“Me representa más alguien de León con quien comparto el ser español que alguien de Senegal con quien ustedes no tienen ningún problema”. Tan delatora frase salió este pasado viernes de la boca de un consejero de Vox en el Cabildo de Tenerife, Naim Yánez Alonso, que también es concejal en el Ayuntamiento de Arona, donde comparte gobierno con el Partido Popular y Coalición Canaria. Sí, con Coalición Canaria, para que nadie se lleve a engaño desde ahora hasta después de mayo de 2023.

El señor Yánez Alonso la pronunció en el último pleno del Cabildo para tratar de contestar con ella a las críticas que provenían de la bancada socialista por la colonización de cargos peninsulares de Vox en las listas al Senado del PP por Gran Canaria y Tenerife y del Congreso de los Diputados por Las Palmas, el último grito en integración de la derecha y la ultraderecha por si alguien albergaba alguna duda de la inminencia y el tamaño del contubernio.

Con su referencia a “alguien de Senegal”, este político tinerfeño se refería concretamente al número dos del PSOE al Congreso de los Diputados por Las Palmas, Luc André Diouf, un veterano del sindicalismo y de la política que, efectivamente, nació en ese país africano en 1965 pero que obtuvo la nacionalidad española en 2001, lo que le convierte en tan español, mucho español, como el señor Yánez y su patrocinado, el aspirante número dos al Senado en la lista del PP por Tenerife Francisco José García Paramio, Paco-Pepe, que es de León de pura cepa, y de Vox, de más pura cepa todavía.

Es verdad que Luc André nunca ha meado colonia y que ha tenido una vida muy difícil, la que le llevó incluso a tener que dormir al raso más de cuarenta días en Las Palmas de Gran Canaria. Y la que le llevó a ser condenado en 2005 por un delito de lesiones por agredir a un hombre tras un insulto racista. Ingresó en 2017 en el PSOE, partido del que es secretario federal de Políticas Migratorias y Refugiados. Antes fue militante de Comisiones Obreras, donde trabajó como coordinador de formación a personas migrantes y como secretario de Inmigración. Habla varios idiomas y ha trabajado en la hostelería y en la informática. Es diputado por Las Palmas desde 2019 y hasta ahora nadie había dudado de su proceder a partir de su procedencia.

Francisco José García Paramio ha tenido más suerte en la vida. Nació en Gordoncillo, León, en 1963, y es ingeniero de Telecomunicaciones por la Politécnica de Madrid y doctor por la Universidad de León. Ha trabajado en muchas empresas de gran renombre y preside desde 2021 la Fundación Monteleón, creada en 1989 por la desaparecida Caja León para el fomento de la cultura. Vive en el barrio de Eras de Renueva, donde se levantan señeros edificios como el auditorio Ciudad de León, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, o la sede de la Junta de Castilla y León en la ciudad.

En 2023 se presentó al Senado por Vox en la circunscripción de León, pero no tuvo suerte. Y eso que centró su campaña en asuntos tan nucleares la unidad nacional, la lucha contra la burocracia, el apoyo a la iniciativa privada y el empleo cualificado para frenar la despoblación de León. No sabemos qué propuestas va a presentar para la isla de Tenerife, isla sobre la que no estará tan informado y, consecuentemente, tan interesado.

Como tampoco lo estará en la isla de Gran Canaria la aspirante número dos en la lista del PP por el tercio de Vox, Alba Moreno Santa. Madrileña (alcalaína por ser más precisos) de 35 años, especialista en comunicación que ha trabajado para Vox en Galicia y en Madrid. Es una apasionada (vamos a decirlo así) militante antiabortista, que ha escrito cosas como esta en su cuenta en X: “El gobierno de la ruina pretende blindar en la Constitución la cultura de la muerte para tapar sus vergüenzas a costa de miles de vidas de inocentes. Esta barbaridad se estudiará en los libros de historia. La vida se defiende siempre”.

Saltó a las primeras planas con motivo de una repugnante experiencia con el exdirigente fundador de Vox Javier Ortega-Smith, que la despidió a finales de 2025 como directora de comunicación del grupo municipal del partido en el Ayuntamiento de Madrid por haberse desentendido de su trabajo mientras estuvo de baja por maternidad. Ella se querelló, pero la justicia no vio delito en el comportamiento del ya defenestrado Ortega-Smith, aunque el tribunal deslizó un tímido reproche por machista. Un sentimiento que está muy extendido en ese partido y del que la aspirante a ser senadora por Gran Canaria como “independiente” (sic) en la lista del PP todavía no parece ser muy consciente. Abascal la ha recolocado en responsabilidades nacionales de comunicación. 

De momento, hasta donde sabemos, Alba Moreno ha aceptado sin discusión el encargo de Santiago Abascal de presentarse al Senado por Gran Canaria, cometido que no podrá atender como se merece la isla por tener que ocuparse del acta de concejala de Alcalá de Henares que le acaba de caer encima por renuncia de su antecesor en la lista de Vox, además de la innegociable conciliación familiar que ella ha defendido valientemente en un partido que no reconoce esas cosas tan zurdas.

Como ha demostrado fehacientemente el culpable de nuestra historia de hoy, Naím Yánez Alonso, consejero del Cabildo de Tenerife y concejal en el gobierno de Arona. En este último puesto, actuando como segundo teniente de alcalde y responsable del área de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico, despidió a una trabajadora que él mismo había contratado como personal de confianza por haberse acogido a una baja por embarazo de alto riesgo. 

En agosto pasado, la justicia obligó al Ayuntamiento a readmitir a la trabajadora, cuyo despido fue declarado nulo por una flagrante discriminación por razón de sexo.

Vox no lo ha purgado, como purgó a Ortega-Smith, sino que lo ha reforzado colocándolo de número 3 en la lista del partido al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife.

Este consejero y concejal de Vox, el tal Naím Yanez, está en posesión de una corta pero fulgurante carrera política. Empezó en las juventudes del PSOE en 2018, pero se marchó pronto, dice que cabreado por los personalismos. Así que, para huir de los personalismos, nada mejor que Vox, que como todo el mundo sabe practica una democracia asamblearia, con primarias y segundas vueltas envidia del universo democrático.

Tiene un nombre de origen árabe, lo cual no es obstáculo para abrace, muy a su modo primario, que es como es, eso de la prioridad nacional de su partido.

Naím defiende con pasión la presencia de esos compañeros de Vox en las listas al Senado por Canarias. Él no los conoce ni de vista, pero ya se sabe que la vida partidaria tiene esas miserias, como cuando te tienes que ir de las Juventudes Socialistas porque el personalismo de los demás no te deja progresar.

Si salen, serán dos senadores estupendos por Gran Canaria y por Tenerife para defender las reformas que la ultraderecha quiera hacer en la Constitución y para ahondar un poquito más en el control de las instituciones del Estado, como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Y para no dejarse controlar en el caso de alcanzar el Gobierno y perder el control del Senado a manos de los zurdos esos. Ya les explicará alguien dónde están Teno y Tenteniguada.

11.57. Primera llamada al 092 este lunes. 11:58, la segunda. Dejemos pasar algo más de un minuto, no vaya a ser que estén atendiendo alguna emergencia. 12:04. Tercera llamada y nada. Es posible que sigan con la misma emergencia que antes. Decidimos entonces probar con el número fijo de la Policía Local, 928446400, ¡toma!, nadie contesta tampoco. Probaremos más tarde, a las 12:19, por ejemplo. Uf, tampoco responden. Dejemos pasar unas horas, a las 15:42, vaya, también sin respuesta. En medio del desconcierto, una llamada de comprobación al 112, no fuera a ser que el 092 haya dejado de existir y seamos los únicos que no lo sabemos. El operador contesta con cajas destempladas: aquí no estamos para darle el teléfono de nadie.

Es posible que la mañana de este lunes, la sala operativa del 092 de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria estuviera saturada de llamadas de conductores cabreados por lo que se estaba viviendo en el entorno del parque de San Telmo, en la calle de Bravo Murillo y la Avenida Marítima, hasta llegar más allá del mercado de Vegueta. El colapso era mayúsculo, al parecer por el accidente o la avería de una guagua. Que tampoco se sabe porque el cuerpo ya no informa como antes en su cuenta de X, en la que este lunes solo aparecían las farmacias de guardia.

Dos agentes de la Policía Local indicaban con sus paletas de señalización a los conductores que no se podía acceder desde la Avenida Marítima hasta Rafael Cabrera, lo que obligaba a continuar hasta la siguiente salida, la de San Telmo. Allí el atasco se convirtió en colosal, particularmente en el primer carril izquierdo como consecuencia del taponamiento en la desviación hacia el Gobierno Militar y el cruce con la bajada de la calle Buenos Aires. En todos los alrededores del colapso, ni un solo agente, ni del orden ni de movilidad. Nadie.

Recabada la versión del Ayuntamiento, la respuesta fue de resignación, como si ya estuvieran acostumbrados a esa queja de que los agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria no cumplen con sus obligaciones, ni siquiera la básica de contestar al teléfono a la ciudadanía. Al fin y al cabo llevan un tiempo sosteniendo un conflicto con las autoridades políticas y administrativas por diversas causas que se han ido superponiendo sin que ninguna haya quedado del todo resuelta antes de la irrupción de la siguiente.

La última novedad se produjo la semana pasada desde los juzgados: una sentencia de la Plaza 5 del Tribunal de Instancia, en la Sección Contencioso-Administrativa validaba la Instrucción General Horaria de la Policía Local para el periodo 2026-2029, aprobada por el Ayuntamiento en diciembre de 2025 tras un acuerdo con los principales sindicatos. La había sido recurrida por la exjefa del cuerpo, Carmen Delia Martín Mederos, antes de dimitir. La jefa no quería que los jefes tuvieran que cumplir los mismos turnos que los agentes. A ella le pidieron su dimisión y dimitió, y en su lugar ha vuelto Carlos Saavedra, que había sido cesado en 2019 por el entonces alcalde Augusto Hidalgo, en cumplimiento de una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Todo es así en esta Policía Local.

Los sindicatos reclaman retrasos en el pago de horas extras y pluses por importe de 600.000 euros, además de quejarse de que hay agentes que no hacen prácticas de tiro desde 2019.

Este conflicto hace entender que en ocasiones solo haya dos o tres unidades operativas patrullando la ciudad, es decir, como mucho seis de los 504 agentes que componen el cuerpo, contando las últimas y muy recientes 45 incorporaciones. Las Palmas de Gran Canaria tiene una extensión de más de 100 kilómetros cuadrados, cinco distritos y 122 barrios. Dos o tres unidades operativas para tales magnitudes explicarían los motivos por los que es casi imposible ver un policía local cuando se le requiere. Salvo que lo requiera una jueza para un desahucio. Entonces sí aparece la unidad especial de los Goia.

El colapso de este lunes en las inmediaciones de San Telmo se solucionó, como era de prever, más de una hora después de que comenzara: cuando un agente apareció milagrosamente en la confluencia de León y Castillo, con Buenos Aires y Triana y se puso a agilizar el tráfico para descongestionar el carril izquierdo de la calle de Bravo Murillo. No hizo falta mucho esfuerzo. Ni pagar horas extras.

De un tiempo a esta parte asistimos en España, en toda España, a una deformación en el comportamiento profesional de los cuerpos policiales. Con deformación quiero decir desempeño inadecuado de su cometido, excesos en el ejercicio de sus obligaciones, rigurosidad y violencia en la aplicación de las normas que esos cuerpos policiales están obligados a cumplir escrupulosamente. Unido todo ello a una exhibición innecesaria de símbolos fascistas y comportamientos que alimentan una tendencia hacia la exigencia populista de mano dura, ley y orden, naturalmente contra la izquierda.

Y no solo viene ocurriendo con la Policía Nacional, cuya unidad especializada en manifestaciones y disturbios, la Unidad de Intervención Policial (UIP), ha protagonizado demasiados incidentes que antes eran aislados y ahora comienzan a ser habituales. Incidentes, por llamarlos de algún modo, que se producen siempre que actúan para controlar, atajar, reprimir o disolver manifestaciones de carácter izquierdista, porque cuando los manifestantes son de ultraderecha, el comportamiento de los agentes es radicalmente opuesto, facilitador, para entendernos. 

Basta con ver cómo actúan los agentes del orden cuando de canalizar (vamos a no decir proteger) los paseos del agitador Vito Quiles en aquellas plazas a las que acude no tanto a aleccionar a sus seguidores, sino a exacerbar a las organizaciones de izquierdas y antifascistas, que son naturalmente reprimidas como este ultra preconiza que se merecen.

O como ocurrió hace en septiembre en Ceuta, cuando la diputada local Julia Ferreras fue asaltada cuando circulaba conduciendo su coche por las calles de la ciudad por un grupo de energúmenos que no solo la insultaron gravemente, sino que atacaron su vehículo con piedras y huevos ante la tibia actuación de la Policía Nacional, que se limitó a controlar un poquito que los agresores no llegaran a peores. Y llegaron, porque el parabrisas trasero del vehículo fue roto de una pedrada. No se identificó a ninguno de los manifestantes y el único detenido lo fue porque, el muy zoquete, se atrevió a encararse y a agredir a uno de los agentes. Tuvo que ser una orden posterior de un juez de instrucción el que obligara a los agentes, vídeo en ristre, a identificar a las personas que agredieron a una representante política de la ciudadanía que viajaba en su coche con una abogada y un dirigente de una ONG que los manifestantes habían decidido que había que aniquilar al confundirlo, vete a saber por quien, con un líder abertzale. En fin.

En Las Palmas de Gran Canaria, sin irnos tan lejos, estamos asistiendo a comportamientos policiales bastante alejados de lo que acostumbrábamos a ver. Es cierto que simpatía no es precisamente lo que históricamente suelen transmitir los agentes destinados a controlar una manifestación, una sentada o una acampada callejera, pero de ahí a los malos modales y los excesos va un trecho. Y el sentimiento suele ser mutuo.

Pero lo ocurrido en el desahucio de Jennifer y su familia, en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, esta vez a cargo de dos cuerpos policiales, la Policía Nacional y la Policía Local de la ciudad, a través de su destacamento Goia (Grupo Operativo de Intervención y Apoyo), fue tan desmesurado tanto en el tamaño del despliegue como en su actuación que ha generado más críticas de las habituales. 

Una manifestación pacífica para respaldar a una familia que era desahuciada sin que el Ayuntamiento ofreciera el respaldo adecuado y la alternativa necesaria se despachó con unas acciones que llegaron a provocar heridos. Innecesariamente y lejos de las normas primordiales de una actuación policial de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

En una manifestación pro-Palestina el pasado 10 de octubre, también en Las Palmas de Gran Canaria, los agentes se aplicaron con mucho rigor en el cumplimiento estricto de las normas. Tenemos un vídeo grabado por uno de los manifestantes en la calle Tomás Morales en el que se oye perfectamente a uno de los agentes de la Policía Nacional al mando recriminarle que se parara. Sí, que se parara. Que no andara a un ritmo distinto al que el agente consideraba que debía avanzar la manifestación.

“Por favor, no me detengan la concentración”, dice el agente a las personas que marchaban por delante de la pancarta de apertura. Al respondérsele que nadie estaba parando la manifestación, contestó: “Yo le veo a usted parado”, para zanjar la discusión con dos advertencias consecutivas: “Le vuelvo a advertir: no me pare la manifestación”; “Sí, me la está parando a usted”. “Segunda advertencia, no me pare la manifestación, segunda advertencia”.

Hemos consultado a personas expertas en la Delegación del Gobierno acerca del reglamento sobre la velocidad que debe imprimirse a las manifestaciones y, efectivamente, no está permitido que esas muestras duren más de lo debido, es decir, que se anden parando en medio de su recorrido. Incluso esas fuentes nos han asegurado que ha habido sanciones administrativas recientes promovidas por una denuncia previa de los agentes, contra personas que, a su entender, estaban ralentizando la marcha de alguna manera.

Como cualquiera que haya acudido a manifestaciones sabe, lo habitual es que una demostración así se desarrolle con avances y paradas, unas veces para permitir el reagrupamiento de los presentes y otras, simplemente, porque hay una batucada dando la murga, un grupo bailando la conga o cualquier otra incidencia propia de un acontecimiento así, generalmente festivo.

Pero las cosas han cambiado, ya saben: no me detengan la manifestación que les meto un paquete, especialmente si la marcha es pro-Palestina o sobre cualquier reclamación de los zurdos. Todo se va alejando preocupantemente de los ya mencionados principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad para instalarse en los excesos y en la indignación de los afectados.

Y cuando cualquier delegado del Gobierno abre una investigación, como es su obligación ante cualquier anomalía o denuncia, para conocer qué ha pasado en torno a comportamientos excesivos, de esos que cada vez más frecuentemente vemos en la televisión o en las redes sociales, lo que recibe por parte de los sindicatos policiales es una andanada de críticas en la línea más dura y corporativista que se pueda esperar. Eso sí, después de cerrar filas esos sindicatos con los agentes implicados en los excesos a los que salvan echando la culpa a esos zurdos de mierda que lo que quieren cada vez que salen a la calle es subvertir el orden público.

Esto no es nuevo. Se veía venir desde hace tiempo y el Gobierno de Pedro Sánchez, y concretamente su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tienen mucha responsabilidad en que esta bola se haya hecho tan grande. Llegaron con la herencia de una policía a la que llamaron patriota por prestar al Gobierno de Rajoy unos servicios impagables e intragables, como borrar el rastro de corrupción del PP y conspirar, sí conspirar, contra fuerzas políticas adversarias, con especial interés en Podemos, al que terminaron sacando del mapa. Y no parece que la purga haya existido. Y si existió, no ha servido de nada.

Grande-Marlaska, que viene de donde viene (de ser catapultado a puestos político-judiciales por el PP), no ha aplicado la mano dura que cabría esperar de un ministro del Interior progresista obligado a romper con un pasado así de corrupto, y las consecuencias no han tardado en manifestarse. En 2018 les salió un sindicato, Jupol, que empezó reclamando más salario y ahora lidera una estrategia ultraderecha con la que está empujando al Gobierno sin miramientos. Hasta el moderado Sindicato Unificado de la Policía (SUP), en el pasado mayoritario y considerado progresista y modernizador del cuerpo, ha caído en las mismas garras.

En Canarias, por poner otro ejemplo cercano, tuvimos un escándalo que estalló en 2024 pero que venía produciéndose en dependencias policiales de modo recurrente: la proliferación de simbología fascista y de Vox (en el orden que quieran) que no era otra cosa sino la demostración de cómo habían penetrado ya desde entonces en los cuerpos policiales la ideología ultra que preconiza ese partido y entonces no tanto el PP. 

Imagínate a una mujer que acude a una comisaría a denunciar un delito de carácter sexual y se encuentra con simbología de Vox en un calendario, o la Cruz de Borgoña decorando alguna de las dependencias policiales. Sus ganas de denunciar ante negacionistas de la violencia de género un caso así se desvanecen. Y ocurrió en 2024 en un incidente que mostraba a las claras la impunidad con la que actuaban los policías en dependencias policiales con la Cruz de Borgoña como símbolo asimilado. Lo tienes explicado aquí.

Pero el uso de esa simbología puede encontrarse cualquier día en cualquier circunstancia en la que haya agentes policiales actuando. En el desahucio de Jennifer, en Pedro Hidalgo, había agentes con pulseras con la bandera de España (que no falte) acompañada por la Cruz de Borgoña, un elemento considerado como reivindicativo del pasado imperial, uno, grande y libre, de la nación española.

Diecisiete meses desde la muerte de Abdodulie Bah

Diecisiete meses han pasado desde la muerte de Abdodulie Bah, un joven gambiano que fue abatido a tiros en el aeropuerto de Gran Canaria después de que, al parecer trastornado, amenazara a un taxista con un cuchillo. A estas alturas no conocemos el resultado de la investigación interna abierta en el seno de la Policía: qué fue lo que ocurrió para que varios agentes le dispararan varias veces y el joven recibiera cinco tiros, uno de ellos en la nuca; si se actuó con proporcionalidad, si se puso en riesgo la integridad física de los demás usuarios de la parada de guaguas en la que se produjeron los hechos. Y si, aunque fuera remotamente, la condición de negro del fallecido pudo influir en tan fatídico desenlace o hubiera bastado con reducirlo disparándole a las piernas.

La investigación judicial llevada a cabo por el juzgado de Instrucción 2 de Telde no ha avanzado nada porque todavía no ha recibido el informe del Instituto de Medicina Forense para poder actuar, lo cual no es culpa ni del juez ni de la Policía, sino del Gobierno de Canarias, que no dota a ese órgano de los medios suficientes para que la justicia no sea un cachondeo. 

Para colmo, la única persona que hasta ahora ha tenido que responder colateralmente por aquellos hechos ha sido la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes Refugiados en España, Isabel Alfaro, por haberlos calificado de asesinato. La Fiscalía pidió para ella en el juicio una multa de 4.500 euros. Está pendiente de sentencia.

En Barcelona este fin sábado ha habido unos disturbios muy violentos que se han saldado con la detención de más de 128 jóvenes, más de la mitad de ellos menores de edad. A pesar de que los Mossos D'esquadra no los han vinculado con ningún movimiento político ni ideológico, el PP tardó horas en encuadrarlos en la izquierda, que es donde la derecha encuadra siempre a las personas que se manifiestan. Y más concretamente en el entorno del Gobierno: “Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia”, dijo Feijó. Y se quedó tan pancho.

