El secretario de Organización de Coalición Canaria en Lanzarote, Echedey Eugenio, ha vuelto a sacar su lengua a paseo, esta vez en su versión más misógina y machista. Para tratar de desacreditar la multitudinaria manifestación del sábado por las calles de la capital de Lanzarote no ha tenido mejor idea que la de insultar a las mujeres que participaron en ella. En una entrevista en Radio Lanzarote, Eugenio dijo este lunes lo siguiente: “Si vinieron algunas a la manifestación que parecía que venían de fiesta, ¡si vinieron hasta pintadas!”

La frase trató de completarla con reflexiones presuntamente profundas, como “yo creo que estamos hablando de otras cosas diferentes, que estamos hablando de la sanidad”...

Al Partido Socialista le faltó poco para tirársele al cuello mediante una publicación de un vídeo en redes sociales con moviola con esos momentos estelares de su entrevista para que el público expectante pudiera palpar el alcance de la astracanada del dirigente nacionalista canario, presuntamente progresista, según los principios fundamentales de CC.

La manifestación que parece irritar a Coalición Canaria, que gobierna en el Cabildo de Lanzarote y en el ayuntamiento de la capital, entre otros consistorios de la isla, fue la celebrada el sábado con la asistencia de unas 7.000 personas, según la Policía Local de Arrecife. Se convocó para reclamar la continuidad del Hospital insular, dependiente del Servicio Canario de Salud y cuyo principal servicio que presta es el de geriatría. Fue una protesta convocada por la Plataforma Marea Blanca, que reúne a trabajadores, usuarios, sindicatos, partidos y asociaciones, y estuvo encabezada por pacientes del hospital insular de Lanzarote en silla de ruedas y por una gran pancarta que llevaba por lema “Por una sanidad pública digna. La sanidad pública pública no es un negocio, es un derecho”.

Los manifestantes reclamaban la reforma del centro sin su cierre, como pretende el Servicio Canario de la Salud, en manos de Coalición Canaria.

No es la primera vez que este teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife es traicionado por sus verdaderos principios ideológicos. En septiembre de 2024, en un programa de Lancelot Televisión, en medio de un debate con el dirigente socialista local Benjamín Perdomo, Echedey Eugenio lanzó esta pregunta al aire: “¿Sabes con quién van a compartir sus colegios y sus centros sanitarios esos 6.000 menores [migrantes no acompañados] cuando se conviertan en mayores de edad? Con mis hijos y mis nietos”. 

Y lo dijo en un tono elevado, seguro de lo que decía y de la receptividad que sus palabras iban a tener en un sector de la población fácilmente impresionable ante discursos racistas y xenófobos. 

Sus palabras fueron objeto de duras críticas por muchos sectores políticos y sociales de Lanzarote, y su reacción contra la portavoz socialista en el Cabildo, Arigona González, fue la de interponer una querella por injurias y calumnias. La querella fue archivada al constatarse el tamaño del disparate.

En ninguno de estos casos Coalición Canaria ha ofrecido una explicación o unas disculpas públicas.

Hay muchas cosas que Fernando Clavijo le debe a Manuel Marchena, el poderoso presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Las más conocidas son, sin duda, los correspondientes archivos de los casos Grúas y Reparos, las causas penales por las que el presidente de Canarias se hizo senador por la Comunidad Autónoma entre 2019 y 2023, convirtiendo en digno de estudio su caso por el récord que supone que a un solo aforado le archiven dos asuntos en una sola legislatura y de un modo tan chiripitifláutico.

Pero hay un tercer tributo que Clavijo debería estarle rindiendo a Marchena: la implacable condena y posterior persecución que el magistrado hizo del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez, al que no solo la Sala Segunda condenó con el único testimonio en contra de un policía, sino sobre el que el poderoso magistrado proyectó a continuación un seguimiento de ejecución de sentencia que también merece ser repasado en las facultades de Derecho. 

Efectivamente, que Alberto Rodríguez perdiera su condición de diputado de la manera que lo hizo, en una sucesión de atolondradas decisiones de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, del PSOE, que se rindió a las exigencias de Manuel Marchena frente al criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, convirtió al político canario en una víctima evidente del sistema. Lo que reforzó posteriormente el Tribunal Constitucional al anular la condena por su desproporción.

Y de aquellos polvos, estos lodos.

Porque, de inmediato, Alberto Rodríguez renegó de un montón de gente, de amistades, de complicidades y de algunas convicciones para echarse al monte de la intransigencia frente a los que consideró que le habían abandonado ante aquella tesitura. Lo malo es que en esa transición revisionista que hizo, se llevó por delante a mucha gente que lo apoyó hasta que no pudo soportar su narcisismo.

Y cuando parecía que se transformaría en un antisistema, cabreado con los partidos políticos y con todos los poderes constitucionales del Estado, su transición fue hacia la búsqueda urgente del poder, con algunos de los mismos métodos que tanto repudió. Se trata de hacer política utilitarista: si no puedes cargarte al sistema, aprovéchalo.

De repente, aquel Alberto Rodríguez que en 2015 ejemplificó en la familia de Ana Oramas la perversión de los poderes burgueses que representa Coalición Canaria, cuando contó en un mitin cómo a su abuela le tiraban al suelo el dinero que se había ganado ejerciendo como costurera, se ha convertido en un instrumento muy efectivo para combatir a los adversarios de Fernando Clavijo (y de Ana Oramas). Y defender, por lo tanto, a los poderes burgueses y corruptos contra los que se desgañitó cuando sus rastas se convirtieron en el símbolo institucional de la contestación del 15-M.

Ya restablecido de aquella crisis que le provocó dejar el escaño en el Congreso de los Diputados y la secretaría de Organización de Podemos, Rodríguez montó Drago Canarias, un proyecto que se define como soberanista de izquierdas, con un ideario muy amplio que va desde una mayor protección del territorio a lo que él ha llamado recientemente la prioridad nacional canaria, una reinterpretación con adaptaciones muy poco afortunadas de la prioridad nacional de Vox (que poco a poco va adaptando y asumiendo el PP) según la cual aquí ya no cabe más gente y hay que limitar a tres meses la estancia de todas aquellas personas que entren con visado de turista o permiso temporal. Rodríguez se hizo un lío enorme explicándolo, lo que provocó el regocijo y hasta el jolgorio en la prensa ultra del país, que casi empieza a considerarlo uno de los suyos.

Antes lo había hecho Clavijo. Desde que sacó dos concejales en La Laguna en 2023, Alberto Rodríguez y su gente se han convertido en un fetiche para Coalición Canaria. Les gustó cómo trató de poner firmes al alcalde de la ciudad, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, cuando durante la negociación para un pacto progresista para la ciudad le largó a la cara una frase que pasará a la posteridad: “Tú déjame a mí la alcaldía y tú encárgate de llevar el ayuntamiento”. Con dos concejales de 27.

Rodríguez se negó a firmar un pacto con el PSOE (10 concejales) y Unidas se Puede (2), lo que provocó que Luis Yeray Gutiérrez acabara pactando con Coalición Canaria (siempre el mal menor), lo que a continuación trasladó la polémica al grupo mixto, donde debían entenderse Alberto Rodríguez con el líder local de Unidas se puede, Rubens Ascanio, y el portavoz de Vox, Manuel Rodríguez. El acuerdo que firmaron por exigencia de Drago Canarias otorgó la portavocía del grupo a Vox para que Drago pudiera asumir la liberación de su concejala, Carmen Peña, mientras que Unidas se puede, con más votos y los mismos concejales que los otros dos integrantes del grupo mixto, se quedara con la liberación de uno de sus ediles al 75%. 

Rodríguez renunció a cualquier cosa que favoreciera al PSOE y también a la versión local de su antiguo partido, pero se quedó con una concejala liberada. Y el poder, para Coalición Canaria.

Con la ayuda de la cadena Ser y Televisión Canaria

Aquel no fue sin embargo el primer servicio a Coalición Canaria. Durante la campaña para las elecciones autonómicas de 2023, Alberto Rodríguez fue utilizado como ariete contra el PSOE en todos los espacios de debate electoral que se lo permitían y donde CC lo lograba colocar. Los más llamativos fueron los organizados por la cadena Ser en Canarias. La emisora más seguida en la comunidad autónoma y que, en consecuencia, históricamente recibe más fondos del Gobierno canario, no disimulaba su deseo de que Fernando Clavijo regresara al poder. Y eso que el pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera) había mantenido una alta colaboración publicitaria.

La Ser metió con calzador en los debates que organizó a Alberto Rodríguez a pesar de que su partido, que se acababa de crear, no tenía representación parlamentaria, y sigue sin tenerla. Las protestas de los responsables de campaña no sirvieron de nada. Allí estuvo la bestia parda ejerciendo de mirlo blanco de Coalición Canaria, atacando tanto al PSOE como a Nueva Canarias y a Podemos, para conseguir debilitar las alianzas progresistas y fortalecer consecuentemente a los de Clavijo.

Alberto Rodríguez se presentó acto seguido a las elecciones generales de julio de aquel 2023 bajo la coalición que lideró Sumar, pero a pesar de sus más de 52.000 votos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no logró obtener escaño. Pero, eso sí, de aquel acuerdo con el partido de Yolanda Díaz, Drago Canarias sacó su correspondiente tajada económica: desde entonces y hasta la fecha, el salario de su jefe de prensa lo paga Sumar, lo que obliga al comunicador a tener que acudir de vez en cuando a Madrid a algún curso que justifique qué grupo parlamentario es el que le paga.

Un amplio cuestionario enviado el viernes a primera hora a ese departamento de Prensa de Drago Canarias no ha sido contestado a la hora de publicar este boletín. En él se le preguntaba por esta colaboración y por la que Alberto Rodríguez mantiene con los medios de comunicación públicos de Canarias, particularmente la Televisión Canaria. No podemos saber si cobra y cuánto cobra.

De las seis emisiones que hasta ahora ha tenido el programa de Televisión Canaria La Retranca, que pretende convertirse en el programa de referencia de debate político de la cadena, Alberto Rodríguez ha aparecido como tertuliano en cuatro. Nada cabría objetar a que una persona de izquierdas pueda sentarse a debatir con contendientes como Melisa Rodríguez, exdiputada nacional de Ciudadanos, ya retirada al menos formalmente de la política. Salvo por el hecho de que la presencia del líder de Drago es pregonada por los gestores de la cadena como la voz de la izquierda en ese plató.

De manera que la voz de la izquierda en ese programa que quiere ser referente la encarna un cargo público que, en cada ocasión que se presenta, denosta al PSOE, partido que jamás tiene quien le defienda porque el resto de tertulianos es, en su mayoría, de la plantilla de tertulianos de la cadena Ser en Canarias (Francisco Pomares, Jorge Bethencourt, Juan García Luján…). Y eso que en estas seis primeras entregas se ha abordado la crisis de credibilidad y de corrupción del partido en el gobierno seis veces, seis.

La confluencia a la que se negó Román Rodríguez

Gracias a Alberto Rodríguez, Fernando Clavijo y los suyos tienen cubierto, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el flanco izquierdista de la operación supervivencia que tienen diseñada. Se trataba inicialmente de dinamitar cualquier posibilidad de que una eventual coalición por la izquierda pudiera llegar a sumar lo suficiente como para que Ángel Víctor Torres, o quien coloque el PSOE en la candidatura autonómica en 2027, pueda contar con los apoyos para reeditar un pacto de las flores.

Pero ahora se ha ampliado la encomienda: se trata de conseguir la confluencia del nacionalismo tantas veces reclamada a Román Rodríguez y tantas veces denegada por el fundador de Nueva Canarias. Porque es en la provincia de Las Palmas, particularmente en la isla de Gran Canaria, donde más debilidades presenta Coalición Canaria. 

De ahí el caballo de Troya introducido en Nueva Canarias por los alcaldes de Gáldar, Teodoro Sosa, y de Agüimes, Óscar Hernández, líderes de Municipalistas Primero Canarias.

