La Audiencia de Málaga ha condenado a 52 años de cárcel al sacerdote F.J.C.V.. 'padre Fran', al considerar probado que agredió sexualmente a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas para dejarlas inconscientes, y que también las grabó en ese estado. Además, se le impone que indemnice a cada una de las cuatro víctimas con distintas cantidades, de las cuales deberá responder subsidiariamente el Obispado de Málaga. la sentencia no es firme y puede ser recurrida.

En la sentencia, adelantada por Europa Press y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la Sala considera probado, tal y como señalaron la Fiscalía y las acusaciones particulares, que el acusado aprovechó “situaciones de amistad” con las víctimas, a las que había conocido en actividades religiosas, para ganarse su confianza y suministrarles una sustancia desconocida que les generaba una somnolencia tal que perdían la conciencia. Entonces, el sacerdote aprovechaba “satisfacer sus deseos sexuales, y sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima”.

Se le condena por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, con la circunstancia que agrava la pena de abuso de confianza, y se le impone 12 años de prisión por cada uno de estos delitos, además del alejamiento de estas víctimas durante 13 años en cada caso. Asimismo, se le condena por otro delito continuado de abuso sexual, también con la agravante de abuso de confianza, en relación con una cuarta víctima, por el que se le impone cuatro años de cárcel y la prohibición de acercarse durante cinco años.

También se le condena por cuatro delitos de continuados de descubrimiento y revelación de secretos y se le impone por cada uno tres años de prisión. Igualmente, en relación con los anteriores delitos, se le impone libertad vigilada por un periodo de siete años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

El acusado deberá indemnizar a las víctimas por las secuelas psíquicas y morales, según la sentencia, que no es firme; en concreto en las cantidades de 94.442 euros, 101.191 euros, 106.594 euros y 100.902 euros, haciendo un total de 403.129 euros. Unas cantidades de las que subsidiariamente deberá responder el Obispado de Málaga. El primer día de juicio, los abogados del Obispado trataron de revertir todo lo actuado pidiendo a los jueces que declararan la nulidad para poder practicar diligencias que supuestamente lo exonerarían de toda responsabilidad y que, según decían, no habían podido practicar. Solo tres días antes, el Obispo José Antonio Satué había pedido perdón y prometido que el Obispado colaboraría con la indemnización incluso aunque no fuese condenado. Esto, unido a la escasa diligencia en formalizar el aval que le había requerido la Audiencia, indignó a las acusaciones.

Los magistrados concluyen que su condición de cura fue esencial para cometer sus delitos, que no se pueden “desvincular” de su condición religiosa, porque es lo que le servía para ganarse la confianza de las víctimas: “No podemos asumir tal y como pretende la Diócesis de Málaga, separar lo ocurrido de la condición sacerdotal del acusado, ni por lo tanto parcelar o delimitar en función de los actos o momentos del día o de los actos lúdicos o religiosos a los que acudía, cual era su condición o el traje personal o religioso con el que se comportaba”. Además, muchos de los delitos se cometieron en viviendas del Obispado.

La fiscal y las acusaciones ejercidas por las cuatro víctimas solicitaban 72 años de prisión y 300.000 euros de indemnización para cada una de ellas.

Las víctimas no sabían nada

La sentencia recoge la trayectoria del 'Padre Fran' desde que ingresó como interno en septiembre de 2013. En 2016 fue ordenado diácono, y un año después, presbítero. En 2017 comenzó a ejercer el sacerdocio. Primero en Álora, Ardales y Carratraca (Málaga) y desde 2021 en Melilla. En todos esos años entabló múltiples relaciones de amistad durante actividades religiosas de convivencia o en romerías. Fue en ese “círculo de feligresía” como conoció a sus víctimas, que participaban de viajes con él y que en ocasiones dormían en viviendas a las que él les invitaba, alguna privativa y otras del Obispado en Málaga, Ardales o Melilla.

La sentencia considera probado que, aprovechando esa confianza, las drogaba con una sustancia desconocida, pero que adquiría porque era consumidor habitual de drogas, y una vez dormidas, las colocaba en diversas posturas y les realizaba tocamientos vaginales y anales, en ocasiones penetrándolas con los dedos o el pene, sacando fotografías o vídeos. “Tan manifiesta es la pérdida de conciencia, la nula capacidad intelectiva o cognitiva de entender lo que les estaba ocurriendo, que necesariamente hemos de concluir que ese estado había sido necesariamente inducido por el propio acusado”, recoge la sentencia.

Ninguna supo nada hasta muchos años después. En 2023, la Policía las llamó después de haber accedido a cientos de fotografías y vídeos que documentaban esos abusos, grabados por el propio 'Padre Fran', que había clasificado los archivos en carpetas con el nombre de sus víctimas. El shock para ellas fue absoluto, porque no recordaban nada.

Los archivos los había entregado la exnovia del 'Padre Fran', que mantenía una relación secreta con él. Los descubrió por casualidad buscando series en un disco duro externo que guardaba en un cajón del mueble del salón de su casa de Melilla, cuando él estaba de visita en Málaga por la Navidad de 2022.

Sin quiebra de la cadena de custodia

Tras informarle a él de su descubrimiento, ponerlo en conocimiento de un compañero de 'Padre Fran' y del vicario e intentar sin éxito hablar con el Obispo de Málaga, la mujer acabó mostrando el material a un Inspector de la Policía Nacional en Melilla seis meses después, en junio de 2023. El Policía se llevó parte de esos archivos en un dispositivo USB, y dio cuenta a la unidad especializada, que intervino el dispositivo poco después. La operación 'Pájaro Espino', que llevó a la detención del párroco, se desarrolló dos meses después, en septiembre, fecha desde la que permanecía en prisión provisional. Para entonces, 'Padre Fran' había regresado a Álora, donde el Obispado le había asignado la parroquía después de sacarlo de Melilla.

Sobre el juicio que ahora recibe sentencia pesaban dos cuestiones clave: la primera, las dudas sobre la obtención y la posterior cadena de custodia de la principal prueba de cargo, que son las fotos y vídeos donde se ve a las víctimas, en algún vídeo la cara del sacerdote y su pene, identificado por los peritos. Esos archivos fueron copiados por su expareja, que aportó la copia a los investigadores. Peritos informáticos ratificaron que eran auténticos y confirmaron la fecha y la ubicación en que se habían registrado. Los jueces no tienen ninguna duda de la admisibilidad de la prueba y subrayan que ella accedía a la vivienda del cura, de la que tenía la llave, y que el disco duro no estaba oculto. Tampoco ven quiebra en la cadena de custodia hasta que llegó el material a poder de la Unidad especializada de la Policía, ni después, ni hay duda alguna de que el material no fue alterado. Resulta “grotesco”, dicen los jueces, que el acusado pretendiera reconocerse a sí mismo, pero no los hechos que protagoniza en alguno de los vídeos que se le mostró durante el juicio.

Otra cuestión que sobrevolaba el caso era el grado de conocimiento que tuvieron otros miembros de la Iglesia y, particularmente, el Obispo de Málaga entonces, Rafael Catalá, y si había indicios suficientes para acusar a alguien por encubrimiento. No se dio el caso, porque esa vía quedó cegada ya en fase de instrucción, porque la jueza no vio suficiente material. Un sacerdote, el vicario y una amiga escucharon el relato de la denunciante, pero ella nunca les mostró el material y ellos no la creyeron. Y el Obispo, que no llegó a recibir a la denunciante, reubicó al cura y lo mandó a un retiro espiritual, pero supuestamente por su relación de pareja, no por sus delitos.