Se trata de criminalizar la protesta y de hacer que prevalezcan unos dudosos principios de autoridad que han de hacerse valer por medio precisamente de la fuerza y de la violencia. La derecha y la ultraderecha se han ocupado especialmente estos últimos años de enaltecer y calentar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que, por encima incluso de sus posibilidades legales, hagan lo que puedan hacer (la consigna de Aznar) por generar un ambiente propicio al palo y tentetieso. El Gobierno ha contribuido en gran medida manteniendo en vigor la ley mordaza todos estos años. Se arrepentirá, seguro, como ya anda arrepentido de no haber creído que existía el lawfare cuando solo le tocaba a Podemos.

Cualquier manifestación pacífica en la que la policía se aplique con exceso termina traduciéndose en que tan pacífica no era y que los agentes del orden tuvieron que hacer lo que debían. Lo cual conduce a que se termine trasladando al público que los manifestantes, generalmente de izquierdas, son los violentos, y que cuando la manifestación es de derechas o de ultraderecha y la policía no carga, es porque los manifestantes son pacíficos, gente de orden.

Ángel Víctor Torres dejará sus funciones en el Gobierno de España después de que se conforme el nuevo Gobierno que resulte tras las elecciones del 29N. Entonces, se centrará en su candidatura a la Presidencia del Gobierno de Canarias. En los últimos tres años ha sido ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ha destacado por ser el artífice de que saliera adelante la modificación de la Ley de Extranjería, que permite la derivación de menores migrantes que llegan a un territorio frontera a otras comunidades autónomas o por sus negociaciones en el marco de la financiación autonómica, en la que se acordó que Canarias sería beneficiada con 1.300 millones de euros más. Su último desafío ha sido solucionar la crisis de Ceuta. Este domingo se cumplieron dos meses desde que fue designado como Autoridad Funcional en Ceuta y destaca que “seis asentamientos que había ya no existen”, afirma. 

Los votos en contra del PP, Vox y Junts priorizaron una derrota del Gobierno al asunto más importante que afecta a las familias que es el derecho a la vivienda

P. ¿Cómo afronta esta convocatoria electoral del 29N? ¿Qué cree que se decide en estas elecciones?  

Hay una cuestión que ha motivado el adelanto electoral y fue que en el Congreso de los Diputados los votos en contra del PP, Vox y Junts priorizaron una derrota del Gobierno a quizás el asunto más importante que afecta a las familias que es el derecho a la vivienda, contener los precios de los alquileres y evitar los desahucios. Esto ha levantado una reacción popular en la calle, en toda España. Yo percibo en Canarias ganas de ir a votar y decir que hay cuestiones que no se tocan. Lo que nos jugamos el 29 de noviembre ya no es solamente el derecho constitucional a la vivienda, sino que nos estamos jugando los derechos conseguidos en todos estos años de recuperación de la democracia, fruto fundamentalmente de gobiernos socialistas, pero también de gobiernos que supieron contener a la ultraderecha y ahora están absolutamente entregados. Feijóo se ha convertido en el líder del PP que va a llevar a la destrucción a todo lo que fue el liberalismo contenido del PP y de Alianza Popular porque está absolutamente entregado a las tesis de la ultraderecha. Y, por lo tanto, la ultraderecha de un Gobierno en España es lo que también nos jugamos, es involucionar en derechos y hay territorios que lo van a pagar más que otros si eso se produjera y si hay una comunidad que lo va a pagar es Canarias.

Yo percibo en Canarias ganas de ir a votar y decir que hay cuestiones que no se tocan

¿Y confía entonces en que el PSOE y los partidos de izquierda van a ser capaces de aprovechar ese momento de reivindicaciones sociales? 

Confío y hay un precedente. Cuando en mayo de 2023 tuvimos elecciones autonómicas y locales, el PSOE perdió muchísimo poder institucional, lo que hacía presagiar que en las elecciones generales hubiese una mayoría absoluta del PP o junto a la ultraderecha. Pedro Sánchez hizo una lectura, que algunos en aquel momento no veíamos que fuera un acierto y lo fue: adelantar las elecciones. Vimos qué ocurre cuando el PP acepta a Vox los gobiernos; que es una involución absoluta y en Canarias salieron a votar 100.000 personas más. Ahora estamos en una situación muy similar.

Están adelantando lo que van a hacer, van a recortar. Y esa es la manera que tiene la derecha y la ultraderecha de gobernar nuestro país

La gente no puede estar sorda ni muda ante lo que está viendo en esta precampaña cuando hay tertulianos absolutamente entregados a la causa de la derecha y de la ultraderecha que dice que no se hable de las pensiones hasta después de las elecciones. Están adelantando lo que van a hacer, van a recortar. Y esa es la manera que tiene la derecha y la ultraderecha de gobernar nuestro país. Van a centralizar los servicios, los inmigrantes se van a quedar en los territorios frontera,van a dejar sobre la mesa la financiación autonómica que hemos cerrado, a paralizar los traspasos de las comunidades autónomas. Y eso tiene un daño importantísimo en el autogobierno y por eso creo que la situación es más grave en Canarias, una comunidad tan alejada como nosotros.

Estaba hablando, por ejemplo, de esa financiación, esos 1.300 millones que había comprometidos para Canarias, ¿En qué situación quedan? ¿Peligran si hay un cambio de gobierno?  

Sí, porque además ya eso está aprobado en el Consejo de Política Fiscal, con el voto favorable del Gobierno de España y el de Canarias. Es verdad que el PP se quitó de la foto y de la votación cobardemente diciendo que estaban a favor, pero luego no van. Sumisión absoluta a Feijóo y poniendo por delante los intereses del PP a los intereses de Canarias. El PP ha dicho que va a derogar ese acuerdo. Y la pregunta es muy sencilla: ¿Queremos un Gobierno que nos reste 1.300 millones de euros suplementarios por año? Eso está conseguido y es el acuerdo más importante en lustros para Canarias. El PP lo va a derogar, es lo que va a ocurrir si gobierna la derecha con la ultraderecha.

El PP está engañando a los canarios

Y cuando habla de que Canarias va a ser una de las más afectadas, en el ámbito migratorio usted ha sido el artífice de que saliera adelante esa reforma de la Ley de Extranjería, con la que fue muy reacia el Partido Popular, entonces ¿Es otra de las consecuencias de ese posible cambio de gobierno? 

Sí, porque además, el PP está engañando a los canarios. Borja Sémper les mintió cuando dijo en Canarias que lo que debería hacer por los menores era que retornaran a Marruecos. En Canarias muchos de los menores no son de Marruecos, son de Guinea-Conakry, Mali, Senegal, de países donde hay protección internacional. Esos menores no se pueden devolver. En Ceuta, 13.000 personas han retornado a Marruecos, pero cero menores. Un menor no puede atravesar la frontera porque en el momento que la ha atravesado la tutela pasa al lugar donde llega. Borja Sémper está engañando a los canarios, pero que les diga la verdad: si ellos gobiernan, los menores se quedan en Canarias. 

Entiendo que esas derivaciones a distintas comunidades autónomas ha sido beneficioso tanto para una parte como para la otra, también para los menores. 

Primero, no ha habido ningún problema de convivencia. Segundo, no hay efecto llamada, porque 3.000 menores que estaban en Canarias o más de 2.000, están en un año en territorio español sin problema de convivencia. Los niños están mejor, se escolarizan, no hay presión en el territorio canario. Los menores van a seguir llegando, el fenómeno migratorio no lo van a poder parar ni Abascal, ni Feijóo, ni ningún muro en el mar. 

Cuando se habla de soluciones en origen, a qué se está refiriendo la oposición, me refiero al PP y Vox, bueno, Vox, no tanto, Vox, preconiza el despliegue de La Armada. Cuando se habla de trabajarlo en origen, ¿es que no se está haciendo acaso?

Se está haciendo. Es invertir en los países para que nadie tenga la obligación de abandonar su hogar para tener un futuro y este Gobierno de España ha invertido más en los países de origen que otros gobiernos del PP. En Italia gobierna Meloni, mismo discurso antes de llegar al poder. Luego plantea la posibilidad de llevar a terceros países a los inmigrantes que llegan a Italia. ¿Cuántos menores no acompañados que han llegado a Italia van a Libia? Cero. Porque en España la tutela es de las comunidades autónomas y en Italia, del Gobierno central y se quedan en el lugar donde llegan y se reorganiza su distribución en el país. Yo fui presidente de Canarias y todos los que lo han sido han demandado que la UE y el resto de España dieran una respuesta y por fin lo conseguimos. ¿Y estos votan en contra gobernando en Canarias?. Lamentablemente, votan en contra los diputados canarios del PP y dicen que si gobiernan no lo van a hacer efectivo. Esta modificación tiene vigencia hasta el verano del año que viene y a partir de ahí: o hay unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia o mayoría absoluta en el Congreso. Están engañando como engañaron con la bajada del IGIC: si ellos gobiernan, los menores se quedarán en Canarias. 

Vamos a tener bilaterales para cerrar acuerdos con distintas comunidades autónomas entre ellas Canarias

Otra cuestión pendiente son esos traspasos a las comunidades autónomas. En Canarias había varias cuestiones pendientes como los puertos o aeropuertos ¿cuál es la posición del Gobierno? ¿Cómo van las negociaciones?  

Vamos a tener bilaterales para cerrar acuerdos con distintas comunidades autónomas entre ellas Canarias. Soy optimista y hemos intensificado en los últimos días esa negociación, pero también tengo que decir que son acuerdos bilaterales que pueden derogar otros gobiernos que lleguen y que no han apostado por la descentralización. 

La vivienda está centrando la precampaña electoral. En Canarias también es uno de los principales problemas que preocupan y que está abocando también a muchas personas a la pobreza. ¿Cree que las medidas de los decretos la gente va a entender que son suficientes o hay que seguir profundizando en las medidas para que la vivienda sea accesible?  

Lo primero es señalar a quien pone palos en las ruedas y a quienes ponen soluciones. Nosotros llegamos a un acuerdo con Coalición Canaria para el real decreto ley de vivienda que llevábamos al Consejo de Ministros, una vez convalidado en el Congreso, incluyera en el trámite parlamentario la posibilidad de limitar la venta de viviendas en Canarias a los extranjeros; una vez convalidado en el Congreso los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España buscaríamos los encajes. ¿Qué ocurrió? El PP votó en contra de la convalidación. Con los votos del PP de Canarias se imposibilitó el limitar la venta de la vivienda a los extranjeros porque no pudimos iniciar el trámite parlamentario… Lamentable. 

Le hemos pedido que se tensione suelo en Las Palmas de Gran Canaria en Adeje y en otros lugares y no han querido

Y luego el actual Gobierno de Canarias ya va a camino de los cuatro años. Nosotros en marzo de 2020 y después de la quiebra de Thomas Cook y del primer caso de COVID firmamos un pacto por la vivienda y nos comprometimos a tener un plan y llevarlo al Parlamento y salió adelante. Y es en todo ese plan en el que se ha podido apoyar al actual del Gobierno de Canarias. Por eso es verdad que no han creado una sola vivienda social que no sea fruto de la legislatura anterior. Le hemos pedido (alcaldes socialistas y alcaldesas) que se tensionen suelos en Las Palmas de Gran Canaria en Adeje y en otros lugares y no han querido. 

¿Por qué no han querido, a quien tratan de beneficiar? 

A los grandes tenedores, a quienes tienen muchas propiedades en los grandes núcleos urbanos, no a los pequeños propietarios. 

¿Y a los constructores? Porque han basado toda sus políticas en la construcción: cero vivienda

Así es. La solución de la vivienda en Canarias, en un territorio fragmentado con mucho suelo protegido y débil no es exclusivamente la posibilidad de construir, es también de contener los precios. Salvador Illa estuvo en Canarias y dijo en un foro organizado en Santa Cruz de Tenerife que él había contenido los precios en Barcelona a través de las zonas tensionadas y ahora resulta que acabando la legislatura es cuando están dispuestos a hablar de eso ¿Por qué han desperdiciado casi cuatro años? ¿Por qué ante una propuesta que hace el PSOE en los suelos turísticos donde las personas que se han comprado una casa quieren vivir en ella son incapaces de llegar a un acuerdo y priorizan el sector turístico al residencial no ven que eso encarece el precio? ¿Por qué corrieron para sacar adelante un decreto de vivienda vacacional que lo que hizo fue un tremendo efecto llamada entrando muchísimas viviendas que no estaban reguladas en vivienda vacacional y, por tanto, saliendo del mercado de vivienda residencial? Eso también ha encarecido el precio o sea la política de viviendas del actual Gobierno de Canarias ha sido un despropósito.  

El Gobierno de España ha sido valiente diciendo que hay que regular, pero luego tenemos que tener también la complicidad y no las negativas de las comunidades autónomas

Feijóo promete 20 millones de viviendas. ¿Eso se puede hacer del Gobierno central sin que las comunidades autónomas por ejemplo la canaria colabore de algún modo?  

Los mismos que dicen que van a poner fondos si Gobiernan en España son los que luego llevan al Tribunal Constitucional el Gobierno de Pedro Sánchez si pone propuestas económicas para la vivienda y llevamos a una Conferencia de Presidentes una financiación en la que el Gobierno de España ponía la mayor parte (dos tercios) para la vivienda pública y eso se ha firmado se ha firmado con Canarias. El Gobierno de España ha sido valiente diciendo que hay que regular, pero luego tenemos que tener también la complicidad y no las negativas de las comunidades autónomas. 

La vivienda ¿Puede convertirse en un arma doble filo para el Gobierno progresista una vez se han montado protestas populares? Estamos a las puertas de una huelga general ¿Teme el Gobierno que esto se le vuelva en contra?

Yo creo que lógicamente los gobiernos son los responsables de la gestión, pero también cuando las cosas no salen hay que señalar a quienes votan en contra. Y dicen “es que llegan tarde”. No es cuestión de enumerar todas las medidas que hemos tomado en tres años en vivienda y nos han votado en contra, incluso convalidaciones de decreto, es colocarse en el momento. Si hay una emergencia y una urgencia ¿no hay que responder a ello? Ya habrá momento de crítica y de uso partidario, pero lo que era evidente es que se ha producido un desahucio de una señora mayor que luego fallece y provoca una reacción social. La gente sale en defensa de ella y de ellos mismos y nosotros llevamos un real decreto ley urgente también consecuencia de todo lo que estamos viendo en las calles. Y han votado en contra.

Ya lo que importa es que Pedro Sánchez caiga, da igual que lleven a la ruina al país y que la gente sea desahuciada, por eso la gente va a reaccionar, estoy convencido

Hay muchos Maricarmen, muchos nombres diversos, familias, pensionistas, viudas, viudos y están en este momento pudiendo mantener sus casas gracias a ese real decreto en vigor. Y lo que les importa es que Pedro Sánchez caiga, da igual que lleven a la ruina al país y que la gente sea desahuciada, por eso la gente va a reaccionar, estoy convencido. 

Cuando pasen ahora estas elecciones generales usted entiendo que ya se dedicará a su candidatura a la Presidencia del Gobierno de Canarias...

En 2023 tuve el apoyo incluso aumentado de los canarios para ser presidente. Mi voluntad era quedarme en Canarias, no quise ir en las listas del 2023 al Congreso ni al Senado. Se constituyó un Gobierno, trabajé mucho por esa posibilidad de tener un Gobierno progresista. Trabajé también para tener apoyo parlamentario, en este caso a través de una agenda canaria. Yo soy ministro de España para defender a Canarias porque soy ministro canario. Y ante la propuesta que me hizo el presidente acepté, pero siempre con la cabeza de regresar a Canarias y de presentarme de nuevo a la Presidencia de Canarias porque creo que es lo que los canarios querrían. Ahora he renunciado a ir al Congreso y cuando se constituya el Gobierno y tengamos un presidente dejaré de ser ministro y me dedicaré exclusivamente a Canarias.

Voy a ser durísimo con un Gobierno de Canarias donde está el PP que traicione con los 1.300 millones conseguidos

Hemos conseguido muchísimas cosas y espero que podamos mantener un gobierno progresista, pero si la mayoría decide otra cosa, estaré vigilante en que lo conseguido no caiga en saco roto. Voy a ser durísimo con un Gobierno de Canarias donde está el PP (y si gobierna en España) que traicione con los 1.300 millones conseguidos porque nos estamos jugando la Sanidad, la Educación, la dependencia, las infraestructuras. Seré durísimo si el fenómeno migratorio queda excluido para Canarias, si eso lo hace el PP seré durísimo con el actual Gobierno de Canarias si se permite.

En estas elecciones también está el foco muy centrado en esos acuerdos de la izquierda a la izquierda del PSOE. En Canarias se ha conseguido esa unidad con esa candidatura de Unidad del Pueblo Canario ¿Cómo lo valora? ¿Cree que es positivo también de cara a las autonómicas si se mantiene esa unidad?  

Yo estoy contento porque ningún voto se debe perder y las uniones de partidos que están a la izquierda, como está el PSOE, pero que el votante opta por ellos de manera individualizada tendría serias posibilidades de tener representación. Nos alegra. Lo importante es que haya representación parlamentaria y que haya una confluencia de ideas aunque haya matices. Yo tengo muchísimo más que ver con partidos que son de izquierda que con otros y, por lo tanto, me voy a poner de acuerdo con ellos porque compartimos muchos puntos, entonces creo que es bueno y en ese sentido me alegro de esa unión en Canarias.

¿Y confía en esos acuerdos en clave nacional para el Senado entre el PSOE y el Frente Amplio? 

Sí, aunque en Canarias era complejo; nosotros tenemos un resultado histórico porque de acuerdo al territorio somos el que tiene mayor número de senadores. Por eso era más difícil llegar a acuerdos si la exigencia de Frente Amplio era uno de los puestos de salida. Seguimos hablando para confluir en el voto útil. 

¿Y sobre esa Mesa de unidad nacionalista que se ha creado en Canarias ahora con CC y primero Canarias qué valoración hace? 

Que tienen un examen el 29 de noviembre y ellos decían que el objetivo era conseguir un grupo parlamentario. Para ello tienen que conseguir entre cuatro y cinco diputados, si no consiguen eso, será un fracaso y sus expectativas, su influencia susceptible de conseguir apoyo en Madrid, ya veremos si no lo consiguen o no. Yo creo que se va a quedar muy lejos y luego tendrán que decidir. En 2023 nosotros cerramos un acuerdo con CC, pero no me olvido que cuando tuvimos que decidir quién iba a la Mesa optaron por Cuca Gamarra. Luego rectificaron y cerramos un acuerdo con la agenda canaria. Es un partido (CC) que se autodenomina nacionalista y progresista; una cosa es lo que ponen los estatutos y otra cosa es la realidad. Han gobernado con nosotros, pero también han gobernado y gobiernan con la derecha de Canarias del PP que nos ha traicionado de manera evidente. ¿De qué me sirve decir que Manolo Domínguez está de acuerdo si luego ordena votar en contra de la modificación de la Ley de Extranjería? ¿De qué me sirve si cuando tiene que ir al Consejo de Política fiscal no va la consejera de Hacienda para 1.300 millones más? No se puede estar en un lado y en el otro, o se es valiente y se va y se planta cara al partido, que es lo que tenía que haber hecho, o se le da la espalda a los canarios que fue lo que hizo. 

Si el PP y Vox gobiernan y derogan los 1.300 millones para Canarias ¿Qué va a hacer Fernando Clavijo?

En el actual contexto de caída del PP y crecimiento de Vox poniéndonos en un escenario futurible de las elecciones autonómicas de mayo 2027 usted ¿ve a Coalición Canarias capaz de pactar con el PP y con Vox al Gobierno del Canarias? 

Hay un tópico que dice que en política puedes ver hasta burros volando o que la política hace extraños compañeros de cama. A mí no me cabe en la cabeza que después de lo conseguido con nuestro Estatuto de Autonomía, con la consideración de Canarias con el tratado de la UE de región ultraperiférica, con nuestras singularidades y con la necesidad que tenemos de un Gobierno que sea sensible a las características de Canarias, un partido que dice que defiende esas singularidades pacte ¿con quien quiere eliminar el Estado de las autonomías, que es Vox? ¿Pacte con quien señala al migrante diciendo que se debe quedar en los espacios a donde llega, que es Vox? Pacte con quien está en contra de los servicios en los territorios, que es Vox, que no va a poner un euro desde que el Gobierno de España para la financiación autonómica, que es Vox. Yo no lo veo, sinceramente no lo veo. Creo que cometería un histórico error y que lo pagarían de manera inmediata porque la pregunta es clara: si el PP y Vox gobiernan y derogan los 1.300 millones para Canarias ¿Qué va a hacer Fernando Clavijo? ¿Va a aceptarlo? Ha votado a favor. ¿Va a aceptar que su socio que se sienta en el Consejo de Gobierno derogue 1300 millones de euros más?

No compartimos el fallo del Supremo y creo que se tiene que manifestar con respecto al fondo porque va a haber recursos de los perjudicados

Torres, sobre la Ley de Nietos

Y otra cuestión que está marcando estas elecciones es la llamada Ley de Nietos la decisión del Constitucional de rechazar la petición de reactivar el voto a los nacionalizados. ¿Cómo lo valora? ¿Cómo valora esas declaraciones que han hecho dirigentes de la derecha y la ultraderecha atacando esta norma?  

