La caída en desgracia de Astrid Pérez como presidenta del Partido Popular en Lanzarote no responde a una decisión reciente de la dirección regional del partido. Ni a una calentura que haya conducido a una defenestración tan sonada. Comenzó a fraguarse desde el mismo momento en que arrancó el actual mandato de las corporaciones locales tras las elecciones de 2023. Un mes después de su toma de posesión como presidenta del Parlamento, en julio, y trasladada por razones del cargo a la isla de Tenerife, empezó a quebrarse su relación con quien le sustituyó al frente de la alcaldía de Arrecife, Yonathan de León, y con el que a partir de aquel momento se hizo cargo de la vicepresidencia del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, en ambos casos gracias a los pactos del PP con Coalición Canaria.

Ninguna de las fuentes consultadas por este periódico aportan alguna razón concreta que explique por qué se produjeron esas rupturas, salvo la de la inseguridad que podría sentir la presidenta insular del partido por el ascenso en las encuestas y en la consideración ciudadana de dos jóvenes valores que ocupaban su espacio tras su designación como presidenta de la Cámara regional.

Las desconfianzas llegaron a ser tan profundas que Pérez removió en marzo de 2025 de la secretaría general del partido en la isla a su número dos, Jacobo Medina, que previamente había perdido su puesto como vicepresidente del Cabildo de Lanzarote por una serie de razones que se vincularon a algo relacionado con la transparencia que nunca se aclararon del todo.

Ya para entonces, hace año y medio, el malestar era muy alto y crecía la contestación contra la presidenta Pérez prácticamente en los siete comités locales del partido en la isla.

En el Parlamento, las relaciones entre la presidenta y el grupo Parlamentario Popular, del que formaba parte originariamente, no iban mejor. Los diputados y diputadas no se escondían para criticar su comportamiento con ellos y sus decisiones institucionales. Las diferencias no solo se producían con sus correligionarios, sino también con los miembros de la Mesa de la Cámara, con quienes en ocasiones mantenía discusiones incomprensibles. Ana Oramas es, hasta el momento, su principal pesadilla, pero los desencuentros se han trasladado al resto de los miembros del órgano rector del Parlamento hasta el punto de haber abandonado la presidenta el grupo de WhatsApp que utilizaban los miembros de ese órgano parlamentario para acordar fechas, procedimientos o tramitaciones y hacer más operativa la gestión de la Cámara.

También disparó el descontento y la desafección la aparición en escena del empresario José Valle, actual presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y una de las figuras más destacadas actualmente en el mundo económico y social de la isla. Delegado de la empresa de paquetería Seur, goza de gran predicamento en distintos ámbitos, incluido el político, lo que lo convirtió hace tiempo en un atractivo valor para los partidos políticos.

Y el PP se fijó en él para producir un relevo pacífico en la dirección conejera. Astrid Pérez llegó a estar de acuerdo con su fichaje pero quiso reservar para él que padeciera previamente el viacrucis de ponerse al frente de una gestora previa a un congreso insular para que tuviera que remangarse y adoptar decisiones duras con las que enderezar el partido y desplazar las malas influencias. Y luego, si llegaba vivo, optar a la presidencia.

Valle no solo se negó sino con él hizo causa común un buen número de dirigentes locales, regionales e incluso nacionales del PP, con Miguel Tellado al frente, conscientes de que estaban ante una oportunidad interesante para reconducir las cosas en Lanzarote y en Canarias.

Será con toda probabilidad el futuro presidente del PP de Lanzarote, y quién sabe hasta dónde podrá llegar esta nueva apuesta política que es respetada por la mayoría de las fuerzas políticas de la isla.

Astrid Pérez parece haber perdido ese pulso y todos los que amenazó emprender, incluida su marcha a Vox, partido que aseguró le había tentado. Ahora tendrá que optar por la disciplina y asumir, como ha dicho este lunes, que el partido está por encima de las personas y que llegados a este punto, no parece que vaya a haber misericordia.

No parece aconsejable que adopte una posición de revancha abandonando el partido por el que se presentó a las elecciones, consiguió el acta de diputada y, con ella, la presidencia del Parlamento. De todos los escenarios posibles, incluido el que garantiza la inamovilidad de los presidentes o presidentas de la Cámara, no se contempla la excepción de producir su cese en caso de pasar al grupo de no adscritos, cuyos integrantes apenas disfrutan de derechos políticos, lo que excluiría de ellos el de presidir la Cámara.

Tampoco parece aconsejable para Astrid Pérez una marcha airada, teniendo en cuenta que el PP podría estar reservando para ella una salida airosa, con más de salida que de airosa, es decir, un puesto en las próximas elecciones que la catapultara al Senado o al Congreso de los Diputados y que la aleje de los focos de conflicto en los que se la ha retratado.

Su tiempo en la política orgánica ha llegado a su fin y solo de la postura que ahora adopte dependerá que ese final incluya también el de la política institucional después de haber ocupado uno de los puestos de mayor rango de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se acelera la degradación de la Radio Televisión Canaria, y lo que nos queda por ver desde ahora hasta las próximas elecciones autonómicas. Porque para ese cometido Fernando Clavijo puso al frente de los dos medios públicos a un comisario político, César Toledo, al que elevó el rango a la categoría de administrador general porque lo de “único” no era suficiente para él o podía prestarse a confusión.

Lo ocurrido esta semana en el programa La Retranca, llamado a ser el espacio de referencia política de la cadena televisiva autonómica, da la medida del poco respeto que los actuales regidores del ente tienen por la audiencia, por el rigor y por los principios legales que se rigen para la gestión de estos medios públicos y por los que han de velar sus profesionales. 

La cosa prometía cuando anunciaron que para abordar el problema de la vivienda, que en Canarias es especialmente grave por la turistificación y la falta de planificación y de acción de las autoridades responsables, acudiría al plató nada menos que el empresario desokupa Roberto Cristian Pérez, dueño de EZ Property Solutions, que fue detenido el año pasado por la Guardia Civil por conducirse de modo violento en el desempeño de sus pregonadas soluciones para desalojar gente.

Lo pregonaron con bombo y platillo en un comunicado de prensa, en el que se explicaba que debatiría en el plató con la activista antidesahucios Inma Évora, que desgraciadamente se prestó a blanquear al empresario a pesar de las advertencias previas que recibió. Aplicó, según dijo, su tesis es que el miedo ha de cambiar de bando. lo que no consiguió en esta ocasión porque no solo fue intimidada en directo por su contertulio, que pretendió descalificarla a gritos por haber sido contratada en una ocasión para un asesoramiento por la empresa pública de vivienda Visocan, sino que también se ocupó de que los cinco gorilas que le acompañaron a los estudios de la televisión la abordaran para hacer comentarios sobre su pelo y su físico.

Es bastante desafortunada y descabellada la idea de elevar a la calidad de experto en vivienda a un violento de la desokupación, pero seguramente en la cabeza del que la tuvo se instaló un doble dígito de audiencia en la creencia de que una bronca en directo, con insultos y descalificaciones, al estilo de los clásicos programas del corazón devenidos a simples vísceras, iba a dar un impulso al programa. 

Les debió parecer una idea estupenda extender la tesis de que hay más ocupación de la que se denuncia, que las leyes no funcionan y que el Gobierno de progreso en España favorece más a los okupas que a los propietarios, por muy pequeños que estos sean.

Pero no les funcionó en el terreno de las audiencias porque, a pesar de venir de un registro muy potente del programa que le antecedió en la parrilla, Una hora menos, La Retranca volvió a caer por debajo del 4% de share.

Tampoco fue buena idea permitir que el invitado acudiera a las instalaciones de la productora en la que se hace el programa acompañado por cinco armarios de cuatro puertas. Alguien tenía que habérselo dicho al invitado porque es evidente que la presencia de esos profesionales desokupas no respondía a su deseo de llevarle a Roberto Cristian los polvos anti brillo y la americana de forzudo que se puso, sino la de intimidar a cualquiera que tuviera la tentación de dudar de su testimonio y de sus dos bemoles. Empezando por su contrincante en el debate, a la que, efectivamente, lograron intimidar.

Vetar a una tertuliana para poner a Alberto Rodríguez

Pero ese pretendido programa de debate y análisis político con el que Televisión Canaria castiga a la poca audiencia que lo sigue cada jueves, tuvo otro episodio bastante elocuente que refleja nuevamente a las claras el descaro con el que Clavijo manda dirigir ese medio público.

En el mismo comunicado en el que se había anunciado el cara a cara sobre vivienda entre el violento desokupa y la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tenerife se anunciaba que estaría en el plató como analista la tinerfeña María González, que ha adquirido gran prestigio nacional por su participación en programas como La Sexta Xplica.

María González venía a romper de algún modo la tendencia del programa de sentar a la mesa de análisis a una gran mayoría de comentaristas del régimen, de la factoría de la Cadena Ser, mayormente, como Paco Pomares, Jorge Bethencourt, Juan García Luján o Lourdes Santana y Marta Centero… Porque se trata de una analista de clara tendencia progresista a la que incluso se señala como sanchista por algunos medios.

Alguien debió levantar el teléfono al conocer que se iba a producir esa presencia en la mesa sin que estuviera para compensarla algún peso pesado de la cuadrilla tertuliana habitual. Así que a pocas horas de que se encendieran los focos del plató, llegó la orden de desconvocarla y sustituirla de inmediato por el político Alberto Rodríguez, líder de Drago Canarias, el agente electoral de Coalición Canaria contra la izquierda y el nacionalismo de izquierdas, especialmente en la isla de Tenerife.

A María González la avisaron cuando faltaban solo dos horas para tomar su avión rumbo a Tenerife y la explicación que le dieron es que se iba a abordar un asunto de Aena y sus problemas con la legalidad vigente en materia tributaria y, claro, eso una mujer de izquierdas no lo iba a saber tratar como lo sabría tratar un hombre de izquierdas como Alberto Rodríguez.

El comunicado publicado en la web de RTVC fue modificado enseguida y sustituido el nombre de María González por el de Alberto Rodríguez, por supuesto sin ofrecer explicación alguna.

Ya iniciado el programa, una vez sentado en su butaca habitual, el líder de Drago tardó tan solo unos minutos en pronunciar las tres palabras mágicas por las que está presente tanto en los medios de comunicación públicos como en algunos privados como la Ser en Canarias: “Ángel Víctor Torres”. Lo hizo con ocasión de la crisis de Ceuta, que por supuesto se abordó tomando como referencia tan solo el testimonio de la líder vecinal más radical de la ciudad, sin contraste de ningún tipo. Ni falta que hace, claro.

La radio y la televisión públicas de Canarias continúan con su degeneración imparable y la tendencia no se va a corregir ahora que se acercan elecciones. La opinión de la plantilla no se tiene en cuenta para nada, como volvió a quedar demostrado ante la polémica generada por la presencia del empresario desokupa en ese debate televisado en directo. El comité intercentros emitió un comunicado con criterios puramente profesionales pidiendo que se cancelara y fue ignorado por completo.

Como le viene siendo constantemente en todas las extemporáneas y airadas decisiones que se vienen tomando en relación con la dirección de los servicios informativos de ambos medios.

Tampoco parece servir de nada la comisión de control que opera en el Parlamento de Canarias en la que se sientan algunas señorías que se desgañitaban en la legislatura pasada si aparecía en algún programa una entrevista con algún político de izquierdas. Ahora disfrutan de su comisariado político y de la televisión más contaminada de la historia de la autonomía.

No hemos podido ofrecerles en Canarias Ahora las necesarias explicaciones del administrador general, César Toledo, ni del director del programa La Retranca, Mayer Trujillo, que tienen en sus respectivos teléfonos móviles mensajes míos reclamándoles su versión, como corresponde. Pero eso les da igual porque están en lo que están y porque saben que la mayoría de los tradicionales medios informativos del archipiélago no se harán eco ni de esta ni de ninguna otra polémica porque tienen garantizada su cuenta de resultados con las producciones televisivas millonarias que tienen contratadas, a razón de unos 11 millones al año. 

Han pasado 21 años y no parece que haber contado la historia con todo lujo de detalles haya contribuido a evitar que se repita. José Manuel Soria López era presidente del Cabildo de Gran Canaria cuando aceptó la invitación de un empresario noruego -al que tramitaba expedientes de importancia trascendental- para viajar con él en su jet privado a pescar salmón a Noruega. Fue el llamado caso Salmón, que fue archivado por la justicia alegando que no hubo delito de cohecho porque aquel avión iba a volar de todos modos aunque Soria, su mujer y el hijo de ambos no lo hubieran abordado. 

En un pleno del Cabildo, con la altanería que siempre le caracterizó, Soria reconoció públicamente la existencia de aquel viaje, que tuvo una escala en Salzburgo para presenciar un concierto de su prestigioso festival de música, y que tres meses antes el empresario turístico, en nombre de Anfi del Mar, le había pedido la tramitación de una declaración de interés general para la urbanización Anfi Tauro.

No hemos aprendido nada. El mismo político que actuó de ese modo quiere que, para mejor proveer, al frente de la primera corporación grancanaria se pongan dos de sus ahijados: la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el actual diputado nacional y exconcejal de Urbanismo de Santa Brígida Carlos Sánchez. Lo dijo esta pasada semana durante una entrevista en Onda Guanche en la que se sintió tan a gusto que no le importó enseñar todas sus cartas empresariales, que siguen siendo políticas. O a la inversa, que nunca se sabe.

Carlos Sánchez se sentó en el banquillo de los acusados en media docena de ocasiones por su gestión al frente de lo público, como consta en las hemerotecas, y siempre salió triunfante, vaya usted a saber por qué, a pesar de los acontecimientos que protagonizó, algunos de ellos tan llamativos como dejarse perdonar los impuestos municipales de Santa Brígida cuando era concejal de Urbanismo o autorizar unos chalets en suelo rústico en el barrio de La Atalaya. Sólo consta una condena y se produjo en su faceta como empresario por incumplir un contrato de compraventa.

Ha alternado el mundo de los negocios con el de la política, y según consta en su declaración de bienes e intereses ante el Congreso de los Diputados, este último año obtuvo dividendos por importe de 25.000 euros de Bio Carburos, S.L., de la que es administrador mancomunado, y unos ingresos de 45.000 euros por “rendimiento laboral” provenientes de la empresa madrileña especializada en mantenimiento de carreteras y todo tipo de infraestructuras públicas Imesapi, habitual contratista del Cabildo de Gran Canaria. A Imesapi se le acaba de adjudicar, por ejemplo, la iluminación exterior de la Casa de Colón por casi 300.000 euros. 

No le ha ido peor en el PP, que lo acaba de hacer presidente en Gran Canaria por decisión de su dirección ejecutiva regional, sin pasar por congreso de ningún tipo, si es que existen, es decir, sin el respaldo de las bases, si es que existen.

Paquirrín y Onalia Bueno: “Somos humanos y tenemos ilusiones”

Onalia Bueno tiene una biografía mucho más abrupta que la de Carlos Sánchez. Porque la alcaldesa de Mogán cayó en desgracia en el PP al estallar el caso Góndola, y eso que el empresario al que se iba a beneficiar (y se benefició) con aquella operación era el mismo que el de Anfi Tauro, Santiago Santana Cazorla, por entonces socio de Bjorn Lyng cuando ya se batía en retirada antes de morir.

Cuando estalló aquel escándalo, Onalia Bueno era la mano derecha y el ojito derecho del alcalde de Mogán, Francisco González, que en una rueda de prensa el 8 de abril de 2008, en el hotel Iberia, de Las Palmas de Gran Canaria, describió a la perfección por qué él y ella habían llegado a aquel trance político-empresarial. Paquirrín, como se le conocía, responde a los periodistas por las conversaciones entre ambos detectadas por la Policía, particularmente por una en la que alcalde y primera teniente de alcalde, hablan de los negocios que quieren montar a partir de su desempeño en la política:

“A ver: se habla de una conversación con mi amiga Onalia en la que hablamos de que algún día tengamos que dejar la política y pensando en nuestro futuro teníamos pretensiones de hacer unos pinitos en el mundo privado. Eso es muy lícito: no estamos en China ni en Cuba, estamos en España… Y si digo ”tenemos que aprovechar la situación en la que estamos“ es porque estamos en una situación de privilegio, conocemos a mucha gente, tenemos muchos contactos, lo que no quiere decir que me tenga que aprovechar del Ayuntamiento”.

Este revelador discurso también incluyó un mensaje a la Policía, contra la que el PP canario, con José Manuel Soria a la cabeza, cargaron duramente por las detenciones del caso Góndola que afectaron a Paquirrín, a Onalia y al empresario Santiago Santana Cazorla, entre otras personas. En esa gloriosa rueda de prensa, el entonces alcalde de Mogán lanzó un mensaje a la Policía para que no estuviera “perdiendo el tiempo y que se dedique a cosas más importantes como garantizar la seguridad de los ciudadanos y no a perseguir a los políticos, sobre todo si son del Partido Popular”. Y se atrevió a decir que era capaz de relatarle las parcelas que él y Onalia Bueno querían comprar, una de ellas en Arguineguín, “frente a la boutique Tere”.