Con todo, los magistrados critican la “inactividad” de la Iglesia ante lo que iba sabiendo: “Ya no sólo tenían conocimiento de lo inadecuado del comportamiento del acusado [en referencia a comportamientos impropios en despedidas de soltero], sino de la forma más específica de la existencia de una relación sentimental con la denunciante, y que ella refería cuanto menos de forma creíble haber visto videos o fotografías de contenido sexual”.

Los magistrados observan que la denunciante informó primero a la Iglesia, y bastante más tarde a la Policía, “de una forma un tanto incomprensible”, pues eran ellos quienes podían investigar los hechos, con “diligencia, rapidez y racionalidad”. “Quizás, la vinculación que la misma mantenía con la Iglesia, o la existencia de un conflicto personal en relación con sus sentimientos religiosos y/o afectivos empujaran a la misma a obrar en la forma indicada, que si bien ciertamente resulta difícilmente defendible”, señalan.

La jueza de instrucción que investiga al alcalde de Estepona y una de sus concejalas de confianza por la adjudicación del restaurante del Mirador del Carmen a una empresa de su nuera ha requerido al Ayuntamiento para que le entregue toda la documentación que tenga en relación con este asunto. Además, ha acordado suspender la declaración del regidor, José María García Urbano (PP), hasta que haya recabado toda esa documentación: expedientes urbanísticos, de ejecución y control, económicos o de cualquier otro tipo relacionados con la concesión.

El juzgado de instrucción 4 de Estepona investiga a José María García Urbano (PP) por un presunto delito de tráfico de influencias, tras recibir una denuncia de Fiscalía por este caso, desvelado por elDiario.es Andalucía hace ahora tres años. Junto a él están investigados la concejala Ana Velasco, los técnicos municipales que intervinieron en la licitación y la pareja de su hijo, Nadia Odeh Núñez, administradora única de Inversiones Delmar 2022, que se hizo con el espacio en junio de 2023. Inversiones Delmar había sido creada apenas unos meses antes, no tenía experiencia en el sector, y estaba domiciliada en el despacho profesional en Málaga de Salvador Pedraza, quien también es concejal del PP en Estepona.

El fiscal cree que es “evidente” que la adjudicataria “carecía absolutamente de solvencia económica y profesional”, lo que pone en cuestión por qué obtuvo la concesión. En realidad, la mesa de contratación se basó únicamente en un criterio subjetivo: una “carta de intenciones no acreditadas”, según el fiscal, con la oferta gastronómica que pretendía ofrecer. Menos de un año después de recibir el local, Nadia Odeh Núñez vendió las participaciones de su empresa a un conocido empresario esteponero. El pliego prohíbe expresamente la cesión a terceros de la concesión sin autorización del Ayuntamiento.

A petición de la Fiscalía, la jueza pide ahora al Consistorio que le entregue todo lo que tenga en relación a este asunto, y lo detalla en una providencia a la que ha tenido acceso este medio: expedientes urbanísticos, incluyendo licencia de obras, proyecto técnico, actas de replanteo, certificado final de obra y licencia de apertura; expedientes de control, lo que abarca actas de inspección, informes de seguimiento de la concesión, expedientes sancionadores o resoluciones sobre incumplimientos; expedientes económicos, como la liquidación del canon, justificantes de pago, requerimientos o informes de intervención; y, en fin, cualquier otro relacionado con la concesión, como modificaciones de uso, cesiones o transmisiones de la concesión, incidencias o expediente de reversión.

Además, acuerda suspender la declaración como investigado del alcalde, hasta ahora prevista para el próximo 17 de julio, hasta contar con toda la documentación. Es la tercera ocasión en que el regidor evita su comparecencia ante la jueza de este caso. En su día, evitó dar explicaciones al Pleno, y se limitó a señalar que no podía haber nada ilegal porque lo que había desvelado este medio constaba en el Registro Mercantil, y por tanto no se ocultaba.

Declaración del subinspector de la UDEF

En cambio, se mantiene para el 17 de julio la declaración del subinspector del Grupo I de Blanqueo de la Policía Nacional, que firma el informe de la UDEF incorporado a las diligencias.

La UDEF ha indagado en las cuentas los vástagos del alcalde, de Núñez y del beneficiario final de la adjudicación y ha descubierto que García Urbano aportó 20.000 euros a cada uno de sus dos hijos en concepto de “donación” apenas una semana antes de que se constituyera la sociedad. Los agentes sospechan que ese dinero es el que Núñez usó como fianza para participar en la licitación, a la que sólo se presentó otra oferta, en el último minuto, y cuyo contenido económico era idéntico al de Inversiones Delmar. Los agentes creen que la adjudicataria es una empresa creada ad hoc con el único objetivo de “enmascarar” el beneficiario final de la concesión.

Ubicado en las tres últimas plantas (con acceso privado a un mirador al Mediterráneo en la última) del Mirador del Carmen, un edificio a pie de playa en cuya construcción el Ayuntamiento ha invertido 16,3 millones de dinero público, el local paga un canon de 27.000 euros anuales. Sale a 5,35 euros por metro cuadrado, una bicoca para la zona, a poca distancia del Puerto, recién restaurada y abierta al turismo, donde los precios pueden quintuplicarse. Se da la circunstancia, además, de que hasta ahora no consta que la adjudicataria haya pagado ese jugoso canon. Un informe municipal aportado al juzgado ya señaló que no tenía licencia de apertura ni había abonado ninguna de las dos anualidades transcurridas desde 2023.

La torre aloja un conservatorio de música, un auditorio, una biblioteca y una sala de exposiciones que ha expuesto obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, Fundación MAPFRE o la Fundación Zuloaga. El restaurante fue abierto en septiembre de 2024 bajo el nombre comercial de Cielo Skybar, y hoy forma parte de un exitoso grupo hostelero de la ciudad.

Además de por este asunto, García Urbano es investigado por otro juzgado de instrucción de la localidad por la contratación para el Ayuntamiento de una “amiga íntima” con la que había mantenido una relación y que nunca fue a trabajar. En este caso volvió a declarar hace 15 días para asegurar que la mujer reportaba verbalmente ante él sus supuestos trabajos, que ella niega que hiciera, y que hasta ahora carecen de cualquier acreditación documental. El juez ve “indicios suficientes” de delito para ir a juicio y está previsto que las acusaciones (PSOE, Vox y Fiscalía) presenten próximamente sus escritos de acusación por presuntos delitos de malversación y prevaricación.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes) ha decidido poner fin al expediente de revisión de oficio de la licencia de obras de El Algarrobico declarándola nula, con el voto a favor de ocho de los 13 concejales, y la ausencia de los otros cinco.

El Pleno ha dado así cumplimiento al ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado que votaran nuevamente esta cuestión para cumplir una sentencia de junio de 2021, firme desde diciembre de 2022, y que el Ayuntamiento empezó a ejecutar en junio de 2023. Tres años ha costado. Los jueces advirtieron el pasado 24 de junio que desplegarían todo su poder si los concejales volvían a ignorarles: ejecución subsidiaria, multas y posibles responsabilidades penales.

