Televisión Canaria lo ha vuelto a hacer. Cuando la tensión entre los gobiernos de España y de Canarias ha descendido por la cesión del primero a que el barco del hantavirus sea fondeado y no atracado al puerto de Granadilla, la cadena pública montó la noche de este jueves un especial destinado a enaltecer la figura del presidente Fernando Clavijo, descalificar al Gobierno de Pedro Sánchez, rechazar que Canarias colabore en la resolución de esta crisis sanitaria y explotar nuevamente el complejo de inferioridad frente a otras comunidades autónomas que, en este caso concreto, no se han visto involucradas.

Para tal fin, la dirección de TVC, con el comisario político César Toledo al frente, montó una mesa de debate claramente inclinada hacia las tesis gubernamentales, básicamente inspirada en la factoría de manipulación de la Cadena Ser en Canarias, cuya línea informativa y editorial se inclina claramente contra el PSOE y a favor de Coalición Canaria, que la ha convertido históricamente en uno de los medios con mayor inversión publicitaria institucional.

Muy al contrario de lo que se escucha en la emisión nacional de la cadena, donde las críticas a Clavijo son durísimas, como pasó esta misma mañana del viernes en el Hoy por Hoy de Ángels Barceló.

Tres personas vinculadas directamente con esa emisora formaban parte de esa mesa: Francisco Pomares, Jorge Bethencourt y Janire Alfaya, a quienes reforzaba un periodista de El Español, Julio César Ruiz, un medio con una línea editorial abiertamente anti PSOE, que cumplió con creces su cometido. El plantel lo completaba Ángeles Arencibia, que actualmente no trabaja en ningún medio informativo, colaboradora habitual de la radio pública de Canarias. Fue la que puso el contrapunto frente a la brigada clavijista.

Sin que se hubiera agotado el debate sobre la gestión de esta crisis, la mesa se centró en descalificar al Gobierno de España por su “ninguneo” del de Canarias, y enseguida Jorge Bethencourt trajo a colación una de las crisis más mangoneadas por Clavijo y sus huestes, la de la inmigración, y más concretamente, la de los menores migrantes no acompañados. Le cayeron tortas al Gobierno de Sánchez (“gobierno peninsular”, lo llamó Bethencourt) de todos los colores, pero ninguna fue dirigida al Partido Popular, cuyas baronías autonómicas siguen boicoteando a día de hoy la derivación de esas personas por todo el territorio nacional, lo que ha bloqueado la solución promovida por el Gobierno a través de la reforma de la Ley de Extranjería.

Por supuesto, no faltaron las alusiones al agravio hacia otras comunidades autónomas, como Catalunya o Baleares.

El especial contó, cómo no, con una entrevista en directo por videoconferencia con Fernando Clavijo, que desplegó de nuevo sus teorías, aunque más tamizadas, sobre la descoordinación con el Gobierno de España. No fue entrevistado el ministro canario que estuvo presente en la reunión con el presidente de Canarias en la que se desbloquearon las tensiones, Ángel Víctor Torres, del que solo se emitió un total al principio del programa.

El esfuerzo de la redacción de Informativos por centrar el debate con vídeos explicativos sobre los pormenores de esta crisis sanitaria global y las explicaciones de los expertos no sirvieron de nada: la mayoría de la mesa estaba allí para enaltecer al presidente Clavijo, criticar al Gobierno de España y contribuir un poco más a alarmar innecesariamente a la audiencia atreviéndose incluso a pontificar sobre asuntos puramente científicos.

Y eso que la nota de prensa previa al especial lo presentaba como un refuerzo de “la labor de servicio público” de la cadena “al ofrecer información contrastada y profunda sobre un acontecimiento que requiere de la mayor claridad y rigor para la ciudadanía canaria”.

Imagina que embarcas con tu familia en un crucero, en el crucero de tus sueños. Por ejemplo en este llamado Cultura entre la costa Ibérica y las Islas Canarias, un periplo de 1.500 euros por cabeza de diez días a bordo del Vasco Da Gama, desde Hamburgo (Alemania), con escalas en Vigo, Lisboa, Funchal, Santa Cruz de La Palma y destino final en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Durante la travesía se declara una enfermedad a bordo que requiere asistencia sanitaria en tierra, y el barco está a punto de llegar a Canarias. 

Entonces es cuando se declara un conflicto porque el presidente de Canarias, territorio que el año pasado recibió a 18 millones de turistas, proclama al mundo que la Sanidad de la que su Gobierno es responsable no está capacitada para atender a las 140 personas que viajan a bordo, hacerles pruebas y, en el peor de los casos, aislar a algunas en los centros hospitalarios públicos de los que dispone.

Imagina que les dice a esos turistas que vuelvan por donde han venido, que regresen a Hamburgo y que sea la sanidad alemana la que se haga cargo de ellos, que da igual el tiempo que tarden en regresar y la angustia que eso les supone, porque lo que Canarias no quiere son turistas que puedan contagiarnos, vete tú a saber qué cosas.

Esa es una historia real, la que están protagonizando el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y sus seguidores con la crisis por el hantavirus sobrevenida durante la travesía del MV Hondius. Primero, alarmando a la población más allá de lo científicamente admitido. Segundo, espantando al turismo, al que le está diciendo que no venga por aquí porque si enferma, no estamos en condiciones de atenderle. O lo que es peor, no nos da la gana de atenderle.

Y todo por mantener un pulso político del que sacar rédito electoral en un año crucial para el futuro de su partido Coalición Canaria, que precisamente en Tenerife se disputa un puñado de votos con la derecha y la ultraderecha, la misma que ve en esta polémica del hantavirus una nueva oportunidad de hacer valer su racismo y su xenofobia bajo el deslumbrantre lema de la prioridad nacional.

Están siendo semanas aciagas para el buen nombre de la justicia en España. Al atrabiliario auto de apertura de juicio oral del juez Peinado siguió la elocuente conferencia del juez de Violencia sobre la Mujer David Yehiel Maman Benchimolen en el Colegio de Abogados de Madrid, donde parece que algunas de sus señorías se sienten muy cómodas y dejan fluir su verbo. Ahora, con los juicios simultáneos sobre el caso mascarillas -en el Supremo- y el caso Kitchen -en la Audiencia Nacional- estamos asistiendo a unas representaciones de las que habría que esperar que saliera un fortalecimiento de ese poder del Estado, pero por el modo que están teniendo el presidente y la presidenta, respectivamente, de esos tribunales, yo no me haría muchas ilusiones. De entrada, habría que remitirse a cómo fueron las instrucciones de ambas causas. La de las mascarillas, en el Supremo, donde se sienta un exministro y ex secretario de Organización del PSOE, fue rapidísima, vamos a pensar que porque el alto tribunal español está mucho más descargado de tarea que otros. Tiene otra cualidad muy destacada, que es la presencia en el banquillo de un empresario corruptor, Víctor de Aldama, que, por lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, ha colaborado con la investigación se supone que aportando unas pruebas que está costando convertir en solventes. Gracias a esa presunta colaboración, el fiscal jefe de ese departamento, Anticorrupción le ha otorgado grandes beneficios: de entrada, la libertad de la que no gozan los demás acusados, y eso a pesar de que es el principal encartado en otra trama, la de los hidrocarburos, por la cual le birló al Estado casi 200 millones de euros en IVA. Pero, ya ven, mientras los demás están en prisión por riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, De Aldama está libre y tan campante repartiendo acusaciones, siempre en la misma dirección, que es una de la calle Ferraz, y las mismas cabezas, altos cargos del PSOE, empezando por el presidente del Gobierno y algunos de sus ministros. Mientras dispare por ahí no habrá presidente de tribunal que lo llame al orden o a que se ciña al procedimiento, ni fiscal que pida para él la pena que le corresponde como el gran corruptor que es de esa trama de las mascarillas. 

Lo de Ángel Víctor Torres

Víctor de Aldama ha decidido liberar al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de la pesada losa acusatoria que colocó sobre él al señalarlo como receptor de comisiones corruptas, ora en forma de mordidas de hasta 50.000 euros, ora como beneficiario de los favores de unas señoras con las que habría compartido meublé en la calle de Atocha. A pesar de no haber presentado ni una sola prueba durante todo el tiempo durante el cual duró esa chaflamejada, este corrupto ha gozado no solo del respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, sino también de todos los medios de la derecha española, que han relatado con todo lujo de detalles unos hechos que jamás ocurrieron. Y no solo eso, se permitieron incluso anunciar su publicación con semanas de antelación dando por buena la palabra de este impresentable que estos días, ante el Tribunal Supremo, se ha permitido decir que Pedro Sánchez es el cabecilla de la trama sin que ese asunto esté en la causa que se está enjuiciando y sin que el presidente del tribunal, el que estuvo tan diligente contra los testigos incómodos en el juicio contra el ex fiscal general del Estado, lo haya interrumpido para reconducirlo. Espero que Ángel Víctor Torres ejerza (si no lo ha hecho ya) acciones contra Víctor de Aldama, y que la justicia y la fiscalía que tenemos no vuelvan a protegerlo como han hecho con él tan vergonzosamente.

Lo del juez Ruz

Lo ocurrido con la otra instrucción, la del caso Kitchen, ha sido muy comentado por diversos medios informativos y tertulias radiofónicas y televisivas. Un juez muy agradecido al PP, y con motivos, García Castellón, blindó a la cúpula de ese partido para que el escándalo de la policía corrupta no le afectara. No voy a contar lo que está tan trillado. Pero sí algo que está pasando desapercibido: lo que pasó con el juez Pablo Ruz, que estaba al frente de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional cuando se empezó a investigar lo que todavía se llamaba caso Bárcenas. Según ha declarado ante el tribunal el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, ahí empezaron las presiones de la superioridad policial, alentada desde el Ministerio del Interior en manos del PP. Ni a Morocho ni al juez Ruz los dejaron trabajar para profundizar en el espionaje ilegal que se promovió para intentar evitar que los papeles y las grabaciones que tenía el extesorero del PP pudieran incorporarse a la causa que llevaba aquel juzgado, el que pudo concluir con éxito la operación Gürtel, por la que fue condenado el PP como responsable a título lucrativo, mira tú qué cosas. Al juez Ruz lo acabaron desplazando de la Audiencia Nacional, donde se encontraba como sustituto, para mandarlo de nuevo a su juzgado de Móstoles. Para acojonarlo le soplaron al oído que su padre iba a tener problemas con Hacienda, y el hombre entendió el recado. El siguiente recado se lo dieron al juez García Castellón, que por entonces se encontraba disfrutando de un relajado destino en el extranjero gracias a la generosidad del Consejo General del Poder Judicial, ese que el PP tuvo engrilletado tantos años. Le dijeron que tenía que volver a su plaza de la Audiencia Nacional, donde, ¡oh sorpresa!, le cayó la pieza separada llamada caso Kitchen, que es el que instruyó y el que estos días se repasa (de aquella manera) en un tribunal de la Audiencia Provincial.

Perdonen que hable de mi libro

Tengo motivos de sobra para decir que la justicia en España es un cachondeo, como diría aquel famoso alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al que condenaron por semejante atrevimiento. La única condena penal que tengo en mi historial fue fruto de una trama muy bien orquestada para intentar acabar con un periodista de provincias incómodo con el poder político, entonces en manos, cómo no, del Partido Popular. José Manuel Soria se querelló contra mí precisamente por un Top Secret en el que contamos cómo fue el caso La Favorita, por el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando él era alcalde, hizo un pase con el empresario Santiago Santana Cazorla, para que este comprara una vieja fábrica tabaquera (La Favorita, del famoso y asesinado Eufemiano Fuentes) por un precio y el ayuntamiento se lo comprara a él por siete millones más. La operación coincidió con un viaje a Suiza del concejal de Hacienda y con una cuenta en ese paraíso fiscal a nombre de la empresa que hacía la operación. La querella se tramitó por injurias y calumnias y una jueza paracaidista, puesta en aquel juzgado de lo Penal para condenarme, me condenó. Mi recurso cayó en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y un tal Salvador Alba Mesa, actuando de ponente, ratificó la sentencia añadiéndole de su cosecha unos cuantos versos dedicados. Ya por entonces el juez Alba tenía ambiciones personales de altas miras, y una de ellas, mira tú qué cosas, era conseguir una plaza en la Audiencia Nacional, sin despreciar en absoluto que lo hicieran vocal del Consejo General del Poder Judicial, al que también optó. Y para eso, el querellante, mi querellante, José Manuel Soria, era una pieza trascendental. Como lo fue, por ejemplo, para que el Consejo General del Poder Judicial nombrara presidente al actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, justo cuando, en su calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, presidía un juicio por corrupción contra el portavoz de Economía del PP canario, Jorge Rodríguez, en un caso destapado por Canarias Ahora. Rodríguez es casualmente ahora el abogado de Salvador Alba Mesa en la causa que se sigue contra mí en la Audiencia Provincial de Madrid, ante la que me tendré que sentar en cuestión de meses para responder a la petición de 22 años de cárcel formulada por ese mismo juez delincuente y su señora esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier. Me acusan de revelación de secretos por contar las aventuras y desventuras de este exjuez corrupto, además de endosar dos delitos más: odio y acoso. He llegado hasta la apertura de juicio oral sin que Alba y su abogado hayan presentado el menor indicio de prueba contra mí después de que él fuera condenado por maniobrar a favor de José Manuel Soria, una vez más, perjudicando a la que en 2015 fue adversaria del ministro de los papeles de Panamá a las elecciones generales, Victoria Rosell, mi pareja. Todavía estoy esperando un comunicado de condena de la Asociación profesional de la Magistratura, la APM, de la que Alba llegó a ser presidente para las Islas Canarias. Un comunicado como el que emitieron cuando miembros del Gobierno y miles de personas criticamos el auto del juez Peinado. Pero ya se sabe, tenemos una justicia a la que le cuesta sacudirse las rémoras del pasado y que está mayoritariamente ejecutando la orden de que el que pueda hacer, que haga.