“Es que somos humanos y tenemos ilusiones”, resumió Francisco González los sentimientos que le embargaban en pleno escándalo de Góndola a él y a Onalia Bueno.

A pesar de que José Manuel Soria protegió a Paquirrín González y dejó fuera de las listas a Onalia Bueno en 2007, la estrella del exalcalde se fue apagando poco a poco mientras la de la actual alcaldesa adquirió fulgor a medida que rompía con su compañero del alma y montaba su propio partido lejos del PP. A Ciuca y Juntos por Mogán, los partidos por los que se ha presentado, y tras un breve flirteo con Coalición Canaria, en el que llegó a ser su fulgurante secretaria de Políticas Municipales, Bueno ha registrado ahora un nuevo partido, Bueno para Gran Canaria, que es la fórmula con la que parece que se va a presentar al Cabildo junto al PP.

Su historial judicial es mucho más abultado que el de su inminente socio Carlos Sánchez. Pero a diferencia de aquel, se ha sentado pocas veces en el banquillo pese a lo escandaloso de los casos en los que se ha visto envuelta y que ya le han acarreado dos detenciones policiales. Además de los tejemanejes urbanísticos de Góndola, causa con la que se pretendían operaciones beneficiosas para Anfi del Mar, la misma empresa del viaje del Salmón, Onalia Bueno ha tenido problemas muy graves con la compra de votos para conseguir la reelección en la alcaldía. Pero ha tenido la inmensa suerte del tradicional relajo de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. Sólo el caso Góndola pasó por la mano de once jueces, once, hasta que acabó archivado -seguramente por aburrimiento- a manos de una jueza sustituta diecisiete años después de su apertura. Seguro que tuvo mucho que ver la destreza del despacho de Choclán.

Nada de eso parece haber retraído al PP para recuperar a la que fuera su alcaldesa gondolera. Pesa mucho su tirón electoral en el municipio, por encima incluso del rechazo que provoca en una buena parte de la organización por los sustos que puede volver a dar en cualquier momento por su forma de conducirse.

Pero esos modales y esa ausencia de respeto por la legalidad vigente seducen a otras muchas personas influyentes, como José Manuel Soria, que ahora se derrite en elogios hacia ella. El exministro conoce perfectamente el poder que tiene un cabildo, particularmente el de Gran Canaria, con un peso específico muy importante en materia de turismo, de carreteras, de medio ambiente, de políticas sociales… actividades de las que él ahora se ocupa como asesor e introductor de muchas empresas nacionales y extranjeras a través de su empresa Sorben Partners y de la consultoría internacional en la que se ha integrado como socio local, Grant Thornton Cuyás & Soria. 

Si Carlos Sánchez y Onalia Bueno han sido capaces de protagonizar hechos políticamente tan despreciables en sus diferentes cometidos en Santa Brígida y Mogán, es muy difícil imaginárselos ejerciendo con rectitud al frente de una institución tan influyente y tan apetitosa como el Cabildo de Gran Canaria. Y eso fascina a José Manuel, que les puede explicar con todo lujo de detalles cómo montar un caso Salmón y que los jueces te dejen escapar porque el avión iba a volar de todas formas a Noruega.

Aquí estaremos para contar a nuestros lectores todo lo que ocurra, si consiguen llegar al poder.

“Nuestro propósito era convertir Ceuta y Melilla en auténticas plataformas de conexión entre Europa y África, polos de desarrollo económico capaces de generar oportunidades, fijar población y reforzar su papel estratégico en la política mediterránea y africana de la Unión Europea”. Quien así se explica es José Segura Clavell, actual director general de Casa África y en aquel entonces, legislatura 1996-2000, diputado por Santa Cruz de Tenerife. Segura fue el autor y promotor de una proposición de ley ante el Congreso de los Diputados para dotar a ambas ciudades autónomas de un régimen económico y fiscal específico para paliar las graves desventajas competitivas que sufren esos territorios debido a su aislamiento geográfico, su reducida extensión y la carencia de materias primas.

La iniciativa del grupo parlamentario socialista contenía 37 artículos, cuatro disposiciones adicionales y ocho disposiciones transitorias y respondía a una demanda que, según recuerda su promotor, llegaba previamente formulada dos años antes por las propias ciudades autónomas, a través de sus asambleas.

La proposición de ley fue rechazada por el Congreso de los Diputados por 127 votos a favor y 156 en contra, con una abstención. El rechazo mayoritario fue del Partido Popular, que entonces gobernaba bajo la presidencia de José María Aznar.

El PSOE pretendía la declaración formal de Ceuta y Melilla como territorios francos a efectos aduaneros y comerciales, es decir, un régimen económico y fiscal específico, con el establecimiento de un blindaje para la inversión estatal de modo que, bajo ningún concepto, pudiera producirse una disminución del gasto público ordinario o de inversión que el Estado destinara a ambas ciudades.

Regiones ultraperiféricas

Muy en sintonía con lo que se reclama ahora, la proposición de ley socialista incluía encomendar al Gobierno español gestionar ante las instituciones de la Unión Europea el reconocimiento definitivo de Ceuta y Melilla como Regiones Ultraperiféricas, buscando un trato comunitario más favorable que atendiera de manera justa su lejanía y extrapeninsularidad.

En el plano impositivo y de fomento empresarial, la propuesta incluía medidas de gran calado, como una bonificación del 50% en la cuota del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para las rentas e inversiones generadas en las ciudades autónomas; una reducción del 99% en el Impuesto sobre Sociedades hasta el año 2006 para las entidades de nueva creación que cumplieran ciertos requisitos de inversión y empleo y el fomento para la creación de sociedades especiales de exportación y participación financiera orientadas hacia terceros países del Mediterráneo, cuya tributación se limitaría a un testimonial 1%.

En el aspecto laboral, la proposición Segura Clavell contemplaba una bonificación del 50% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes y las del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

También se contemplaba que Ceuta y Melilla quedaran excluidas de los impuestos indirectos estatales habituales. Adicionalmente, se aplicaría una bonificación del 50% en las tasas públicas, los precios públicos y en los impuestos de carácter local y cedido (Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales).

Para rebatir las pretensiones socialistas, el PP encomendó la tarea a un peso pesado de la política ceutí, el diputado por esa circunscripción Francisco González Pérez, que lo fue en seis legislaturas y que llegó a ocupar el puesto de delegado del Gobierno en esa ciudad autónoma. Al igual que José Segura, González Pérez conoció Ceuta con motivo del servicio militar, entonces obligatorio, pero el diputado conservador se quedó allí a vivir. Falleció en 2015 con 54 años.

El portavoz del PP acusó al PSOE de desconocer los avances logrados bajo el gobierno de Aznar y de “insensibilidad” por la etapa socialista previa a 1996. Detalló las medidas ya implementadas por el Ejecutivo, como la implantación del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), las nuevas deducciones del 50% en el IRPF y la actualización de las reglas de origen. Criticó que el PSOE hubiera recurrido la regulación del IRPF ante el Tribunal Constitucional y tildó de “falta de consideración total” presentar un solo proyecto para dos ciudades con realidades distintas. Finalmente, anunció que el Grupo Popular presentaría una proposición no de ley para instar al Gobierno a tramitar proyectos de ley específicos y complementarios para cada ciudad.

Cuando empecé en este oficio en 1982 a los fascistas españoles se les acababa de ir de las manos su nostalgia. Era octubre, a principios de mes. Acudí al aeropuerto de Gran Canaria, enviado por mi periódico, Canarias7, a cubrir una rueda de prensa del candidato a La Moncloa por el PSOE, Felipe González. Estaba pletórico, convencido de su inminente victoria, contando a los presentes lo que iba a hacer después de formar gobierno. Yo le pregunté por la eventualidad de que pudiera no ganar o no gobernar. Y me contestó expeditivamente que no contemplaba un plan B, que iba a arrasar. Y así fue: el PSOE obtuvo nada menos que 202 diputados y comenzó entonces una era felipista que duró casi catorce años.

González y el PSOE emplearon para aquella campaña un eslogan muy potente: “Por el cambio”. Y efectivamente, el régimen franquista se resistía a dar paso a los nuevos tiempos y aquel intento de golpe de estado de 1981 fue la principal demostración y seguramente lo que acabó empujando a muchísima gente a alejarse definitivamente de la UCD y apostar por el PSOE. El cambio significaba no solo pasar página respecto al franquismo y todos sus fantasmas, sino también remover de muchísimos puestos decisivos de las administraciones, de las fuerzas armadas y de las de seguridad del Estado a todos aquellos que no aceptaban la decisión democrática de los españoles de dar paso a los nuevos tiempos. ESA asignatura, por lo que se está viendo ahora, sigue pendiente porque a aquellos golpistas los han sucedido otros y hay más calentando en el banquillo.

Paradójicamente, el cambio es la terminología propagandística que está empleando la ultraderecha internacional para imponer el retroceso en derechos que se nos viene encima. Me impactó muchísimo una película que vi recientemente, Anniversary, en la que se avanzan escenarios fácilmente creíbles si tenemos en cuenta los ingredientes que están aportando los líderes de la internacional fascista, con Trump a la cabeza. El manual que rige en esa película se titula precisamente El Cambio.

Ya saben de lo que hablan: de acabar con la inmigración y con los inmigrantes; de eliminar cualquier política de lucha contra el cambio climático o contra la violencia de género; de la ley de la selva para la educación, la sanidad, la igualdad… Y para imponer eso les estorbamos los periodistas. Al menos los periodistas honrados, los que mantienen su compromiso original con este oficio: verdad, objetividad, contraste, fidelidad a las fuentes y defensa de los derechos, empezando por el de la libertad de expresión y a la información veraz.

Es necesario que esto se cuente para que nadie se llame a engaño. Y que se cuente con todos sus elementos y con todos sus matices. Y eso solo lo pueden hacer los buenos periodistas. Pero esos periodistas estorban porque basta con contar lo que hacen donde ya gobiernan los extremistas y lo que dicen donde quieren gobernar para alarmar a una buena parte de la población, la poca que mantiene cierta inquietud por estar bien informada.

La irrupción de determinados programas de marcado carácter informativo en la parrilla de Televisión Española y el éxito que están cosechando entre la audiencia les ha provocado la alarma. Creían que con los tradicionales magazines de Ana Rosa Quintana, Nacho Abad y Susanna Griso; con shows como el de Pablo Motos o aquelarres como el de Iker Jiménez, la población ya estaba suficientemente informada de lo que tiene importancia.

Pero, de repente, profesionales como Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Gonzalo Miró, Adela González, o hasta hace poco Javier Ruiz, irrumpieron en millones de hogares españoles con una verdad distinta a la que se había convertido en indiscutible, e inmediatamente ellos y sus equipos de profesionales son señalados por el Partido Popular y por Vox como apesebrados de Pedro Sánchez y su Gobierno. No soportan que pueda establecerse entre la opinión pública española un relato distinto que el que les interesa y, en vez de acudir a esos platós a los que se les invita a rebatir lo que cuentan, calientan la calle para que se les ataque como hemos visto estos días que han sido atacados.

La verdad estropea sus planes

En realidad les jode la verdad y por eso atacan a los periodistas que intentan acercarse a ella todo lo que se pueda y ofrecerla a sus telespectadores, a sus oyentes, a sus lectores. Porque la verdad estropea sus planes y revela lo que realmente esconden.

Ha ocurrido prácticamente en toda España, incluida Canarias, que no está exenta de energúmenos fanáticos, envueltos en la bandera de España, eso sí, capaces de atacar a reporteros que salen a la calle a hacer su trabajo honradamente, contando lo que está sucediendo, el número de personas según cada fuente, los gritos que se profieren, las pancartas que se agitan, las banderas en presencia… Y las agresiones que sufren sencillamente por trabajar para un medio de comunicación público cuyos responsables han decidido sencillamente cumplir con su obligación.

Es verdad que al respeto a la profesión periodística no contribuyen mucho unos cuantos colegas que no solo no condenan estas agresiones y estos insultos, sino que además se dedican constantemente a soliviantar a las masas para que no cambien de actitud y perseveren. A esos colegas debemos sumar esa pléyade de cantamañanas divulgadores de contenidos que ven incrementar sus ingresos en la misma proporción que el número de borregos que les siguen y el tamaño de burradas que sueltan en sus correspondientes plataformas.

Repasando estos días los papeles del 23-F desclasificados por el Gobierno me tropecé con el relato que los servicios de inteligencia de entonces (1982) hicieron de un incidente protagonizado durante el juicio a los sediciosos por el periodista Miguel Ángel Aguilar. Trabajaba entonces para El País, pero cubría el juicio para la Asociación de la Prensa de Madrid. En la sesión del 5 de abril testificaba el general Sáenz de Santamaría, militar leal a la Constitución, que tuvo la ocurrencia de llamar “rehenes” a las personas recluidas en el Congreso de los Diputados por los golpistas. Estos se sintieron ofendidos y, muy airados, se levantaron profiriendo improperios y amenazando con abandonar la sala de vistas a pesar de las advertencias del presidente del tribunal, que llegó a sugerir al testigo que retirara la expresión para no ofender a los acusados. El golpismo campando a sus anchas.

Miguel Ángel Aguilar, fuera de la sala de vistas, presumió de ser amigo de Sáenz de Santa María y defendió su argumento: que los diputados y diputadas secuestrados en el Parlamento por el teniente coronel Tejero eran rehenes, como no podía ser de otro modo. Solo eso le valió que le increpara el público presente y llevara a sus acompañantes a sacarlo de allí por el peligro que podía correr. La historia se repite.

El golpe de Tejero, Armada, Milans del Bosch y compañía fracasó porque hubo una mayoría de medios de comunicación, incluidos algunos tradicionalmente muy conservadores, que no lo respaldaron. Pero no son esas las circunstancias que se dan en estos momentos porque a cabeceras conservadoras como ABC, El Mundo o El Confidencial, y esa ristra de medios ultras como El Español de Pedrojota, OKDiario, Libertad Digital, El Debate o The Objetive se suman poderes del Estado desesperados (jueces, fiscales, policías, guardias civiles…) que no disimulan su fervor por que vuelva a gobernar la derecha, sola o en compañía de la ultraderecha.

Entusiasmados por la financiación que parte de las instituciones que gobierna el PP, esos medios olvidan que cuando los fascistas están envalentonados, arrasan con todo, y los periodistas somos un objetivo fácil de batir porque no llevamos armas, la policía tarda en venir a protegernos (cuando viene), muchos jueces se suman a la causa y nuestra existencia mortifica a más personas que están deseando que desaparezcamos del mapa para vivir en un mundo instalado en la mentira y la mamarrachez.

Pero, como ocurrió entonces, en 1982, cuando todavía pretendían hacernos creer que el golpe era necesario y hasta saludable, ahora se les está yendo la euforia de las manos. Y basta con que los periodistas, los de Radiotelevisión Española y los demás, contemos lo que están haciendo y lo que pueden ser capaces de hacer, lo que hacen en otros países del mundo donde han conseguido llegar al poder, lo que hacen en las comunidades autónomas donde ya gobiernan, aunque sea disimuladamente, para que la gente se de cuenta de que nos quieren devolver a los tiempos del palo y tentetieso.

No hemos llegado hasta aquí para rendirnos. En Canarias Ahora hemos sufrido la persecución de personas muy poderosas y corruptas que han empleado en ocasiones los mecanismos del Estado para apabullarnos y no nos hemos rendido. No lo vamos a hacer ahora porque contamos con miles de lectores y lectoras que nos apoyan y a los que les pedimos también que corran la voz.

Lo ha vuelto a hacer el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, liderado por José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, y Carlos Tarife, del Partido Popular, asistidos en la banda de la extrema derecha por el portavoz “nacionalista” (y dos piedras) José Alberto Díaz-Estébanez, que está a un tris de hacerse de Vox. La ocasión, la convocatoria por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de una manifestación este miércoles para protestar por los sucesos de Ceuta y, teóricamente, mostrar su solidaridad con ese pueblo, que vive momentos de tensión muy preocupantes.

Es conveniente recordar que la convocatoria parte de la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, del PP de toda la vida, que la lanzó sin encomendarse a su junta directiva, algo que hubiera sido muy saludable teniendo en cuenta la cantidad de sensibilidades de todo tipo que se agolpan en una organización de 7.410 entidades locales, entre ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares.

Pero si hubiera que dar por buenas las intenciones de la convocatoria, la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta, de ellas colgaron luego los enunciados de las convocatorias en las que cada alcalde o alcaldesa ha aprovechado para hablar de su libro.

