Mar Mas, presidenta de la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP), ha estado en el Parlamento de Andalucía, que ha hecho suya la exigencia de que se eliminen las cláusulas anti embarazo que muchas federaciones deportivas y clubes obligan a firmar a las deportistas. La proposición no de ley, presentada por Podemos, ha sido aprobada por unanimidad, y Mar Mas lo considera un paso importante, si bien subraya que es sólo uno más de los muchos ejemplos de discriminación que las mujeres sufren en el deporte.

¿Por qué hay deportistas que todavía firman esas cláusulas que son ilegales?

Una empleada tiene una herramienta jurídica para defenderse, por ejemplo el Estatuto de los Trabajadores. Porque tiene un contrato, pero la mayoría de las deportistas no están en esta situación, especialmente en los clubes. No hay patronales ni sindicatos a los que puedan agarrarse. Todo es demasiado amateur en el deporte. La edad de procreación coincide bastante con deportiva, por lo que se juegan o su carrera o su vida familiar. 

Las que no lo hacen se enfrentan a situaciones heroicas, como se vio con Blanca Manchón...situaciones heroicas, como se vio con Blanca Manchón...

Blanca Manchón se quedó sin todos los patrocinadores cuando decidió ser madre y la federación deportiva no la protegió. Perdió 40.000 euros en patrocinios, y el Consejo Superior de Deportes (CSD) no le dio ni 3.000 euros como ayuda.

Entonces, ¿el problema de fondo es la falta de profesionalización?

Las mujeres no tienen contrato porque no existe una legislación que permita ligas profesionales femenina y masculina. Esto no sólo se ve con el tema de la maternidad, sino también con las lesiones, que en la mayoría de los casos suponen el fin de su carrera. Un futbolista de tercera por ejemplo, con lesión de ligamento, está cubierto. Y son nueve meses. Lo que dura un embarazo. 

¿Y esto ocurre también en deportes tan profesionalizados como el fútbol?

En Andalucía, en la temporada 2016/2017, sólo tenemos cinco licencias profesionales de fútbol femenino y 705 en el masculino. Teniendo en cuenta que hay un Betis y un Sevilla en primera división, no me salen los números. Si mandas una inspección de trabajo, ¿qué te vas a encontrar? También quiero subrayar que, en general, en la mayoría de los deportes el nivel de precariedad de los clubes es enorme, y eso hay que tenerlo presente. No queremos demonizar a los clubes, sino que tengan todas las garantías para que las deportistas a su vez las puedan disfrutar.

¿Es ésta una de sus principales exigencias para la reforma de la Ley del Deporte?

Si la Ley de Igualdad se aplicara a la legislación deportiva, ya se podrían mejorar muchas cosas. Lo primero es que se apliquen las leyes en vigor. Luego, claro que hace falta una nueva Ley del Deporte, porque es de 1990 y está absolutamente obsoleta. No incluye cuestiones como la mencionada de una liga profesional femenina, porque por ley sólo puede existir una, y ya está la masculina. Pero en realidad queremos que toda la ley tenga una perspectiva de género. Por ejemplo, que Loterías y Apuestas del Estado no se limite a fútbol masculino. ¿Por qué no se puede abrir una quiniela a otros deportes y a competiciones femeninas? O que se apueste por las presidencias mixtas en las federaciones deportivas.

En la nueva Ley del Deporte de Andalucía, todavía pendiente de desarrollo, se ha incluido la obligación de que las juntas directivas de las federaciones deportistas tengan una presencia de mujeres proporcional a las federadas. ¿No es suficiente?

Dentro de las violencias contra la mujer, hay una que es negarle la capacidad de promocionarse, y eso va contra la Ley de la Igualdad. Tenemos tres presidentas de federaciones deportivas nacionales y alguna más en las autonómicas. Forma parte de la idiosincrasia de las federaciones deportivas. Son mundos muy cerrados y muy masculinizados. Creemos que la apuesta por las presidencias mixtas es la única manera de subir el número de licencias de mujeres. Que todas las que quieren profesionalizarse puedan hacerlo. Federaciones deportivas sólo copadas por hombres hacen las cosas para ellos.

¿Qué les parece el proceso de consulta pública que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha abierto para modificar la ley?proceso de consulta pública

El Gobierno del PSOE tuvo una intención de Ley del Deporte que se quedó en un cajón. Luego el del PP no ha hecho nada todos estos años, y ahora el CSD, deprisa y corriendo porque se acaba la legislatura y no tienen nada, ha sacado la  consulta pública y dicen en la convocatoria que es porque la ley es tan antigua y necesita una reforma tan profunda que no les da tiempo. Pero ¡qué me estás contando! Es tu trabajo. 

¿Hay mecanismos entretanto para avanzar en la igualdad?

Claro. Por ejemplo, hay una Ley de Igualdad que impediría la estructura actual de las federaciones deportivas. No queremos hacer muchas más leyes, si luego no tenemos los mecanismos para que se apliquen. Hay compañeras como Fátima Reyes que lleva 35 años montada en un barco y no tiene un día cotizado, aunque ha ido a trabajar por la Marca España. 

¿Cree que las federaciones deportivas no están cumpliendo pues con esas obligaciones legales?

El tejido federativo en este país, como lo advirtió el Tribunal de Cuentas tras un estudio de tres años, tiene una especie de bendición de cómo acatar la ley: funcionan como organismos públicos, pero son entidades privadas y la obligación de transparencia y rendición de cuentas no se cumple. La mitad están en quiebra técnica y nadie hace nada. El CSD que debe ser el garante, no hace nada. Está permitiendo las malas prácticas. Hay que acusarle de permitir todo lo que está pasando.

¿Es el CSD, pues, cómplice de esta discriminación de la mujer?

Tenemos casos brutales. Bistuer, por ejemplo, que lo ganó todo en taekwondo, y cuando fue invitada la gala europea donde se la iba a premiar, el presidente de su federación deportiva ni la avisó, la excusa que era agosto y no tenían su teléfono. Dos años después ella sigue sin su premio ¿Ha hecho algo el CSD?

Son también muy críticas en la AMDP con el reparto de los espacios televisivos públicos, ¿por qué?

Todo lo que sale en TVE es deporte masculino, apenas un 1% de femenino. Es un espacio radiotelevisivo que pagamos todos con nuestros impuestos, y queremos que emita en un 50% deporte masculino y femenino, y no sólo fútbol. Hay una máxima que dice que sólo cuidamos lo que conocemos y tenemos cerca. El deporte es un gran resonante social en el que mucha gente se siente identificada y lo practica. Funciona como catalizador para un cambio social. Cada euro que se invierte en deporte ahorras tres en sanidad. 

¿Se le exige mucho más a las deportistas para llegar a ocupar esos espacios de visibilidad?

Efectivamente, y tenemos ya demasiada carrera detrás como para seguir siendo “la primera mujer deportista que...” o “la primera árbitra que...”. Se acabó la primera, queremos el 50% de todo. Hay que apostar por políticas mucho más audaces y que sobre todo se aplique la ley. No podemos seguir consintiendo que todo el tejido deportivo en este país esté en una situación de precariedad como la que tenemos. 

¿Perjudica en esta pelea por la igualdad en los espacios radiotelevisivos que  haya una hegemonía del fútbol?

También. Pese a la cantidad de deportes y los éxitos en todas las disciplinas, sólo vemos el careto de Ronaldo todos los días en la televisión. Y cuando no es el de Ronaldo, es el de Messi. Una campaña en prime time en televisión cuesta 700.000 euros por unos segundos. En TVE vemos a diario 25 minutos dedicados al fútbol, casi íntegramente y gratis. Le hacemos la campaña gratis al Real Madrid o al Barça. Yo quiero ver a Mireia Belmonte, a Carolina Marín…

Precisamente, Carolina Marín estuvo en el foco de una de las batallas del CSD donde perdieron las mujeres...

Lo primero que hay que decir es que Carolina Marín se fue fuera porque aquí no se gana dinero con el deporte si eres mujer. Cuando estaba Ana Muñoz en el CSD se peleó para que pudiera ser dueña de sus derechos de imagen. Las federaciones deportivas no pueden ser dueñas de los derechos de imagen. Si el deportista tiene que buscarse la vida, tiene que ser dueño de sus derechos de imagen. Esta pelea a favor de Carolina Marín terminó con Ana Muñoz dimitiendo.

Ha generado un efecto rebote la apuesta por eliminar las mujeres floreros de los eventos deportivos, con jóvenes que han dicho que a ellas les gusta hacerlo. ¿Qué opina?

Nosotros no estamos en contra de que haya azafatas. Lo que no compartimos es que la mujer se use como objeto sexual. ¿Por qué sólo mujeres, jóvenes y guapas y no hombres, mujeres de todas las edades, gente con algún tipo de discapacidad? Vale, quitan a las mujeres florero de la GP pero la pregunta es ¿y por qué no pueden correr? Tenemos un equipo increíble en GP. O en superenduro por ejemplo: Sandra Gómez Cantero gana el Campeonato del Mundo y tiene el título pero se encuentra con que para las mujeres han eliminado el premio en metálico, que éste es sólo es para hombres… ¿Y monta en indignación el CSD o algo? Nada. Pero hay otras formas de tratar a las mujeres como floreros en el deporte.

¿Por ejemplo?

Una atleta arrasa y hay más de 20 técnicos de la federación deportiva de turno que se hacen la foto con ella, y cuando va a salir del hotel viene un señor de dentro y le reclaman el pago de la habitación. Los 600 euros que ha ganado por la medalla los tiene que soltar, y todos los de la foto se ha esfumado.

¿Se denuncia suficientemente el acoso sexual que pueda darse en el deporte como otra de las formas de violencia contra la mujer?

El acoso existe. Como en todos los sectores de la sociedad. Se está haciendo a nivel europeo un estudio y vamos a participar en las resoluciones. Hemos abierto una comisión de trabajo para poder canalizar todas las denuncias. Pero si no existe un marco que nos proteja, sólo podemos hacer ruido. Hasta hace poco todo el tema del acoso se ocultaba, como los despidos por quedarse embarazada o lesionarse. 

¿Falta cierta complicidad pues de los ídolos deportivos masculinos?

¿Cierta? Llevan años viendo a sus compañeras sin las mismas dietas, sin el mismo tratamiento médico, y ¿en qué están pensando? Hay que implicarles y que se muevan. No veo a ningún futbolista sorprendido y denunciando la situación de las deportistas. Nos hacen falta más Roger Federer o Andy Murray [en referencia a estos tenistas que han corregido deslices sexistas hacia sus compañeras]. 

Una confluencia entre Podemos e IU les permitiría atraer un 14,1% de votos del PSOE si hoy se celebraran elecciones autonómicas en Andalucía, según revela una encuesta encargada por el primer partido y que, en cualquier caso, igual que sondeos previos, vuelve a dar como ganadores a los socialistas, con opción de volver a pactar con C's, que ratifica su ascenso mientras el desplome del PP impediría una coalición de gobierno de la derecha.

Se trata de una encuesta realizada por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada para Podemos, con 3.200 entrevistas efectuadas entre el 25 de enero y el 7 de marzo, como ha adelantado elindependiente.com. Precisamente, el sondeo lo ha dirigido Ángel Cazorla, del equipo del Centro de Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), dependiente de la misma institución y que cada año publica el Estudio General de la Opinión Pública de Andalucía (Egopa), considerado el CIS de la comunidad autónoma, y que en las últimas ediciones se ha limitado a una muestra de 1.200 por falta de presupuesto.

Podemos ha puesto estos datos sobre la mesa en los contactos que mantiene con IU para la construcción de la confluencia, una idea en la que el líder de la coalición de izquierdas en Andalucía, Antonio Maíllo, ha mostrado siempre más premura, dando como último plazo un mes para hacerla realidad, si bien esto se ha precedido de otras fechas límites, como finales de 2017 o en la Semana Santa de 2018.

No obstante, del cruce de intención de voto y posible apoyo a una confluencia de Podemos e IU se observa que mientras que hay aceptación por parte de los votantes de los primeros, con únicamente un 3% que les retirarían su confianza, en la coalición de izquierdas ese porcentaje de rechazo se eleva a un 22,3%. En un documento interno elaborado a raíz de los resultados de este sondeo, Podemos valora esta posibilidad y lo atribuye a “una tradición de IU más arraigada” en Andalucía. Entre otras cosas, porque “los que dejarían de votar a la confluencia sería por un rechazo a Podemos como tal”.

Por otro lado, en ese mismo documento, Podemos apuesta por iniciar “una línea de trabajo prioritaria para seguir potenciando la figura pública de Teresa Rodríguez”, su líder en Andalucía, y la posibilidad de complementar su figura con otras -y no precisamente Pablo Iglesias- que “apuntalen en determinados flancos”, debido a que la encuesta también le da, por ejemplo, un mal grado de conocimiento.

En este sentido, uno de los aspectos más llamativos de la encuesta es en cuanto a conocimiento de los cinco líderes de partidos con representación en el Parlamento de Andalucía porque no responde a los resultados de sondeos previos. De este modo, si bien ratifica lo revelado por otros estudios cuando coloca a Susana Díaz como la más popular, con un nivel de conocimiento del 96,7%, y en el último puesto a Juan Marín (37,4%), en segunda posición sitúa a Antonio Maíllo (51,7%), por delante del líder del PP, Juan Manuel Moreno, y de la propia Teresa Rodríguez, quien hasta el momento se había revelado casi tan popular como la líder del PSOE.