“Este gobierno, ante la inexistencia de criterios objetivos en materia de publicidad institucional en la etapa anterior, ha establecido los suyos propios con estricto cumplimiento de la legislación de aplicación, con medidas centradas en el verdadero objetivo de la publicidad institucional, que no es otro que la compra de espacios para la inserción de mensajes de interés para la ciudadanía, y no la financiación de los medios de comunicación”. Así se expresó el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez, en un escrito dirigido a Canarias Ahora en septiembre de 2025, cuando ya había contratado una campaña de más de 16.000 euros a Eda TV Consulting S.L., la empresa propietaria de la televisión en la que trabaja el agitador ultra Vito Quiles.

Ese escrito se producía como respuesta a una reclamación formal de Canarias Ahora por la escasísima inversión publicitaria que el Gobierno Canario hacía en este periódico frente a casos como el de Eda TV y otros medios con menor audiencia y penetración en el territorio canario.

“Desgranando estos criterios objetivos, y en razón a su referencia a las audiencias o alcances”, continúa explicando el viceconsejero en su escrito, “este Gobierno ha contratado directamente a las empresas especializadas en medición de audiencias y auditado de datos (sic), GFK y OJD, para certificar y acceder a los datos de audiencia que facilitan los medios de manera actualizada en cada campaña, con la finalidad de poder pormenorizar de manera más efectiva y realista la planificación y contratación de espacios en cada momento”. 

La web de Eda TV, en la que contrató el Gobierno canario una campaña de banners sin especificar contenidos, ocupaba el puesto 296 en el ranking de lectura en 2025 en España, el año en que se produjo esa adjudicación. Es el único medio nacional al que se le adjudicó ese año un contrato menor.

Siempre atendiendo a estos “criterios objetivos” que resalta Jonathan Domínguez, en teoría el Gobierno canario tiene localizado “más detalladamente el público objetivo definido en cada campaña, por edades o sexos, más allá de las áreas metropolitanas, llegando ahora a los municipios más pequeños de las islas no capitalinas a través de otros medios locales, con importante implantación insular o comarcal, que en este caso sí, eran obviados o estaban excluidos de los planes de medios anteriormente”.

Este esfuerzo gubernamental por precisar el alcance y la efectividad de sus campañas institucionales excluyen los medios de comunicación de circulación nacional, como es el caso de Eda TV. Es más, siguiendo con su argumentario, el viceconsejero de Comunicación destaca que las herramientas que emplea su departamento “permiten al servicio técnico objetivar y segregar los datos de audiencia acreditada, pormenorizadamente en tiempo real para cada campaña con el último dato disponible, identificando aquellos flujos ajenos en origen a la comunidad autónoma, que no forma parte del público objetivo al que se dirigen las campañas divulgativas, velando así por la eficiente utilización de los recursos públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 y 28 LCSP”. 

Sin embargo, el contrato con Eda TV por el que Canarias pagó más de 16.000 euros no espeficiaba qué tipo de campaña debía emitir ese pseudomedio. En la plataforma de contratación, el enunciado es un escueto enunciado: “Campaña Divulgativa de Información e Interés para la ciudadanía”.

“Implantación territorial, insular o comarcal”

Pero es que, además, el viceconsejero resalta en su escrito que “también se está poniendo en valor como criterio objetivo en la contratación la implantación territorial, insular o comarcal, así como la distribución de la información más allá del propio portal web del medio, con sus herramientas o servicios disponibles y ofertados. La diversidad de contenidos propios publicados que permitan la transversalidad generacional, diversidad social y cultural, etcétera. La implicación del medio o empresa en la vida social, sectorial, económica o identitaria del territorio del que es referencia mediante encuentros, foros o eventos generadores de contenido informativo en la línea de los proyectos de desarrollo estratégico impulsados desde el Gobierno de Canarias, iniciativas que adquieren un peso cuantificable en la justificación de la inserción publicitaria asociada”. Cualidades todas ellas difíciles de detectar en el medio del que es propietario Javier Negre.

El viceconsejero lleva toda esta legislatura embarcado en su empeño por crear un Mapa de Medios de Comunicación de Canarias, “una herramienta que nos permite aumentar los índices de transparencia, ampliar y visibilizar la oferta de medios, canales, herramientas o profesionales del sector en Canarias, y con ello una mejor eficiencia en la contratación de los espacios publicitarios por parte de la Comunidad Autónoma, que ha ampliado el número de medios participantes en las campañas institucionales, y con ello una mayor distribución del presupuesto”. Ese mapa no solo incluirá a medios de comunicación convencionales, sino también podcast, influenciadores y creadores de contenido.

Aunque anunció su presentación para el 1 de enero, esa herramienta no está concluida, pero en cualquier caso tampoco tendría en ella encaje el medio ultra en el que el departamento de Domínguez invirtió en 2025 más de 16.000 euros en un contrato menor con escasas especificaciones publicitarias, como ha publicado este periódico.

El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, se ha sumado a las instituciones gobernadas por el PP que financian Estado de Alarma TV (EdaTV Consulting, S.L.) la televisión del ultra Javier Negre en la que trabajan, entre otros, el agitador Vito Quiles, constantemente señalado por acosar a las personas a las que dirige sus ataques este pseudomedio de la ultraderecha española.

Con fecha 1 de marzo de 2025, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, a cuyo frente se encuentra el comercial de inmobiliaria Jonathan Domínguez, de Coalición Canaria, le concedió un contrato menor de 14.995 euros (cinco euros por debajo del tope legal), que pasó a ser de 16.044,65 con los impuestos correspondientes. El objeto del contrato, según la plataforma de contratación del Estado fue “Campaña divulgativa de información e interés para la ciudadanía”, sin ninguna otra especificación.

El Gobierno ha atendido a una pregunta de este periódico sobre el alcance de tal campaña divulgativa con la siguiente respuesta: “Se trata de un contrato menor ajustado a normativa, como consecuencia de una oferta del propio medio, para la puesta a disposición del Gobierno de Canarias de un banner fijo, en periodo determinado, para la inserción de las campañas divulgativas o mensajes de interés para la ciudadanía que correspondan según programación”.

No ha concretado el Gobierno canario si esos banners ya fueron utilizados en el periodo especificado en el contrato (entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2025), si se mantiene abierta esa posibilidad y, en caso de haber sido utilizados, a qué campaña o campañas concretas fueron destinados.

Según la misma plataforma de contratación del Estado, Eda TV alcanzó un importe de inversión publicitaria en el año 2025 por parte de la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno superior a la de otros medios locales del Archipiélago, como Canarias Ahora, que recibió de ese departamento 14.000 euros.

En ese pseudomedio se desempeña el comunicador Vito Zoppellari Quiles, que estos días ha vuelto a estar de actualidad por su modo de operar ante cargos públicos, periodistas o familiares de cargos públicos y periodistas. La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha anunciado acciones judiciales contra él por atacarla en una cafetería de Madrid y acorralarla para evitar que pudiera salir a la calle. Con la excusa de preguntar acerca de asuntos de presunto interés público, Quiles asalta a las personas a las que pretende entrevistar, siempre de partidos políticos contrarios a la ultraderecha o trabajadores de medios de comunicación que tratan de ejercer su labor de manera libre o que son críticos con la derecha y la ultraderecha.

Su vinculación con el Gobierno de Canarias no ha venido de la mano del Partido Popular, como sí ocurre de manera recurrente con otras administraciones que contratan con Eda TV. Ha sido a través de un departamento controlado exclusivamente por Coalición Canaria, la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, dependiente de Presidencia del Gobierno, la que ostenta Fernando Clavijo.

Unas jornadas de comunicación sobre “el universo online de las redes sociales”

El titular de esa viceconsejería es Jonathan Domínguez, una persona absolutamente ajena al mundo de los medios informativos hasta que le cayó encima este cargo, que le fue adjudicado porque su partido necesitaba sacarlo del Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), a cuya alcaldía se presentó en las últimas elecciones, porque su presencia era incompatible con el acuerdo CC-PSOE que mantiene al frente de la Corporación al socialista Luis Yeray Gutiérrez.

Domínguez ha sido estos días el máximo protagonista de las II Jornadas Pedagógicas (sic) del Gobierno de Canarias, destinadas, según la información difundida por el Ejecutivo, a “la inteligencia artificial en la comunicación, la comunicación pedagógica en la gestión de las emergencias y en la prevención de ahogamientos en nuestras costas, y las herramientas emergentes de la comunicación: el universo online de las redes sociales (sic)”.

En la clausura de esas jornadas, Domínguez incidió en “la importancia de que la sociedad en su conjunto asuma la responsabilidad de exigir una información veraz y asegurar la libertad de expresión y la democracia”. Además, destacó la importancia de “hacer una labor pedagógica, en la que se fomente la formación y el debate entre todos los actores con el objetivo de evitar, en lo posible, el amarillismo, el impacto fácil y la viralidad sin credibilidad”, teniendo en cuenta que la información es un derecho amparado en la Constitución y que, en ocasiones, “puede salvar vidas”.

El Gobierno canario no es la única institución de las Islas que financia a este pseudomedio ultra. También lo hace el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, igualmente gobernado por CC y el PP. Lo ha hecho hasta el momento con una cantidad menor, 5.000 euros, pero con un expediente plagado de irregularidades: se contrató una campaña para promocionar el Carnaval de 2026 en Fitur una vez clausurada esa feria turística y utilizando piezas pretendidamente informativas que ya habían sido publicadas en 2025.

No corren buenos tiempos para el buen nombre de la justicia. Bueno, en realidad, nunca han corrido buenos tiempos para el buen nombre de la justicia. Pero ahora que determinadas asociaciones de jueces y juezas, determinados partidos políticos y abundantes todólogos, todos ellos y ellas con debilidad por la derecha, se escandalizan por las críticas que ese poder del Estado recibe, parece conveniente recordar algo que parecía indiscutible: que todas las resoluciones judiciales son criticables y sus autores se tienen que aguantar. Con jota. El de las resoluciones extrañas, incluso estrafalarias e injustas, es un asunto muy recurrente, sobre todo para periodistas que hemos visto burros volando en las sedes judiciales de aquí o de allá. Pero hoy vamos a referirnos a uno que sigue dejando secuelas porque su sonoro carpetazo por parte del Tribunal Supremo está sufriendo una mala digestión. Me refiero al caso Reparos, uno de los dos que condujeron a Fernando Clavijo a aforarse ante el más alto tribunal de la patria y hacerse en el mismo lote con los servicios de José Antonio Conseguidor Choclán. Resulta enternecedor que un presunto nacionalista se vea obligado a creer más en la justicia que se imparte en la metrópolis que la que pueda impartir un juez o una jueza en su propia tierra, donde se supone que habrían de tenerse más en cuenta todas esas cosas de las circunstancias territoriales, la idiosincrasia, o lo que su propio partido ha dado en llamar “el modo canario de hacer política”. O quizás haya sido por eso por lo que el actual presidente hizo que el Parlamento canario lo nombrara senador por la Comunidad Autónoma y lo aforara ante el todopoderoso Manuel Marchena, que también es canario y tiene su propio modo de impartir justicia. Debe haber influido también de manera decisiva que unos meses antes de aforarse se aprobara la reforma del Estatuto de Autonomía, en la que se incluyó la desaparición del aforamiento para las autoridades autonómicas. Es decir, Clavijo no iba a poder ser investigado o juzgado en su caso por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al que su partido eligió para tan alta empresa.