Así, la alcaldesa de Mogán, nuestra musa Onalia Bueno, lanzó para la ocasión un vídeo en redes sociales bastante bochornoso en el que mezcló la llegada de cayucos al puerto de Arguineguín en 2020 con la crisis provocada en Ceuta, obviando no sólo las evidentes diferencias entre ambas y esquivando contar cuál fue su comportamiento insolidario y racista de entonces, como relata muy bien en este artículo mi compañera Teresa Cárdenes.

En Arrecife, su alcalde, Yonathan de León, del Partido Popular, tampoco quiso perder la oportunidad de meterle un dedo en el ojo a la oposición y el Gobierno socialista y lanzar todo tipo de soflamas, mayormente coincidentes con las que lanza la entidad que refuerza la convocatoria de la FEMP en Lanzarote, Hazte Oír, que le está cogiendo el gustillo a pinchar en sus algaradas callejeras conejeras (no majoreras).

En Puerto del Rosario el consistorio fue mucho más prudente, seguramente por la presencia del PSOE en el gobierno municipal. Y la declaración lanzada por su Junta de Gobierno tras acordar respaldar la manifestación es un ejemplo de responsabilidad y compromiso institucional, además de un llamamiento a la mesura en momentos tan delicados para la política y los derechos humanos.

Pero donde a Coalición Canaria volvieron a saltársele los plomos fue en Santa Cruz de Tenerife. En su comunicado oficial de convocatoria se entrecomillan declaraciones de su alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), que, como mínimo, perjudican las políticas del Gobierno de Fernando Clavijo para con Marruecos. Aunque trata de revestir su declaración de preocupación por los derechos de las personas migrantes, Bermúdez no se resiste a hacer una peligrosa incursión en la geopolítica y en las relaciones bilaterales de España y Marruecos. Así, entre otras proclamas, suelta que “la solidaridad con Ceuta debe ir acompañada de una defensa inequívoca de la legalidad, de la integridad territorial del Estado y de unas reglas claras que garanticen que situaciones como esta no puedan volver a producirse sin una respuesta firme y coordinada de las instituciones”. No deja claro que lo ocurrido haya sido una agresión a España del país de donde procedieron las 70.000 personas que entraron a Ceuta hace ya un mes.

Pero el que vuelve a bordarlo es el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y concejal de Hacienda, además de diputado regional y parlanchín profesional en diversas tertulias retro, José Alberto Díaz-Estébanez. En el mismo comunicado del consistorio en el que se convoca a la gente a manifestarse el miércoles, el que fuera también concejal de Hacienda en el escándalo de Las Teresitas suelta estas perlas: “Existe una preocupación evidente ante la falta de reglas claras y de compromisos inequívocos frente a un vecino capaz de utilizar distintos medios para alcanzar sus objetivos. Canarias y Ceuta sabemos que vivimos en espacios geográficos con una enorme complejidad y que la estabilidad, la seguridad y la defensa de nuestros territorios no pueden depender de la improvisación ni de respuestas tardías”. Por eso, a su entender, la concentración a cuyo frente se va a colocar junto a su alcalde, “tiene también un profundo significado político. No se trata únicamente de expresar solidaridad, que es imprescindible, sino de recordar que Ceuta es España y que sus ciudadanos tienen derecho a saber que, cuando atraviesan una situación extraordinaria, no van a quedarse solos ni a depender de decisiones que llegan cuando el daño ya está hecho”.

Tanto Bermúdez como Estébanez, con la ayuda impagable de Carlos Tarife, atacan al Gobierno de España y sus relaciones con Marruecos sin percatarse que también se llevan por delante la estrategia de Fernando Clavijo, líder de su partido y presidente del Gobierno canario, de encontrar puntos de encuentro con el vecino en aquellas materias en las que es competente la Comunidad Autónoma de Canarias. Solo en esta legislatura, Clavijo ha viajado tres veces a Marruecos con el fin de establecer lazos de amistad en materias aparentemente inocuas pero con las que Clavijo trata de transmitir al país vecino que Canarias quiere sumarse al nuevo escenario abierto desde que España accedió a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara que aún no ha sido convenientemente explicada. Como seguramente no llegarán a ser convenientemente explicadas las causas y la identidad de los responsables de los sucesos de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

En esos viajes a Marruecos, siempre según la versión oficial del Gobierno de Canarias, se ha tratado de fortalecer algo que el ejecutivo llama “eje Atlántico” para afianzar “una relación basada en la buena vecindad, la cooperación institucional y el interés común”. De la importancia que Canarias da a estas relaciones puede ser reflejo el tamaño de la expedición que viajó el pasado mes de enero: además de la consejera de Universidades, el director general de Relaciones con África, y los rectores de las dos universidades públicas de Canarias, viajaron los presidentes de las dos autoridades portuarias canarias; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Virgilio Correa, la delegada de Proexca en Marruecos, Elvira Butler; el presidente del Club Deportivo Tenerife Femenino, Sergio Batista, así como el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia, y el presidente de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales, entre otros.

Tras esa última visita, el presidente canario llegó a afirmar que gracias al trabajo continuado “se han ido tejiendo conexiones, esos puentes necesarios para dejar de hablar de que Canarias tiene una oportunidad por su posición en el Atlántico Medio y convertirlo en una realidad”.

No solo dentro de su partido tiene un problema de verborrea Clavijo. Su socio y vicepresidente, Manolo Domínguez, no se ha querido quedar fuera de la fiesta. En unas recientes declaraciones a Libertad Digital, el también presidente del PP canario ha dicho que “el Gobierno de Sánchez se ha tomado a broma la relación con Marruecos. Si hubiera habido desde el principio diálogo y respeto, estaríamos en otra situación. Pero, cuando tú eres el rey de Marruecos y ves enfrente a una persona como Pedro Sánchez, con el que puedes hacer lo que te da la gana, aprovechas la situación. Hay que cambiar la relación con Marruecos para que haya respeto por ambas partes”.

Debe pesar mucho en el ánimo de estos políticos de estrategia restringida la presencia en la ecuación de Ángel Víctor Torres, ministro plenipotenciario del mando único para la crisis de Ceuta y seguro repetidor a la presidencia del Gobierno canario en 2027. Al que las encuestas, dicho sea de paso, siguen colocando como ganador a pesar de la crisis que ahora ha de comerse.

Mientras tanto, Fernando Clavijo, en la línea de la prudencia y del fortalecimiento de su “eje atlántico” ha transmitido un mensaje evidentemente conciliador. Desde el primer minuto habló de “establecer una política de carácter diplomático con Marruecos”, no sin dejar de manifestar su preocupación por los sucesos.

Me van a permitir que hoy hable de mí. Y que empiece agradeciendo a tantísimas personas que me han transmitido su solidaridad y su ánimo ante el absurdo judicial que estoy viviendo desde hace casi cuatro años, desde que el exjuez delincuente Salvador Alba Mesa y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) Teresa Lorenzo Establier me interpusieran una querella sencillamente por contar con todo el detalle del que hemos sido capaces en Canarias Ahora el que puede considerarse primer caso de lawfare con condena en España.

La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de desbaratar parte de la disparatada instrucción judicial alivia bastante pero no disipa mi indignación por tener que responder como acusado sencillamente por haber informado de unos hechos gravísimos. No hay fecha aún para sentarme en el banquillo en el Juzgado de lo Penal 11 de Madrid para responder por los delitos de revelación de secretos y acoso, una vez descartado el de odio y la agravante de enriquecimiento ilícito que figuran en el escrito de acusación por los que tuve que depositar una fianza de 422.000 euros.

Alba no inició con esta querella su cacería contra mí. Desde el momento en el que su condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre 2021, empezó su cruzada para tratar de descalificar lo que publicamos sobre sus andanzas para ir amoldando de ese modo la historia real a su alocada tesis de que la víctima de lo que ocurrió fue él y no la magistrada Victoria Rosell, a la que persiguió para tratar de agradar a quien le había prometido todo su apoyo para hacerlo vocal del Consejo General del Poder Judicial: José Manuel Soria, por entonces ministro en el gobierno de Mariano Rajoy.

No disimuló nunca en absoluto su convicción de que si todo se hubiera hecho sigilosamente, sin que se enterara la opinión pública, no habría habido escándalo porque sus excesos se podían haber reconducido o directamente tapado. No contaba con la existencia de una grabación que lo delataba, y mucho menos con que pudiera haberse entregado a un periodista (yo) para que fuera publicada en un periódico de circulación nacional (eldiario.es) y estallara uno de los mayores escándalos judiciales de este país.

Tampoco contaba con que a su comportamiento se le hiciera un seguimiento periodístico estricto y riguroso: cómo se escondía de las notificaciones del Consejo General del Poder Judicial, cómo se fue de vacaciones a las Maldivas habiendo presentado un sospechoso parte de baja médica y dejando a medias la sentencia del mayor caso de corrupción del PP canario, cómo alegó una enfermedad que le impedía volar el día antes de tener que ingresar en prisión, quiénes eran los médicos que se prestaban a esas trapisondas, su presencia con posado incluido en un mitin de Ortega Smith, o en una cena privada con Santiago Abascal; o cómo trató de extender su mierda grabando a otros compañeros de profesión para aparentar que él no era peor que ninguno…

Los periodistas, imprescindibles

Como lawfare de alta calidad que se precie, no faltaron en este los medios de comunicación que respaldaron a Alba, incluso algunos hasta el final, cuando ya se habían confirmado los delitos. El diario El Mundo, el más destacado, se tragó todas las resoluciones de Alba sin el más mínimo contraste hasta que apareció la grabación, y Confilegal llegó tan lejos que su director, Carlos Bellver, llegó a ejercer de jefe de prensa del exjuez delincuente redactando incluso una nota de prensa que este distribuyó. Bellver ha asumido hasta el final las tesis de Alba, escribiéndole incluso el prólogo del libro que escribió ya condenado.

Para que no quede duda del cariño que Alba me profesa, en ese libro me describe así: “Es un aficionado al periodismo que publica una especie de web que se llama canariasahora.com, en la que se dedica a poner a parir a todas aquellas personas, políticos, empresarios, jueces, que por alguna razón tienen la osadía de contrariar sus ideas o sus acciones. Un tipo de mediana estatura, algo rechoncho y con aspecto de seminarista. Es un auténtico sicario del periodismo. Solo utiliza su medio de comunicación para extorsionar, chantajear o hundir mediáticamente a cualquiera que se le ocurra”.

Así aparezco descrito en las primeras páginas de la presunta novela Injuria, el libro que escribió cuando ya estaba siendo buscado por las fuerzas del orden para que ingresara en prisión a cumplir la condena de seis años y medio que se le impuso por delitos tan graves como la prevaricación, el cohecho y la falsedad en documento judicial. La editorial que se hizo cargo de esa obra, Cajón de sastre, incluyó en su sinopsis la tesis que Alba defendió desde que se descubrió la conspiración que lideró contra la magistrada Victoria Rosell: “Es una historia real. Lo que el lector tiene en sus manos es un relato de lo ocurrido y de lo que jamás debe volver a ocurrir. Una historia de injusticia, de envidias y odios. Una historia de venganza desproporcionada envuelta en un halo de hipocresía. Intrigas judiciales, manipulación de tribunales y jueces”.

Es exactamente su tesis victimista, el relato contrario al lawfare que él protagonizó. Pero la perseguida ya no es Victoria Rosell, la candidata de Podemos al Congreso de los Diputados en las elecciones de diciembre de 2015, que competía con José Manuel Soria, que acabó ganando por 9.000 votos. Ahora el perseguido soy yo porque aquella conspiración la perdió porque la pudimos contar y porque no quiere que se siga hablando de él, que contemos que intentó colegiarse como abogado en el colegio de Las Palmas para ejercer como si nada hubiera pasado y transitar los mismos pasillos y las mismas salas de vistas que la que fuera entonces su víctima.

No quiere que existan periódicos ni periodistas que se atrevan a contar que una parte de la justicia está corrompida y que algunos de sus colegas no han aprendido la lección porque alguno de ellos podría tener que ayudarle en el futuro como algunos de ellos le trataron de ayudar en el pasado.

Es muy jodido sentirse perseguido injustamente por la justicia. Porque es la justicia la que le ha hecho caso a este delincuente y la que me sienta en el banquillo después de una instrucción que no resistiría el más elemental examen de primero de Derecho Procesal. La misma justicia que ha condenado por el mismo delito de revelación de secretos por el que voy a juicio nada menos que al fiscal general del Estado, la que no piensa levantar el pie del acelerador hasta que gobiernen los suyos.

No nos vamos a callar, no me voy a callar. No tengan duda. Ni vamos a plegarnos para conseguir una sentencia favorable porque estamos convencidos de que tenemos la razón y que nos la tienen que dar.

Seguiremos informando del Salvador Alba Mesa y de Teresa Lorenzo Establier cada vez que consideremos que sus actos son noticiables y de interés para la comunidad. Caiga quien caiga.

“Yo soy el accionista mayoritario”. Con esas palabras definió su posición política Fernando Clavijo en diciembre de 2016 ante la que era su socia y vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández, en los momentos en los que se quebraba el pacto entre Coalición Canaria y el PSOE tras un buen ramillete de desencuentros. Hernández trataba de hacer ver al por primera vez presidente de la autonomía que no debía estar conduciendo de la manera que lo hacía, es decir, imponiendo a su socio decisiones que no se habían discutido en el seno del Gobierno y, lo que es peor, puenteando a los consejeros y consejeras socialistas haciendo valer su condición de líder del partido con más diputados en la cámara regional.

Clavijo no puede presumir ahora de tener más diputados que nadie porque en 2023 le ganó el PSOE, pero sí puede recordar a su socio, el Partido Popular, un día sí y el otro también, que tiene cuatro más y que sigue siendo, por tanto, el accionista mayoritario del cortijo. Y ya sabe el PP, porque la política canaria está plagada de antecedentes estrambóticos, que si los populares se ponen flamencos, Clavijo es capaz de echarlos y ponerse a gobernar con el apoyo del PSOE, partido en el que hay algunos dirigentes bastante predispuestos.

Teóricamente debería estar siendo bastante incómodo mantener un Gobierno como el canario, con dos partidos que solo parecen estar de acuerdo en que hay que permanecer juntos, sea como sea, porque no es que haya frío ahí fuera, sino que se avecina temporal en 2027 y no es bueno estar desguarnecido cuando se produzca.

Por eso el PP ha aguantado con estoicismo el desplante del presidente Clavijo con el modelo de financiación autonómica, pactado a espaldas de la consejera de Hacienda, Matilde Asian, y del mismísimo vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Domínguez, que ya sabemos que pinta poco, pero que tiene su corazoncito.

Aunque se haya tratado de ocultar, Domínguez ni siquiera se personó en el último Consejo de Gobierno, o al menos no llegó a tiempo para la foto de rigor, con lo que al hombre le gusta una fotografía.

Su consejera de Hacienda, que lo es también de toda Canarias, optó por pedirse dos días de vacaciones, los pasados martes y miércoles, de modo que no tuviera que pasar el mal trago de acudir a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera a votar a favor de lo que su partido quiere que se vote en contra. Es de esperar que los dos días le sean descontados efectivamente de sus vacaciones, porque de lo contrario estaríamos ante un flagrante caso de absentismo laboral, de esos que anda denunciando con pésima fortuna el presidente nacional de su partido.

Resultó de tal envergadura la ruptura de Canarias con el consenso pepero y, por lo tanto, la jugada de los ministros España y Torres, que el partido de Feijóo pidió con urgencia la desconvocatoria de la reunión porque habría dado lugar a un problema interno en el partido ante la evidencia de que el nuevo sistema va a sacar a algunas autonomías como la valenciana o la andaluza del agujero de financiación que vienen sufriendo desde hace años.

No es la primera gran discrepancia entre estos dos socios tan bien avenidos. La migración lleva años provocando serias tiranteces por la posición del PP de negarse a aplicar la ley y asumir los cupos de acogida de menores migrantes no acompañados que corresponden a cada autonomía. Manolo Domínguez dice que hace lo que puede, que viene a ser exactamente nada, para convencer a sus colegas de otros territorios para que se dejen de zarandajas, mientras se recrudece tanto dentro de su partido como en su socio natural, Vox, el discurso antimigratorio con todas sus derivadas racistas y de odio.

La fuerza del socio débil

Pero volviendo a Canarias, el accionista mayoritario del cortijo sigue exprimiendo a su gusto la debilidad actual que presenta el PP y lo que se le viene encima. Las encuestas siguen insistiendo en que el partido de Núñez Feijóo va a sufrir un llamativo estancamiento en Canarias, cuando no un retroceso a manos de Vox, tanto en las generales como en las autonómicas del año que viene. Y esa tormenta hay que enfrentarla desde dentro de las instituciones pagando el precio que sea, incluido el de la humillación y el puenteo al que se le viene sometiendo.