Aquí ellos han querido lanzar un relato de que Pedro Sánchez hace pucherazo ¿Qué pucherazo? Feijóo exigía una Ley de Nietos más dura, más ambiciosa, con más derechos para los que estaban fuera de España que la que habíamos aprobado en el año 2022, va a Argentina y dice: si gobiernos daré más derechos. Aznar cambió en dos ocasiones los derechos de los exiliados para darles más derechos. También Felipe González lo hizo.. ¿Qué pucherazo si esta gente votó en las elecciones de 2023 y 2024? Y ahora se les va a impedir votar. ¿Dónde está la defensa de todos los españoles de igualdad? ¿Qué pucherazo si yo no sé lo que van a votar los exiliados españoles? El Tribunal Constitucional no se mete en el fondo, el Supremo tampoco, lo que hace es una cautelarísima errónea y creo que se tiene que manifestar antes del 29N porque si no sí se puede producir un pucherazo si resulta que dentro de tres o cuatro meses resulta que sí que tenían derecho a votar. ¿Y ahora cómo solventamos eso? Estamos hablando de 140.000 personas, pero es que el voto es lo más grande que tenemos en democracia. Por tanto, no compartimos el fallo del Supremo y creo que se tiene que manifestar con respecto al fondo porque va a haber recursos de los perjudicados. 

Y sabemos que durante la legislatura de Mariano Rajoy la Ley de Memoria Histórica quedó sin financiación ¿Peligran proyectos de exhumaciones de declaraciones de lugares de memoria democrática y otras cuestiones?  

Claro que peligra porque hay un partido que es reminiscente y nostálgico de la dictadura del franquismo que es Vox y otro que lo aceptan. Cuando leen la Ley de Memoria democrática que el artículo 1 condena la dictadura de Franco ya no quieren seguir leyendo porque en su partido hay herederos del franquismo. ¿Qué sentido tiene que un partido supuestamente demócrata no quiera defender la democracia? La Ley Memoria Democrática y la de Memoria Histórica llegaron cuando llegaron y debieron llegar mucho antes, lamentablemente, cuando gobiernan otros pues las meten en un cajón y no las desarrollan cuando resulta que luego no votan la mayoría en contra de hacer las exhumaciones porque es un tema humanitario y todavía quedan 10.000 personas por ser recuperadas. 

Este domingo se cumplieron dos meses desde que fue designado Autoridad Funcional, mando único, para Ceuta ¿Qué balance hace el Gobierno de esta crisis tan grave? 

No era una situación sencilla de resolver. Fue una encomienda que me hizo el presidente del Gobierno. Creo que pensó en mi experiencia en Canarias, el conocimiento del fenómeno migratorio, también en las relaciones que tenía con el Gobierno de Ceuta. Cuando fui nombrado me desplacé a Ceuta y la situación era muy complicada. Esa semana fue la peor. Fue la semana en la que visita Ceuta Aznar, en la que no se entrega durante varios días la comida a los inmigrantes, se hace un cordón contra los voluntarios de Cruz Roja que iban a entregar la comida. Fue la semana en la que vimos cómo se quemaban las chozas por parte de grupos que se habían desplazado a Ceuta de violentos y fascistas y fue la peor semana. Hicimos una declaración institucional el Gobierno de Ceuta y nosotros apelando a la convivencia y pudimos caminar, no sin dificultades, hasta el día de hoy en el que 13.000 personas que había en Ceuta ya no están y eso se ha producido porque hemos podido tener espacios a donde poder llevar las personas que estaban en los asentamientos como la playa de El Trampolín. A mí me alegra decir que seis asentamientos que había ya no existen. 

Vivas tendrá que decir con rotundidad que quiere (que los menores) vayan al resto de España y no lo dice con rotundidad porque el PP no se lo permite

¿La postura del señor Vivas es la misma cuando se ha reunido con usted en privado que cuando se reúne con Feijóo en público? 

No, porque, por ejemplo, no ha querido comparecer en rueda de prensa con el Gobierno de España y, sin embargo, lo ha hecho con el líder de la oposición. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se enfrentó a su partido con la Ley de Extranjería, comparecimos juntos y defendió la propuesta del Gobierno de España. Fue valiente y dijo que era la medida que tenía que tener Ceuta, pero ante lo que acaba de ocurrir y una cita electoral que tenemos ha asumido la tesis de su organización política de intentar sacar rédito de un drama humanitario porque es lo que es cuando hay personas que se quedan 60 días durmiendo al raso en playas con una sola comida al día fría porque aspiran tener una vida mejor y nadie hace eso por capricho, pero ha decidido colocarse en el oportunismo electoralista. Y claro, yo podría decirle: no está para dar el Gobierno de Ceuta lecciones. Yo he tenido una actitud leal, institucional y de morderme la lengua pero también tengo que decir que los mayores ya han salido, pero de los 3.000 menores no ha salido a Marruecos ninguno; los que han salido que son 300, ni el 10% es porque van a resto de España porque el Gobierno de España aprobó una modificación de la Ley o porque tienen familia en la Península: 300 de 3.000. Hay un problema en Ceuta que también Vivas tendrá que decir con rotundidad que quieren que vayan al resto de España y no lo dice con rotundidad porque el PP no se lo permite.

De haber tenido los espacios mucho antes, al comienzo de agosto, hubiésemos aligerado bastante los retornos a Marruecos

¿Que fallos reconoce el Gobierno de España se cometieron esta crisis desde el inicio 31 de julio hasta la fecha? 

Seguramente fallos ha habido, decir lo contrario es no estar en la realidad, pero es verdad que en ningún momento se nos dijo que fueran a entrar 90.000 personas. La primera fase era que retornaran la mayoría en las primeras 48 horas. Una vez que obtuvimos los espacios pudimos empezar con los triajes y para hacer un campamento tienes que tener las infraestructuras y el consenso con la ciudad autónoma de que teníamos espacios que nos dijeron que sí, después que no. Se nos retrasó, se fue incluso a la Audiencia. Todo eso lo demoró. Si eso fue un fallo, fue un fallo compartido porque de haber tenido los espacios mucho antes al comienzo de agosto hubiésemos aligerado bastante los retornos.

¿Se queda más blindada la frontera de Ceuta a partir de esta crisis? Ese pantalán que no se había puesto ahora se pone… 

Sí, además hay una obra de Emergencias del Ministerio de Interior para aumentar el espigón y que sea más difícil el acceso a nado. 

Esto fue, según algunos expertos un ataque híbrido propiciado por manos negras que todavía no ha sido plenamente identificadas ¿tiene alguna información al Gobierno que he podido compartir con la ciudadanía acerca de quien ha estado detrás?  

No, porque además está judicializado este asunto. El Gobierno hizo un acto de valentía que fue desclasificar documentos de Interior y de Defensa. No tenemos nada que ocultar y frente a las conspiraciones que algunos inventan; el rigor y la seriedad del Gobierno. Yo he escuchado barbaridades contra el Reino de Marruecos por parte de quienes están en la oposición que si estuvieran en el Gobierno no lo dirían y quienes estamos en el Gobierno tenemos la responsabilidad de decir que si realmente un Gobierno está detrás de algo tenemos entre las pruebas para actuar acorde. Indudablemente, que hubo errores y fallos, evidente. No puede ocurrir que 80 o 90.000 mil personas pasen de un lado a otro porque quien tiene que controlar que eso no pase es el país de donde provienen esas personas. Hay un fallo del Tribunal Supremo que lleva consigo una interpretación, hay un llamamiento en redes sociales, una serie de elementos que están aglutinados que provocan lo que nunca antes había ocurrido y nunca más puede volver a pasar. 

¿Ven con esperanza el Gobierno de España la instrucción judicial que está llevando a cabo la jueza Tardón o teme alguna politización de esa causa? 

Yo creo que nunca antes he visto tanta judicialización de la vida pública. Se pretende que sea la justicia la que decida las elecciones en nuestro país. Prueba evidente, el PP, cuando se convocan las elecciones, solicita que se impute al PSOE, cosa que no le ha hecho caso el juez. ¿No es una prueba evidente de que lo que quiere el PP es que se judicialice la vida pública? Dejemos que la Justicia camine, tiene sus tiempos. Queremos que se llegue al final de la investigación pero que no tengamos aquí un show que hemos visto en otros momentos donde prime el radiar o el televisar actuaciones judiciales frente o contra al rigor de una investigación judicial. Estamos absolutamente tranquilos en cuanto a los hechos, contentos porque hemos ido resolviendo una situación muy difícil que algunos decían que iba a ser la tumba del Gobierno de España o de algunos ministros y no ha sido así y que lo hemos hecho con mucho esfuerzo, con muchos palos en las ruedas y con intensidad.

¿Se han respetado los derechos humanos de los migrantes en Ceuta? Porque hay denuncias muy feas

Y hemos puesto en conocimiento de la justicia, también desde el Ministerio de Defensa, denuncias que nos han llegado de las posibles acciones que son excesos con respecto a los migrantes. Nosotros estamos defendiendo y, la prueba es la modificación de la Ley, los derechos humanos.

No sé quién es el que está encima, pero es evidente que ha habido una voluntad de intentar dañar mi imagen pública

Torres, sobre las acusaciones de Aldama

De Aldama se dice ahora que quiere que se respete su libertad de expresión cuando acusa a los demás pero parece que en la UCO le ha “cogido la camella”. Es una de las personas que más le persigue a usted públicamente en estos últimos años ¿cómo va la causa contra él? Se ha querellado contra él...

Sí y me alegro de que esa demanda que interpuse en marzo ya haya sido admitida a trámite y avance. Como he dicho siempre, yo no conozco a este señor: conocer a alguien es tratar a alguien, yo no lo he tratado nunca y no sé quién es el que está encima, pero es evidente que ha habido una voluntad de intentar dañar mi imagen pública con cosas muy feas que él ha dicho que han afectado a mi vida íntima, mi familia y eso no se perdona. Como responsable público podemos aguantar cualquier cosa, pero la difamación, la calumnia, la infamia, no. Y yo he tenido que demostrar mi inocencia cuando el que acusa es el que tiene que demostrar con pruebas. A mí me alegra muchísimo que yo haya podido ante una prueba que le pide el juez que acredité que yo he estado en un piso en Madrid el puso una fecha y le salió mal la jugada porque ese día había estado durmiendo en mi casa. Creo que es la prueba de que estábamos ante alguien que estaba utilizando el embuste y tendrá que dar cuenta ante la Justicia. Ahora, quién está por encima es la gran pregunta. 

¿Tiene alguna sospecha?

Yo estoy convencido que tiene que haber quién esté por encima porque no lo digo yo, es que me lo dicen los propios periodistas en Madrid cuando estoy en Madrid y dicen ¿qué tiene contra usted este señor? Parece que es una persecución y bueno, no lo sé yo no sé si quiere dañarme en mi labor como ministro, como candidato a Canarias no sé quién, pero espero poder saber quién.

No estoy muy seguro de si fue Gabriel Rufián o Román Rodríguez a quien primero oí hablar de la necesidad de la confluencia de izquierdas. De aglutinar esa dispersión tradicional de votos situada a la izquierda del PSOE para contribuir en mayor medida a una mayoría que pudiera frenar el advenimiento de la derecha y la ultraderecha. Román Rodríguez, fundador de Nueva Canarias, culo inquieto donde los haya, viene de muchas experiencias en la materia, de haber conseguido alianzas tanto con el PSOE como con Coalición Canaria para lo mismo, para tener voz en las instituciones del Estado, es decir, en Madrid. Un político con la política en la sangre que sabe de traiciones y de desgastes, de nadar y guardar la ropa, de poderosos y miserables, de trampas y campeonatos. De los que presume de “leerse los papeles”, de los que anda todo el día con encuestas y proyecciones demoscópicas para asegurarse y asegurar a sus interlocutores que no está diciendo tonterías cuando plantea lo que plantea.

Por eso le creí la primera vez que me dijo que ya tenía muy avanzadas conversaciones con Izquierda Unida, con Podemos, con Sumar, y con otras fuerzas de izquierda insulares y que las primeras respuestas habían sido muy positivas. Era una aproximación inicial que le garantizaba, según sus estimaciones, una plaza para el Congreso de los Diputados por Las Palmas, y la posibilidad, algo más complicada, de alcanzarla también por Santa Cruz de Tenerife, siempre que se sumara a la iniciativa el partido de Alberto Rodríguez, Drago Canarias.

Román Rodríguez y su gente hablaron con todo el mundo, incluidas las dirigentes nacionales de Podemos y Sumar, y se confabularon para encontrar un candidato o una candidata “sin mochila” que pudiera encabezar la candidatura, alguien que no pudiera ser discutido no ya por las fuerzas participantes, sino por la ciudadanía.

Por lo que se sabe ahora, las negociaciones se tornaron al final más duras de lo que se presagiaban cuando se iniciaron, debe ser porque las urgencias traen consigo exigencias imprevistas. O no tan imprevistas. Porque lo que pasa en Madrid, siempre Madrid, tiene su traslación a negociaciones ultraperiféricas y se intenta presionar a fuerzas de ámbito nacional con un “mira lo que te puedo hacer en Canarias”. La amplitud de miras de los responsables en Canarias de Izquierda Unida, de Sumar y de Podemos permitieron finalmente que la confluencia se hiciera realidad.

Lo que se ha traducido finalmente en que Román Rodríguez haya sabido sacar tajada de nuevo de su iniciativa, de su capacidad de estratega y de su perseverancia: será Nueva Canarias la que encabece la candidatura de Unidad del Pueblo Canario con su secretario general y portavoz en el Parlamento autonómico, Luis Campos, la persona que le sustituyó al frente del proyecto cuando vinieron los peores momentos, cuando se le rebelaron los alcaldes y los concejales afines a Teodoro Sosa y a Óscar Hernández, líderes de dos formaciones coaligadas (Bloque Nacionalista Rural y Roque Aguayro) que se cansaron del megaliderazgo de Román Rodríguez y eligieron acercarse al de Fernando Clavijo con unas condiciones que a van a ver si se cumplen.

Haciendo de la necesidad virtud, Nueva Canarias-Bloque Canarista, que es como se llama en realidad, se presenta ahora a unas elecciones en el momento más delicado de su corta historia, convirtiendo la desbandada de Teodoro Sosa y de Óscar Hernández en su primera prueba de fuego para testar ante la militancia y el cuerpo electoral el respaldo que cada cual tiene.

Unos se presentan como alternativa canaria de izquierdas y los otros dentro de la Mesa de Unidad Canaria que lideran Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias y la que se ha sumado casi dos decenas de pequeños partidos municipales para dar el mayor realce posible al acontecimiento de esa particular confluencia.

Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, se ha prestado a ser el número uno al Congreso de los Diputados de esa Mesa de Unidad Canaria en un escenario no del todo favorable que podría dejarlo desnudo ante su propia organización y debilitado ante su padrino, Coalición Canaria. Dada la escasa edad de su organización, todavía no es contemplado con seriedad por las encuestas, salvo por las del Instituto Perfiles, la consultora de cabecera que maneja constantemente Fernando Clavijo para convencer a sus acólitos y aspirantes a serlo. Clavijo le ha dicho a Teodoro Sosa que tiene todas las papeletas para salir, que encabezará una candidatura muy atractiva para el público nacionalista, soberanista y progresista, y que la organización y toda su maquinaria mediática y empresarial, se van a volcar para que su estreno en la escena nacional sea todo un éxito.

Pero le fallan algunas patas fundamentales, como Fuerteventura, donde Asamblea Majorera, que tienen su corazoncito, no entiende nada de lo que está pasando, como que la candidatura por la provincia de Las Palmas, que incluye además de Gran Canaria, a Lanzarote y Fuerteventura, esté encabezada por dos personas de la isla capitalina. Que no se creen esa autoafirmación de Municipalistas Primero Canarias de ser un proyecto más amplio que el que se extiende más allá de los ombligos de sus promotores.

Un handicap al que hay que sumar la animadversión que despierta Coalición Canaria en Gran Canaria por motivos históricos, los mismos que propiciaron el nacimiento y auge de una fuerza como Nueva Canarias cuando Román Rodríguez la creó en 2005 precisamente como una escisión de la casa autoproclamada nacionalista madre.

Frente a Clavijo

Pues sí, frente a Clavijo, el acuerdo de frente amplio de Canarias, ya registrado bajo el nombre de Unidad del Pueblo Canario, tiene como principal responsable, como principal hacedor, a Román Rodríguez, y por eso será su secretario general quien ocupe la primera plaza de la candidatura y, en el caso de salir, los dos primeros años de legislatura en una nueva aplicación del pacto de time-sharing que también uso Nueva Canarias en 2019-2023 cuando pactó lo mismo que ahora pero con Coalición Canaria para tener un acta más en el Congreso de los Diputados. Y en aquella ocasión, la rentabilidad también se la llevó Nueva Canarias gracias al concurso de un diputado muy hábil, Pedro Quevedo, del que todo el mundo se acuerda, lo que no ocurre con quien ocupó el escaño canario la segunda mitad de la legislatura, María Fernández, que otra vez va de dos, pero en esta ocasión de la confluencia con Primero Canarias.

La Mesa de Unidad Canaria, con su correspondiente llamamiento a la voz canaria en Madrid, la obediencia isleña y esas cosas, es un mecanismo clásico por el que Coalición Canaria trata de recuperar predicamento en Gran Canaria. Sabe que el escaño está en estos momentos un poco lejos pero no imposible. Y, en peor de los casos, restará posibilidades a su eterno rival, que es Nueva Canarias, que es Román Rodríguez, objetivo que también persigue Municipalistas Primero Canarias.

Porque ocupar un escaño en la Carrera de San Jerónimo no estuvo nunca entre los afanes de Teodoro Sosa y Óscar Hernández, los promotores de Primero Canarias. Su objetivo principal es el Cabildo de Gran Canaria y el mayor número de alcaldías de la isla y, en segundo lugar, el Parlamento de Canarias. Arriesgar a uno de sus principales valores electorales a fracasar en este intento sólo será posible gracias al acuerdo que han alcanzado con Coalición Canaria por el que, ocurra lo que ocurra, Teodoro Sosa podrá optar sin discusión a la candidatura a la presidencia del Cabildo.

Ha sido necesaria una semana de discusiones para despejar estas dudas después de que Fernando Clavijo se lanzara a bendecir la candidatura del alcalde de Gáldar sin guardar la debida compostura.

En el frente de la izquierda la cosa también tiene directa dependencia con Coalición Canaria. Es Coalición Canaria la que está manteniendo viva la llama de Drago Canarias para que no flaquee y para que se presente en solitario en las dos circunscripciones electorales para las elecciones generales del 29 de noviembre. Y si la Mesa de Unidad Canaria tiene escasas posibilidades de obtener escaño, ya te podrás imaginar las que tiene la gente de Alberto Rodríguez, siempre según lo que dicen actualmente las encuestas.

A Alberto Rodríguez se le invitó por varias vías a que se sumara a Unidad del Pueblo Canario, pero no dio ni siquiera una oportunidad al diálogo, a sentarse alrededor de una mesa a conocer las condiciones y las opciones. Su negativa fue inmediata: nos presentamos en solitario y punto.

De momento, Rodríguez y los suyos siguen copando espacios de actualidad en la radio y la televisión públicas de Canarias como si formaran parte de una fuerza parlamentaria con opciones nacionales. Tienen sólo dos concejales como toda representación institucional pero se les presenta en RTVC y en otros medios privados, como la cadena Ser, como una fuerza decisiva. Y claro que puede ser decisiva, pero solo para desarticular opciones de las demás fuerzas de izquierdas.

Al ruido contribuímos otros medios cuando nos mostramos críticos con ese apadrinamiento de Coalición Canaria sobre Drago y al descaro con el que Drago acepta el apadrinamiento por lo que supone de alcanzar notoriedad, de momento con escasos resultados.

La recurrente participación de Alberto Rodríguez como reputado analista político en el programa de Televisión Canaria La Retranca no termina de cuajar, ni para él ni para Televisión Canaria. La última entrega de ese remedo de programa político se saldó con un escuálido 1% de audiencia media, lo que despertó la conmiseración y la sorna, como demuestra esta pieza de Diario de Avisos. 

Fue tan patética la intervención de Alberto Rodríguez tratando de desprestigiar por godas todas las opciones de izquierdas ajenas a la suya que hasta fue al plató pertrechado con elementos habitualmente usados por los candidatos para los debates televisivos, como varios cartones-pluma con recortes de prensa. Entre ellos, vaya por dios, uno de Canarias Ahora, el medio al que Drago tiene vetado por considerarnos seguramente muy godos y muy desafectos al amado líder.

Se le olvidó contar todo lo que deben él y su partido a algunas de esas formaciones de obediencia española, como el salario de uno de los integrantes de su staff que hasta que se disolvieron las Cortes era pagado por Sumar, partido godo con el que concurrió a las elecciones generales de 2023.

A Coalición Canaria le viene muy bien Drago porque en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife los votos que obtenga servirán para impedir que Unidad del Pueblo Canario se acerque a un escaño. Izquierda Unida, Sumar y Podemos no gozan del predicamento que tiene el partido del ex secretario de Organización nacional de Podemos, pese su amplia e histórica implantación. 

Todo se complicará, además con la irrupción de Vox, que en las pasadas elecciones no se presentó en Santa Cruz de Tenerife por un error administrativo. Coalición Canaria parece tener asegurada el acta para Cristina Valido siempre y cuando alcance el mínimo exigido, pero tiene que contar ahora con la pérdida de votos hacia Vox, que también los teme. A ver si no a qué viene su negativa casi enfermiza a desmantelar el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife.

En la circunscripción de Las Palmas, las encuestas apuntan a la posibilidad de que Vox crezca, pero a costa del Partido Popular, que volverá a ser derrotado por el PSOE en ambas provincias. En Las Palmas hay una posibilidad no muy remota de que entre Unidad del Pueblo Canario y otra más remota todavía de que lo haga la Mesa de Unidad Canaria.