La desidia de la Fiscalía

De todos los asuntos turbios en los que se vio envuelto Fernando Clavijo durante su etapa como concejal y luego alcalde de La Laguna, el caso Grúas y el caso Reparos fueron los que más se le atragantaron. El caso Grúas se lo despachó rapidito Manuel Marchena en el Supremo en 2020 echando por tierra la exposición razonada que envió el juez de Instrucción 2 de La Laguna y el fiscal, que apreciaban delitos de prevaricación y malversación en lo que había hecho aquel concejal de Seguridad y luego primera autoridad municipal con la empresa (que tenía a un amigo dentro) que se había hecho con el servicio previa privatización: prestarle 120.000 euros de dinero municipal para rescatarla. Los demás implicados en este asunto quedaron inmediatamente exonerados en aplicación del contagio supremo, que basó el archivo en que el Ayuntamiento había actuado basándose en un informe de dos catedráticos de la Universidad de La Laguna. El caso Reparos era un poco más enrevesado y se le puso cuesta arriba a Clavijo especialmente desde que la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, cuanto estaba a cargo de María Farnés Martínez, decidió intervenir por petición expresa del denunciante, Santiago Pérez, cansado de la desidia con la que actuaba el fiscal encargado del Juzgado de Instrucción 4 de esa ciudad, contagiado quizás por la quietud (vamos a decirlo así) de la jueza titular de esa plaza. Pérez denunció que Clavijo y su sucesor en la alcaldía, José Alberto Díaz, además de algunos de sus lugartenientes, aprobaron en esos dos mandatos casi 200 decretos para levantar otros tantos reparos de la intervención, y de ese modo, según la denuncia, beneficiar a determinadas empresas que sacaban suculentas tajadas de una excepcionalidad que, siempre según la causa penal, no era tal. Coalición Canaria nunca le quiso dar mucha importancia a este asunto, y el demoledor informe de 120 folios de la fiscal María Farnés Martínez lo contestaron acusándola de pro gubernamental. Hasta que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife empezó a revocar los autos de archivo de la jueza y a ordenar que siguiera adelante con la instrucción. Hasta el momento se lo ha ordenado dos veces. Así que, lo mejor, al igual que el caso Grúas, era ponerse en manos del Supremo, que se lo archivó exclusivamente para él en 2023. La causa, sin embargo, continúa a día de hoy viva para el exalcalde Díaz y ocho personas más, que ocupaban la Junta de Gobierno del consistorio porque el denunciante ha vuelto a presentar un tercer recurso contra el tercer intento de archivo.

El denunciante, fuera de la política institucional

Las primeras ayudas a Clavijo vinieron de sus socios naturales en Canarias, los del PP, el partido que presume de tener el control de una puerta de esa sala de lo Penal del alto tribunal español. Allí, en manos de Manuel Marchena, Clavijo no se tuvo ni que sentar en el banquillo. Sin escuchar a la acusación particular, el Supremo archivó el asunto con unos argumentos muy singulares: “Las resoluciones adoptadas por el entonces alcalde (casi un centenar), aunque pueden ser irregulares, no fueron arbitrarias”. Y para que esas irregularidades puedan ser consideradas delito de prevaricación “se requiere que la resolución sea arbitraria, es decir, que roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo de quien la dicta, a quien no importa su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia”, dice literalmente la resolución. Las siguientes ayudas vinieron del PSOE, aunque cueste creerlo. Clavijo pidió a Ferraz, con quien negociaba el apoyo de Coalición Canaria a Pedro Sánchez, que ordenara a Santiago Pérez retirar la denuncia contra los compañeros que se quedaban en el barco del caso Reparos. Y como Pérez se negó a hacerlo, el tal Cerdán hizo que se quedara fuera de las listas al Senado, donde ocupaba plaza, en las elecciones de 2023. Ante esa posición del denunciante, a la tropa imputada no le quedaba otra que atenerse a la vía judicial de modo que, utilizando el archivo del Supremo respecto de Clavijo, la causa quedara archivada también en La Laguna. Así que se activó la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, esa en la que manda el tal Luzón, el que tiene tan contento a Víctor de Aldama. Luzón ordena a sus subordinados de que se opongan al tercer recurso de Pérez contra el archivo y encarga el primer escrito de oposición nada menos que a su lugarteniente, Antonio Romeral, el que tiene tan contento a Cristóbal Montoro. La fiscalía, al igual que los abogados de las personas que siguen imputadas, intenta que se aplique en Canarias la misma tesis del Supremo, amparada en otra innovación: “el tronco común”, que viene siendo una variante de la doctrina del árbol envenenado, pero en esta ocasión a favor del reo. Obviando, naturalmente, que cada uno de los casi 200 decretos investigados tiene identidad propia, cada uno de ellos puede ser constitutivo de delito de prevaricación y de malversación sin necesidad de tronco común ni nada que se le parezca, por lo tanto, han de ser analizado individualmente. Es la misma tesis que sostiene la Audiencia Provincial. Ya no está María Farnés Martínez en Canarias. La nueva fiscal general se la ha llevado a la Fiscalía del Supremo. Le sustituyó primero en la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife y ahora opta a ocupar su plaza de fiscal superior Jaime Serrano-Jover González, que casualmente tiene los mismos apellidos que la magistrada Ana Serrano-Jover González, que intentó desde Instrucción 4 de La Laguna archivar por dos veces el caso Reparos, lo que le impidió la Audiencia Provincial.

El decreto más grosero, el de Urbaser

Para archivar el caso Reparos respecto de Clavijo, el Supremo puso el listón muy bajo. Dijo que tiene que ser muy grosera la resolución administrativa para poder hablar de algo más que una “irregularidad”, término que no existe en el Derecho Administrativo. Así que si hablamos de grosería, hay un ejemplo muy elocuente en esta instrucción: las ampliaciones del contrato de limpieza y recogida de residuos urbanos a la empresa Urbaser, que lo llevaba prestando desde 2008. Hubo dos prórrogas, una firmada por Clavijo y la otra por su sucesor, José Alberto Díaz, un contrato de 150 millones de euros, más o menos lo que viene costando actualmente la Televisión Canaria. En ambos casos, el Ayuntamiento inició el procedimiento de adjudicación una semana antes de que venciera la segunda y última prórroga y se le pidió a la empresa que siguiera prestando el servicio en las mismas condiciones. Pero una de esas condiciones -aquí empiezan las groserías- imponía a Urbaser que la flota del servicio de limpieza debía pasar a ser del Ayuntamiento, exigencia que no sólo no se cumplió sino que a) el Ayuntamiento le siguió pagando por el mantenimiento de los camiones y b) el Ayuntamiento exoneró a Urbaser de la obligación de renovar 32 de los 46 vehículos que componían la flota. Por falta de groserías que no sea.

Duro correctivo al Gobierno de Canarias por la gestión de personal en el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC). Una comisión de investigación promovida a raíz de una denuncia por acoso laboral ha concluido evidenciando “la existencia de un conflicto organizativo de alto impacto, manifestado en la pérdida de confianza y el deterioro de la comunicación formal, que ha contribuido a generar un entorno laboral deteriorado, con riesgo psicosocial para las personas afectadas y consecuencias en la cohesión interna del cuerpo”.

La investigación, iniciada en 2024, ha tenido varias fases y no ha sido hasta principios de marzo pasado cuando las conclusiones han sido trasladadas al denunciante y a la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias instándole a aplicar once medidas correctoras que hasta la fecha no se han implementado. Este periódico ha pedido explicaciones a ese departamento por este incumplimiento pero no ha recibido respuesta.

La denuncia fue interpuesta por el comisario principal Luis Santos Jara, exjefe de la Policía Canaria, a raíz de una serie de acontecimientos que desembocaron en su cese, acontecimientos que se iniciaron con la llegada en 2023 de Coalición Canaria y el Partido Popular al Gobierno regional, y el consiguiente nombramiento de David del Pino Franquet como director general de Seguridad dentro de la Consejería de Presidencia, a cuyo frente está Nieves Lady Barreto. 

Santos Jara denunció falta de funciones concretas, exclusión de reuniones y viajes oficiales, y bloqueo de comunicaciones. A su entender, desde la autoridad política se actuaba para desprestigiarle profesionalmente con actitudes de desprecio público y humillación mediante la asignación de tareas que consideraba una “degradación”. Igualmente denunció retrasos en la tramitación de sus solicitudes y la apertura de expedientes disciplinarios en su contra.

Aunque la comisión de investigación, a cuyo frente se puso una experta en la materia, se activó para abordar una denuncia por acoso laboral, se descartó tal calificación por no cumplir con los requisitos jurídicos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, como por ejemplo, “la existencia de un maltrato verbal y conductual continuado, dirigido a menoscabar la integridad psíquica y la dignidad del trabajador, con la finalidad de aniquilarlo psicológicamente y lograr su exclusión del entorno laboral o su sometimiento, mediante procedimientos ilegales, arbitrarios o contrarios a la dignidad humana”.

Sin embargo, tanto la experta como la comisión de investigación concluyeron que se ha dado “una grave disfunción organizativa y relacional, sostenida en el tiempo, que ha generado un importante impacto psicosocial y que requiere una intervención institucional estructurada, orientada a la mejora del clima laboral, la clarificación de roles y la gestión preventiva de conflictos en el ámbito del mando policial”. 

Todo empezó con la expulsión del comisario principal de la sala del CECOES durante el devastador incendio de Tenerife en 2023 y “su posterior cese encubierto”, recuerda el informe. Y continuó con una serie de medidas organizativas que supusieron el traslado de personal del Cuerpo General de la Policía Canaria que debieron “haber sido comunicadas formalmente a los órganos competentes de la Secretaría General Técnica de la Consejería y al Comité de Seguridad y Salud departamental”. La investigación detectó, efectivamente, que se produjeron “cambios de puestos de trabajo y traslados de personal desde las instalaciones de la comisaría de Añaza a la comisaría de La Esperanza, sin que dichas actuaciones hayan sido informadas ni consultadas previamente al Comité de Seguridad y Salud de esta organización”. 

Se trata de actuaciones que contravinieron la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales “en la que se establece la obligación del empresario, en este caso de la Administración, de informar y consultar al Comité de Seguridad y Salud con carácter previo a la adopción de decisiones que puedan tener repercusiones sobre la seguridad y la salud de las personas trabajadoras”. 

Como algunas de las conductas denunciadas por el comisario Luis Santos Jara están judicializadas, como el nombramiento de su sustituto -Antonio Almenara- al frente del cuerpo, la comisión de investigación no se pronuncia sobre ellas. De hecho, estos días el Gobierno ha informado de que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife no ha tramitado la demanda del comisario principal contra ese nombramiento por no haber agotado previamente la vía administrativa.

Pero la comisión de investigación sí ha impuesto al Gobierno once medidas que no han sido cumplidas todavía. Entre otras, se requiere a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “que realice una revisión del procedimiento interno aplicable a los expedientes de información reservada y disciplinarios, con el fin de reforzar las garantías procesales de todas las partes implicadas y asegurar que los actos administrativos derivados se notifiquen con la debida diligencia y dentro de los plazos legalmente establecidos, estableciendo mecanismos de revisión y control que garanticen los derechos de las partes”.

Asimismo, se propone que el Gobierno nombre a un mediador externo para que el director general de Seguridad y los jefes de la Policía Canaria puedan entenderse profesionalmente; que se defina exactamente qué funciones y reuniones le corresponden al denunciante para evitar que lo dejen de lado; que se cree un buzón anónimo para que otros empleados puedan denunciar problemas sin miedo; que se obligue a los jefes a realizar cursos sobre liderazgo positivo y resolución de conflictos, y que se convoque oficialmente la plaza de comisario jefe para dar estabilidad al mando de la policía.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha pagado al pseudomedio ultraderechista EDATV, del periodista Javier (García) Negre, 5.000 euros por la divulgación del Carnaval 2026 en la feria internacional de Turismo Fitur mediante un expediente administrativo plagado de irregularidades.