De esta forma, los ediles han votado en Pleno Extraordinario a favor de dar cumplimiento al auto de 24 de junio, dictando resolución para poner “fin a la revisión de oficio” de la licencia que concedió el 13 de enero de 2003, declarando que aquella licencia es nula de pleno derecho. Queda para otro momento determinar si deberá indemnizar a Azata del Sol, la promotora a la que dio la licencia para construir en plena playa y parque de Cabo de Gata, y en cuánto.

Esta era la segunda ocasión en un mes en la que los ediles del municipio eran llamados a pronunciarse sobre una cuestión que marca el futuro del inmueble. En la primera votación, el pasado 17 de junio, Carboneras dio la sorpresa. Con todo a favor, incluyendo el informe del Consejo Consultivo favorable a la nulidad, el Pleno decidió posponer la decisión de revisar (y anular) la licencia con el voto a favor de cinco del PSOE y dos no adscritos.

El voto de dos concejales socialistas da la vuelta

En esta ocasión, ha sido el voto de dos de las concejalas socialistas el que ha provocado el volteo del resultado. Mariana Esteban e Isabel Hernández se han apartado de la postura del líder local del partido, el exalcalde José Luis Amérigo, y se han alineado con los cinco concejales del PP y el propio alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) para dar cumplimiento al auto de 24 de junio,

Con la voz entrecortada, Hernández ha insistido en varias ocasiones en que “lo que dicta la Justicia está para cumplirse”, asegurando que él nunca ha intentado poner palos en las ruedas, sino que ha intentado cumplir “sobre la base de los medios humanos y materiales de que disponemos”.

El regidor ha insistido en pedir ayuda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, a las que ha llamado “corresponsables” de autorizar el hotel y ha pedido “altura de miras”: “Somos un municipio de poco más de 8000 habitantes, al que se le crearon unas expectativas irreales e ilegales de desarrollo”, ha lamentado, antes de advertir de que el camino que queda es largo y que no ve que el pueblo pueda recorrerlo solo: “Mucho nos tememos, si no tenemos ayuda, que el hotel va a seguir su culebrón (...) Intentemos entre todos salir de la mejor manera posible de este embrollo”.

El “embrollo” es la presunta responsabilidad a la que podría tener que hacer frente el Consistorio, si bien los tribunales ya han determinado en tres ocasiones que Azata no tiene derecho a reclamar nada porque sabía que no podía construir ahí. Hernández ha lanzado un “mensaje de intranquilidad”, asegurando que quienes vaticinan la ruina para el pueblo lo hacen para “meter miedo” y seguir sosteniendo un hotel ilegal.

No le han escuchado ni Amérigo ni los otros tres concejales que no han votado a favor (otro socialista y dos no adscritos), que han abandonado el salón de Plenos antes de que el alcalde tomara la palabra.

Antes, Amérigo había asegurado que el mandato del TSJA (“poner fin al expediente de revisión de oficio”) no obliga a declarar la nulidad de la licencia, y ha defendido que el acuerdo que adoptó el pasado Pleno para posponer la votación hasta contar con tres nuevos informes sí es obligatorio y ejecutivo.

El portavoz socialista ha insistido en que al expediente le faltan informes y documentos. En su opinión, votar hoy a favor de la nulidad de licencia supone incumplir a la vez el mandato del TSJA y el del Pleno. En la misma línea han hablado Felipe Cayuela y la otra concejala no adscrita, mientras las dos socialistas que han revertido el resultado explicaban que votaban a favor para cumplir con el mandato judicial: “Si no se declara por el Ayuntamiento lo haría el TSJA, a riesgo de que seamos encausados judicialmente.”

Hernández no le ha comprado el argumento a Amérigo, subrayando que el mandato de los jueces es claro: “Si nos dicen que hay que anular, hay que anularla. (...) Esos supuestos informes que faltan, no faltan. (...) Este expediente lo único que lleva es la revisión de oficio: la orden del TSJA, informe del Consultivo y la información a las partes”.

El regidor ha apuntado a Amérigo, recordando que es sobrino del alcalde que concedió la licencia, Cristóbal Fernández: “El hotel tiene padre y madre, el PSOE de la familia Amérigo Fernández, que son los que concedieron la licencia y nos llevan por el camino de la amargura”.

Una decisión controvertida

La decisión del pasado 17 de junio había descolocado a todos. El Gobierno central, personado en el procedimiento judicial, presentó un escrito pidiendo a los jueces que dieran un (otro) ultimátum al municipio para que anulara la licencia, y si no, que la anularan ellos. La Junta de Andalucía y los ecologistas optaron por pedir directamente al TSJA que asuma la función prevista en la ley y ejecute la sentencia ante la constatada resistencia municipal a hacerlo, además de pedir que se investigue ya en vía penal a concejales y alcalde. Y el PSOE, cuyos ediles contribuyeron decisivamente a completar la nueva pirueta que dio aire a la mole, anunció la apertura de un expediente y la suspensión temporal de esos concejales por saltarse la disciplina de partido.

De fondo operan las mismas reticencias que han trufado de obstáculos, excusas y trabas la ejecución de la sentencia del TSJA, que es firme desde diciembre de 2022 y pese a ello, sigue sin aplicarse. Aseguran quienes evitan ejecutarla que Carboneras podría verse expuesto a una reclamación millonaria de la promotora si es el propio municipio el que declara la nulidad de licencia que concedió en febrero de 2023.

Es el argumento que oponen, antes de manera velada y ahora ya abiertamente, quienes se oponen a la ejecución, como José Luis Amérigo, exalcalde del PSOE y ahora portavoz de los socialistas. En el Pleno, Amérigo aseguró que carecía de “información esencial” sobre las consecuencias de la nulidad, una decisión de “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica”, y adujo la necesidad de recabar al menos tres nuevos informes: uno sobre el impacto económico, otro de intervención y otro jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Nada más recibir el acta del Pleno y los escritos de los ecologistas, la Junta de Andalucía y el Ministerio, los jueces del TSJA resolvieron dar una nueva oportunidad al Pleno para que convocara y votara la revisión, bajo advertencia de que si no lo hacía, podría multar a los responsables y llevarlos a Fiscalía.

Eso es lo que se ha votado hoy, con un resultado esperado durante más de dos décadas: la licencia de El Algarrobico es nula de pleno derecho. Esto era solo el primer paso, aunque probablemente el más costoso. Ahora vendrá todo lo demás.

En la jungla inmobiliaria de Málaga hay quien hace tiempo que encontró el hogar en una habitación multiusos sobre ruedas. “Aquí tengo el ventilador. El horno. La nevera. Mira, la televisión: la prendo para que veas que funciona. Tengo una placa solar de 12 voltios y esto lo transforma a 220”, describe Silvio, sentado en la cama, con acento argentino y estilo naturalista, tal y como lo haría un agente inmobiliario o un notario.

Él, que lleva 25 años en Málaga, se define como “clase obrera”, es repartidor de comida a domicilio a media jornada: dos horas y media a mediodía; dos horas y media por la noche. No es orgullo, pero tampoco siente vergüenza en decir que esta caravana es lo que él y María Rodríguez, que vive en la de enfrente, pueden pagarse. “Tenemos todas las comodidades. ¿Es pequeñito? Sí, pero nos adaptamos. Tenemos televisión, aunque no sea de 60 pulgadas”.