El declive de la marca de Pablo Iglesias

Es más, pese a que es habitual que el menos conocido sea el más valorado, como nuevamente le ocurre a Juan Marín con un 4,68, en el caso de Antonio Maíllo consigue mantenerse segundo en el ranking también en puntuación por parte de los ciudadanos, con un 4,58. En cambio, Teresa Rodríguez está a la cola, con un 4,28, si bien es la más valorada entre los suyos, por delante incluso de los referentes nacionales de Podemos e IU. Entre éstos, el más conocido es Pablo Iglesias, seguido por Íñigo Errejón y Alberto Garzón, mientras que por detrás se sitúan, por este orden, Pablo Echenique, Irene Montero y el alcalde de Cádiz, José María González Kichi. Entre ellos, el más valorado es Alberto Garzón, con un 4,04, y el peor, Pablo Iglesias, con un 2,85. Es más, los votantes de Podemos puntúan mejor a Alberto Garzón que a los otros referentes de la fuerza liderada por Pablo Iglesias. Esto da alas a la coalición de izquierda que insiste en negociar de tú a tú con Podemos convencida del lastre que puede ser la figura de Pablo Iglesias.

De todas maneras, pese a ese menor nivel de conocimiento y peor puntuación de Teresa Rodríguez, el 49,3% de los entrevistados la quiere como líder de una posible confluencia Podemos-IU, frente a un 20,1% que apostaría por Antonio Maíllo y un 9,6% que se decanta por otra persona.

Con este panorama Podemos e IU trabajan para construir una confluencia de cara a los que serán los primeros comicios en el calendario, en marzo de 2019 o antes si se produce un adelanto que de todas maneras sería sólo técnico. La estimación de voto que revela este estudio para unas elecciones autonómicas repite los pronósticos de otros sondeos que le han precedido, incluido el citado Egopa. De este modo, se impondría el PSOE, con un 32,29% de los votos y por tanto una caída de unos tres puntos con respecto a 2015; seguido por el PP, que a su vez perdería cinco puntos y obtendría un 20,78%; C's, que con un 17,53 subiría casi ocho puntos y le pisaría los talones a los populares; Podemos, que pasaría a ser cuarta fuerza en el arco parlamentario con un 13,81%; e IU, que contendría su descenso para situarse en un 6,85%, prácticamente igual.

Traducidos a escaños quedaría como sigue: el PSOE, con 39 (ocho menos); el PP, con 28 (-5); C's, con 19 (+10); Podemos, con 17 (+2); e IU con 6 (+1). Esto significa que Podemos e IU sumarían y defenderían la tercera plaza para la izquierda en igualdad de condiciones para negociar un posible pacto de gobierno con los más votados. En cambio a Juan Manuel Moreno, que tiene puestas todas sus esperanzas de poder llegar a San Telmo en el auge de C's, no le saldrían las cuentas para gobernar con Juan Marín porque no suman mayoría absoluta.

¿Y cómo quieren los electores que se configure la coalición de gobierno en vista de que se augura de nuevo una fragmentación? Por esto también pregunta la encuesta. Es la coalición de gobierno PSOE-C's, la preferida (23,4%) incluso más que una PP-C's (16,9%). En cambio, sólo 36,3% está “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” con una coalición de gobierno entre el PSOE y Podemos, que son menos de los que están “nada de acuerdo” (36,6%).

Los de Albert Rivera continúan imparables

El sondeo ratifica, por otra parte, que los de Albert Rivera, que son los que generan más simpatías entre los encuestados, siguen en la cresta de la ola. De hecho, si se tiene en cuenta la intención de voto directa para las elecciones generales se impone C's, con 28,5%, muy por delante del PSOE (15,6%), PP (11,5%), Podemos (7,8%) e IU (3,0%). Esquema que se repite para las elecciones autonómicas: C's, con un 23,1%; PSOE, 18,9%; PP, con un 12,9%; Podemos, con 9,0%; e IU, con un 3,8%.

Comparando los resultados en intención directa de voto entre lo que obtienen los líderes nacionales y los regionales, y teniendo en cuenta que los candidatos no están decididos, también se pueden hacer otras lecturas, como que por ejemplo Juan Marín recibiría más respaldo que Albert Rivera; y Teresa Rodríguez, más que Pablo Iglesias; pero por el contrario, Susana Díaz, menos que Pedro Sánchez.

Las preocupaciones de Podemos y las de la gente

Por otro lado, en el estudio Podemos pregunta por una cuestión que ha puesto en el centro del debate los últimos meses, entre ellas su proposición de ley sobre derechos de los animales en la que plantea prohibir la entrada de menores a las corridas de toros. Entre otras cosas, sólo un 30% prohibiría la tauromaquia, frente a un 65,3% que no lo haría, mientras que una minoría no se pronuncia. Eso sí, un 62% de los encuestados responde que pesa mucho o bastante en la decisión de su voto que los partidos defiendan los derechos de los animales.

El segundo tema por el que también pregunta el estudio es la desigualdad entre hombres y mujeres. Casi el 80% cree que son muy grandes o bastante grandes, y para más del 90% es muy importante o bastante en la decisión de su voto que los partidos defiendan políticas contra la violencia de género.

En cambio, en la defensa de una renta básica universal, otra de las banderas de Podemos y el tercer tema por el que se pregunta, la opinión está dividida prácticamente a la mitad entre los que la defienden y los que no.

En realidad, ninguna de estas tres cuestiones figura entre las que más preocupan a los ciudadanos. El desempleo, como en el CIS o en el Egopa, es lo que más preocupa a los ciudadanos (57,9%), seguido a mucha distancia por la corrupción (8,5%), la sanidad (6,7%) y la educación (4,0%) y los problemas relacionados con la economía (3,7%), como los cinco principales.

Por cierto que también es reseñable que en torno a un 70% considera que la situación de Andalucía es “mala” o “muy mala”, percepción negativa que cae 10 puntos si se les pregunta por España. Igualmente, la mitad de los encuestados cree que todo seguirá como el último año, y uno de cada cinco, que irá a peor.

Los currículos de los políticos están de nuevo en el punto de mira desde que estalló el escándalo con el máster de Cristina Cifuentes, desvelado por eldiario.es, pero independientemente de que haya quien engañe, no todos exponen esta información sobre sus estudios y trayectoria profesional a la vista de los ciudadanos. Como han publicado varios medios de comunicación, la polémica con la presidenta de la Comunidad de Madrid ha precipitado a miembros del PP, PSOE y C's borrar sus másteres de la web del Congreso de los Diputados, que sí incluye las biografías, pero ¿qué ocurre con los gobiernos, asambleas y parlamentos autonómicos? 

La realidad es que todos, a excepción del Parlamento de Andalucía y las Cortes de Castilla-La Mancha, publican en sus portales las biografías, más o menos completas, de sus consejeros, altos cargos y diputados. O por lo menos, incluyen el apartado para subir estos datos, dado que hay casos puntuales de parlamentarios que no lo han rellenado. En cambio, en los órganos legislativos de Andalucía y Castilla-La Mancha sólo se tiene acceso, y no para todos los diputados, a la profesión -sin más detalle- de los que han querido añadir este dato a la información relativa a sus cargos en la institución, agenda y actividad parlamentaria.

Desde el Parlamento de Andalucía reconocen que los currículos de sus diputados dejaron de publicarse desde la quinta legislatura. Hasta entonces se facilitaba, no por internet, sino por medio de la publicación que con el inicio de cada legislatura se editaba para dar a conocer la composición de la cámara. Es más, esta publicación se ha dejado de editar esta legislatura porque ha perdido sentido con una web que se puede actualizar permanentemente.

El motivo por el que se ha dejado de pedir la biografía de los diputados no lo explican. En cualquier caso, las mismas fuentes destacan el esfuerzo en transparencia con la obligada publicación de las declaraciones de bienes e intereses, y también las agendas de los diputados, un compromiso este último que ya cumplen todos después de un inicio muy irregular. Pero sólo son 35 los diputados que han hecho constar su profesión en la web del Parlamento de Andalucía: 20 socialistas, nueve populares, tres de C's, dos de Podemos y uno de IU, de un total de 109. Eso sí, hay casos en los que son consejeros, y por tanto la información está en la web del Gobierno de Andalucía, o con cargos orgánicos, por lo que se puede conocer a través de los portales de sus partidos. 

“Nuestros representantes, como servidores públicos que son, asumen la responsabilidad de responder a la demanda de la sociedad y la opinión pública. Y en este lugar lo hacen publicando su actividad, ingresos e iniciativas, entre otros asuntos”, expone en este sentido el presidente de la institución, Juan Pablo Durán, quien en el compromiso de buen gobierno se remite a las leyes de transparencia estatal (2013) y autonómica (2014).

Estos dos textos, sin embargo, sí obligan a las personas con responsabilidad pública, incluidos los diputados de las autonomías, a figurar en “un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional”. Es más, la primera obliga también a los alcaldes, concejales y demás altos cargos de las capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes. 

El Ministerio de Sanidad ha cortado y pegado el diagrama de flujos que resume el protocolo contra la violencia hacia los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que la Junta de Andalucía puso en marcha en 2005, siendo entonces la primera comunidad autónoma en hacerlo. Lo ha hecho para el protocolo de actuación frente a la violencia en los centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), que presta el servicio en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y en este caso también para el Centro Nacional de Dosimetría en Valencia.

Lo llamativo es que en dicho acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de abril, no se cita a la Junta de Andalucía y se asume como propio, lo que ha causado una mezcla de perplejidad y sorna entre los profesionales de la Consejería de Salud, cuyos responsables de momento han rehusado valorar el asunto.

Como muestra la imagen más arriba, la publicada en el BOE por el Ministerio de Sanidad, se trata de un esquema que explica qué hacer ante una agresión, paso a paso. Es idéntica, con algún matiz, a la de abajo de este párrafo: la del plan de prevención y atención de agresiones para profesionales del sistema sanitario público de Andalucía, de hace más de una década, y que se puede descargar en internet.

Eso sí, el documento de la Junta de Andalucía está “protegido”, por lo que dificulta su trabajo con programas como adobe o photoshop. La copia es tan rudimentaria que dado en 2005 cuando la Junta de Andalucía aprobó este protocolo no estaba todavía extendido el servicio de emergencias del 112 -no fue hasta 2008 cuando se creó- por lo que se ha dejado exactamente el mismo dibujo y se ha escrito a mano el citado número. Igual que se ha tapado en el cuadro en negro lo de “anexo 1” que pone en el diagrama de flujos del SAS. Nada más. Hasta las mismas faltas de ortografía, como uso indiscriminado de mayúsculas y minúsculas o un “ó” que no debería llevar tilde, por ejemplo.

Claro que esto provoca situaciones tan absurdas como que el esquema del Ingesa remita al “CRTS” en caso de incidente, lo que hará que muchos trabajadores de Ceuta y Melilla se pregunten qué es eso, porque no usan esta denominación. De hecho, el CRTS son las sedes del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas del SAS. O cuando recomienda igualmente que vayan al “director del distrito”, una división con la que están familiarizados los trabajadores del SAS, pero no los del Ingesa.

En el BOE, el Ministerio de Sanidad, que todavía no ha respondido a la consulta de este diario sobre el tema, explica que con esta publicación cumple una resolución de hace dos años y medio, cuando el Consejo de Ministros aprobó el protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado (AGE) y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Entonces el acuerdo no se publicó en el BOE con un diagrama de flujos.

Desde el Ingesa recalcan también que su protocolo se ajusta al marco de la AGE “con especial atención a la adaptación a sus centros sanitarios por ser los que, a priori y por conocimiento de lo acontecido en años anteriores, tienen mayor riesgo para que se produzcan situaciones de violencia en el trabajo”. Se trata, como en todos estos protocolos, de un marco para el que el concepto de violencia es más amplio que el de mera agresión física, e incluye conductas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes, “que son los incidentes más comunes”.

De los 25 municipios andaluces en los que había previsto renovar sus órganos de partido, Podemos ha aceptado que finalmente sean 35 después del aluvión de críticas por parte de los que se quedaban fuera de esta convocatoria y que se dirigieron por carta a Pablo Echenique tras no recibir la respuesta que esperaban de la Secretaría de Organización en Andalucía (SOA). Sostenían cumplir los requisitos para ello y apuntaban a la SOA por no haber cumplido los trámites para iniciar el proceso.

De todas maneras, la corrección no ha contentado a todos porque o bien se siguen quedando fuera o bien se les permite elegir secretaría general pero no consejo ciudadano municipal (CCM), lo que supone un golpe a la descentralización a un año de las elecciones municipales y cuando IU, socio preferente para la confluencia, tiene sus direcciones locales bien asentadas en Andalucía. De hecho, cuando se complete este proceso, para el que se pueden presentar las candidaturas hasta este miércoles a las 23.59 horas, Podemos habrá fulminado en Andalucía casi el 85% de los CCM y más del 70% de las secretarías generales.

La mayor corrección, en Sevilla

La situación se repite en el resto de las comunidades autónomas donde está abierto el proceso -todas menos Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja- como consecuencia de la aplicación del nuevo reglamento elaborado por el secretario de Organización de Podemos, quien lo ha defendido para racionalizar el cuerpo del partido, y en un contexto en el que la formación ha ido notando un “preocupante” descenso de la participación de sus inscritos en las primarias, como apuntan fuentes de la organización en Andalucía. Pero la realidad es que en el conjunto del país, Podemos pasará de haber tenido 760 secretarías generales a 226 y de 331 CCM a 28.

La mayor corrección con respecto a las previsiones que habían originado fuerte contestación en el partido se ha dado en la provincia de Sevilla, donde en principio sólo se aceptaba que se abrieran urnas en la capital hispalense, donde ya han anunciado que se quieren disputar la secretaría general Juan Moreno Yagüe (parlamentario) y Susana Serrano (concejal de Participa Sevilla), dejando fuera a ciudades de la entidad de Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra, que rondan los 125.000 y los 75.000 habitantes respectivamente. Finalmente, las dos entran.

También se ha autorizado este proceso en La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Palomares del Río, Espartinas, Bormujos y Estepa. Pero en todos los casos sólo para secretaría general y no CCM, que sólo está previsto en la capital hispalense. En el resto de provincias se ha aceptado la reclamación de Motril (Granada) y Mijas (Málaga), y con las mismas condiciones.

