzaron algunas casas de urbanizaciones de Calonge, este sábado la prioridad ha consistido en frenar su avance en dirección noroeste, para proteger las 30.000 hectáreas del espacio natural.

Finalmente, sobre las 22:00 horas, tal como estaba previsto, los más de 400 bomberos sobre el terreno han logrado estabilizar el fuego. Con todo, se mantiene el confinamiento de ocho municipios al menos hasta el domingo. “Mucha prudencia, el incendio no crece, pero tendremos trabajo en el flanco derecho durante los próximos días”, ha declarado la consellera de Interior, Núria Parlon.

“No damos el incendio por controlado, el perímetro es irreguar y difícil, y no llegamos a rematarlo”, ha insistido el jefe de Bomberos de la Generalitat, David Borrell.

Desde el viernes son unas 2.300 hectáreas las que han ardido, la mayoría forestales. Cerca de las localidades de la Costa Brava, afectadas durante la madrugada del sábado, se han reavivado las llamas puntualmente, pero sin tanta intensidad.

Estos focos cerca del litoral han obligado a aumentar el confinamiento a otra población, la de Mont-ras, aunque solo a sus núcleos no urbanos. También han cerrado la carretera C-66, que une este municipio con La Bisbal.

Casas quemadas en Calonge

Durante la madrugada del sábado, el incendio se acercó a algunas urbanizaciones de Calonge. El balance de edificios afectados a estas horas es de siete inmuebles, de los cuales cuatro han quedado calcinados. También ha sufrido afectaciones una nave industrial y algunas granjas de la zona, aunque ninguna de ellas con daños personales.

“El espectáculo era dantesco”, ha reconocido el alcalde de Calonge, Jordi Soler, que ha relatado la algustia de los vecinos y ha cifrado en siete u ocho las casas afectadas. La mayoría de ellas han visto arder vallas, jardines y ventanas, y al menos dos hogares –uno en la urbanización y otra masía rural– han quedado arrasados. Soler ha explicado que los daños son materiales y que no hay personas heridas.

De hecho, la proximidad de las llamas ha llevado a algunos vecinos de los barrios de Cabanyes, Mas d’Ambrós y Río de Oro a abandonar sus hogares pese a las órdenes de confinamiento. Unas 120 personas han dormido en el Pabellón Municipal de la localidad. Los Bomberos, sin embargo, insisten en que quedarse en casa con puertas y ventanas cerradas es la estrategia más segura.

“La intranquilidad es que con el giro del viento podemos tener dificultades en contener el flanco derecho; lo hemos conseguido, pero ahora viene lo difícil”, ha reconocido Borrell. La preocupación es máxima, añaden, no solo por las miles de hectáreas expuestas de Les Gavarres, sino porque el avance hasta ahora “irregular” del fuego provoca focos secundarios e impide su extinción completa.

Los municipios confinados son actualmente Mont-ras, Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní d’Heura, Forallac, la Bisbal, Llagostera y Santa Cristina d’Aro. Afecta a unas 12.000 personas. Las autoridades también mantienen la petición a la ciudadanía de no acceder a la zona para no ocupar las carreteras.

Gavarres, cerradas hasta el viernes

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha desplazado a La Bisbal, donde está el centro de mando de los servicios de emergencias, y ha pedido a la población seguir los confinamientos y las restricciones de movilidad dado que el incendio sigue “activo”. También ha anunciado Illa el cierre de todo el Espacio Natural de Les Gavarres “como medida de prevención”.

“Este domingo empieza una ola de calor importante, que se alarga hasta el miércoles, y nos obliga a extremar las precauciones en todo el país”, ha manifestado. El cierre de Les Gavarres durará hasta el próximo 10 de julio.

La orden del Govern ya se ha activado, lo que comporta activar el nivel 4 del Plan Alfa –el máximo previsto– por riesgo extremo en todo el macizo, que comprende 31.000 hectáreas. En concreto, afecta a 20 municipios entre el Gironès y el Baix Empordà.

El fuego se desató el viernes sobre las 9:00 horas debido a la utilización de una radial por parte de un operario, a pie de carretera, a pesar de que con la alerta contra incendios está prohibido. Los Mossos d'Esquadra lo han detenido y la Generalitat ha abierto una investigación a su empresa para aclarar lo ocurrido. “Llegaremos hasta el final, i si ha habido imprudencias

El incendio de la Bisbal, en Girona, ha quemado ya 2.300 hectáreas, la mayoría forestales, a lo largo del macizo de Les Gavarres. Más de 400 Bomberos de la Generalitat, además de 100 de la UME, trabajan para frenar el avance de las llamas y evitar que lleguen a los municipios más poblados de la Costa Brava.

El fuego sigue sin estar estabilizado, y el viento del norte continúa soplando con fuerza, pero los Bomberos reconocen que durante la noche la situación perderá complejidad al haber desaparecido el pirocúmulo que alimentaba con más virulencia las llamas. .

La consellera de Interior, Nuria Parlon, ha informado de que los confinamientos decretados a lo largos del viernes se mantendrán durante toda la noche. Esto incluye los Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní d’Heura, Forallac, la Bisbal, Llagostera y Santa Cristina d’Aro.

Entre todas las localidades, algunas de ellas turísticas y repletas de segundas residencias, suman 45.000 vecinos, aunque Parlon ha rebajado los confinamientos a unas 9.700 personas. Por ahora, solo una urbanización ha sido desalojada, la de Vall Repòs en Santa Cristina d’Aro, por su extensión diseminada en medio del bosque y por su mayor cercanía a la cabeza del fuego.

De cara a la noche, el jefe de Bomberos de la Generalitat, David Borrell, ha querido mandar un mensaje a los vecinos de urbanizaciones de Santa Cristina o Calonge, que a lo largo del día han visto con angustia cómo se les acercaba la columna de humo. “Verán muchas llamas, y esto alarma mucho y da falsa sensación de cercanía, pero mucha tranquilidad”, ha expresado.

Declarado en La Bisbal, el fuego se ha internado en el Espacio Natural de Les Gavarres hacia el sur, empujado por el viento de tramontana, con el flanco derecho hacia Santa Cristina y el izquierdo, hacia Calonge. Sin embargo, la situación va a cambiar durante la noche, prevén los Bomberos, porque el viento de norte dejará paso al de mar, de este a oeste. Esto les obliga a trabajar sobre todo para frenar avances hacia el interior de les Gavarres y toda la zona de la comarca del Gironès.

“Con la ola de calor de los próximos días, no queremos que el incendio se abra hacia la zona de Girona con un potencial de 30.000 hectáreas”, ha expresado Borrell. “Trabajaremos muy fuerte para frenar el flanco derecho del fuego”, ha proclamado.

Detenido el presunto autor del incendio

Por su parte, los Mossos d'Esquadra han informado de la detención del presunto responsable del inicio del incendio. Según la policía catalana, todo apunta a que este hombre, un operario, estaba usando una radial a pie de carretera que ha soltado alguna chispa que habría prendido las primeras llamas.

“Es un tipo de actividad que no está permitida, debido a que está activada la fase 3 del Plan Alfa”, han explicado Agentes Rurales.

La situación de Les Gavarres ha tensionado enormemente a los Bomberos, por la simultaniedad de varios pequeños incendios declarados en la provincia, ya estabilizados. Y ha preocupado hasta tal punto a las autoridades que Protección Civil ha pedido a la población del área metropolitana de Barcelona, en plena operación salida del fin de semana, que no se desplace hasta la zona.