Cuando empiezan a sonar ya los tambores de víspera electoral, se desatan las colocaciones y las recolocaciones, Alberto Rodríguez ya se ha acercado a Agüimes, no a potenciar su opción soberanista de izquierdas, sino a proponer a la gente de Primero Canarias “un nuevo proyecto político soberanista y de carácter progresista”. De prosperar la idea, Coalición Canaria no solo se aseguraría una fuerza alternativa a Nueva Canarias que le restara lo suficiente como para no poder contribuir a un nuevo pacto de las flores, sino que reventaría el ya avanzado proyecto de una candidatura unida de la izquierda en Canarias para el Parlamento nacional y el canario. Drago Canarias es, por el momento, la única fuerza de esa órbita que ha dicho que no.

En la operación está Fernando Clavijo y su grupo de pensadores agrupados en su entorno en presidencia del Gobierno. Ninguno de ellos se acuesta sin consultar con su biblia de Perfiles, el instituto que les tiene al corriente de las vicisitudes demoscópicas de la región. Encuestas que comentó el presidente con Alberto Rodríguez en una reunión secreta que ambos mantuvieron recientemente y que ambos se han negado a confirmar o a desmentir a este periódico. 

Nos quedaremos con las ganas de saber qué opinaría la abuela de Alberto Rodríguez viéndolo ahora conchabado con los que le tiraban el dinero al suelo después de hacerle sus apaños en la ropa.

Una docena de medios de comunicación participaron este viernes en la feria comunicacional organizada en el muelle de Sanapú por la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Fundación Puertos de Las Palmas para “contar por primera vez el día a día de la actividad portuaria desde el corazón del puerto”, según anunciaron ambos organismos públicos para reconocer ya sin recato el ejercicio del periodismo de pago. Para ello tiraron de presupuesto público para hacer frente a cantidades que fueron desde los 1.000 a los 5.000 euros a las emisoras de radio y periódicos (digitales e impresos) que, naturalmente, aceptaron la invitación, que no están los tiempos para rechazar un caramelo así.

Había emisoras de radio grandes y pequeñas, incluida la radio pública autonómica y Radio Nacional de España, pero también la Ser y Onda Cero, el programa de Paco Chavanel y Radio Las Palmas.

Y para contar ese día a día de la actividad portuaria frenética desde el corazón del puerto, nada mejor que llevar hasta allí a un experto indiscutible, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, cuya vinculación con el recinto portuario se limita a su pertenencia a su consejo de administración, del que también forman parte, por ejemplo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria o la alcaldesa de la capital, Antonio Morales y Carolina Darias, respectivamente, que por supuesto no fueron invitados el bolo por no pertenecer al partido que ejerce el control.

Como tampoco fue invitado Canarias Ahora, a pesar de habernos ofrecido a hacer periodismo sobre el terreno al borde del mar, una de nuestras especialidades. Ninguna de nuestras preguntas, formuladas el pasado martes, tratando de entender de algún modo la intencionalidad de la iniciativa ha sido contestada aún por la Autoridad Portuaria. Entre otras cosas, queríamos conocer el criterio escogido para seleccionar a los medios de comunicación participantes en el acontecimiento y cuánta pasta se ha llevado cada uno. Hemos tenido que consultar con algunos de los presentes para poder hacernos una idea del tamaño del invento.

El caso es que con la excusa de un nuevo periodismo portuario, las autoridades portuarias de Coalición Canaria han descubierto la existencia del periodismo de pago, lo que en el lenguaje que maneja muy bien la gerente de la Fundación Puertos del Estado, Betsabé Morales, vinculada a una agencia de publicidad, se conoce como branded content o contenido patrocinado, una modalidad que trabajamos muchos medios pero que tiene sus límites en los organismos públicos por razones obvias, salvo a las autoridades portuaria de Coalición Canaria.

Ese nuevo periodismo de pago que de repente confiesan en público Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria y secretaria de Organización de CC en Gran Canaria, y Betsabé Morales, secretaria de Acción Electoral, es adanista, como muchas de las acciones que han encaminado desde que llegaron al puerto, en 2023. Ahora resulta que para conocer la actualidad portuaria por dentro existe “una nueva forma de conectar la actividad portuaria con la sociedad” que pasa por el invento de EnClave Puerto, que es como se llama, porque hasta ahora, periodistas como Manuel Vidal, durante años al frente de La Mar y sus Puertos, en Canarias7, o Juan Francisco Fonte, con una sección emblemática en La Provincia, Desde mi noray, se dedicaban a hacer periodismo portuario de chicha y nabos.

Y ya metidos en faena, las entrevistas tuvieron sus momentos gloriosos, como el que protagonizó con Paco Chavanel la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, que vino a decir que esa entidad, de titularidad pública, solo se nutre de aportaciones privadas, obviando, como dice la auditoría de Puertos del Estado que la ha colocado en la picota, que recibe cada año más de 300.000 euro de renta de un edificio cedido por la Autoridad Portuaria y que sus pérdidas en 2025 fueron de 128.115,91, a los que hay que sumar los 138.660,30 que se perdieron en 2024. Pérdidas que terminarán pagando los contribuyentes, como es menester.

Más solemne fue la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, que proclamó al mundo que no quiere “volver a escuchar que el puerto vive de espaldas a la ciudadanía. Queremos que la sociedad conozca nuestros puertos, que entienda su importancia y que descubra todo lo que ocurre aquí cada día”. Mejor no, señora Calzada. Salvo que lo que se cuente pase por caja.

Todavía es precipitado afirmar que esta feria de periodismo en el puerto se pueda volver a celebrar en 2027, año electoral, sobre todo por las vicisitudes que pueda deparar el descubrimiento de las irregularidades en la gestión de la Fundación Puertos de Las Palmas, que es por esto por lo que se convocó este año.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha pedido este jueves tiempo al consejo de administración del organismo público para encontrar una forma de encajar la sucesión de ilegalidades detectadas en la Fundación Puertos de Las Palmas por una auditoría de Puertos del Estado y salvar de momento los puestos de trabajo de varios correligionarios suyos, miembros de la directiva insular de Coalición Canaria.

Lejos de encajar lo ocurrido aceptar el resultado de la auditoría, Calzada optó este jueves por una huida hacia adelante consistente en pedir una reunión más con Puertos del Estado en la que exponer una nueva versión de su equipo y aplicar lo que ella misma llamó “medidas para corregir algunas cuestiones” sin especificar. Así se expresó ante los periodistas al término de la reunión del consejo de administración del organismo, que de momento tampoco actuará frente a las graves irregularidades detectadas en la auditoría, la más grave de ella, la contratación de la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, a la sazón secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria en Gran Canaria.

Y eso pese a las severas advertencias que pronunciaron en esa reunión tanto la abogada del Estado destacada en la Autoridad Portuaria como el representante en el consejo de Puertos del Estado, para quienes la auditoría refleja unas ilegalidades que podrían salpicar no solo a todas aquellas personas con responsabilidad directa sobre ellas, sino también contra las que, conociéndolas, no actúen.

La abogada del Estado, que confesó que se leyó la auditoría solo 24 horas antes del consejo, fue relatando punto por punto las más graves ilegalidades detectadas y fue llamando la atención sobre cada una de ellas, haciendo especial hincapié no solo en la contratación de la gerente sin ningún tipo de procedimiento legal, sino también el modo en el que fue despedida su antecesora, mediante una indemnización de 125.000 euros, para dejar el hueco libre. “No existe la contratación directa en la Administración del Estado”, recordó la abogada del Estado a los presentes, con especial dedicatoria a la presidenta de la Autoridad Portuaria, que es también la presidenta de la Fundación Puertos de Las Palmas.

En la rueda de prensa posterior al consejo, Beatriz Calzada ocultó todos estos detalles y trató de minimizar al máximo el alcance de la auditoría. Dio a entender que el informe final de este análisis de situación de la fundación se aleja bastante de la visión que ella y su equipo tienen de su gestión, aunque esa visión ya está recogida en el informe mediante entrevistas personales y un contrainforme aportado en tiempo y forma.

Resulta tan insignificante para la presidenta de la Autoridad Portuaria lo ocurrido alrededor de esta auditoría y su debate en el consejo de administración, que la reseña enviada por correo electrónico a los medios al término de su rueda de prensa dedica a la cuestión solo un párrafo, el noveno, con esta redacción: “Además, Calzada ha presentado a los consejeros el informe definitivo de Auditoría Interna realizada a la Fundación Puertos de Las Palmas por parte de Puertos del Estado. Así, la presidenta ha puesto en conocimiento de los consejeros las medidas adoptadas que emanan de la Orden Ministerial del año 2013 que mandataba que la fundación debería dejar de ser parte del sector público estatal”.

A preguntas de este periódico, Calzada reconoció que ninguna de esas medidas incluye, por ejemplo, la resolución del contrato de la actual gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, declarado ilegal por esa auditoría. La secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria continuará en su puesto a pesar de haberlo cubierto sin ningún tipo de procedimiento legal, es decir, a dedo. Calzada lo justificó ante los periodistas en que ese fue también el mismo método que se usó para contratar a su antecesora, Ana Pérez. Lo cual es falso porque, en realidad, aquella gerente, que era trabajadora de la casa, cubrió la plaza en funciones ante el vacío que se produjo por la marcha de quien fuera histórico gerente del órgano, Sergio Galván.

La presidenta de la Autoridad Portuaria no concretó qué “cuestiones” son las que deberá corregir la fundación que ella misma preside y a las que redujo la controversia, pero sí insistió en que esas correcciones se harán en coordinación con Puertos del Estado, que es el organismo que hizo la auditoría y que ha recomendado que se disuelva la fundación.

Respecto a este extremo, Beatriz Calzada recordó que desde una instrucción del Gobierno de España de 2013, fundaciones públicas como la de Puertos de Las Palmas deberían estar ya disueltas, extremo que calcula que podría ocurrir en torno al año 2028, cuando acabará la concesión que la Autoridad Portuaria hizo a su favor del edificio que ocupa en terreno portuario y que constituye la principal fuente de ingresos. “Los patronos tienen ganas de continuar”, dijo la presidenta, por lo que todo hace pensar que al menos hasta ese año habrá gerente designada ilegalmente y fundación de carácter público.

Para entonces ella habrá acabado su mandato al frente de la Autoridad Portuaria, donde podrán permanecer si así lo desean los siguientes cargos orgánicos de Coalición Canaria: Betsabé Morales, secretaria de Acción Electoral; Marcial J, Rodríguez de León, secretario de Cultura del partido, contratado mediante una asistencia externa pero cobrando como falso autónomo en la Fundación Puertos de Las Palmas; Nira Pulido Suárez, técnico Económico-Financiero en la Autoridad Portuaria y actual secretaria insular de Identidad de Coalición Canaria, así como la hermana del director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Leticia Padilla Macabeo, adscrita como administrativa a la Dársena de Embarcaciones Menores.

La Fundación Puertos de Las Palmas se consolida como agencia de colocación de Coalición Canaria en Gran Canaria. A su gerente, Betsabé Morales, secretaria de Acción Electoral, contratada ilegalmente, se ha sumado el secretario de Cultura del partido, Marcial J. Rodríguez de León. Según una auditoría de Puertos del Estado a esa fundación mantenida en secreto tanto por la entidad como por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Rodríguez fue inicialmente contratado para una consultoría, pero en realidad está realizando labores administrativas tales como “la invitación a licitadores para participar en contratos menores, gestión de expedientes y remisión de documentación de la propia fundación a Puertos del Estado”.

La Auditoría Interna en la Fundación Puertos de Las Palmas, realizada por Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, será analizada este jueves por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que hasta el momento ha mantenido un absoluto mutismo sobre su existencia a pesar de estar en su poder desde el pasado mes de abril.