En Andalucía, Podemos pasará de tener 138 secretarías generales a sólo 40, dado que a las 35 que han superado el corte con los cambios hay que contar las cinco que se renovaron en la convocatoria extraordinaria de hace poco más de un año: Algeciras, Córdoba, Jaén, Jerez de la Frontera y Málaga, y que se mantienen como estaban. Mientras, de los 58 CCM que Podemos tenía en Andalucía, se quedará en nueve, porque a los cinco citados hay que sumar que se ha previsto esta vez que se elijan en Cádiz, Granada, Sanlúcar de Barrameda y Sevilla.

Ni siquiera Huelva tendrá CCM, aunque ha salido mejor parada que Almería, que será la única capital donde Podemos tampoco tendrá secretaría general. Una situación que también se dará en ocho de las 29 ciudades de más de 50.000 habitantes de la comunidad autónoma: la citada Almería, El Ejido y Roquetas de Mar; El Puerto de Santa María; Estepona, Fuengirola y Vélez-Málaga; y Utrera.

Las consecuencias de quedarse fuera

En este contexto, entre los que se han dirigido de nuevo a Pablo Echenique pidiéndole que no se limiten a autorizarles sólo para la secretaría general, está Dos Hermanas. “Nuestro municipio tiene seis círculos con actividad regular que no fueron informados adecuadamente por la SOA de los trámites necesarios para elaborar el censo de militantes”, apuntan en la carta que ejemplifica por qué para ellos es importante tener estas estructuras orgánicas.

“Si abordamos estas elecciones y resultara que no se hicieran con posibilidad de elegir CCM, la organización de nuestro municipio debería cambiar drásticamente y los seis círculos desaparecerían, según el documento organizativo de Vistalegre II, de ahí la gravedad de este asunto y de la urgencia con la que debe ser resuelto. Serían seis círculos menos en una ciudad con más habitantes que Cádiz o Sanlúcar de Barrameda, que sí van a tener CCM. Es una situación incompresible, afectada, sin duda, por lo ocurrido hasta aquí”, sentencian.

El Parlamento de Andalucía tramitará por vía urgente una proposición de Ley de Caminos Públicos con el objetivo de que entre en vigor esta legislatura una norma que pretende poner coto a problemas como su ocupación por parte de particulares, que ha llevado a episodios tan sonados como la trampa que le tendieron al activista Juan Clavero. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se había comprometido a presentar un proyecto de ley en 2018, pero la tramitación más lenta por esta vía hace imposible que pueda estar en vigor este año, por lo que se ha optado por el plan B. 

Esto es posible después de que diputados del PSOE y Podemos hayan llegado a un acuerdo en el grupo de trabajo que constituyeron el pasado mes de enero para negociar un texto, de manera que se garantiza que no tendrá problemas para su tramitación parlamentaria en este periodo de sesiones que concluye en julio. No obstante, la proposición de ley ha sido registrada esta semana por el PSOE.

Eso sí, en la presentación del documento se visibilizará también la participación de Podemos y de colectivos como Ecologistas en Acción y Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP). De hecho, este jueves se presenta en Córdoba el acuerdo en presencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y el diputado de Podemos David Moscoso.

60.000 kilómetros

Más allá de las discusiones sobre la paternidad de esta iniciativa, que ya se evidenciaron cuando Podemos presentó su propia propuesta, y el consejero anunció que ya trabajaban en ello en su departamento, el resultado será una norma para regular los más de 60.000 kilómetros de estas vías que recorren el territorio.

Se trata de dar respuesta a un vacío normativo en la red intermedia que suponen estas vías, dado que existe la ley para el régimen y uso del dominio público de carreteras, como máxima expresión del sistema de comunicaciones, y también para los senderos, aprobada precisamente el pasado año a propuesta de Podemos. Pero, en cambio, como se reconoce el texto consensuado, la situación de los caminos públicos es “crítica”: existe un desconocimiento competencial de la propiedad en buena parte de ellos, una carencia de identificación y catalogación y una falta de normas comunes de señalización y conservación.

Multas y expropiación

Todo ello, se pretende corregir con una ley que prevé multas de hasta 120.200 euros por infracciones muy graves. Se considerarán como tales: causar daños en la estructura por circular con pesos o cargas que excedan los límites autorizados, así como por efecto del riego deficiente de las parcelas colindantes; realizar movimientos de tierras, excavaciones u otros actos que los perjudiquen o pongan en riesgo; arrojar materiales u objetos de cualquier naturaleza con peligro para el tránsito; colocar sin permiso cierres; ocuparlos con maquinaria, materiales u objetos sin autorización; y circular o estacionar por tramos con limitación.

El texto prevé también que las administraciones podrán incorporar a su red los caminos particulares o tramos de los mismos, mediante expropiación y previa declaración de su utilidad pública. La asunción de la titularidad “se efectuará formalmente en el plazo máximo de dos años a contar desde el momento en el que tenga lugar la aprobación del Catálogo Oficial de Caminos Públicos”, según recoge la proposición de ley consultada por eldiario.es/andalucia.

Catálogo de caminos públicos

Es precisamente la elaboración de este catálogo otra de las obligaciones que se pretende recoger en la ley. Lo deberá aprobar el Consejo de Gobierno. Todas las administraciones con titularidad de caminos públicos (ayuntamientos, diputaciones y consejerías) procederán a la inscripción registral y catastral de aquellos que les correspondan.

El objetivo es definir el régimen jurídico, estableciendo los procedimientos de construcción, conservación y explotación de los caminos públicos, así como las normas sobre su uso, protección y defensa. Deberán estar siempre disponibles para su uso (de comunicación, rural, medioambiental, deportivo, turístico y recreativo), salvo excepciones por interés social o riesgo para las personas, por ejemplo, por un incendio forestal. En caso de cierre no autorizado, la administración que sea titular procederá a abrirlo. También estará facultada para prohibir, por razones de seguridad y de conservación del patrimonio histórico, las conducciones de agua, gas o electricidad en la estructura y el tránsito de vehículos en el área de servidumbre.

En aquellos caminos públicos en los que exista una zona de protección en uno o ambos lados del mismo, se mantendrá la misma como servidumbre al dominio público, que deberán regularse reglamentariamente. En caso de no existir, la administración titular la establecerá con una anchura máxima de dos metros a ambos lados si lo estima conveniente para el uso.

El grupo de trabajo se creó el pasado mes de enero y en las sucesivas reuniones han participado, por parte parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, su titular, José Fiscal; Javier Madrid, director general de Espacios Naturales Protegidos; y Rafael Cancelas, coordinador. Por parte de Podemos, lo han hecho los diputados David Moscoso y Jesús Rodríguez y el secretario Político del partido, Nacho Molina, mientras que del lado de los colectivos se ha contado con la presencia de Juan Clavero y Armando Cáceres de Ecologistas en Acción y  Manuel Trujillo y Gregorio Pascual de PICP.

Como ya están haciendo el resto de partidos, Podemos está inmerso estos meses en la renovación de sus órganos de dirección municipales. Lo hace con sus propias peculiaridades y con un nuevo reglamento con respecto a cuando hace más de tres años organizó por primera vez un proceso de este tipo recién nacido como partido. En Andalucía, la segunda comunidad autónoma donde reconoce más inscritos, se están viendo ya las consecuencias de los cambios.

Ya de por sí, el nuevo reglamento que elaboró Pablo Echenique para elegir estas estructuras orgánicas en un proceso que concluirá en junio, era muy exigente, pero lo que no se esperaban los militantes en un buen número de ciudades de Andalucía es que se quedarían fuera porque, según la dirección regional, no cumplen con alguno de los requisitos como tener el suficiente número de inscritos o dinámica en los círculos como para ello.

El listado que ha enviado la Secretaría de Organización de Podemos en Andalucía verifica la apertura de las urnas en un total de 25 municipios, en la mayoría de los casos para elección de nuevos secretarios generales y, en los menos, también CCM (consejo ciudadano municipal). Pero no incluye a Almería; ni a ningún municipio de la provincia de Sevilla, salvo la capital hispalense, dejando fuera a Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Utrera; ni a Roquetas de Mar y El Ejido; ni a El Puerto de Santa María; ni a Estepona, Mijas, Fuengirola y Vélez-Málaga; ni a Motril. Sólo contando las ciudades de más de 50.000 habitantes, en 12 de las 29, Podemos seguiría sin estructura orgánica, toda vez que los CCM y las secretarías generales culminaron su mandato en enero y no se han quedado ni en funciones.

“Enmendar” la situación

Los afectados han elaborado un escrito dirigido a Nacho Molina, secretario de Organización en Andalucía, en el que expresan su desacuerdo. Firmado por exsecretarios generales y concejales de marcas blancas de Podemos de toda Andalucía, y donde reclaman medidas para “enmendar” la situación.

El caso de Sevilla es paradigmático, como describen en dicha carta: “Municipios, que cumplen sobradamente con todos los requisitos exigidos, con demostrada actividad y visibilidad, como son Dos Hermanas, con cuatro concejales, siete círculos y 102 militantes o Alcalá de Guadaíra, con cuatro concejales, siendo la segunda fuerza más votada, 58 militantes y más de 700 inscritos[...] quedarán sin órganos electos, haciendo, de facto, que el partido desaparezca de la provincia de Sevilla”.

Desde la dirección regional recuerdan que no apoyaron este reglamento porque sabían que traería este tipo de situaciones, tal y como expresa el secretario de Comunicación de Podemos en Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, quien reconoce que “no es bueno” para la organización. Tras garantizar que se mantendrán los “equipos municipales” que se han impulsado para la coordinación de los círculos en las localidades que estén en esta situación, también matiza que las hay que, “pese a cumplir los requisitos, han renunciado al proceso porque no les ha gustado lo que les ha tocado”, en referencia a que pueden tener secretaría general, pero no CCM.

“Lo que garantizamos es que se ha mirado que donde se vayan a abrir las urnas, se cumplen los requisitos de ese reglamento, que no es nuestro, porque lo que no podemos es caer en la arbitrariedad”, agrega, al tiempo que confía en que para el siguiente proceso puedan incluirse más poblaciones. En este sentido, la dirección regional no contempla la posibilidad, prevista en dicho reglamento, de aplicar excepciones para casos donde la implantación de Podemos sea clave.

Pero entre los que se han quedado fuera no dudan en hacer otras interpretaciones también. Como que hay una coincidencia entre los descartados, que por lo general tienen un mayor peso de corrientes de Podemos alejadas de los anticapitalistas, que controlan el partido en Andalucía. E incluso el caso de Mijas y Fuengirola, marcadas por la conflictividad porque ha sido donde miembros de Costa del Sol Sí Se Puede han denunciado las primarias por las que Teresa Rodríguez fue reelegida secretaria general, demanda pendiente todavía de los tribunales.

Paradojas

En este contexto, y una vez que el pasado 9 de abril concluyó el plazo para enviar desde los círculos toda la información para participar en la convocatoria, la decisión ha levantado una polvareda. Durante todo el fin de semana ha circulado el listado que evidencia todos los que se quedan fuera, y se han celebrado reuniones entre los afectados para preparar una respuesta. Sostienen que cumplen los requisitos, pese a que a su vez critican que se les oculte el censo sobre el que se han hecho estos cálculos para descartarlos.

Cierto es que el reglamento establece la posibilidad de tres convocatorias de este tipo en 2018, pero en previsión de que esta primera concluya el proceso en junio y no haya otra hasta diciembre, cuando sólo falta un año de las elecciones municipales, se ha generado preocupación las bases, lo que comparte la dirección regional.

Con este planteamiento, se da la paradoja de que poblaciones de menor entidad, sí tendrían secretaría general y/o CCM mientras que en ciudades donde Podemos tiene concejales a través de sus marcas blancas seguirían sin liderazgo por lo menos hasta la próxima convocatoria. [Listado completo más abajo con las únicas 25 localidades que han superado el corte].

En cualquier caso, y como se preveía en aras de una mayor racionalización según defiende Pablo Echenique en su reglamento, el tijeretazo en la representación es notable. De 138 secretarías generales y 58 CCM que Podemos tenía en Andalucía como resultado del primer proceso de este tipo, pasaría a contar con 30 y nueve, respectivamente, dado que hay que sumar a ese listado que en Algeciras, Córdoba, Jaén, Jerez de la Frontera y Málaga se optó por celebrar estas primarias en el periodo extraordinario abierto el pasado año, sin este nuevo reglamento, y ya tienen sus representantes definidos.

Desde Motril (Granada), el exsecretario general Yeray Castro lamenta la decisión porque confiaban en poder abrir las urnas. “Nos ha sorprendido la decisión. En la asamblea extraordinaria que convocamos, se aprobó que así fuera, pero nos han dejado fuera sin darnos ninguna explicación”, expone. En este caso, cuentan con medio centenar de militantes según el último censo publicado hace seis meses, por lo que superan el 0,075% de la población total exigido como mínimo para ello.

“Esto retrasa cualquier acción de cara a las elecciones municipales mientras los demás partidos ya están presentando sus candidatos y programas”, continúa. “Nos parece grave lo que ha pasado, porque se trata de una ciudad estratégica en Granada”, apostilla. Se da la circunstancia de que en esta localidad se apoyó la candidatura de Carmen Lizárraga, la diputada del Parlamento de Andalucía que hace año y medio disputó el liderazgo de Podemos a Teresa Rodríguez.

En términos parecidos se expresa el exsecretario general de Dos Hermanas, Roberto del Tío, quien además es una de las caras visibles de la Red Municipalismo en Común que trabaja en la articulación de una estrategia a esta escala y que próximamente presentará los estatutos como asociación, que en principio es la figura jurídica con la que quieren constituirse. En su opinión, se genera “un perjuicio para las aspiraciones de los ciudadanos que se sienten representados por Podemos” de cara a los próximos comicios.