Las comarcas a las que se pide no acudir son Baix Empordà, Gironès y Pla de l’Estany (donde hay otro incendio). En muchos de sus municipios, especialmente los del litoral, abundan las segundas residencias y los alojamientos turísticos.

Uno de los problemas que presenta el fuego es que Les Gavarres es una extensión boscosa de 28.000 hectáreas, con mucha densidad de árboles y un sotobosque muy sobrecargado.

El incendio se ha declarado en Sant Pol, pedanía de la Bisbal d’Empordà, y ha llevado a las autoridades a confinar inicialmente una casa de colonias con 150 niños. Los Bomberos han pedido primero el confinamiento de la zona de Sant Pol, masías y casas situadas al sur de este pueblo y también el entorno de la casa de colonias Pou del Glaç. En la casa hay unos 150 niños que se encuentran bien, según las autoridades. Después, ante el avance de las llamas, han ampliado el confinamiento.

Desde el Meteosat se observa el humo del incendio. La tramontana sopla con intensidad fuerte y con rachas de entre 40 y 50 km/h. La temperatura es de 32,5 grados y la humedad del 34%.

Según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT), la carretera GI-660 está totalmente cortada debido al incendio entre los puntos kilométricos 1 y 12, en el tramo comprendido entre Calonge y La Bisbal d'Empordà. Protección Civil ha activado en fase de alerta el Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (Infocat).

Barcelona ha concentrado en 30 días dos grandes acontecimientos que la han proyectado al mundo. Primero fue la visita de León XIV para coronar la Sagrada Família, y ahora toca el arranque del Tour de Francia, la mayor competición ciclista del planeta. No es la primera vez que la ciudad exhibe de esta forma su marca y probablemente no será la última, pero sí resulta novedoso que lo haga al mismo tiempo que proclama que no puede asumir más turistas. 

La concentración de estos dos espectáculos globales, en la previa de un verano que se prevé de nuevo de lleno turístico, hace que muchos se pregunten si tiene sentido, a día de hoy, promocionar la capital catalana. ¿Hay que destinar recursos públicos a posicionarla como destino turístico? ¿Cuántos y para qué tipo de visitantes? ¿Son los grandes eventos deportivos y culturales una forma de proyección de marca, o la expresión natural de una urbe como Barcelona? 

Lo dijo el propio alcalde, Jaume Collboni, en una reciente entrevista en La Vanguardia: “Barcelona no necesita promoción, lo que necesita es recuperar su reputación”. Para el edil, la inauguración de la Torre de Jesús y el Grand Départ son más bien dos chutes de confianza y autoestima para la ciudad, no campañas de promoción.

Pero aun así, cuestan dinero y atraen miradas y visitantes. La salida del Tour supone, sin contar el despliegue de seguridad y movilidad, 9,6 millones de euros para las arcas municipales, que es el contrato con la organizadora. Y prevé el desembarco de 850.000 aficionados en una sola jornada, el sábado, que es la etapa por el centro de la ciudad. 

Además, el Ayuntamiento de Barcelona nunca ha renunciado a las estrategias de promoción, más bien las ha ido modificando. Desde el consistorio y desde el consorcio Turismo de Barcelona defienden que hay que invertir para redibujar la marca de ciudad para que el turismo cultural, deportivo o los congresos ganen peso en detrimento del ocio. 

“Los barceloneses viven, por un lado, con ilusión participar en estos eventos, pero por el otro temen sus consecuencias”, advierte Miquel Borràs, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Para él, Catalunya no debe renunciar a acoger celebraciones internacionales, pero sí a concentrarlas siempre en Barcelona y a hacerlo gracias a aportaciones del presupuesto público. 

El gran ejemplo de ello, antes del Grand Départ, fue la Copa América de Vela, que Barcelona acogió en 2024 con la promesa de acelerar obras en el litoral, impulsar la economía marina y recuperar prestigio como ciudad. El precio, para todas las administraciones implicadas, fue de 70 millones de euros, sin contar las exenciones fiscales. 

Sobre estos eventos, las opiniones difieren. Mateu Hernández, director de Turismo de Barcelona, el consorcio público-privado creado en los 90 para situar la ciudad como destino turístico, niega que el acto de Sagrada Família o la acogida del Tour tengan un fin turístico. “La puesta de largo de la finalización de la Torre de Jesús no fue un evento para deslumbrar al mundo, es que la Sagrada Familia es una obra extraordinaria que por sí misma ya atrae todas las miradas”, argumenta.

En cuanto a los acontecimientos deportivos, también defiende que está en el ADN de Barcelona acogerlos, desde los Juegos Olímpicos a mundiales de atletismo, el París-Dakar o al propio Tour, que pasa por la ciudad por tercera cuarta vez en su historia. “La lista es enorme, y la última de las razones de ser de eventos como el Tour es el turístico”, apunta.

De modo opuesto lo ve Daniel Pardo, de la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT), que lo considera “marketing de ciudad”. “Se trata de macroeventos turísticos por encima de cualquier otro adjetivo que les quieras colorar”, valora, y considera que el Gobierno municipal ha “intensificado” la política de apuesta por estas celebraciones. Como muestra de una de las más polémicas, menciona la exhibición de la Fórmula 1 en Passeig de Gràcia en 2024. 

Posicionarse vale dinero: ¿Es necesario?

Desde la llegada de Ada Colau a la alcaldía, y con Collboni después, el Ayuntamiento ha lanzado mensajes y ha sacado adelante políticas de contención del turismo. La regulación que limita la oferta hotelera en el centro desde hace años ha provocado, según el consistorio, que Barcelona se haya instalado en unas cifras más estables, que no dejan de ser de récord, en torno a los 16 millones de visitantes anuales. 

La promoción turística de la ciudad convive con los anuncios de que se suprimirán todos los pisos turísticos en 2028 y que se reducirán las terminales de cruceros previstas, de siete a cinco. Sin embargo, los activistas señalan otras medidas que sí van en la línea de crecer: la más repetida es la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, para pasar de su capacidad de 55 millones de viajeros al año a 70.

Desde Turisme de Barcelona, Hernández destaca que la promoción turística ha cambiado radicalmente en los últimos años, y que ya no tiene sentido vender atractivos de una ciudad que triunfa sola en redes sociales y las agencias online. Lo que sí alega es que no hay que dejar en manos de otros esta promoción, sino orientarla hacia los intereses actuales de la ciudad: cultura, deportes y congresos. 

“Si queremos que vengan por las exposiciones, museos, conciertos, festivales, gastronomía… el reto que tenemos de ahora en adelante es proyectar la imagen de ciudad cultural en sentido amplio”, constata Hernández. Para captar asistentes al Gran Teatre del Liceu, o al Museo Tàpies, o para convencer a la sociedad de cardiólogos de celebrar su convención en la Fira de Barcelona, hace falta promoción, concluye. 

A día de hoy, cuantificar cuánto dinero se destina a ello no es sencillo. El consorcio Barcelona Turisme, ente público-privado que preside Collboni y con peso municipal del 45%, destina unos 16 millones anuales. La mitad aproximadamente proceden del Ayuntamiento, mientras que el resto son de las cuotas empresariales y de su propia actividad, puesto que gestionan las oficinas y el bus turístico de la ciudad.