Son dos de los habitantes de las parcelas de Sacaba, en el extremo oriental de la capital de la Costa del Sol, a quienes si cumple lo previsto el Ayuntamiento expulsará este martes a las 7 de la mañana, alegando problemas “salubridad, gestión de residuos y convivencia”. Quienes aquí viven se revuelven. Rechazan la etiqueta de vividores y dicen que están al día con todo: se definen como trabajadores honrados, individuos, parejas y familias que no pueden permitirse pagar un alquiler en cualquier otro sitio de la ciudad, cuyos precios disparados llaman la atención hasta del Banco de España. De las grandes de España, esta es la ciudad que mayor esfuerzo económico exige para procurarse un techo.

“Somos gente de a pie: con un sustento, aunque nos veamos abocados a vivir así. No podemos tener una vivienda con los precios de hoy”, cuenta Rafa Sánchez, 54 años, con empleo estable en el aeropuerto, la puerta de entrada a la ciudad del turista internacional a la Costa del Sol, por donde pasaron 26,7 millones de personas en 2025. No aclara en qué empresa, igual que prefiere evitar aclarar qué tipo de funcionarios viven aquí, que también los hay, por miedo al estigma y las represalias.

Todos se describen como “vecinos” que, en lugar de una casa de ladrillo y cemento, invirtieron sus pocos ahorros en una caravana sobre ruedas que colocan donde les dejan. “Aquí hay muchas realidades: reponedores de supermercado, administrativos, trabajadores de la Sanidad, gente que ahora cobra menos porque está de baja; familias con niños, divorciados”, enumera: “Yo estoy contento con mi trabajo, pero no me da para 1.200 en gastos fijos al mes. Así que llevo aquí cinco años”, relata.

A pocos metros de áticos de cinco millones

El pasado viernes, el alcalde Francisco de la Torre (PP) anunció que deberán irse. Dijo entender su situación, que vinculó a la dificultad de encontrar vivienda asequible, pero insistió en que ese no era el lugar, y prometió que había puesto a los técnicos a encontrar una ubicación alternativa, antes de admitir que el asunto no tiene solución fácil, ni a corto plazo. Así que, por ahora, no hay alternativa.

La Plataforma Derecho a Techo ha registrado un escrito este lunes ante el juzgado de guardia, pidiendo paralizar el desalojo porque muchas de las caravanas son residencia “habitual y efectiva de familias en situación de vulnerabilidad”. Subrayan que la Constitución consagra la inviolabilidad del domicilio y recuerdan, además, que el Ayuntamiento no es el propietario de la parcela, así que no puede recuperar lo que no es suyo.

“Son vecinos y vecinas y esta es su única morada”, protesta Rosa Galindo, portavoz de la Plataforma, que lamenta que servicios sociales no haya visitado el lugar y que el Ayuntamiento no haya abierto una vía de diálogo con ellos. “Sólo les han dado un papelito de servicios operativos, como si fuesen muebles o basura. No es forma de tratar a las personas”. El portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento, Nico Sguiglia (Podemos) y el parlamentario de Adelante Andalucía Luis Rodrigo han responsabilizado de la situación al modelo de ciudad impulsado por el equipo de gobierno del PP.

Apenas a 300 metros, un puñado de grúas excavan el terreno para completar el desarrollo urbanístico de la zona, la nueva milla de oro de la capital malagueña. Muy cerca de donde se expulsará a las caravanas se venden áticos a millones, como los diseñados por François Leclerq para La Térmica Beach de Aedas Homes: son 755.000 euros por pisos de un dormitorio, y hasta cinco millones por el ático más lujoso. “Esto recuerda a lo que hacía Jesús Gil: expulsar a la gente humilde. Esto es un caramelo inmobiliario y quieren destinar la zona a viviendas de lujo. La limpieza es una excusa”, ha protestado Sguiglia.

Sin alternativas

Hasta hace cuatro años, muchos de quienes están hoy aquí tenían su sitio en la parcela de aparcamientos junto al Palacio de Deportes Martín Carpena. Allí contaban con servicios del Ayuntamiento, que había habilitado el espacio dotándolo de agua, luz y recogida de residuos. Pero Málaga se hizo con la celebración de la Copa Davis y encontró en ese lugar la ubicación idónea para las pistas. En noviembre de 2022 el Ayuntamiento los echó, y ya nunca les proporcionó ubicación alternativa.

Desde entonces, Málaga no tiene zona para caravanas. Las más cercanas, ambas privadas en Churriana y Rincón de la Victoria, están completas, y exigen el pago de 25 euros diarios, unos 750 euros al mes, que muchos aquí no pueden permitirse. Y el camping más barato se va a 900 euros al mes.

Muchos buscaron sitio en los alrededores y, con el paso de los meses, fueron reuniéndose en estas parcelas junto a los antiguos terrenos del Butano, justo antes del ramal más occidental de la desembocadura del Guadalhorce. En Sacaba: sí, el nombre lo dice todo. Son entre tres y cuatro parcelas privadas, y nadie tiene muy claro a quién pertenecen, así que ahora que se van a constituir como asociación han comenzado a indagar en el registro. Hablan de una gran empresa y algunos particulares. Tampoco el Ayuntamiento lo aclara, y se limita a asegurar que actúa “en colaboración con la propiedad del suelo”, sin explicar (pese a las preguntas) si los privados han instado el desalojo, si hay orden judicial o si es un desahucio administrativo fundamentado en algún motivo de orden público.

Lo único que tienen los vecinos son unas cuantas vallas de la Policía Local y un papel supuestamente municipal, sin sello ni referencia que lo identifique, donde se avisa que por “razones de limpieza y salubridad” deben retirar el vehículo, y si no lo hará la grúa. Cuando anunció la actuación, el Consistorio invocó también problemas de convivencia con los vecinos. Aún son visibles los restos de una caravana que ardió la semana pasada, supuestamente por una instalación eléctrica defectuosa.

¿Broncas? Las hay, claro, pero no más que en otros barrios y atribuibles, subrayan, a un tipo de campista diferente, el que está de paso. Según explican, ellos sí cuidan el lugar, miden al máximo el agua que consumen y hasta recogen de vez en cuando la basura que dejan los domingueros.

Sánchez ha elaborado un censo. Calcula que hay unas 140 personas trabajadores residiendo en caravanas en este lugar. Junto a este perfil, hay también personas en situación de exclusión, y quienes vienen a echar unos días. Incluso quienes aprovechan el campamento para instalar alrededor campas y tiendas de campaña. En esos casos es más probable que surjan problemas de convivencia: fiestas, peleas, fogatas. Un problema que no generan ellos y que no pueden resolver. Asegura Sánchez que ellos mismos han denunciado muchas veces, pero que la Policía no siempre acude. “Cuando se monta aquí la fiesta del siglo también nos molesta, lógicamente. Pero el que vive aquí no es ese tipo de persona incívica”.

“No queremos vivir gratis”

Sentado a la puerta de su caravana, Silvio degusta una tónica y rememora su historia. En 2006 se ató una hipoteca. La crisis lo arrastró al fondo, pero se enteró de la posibilidad de entregar su vivienda para saldar la deuda. Él mismo preparó su escrito. “Conseguí la dación pago y alquiler social”. Así estuvo durante 15 años, hasta que llegó otro golpe: “La pandemia nos arruinó”. Compró la autocaravana en cuanto se pudo salir del municipio. Primero se instalaron en Almayate, a 30 kilómetros. Pero le salía por un pico venir dos veces al día en moto. Este es un mundillo donde las noticias vuelan, y pronto se reubicaron aquí, donde lleva cuatro años.