El acuerdo adoptado por el Ayuntamiento que preside José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que gobierna con el apoyo del Partido Popular, parte de una propuesta enviada a la entidad pública empresarial Fiestas de Santa Cruz de Tenerife el 3 de febrero, con el Carnaval oficialmente ya iniciado y Fitur ya clausurada. La propuesta tiene un enunciado perfectamente definido: “Propuesta acción publicitaria Fitur. Propuesta publicidad. Santa Cruz de Tenerife”. Es decir, el pseudomedio ultra proponía una campaña de publicidad para promocionar la principal fiesta de la ciudad y una de las más destacadas de Canarias durante la celebración en Madrid de Fitur 2026, una feria que se extendió entre el 21 y el 25 de enero.

Es decir, con Fitur ya clausurada y el Carnaval ya iniciado, se contrata con este medio una campaña de publicidad con el fin de promocionar la fiesta en la principal feria turística de España, que ya había sido clausurada. Así lo acredita el expediente administrativo al que ha tenido acceso este periódico.

La propuesta aceptada por el Ayuntamiento de Santa Cruz consistió en un reportaje “sobre la gran oferta de ocio del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025 (sic), que se publicará en edatv.news (sic), con los materiales facilitados por el anunciante”. Además, debía incluir “un paquete de 150 cuñas facilitadas por el anunciante que se emitirán durante un mes en la radio digital Informa Radio y su aplicación móvil en formato mp3 128kb”, a lo que habría que añadir una “campaña display de una semana de duración en EDATV.News (sic)”. La oferta se completaba con “cuatro emisiones de un spot facilitado por el cliente, que se emitirá en el canal de YouTube de EDA y en audio en la radio digital Informa Radio y su aplicación móvil (sólo audio)” y “la promoción de los contenidos en las principales redes sociales del grupo EDA”.

Todo aparentaba normalidad absoluta si no fuera porque el principal motivo de la campaña, promocionar el Carnaval en Fitur, resultaba del todo imposible.

Pero eso dio igual.

La oferta de EDA TV, de fecha 3 de febrero, fue aceptada por el consistorio tan solo tres días después. Así, con fecha 6 de febrero de 2026 la sociedad Fiestas de Santa Cruz de Tenerife emitió una providencia de inicio de expediente firmada por el concejal de Fiestas y presidente esa entidad pública empresarial, Javier Caballero Morales, y su gerente, Patricia Castillo Martín.

En esa resolución no solo se daba vía libre a la propuesta de EDA, sino que para vestirla de pulcritud administrativa se incluían afirmaciones como esta: “Se hace constar por esta Gerencia que Fiestas de Santa Cruz realiza un reparto equitativo entre los medios de comunicación, audiovisuales, radiofónicos y escritos, de carácter local, que asegura la libertad e independencia de estos, a través de la contratación de múltiples campañas de difusión publicitaria institucional con los mismos, conforme constan en el registro de contratos de esta Entidad Pública Empresarial Local a lo largo del año, para cada una de su programación de actos festivos, en ejercicio de la discrecionalidad técnica del órgano de contratación, respetando en todo momento los principios de igualdad y no discriminación, y de forma suficientemente motivada en su necesidad e idoneidad de selección de sus adjudicatarios, en cada una de las memorias justificativas de sus expedientes de contratación, como la presente”.

Sin embargo, aquella oferta de EDA TV de fecha 3 febrero no alcanzó ni de lejos lo prometido. Y no sólo porque resultaba imposible alcanzar el objetivo de promocionar las fiestas en una feria clausurada quince días antes, sino porque tampoco se ejecutaron todas las piezas publicitarias que se propusieron.

Según consta en el informe justificativo emitido por la gerente de Fiestas del Carnaval a petición del concejal socialista Andrés Martín Casanova, la campaña quedó reducida a dos noticias en la web del medio y un vídeo promocional. No se incluyen en ese informe justificativo ni enlaces a audio de cuñas de radio ni banners publicitarios, como indicaba la propuesta en la que se basó el contrato.

Es más, la promoción que hizo este pseudomedio de las fiestas comenzó a publicarse el 17 de febrero, justo el día en que se celebraba el gran coso del Carnaval, un día antes del entierro de la sardina, el punto final de la celebración de 2026.

La segunda información se difundió el 24 de febrero y fue referida a las labores de limpieza desplegadas tras el Carnaval, es decir, pura propaganda de los servicios municipales y nada de promoción de las fiestas, que era el objeto del contrato.

La tercera pieza certificada por el Ayuntamiento es un vídeo que se difundió hace ahora siete semanas, es decir, a principios del mes de marzo.

Por lo tanto, se cumplían ninguno de los dos requisitos expuestos en la oferta que aceptó el Ayuntamiento: ni se promocionó el Carnaval en la feria Fitur ni se promocionó el Carnaval antes de que se celebrara. 

Con este contrato de 5.000 euros, Coalición Canaria, a través del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se suma a partidos políticos como el PP y Vox que prestan apoyo a este tipo de medios con fondos públicos. Entre ellos se encuentra la Comunidad de Madrid, que es uno de los principales contribuyentes de esta teleweb de Javier (García) Negre, el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Castilla y León o el Gobierno de Aragón, estos dos últimos gracias a las presiones de Vox, que es otro de los patrocinadores principales directamente de sus propios recursos.

EDA TV es un pseudomedio permanentemente acusado de transmitir bulos y generar odio entre la ciudadanía. En 2024, su propietario, Javier (García) Negre, sufrió una dura reprimenda por parte de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) por haber vulnerado el Principio de Actuación 1.a del Código Deontológico según el cual “el periodista deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos”. EDA TV había acusado sin fundamento a dos periodistas de El País de acosar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a vecinos de su vivienda (incluidos menores) para obtener información. Era falso.

Fernando Clavijo quiere enterrar para siempre en el olvido los cuatro años que pasó casi de secano entre su primer mandato como presidente de Canarias (2015-2019) y este que ahora perpetra desde 2023. No quiere caer en errores que le lleven a volver a perder las elecciones y que le impidan repetir en 2027. Se trata de seguir al precio que sea, incluso pactando con el PSOE, que algún predicamento tiene en las filas socialistas un pacto así con Coalición Canaria, no se vayan a creer.

Por eso Clavijo ha abierto varios frentes para garantizarse al menos un ecosistema propicio, particularmente entre los medios de comunicación, una faceta a la que su núcleo duro en Presidencia del Gobierno dedica la mayor parte de sus esfuerzos, incluso intelectuales.

La Televisión Canaria es la piedra filosofal de esa estrategia, no solo por el férreo control que se ejerce desde Presidencia sobre sus Informativos, su personal directivo y todos sus contenidos, sino porque a través de la contratación con grandes productoras se influye notablemente en la línea editorial de las cabeceras más veteranas del lugar. Lo explicó hace unos días de una manera muy directa en Mírame TV la activista Emma Colao: “El Gobierno de Canarias está comprando la verdad pública,a través del dinero público, de grandes medios de comunicación con capacidad de borrar por completo el discurso social”. 

¿Periodistas? ¿Para qué?

Desde que regresó a la presidencia, Clavijo lo tuvo claro: no hacen falta periodistas para dirigir un medio de comunicación público. Ni siquiera gestores de acreditada solvencia. Basta con uno o varios comisarios políticos con el mismo objetivo: la manipulación y el sectarismo, lo que desde el Gobierno y los dos partidos que lo sustentan llaman “el modo canario de hacer política”. La televisión pública de Canarias la dirige personalmente el viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello (Santa Cruz de Tenerife, 1977), que como más cercano antecedente profesional relacionado con el mundo de los medios fue, entre 2011 y 2014, director de negocio de Prisa en Canarias. A él corresponde negociar con los medios de comunicación titulares de productoras audiovisuales el reparto del presupuesto que tiene Televisión Canaria para contrataciones externas. Prensa Canaria (La Provincia y El Día), a través de Videre, e Inforcasa (Canarias7), a través de Videoreport, se llevan la mayor parte de la tarta, mientras que Plató del Atlántico (Diario de Avisos) parece conformarse con ser el tercer convidado porque tiene otros proyectos audiovisuales (cine, básicamente) que le desaconsejan hipotecarse con el Gobierno. Con el viceconsejero ejerciendo de amo y señor de la tele, el papel que le tocó desempeñar a la administradora general que nombró el gobierno al principio del mandato, María Méndez, fue el de mera gestora: firmar las nóminas, acudir a las presentaciones y poco más. Para colmo, Méndez, no llegó con ambiciones políticas especiales, ni participaba de la cacería que se ordenaba desde presidencia contra las productoras con medios de comunicación desafectos al régimen, por lo que se hizo necesario imponerle un comisario político, César Toledo, al que colocaron en el ente público amparado por un puesto de nueva creación que denominaron “director de medios y contenidos”. María Méndez se mandó a mudar de inmediato y el Gobierno le faltó tiempo para sustituirla por Toledo, el más dañino responsable de RTVC de la historia del ente. Que se dice pronto, con todo lo que ha pasado por esa casa.

A grito pelado

Experto en comportamiento no verbal, César Toledo hace todo lo contrario de lo que preconiza en sus cursos de autoayuda: grita como un descosido, como si no hubiera un mañana. Grita a todo el mundo que se le ponga por delante, da igual el cargo que quiera que ocupe. Lo hizo, por ejemplo, con Candelaria Delgado, que era la directora de Producto cuando él aterrizó en RTVC. Sus primeros encontronazos se saldaban siempre con “tú a mí no me chillas”, de Delgado dirigiéndose al nuevo virrey. Y él seguía chillando. Y como no había manera de que la directiva se plegara a ese modo de actuar, la acabó despidiendo, con las consiguientes demandas y las también consiguientes derrotas en los tribunales de lo Social. Pero no solo ha perdido la casa históricas directivas como Candelaria Delgado. También han puesto tierra de por medio Óscar Fernández, director de Producción, o Paloma Martín, directora de Planificación y Gestión, que ha regresado a su puesto en la Administración autonómica. Reyes González, jefa de contratación de toda la vida, tampoco ha podido soportar más el mal ambiente y se recupera en su casa. Muy sonada fue la dimisión de Paco Luis Quintana, director de Informativos y una de las caras más reconocibles de la cadena, cuyo puesto ha sido ocupado por Marta Cairós, designada a dedo, es decir, sin cumplir con los preceptos legales que obligan a un concurso público. También han sido apartados periodistas históricos como Armando Vallejo o Jesús Perdomo, sencillamente porque no eran del gusto del administrador general. El jefe de Realización, Sergio Bratche, dimitió la semana pasada y alegó lo mismo que han alegado todos los que se han ido voluntariamente: “Razones personales”. Toledo ha preferido quedarse sin equipo directivo a trabajar con uno que no fue puesto por él.

El ruido de las audiencias

La última queja del Comité Intercentros de Televisión Canaria ha sido la censura informativa, muy al modo de la tele pública gallega y otras experiencias sectarias de la España peninsular. Lo que no interesa al Gobierno, no se cuenta. Así, el preaviso de huelga en la radio pública canaria no se ha incluido en ningún informativo de la cadena. Todo se tapa con grandes fastos o con comunicados diarios sobre las audiencias, una pantalla tras la cual todo parecía valer hasta que el propio administrador general reconoció en la Comisión de Control de RTVC que, bueno, que a lo mejor los audímetros no son la cosa más precisa que habita entre nosotros y que puede que los datos estén un poco inflados. Que a la televisión pública de Canarias, con programación cien por cien local, le acaba ganando algunos días la televisión pública estatal es, como mínimo, para hacérselo ver. Y atentos porque el socio de Clavijo en el Gobierno, el Partido Popular de Manolo Domínguez, también quiere su cuota de protagonismo: ha conseguido imponer en la programación un inminente programa de debate político en el momento procesal más oportuno. Se lo han encomendado a Macaronesia Comunicación. 

Auditorio-Teatro, el desenlace

La vida continúa fuera de la tele, no se vayan a creer. Por ejemplo, en la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, sumida en un proceso de relevo al frente de la dirección. Tilman Kuttenkeuler será relevado de modo inminente a través de un concurso cuyo plazo de presentación de candidaturas ha terminado sin que se conozca con exactitud quiénes se han presentado. Sí se sabe que el director general saliente no se marcha en son de paz y que, muy en desacuerdo con los modales, ha hecho dos cosas que en principio parecen contradictorias: recurrir las bases del concurso y presentarse al concurso con esas mismas bases. El Ayuntamiento prefiere sustituirlo por otra persona para darle al auditorio Alfredo Kraus y al teatro Pérez Galdós, según parece, un impulso que sintonice más con la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a la capitalidad europea de la cultura 2031. Eso, teóricamente, ahuyentaría los fantasmas de quienes, por el perfil de algunos de los supuestos candidatos, temen un mayor peso de la faceta congresos frente a la faceta programación cultural. Veremos.