El resto queda difuminado entre las políticas de gestión del turismo del consistorio. Algo parecido ocurre en los últimos años con la tasa turística, que pagan por noche todos los visitantes, y que supone para las arcas municipales más de 100 millones anuales, la tercera mayor fuente de ingresos después del IBI y el impuesto a las plusvalías. 

El recargo municipal que aplica el Ayuntamiento, solo para Barcelona, va directo a la caja común, aunque Collboni defiende que lo usa para políticas concretas, como la climatización de escuelas. Pero lo que es el Impuesto a las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) lo gestiona la Generalitat. Devuelve el 50% a Barcelona y permite destinar un 25% a vivienda; el resto, a un fondo de fomento del turismo.

“Collboni va por los barrios diciendo que todo lo que a él le interesa se paga con la tasa turística”, se lamenta Borràs, de la FAVB. “Lo que necesitamos es más transparencia”, añade. Y defiende que el equivalente a lo que se recauda se debería destinar a paliar las consecuencias negativas del turismo: reforzar líneas de bus y metro, mejorar la seguridad y limpieza de algunos barrios, o incluso combatir la crisis de la vivienda, también condicionada por el turismo. 

Un estudio de la ABDT señalaba que, en los últimos diez años, el 90% de la tasa se dedicó a políticas de “crecimiento” del turismo. “Salvo algunas partidas para inspección de pisos turísticos, el resto iba a promoción”, afirma Pardo. “¿Mejorar las infraestructuras para acceder al Turó de la Rovira es mejora de los barrios o es promoción? Es cuestionable”.

El Ayuntamiento, sin embargo, defiende que el impuesto turístico les permite hoy financiar gastos asociados a los visitantes y que antes se sufragaban con dinero de los barceloneses. Por ejemplo, los Espacios de Gran Afluencia (EGA), los puntos más masificados (desde la Boqueria al Park Güell) y a los que destinan partidas para reforzar la limpieza, seguridad o la mejora de los comercios o el espacio público. 

A las puertas de un nuevo verano, Hernández lo tiene claro. “Perder el control de la promoción es un riesgo que existe, enorme, y debemos trabajar para impedirlo”, proclama. Borràs y Pardo, sin embargo, temen que este viraje hacia otro tipo de turismo no sea un juego de suma cero, sino que suponga más turistas. “Si esta promoción se pudiera hacer sin crecer, o logrando decrecer, nos parecería bien, pero lamentablemente nunca acaba siendo cierto”, concluye el presidente de la FAVB.

El Tour de Francia, la mayor competición ciclista del mundo, ha desembarcado este jueves en Barcelona. El Ayuntamiento le ha puesto la alfombra roja a los pies de la Sagrada Família para la presentación de sus 23 equipos, con un desfile de sus 184 ciclistas por la Avinguda Gaudí entre actuaciones musicales, de los castellers y un despliegue audiovisual que retransmite para 190 países distintos.

La puesta de largo de los equipos este jueves fue el paso previo al Grand Départ, el pistoletazo de salida de la competición francesa, que acoge por primera vez Barcelona y que será el sábado, 2 de julio. Ese día, la capital catalana pondrá patas arriba la movilidad urbana para acoger la primera etapa del Tour, una contrarreloj de 20 km que discurrirá por el interior de la ciudad.

El sábado será el día más complicado. El circuito, que ocupará buena parte de la ciudad, quedará completamente cerrado al tráfico durante la tarde. Las primeras afectaciones comenzarán a las 12h, aunque el corte total no llegará hasta las 13:30. El momento de máximas restricciones será entre las 16h y las 19:30h, durante la carrera, y se irán restableciendo a partir de las 20:30. De la misma manera, habrá cortes puntuales en diversos accesos de la ronda litoral.

El arranque de la etapa será en el Fórum. Tras entrar a la trama urbana por la Ronda Litoral, atravesará Sant Martí y el Eixample por calles como Mallorca, Aragó o Tarragona hasta acabar en Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Cerca de 900 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona tomarán parte en los dispositivos de movilidad y seguridad con una especial atención a la regulación del tráfico y la protección de los espacios con mayor afluencia.

Los que sí podrán cruzar la ciudad son los peatones, para quienes se han establecido tres pasos a nivel: dos estarán en Montjuïc (en l'Avinguda de l'Estadi y en el carrer del Foc) y el tercero en la calle de Sardenya con Valencia. Además, habrá otros 54 cajones de paso para peatones con una distancia máxima de cinco minutos entre sí. Y el Ayuntamiento recuerda que también se podrán usar algunas salidas de metro como puntos de paso. El Ayuntamiento ha asegurado que se reforzarán las frecuencias del metro, ya que los itinerarios del autobús se verán afectados por desvíos e interrupciones puntuales. Lo mismo que el tranvía, el Bicing o el Aerobús.

El domingo, las afectaciones serán, sobre todo, en el corredor litoral. La etapa, entre Tarragona y Barcelona, causará cortes de unas cinco horas en la N-340 y la C-31, así como restricciones de accesos en la C-32, la B-23 y la B-24. La Generalitat recomienda usar vías alternativas como la AP-7 y, de manera excepcional, el peaje de la C-32 será gratis entre las 11h y las 16h.

Esta etapa acaba también en la capital catalana; la entrada se hará por la carretera de Collblanc y continuará por Travessera de les Corts, calle de Sants y de Creu Coberta hasta la plaza de España. A partir de aquí, la actividad se centrará en Montjuïc, con afectaciones en vías como la avenida Paral·lel, el paseo de Montjuïc, la avenida Miramar o la carretera de Montjuïc. Se pasará dos veces por buena parte del recorrido de la montaña. Esta etapa se ha modificado a causa de la peste porcina, ya que inicialmente debía entrar por la Rabassada, procedente de Collserola.

El lunes, coincidiendo con la tercera etapa, entre Granollers y els Angles, las afectaciones se trasladarán al Vallès Oriental, Osona, Ripollès y la Cerdanya. Las principales restricciones se darán en la C-59, la C-17, la C-37, la C-25 y la N-260, con limitaciones puntuales de acceso en diversos puntos del Pirineo.

Un baño de masas en la Sagrada Familia

Antes, sin embargo, los corredores han podido darse un baño de masas este jueves con un paseo desde el recinto modernista del Hospital Sant Pau hasta la Sagrada Família, donde les esperaban en el escenario central para la foto inaugural.

Una actuación de la cantante Sílvia Pérez Cruz ha dado por iniciado el acto, que dirige el dramaturgo Martí Torras Mayineri, mientras los Castellers de Vilafranca levantaban sus torres en el Hospital de Sant Pau. La ceremonia, conducida por los periodistas Carlos de Andrés, Elisenda Pineda y Jordi Basté, ha contado también con la música de Doctor Prats y de la Always Drinking Marching Band, las acrobacias en bici de los artistas essica Arpin i Yldor Llach o la danza contemporania dirigida por la coreógrafa Fátima Campos.

El evento deportivo, cuya acogida ha costado al Ayuntamiento 9,6 millones de euros –por contrato con la organización, sin contar gastos de movilidad y seguridad–, supone también el desembarco de miles de aficionados a la ciudad. Para este jueves en Barcelona miles de personas, pero el sábado se prevé llegar a los 850.000. Además, cabe añadirle todo el personal que rodea el Tour, unos 4.500 profesionales entre corredores, organización, patrocinadores, médicos, caravanas de publicidad y prensa.