En ella se muestran decisiones verdaderamente escandalosas que empiezan por la contratación de su gerente, Betsabé Morales, que llegó a ese puesto sin someterse al más mínimo proceso de selección de la mano de la presidenta de la Autoridad Portuaria, que a su vez preside la fundación.

Para poder contratarla, Beatriz Calzada, que a su vez es secretaria de Organización de CC en Gran Canaria, despidió a la anterior gerente en funciones, Ana Pérez, a la que, sin embargo, había prometido que se publicaría un proceso selectivo al que ella se podría presentar. Así consta en un correo electrónico que Calzada remitió a Pérez el 19 de noviembre de 2024: “Tal y como te comenté el pasado mes de abril, la intención es sacar la plaza de gerente a concurso en convocatoria abierta”, le decía entre otras promesas.

Los auditores de Puertos del Estado preguntaron a la actual gerente por estos extremos y ésta les llegó a decir que había habido “un proceso de selección basado en los currículos de los candidatos”, lo que “no se corresponde con las actas facilitadas”, se dice en el informe de auditoría.

Para justificar estas irregularidades, la fundación ha alegado que la contratación se produjo por “una situación de urgente necesidad y falta de tiempo para una convocatoria de larga duración”, lo que los auditores rechazan por no estar contemplada esa solución en ningún escenario previsto por las normas.

En el caso de Marcial J. Rodríguez de León, contratado para una auditoría externa, está desarrollando “tareas propias del personal administrativo y estructural de la fundación”, lo que constituye un riesgo alto de que plantee una demanda judicial, la gane y haya que convertirlo en trabajador indefinido no fijo.

Este asesor pasa facturas mensuales por importe de 1.420 euros, cuando su contrato inicial como asesor externo esa mensualidad estaba valorada en 1.183,33. La fundación dice ahora que se trata de “un error” que se propone regularizar próximamente.

A esa irregularidad, los auditores unen la de dos trabajadores más que prestan sus servicios en tareas administrativas a través de la empresa Activa Trabajo Canarias ETT. No se informa de momento de la identidad de esos trabajadores.

El entrenamiento para una media maratón

La auditoría recoge una batería de gastos muy llamativos que para los auditores no se corresponden con los objetivos de la Fundación Puertos de Las Palmas. Van desde procesiones religiosas a patrocinios deportivos, pasando por el pago a un entrenador profesional para que preparase a las personas que se inscribieron en una media maratón a razón de 26 euros por persona con un tope de 14.900 euros.

Se trata de gastos que se encaminan al fortalecimiento de la imagen de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en su carrera para ser candidata de Coalición Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El marketing y la imagen constituyen el centro de muchas de las decisiones puestas en entredicho por los auditores, desde la contratación de la gerente, que llegó hasta allí después gestionar la empresa de publicidad Kinewa Ideas del País, muy vinculada a otras acciones de la Autoridad Portuaria, a múltiples acciones promocionales como el acto de entrega de los Premios Fundación Puertos de Las Palmas (14.989,85 euros); la presentación de la marca “Fundación Puertos”, por 13.791,21 euros, adjudicada a Atlantis para nueve acciones de las que solo constan tres; o el proyecto Un puerto abierto para todos, adjudicado a QRear Comunicación por 14.850 euros gracias a una oferta presentada fuera de plazo.

Dentro de estas acciones a mayor gloria de la imagen del puerto y su presidenta se incluye la contratación por 14.900 euros del servicio “cobertura fotográfica y videográfica de las actividades llevadas a cabo por la Fundación Puertos de Las Palmas”, contrato que recayó en la pareja de la jefa de gabinete de la presidenta de la Autoridad Portuaria, Angélica Muñoz, también de Coalición Canaria. A este fotógrafo se le atribuyen también varios contratos menores en la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Las acciones fuera del puerto, es decir, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tienen mucho que ver con las vírgenes de los alrededores. 

A la coronación canónica de la Virgen del Carmen se destinaron 5.000 euros, entregados a la parroquia de igual nombre; a las fiestas del Carmen de 2025 se entregaron 2.000 euros sin factura, solo mediante un recibo de la parroquia y a las Fiestas de la Naval 2025, otros 2.000.

Con este panorama en la Fundación Puertos de Las Palmas dibujado tan crudamente por Puertos del Estado, todavía sigue como gerente Betsabé Morales y en el patronato organismos públicos como la Capitanía Marítima, Mando Naval de Canarias, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Son muchas las personas que conocen la auditoría hecha por Puertos del Estado a la Fundación Puertos de Las Palmas. Pero nadie se atreve a facilitar una copia al periodista. Le tienen terror a la abogada del Estado destacada al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Patricia García-Gallardo Frings, activista de Vox y hermana del que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, por ese partido. Ella, que presume de tener independencia de criterio, se ha ocupado de advertir severamente a todos los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y a todos los funcionarios del organismo que tienen acceso a cualquier tipo de documentación que la revelación de secretos es un delito. Hasta Puertos del Estado guarda bajo siete llaves la auditoría realizada por sus propios servicios y que revela lo que todo el mundo sabe: que Coalición Canaria está utilizando la Fundación Puertos de Las Palmas para colocar y beneficiar a personas afines y promocionar a Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria, en su carrera hacia la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

Varias de las personas que han podido consultar la auditoría llegan a la misma conclusión a preguntas de este periódico: “Acabará en la Fiscalía”. Si alguien la lleva hasta allí, previenen a continuación, porque a 48 horas de que se celebre el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas nadie está en condiciones de afirmar que haya debate y que de ese debate se concluya que lo que se reproduce en ese informe tiene indicios delictivos como para acabar en manos del Ministerio Público. Ni siquiera por iniciativa de la abogada del Estado, que en sus redes sociales elogia apasionadamente a los funcionarios públicos fieles a su juramento.

En este contexto de tanta pureza administrativa extraña mucho en la Autoridad Portuaria que teniendo como tenía en su poder la auditoría desde el pasado 20 de abril, su discusión no se llevara al consejo de administración del mes de mayo y sea ahora, en junio, cuando vea la luz.

Entre otros extremos, la auditoría recuerda que la Fundación Puertos de Las Palmas ya debió haber sido liquidada en aplicación de las resoluciones dictadas en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y así se le recordó a Beatríz Calzada a comienzos de su mandato. Sin embargo, lo que hizo fue despedir con cajas destempladas a la anterior gerente para colocar a una persona de su confianza y secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria, Betsabé Morales. Y en la intrahistoria de ese despido hay bastantes claves del resultado de la auditoría, porque se recogen muchas irregularidades, como la designación a dedo de la nueva gerente y su vinculación con una empresa, de cuyos órganos de gobierno dimitió al tomar posesión del cargo pero que, de repente, ha empezado a contratar por importantes sumas de dinero con la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Es precisamente esa empresa, Kinewa Ideas del País, S.L., la que ha organizado para este viernes un acto público al que ha invitado a más de media docena de medios de comunicación para que conozcan el Puerto de La Luz como nunca. Y lo ha hecho pagando a cada medio, en función de su influencia, contratos publicitarios que van desde los 1.000 a los 5.000 euros.

La gerente despedida elevó escritos tanto a Puertos del Estado como al interventor de la Autoridad Portuaria, lo que desembocó en que se dejara de mirar para los lados.

Pero hay muchos más contratos bajo sospecha en esa auditoría que se someterá a la consideración del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, contratos menores a personas directamente vinculadas a directivas del organismo por servicios sospechosamente más baratos.

Como es norma en la Autoridad Portuaria de Las Palmas y en Puertos del Estado, esta información ha sido elaborada sin su versión porque ambos organismos públicos se han negado a facilitarla.

Mensaje de la abogada del Estado

Una vez publicada esta información recibimos un mensaje informal de la abogada del Estado Patricia García-Gallardo indicando lo siguiente: “No soy activista de Vox, ni lo he sido nunca. Lo que tengo (y me cuido mucho de mantenerlo) es independencia de criterio”.

A unos pocos metros de la terraza de la calle Domingo J. Navarro en la que hace unos días me tomé un café con José Luis Mena, se encontraba casualmente Guillermo Reyes, el polémico concejal de Urbanismo de los años más oscuros del Ayuntamiento de Telde, cuando estallaron escándalos como el caso Faycan (2003-2007) y gobernaban de la mano Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) y el Partido Popular. Fue un mandato tenebroso, con el alcalde y casi todos sus concejales detenidos en una secuencia interminable de sucesos de los que los teldenses parecen haberse olvidado ya porque, 20 años después, ahora mismo, están los mismos partidos al frente de la Corporación. Y, por lo que parece, con muchas ganas de repetir determinadas hazañas.

Porque para lo que me quería ver José Luis Mena era para contarme que tiene la intención de reincorporarse a ese Ayuntamiento de Telde a partir del 1 de julio, una vez cumplidas sus penas de prisión y, teóricamente, rehabilitado y listo para su reinserción social. Le pregunté por los motivos de pretender volver al lugar del crimen, con los escabrosos recuerdos que debería guardar de aquellos años en aquellas oficinas municipales; con un próspero despacho de derecho urbanístico en pleno funcionamiento y con cientos de ojos posados en su cogote a ver qué es lo que piensa hacer allí.

Me dijo que, a sus 62 años, tiene derecho a jubilarse en una plaza de trabajador público, más que nada por la paga de jubilación, pero también insinuó que acude a una llamada de las fuerzas vivas de Telde, empezando por el grupo de gobierno y siguiendo por la oposición, que reclaman la presencia de alguien como él que desbloquee una gran cantidad de asuntos administrativos que no avanzan por la demostrada carencia que tiene ese Ayuntamiento -al igual que muchos otros- de personal legalmente cualificado para gestionar complejos expedientes.

Mena se sorprendió de que a pocos metros de donde hablábamos se encontrara Guillermo Reyes, a quien en cierta medida culpó de muchas de las cosas que a él le ocurrieron y que a aquel poderoso dirigente de Ciuca apenas le rozaron. Debió ser una casualidad.

La larga sombra de Guillermo Reyes

Estábamos muy cerca del Gobierno Militar de Las Palmas, donde ocurrió uno de los episodios más pintorescos de la historia política insular que fue la antesala de la operación Faycan. El fallecido Fernando Ortiz Wiott, quien fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, contó a alguien ante ese significado edificio cómo sufrió un intento de chantaje de los prebostes urbanísticos teldenses cuando ejercía de abogado y representaba los intereses de su familia, incluidos los inmobiliarios. Y se lo contó a alguien lo suficientemente relacionado como para que se activaran los servicios españoles de inteligencia, que acabaron pidiendo al Ejército las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día.

No hizo falta la aplicación de métodos muy sofisticados para conocer lo que denunciaba quejosamente Ortiz Wiott: le habían pedido 120.000 euros por una licencia urbanística para construir unos dúplex, y tal cantidad debía satisfacerse en el despacho de una persona dedicada al mundo sindical. El asunto, que estuvo en manos de la Policía, nunca llegó a judicializarse porque la familia prefirió someterse a los designios del urbanismo teldense, ese al que ahora José Luis Mena quiere regresar.

Tendrá que ser mediante una contratación peculiar que el Ayuntamiento no quiere dar a conocer, a pesar de haberle requerido información mediante correo electrónico el pasado día 8 mediante un cuestionario. Porque funcionario no puede volver a ser, según un decreto municipal emitido el 3 de agosto de 2015 en el que se dice claramente que José Luis Mena Santana perdió su condición de funcionario a partir de una condena (tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación por el mismo espacio de tiempo) por falsedad documental de la Audiencia Provincial de Las Palmas en 2014.

Fue su primera condena, la del caso Alisios, cuando falsificó un informe técnico poniéndole una fecha anterior a su realización para incorporarlo al expediente correspondiente y poder autorizar una promoción en el barrio costero de La Garita.

Luego vino el caso Grupo Europa, donde fue condenado a cinco años y cuatro meses por recibir sobornos y falsificar documentos para facilitar a la empresa así llamada la construcción de viviendas donde no se podía.