Clavijo, por su parte, conoce esa debilidad del PP y por eso la explota tan descarnadamente. Se le ha abierto una pequeña fisura por la isla de La Gomera, a pesar de la estrecha amistad que sigue teniendo con Casimiro Curbelo, pero está convencido de que puede aguantar lo que queda en el convento sin necesidad de mayores crisis que las ya vividas.

Porque si fuera a aplicar la plantilla que Coalición Canaria ha aplicado en otras ocasiones, hace ya tiempo que debía haber dado puerta al PP. Es bueno recordar que a Jerónimo Saavedra lo echó de la presidencia del Gobierno su vicepresidente, Manuel Hermoso, por unos comentarios godos de Carlos Solchaga sobre la reforma del REF. Y que a Patricia Hernández el mismísimo Clavijo se vio obligado a destituirla tras varios desplantes relacionados con el déficit sanitario (que el presidente intentó gestionar puenteando el consejero de entonces) y por el reparto del famoso Fondo de Desarrollo de Canarias a través de los cabildos, lo que condujo incluso a que los consejeros socialistas se levantaran y se mandaran a mudar en medio de un consejo de gobierno para no tenerlo que votar en contra.

Nos queda un final de legislatura que vendrá cargado de gestos como el que esta pasada semana protagonizó desde sus escaños en la oposición el PP en Telde. Lejos de abordar asuntos tan importantes para la ciudadanía como la grave contaminación que sufre el litoral de ese municipio por la política negligente del consistorio, los concejales populares elevaron al pleno una moción reclamando la dimisión de Pedro Sánchez. Sólo votaron a favor de esa iniciativa los concejales del grupo proponente y los de Vox. Se van configurando las futuras alianzas.

La Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa) sigue siendo un saco sin fondo para su Ayuntamiento. Lo fue desde sus inicios, cuando la mayoría de Gobierno, con Miguel Zerolo (Coalición Canaria) al frente, le otorgó a Sacyr Agua la explotación de esa compañía y consecuentemente la gestión del ciclo integral del agua a cambio de una millonaria aportación (59 millones) que se le fue devolviendo ilegalmente hasta que se descubrió el chanchullo. Ahora, 19 años después, hay que pagarle a la empresa, de la que el consistorio tiene menos del 5%, 10 millones de euros en concepto de lucro cesante por haberse mantenido concegaladas las tarifas entre los años 2015 y 2023, según el grupo de gobierno “por ser los años de mayor crisis económica”.

Para habilitar la correspondiente modificación presupuestaria, el Ayuntamiento celebró este viernes un pleno extraordinario en el que volvieron a aflorar fantasmas del pasado siempre agazapados en esa Corporación. De entrada, el concejal de Hacienda que defendió la propuesta, José Alberto Díaz-Estébanez, era el mismo que firmó desde el mismo puesto el famoso pelotazo de Las Teresitas, cuyo quebranto económico de 52 millones para las arcas municipales se pretendió resarcir precisamente con los 59 millones de euros ingresados por Sacyr para hacerse cargo de Emmasa, dinero que Coalición Canaria decidió, acto seguido, írselos devolviendo durante los siguientes veinticinco años.

Pero ahora Coalición Canaria gobierna con el PP y el concejal encargado de los servicios públicos, entre ellos el del agua, es Carlos Tarife, que acusó “al socialismo” de pretender que los chicharreros se queden sin agua o que no se depure bien, poco más o menos. Y todo porque la portavoz del PSOE y exalcaldesa de la ciudad, Patricia Hernández, rechazó el acuerdo que se llevaba a pleno por considerar excesivos los 900.000 euros de intereses que habrá que pagarle a Emmasa, que no desembolsó ni un euro por tal concepto por la famosa devolución de los 33 millones (a 3,3 al año, durante diez) que ha se había quedado indebidamente de los 59 adelantados por Sacyr.

El grupo de gobierno asegura que con este acuerdo con Emmasa, el ahorro por intereses que correspondería pagar por ejecución de varias sentencias judiciales ganadas por la compañía es de 2,35 millones de euros.

Presumió el concejal Tarife en su intervención de lo baratas que son las tarifas del agua en Santa Cruz de Tenerife si se las compara sobre todo con municipios gobernados por socialistas. No es lo que sostuvo en el pleno la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, quien dijo que han subido desde 2022 un 18,9% la de abastecimiento y un 24,3 la de alcantarillado.

Pero ahora habrá que prorratear entre cada contribuyente -sea o no abonado de Emmasa y consuma el agua que consuma- estos 10 millones de euros que van a parar de nuevo a la compañía.

El acuerdo adoptado este viernes habrá de pasar el filtro del Consejo Consultivo de Canarias y, a continuación, de los servicios jurídicos y la intervención del propio Ayuntamiento, según anunciaron los concejales responsables de defenderlo.

“Cuando Marchena y la Sala II del Tribunal Supremo decretaron el archivo de los decretos dictados por Fernando Clavijo, me llegó la orden de Santos Cerdán de que no presentara recurso (...) y como no la obedecí, sufrí como castigo que me apartaran del escaño de senador en representación de Canarias”. Así se ha expresado el exsenador socialista tinerfeño Santiago Pérez en una larga conversación con este periódico para hacer balance de uno de los escándalos protagonizados por el actual presidente del Gobierno canario, el caso Reparos, del que acaba de retirarse como denunciante y acusación particular en disconformidad con la última resolución de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ha decidido mantener a una sola persona como imputada, el último alcalde de Coalición Canaria en La Laguna, José Alberto Díaz.

Es ahora cuando Santiago Pérez (La Laguna, 1954) ha decidido contar públicamente lo ocurrido en torno a los episodios que se sucedieron después de que Clavijo decidiera aforarse como senador por la Comunidad Autónoma para que los litigios impulsados por el político socialista pudieran sustanciarse en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, comandada entonces por el canario Manuel Marchena.

El veterano político socialista, ya retirado de la primera línea de fuego, vio cómo el caso Reparos se tropezaba con el criterio del poderoso magistrado y sus compañeros de sala con argumentos que él descalifica hasta el punto de opinar que existen dos varas de medir en el alto tribunal español: “Es como si la Sala II del Supremo aplicara un criterio para los políticos de izquierdas, con el que puede condenarse por prevaricación a siete años de inhabilitación a la alcaldesa socialista de San Juan de La Rambla por reconocerle y pagarle 4.220 euros al medianero de una finca expropiada por el Ayuntamiento; y otro criterio distinto para los del PP y sus aliados ultraperiféricos, que permite convertir en meras irregularidades y decretar el archivo de 127 decretos investigados por prevaricación, todos y cada uno de los cuales la Intervención General del Ayuntamiento calificó como nulos de pleno derecho, y mediante los que se comprometieron y pagaron ilegalmente 60,352 millones de euros entre enero de 2011 y mayo de 2019”.

Las tomaduras de pelo de Marchena

No recurrió aquel archivo ante el Supremo porque dice no aceptar “tomaduras de pelo, ni de Marchena ni de nadie cuando estoy defendiendo la legalidad y la buena administración del dinero de los contribuyentes”. Y explica así su decisión de mantener viva la causa en los juzgados canarios, concretamente en el 4 de La Laguna, y ante la Audiencia Provincial: “Si Cerdán llegó a creerse lo que le dijo Clavijo, eso de que los socialistas canarios somos simples medianeros de los jefes de Madrid, estaba equivocado. Al menos conmigo y con muchas y muchos compañeros socialistas del archipiélago. Cuando recibí esa orden, comuniqué a la dirección del Grupo Socialista del Senado que si se declaraba también el archivo de la parte principal de la investigación que se instruía en un juzgado de La Laguna, sí presentaría recurso. Y eso es lo que he hecho hasta en tres ocasiones desde la primavera de 2023”.

Por eso cayó en desgracia en su partido de toda la vida, que no permitió que repitiera como senador sin recibir explicación alguna hasta la fecha. Fue el pago por no haber aceptado nunca “órdenes de nadie en lo que respecta a lo ocurrido en el Ayuntamiento de La Laguna. Y, en este [caso Reparos] y en otros casos, como el de Las Teresitas, [del que también fue denunciante] siempre he tratado de liberar al PSOE de ese tipo de presiones de ATI-Coalición Canaria. Nunca he tenido otra obligación que la de cumplir mis compromisos electorales con los ciudadanos laguneros, tinerfeños y canarios”.

Pérez está convencido de que tras las instrucciones de Santos Cerdán subyacían las negociaciones con Coalición Canaria para conseguir su voto favorable al Gobierno en el Congreso de los Diputados. “No es la primera vez que, además de lo que llaman la Agenda Canaria, exigen bajo cuerda total impunidad para algún caso de corrupción. Lo hicieron con el caso Floreal. Y, después de lograr el archivo, traicionaron a Jerónimo Saavedra con una moción de censura. Y también lo han hecho en otros casos”.

La obligación de un cargo público

Tres años después de que Marchena diera carpetazo al asunto en el Supremo desoyendo el criterio de la Fiscalía, que enfatizó que cada uno de los decretos de Clavijo y de los demás investigados se dictaron “contraviniendo de forma grave la Ley de Contratos del Sector Público”, es decir, el leitmotiv del caso Reparos, Santiago Pérez decide parar y abandonar la acusación. “He tomado la decisión de dejar de ejercer la acusación popular”, argumenta, “porque el juzgado de instrucción, y ahora también la Audiencia Provincial, van extendiendo a los demás investigados la amnistía que Marchena concedió a Clavijo. Y porque no tengo la obligación de seguir reemplazando a una Fiscalía que, cumpliendo órdenes de Luzón [el fiscal jefe Anticorrupción], ha abandonado en este caso su principal función constitucional: promover la acción de los tribunales en defensa de la legalidad”.

Cree que los cargos públicos están obligados a actuar como él ha hecho a lo largo de toda su vida política, y como buen jurista que es, aunque jubilado, recurre a la Ley: “El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone a funcionarios y autoridades el deber legal de denunciar los hechos de corrupción que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Y eso es lo que hice, después de más de un año y medio advirtiendo en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna de que había que erradicar aquella práctica ilegal, mientras Coalición Canaria miraba para otro lado. Luego me personé como acusación particular y, más adelante, pedí a la Fiscalía Anticorrupción que tomara cartas en el asunto, ante la parálisis total de la investigación por parte del Juzgado de La Laguna y de la Fiscalía ordinaria”.

Podía haberse ahorrado el viaje a Gran Canaria la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que se limitó el jueves a cumplir estrictamente con su obligación de dar posesión al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Isabel Perelló vino, presidió el acto, pronunció exclusivamente la fórmula protocolaria y, con la misma, se marchó. Ni siquiera obsequió al respetable con un discurso que pudiera animar a pensar que, a pesar de lo que estamos viendo en determinados juzgados y tribunales españoles, particularmente los de Madrid, hay vida inteligente en la Justicia española, que los casos aislados no se están extendiendo, que los mecanismos de revisión y disciplinarios funcionan adecuadamente y que el corporativismo y la sumisión a los poderes tradicionales de la derecha son cosas del pasado.

Ese silencio tan llamativo se extendió también a la prensa, a la que tampoco atendió la señora Perelló, con lo que nos quedamos con las ganas de preguntarle por la última ocurrencia de una buena parte del Consejo General del Poder Judicial, con su Promotor de la Acción Disciplinaria al frente, de restringir al máximo las posibilidades de la ciudadanía de denunciar comportamientos inadecuados de los profesionales de la Judicatura.

Sin embargo, es más que probable que la numerosa y abigarrada concurrencia asistente a la toma de posesión agradeciera a la señora presidenta del Supremo que decretara el formato corto del acto, porque en la sala de vistas del viejo Palacio de Justicia de la Plaza de San Agustín, en Las Palmas de Gran Canaria, no cabía un alfiler y el calor llegó a ser por momentos sofocante.

El que sí habló fue el verdadero protagonista del acto, el nuevo presidente del TSJ de Canarias, Juan Avello, a cuyo alrededor parece difícil encontrar alguna persona a la que le caiga mal. Bueno sí, hay una: su antecesor, Juan Luis Lorenzo Bragado, que compitió sin éxito con él por repetir en ese cargo y que tuvo el feo gesto de no constituirse en el solemne acto de toma de posesión sin ni siquiera disculparse. Lorenzo Bragado lo intentó todo para ganar a Avello, incluso remitir al Consejo General del Poder Judicial, en los minutos de descuento y cuando ya se sabía que había sido derrotado, un informe en el que trataba de demostrar que su sustituto es un absentista de esos que persigue Feijóo porque se había escaqueado de algunas reuniones de la Sala de Gobierno del TSJC y se tomó algunas vacaciones fuera del habitual mes de agosto. Y, con esos antecedentes no iba a ser un digno sucesor. La estallada fue doble, por consiguiente.

Adornan a Juan Avello algunas virtudes muy lejanas al escaqueo y al silencio corporativista. Más bien todo lo contrario. A la mañana siguiente a su toma de posesión concedió cuatro entrevistas a otros tantos medios de comunicación y cumplimentó y se dejó cumplimentar por todo lo cumplimentable. El don de gentes y la comunicación activa no son desde luego la solución a todas las amenazas que se ciernen sobre la judicatura, pero ayudan más que el silencio y el corporativismo.

Hay que desearle suerte al nuevo presidente del TSJC porque la va a necesitar. Se va a desempeñar en una plaza muy mal amañada, con algunas inercias muy poco edificantes y con una tradición a echar burros a volar en las salas con más tronío que no animan precisamente a la esperanza de que esto vaya a cambiar de inmediato.

Desgraciadamente para lo que Avello representa a partir de ahora, una sentencia adelantada este fin de semana por Canarias Ahora demuestra a la perfección lo que se cuece en las altas instancias de la justicia en Canarias. Un renombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de nombre Francisco José Gómez-Cáceres, vio cómo el supremo le anulaba una sentencia por eludir su obligación de motivar el fallo y, por el contrario, rendirse ante los encantos de los argumentos de una de las partes “de forma acrítica y mecánica”. El ponente -no se sabe muy bien si con la aquiescencia de la sala o por sus santos conocimientos- se limitó a cortar y pegar lo que sostenían los demandantes, a los que dio la razón sin explicar por qué, pero añadiendo de su propia cosecha, como única aportación original a la resolución judicial, un elogio a “la brillantez, claridad y solidez” de su escrito.

Esta extravagancia podría quedarse en eso, en un caso aislado, si no fuera por quién es el autor, quién la parte elogiada, copiada y pegada, y por quién o quiénes están detrás de ese recurso por el cual se pretende revertir un contrato de asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Pájara. Nada más y nada menos que el prestigioso y conocidísimo despacho de abogados Montero-Aramburu, del que forma parte destacada un viejo conocido de las salas de justicia de Canarias donde los burros vuelan: Rafael Fernández Valverde.

Rafael Fernández Valverde atesora una brillantísima carrera profesional, la mayor parte de ella ejercida en Canarias, donde lo fue casi todo: juez de instrucción, de primera instancia, de menores… pero sobre todo de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la que llegó a presidente de la sala correspondiente en el TSJ de Canarias. Luego dio el salto al Consejo General del Poder Judicial, del que fue vocal; a la Audiencia Nacional y finalmente al Tribunal Supremo… Para reengancharse finalmente en el despacho de abogados Montero-Aramburu.

Es evidente que para ese despacho tan prestigioso el asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Pájara tiene una importancia capital, y no solamente por los 1,2 millones de euros que supone por tres años más uno de prórroga, sino especialmente por los millonarios intereses urbanísticos que se mueven en uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias. Y Aramburu asesora a muchos empresarios del sector.

El burro volador

Pero el burro volador al que quiero referirme en este caso hizo sus evoluciones en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Canarias a finales de los ochenta, cuando Lorenzo Olarte Cúllen, recientemente fallecido, ejercía como presidente del Gobierno. Él, su consejero de Economía, Luis Hernández, y el de Sanidad, Julio Bonis, todos ellos por entonces en el CDS y sin atisbos de convertirse en nacionalistas cuatro años más tarde, se vieron envueltos en un escándalo judicial conocido por el nombre de caso Puerto Marena. Pidieron más de 1.000 millones de pesetas de crédito a la Caja de Ahorros para hacer una urbanización turística y la operación resultó tan fallida que hasta tuvo sospechas de fraude fiscal por presunto impago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

La operación la denunció el político comunista Antonio González Viéitez, quien vivió en sus propias carnes, en compañía del abogado José Manuel Rivero, cómo operaba lo que otro histórico letrado de Las Palmas, Pedro Limiñana, bautizó una vez como “la mafia judicial canaria”.