Varios inquilinos de uno de los mayores caseros de España, la socimi Vivenio, han visto en las últimas semanas cómo les aceptaban la prórroga del alquiler de dos años que reclamaron durante el poco tiempo que estuvo vigente. Así lo ha comunicado la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, que aglutinó las demandas de una treintena de familias de cuatro edificios distintos en Catalunya. 

24 horas antes de que el Congreso votara, y tumbara, el real decreto que obligaba a los caseros a extender dos años más los contratos de alquiler que fueran a caducar, un total de 30 familias de Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs y Sant Cugat del Vallès enviaron un burofax a Vivenio para acogerse a la medida. Desde el Sindicato denunciaban que la intención de la empresa era no renovarlas para convertir sus viviendas en pisos de temporada.

Sin embargo, en las últimas semanas los inquilinos han visto cómo esta Socimi, participada mayoritariamente por el fondo holandés APG y que cuenta con 6.500 viviendas en España, ha aceptado las prórrogas. A medida que se acercaba la fecha de finalización de contratos, se han ido concediendo las prórrogas. Por ahora son 14 de las 30 familias reclamantes y no hay ninguna denegada. 

“Hemos consegudio que acepten prórrogas que al inicio se negaban a aceptar”, ha celebrado Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Catalunya, en referencia a que antes de la efímera vigencia de la prórroga de dos años, muchos de los afectados ya contaban con demandas por finalización de contrato o comunicaciones para abandonar el piso. “A todo el mundo al que le estén denegando la prórroga, que no se rinda”, ha añadido. 

Con todo, desde el Sindicato aseguran que el conflicto con Vivenio sigue “abierto”, puesto que consideran que no ha modificado en líneas generales su “política de no renovación de contratos” para hacer alquileres de temporada. En Barcelona, en una finca del Raval, constataron ofertas de alquiler por 2.122 euros, por encima de lo que limita el tope de alquileres vigente. 

Uno de los casos que más preocupan al Sindicato es el de Sant Adrià del Besòs, donde son 60 Viviendas de Protección Oficial (VPO) repartidas por tres bloques. Algunos de ellos ya han sido desalojados.

Con la llegada del solsticio de verano, los montes y las plazas de los pueblos del Pirineo se llenan de antorchas que iluminan la noche. Son las fiestas del fuego, una espectacular tradición que no entiende de fronteras –las hay en Catalunya, Aragón, Andorra y el sur de Francia– y que desde hace años atraen a multitud de turistas. Una creciente afluencia con la que lidian algunos pueblos, que apenas llegan al centenar de habitantes, para no morir de éxito. 

“Siempre ha habido algo de miedo a que se pierda identidad”, arranca Mireia Guil, antropóloga y autora de una tesis doctoral que analiza el impacto de la declaración de estas fiestas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2015. Su trabajo, con más de 180 entrevistas sobre todo centradas en Vall d’Àneu y Vallée de la Barousse, ha recibido recientemente el premio Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona (UB) y antes la mención internacional en Universidad Sorbona Nueva de París.

Guil explica cómo cada localidad ha afrontado de forma distinta el aumento del turismo en las últimas décadas. Isil (comarca del Pallars Sobirà), de las que más visitantes recibe la noche del 23, limita la participación a los locales y su entorno; otras, como las de Andorra, abrazan el turismo sin tantos reparos, mientras que en Francia, algunos pueblos mantienen su tradición en un ámbito estrictamente comunitario y sin que haya llamado la atención de las masas de visitantes. 

El reconocimiento por parte de la Unesco de las Fiestas del Fuego del Solsticio de Verano del Pirineo alcanza a 63 pueblos y aglutina una diversidad de celebraciones en torno al fuego. Están las fallas, como se las conoce en Catalunya y Aragón, que consisten en descender de la ladera del monte hacia el pueblo con antorchas encendidas a hombros, formando un río de fuego. En la región occitana (Vall d’Aran y Francia) se enciende un gran tronco en el pueblo (el haro o brandon), y en Andorra se dedican a hacer girar las fallas por el pueblo para crear vistosas bolas de luz. 

Aunque algunas se dejaron de hacer y se retomaron hace escasas décadas, las fallas se remontan a siglos atrás. La primera mención en un documento es de 1543 en Alàs y Torres d’Alàs (comarca del Alt Urgell).

De ahí el arraigo y la preocupación por conservar una celebración que en el caso de los pueblos catalanes se remonta a años antes del reconocimiento de la Unesco. Las Fallas de Isil fueron declaradas Fiesta Patrimonial de Interés Nacional por la Generalitat en 1991. “La intención no era atraer turismo, sino reivindicar un Pirineo vivo, activo, con patrimonio e identidad”, señala Guil. Fue más adelante, a partir de los 2000, que se empezó a concebir este patrimonio “como elemento de atracción” para visitantes como contrapunto a la temporada de invierno. 

Isil, con menos de cien habitantes durante el año, atrae desde hace tiempo a cientos de turistas. Con la declaración de la Unesco los multiplicó y alcanzó los 4.000, pero ya antes quedaba desbordado y optaron por cerrar los accesos al pueblo en coche. 

Se suele decir que los locales se marchan del pueblo para evitar aglomeraciones, pero Guil lo desmiente. “No es tan extremo; algunos hacen el discurso de que se irán, pero se acaban quedando porque es la fiesta del pueblo”, afirma. “Quizás la miran con un poco más de distancia, eso sí”, reconoce. 

“Es un sentimiento de desposesión, te sientes desprovisto de tu propia fiesta”, describe Guil. “Esto pasó sobre todo cuando la declaración de la Unesco, pero creo que se ha atenuado”, añade. Una de las razones de esto último, apunta, es que cada vez se cuentan más pueblos fallaires, lo que si bien genera cierta controversia, al mismo tiempo “esponja” el turismo. 

Pero la amenaza persiste y el auge del 'turismo de experiencias', que persigue no solo asistir a la fiesta, sino tomar parte de ella, añade un nuevo reto. Ya no se trata solo de ver cómo la serpiente de fallas desciende del monte, sino que se busca ser partícipe de ello –y dejar, de paso, constancia en Instagram. 

Aquí es donde difieren las estrategias de cada pueblo. Las Fallas de Isil son las más restrictivas. Los 60 fallaires que bajan desde el Faro con la falla a cuestas deben ser del pueblo o tener una vinculación acreditada con él (vecinos del Valle, segundas residencias…). “Su modelo pasa por limitar la participación, porque para ellos es muy importante que siga siendo para la gente del pueblo”, dice Guil. 

Otras son más abiertas, aunque con filtros. En las de Durro, que abren el calendario, hay más fallas y se puede apuntar gente de fuera, pero se debe conocer a gente del pueblo para que le acredite. En Alins, en el Pallars Sobirà, hay dos descensos, el del Botanal, solo para fallaires expertos, y el de Sant Quirc, al que se pueden sumar niños y personas que no tengan tanta vinculación con el pueblo. 

En Andorra, que lideró la candidatura a la Unesco, explica Guil que consiguieron hacer crecer el fenómeno y que se quemen fallas “en todas las parroquias”. “Aquí el turismo se acoge y no molesta tanto, aunque no es tan masivo”, apunta. Puede que tenga que ver, reflexiona, con que Andorra sea ya de entrada un país abierto a un turismo de esquí y compras tan poco vinculado a la identidad local, con lo que esta apuesta por el patrimonio se valora más. 