Pero cualquier cosa puede pasar desde ahora hasta el día 29 de noviembre. Las campañas electorales ya no son lo que eran, y aquel 3% de fluctuación que se estimaba que podían hacer variar la intención de voto en los tiempos analógicos, ahora pueden provocar un vuelco con la ayuda de fenómenos paranormales, la intromisión de una potencia extranjera a través de redes sociales o una cagada monumental de Núñez Feijóo. De las habituales.

La convocatoria sobrevenida de elecciones generales el 29 de noviembre no ha cogido con el paso cambiado a Fernando Clavijo. Hace meses que ha logrado encaminar algunas de las soluciones que su partido, Coalición Canaria, ha decidido aplicar para combatir el natural desgaste de más de tres décadas de ejercicio de poder y el ascenso de otras fuerzas políticas que puedan laminar su respaldo electoral. Desde que lidera CC, Clavijo ha visto cómo el proyecto se ha estancado y ha empezado a retroceder, por lo que él y su equipo saben que esa tendencia es imparable y que hay que adoptar algunas medidas atípicas para invertirla porque no se pueden permitir otro cuatrienio en la oposición como el que sufrieron con el Pacto de las Flores. Al fin y al cabo, CC es un partido creado desde el poder y sin poder corre el peligro cierto de desintegrarse.

Tres décadas de historia parece un plazo suficiente para renovar el proyecto nacionalista, para abandonar viejos discursos heredados del insularismo original ensolerado al calor del tardofranquismo de la UCD a la que pertenecían sus más señeros fundadores, a los que hay que reconocerles la ocurrencia del invento y que haya terminado calando entre la ciudadanía que Coalición Canaria es un partido nacionalista. Y progresista. 

La leve renovación del discurso y de algunas caras ha venido acompañada de una nueva estrategia de confluencia con partidos que puedan suplir las carencias allí donde se detectan. Bajo el paraguas de “confluencia nacionalista” o “confluencia soberanista”, CC destá abriendo brechas en los partidos más directamente concernidos en su espacio o en alternativas a la gobernabilidad de Canarias.

En el primer caso, el de la confluencia nacionalista, que no es la primera vez que se intenta, CC ha conseguido hacerle un siete a Nueva Canarias en su núcleo mismo alentando de todas las maneras que se alientan estas cosas en política la creación de un partido que remede a los de Román Rodríguez con el que hacer a continuación una alianza electoral.

Gran Canaria es uno de los agujeros negros de Coalición Canaria. Una de esas plazas donde hace tiempo que están encendidas todas las alarmas, donde han flaqueado las fuerzas de tal manera que ya van cuatro legislaturas autonómicas con tan solo un diputado en esa circunscripción, en la que se eligen nada menos que quince.

En Gran Canaria, CC ha intentado de todo, desde coaligarse con Unidos por Gran Canaria, el partido de los Bravo de Laguna, que no puede pasar precisamente ni por nacionalista ni por progresista, con quien concurrió en 2019, hasta atraerse a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que tampoco es lo más progre de la huerta y con la que el idilio duró apenas unos meses 

Así que había que seguir intentándolo. 

De ese modo fue como dieron con Municipalistas Primero Canarias, que surge al calor de la ruptura interna de esa bestia parda de CC, Nueva Canarias, ruptura que es convenientemente canalizada aprovechando los egos y la ambición del poder siempre tan presentes en la política.

Pero llegado el primer rubicón, el de las elecciones generales del 29-N, ya han surgido las primeras tiranteces. La cabeza visible de Primero Canarias, Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, ha sido inmediatamente catapultado al puesto número uno de la lista al Congreso de los Diputados por Las Palmas. Pero no ha sido catapultado por su partido sino por Fernando Clavijo, que, sin que nadie se lo pidiera, se lanzó públicamente a elogiar la figura de Sosa como si estuviera todo acordado entre ambas fuerzas políticas.

Cierto es que ya estaba decidido concurrir juntos, que esa es la filosofía y el propósito por el que se crea una marca blanca, pero sin que estuviera formalmente decidido el cabeza de cartel, el presidente del Gobierno da el paso y genera la primera crisis. 

No hay una sola encuesta, salvo que Perfiles le haya hecho una específica a Clavijo, que otorgue un diputado seguro a la confluencia CC-Prica en la provincia de Las Palmas. Teodoro Sosa es muy conocido en Gran Canaria, pero no tiene predicamento alguno en las otras dos islas de la provincia, Lanzarote y Fuerteventura.

Así las cosas, lanzarlo a darse un talegazo en el primer intento de la alianza electoral parecería bastante arriesgado si no fuera porque en realidad está todo bien medido.

Está en el manual de Coalición Canaria poner a los enemigos en su sitio. Y a los amigos también. Mandar a Teodoro Sosa a las elecciones generales tiene dos objetivos. Si se diera el milagro y saliera elegido diputado por Las Palmas, impresionante resultado y la confirmación de que la fórmula funciona. Pero a su vez, costaría mucho a Prica imponerlo también de número uno al Cabildo de Gran Canaria en las elecciones de mayo de 2027 dada la necesidad de alimentar tantas bocas hambrientas. Pero en el caso de que fracasara en su intento, en función del tamaño del patinazo, quedaría debilitada su figura como valor electoral, lo que también habría de ser aprovechado por su querido y dilecto socio.

Porque lo que pretende CC no es ocupar plaza de diputado o diputada por Las Palmas, que sabe que es un imposible. Lo que pretende es que María Fernández sea respaldada por Primero Canarias al Cabildo de Gran Canaria. Al fin y al cabo, ya tienen la candidatura a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, en la figura del majorero Marcial Morales, y algo hay que dejarle a los pobres de CC.

Ante esta pirueta de Clavijo, los de Teodoro Sosa se han revuelto provocando la primera tirantez en la marca blanca. Quieren madurar mejor el nombre de la persona que vaya al Congreso por Las Palmas. Y la reacción de CC ha sido convocar este mismo lunes, Día de la Hispanidad, para este mismo martes a su Consejo Político Insular de Gran Canaria “para abordar el escenario político ante la convocatoria de elecciones generales, previstas para el próximo 29 de noviembre”, según la convocatoria enviada a la prensa. Como si no hubiera pasado nada, como si Clavijo no hubiera dado ya el pistoletazo de salida ungiendo a Teodoro Sosa como el candidato.

Drago cumple con su cometido

Mientras, del lado de la alternativa soberanista, Drago Canarias ya ha hecho pública su posición ante las elecciones generales del 29-N. Irá en solitario tras haber desechado la oferta del frente amplio, que en Canarias se promovió mucho antes que en el resto del país de la mano precisamente de Nueva Canarias. Los de Alberto Rodríguez no quieren saber nada de confluir con las demás izquierdas (Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Sí se Puede…) porque no las considera de pura raza y porque ir junto a ellas no contribuiría al encargo que tiene encomendado desde la casa madre del soberanismo: que la izquierda no sume para que Coalición Canaria con el PP puedan seguir gobernando.

Ya resulta incluso patético el esfuerzo del clavijismo por promocionar al líder de Drago Canarias en Televisión Canaria. Es el único “analista” (así lo presentan) que tiene silla fija en el programa de debate político de la cadena, La Retranca, donde la semana pasada estuvo acompañado por otra analista sin medio de comunicación, Melisa Rodríguez, que llegara a ser dirigente nacional de Ciudadanos cuando ese partido -otro invento para otra causa- ocupó espacios políticos de mucha influencia. Completaban el plantel tres periodistas, estos sí: uno de la Cope, el otro de la cadena Ser (la cadena Ser que no falle nunca) y un tercero de Libertad Digital, el digital de Jiménez Losantos, para que no faltara de nada.

Esa fórmula tan sectaria no termina de cuajar porque el programa, que presenta Mayer Trujillo, no tiene apenas audiencia. La semana pasada solo alcanzó un 2% de media.

Hablando de Televisión Canaria. Otra de las sonadas jugadas de Clavijo de la semana pasada fue promover a la condición de candidato al Senado nada menos que a su viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, el director general de RTVC en la sombra. Cabello y Clavijo saben que esa plaza en el Senado es imposible, lo que conduce automáticamente a abonar la tesis de que alguien está pensando en promocionar a este viceconsejero a otros menesteres, para lo cual habría que darlo a conocer más de lo que ya es conocido, incluso en el resto de España, porque fue el interlocutor más conciliador en aquella famosa crisis del hantavirus, la de las ratas abandonando el barco y contagiándonos a todos de manera fulminante.

Escribo esto en plena jornada de reflexión. En plena jornada de reflexión de Pedro Sánchez, y puede que cuando se publique él ya haya tomado una decisión sobre la convocatoria de elecciones el 29 de noviembre (DM). Ha sido un fin de semana muy intenso, fuertemente marcado por la decisión tomada en el Congreso de los Diputados sobre los decretos de vivienda, lo que ha desembocado en la confirmación pública de que la gente está cansada y cabreada por la falta de soluciones a sus problemas reales, que no son ni los datos macroeconómicos, que nos sitúan a la cabeza de los países europeos, ni el empeño de la derecha durante tantos años por recuperar el poder por encima de cualquier otra consideración.

Mientras en las calles de Canarias se manifestaban este sábado miles de personas, en la sede de la Federación Insular de Vela de Gran Canaria, Coalición Canaria reelegía a Fernando Clavijo como candidato a las elecciones autonómicas de 2027. Y lo hacía mirando de reojo a La Moncloa y, por supuesto, proclamando que al presidente y aspirante a repetir le duele Canarias: “Si hay elecciones anticipadas, que vengan. Mientras otros se pelean, nosotros hablamos de Canarias. A nosotros nos duele y sentimos Canarias”, se recoge en el comunicado de CC enviado a los medios.

Y si tenemos que hablar de Canarias, debemos necesariamente hablar de la vivienda, que es de lo que van a ir las próximas elecciones. Y debemos fijar el marco previo, de dónde partimos para luego ver hacia dónde deberíamos ir. En Canarias, insisto, que es lo que le duele a Clavijo y lo que nos interesa como personas que vivimos aquí y lo que ha hecho que las calles vuelvan a llenarse de gente para protestar por la realidad que padece tantísima gente.

El marco lo puso este sábado una manifestante en Santa Cruz de Tenerife en un directo de Televisión Canaria que los mandarines de la cosa no pudieron esquivar porque, insisto, era en directo: “Coalición canaria, y se lo digo mirándoles la cara [la manifestante miró entonces a cámara], no entiendo cómo tienen la poca vergüenza de ser la representación de los canarios (...) en el Parlamento y literalmente no hacer nada. Serán coalición alemana porque coalición canaria no. Bórrense ese nombre porque no, no lo son para nada”.

El problema de la vivienda viene de lejos, como de lejos viene Coalición Canaria, constituida en 1993 y desde entonces ininterrumpidamente al frente del Gobierno regional salvo el paréntesis de 2019-2023 del Pacto de las Flores. Casi siempre en compañía del Partido Popular con quien votó no el viernes al segundo de los decretos que se sometían a la consideración del Congreso. Y las competencias, como se ha repetido mucho estos últimos días, las tienen principalmente las comunidades autónomas, por lo tanto, las nuestras, nuestras competencias, están aquí. O deberían.

El balance no puede ser más descorazonador porque hasta que regresó a la presidencia Clavijo en 2023, en Canarias se habían construido unas 275.000 viviendas de las que apenas 12.000 fueron de protección oficial, con un freno espectacular a partir de 2014, un año antes de que él llegara. En la actual legislatura, en la que ha resucitado de manera evidente la reclamación de este derecho y ya con este presidente al que tanto le duele Canarias, se han incorporado al parque público de viviendas tan solo 248.

Porque el Gobierno canario, participado también por el PP, ha abrazado la construcción como solución milagrosa para resolver el problema. Construir y construir. Y con la misma fórmula de “agilizar trámites”, es decir “reducir la burocracia”, que no es otra cosa que levantar controles para que los amigos de los atajos con corbata y puro puedan hacer de las suyas con la contratación pública. Pero no ha sido hasta julio pasado cuando el Parlamento ha aprobado la ley que regula este invento que, según la versión gubernamental,“permitirá acortar los tiempos de tramitación, incrementar el suelo disponible para vivienda protegida y asequible e incorporar nuevos instrumentos que faciliten su construcción con todas las garantías jurídicas”.

Lo de las garantías jurídicas es una broma de mal gusto teniendo en cuenta que al frente del Gobierno se sitúa un presidente que acaba de ser severamente reprendido por el Consejo Consultivo por hacer lo mismo que hizo como concejal y como alcalde de La Laguna con la prórroga de contratos sin sustento legal alguno, lo que se llamó el caso Reparos que acabó con Clavijo aforándose como senador ante el Supremo para que tití Marchena se lo archivara.

Los expertos que han analizado tanto esta ley como el decreto del que proviene alertan sobre la cesión de suelos públicos para la construcción de vivienda protegida. Porque el legislador, al que también le debe doler Canarias una barbaridad, imbuido por su fervor por el sector de la construcción y su empresariado, olvidó la necesidad de que esos nuevos núcleos poblacionales dediquen esos suelos a infraestructuras públicas como colegios, parques y centros de salud. Pero ese es otro problema que ya resolveremos dentro de 40 años.

Los empresarios de la construcción han agradecido tan apasionadamente a Clavijo este detalle de centrar la solución del problema de la vivienda casi exclusivamente en la construcción que han terminado por no presentarse a algunos concursos de los que se han convocado porque las ventajas todavía les parecían pocas. El Gobierno ha tenido que reformular concursos elevando las cuantías (dinero público de ese que no duele) para conseguir adjudicarlos.

De las 2.086 viviendas que han salido a licitación entre los años 2023 y 2026 por parte del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), algo más del 42% han quedado desiertas, lo que se traduce en casi 900 casas sin hacer. Las que han salido adelante son 1.209 que están, se supone, en ejecución, y hay otras 1.819 que se encuentran planificadas, sin que hayan comenzado las obras, según el Observatorio Canario de la Vivienda.

Si diéramos por buenos los datos ofrecidos por Clavijo este sábado, es decir, que va a dejar encaminadas 6.000 nuevas casas cuando llegue 2027, necesitaríamos seis legislaturas y media para atender la actual demanda. 

Es evidente que la construcción no soluciona ni a corto ni a medio plazo el problema. Y se agravará si, como vaticinan algunos, se nos viene encima un gobierno con Vox en los ministerios de desregulaciones y prioridades nacionales. 

Hace unos días, ese lumbrera de José María Figaredo, responsable de las cosas de Economía de Vox, se reunió con lo más selecto del Ibex para contarles cuál es la solución que tiene ese partido para acabar con el problema de la vivienda: deportar a 1.500.000 habitantes. Los empresarios no lo dejaron terminar ante el tamaño del disparate, pero ese es el mensaje que está calando en determinados segmentos de la sociedad: que son los inmigrantes los culpables de que haya tantas pocas casas disponibles.

Un discurso que en parte ha adoptado el PP de Canarias reclamando que se controlen las fronteras y que descienda la llegada de migrantes a las islas, a la vez que incendia las relaciones con Marruecos para conseguirlo. La Armada ya le dejó claro a Vox que todas aquellas personas que estén en alta mar en aguas internacionales o en aguas españolas deben ser rescatadas en base al derecho marítimo internacional. O sea, no se les puede torpedear para acabar con la inmigración.

211.000 viviendas vacías

¿Y si movilizamos las 211.000 viviendas vacías (datos INE) que hay en Canarias? Le tuvimos que preguntar al Gobierno a través del portal de transparencia para enterarnos de cuántas de ellas ha conseguido incorporar en los últimos diez años y la respuesta fue muy decepcionante: solo una. Una. Y no fue gracias a los planes del actual Ejecutivo, sino en 2023 dentro del plan 2020-2025.

Pero a este panorama tan desalentador de la vivienda, tenemos que añadir un factor que agrava el problema que adelantó este periódico. Una investigación de la Fundación CIVIO ha revelado que al menos 14.200 de las 36.650 viviendas de protección oficial construidas en Canarias desde 1991 perderán su régimen de protección antes de 2030. Casi todas son VPO de promoción privada cuya protección expira de manera automática a los 30 años, de acuerdo con la Ley de Vivienda de Canarias de 2003, momento en el que pasan al mercado libre.

A esa cifra podrían sumarse otras 5.700 viviendas, también promovidas por entidades privadas, que pueden perder su régimen de protección de forma anticipada mediante un proceso de descalificación voluntaria antes de alcanzar el plazo máximo.

Hay 37.000 personas reclamando una vivienda en Canarias, según datos oficiales. Y a esas personas, el Gobierno de Fernando Clavijo les está respondiendo con acciones claramente insuficientes.

La apariencia de imparcialidad de Rosa Rodríguez

Si a eso añadimos su decisión de boicotear la ley nacional de vivienda en aspectos tan relevantes como el tope de alquileres en zonas tensionadas, podemos concluir que Clavijo y su equipo no solo no han acertado ni una, sino que hacen todo lo posible por no acertar.

Ha tardado dos años para empezar a tramitar la solicitud de Las Palmas de Gran Canaria para su declaración como zona tensionada, una medida que en lugares como Catalunya ya produce resultados esperanzadores. Ha tenido que estallar esta crisis social de la vivienda para que el departamento correspondiente, Visocan, haya iniciado el expediente de información pública.

La excusa sostenida hasta ahora parece haber decaído sin que el fondo de la cuestión haya cambiado, o al menos nadie lo ha explicado adecuadamente. Un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas, alegando que la capital de la isla no cumplía con los requisitos para su declaración como zona tensionada, ha sido hasta ahora esa excusa. No hay un informe nuevo, solo ha cambiado el medio ambiente popular.

Pero si nos remitimos a ese informe tan decisivo (hasta ahora) del Colegio de Economistas de Las Palmas, es necesario recordar quién lo firmaba: Rosa Rodríguez, la que fuera mano derecha de José Manuel Soria en materia de política económica durante los años más duros del neoliberalismo del PP en Canarias. Ocupó cargos de mucha relevancia tanto en el partido como en las instituciones donde estaba o influía el exministro de Rajoy, incluida Enagás, donde estuvo como “consejera independiente” entre 2013 y 2021 (160.000 euros al año) por imposición de Soria.

Vamos a ir atando cabos. A través de Grant Thornton Canarias, de la que es socio principal junto a Salvador Cuyás, José Manuel Soria se dedica en estos momentos a representar intereses empresariales en diversas actividades, incluidas el turismo, la construcción, la automoción y el mundo inmobiliario. Por lo que habría sido un gran inconveniente que Rosa Rodríguez hiciera un informe con el que se pudiera declarar zona tensionada Las Palmas de Gran Canaria.

Los jueces y juezas están obligados a observar no solo imparcialidad en sus resoluciones, sino cuidar la apariencia de imparcialidad para que los justiciables no tengan la más mínima duda de la rectitud de sus actuaciones. Una obligación, la de abstenerse llegados esos casos, que no siempre se cumple, como estamos viendo en algunas causas muy llamativas que se cuecen en la villa y corte, como el de la jueza María Tardón. Pero quizás sería conveniente que instituciones como el Colegio de Economistas de Las Palmas, cuyo decano, Alcibiades Trancho, se desvive defendiendo la calidad de sus informes, se rijan también por esa necesaria apariencia de imparcialidad que, desde luego, la señora Rodríguez no mostró cuando echó por tierra en un informe encargado por el Gobierno regional la petición de Las Palmas de Gran Canaria de ser declarada zona tensionada por lo que va a suponer para los intereses de muchas de las empresas a las que representa su padrino José Manuel Soria.

En este caso los justiciables eran nada menos que 381.868 habitantes.

La entrega de Clavijo al mundo empresarial es cada vez más evidente. Le están financiando incluso sus marcas blancas para que Coalición Canaria no pase a ser residual en islas como Gran Canaria. De ese modo es imposible que este gobierno se atreva a promover el tantas veces prometido debate sobre la turistificación y el reparto más justo de la riqueza que genera una industria que supone más o menos el 37% de nuestro PIB.

El modo canario de hacer política consiste en echar la culpa al Gobierno de España cuando algo sale mal, aunque las competencias las tenga Canarias. O sea, siempre.

El Parlamento de Canarias se ha convertido, gracias al Partido Popular, en la primera cámara autonómica en instar al Gobierno de Pedro Sánchez a que no elabore nunca más una lista de periodistas con señalamiento concreto de la ideología de cada uno de ellos y del medio en el que trabaja. Ya saben que una lista así, con esos datos, elaborada por una periodista del gabinete de prensa del Ministerio del Interior, fue filtrada hace algunas semanas de modo y manera que todo el mundo se enteró primero y se escandalizó después al constatar cómo operan todos los gabinetes de prensa, absolutamente todos, unos con más disimulo que otros, para que sus jefes y jefas conozcan a quiénes se enfrentan cuando acuden a platós de televisión, estudios de radio o entrevistas en prensa de cualquier tipo.

Pero aquella lista se convirtió de inmediato en una buena oportunidad para a) meterle un dedo en el ojo a Pedro Sánchez y otro a Grande-Marlaska, b) hacer un brindis por la libertad de expresión y el derecho a la información libre y de calidad y c) retratar a los que se opusieran u opusiesen a la iniciativa por su actitud contraria a algo tan elemental.

La proposición no de ley (PNL) de defensa del periodismo en el Parlamento de Canarias la defendió mi colega Rebeca Paniagua, del PP, que está haciendo un buen papel de modernización de esa formación política, en muchas ocasiones anclada en modales antiguos o con ganas de reeditarlos. Y cuando me mandó la iniciativa la publicamos, como publicamos a continuación la enmienda que planteó el PSOE, que reclamaba extender esa defensa de la libertad de expresión y el respeto a los periodistas a la plantilla de Radio Televisión Canaria, tan en manos de los vaivenes de los comisarios políticos, actualmente los de Coalición Canaria y el PP.