Proceso para estructuras municipales de Podemos en Andalucía by Olga Granado on Scribd

El Gobierno de Andalucía se ha planteado para 2018 un compromiso legislativo la mitad de ambicioso que el pasado año, con 12 leyes y 75 decretos, después de haber cumplido con menos del 50% del previsto para 2017. Deja fuera, en el que es el último año de la legislatura, compromisos del pacto de investidura del PSOE con C's, como la modificación de las leyes de la RTVA, el Consejo Audiovisual de Andalucía, la Cámara de Cuentas, la eliminación de los aforamientos y la limitación de mandatos, compromisos ya relegados por los socialistas, como ya publicó eldiario.es/andalucia.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha negado que la previsión mucho menor para 2018 tenga que ver con la convocatoria de elecciones autonómicas a finales de año, a lo que apunta desde hace meses la oposición en la comunidad autónoma. “Queda tiempo para abordar las leyes que quedaron pendientes en 2017 y las del 2018”, ha comentado el también consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.

Incidía con ello en que “los plazos son largos” y de nuevo, como ya han hecho los socialistas en otras ocasiones, ha vuelto a dejar en el tejado del Parlamento de Andalucía la responsabilidad de que no se vaya a mejor ritmo, pese a que los grupos sólo pueden pedir prórrogas de ocho días para las enmiendas, figura que se ha usado en cuatro ocasiones por parte de la oposición esta legislatura, por lo que difícilmente puede atribuirse a esto el retraso de meses que acumulan los textos.

“El Gobierno de Andalucía quiere aprobar las leyes con el mayor consenso posible, manteniendo un diálogo franco, permanente y abierto [...] y elaborarlas de forma cercana y participativa”, ha comentado, por otra parte, igual que ha anunciado que comparecerá en el Parlamento de Andalucía para ofrecer el balance que ha detallado este martes para la prensa: “Sólo dos comunidades autónomas, Galicía y País Vasco, han realizado el informe de cumplimiento del Plan Anual Normativo de 2017”, que fue el primer año en el que la legislación estatal obligaba a este calendario.

El caso es que dicho informe ratifica que del previsto para 2017 no se ha cumplido ni la mitad. De hecho, hasta la fecha han sido registradas en el Parlamento de Andalucía 13 de las 30 previstas (25 nuevas y cinco modificaciones); los tres decretos leyes anunciados; y 122 decretos de los 195 prometidos. En concreto, el porcentaje de cumplimiento en leyes ha sido del 43,33%, según ha dicho, si bien ha elevado la cifra a un 73,33% “si se añaden las nueve que han sido aprobadas inicialmente por el Consejo de Gobierno y que están en avanzado estado de tramitación”. Mientras, en decretos leyes, el cumplimiento ha sido del 100% porque se han aprobado los tres previstos: escolarización en el primer ciclo de la educación infantil, modificación de la Ley del Deporte y regulación de la renta mínima de inserción. En decretos, ha sido un cumplimiento del 63%, con los citados 122 de 195. Pese a ello ha hablado de “elevado grado de cumplimiento”.

En concreto, las previstas para 2018, además de la relativa a los presupuestos autonómicos de 2019, un trámite que en lo que va de legislatura el PSOE ha conseguido superar en las tres ocasiones anteriores gracias al respaldo de C's, son dos modificaciones de leyes en vigor y el resto, nuevas. Las modificaciones son de la Ley Andaluza de Universidades y del decreto de ferias comerciales oficiales. Las otras nueve son leyes para: justicia juvenil; perros de asistencia para personas con discapacidad; bienestar de animales de compañía; crear el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía; medidas contra la trata y explotación sexual de mujeres y menores; participación institucional; caminos rurales; urbanismo sostenible; y transporte por cable (teleféricos).

Este calendario, que la Junta de Andalucía debe publicar por ley desde el pasado año, y en teoría debió hacerlo antes de terminar 2017, “podrá ajustarse a circunstancias y a situaciones sobrevenidas”, tal y como ha expresado el vicepresidente, para quien lo más importante “no es el número de las leyes sino que se dirijan a resolver los problemas de la ciudadanía” y tengan su “complicidad”.

Lo que exige esfuerzo de consenso no se toca

“Es fundamental seguir trabajando para apuntalar la salida de la crisis, para potenciar la economía, para que se obtengan mejoras y más empleo, y hacer la administración más cercana a los andaluces”, ha expuesto en referencia a los objetivos marcados con el nuevo calendario.

Se da la circunstancia de que para modificar las normas de la RTVA y el CAA, C's ha dado ya un primer paso presentando sus propias proposiciones de ley en el Parlamento de Andalucía tras darse cuenta de los socialistas lo relegaban. En el caso de la Cámara de Cuentas, es IU la que ha presentado en cuatro ocasiones su propuesta, sin éxito. Mientras para la eliminación de los aforamientos se requeriría modificación estatutaria y para la limitación de mandatos una modificación de la Ley del Gobierno de Andalucía que de momento ha planteado el PP y está pendiente de la evolución de su tramitación. El PSOE se ha excusado para frenar estos cambios en que no hay consenso suficiente.

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves en pleno el documento con sus propuestas para el debate sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, respaldado por los votos del PSOE, el PP, Podemos e IU, mientras que C's se ha quedado fuera de la fotografía, dado que todos los grupos han mantenido el posicionamiento defendido las últimas semanas. De hecho, tanto el PP como C's e IU han mantenido sus votos particulares, si bien ninguna ha sido incluido.

En líneas generales, el documento contiene 10 puntos fundamentales. Por un lado, defiende que hay una insuficiencia de recursos en el sistema en vigor, que debió renovarse hace casi cinco años; incrementar hasta un 70% la participación de las autonomías en los impuestos especiales y el IVA; cambiar los criterios para el cálculo del coste de los servicios públicos fundamentales, teniendo en cuenta parámetros como la tasa de desempleo de los territorios; trabajar en la armonización de los impuestos cedidos; y la creación de un fondo de estabilidad para afrontar momentos de crisis.

Por otro, apuesta por la eliminación de statu quo, que supone que las comunidades autónomas mejor financiadas se garanticen conservar esa ventaja, porque “consagra desigualdades”; una simplificación del modelo; cambios en el funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF); rechazo a los copagos; y progresiva desaparición del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Esta estrategia será “la voz única” que la Junta de Andalucía tendrá en el CPFF según confirmaba esta semana el portavoz, Juan Carlos Blanco.

Durante el debate, cada grupo ha reiterado sus razones para respaldar o no el documento. Para el PSOE, es “brillante” y plasma todos sus principios; para el PP, es “una enmienda a la totalidad” del modelo de 2009, aprobado por socialistas y ERC, por lo que les dan la “bienvenida” a un cambio de postura; para Podemos, es un texto con su sello porque recoge en gran parte sus propuestas; para IU, faltan cosas, pero le gusta el punto de partida; y para C's, quedarse fuera es un coste que asumen “por coherencia” con lo que defienden para Andalucía, sí, y pero también para todas las comunidades autónomas.

“Hemos sido los primeros en conformar una propuesta sobre el tema”, ha celebrado Mario Jiménez, portavoz del PSOE. “Desde el rigor técnico, nuestro documento plantea las bases para un modelo viable en todo el país”. Para continuar: “Es una oportunidad única de la que debemos reconfortarnos todos los grupos y el Parlamento de Andalucía” porque es “un momento definitorio del presente y del futuro de la autonomía”.

En su opinión, el documento es “mil veces mejor” que los votos particulares que han mantenido vivos el PP, C's e IU durante la jornada del miércoles en el pleno. Sobre las enmiendas del PP cree que “rezuman su pensamiento político más primario”; mientras que el voto particular de C's “está escrito contra los intereses de Andalucía” y el de IU “defiende una subida de impuestos vinculada a la financiación”, lo que los socialistas no comparten.

El PP se ha centrado en el cambio de postura del PSOE con respecto a la financiación. “Hay principios que entonces recogía el PSOE y rechaza en el nuevo documento: el statu quo y la ordinalidad”, ha recordado Carmen Crespo, portavoz de los populares. “El PSOE de Andalucía ahora tiene que afanarse con la presidenta de Baleares, con el PSOE de Cataluña o con su propio secretario general, que contempla este principio en su reforma”, ha ironizado.

Podemos ha celebrado la autoría del documento. Carmen Lizárraga cree que se defiende que Andalucía tenga “voz propia” en este debate y una “posición fuerte” con un documento respaldado “por al menos el 90% de los diputados”. Para concluir: “Finalmente hemos logrado un acuerdo basado en el principio de suficiencia, lealtad institucional e igualdad”.

En nombre de Cs, su portavoz, Juan Marín, ha lamentado que “no se tengan en cuenta” las aportaciones de los expertos que han participado en el grupo de trabajo, toda vez que ha insistido en que la única fórmula que se contempla para terminar con la falta de recursos del sistema es “la subida de impuestos”. Ha sido especialmente duro con el PP, grupo del que muchos esperaban que se quedara también fuera. Es más, no ha querido ni valorar el voto particular del PP: “Bastante tiene con explicar que sin que se le cambie una coma al documento ni se atiendan sus propuestas, lo asuman”.

Por último, el portavoz de IU, Antonio Maíllo, ha remarcado que “Andalucía está de enhorabuena” por este consenso en financiación, lo que supone “el inicio de un camino muy importante” para acabar con un modelo que “se ha constatado insuficiente, con un funcionamiento centralista del CPFF y que no ha satisfecho en cuanto a la distribución de recursos”.

El PSOE y el PP han evitado este miércoles que se tramite una modificación de la ley para garantizar que el Gobierno de Andalucía pueda ser controlado por el Parlamento de Andalucía en periodos en los que se encuentre en funciones, como ocurrió tras las últimas elecciones autonómicas durante casi tres meses. Se trata de una proposición de ley elevada por Podemos y que ha contado también con los votos a favor de C's e IU mientras que el PSOE y el PP la han rechazado.

La modificación, en un segundo punto, pretendía también que el Parlamento de Andalucía pudiera funcionar en periodos de provisionalidad del ejecutivo, como los existentes entre la celebración de procesos electorales y la investidura de la nueva presidencia, facultando para ello que el Consejo de Gobierno pudiera, pese a estar en funciones, emitir dictámenes sobre la tramitación y toma en consideración de sus iniciativas legislativas.

La proposición de ley partía con el criterio en contra a su toma en consideración por parte del Gobierno de Susana Díaz, pese a que los socialistas han defendido este control en dos ocasiones -en 2016 y esta misma semana- para el Gobierno de España. En este sentido el debate se ha producido 24 horas después de otro similar en el Congreso de los Diputados en el que el PSOE, Unidos Podemos y C's han apoyado la reforma legislativa impulsada por el PNV para que los gobiernos en funciones se sometan al control de la oposición y evitar así que en el futuro se repita una situación parecida a la de la pasada legislatura, cuando el ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a resignarse a preguntas y comparecencias.

El PP, por su parte, ha comentado que es necesario esperar a que el Tribunal Constitucional (TC) se defina, dado que desde 2016 está pendiente que se pronuncie después de que, esa primera vez, Mariano Rajoy se parapetara para no rendir cuentas en un informe de sus servicios jurídicos, lo que hizo el que el Congreso de los Diputados planteara  un conflicto atribuciones. “Hay que esperar a lo que diga el TC”, ha remarcado este miércoles Carmen Crespo, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía.

El diputado del PP Adolfo Molina no ha dudado en recordar a los socialistas su contradicción: “Hemos tenido una inmejorable oportunidad para ver la coherencia de los grupos”. En esta línea, ha recordado que en el Congreso de los Diputados, con una propuesta “de muy similares características”, el PSOE sí votó a favor, y, en cambio, en Andalucía, “ha emitido su criterio contrario”.

Su homólogo del PSOE, Mario Jiménez, se ha remitido a que los letrados “plantean serias dudas sobre la constitucionalidad de esta proposición de ley”, centrándose en el punto segundo de la propuesta, el que habla de la necesidad de que el Gobierno de Andalucía pueda pronunciarse sobre la tramitación  y toma en consideración de leyes. En esto ha coincidido con C's, pese a que para los de Juan Marín está cuestión no puede parar la propuesta y ya “se corregirá” en su tramitación. “Compartimos que el Parlamento de Andalucía no está en funciones en esos tiempos”, ha aseverado Juan Marín, en este sentido.

¿Visos de inconstitucionalidad?

El caso se que durante el debate, tanto el PSOE como sus socios de investidura se han centrado en que la propuesta tiene visos de inconstitucionalidad porque negaría el derecho a veto que el Gobierno de Andalucía tiene en las proposiciones de ley que supone una modificación de las cuentas en vigor. Sin embargo, la propuesta de Podemos está planteada literalmente en estos términos: “No podrá mostrar su conformidad o no a la tramitación de una proposición de ley si esta planteara un aumento de los gastos o disminución de los ingresos presupuestarios de la comunidad autónoma del ejercicio presupuestario en curso”. Esto choca, pues, con lo que han sostenido PSOE y C's, sin que ninguno de los dos haya podido explicar la contradicción.

Mario Jiménez ha eludido también entrar a fondo en la discrepancia de criterios con lo defendido por su partido en el Congreso de los Diputados. Entiende que “Podemos hace primera mención en esa dirección” [la propuesta del PNV en el Congreso de los Diputados] pero luego “entra en cuestiones inasumibles de limitación de la capacidad de gobierno en funciones de vetar iniciativas que comprometan a los presupuestos autonómicos”. Tras criticar hasta la exposición de motivos del texto de Podemos, invitando a compararla con la del PNV, ha repetido: “Podemos quiere limitar la capacidad del gobierno en un asalto a esas competencias una concepción política que pudo tener su lectura a principios del siglo XX”, pero ya “no tiene cabida” en el XXI.

En esta línea, igual que los de Podemos han calificado a los socialistas de “antisistemas” por negarse a este control del ejecutivo, Mario Jiménez los ha comparado con el “anarquismo” y ha  hablado de un fondo “obsceno” en esta normativa, “que agrede directamente el Estatuto de Autonomía”. Para concluir: “La propuesta contra la lógica del principio de preeminencia del poder legislativo que elige a un gobierno y lo controla. [...] La primera obligación parlamentaria es elegir  un ejecutivo”. 