Los que conocemos a José Manuel Soria desde que dio el salto a la política, a mitad de la década de los años noventa (sí, del siglo pasado), siempre supimos que su retirada obligada de la política no iba a suponer el abandono total de esa actividad. Desde que la descubrió y la combinó con los negocios de la manera que lo hizo, supo que eran dos actividades complementarias: poder es dinero, dinero es poder.

Por eso, su dimisión en abril de 2016 como consecuencia de la aparición de su nombre en los Papeles de Panamá y la posterior constatación (por parte de Canarias Ahora) de que tenía una empresa familiar en el paraíso fiscal de Jersey, significó solamente la inversión del mayor peso de la política por los negocios, es decir, el Soria empresario sobre el Soria político, pero sólo en apariencia. Porque la política sigue estando entre las actividades necesarias del exministro Soria para que sus actividades empresariales (automoción, turismo, residencias de mayores, renovables…) puedan alcanzar el éxito.

Es uno de los valores que aprecian quienes se hacen con sus servicios porque saben que sigue teniendo acceso franco al poder tanto en Canarias como en algunos despachos peninsulares gracias no solo a su amplia agenda de contactos sino también a la reputación que le precede como gestor generoso con quienes son generosos con él. Soria, por poner un ejemplo, tiene acceso directo a Fernando Clavijo, presidente de Canarias, al que ha tenido la ocasión de pedirle un par de favores relacionados con sus representados; y por razones obvias, al vicepresidente de la Comunidad, Manuel Domínguez, que es además presidente del Partido Popular de Canarias, del que Soria fue líder y caudillo indiscutible durante más de dos décadas. 

El Ayuntamiento de Mogán como núcleo irradiador

A su manera y con sus capacidades y sus coeficientes, Manolo Domínguez sabe que a Soria le sigue atrayendo mucho el poder, por eso le sugirió en 2023 ser candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ignorando que los puestos políticos de designación electoral ya están muy lejos de las apetencias del exministro y exalcalde de esa misma ciudad y que, en todo caso, solo aceptaría puestos de mucho relumbrón sólo relacionados con el mundo de las finanzas, como trató de conseguir por la puerta de atrás con el Banco Mundial desde los cuales se comprendan sus inclinaciones actuales. También tiene acceso Soria a ciertas decisiones del que fuera su partido del alma, como la de qué hacer con la polémica y polifacética creadora de contenidos Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, a la que avala para que regrese al PP en cuanto ella quiera, no solo para tratar de repetir con éxito a ese cargo, sino para, desde él, optar a ser presidenta del Cabildo de Gran Canaria. El partido ha visto con buenos ojos la idea y ha llegado a insinuar a Bueno que a lo mejor podrían hacer con ella en Mogán lo que se hace desde hace años en San Bartolomé de Tirajana con el alcalde Marco Aurelio Pérez, que es tan del PP como líder de Asociación de Vecinos, formación por la que suele concurrir a la alcaldía con bastante éxito. Bueno se lo piensa mientras algunas voces muy atrevidas tratan de amenazarla con rescatar del ostracismo al que fuera su alcalde, su jefe y su todo, Francisco González, defenestrado a raíz del escándalo del caso Góndola, que a él le adelgazó (políticamente) y a ella le engordó (políticamente, también). Paquirrín, como se le conoce desde entonces, anda diciendo a quien le quiera escuchar que sólo hará algo por su partido si el candidato es su hijo, actualmente asesor en la Consejería de Educación. Mogán se ha convertido en el epicentro de muchas cosas que pasan en la política de Canarias gracias a la personalidad poliédrica de su alcaldesa, que ya tiene trabajando en su ayuntamiento a dos sobrinos de José Manuel Soria y a uno de los más firmes candidatos a dirigir la Fundación Auditorio Teatro (Alfredo Kraus, Pérez Galdós, respectivamente), Zoilo Alemán, que tras haber abandonado por la vía más expeditiva el Palacio de Congresos de Meloneras, se ha hecho un máster en Contratación Pública y ha elegido ese consistorio tan pintoresco para hacer las prácticas. ¿Dónde mejor? Si se le pregunta al interesado si es el favorito para sustituir a Tilman Kuttenkeuler, se va por peteneras: “De momento no sé qué haré porque estoy en proceso de selección muy avanzado para una empresa que se va instalar en Gran Canaria, pero tendría que irme un año y medio a Madrid”.

Desconcierto en Moncloa: nadie encuentra al candidato progresista al TSJC

Los teléfonos echaban humo los días posteriores a que se cerrara el plazo de admisión de candidaturas para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por defectos formales en la convocatoria (una corrección de errores), el Consejo General del Poder Judicial amplió las fechas, lo que hizo pensar en algunos despachos que a los dos candidatos iniciales se sumaría un tercero o una tercera que tuviera marchamo progresista. Pero no fue así. Al actual presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado, le salió como opositor el actual presidente del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (decano, antes de la majadería de Bolaños del cambio generalizado de nomenclatura que nos ha jodido a todos los periódicos el tamaño de los titulares). Juan Avello es de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria asociación de jueces, conservadores ellos, que le joden la vida al Gobierno un día sí y el otro también con sus jacarandosos comunicados y comentarios en redes sociales. Pero Avello es un tipo moderado que no ha destacado por excéntricas, llamativas o comprometidas actuaciones sino más bien por todo lo contrario. Así que la primera foto era entonces la de un vitorino (de la también conservadora Asociación Francisco de Vitoria) contra otro conservador. Hasta que apareció el tercer candidato en liza, Jaime Borrás Moya, que no está afiliado a ninguna asociación judicial y que presenta como más llamativa actividad en su curriculum el ejercicio del ilusionismo, previa autorización de compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial, donde aún resuenan las chanzas sobre su apellido y la famosa marca de juegos Magia Borrás. Complementariedades aparte, la condición de no afiliado de este juez ilusionista hizo sospechar a los más incautos que se trataba de la apuesta progresista, porque a esos incautos les parecía muy improbable que en el actual escenario no se le ocurriera a nadie de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia presentarse a tan atractivo e influyente puesto. Hasta en Moncloa creyeron que Borrás era la persona a apoyar en los cenáculos correspondientes, ignorantes de que en el Consejo General del Poder Judicial también hay repartos territoriales e ideológicos. Es decir, que si a Euskadi le toca presidencia progresista -por poner un ejemplo al azar-, Canarias se tiene que esperar a la próxima ocasión, si es que algún día llegara o llegase. Ante este lindo panorama, el favorito para presidir el alto tribunal canario es Juan Avello, quebrando nuevamente la costumbre no escrita de que un presidente de TSJ que se tercie aguanta como mínimo dos mandatos, es decir, una década completita, y que habrá que esperar otros cinco años a ver si le toca a los magistrados y magistradas progresistas proponer a uno de los suyos a tan altos destinos. Para eso tendrán que estar nuevamente a expensas de que la parte conservadora de la parte contratante se avenga a cumplir en el CGPJ con la misma diligencia que la parte progresista cuando la conservadora no tiene la sartén por el mango. Y el mango también. 

El concejal de Ciudadanos que en 2020 facilitó la moción de censura por la que Coalición Canaria recuperó la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife ha perdido su premio, el que le concedió el alcalde, José Manuel Bermúdez, colocándolo como director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030 con un salario anual de más de 76.000 euros.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha anulado la resolución que tomó la Junta de Gobierno del consistorio el 29 de julio de 2024 por la que se nombró para ese cargo a Juan Ramón Lazcano de la Concha, el que fuera concejal de Ciudadanos entre 2019 y 2020, que dimitió en plena pandemia para ser sustituido por Evelin Alonso, que a la postre se convirtió en la concejala tránsfuga que votó a favor de la moción de censura que acabó con la alcaldía de Patricia Hernández (PSOE) y se la devolvió a Bermúdez (Coalición Canaria).

El fallo, suscrito por el magistrado-juez Roi López Encinas, estima el recurso presentado por la abogada Sandra Rodríguez en nombre del arquitecto Joaquín Mañoso Valderrama, ordenando que sea él quien ocupe el puesto y condenando al Ayuntamiento al pago de las costas procesales.

Vulneración del principio de mérito y capacidad

La resolución judicial sostiene que la motivación ofrecida por el consistorio para justificar la elección de Lazcano frente a Mañoso “resulta insuficiente” y “contraria a Derecho”, por basarse en argumentos vagos, genéricos y carentes de sustento jurídico.

Entre las razones que el Ayuntamiento alegó figuraban la existencia de un posible conflicto de intereses relacionado con un expediente urbanístico de 2014 relacionado con Mañoso, así como su edad, que, a juicio del tribunal, no puede ser considerada causa válida de exclusión.

El juez reprocha al Ayuntamiento que no se identificaran “las concretas circunstancias personales que desaconsejan la designación del recurrente” y que la Administración “no puede basar su decisión en valoraciones imprecisas o ajenas al principio de mérito y capacidad” recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.

La sentencia recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que exige que los nombramientos realizados por el sistema de libre designación estén debidamente motivados, explicando claramente las razones por las que un candidato es preferido a otro.

El magistrado subraya que, aunque la Administración goza de discrecionalidad para elegir entre varios aspirantes, esa discrecionalidad no puede degenerar en arbitrariedad, y debe sustentarse en criterios objetivos verificables.

En definitiva, la Justicia anula el nombramiento de Juan Ramón Lazcano de la Concha y, dado que el otro aspirante también reunía los criterios exigidos en la convocatoria del puesto, ordena la designación de Joaquín Mañoso Valderrama para el puesto de director general de Transformación Urbana Santa Cruz Verde 2030, al considerar vulnerado el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad.

El Ayuntamiento puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para lo cual tiene un plazo de quince días.

Fernando Clavijo no puede disimular la admiración que siente por los partidos de más reciente creación en Canarias. Los admira y también los mima por motivos bien distintos, pero en todos los casos por rentabilidad electoral. A dos de los tres los mencionó en el reciente debate sobre el estado de la nacionalidad para elogiar sus aportaciones al Plan Canarias o Decreto Canarias, una nueva carta de exigencias al Estado que en su espíritu se contradice bastante con la esencia y las capacidades de esta autonomía (llamada nacionalidad una vez al año) para ejercer como tal. Pero ésa es otra historia.

Municipalistas Primero Canarias es el partido que más admiran en estos momentos Coalición Canaria y particularmente sus líderes en Gran Canaria. Ha nacido aupado por una suerte de llamamiento a la reunificación del nacionalismo canario (y dos piedras) como respuesta a la desunificación que en 2005 promovió por primera vez Nueva Canarias (NC), bajo el liderazgo de Román Rodríguez, y que supuso la pérdida absoluta de hegemonía de CC en la isla.

Eso es lo que Clavijo y los suyos ven como atractivo en Primero Canarias: que con el cartel de la reunificación nacionalista y sin necesidad de purgar a los inútiles que han conducido a la organización a la práctica insignificancia, otro partido le ayude a recuperar terreno y salir así del ostracismo en una de las dos islas capitalinas, algo imprescindible para afianzarse como marca y conseguir al menos un diputado más en el Parlamento, es decir, multiplicar por dos su actual representación.

¿Tránsfugas o ubicuos?

La coartada que esgrimieron los fundadores de Municipalistas Primero Canarias, Prica, como lo llaman sus detractores con muy mala leche, fue el personalismo con el que Román Rodríguez, su ex líder, había dirigido hasta entonces el partido y la falta de alternativas a su liderazgo. Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, y Óscar Hernández, de Agüimes, no optaron nunca a presidir NC, por lo que nos hemos quedado con las ganas de conocer qué predicamento habrían alcanzado dentro de él. O si lo más rentable era lo que han hecho, promover un nuevo partido y dejarse de zarandajas.

El caso es que Primero Canarias se ha ido asentando en diferentes municipios no sin ciertos incidentes más cercanos al transfuguismo que a la política seria, como lo ocurrido recientemente en el grupo de gobierno de Santa Lucía de Tirajana, donde el alcalde y los cinco concejales de Nueva Canarias que se pasaron a Prica (es que es muy comercial, ustedes perdonen) trataron de escabullirse de la condición de tránsfugas transmutándose en militantes del Bloque Nacionalista Rural (BNR), que formó parte de la coalición electoral con Nueva Canarias y al que teóricamente no podrían pertenecer porque solo opera en Gáldar y Agaete. No somos tránsfugas, somos ubicuos, han venido a proclamar. 