Y finalmente está el caso de algunos pueblos del Pirineo francés, donde las fiestas del fuego siguen ajenas al turismo. “En la zona occitana se considera una fiesta muy local, una cena de pueblo con el brandon que ni siquiera está pensado para ser mirado”, añade Guil. Desde luego, un contraste con los miles de curiosos que, móvil en mano, han acudido esta noche a Isil a presenciar las fallas más concurridas. 

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

El curso escolar más conflictivo, el que más huelgas docentes ha vivido en la historia reciente de Catalunya, llega este viernes a su fin. Sin embargo, el malestar entre el profesorado permanece, y nadie sabe cómo se va a canalizar a partir de ahora, con unos sindicatos divididos y un Govern que apela al acuerdo de mejoras salariales y laborales alcanzado con los sindicatos a finales de mayo. 

El problema es que ese pacto fue tumbado por la plantilla en una votación que dejó en falso a USTEC, el sindicato mayoritario de la educación pública y que había liderado la negociación. Ahora, los docentes se van de vacaciones con la voluntad de retomar las protestas en septiembre, pero sin unas demandas comunes, con los sindicatos divididos y con la vaga intención de abrir el debate sobre las reformas educativas más allá de la mesa laboral. 

La opción de revisar el sistema educativo y el papel del docente en un espacio más amplio, con familias y entidades de la comunidad educativa, es la fórmula que han puesto sobre la mesa algunos sindicatos e incluso el Govern para salir del actual callejón sin salida. Pero las partes no se ponen de acuerdo en quiénes deberían sentar a esa mesa. 

La consellera de Educación, Esther Niubó, planteó en una intervención en el Parlament crear un “nuevo canal” para encauzar las demandas docentes que superen el aspecto laboral. Por ejemplo, las que tienen que ver con las infraestructuras y el calor en las aulas o la reforma de los curríuculums. “El sistema necesita más capacidad de escucha”, declaró. 

Pero algunos sindicatos creen que la intención de Niubó es abordar las reivindicaciones docentes a través del Consejo de Educación de Catalunya. USTEC se opone porque incluye a la concertada. 

Aquí es donde emergen también las discrepancias entre los propios sindicatos, cuya unidad se fue resquebrajando a medida que avanzaban las huelgas. El primer acuerdo de la Generalitat con CCOO y UGT originó el primer cisma, y luego este se agravó con la firma del segundo pacto, más ambicioso que el primero: lo rubricó Professors de Secundària, pero no USTEC –que estaba a favor, pero acató el voto de la plantilla–, CGT ni Intersindical. 

Desde USTEC apuestan por un proceso de debate amplio, calendarizado y con documentos de trabajo, que incluya a docentes, alumnos, familias, etapas de Infantil y universidades, y personal de administración. Pero lo ciñen a la escuela pública. CGT, por ejemplo, está en principio acuerdo, pero añade que por parte de los sindicatos solo puede haber los del comité de huelga, y excluye por lo tanto a CCOO, UGT y a Professors de Secundaria. 

Estos últimos, que acabaron avalando el acuerdo, están a la expectativa, aunque prefieren negociaciones concretas antes que a procesos participativos con varios frentes. Además, ellos se oponen a consolidar modelos como el de la escuela inclusiva. “No nos movilizaremos con eslóganes poco concretos, con generalidades. Relacionamos las negociaciones con logros concretos”, afirman. 

Sea como sea, este nuevo escenario sin un horizonte claro por parte de los docentes va para largo. Durante las últimas concentraciones, las proclamas de sindicatos y de manifestantes amenazaban con movilizaciones en septiembre. Pero al mismo tiempo sindicatos como USTEC reconocen que ante el fracaso del último pacto deben tomar de nuevo el pulso de los claustros, conocer bien sus demandas, y esto no se podrá hacer durante el verano: en julio los centros están prácticamente vacíos. 

“No renunciamos a ningún espacio de lucha. Continuamos defendiendo las reivindicaciones del profesorado en la calle, en las mesas de negociación y en los centros educativos”, manifestaba Iolanda Segura, portavoz de USTEC, este viernes antes de entrar a la reunión de la mesa sectorial. 

El Departamento de Educación, mientras tanto, se abre a iniciar procesos participativos con la comunidad educativa, pero no a retomar una negociación sindical que da por cerrada con el acuerdo de mayo, que por ahora cuenta con el aval de CCOO, UGT y Professors de Secundària. En él se recoge la subida progresiva de salarios hasta los 450 euros al mes en 2029 (600 si se le suma el incremento estatal) y el refuerzo con más de 6.000 profesionales para la escuela inclusiva.

La ofensiva del Ayuntamiento de Barcelona contra las terrazas ilegales dejó una imagen insólita en 2022. Mientras varios turistas comían en unas mesas instaladas sin licencia en la calle Trinitat, en el céntrico barrio Gòtic, unos operarios municipales irrumpieron en la vía y retiraron el mobiliario ante la sorpresa de los comensales.

Cuatro años después, la considerada como la mayor terraza ilegal de Barcelona ha reaparecido. Los dueños del restaurante, el Avinyó 10, han vuelto a plantar en el angosto callejón las 20 mesas que dificultan el paso. Según adelantó La Vanguardia y han comprobado este diario, el establecimiento sigue sin contar con licencia para ello. 

Fuentes del distrito de Ciutat Vella aseguran que recientemente llevaron a cabo una inspección, constataron la falta de licencia y han abierto un procedimiento sancionador. “Este puede derivar en la retirada de la terraza”, precisan las fuentes municipales. 

Lo que exaspera a los vecinos es que hace años ya se abrió un expediente contra el mismo local, que culminó con el desmantelamiento de las mesas. “Debería ser el mismo expediente de la vez anterior y no tener que volver a empezar el procedimiento”, reclaman fuentes de la Associació de Veïns de Gòtic, incrédulos con que no se haya con mayor contundencia. 

La particularidad de esta terraza es que está ubicada en un callejón sin salida, un estrecho pasaje que incluso se cierra por las noches. Su única salida da a la calle Avinyó, una de las más transitadas del barrio Gòtic. Dentro de la calle no hay ningún portal que dé acceso a viviendas, solamente dos restaurantes –ambos del mismo dueño– y la salida trasera de la iglesia de Sant Jaumne. 

“Se han privatizado la calle”, resumen desde la Asociación de Vecinos del Gòtic. Ya el año pasado, añaden, intentaron reabrir la terraza en días puntuales. Pero este 2026 la tienen ya a diario, mañana, tarde y noche. “Los trámites van tan lentos que la sensación que da es que pagan las multas con la facturación”, añaden.

Este jueves a las 12:00 horas, las mesas ya estaban dispuestas a la espera de comensales, la gran mayoría turistas. Dentro del establecimiento, uno de los encargados ha atendido a elDiario.es y no ha desmentido que estén operando sin licencia. Simplemente se ha limitado a afirmar que no tienen quejas de vecinos. “No hay vecinos, aquí son todo pisos turísticos”, ha declarado.

El encargado ha descrito el callejón como “una calle de uso privado”, puesto que la pueden cerrar con una verja, y ha dejado claro que su intención es mantener la terraza. A falta de más detalles, este diario ha contactado por correo con el dueño, pero no ha obtenido por ahora respuesta. 

La extensión irregular de las terrazas es un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento desde hace años. Las infracciones más habituales suelen ser la instalación de más mesas de las permitidas, o su ubicación en lugares no validados. Lo que no es tan común es que un restaurante ponga sin autorización una veintena de mesas en la calle. 