Y, para que no faltara de nada en este historial judicial de Mena, también se sentó en el banquillo de los acusados en el macrojuicio por la pieza principal del caso Faycan, que estuvo presidido por el juez Salvador Alba, cuando ya estaba siendo investigado por una batería de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y por los que resultó condenado a seis años y medio de prisión. Alba no pudo terminar el juicio, como era de esperar, pero emitió un voto particular que en esencia fue respetado por sus compañeros de sala excepto en lo que se refería a la responsabilidad civil del partido Popular, que finalmente se confirmó con la correspondiente condena.

En este caso, Mena fue absuelto, como todos los acusados que no se conformaron con unas condenas a propuesta de la Fiscalía.

Un clamor

Asegura Mena que su regreso es un clamor, una petición a la que se ha sumado incluso la oposición. Y me dio un nombre, el del exalcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano, de Nueva Canarias. Con él hablé a continuación para que me confirmara tal extremo. Y me lo negó.

Pero sí es cierto que este exfuncionario se ha reunido con muchísimas personas para tratar de allanar el camino a su reincorporación al Ayuntamiento de Telde. Y Paco Santiago fue una de esas personas. Según su versión, lo recibió en un sitio público, una asociación de vecinos, y fue una conversación amable, como corresponde a dos personas que se conocen desde hace muchos años y al talante conciliador que siempre ha caracterizado al exalcalde. Le animó a que hiciera lo que considerara conveniente, que ejerciera su derecho a la reinserción, pero en ningún caso le pidió que volviera a Urbanismo.

Sí reconoce Paco Santiago que el Ayuntamiento desde el punto de vista de la gestión administrativa es actualmente un desastre, que sufre una grave paralización.

Y es a eso a lo que se aferra Mena para explicar que el grupo de gobierno acepte su vuelta a la oficina de Urbanismo, justo ahora que se avecina una revisión del planeamiento municipal, con todas las circunstancias que suelen acompañar ese procedimiento administrativo.

Preguntado si cerrará su despacho de gestiones urbanísticas si se produjera su reincorporación, Mena fue tajante: lo mantendrá abierto pero renunciará a cualquier cliente que le pida que le represente en asuntos de la ciudad de Telde.

Se llaman José Luis y Juan Carlos Sánchez, son hermanos, pero no son parientes, ni siquiera lejanos, de Pedro Sánchez. Al contrario, son de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) y fueron los que se presentaron voluntarios ante los medios de comunicación para reclamar sangre y criticar la visita del presidente al muelle acompañando al papa León XIV este pasado jueves. Que se sepa, son los únicos que se han manifestado públicamente en contra de esa presencia presidencial, si descontamos a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que trató de predisponer a toda la vecindad contra Sánchez en cuanto se enteró, seis días antes, de que acudiría al muelle de la vergüenza. Y siguió durante y después del magno acontecimiento.

Como esto es un pueblo chico, es fácil saber quiénes son los Sánchez. No son moganeros, pero han comprado varios inmuebles en el barrio marinero de Arguineguín para destinarlos a alquiler vacacional.

Sólo con esa descripción bastaría para entender su aversión a Sánchez, y especialmente a que el muelle se utilice para algo distinto que la pesca y el turismo. Pero si añadimos que son dos personas muy allegadas a Onalia Bueno, ya tenemos el cuadro completo.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Bueno y la postura de los dos espontáneos, no hubo algarada contra Sánchez en el muelle de Arguineguín. Muy al contrario, muchas de las personas presentes hicieron todo lo posible por saludarlo o hacerse fotos con él. Incluida una mujer que puso en sus brazos a un bebé, lo que proporcionó a la misma prensa conservadora la oportunidad de acusar al presidente del Gobierno de tratar de emular al Papa dedicándose a “bendecir” a los niños. Con lo ateo que es Pedro Sánchez, gracias a dios.

A ese afán se lanzaron medios de comunicación como Libertad Digital, ABC o El Español, que dejaron caer insinuaciones bastante perversas sobre un más que probable intrusismo profesional del presidente del Gobierno.

Onalia Bueno, la alcaldesa anti-inmigrantes que critica a Pedro Sánchez por haberlos dejado tirados en el muelle de Arguineguín, en plena pandemia y enorme crisis migratoria, allá por 2020, puso el grito en el cielo cuando supo que el presidente se sumaba a la comitiva de acompañamiento al Papa. Y siguió insistiendo incluso con el acto del pasado jueves ya iniciado, cuando intentó por activa y por pasiva acercarse a él para decirle cuatro cosas bien dichas. No consta que eso haya sucedido, ni que ella haya presumido de tal cosa.

Su velado llamamiento a rebelarse contra Sánchez (“no merece venir después de habernos dejado tirados”) tampoco cundió mucho porque, al contrario de lo que ha ocurrido en otros puntos de la geografía española con la visita del sumo pontífice, no hubo gritos de “hijo de puta” o “vete ya de aquí”, entre otros del repertorio contestatario.

Al contrario, hubo mucho jolgorio no solo con la presencia allí de Pedro Sánchez sino también de algunos de sus ministros. El más vitoreado y abrazado fue, una vez más, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que sigue disfrutando de mucha popularidad en Canarias, como se encargan de insistir las encuestas, incluidas las encargadas por los medios de comunicación más alejados de las tesis gubernamentales.

Así que, ante un ambiente tan proclive al Gobierno, los enviados especiales de los medios de Madrid se las vieron y se las desearon para acercar a sus audiencias y a sus lectores voces que criticaran de la manera más agria posible al presidente.

Y esas voces las encontraron en los hermanos Juan Carlos y José Luis Sánchez, que enseguida se prestaron a colaborar, entre otros, con el programa de Cuatro En boca de todos, que presenta desde Madrid Nacho Abad.

Sobre el rótulo “Vecinos contra Sánchez”, los Sánchez se despacharon con el mismo discurso, exactamente el mismo, de la alcaldesa Bueno: “Lo que no entendemos es cómo Pedro Sánchez se gasta el morro y se presenta aquí para sacarse la foto cuando nos dejó abandonados durante la pandemia con 3.000-4.000 inmigrantes tirados ahí en el muelle hacinados, con la orina, con las heces, sin comida, bajo el sol, esto fue de locos, una película de terror”…

Y más leña al fuego: “Y esto durante la pandemia, con los coches fúnebres viniendo aquí a recoger a nuestros familiares y poniéndonos aquí a estas personas”..., momento en el que paró para no pronunciar la palabra “estorbando”.

Y, mientras eso nos hacía Sánchez, qué hacía nuestra noble alcaldesa. Lo explicó Juan Carlos estupendamente bien: “Todos los días preocupándose, recogiendo comida, recogiendo mantas, todos los días en el muelle atendiéndolos”.

Pero la reportera, desplazada a Gran Canaria para la ocasión, quería un poco más de sangre: “Si pasa por aquí Pedro Sánchez, ¿qué harían?”, les preguntó.

La respuesta fue hasta suave, teniendo en cuenta la provocación: “Yo creo que es mejor que Pedro Sánchez venga en submarino al muelle porque si pasa por aquí por las calles va a ser abucheado por todo el pueblo de Arguineguín porque no queremos que venga, estamos totalmente en contra”.

Los Sánchez también fueron utilizados por el periodista Chapu Apeolaza para su crónica en ABC, que tituló de este modo tan llamativo: «No le tiraremos piedras a Sánchez por respeto al Papa».

El periodista los entrevistó en el restaurante Le Patio, en la plaza de los Poetas, donde pronunciaron para él la proclama clásica: “No somos racistas”, “pero el pueblo no ha olvidado cuando nos dejaron solos”.

La pieza incluye unas declaraciones de la alcaldesa de Mogán también previa a la visita papal: «Viene aquí porque es un sitio donde no le pueden gritar», zanjó Onalia Bueno. 

El periodista se tragó una de las habituales mentiras de la alcaldesa, que le aseguró que el Ayuntamiento de Mogán había tenido que ampliar el cementerio municipal para dar sepultura a los numerosos migrantes que llegaban muertos a Arguineguín o morían al ser desembarcados. La ampliación del camposanto se adjudicó en 2019 y las obras empezaron en mayo de ese año, un año antes de la crisis migratoria, lo que hubiera sido fácil de comprobar con un vistazo a la web del Ayuntamiento.

Pocos edificios en Vecindario pueden cumplir con los requisitos que ha impuesto el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, para invertir en él hasta 1.765.000 euros. Por eso, es natural que todas las personas que han leído la parte del expediente que se conoce hasta el momento para su compra hayan señalado al mismo inmueble, situado en la esquina de Primero de Mayo con la Avenida de la Unión, frente al Molino de Gofio, como el elegido.

El Ayuntamiento de Santa Lucía ha decidido hacer una convocatoria pública para “consulta preliminar del mercado para la identificación de un edificio destinado a dependencias administrativas de la Gerencia de Cultura y Deportes”. Y la identificación ha sido plena.

Por un precio que no debería superar los 1.765.000 euros, el edificio en cuestión debe reunir “como mínimo, las siguientes características”: encontrarse dentro de un radio máximo de quinientos metros desde la plaza de los Algodoneros; tener fachada a dos calles; tener aparcamientos en su entorno próximo, así como establecimientos comerciales, servicios de hostelería y entidades bancarias.

Las dimensiones también aparecen bastante especificadas: cuatro plantas como mínimo, con una superficie mínima de 2.500 metros cuadrados. Con una antigüedad de no más de cincuenta años y con un estado estructural “adecuado para su utilización como edificio administrativo”.

Por supuesto, su distribución y espacios deben ser “susceptibles de albergar oficinas administrativas, con ”disponibilidad de iluminación natural suficiente en todas las plantas, con ventanas o ventanales en las fachadas del edificio“.

También tiene que tener ascensor o elevador, o en su defecto, posibilidad técnica para instalar uno.

Según el catastro, el edificio de Primero de Mayo, 148 cumple con todos los requisitos: 2.844 metros cuadrados, construido en 1978 (menos de 50 años, aunque sea por poco), cuatro plantas, y está en Vecindario, la zona comercial y administrativa más importante del municipio y de prácticamente toda la comarca.

El alcalde, Francisco García, que es quien firma el expediente, ha elegido hacerlo a través de la empresa municipal Ateneo Santa Lucía, que es una sociedad anónima, después de que los técnicos municipales rechazaran que lo hiciera a través del Ayuntamiento.

Nueva Canarias pone el grito en el cielo

Eso al menos es lo que sostiene Nueva Canarias en un duro comunicado emitido esta semana a poco de conocerse el inicio de ese expediente.

El concejal de NC-FAC, Ramón Leví Ramos Sánchez, ha calificado la operación de “despropósito difícil de explicar a la ciudadanía” y ha señalado directamente al alcalde y a los concejales que lo apoyan en plena polémica sobre su legitimidad al ser considerados tránsfugas por el secretario municipal, entre otros órganos oficiales.

 “El alcalde tendrá que explicar por qué una empresa pública con sólo once personas en su plantilla administrativa necesita un edificio de 2.500 metros cuadrados y cuatro plantas. Son más de 225 metros cuadrados por trabajador”. 

Y lo acusa de promover esta operación desde “un gobierno sin legitimidad para hipotecar el dinero público” por tratarse de “un alcalde tránsfuga, que gobierna en minoría y que no cuenta con la legitimidad democrática que dan las urnas ni con una mayoría en el Pleno que refrende sus decisiones; no tiene derecho a condicionar los presupuestos municipales con proyectos de dudosa necesidad”.

La versión de la mayoría gobernante

En lo que la oposición recibe las explicaciones legalmente establecidas, a través del gabinete de prensa de la Corporación, Canarias Ahora ha conseguido la versión de la mayoría gobernante.

 El Ayuntamiento ha explicado el expediente a Canarias Ahora.