Técnicamente todos los concejales y concejalas que han abandonado Nueva Canarias o han sido expulsados por indisciplina y siguen ocupando los puestos que obtuvieron bajo las siglas de la coalición electoral con la que concurrieron son tránsfugas. Se pueden poner todo lo flamencos que quieran, invocar derechos fundamentales o incluso, como hizo el alcalde de Santa Lucía, reprender al secretario municipal por declararlo no adscrito sin haber esperado por su pirueta de orientación Norte. Son tránsfugas y con ese estigma habrán de concurrir a las próximas elecciones municipales. Si concurren.

Además, cuando llegue el momento procesal oportuno, deberán explicar a sus seguidores su cambio de montura: pasar de Nueva Canarias, un partido de corte progresista, a ir en alianza con Coalición Canaria, que disimula cada día menos su tendencia a la derecha, a mayor gloria del presunto nacionalismo. Un giro que puede no ser del gusto de los seguidores de los dos alcaldes fundadores y de sus acólitos.

De hecho ya cunde cierta desazón por lo que vienen escupiendo las encuestas, que no saludan con entusiasmo la irrupción de Primero Canarias en el panorama electoral grancanario, aunque quizás todavía sea pronto para que esas tendencias puedan considerarse afianzadas. Pero esa tibieza con la que están respondiendo los electores explicaría algunos movimientos un tanto erráticos de los líderes de este partido, como por ejemplo, telefonear al que fuera alcalde de Mogán durante los años de más corrupción en el municipio, Francisco González, más conocido como Paquirrín, el alcalde del caso Góndola. Él lo ha confirmado: “Teodoro me llamó para tomar un café”. Ahí lo dejamos, de momento.

Después, Drago

Después de Primero Canarias, Drago Canarias. El partido de Alberto Rodríguez, creado tras su abrupta salida de Podemos por obra y gracia de Manuel Marchena desde la Sala Segunda del Supremo, tiene un hueco guardado en el corazoncito de Fernando Clavijo y sus estrategas electorales. Y no precisamente por su proclamación como formación soberanista o de obediencia exclusivamente canaria, que también viene bien, sino por lo que supone de carga de profundidad entre las formaciones de izquierda para impedir por todos los medios que se pueda reeditar un Pacto de las Flores, o como pueda llamarse un futurible acuerdo de Gobierno en Canarias alrededor del PSOE. Rodríguez y su gente se han prestado al juego porque también obtienen mejores resultados mediante la fórmula que apadrina Clavijo que explotando su condición de fuerza extraparlamentaria con tan solo dos concejales en La Laguna como su más resplandeciente representación institucional. Gracias a Coalición Canaria, Drago Canarias está en los medios de comunicación del clavijismo y lo está de la manera más recurrente del caciquismo, como operan los partidos tradicionales de Canarias: en pay per view.

En los debates electorales y las tertulias

El ejemplo más elocuente de la estrategia de Coalición Canaria sobre Drago tuvieron su hito en la presencia de este partido en los debates electorales que se celebraron con motivo de las elecciones autonómicas y locales de 2023. Sin representación parlamentaria y sin un solo concejal electo, la Cadena Ser -por poner el ejemplo más significativo- colocó a Alberto Rodríguez como un candidato más en su superdebate regional para que se ocupara casi exclusivamente de meterse con el candidato del PSOE, Ángel Víctor Torres, de manera que se apreciara por la audiencia de la emisora más escuchada en Canarias que la izquierda estaba desunida y que la posibilidad de que el socialista repitiera presidencia estaba en el alero, como así ocurrió finalmente. La Ser mantiene a Drago Canarias en las tertulias políticas donde no están otras fuerzas parlamentarias y, a su vez, Drago Canarias mantiene su compromiso de reventar al PSOE en todas sus intervenciones.

Onalia Bueno, la despechada

La búsqueda de muletas y muletillas para complementar a Coalición Canaria allí donde flojea o necesita arietes no es nueva. No hay que olvidar sus inicios: fue una congregación de once pequeños partidos insularistas, a las que se unieron fuerzas de distinta índole (incluida la izquierda) que en 1993 se dieron cuenta de que sumaban justo los votos necesarios para desalojar del poder a Jerónimo Saavedra mediante una moción de censura firmada por todos ellos, incluida ATI, que gobernaba con el socialista.

Por eso a nadie le sorprendió que, de repente, en 2023 apareciera dentro de Coalición Canaria la polémica alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que fue designada a dedo secretaria de Políticas Municipales del partido en Gran Canaria con el mismo secretismo con el que dejó de serlo de la noche a la mañana en 2025 después de haberse fotografiado con lo más granado del nacionalismo canario (otras dos piedras).

Bueno ya no solo no está en la órbita de CC sino que en noviembre pasado registró su propio partido con vocación regional y local. Se llama Bueno para Canarias, Bueno para Gran Canaria y Bueno para cada uno de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, por si había alguna duda de quién es la lideresa.

La alcaldesa está muy molesta con Teodoro Sosa y su Primero Canarias porque, según sostiene, alguno de ellos telefoneó a uno de sus concejales más destacados para ofrecerle un puesto en el proyecto político. Que, como queda una vez más probado, es muy de izquierdas y muy nacionalista.

Lo cual no va a ser obstáculo para que Bueno para todo se convierta en un respaldo más para el partido de Clavijo pidiendo para él el voto a cambio de vaya usted a saber qué cosas. De momento, ella amaga con ser candidata a la alcaldía de Mogán, a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria y a presidenta del Gobierno de Canarias.

Antes de que Gabriel Rufián lanzara su propuesta de izquierda plurinacional confederal, en Canarias ya había movimientos muy avanzados de fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE para preparar una confluencia de cara a procesos electorales sobrevenidos o programados. Los empezó liderando Román Rodríguez antes del cisma que sufrió en Nueva Canarias, partido que ya no preside pero del que sigue siendo lider espiritual indiscutible. Pero los han continuado otras líderes y otros líderes convencidos de que una candudatura unitaria, con “marca canaria, con programa canario, con defensa de los intereses populares: autogobierno, democracia, libertades, servicios públicos, empleo de calidad, límite al crecimiento, feminismo” tiene a mucho público expectante.

Las conversaciones han sido más fructíferas de lo que cabría esperar en un espacio ideológico tan marcado por la división, las diferencias irreconciliables y, cómo no, el personalismo. Pero la emergencia del momento, la cada vez más cercana posibilidad de que se fortalezcan las derechas y la ultraderecha y las izquierdas no sumen, ha agilizado las conversaciones.

En un escenario de elecciones generales, “una marca canaria con un programa canario tendría base social y electoral más que suficiente como para sacar un escaño por la provincia de Las Palmas y casi otro en Santa Cruz de Tenerife”, explica a este periódico Román Rodríguez.

Pero solo una de las formaciones canarias, con más implantación en la provincia de Santa Cruz en Tenerife que en la de Las Palmas, ha puesto pegas al proyecto. Se trata de Drago, el partido que lidera Alberto Rodríguez, ex dirigente de Podemos y hoy concejal en la ciudad de La Laguna. 

Una fuente autorizada de Drago ha dicho a este periódico que se reunirá “cuando llegue el momento en el marco preelectoral con los espacios que puedan asumir compromisos y garantías para transformar Canarias desde una visión progresista”. Considera Drago que las conversaciones que se mantienen en estos momentos “son debates orgánicos anticipados que aún no han tenido lugar”.

Un escaño al Congreso por cada provincia

Las encuestas que manejan todos los partidos políticos que operan en el Archipiélago, tanto las propias como las que les enseñan las demás, arrojan resultados muy significativos: 5-6 escaños para el PSOE; 3-4 para el PP; 3-4 para Vox; uno para Coalición Canaria por Santa Cruz de Tenerife y uno para la marca de izquierdas por Las Palmas. 

Ese dibujo podría varia en Santa Cruz de Tenerife si se sumara Drago. Además de Nueva Canarias, están en la operación, Podemos, Sumar, Izquierda Unida, Sí se Puede, Iniciativa por La Gomera y algunos grupos locales. Lo suficiente para conseguir un escaño por Las Palmas, que podría convertirse en otro por Santa Cruz de Tenerife con el concurso del partido que lidera Alberto Rodríguez. En tal caso, estaría en juego el escaño de Coalición Canaria, que, al igual que el PP, va a perder mucho terreno por el crecimiento de Vox.

Un resultado así para el Congreso de los Diputados facilitaría mucho las cosas al PSOE de Pedro Sánchez, que podría contar con hasta ocho de los quince escaños que aporta Canarias (seis suyos y dos de la izquierda confederal) para una investidura por la izquierda.

En Coalición Canaria se han encendido ya todas las alarmas porque saben que peligra su diputada por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido. El secretario de Organización de CC, David Toledo, ya se encargó este pasado fin de semana de desmitificar los encasillamientos ideológicos para proclamar un clásico de esa formación: dan igual las ideologías y los colores políticos, la izquierda o la derecha, Canarias se defiende desde la canaridad, y punto. Para reclamar acto seguido “cuatro o cinco diputados”.

El desmarque ideológico le viene muy bien a Coalición Canaria para preparar el terreno para lo que se le viene encima -también por la subida de Vox- en las próximas elecciones autonómicas. La ultraderecha experimenta también aquí un importante crecimiento que le puede convertir en una pieza clave de la gobernabilidad por la derecha, mientras que la izquierda, con su actual dispersión, no sumaría lo suficientes con el PSOE, salvo que se diera esa confluencia, lo que acercaría bastante a Ángel Víctor Torres, o la persona que los socialistas decidan presentar, a la presidencia del Gobierno regional.

Esas encuestas darían a la ultraderecha hasta ocho parlamentarios autonómicos, una representación similar a la que podrían alcanzar las fuerzas de izquierdas si fueran unidas.

En CC saben que esos resultados la colocaría en una posición delicada por la caída propia y la del PP, ambas a manos de Vox. Un escenario de gobierno tripartito sería inasumible para muchos de sus votantes, en particular para los que creen que se trata de un partido progresista, lo que complicaría muchísimo la permanencia en el gobierno. De ahí también el discurso anti ideológico que empiezan a pregonar.

Algunos de sus más locuaces comentaristas radiofónicos y televisivos ya empiezan a hablar suavemente de Vox, para que las audiencias se vayan acostumbrando a su presencia y no haya sobresaltos cuando se sienten a negociar.

A partir de este jueves, cuando se reúna el pleno de Santa Lucía de Tirajana, su alcalde, Francisco García, y cinco de sus concejales, adquirirán formalmente la condición de tránsfugas. Así lo establece un informe del secretario de la Corporación que ya tienen en su poder los grupos políticos y en el que se determina que, al haber sido expulsados oficialmente el pasado día 14 de la coalición electoral Nueva Canarias- Frente Amplio Canarista, adquieren la condición de concejales no adscritos, con una clara limitación de sus derechos políticos en el Ayuntamiento.

Los seis ediles fueron expulsados tras su marcha formal a Municipalistas Primero Canarias, partido fundado por los alcaldes de Gáldar y Agüimes, Tedoroso Sosa y Óscar Hernández, respectivamente, líderes ambos de formaciones afines a Nueva Canarias hasta que se produjo la ruptura. Y es a partir de esa expulsión cuando, a petición de su antiguo partido, se activa el mecanismo para pasarlos al grupo de no adscritos. Una sentencia de 2020 a instancias del mismo Ayuntamiento indica el camino a seguir.

 El ejemplo de Santa Lucía puede cundir en otras corporaciones municipales canarias en las que se han dado similares circunstancias, como Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás y Teror.

Pero es en Santa Lucía de Tirajana donde este paso administrativo adquiere connotaciones políticas de mucho calado. El alcalde gobierna gracias al apoyo de sus cinco concejales, pero también de los cinco del PSOE, que tendrán que decidir ahora si van a mantenerse en un grupo de gobierno con seis tránsfugas, sobre todo teniendo en cuenta que la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo la preside el ministro Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios.