Sin embargo, Esperanza Gómez, portavoz adjunta de Podemos y también profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha garantizado que no se elimina ese veto que el Gobierno de Andalucía tiene sobre las propuestas legislativas que supongan modificaciones presupuestarias. De hecho, ha reconocido que el dictamen contrario del Gobierno de Andalucía “sostenía esto mismo”, que alegan PSOE y C's, lo que ha atribuido a que “no se han enterado bien” de lo que se está proponiendo. “Lo que pasa es que, para dejar claro que el Parlamento de Andalucía puede legislar cuando no hay alteración presupuestaria, proponemos cambiar en la ley el apartado del gobierno en funciones, donde se ponen límites, y en ellos decimos no puede dar su consentimiento a proposiciones de ley que lo hagan”.

En esta línea, ha defendido que Podemos pretende evitar el “vacío” en situaciones como la ocurrida en las últimas elecciones autonómicas, donde no había posibilidad de control del Gobierno de Andalucía en funciones en los más de 80 días que duró desde los comicios hasta la toma de posesión de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien precisamente atribuye a esta formación el bloqueo por no haberle facilitado la investidura. “Podemos vuelve solito al escenario del crimen que cometieron en 2015 durante 80 días en los que paralizaron el Parlamento de Andalucía”, ha resumido en su intervención la socialista Ángeles Férriz.

Esperanza Gómez ha reconocido que esta iniciativa parte de la experiencia de 2015, “cuando no se constituyeron las comisiones parlamentarias y por tanto no podía funcionar la cámara legítimamente elegida en las urnas”. En su opinión, en estas circunstancias se produce “un secuestro del legislativo por parte del ejecutivo” que pretenden evitar. “Se trata de evitar la paralización del Parlamento de Andalucía y que pueda legislar”, ha zanjado.

El Banco Santander ha negado la apertura de cuentas para cuatro estudiantes de Palestina que se encuentra disfrutando de una beca Erasmus en la Universidad de Málaga (UMA) desde hace unas semanas, pese a ser la entidad bancaria con la que esta institución académica trabaja para este programa. Se trata de una gestión que, como todos los becados, han intentado estos universitarios para poder cobrar, pero se han topado con la negativa del banco.

Javier Barquín, quien desde la UMA coordina un programa de movilidad conocido como Erasmus KA107 y ha gestionado la llegada de estos estudiantes, asegura que presentaron en la sucursal “toda la documentación que les requería el banco”, y para su “sorpresa” luego les han dado el no como respuesta por su condición de palestinos y con la excusa de que “es política de la dirección”.

En este sentido, este profesor, que también coordina un proyecto de Innovación en Derechos Humanos, ha expresado su indignación, especialmente porque el Banco Santander es la entidad bancaria con la que trabaja la UMA, como a mayoría de las universidades públicas de Andalucía “nunca antes otros estudiantes Erasmus se han encontrado con este problema”. De hecho, sostiene que recibieron el no por respuesta sin que les requieran más documentación.

Desde el Banco Santander explican que “no es porque sean de Palestina”, sino porque “ha habido muchos cambios en la regulación, que se ha vuelto muy exigente con los extranjeros, tanto que muchos no tienen la posibilidad de presentar toda la documentación que se les requiere”. Fuentes de la entidad bancaria insisten en que no conocen el caso concreto de estos Erasmus de la UMA pero que “posiblemente sea por esta razón” y niegan que haya una discriminación “por nacionalidades”.

Se trata de estudiantes de la Universidad de Birzeit y de la Al Quds Open University, a los que esta situación llevó a plantearse a la UMA la opción de pagarles con cheques, cosa que los estudiantes no querían para no tener que guardar el dinero en sus casas. Finalmente, han podido abrir sus cuentas en el Banco Sabadell con la mediación de Al-Quds, una asociación de solidaridad con los pueblos árabes que está fuertemente implantada en Málaga y trabaja por los derechos humanos en Palestina.

En cualquier caso, Javier Barquín ha mostrado también su malestar después de que la UMA se haya negado, como proponía, a firmar un acuerdo oficial de colaboración con las dos universidades de los estudiantes. Desde la UMA argumentan que ya tienen un acuerdo, pero en realidad se trata de uno puntual y que expira con este proyecto de los Erasmus, cuando él aboga por un marco más estable de colaboración, un Memorándum de Entendimiento (MOU), como ocurre con otras instituciones académicas. Entre otras cosas, resalta el prestigio de la Universidad de Birzeit, que precisamente acaba de posicionarse en la cabecera del QS World University Rankings 2018.

El Comité Electoral Nacional del PP ha ratificado este pasado viernes a los ocho candidatos del partido para las capitales de provincia de Andalucía de cara a las elecciones municipales de 2019, que este sábado serán presentados en un acto en Marbella (Málaga) en presencia del presidente del partido y del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Casi todos hombres (salvo en la caso de Huelva), y en su mayoría licenciados en derecho (seis de ocho), configuran un cartel a la medida de Juan Manuel Moreno, presidente del PP en Andalucía, quien a excepción del caso de Málaga, donde el alcalde Francisco de la Torre se ha resistido al relevo, ha conseguido imponer su criterio para la renovación.

Es por tanto, su apuesta, con el riesgo que ello conlleva ante un panorama en el que el PP sabe imposible asumir el hito de las elecciones municipales de 2011 cuando consiguió por mayoría absoluta las ocho alcaldías. Con la amenaza de C's, formación disparada en la encuestas y que se augura como decisiva en la conformación de los futuros gobiernos locales, Juan Manuel Moreno ha urgido la configuración de las cabezas de cartel para aparcar el capítulo de enfrentamientos internos -caso de las provincias de Huelva, Granada, Jaén y Sevilla sobre todo- o de dudas -Cádiz y Málaga- y con ello centrarse en las elecciones autonómicas, que tocan antes y son su segunda prueba de fuego. Y la definitiva, pese a que ha anunciado que se ha dado ocho años, con lo que deja claro que pese que perdiera en su segundo intento de ser presidente de la Junta de Andalucía, se quedaría dos años más liderando el partido en la comunidad autónoma.

La visita de Mariano Rajoy, la cuarta a Andalucía desde que empezó el año, supone su aprobación a este pistoletazo de salida para las elecciones municipales, y también su intento de animar las posibilidades del propio Juan Manuel Moreno, cuya formación no ha salido nada bien parada en los últimos sondeos de intención de voto en Andalucía, tras un proceso de designación de candidatos plagado de tensiones hasta el último minuto, el de este pasado jueves por la tarde cuando se confirmaba el que quedaba, el número 1 por Cádiz.

Los ocho rostros para las capitales

Ramón Fernández-Pacheco (Almería). Esta designación estaba cantada desde que asumió la alcaldía cuando Luis Rogelio Rodríguez-Comendador pasó a integrar las listas que lo llevaron a ser senador. Licenciado en derecho y de 34 años, es el más joven de todos. Su reto es mantener uno de los pocos feudos que le quedan a los populares en Andalucía, con la omnipresente presencia del veterano presidente provincial, Gabriel Amat.

 Juan José Ortiz (Cádiz). También licenciado en derecho, no partía como favorito en las quinielas, pero este licenciado en derecho, de 45 años y con trayectoria en el municipalismo, será la cabeza de cartel para el Ayuntamiento de Cádiz, una de las capitales que las llamadas candidaturas del cambio quitaron a los partidos mayoritarios. Es concejal desde 2003, siendo miembro del equipo de gobierno de Teófila Martínez, quien hasta el último momento no ha confirmado su paso atrás, durante tres mandatos. Desde las últimas elecciones municipales está en la bancada de la oposición en el que es su cuarto mandato.

 José María Bellido (Córdoba). Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, e igualmente licenciado en derecho, también tenía el camino despejado para ser candidato a la alcaldía en 2019 cuando en 2015 tomó el testigo de José Antonio Nieto, quien saltó a la Secretaría de Estado de Seguridad. Tras su elección, ha defendido su apuesta por un  modelo de ciudad basado “en más industria y más moderna y tecnológica”.

 Sebastián Pérez (Granada). Presidente provincial del PP de Granada, senador y hombre muy cercano a Juan Manuel Moreno, Sebastián Pérez supone la apuesta del PP por intentar regenerar su castigada imagen tras haber perdido la alcaldía a mitad de mandato por el enjuiciamiento de José Torres Hurtado, acorralado por varios casos. Era concejal cuando cayó José Torres Hurtado, pero en lugar de relevarle en la alcaldía aceptó dimitir si le aseguraban ser el próximo candidato, y lo ha logrado.

 Pilar Marín (Huelva). Doctora en ciencias económicas, se trata de una persona “independiente”, “con solvencia y con ilusiones renovadas”, ha dicho de la decana de la Facultad de Trabajo de la Universidad de Huelva el presidente provincial del PP, Manuel Andrés González. “El objetivo es tener a la primera a la primera alcaldesa de Huelva y que venga de la mano del PP”, ha agregado. La protagonista ha declarado que se presenta desde su “independencia” y con un afán por “la transparencia”.

 Javier Márquez (Jaén). Caso muy parecido al de Almería, porque él pasó a ser alcalde tras la salida de José Enrique Fernández de Moya para ocuparse de la Secretaría de Estado de Hacienda. Lastrado por una gestión que ha dejado las arcas municipales al límite y un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), este abogado de profesión lucha al frente de un gobierno local que se sostiene con el apoyo de uno de los tres ediles que abandonó C's. Ha aceptado el encargo para el que se lleva preparando estos dos años, pero con una condición: libertad para montar la lista que encabezará.

 Francisco de la Torre (Málaga). La capital de la Costa del Sol es la única plaza en la que a Juan Manuel Moreno se ha escapado la posibilidad de la renovación. Regidor desde 2000, Francisco de la Torre anunció, tras meses deshojando la margarita, que opta a la reelección y en este caso el PP ha decidido respetar la máxima de que a los alcaldes los quitan los ciudadanos y no el partido, especialmente por no asumir riesgos cuando las encuestas no le son favorables. Elías Bendodo, presidente provincial y hombre de Juan Manuel Moreno en esta plaza, a quien muchos ojos miraban para el relevo, tendrá que esperar a otra ocasión.

 Beltrán Pérez (Sevilla). El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla se ha impuesto como apuesta personal de Juan Manuel Moreno, y también de Javier Arenas, como otra victoria del líder en la guerra fratricida que desde hace un par de años mantienen los populares en esta provincia, donde pese a su marcha, el ministro Juan Ignacio Zoido -con el beneplácito de Dolores de Cospedal- intenta mantener su cuota de poder. Beltrán Pérez, igualmente licenciado en derecho, supone una clara apuesta por la renovación, ofreciendo una cara amable y joven del PP en la capital hispalense.

El grupo de trabajo para la reforma de la Ley Electoral de Andalucía (LEA) se ha dado de plazo hasta el 9 de abril para presentar enmiendas sobre el documento que ha elaborado el presidente del mismo, el socialista Jacinto Viedma, y que se ha conocido este jueves. Son 69 páginas en las que resumen las propuestas de los grupos que implican cambiar esta ley, las que exigen reforma estatutaria y la que son competencia del Gobierno de España.

Con estas premisas, los diputados de las distintas formaciones han valorado las posibilidades de realmente modificar una ley cuyos cambios se atisban menores y, en cualquier caso, con pocas posibilidades de estar en vigor para las próximas elecciones autonómicas, en principio en el primer trimestre de 2019.

En este primer dictamen, que no es definitivo, se señala que para las propuestas que precisan exclusivamente modificación de la LEA, “la única conclusión razonable de los trabajos es que los grupos avancen en el consenso” antes de poder materializarlas en una iniciativa legislativa. “Para legitimar una modificación de una ley de este calado y trascendencia es recomendable contar con el respaldo de una mayoría suficiente en términos políticos más allá de la pura aritmética”, recoge. Y la pregunta que surge es ¿cómo se consigue eso en un Parlamento de Andalucía donde los grupos no han sido capaces de ponerse de acuerdo estos años para renovar el consejo de administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual de Andalucía o la Cámara de Cuentas?

Mientras el PSOE -que pone su sello a estas conclusiones- insiste en enfriar las expectativas de formaciones como Podemos, C's e IU, por la necesidad de un máximo consenso para un proyecto de este tipo, los populares se mueven en una ambigüedad parecida, habida cuenta de que modificaciones más importantes como quieren los partidos más pequeños, sobre todo en materia de reparto de escaños o sistema de recuento de votos, les perjudican.

Con elevado grado de consenso

Por un lado, y dentro de las que se consideran modificaciones de la LEA que pueden hacerse desde Andalucía, cita los cuatro bloques que necesitan “un alto grado de consenso” o que siendo propuestas de un único grupo “no deben suscitar conflictividad con el resto”. Se trata de las relativas a las incompatibilidades, para establecer la dedicación exclusiva de los diputados, que no podrían ser por ejemplo senadores ni concejales; profesionalizar los debates de candidatos y cambiar su formato; la inclusión de representantes de los medios de comunicación en la Comisión de Control de la Junta electoral de Andalucía; e incrementar de 5 a 10 minutos el tiempo de los espacios gratuitos cedidos en medios de comunicación de titularidad pública a los partidos sin representación parlamentaria o con una representación inferior al 5%.

Con cierta posibilidad de consenso

Entre las propuestas en las que el documento considera que hay que “seguir profundizando para por lo menos un mínimo consenso” figuran: variar el número de escaños en el Parlamento de Andalucía; reducir su número mínimo por provincia; cambiar el sistema de recuento; fijar un mínimo del 5% sobre el total de votos en la comunidad autónoma para tener asiento; eliminar el voto ponderado en la comisión de control de la anterior; reducción de los gastos electorales; doble cremallera para las listas; que las mismas dejen de ser cerradas; y permitir nuevos métodos de votación, por ejemplo por vía telemática.

Exigen reforma estatutaria

En un tercer bloque se incluyen las propuestas que obligarían a una modificación del Estatuto de Autonomía, lo que a su vez debe ser ratificado por las Cortes Generales. Hay recogidas tres: establecer la obligatoriedad que las elecciones de Andalucía no coincidan con las elecciones generales (PP); que los candidatos a la presidencia hayan sido elegidos por primarias en sus partidos (IU); y establecer mecanismos que eviten que no se pueda formar gobierno por no conseguir ningún candidato mayoría suficiente (también de IU).