Tras aclarar que no es un anuncio de licitación sino “una consulta preliminar, una consulta de mercado que no obliga al Ayuntamiento a comprar ningún edificio”, el consistorio sostiene que el hecho de que el anuncio se haya publicado a través de la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes “no implica que el edificio vaya a ser para el personal de se órgano”. 

Lo cual avala una de las sospechas de la oposición que la respuesta municipal ratifica: “A la Gerencia, como sociedad pública, el Ayuntamiento le encarga realizar acciones que unas veces son directamente para la gerencia y otras para el Ayuntamiento, como ocurre en otros ayuntamientos e instituciones que tienen sociedades públicas, y como ha ocurrido en Santa Lucía de Tirajana en las últimas décadas”. 

En cualquier caso, dice la respuesta municipal, “no es cierto que la Gerencia (conocida popularmente como el Ateneo Municipal) tenga solo 11 trabajadores, tiene más de 130 (de Deportes, Cultura, Escuelas Artísticas, Medios municipales…).

Preguntado por la memoria justificativa de esa operación, el consistorio contesta que “al tratarse de una consulta de mercado no necesita informe económico, porque este anuncio no obliga al Ayuntamiento ni a la Gerencia a comprar nada, no es una licitación”. Aún así, “está publicado en la Plataforma de Contratación Pública que firma el alcalde porque es el presidente de la Gerencia”.

A la pregunta de por qué en Vecindario, la respuesta es que se trata de un núcleo de más de 85.000 habitantes en el que se concentra casi el 80% de la población del municipio. “No se busca un edificio para oficinas para administrativos, se busca un edificio para dar servicios públicos que ahora están todos concentrados en las oficinas municipales”.

¿Y por qué ese precio máximo concreto de 1.765.000 euros? “Esa es una cifra de referencia”, contesta el ayuntamiento. “Como se trata de una consulta, luego se verá qué edificios son, dónde están, cuánto cuestan, antes de tomar la decisión, que sí se tendría que hacer mediante licitación con diferentes informes, memorias económicas etcétera”.

Respecto al retrato robot tan parecido al edificio de la confluencia entre Primero de Mayo y la Avenida de la Unión, la mayoría municipal sostiene que “Vecindario es un centro urbano con muchos edificios. Habrá que ver los que se presenten. En cualquier caso, teniendo en cuenta que se quiere poner en la zona con más movimiento de gente, quizá serían mejor los que estén más cerca de la Avenida de Canarias, pero eso ya lo verán los técnicos municipales, que tendrán en cuenta los diferentes factores económicos, estado del edificio, ubicación, etcétera”.

El nuevo administrador general de Radiotelevisión Canaria, César Toledo, ha conseguido lo nunca visto hasta ahora en ese ente público: que el personal salga corriendo en estampida. No solo ha ocurrido en la parte periodística, donde se estrenó con la dimisión casi inmediata del director de Informativos, Paco Luis Quintana, sin que hasta el momento se haya conseguido ajustar el departamento. También viene ocurriendo en el área de gestión, donde hubo marchas incluso antes de que tuviera mando en plaza, como fue el caso de su antecesora, María Méndez, que se marchó al verlo venir cuando todavía sólo era el director de Medios y Contenidos.

A Méndez le siguió Candelaria Delgado, directora de Producto, Comunicación y Marketing, a la que despidió después de unos sonados desencuentros para acabar pactando con ella en los tribunales de lo Social por un despido improcedente.

Pero la sangría no acabó ahí. Y no parece tener fin. En el departamento de Administración de RTVC y de Televisión Pública de Canarias (TVPC) sigue la estampida. Entre bajas, excedencias y una jubilación, ya han salido seis personas con responsabilidades tan importantes como la recepción y gestión de los fondos procedentes del Gobierno de Canarias y su distribución entre las empresas que componen el ente. Es decir, el flujo necesario para el pago de las nóminas y de los proveedores, incluidas las productoras que proveen de programas y que también tienen cuantiosas nóminas a las que hacer frente.

En el ente RTVC se marchó por jubilación el puesto de contable, que no ha sido cubierto y del que se hicieron cargo dos trabajadoras. Pero ambas ya no están. Una de ellas, la directora de Planificación y Control de Gestión, se ha ido con una excedencia con destino a su plaza original en la Comunidad Autónoma. También se han ido en ese departamento la jefa del Departamento Económico y la jefa de Asuntos Generales, ambas por bajas médicas relacionadas con la tensión que se vive en la casa.

En la empresa Televisión Pública de Canarias han causado baja por enfermedad la jefa de gestión Económico Financiera y Contratación, el asesor jurídico y dos auxiliares administrativas, una destinada al departamento jurídico y la otra, a la secretaría de dirección.

Según fuentes internas, solo permanece en su puesto el jefe de Asuntos Económicos de TVPC y dos técnicos superiores, uno de ellos de reciente incorporación y destinado a asuntos jurídicos.

Como es norma, la dirección de Radiotelevisión Canaria ha eludido contestar a las preguntas formuladas por este periódico sobre esta materia. Lo mismo que ha hecho en esta ocasión el Gobierno de Canarias, a cuyo viceconsejero de Presidencia, encargado directo de mandar sobre el ente público, se remitió un cuestionario este miércoles, sin que hasta el momento haya habido respuesta.

La intención era buena, pero ha salido un churro. La persona responsable en el Ayuntamiento de Mogán de traducir mensajes dirigidos a los visitantes extranjeros (a los que no llegan en cayucos, me refiero) se ha vuelto a cubrir de gloria. Este martes aparecieron en algunas vallas de solares del barrio de Arguineguín enormes lonas con el escudo y el eslogan turístico del municipio con la palabra “bienvenido” en varios idiomas, incluido el español. Tras el inglés y el alemán, un llamativo “Bienvenuti” parecía especialmente dirigido al visitante más ilustre que ha recibido en su historia (después de Mariano Rajoy en aquel famoso mitin pagado con fondos corruptos).

Efectivamente, el Papa estará este jueves en el puerto de Arguineguín y se dará por bienvenido si alguien tapa antes esas lonas o las cambia a tiempo. Porque en italiano, bienvenido es benvenuto, y bienvenidos, que es lo que se acerca más al macarrón, es benvenuti.

Debe ser el mismo portento que decidió en 2018 que la mejor manera de avisar a los angloparlantes de que no se sentaran en los bancos recién pintados era recurrir a la expresión tan directa de “ojo, pinta”, que apareció “painted eye”.

Y como todo se pega (o everything sticks), han aparecido otros ejemplos de intentos bienintencionados que llaman la atención, como lo que han hecho los propietarios de la popular pizzería La Mar Salada, que desplegaron sobre la fachada del establecimiento una enorme pancarta saludando al papa León XIV con todos los aditamentos de la visita, escudo, eslógan, mapa de Canarias y alegorías a la llegada de cayucos, con un apoteósico “Bienv enido”. En dos palabras, bienv enido. 

La cascada de anuncios interminables de que un día de estos va a aparecer un informe de la UCO que comprometería seriamente a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, no parecen haber hecho mella en la percepción que del PSOE canario tiene su electorado. Ni tampoco la crisis que está sufriendo ese partido a escala federal por la sucesión de escándalos relacionados con su secretaría de Organización o con el expresidente Zapatero. Ni siquiera la crisis del hantavirus, es decir, el fondeo en Granadilla del MV Hondius, asunto lanzado como una pedrada por el Gobierno canario al de Pedro Sánchez por altanero y desconsiderado con esta ultraperiferia.

Según una encuesta de Sigma Dos (1.600 entrevistas) publicada este lunes por El Mundo, el PSOE canario ganaría hoy claramente unas elecciones autonómicas, aunque sufriría una caída de 1,8 puntos, algo menos de lo que perdería el Partido Popular de Manolo Domínguez, que se dejaría por el camino nada menos que dos puntos, en gran medida por el crecimiento de Vox, que subiría 4,8 puntos, siempre según esta encuesta.

Pero Coalición Canaria también se deja pelos en la gatera, en concreto 1,2 puntos, algo que también cabe atribuírsele, particularmente en Tenerife, a la subida de Vox. Porque no todo lo que sube Vox proviene del PP, como queda evidente.

La crisis interna de Nueva Canarias y la creación de Primero Canarias por parte de sus escindidos, le pasa factura al partido que fundó Román Rodríguez, que perdería 3,1 puntos. Pero, de momento, la encuesta no tiene en cuenta a ese nuevo partido, que no aparece entre las fuerzas con respaldo suficiente como para entrar en el Parlamento. Esto dejaría a su padrino, CC, sin el respaldo que busca en Gran Canaria para contar con más diputados con los que fortalecer una mayoría de gobierno que amenaza con verse mermada por la caída del PP.

Trasladado a escaños, estos resultados de Sigma Dos dibujaría un Parlamento con el PSOE como fuerza mayoritaria (22-23 escaños), seguido de Coalición Canaria (19-20) y del PP (13-14). El resto de la Cámara lo conformarían Vox (7-8), Agrupación Socialista Gomera (3), Nueva Canarias (1-2) y Agrupación Herreña de Independientes (1).

Este panorama se parece bastante a las encuestas que a día de hoy manejan los partidos políticos canarios, pero se trata de un retrato que podría cambiar a poco se produzcan acontecimientos relevantes. No solo en la política nacional, sino también en el diseño de la correlación de fuerzas isleñas.

Si Vox mantiene su tendencia de crecimiento en Canarias, que de momento es contraria al fenómeno que se está dando en el resto de España, restaría votos a la mayoría CC-PP, lo que complicaría la gobernabilidad, salvo que a esa mayoría llegue a sumarse Vox, algo de momento poco probable. Y poco potable.

Si cuajaran los intentos de las izquierdas alternativas al PSOE de conformar una candidatura conjunta que agrupara a los votantes de izquierdas ahora mismo instalados en la abstención, las cuentas no cambiarían mucho porque sería muy difícil que superaran los ocho escaños, lo que sumado a los 23 que, en el mejor de los casos, esta encuesta da al PSOE, distaría mucho de los 36 necesarios para una mayoría parlamentaria. Pero animaría mucho el cotarro cara a la próxima encuesta.

Parecía imposible igualar, y mucho menos superar, los registros de inmundicia dejados en la Autoridad Portuaria de Las Palmas por elementos como Luis Hernández, José Manuel Arnáiz o Javier Sánchez-Simón. Pero la actual presidenta, Beatriz Calzada, promete dejarlos a todos ellos como auténticos aficionados. Su gestión, su nefasta gestión, demuestra lo equivocados que estaban los que decidieron un día que había que compartir con las administraciones autonómicas la designación de esos cargos, puestos mayormente para el chanchullo y el tributo al partido de turno, al que le toca colocar a los suyos y a las suyas, aprovechándose de la “plena autonomía de gestión” que les concede la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. En fin.

El ejemplo más práctico de para qué sirve un presidente o presidenta de autoridad portuaria lo vivimos muy de cerca con la crisis del hantavirus, es decir, con la gestión del crucero MV Hondius en el puerto tinerfeño de Granadilla. Fernando Clavijo se puso flamenco anunciando al mundo, a pocos metros de varios ministros y del presidente de Puertos del Estado, que había dado instrucciones para que no se autorizara la entrada del barco en el puerto. 

Se supone que las instrucciones las habría cursado al presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en este caso Pedro Suárez López de Vergara, de la cuota del Partido Popular, con quien gobierna Coalición Canaria. No sabemos con precisión hasta dónde llegaron las presuntas órdenes de Fernando Clavijo, si llegó a llamar a Suárez o alguien por el camino le avisó de que se dejara de boberías, que los presidentes de autoridades portuarias no pueden llegar tan lejos. Ni falta que les hace, que están para otras cosas.

Ya sabemos cómo acabó el órdago del presidente canario, tragándose sus palabras y sustituyendolas por un discurso de agravio y de oprobio metropolitano. Lo se siempre.