Se cabreó Rebeca Paniagua con esa enmienda del PSOE, que fue rechazada por la Cámara, por considerar que la gente de Nira Fierro lo que pretendía era tapar las vergüenzas del Gobierno en vez de defender lo que hay que defender. Así que sus señorías, las que estuvieron presentes en el salón de plenos (59), votaron todas a favor de la iniciativa del PP.

Repasando lo que se dijo en ese pleno por parte de todos los portavoces políticos, resulta muy llamativa la preocupación extrema de sus señorías por los periodistas que ejercen mayormente en la villa y corte, y su desprecio más absoluto por los que lo intentamos aquí.

Escuchar a Melody Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera decir que las instituciones “no necesitan conocer si un periodista es de izquierdas o de derechas, si es afín o crítico con un gobierno” ya que “una democracia fuerte necesita periodistas libres”, resulta bastante rechazable. Porque su jefe de filas, Casimiro Curbelo, dio órdenes de retirar cualquier tipo de campaña institucional del Cabildo de La Gomera en Canarias Ahora después de que publicáramos el incidente que protagonizó con su hijo a la salida de un karaoke en Santa Cruz de Tenerife. Y desde entonces, cero euros.

La también periodista Vidina Espino, en estos momentos diputada de Coalición Canaria después de transfugarse desde Ciudadanos, elevó la calidad del debate proclamando que “la libertad de prensa no se defiende cuando el periodista publica algo que a mí me gusta, se defiende precisamente cuando publica algo que me puede ser incómodo”. Su trayectoria en la Comisión de Control de RTVC no avala sus soflamas porque una vez comenzada esta legislatura desaparecieron por completo sus diatribas contra la manera de comportarse el Gobierno con el ente público. Se ha convertido en una cómplice más del comisario político puesto al frente por Clavijo.

Es una pena que ambas periodistas, Vidina Espino, por CC, y Rebeca Paniagua, por el PP, no pregunten a las integrantes de la Mesa de la Cámara qué está pasando con el resumen de prensa que cada día se envía a sus señorías por parte de la agencia Metropolis, contratada para tal fin a razón de más de 30.000 euros al año. Deberían haberse percatado hace tiempo de la ausencia casi absoluta de noticias de Canarias Ahora que, cuando se incluyen, lo hacen bajo la cabecera de elDiario. Lo que equivaldría a referirse al Diario de Avisos como El Español, a Canarias7 como ABC o a La Provincia y El Día como Prensa Ibérica.

Metrópolis, la agencia de cabecera de CC

Metropolis, agencia de cabecera de Coalición Canaria, se cabreó mucho cuando, en el ejercicio de la libertad de prensa que se encumbró esta semana en el Parlamento, publicamos diversos conflictos laborales que sufría y cómo era y sigue siendo utilizada por los nacionalistas para contratar periodistas en gabinetes de prensa institucionales sin recurrir a procedimientos oficiales. Y con una suerte de concatenación de contratos menores directamente o a través de su filial Más Canarias que ya quisieran para sí muchas empresas. Por ejemplo, del Parlamento se lleva tres de esos por un importe total de 40.000 euros, a sumar a los 33.000 del seguimiento de medios.

Este mismo domingo, sin ir más lejos, el resumen de prensa digital que llegó a sus señorías no incluía ninguna noticia de Canarias Ahora ni de elDiario.es, pero sí de Tusnoticiasalminuto, Mundonews o Demócrata, además de otras cabeceras locales, justo el día en el que nuestro periódico, siempre con una fuerte carga de contenidos políticos, sociales y económicos, publicaba asuntos de mucha trascendencia, como el conflicto de la patronal tinerfeña con los sindicatos por el absentismo laboral, una entrevista con el líder nacional de COAG sobre la crisis agrícola canaria o varios reportajes sobre la crisis de la vivienda.

Nuestras quejas a la Mesa de la Cámara por este comportamiento poco profesional, antiético y perjudicial para las arcas públicas por el flagrante incumplimiento de contrato que supone, han sido sistemáticamente rechazadas después del correspondiente informe del gabinete de prensa del Parlamento, que siempre concluye que no son ciertas nuestras apreciaciones.

Opacar nuestro trabajo ante líderes de opinión como son los diputados y diputadas, los trabajadores de la Cámara y cuantas personas puedan tener acceso al resumen de prensa oficial del Parlamento supone automáticamente la pérdida de tráfico para nuestro periódico, lo que se traduce en internet en daño económico por su traslación automática al posicionamiento y, en definitiva, a la publicidad.

Es un daño económico que se produce por simple venganza, lo cual está siendo permitido por el mismo Parlamento que se pronunció con tanta solemnidad esta semana en defensa de la libertad de prensa. Y dos huevos duros.

Una vendetta que viene de lejos

Los ataques a Canarias Ahora desde Coalición Canaria con la complicidad de su socio del PP no se ha limitado solo a esta vendetta en el clipping de prensa del Parlamento. Desde que tomó posesión del Gobierno este pacto, los ingresos por publicidad institucional hacia nuestro periódico descendieron drásticamente en justa correspondencia con las amenazas que en los meses previos a las elecciones de 2023 recibimos de muchos mariachis de esos que llevan décadas viviendo alborozados y dando brincos alrededor del poder y que conocen perfectamente los mecanismos que se usan para castigar a los medios de comunicación que no les aplauden sus piruetas.

Como publicamos en su momento, el hostigamiento comenzó nada más tomar posesión en 2023, y sin disimulo. Agentes especializados en la materia, como el diputado José Alberto Díaz-Estébanez, anunciaban urbi et orbi que se nos iba a acabar el chollo, que estábamos muertos. Y acto seguido, efectivamente, sufrimos un recorte drástico en publicidad institucional y los programas de televisión que había defendido nuestra productora con el máximo de profesionalidad, desaparecieron por completo de la parrilla.

Nuestros intentos por normalizar las relaciones comerciales con las instituciones gobernadas por Coalición Canaria y el PP se han tropezado en demasiadas ocasiones con el sectarismo, cuando no con el miedo de algunos profesionales que no quieren ni que se nos vea hablando con ellos. Es el caso de una responsable de prensa de un Cabildo insular gobernado por Coalición Canaria y el PP. Tras valorar la propuesta que nuestra responsable de Publicidad le había enviado, esa profesional nos transmitió la respuesta más frustrante que podíamos esperar: “Es que ustedes son Canarias Ahora”.

Al castigo publicitario e institucional se ha sumado también la persecución periodística, porque también hemos desaparecido de las mesas de debate en la radio y en la televisión públicas todos los periodistas de esta casa, sustituidos de la manera que ya hemos contado aquí por los palmeros del clavijismo, reforzados un día sí y el otro también por esa nueva hornada de marcas blancas de Coalición Canaria que encabeza en número de apariciones estelares el líder de Drago, Alberto Rodríguez.

La persecución a Canarias Ahora y a sus periodistas ha llegado a niveles verdaderamente lamentables. Como cuando nos convocaron a participar en la mesa “Niños y niñas migrantes: vulnerabilidad y atención integral”. Cuando se estaban gestionando los billetes para los desplazamientos a Tenerife, dejaron de contestar a los correos electrónicos y diez días antes de las jornadas observamos cómo desaparecía del cartel de participantes el nombre de la periodista de Canarias Ahora que había sido invitada. La explicación que nos ofrecieron fue la siguiente: “Tras revisar la línea del evento y los diferentes perfiles” se reestructuraron las intervenciones porque preferían a una persona de Tenerife que haya sido “joven migrante”.

De esto tampoco saben nada sus señorías del Parlamento de Canarias porque ninguno de estos comportamientos antidemocráticos y atentatorios contra la libertad de prensa y de expresión lo han protagonizado ministros de Pedro Sánchez, que es el pim-pam-pum que se lleva ahora.

Hace tiempo que no esperamos nada de este Parlamento que se atrevió en 2007 a señalarnos, a través de una comisión de investigación, como autores intelectuales del caso Eólico en el que estaban metidos José Manuel Soria y su hermano Luis. Ninguno de nuestros intentos de solicitud de amparo ante la Cámara ha prosperado, y ahí sigue en sus archivos una acusación falsa sostenida por los votos de Coalición Canaria y el PP pese a las clarificadoras sentencias y el peso inapelable de la verdad.

Nosotros seguiremos clamando por que se respete nuestra línea informativa y editorial, por que nos dejen trabajar en paz accediendo a la contratación pública que nos corresponde por nuestra audiencia, y que se nos conteste cuando reclamamos información y transparencia. Hemos superado con deportividad que ni siquiera nos nominaran para el Premio Canarias de Comunicación el año pasado, cuando cumplimos 25. Seguiremos esperando. De momento, la única distinción nos ha llegado de fuera, de la Unió de Periodistes Valencians, que nos otorgó en 2024 su Premio Libertad de Expresión.

Nuestro principal premio, sin embargo, es el que cada día nos entregan los miles de lectores que nos siguen y que creen en nuestro trabajo. No necesitamos declaraciones solemnes y grandilocuentes, nos basta con que nos dejen trabajar en paz.

La caída en desgracia de Astrid Pérez como presidenta del Partido Popular en Lanzarote no responde a una decisión reciente de la dirección regional del partido. Ni a una calentura que haya conducido a una defenestración tan sonada. Comenzó a fraguarse desde el mismo momento en que arrancó el actual mandato de las corporaciones locales tras las elecciones de 2023. Un mes después de su toma de posesión como presidenta del Parlamento, en julio, y trasladada por razones del cargo a la isla de Tenerife, empezó a quebrarse su relación con quien le sustituyó al frente de la alcaldía de Arrecife, Yonathan de León, y con el que a partir de aquel momento se hizo cargo de la vicepresidencia del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, en ambos casos gracias a los pactos del PP con Coalición Canaria.

Ninguna de las fuentes consultadas por este periódico aportan alguna razón concreta que explique por qué se produjeron esas rupturas, salvo la de la inseguridad que podría sentir la presidenta insular del partido por el ascenso en las encuestas y en la consideración ciudadana de dos jóvenes valores que ocupaban su espacio tras su designación como presidenta de la Cámara regional.

Las desconfianzas llegaron a ser tan profundas que Pérez removió en marzo de 2025 de la secretaría general del partido en la isla a su número dos, Jacobo Medina, que previamente había perdido su puesto como vicepresidente del Cabildo de Lanzarote por una serie de razones que se vincularon a algo relacionado con la transparencia que nunca se aclararon del todo.

Ya para entonces, hace año y medio, el malestar era muy alto y crecía la contestación contra la presidenta Pérez prácticamente en los siete comités locales del partido en la isla.

En el Parlamento, las relaciones entre la presidenta y el grupo Parlamentario Popular, del que formaba parte originariamente, no iban mejor. Los diputados y diputadas no se escondían para criticar su comportamiento con ellos y sus decisiones institucionales. Las diferencias no solo se producían con sus correligionarios, sino también con los miembros de la Mesa de la Cámara, con quienes en ocasiones mantenía discusiones incomprensibles. Ana Oramas es, hasta el momento, su principal pesadilla, pero los desencuentros se han trasladado al resto de los miembros del órgano rector del Parlamento hasta el punto de haber abandonado la presidenta el grupo de WhatsApp que utilizaban los miembros de ese órgano parlamentario para acordar fechas, procedimientos o tramitaciones y hacer más operativa la gestión de la Cámara.

También disparó el descontento y la desafección la aparición en escena del empresario José Valle, actual presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y una de las figuras más destacadas actualmente en el mundo económico y social de la isla. Delegado de la empresa de paquetería Seur, goza de gran predicamento en distintos ámbitos, incluido el político, lo que lo convirtió hace tiempo en un atractivo valor para los partidos políticos.

Y el PP se fijó en él para producir un relevo pacífico en la dirección conejera. Astrid Pérez llegó a estar de acuerdo con su fichaje pero quiso reservar para él que padeciera previamente el viacrucis de ponerse al frente de una gestora previa a un congreso insular para que tuviera que remangarse y adoptar decisiones duras con las que enderezar el partido y desplazar las malas influencias. Y luego, si llegaba vivo, optar a la presidencia.

Valle no solo se negó sino con él hizo causa común un buen número de dirigentes locales, regionales e incluso nacionales del PP, con Miguel Tellado al frente, conscientes de que estaban ante una oportunidad interesante para reconducir las cosas en Lanzarote y en Canarias.

Será con toda probabilidad el futuro presidente del PP de Lanzarote, y quién sabe hasta dónde podrá llegar esta nueva apuesta política que es respetada por la mayoría de las fuerzas políticas de la isla.

Astrid Pérez parece haber perdido ese pulso y todos los que amenazó emprender, incluida su marcha a Vox, partido que aseguró le había tentado. Ahora tendrá que optar por la disciplina y asumir, como ha dicho este lunes, que el partido está por encima de las personas y que llegados a este punto, no parece que vaya a haber misericordia.

No parece aconsejable que adopte una posición de revancha abandonando el partido por el que se presentó a las elecciones, consiguió el acta de diputada y, con ella, la presidencia del Parlamento. De todos los escenarios posibles, incluido el que garantiza la inamovilidad de los presidentes o presidentas de la Cámara, no se contempla la excepción de producir su cese en caso de pasar al grupo de no adscritos, cuyos integrantes apenas disfrutan de derechos políticos, lo que excluiría de ellos el de presidir la Cámara.

Tampoco parece aconsejable para Astrid Pérez una marcha airada, teniendo en cuenta que el PP podría estar reservando para ella una salida airosa, con más de salida que de airosa, es decir, un puesto en las próximas elecciones que la catapultara al Senado o al Congreso de los Diputados y que la aleje de los focos de conflicto en los que se la ha retratado.

Su tiempo en la política orgánica ha llegado a su fin y solo de la postura que ahora adopte dependerá que ese final incluya también el de la política institucional después de haber ocupado uno de los puestos de mayor rango de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se acelera la degradación de la Radio Televisión Canaria, y lo que nos queda por ver desde ahora hasta las próximas elecciones autonómicas. Porque para ese cometido Fernando Clavijo puso al frente de los dos medios públicos a un comisario político, César Toledo, al que elevó el rango a la categoría de administrador general porque lo de “único” no era suficiente para él o podía prestarse a confusión.

Lo ocurrido esta semana en el programa La Retranca, llamado a ser el espacio de referencia política de la cadena televisiva autonómica, da la medida del poco respeto que los actuales regidores del ente tienen por la audiencia, por el rigor y por los principios legales que se rigen para la gestión de estos medios públicos y por los que han de velar sus profesionales. 

La cosa prometía cuando anunciaron que para abordar el problema de la vivienda, que en Canarias es especialmente grave por la turistificación y la falta de planificación y de acción de las autoridades responsables, acudiría al plató nada menos que el empresario desokupa Roberto Cristian Pérez, dueño de EZ Property Solutions, que fue detenido el año pasado por la Guardia Civil por conducirse de modo violento en el desempeño de sus pregonadas soluciones para desalojar gente.

Lo pregonaron con bombo y platillo en un comunicado de prensa, en el que se explicaba que debatiría en el plató con la activista antidesahucios Inma Évora, que desgraciadamente se prestó a blanquear al empresario a pesar de las advertencias previas que recibió. Aplicó, según dijo, su tesis es que el miedo ha de cambiar de bando. lo que no consiguió en esta ocasión porque no solo fue intimidada en directo por su contertulio, que pretendió descalificarla a gritos por haber sido contratada en una ocasión para un asesoramiento por la empresa pública de vivienda Visocan, sino que también se ocupó de que los cinco gorilas que le acompañaron a los estudios de la televisión la abordaran para hacer comentarios sobre su pelo y su físico.

Es bastante desafortunada y descabellada la idea de elevar a la calidad de experto en vivienda a un violento de la desokupación, pero seguramente en la cabeza del que la tuvo se instaló un doble dígito de audiencia en la creencia de que una bronca en directo, con insultos y descalificaciones, al estilo de los clásicos programas del corazón devenidos a simples vísceras, iba a dar un impulso al programa. 

Les debió parecer una idea estupenda extender la tesis de que hay más ocupación de la que se denuncia, que las leyes no funcionan y que el Gobierno de progreso en España favorece más a los okupas que a los propietarios, por muy pequeños que estos sean.

Pero no les funcionó en el terreno de las audiencias porque, a pesar de venir de un registro muy potente del programa que le antecedió en la parrilla, Una hora menos, La Retranca volvió a caer por debajo del 4% de share.

Tampoco fue buena idea permitir que el invitado acudiera a las instalaciones de la productora en la que se hace el programa acompañado por cinco armarios de cuatro puertas. Alguien tenía que habérselo dicho al invitado porque es evidente que la presencia de esos profesionales desokupas no respondía a su deseo de llevarle a Roberto Cristian los polvos anti brillo y la americana de forzudo que se puso, sino la de intimidar a cualquiera que tuviera la tentación de dudar de su testimonio y de sus dos bemoles. Empezando por su contrincante en el debate, a la que, efectivamente, lograron intimidar.

Vetar a una tertuliana para poner a Alberto Rodríguez

Pero ese pretendido programa de debate y análisis político con el que Televisión Canaria castiga a la poca audiencia que lo sigue cada jueves, tuvo otro episodio bastante elocuente que refleja nuevamente a las claras el descaro con el que Clavijo manda dirigir ese medio público.

En el mismo comunicado en el que se había anunciado el cara a cara sobre vivienda entre el violento desokupa y la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tenerife se anunciaba que estaría en el plató como analista la tinerfeña María González, que ha adquirido gran prestigio nacional por su participación en programas como La Sexta Xplica.

María González venía a romper de algún modo la tendencia del programa de sentar a la mesa de análisis a una gran mayoría de comentaristas del régimen, de la factoría de la Cadena Ser, mayormente, como Paco Pomares, Jorge Bethencourt, Juan García Luján o Lourdes Santana y Marta Cantero… Porque se trata de una analista de clara tendencia progresista a la que incluso se señala como sanchista por algunos medios.

Alguien debió levantar el teléfono al conocer que se iba a producir esa presencia en la mesa sin que estuviera para compensarla algún peso pesado de la cuadrilla tertuliana habitual. Así que a pocas horas de que se encendieran los focos del plató, llegó la orden de desconvocarla y sustituirla de inmediato por el político Alberto Rodríguez, líder de Drago Canarias, el agente electoral de Coalición Canaria contra la izquierda y el nacionalismo de izquierdas, especialmente en la isla de Tenerife.

A María González la avisaron cuando faltaban solo dos horas para tomar su avión rumbo a Tenerife y la explicación que le dieron es que se iba a abordar un asunto de Aena y sus problemas con la legalidad vigente en materia tributaria y, claro, eso una mujer de izquierdas no lo iba a saber tratar como lo sabría tratar un hombre de izquierdas como Alberto Rodríguez.

El comunicado publicado en la web de RTVC fue modificado enseguida y sustituido el nombre de María González por el de Alberto Rodríguez, por supuesto sin ofrecer explicación alguna.

Ya iniciado el programa, una vez sentado en su butaca habitual, el líder de Drago tardó tan solo unos minutos en pronunciar las tres palabras mágicas por las que está presente tanto en los medios de comunicación públicos como en algunos privados como la Ser en Canarias: “Ángel Víctor Torres”. Lo hizo con ocasión de la crisis de Ceuta, que por supuesto se abordó tomando como referencia tan solo el testimonio de la líder vecinal más radical de la ciudad, sin contraste de ningún tipo. Ni falta que hace, claro.

La radio y la televisión públicas de Canarias continúan con su degeneración imparable y la tendencia no se va a corregir ahora que se acercan elecciones. La opinión de la plantilla no se tiene en cuenta para nada, como volvió a quedar demostrado ante la polémica generada por la presencia del empresario desokupa en ese debate televisado en directo. El comité intercentros emitió un comunicado con criterios puramente profesionales pidiendo que se cancelara y fue ignorado por completo.

Como le viene siendo constantemente en todas las extemporáneas y airadas decisiones que se vienen tomando en relación con la dirección de los servicios informativos de ambos medios.

Tampoco parece servir de nada la comisión de control que opera en el Parlamento de Canarias en la que se sientan algunas señorías que se desgañitaban en la legislatura pasada si aparecía en algún programa una entrevista con algún político de izquierdas. Ahora disfrutan de su comisariado político y de la televisión más contaminada de la historia de la autonomía.

No hemos podido ofrecerles en Canarias Ahora las necesarias explicaciones del administrador general, César Toledo, ni del director del programa La Retranca, Mayer Trujillo, que tienen en sus respectivos teléfonos móviles mensajes míos reclamándoles su versión, como corresponde. Pero eso les da igual porque están en lo que están y porque saben que la mayoría de los tradicionales medios informativos del archipiélago no se harán eco ni de esta ni de ninguna otra polémica porque tienen garantizada su cuenta de resultados con las producciones televisivas millonarias que tienen contratadas, a razón de unos 11 millones al año. 

Han pasado 21 años y no parece que haber contado la historia con todo lujo de detalles haya contribuido a evitar que se repita. José Manuel Soria López era presidente del Cabildo de Gran Canaria cuando aceptó la invitación de un empresario noruego -al que tramitaba expedientes de importancia trascendental- para viajar con él en su jet privado a pescar salmón a Noruega. Fue el llamado caso Salmón, que fue archivado por la justicia alegando que no hubo delito de cohecho porque aquel avión iba a volar de todos modos aunque Soria, su mujer y el hijo de ambos no lo hubieran abordado. 