En este contexto, tanto el diputado de Podemos, Juan Moreno Yagüe, como la de IU, Carmen Pérez, han insistido en la necesidad de que no se impongan vetos y si el dictamen que se eleve a definitivo para su votación en pleno tiene que incluir propuestas que supongan instar a la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) en el Congreso de los Diputados o del Estatuto de Autonomía, que se permita. Claro que esto supone descartar la posibilidad de dichos cambios ya para esta legislatura.

Carmen Pérez ha reconocido que en principio el borrador presentado por Jacinto Viedma no incluye este veto, pero no quiere que se caiga en esa tentación. “Otra cosa es que prospere, pero nosotros vamos a ir a la mayor”, ha dicho. Tras reconocer que “es más que evidente” que no se van a poner de acuerdo en temas como “la proporcionalidad o el número de diputados”, ha calculado que IU terminará presentando un voto particular. “De momento, no hay nada definitivo, sólo la declaración de voluntades de los grupos”, ha zanjado.

Mientras, Julio Díaz (C's), quien ha recordado que esta reformas se incluye en el pacto de investidura que firmaron con el PSOE, y de hecho viene del que la legislatura pasada suscribieron los socialistas con IU, ha celebrado que se haya “reactivado el grupo de trabajo” y que la intención de cambiar la LEA “sigue viva”, con el objetivo de que “el voto de todos los andaluces valga lo mismo”, lo que ha repetido sin cesar.

“Creemos que el documento es manifiestamente mejorable y hay que concretar más. Tenemos nuestra forma de ver la reforma y la vamos a incluir en nuestras enmiendas”, ha apuntado. Eso sí, ha sido menos ambicioso que IU a la hora de defender que se puedan plantear cambios que se escapan de las competencias de Andalucía. Tras calificar de “muy inmovilistas” a los partidos mayoritarios, se ha mostrado convencido de que hay cambios que se pueden hacer.

“No hay ningún límite, más allá de los que tienen que ver con la voluntad política”, ha subrayado por su parte Juan Moreno Yagüe, en la línea de lo defendido por IU. En este caso, su grupo apuesta por cambiar la distribución de escaños, pero también por medidas novedosas como el voto telemático.

La capacidad legislativa del Gobierno de Susana Díaz se ha revelado como uno de sus grandes problemas hasta el punto de que ha dado un toque de atención a sus diputados encargados de las ponencias en el caso de las que están en el Parlamento de Andalucía, que de todas maneras son la mitad de las previstas para el pasado año. Pese a que el PSOE culpa a la oposición de retrasar su tramitación, lo cierto es que sólo ha pedido prórrogas en cuatro ocasiones y no por más de ocho días, porque es el máximo previsto reglamentariamente.

Estos aplazamientos no pueden justificar pues que el Consejo de Gobierno no haya aprobado todavía 15 de las 30 leyes que incluyó en el Plan Anual Normativo de 2017, que no haya presentado el de 2018 y que muchas de las leyes que sí se han registrado en el Parlamento de Andalucía lleven meses paralizadas.

En concreto, entre 2017 y lo que va de 2018 se ha solicitado el aplazamiento de determinados trámites en el Parlamento de Andalucía en cuatro ocasiones: el 25 de mayo de 2017, para la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, una petición respaldada por toda la oposición; el 27 de julio de 2017, sobre la Ley del Derecho de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas, por Podemos e IU; el 24 de octubre de 2017, en el caso de la Ley de Fomento del Emprendimiento, también por toda la oposición; y el 1 de febrero 2018, en la Ley Cambio Climático, por el PP, Podemos y C's.

Salvo la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que no figura en el Plan Anual Normativo de 2017 porque la aprobó en Consejo de Gobierno en 2015, las otras tres figuran entre las únicas 12 de dicha planificación que sí han sido registradas en el Parlamento de Andalucía, y de las que únicamente han entrado en vigor dos: la de los presupuestos autonómicos de 2018 y la de modificación de la Ley del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

En el último pleno han superado el debate a la totalidad tres de golpe en un intento del presidente del Parlamento de Andalucía, el socialista Juan Pablo Durán, de responder a la premura que ha ordenado Susana Díaz. Sin embargo, el incumplimiento de un 50% de su compromiso en la materia ha llevado a que el Gobierno de Andalucía retrase la presentación del Plan Anual Normativo de 2018, toda vez que cuando el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, tenga que hacer balance de 2017, se encontrará con una resultado muy irregular.

Tal es la situación que Susana Díaz dejó con el inicio del nuevo curso político de concretar plazos para sus leyes, como solía hacer constantemente en las sesiones de control o en sus comparecencias en el Parlamento de Andalucía, y se limita a hacerlo cuando tiene muy garantizada la entrega del texto, para no hipotecar más su palabra, si luego su equipo no llega.

En este contexto, y mientras la pasada semana los ponentes del PSOE eran citados por San Telmo para rendir cuentas sobre por qué determinadas leyes llevan tanto tiempo paradas en el Parlamento de Andalucía, el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, echaba la culpa a la oposición, que ha salido en tromba contra sus declaraciones.

Desde C's recuerdan que el incumplimiento del Plan Anual Normativo de 2017 no viene por estas prórrogas, “sino que ese achacable a la falta de diligencia de la Junta de Andalucía y no de los grupos”. De este modo, su portavoz, Juan Marín, ha replicado a Juan Cornejo: “Si cada uno hiciera su trabajo la legislatura podría ser mucho más fructífera”.

Mientras, Inmaculada Nieto (IU), ha comentado que el hecho de que “haya leyes que lleven más de un año en el Parlamento de Andalucía no se justifica por una prórroga de ocho días”. Tras precisar que las prórrogas que han pedido desde la oposición son para presentar enmiendas parciales, “para que en lugar de 15 días tengamos 23”, ha considerado que la excusa del PSOE “se desmonta sola” y la realidad “es que lleva tres años tocando la guitarra” y marcando un calendario “en función de los intereses de partido de la presidenta”. También ha recordado que informes del Consejo Consultivo de Andalucía y del Consejo Económico y Social de Andalucía ponen en evidencia la “vaguedad”, “inconsistencia” y “falta de novedades” en los textos que entran en el Parlamento de Andalucía.

En términos parecidos se ha expresado la diputada de Podemos Esperanza Gómez: “El Gobierno de Andalucía demuestra que no tiene pulso legislativo porque tampoco tiene pulso político, y nos tiene acostumbrados a normas que no innovan, no crean derechos y, en definitiva, no mejoran la vida de la gente”. Desde Podemos inciden: “Hay proyectos de ley del Gobierno de Andalucía incomprensiblemente paralizados, pese a haber superado toda la tramitación. Sólo quedaría el trámite de ponencia porque ya tienen las enmiendas presentadas. El trabajo arduo ya se ha hecho”.

Todos han coincidido en que a la lentitud del Gobierno de Andalucía para presentar los textos que promete se suma luego el bloqueo que de los mismos hacen sus propios ponentes. Sin embargo, fuentes del grupo del PSOE han asegurado que lo que hacen ponentes de otras formaciones es “abuscar del buen rollo” y ralentizar la tramitación por otras vías, como “no asistiendo a las convocatorias” o “pidiendo cambios de fecha en las reuniones de las mesas”, mientras que “los socialistas nunca han pedido prórrogas ni las han respaldado”.

En paralelo, toda la oposición ha criticado que todavía no se haya aprobado el Plan Anual Normativo de 2018, una obligación que tienen las administraciones antes de iniciarse un año natural desde que el pasado año por imposición del Gobierno de España. De hecho, el Gobierno de España sí lo ha hecho hace unos meses.

No es la primera vez las últimas semanas, en un clima preelectoral en el que el PSOE sabe que pronto le tocará hacer balance de sus medidas y el termómetro legislativo es muy importante, que se produce esta polémica. De hecho, ya era recientemente motivo de un cruce entre Inmaculada Nieto y el portavoz adjunto del PSOE, José Muñoz:

Pero las que han terminado de soliviantar a la oposición -sus socios de investidura incluidos- han sido las palabras de Juan Cornejo en rueda de prensa. Éste ha apuntado a los grupos que “paralizan” los proyectos de ley de un Gobierno de Andalucía caracterizado por un “elevadísimo cumplimiento” en la materia. El número 2 de Susana Díaz ha hablado de que hay grupos, que no ha querido concretar, que “una y otra vez proponen ampliar los plazos ante la incapacidad para afrontar el trabajo” para “tan ambicioso” plan legislativo impulsado por la Junta de Andalucía.

La oposición ha salido en tromba este miércoles contra el presidente del Parlamento de Andalucía, el socialista Juan Pablo Durán, después de que haya manifestado a Antonio López, presidente de la Cámara de Cuentas, que “no hay consenso” para la renovación de los miembros en el que es el tercero de los órganos de extracción parlamentaria que, como previamente la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), ha entrado en la lista de cumplimientos de la ley pospuestos.

Desde finales de 2017 hay que renovar a tres de los siete consejeros de la Cámara de Cuentas, tras haber caducado el mandato de seis años en el caso de los elegidos a propuesta del PSOE, Carmen Iglesias; PP, Amelia Martínez; e IU, Javier Navascuez, recientemente fallecido pero que previamente ya había renunciado, lo que a su vez ha dejado sin voto a la coalición de izquierdas en el órgano, porque los otros dos siguen ejerciendo en prórroga.

En este contexto, el presidente de la Cámara de Cuentas remitió un escrito a Juan Pablo Durán el pasado 10 de octubre avisando de que, “en cumplimiento del reglamento”, había que “iniciar los trámites necesarios para la oportuna renovación de tres miembros”, sin que desde la presidencia del Parlamento de Andalucía se haya puesto fecha para ello. Sin embargo, ha trascendido esa conversación entre los dos, lo que ha originado la polémica este miércoles.

La bronca ha llegado a la Junta de Portavoces, que fijaba el orden del día para el próximo pleno, y donde tras la reunión, Juan Pablo Durán ha rechazado las manifestaciones que previamente habían hecho en ruedas de prensa desde la oposición reprochándole este comentario. El presidente ha dicho que él no tiene “ningún portavoz” y que no ha dicho nada de eso. No obstante, en lugar de conseguir que quedara en evidencia Antonio López, los portavoces de la oposición se han quedado con el convencimiento de que no hay interés por cumplir la ley.

El líder de C's, Juan Marín, le ha pedido explicaciones y ha habido un cara a cara, pero cuando desde IU ha intentando entrar en el debate Inmaculada Nieto, Juan Pablo Durán la ha cortado. Pero la batalla estaba servida desde por la mañana en una situación en la que tanto C's como Podemos no van a dejar pasar la ocasión de apretar para poder elegir a dos miembros del ente fiscalizador, a costa de los mandatos que han caducado del PSOE y el PP, mientras que IU aspira a renovar el suyo. Con ello estarían representados los cinco grupos del arco parlamentario.

El problema es que para su designación hace falta la mayoría cualificada del pleno, con lo que Podemos, C's e IU, que ya han anunciado que unen sus fuerzas para obligar a Juan Pablo Durán que fije los plazos para este debate, necesitan la complicidad del PP. Tienen a su favor que después de haber criticado duramente los populares que el Gobierno de Susana Díaz rompiera la tradición (porque en ese caso le corresponden los nombramientos sin necesidad de ello) de buscar el consenso para los miembros del Consejo Consultivo de Andalucía se ven en la tesitura de no romper el pluralismo para la Cámara de Cuentas, donde sí es obligatorio que haya consejeros a propuesta de todos los grupos.

La portavoz del PP, Carmen Crespo, ha declarado que ellos están “abiertos al diálogo” y apuestan por “el pluralismo”, y precisamente ha puesto como ejemplo de lo que no comparten el tema del Consejo Consultivo de Andalucía. “La directriz de nuestro presidente [Juan Manuel Moreno] es el diálogo, y estamos dispuestos a que se afronte este debate”, ha enfatizado la diputada. Es lo que llevan diciendo populares y socialistas desde hace tiempo sin que realmente se tome ninguna iniciativa, como tampoco en la RTVA ni en el CAA.

Es más, hay un precedente, y ni Podemos ni C's quieren que los partidos mayoritarios se la jueguen como ocurrió en vísperas de las últimas elecciones autonómicas del 22 de marzo de 2015 cuando el PSOE y el PP se apresuraron en pactar la renovación de las dos vacantes que había entonces entre los consejeros para blindar su composición hasta finales de 2017 y evitar dar opciones a los nuevos partidos que ya se auguraba que entrarían en el arco parlamentario. Por eso, ni Podemos ni C's, y desde la salida de Javier Navascuez, tampoco IU, tienen reflejo en el organigrama a día de hoy.

“Si hay consenso o no, habrá que verlo en la votación”, ha espetado Esperanza Gómez, portavoz adjunta de Podemos, quien ha comentado que “hasta lo que sabemos, el único partido que no está dispuesto es el PSOE, el que sustenta el Gobierno de Andalucía y que parece que no quiere que personas de otros grupos participen en el órgano que fiscaliza sus cuentas”. De hecho, en Podemos confían en reunirse la próxima semana con el PP para que se sume a esta presión, que por otro lado podría interesar a los populares, dado que con la vacante que ha dejado IU, si hay empate, se usa el voto de calidad de Antonio López, propuesto por el PSOE.

En esta línea, Esperanza Gómez ha recordado a Juan Pablo Durán que “las condiciones las marcan la ley y el reglamento”, por lo que ha rechazado estas manifestaciones del “brazo ejecutor de las peores prácticas de Susana Díaz”. En su opinión, frenar este debate “es una burla a todos los andaluces” y ha avisado de que será “bochornoso” si no responde a la solicitud de la oposición.