Fijado el marco competencial, volvamos a Las Palmas. Beatriz Calzada, secretaria de Organización de Coalición Canaria en Gran Canaria, es la número dos del partido en la isla después de ese portento de la gestión que es Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas y Vivienda, sí, “y Vivienda”. Desde que llegó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, esta presidenta no solo se ha saltado toda la normativa respecto a la contratación de personal sino que, para que parezca que no pasa nada, aplica una táctica constante de oscurantismo que trata de escamotear con la apariencia de transparencia que desarrolla dejándose entrevistar por medios de comunicación en pay per view, es decir, pagando al peso las entrevistas con dinero de los contribuyentes.

Entre otras cosas trata de tapar un flagrante incumplimiento de una sentencia judicial que condenó a la directora de Recursos Humanos por acoso laboral sin que, por el momento, se haya actuado como ordenaba esa resolución judicial. Creyó que indemnizando a la víctima con un pastizal de dinero público las aguas iban a calmarse y que no habría más denuncias. Y ya van al menos siete.

No erradica el problema, que es la jefa de Recursos Humanos, autora del delito, según la sentencia, sino que la protege y la mantiene en su puesto, contra la que se han dirigido todas esas denuncias por acoso.

Tiene en su poder un demoledor informe que tuvo que encargar por imposición de la Inspección de Trabajo en el que se le viene a decir que la política de personal es una bomba a punto de estallar y que la culpable es ella por no actuar. Pero no actúa y nadie le indica que debe hacerlo de inmediato porque goza de autonomía respecto a Puertos del Estado, del apoyo del consejo de administración del organismo y del Gobierno de Canarias, lo que les convierte a todos ellos en cómplices.

También tiene en su poder una demoledora auditoría sobre la gestión económica y de contratación de Fundación Puertos de Las Palmas que esconde convenientemente y que a día de hoy no conocen ni siquiera los vocales del consejo de administración de la Autoridad Portuaria. O al menos la desconocen los que no son de su cuerda política pero que se sientan en ese órgano como representantes de las instituciones públicas. Nosotros se la hemos pedido (a ella y a Puertos del Estado) pero no hay manera de conocerla.

Y por si esos informes fueran pocos, también tiene (o debería tenerlo) uno del comité de empresa, fechado en mayo pasado, que relata casos concretos de nepotismo que tienen como beneficiarias a personas de Coalición Canaria o vinculadas con altos cargos de Coalición Canaria.

Son estas:

Angélica Muñoz, su mano derecha, su jefa de gabinete. Periodista, ha pasado por diversos puestos de trabajo vinculados a instituciones de la mano de Coalición Canaria, desde el Ayuntamiento de Telde a la vicepresidencia del Gobierno con Pablo Rodríguez, pasando por el grupo de consejeros de CC en el Cabildo de Gran Canaria. Es un cargo de confianza, con lo cual, poco que objetar, salvo por el nada desdeñable dato de que fue la persona que, aparentando ser una técnica, puso su firma en el informe de adjudicación por 440.000 euros de un contrato de publicidad para la agencia Kinewa Ideas del País, S.L. Junto a la suya, la firma del director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo.

Pero, ¿qué es Kinewa?

Pero, ¿qué es Kinewa? Pues es la empresa de la que era CEO Betsabé Morales Perdomo, que dimitió como tal tres días después de que Beatriz Calzada fuera designada presidenta de la Autoridad Portuaria para ser nombrada, previa defenestración traumática de su antecesora, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas contraviniendo todas las exigencias legales propias de una fundación del Estado.

¿Y por qué es tan importante Betsabé Morales Perdomo? Pues porque, casualmente, es la secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria en Gran Canaria.

Nira Pulido es la secretaria de Identidad (sic) de Coalición Canaria en Gran Canaria y figurante número siete de la lista de ese partido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2023. Trabaja en la Autoridad Portuaria de Las Palmas desde marzo de 2024 como “técnica económica financiera”, plaza que obtuvo mediante un proceso selectivo que a los sindicatos del organismo huele a chamusquina. Solo se presentaron dos personas, ella y otra más, pese a que se pretendía abrir una bolsa de trabajo; se concedieron sólo tres días para cumplimentar las candidaturas y ella derrotó a su contrincante por el doble de puntos.

María Leticia Padilla Macabeo. Es hermana de Luis Padilla Macabeo, director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. Según la denuncia sindical, se le incorporó a la Autoridad Portuaria de Las Palmas sin proceso alguno de selección.

Por no hablar del director de Puertos de Las Palmas, Francisco Trujillo, designado como tal en flagrante fraude de ley por haber entrado en el organismo sin cumplir los mínimos requisitos y sostenido en el tiempo (antes incluso de la era Calzada) a pesar de las numerosas advertencias, convenientemente sorteadas por la actual presidenta.

Por si todo este panorama fuera poco, la presidenta y el director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas han publicado una convocatoria para jefe de auditoría y control interno que tiene todo el olor, el color y el sabor de ser otro caso de nepotismo. Pero, si me lo permiten, este me lo voy a guardar para comentarlo cuando se perpetre, que va a ser más interesante.

Ha tenido que ser la Inspección de Trabajo la que obligara a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a hacer un estudio de prevención de riesgos para detectar lo que desde hace años es un clamor en ese organismo público: que la política de recursos humanos está convirtiendo el organismo en una olla a presión sin que por parte de las personas que tienen responsabilidades, en este caso la presidenta, Beatriz Calzada, actúen.

Según ese estudio, realizado el pasado mes de mayo por la propia Autoridad Portuaria a instancias de la Inspección de Trabajo, el 29,4% de los trabajadores percibe conflictos interpersonales de forma frecuente o constante y que un 24,3% manifiesta experimentar violencia psicológica con esa misma frecuencia. Lo que parece lógico en una organización cuya jefe de Recursos Humanos acumula al menos siete denuncias por acoso laboral sin que por parte de la dirección se adopten medidas de algún tipo para corregir una constante que conduce a los autores del estudio a emplear términos como “preocupante” o “alarmante”.

En la encuesta participaron 218 personas de las 335 que componen la plantilla, es decir, un 65.07%, lo que se considera una participación media-alta. Esto supone que alrededor de ochenta trabajadores de la Autoridad Portuaria de Las Palmas están expuestos regularmente a situaciones de violencia psicológica, lo que debería obligar a activar el protocolo de prevención del acoso y violencia en el trabajo, en caso de existir, o revisarlo si ya está implantado, porque no está funcionando.

Según las conclusiones de ese estudio, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la causa principal del problema es de tipo organizativo. Se detecta una grave falta de participación de la plantilla en las decisiones y una preocupante falta de claridad en los roles de los puestos de trabajo. No se trata de un problema individual generado por la actitud de los empleados, dice el estudio, sino de fallos directos en el diseño de la organización.

De ahí que se recomienden cambios estructurales profundos en la comunicación, en la definición de los roles que ha de asumir cada persona trabajadora, así como la gestión de la carrera profesional. Las medidas enfocadas al bienestar profesional, como talleres de gestión del estrés o mindfulness (atención plena) se consideran insuficientes si no se acometen previamente esos cambios.

El informe destaca, además, que la responsable de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas acumula al menos siete denuncias por acoso en los últimos tres años, algunas de las cuales están bajo investigación penal y se señala a la presidenta del organismo por no haber tomado ninguna medida al respecto, ni siquiera respecto a una sentencia firme que la obligaba a adoptar cambios en la política laboral.

Patada hacia adelante

La postura de Beatriz Calzada ha sido señalada nuevamente por los sindicatos recientemente tras una reunión con el comité de empresa. Según un comunicado del CSIF enviado a sus afiliados, “la presidenta no muestra ninguna intención de avanzar en ningún asunto. Como siempre, vuelve a plantear posibles soluciones a todo lo solicitado, a futuro lejano, los mismos planteamientos que ya ha utilizado desde hace varios años sin que haya puesto nada en marcha. Está claro, que pretende como siempre, seguir la táctica de la patada hacia adelante y ya veremos si se olvidan”. 

Haciéndose eco del informe de salud laboral, este sindicato de funcionarios se queja de “la desorganización y el descontrol que reina en la Autoridad Portuaria, fruto de una ineficacia y falta de capacidad de Presidencia, Dirección y Jefatura de Recursos Humanos y Organización, para solventar los graves problemas laborales y organizativos que tenemos, amparando las prácticas oscurantistas y la desigualdad de trato propiciada entre los trabajadores, que ha conllevado un clima laboral tóxico e insalubre”.

“Es legal”, me contestó con una media sonrisa el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, cuando le pregunté en 2017, en medio de un acto protocolario del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cómo era posible que hubiera designado al juez Salvador Alba como presidente del tribunal que habría de juzgar el caso Faycán, el mayor escándalo de corrupción del Partido Popular en Canarias en la época de José Manuel Soria. Alba ya estaba imputado por varios delitos y a punto de que se le abriera juicio oral por haber conspirado contra la magistrada Victoria Rosell, causa por la que acabó siendo condenado a seis años y medio de prisión. Es legal, esa es la clave, y si no es legal, somos jueces y estamos blindados, añado de mi propia cosecha.

Al presidente de la Audiencia Provincial no le animó en ningún momento velar por la apariencia de imparcialidad, a lo que está obligado. Y es evidente que en aquellos momentos, Alba no era el juez que podía transmitir a la ciudadanía una más sólida impresión de independencia e imparcialidad. Principalmente porque su intento de perjudicar a Rosell tenía relación directa con beneficiar a José Manuel Soria, que competía con la magistrada en las elecciones generales de 2015 para acceder al Congreso de los Diputados. 

Le daban igual las críticas que pudiera recibir, al presidente de la Audiencia de Las Palmas, que había sido viceconsejero de Justicia con el PP, lo que le importaba es que nadie le hiciera un reproche legal. También le daba igual el peligro cierto, luego confirmado, de que la causa en la que Alba estaba incurso desembocara en un auto de apertura de juicio oral y tuviera que ser suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial en medio de la tramitación de aquel juicio y la publicación de su sentencia. Era legal, y punto. El desenlace, que es largo de contar y que supuso que el presidente Moya tuviera que entrar en el despacho de Alba a recuperar la causa, lo tienes aquí minuciosamente contado.

Los jueces y juezas gozan en España, como no podía ser de otro modo, de un blindaje lógico por imperativo de una ley específica, la Ley Orgánica del Poder Judicial. No pueden estar sujetos a instrucciones de ningún tipo; no pueden ser trasladados, suspendidos, separados ni jubilados sino por alguna de las causas previstas en la ley. Salvo algunas excepciones que no están en la ley y que hemos conocido en casos muy concretos, como aquel modo chiripitifláutico de retirar al juez Ruz para que la causa de Bárcenas y su sucesivo caso Kitchen cayera en manos de García-Castellón.

El caso de Alba es un lawfare de manual y, como tal, una excepción absoluta por haber sido, de momento, el único descubierto, investigado y condenado. Desgraciadamente, solo fue condenado él, aunque no estuvo solo en absoluto, como ocurre con todos los demás.

Es imposible un caso de lawfare con un juez actuando en solitario. Es imposible que el juez Juan Carlos Peinado pueda haber llegado tan lejos solo. Su desmadrada instrucción del caso de Begoña Gómez no habría caminado nada sin el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid, que, a pesar de haberle afeado algunos de sus disparates, no ha llegado a donde tenía que llegar, a anular la mayor parte de la causa por clamorosas vulneraciones de los derechos de las personas investigadas y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dictar auto de apertura de juicio oral sin esperar por un informe que parecía decisivo de la UCO, de la Guardia Civil, no se le ocurre ni a un juez en prácticas. Prácticas que él no hizo.

Es legal todo lo actuado por la juez de Badajoz Beatríz Biedma, a pesar de los reparos jurídicos que han manifestado públicamente la Fiscalía y la defensa del hermano de Pedro Sánchez, que ni siquiera era secretario general del PSOE cuando consiguió un empleo en la Diputación de Cáceres.