Dada la condición de aforados de varios de los encausados, el procedimiento cayó en manos de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que designó instructor a un veterano, José Joaquín Díaz de Aguilar, que se tomó muy en serio aquella instrucción hasta que se tropezó con la cruda realidad. Díaz de Aguilar tuvo incluso que sufrir la humillación profesional de tener que acudir al despacho de Presidencia del Gobierno en la Plaza de los Patos, en Santa Cruz de Tenerife, y observar cómo Olarte se instalaba en una tarima por encima del resto de los presentes y al magistrado instructor se le reservaba una mesa ridícula a un plano claramente inferior.

De aquella declaración, el magistrado salió con la firme convicción de que tenía que dictar auto de procesamiento contra Lorenzo Olarte, para lo cual hizo una consulta con un veterano del TSJC para poder armar una resolución solvente sobre el presunto delito de fraude fiscal. El experto era Rafael Fernández Valverde, que desde 1990 ya era presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario.

Inmediatamente después de que se evacuara esa consulta y de que se aireara cuáles eran las intenciones del instructor, Lorenzo Olarte movió sus fichas y ordenó a sus abogados que promovieran un expediente de recusación acusándolo de ser camarada de González Viéitez, no solo por haber formado parte ambos de la Junta Democrática, sino porque el nombramiento de Díaz de Aguilar para el TSJC fue promovido y apoyado en el parlamento por el político comunista. “Es un viejo zorro político metido a juez”, dijo de él Lorenzo Olarte para avalar su estrategia.

Lo curioso no fue solo comprobar los canales de información de los que disfrutaba Olarte, sino cómo, en cuestión de días, una vez iniciado el expediente de recusación, Díaz de Aguilar se veía obligado a apartarse, tomaba las riendas de la instrucción el magistrado Manuel Alcaide, que de inmediato archivaba la causa contra Olarte y los otros encausados. Pero tan sólo 24 horas después del archivo, se resolvía desfavorablemente la recusación. Es decir, Díaz de Aguilar habría estado capacitado para investigar al presidente Olarte, pero el sistema se lo había impedido.

Juan Avello parte con la ventaja de que, desde 2018, no hay políticos aforados en Canarias. Se recogió en la reforma del Estatuto de Autonomía gracias a la única aportación brillante de Ciudadanos, y hasta el momento ha funcionado tan razonablemente bien para el alto tribunal canario que el único investigado desde entonces sólo se zafó de sus imputaciones acogiéndose al magnánimo manto de Manuel Marchena en el Supremo, es decir, aforándose como senador: caso Clavijo.

Por lo tanto, un problema menos que tiene el nuevo presidente del TSJC. Pero tendrá que seguir lidiando con otros burros voladores que todavía se posan con descaro en las gárgolas del vetusto Palacio de Justicia de la Plaza de San Agustín.

Su reputación de persona dialogante y amigo de la conversación larga y distendida la demuestra Juan Avello ante cualquier circunstancia, incluida una entrevista periodística. Él mismo lo reconoce ante la primera de sus respuestas. Quizás sean esas dos cualidades algunas de las que le han ayudado a llegar a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tras una etapa como decano de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. Pero por mucho que hable no se moja en los asuntos espinosos, como la crisis reputacional que vive la justicia en España: prefiere hablar de lo que él cree que interesa a la ciudadanía aunque una de esas preocupaciones -reconoce- sea la independencia judicial.

Vaya momento más oportuno para ponerse a presidir un tribunal superior, con buena parte de la ciudadanía mostrando abiertamente su desconfianza en el Poder Judicial.

Buena pregunta inicial. A mí me gusta más simplificar las cosas. Las noticias en relación a tribunales son un porcentaje ínfimo de lo que de verdad día a día hace la justicia. Yo estuve en el anterior destino, fui decano [de Las Palmas de Gran Canaria], y me movía mucho por el edificio. El 99% de la Justicia es el señor que recurre la denegación de una prestación de la Seguridad Social, el señor que recurre una denegación de una licencia para abrir un establecimiento, el que recurre porque no le indemnizan por un accidente de tráfico o una cláusula abusiva. Ese es el día a día de la justicia y el porcentaje más elevado. La otra parte tiene su importancia, o le damos mayor importancia de la que puede que tenga. Lo que de verdad le interesa al ciudadano es que cuando su juicio le toque, vaya lo antes posible. Las estadísticas de satisfacción de los ciudadanos con la justicia son francamente favorables. A mi juicio, cuando hay casi un 55 o un 60% de personas que dicen estar satisfechas con la justicia, me parece prácticamente milagroso.

Yo creo que el presidente del TSJ tiene que cumplir su función institucional, su función de defensa de la independencia judicial, porque es un medio para garantizar el prestigio de la justicia en beneficio siempre de la ciudadanía. Que un ciudadano confíe en la justicia es muy importante para la justicia y para él, y para el Estado de Derecho también. Que no es una cosa que la tengamos dada y que pueda ser siempre y en todo momento. Hay que defenderla y hay que concienciar a los ciudadanos, a los periodistas, a los jueces.

Asumir esta presidencia es automáticamente asumir también la de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Que en el caso concreto de Canarias tiene una ventaja: que no hay aforados. ¿Cree que esto debería ser así en todas las comunidades autónomas, incluso en el ámbito estatal, y nos ahorraríamos muchos disgustos?

Aquí el legislador canario, en sus competencias, modificó el estatuto y suprimió los aforamientos. Es una decisión del legislador. Se quitó y no pasó realmente nada. No le veo mayor trascendencia. Yo creo que independientemente de que te juzgue un tribunal u otro, esas son las reglas del juego. Está establecido previamente, lo importante es que te juzgue un tribunal imparcial. Y que tenga la apariencia de imparcialidad y que una vez que te juzgue se puedan interponer recursos pertinentes si la legislación lo permite.

Aquí se suprimieron los aforamientos ¿y realmente cambió algo, pasó algo o modificó en algo la vida de los ciudadanos? A mí me da la sensación de que a los ciudadanos no les importa mucho. Si me dice, ¿quitaría usted los aforamientos? Pues sí o no los quitaría.

Que decidan ellos. Lo que sí garantizaría es que todo el mundo tuviera los mismos derechos y que las garantías procesales se respeten, como no puede ser de otra manera. Y gracias a Dios estamos también en un ámbito de la Unión Europea, con unas garantías y unos estándares mínimos que tenemos que cumplir.

Este respeto que usted muestra por una decisión legislativa, como ha sido la supresión de los aforamientos, sin embargo no está muy generalizado en su gremio. Hemos asistido a protestas, incluso aquí, de gente con toga y con puñetas en la puerta de los juzgados, protestando contra decisiones legislativas. ¿Por qué esa prudencia que usted demuestra no está más generalizada?

Las generalizaciones no suelen ser buenas. Yo creo que no suelen ser frecuentes las concentraciones de jueces y en algunas ocasiones podemos buscar también el ejemplo de los jueces polacos. Cuando el Poder Legislativo adoptaba decisiones que, a juicio de los jueces polacos, eran atentatorias contra los principios generales o contra los principios de separación de poderes o de la independencia judicial, nadie se sorprendió de que fueran todas las semanas a manifestarse en el Parlamento Europeo. Yo creo que los jueces tenemos también libertad de expresión y podemos manifestarnos con total y absoluto respeto, que yo creo que esa es la gran línea divisoria.

Los jueces no podemos estar sindicados, entonces es decisión personal de cada uno. Es importante pensar que los jueces no se manifiestan en contra de un concreto partido político, ni un gobierno, ni nada, ni en su beneficio tampoco, porque encima tampoco nos manifestábamos para que nos subieran el sueldo, sino que nos manifestábamos porque pensábamos, o el que se manifestó, porque esto es una decisión individual y personal de cada uno, que alguna decisión ponía en peligro el beneficio de los ciudadanos y el beneficio del sistema de garantías que tenemos.

Ayer hizo mención expresa y con mucha elegancia y agradecimiento a su antecesor. Sin embargo, su antecesor no estaba, ¿qué le pasó?

Es un tema personal. Yo lo que le puedo decir es que por mi parte, lo lógico y evidente, e hice una mención a su extraordinario trabajo.

¿Pero lo cree así?

Claro, si no, no lo diría. No era una cláusula de estilo, ni un formalismo, lo dije sinceramente y de corazón.

¿Pero le justificó su ausencia de algún modo o no apareció directamente?

No puedo contestar porque yo respondo por lo que yo hago y respondo por lo que yo sé. Yo trabajé con él durante cinco años que fui decano exclusivo y fue miembro de Sala de Gobierno y tengo el mejor de los conceptos [de Juan Luis Lorenzo Bragado]. Además, desde un punto de vista institucional jamás diré nada malo de ningún compañero. Y aparte, porque no tengo motivo. El que haya venido o no haya venido creo que es también una anécdota, es decisión personal de cada uno, asistir o no asistir, yo ahí no puedo entrar ni puedo explicar, respondo por mí. Lo que sí digo es que si dentro de cinco años el consejo que en su momento esté decide que yo no soy o que puede haber un compañero mejor, yo sí iré a la toma de posesión del próximo.

La elección de Gloria Poyatos como madrina junto a su padre en el acto de su toma de posesión, ¿es un gesto de bienqueda, una demostración de la capacidad que tiene usted para las relaciones públicas o que está usted verdaderamente convencido de que se puede hablar con cualquiera, como dijo, y llegar a acuerdos?

Lo dije en el discurso también. Es una decisión tomada con el corazón y con la cabeza. El corazón está de más que yo diga que Gloria es extraordinaria en todos los sentidos, como profesional y como persona, y por lo tanto, ¿qué problema hay? Si es una extraordinaria persona, una extraordinaria compañera, una extraordinaria profesional, qué suerte tengo de que haya sido mi madrina, eso es lo primero. Segundo, que se puede ver o entender, bueno no tengo problema tampoco en que sea, ¿qué porcentaje hay de la carrera judicial que son mujeres? ¿Cómo no va a haber una compañera acompañándome? Mi padre [el magistrado Ramón Avello, que ejerce en Asturias], lo teníamos claro y no había discusión, pero me llevo bien con Gloria, le tengo la mejor de las estimas, es una persona comprometida, buena, cariñosa, responsable. Todo lo que pueda decir es bueno. ¿Que es progresista? Perfecto, fenomenal. Cuando hablo con Gloria de temas de conciliación, ¿cómo no me voy a poner de acuerdo con ella? Si es que tiene razón, si es que es de sentido común, si es que vamos por ahí, ¿qué más da? Que dicen que yo soy conservador, bueno, pero las mujeres tendrán derecho a su pensión y a sus días de descanso y a su paternidad y a su maternidad, en fin, las cosas que antes no había. Si yo estoy de acuerdo con Gloria en todo, ¿será porque ella es progresista? Será.

Juan Avello Formoso (Oviedo, 1975) asume la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avalado por un sólido consenso en la judicatura y tras casi dos décadas de ejercicio en Gran Canaria. El hasta ahora juez decano de Las Palmas toma el timón del alto tribunal autonómico con una visión clara: la necesidad imperiosa de modernizar la Administración de Justicia, reclamar los refuerzos que el sistema pide a gritos y situar a la persona “en el centro” del proceso.

El reto que tiene sobre la mesa es titánico. El Archipiélago lidera desde hace siete años las tasas de litigiosidad en España, con juzgados sobrecargados y atascos históricos, como los miles de expedientes de extranjería que colapsan Tenerife. En esta entrevista, Avello aborda los males endémicos de la justicia en las Islas y también sus fortalezas, analiza las deficiencias tecnológicas y de infraestructuras, reflexiona sobre la lacra de la violencia machista y advierte de que los jueces están sosteniendo el servicio público a costa de su propia salud.

Canarias encadena siete años como la comunidad con mayor litigiosidad de España, ¿qué explica mejor el dato: una sociedad conflictiva, una economía más frágil y dependiente del turismo o una administración que resuelve sus problemas en los tribunales?

Las tres. Hay un libro muy bueno, ‘La factura de la injusticia’, que trata un tema que me interesa, porque creo que realmente al final vamos a tener que ir por ahí. Que funcione bien la justicia es muy importante para la economía. Este libro, de (Juan S.) Mora-Sanguinetti, analiza los factores que inciden en la sobrelitigiosidad. Y son los que dice usted.

Primero, el tipo de actividad económica preponderante. En Navarra, por poner un ejemplo, en zonas altamente industrializadas la litigiosidad es menor, porque para construir una central termoeléctrica se hacen unos contratos del carajo y eso genera menos litigios que el sector servicios.

Después está la población estacional o la población flotante, los turistas que vienen. Aquí la forma de calcular el índice de litigiosidad es: número de procedimientos por número de habitantes. Aquí los 15 millones de personas que vienen aquí, esos algún pleito tendrán, pueden plantear procedimientos, pero no se tienen en cuenta para calcular la media.

Y después, la calidad legislativa. Son los tres factores que tocó usted. La calidad legislativa genera litigios. Si tú haces una ley que no está clara, eso incide también en la litigiosidad. Son los tres factores. ¿Cuál es preponderante aquí, en Canarias? Yo creo que el sector al que se dedica Canarias (el turismo) incide en el índice de litigiosidad, pero eso daría mucho para hablar. (Canarias) también tiene el mayor índice de litigiosidad en la jurisdicción social y los visitantes tampoco se contratan aquí o no vienen a trabajar. Entonces, es una explicación posible y añadida a muchas más cosas, pero eso es para estudiarlo.

Según la última memoria del TSJC, los jueces y juezas canarias son los que dictan más sentencias. ¿Esto es una señal de eficiencia o de una sobrecarga extrema y crónica?

Es un ejemplo magnífico de la responsabilidad de los jueces. Si tú tienes que trabajar un 120% del módulo y estás a 350, es indudable que te está suponiendo un esfuerzo físico y psíquico. Ser juez es muy difícil y yo lo sufrí en mis carnes cuando ejercía la función jurisdiccional con esa responsabilidad que tienes de que sacar el trabajo, porque depende una persona de eso. Tienes que tener, primero, una capacidad resolutiva tremenda, una capacidad de trabajo tremenda y una dedicación mañana, tarde y noche muchas veces. Por tanto, reconocimiento total y absoluto a todas las funciones, a todo el trabajo que hacen todos los jueces de Canarias.

Segundo, pues algo hay que no cuadra, ¿no? Si la previsión de tu trabajo máximo es 120 y estás en 350, está claro que hay algo. Si a usted su jefe le dice que tiene que hacer un reportaje al día y está haciendo diez, pues hay algo que no cuadra, ¿verdad? Los diez reportajes seguro que no son igual de buenos que hacer un reportaje.

Cuando los jueces pedimos algo, nunca pedimos para nosotros, pedimos porque estamos convencidos de que es mejor para el servicio público. Cuando un barco está a punto de hundirse o tiene una vía de agua, ¿qué se puede hacer? Uno, intentar evitar que entre más agua: mediación, más unificación, las cosas que podamos hacer. O dos, sacar más agua: más plazas, más jueces, porque toda la idea de los tribunales de instancia gira un poco en torno a eso. Es decir, que para crear más plazas de juez no sea necesario crear nuevos juzgados con un juez, un secretario, diez funcionarios, el espacio… ¿Qué es lo que hace falta? Pues si un juez está poniendo 700, 800 sentencias al año, por lo menos que haya otro más y que sean 400.

Canarias, además de ser la comunidad autónoma con mayor litigiosidad, fue también la comunidad que más resoluciones dictó. O sea, interpretándolo y traduciéndolo, donde los jueces trabajamos más. Y además, el índice de confirmación de las sentencias dictadas en primera instancia es superior a la media nacional.

¿Y cómo se traduce eso en la salud de los miembros de la judicatura? ¿Están quemados los jueces y las juezas de Canarias?

Generalizar no es bueno. Están comprometidos con su trabajo y son responsables y lo hacen lo mejor que se puede. Y eso, siempre que tenga yo oportunidad, tanto con los periodistas, como en cualquier acto, el compromiso de esta presidencia es reconocer siempre el gran trabajo que hacen los jueces, porque es el gran capital humano que tenemos y porque a costa muchas veces de su salud trabajan en beneficio de los ciudadanos, por la responsabilidad, el compromiso, la forma de ser que tienen los jueces.

Los jueces tenemos cosas de deformación profesional. Yo lo vi en casa. Y tenemos responsabilidad y es un trabajo importante, entonces lo haces con todo el esfuerzo que supone, pero la teoría es que no debería de ser así, pero no por nosotros, que también, sino por la calidad del trabajo que se hace. Podrás hacer mejores sentencias y podrás dar una mejor respuesta a los ciudadanos si el trabajo es razonable y lo puedes hacer bien.

En su toma de posesión dijo que aspiraba a una revolución en la justicia para situar a la persona en el centro. ¿Cómo se materializa esto? ¿Qué cambios puede notar la ciudadanía?