Hace un año, en verano de 2025, el consistorio informó de que en los seis meses anteriores había detectado infracciones en 129 terrazas solo en Ciutat Vella. 17 de ellas directamente no tenían licencia. 

Barcelona va camino de triplicar la tasa que pagan los cruceristas que hacen escala en la ciudad, es decir, los que pasan menos de 12 horas de visita en la capital catalana. PSC, ERC y Comuns, que tienen mayoría en el Parlament de Catalunya, han llegado a un acuerdo para incrementar de 8 a 24 euros el límite del recargo municipal máximo que pueden imponer los ayuntamientos a los cruceristas. 

Si al recargo de 24 euros se le suman los seis euros del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET) que recauda la Generalitat, la conocida como tasa turística, lo que pagaría cada crucerista podría ascender a 30 euros. 

La demanda de subir esta tasa nace del Ayuntamiento de Barcelona, donde ya existe la entente entre las tres fuerzas de izquierdas para aprobarlo de cara a 2027 (aunque habrá que negociar cómo). A pesar de la voluntad de eliminar terminales de cruceros en el futuro, la cifra de estos visitantes no para de crecer y en 2025 alcanzó un nuevo récord: 3,99 millones de pasajeros que atracaron en la ciudad. 

El alcalde Jaume Collboni anunció en mayo en una entrevista en el diario Ara que tenía intención de triplicar la tasa a los cruceristas que hacen escala en la ciudad, un perfil de turistas que defiende que hay que reducir para evitar la masificación. 

Unas semanas después, los Comuns anunciaron este lunes que iban a registrar una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2026 –acordados por el Govern de Illa con ellos y ERC– para incluir el aumento de este umbral impositivo. Finalmente, la enmienda se ha acordado con ERC y con el PSC, que también tienen intención de avalar este miércoles en la comisión de Economía del Ayuntamiento la subida hasta los 24 euros. 

Los Comuns piden a Collboni que se aplique “cuanto antes mejor” el incremento del recargo, en palabras de su portavoz en el Parlament, David Cid, pero antes habrá que negociar si se aplica de golpe o de forma progresiva, como se decidió con el aumento de la tasa turística en la ciudad. Sea como sea, no será posible antes de 2027, puesto que la medida se debe incluir en unas nuevas ordenanzas fiscales. 

Desde ERC, este lunes anunciaron también su intención de aumentar el recargo y añadieron que con su recaudación, que añadiría 20 millones a las arcas municipales, podrían bonificar en un 50% los comedores escolares de todos los barceloneses. 

El Gobierno municipal ha enmarcado el aumento de la fiscalidad dentro de la otra gran medida con la que buscan reducir los cruceristas, que es la eliminación de siete a cinco las terminales previstas en la ciudad en 2030. “Esta iniciativa la siguen otras ciudades portuarias como Venecia o Dubrovnik, que es la necesidad de tener más control sobre la actividad de cruceros dentro de la ciudad”, ha manifestado Jordi Valls, teniente de alcaldía de Barcelona, en una comparecencia en el Parlament.

Si la educación y la sanidad son dos pilares del estado del bienestar, y la sociedad española asume que deben estar garantizados para todos los ciudadanos, ¿por qué no sucede lo mismo con la alimentación? Con unos niveles de pobreza que impiden a cientos de miles de personas el acceso a una dieta saludable, ¿deben ir las administraciones más allá de las tarjetas monedero y las ayudas de entidades sociales? 

Estas son algunas de las ideas detrás de la primera iniciativa en España para promover una prestación universal alimentaria. El informe Aproximación macroeconómica a la Seguridad Social de la Alimentación en el Estado español, presentado este martes, plantea una ayuda de 150 euros al mes para toda la ciudadanía (75 euros para los menores de 25 años dependientes) para costear productos de frescos, de temporada y de proximidad. 

La propuesta nace de la cooperativa catalana El Pa Sencer, vinculada a la agricultura ecológica y la economía solidaria, y el estudio económico lo elabora el Seminari d’Economia Crítica Taifa. “El derecho a una alimentación saludable y suficiente debe ser considerado como un elemento político de justicia”, defiende Francisco Navarro, profesor de Economía en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y uno de los autores del informe. 

A lo largo de los últimos años, países como Bélgica y sobre todo Francia han debatido sobre modelos parecidos. Sobre todo en el país galo, donde se llegó a tramitar en la Asamblea Nacional, a raíz de la propuesta de un diputado ecologista, una ley para permitir proyectos piloto en el territorio sobre una Seguridad Social de la Alimentación (SSA). 

Una de las ciudades donde se está haciendo la prueba es en Montpellier, a través de una Caja Alimentaria Común. Con unas 300 personas desde sus inicios en 2023, el sistema funciona con cotizaciones (en función de los ingresos) que derivan en una prestación que los beneficiarios pueden gastar en determinados comercios alimentarios. Esos locales los selecciona una suerte de consejo ciudadano. 

“En Francia se ha debatido un modelo como el de la Seguridad Social, que funciona a partir de contribuciones, mientras que en España podrían ser a través de los presupuestos generales del Estado, igual que la educación”, sostiene Navarro. 

Con la propuesta de los 150 euros al mes, la más ambiciosa dentro de una serie de escenarios que analiza el estudio, el coste para las arcas públicas sería de 76.800 millones de euros, un 4,7% del PIB. Superior al gasto educativo e inferior al de sanidad. 

Los autores del informe estiman que una parte de ese presupuesto alimentario saldría de una mayor recaudación neta, de unos 13.300 millones, debido al impulso económico a sectores como el primario, con la generación de unos 443.000 nuevos puestos de trabajo. El resto se cubriría mediante impuestos, para lo que el estudio plantea una serie de propuestas “orientativas” que incluyen el IRPF y el aumento de la recaudación de las rentas del capital, los impuestos de Sociedades y Patrimonio, o la eliminación de tipos reducidos en el IVA de productos no esenciales. 

“Es una medida muy potente y es necesario estudiar cómo se pagaría, pero estamos hablando de alimentación, mientras que la OTAN plantea llegar al 5% de gasto militar en 2035 y aquí nadie se plantea cómo se costearía”, compara Navarro. 

Más allá de la prestación de 150 euros, calculada para acercarse al 80% del gasto medio por persona en alimentación en el hogar, el objetivo de esta política pública persigue eliminar la pobreza alimentaria y transformar el modelo económico y agrario relacionado con nuestra cesta de la compra. “El modelo actual es ampliamente ineficiente, insostenible social y ecológicamente, y desarticula el territorio porque ayuda a la despoblación”, señala Navarro. “Necesitamos una política que unifique las transiciones hacia el modelo contrario”. 

La renta alimentaria estaría diseñada, según su propuesta, para consumir solo en establecimientos o productos que sean de proximidad, saludables o incluso ecológicos. Esto, añaden, se podría debatir en consejos ciudadanos o territoriales, y no debería excluir las importaciones necesariamente. De esta forma, ganaría peso un modelo agrario con menos emisiones de CO2 y menos costes de salud asociados.

Las altas temperaturas aprietan cada vez con más fuerza y llegan antes a los centros educativos. En el último mes, las aulas del Instituto Margarida Xirgu, de L’Hospitalet de Llobregat, han superado durante diez días los 27 grados de media a lo largo de la jornada —el máximo que fija la normativa para entornos laborales—. Si se atiende a los picos de calor, el umbral se ha rebasado casi a diario.