En un pleno del Cabildo, con la altanería que siempre le caracterizó, Soria reconoció públicamente la existencia de aquel viaje, que tuvo una escala en Salzburgo para presenciar un concierto de su prestigioso festival de música, y que tres meses antes el empresario turístico, en nombre de Anfi del Mar, le había pedido la tramitación de una declaración de interés general para la urbanización Anfi Tauro.

No hemos aprendido nada. El mismo político que actuó de ese modo quiere que, para mejor proveer, al frente de la primera corporación grancanaria se pongan dos de sus ahijados: la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el actual diputado nacional y exconcejal de Urbanismo de Santa Brígida Carlos Sánchez. Lo dijo esta pasada semana durante una entrevista en Onda Guanche en la que se sintió tan a gusto que no le importó enseñar todas sus cartas empresariales, que siguen siendo políticas. O a la inversa, que nunca se sabe.

Carlos Sánchez se sentó en el banquillo de los acusados en media docena de ocasiones por su gestión al frente de lo público, como consta en las hemerotecas, y siempre salió triunfante, vaya usted a saber por qué, a pesar de los acontecimientos que protagonizó, algunos de ellos tan llamativos como dejarse perdonar los impuestos municipales de Santa Brígida cuando era concejal de Urbanismo o autorizar unos chalets en suelo rústico en el barrio de La Atalaya. Sólo consta una condena y se produjo en su faceta como empresario por incumplir un contrato de compraventa.

Ha alternado el mundo de los negocios con el de la política, y según consta en su declaración de bienes e intereses ante el Congreso de los Diputados, este último año obtuvo dividendos por importe de 25.000 euros de Bio Carburos, S.L., de la que es administrador mancomunado, y unos ingresos de 45.000 euros por “rendimiento laboral” provenientes de la empresa madrileña especializada en mantenimiento de carreteras y todo tipo de infraestructuras públicas Imesapi, habitual contratista del Cabildo de Gran Canaria. A Imesapi se le acaba de adjudicar, por ejemplo, la iluminación exterior de la Casa de Colón por casi 300.000 euros. 

No le ha ido peor en el PP, que lo acaba de hacer presidente en Gran Canaria por decisión de su dirección ejecutiva regional, sin pasar por congreso de ningún tipo, si es que existen, es decir, sin el respaldo de las bases, si es que existen.

Paquirrín y Onalia Bueno: “Somos humanos y tenemos ilusiones”

Onalia Bueno tiene una biografía mucho más abrupta que la de Carlos Sánchez. Porque la alcaldesa de Mogán cayó en desgracia en el PP al estallar el caso Góndola, y eso que el empresario al que se iba a beneficiar (y se benefició) con aquella operación era el mismo que el de Anfi Tauro, Santiago Santana Cazorla, por entonces socio de Bjorn Lyng cuando ya se batía en retirada antes de morir.

Cuando estalló aquel escándalo, Onalia Bueno era la mano derecha y el ojito derecho del alcalde de Mogán, Francisco González, que en una rueda de prensa el 8 de abril de 2008, en el hotel Iberia, de Las Palmas de Gran Canaria, describió a la perfección por qué él y ella habían llegado a aquel trance político-empresarial. Paquirrín, como se le conocía, responde a los periodistas por las conversaciones entre ambos detectadas por la Policía, particularmente por una en la que alcalde y primera teniente de alcalde, hablan de los negocios que quieren montar a partir de su desempeño en la política:

“A ver: se habla de una conversación con mi amiga Onalia en la que hablamos de que algún día tengamos que dejar la política y pensando en nuestro futuro teníamos pretensiones de hacer unos pinitos en el mundo privado. Eso es muy lícito: no estamos en China ni en Cuba, estamos en España… Y si digo ”tenemos que aprovechar la situación en la que estamos“ es porque estamos en una situación de privilegio, conocemos a mucha gente, tenemos muchos contactos, lo que no quiere decir que me tenga que aprovechar del Ayuntamiento”.

Este revelador discurso también incluyó un mensaje a la Policía, contra la que el PP canario, con José Manuel Soria a la cabeza, cargaron duramente por las detenciones del caso Góndola que afectaron a Paquirrín, a Onalia y al empresario Santiago Santana Cazorla, entre otras personas. En esa gloriosa rueda de prensa, el entonces alcalde de Mogán lanzó un mensaje a la Policía para que no estuviera “perdiendo el tiempo y que se dedique a cosas más importantes como garantizar la seguridad de los ciudadanos y no a perseguir a los políticos, sobre todo si son del Partido Popular”. Y se atrevió a decir que era capaz de relatarle las parcelas que él y Onalia Bueno querían comprar, una de ellas en Arguineguín, “frente a la boutique Tere”.

“Es que somos humanos y tenemos ilusiones”, resumió Francisco González los sentimientos que le embargaban en pleno escándalo de Góndola a él y a Onalia Bueno.

A pesar de que José Manuel Soria protegió a Paquirrín González y dejó fuera de las listas a Onalia Bueno en 2007, la estrella del exalcalde se fue apagando poco a poco mientras la de la actual alcaldesa adquirió fulgor a medida que rompía con su compañero del alma y montaba su propio partido lejos del PP. A Ciuca y Juntos por Mogán, los partidos por los que se ha presentado, y tras un breve flirteo con Coalición Canaria, en el que llegó a ser su fulgurante secretaria de Políticas Municipales, Bueno ha registrado ahora un nuevo partido, Bueno para Gran Canaria, que es la fórmula con la que parece que se va a presentar al Cabildo junto al PP.

Su historial judicial es mucho más abultado que el de su inminente socio Carlos Sánchez. Pero a diferencia de aquel, se ha sentado pocas veces en el banquillo pese a lo escandaloso de los casos en los que se ha visto envuelta y que ya le han acarreado dos detenciones policiales. Además de los tejemanejes urbanísticos de Góndola, causa con la que se pretendían operaciones beneficiosas para Anfi del Mar, la misma empresa del viaje del Salmón, Onalia Bueno ha tenido problemas muy graves con la compra de votos para conseguir la reelección en la alcaldía. Pero ha tenido la inmensa suerte del tradicional relajo de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Sólo el caso Góndola pasó por la mano de once jueces, once, hasta que acabó archivado -seguramente por aburrimiento- a manos de una jueza sustituta diecisiete años después de su apertura. Seguro que tuvo mucho que ver la destreza del despacho de Choclán.

Nada de eso parece haber retraído al PP para recuperar a la que fuera su alcaldesa gondolera. Pesa mucho su tirón electoral en el municipio, por encima incluso del rechazo que provoca en una buena parte de la organización por los sustos que puede volver a dar en cualquier momento por su forma de conducirse.

Pero esos modales y esa ausencia de respeto por la legalidad vigente seducen a otras muchas personas influyentes, como José Manuel Soria, que ahora se derrite en elogios hacia ella. El exministro conoce perfectamente el poder que tiene un cabildo, particularmente el de Gran Canaria, con un peso específico muy importante en materia de turismo, de carreteras, de medio ambiente, de políticas sociales… actividades de las que él ahora se ocupa como asesor e introductor de muchas empresas nacionales y extranjeras a través de su empresa Sorben Partners y de la consultoría internacional en la que se ha integrado como socio local, Grant Thornton Cuyás & Soria. 

Si Carlos Sánchez y Onalia Bueno han sido capaces de protagonizar hechos políticamente tan despreciables en sus diferentes cometidos en Santa Brígida y Mogán, es muy difícil imaginárselos ejerciendo con rectitud al frente de una institución tan influyente y tan apetitosa como el Cabildo de Gran Canaria. Y eso fascina a José Manuel, que les puede explicar con todo lujo de detalles cómo montar un caso Salmón y que los jueces te dejen escapar porque el avión iba a volar de todas formas a Noruega.

Aquí estaremos para contar a nuestros lectores todo lo que ocurra, si consiguen llegar al poder.

“Nuestro propósito era convertir Ceuta y Melilla en auténticas plataformas de conexión entre Europa y África, polos de desarrollo económico capaces de generar oportunidades, fijar población y reforzar su papel estratégico en la política mediterránea y africana de la Unión Europea”. Quien así se explica es José Segura Clavell, actual director general de Casa África y en aquel entonces, legislatura 1996-2000, diputado por Santa Cruz de Tenerife. Segura fue el autor y promotor de una proposición de ley ante el Congreso de los Diputados para dotar a ambas ciudades autónomas de un régimen económico y fiscal específico para paliar las graves desventajas competitivas que sufren esos territorios debido a su aislamiento geográfico, su reducida extensión y la carencia de materias primas.

La iniciativa del grupo parlamentario socialista contenía 37 artículos, cuatro disposiciones adicionales y ocho disposiciones transitorias y respondía a una demanda que, según recuerda su promotor, llegaba previamente formulada dos años antes por las propias ciudades autónomas, a través de sus asambleas.

La proposición de ley fue rechazada por el Congreso de los Diputados por 127 votos a favor y 156 en contra, con una abstención. El rechazo mayoritario fue del Partido Popular, que entonces gobernaba bajo la presidencia de José María Aznar.

El PSOE pretendía la declaración formal de Ceuta y Melilla como territorios francos a efectos aduaneros y comerciales, es decir, un régimen económico y fiscal específico, con el establecimiento de un blindaje para la inversión estatal de modo que, bajo ningún concepto, pudiera producirse una disminución del gasto público ordinario o de inversión que el Estado destinara a ambas ciudades.

Regiones ultraperiféricas

Muy en sintonía con lo que se reclama ahora, la proposición de ley socialista incluía encomendar al Gobierno español gestionar ante las instituciones de la Unión Europea el reconocimiento definitivo de Ceuta y Melilla como Regiones Ultraperiféricas, buscando un trato comunitario más favorable que atendiera de manera justa su lejanía y extrapeninsularidad.

En el plano impositivo y de fomento empresarial, la propuesta incluía medidas de gran calado, como una bonificación del 50% en la cuota del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para las rentas e inversiones generadas en las ciudades autónomas; una reducción del 99% en el Impuesto sobre Sociedades hasta el año 2006 para las entidades de nueva creación que cumplieran ciertos requisitos de inversión y empleo y el fomento para la creación de sociedades especiales de exportación y participación financiera orientadas hacia terceros países del Mediterráneo, cuya tributación se limitaría a un testimonial 1%.

En el aspecto laboral, la proposición Segura Clavell contemplaba una bonificación del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes y las del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

También se contemplaba que Ceuta y Melilla quedaran excluidas de los impuestos indirectos estatales habituales. Adicionalmente, se aplicaría una bonificación del 50% en las tasas públicas, los precios públicos y en los impuestos de carácter local y cedido (Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales).

Para rebatir las pretensiones socialistas, el PP encomendó la tarea a un peso pesado de la política ceutí, el diputado por esa circunscripción Francisco González Pérez, que lo fue en seis legislaturas y que llegó a ocupar el puesto de delegado del Gobierno en esa ciudad autónoma. Al igual que José Segura, González Pérez conoció Ceuta con motivo del servicio militar, entonces obligatorio, pero el diputado conservador se quedó allí a vivir. Falleció en 2015 con 54 años.

El portavoz del PP acusó al PSOE de desconocer los avances logrados bajo el gobierno de Aznar y de “insensibilidad” por la etapa socialista previa a 1996. Detalló las medidas ya implementadas por el Ejecutivo, como la implantación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), las nuevas deducciones del 50% en el IRPF y la actualización de las reglas de origen. Criticó que el PSOE hubiera recurrido la regulación del IRPF ante el Tribunal Constitucional y tildó de “falta de consideración total” presentar un solo proyecto para dos ciudades con realidades distintas. Finalmente, anunció que el Grupo Popular presentaría una proposición no de ley para instar al Gobierno a tramitar proyectos de ley específicos y complementarios para cada ciudad.

Cuando empecé en este oficio en 1982 a los fascistas españoles se les acababa de ir de las manos su nostalgia. Era octubre, a principios de mes. Acudí al aeropuerto de Gran Canaria, enviado por mi periódico, Canarias7, a cubrir una rueda de prensa del candidato a La Moncloa por el PSOE, Felipe González. Estaba pletórico, convencido de su inminente victoria, contando a los presentes lo que iba a hacer después de formar gobierno. Yo le pregunté por la eventualidad de que pudiera no ganar o no gobernar. Y me contestó expeditivamente que no contemplaba un plan B, que iba a arrasar. Y así fue: el PSOE obtuvo nada menos que 202 diputados y comenzó entonces una era felipista que duró casi catorce años.

González y el PSOE emplearon para aquella campaña un eslogan muy potente: “Por el cambio”. Y efectivamente, el régimen franquista se resistía a dar paso a los nuevos tiempos y aquel intento de golpe de estado de 1981 fue la principal demostración y seguramente lo que acabó empujando a muchísima gente a alejarse definitivamente de la UCD y apostar por el PSOE. El cambio significaba no solo pasar página respecto al franquismo y todos sus fantasmas, sino también remover de muchísimos puestos decisivos de las administraciones, de las fuerzas armadas y de las de seguridad del Estado a todos aquellos que no aceptaban la decisión democrática de los españoles de dar paso a los nuevos tiempos. ESA asignatura, por lo que se está viendo ahora, sigue pendiente porque a aquellos golpistas los han sucedido otros y hay más calentando en el banquillo.

Paradójicamente, el cambio es la terminología propagandística que está empleando la ultraderecha internacional para imponer el retroceso en derechos que se nos viene encima. Me impactó muchísimo una película que vi recientemente, Anniversary, en la que se avanzan escenarios fácilmente creíbles si tenemos en cuenta los ingredientes que están aportando los líderes de la internacional fascista, con Trump a la cabeza. El manual que rige en esa película se titula precisamente El Cambio.

Ya saben de lo que hablan: de acabar con la inmigración y con los inmigrantes; de eliminar cualquier política de lucha contra el cambio climático o contra la violencia de género; de la ley de la selva para la educación, la sanidad, la igualdad… Y para imponer eso les estorbamos los periodistas. Al menos los periodistas honrados, los que mantienen su compromiso original con este oficio: verdad, objetividad, contraste, fidelidad a las fuentes y defensa de los derechos, empezando por el de la libertad de expresión y a la información veraz.

Es necesario que esto se cuente para que nadie se llame a engaño. Y que se cuente con todos sus elementos y con todos sus matices. Y eso solo lo pueden hacer los buenos periodistas. Pero esos periodistas estorban porque basta con contar lo que hacen donde ya gobiernan los extremistas y lo que dicen donde quieren gobernar para alarmar a una buena parte de la población, la poca que mantiene cierta inquietud por estar bien informada.

La irrupción de determinados programas de marcado carácter informativo en la parrilla de Televisión Española y el éxito que están cosechando entre la audiencia les ha provocado la alarma. Creían que con los tradicionales magazines de Ana Rosa Quintana, Nacho Abad y Susanna Griso; con shows como el de Pablo Motos o aquelarres como el de Iker Jiménez, la población ya estaba suficientemente informada de lo que tiene importancia.

Pero, de repente, profesionales como Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Gonzalo Miró, Adela González, o hasta hace poco Javier Ruiz, irrumpieron en millones de hogares españoles con una verdad distinta a la que se había convertido en indiscutible, e inmediatamente ellos y sus equipos de profesionales son señalados por el Partido Popular y por Vox como apesebrados de Pedro Sánchez y su Gobierno. No soportan que pueda establecerse entre la opinión pública española un relato distinto que el que les interesa y, en vez de acudir a esos platós a los que se les invita a rebatir lo que cuentan, calientan la calle para que se les ataque como hemos visto estos días que han sido atacados.

La verdad estropea sus planes

En realidad les jode la verdad y por eso atacan a los periodistas que intentan acercarse a ella todo lo que se pueda y ofrecerla a sus telespectadores, a sus oyentes, a sus lectores. Porque la verdad estropea sus planes y revela lo que realmente esconden.

Ha ocurrido prácticamente en toda España, incluida Canarias, que no está exenta de energúmenos fanáticos, envueltos en la bandera de España, eso sí, capaces de atacar a reporteros que salen a la calle a hacer su trabajo honradamente, contando lo que está sucediendo, el número de personas según cada fuente, los gritos que se profieren, las pancartas que se agitan, las banderas en presencia… Y las agresiones que sufren sencillamente por trabajar para un medio de comunicación público cuyos responsables han decidido sencillamente cumplir con su obligación.

Es verdad que al respeto a la profesión periodística no contribuyen mucho unos cuantos colegas que no solo no condenan estas agresiones y estos insultos, sino que además se dedican constantemente a soliviantar a las masas para que no cambien de actitud y perseveren. A esos colegas debemos sumar esa pléyade de cantamañanas divulgadores de contenidos que ven incrementar sus ingresos en la misma proporción que el número de borregos que les siguen y el tamaño de burradas que sueltan en sus correspondientes plataformas.

Repasando estos días los papeles del 23-F desclasificados por el Gobierno me tropecé con el relato que los servicios de inteligencia de entonces (1982) hicieron de un incidente protagonizado durante el juicio a los sediciosos por el periodista Miguel Ángel Aguilar. Trabajaba entonces para El País, pero cubría el juicio para la Asociación de la Prensa de Madrid. En la sesión del 5 de abril testificaba el general Sáenz de Santamaría, militar leal a la Constitución, que tuvo la ocurrencia de llamar “rehenes” a las personas recluidas en el Congreso de los Diputados por los golpistas. Estos se sintieron ofendidos y, muy airados, se levantaron profiriendo improperios y amenazando con abandonar la sala de vistas a pesar de las advertencias del presidente del tribunal, que llegó a sugerir al testigo que retirara la expresión para no ofender a los acusados. El golpismo campando a sus anchas.

Miguel Ángel Aguilar, fuera de la sala de vistas, presumió de ser amigo de Sáenz de Santa María y defendió su argumento: que los diputados y diputadas secuestrados en el Parlamento por el teniente coronel Tejero eran rehenes, como no podía ser de otro modo. Solo eso le valió que le increpara el público presente y llevara a sus acompañantes a sacarlo de allí por el peligro que podía correr. La historia se repite.

El golpe de Tejero, Armada, Milans del Bosch y compañía fracasó porque hubo una mayoría de medios de comunicación, incluidos algunos tradicionalmente muy conservadores, que no lo respaldaron. Pero no son esas las circunstancias que se dan en estos momentos porque a cabeceras conservadoras como ABC, El Mundo o El Confidencial, y esa ristra de medios ultras como El Español de Pedrojota, OKDiario, Libertad Digital, El Debate o The Objetive se suman poderes del Estado desesperados (jueces, fiscales, policías, guardias civiles…) que no disimulan su fervor por que vuelva a gobernar la derecha, sola o en compañía de la ultraderecha.

Entusiasmados por la financiación que parte de las instituciones que gobierna el PP, esos medios olvidan que cuando los fascistas están envalentonados, arrasan con todo, y los periodistas somos un objetivo fácil de batir porque no llevamos armas, la policía tarda en venir a protegernos (cuando viene), muchos jueces se suman a la causa y nuestra existencia mortifica a más personas que están deseando que desaparezcamos del mapa para vivir en un mundo instalado en la mentira y la mamarrachez.

Pero, como ocurrió entonces, en 1982, cuando todavía pretendían hacernos creer que el golpe era necesario y hasta saludable, ahora se les está yendo la euforia de las manos. Y basta con que los periodistas, los de Radiotelevisión Española y los demás, contemos lo que están haciendo y lo que pueden ser capaces de hacer, lo que hacen en otros países del mundo donde han conseguido llegar al poder, lo que hacen en las comunidades autónomas donde ya gobiernan, aunque sea disimuladamente, para que la gente se de cuenta de que nos quieren devolver a los tiempos del palo y tentetieso.

No hemos llegado hasta aquí para rendirnos. En Canarias Ahora hemos sufrido la persecución de personas muy poderosas y corruptas que han empleado en ocasiones los mecanismos del Estado para apabullarnos y no nos hemos rendido. No lo vamos a hacer ahora porque contamos con miles de lectores y lectoras que nos apoyan y a los que les pedimos también que corran la voz.

Lo ha vuelto a hacer el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, liderado por José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, y Carlos Tarife, del Partido Popular, asistidos en la banda de la extrema derecha por el portavoz “nacionalista” (y dos piedras) José Alberto Díaz-Estébanez, que está a un tris de hacerse de Vox. La ocasión, la convocatoria por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de una manifestación este miércoles para protestar por los sucesos de Ceuta y, teóricamente, mostrar su solidaridad con ese pueblo, que vive momentos de tensión muy preocupantes.

Es conveniente recordar que la convocatoria parte de la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, del PP de toda la vida, que la lanzó sin encomendarse a su junta directiva, algo que hubiera sido muy saludable teniendo en cuenta la cantidad de sensibilidades de todo tipo que se agolpan en una organización de 7.410 entidades locales, entre ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.

Pero si hubiera que dar por buenas las intenciones de la convocatoria, la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, de ellas colgaron luego los enunciados de las convocatorias en las que cada alcalde o alcaldesa ha aprovechado para hablar de su libro.

Así, la alcaldesa de Mogán, nuestra musa Onalia Bueno, lanzó para la ocasión un vídeo en redes sociales bastante bochornoso en el que mezcló la llegada de cayucos al puerto de Arguineguín en 2020 con la crisis provocada en Ceuta, obviando no sólo las evidentes diferencias entre ambas y esquivando contar cuál fue su comportamiento insolidario y racista de entonces, como relata muy bien en este artículo mi compañera Teresa Cárdenes.

En Arrecife, su alcalde, Yonathan de León, del Partido Popular, tampoco quiso perder la oportunidad de meterle un dedo en el ojo a la oposición y el Gobierno socialista y lanzar todo tipo de soflamas, mayormente coincidentes con las que lanza la entidad que refuerza la convocatoria de la FEMP en Lanzarote, Hazte Oír, que le está cogiendo el gustillo a pinchar en sus algaradas callejeras conejeras (no majoreras).