Mientras, Juan Marín (C's), ha considerado una “imprudencia” las palabras atribuidas a Juan Pablo Durán. “No sé de dónde saca que no hay consenso porque, por lo menos con nuestro grupo no ha hablado”, ha aseverado en rueda de prensa, lo mismo que luego le ha dicho en la Junta de Portavoces. Él ya ha hablado con el resto de la oposición y ve coincidencia en que hay que emprender esta renovación. “De estas cuestiones no se puede hacer uso partidista”, ha advertido el líder de C's.

El PSOE cree que sólo se ha constatado “la realidad”

El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, ha defendido a su compañero, porque “conoce” la situación. Ha dicho que la misma es de una “negación por parte de una fuerza política” [apuntando contra el PP] y “posicionamientos de máximos” por parte de otras [en este caso hacia Podemos pero también sin nombrarlo] en este tema. “Lo que ha hecho es interpretar una realidad”, ha comentado, insistiendo en que los socialistas están por el acuerdo. “Resulta absolutamente cínico que los que tendrían que propiciar el acuerdo se dediquen a criticar que el presidente constante su irresponsabilidad”, ha concluido.

Se da la circunstancia de que en el pacto de investidura de los socialistas con C's se incluía la modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas, heredada por cierto de la legislatura PSOE-IU. Sin embargo, no se ha avanzado nada en este sentido, y en las cuatro ocasiones desde 2015 en que IU ha registrado la misma proposición de ley para ello, ha contado con el dictamen contrario del Consejo de Gobierno, la última el pasado 6 de marzo. De esas cuatro veces, no obstante, una ha llegado a pleno, en concreto el pasado mes de abril, pero la tramitación de la proposición de ley fue rechazada por el PSOE, el PP y C's.

Tras haber registrado la pasada semana su proposición de ley para la reforma de la que rige la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), C's hecho lo mismo con otro órgano de extracción parlamentaria con mandato caducado y renovación bloqueada: el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Como en el primer caso, los naranjas proponen una reducción de sus miembros, equiparar sus sueldos a los máximos de la Junta de Andalucía y garantizar que no haya interinidades eternas como ocurre en estos momentos, dado que debió renovarse hace dos años.

Con respecto a lo primero, C's ha propuesta una modificación del articulado para que se reduzca su composición de 11 a 7 miembros, que serían elegidos previa audiencia pública en el Parlamento de Andalucía. Pone como ejemplo los órganos similares de países como Portugal, con cinco consejeros; Reino Unido, seis; y Francia, siete. Igualmente, subraya que debe garantizarse que la composición sea paritaria.

Por otro lado, prevé cambiar otro artículo para que sus asignaciones -teniendo en cuenta que son ciudadanos con dedicación exclusiva y sujetas a un estricto régimen de incompatibilidades- sean equiparables a las personas que ocupan las secretarías generales y viceconsejerías en la Junta de Andalucía, igual que propone para la RTVA, y “sin derecho a pagas extraordinarias”.

Con el fin de evitar bloqueos propone que también se cambie la ley para que su elección sea por mayoría de tres quintos, como está fijado, pero sólo en primera votación. Si no es posible, sería por mayoría absoluta en una segunda vuelta, y en cualquier caso, deberán ser ratificados por el Consejo de Gobierno “en el plazo improrrogable de seis meses expirado su mandato o producido el cese”. El mismo mecanismo sugiere para la designación de la persona encargada de la presidencia del órgano, elegida entre los siete miembros del CAA, y que en estos momentos Emelina Fernández.

El portavoz de C's en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín, ha explicado este miércoles que con su propuesta calculan un ahorro de “en torno a 300.000 euros por año”. En el mismo texto, C's reconoce que tras 12 años de funcionamiento se ha constatado “fehacientemente la utilidad del CAA”, pero entiende que hay que “adaptarlo a la nueva representación parlamentaria” y a una “mejor gestión económica y social”.

C's ha decidido impulsar todos los puntos de pacto de investidura de Susana Díaz que el PSOE ya ha descartado que se puedan poner en marcha esta legislatura y que son los relativos a la prometida regeneración democrática, hasta el momento relegados por los dos socios.

No se sabe si la presión que vaya a poder ejercer con ello sirva para generar la suficiente inestabilidad como para allanar el camino a Susana Díaz para un posible adelanto electoral. Para ello necesitaría sumar fuerzas con el resto de la oposición y, especialmente, con el PP que está en sintonía con el PSOE en que no es posible abordar estas cuestiones.

Se trata de cinco puntos, con una trascendencia importante por cuanto que suponen cambios sustanciales en el mapa político: reforma de la Ley Electoral de Andalucía (LEA), eliminación de los aforamientos, limitación de mandatos en la presidencia de la Junta de Andalucía y las consejerías y modificaciones de las leyes que rigen la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). Todo ello firmado por el PSOE y C's como compromiso para esta legislatura, y de hecho, varias son cuestiones que vienen de años atrás.

En el primer caso, la reforma de la LEA, C's ha llegado a vincular su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2019, que debería concretarse el último trimestre del año, a que se inicie esta tramitación. Por tanto, pone un primer ingrediente para un motivo para Susana Díaz con la que adelantar los comicios si no puede aprobar la ley más importante del ejercicio, pero también le brinda la posibilidad de optar por primera vez por mirar a su izquierda (Podemos e IU) para este trámite, lo que en cualquier caso se antoja muy complicado en clima preelectoral. 

Reforma de la Ley Electoral de Andalucía 

Tiene esta semana un momento clave porque el grupo de trabajo creado para la reforma de esta ley en el Parlamento de Andalucía -el segundo  que lo intenta- presenta el 15 de marzo su dictamen tras las exposiciones que han hecho todos los grupos después de meses de comparecencias de expertos. Lo que ocurre es que sólo se vislumbra consenso para una reforma limitada en cuestiones como hacer obligatorios y profesionalizar los debates de los candidatos, envío único de propaganda para abaratar costes e incluso imposición de la doble cremallera en las candidaturas.

No se va a tocar lo que más interesa a C's, que es la proporcionalidad, lo que afecta a la cifra de escaños por provincia y que con su planteamiento implicaría que en las últimas elecciones autonómicas hubieran sacado menos parlamentarios el PSOE y el PP a favor de los partidos más pequeños. El PSOE lo lleva diciendo desde que se creó este grupo de trabajo y lo ha vuelto a reiterar esta semana su secretario de Organización en Andalucía, Juan Cornejo, quien ha recordado que para una reforma de este tipo hay que contar con el “máximo consenso posible” y sin “imposiciones de una mayoría contra una minoría”. 

Para empezar, los socialistas descartan una modificación de esta ley sin el PP. En su opinión, no es probable que esté en vigor para las próximas elecciones autonómicas, en principio en 2019, que es lo que quería C's, y ha hablado de un “acuerdo de mínimos”, entre otras cosas porque entiende que hay propuestas que exigen tocar el Estatuto de Autonomía y no hay tiempo para ello. Si acaso para dejarlo planteado para la próxima legislatura.

Eliminación de los aforamientos

En cuanto a la eliminación de los aforamientos, no se tiene que vincular con la reforma de la LEA, pero el PSOE también ha replicado a C's, pese a que en su día le prometió que se haría, que esto debe abordarse a “nivel nacional” porque “es algo muy serio” y las comunidades autónomas no deberían tener criterios distintos. Cierto es también que es posible iniciarlo si hay voluntad. Es más, dos comunidades autónomas lo han aprobado y en los dos casos con apoyo del PSOE: Región de Murcia y Cantabria, a la espera de las Cortes Generales, porque esto exige luego una reforma estatutaria. Sin embargo, C's fracasó en un mismo intento en Castilla y León.

Limitación de mandatos

En este caso el PP ha intentado tomarle la delantera a C's con su propia proposición de ley para modificar la Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con lo que no exigiría reforma estatutaria. Fue admitida a trámite por el pleno del Parlamento de Andalucía en 2016, por unanimidad, para limitarlos a dos legislaturas (8 años). Sin embargo, en 2017, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía calificó de “inconstitucional” la propuesta, similar a otra aprobada también en Extremadura.  

Esto sirvió en bandeja a los socialistas argumentos para posponer un debate que en principio no rechazan pero tampoco los hace sentirse cómodos. Por ello, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, ha repetido varias veces que están “dispuestos” a hablar de esto, pero vinculándolo a una reforma del Estatuto de Autonomía y no de la ley “como propone el PP”, dado que “jurídicamente es inviable”.

Renovación de la RTVA

Las largas que el PSOE le ha ido dando a C's con la renovación de la RTVA, que exige mayorías cualificadas, ha obligado a los de Juan Marín a presentar la primera proposición de ley de toda la legislatura. Hasta el momento era el único grupo que no había recurrido a esta figura porque entendía que correspondía a la acción del Gobierno de Andalucía y le daba margen de que cumpliera “lo firmado”. Por eso es significativo que haya presentado su propia proposición de ley, es decir, da por sentado que los socialistas no lo van a hacer. 

La modificación que han propuesto pasa por reducir los miembros del consejo de administración de la RTVA, entre otras cuestiones, y llega cuando su mandato lleva caducado cuatro años sin que, por tanto, hayan tenido posibilidad en la elección de los consejeros ni Podemos ni C's, que entraron por primera vez en el Parlamento de Andalucía con las últimas elecciones autonómicas.

Renovación del Consejo Audiovisual

Igual que hizo con la RTVA, C's tiene previsto registrar esta semana una proposición de ley para reformar la norma que rige el CAA. Se trata, igualmente, de abrir el debate en torno a la reducción de la composición de un órgano cuyos integrantes son elegidos por el Parlamento de Andalucía, que debió renovar su mandato hace dos años permitiendo con ello, también en este caso, la entrada de consejeros a propuesta de los nuevos partidos del arco parlamentario.

Sólo 24 horas después de que el Consejo Ciudadano Andaluz (CCA) aprobara dotarse de un “instrumento” para organizar las candidaturas para las elecciones municipales, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, prometía una consulta entre los militantes para decidir con qué nombre concurren. Básicamente porque quiere que en la marca que se cree para las próximas convocatorias electorales vaya la palabra “Podemos” y es por lo que se preguntará en dicha consulta, donde la depuración del censo le da muchas garantías de que se imponga este criterio.

Pese a esta decisión de Pablo Iglesias, el equipo liderado por Teresa Rodríguez en Andalucía continuará con la idea de registrar un partido, si bien han insistido en que “no necesariamente” tiene que ser con el que concurran a las urnas. ¿Cómo se va a llamar el nuevo partido? ¿Cómo casa con lo que pudiera resultar de la consulta que ha anunciado Pablo Iglesias? ¿Cómo afecta a la confluencia?

El secretario de Comunicación de Podemos en Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha respondido a lo primero que eso no está decidido y que tampoco hay plazos para constituirlo, si bien este diario ha podido saber que en el CCA se habló de “Marea Andaluza”, registrado recientemente por la federación, que en cualquier caso tiene en contra que no gusta a IU, socios preferentes para la confluencia. Todo ello podría hacer que finalmente se descartara.

“No afecta ninguna forma”

En cuanto a lo segundo, ha considerado que no colisiona con la consulta. “No afecta de ninguna forma. Es totalmente complementario. [...] En Andalucía vamos a organizar la consulta para que haya una elevada participación con la máxima democracia posible”, ha prometido. Pero ha dejado claro, como ya hizo la propia Teresa Rodríguez en el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) del pasado sábado, que no tiene por qué verse la marca de Podemos. En esta línea, Pablo Pérez Ganfornina ha remarcado: “No vamos a imponer a nadie la marca Podemos. Nos preocupa el sujeto político”. Y es que igual que Pablo Iglesias confía en que en la consulta gane su opción de respetar el nombre de Podemos, en Andalucía Teresa Rodríguez puede conseguir lo contrario.

Sobre la confluencia, para la que IU apremia a Podemos, ha subrayado que “las negociaciones continúan” y que esta decisión del CCA no tiene nada que ver. Es más, en principio en IU celebran que sus posibles socios puedan desvincularse de la marca Podemos porque se trata de construir un nuevo sujeto político. Otra cosa es que también Podemos esté moviéndose para evitar que IU le coma terreno en los municipios, donde la coalición de izquierdas cuenta con una estructura mucho más solvente, sobre todo en los municipios más pequeños.

En la reunión del CCE, Teresa Rodríguez expresó sus discrepancias, si bien Pablo Pérez Ganfornina ha negado que hubiera un plante. “No hubo enfrentamiento entre Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias, sino un debate en torno a cómo construimos el proceso”, ha matizado. “Nos parece bien la consulta que se hace”, ha continuado, pero también ha precisado: “La candidatura no es sólo un nombre”.

“No está encima de la mesa”, ha respondido sobre la creciente sensación en varios sectores de que buscan una escisión del partido. “Los temores de los demás...”, ha comentado sin terminar la frase. “Estamos aquí para defender lo que aprueban nuestros órganos. Vamos a construir candidaturas dándoles los instrumentos jurídicos a los municipios. No vamos a alimentar ese debate. No me corresponde a mí valorarlo”, ha concluido.

De este modo, ha ratificado que esa hoja de ruta decidida el pasado viernes en el CCA continúa. Tras felicitarse por el encuentro con las candidaturas con las que llevan tres años trabajando, ha insistido en que se trata de “dar garantías y seguridad a nuestros compañeros” tanto de dentro como de fuera de Podemos. Es más, cree que es “un paso adelante” de Podemos en Andalucía de cara a 2019.

Tres razones de fondo

En este contexto, no se pueden perder de vista tres elementos. Por un lado, que en Andalucía, Podemos ha dado el primer paso para hacer frente a las consecuencias de no haber concurrido a las elecciones municipales de 2015 con su propia marca, sino respaldando determinadas candidaturas de unidad popular. Con éstas -quitando las muchas que se han desvinculado ya de Podemos- es con las que se reunieron en Málaga el pasado viernes y decidieron crear el nuevo partido.