Begoña Álvarez lleva siete años en Málaga y tres en Sacaba. Trabaja como consultora telefónica, pero ahora está de baja porque se rompió ambos brazos. Cuando la echaron de casa para subir el precio de su alquiler en La Palma se compró una Camper, y recuerda que al principio pasó miedo, pero luego fue encontrando su sitio e, incluso, un sentido de pertenencia: “Nosotros recogíamos la basura. Sólo pusieron contenedores hace dos meses”.

Ha venido a apoyarles Sandra Pérez, que vivió aquí con su pareja hasta hace poco. “Hemos llegado a pagar un alquiler por vivir a 40 minutos de Málaga, trabajando aquí”, recuerda. Compraron la autocaravana como último recurso, no para viajar o hacer turismo: para vivir aquí. Y así lo hicieron durante dos años. Ahora tienen una vivienda gracias a la ayuda familiar, y la caravana ha quedado para ocio, pero mantiene su apoyo a las vecinas con las que ha compartido todo, también peligros, como aquel día en que casi se les inunda todo.

“No podemos desaparecer. Somos una realidad”, observa Rafael Sánchez: “No queremos dar pena, limosna, vivir gratis en primera línea de playa… Nos vamos donde no molestemos, pero que nos digan dónde”.

La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado reabrir la investigación de la muerte de Haitam Mejri durante una intervención policial en un locutorio de Torremolinos el pasado 7 de diciembre. Los magistrados ordenan a la jueza, que archivó la instrucción el pasado abril, que investigue más y, en concreto, que pida Instituto de Medicina Legal (IML) un informe complementario, pero esta vez entregando antes a los forenses los vídeos de la intervención, donde se observa como Haitam es golpeado, sujetado por cuello y tórax y electrocutado con entre siete y once disparos de táser.

La Audiencia Provincial tumba el archivo ordenado por la jueza el pasado abril porque no cree que se haya investigado lo suficiente, “a la vista de lo que se ve en las imágenes”, recogidas por dos cámaras del local y las dos cámaras asociadas a los dispositivos táser, y publicadas en exclusiva por elDiario.es.

Tras explicar que han visto los vídeos, los magistrados recuerdan que cuando alguien fallece durante una intervención policial, “estando ya retenido”, se requiere “una investigación profunda y efectiva”. Recogen incluso qué nuevas diligencias deben practicarse: un informe complementario del IML que determine “si en el fallecimiento Sr. Haitam pudo influir la actuación policial, tal y como sostiene el perito de la acusación particular”, pero dando la oportunidad a los forenses de que vean los vídeos y analicen el informe aportado por la familia, en el que se concluye que la intervención policial fue determinante para la muerte. Y también, una toma de declaración contradictoria entre los peritos del IML y el de la familia, Aitor Curiel.

En un auto dictado el pasado 30 de junio al que ha tenido acceso este medio, los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ordenan a la jueza que investigue más, porque lo que se ve en los vídeos no permite un archivo tan rápido. “Se puede ver como suceden los mismos: la actuación policial, la situación en la que se encontraba el fallecido durante la reducción, la postura de los agentes sobre él, las descargas de táser realizadas, como el fallecido se va quedando sin respiración y el momento en el que se hace la reanimación”, dice el auto, que recuerda que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigen una investigación mucho más exhaustiva de muertes bajo custodia policial.

Además de ordenar la reapertura, la Audiencia ha dictado otro auto donde recuerdan a la instructora qué son “diligencias pertinentes” en la fase de instrucción y subrayan que, aunque no sean un “derecho absoluto”, son esenciales al derecho de defensa. Según la Audiencia, la jueza rechazó las diligencias propuestas por la familia de Haitam “de forma genérica”.

La jueza no veía “relación causa efecto” con la intervención policial

Con el apoyo de la Fiscalía, la jueza archivó el caso el 10 de febrero, y confirmó el sobreseimiento el 7 de abril, concluyendo que no hay relación “causa efecto” entre la intervención de los seis policías y la muerte del hombre, que tenía 35 años. La jueza no llegó a imputar a los seis policías que intervinieron, que ni declararon ante ella. En los vídeos se les ve golpear, rociar con gas pimienta, insultar, presionar a la altura del tórax y electrocutar en repetidas ocasiones a Haitam, que les pide reiteradamente que paren e insiste en que quiere “colaborar”. Entre ellos se animaban a “meterle más táser”. Cuando llegaron las asistencias sanitarias no informaron del uso del dispositivo táser, contrariamente a lo que pide el fabricante Axon, que también recomienda acortar las descargas y minimizar su número, así como evitar descargas simultáneas.

Para archivar, la jueza dispuso de los vídeos y del informe de autopsia del Instituto de Medicina Legal, que apuntaba como causa única de la muerte al “delirio agitado” motivado por el consumo de drogas “teniendo un corazón patológico”. El delirio agitado es un supuesto estado de agitación extrema que puede provocar muerte súbita. El síndrome está escasamente descrito en la literatura científica, y es muy discutido por algunas entidades de derechos humanos, que creen que la extensión reciente de su uso puede encubrir muertes de individuos bajo custodia policial. En 2023, el Gobernador de California modificó la ley procesal para prohibir el reconocimiento del “delirio agitado” como “diagnóstico médico válido o causa de muerte” en los certificados de fallecimiento ante el abuso de ese concepto.

En su auto de archivo, la jueza minimizaba el efecto de las descargas táser porque “no causan daños más allá de la inmovilización neuromuscular y dolor”, calificaba las lesiones de leves y no entraba a valorar los efectos de la sujeción con presión a nivel de cuello y tórax descrita en el informe forense aportado por la familia.

La jueza asumió así la hipótesis del informe del IML, es decir: que la muerte es enteramente atribuible al consumo de tóxicos, y que ninguna influencia cabe achacar a los golpes, disparos táser y sujeción continuada sobre cuello, tórax y piernas que sufrió Haitam. Sin consumo previo, el resultado de muerte “desaparece o sería casi improbable”, estableció la jueza, que de ahí deducía que en la “acción causal no intervienen terceras personas”.

86 lesiones, según el informe de la familia

La familia dispone de un informe alternativo que documenta que el cuerpo de Haitam presentaba “86 lesiones externas objetivables” producidas durante la intervención policial, incluyendo al menos siete descargas con pistolas táser (la familia cuenta once en los vídeos), elaborado por Aitor Curiel, médico especialista en Medicina Legal y Forense.

Además, elaboró un anexo donde se cuestionaba la influencia de las sustancias tóxicas que había consumido Haitam. Las pruebas toxicológicas hallaron rastro de cocaína (0,15 mg/l), MDA (0,03 mg/l), cannabis y ketamina (0,07 mg/l) en sangre, y la autopsia sólo analizó la concentración de cocaína, inferior a las concentraciones letales aunque se encuentra “frecuentemente” en “sujetos fallecidos consumidores de cocaína”. Las demás presentaban unas concentraciones escasas que sugieren que estaban en fase metabólica avanzada; es decir, que su consumo no era reciente, y no tendría por tanto relación con la muerte.