En Puerto del Rosario el consistorio fue mucho más prudente, seguramente por la presencia del PSOE en el gobierno municipal. Y la declaración lanzada por su Junta de Gobierno tras acordar respaldar la manifestación es un ejemplo de responsabilidad y compromiso institucional, además de un llamamiento a la mesura en momentos tan delicados para la política y los derechos humanos.

Pero donde a Coalición Canaria volvieron a saltársele los plomos fue en Santa Cruz de Tenerife. En su comunicado oficial de convocatoria se entrecomillan declaraciones de su alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), que, como mínimo, perjudican las políticas del Gobierno de Fernando Clavijo para con Marruecos. Aunque trata de revestir su declaración de preocupación por los derechos de las personas migrantes, Bermúdez no se resiste a hacer una peligrosa incursión en la geopolítica y en las relaciones bilaterales de España y Marruecos. Así, entre otras proclamas, suelta que “la solidaridad con Ceuta debe ir acompañada de una defensa inequívoca de la legalidad, de la integridad territorial del Estado y de unas reglas claras que garanticen que situaciones como esta no puedan volver a producirse sin una respuesta firme y coordinada de las instituciones”. No deja claro que lo ocurrido haya sido una agresión a España del país de donde procedieron las 70.000 personas que entraron a Ceuta hace ya un mes.

Pero el que vuelve a bordarlo es el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y concejal de Hacienda, además de diputado regional y parlanchín profesional en diversas tertulias retro, José Alberto Díaz-Estébanez. En el mismo comunicado del consistorio en el que se convoca a la gente a manifestarse el miércoles, el que fuera también concejal de Hacienda en el escándalo de Las Teresitas suelta estas perlas: “Existe una preocupación evidente ante la falta de reglas claras y de compromisos inequívocos frente a un vecino capaz de utilizar distintos medios para alcanzar sus objetivos. Canarias y Ceuta sabemos que vivimos en espacios geográficos con una enorme complejidad y que la estabilidad, la seguridad y la defensa de nuestros territorios no pueden depender de la improvisación ni de respuestas tardías”. Por eso, a su entender, la concentración a cuyo frente se va a colocar junto a su alcalde, “tiene también un profundo significado político. No se trata únicamente de expresar solidaridad, que es imprescindible, sino de recordar que Ceuta es España y que sus ciudadanos tienen derecho a saber que, cuando atraviesan una situación extraordinaria, no van a quedarse solos ni a depender de decisiones que llegan cuando el daño ya está hecho”.

Tanto Bermúdez como Estébanez, con la ayuda impagable de Carlos Tarife, atacan al Gobierno de España y sus relaciones con Marruecos sin percatarse que también se llevan por delante la estrategia de Fernando Clavijo, líder de su partido y presidente del Gobierno canario, de encontrar puntos de encuentro con el vecino en aquellas materias en las que es competente la Comunidad Autónoma de Canarias. Solo en esta legislatura, Clavijo ha viajado tres veces a Marruecos con el fin de establecer lazos de amistad en materias aparentemente inocuas pero con las que Clavijo trata de transmitir al país vecino que Canarias quiere sumarse al nuevo escenario abierto desde que España accedió a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara que aún no ha sido convenientemente explicada. Como seguramente no llegarán a ser convenientemente explicadas las causas y la identidad de los responsables de los sucesos de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

En esos viajes a Marruecos, siempre según la versión oficial del Gobierno de Canarias, se ha tratado de fortalecer algo que el ejecutivo llama “eje Atlántico” para afianzar “una relación basada en la buena vecindad, la cooperación institucional y el interés común”. De la importancia que Canarias da a estas relaciones puede ser reflejo el tamaño de la expedición que viajó el pasado mes de enero: además de la consejera de Universidades, el director general de Relaciones con África, y los rectores de las dos universidades públicas de Canarias, viajaron los presidentes de las dos autoridades portuarias canarias; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Virgilio Correa, la delegada de Proexca en Marruecos, Elvira Butler; el presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, Sergio Batista, así como el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia, y el presidente de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales, entre otros.

Tras esa última visita, el presidente canario llegó a afirmar que gracias al trabajo continuado “se han ido tejiendo conexiones, esos puentes necesarios para dejar de hablar de que Canarias tiene una oportunidad por su posición en el Atlántico Medio y convertirlo en una realidad”.

No solo dentro de su partido tiene un problema de verborrea Clavijo. Su socio y vicepresidente, Manolo Domínguez, no se ha querido quedar fuera de la fiesta. En unas recientes declaraciones a Libertad Digital, el también presidente del PP canario ha dicho que “el Gobierno de Sánchez se ha tomado a broma la relación con Marruecos. Si hubiera habido desde el principio diálogo y respeto, estaríamos en otra situación. Pero, cuando tú eres el rey de Marruecos y ves enfrente a una persona como Pedro Sánchez, con el que puedes hacer lo que te da la gana, aprovechas la situación. Hay que cambiar la relación con Marruecos para que haya respeto por ambas partes”.

Debe pesar mucho en el ánimo de estos políticos de estrategia restringida la presencia en la ecuación de Ángel Víctor Torres, ministro plenipotenciario del mando único para la crisis de Ceuta y seguro repetidor a la presidencia del Gobierno canario en 2027. Al que las encuestas, dicho sea de paso, siguen colocando como ganador a pesar de la crisis que ahora ha de comerse.

Mientras tanto, Fernando Clavijo, en la línea de la prudencia y del fortalecimiento de su “eje atlántico” ha transmitido un mensaje evidentemente conciliador. Desde el primer minuto habló de “establecer una política de carácter diplomático con Marruecos”, no sin dejar de manifestar su preocupación por los sucesos.

Me van a permitir que hoy hable de mí. Y que empiece agradeciendo a tantísimas personas que me han transmitido su solidaridad y su ánimo ante el absurdo judicial que estoy viviendo desde hace casi cuatro años, desde que el exjuez delincuente Salvador Alba Mesa y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) Teresa Lorenzo Establier me interpusieran una querella sencillamente por contar con todo el detalle del que hemos sido capaces en Canarias Ahora el que puede considerarse primer caso de lawfare con condena en España.

La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de desbaratar parte de la disparatada instrucción judicial alivia bastante pero no disipa mi indignación por tener que responder como acusado sencillamente por haber informado de unos hechos gravísimos. No hay fecha aún para sentarme en el banquillo en el Juzgado de lo Penal 11 de Madrid para responder por los delitos de revelación de secretos y acoso, una vez descartado el de odio y la agravante de enriquecimiento ilícito que figuran en el escrito de acusación por los que tuve que depositar una fianza de 422.000 euros.

Alba no inició con esta querella su cacería contra mí. Desde el momento en el que su condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre 2021, empezó su cruzada para tratar de descalificar lo que publicamos sobre sus andanzas para ir amoldando de ese modo la historia real a su alocada tesis de que la víctima de lo que ocurrió fue él y no la magistrada Victoria Rosell, a la que persiguió para tratar de agradar a quien le había prometido todo su apoyo para hacerlo vocal del Consejo General del Poder Judicial: José Manuel Soria, por entonces ministro en el gobierno de Mariano Rajoy.

No disimuló nunca en absoluto su convicción de que si todo se hubiera hecho sigilosamente, sin que se enterara la opinión pública, no habría habido escándalo porque sus excesos se podían haber reconducido o directamente tapado. No contaba con la existencia de una grabación que lo delataba, y mucho menos con que pudiera haberse entregado a un periodista (yo) para que fuera publicada en un periódico de circulación nacional (eldiario.es) y estallara uno de los mayores escándalos judiciales de este país.

Tampoco contaba con que a su comportamiento se le hiciera un seguimiento periodístico estricto y riguroso: cómo se escondía de las notificaciones del Consejo General del Poder Judicial, cómo se fue de vacaciones a las Maldivas habiendo presentado un sospechoso parte de baja médica y dejando a medias la sentencia del mayor caso de corrupción del PP canario, cómo alegó una enfermedad que le impedía volar el día antes de tener que ingresar en prisión, quiénes eran los médicos que se prestaban a esas trapisondas, su presencia con posado incluido en un mitin de Ortega Smith, o en una cena privada con Santiago Abascal; o cómo trató de extender su mierda grabando a otros compañeros de profesión para aparentar que él no era peor que ninguno…

Los periodistas, imprescindibles

Como lawfare de alta calidad que se precie, no faltaron en este los medios de comunicación que respaldaron a Alba, incluso algunos hasta el final, cuando ya se habían confirmado los delitos. El diario El Mundo, el más destacado, se tragó todas las resoluciones de Alba sin el más mínimo contraste hasta que apareció la grabación, y Confilegal llegó tan lejos que su director, Carlos Bellver, llegó a ejercer de jefe de prensa del exjuez delincuente redactando incluso una nota de prensa que este distribuyó. Bellver ha asumido hasta el final las tesis de Alba, escribiéndole incluso el prólogo del libro que escribió ya condenado.

Para que no quede duda del cariño que Alba me profesa, en ese libro me describe así: “Es un aficionado al periodismo que publica una especie de web que se llama canariasahora.com, en la que se dedica a poner a parir a todas aquellas personas, políticos, empresarios, jueces, que por alguna razón tienen la osadía de contrariar sus ideas o sus acciones. Un tipo de mediana estatura, algo rechoncho y con aspecto de seminarista. Es un auténtico sicario del periodismo. Solo utiliza su medio de comunicación para extorsionar, chantajear o hundir mediáticamente a cualquiera que se le ocurra”.

Así aparezco descrito en las primeras páginas de la presunta novela Injuria, el libro que escribió cuando ya estaba siendo buscado por las fuerzas del orden para que ingresara en prisión a cumplir la condena de seis años y medio que se le impuso por delitos tan graves como la prevaricación, el cohecho y la falsedad en documento judicial. La editorial que se hizo cargo de esa obra, Cajón de sastre, incluyó en su sinopsis la tesis que Alba defendió desde que se descubrió la conspiración que lideró contra la magistrada Victoria Rosell: “Es una historia real. Lo que el lector tiene en sus manos es un relato de lo ocurrido y de lo que jamás debe volver a ocurrir. Una historia de injusticia, de envidias y odios. Una historia de venganza desproporcionada envuelta en un halo de hipocresía. Intrigas judiciales, manipulación de tribunales y jueces”.

Es exactamente su tesis victimista, el relato contrario al lawfare que él protagonizó. Pero la perseguida ya no es Victoria Rosell, la candidata de Podemos al Congreso de los Diputados en las elecciones de diciembre de 2015, que competía con José Manuel Soria, que acabó ganando por 9.000 votos. Ahora el perseguido soy yo porque aquella conspiración la perdió porque la pudimos contar y porque no quiere que se siga hablando de él, que contemos que intentó colegiarse como abogado en el colegio de Las Palmas para ejercer como si nada hubiera pasado y transitar los mismos pasillos y las mismas salas de vistas que la que fuera entonces su víctima.

No quiere que existan periódicos ni periodistas que se atrevan a contar que una parte de la justicia está corrompida y que algunos de sus colegas no han aprendido la lección porque alguno de ellos podría tener que ayudarle en el futuro como algunos de ellos le trataron de ayudar en el pasado.

Es muy jodido sentirse perseguido injustamente por la justicia. Porque es la justicia la que le ha hecho caso a este delincuente y la que me sienta en el banquillo después de una instrucción que no resistiría el más elemental examen de primero de Derecho Procesal. La misma justicia que ha condenado por el mismo delito de revelación de secretos por el que voy a juicio nada menos que al fiscal general del Estado, la que no piensa levantar el pie del acelerador hasta que gobiernen los suyos.

No nos vamos a callar, no me voy a callar. No tengan duda. Ni vamos a plegarnos para conseguir una sentencia favorable porque estamos convencidos de que tenemos la razón y que nos la tienen que dar.

Seguiremos informando del Salvador Alba Mesa y de Teresa Lorenzo Establier cada vez que consideremos que sus actos son noticiables y de interés para la comunidad. Caiga quien caiga.

“Yo soy el accionista mayoritario”. Con esas palabras definió su posición política Fernando Clavijo en diciembre de 2016 ante la que era su socia y vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández, en los momentos en los que se quebraba el pacto entre Coalición Canaria y el PSOE tras un buen ramillete de desencuentros. Hernández trataba de hacer ver al por primera vez presidente de la autonomía que no debía estar conduciendo de la manera que lo hacía, es decir, imponiendo a su socio decisiones que no se habían discutido en el seno del Gobierno y, lo que es peor, puenteando a los consejeros y consejeras socialistas haciendo valer su condición de líder del partido con más diputados en la cámara regional.

Clavijo no puede presumir ahora de tener más diputados que nadie porque en 2023 le ganó el PSOE, pero sí puede recordar a su socio, el Partido Popular, un día sí y el otro también, que tiene cuatro más y que sigue siendo, por tanto, el accionista mayoritario del cortijo. Y ya sabe el PP, porque la política canaria está plagada de antecedentes estrambóticos, que si los populares se ponen flamencos, Clavijo es capaz de echarlos y ponerse a gobernar con el apoyo del PSOE, partido en el que hay algunos dirigentes bastante predispuestos.

Teóricamente debería estar siendo bastante incómodo mantener un Gobierno como el canario, con dos partidos que solo parecen estar de acuerdo en que hay que permanecer juntos, sea como sea, porque no es que haya frío ahí fuera, sino que se avecina temporal en 2027 y no es bueno estar desguarnecido cuando se produzca.

Por eso el PP ha aguantado con estoicismo el desplante del presidente Clavijo con el modelo de financiación autonómica, pactado a espaldas de la consejera de Hacienda, Matilde Asian, y del mismísimo vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Domínguez, que ya sabemos que pinta poco, pero que tiene su corazoncito.

Aunque se haya tratado de ocultar, Domínguez ni siquiera se personó en el último Consejo de Gobierno, o al menos no llegó a tiempo para la foto de rigor, con lo que al hombre le gusta una fotografía.

Su consejera de Hacienda, que lo es también de toda Canarias, optó por pedirse dos días de vacaciones, los pasados martes y miércoles, de modo que no tuviera que pasar el mal trago de acudir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera a votar a favor de lo que su partido quiere que se vote en contra. Es de esperar que los dos días le sean descontados efectivamente de sus vacaciones, porque de lo contrario estaríamos ante un flagrante caso de absentismo laboral, de esos que anda denunciando con pésima fortuna el presidente nacional de su partido.

Resultó de tal envergadura la ruptura de Canarias con el consenso pepero y, por lo tanto, la jugada de los ministros España y Torres, que el partido de Feijóo pidió con urgencia la desconvocatoria de la reunión porque habría dado lugar a un problema interno en el partido ante la evidencia de que el nuevo sistema va a sacar a algunas autonomías como la valenciana o la andaluza del agujero de financiación que vienen sufriendo desde hace años.

No es la primera gran discrepancia entre estos dos socios tan bien avenidos. La migración lleva años provocando serias tiranteces por la posición del PP de negarse a aplicar la ley y asumir los cupos de acogida de menores migrantes no acompañados que corresponden a cada autonomía. Manolo Domínguez dice que hace lo que puede, que viene a ser exactamente nada, para convencer a sus colegas de otros territorios para que se dejen de zarandajas, mientras se recrudece tanto dentro de su partido como en su socio natural, Vox, el discurso antimigratorio con todas sus derivadas racistas y de odio.

La fuerza del socio débil

Pero volviendo a Canarias, el accionista mayoritario del cortijo sigue exprimiendo a su gusto la debilidad actual que presenta el PP y lo que se le viene encima. Las encuestas siguen insistiendo en que el partido de Núñez Feijóo va a sufrir un llamativo estancamiento en Canarias, cuando no un retroceso a manos de Vox, tanto en las generales como en las autonómicas del año que viene. Y esa tormenta hay que enfrentarla desde dentro de las instituciones pagando el precio que sea, incluido el de la humillación y el puenteo al que se le viene sometiendo.

Clavijo, por su parte, conoce esa debilidad del PP y por eso la explota tan descarnadamente. Se le ha abierto una pequeña fisura por la isla de La Gomera, a pesar de la estrecha amistad que sigue teniendo con Casimiro Curbelo, pero está convencido de que puede aguantar lo que queda en el convento sin necesidad de mayores crisis que las ya vividas.

Porque si fuera a aplicar la plantilla que Coalición Canaria ha aplicado en otras ocasiones, hace ya tiempo que debía haber dado puerta al PP. Es bueno recordar que a Jerónimo Saavedra lo echó de la presidencia del Gobierno su vicepresidente, Manuel Hermoso, por unos comentarios godos de Carlos Solchaga sobre la reforma del REF. Y que a Patricia Hernández el mismísimo Clavijo se vio obligado a destituirla tras varios desplantes relacionados con el déficit sanitario (que el presidente intentó gestionar puenteando el consejero de entonces) y por el reparto del famoso Fondo de Desarrollo de Canarias a través de los cabildos, lo que condujo incluso a que los consejeros socialistas se levantaran y se mandaran a mudar en medio de un consejo de gobierno para no tenerlo que votar en contra.

Nos queda un final de legislatura que vendrá cargado de gestos como el que esta pasada semana protagonizó desde sus escaños en la oposición el PP en Telde. Lejos de abordar asuntos tan importantes para la ciudadanía como la grave contaminación que sufre el litoral de ese municipio por la política negligente del consistorio, los concejales populares elevaron al pleno una moción reclamando la dimisión de Pedro Sánchez. Sólo votaron a favor de esa iniciativa los concejales del grupo proponente y los de Vox. Se van configurando las futuras alianzas.

La Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) sigue siendo un saco sin fondo para su Ayuntamiento. Lo fue desde sus inicios, cuando la mayoría de Gobierno, con Miguel Zerolo (Coalición Canaria) al frente, le otorgó a Sacyr Agua la explotación de esa compañía y consecuentemente la gestión del ciclo integral del agua a cambio de una millonaria aportación (59 millones) que se le fue devolviendo ilegalmente hasta que se descubrió el chanchullo. Ahora, 19 años después, hay que pagarle a la empresa, de la que el consistorio tiene menos del 5%, 10 millones de euros en concepto de lucro cesante por haberse mantenido concegaladas las tarifas entre los años 2015 y 2023, según el grupo de gobierno “por ser los años de mayor crisis económica”.

Para habilitar la correspondiente modificación presupuestaria, el Ayuntamiento celebró este viernes un pleno extraordinario en el que volvieron a aflorar fantasmas del pasado siempre agazapados en esa Corporación. De entrada, el concejal de Hacienda que defendió la propuesta, José Alberto Díaz-Estébanez, era el mismo que firmó desde el mismo puesto el famoso pelotazo de Las Teresitas, cuyo quebranto económico de 52 millones para las arcas municipales se pretendió resarcir precisamente con los 59 millones de euros ingresados por Sacyr para hacerse cargo de Emmasa, dinero que Coalición Canaria decidió, acto seguido, írselos devolviendo durante los siguientes veinticinco años.

Pero ahora Coalición Canaria gobierna con el PP y el concejal encargado de los servicios públicos, entre ellos el del agua, es Carlos Tarife, que acusó “al socialismo” de pretender que los chicharreros se queden sin agua o que no se depure bien, poco más o menos. Y todo porque la portavoz del PSOE y exalcaldesa de la ciudad, Patricia Hernández, rechazó el acuerdo que se llevaba a pleno por considerar excesivos los 900.000 euros de intereses que habrá que pagarle a Emmasa, que no desembolsó ni un euro por tal concepto por la famosa devolución de los 33 millones (a 3,3 al año, durante diez) que ha se había quedado indebidamente de los 59 adelantados por Sacyr.

El grupo de gobierno asegura que con este acuerdo con Emmasa, el ahorro por intereses que correspondería pagar por ejecución de varias sentencias judiciales ganadas por la compañía es de 2,35 millones de euros.

Presumió el concejal Tarife en su intervención de lo baratas que son las tarifas del agua en Santa Cruz de Tenerife si se las compara sobre todo con municipios gobernados por socialistas. No es lo que sostuvo en el pleno la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, quien dijo que han subido desde 2022 un 18,9% la de abastecimiento y un 24,3 la de alcantarillado.

Pero ahora habrá que prorratear entre cada contribuyente -sea o no abonado de Emmasa y consuma el agua que consuma- estos 10 millones de euros que van a parar de nuevo a la compañía.

El acuerdo adoptado este viernes habrá de pasar el filtro del Consejo Consultivo de Canarias y, a continuación, de los servicios jurídicos y la intervención del propio Ayuntamiento, según anunciaron los concejales responsables de defenderlo.

“Cuando Marchena y la Sala II del Tribunal Supremo decretaron el archivo de los decretos dictados por Fernando Clavijo, me llegó la orden de Santos Cerdán de que no presentara recurso (...) y como no la obedecí, sufrí como castigo que me apartaran del escaño de senador en representación de Canarias”. Así se ha expresado el exsenador socialista tinerfeño Santiago Pérez en una larga conversación con este periódico para hacer balance de uno de los escándalos protagonizados por el actual presidente del Gobierno canario, el caso Reparos, del que acaba de retirarse como denunciante y acusación particular en disconformidad con la última resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ha decidido mantener a una sola persona como imputada, el último alcalde de Coalición Canaria en La Laguna, José Alberto Díaz.

Es ahora cuando Santiago Pérez (La Laguna, 1954) ha decidido contar públicamente lo ocurrido en torno a los episodios que se sucedieron después de que Clavijo decidiera aforarse como senador por la Comunidad Autónoma para que los litigios impulsados por el político socialista pudieran sustanciarse en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, comandada entonces por el canario Manuel Marchena.