“A 27 grados puedes dar clase, pero a 34 o 35, que es a lo que hemos llegado, los alumnos se quejan, no están concentrados y se generan problemas de convivencia”, describe Gorka Marchal, tutor de Primero de la ESO de este centro. 

Este docente es el responsable del sistema de sensores que monitorizan las temperaturas en su centro. Como el Margarida Xirgu, ya son 270 las escuelas e institutos que se han organizado para medir y denunciar cómo el calor supera los límites establecidos por normativa. Lo más llamativo es que el método que han ideado para hacerlo requiere emplear los kits de robótica que la Generalitat distribuyó a los institutos hace unos años. 

“Es pura poesía, es un ejemplo de creatividad”, celebra Marchal. El resultado de esta iniciativa es Aules que cremen (aulas que queman), una plataforma que en su web recoge en directo las condiciones térmicas de todos centros que participan. La campaña pretende demostrar, con datos verificables, cómo la falta de climatización deja a menudo a las escuelas con temperaturas por encima de los 30 o incluso los 35 grados. 

Con olas de calor cada vez más alejadas del verano, ya en mayo o septiembre, los docentes aguardan unos planes de climatización de la Administración que no acaban de llegar. Educación ha instalado en los últimos cursos algunos aires acondicionados en espacios comunes, pero para las aulas solo ha mandado una cifra insuficiente de ventiladores. Este curso se destinan 20 millones para instalar ventiladores de techo en 500 centros, además de los 100 millones contemplados en el pacto de Presupuestos con ERC para climatizar otros 100 centros. 

Pero los equipamientos educativos, entre escuelas e institutos, ascienden a 2.530 en Catalunya. Y el 50% son edificaciones anteriores a 1960. 

El 'kit' al servicio de la denuncia

Pau Sánchez, profesor en Secundaria en un instituto barcelonés, es el padre de Aules que cremen, coordinado ahora por un grupo de media docena de docentes de Tecnología. A mediados de marzo, mientras leía en un centro médico un cartel sobre condiciones de confort térmico, se le encendió la bombilla. “¿Y si utilizo los kits de robótica que uso en Bachillerato para denunciar esta situación?”, se dijo. 

Con las placas electrónicas ESP32 STEAMakers que les envió con los fondos europeos el Departament, y con las que enseña robótica a sus pupilos, Sánchez ideó el sistema. Conectada la placa con unos sensores que distribuyó en distintos puntos de su centro, empezó a enviar los datos casi al minuto al servidor. Así arrancó un proyecto que ha enrolado a 281 centros que emplean a su vez 605 dispositivos esparcidos por aulas, talleres y bibliotecas.

“Además de mostrar la realidad de las aulas, es un ejercicio de derechos laborales en un entorno de trabajo; cualquier profesor puede emplear esos datos para acudir a la Inspección de Trabajo o a la Administración”, defiende Sánchez. 

Como los recursos pedagógicos de robótica de este tipo solo se enviaron a institutos, los centros de Primaria que se han sumado a la iniciativa lo han hecho comprando las placas por su cuenta. Así lo hicieron en la escuela Sant Josep de Calassanç de Lleida. “Estaba tan cabreada con este asunto que vi el proyecto y fui a comprar el dispositivo de mi bolsillo”, explica la jefa de estudios del centro, Pili Trenado.

“El año pasado vinieron de riesgos laborales a comprobar las temperaturas, pero justo ese día no hacía tanto calor. Así, cuando me vuelvan a decir que solo llegamos a 30 grados, mostraré el registro”, afirma.

Supervivencia y mareos

Las consecuencias del calor en unas aulas que nunca han estado climatizadas preocupan desde siempre a docentes y alumnos. El problema es que, a raíz de la emergencia climática, las olas de calor no solo golpean a los centros los últimos días de clase en junio, sino también en mayo y en septiembre.

“Es un momento de supervivencia; como docente, no he vivido nunca una situación tan desagradable. No te puedes ir, pero tampoco puedes estar dando clase. Se supone que debes hacerlo, pero parece que a nadie le importa”, se lamenta Sánchez. “Los mareos son habituales y hay alumnos que tienen que abandonar la clase”, relata. 

Con escasos ventiladores de pie repartidos por algunas aulas –nunca llega para todas– es ya normal en muchos institutos que cada alumno tenga su pequeño ventilador de mano en el pupitre. 

Algunos sindicatos defienden que si las temperaturas superan los 27 grados, hay que parar la actividad lectiva. Pero no es tan sencillo. Los centros no pueden mandar a casa a los alumnos. El instituto Margarida Xirgu lo hizo hace un año, en plena ola de calor, pero la Inspección educativa les advirtió que es una falta grave, ya que en ese horario son responsables de la guardia y custodia de los menores. 

“Este curso hemos pedido autorización a las familias y el 80% la firmaron”, señala Marchal. El viernes 29 de mayo, con una máxima que superó los 34 grados, enviaron a casa a los que tenían aval familiar. 

El día a día en el Instituto Margarida Xirgu, considerado de “máxima complejidad” –con elevados niveles de pobreza e inmigración–, ya es de por sí complicado. Pero el calor sofocante no hace más que dificultar la tarea docente.

“Los docentes somos funcionarios, deberíamos tener las mismas condiciones laborales de climatización que todos los demás, es algo que duele”, se lamenta Trenado. En su escuela pública de Lleida no tienen sistemas de ventilación ni aire acondicionado en ningún espacio, apenas nueve ventiladores de pie (de los cuales pagaron cinco con los gastos de centro). 

“Yo invito a la gente a que en su puesto de trabajo apague el aire acondicionado y se ponga un día entero a trabajar con ese ambiente, y luego que piense en cómo lo haría junto a 30 adolescentes”, argumenta Sánchez. “Lo que nos dice esta situación es que la población que habita los centros educativos es la que no puede votar”, zanja el promotor de Aules que cremen.

El joven futbolista Alberto Edjogo-Owono estaba pegado al televisor la noche del 25 de febrero de 2006. El Zaragoza recibía al Barça en La Romareda cuando el partido se detuvo de repente. Se armó revuelo y las cámaras enfocaron a un Samuel Eto’o fuera de sí, haciendo aspavientos y gritando “¡no más!” mientras amagaba con abandonar el terreno de juego, harto de los insultos racistas que le llegaban desde la grada.

Edjogo-Owono, hoy comentarista de fútbol en DAZN, a punto para retransmitir el Mundial 2026, recuerda cómo se levantó entonces del sofá al presenciar la escena. “Soy una persona sosegada, pero aquel día la sangre me hervía casi como nunca”, rememora. “Fue impactante ver por primera vez a un jugador que se plantaba, que decía alto y claro que no tenía por qué soportar esas vejaciones”, afirma. 

Han pasado dos décadas desde aquel episodio, convertido en punto de inflexión en la persecución del racismo en el fútbol español. La legislación se ha endurecido, los protocolos son más estrictos y los futbolistas se sienten hoy más respaldados para detener, o incluso abandonar, un partido —aquel día, de hecho, Eto’o fue persuadido para seguir jugando—. Sin embargo, el racismo sigue enquistado en parte de las gradas, desde las más modestas canchas de barrio hasta las que atraen todos los focos en Mundiales y Eurocopas.