La conclusión de Curiel es que murió por una “parada cardiorrespiratoria secundaria a una insuficiencia cardiorrespiratoria” como “consecuencia de un politraumatismo con sujeción, inmovilización y presión elevada a nivel de cuello tórax y las cuatro extremidades, con utilización de irritantes y múltiples descargas eléctricas con táser prolongadas y reiterativas”. Según este forense, aunque padecía una “patología cardiaca previa”, esta no era mortal, por lo que no hubiera fallecido “en ese momento ni en esa forma” de no haberse producido aquella intervención policial.

La familia ha denunciado la intervención porque entiende no sólo que hubo una manifesta desproporción, sino por el supuesto racismo policial. IU preguntó al Ministerio del Interior, que inicialmente respaldó la actuación policial y más tarde se remitió a la investigación judicial abierta. También Podemos ha presentado iniciativas. Amnistía Internacional, que está asesorando a la familia, inició una campaña para pedir “justicia para Haitam” que actualmente supera las 26.000 firmas.

El miércoles pasado fue el primero en casi veinte años en que Valle de Abdalajís no recibió ni un solo litro de agua en cubas. Cuatro camiones cisterna pagados por ADIF acarreaban 25.000 litros a través de sinuosas carreteras desde Antequera varias veces al día desde 2007. Cada jornada llegaban 450.000 litros de agua para llenar los depósitos. Cada vez que había un problema, los vecinos de este pequeño pueblo malagueño, poco más de 2.400 habitantes, acudían con sus garrafas y se ponían en la cola, pacientes, para recibir su aportación. Así, durante dos décadas, menos un par de ocasiones en que ADIF amenazó con cortar el grifo. Fue tal el escándalo que la Justicia le ordenó que siguiera haciéndolo.

ADIF estaba obligada porque en 2005 perforó el acuífero que explicaba el histórico sobrenombre del pueblo: la Villa de los Manantiales. Aquel 23 de marzo la tuneladora que horadaba la Sierra de Abdalajís para llevar las vías del AVE a la capital de la Costa del Sol se topó con la pared caliza de la inmensa balsa de agua, y aquello se desangró a toda velocidad dejando herido de muerte al pueblo, que ya para siempre tendrá que procurarse el agua que antes le llegaba en caída libre.

Ya no será ADIF quien se la proporcione. El Tribunal Supremo confirmó el pasado 22 de abril la sentencia que dictó la Audiencia Nacional el año pasado: el convenio de 2007 entre el pueblo y la empresa pública ya no rige. “ADIF ya no tiene ningún compromiso para abastecer de agua al municipio”, resume la alcaldesa, Virginia Romero (PP): “Nos tenemos que apañar con los recursos que nos han quedado”.

Sin alternativa estable tras veinte años de camiones

Desde el miércoles, se acabaron las garrafas. Afortunadamente este año ha llovido mucho, dice la regidora, y si nada falla, no habrá que aplicar restricciones en verano. Pero el pueblo vive ya en la incertidumbre. La alcaldesa insiste en que, ahora con más razón, el consumo debe ser responsable: “Garantía no puedo dar, porque puede fallar cualquier cosa. Pero en principio, en condiciones normales, haciendo un uso responsable, los pozos ahora mismo están en niveles que parece que podemos aguantar y pasar bien el verano”. Después, quién sabe.

El fin del suministro llega sin que el pueblo disponga de una alternativa estable que garantice el abastecimiento, aunque en teoría iba a acelerar la búsqueda después del varapalo judicial del año pasado. Romero dice que todo va muy lento.

En estas dos décadas ADIF ha pagado el transporte de unos 3.280 millones de litros de agua y otras infraestructuras adicionales, con un coste estimado en su día en unos 40 millones de euros, pero no ha tendido una tubería que canalice el aporte directo. “Se ha hecho un gasto enorme con el que hubiese podido hacerse una tubería e infraestructuras para tener solución definitiva, con menos dinero y tiempo”, lamenta Romero.

La alcaldesa ha lanzado una llamada de auxilio a las demás administraciones. A principios de junio envió sendas cartas a la Diputación de Málaga, Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno y ADIF. “Les pedí que recapacitaran sobre la situación tan delicada en que queda el municipio. Han hecho mucha inversión, pero el daño no se ha reparado”.

Desacuerdo institucional y bronca política

Por ahora, el pueblo se abastece de los pozos para rellenar los depósitos, pero no es la solución idónea. En primer lugar, porque la abundancia de este año es excepcional. Y, también, por razones técnicas. “Dependemos de un manantial, pero el abastecimiento lo dan varios depósitos en cadena: si se quema la bomba falla todo el sistema”, advierte José Romero, antiguo alcalde (IU) y miembro de la Mesa del Agua.

Romero, impulsor decisivo en las movilizaciones del pueblo tras la rotura del acuífero, también lamenta que en todo este tiempo las administraciones no hayan ofrecido una alternativa permanente al trasiego de camiones. “Yo obtuve luz verde de Aguas el Torcal [la empresa pública de agua de la comarca] para conectarnos a Antequera si ADIF ponía la tubería. Pero ADIF dijo que no, porque le salía más barato darnos agua del túnel”, explica el exalcalde. Y el agua del túnel no podía ser, porque la Junta de Andalucía no lo autorizaba por motivos sanitarios. La actual alcaldesa vuelve a descartar esa opción: “No es apta para consumo humano”.

Nadie parece hacerse cargo del problema. La empresa pública se remite a la sentencia, y no da más explicaciones. Subdelegación explica que el abastecimiento no es competencia del Gobierno, y apunta a la Diputación Provincial, que tiene asignadas las competencias de asistencia técnica, coordinación y puede incluso asumir la gestión directa del abastecimiento en pequeños municipios. Este medio ha preguntado a la Junta de Andalucía, con competencias en materia hidráulica, y a la Diputación, si están abordando actuaciones concretas para garantizar un abastecimiento estable. No ha habido respuesta.

El asunto tiene mimbres para derivar en una bronca política. El PP de Málaga ha acusado al Gobierno de “cortar el grifo” del agua y luego “lavarse las manos” por la falta de respuesta de ADIF y la Subdelegación, que remitió un correo a la alcaldesa el miércoles, según ha podido comprobar este medio. El PP subraya que “el problema fue creado en 2005, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero” y que después la Junta socialista frenó dos captaciones por motivos ambientales. Pero el problema no tiene su origen el día en que se perforó el acuífero, sino cuando se decidió que el AVE pasara por allí pese a las advertencias técnicas. El trazado fue decidido en época del gobierno de José María Aznar.

Un riesgo previsto y asumido por el AVE

Verse sin agua no solo ha condicionado la vida diaria de los vallesteros. Desde 2007, el pueblo ha perdido el 18% de su población, 1 de cada cinco vecinos. Otros municipios con los que comparte cercanía al potente polo turístico de El Caminito del Rey han crecido en el mismo periodo, en el caso de Álora, o han descendido muy ligeramente, como Ardales. La alcaldesa está convencida de que la imagen de las cubas, el trasiego de camiones por la sinuosa carretera de acceso y lo que eso implica (daño al firme, riesgo de accidentes) les ha castigado.

José Romero cree que el pueblo es la víctima de una desgracia prevista por todos a la que se decidió sacrificar para que la capital de la Costa del Sol tuviera AVE cuanto antes. “Lo sabían, pero no vinieron con la verdad por delante”. En mitad de las protestas, él mismo localizó en el archivo del Palacio de la Aduana el estudio de impacto ambiental de 1999, que alerta de que la “compleja estructura” de esa sierra explica que haya en ella numerosos sistemas “con una conexión hidrogeológica problemática”. El riesgo de afección era “severo”.