Hay una cosa de todos esos números que estuvimos antes hablando: el mayor índice de litigiosidad, la mayor capacidad resolutiva, el mayor índice de confirmación… En los últimos años siempre se han obtenido por órganos judiciales en Canarias premios de calidad.

El Decanato de Las Palmas de Gran Canaria, cuando era decano Óscar (González Prieto), recibió un premio de la calidad de la justicia. El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, con Tomás (Martín), es pionero, una auténtica referencia a nivel internacional y una maravilla. El programa de atención a las personas con discapacidad del partido judicial de Arrecife también recibió por implementación de nuevas técnicas de gestión. Y recientemente, el protocolo de atención a sanitarios agredidos.

Se hacen las cosas bien, a pesar del trabajo que hay. A lo mejor, precisamente por eso. Poner al ciudadano en el centro de todo parece un eslogan, pero es que es verdad, es que es así, es que no puede ser de otra manera.

Ahora que habla del juzgado pionero de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria, ¿se trasladará ese modelo a otros partidos judiciales?

Sí, además la ley orgánica así lo prevé. Y en aquellos partidos judiciales en los que sea posible, se hará. Cuando vas a ese juzgado y ves a las víctimas menores de edad, ves que hay algo digno y si hay algo por lo que de verdad se puede luchar es por la infancia, porque es el futuro de todos nosotros. Si van allí y ven cómo es y cómo se trabaja allí y ven desgraciadamente cómo es en otros sitios, pues se dan cuenta de eso, cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que eso es mucho mejor.

El sistema de gestión procesal Atlante sigue dando problemas. Hace unas semanas, la Sala de Gobierno del TSJC denunciaba una nueva oleada de incidencias que había paralizado la actividad judicial. ¿Hasta qué punto esta inestabilidad está afectando a los plazos procesales? ¿Hay solución?

Entiendo que el trabajo de los demás es muy complicado. Yo personalmente no soy técnico ni informático y no sé, pero soy respetuoso con el trabajo que hacen los demás. El sistema de gestión procesal Atlante es de los mejores que hay en España, y como cualquier sistema puede fallar, todo el mundo puede cometer algún error. Cuando se detecta el problema, lo importante es resolverlo en un plazo de tiempo razonable. Yo estoy convencido que los responsables de Atlante, de la comunidad autónoma, de la Dirección General (de Relaciones con la Administración de Justicia), desde que surgió el problema lo detectaron e hicieron todo lo posible por resolverlo.

Es su trabajo y su responsabilidad, y yo estoy convencido que tenemos a los mejores profesionales, que tenemos a los mejores encargados del sistema informático, el sistema de gestión procesal en Atlante falló exclusivamente en la provincia de Las Palmas. Tenerife no tuvo incidencias. Personalmente creo que un sistema de gestión procesal correcto. Cuando se estropea, pues genera disfunciones, claro, pues imagínese un hospital si se va a la luz,

Esperemos que no vuelva a pasar, yo estoy convencido que se adoptaron las medidas necesarias, porque igual que nosotros estamos allí, la comunidad autónoma es la competente y estaban muy preocupados, y me consta que estaban muy preocupados, pues se hizo todo lo posible. Esperemos que no vuelva a pasar y que cuando pase se solucione lo antes posible, pero que falle el ordenador desgraciadamente entra dentro de lo posible.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife arrastra miles de recursos de extranjería. La memoria del TSJC señala que, al ritmo actual, se tardaría nueve años en resolver todos. ¿Qué medidas concretas propone más allá de pedir recursos al Ministerio, que ya lo ha denegado hasta en cuatro ocasiones?

Lo primero y más importante: tengo que ir a Tenerife cuanto antes. A Tenerife y a todas las islas y a todos los partidos judiciales. Es imposible trabajar si no conoces a las personas. Hay que poner nombres, caras. El problema de Tenerife habrá primero que analizarlo. Hay que sacar el agua, como dijimos antes, y eso pasa necesariamente por dotarlo de más personas. Poca solución más hay. Por tanto, primero identificar el problema. Segundo, hay que pedir y hay que exigir y conseguir los refuerzos necesarios para que puedan sacar ese procedimiento y después, aprendiendo de cara al futuro, intentar que no vuelva a pasar. Intentar que antes de que se genere esa bolsa de procedimientos, tengamos mecanismos para detectar y adelantarnos a ese problema

Canarias tiene la cuarta tasa más alta de mujeres víctimas de violencia machista. ¿Qué refuerzos específicos necesitan los juzgados de violencia sobre la mujer para responder mejor?

Lo mejor sería que no hicieran falta, que no hubiera víctimas. Lo más importante, a mi juicio, es la educación. Me sorprendió muchísimo hace cuatro meses que fuimos a un instituto en el marco del programa Educando en Justicia. Se hace una especie de simulación de juicio.Y era un caso de un chico y una chica que eran pareja y se habían hecho alguna foto íntima, se la habían mandado al novio y el novio las había difundido. Entonces, cuando celebras el simulacro de juicio, se plantean dudas. Y varios preguntaron: Oye, mira, si la foto es mía, ¿puedo hacer con ella lo que quiera? Y no, no puedes hacer con ella lo que quieras, que es otra persona, que es su intimidad. Entonces, vamos a ver si el problema está en chavales de 15 años que piensan que pueden difundir esas fotos. O que le pueden mirar el móvil a su novia.

Para mí, esa sí que es la medida de verdad. Llevamos veintitantos años con la ley y no somos capaces de disminuir el número de víctimas. Vamos a adelantar, vamos a anticipar, que el juzgado entre en funcionamiento ya es un fracaso. Pero es verdad que, desgraciadamente, tiene que seguir existiendo.

Si en todos los juzgados es importante la instalación o el medio donde se desarrolla la función jurisdiccional, en los juzgados de violencia sobre la mujer todavía más, porque hay una víctima, porque lo pasan mal, porque el entorno facilita mucho tu tránsito por ahí.

Claro, otra vez en comparación, ¿cómo funcionan aquí en Las Palmas? Pues con sus cosas mejorables, como todo, pero si lo comparas con Tenerife… El máximo o lo ideal lo tenemos, pues vamos a intentar conseguirlo. Si lo tenemos aquí en Las Palmas, pues en Tenerife seguro que lo conseguimos. Empujando todos en la misma dirección.

Y después, ahora los juzgados tienen nuevas competencias, pues habrá que mirar a ver cómo van los números y reforzar las plantillas, formar a los funcionarios que trabajan en esa jurisdicción. Es una jurisdicción especializada y hay que recibir formación.

¿Cuál es la necesidad más acuciante de renovación de infraestructuras, de la planta judicial?

La planta, los edificios, son muy importantes. El ejemplo nos lo da aquí Las Palmas de Gran Canaria. Disponemos del mejor edificio judicial de España. Al menos, de los que conozco.

Con diferencia es el mejor. Eso se manifestó en que aquí fue mucho más fácil que en otros sitios implantar los tribunales de instancia.

Tenemos el partido judicial de Puerto del Rosario. Tiene tres sedes. Hay que unificarlas. Es urgente y necesario. Santa Cruz de Tenerife tendremos que afrontarlo también. Hay que resolver ese problema. Poco a poco, con paciencia. Yo cuento con la máxima colaboración porque siempre me dieron muestras de ello y siempre fueron extraordinariamente eficaces y eficientes, por lo menos en mi experiencia en el tribunal de instancia de Las Palmas.

La comunidad autónoma sabe cuáles son sus responsabilidades, sabe que tiene competencias en esa materia y sabe que nosotros estamos aquí para ayudar y tirar en la misma dirección e intentar buscar la solución. Esto es economía familiar. También a todo el mundo le gustaría tener un Mercedes, pero si no llegamos al Mercedes y hay que ir en guagua, se va en guagua, pero vamos a intentar organizarnos y con las posibilidades que haya y con la buena disposición y voluntad de la administración con competencias en materia de justicia, pues seguro que se soluciona todo.

Se acabó la espera. Llegan las elecciones. Las tan ansiadas elecciones. Serán en 2027, se cumplan o no los anuncios y los renuncios de Pedro Sánchez, sencillamente porque tocan ese año. La discusión de precisión se centra ahora casi exclusivamente en saber en qué mes concreto del primer cuatrimestre se celebrarán las generales porque el presidente del Gobierno ha descartado el super domingo electoral: las adelantará a las autonómicas (donde toque, como Canarias) y a las locales (en toda España) el 23 de mayo.

En los partidos políticos, naturalmente, no se habla de otra cosa. Las encuestas y sus trackings son la herramienta habitual de cada semana para el diagnóstico y las acciones correspondientes, y el frenesí ya se ha apoderado de la actividad pública de casi todos esos partidos.

Esta semana, sin ir más lejos, ha estado en Canarias Alberto Núñez Feijóo con su habitual gracejo para presentar a sus candidatos a las dos capitales provinciales: Poli Suárez para Las Palmas de Gran Canaria, y Carmen Pérez, para Santa Cruz de Tenerife. En ambos casos se pronunciaron las soflamas de rigor, esas que se elaboran en los laboratorios de ideas de los grandes partidos y que no siempre tienen el éxito perseguido.

Por ejemplo, Carmen Pérez, actual concejala de Empleo, Comercio y Turismo, ha proclamado en las redes sociales lo siguiente: “Alberto Núñez Feijóo me ha designado candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para liderar el cambio en nuestra ciudad”. Independientemente de lo democrático y participativo del proceso de elección de la candidata, llama mucho la atención que su primer mensaje sea que va a promover “un cambio” en la capital tinerfeña, donde el PP gobierna con Coalición Canaria, ahora y cada vez que ha sido necesario, es decir, siempre. No deja en buen lugar a quien hasta ahora era y sigue siendo la cabeza visible del partido en esa ciudad, Carlos Tarife, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, que nunca fue el lápiz más afilado del estuche, es verdad, y que empezó a cubrirse de gloria el día que posó con un consolador tamaño king-size entre las manos haciéndose el moderno ¡en un sex shop!

Lo mandan, a Tarife, al Parlamento de Canarias, dicen que para ejercer de portavoz, lo cual va a mejorar notablemente la calidad de los debates en la cámara autonómica canaria.

Para Las Palmas de Gran Canaria, “el presidente Feijóo”, como gusta a la muchachada pepera llamar al líder del partido, ha designado al secretario general del PP en Canarias y actual consejero de Educación del Gobierno regional, Poli Suárez. O Poli Díaz (el Potro de Vallecas), como lo llamó “el presidente Feijóo” en Televisión Canaria provocando una vez más el revuelo y el relajo en las redes sociales, siempre dispuestas a amplificar sus cada vez más frecuentes patinazos. El eslogan elegido para la ocasión en Las Palmas de Gran Canaria ha sido “Recuperar la ilusión”, que se puede traducir como que después de dos mandatos en la oposición, ya va siendo hora, ¿no?

Mientras que la de Carmen Pérez es una candidatura de circunstancias, condicionada siempre a los resultados que obtenga Coalición Canaria y que ambas fuerzas puedan volver a sumar sin Vox, la de Poli Suárez, el Potro de Moya, es una apuesta fuerte por una plaza que el PP quiere recuperar a toda costa para tratar de reeditar aquellos años de las mayorías absolutas de José Manuel Soria pero con otro talante, porque Poli Suárez es otra cosa bien distinta.

Tentaron a Evaristo Quintana

Sin embargo, la mecha por la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria no la encendió ninguno de los grandes partidos con opciones de ocuparla, el PSOE o el PP, sino Coalición Canaria a través de su filial en la isla, Primero Canarias (Prica), que tuvo la habilidad de presentar antes que nadie a Marcial Morales como candidato. Un golpe político de mucho efecto y mucho nivel que allana las posibles reticencias y rivalidades dentro de CC porque, al fin y al cabo, el que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura y alcalde de Puerto del Rosario, además de consejero de Políticas Sociales del Gobierno canario, lo fue siempre por el partido de Clavijo. Nadie ha rechistado por tanto dentro de esas filas, donde perdió de repente toda opción la polémica presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, que habrá de disputar ahora el segundo o el cuarto puesto, los que le corresponden a CC, con María Fernández, directora general de Transportes.

Pero Morales no fue la primera opción de Primero Canarias, cuyos dirigentes barajaron varias opciones antes de proponerlo como candidato a la alcaldía. Teodoro Sosa, su presidente, tenía en mente otro perfil más mediático y popular, el periodista de la cadena Ser Evaristo Quintana, que ha admitido a este periódico que llegó a recibir esa oferta, aunque ahora le resta importancia. Pero lo cierto es que Sosa llegó a proponerlo ante los empresarios que están patrocinando su movimiento de respaldo a Fernando Clavijo.

Pero la jugada maestra de Marcial Morales se convirtió de repente en innegociable y las dos organizaciones están cerrando filas para intentar que Coalición Canaria recupere algo de oxígeno en un ayuntamiento que se le ha negado siempre, incluso en los momentos más prósperos de José Carlos Mauricio, que estuvo a punto de ser alcalde a principios de siglo a través de un pacto de time sharing en el que se incluía el PP, que lo traicionó en el último minuto. Fue de tal calibre el toletazo que en las siguientes elecciones ni siquiera salió él elegido, y eso que iba de cabeza de lista.

Los empresarios que siguen de cerca el proceso de formación de listas de los distintos partidos políticos con opción de gobierno han saludado con mucha satisfacción los movimientos escenificados hasta ahora. Que el PP y Coalición Canaria se fortalezcan en Las Palmas de Gran Canaria con dos candidatos menos planos que los anteriores se puede traducir también en lo que más les importa, que es el Gobierno de Canarias, sobre el que se ciernen muchas incertidumbres cara a este 2027.

Esos empresarios, que podemos localizar en sectores tan destacados como el portuario y el de la automoción, están respaldando todas estas operaciones abiertamente. Saben de lo agradecido que es Fernando Clavijo cuando se le apoya y que siempre le dan lo que le piden. Ya lo comprobaron cuando en 2015 colocó a dos consejeros impuestos por ellos sin ni siquiera conocerlos de antemano. Y quieren repetir la jugada en todas las administraciones posibles, pero fundamentalmente la autonómica.

Como inspirador de una parte de ese empresariado, muy vinculado al sector de la automoción por la vía de su pertenencia al consejo de administración de Domingo Alonso Group, es José Manuel Soria, que aunque no se trata con otros empresarios impulsores de la operación, necesita buena sintonía con el poder para que todos sus negocios, vehiculizados a través de su empresa de asesoramiento, puedan prosperar adecuadamente.

Las encuestas y los últimos acontecimientos los tienen alarmados porque saben que la actual suma de CC-PP-Agrupación Socialista Gomera podría no alcanzar los 36 diputados necesarios para gobernar. Y no solo porque Casimiro Curbelo haya enseñado ya sus colmillos y sus capacidades para pasarse al adversario si no se le hace caso. Sino porque el crecimiento que presenta Vox en esas encuestas se produce a costa de la caída del PP y de Coalición Canaria, lo que podría obligar a tener que contar con la ultraderecha para mantener a Clavijo en la presidencia.

Una fatalidad que, para estos empresarios y esos partidos, no es de índole ideológica, ni mucho menos, sino porque una aceptación de CC a incluir en el Gobierno a un partido antinacionalista sería el principio de su fin. Poca gente lo entendería, y mucho menos la filial grancanaria, que lleva a gala su condición izquierdista para intentar captar los votos de Nueva Canarias, partido del que se escindió.

Mientras, el PSOE sigue muy bien posicionado. La última encuesta de Perfiles, conocida la semana pasada, arroja datos muy significativos: el 37% de las personas encuestadas dice que el Pacto de las Flores fue un gobierno mejor que el actual, frente al 18% que sostiene lo contrario, que el de Clavijo es mejor. Al resto, ya se sabe, los dos les parecen igual de buenos que igual de malos.

Pero la reedición de un pacto de las flores tampoco cuenta ahora mismo, siempre según las encuestas, con los números necesarios. El PSOE volvería a ganar las elecciones con Ángel Víctor Torres a la cabeza, candidato que sigue siendo el más valorado. Pero todo está pendiente de que se pueda componer un frente popular a su izquierda y que la movilización lo haga posible. El actual escenario nacional parece que anima a los promotores de la iniciativa porque la sensación de golpismo judicial y el miedo que empieza a levantarse alrededor de la ultraderecha, que vuelve a enseñar la patita en los gobiernos autonómicos del PP, puede servir de revulsivo.

La resistencia se hace fuerte en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es la única institución democrática que sigue batallando por preservar el monumento a Franco que se levanta en la Avenida de Anaga en contra de la Ley de Memoria Democrática estatal y de Memoria Histórica de Canarias. Y dentro de la resistencia municipal capitalina, una dura pugna para ver quién defiende el conjunto monumental con más pasión. Importan poco los argumentos, cada vez más débiles: cuando ya ha arrancado la cuenta atrás de los seis meses que tiene el consistorio para desmontarlo y llevarlo a unos almacenes, o fundirlo y venderlo al peso, o crear un museo submarino y exponerlo bajo el mar, como sugirió en su día el portavoz de Izquierda Unida Ramón Trujillo… lo que interesa es demostrar a cierta parte de la ciudadanía quién defiende este vestigio franquista con más frenesí irracional.