“Nos vimos con muchas candidaturas de unidad popular y lo sabe el CCE”, ha recalcado Pablo Pérez Ganfornina, quien ha puntualizado que “hay que hacer una propuesta coherente” en la línea de que se trata de que se sienta “cómodo” todo el mundo, incluso “gente que no está en Podemos” y que sin embargo se quiere involucrar en este proyecto. Pesa mucho en este sentido que hay un sector que está convencido también de que hay que evitar el desgaste que ha sufrido la marca Podemos.

Ha aclarado también que de momento se habla de este partido “sólo para las elecciones municipales”. En cualquier caso, ha reconocido que pese a que no tiene por qué ser lo que se construya de cara a las elecciones autonómicas, que van primero en el calendario, ha reconocido que son las elecciones municipales las que marcan el ritmo y hay que mantener “coherencia” en la globalidad.

El segundo elemento, es que Teresa Rodríguez -a poco más de un año para las elecciones municipales- se está posicionando para evitar que le coma terreno la corrientes Municipalismo en Común, que ha tomado un impulso notable y lleva meses configurándose, sobre todo por el empuje de descontentos de las bases de Podemos con su liderazgo y donde los errejonistas tienen un peso destacado.

En tercer lugar, hay también una respuesta a la resistencia que se han encontrado en el equipo de Pablo Iglesias para conseguir la autonomía que el CCA aprobó que debía conseguir Podemos en Andalucía, convirtiéndose en una verdadera federación que el CCA aprobó que debía conseguir Podemos en Andalucía, convirtiéndose en una verdadera federación con CIF propio e independencia para la elaboración de las listas y decisiones como los pactos pre y post electorales.

El hecho de que tras la purga de los errejonistas, Pablo Iglesias haya puesto el foco en los anticapitalistas, que controlan el partido en Andalucía, ha terminado de ratificar el convencimiento de que tienen que reivindicarse dentro de la estructura en función de su conocimiento del territorio para no perder comba.

Mientras las denominaciones franquistas se van borrando, con mayor o menor resistencia del callejero, en los centros de enseñanza perviven, lo que ha llevado a Podemos a preguntar a la consejera de Educación, Sonia Gaya, cómo y cuándo se va a cumplir la Ley de Memoria Democrática de Andalucía en estos casos.

Este grupo ha elaborado, con la colaboración de los colectivos memorialistas de cada una de las ocho provincias, un listado que recoge 41 centros de enseñanza [completo más abajo], sobre todo de CEIP (centro de educación infantil y primaria) e IES (instituto de enseñanza secundaria), que todavía mantienen nombres relacionados con el franquismo en Andalucía. Todos los de la lista son públicos.

El pasado año eldiario.es publicaba un estudio sobre una base de datos de las 33.000 escuelas infantiles, colegios e institutos públicos y privados del Ministerio de Educación y detectaba una estimación de 80 con denominaciones franquistas o con cargos franquistas en toda España, pero esta actualización en Andalucía ha descubierto todavía más nombres susceptibles de chocar con la ley.

El problema es también que no se ha puesto coto a la creación de nuevos, como muestra que recientemente se decidiera poner un nombre de un alcalde franquista a la Universidad Popular de Jaén con el argumento de que se pretende “poner en valor la persona y la fantástica labor que llevó a cabo durante su mandato”. Este tipo de conflictos son los que se quiere resolver con la comisión de expertos porque precisamente en la lista elaborada por el Círculo de Memoria Democrática de Podemos hay, entre otros, varios alcaldes franquistas que no figuraban en el estudio realizado por este periódico.

En este contexto, el diputado Jesús de Manuel (Podemos) pedía a la consejera en el último pleno que tome cartas en el asunto: “¿Cuándo se va a cumplir la ley?”. Sonia Gaya aprovechó la ocasión para anunciar que se creará una comisión de expertos para evaluar todas estas situaciones y proceder a cumplir la ley. “En los elementos contrarios ya hemos intervenido en los que se han hecho obras”, ha expuesto la titular de Educación, quien ha puesto como ejemplo el reciente cambio de denominación del José María Pemán (Jerez de la Frontera), y ha dicho que en lo mismo se trabaja para el caso del Pedro Parias (Peñaflor). “Quedan más, pero lo vamos a hacer con todas las garantías”, ha reconocido.

Por su parte, Jesús de Manuel ha celebrado la creación de esa comisión de expertos, y le ha pedido que primero se haga “un inventario exhaustivo” y luego “se pongan en contacto con los colegios para proceder a estos cambios”. De momento, ha puesto sobre la mesa esta lista. Las denominaciones de los centros de enseñanza en cuestión se repiten en ocasiones. Hay hasta tres bautizados en honor a Manuel Lora-Tamayo, ministro franquista, y dos, en cada caso, para el fascista José Calvo Sotelo y el falangista Joaquín Romero Murube- e incluso nombres ya borrados en otras localizaciones, como es el caso del hospital Carlos Haya de Málaga, pero que en cambio se mantiene para un instituto en Sevilla.

Por otro lado, Jesús de Manuel ha insistido la necesidad de abordar también “la simbología franquista” de los centros docentes, dado que no siempre se encuentra este incumplimiento en la denominación. Ha puesto cuatro ejemplos muy concretos: el dintel con escudo franquista del ahora colegio Jardines del Valle de Sevilla; el retablo cerámico dedicado a los “Mártires de la nueva reconquista española”, en el colegio de los Salesianos de la Trinidad, también en la capital hispalense; la lápida escrita en latín que en la Universidad de Sevilla cita a Francisco Franco como “Duce”; y otra similar en el CEIP La Atalaya de Níjar (Almería).

El anteproyecto de Ley de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que lleva intentándose aprobar en la comunidad autónoma desde la pasada legislatura, “presenta un elevado carácter promocional”, adolece de “fuerza vinculante” y en algunos casos “carece del necesario carácter innovador”, cuando no presenta una “regulación imprecisa” que puede generar “inseguridad jurídica”. En términos tan duros se expresa el Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía en el dictamen que acaba de emitir sobre la norma, todavía pendiente del informe del Consejo Consultivo de Andalucía, pese a que se prometía en el Parlamento de Andalucía para pasado año. 

Este dictamen refleja el problema con el que se han topado otros textos del Gobierno de Susana Díaz, como la Ley de Fomento del Emprendimiento o la Ley de Formación Profesional, por citar los dos ejemplos más criticados, o sea: escaso efecto regulador, mucha dependencia de un futuro desarrollo reglamentario sin plazo para ello y cierto carácter de compendio de lo que existe más que de una verdadera ley.

De este modo, tras recordar la “extraordinaria trascendencia” de una norma para un sector fundamental en Andalucía, el CES rechaza la “proliferación de preceptos cuyo contenido es puramente programático” y “carente de eficacia prescriptiva”. Considera por ejemplo que es “reiterativo” el uso de formas verbales del tipo “se desarrollarán”, “se establecerá” y de “encomiendas genéricas” a la consejería competente, para que “fomente”, “proteja” o “proporcione”. Por ello, anima a que el Gobierno de Andalucía corrija estas deficiencias o “quebrará las expectativas de quienes confían en la eficacia ordenadora de la norma”. Entre otras cosas, le pide la inclusión de directrices y pautas de actuación que orienten eficazmente la acción del ejecutivo y que, cuando se trate de remisiones a un posterior desarrollo reglamentario de la ley, se imponga “un plazo razonable de cumplimiento”.

Se trata de la segunda versión que revisa el CES, tras la frustrada de la pasada legislatura PSOE-IU y que llevó a los socialistas a volver a incluirla como compromiso en su pacto de investidura con C's. Pese a que el CES reconoce mejoras, considera que persisten errores, como los citados o como que el contenido ya está previsto en otras leyes, en la normativa comunitaria o incluso en la Constitución Española, “cuya virtualidad no pasa por su reiteración”.

Varapalo en 10 puntos

Destacamos a continuación 10 puntos en los que el CES, que no recibió este texto hasta el pasado 25 de enero pese a que fue aprobado en Consejo de Gobierno el 11 de octubre de 2016, ha sido especialmente insistente en la necesidad de mejorarlo: 

En el caso de los órganos de interlocución, donde el proyecto de ley prevé dos, ve necesaria una revisión para “delimitar con mayor profusión su carácter, atribuciones, régimen de funcionamiento y composición”. No está de acuerdo con la propuesta “toda vez que la composición prevista para cada uno de ellos no se corresponde con el alcance de las funciones que se le encomiendan”, tanto en el caso del Consejo Asesor Agrario como en el del Consejo Agroalimentario Andaluz.

Por otra parte, apunta que dado que no existe ninguna norma que defina el arrendamiento de larga duración, debería hacerse con esta ley. “La regulación contenida en el anteproyecto es tan excesivamente parca que ignora la situación de agricultores individuales o entidades que desde hace años cultivan algunas de estas tierras a las que accedieron por aplicación de la Ley de Reforma Agraria. Conforme a la regulación propuesta, no tendrían posibilidad alguna de acceder a la propiedad, al no contemplarse su situación en ninguno de los supuestos”, remarca.

Sobre la figura que permitirá la declaración de Zona de Protección Agraria, que fue presentada como una de las grandes novedades por la entonces consejera del ramo Carmen Ortiz, el CES cree que se hace con “una regulación imprecisa y carente de los elementos esenciales definitorios de este instrumento”. Indica que los presupuestos que justificarían esta declaración “constituyen conceptos jurídicos indeterminados, tan vagos en su formulación, que generan un espacio de discrecionalidad próxima a la arbitrariedad”. La regulación propuesta tampoco detalla los efectos de la declaración, “lo que merma su eficacia”.

En el apartado relativo a la infrautilización y degradación del suelo agrario, sostiene que como está previsto genera inseguridad jurídica, dada la “vaguedad” de su redacción. “El anteproyecto carece de una definición de suelo en procesos de degradación sin que exista ninguna norma que defina este concepto. Por lo tanto, para poder admitir este precepto, es necesario que se defina de forma precisa qué se entiende por un suelo en proceso de degradación y qué medidas correctoras deberían haberse tomado para evitar esa calificación”, apunta.

En relación a los factores de producción, llama la atención sobre que el texto no establece “medidas novedosas”, más allá de la “reiteración de obligaciones impuestas por disposiciones comunitarias” sobre vigilancia y control. Para no limitarse a criticar, el CES da ideas, como que se incluya en este precepto la obligación de la administración de fomentar el uso de fertilizantes orgánicos o que en materia de alimentación animal, “dada la extraordinaria dependencia de las importaciones”, se obligue a la implantación de cultivos proteicos.

Sobre el Foro Andaluz de la Cadena Alimentaria, reconoce la “meritoria” intención de su creación, pero opina que definirlo como “órgano de cooperación entre los diferentes eslabones de la cadena” le da un carácter participativo y por tanto “poco adecuado para encomendarle la tarea de seguimiento y denuncia de las prácticas de venta a pérdidas”, es decir por debajo de su coste de producción.

En otro orden de cosas, el CES propone que se incluya el término “ganadería”, junto al de “agricultura” en todas las referencias a actividades que no sean esencialmente agrícolas. O que, en su defecto, se ponga “sector agrario”, como inclusivo de los dos. Pese a que en los datos agrarios, la ganadería resulte menos relevante que la agricultura, pues aporta en torno al 15% de la producción, “no se puede obviar”. Junto a su contribución a la economía y a la generación de empleo, recuerda que la modalidad predominantemente extensiva en Andalucía “ha dado lugar a ecosistemas tan característicos en el territorios como la dehesa”.

El CES tampoco comparte la exclusión del sector forestal en el texto, ni siquiera cuando su producto tenga un destino no alimenticio, “toda vez que existen disposiciones del anteproyecto que le resultan de aplicación”, sino por el entorno en el que se desarrolla.

Por otro lado, el texto encomienda a la administración la tarea de desarrollar reglamentariamente iniciativas que favorezcan la recuperación y la donación de excedentes alimentarios, lo cual aplaude el CES, pero advierte de que esto no sólo requiere de una voluntad u obligación solidaria, sino que “presenta una compleja problemática que va desde garantizar la no penalización directa o indirecta del donante, hasta contar con entidades receptoras capaces de gestionar estos productos en caso de que el destino sea la alimentación humana, o con empresas dedicadas a su reutilización, en caso de uso distinto”.

En el régimen sancionador, también es crítico el dictamen y se aboga por una “revisión en profundidad” de las infracciones tipificadas. En esta línea, insiste en la necesidad de “evitar la infracción del principio non bis in idem y de dotar de plena seguridad jurídica su regulación”.

Finalmente, el CES no comparte que todas las remisiones a un futuro desarrollo de la ley con reglamentos no se concrete en plazos. “Consideramos oportuna la inclusión de una disposición final que establezca los plazos en los que la administración debe hacer efectivas las remisiones reglamentarias que contiene el texto”, concluye.

Datos del sector

Cabe recordar que con este texto se pretende regular por primera vez con rango de ley un sector que es de los más importantes en la economía de la comunidad autónoma. Supondrá que terminará de derogarse la Ley de Reforma Agraria, que marcó un hito hace más de 30 años, a la vez que llevará a modificaciones en la Ley de Calidad Agroalimentaria y Pesquera y en la Ley de Interprofesionales Agroalimentarias.

Como el propio CES destaca en su dictamen, en Andalucía la relevancia del sector la muestran datos como que haya 55 productos sujetos a distintivos de calidad; sea pionero en el empleo de la lucha biológica para el control de plagas; y líder en cuanto a la superficie de producción ecológica. Su producción se situó en 2016 por encima de los 12.400 millones de euros. Hoy día, la agricultura, la ganadería y la silvicultura mantienen a más de 450.000 afiliados a la Seguridad Social y ocupan de forma directa a más de 245.000 personas.

En paralelo, ha facilitado el desarrollo de una potente agroindustria, que ocupa el segundo lugar en la producción industrial de Andalucía, con un 21% del total de su valor, y emplea a 46.465 personas. El 24% del empleo generado por la industria de Andalucía está vinculado a la agroindustria. Los productos agroalimentarios exportados desde Andalucía en 2016 ascendió a 10.028 millones de euros, lo que supuso el 39% del total, generando un saldo comercial positivo de 6.231.