Los ingenieros hicieron que el túnel discurriera evitando cruzar los bloques calcáreos jurásicos a lo largo de sus 7.730 metros de largo, a excepción de en la zona central, justo donde Valle de Abdalajís tenía su sondeo para abastecimiento, a entre 70 y 140 metros sobre la rasante: “Para la realización del túnel será necesario drenar el acuífero con los consiguientes impactos. Se propone la restitución del abastecimiento a Valle de Abdalajís mientras duren las obras y la impermeabilización total del túnel”, se advertía en el documento.

Un túnel anegado

La rotura ocurrió, y aquello desaguó tanto que el Consejo de Ministros tuvo que autorizar en 2006 un gasto extra de 42,6 millones para revestir este tramo y hacerlo impermeable a las filtraciones. No fue para siempre. Ante la evidencia de las filtraciones, ADIF adjudicó en 2023 un contrato para revisar su estanqueidad, cuyas conclusiones este medio ha solicitado por Transparencia. La respuesta es que no se pueden entregar por motivos de “seguridad pública”. El pasado verano, el túnel de la vía 1 quedó anegado, obligando a ADIF a acometer obras de urgencia que duraron ocho meses y redirigir todo el tráfico por la vía 2 durante ese tiempo.

En realidad, todo el tramo acabó convertido en una montaña rusa que a duras penas sujeta las fuerzas naturales. Tras el túnel viene el descomunal viaducto del Arroyo de las Piedras, uno de los más altos de la red ferroviaria española (93,5 metros) y el primero de tablero mixto (acero y hormigón): más de 1,2 kilómetros para salvar el desnivel de la salida sur del túnel. Después, el talud de Álora que cayó sobre las vías el pasado febrero, obligando a cortar el tramo e interrumpir la conexión ferroviaria directa de Málaga durante tres meses.

Casi 30 años después, el riesgo severo del que advertían los ingenieros se ha materializado, y aboca al pueblo a buscar el agua que hasta que llegó el AVE parecía tener por castigo. “El agua es la vida de un pueblo”, protesta Virginia Romero: “Esto es un pueblo pequeño. No tenemos medios técnicos o humanos para buscar una solución definitiva. Nos tienen que ayudar”.

Apenas 30 minutos antes de la votación de investidura de Juanma Moreno, los líderes del PP y Vox en Andalucía han sellado su acuerdo de gobierno que consagra la 'prioridad nacional', un concepto de la extrema derecha que el PP ya había abrazado en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Durante la campaña, llegó a definir la 'prioridad nacional' como “literatura” de Vox para su electorado y, también, como un “lío”. Mediante este pacto, Manuel Gavira, líder de la formación de extrema derecha, asumirá la consejería de Turismo, Administración Local y Justicia, un cargo que además tendrá rango de vicepresidencia.

En rueda de prensa, Moreno y Gavira han escenificado la firma del Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía. Ante la falta de una mayoría absoluta, Moreno ha justificado el pacto señalando que “la dinámica parlamentaria te lleva a llegar a acuerdos” para evitar una parálisis autonómica y nuevas elecciones. Sin embargo, para lograr esta estabilidad, el PP ha tenido que asumir gran parte del programa de Vox, admitiendo el propio Moreno que, pese a tener “sensibilidades diferentes”, han realizado un “esfuerzo de aproximación”.

En el plano institucional, la principal concesión es la entrada de Vox en el Ejecutivo. La formación asumirá la citada Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, la cual estará dotada con rango de Vicepresidencia con Gavira al frente.

El giro migratorio y la 'prioridad nacional'

El documento refleja un endurecimiento radical en materia de extranjería, asumiendo las tesis de Vox. Pese a que Moreno en campaña recordaba que era absurdo debatir sobre inmigración porque las Comunidades Autónomas no tienen competencias, ha abrazado el discurso de Vox de principio a fin y la inmigración es el segundo punto del acuerdo. El pacto decreta un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados (MENA)” y estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. Además, se prohíbe el uso del burka y el nicab en los espacios públicos autonómicos.

La gran victoria discursiva de Vox cristaliza en el blindaje de la llamada 'prioridad nacional', sobre la que el texto dice literalmente: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Este mismo principio rector se aplicará para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social.

Sin rastro de la violencia de género

No hay en el pacto ninguna mención a la “violencia machista” ni a la “violencia de género”. El documento del acuerdo entre PP y Vox no recoge ninguna medida, plan o apartado dedicado a combatir o abordar específicamente este tipo de violencia.

Las únicas referencias directas a la “mujer” en el texto del pacto se limitan a dos aspectos muy específicos: la citada prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, (justificando que son prácticas que “invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad) y la puesta en marcha de un ”Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada“. No hay tampoco ninguna mención al colectivo LGTBIQ+.

Negacionismo climático

Pese a las diferencias de visión que separaban a ambos partidos en temas como la Agenda 2030, el PP ha accedido a “blindar” al sector primario frente a los “aspectos negativos” de dicha agenda y a rechazar explícitamente “las imposiciones de agendas ideológicas” en el cuidado del medio ambiente, declarando a Andalucía libre de las cargas del Pacto Verde. Al rechazar la “condicionalidad climática del Pacto Verde” europeo Moreno asume directamente el negacionismo climático de Vox. También rechaza el pacto la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, argumentando que encarece la producción sin ofrecer contrapartidas.

En el ámbito de la 'batalla cultural', las cesiones a Vox también son notables. El Gobierno andaluz pondrá fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios –como ya ha ocurrido en la Murcia de López-Miras y va a suceder en la Extremadura de María Guardiola– alegando que es un intento de “diluir nuestra identidad”,.

En contrapartida, el pacto se compromete a promocionar activamente la tauromaquia y la caza. Asimismo, se comprometen a proteger la ganadería brava, las escuelas taurinas y las plazas de toros frente a cualquier intento de discriminación ideológica o de exclusión de las políticas públicas

Finalmente, ambas formaciones han acordado impulsar una “Nueva Ley de Concordia” que derogará y sustituirá a la actual normativa andaluza en materia de memoria histórica. El documento incluye la Memoria Histórica en el apartado de “Leyes Ideológicas”.

Derogación de los impuestos a los vertidos y a las bolsas de plástico

La Fiscalidad es la primera materia que aborda el pacto. Se trata de un aspecto en el que PP y Vox han encontrado un amplio campo de encuentro basado en la supresión y/o rebaja de impuestos. El pacto contempla reducir la cuota autonómica del IRPF en el 0,25% en los tramos de menos de 60.000 euros cada año, hasta un punto porcentual a final de legislatura. Además, se prevén nuevas deducciones por nacimiento o adopción. En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se prevé una nueva bonificación para ladquisición de vivienda habitual entre hermanos, “primer paso” para ampliar la bonificación del 50% a los colaterales de segundo y tercer grado (tíos y sobrinos) “si la evolución de la recaudación del impuesto lo permite”.

Vox también ha impuesto su agenda cultural en materia fiscal, con el incremento de la deducción por familia numerosa de 200 a 300 euros y, en especial, con la previsión de suprimir tres tributos propios en materia ambiental: el que se impone a las bolsas de plástico, el de emisión de gases y el de vertidos a aguas litorales. El objetivo de esta supresión, dice el pacto, es “rerducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas” sobre familias, empresas y autónomos.