Se han alineado en el pleno municipal de Santa Cruz todos los planetas para que tengan voz en este asunto los más señeros defensores de este vestigio franquista, empezando por su alcalde, José Manuel Bermúdez, y el portavoz de su partido, Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, que compiten en feroz desafío con la tercera teniente de alcaldesa, Zaida González, del Partido Popular, y el concejal de Vox, Luis Sosa-Tolosa del Valle, que dedica el tiempo libre que le dejan las tareas municipales a presidir la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, a la que no se conoce otra actividad que la defensa del monumento a Franco por todos “sus valores”, de vez en cuando el artístico.

Lejos han quedado aquellos tiempos en los que el portavoz de CC en la Corporación era Juanjo Martínez, que desde que se encendió la polémica se mostró favorable a retirarlo, aun reconociendo que aquella no era una postura unánime en su partido. Y lejos ha quedado también (nueve años atrás) la decisión de la junta de gobierno municipal, con Bermúdez a la cabeza pero con la presencia de casi todos los mismos protagonistas de la vida política actual (Carlos Tarife, Zaida González…) de encargar un estudio sobre los vestigios franquista de Santa Cruz a la experta Maisa Navarro.

Lo hizo Bermúdez para esquivar un pleito judicial, y a cambio se vio frente a la cruda realidad ya conocida por todo el mundo: que la capital tinerfeña es una de las ciudades españolas con más vestigios franquistas porque sus sucesivos gobernantes jamás han sentido la obligación de irlos retirando, aunque fuera al golpito.

El destino quiso que el informe se acabara y se entregara al ayuntamiento en el breve espacio de tiempo en el que ocupó la alcaldía Patricia Hernández, del PSOE, poco antes de que una moción de CC con el PP y la famosa tránsfuga Evelyn Alonso, devolvieran a la normalidad del modo canario el reparto de poder en la ciudad.

La alcaldesa, que no había encargado el informe pero le comprometía, quería la implicación de toda la Corporación, de modo que convocó a todos los grupos políticos para decidir qué hacer. Llamativamente, sólo obtuvo la unanimidad en aquellos momentos (principios de 2020) en torno a que el monumento a Franco debía ser retirado, con las únicas dudas planteadas por parte del PP y Ciudadanos, que propusieron como alternativa su traslado a otro lugar para no perder la escultura. Luego llegó la pandemia y la moción de censura… Y se jodió el Perú.

Regresó Bermúdez al poder y con él, un cambio absoluto de planteamiento alimentado por factores externos que el alcalde quiso conjugar a su favor. Que el catálogo autonómico de vestigios franquistas empezara por la ciudad de Santa Cruz de Tenerife le sirvió para volver a agitar una de las banderas favoritas del insularismo de Coalición Canaria: el agravio a Tenerife, la ofensa desde la pérfida Canaria, el envidioso secarral que con tanto denuedo describió quien sigue siendo a día de hoy inspirador de tantas excusas, don Pepito, José Rodríguez Ramírez, director-editor de El Día en los años más gloriosos.

Don Pepito nunca llevó muy bien aquello de tener antepasados canariones, concretamente de la ciudad de Arucas, aunque siempre supo sobreponerse a aquella mancha de sus ancestros con proclamas cada vez más radicales contra Gran Canaria.

Tantos años después de su muerte y de que su periódico haya pasado a otras manos, el mensaje de don Pepito sigue vivo en muchos dirigentes públicos de la isla que explotan aún esos sentimientos sabedores de que una parte de la población aún los abraza. Como hizo en el último pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz la concejala del PP Zaida Rodríguez, que esgrimió ante la ciudadanía como argumentos de peso los comentarios de la gente que ella misma escogió de su cuenta en Facebook para defender la permanencia del monumento a Franco: “Si estuviera en Las Palmas de Gran Canaria se nombraría de otra manera”. “La historia no se cambia, que nos estamos quedando sin nada y lo único que prevalecerá será lo que hacen los políticos que de bueno, nada, y será la historia de las nuevas generaciones. Viva España”. “Se lo llevarán también para Las Palmas de Gran Canaria, como el crucero Canarias, que como lo quitan de la calle del edificio de Méndez Núñez, ah, que por qué no quitan el edificio de Méndez Núñez…”

Algo más técnico, al menos en apariencia, ha estado estos días el alcalde José Manuel Bermúdez, quien con sus estudios de Derecho en la mano ha pregonado en algunos medios de comunicación que el monumento sólo se tocará con lo que dice la ley “como está escrita, no como la interpreta el ministerio”. Según su criterio, los juristas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática saben menos que él y están dejando que Ángel Víctor Torres actúe con motivaciones ideológicas. En Canal 4 de Tenerife, llegó a decir que una opción es organizar visitas al monumento del tipo que las que se hacen al campo de concentración de Auswitch, “donde yo he estado”, enfatizó, para explicarle a la gente lo que no puede volver a suceder: “un golpe de estado ilegítimo”.

Pero no aclara la primera autoridad municipal chicharrera cuáles son los argumentos jurídicos que le avalan, entre otras cosas porque no tiene ni un solo argumento jurídico que le avale. Ni un informe de los servicios correspondientes del consistorio que le permitan afirmar sin riesgo a caer en la demagogia que lo que mueve al Gobierno de España, y más específicamente al ministro Ángel Víctor Torres, es la ideología y no una ley democráticamente aprobada. Los mismos argumentos que emplean los fascistas que se niegan a aceptar la resignificación de Cuelgamuros.

Los antepasados fascistas

Tanto a Bermúdez como a muchos de sus correligionarios de CC, así como al PP y a Vox sí que les anima la ideología a mantener vivo este debate sobre los vestigios franquistas. En el fondo se consideran guardianes de las esencias del chicharrerismo más acendrado, el que va desde preservar el monumento a Franco por considerarlo parte de sus esencias a no permitir bajo ningún concepto que el estadio del CD Tenerife se traslade a otra ciudad, aunque sea a La Laguna, otra de las polémicas en las que también ha intervenido acaloradamente Bermúdez estas últimas semanas.

Pero hay una parte del discurso de Bermúdez de defensa del monumento a Franco que va más allá de la ideología chicharretista. Hay un punto franquista que afloró en el último pleno de la Corporación, con todas las intervenciones conservacionistas recordando la alegoría a los “25 años de paz”, al requiebro sobre la verdadera motivación de una cuestación popular que tuvo mucho de coacción fascista. “No es un vestigio franquista”, proclamó el alcalde. “No se parece a Franco”, vino a concluir la concejala popular que defendía las tesis del grupo de gobierno, a lo que remataba el portavoz de CC, Díaz-Estébanez coincidiendo con el de Vox en que la obra tiene valor artístico y que allá la administración que decida demolerla.

Es conveniente recordar, llegados a este punto, el pasado franquista de la familia del alcalde Bermúdez Esparza, que nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1966 por el deseo de su madre de estar junto a la suya en un momento tan importante. Su madre y su padre, los abuelos de Bermúdez, vivían en la Casa del Coño, que viene siendo otro vestigio franquista a resignificar o remover en Las Palmas de Gran Canaria. Porque ese edificio lleva el nombre de José Antonio en homenaje a Primo de Rivera, el líder de la Falange Española. Se trata de un edificio de 12 plantas levantado a finales de los cincuenta y principios de los sesenta para dar vivienda a los beneficiarios del régimen, mayormente miembros del sindicato vertical. Su nombre popular de Casa del Coño le fue dado por la vecindad por ser esa, “¡ya coño!”, la expresión que se pronunciaba al contemplar edificio tan enorme, el más grande entonces de la capital grancanaria.

Bermúdez ha aclarado a este periódico que no nació en ese edificio sino en la cercana Clínica de Santa Catalina y que en la Casa del Coño vivían sus abuelos. Por lo tanto, lo más cerca que podemos llegar en nuestras apreciaciones es que en ese edificio tan emblemático solo vivió los primeros días de su existencia antes de viajar a Santa Cruz de Tenerife junto a su madre.

Los abuelos de Bermúdez tenían derecho a esa casa porque él, Pedro Esparza Martín, fue alcalde de la villa de Agaete poco después de proclamado el nuevo régimen tras el golpe de estado de 1936. Era un joven muy activo que poco después de ser designado por las autoridades franquistas, marchó al frente peninsular a batallar a favor del bando golpista.

Antes, en agosto de 1936 participó en un acto de exaltación franquista que la prensa del momento (en concreto el diario Acción) narraba así: “Con un entusiasmo inenarrable, inspirado y alentado por el elemento fascista, al mando de su Capitán, el Delegado Gubernativo y Alcalde de Agaete, Sr. Esparza Martín, y secundado por el pueblo, se izó ayer la gloriosa bandera española en el Ayuntamiento, Cuartel de Falange, Estación Telegráfica y Casino La Luz” (...) “Los gritos de arriba España grande, Viva España, Viva el General Franco etc. etc. nos ensordecían imaginando vivíamos un mundo nuevo”.

Este alcalde fascista no le hizo mucho caso a su padre, el bisabuelo de José Manuel Bermúdez, Augusto Esparza Arteche, secretario judicial de la villa de Agaete, a cuyo nombre y también como alcalde hay todavía una calle allí, Alcalde Esparza Arteche. Como tampoco el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife hizo caso a su padre cuando le dijo que lo mejor era labrarse un futuro profesional en vez de meterse con 18 años en política. Y desde entonces.

El pleno del Parlamento canario de esta semana pasará a la historia por varios acontecimientos, algunos de ellos memorables. Por ejemplo, gracias a las duras críticas que está recibiendo el Gobierno por la gestión sanitaria, hemos sabido que para todo hay soluciones. Por ejemplo, para la demora en conseguir cita para tu centro de salud.

Fernando Clavijo retó públicamente al portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, a acompañarle un día a su centro de salud para comprobar que te atienden sobre la marcha aunque no tengas agendada tu cita previa.

Del mismo modo que ha quedado confirmado que las comisiones de investigación de este Parlamento (como ocurre en otras muchas cámaras) sólo sirven para que sus señorías cobren las correspondientes dietas y sus fuerzas políticas las puedan utilizar, siempre que gocen de la mayoría suficiente, para vomitar sus conclusiones sobre el adversario político.

Las conclusiones de la comisión de investigación del caso Mascarillas ya estaban escritas desde 2024, cuando Coalición Canaria y el Partido Popular la promovieron al comprobar que sumaban lo suficiente como para poder descargar toda la responsabilidad del dislate que supuso la compra indiscriminada y desesperada de material sanitario en un momento de especial gravedad para el planeta por una pandemia de la que todavía estaremos unas décadas hablando.

Las conclusiones de la tal comisión se reducen a un nombre y un apellido, Ángel Víctor Torres, al que todos los organismos competentes, tanto los judiciales como los administrativos, han considerado exonerado de cualquier responsabilidad y al que la historia reconocerá (si no lo está haciendo ya) como el presidente de la comunidad autónoma que mejor gestionó unas circunstancias sobrevenidas que requerían respuestas excepcionales.

Con todos estos elementos en la mano podemos concluir que si la pandemia le hubiera tocado gestionarla ahora a Fernando Clavijo, el culpable de cualquier desgracia habría sido también Ángel Víctor Torres. Al menos hasta que las encuestas sigan colocándolo como favorito en las próximas elecciones autonómicas.

La deserción gomera

La posición de Coalición Canaria y el PP, tratando de cargar las responsabilidades en aquel Gobierno provocaron en este pleno la primera deserción de uno de los grupos que lo apoyan, la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que estaba en las mismas circunstancias en el Pacto de las Flores y que no iba a votar a favor de cargar con las responsabilidades alícuotas.

Fue muy llamativo ver vacíos en el salón de plenos del Parlamento de Canarias los escaños de los diputados socialistas, pero también los de ASG -salvo sus respectivos portavoces- pero también el de todos los integrantes del Gobierno, que no querían estar en esa foto para la posteridad.

Pero hubo más desmarques en este pleno parlamentario, como el que protagonizó Coalición Canaria, que dejó solo al PP votando con Vox contra una proposición no de ley del Partido Socialista en la que se condenaba la recientemente aprobado Reglamento Europeo de Retornos que endurece las políticas migratorias pocas semanas después de que el papa León XIV pregonara precisamente desde Canarias urbi et orbi que esas personas que migran deben ser tratadas con más respeto y humanidad.

El ponente de la PNL, el socialista Gustavo Matos, se lo recordó a sus señorías después de aceptarle a Coalición Canaria, a ASG y a AHI una enmienda que disipaba cualquier excusa para que los otros tres grupos que apoyan al Gobierno pudieran respaldarla.

La propuesta era sencilla: “Instar al Gobierno de Canarias a continuar colaborando con el Gobierno de España y las instituciones europeas para garantizar una respuesta humanitaria, solidaria y respetuosa con los derechos humanos ante los desafíos migratorios que afectan a Canarias. El Parlamento de Canarias muestra su respaldo a la posición mantenida por el Gobierno de España en defensa de una política migratoria europea compatible con los principios y valores recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Este posicionamiento llega la misma semana en la que Coalición Canaria trató de cerrar filas con su socio en el gobierno, el PP, tras la firma del acuerdo de Andalucía, que abraza la prioridad nacional, posterga a las personas migrantes e incluye la negativa a acoger menores migrantes procedan de donde procedan. Dijo el portavoz, Alfonso Cabello, a preguntas de este periódico, que el presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Domínguez, es un hombre sensible, preocupado por la inmigración y en sintonía con Coalición Canaria. Menos cuando toca hacerlo públicamente, claro.

Y de remate, el Parlamento de Canarias aprobó este miércoles una ley que se supone trascendental para el 35% del PIB: la Ley de Municipios Turísticos, impulsada por los municipios canarios a través de la Fecam y que, entre otras cosas, define claramente el concepto para actuar en consecuencia. Pero la consejera del ramo, Jessica de León, no pudo estar presente en tan magno acontecimiento por encontrarse de vacaciones. Menos mal que no está de baja en un momento tan sensible para el presidente de su partido, Núñez Feijóo, que está muy atento al absentismo.

Al Gobierno de Canarias no le preocupa el pacto que su socio, el Partido Popular, ha firmado en Andalucía con Vox para, entre otras medidas, rechazar la acogida de menores migrantes no acompañados tal y como se recoge en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, recientemente reformado precisamente para que cada autonomía tenga la obligación de aceptar la distribución de estas personas desde las regiones donde son rescatadas.

Así lo manifestó este lunes el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, al término del consejo de gobierno a preguntas de los periodistas. “Ahora mismo hay una ley en vigor que obliga a esa solidaridad obligatoria. Y nosotros seguimos en el mismo escenario. Por lo tanto, todas las comunidades autónomas del conjunto del Estado español están obligadas a dar respuesta cuando se encuentra en situación de saturación migratoria una comunidad autónoma, como es el caso de Canarias”.

A esa despreocupación se suma la plena confianza en la pata popular del Gobierno canario. Ni siquiera la cuestión, tan polémica y comentada en todos los foros políticos y sociales, fue objeto de debate este lunes en el consejo. “El vicepresidente del Gobierno de Canarias [Manuel Domínguez], que a su vez es presidente del Partido Popular en Canarias, ha sido defensor en primera línea de este acuerdo y de esta ley que obliga a todas las comunidades autónomas”, contestó al ser preguntado Alfonso Cabello, quien acto seguido disparó al PSOE: “Si fuera por eso, hay otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista que también han puesto muchos impedimentos a la hora de aceptar estas solicitudes”.

El Gobierno canario suma este acuerdo en Andalucía a los “muchos obstáculos” que se ha encontrado a lo largo del tiempo “y se han podido ir venciendo. Incluso cuando el Gobierno de Canarias ha tenido que ir a los tribunales, hemos obtenido la razón”, rememoró.

Andalucía, es con diferencia, la comunidad autónoma con más plazas de acogida (2.827) para menores migrantes no acompañados después de la distribución decretada en función de los parámetros de cada una de las regiones. Le siguen Catalunya (2.650), Madrid (2.325), la Comunidad Valenciana (1.767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737), País Vasco (731) , Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194), La Rioja (107), Melilla (28) y Ceuta (27).

Los constantes desplantes de gobiernos autonómicos gobernados por el PP, como Madrid, Castilla y León, Aragón o Valencia, a los que de modo inminente se sumará Andalucía en aplicación de este acuerdo con Vox, no hacen mella en la confianza que tiene Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en Manuel Domínguez (PP). Nada que ver con lo ocurrido en 1993, cuando el vicepresidente Manuel Hermoso promovió y ganó una moción de censura contra su presidente, Jerónimo Saavedra, atendiendo a lo que su grupo de acólitos, el que luego dio lugar a Coalición Canaria, consideraba que hacía contra Canarias Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda de Felipe González, por las pegas que ponía a la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario planteada desde las islas.