Al pleno del jueves

En su informe, de nueve folios, el secretario municipal de Santa Lucía insta al alcalde a llevar el asunto al próximo pleno del Ayuntamiento, a celebrar el jueves 26 de marzo, para que se oficialice “la nueva situación corporativa adquirida, desde el día 16 de marzo de 2026” por Francisco José García López, el alcalde, y los concejales Minerva Pérez Rodríguez, Roberto Ramírez Vega, José Mario Bordón Vera, Arminda Santana Alonso y Juan Francisco Guedes González “como miembros de esta Corporación no adscritos a ningún grupo político municipal”. El mismo pleno se dará por enterado de que el grupo político municipal Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista quedará integrado exclusivamente, también con efectos 16 de marzo de 2026, por Yaiza Pérez Álvarez, Ramón Leví Ramos Sánchez y Ofelia Alvarado Santana, que no abandonaron la disciplina de su partido ni han sido por lo tanto expulsados.

El trámite de dar cuenta del pase al grupo de no adscritos del alcalde y sus cinco concejales del grupo de gobierno no admite discusión de ningún tipo. No se abre ningún debate ni se somete a votación, sencillamente se da cuenta del informe del secretario y se actúa en consecuencia.

Como concejales no adscritos, el alcalde y sus cinco compañeros no podrán “seguir desempeñando los cargos con dedicación exclusiva”, ni, por lo tanto, cobrar retribuciones, “desde el día siguiente a la dación de cuentas, al Pleno de este Ayuntamiento”, recuerda el informe del secretario municipal. Sí mantendrán sus otros derechos como concejales, de acuerdo con la legislación vigente y el reglamento municipal.

“Somos el único medio de comunicación en directo hablando ahora mismo desde la isla de Tenerife”, se ufanaba este viernes desde el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) de la isla de Tenerife el polémico influenciador local Bolorino, que cuenta con miles de seguidores en redes sociales y con alguien en el Cabildo de la isla (aún por identificar) que le autorizó a estar presente relatando durante dos horas y quince minutos todo lo que se le ocurrió que podía relatar de la gestión de la emergencia. En riguroso directo, contando sin filtros cualquier tipo de información que pudiera surgir desde las pantallas que gestionaba un equipo de responsables, con la consejera insular de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, al frente.

La emisión no tiene desperdicio porque, además de explicar algunos aspectos de la emergencia, como la diferencia entre alerta y aviso y sus correspondientes colores, sirve para que los seguidores del influenciador se enteren por sus propios anuncios de que “Tegueste se llama así por su mencey, Mencey Tegueste”.

O, mejor todavía, cuando uno de esos seguidores le pregunta qué le pasa en las piernas, seguramente al apreciar que se desenvuelve descalzo por la sala de gestión de emergencias, él responde: “Estoy jodido, me tengo que operar de las caderas, doble prótesis, coxartrosis”.

Una fuente autorizada del Cabildo de Tenerife no supo concretar qué persona autorizó la presencia de Bolorino en la sala de emergencias, un privilegio que ni siquiera está al alcance de los medios de comunicación auténticos, a los que como mucho se les permite grabar vídeos mudos, es decir, sin audio sincronizado. Todo parece tener que ver con la estrecha relación que este influenciador tiene con algunos responsables técnicos y políticos de las emergencias porque la especialidad de los contenidos que crea y divulga es relativa a sucesos, y más concretamente, a desapariciones de personas.

Se le notó especial familiaridad con la consejera de Emergencias, pero también con Iván Martín, director de Emergencias del Cabildo, con el que se dio “un paseo” por las dependencias para que le explicara “un poco el funcionamiento de las salas del Cecopin”.

A las dos horas de emisión, el influenciador empieza a leer en voz alta, en la misma sala que comparte con los gestores de la emergencia, los mensajes que le envían sus seguidores, incluidos los saludos que le mandan a la consejera Blanca Pérez desde Tabares, o el relato de lo que cada cual está viendo desde la ventana de su casa. Es en ese bloque de la emisión en directo cuando todos los presentes se enteraron de su padecer.

Para no ser menos de los que desde sus casas le contaban lo que veían, Bolorino mira a través de la ventana más próxima y afirma: “Es que yo creo que aquí se aprecian como zonas sin lluvia, creo que se aprecian zonas muy oscuras”, lo que llama la atención de la consejera que se levanta, mira a través de la misma ventana y exclama “mi madre”.

“Señores: ha empezado a llover en la hamburguesa y yo sin chaleco, sin chaqueta, sin paraguas”, exclama entonces Bolorino refiriéndose al Pabellón de Deportes Santiago Martín, conocido por ese nombre, donde tiene su sede el Cecopin. La consejera lo calmó: “Una chaqueta sí podemos ofrecerte”.

El ambiente llega a ser tan campechano que Bolorino, al apreciar que la visera de su gorra tiene una mancha blanca, se mete los dedos en la boca, los ensaliva y procede a limpiarla.

La presencia de Bolorino en la sala de emergencias del Cecopin de Tenerife ha levantado la indignación de algunos periodistas especializados, como Verónica Paves, de El Día, que lo es en ciencia, y que se quejó públicamente de lo ocurrido este sábado.

Gracias al troglodita Donald Trump y a su ejército de proletarios ignorantes, lo latino se ha convertido en una transgresión, lo cual dice bastante no solo de lo inculta que es la corriente fascista que sufrimos sino de la fuerza que tiene lo latino. Jorge Drexler ha sacado nuevo disco. Una noticia que debería en sí misma ser destacada si no fuera porque estamos quizás ante la obra más comprometida del artista uruguayo afincado en España hace tres décadas. Para hacer este Taracá, que es como se llama, Drexler regresó al Uruguay para reencontrarse con lo que nunca perdió de vista y componer un disco con una marcada candombe, que no es otra cosa que un regreso mucho más atrás de América, justo hasta África, donde todo empezó, por muchos empeños por taparlo con deportaciones e imposiciones pseudoculturales. En fin.

Riquísimo en arreglos y orquestación, Taracá es un tributo enorme a las músicas de Latinoamérica, particularmente a las del Uruguay y sus percusiones. Con el máximo protagonismo al tambor chico y su aportación inigualable a casi todos los ritmos.

En cuanto a las letras, Drexler ha vuelto a provocarnos con sus canciones, que son himnos. Como lo fue Todo se transforma (“cada uno da lo que recibe; luego recibe lo que da”) o Movimiento (“yo no soy de aquí, pero tú tampoco”). Pero ahora lo hace en un momento clave, que él mismo define escuetamente en Nuestro trabajo (“se preguntarán qué es lo que hacemos cantándole al amor mientras el mundo se va al carajo”), pero profundiza muy oportunamente en ¿Hay alguien A.I.?, una intromisión festiva, pero muy preocupada, por los efectos de la inteligencia artificial.

Pero donde realmente levanta un monumento al compromiso es en Ante la duda, baila. El uruguayo no es Bad Bunny; tampoco es Bruce Springsteen o Taylor Swift, ni falta que le hace; pero hace su especial contribución a la recuperación de la humanidad en el ámbito de su influencia, y la de Jorge Drexler es la de ser un creador muy influyente en España y en Latinoamérica, un creador que sacude a su modo las conciencias inteligentes para que no se adormezcan o se resignen. Y esto debemos agradecérselo.

Porque podía haberse quedado en hacer un disco homenaje a su padre, que fue perseguido también y acabó exiliado en Uruguay, sin remangarse y entrar en faena. Pero eligió la etnia, el folclore del pueblo que le vio nacer, la percusión y los ritmos más acendrados para componer su décimo quinto disco, el de la madurez que permiten los sesenta años, la mitad de ellos en España por culpa de un tal Martínez, más conocido por su nombre artístico de Sabina.

Hay que mover el culo, lo dice Drexler en su canción más evidente de este Taracá, Ante la duda, baila, en la que recuerda que esta no es la primera involución que sufrimos, que ya hubo virreyes, caciques y papas que prohibían bailar porque se excitaban las bajas pasiones. Y que, finalizando el siglo XX, en 1995, hubo quien intentó prohibir el reggaetón en Puerto Rico por el contenido sexual de la danza que lo acompaña. “Pero ahora se baila en todo el mundo, sin el más mínimo disimulo”, se regodea Jorge Drexler.

Es en esta pieza donde está el grito de guerra, la llamada a la rebelión, que no es otra que la de oponerse a todo esto de la manera más pacífica pero natural posible, sin levantarse en armas ni violencias. Solo bailando, moviendo ese culo. Ante la duda, baila.

Han pasado más de cinco años desde que el líder del sector crítico de Vox, el grancanario Carmelo González, abandonara la formación harto de lo que llamó “dictadura intramuros”. Es el tiempo que ha tenido que esperar para ver caer a uno de sus principales ejecutores, Javier Ortega Smith, uno de los fundadores y durante mucho tiempo integrante del núcleo duro del presidente, Santiago Abascal. 

Puede considerarse a González uno de los primeros purgados por la organización precisamente por los malos modales de la dirección, que ahora se lleva por delante, con esos mismos modales, a Ortega Smith. Es coetánea su purga con la que Vox hizo en Murcia con dos de sus más solventes dirigentes, Juan José Liarte y Francisco José Carrera, que también en 2020 iniciaron su vía crucis dentro del partido pero que aguantaron con sus actas de parlamentarios regionales hasta 2023, cuando dimitieron. Menos de tres años después le está pasando lo mismo al partido en la misma región con su actual portavoz parlamentario, José Ángel Antelo.

Unas primarias sin actas, como Maduro

Ortega Smith, quien fuera la mano derecha (pero que muy derecha) de Abascal fue uno de los más duros con Carmelo González cuando el canario decidió presentarse al único proceso de primarias abierto hasta ahora en Vox para decidir el nombre de la persona que debía presidir el partido. Lo hizo Carmelo González en 2020 contra nada menos que Santiago Abascal, lo que fue interpretado como un desafío por la dirección del partido, que esperaba exclusivamente la aclamación del líder y que aquel tímido gesto democrático quedara solo en eso, en un remedo que les permitiera decir que se trata de un partido que escucha a las bases.

El politburó de la ultraderecha decretó que sólo había un candidato que había obtenido los avales para presentarse a aquella mascarada y que ese candidato no era otro que Santiago Abascal. Se le olvidó, como a Maduro, enseñar las actas, lo que impidió que todo el mundo pudiera comprobar que también Carmelo González había alcanzado de sobra el número de firmas exigido.

Lo comenta con la misma parsimonia de siempre y sin atisbo de odio este médico grancanario de 64 años, que ejerce en el centro de salud de uno de los barrios obreros más populosos de la isla, el de Las Remudas, en Telde. Recuerda con precisión cómo lo vetó Ortega Smith para ser candidato en las elecciones generales de 2018: “Yo iba a ser el candidato porque me apoyó el comité local, pero cuando se enteró Ortega dijo que no y se montó una pelotera del carajo”, cuenta.

Madrid impuso entonces a un piloto de líneas aéreas, José María Vázquez, “un tío muy agradable”, recuerda, pero con un problema que en ningún partido político es aceptado: hablar más de la cuenta. Y a Vázquez “lo trincan poniendo a parir a Abascal”, por lo que, alegando motivos personales, lo fuerzan a marcharse. En su lugar elaboran una nueva lista con Alberto Rodríguez a la cabeza. “A mí, ponme al último”, le pidió entonces Carmelo González.

Rodríguez, González y Nicasio Galván formaban parte del comité provincial de Vox en Las Palmas, y eran por lo tanto los que organizaban las campañas. Carmelo González era el responsable de comunicación en el partido, un desempeño por el que es gratamente recordado por todos los periodistas que cubrían en aquel momento la información política. Siempre estaba disponible, participaba en todas las entrevistas y tertulias para las que era requerido y gestionaba con la dirigencia del partido todos aquellos contactos que la prensa le pedía.

Pidió dormir en la habitación de Franco

Bueno, no todos. Ortega Smith, que era el responsable nacional de Comunicación de Vox, le insistía mucho en los límites a las relaciones con la prensa. No quería dentro de ningún acto del partido a los medios de comunicación considerados izquierdistas, particularmente elDiario, El País y La Sexta. Y tenía especialmente vetados a dos periodistas, Miguel González, de El País, y el autor de este texto, de Canarias Ahora.

Sus visitas a Canarias se limitaban prácticamente a la participación en mítines de campaña y era muy restrictivo sobre las entrevistas que concedía. La última vez que Carmelo González le gestionó la comunicación para una de sus visitas, precisamente en 2019 para un mitin por la campaña de las elecciones generales, sólo concedió una de las entrevistas que tenía solicitadas. Fue al periódico La Provincia, donde confirmó que había dormido en el hotel Madrid de casualidad, que Vox siempre pide “hoteles humildes”…

La realidad era otra bien distinta: él pidió a sus compañeros de Vox que le reservaran la habitación donde pernoctó Franco la noche anterior de embarcar en el Dragon Rapide rumbo a África para ponerse al frente del golpe de estado de 1936. Fue una mala experiencia, el golpe de estado también, fue una mala experiencia dormir en aquella habitación porque, según relató él mismo a sus correligionarios, pasó una noche de perros. 