Como fue legal lo que hizo el juez José Escalonilla, el que investigó una trama que se llamó Neurona y que trataba de demostrar la corrupción de Podemos. Todo quedó archivado y Escalonilla ascendido por escalafón a la Audiencia Provincial de Madrid porque todo lo que hizo fue legal. Por el camino, claro, Podemos se dejó una parte de su reputación gracias al denodado esfuerzo periodístico de los medios de comunicación que informaron pormenorizadamente de las investigaciones sesgadas y macarrónicas de Escalonilla. Pero no lo llamemos lawfare, todo es legal.

Como también es legal lo que ha hecho la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que ha obligado a una jueza de instrucción a mandar a juicio a la exconsejera de la Generalitat Mónica Oltra en contra del propio criterio dos veces manifestado por su antecesor, el juez instructor, manifestados en sus autos de archivo, y en contra de la Fiscalía, que tampoco aprecia el delito que denunciaron unas organizaciones ultras al parecer con mucho predicamento. Otro caso de lawfare del que se habla poco y que ha arrastrado durante años a esta dirigente política por el fango de los medios de comunicación de la derecha.

Del mismo modo que es legal lo que podríamos denominar lawfare inverso, consistente en sacudirle de encima a determinados dirigentes del Partido Popular enojosas causas penales que podrían haberles supuesto un disgusto.

Tenemos algunos casos de rabiosa actualidad, como la Kitchen, que ahora celebra su juicio oral sin la presencia en el banquillo de las más altas instancias del PP gracias a que el juez que instruyó la segunda parte de la causa no consideró de ninguna manera que Rajoy y Cospedal fueran a tener conocimiento de aquel montaje policial para hacer desaparecer las pruebas de la financiación ilegal del partido. El descarte de García-Castellón fue bendecido por la Sala de lo Penal de la Audiencia, por lo que todo fue legal.

Por supuesto que el lawfare existe. Por supuesto que hay jueces, fiscales y agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estas operaciones. Por supuesto que hay partidos políticos no solo interesados, sino implicados a título lucrativo y a título propositivo. Y, sin duda, medios de comunicación perfectamente alineados, adiestrados, untados… porque sin ellos el lawfare no funcionaría. Es necesario que las personas, los partidos, las familias… sufran el escarnio público del insulto y la condena sin juicio y sin pruebas para que se pueda extender de manera efectiva la sensación de que si no gobierna la derecha este país es una mierda.

Estamos asistiendo cada día con más saña a descripciones periodísticas verdaderamente hiperbólicas, como llamar “trama” a toda instrucción, aunque esté en fase embrionaria, o “botín” a las joyas por aparecer “escondidas” en una caja fuerte en vez de mostrarse con toda su brillantez en un tendedero. 

Es una pena que el PSOE haya tardado tanto en descubrirlo, que le hayan tenido que condenar a un fiscal general del Estado para empezar a verbalizarlo con toda su crudeza. Es una pena que no haya mecanismos más severos para desenmascarar a los agentes que intervienen en estos procesos perversos. Pero la ciudadanía debe exigir que estas cosas cambien para que los que tanto reclaman respeto por los poderes del Estado empiecen por respetarse a sí mismos.

Posiblemente sea yo uno de los periodistas que más sabe de lawfare en España, aunque me habría gustado no haber adquirido esos conocimientos de la manera que los estoy sufriendo aún. En unos días vuelvo a comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid para dilucidar qué órgano me va a enjuiciar por los delitos de revelación de secretos, odio y acoso que presuntamente cometí cuando el periódico que dirijo publicó todas las andanzas del juez delincuente Salvador Alba Mesa. Él y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, piden para mí 22 años de cárcel y 422.000 euros de indemnización. Me quieren callado para siempre, pero no lo van a conseguir. Son los coletazos del único lawfare de España con condena. 

Como dicen los cubanos tan sabiamente, lo que ocurre conviene, y ya que me ha tocado ver, oír y tocar un lawfare por dentro, lo saludable es desentrañar lo que veo en el mundo de la política, los medios y la judicatura española cuando estallan con tanto descaro estos asuntos que estamos viviendo cada día con más intensidad.

Cristina Valido en el programa En boca de todos: “Si esto fuera una dictadura y decidiera sólo yo...” Todavía sigue resonando lo dicho hace unos días por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, en un programa televisivo de exaltación nacional, confesando que, si fuera por ella, votaría a favor de una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Nada de cuestión de confianza, que es la postura formal de su partido, por la que el presidente habría de someterse a la consideración del Congreso de los Diputados para confirmar que no cuenta con los números necesarios para superarla y, por lo tanto, llegar a las mismas conclusiones.

Ella prefiere una moción de censura, es decir, respaldar a Alberto Núñez Feijóo para hacerlo presidente del Gobierno con el respaldo de Vox, que entraría en ese gobierno con sus prioridades nacionales y sus otras cosas, entre ellas, la persecución a los partidos nacionalistas, consideración en la que se encuadra Coalición Canaria, según recogen sus estatutos.

Unos estatutos, por cierto, que adoptaron en su momento la bandera tricolor con siete estrellas verdes que se popularizara en los días más duros del franquismo y el tardofranquismo como la del independentismo canario. 

A la sombra de esa bandera pudo verse a Cristina Valido hace unos días respondiendo a unas preguntas formuladas por el periodista Nacho Abad, del programa En boca de todos, de Cuatro, que acabó aplaudiendo con entusiasmo a la diputada cuando le contestó que ella es partidaria de una moción de censura “para convocar elecciones”.

Los comentarios laudatorios de Abad se transmitieron a las cuentas en redes sociales del programa, donde se podían leer comentarios como este: “Cristina Valido se sincera y plantea que, si la decisión fuese exclusivamente suya, su voto iría a favor de una moción de censura con PP y Vox”. En realidad, la pregunta fue más enrevesada: “En el caso de que su partido fuera una dictadura y mandara usted…”

Dado que, según la Constitución española, las mociones de censura han de ser constructivas, quien la promueva tiene que presentar un programa de gobierno, que en el caso de Feijóo, habrá de llevar pactado con Vox, cuyos votos son imprescindibles. Es evidente que, en caso de llegarse a ese escenario, Cristina Valido habría de valorar si los pactos que acuerde el PP con la ultraderecha son compatibles con los principios inspiradores de su partido y afectarían a su credibilidad entre su parroquia. O si, por el contrario, abrazar esa nueva fase de prevalencia de la derecha con la ultraderecha puede suponer para Coalición Canaria frenar el posible trasvase de votos a Vox que detectan las encuestas, particularmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, justo la circunscripción electoral de la señora Valido.

El Partido Popular de Canarias ha decidido que ya está bien de aplicar el modo canario de hacer política impuesto de alguna manera por su socio, Coalición Canaria, para esquivar aquí las tensiones que en Madrid son cada día mayores. De un tiempo a esta parte la dirigencia popular ha endurecido su discurso contra el PSOE, particularmente contra el PSOE federal, pero aprovechando para dejar en la militancia socialista canaria algún recadito, como el que estos días ha dejado el presidente regional de los populares y vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, por la aparición en la causa de Zapatero del lanzaroteño Manuel Fajardo García y el jefe superior de Policía de Canarias, Jesús Gómez Martín.

Sostiene Domínguez que la presencia de estas dos personas en esa causa, aún en fase embrionaria, está afectando a la imagen de Canarias. Eso.

La crisis del hantavirus, cuya afección a la imagen turística de Canarias se comprometió el presidente Clavijo a analizar concienzudamente, marcó un pico en los ataques del PP al Gobierno de Pedro Sánchez. Sus dirigentes, con Domínguez al frente, se extremaron especialmente en acusarlo de ningunear a las Islas y de no atreverse a hacer lo mismo con otros territorios, como Euskadi y Catalunya, pero paradójicamente informando al tiempo de los éxitos que cosechaba él mismo en las reuniones a las que asistió con representantes del Estado.

El tono ha ido subiendo en intensidad a medida que se han ido conociendo los escándalos judiciales y policiales en los que se ha visto envuelto el PSOE a raíz de los casos de Zapatero y de Leire Díez, lo que ha animado al PP canario, cada vez más activo en redes sociales, a emplear un tono que los medios de comunicación más afines han han llegado a definir como mucho de “satírico y mordaz”.

El pasado 19, el mismo día que estalló el caso Zapatero, el PP de Canarias ya lo metió en la cárcel utilizando un estilo muy similar al de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Zapatero en nada camino de la cárcel”.

El remate a la subida de intensidad en los insultos se produjo este mismo miércoles, cuando directamente montó un bulo con apariencia de noticia. Sobre unas fotografías del Papa y de Pedro Sánchez, el gestor de las redes sociales del PP canario colocó el titular “Desaparecido el anillo del Papa tras recibir a Pedro Sánchez”. Es muy posible que los usuarios sin habilidades en materia de sátira y mordacidad puedan haberse creído la noticia. Al resto, seguro que le hizo mucha gracia.

El Gobierno de Canarias ha reconocido formalmente este martes ante el Parlamento que sólo ha cumplido una de las once medidas que le recomendó a principios marzo pasado una comisión de expertos sobre el clima laboral detectado en el Cuerpo General de la Policía Canaria a raíz de una investigación abierta por una denuncia de acoso interpuesta por su anterior comisario jefe, Luis Santos Jara. A preguntas de la diputada socialista Nayra Alemán, la consejera de Presidencia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha dicho que de esas once medidas, solo cuatro son de obligado cumplimiento, que una ya se ha cumplido, que otra está pendiente de un informe y que las otras dos dependen de otros órganos distintos a la Dirección General de Seguridad: la Secretaría General Técnica de la consejería y el Consejo de Gobierno.

En resumen: la comisión que investigó en 2024 distintos sucesos ocurridos en el seno del cuerpo rechazó que se hubiera producido un caso de acoso, pero detectó “la existencia de un conflicto organizativo de alto impacto manifestado en la pérdida de confianza y el deterioro de la comunicación formal, que ha contribuido a generar un entorno laboral deteriorado con riesgo psicosocial para las personas afectadas y consecuencias en la cohesión interna del cuerpo”. E hizo once recomendaciones de las que el Gobierno desecha siete de plano porque no son de obligado cumplimiento, y sólo parece dispuesto a cumplir con las cuatro restantes siempre que le den un tiempo.

De momento, y siempre según la versión que este martes ofreció la consejera Nieves Lady Barreto, solo se ha cumplido una que compete al director general de Seguridad, Daniel del Pino Franquet, la referida al “clima y la relación en las reuniones de trabajo de los distintos mandos”, según la explicación de la consejera, lo que en el dictamen de las personas expertas se especificaba así: “Elaborar informes trimestrales para asegurar que la información fluya correctamente entre mandos y subordinados, evitando que las instrucciones lleguen a los subordinados antes que a sus jefes”.

La otra recomendación que es competencia del director general, la que la consejera resumió como “la elaboración de un informe trimestral sobre el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” está pendiente de “una aclaración solicitada al Comité puesto que el propio artículo 33 contradice, según el servicio de la Dirección General, otros artículos de la ley”.

En realidad se trata de una directriz del propio departamento dictada en 2025 por la que se obliga a “elaborar informes trimestrales para asegurar que la información fluya correctamente entre mandos y subordinados, evitando que las instrucciones lleguen a los subordinados antes que a sus jefes”.

Las otras dos recomendaciones ineludibles no se han cumplido por distintos motivos. Respecto a la obligación de designar comisario principal del cuerpo, la consejera recordó que “no compete al director general sino al Consejo de Gobierno” y que “es un procedimiento de libre designación entre miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad” y que en estos momentos hay “dos comisarios que vienen de esos cuerpos”. En cuanto a la revisión del procedimiento de expedientes de información reservada, la consejera dijo que eso “compete a la Secretaría General Técnica, no al director general”, pero no explicó por qué ese otro departamento de la consejería no ha actuado tampoco.