Algunos testigos presenciales pudieron comprobar el pasado lunes el grado de tensión que se masca en el ambiente político canario a un escaso año vista de las elecciones municipales. El consultor político Iván Redondo presentaba su libro, El manual, en el Club La Provincia ante un selecto grupo de personas invitadas, muchas de ellas nacionalistas, que solo relajaron el rictus cuando el interviniente accedió a contemplar como fuerza con “potencialidad” la del reencuentro del nacionalismo “desde abajo” que encarnan -se supone- Coalición Canaria y Municipalistas Primero Canarias. Se pusieron tensos cuando recordó que todas las encuestas, tanto las privadas como las públicas, auguran a día de hoy una victoria electoral del PSOE en las autonómicas de Canarias, y Redondo lo notó, así que añadió que esa reunificación podría “competir” por esa primera plaza.

No es ese pronóstico lo más discutible de esta parte del discurso de Iván Redondo, sino la procedencia de esa reunificación nacionalista: “desde abajo”. Pretender que la creación de un nuevo partido político, constituido a partir de una ruptura con otro y cimentado sobre cargos públicos de una amplia trayectoria, tenga una procedencia desde la base hacia la altura es forzar un poco el discurso. Partido por dos.

El historial político e institucional de los que dirigen esa reunificación nacionalista “desde abajo” es tan extenso que aconsejaría modificar algunos parámetros del discurso para no parecer ridículos. Y no sólo desde el punto de vista conceptual. La líder más veterana de la política de Canarias, de toda la política de Canarias, es uno de los iconos del nacionalismo isleño. Se llama Ana Oramas, y lleva en política la friolera de 47 años, el 70% de su vida. Empezó como concejala en Santa Cruz de Tenerife en 1979 y ahora es la vicepresidenta primera del Parlamento canario. El portavoz del grupo nacionalista en esa misma Cámara, José Miguel Barragán, del mismo partido, ya ha cumplido 45 años en lo público, lo que supone un 70% de sus 63 años de vida.

Pero ni Oramas ni Barragán estaban en el acto de Iván Redondo, así que es probable que eso confundiera al experto. Pero sí estaba en primera fila Fernando Clavijo, presidente regional, que, a sus 55 años, lleva 23 en política (el 41%); o Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar, que ya ha cumplido los 50, de los cuales, 27 los ha dedicado a la vida pública, más de la mitad de su vida. Lo mismo que el actual alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, compañero de Sosa en la fundación de Primero Canarias, que a sus 62, ha dedicado 35 a la política (un 56,4%).

Sosa y Hernández invocaron en su momento la necesidad de renovación en Nueva Canarias como la causa principal del cisma que encabezaron y que desembocó en su nuevo partido, seguramente sin contemplar que algún día alguien recordaría que el líder al que se enfrentaron, Román Rodríguez, lleva en la política 33 de sus 70 años, es decir, un 47% de su vida, cuatro años más que Sosa y dos menos que Hernández.

Nada que objetar, por supuesto, a que un grupo de personas constituya un partido a partir de una crisis interna de otro, por muy forzada o postiza que pueda parecer desde fuera. Ni que aprovechen la palanca que supone hacerlo desde las instituciones, a modo y manera que hizo en 2005 su líder defenestrado, Román Rodríguez, cuando encabezó la creación de Nueva Canarias tras ocupar la presidencia del Gobierno bajo las siglas de Coalición Canaria.

Lo que realmente podría ser reprochable es que bajo esa estratagema se tratara de esconder inicialmente y con un éxito dudoso el verdadero fin del proyecto: confluir en todo lo que se pueda con Coalición Canaria. No para ir en alianza electoral a unas generales para la obtención del tan cacareado grupo parlamentario canario en las Cortes, que también, sino para afianzar a Fernando Clavijo (o a quien le suceda) en el poder a cambio de asegurarse sus dirigentes lo propio en Gran Canaria, y no en todas sus instituciones.

Exactamente recorrer el sentido inverso que se recorrió hace 21 años para salir de la dinámica derechista de CC, que no solo no se ha suavizado estos años, sino que se ha radicalizado, como puede comprobarse a poco que se analice la evolución de los servicios públicos y la poca capacidad para resolver problemas como el de la vivienda, la preservación del territorio, la dependencia o la movilidad en Canarias teniendo récord de recaudación presupuestaria.

Arucas como símbolo

Se trata, por tanto, de consolidar a Coalición Canaria, como atestigua el primer acuerdo público que han firmado estas dos fuerzas presuntamente nacionalistas. Ha ocurrido en la ciudad de Arucas, adonde acudieron los líderes y lideresas de ambos partidos para escenificar un acuerdo que las partes contratantes locales, es decir, los concejales tránsfugas de Nueva Canarias, se han tenido que comer con papas. Basta con leer el comunicado conjunto emitido por ambos firmantes y ver las fotografías que ellos mismos distribuyeron para comprobar que este ha sido un acuerdo tomado en las alturas, no en las bases, dividido entre dos.

En la mesa, un solo dirigente aruquense que ni siquiera es concejal y sí alto cargo del Gobierno canario, José Gilberto Moreno, director de Puertos Canarios y vicesecretario insular de Identidad y Estrategia de Coalición Canaria en Gran Canaria. El resto, dirigentes de fuera de la ciudad. Por no estar, ni siquiera acudió al acto el concejal de Primero Canarias (Prica, a partir de ahora, por ahorrar) y ex de Nueva Canarias Marcelo Afonso, que está en el grupo de gobierno con el PSOE en calidad de tránsfuga de calidad. Sí estaba en la primera fila pero sin derecho ni a voz ni a foto el único concejal de CC en la ciudad, José Eduardo Marrero.

La mesa la completaban, por parte de Prica, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el secretario de Organización, Samuel Henríquez, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín. Y por parte de CC, además de José Gilberto Moreno, Pablo Rodríguez, secretario general de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, y María Fernández, directora general de Transportes y vicesecretaria general.

En el público, dos presencias muy significativas de lo que promete ser este acuerdo. Por un lado, Froilán Rodríguez, exalcalde e histórico dirigente de la izquierda nacionalista canaria por cuanto fue uno de los más significados dirigentes de Ican, el germen de Nueva Canarias. Lo llevaron como símbolo de que se puede gobernar una ciudad así con un programa de izquierdas. Y de otro, Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con el Partido Popular, donde fue mano derecha de José Manuel Soria tanto en ese ayuntamiento como en el Cabildo de la isla, ejecutando las políticas correspondientes. Ahora es personal de confianza de Fernando Clavijo en calidad de asesor en la Presidencia del Gobierno. Muy de izquierdas este nacionalismo, sí.

La única ausencia destacable y no oficialmente disculpada fue la de Óscar Hernández, presidente de Prica, cuya presencia había sido anunciada por los servicios de prensa del partido.

No es casual que para esta puesta en escena, la del abierto apoyo de Prica a Coalición Canaria, es decir, al candidato Fernando Clavijo, se haya celebrado en un hotel en el centro histórico de Arucas, la ciudad de la que es natural y de la que fue alcalde Ángel Víctor Torres, el candidato que quita el sueño a sus adversarios políticos porque todas las encuestas lo siguen dando como el más valorado y ganador de las elecciones autonómicas si se celebraran ahora mismo.

Un enjambre ideológico

A partir de este acontecimiento queda clara cuál va a ser el recorrido del nuevo y prometedor partido. El enjambre ideológico en el que se ha metido va a resultar muy complicado de digerir. Por un lado, va a respaldar en las próximas elecciones autonómicas y locales a un partido de derechas que ahora mismo gobierna con el Partido Popular, su socio natural salvo excepciones paulinistas. Y, por si ese apoyo ya explícito fuera poco, su contribución a generar un estropicio en el voto progresista de Gran Canaria va a restar muy probablemente representación suficiente para reeditar algo que pueda parecerse al pacto de las flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos, ASG).

Pero ese enjambre también lo tiene en sus propias filas porque en ellas ya se está revolcando con partidos como Ciuca, con una amplia trayectoria de corrupción que, al menos en Telde, requerirá muchas explicaciones.

Pero todo vale en pos de esa presunta reunificación del nacionalismo canario. O casi todo.

Porque a Teodoro Sosa sí cabe atribuirle que fuera él quien le pusiera bola negra a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que era secretaria de Política Municipal de Coalición Canaria cuando empezaron los escarceos con lo que luego se ha configurado como Prica. Ya venía ella marcada por su intento de moverle la silla a Pablo Rodríguez para quedarse con la marca CC de Gran Canaria, pero apareció el alcalde de Gáldar y se puso él en su lugar como socio fiable.

La polémica alcaldesa optó entonces por recluirse en sus cuarteles de invierno, retomar su proyecto de partido propio Bueno para… (incluido para ella) y arrimarse al Partido Popular con sus 5.000 votos garantizados (no tienen por qué ser todos comprados) en una nueva demostración de lo moldeable que son las ideologías en estos determinados espectros de la política canaria. A Bueno le habría parecido igual de bueno ir con CC que con el PP, porque cualquier partido que sea bueno para Bueno es bueno para Gran Canaria. Y dos piedras.

Las encuestas

Las encuestas, tanto públicas como privadas a las que se refirió Iván Redondo el lunes pasado reducen un poquito la presunta potencialidad que él mismo otorgó a Prica: no más de 20.000 votos, un 2% del electorado, de los que en torno a 15.000-17.000 estarían en Gran Canaria. Pero el estropicio al voto progresista que provocaría su concurrencia estaría hecho, como ocurre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con el proyecto de Alberto Rodríguez, Drago Verdes Canarias, que podrá alcanzar otros 20.000 votos, 15.000 de ellos en la isla de Tenerife. Otra cosa es que el estropicio beneficie a Coalición Canaria, porque como bien dijo Redondo el lunes pasado, a veces dos más dos puede ser uno y medio.

Pero los líderes de Prica garantizarían sus candidaturas. A la espera de lo que decida Antonio Morales, que se ha situado de momento en terreno neutral, Teodoro Sosa será con toda probabilidad el candidato al Cabildo, con el Parlamento como alternativa, puesto este último que también apetece a Óscar Hernández, después de tantos años en Agüimes. Y los líderes locales que desembarcaron de Nueva Canarias se supone que conservarán sus expectativas, salvo que, como el caso de Arucas, sean postergados por los acuerdos “nacionales” de la nueva formación en la que se han integrado.

Pero el principal objetivo, el que ha llevado a determinados empresarios grancanarios a respaldar abiertamente a Prica, empieza a manifestarse públicamente para que quede claro: garantizar la continuidad de Coalición Canaria, a ser posible con el PP, para que solo cambie lo que no les perjudique y en un contexto de discusión sobre el modelo turístico, crisis de vivienda o regulación ambiental, la vida siga igual.

Queda un año por delante. Para algunos va a ser agotador. Sobre todo explicando la prioridad nacional canaria.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas no responde ante Puertos del Estado. Y no parece que Puertos del Estado tenga en su poder herramientas para hacer que la Autoridad Portuaria de Las Palmas le haga caso. O que las tenga y no las esté usando. Está pasando con el escándalo descubierto en la Fundación Puertos de Las Palmas, donde una auditoría ha arrojado ilegalidades en contrataciones y en gastos. Y está pasando en el seno mismo del organismo portuario con su director, cuyo nombramiento está en entredicho por haberse producido con un vicio inicial: accedió a la condición de trabajador de la Autoridad Portuaria en 2008 sin reunir los requisitos legales exigidos, y con ese antecedente fue nombrado director posteriormente.

Un funcionario de la Autoridad Portuaria ya jubilado, José Fernández, quien llegó a ser director general de Costas del Gobierno de España, lleva meses planteando esta ilegalidad sin que los organismos públicos responsables le hagan el más mínimo caso. Ingeniero de Caminos, Fernández fue durante muchos años trabajador de la Autoridad Portuaria y conoce todas las debilidades del organismo y, concretamente, las que han rodeado este nombramiento.

De momento solo ha conseguido que la Autoridad Portuaria le haya reconocido que no existe un expediente que avale la contratación de Francisco Trujillo como trabajador público, requisito indispensable para luego acceder a la dirección de Puertos de Las Palmas. Pero su requerimiento para que este nombramiento sea revisado de oficio ha caído en saco roto. No solo lo ha despreciado la Autoridad Portuaria de Las Palmas, dedicada estos últimos tiempos a apagar numerosos incendios de tipo legal y contable, sino también Puertos del Estado, que es incapaz de imponer de oficio a la Autoridad Portuaria que cumpla con la ley.

El último escrito de José Fernández a Puertos del Estado este pasado 2 de julio es especialmente elocuente. Se titula “Falta de respuesta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a la solicitud de revisión de oficio comunicada a Puertos del Estado”. En él recuerda que envió un escrito el 29 de marzo informando de la desidia de Puertos de Las Palmas respecto a esta cuestión. Que Puertos del Estado informó por mail al reclamante que ya había remitido el asunto a la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Y que desde entonces. “y pese a haber transcurrido más de tres meses desde su presentación, la Autoridad Portuaria no me ha dado respuesta ni notificado resolución alguna sobre las actuaciones previas ni sobre la incoación del procedimiento de revisión de oficio solicitado”, dice este nuevo requerimiento del ciudadano.

Fernández recuerda al organismo estatal responsable de todos los puertos de interés general de España, que es Puertos del Estado el que promovió una auditoría a la Fundación Puertos de Las Palmas, donde precisamente se detectó que la contratación de su gerente, Betsabé Morales, incurrió en las mismas irregularidades que se señalan respecto a Francisco Trujillo, es decir, la ausencia de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.

Por eso reclama de Puertos del Estado que vuelva a requerir de la Autoridad Portuaria que haga algo, que actúe de oficio y que resuelva en el sentido que considere más oportuno, pero que resuelva.

El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Telde (Ciuca-PP-Coalición Canaria y Más por Telde) ha congelado indefinidamente la pretendida reincorporación de José Luis Mena a su puesto en el departamento de Urbanismo después de haber cumplido varias condenas por corrupción por delitos cometidos durante el cuatrienio negro de corrupción que tuvo su punto álgido con el caso Faycán. Mena presentó un escrito en las oficinas municipales anunciando su intención de presentarse en su puesto de trabajo el día 1 de julio, el pasado miércoles, pero de momento no lo ha podido hacer porque el grupo de gobierno no ha movido ficha.

Esto no quiere decir que se haya opuesto formalmente a esa conflictiva reincorporación sino sencillamente que ningún órgano oficial se ha pronunciado hasta el momento. “Se presentó la solicitud, pero no hay resolución”, dijo este jueves a Canarias Ahora el alcalde, Juan Antonio Peña.

Algunos responsables políticos de la Corporación, incluido su alcalde, se han pronunciado informalmente en algunas emisoras locales de la ciudad en el sentido de que esa reincorporación va a ser imposible por la existencia de un decreto oficial de 2015 que daba por sentada la pérdida de la condición de funcionario público de José Luis Mena por una de sus condenas. Ese decreto no fue recurrido, lo que significa que su contenido es inamovible.

Otras fuentes aseguran que la congelación de la reincorporación de Mena es debida a “la escandalera” que él mismo montó por haber tratado de preparar el terreno reuniéndose con líderes de la oposición y varios directores de medios en una estrategia diseñada para evitar precisamente una contestación que ahora ha sido inevitable y ha operado en su contra.

José Luis Mena Santana fue condenado a tres años y medio de cárcel por el caso Alisios y a cinco años y cuatro meses por el caso Grupo Europa. Entonces era el jefe de la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, puesto que alcanzó después de haber entrado en la institución como policía local, estudiar Derecho y superar las correspondientes oposiciones.

Fue con motivo de la primera de esas sentencias, de 2014, cuando el concejal de Gobierno del Ayuntamiento firmó un decreto en el que se resolvía que Mena perdía su condición de funcionario a partir de esa condena por falsedad en documento oficial.

Todos los delitos por los que fue condenado y aquellos por los que fue juzgado pero absuelto (el caso Faycán, juzgado por el juez corrupto Salvador Alba) fueron cometidos durante el cuatrienio negro (2003-2007) de un gobierno municipal con dos de los actuales partidos en el poder: Ciuca y el Partido Popular.

Mena, que desde que recuperó la libertad regenta un despacho jurídico especializado en asuntos urbanísticos, pretendía reincorporarse ahora a su puesto en la oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, donde trabajan dos de sus hermanas. El momento no es casual: está a punto de revisarse el Plan General de la ciudad y el expresidiario quiere estar en las calderas.