El veterano político socialista, ya retirado de la primera línea de fuego, vio cómo el caso Reparos se tropezaba con el criterio del poderoso magistrado y sus compañeros de sala con argumentos que él descalifica hasta el punto de opinar que existen dos varas de medir en el alto tribunal español: “Es como si la Sala II del Supremo aplicara un criterio para los políticos de izquierdas, con el que puede condenarse por prevaricación a siete años de inhabilitación a la alcaldesa socialista de San Juan de La Rambla por reconocerle y pagarle 4.220 euros al medianero de una finca expropiada por el Ayuntamiento; y otro criterio distinto para los del PP y sus aliados ultraperiféricos, que permite convertir en meras irregularidades y decretar el archivo de 127 decretos investigados por prevaricación, todos y cada uno de los cuales la Intervención General del Ayuntamiento calificó como nulos de pleno derecho, y mediante los que se comprometieron y pagaron ilegalmente 60,352 millones de euros entre enero de 2011 y mayo de 2019”.

Las tomaduras de pelo de Marchena

No recurrió aquel archivo ante el Supremo porque dice no aceptar “tomaduras de pelo, ni de Marchena ni de nadie cuando estoy defendiendo la legalidad y la buena administración del dinero de los contribuyentes”. Y explica así su decisión de mantener viva la causa en los juzgados canarios, concretamente en el 4 de La Laguna, y ante la Audiencia Provincial: “Si Cerdán llegó a creerse lo que le dijo Clavijo, eso de que los socialistas canarios somos simples medianeros de los jefes de Madrid, estaba equivocado. Al menos conmigo y con muchas y muchos compañeros socialistas del archipiélago. Cuando recibí esa orden, comuniqué a la dirección del Grupo Socialista del Senado que si se declaraba también el archivo de la parte principal de la investigación que se instruía en un juzgado de La Laguna, sí presentaría recurso. Y eso es lo que he hecho hasta en tres ocasiones desde la primavera de 2023”.

Por eso cayó en desgracia en su partido de toda la vida, que no permitió que repitiera como senador sin recibir explicación alguna hasta la fecha. Fue el pago por no haber aceptado nunca “órdenes de nadie en lo que respecta a lo ocurrido en el Ayuntamiento de La Laguna. Y, en este [caso Reparos] y en otros casos, como el de Las Teresitas, [del que también fue denunciante] siempre he tratado de liberar al PSOE de ese tipo de presiones de ATI-Coalición Canaria. Nunca he tenido otra obligación que la de cumplir mis compromisos electorales con los ciudadanos laguneros, tinerfeños y canarios”.

Pérez está convencido de que tras las instrucciones de Santos Cerdán subyacían las negociaciones con Coalición Canaria para conseguir su voto favorable al Gobierno en el Congreso de los Diputados. “No es la primera vez que, además de lo que llaman la Agenda Canaria, exigen bajo cuerda total impunidad para algún caso de corrupción. Lo hicieron con el caso Floreal. Y, después de lograr el archivo, traicionaron a Jerónimo Saavedra con una moción de censura. Y también lo han hecho en otros casos”.

La obligación de un cargo público

Tres años después de que Marchena diera carpetazo al asunto en el Supremo desoyendo el criterio de la Fiscalía, que enfatizó que cada uno de los decretos de Clavijo y de los demás investigados se dictaron “contraviniendo de forma grave la Ley de Contratos del Sector Público”, es decir, el leitmotiv del caso Reparos, Santiago Pérez decide parar y abandonar la acusación. “He tomado la decisión de dejar de ejercer la acusación popular”, argumenta, “porque el juzgado de instrucción, y ahora también la Audiencia Provincial, van extendiendo a los demás investigados la amnistía que Marchena concedió a Clavijo. Y porque no tengo la obligación de seguir reemplazando a una Fiscalía que, cumpliendo órdenes de Luzón [el fiscal jefe Anticorrupción], ha abandonado en este caso su principal función constitucional: promover la acción de los tribunales en defensa de la legalidad”.

Cree que los cargos públicos están obligados a actuar como él ha hecho a lo largo de toda su vida política, y como buen jurista que es, aunque jubilado, recurre a la Ley: “El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a funcionarios y autoridades el deber legal de denunciar los hechos de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Y eso es lo que hice, después de más de un año y medio advirtiendo en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna de que había que erradicar aquella práctica ilegal, mientras Coalición Canaria miraba para otro lado. Luego me personé como acusación particular y, más adelante, pedí a la Fiscalía Anticorrupción que tomara cartas en el asunto, ante la parálisis total de la investigación por parte del Juzgado de La Laguna y de la Fiscalía ordinaria”.

Podía haberse ahorrado el viaje a Gran Canaria la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que se limitó el jueves a cumplir estrictamente con su obligación de dar posesión al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Isabel Perelló vino, presidió el acto, pronunció exclusivamente la fórmula protocolaria y, con la misma, se marchó. Ni siquiera obsequió al respetable con un discurso que pudiera animar a pensar que, a pesar de lo que estamos viendo en determinados juzgados y tribunales españoles, particularmente los de Madrid, hay vida inteligente en la Justicia española, que los casos aislados no se están extendiendo, que los mecanismos de revisión y disciplinarios funcionan adecuadamente y que el corporativismo y la sumisión a los poderes tradicionales de la derecha son cosas del pasado.

Ese silencio tan llamativo se extendió también a la prensa, a la que tampoco atendió la señora Perelló, con lo que nos quedamos con las ganas de preguntarle por la última ocurrencia de una buena parte del Consejo General del Poder Judicial, con su Promotor de la Acción Disciplinaria al frente, de restringir al máximo las posibilidades de la ciudadanía de denunciar comportamientos inadecuados de los profesionales de la Judicatura.

Sin embargo, es más que probable que la numerosa y abigarrada concurrencia asistente a la toma de posesión agradeciera a la señora presidenta del Supremo que decretara el formato corto del acto, porque en la sala de vistas del viejo Palacio de Justicia de la Plaza de San Agustín, en Las Palmas de Gran Canaria, no cabía un alfiler y el calor llegó a ser por momentos sofocante.

El que sí habló fue el verdadero protagonista del acto, el nuevo presidente del TSJ de Canarias, Juan Avello, a cuyo alrededor parece difícil encontrar alguna persona a la que le caiga mal. Bueno sí, hay una: su antecesor, Juan Luis Lorenzo Bragado, que compitió sin éxito con él por repetir en ese cargo y que tuvo el feo gesto de no constituirse en el solemne acto de toma de posesión sin ni siquiera disculparse. Lorenzo Bragado lo intentó todo para ganar a Avello, incluso remitir al Consejo General del Poder Judicial, en los minutos de descuento y cuando ya se sabía que había sido derrotado, un informe en el que trataba de demostrar que su sustituto es un absentista de esos que persigue Feijóo porque se había escaqueado de algunas reuniones de la Sala de Gobierno del TSJC y se tomó algunas vacaciones fuera del habitual mes de agosto. Y, con esos antecedentes no iba a ser un digno sucesor. La estallada fue doble, por consiguiente.

Adornan a Juan Avello algunas virtudes muy lejanas al escaqueo y al silencio corporativista. Más bien todo lo contrario. A la mañana siguiente a su toma de posesión concedió cuatro entrevistas a otros tantos medios de comunicación y cumplimentó y se dejó cumplimentar por todo lo cumplimentable. El don de gentes y la comunicación activa no son desde luego la solución a todas las amenazas que se ciernen sobre la judicatura, pero ayudan más que el silencio y el corporativismo.

Hay que desearle suerte al nuevo presidente del TSJC porque la va a necesitar. Se va a desempeñar en una plaza muy mal amañada, con algunas inercias muy poco edificantes y con una tradición a echar burros a volar en las salas con más tronío que no animan precisamente a la esperanza de que esto vaya a cambiar de inmediato.

Desgraciadamente para lo que Avello representa a partir de ahora, una sentencia adelantada este fin de semana por Canarias Ahora demuestra a la perfección lo que se cuece en las altas instancias de la justicia en Canarias. Un renombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de nombre Francisco José Gómez-Cáceres, vio cómo el supremo le anulaba una sentencia por eludir su obligación de motivar el fallo y, por el contrario, rendirse ante los encantos de los argumentos de una de las partes “de forma acrítica y mecánica”. El ponente -no se sabe muy bien si con la aquiescencia de la sala o por sus santos conocimientos- se limitó a cortar y pegar lo que sostenían los demandantes, a los que dio la razón sin explicar por qué, pero añadiendo de su propia cosecha, como única aportación original a la resolución judicial, un elogio a “la brillantez, claridad y solidez” de su escrito.

Esta extravagancia podría quedarse en eso, en un caso aislado, si no fuera por quién es el autor, quién la parte elogiada, copiada y pegada, y por quién o quiénes están detrás de ese recurso por el cual se pretende revertir un contrato de asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Pájara. Nada más y nada menos que el prestigioso y conocidísimo despacho de abogados Montero-Aramburu, del que forma parte destacada un viejo conocido de las salas de justicia de Canarias donde los burros vuelan: Rafael Fernández Valverde.

Rafael Fernández Valverde atesora una brillantísima carrera profesional, la mayor parte de ella ejercida en Canarias, donde lo fue casi todo: juez de instrucción, de primera instancia, de menores… pero sobre todo de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la que llegó a presidente de la sala correspondiente en el TSJ de Canarias. Luego dio el salto al Consejo General del Poder Judicial, del que fue vocal; a la Audiencia Nacional y finalmente al Tribunal Supremo… Para reengancharse finalmente en el despacho de abogados Montero-Aramburu.

Es evidente que para ese despacho tan prestigioso el asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Pájara tiene una importancia capital, y no solamente por los 1,2 millones de euros que supone por tres años más uno de prórroga, sino especialmente por los millonarios intereses urbanísticos que se mueven en uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias. Y Aramburu asesora a muchos empresarios del sector.

El burro volador

Pero el burro volador al que quiero referirme en este caso hizo sus evoluciones en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Canarias a finales de los ochenta, cuando Lorenzo Olarte Cúllen, recientemente fallecido, ejercía como presidente del Gobierno. Él, su consejero de Economía, Luis Hernández, y el de Sanidad, Julio Bonis, todos ellos por entonces en el CDS y sin atisbos de convertirse en nacionalistas cuatro años más tarde, se vieron envueltos en un escándalo judicial conocido por el nombre de caso Puerto Marena. Pidieron más de 1.000 millones de pesetas de crédito a la Caja de Ahorros para hacer una urbanización turística y la operación resultó tan fallida que hasta tuvo sospechas de fraude fiscal por presunto impago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

La operación la denunció el político comunista Antonio González Viéitez, quien vivió en sus propias carnes, en compañía del abogado José Manuel Rivero, cómo operaba lo que otro histórico letrado de Las Palmas, Pedro Limiñana, bautizó una vez como “la mafia judicial canaria”.

Dada la condición de aforados de varios de los encausados, el procedimiento cayó en manos de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que designó instructor a un veterano, José Joaquín Díaz de Aguilar, que se tomó muy en serio aquella instrucción hasta que se tropezó con la cruda realidad. Díaz de Aguilar tuvo incluso que sufrir la humillación profesional de tener que acudir al despacho de Presidencia del Gobierno en la Plaza de los Patos, en Santa Cruz de Tenerife, y observar cómo Olarte se instalaba en una tarima por encima del resto de los presentes y al magistrado instructor se le reservaba una mesa ridícula a un plano claramente inferior.

De aquella declaración, el magistrado salió con la firme convicción de que tenía que dictar auto de procesamiento contra Lorenzo Olarte, para lo cual hizo una consulta con un veterano del TSJC para poder armar una resolución solvente sobre el presunto delito de fraude fiscal. El experto era Rafael Fernández Valverde, que desde 1990 ya era presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario.

Inmediatamente después de que se evacuara esa consulta y de que se aireara cuáles eran las intenciones del instructor, Lorenzo Olarte movió sus fichas y ordenó a sus abogados que promovieran un expediente de recusación acusándolo de ser camarada de González Viéitez, no solo por haber formado parte ambos de la Junta Democrática, sino porque el nombramiento de Díaz de Aguilar para el TSJC fue promovido y apoyado en el parlamento por el político comunista. “Es un viejo zorro político metido a juez”, dijo de él Lorenzo Olarte para avalar su estrategia.

Lo curioso no fue solo comprobar los canales de información de los que disfrutaba Olarte, sino cómo, en cuestión de días, una vez iniciado el expediente de recusación, Díaz de Aguilar se veía obligado a apartarse, tomaba las riendas de la instrucción el magistrado Manuel Alcaide, que de inmediato archivaba la causa contra Olarte y los otros encausados. Pero tan sólo 24 horas después del archivo, se resolvía desfavorablemente la recusación. Es decir, Díaz de Aguilar habría estado capacitado para investigar al presidente Olarte, pero el sistema se lo había impedido.

Juan Avello parte con la ventaja de que, desde 2018, no hay políticos aforados en Canarias. Se recogió en la reforma del Estatuto de Autonomía gracias a la única aportación brillante de Ciudadanos, y hasta el momento ha funcionado tan razonablemente bien para el alto tribunal canario que el único investigado desde entonces sólo se zafó de sus imputaciones acogiéndose al magnánimo manto de Manuel Marchena en el Supremo, es decir, aforándose como senador: caso Clavijo.

Por lo tanto, un problema menos que tiene el nuevo presidente del TSJC. Pero tendrá que seguir lidiando con otros burros voladores que todavía se posan con descaro en las gárgolas del vetusto Palacio de Justicia de la Plaza de San Agustín.

Su reputación de persona dialogante y amigo de la conversación larga y distendida la demuestra Juan Avello ante cualquier circunstancia, incluida una entrevista periodística. Él mismo lo reconoce ante la primera de sus respuestas. Quizás sean esas dos cualidades algunas de las que le han ayudado a llegar a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras una etapa como decano de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Pero por mucho que hable no se moja en los asuntos espinosos, como la crisis reputacional que vive la justicia en España: prefiere hablar de lo que él cree que interesa a la ciudadanía aunque una de esas preocupaciones -reconoce- sea la independencia judicial.

Vaya momento más oportuno para ponerse a presidir un tribunal superior, con buena parte de la ciudadanía mostrando abiertamente su desconfianza en el Poder Judicial.

Buena pregunta inicial. A mí me gusta más simplificar las cosas. Las noticias en relación a tribunales son un porcentaje ínfimo de lo que de verdad día a día hace la justicia. Yo estuve en el anterior destino, fui decano [de Las Palmas de Gran Canaria], y me movía mucho por el edificio. El 99% de la Justicia es el señor que recurre la denegación de una prestación de la Seguridad Social, el señor que recurre una denegación de una licencia para abrir un establecimiento, el que recurre porque no le indemnizan por un accidente de tráfico o una cláusula abusiva. Ese es el día a día de la justicia y el porcentaje más elevado. La otra parte tiene su importancia, o le damos mayor importancia de la que puede que tenga. Lo que de verdad le interesa al ciudadano es que cuando su juicio le toque, vaya lo antes posible. Las estadísticas de satisfacción de los ciudadanos con la justicia son francamente favorables. A mi juicio, cuando hay casi un 55 o un 60% de personas que dicen estar satisfechas con la justicia, me parece prácticamente milagroso.

Yo creo que el presidente del TSJ tiene que cumplir su función institucional, su función de defensa de la independencia judicial, porque es un medio para garantizar el prestigio de la justicia en beneficio siempre de la ciudadanía. Que un ciudadano confíe en la justicia es muy importante para la justicia y para él, y para el Estado de Derecho también. Que no es una cosa que la tengamos dada y que pueda ser siempre y en todo momento. Hay que defenderla y hay que concienciar a los ciudadanos, a los periodistas, a los jueces.

Asumir esta presidencia es automáticamente asumir también la de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que en el caso concreto de Canarias tiene una ventaja: que no hay aforados. ¿Cree que esto debería ser así en todas las comunidades autónomas, incluso en el ámbito estatal, y nos ahorraríamos muchos disgustos?

Aquí el legislador canario, en sus competencias, modificó el estatuto y suprimió los aforamientos. Es una decisión del legislador. Se quitó y no pasó realmente nada. No le veo mayor trascendencia. Yo creo que independientemente de que te juzgue un tribunal u otro, esas son las reglas del juego. Está establecido previamente, lo importante es que te juzgue un tribunal imparcial. Y que tenga la apariencia de imparcialidad y que una vez que te juzgue se puedan interponer recursos pertinentes si la legislación lo permite.

Aquí se suprimieron los aforamientos ¿y realmente cambió algo, pasó algo o modificó en algo la vida de los ciudadanos? A mí me da la sensación de que a los ciudadanos no les importa mucho. Si me dice, ¿quitaría usted los aforamientos? Pues sí o no los quitaría.

Que decidan ellos. Lo que sí garantizaría es que todo el mundo tuviera los mismos derechos y que las garantías procesales se respeten, como no puede ser de otra manera. Y gracias a Dios estamos también en un ámbito de la Unión Europea, con unas garantías y unos estándares mínimos que tenemos que cumplir.

Este respeto que usted muestra por una decisión legislativa, como ha sido la supresión de los aforamientos, sin embargo no está muy generalizado en su gremio. Hemos asistido a protestas, incluso aquí, de gente con toga y con puñetas en la puerta de los juzgados, protestando contra decisiones legislativas. ¿Por qué esa prudencia que usted demuestra no está más generalizada?

Las generalizaciones no suelen ser buenas. Yo creo que no suelen ser frecuentes las concentraciones de jueces y en algunas ocasiones podemos buscar también el ejemplo de los jueces polacos. Cuando el Poder Legislativo adoptaba decisiones que, a juicio de los jueces polacos, eran atentatorias contra los principios generales o contra los principios de separación de poderes o de la independencia judicial, nadie se sorprendió de que fueran todas las semanas a manifestarse en el Parlamento Europeo. Yo creo que los jueces tenemos también libertad de expresión y podemos manifestarnos con total y absoluto respeto, que yo creo que esa es la gran línea divisoria.

Los jueces no podemos estar sindicados, entonces es decisión personal de cada uno. Es importante pensar que los jueces no se manifiestan en contra de un concreto partido político, ni un gobierno, ni nada, ni en su beneficio tampoco, porque encima tampoco nos manifestábamos para que nos subieran el sueldo, sino que nos manifestábamos porque pensábamos, o el que se manifestó, porque esto es una decisión individual y personal de cada uno, que alguna decisión ponía en peligro el beneficio de los ciudadanos y el beneficio del sistema de garantías que tenemos.

Ayer hizo mención expresa y con mucha elegancia y agradecimiento a su antecesor. Sin embargo, su antecesor no estaba, ¿qué le pasó?

Es un tema personal. Yo lo que le puedo decir es que por mi parte, lo lógico y evidente, e hice una mención a su extraordinario trabajo.

¿Pero lo cree así?

Claro, si no, no lo diría. No era una cláusula de estilo, ni un formalismo, lo dije sinceramente y de corazón.

¿Pero le justificó su ausencia de algún modo o no apareció directamente?

No puedo contestar porque yo respondo por lo que yo hago y respondo por lo que yo sé. Yo trabajé con él durante cinco años que fui decano exclusivo y fue miembro de Sala de Gobierno y tengo el mejor de los conceptos [de Juan Luis Lorenzo Bragado]. Además, desde un punto de vista institucional jamás diré nada malo de ningún compañero. Y aparte, porque no tengo motivo. El que haya venido o no haya venido creo que es también una anécdota, es decisión personal de cada uno, asistir o no asistir, yo ahí no puedo entrar ni puedo explicar, respondo por mí. Lo que sí digo es que si dentro de cinco años el consejo que en su momento esté decide que yo no soy o que puede haber un compañero mejor, yo sí iré a la toma de posesión del próximo.

La elección de Gloria Poyatos como madrina junto a su padre en el acto de su toma de posesión, ¿es un gesto de bienqueda, una demostración de la capacidad que tiene usted para las relaciones públicas o que está usted verdaderamente convencido de que se puede hablar con cualquiera, como dijo, y llegar a acuerdos?

Lo dije en el discurso también. Es una decisión tomada con el corazón y con la cabeza. El corazón está de más que yo diga que Gloria es extraordinaria en todos los sentidos, como profesional y como persona, y por lo tanto, ¿qué problema hay? Si es una extraordinaria persona, una extraordinaria compañera, una extraordinaria profesional, qué suerte tengo de que haya sido mi madrina, eso es lo primero. Segundo, que se puede ver o entender, bueno no tengo problema tampoco en que sea, ¿qué porcentaje hay de la carrera judicial que son mujeres? ¿Cómo no va a haber una compañera acompañándome? Mi padre [el magistrado Ramón Avello, que ejerce en Asturias], lo teníamos claro y no había discusión, pero me llevo bien con Gloria, le tengo la mejor de las estimas, es una persona comprometida, buena, cariñosa, responsable. Todo lo que pueda decir es bueno. ¿Que es progresista? Perfecto, fenomenal. Cuando hablo con Gloria de temas de conciliación, ¿cómo no me voy a poner de acuerdo con ella? Si es que tiene razón, si es que es de sentido común, si es que vamos por ahí, ¿qué más da? Que dicen que yo soy conservador, bueno, pero las mujeres tendrán derecho a su pensión y a sus días de descanso y a su paternidad y a su maternidad, en fin, las cosas que antes no había. Si yo estoy de acuerdo con Gloria en todo, ¿será porque ella es progresista? Será.