Así lo sostiene Edjogo-Owono en Heridas en la piel. Fútbol, racismo e identidad (geoPlaneta), un recorrido por décadas de discriminación sufrida por los futbolistas racializados desde que irrumpieron en los campos españoles. Desde el ladrillazo que se llevó en 1951 Lari Ben Barek, estrella marroquí del Atlético de Madrid, por parte de un aficionado del Sevilla, hasta los insultos vertidos en los últimos años contra Vinicius Jr. o los hermanos Iñaki y Nico Williams. 

Ni siquiera el fútbol de selecciones, que enfrenta alrededor de un balón a países de todo el mundo, está exento de esta lacra. “Los partidos del Mundial se viven más como una fiesta, como un evento alejado de rivalidades del día a día”, arranca Edjogo-Owono, “lo que hace quizás hace que haya un punto menos de episodios racistas”. Pero los hay, añade. 

Basta remontarse al último Mundial, el de Qatar 2022. Nada menos que la vencedora, Argentina, vio como algunas de sus estrellas proferían cánticos racistas contra Francia tras ganar la final. “Juegan con Francia, vienen de Angola…”, arrancaba la canción por la que jugadores como Enzo Fernández tuvieron que pedir disculpas.

“Aludían al origen africano de muchos jugadores franceses, pero solo hace falta ver el apellido de los argentinos para constatar que también descienden de inmigrantes, aunque blancos y caucásicos”, recuerda el autor del libro. 

El menosprecio hacia los hijos de la inmigración tiene capítulo aparte en Heridas en la piel. Es una forma de racismo menos explícita que los insultos y suele emerger en época de Mundiales y Eurocopas. 

El caso más paradigmático se vivió en Francia con la selección campeona del Mundial en 1998, repleta de futbolistas nacidos en excolonias africanas o descendientes de recién llegados al país. Aquello dio para un debate nacional, alimentado por la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen, hasta que un marsellés hijo de argelinos, Zinedine Zidane, llevó a la gloria a la selección anfitriona tras ganar la final frente a Brasil.  

Este mismo discurso pareció aflorar en España con la consolidación en la Eurocopa de 2024 de Lamine Yamal —de padre marroquí y madre guineana— y Nico Williams —de padres ghaneses— como estrellas del equipo. 

Edjogo-Owono visitó Rocafonda, el barrio de Lamine, y entrevistó largo y tendido al astro del Barça en Lamine Yamal Decoded, para DAZN. “Nos decían a Nico y a mí que no éramos españoles y a Laporte y Le Normand [franceses nacionalizados] que sí”, se lamentaba el delantero, que reconoció que desde entonces presta menos atención a redes sociales. 

“Si una persona francesa naturalizada te representa más como español que unos chavales nacidos y criados aquí”, abunda Edjogo-Owono, “entonces ya tienes la respuesta: lo que te molesta es su piel oscura”. 

Con todo y a pesar de polémicas xenófobas, Francia, en 1998, y España, en 2024, ganaron. Pero es en la derrota cuando emergen los peores casos de discriminación hacia los futbolistas del propio país. Los insultos racistas a Marcus Rashford y otros compañeros tras fallar en la final de la Eurocopa de 2021 obligaron a intervenir al presidente Boris Johnson; Mesut Özil, estrella de Alemania de ascendencia turca, acabó por dejar la selección por las muestras de racismo tras ser eliminados en el Mundial de 2018. “Soy alemán cuando ganamos, pero inmigrante cuando perdemos”, se lamentó. 

Jóvenes que no se atreven a denunciar

La rebelión de Eto’o que recuerda Edjogo-Owono en su libro propició la aprobación de una ley contra la violencia y la xenofobia, en 2007, sobre la que descansan las actuales sanciones a los clubs. Para Edjogo-Owono supuso también un antes y un después personal. Le dio que pensar: si una estrella, el mejor delantero del mundo, no escapaba a ese trato vejatorio, ¿qué no ocurriría con los demás futbolistas africanos, latinoamericanos, asiáticos…?

Y no solo eso. “¿Si son capaces de atacar a la parte más alta de la pirámide, a alguien tan privilegiado como Eto’o, qué pasa con la gente inmigrante que tiene que alquilar un piso, o que tiene que esconder su acento en una entrevista de trabajo, o la foto en el currículum?”, se pregunta. 

Nacido en Sabadell, de madre española y padre guineano, Edjogo-Owono creció como canterano del RCD Espanyol, y desempeñó su carrera entre equipos catalanes modestos y la selección de fútbol de Guinea Ecuatorial. Su periplo por los terrenos de juego, lejos de los grandes focos, tampoco estuvo exento de racismo. El primer insulto que recibió, recuerda, fue de un compañero de equipo en la categoría alevín, que durante un entreno le llamó “negro zumbón”. 

Edjogo-Owono reconoce que ese día no levantó la voz, y cuenta por qué es tan difícil que lo hagan todavía hoy los niños y niñas que buscan su sitio en las categorías inferiores de clubs de élite. “En las canteras se da por sentado que si no eres capaz de resistir a los contratiempos, no estás preparado para el máximo nivel”, argumenta. “La dinámica es de no mostrar nunca debilidad”, continúa.

Esta inercia, afirma Edjogo-Owono, llega hasta nuestros días y también cala entre los jugadores adultos. “Los jugadores insultados no saben cómo reaccionará su entrenador o el árbitro, y no quieren aparecer como incómodos o conflictivos, es injusto”, afirma. 

Mejoras que no acaban con el racismo

Desde los micrófonos de DAZN, a Edjogo-Owono le ha tocado salir al paso de insultos como los que recibió en Mestalla Vinícius Jr., un jugador que sí ha optado por hacer visible el racismo que sufre, justificado por algunos por su carácter provocativo ante la grada. 

“Si hay un jugador que crees que tiene una actitud antideportiva, le puedes abuchear o silbar, pero si te metes con su color de piel, estaremos de acuerdo en que eres un racista”, concluye.

El caso de Mestalla derivó en una de las primeras condenas penales por delito contra la integridad moral y odio (ocho meses de cárcel para sus protagonistas y dos años vetados en el estadio). Ha habido otras, también por insultos al delantero madridista en Valladolid, contra Iñaki Williams en el RCD Stadium del Espanyol, o a Marcus Rashford en Oviedo. 

En los últimos años han sido numerosos los estadios que han recibido multas económicas —aunque moderadas— y cierres parciales de la grada por la xenofobia de sus aficionados. 

Edjogo-Owono valora el progreso, y reconoce que los episodios más graves de décadas atrás es complicado que se repitan. En los 90 y 2000 los cánticos racistas estaban más que normalizados entre los ultras. Lo reconocen en el libro jugadores de la época como el exportero camerunés del Espanyol, Carlos Kameni. 

Wilfred Agbonavbare, portero del Rayo Vallecano en los 90, tuvo que aguantar bajo palos en el Santiago Bernabéu mientras le gritaban “Ku Klux Klan” o “negro, cabrón, recoge el algodón”. No quiso el futbolista nigeriano dar importancia a lo ocurrido, ni aquel día ni en otros similares, y su caso tiene también un reverso amable: el cariño que recibió por parte de su afición. En el barrio de Vallecas, constata el libro, los futbolines conservan a día de hoy los porteros con el rostro negro en homenaje al portero fallecido de cáncer en 2015. 

“Hay escenas de hace 25 o 30 años que hoy serían impensables, o que si suceden tienen ahora consecuencia directa”, celebra el exfutbolista de Sabadell. Pero añade la parte de crítica. “Si ahora sabemos que está mal, ¿cómo puede ser que siga ocurriendo? ¿No es peor?”, se cuestiona.