La visita del Papa a las Islas Canarias será un acontecimiento histórico. Mucho más allá de lo que va a significar para el resto del país. Esta no es una aclamación chauvinista, ni una reafirmación nacionalista barata. León XIV ha aceptado venir a las Islas porque con ellas podrá hacer que se visibilice hacia el mundo su posicionamiento ante uno de los fenómenos más cruciales de cuantos está viviendo la humanidad en estos momentos: la inmigración.

El Papa quiere reiterar desde Canarias los mensajes que ha venido lanzando estos últimos meses, pero quiere estar rodeado de personas migrantes, las que han venido en pateras y cayucos y las que han venido en vuelo regular y han decidido quedarse en Canarias, en España, en Europa para iniciar una vida mejor. Por eso visitará Las Raíces, en La Laguna, y el muelle de Arguineguín, en Mogán, lugares señeros de la Ruta Canaria, la más mortífera de todas las conocidas, con 365 personas que se han quedado por el camino.

Aquí, en Arguineguín, donde se produjo en 2020 un hacinamiento de hasta 2.500 personas que condujo a duras críticas al Gobierno, el Papa será recibido por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y el director general de Puertos de Canarias, José Gilberto Moreno, según decidió hace unas semanas el Obispado de Canarias en contra de algunas opiniones que lo desaconsejaban por la actitud que la primera autoridad municipal ha mostrado históricamente contra la inmigración, frontalmente contraria a la del pontífice.

Por sus hechos ya la conocemos de sobra

Las hemerotecas están plagadas de declaraciones y decisiones de la alcaldesa de Mogán que hacen aconsejable que el Papa dirija hacia ella sus mensajes de conciliación, como ha hecho con Donald Trump por sus inhumanas políticas migratorias.

El numerito más señero de cuantos ha protagonizado Onalia Bueno quizás haya sido el de alquilar tres guaguas para trasladar a 227 inmigrantes desde Arguineguín hasta la Delegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria (65 kilómetros) cuando la Policía Nacional decidió descongestionar el muelle dejando en la calle y sin atención a esas personas una vez fue verificado su estado de salud.

Emulaba de este modo a quien fuera su líder ideológico, José Manuel Soria, que en 2001, siendo alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, desalojó del parque de Santa Catalina a un amplio grupo de migrantes que dormían al raso, los metió en un avión y los mandó a Madrid sin encomendarse a nadie y sin avisar a las autoridades de esa comunidad autónoma.

Tenía la razón la alcaldesa en cabrearse con el ministro del Interior por provocar esa desatención a esos migrantes, pero su gesto de trasladarlos en guagua a la Delegación del Gobierno, más que una protesta era un nuevo gesto de desembarazarse de un asunto que le irrita sin disimulo.

Onalia Bueno nunca quiso que Arguineguín, y por extensión todo el municipio de Mogán, fuera lugar de llegada de las embarcaciones en las que huyen de la pobreza, de la persecución y la muerte las personas migrantes. Lo dejó muy claro desde el principio y lo elevó a la máxima categoría del imposible institucional cuando en 2023 llegó a proclamar en un pleno de su Ayuntamiento que iba a pedirle al Gobierno de Canarias que echara del puerto de Arguineguín a las dos embarcaciones de Salvamento Marítimo que tienen allí su base para rescatar a los cayucos que piden ayuda en la mar.

El motivo humanitario que arguyó es que esas labores perjudican la actividad comercial y turística del municipio, y eso no puede ser. Se refería en concreto a los barcos turísticos de recreo que veían dificultada su operatividad al encontrarse que los atraques estaban ocupados por esas embarcaciones de salvamento y, a veces, por algún cayuco. No dejó muy claro la alcaldesa si molestaba más el cayuco o las dos patrulleras oficiales, pero por el tono de sus críticas mucha gente adivinó claramente la intencionalidad xenófoba de los comentarios porque se detuvo bastante en la palabra “suciedad”.

Esa posición la volvió a manifestar cuando montó en cólera al enterarse de que para dar cobijo a los muchos inmigrantes que llegaron aquel año terrible de la pandemia, el Gobierno se vio obligado a contratar hoteles -cerrados por la falta de turistas- para que aquellas personas no se quedaran en la calle tras abandonar el puerto de Arguineguín. 

En noviembre de 2020 dio un ultimátum tanto a los hoteleros como al Gobierno para que sacaran de su municipio a esas personas con la amenaza directa de sancionar a las empresas con fuertes multas por dañar la imagen turística de su municipio, en aquellos momentos con todas las camas disponibles por razones obvias.

Como dato curioso, la rueda de prensa que convocó para informar al mundo de su decisión de perseguir a quienes alojaran inmigrantes, se celebró dos meses después de haber sido detenida por la Guardia Civil por la presunta trama de compra de votos en las elecciones municipales de 2015 y 2019, que por supuesto ganó. La alcaldesa vinculó su detención y la operación de la Guardia Civil a “la defensa de los derechos humanos” que ella hacía desde su cargo y sus críticas a la política migratoria del Gobierno español.

Sus actuaciones contra el alojamiento a inmigrantes la condujo incluso a convocar a la ciudadanía moganera a manifestarse frente a esos hoteles para coaccionar a sus propietarios. Cuando se dio cuenta de su desatino dijo que, en realidad, aquella manifestación, que se celebró el 27 de noviembre de 2020, el año de la pandemia, fue convocada por una supuesta plataforma vecinal que actuó espontáneamente en respuesta al rechazo de su alcaldesa a los inmigrantes en el municipio. 

Los gritos proferidos en aquella manifestación contra las personas migrantes fueron propios de un pueblo racista y xenófobo, contrario a los más básicos principios cristianos. Parte de ese mismo pueblo acudirá ferviente a recibir a Su Santidad, seguro.

No pagar ni los entierros

Por no quererlos, Onalia Bueno no quería a los inmigrantes ni siquiera muertos. En septiembre de 2023 dijo que su Ayuntamiento no iba asumir ni un enterramiento más porque, a su entender, al haber muerto en el mar, debía ser el Estado el que asumiera los costes y la búsqueda de nichos disponibles, que los suyos eran para sus vecinos. El reglamento de Política Sanitaria Mortuoria establece que deben ser los ayuntamientos los que se hagan cargo de los gastos de los entierros por beneficencia de las personas sin recursos fallecidas dentro de su término municipal. El coste por enterramiento iba de 600 a 1.000 euros, y por ahí no quería pasar tampoco la alcaldesa.

La prioridad española referida también a los nichos.

La visión del fenómeno de la inmigración que tiene la alcaldesa que va a recibir con una genuflexión al Papa se asemeja mucho al de Donald Trump, en Estados Unidos, y a la de Vox, en España, justo los modelos que rechaza León XIV y que están en el origen de elegir Canarias como una de las estaciones de su visita a España. Quizás hubiera sido más acertado el muelle de La Restinga, en El Hierro, que ha sufrido similar presión humana y asistencial y cuyas autoridades y ciudadanía han respondido de una manera mucho más civilizada que la que ha capitaneado la alcaldesa Onalia Bueno.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas no responde, se esconde, se agacha. No quiere saber nada de revisar de oficio el estatus jurídico de su actual director, Francisco Trujillo, quien fuera contratado en 2008 como jefe financiero por el que era entonces presidente del organismo Javier Sánchez-Simón, del Partido Popular, sin cumplir con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen para cualquier procedimiento de selección de personal en las Administraciones públicas. En enero de 2020, con Luis Ibarra, del PSOE, al frente de la Autoridad Portuaria, Trujillo dio el salto a la dirección de Puertos de Las Palmas, cargo para el que, por analogía, tampoco reunía los requisitos legales.

La Autoridad Portuaria no quiere informar sobre este asunto. Ha denegado reiteradamente información por la vía del Portal de Transparencia a un veterano funcionario de la casa, el ingeniero de Caminos José Fernández, quien fuera director general de Costas del Gobierno de España (2004-2008), y en una reunión reciente del Consejo de Administración del organismo, la presidenta, Beatriz Calzada, de Coalición Canaria, rechazó la petición de revisión de oficio del nombramiento mostrando su “pena” ante las iniciativas de exfuncionarios de la Autoridad Portuaria de censurar su política de recursos humanos, que está ocasionando muchos conflictos. 

Tampoco ha contestado Calzada a las preguntas de este periódico, formuladas a través de correo electrónico. Como tampoco ha hecho el directamente afectado, Francisco Trujillo. Mutismo absoluto.

La opacidad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas le ha granjeado un tirón de orejas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que acudió José Fernández a reclamar información acerca del proceso de contratación de Trujillo, después de que la presidenta, Beatriz Calzada, primero diera largas y luego se encerrara en el mismo silencio que mantiene ahora. 

Esa posición ha sido tan radical que la Autoridad Portuaria ni siquiera envió las alegaciones que Transparencia le solicitó. Las resoluciones de ese organismo siguen sin ser atendidas y el ciudadano reclamante sigue sin información.

Tampoco ha hecho caso a las dos peticiones formales que José Fernández elevó a la presidenta en diciembre de 2025 y en marzo de 2026 en sendos escritos bien armados jurídicamente después de dos años de requerimientos sin atender.

Al quedar demostrado que no hay pruebas de que el acceso de Trujillo a su puesto de trabajo se realizara bajo los principios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad exigidos por la ley, Fernández insiste en que procedería la nulidad de ese acto, lo que debía extenderse automáticamente a su nombramiento como director por no poder acreditar la experiencia necesaria ni estar en una posición administrativa válida.

La Autoridad Portuaria ha tenido tiempo de sobra para tramitar la petición, incluso vía Puertos del Estado, con el informe pertinente del Consejo de Estado, como también le ha pedido este ex alto funcionario portuario. Pero ha optado por agacharse y sacudirse sus responsabilidades.

Nulidad de pleno derecho

Trujillo no solo está blindado por la presidenta de la Autoridad Portuaria y por su consejo de administración. También lo está por los sectores más influyentes del empresariado portuario, un poder fáctico que históricamente no solo ha removido directores sino también presidentes. Y, por supuesto, los ha reforzado en momentos de turbulencias.

Hasta ahora lo único que se sabe oficialmente es que en la Autoridad Portuaria de Las Palmas no hay ningún expediente de contratación que valide el acceso a su puesto de trabajo del que hoy es director de Puertos de Las Palmas. Esa circunstancia, que pudiera parecer una negligencia administrativa, es la que ha salvado a la actual presidenta, Beatríz Calzada, dado que la ausencia de un expediente ha impedido a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) proceder contra ella por negar una información que afirma no tener. 

Pero que no exista expediente puede confirmar la tesis de que Trujillo fue incorporado a la plantilla sin ningún tipo de formalidad, y mucho menos las exigencias legales de publicidad, capacidad y méritos.

Por si la posición del director de Puertos de Las Palmas ya era administrativamente delicada, una reciente sentencia del Tribunal Supremo referida al personal laboral temporal, refuerza la tesis de que nadie se puede perpetuar en una Administración pública sin los requisitos necesarios. La Sala de lo Social del alto tribunal resolvió el pasado 11 de mayo que “la contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”.

El último episodio de este culebrón se sitúa en marzo pasado, cuando el reclamante, José Fernández, recurrió al presidente de Puertos del Estado, el canario Gustavo Santana, para que, haciendo uso de sus competencias de supervisión, ordene a la Autoridad Portuaria de Las Palmas iniciar el expediente de revisión de oficio para dictaminar la nulidad del contrato y depurar las responsabilidades oportunas.

Las circunstancias legales en las que se encuentra ahora mismo el director de la Autoridad Portuaria no solo le atañen a él. Podrían repercutir en la gestión del organismo público si prosperara la declaración de nulidad del nombramiento por ser también nula de pleno derecho su contratación inicial: las resoluciones que haya tomado en el ejercicio de su cargo podrían declararse igualmente nulas, lo que podría conducir a indemnizaciones o a otras consecuencias de difícil alcance para el organismo.