El mitin por el que acudió a la capital grancanaria en 2019 le sirvió para hablar de toros en la única región que no tiene plazas de toros, y también para congeniar con el exjuez corrupto Salvador Alba, ya por entonces imputado por varios delitos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y con la esposa de este, Teresa Lorenzo, que ejercía como letrada de la Administración de Justicia en un juzgado de Violencia sobre la Mujer, lo que durante un tiempo simultaneó con su militancia en Vox, donde prestó servicio como dirigente provincial. Puede que sean los únicos en Canarias que echarán de menos a Javier Ortega Smith.

“Un ser que no puede ser”. El gran José A. Alemán, uno de los mejores analistas políticos que ha dado a esta tierra, habría incluido a Fernando Clavijo en esa consideración tan especial: la del ser que no puede ser. No por desearle nada malo, sino sencillamente porque su desempeño como cargo público obliga a preguntarse cómo es posible que haya llegado tan lejos, que esté ahí. 

En el caso del actual presidente del Gobierno de Canarias, estamos ante un ser inane, cuyo paso por tan alta responsabilidad habremos de medir cuando todo esto haya pasado, no por legado que pueda dejar, ni por los hitos por los que pudiera hacerse merecedor del calificativo de gran servidor público, sino por todas las zonas de peligro que esquivó y por los efectos que dejó de provocar por su negligente inacción política. Es decir, conoceremos su legado sencillamente por su falta de legado, por su incapacidad (él seguramente cree que es habilidad) para abordar los problemas de la ciudadanía utilizando la táctica socarrona de taparlos con espantajos, con el enemigo exterior.

Clavijo ha dicho que no está de acuerdo con Pedro Sánchez en su rechazo al ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Y con eso tenemos que quedarnos porque lo que añadió a continuación para explicar ese interesante posicionamiento político es que se trata de una opinión personal que no piensa desarrollar porque, como presidente de Canarias, no tiene competencias en materia de política exterior. Es decir, que como presidente de Canarias se permite emitir una opinión política camuflada como opinión personal que se niega a explicar porque es un incompetente en la materia en cuestión.

Suena a consigna de temporada, a seguidismo hacia su socio, el Partido Popular, al que tiene que cuidar no vaya a ser que las encuestas que está manejando el Gobierno sean certeras y confirmen la caída de Coalición Canaria y el Partido Popular hasta el límite de la sumatoria insuficiente. Clavijo no quiere darle oxígeno a cualquier opción que pueda tener el PSOE de recuperar electorado, o al menos a repetir en Canarias sus últimos resultados autonómicos, y es muy posible que la posición antibelicista del Gobierno de Sánchez y sus exigencias diálogo y legalidad internacional pueda estarle insuflando apoyos entre un electorado que ya se sabe cómo reaccionó en 2004 con la guerra de Irak.

Rechazar la posición del Gobierno contra los ataques a Irán y la prohibición a Estados Unidos para usar sus dos bases en España para avituallar a sus aviones no solo es abrazar las tesis del PP y de Vox, sino también alinearse con aquellos países que vulneran la legalidad internacional y que empiezan a atesorar importantes antecedentes de violación de los derechos humanos y de genocidio.

Pero, además, es ponerse frente a un pueblo, el canario, que es antimilitarista por razones históricas, que votó en contra de la integración de España en la OTAN en el referéndum de 1986 (junto a Catalunya, País Vasco y Navarra) y que no quiere saber nada de conflictos que puedan salpicar a esta zona tan delicadamente estratégica del planeta.

Por si todo esto fuera poco, apoyar como dirigente político un conflicto bélico que puede extenderse incluso a regiones cercanas a Canarias, dada la inflamación bélica que sufre el presidente de los Estados Unidos, es ignorar que más pronto que tarde volverá a haber en esta parte del mundo un inmenso flujo migratorio de personas que huirán no solo de la muerte y de la devastación, sino de la persecución política y religiosa y de los efectos económicos que acarrea cualquier guerra.

Pero, además de irresponsable, la posición de Fernando Clavijo es cobarde. No se posicionó lo más mínimo ni a favor ni en contra del ataque de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero, a pesar de los estrechos vínculos de Canarias con ese país. Se limitó a interesarse por la situación de la colonia canaria allá, y así lo manifestó en en X.

Nada que ver con la posición pública que manifestó en 2022 oponiéndose frontalmente a los ataques de Rusia a Ucrania. Ahí sí exigió diálogo y legalidad internacional y rechazó la guerra porque con ella “nadie gana”. Es verdad que entonces era senador por designación del Parlamento de Canarias. Se aforó para que el PP, por la puerta de atrás del Supremo, lo sacara de las causas penales que tenía en Canarias.

A Rita Esmeralda Cabrera Sánchez, concejala de Vox en la ciudad de Telde (104.000 habitantes), no le ha dado la naturaleza ni su experiencia vital, ni por su puesto el partido en el que milita, el don de la moderación. Tampoco el de la oratoria ni el de la declamación. Por eso sus intervenciones en el Ayuntamiento de Telde no pasarán jamás a la posteridad. Salvo que en alguna de ellas pierda los papeles por las risotadas que en ocasiones profieren sus adversarios políticos y amenace a uno de ellos con aflojarle tremenda “hostia”: “Te meto una hostia que te rompo los dientes”, fue la gloriosa frase que pronunció, según la versión recogida por este periódico de un concejal libre oyente (ni del gobierno ni de Vox, para entendernos).

Había llegado el momento de debatir las mociones y a Rita Esmeralda Cabrera le tocaba leer una contra la regularización de inmigrantes y contra el burka, es decir, las mociones que en toda España están defendiendo los cargos públicos de Vox con el objetivo de fijar su programa electoral y retratar al Partido Popular, haga lo que haga. 

Debió ser de tan poca calidad y convicción la exposición leída por la concejala que, por momentos, despertó las chanzas del grupo de gobierno, a cuyo concejal de Urbanismo, al parecer (otras fuentes apuntan que fue al alcalde), dirigió su amenaza de hostia en toda la boca con riesgo de desdentada.

Lo que no dicen los afligidos concejales de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), fuerza mayoritaria ahora integrada en Primero Canarias, es que a tan tremenda astracanada de la concejala de Vox algunos de ellos respondieron llamándola choni, que viene siendo un insulto bastante clasista.

Tiene que ser un poco desquiciante para gente como Rita Esmeralda Cabrera, que este año cumplirá los 30, trabajar como auxiliar técnico educativo (ATE) en una fundación de ultraderecha que se dedica, oh sorpresa, a explotar centros de acogida a menores migrantes no acompañados y, a la vez, en sus cometidos como concejala, atacar a las personas pobres que vienen de otros países, entre otros, aquellas a las que atiende cuando no tiene dispensa para acudir a un pleno. Trabaja en una fundación, por cierto, que no se ha caracterizado precisamente por su buen desempeño en el cuidado de esos menores, como ha quedado acreditado.

Es extraño que, con todo el genio que demuestra atesorar la concejala, en el caso de los incidentes del último pleno municipal haya preferido optar por una salida por la tangente. No ha querido retirar los insultos ni las amenazas, ni mucho menos pedir perdón. Ha preferido un doble salto mortal con tirabuzón y negar lo dicho, muy al estilo de Prestianni, el futbolista del Benfica que llamó “mono” a Vinicius tapando su boca con una parte de su camiseta.

Nicasio Galván y José Manuel Bermúdez

Así que, según Cabrera, ella no amenazó a nadie con romperle los dientes sino que le “chirriaban los dientes”, no sabemos aún si por defender una moción contra la inmigración y el uso del burka o si por el frío que se pasa en el salón de plenos del Ayuntamiento de Telde. Estamos ante la versión autóctona del “me gusta la fruta” con el que Isabel Díaz Ayuso trató de esconder su celebrado “hijo de puta” dedicado a Pedro Sánchez, tan extendido a partir de ese momento que se ha convertido en himno en las concentraciones fascistas hasta el punto de ser bailado por los oradores de la cosa.

Las mociones de Vox en contra de la regularización de personas migrantes han dado mucho juego en Canarias, y no precisamente a favor del partido ultra. En el Parlamento de Canarias fue su diputado Nicasio Galván el que dio la impresión de no querer sostener, ni siquiera con su mirada, los argumentos que acababa de defender en la tribuna. Así que, cuando la portavoz socialista, Nira Fierro, pretendió contestarle, se atorró en su escaño como si aquello no fuera con él. Un gesto tan elocuente que hasta el PP, que le iba apoyar en la parte magra de la moción, la de rechazo a la regularización, retiró la propuesta de votación por separado y la votó en contra íntegramente.

Muy distinto fue lo ocurrido en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde su alcalde, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, decidió que en esta materia sí iba a posicionarse contra Vox. Pero de aquella manera. En dos ocasiones de su discurso, Bermúdez enfatizó ante el concejal ultra que defendió la moción que “dos tercios, dos” de los inmigrantes que van a ser regularizados provienen de Latinoamérica, es decir “hablan nuestro idioma y tienen nuestras costumbres”. Es verdad que el alcalde tuvo un gesto para “los que vienen en cayucos”, informando al concejal de Vox que jamás la Marina española va a dejar de atenderlos si los encuentra en alta mar porque está obligada por el derecho marítimo internacional. 

Pero no se lleven a engaño, a Bermúdez no le gusta la regularización masiva porque, dice, “es un fracaso del sistema”.

Nicasio Jesús Galván Sasia, diputado de Vox en el Parlamento de Canarias, se atorró este miércoles durante toda la intervención de la portavoz socialista en la Cámara, Nira Fierro, en pleno debate de una moción presentada por el ultraderechista contra la regularización de inmigrantes promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Galván Sacia, uno de los tres diputados que le quedan a Vox en la Cámara (inicialmente obtuvo cuatro actas pero una de las personas elegidas pasó al grupo de no adscritos un año después de tomar posesión) preguntaba al Gobierno de Fernando Clavijo por su valoración del “proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales que pretende llevar a cabo el Gobierno de España.

Nadie del Gobierno de Canarias le contestó. Sí lo hicieron los demás grupos parlamentarios, y encontró cierta simpatía inicial en el Grupo Popular, que incluso llegó a plantear una votación separada de los distintos puntos de la moción que planteaba Vox para votar a favor del primero de ellos.

Pero fue tan sonado el desplante provocado por Galván Sasia que quien ejercía la portavocía de los populares en este punto, Jacob Qadri, retiró su petición de votación fraccionada. “Después de ver la actitud del señor Galván respecto a Nira [Fierro], retiramos nuestra petición”, le dijo a la presidenta del Parlamento.

Cuando correspondió el turno a la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, las cámaras del Parlamento ofrecieron dos planos: uno de la interviniente y el otro de Nicasio Galván, que en todo momento permaneció atorrado, con la vista puesta en algo que debía tener sobre su escaño, sin darse por aludido.

“Señor Galván, señor Galván”, le interpelaba Fierro sin éxito alguno. La parlamentaria miraba al portavoz de Vox, que se mantenía impasible. Silencio. Hasta que la portavoz socialista no pudo más: “Esta es la democracia que quiere el grupo parlamentario fascista de Vox. Yo no sé para qué trae cosas aquí si no le interesa lo que piensan los demás (...) Usted alega mucho, pero comprender comprende poco, al menos de este país, señor Galván (...) Pero es que no respeta ni sus propios principios, y lo que defiende es incapaz de mantenerlo, ni siquiera con la mirada”, le increpó.

Galván: lo de siempre

El diputado de Vox había desplegado previamente todo el repertorio de Vox contra las personas migrantes sin dejarse en el tintero ninguno de los lugares comunes y los bulos que divulga su organización permanentemente.

Quería reprochar al Gobierno canario que se desentendiera de la cuestión alegando falta de competencias en la materia, atribuyéndole las que tiene en cuestión de tutela de menores migrantes no acompañados. Por supuesto, habló de “efecto llamada” y cifró en 1,2 millones el número de personas regularizadas en España desde 1985.

Su moción fue finalmente rechazada por toda la Cámara, excepto por los diputados de Vox: 58 votos en contra, tres a favor.