Este es el pacto de Gobierno firmado por Moreno con Vox con 150 medidas:

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) votará por segunda vez el próximo 7 de julio la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico de cara a declarar su nulidad conforme al último mandato dado por el TSJA el pasado 26 de junio después de que la mayoría de la corporación decidiera aplazar el asunto hasta recabar nuevos informes.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el asunto ha contado con el voto favorable en la comisión informativa de Presidencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), así como dos ediles del PP. Otros dos concejales del PSOE se han abstenido y el edil no adscrito Felipe Cayuela (que propuso dejar el asunto sobre la mesa en la última sesión) ha excusado su presencia y no ha acudido.

Será la segunda ocasión en un mes en que los 13 ediles del Ayuntamiento carbonero sean llamados a pronunciarse sobre la revisión de la licencia para construir un hotel en la playa de El Algarrobico, invadiendo servidumbre de dominio público marítimo-terrestre y un espacio integrado en el parque natural de Cabo de Gata. La licencia fue concedida a Azata del Sol por el Consistorio, liderado entonces por Cristóbal Fernández (PSOE) el 13 enero de 2003. Aunque el TSJA ordenó a Carboneras que la revisara, en una sentencia firme desde diciembre de 2022, el Consistorio (liderado sucesivamente por Amérigo, Felipe Cayuela (exPP) y Sálvador Hernández -Ciudadanos-) ha evitado desde entonces cumplir la resolución.

El último episodio ocurrió el pasado 17 de junio, cuando ya se contaba con el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y todo estaba previsto para completar el expediente administrativo para ejecutar la sentencia iniciado año y medio antes. Pero todo quedó nuevamente atascado. Aquel día, Cayuela presentó supuestamente por sorpresa una propuesta para aplazar la votación, alegando que era necesario recabar más informes para pensarlo todo mejor, y la propuesta obtuvo siete votos a favor, los de cinco ediles del PSOE y dos no adscritos.

El portavoz socialista en Carboneras, el exalcalde José Luis Amérigo, dijo necesitar al menos tres informes más sobre las consecuencias urbanísticas y particularmente económicas que para el municipio tendría declarar nula una licencia que concedió en su día. El temor que sobrevuela el municipio desde hace años es que Carboneras tenga que asumir una indemnización millonaria a la promotora. El PSOE anunció la suspensión de militancia de sus cinco concejales.

El alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) se desmarcó de este resultado nada más salir del Pleno: “Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá”.

Peticiones de Gobierno, Junta y ecologistas

Aquel resultado motivó que el TSJA requiriera al Ayuntamiento de Carboneras el pasado 26 de junio para que la convocatoria inmediata de un nuevo Pleno en el que aprobar la propuesta de revisión de la licencia de obras del hotel concedida a Azata del Sol el 13 de enero de 2003 en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles.

Los magistrados, que han advertido a los sucesivos alcaldes con imponerles una multa y dar cuenta a Fiscalía de su resistencia a ejecutar su sentencia (sin materializar nunca las advertencias), aceptaron así la solicitud del Gobierno central.

El Ministerio de Transición Ecológica, recientemente personado en la ejecución, había pedido a los jueces que forzaran al Ayuntamiento a ejecutar, y que si este volvía a fallar, fueran los propios jueces quienes asumieran la tarea. La Junta de Andalucía, por su parte, había pedido que entrasen ya, sin dar una nueva oportunidad al municipio. Lo mismo solicitaron los ecologistas, que llevan años reclamando una intervención directa de los magistrados que ponga fin a la actitud obstructiva del municipio.

El TSJA optó por dar una nueva oportunidad a los concejales, advirtiéndoles expresamente de que, en caso de incumplimiento, podría acordar la ejecución subsidiaria de la sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), ponerles una multa y deducir testimonio a Fiscalía.

Ahora, el Ayuntamiento cumple el mandato de convocar nuevo pleno para que la corporación vuelva a votar la propuesta, sin recabar los informes adicionales solicitados por los siete concejales que habían pedido posponer la votación.

La Fiscalía Provincial de Málaga ha abierto diligencias para investigar si en el laboratorio del Hospital de La Axarquía se utilizaron reactivos caducados de forma consciente y sistemática para la realización de pruebas analíticas, como avanzó elDiario.es Andalucía el pasado mes de mayo. El fiscal ha requerido documentación al hospital, según fuentes cercanas al caso, y, con la información que ahora recabe y el contenido de la denuncia formulada en su día por el sindicato CSIF, decidirá si hay material suficiente para presentar una denuncia por un presunto delito contra la salud pública.

La investigación tiene su origen en la denuncia formulada por el sindicato, que adjuntó fotografías, conversaciones del grupo de trabajo en Whatsapp y cuatro testimonios grabados en vídeo por trabajadores o extrabajadores del laboratorio. Los indicios apuntan a una práctica irregular que puede cuestionar la fiabilidad de cientos de pruebas, y que habría sido amparada por dos responsables, con la participación o tolerancia implícita de un número importante de técnicos y facultativos.

El pasado mes de mayo este medio recabó cinco testimonios de personas que aseguran que era habitual reutilizar reactivos caducados o que habían perdido la estabilidad indicada por el fabricante, que depende de la fecha en que se abrió o las condiciones de conservación. Los trabajadores y extrabajadores del laboratorio explicaron que el sistema se aplicaba al menos desde 2020, de manera cada vez más natural. “Se decía claramente en las reuniones”, aseguró a elDiario.es un facultativo con experiencia varios hospitales públicos: “Es el único sitio donde he vivido algo así”.

Los mensajes que se intercambiaban en el grupo eran del siguiente tenor literal: “Si algún reactivo sale caducado del Atellica [una de las dos máquinas provistas por Siemens al hospital] no lo tiréis, tapadlo y dejadlo en la cámara. Yo los aprovecharé en rutina”; “Hay varios diluyentes 3 del IMT caducados, para poder utilizarlos hay que realizar entrada manual y cambiar la fecha de caducidad”; “Buenas! Si el Atellica 1 expulsa este fin de semana algún reactivo que sea exclusivamente de rutina, necesito que no lo repongáis, por favor, estamos intentando alargar la estabilidad a bordo para que no se caduquen teniendo técnicas disponibles”. En esa conversación se habla abiertamente de reactivos “engañados”, que la máquina admite (cuando no debería) porque se les ha introducido mediante la técnica del pipeteo en un bote con una etiqueta falseada.

También hay indicios gráficos. Las fotografías aportadas por el sindicato al fiscal mostraban la nevera del laboratorio con varios botes envueltos en film transparente donde se ha anotado a rotulador: “Caducado”. “Arreglado. Uso”. Las etiquetas de algunos de estos botes no corresponden con la numeración proporcionada por el fabricante.  

Archivo de la investigación interna

CSIF denunció estos hechos en vía interna y más tarde públicamente, pero el gerente del área sanitaria, Miguel Moreno Verdugo, dio carpetazo al expediente de información reservada en menos de un mes. La resolución, fechada el 6 de marzo, no motivaba por qué se archivaba la investigación. Poco después, el sindicato presentó la denuncia ante Fiscalía. El fiscal, mes y medio más tarde, abrió unas diligencias que ahora trascienden.

En su respuesta a este medio (pero no en la resolución), la Consejería dijo que había constatado “con los responsables y el equipo del laboratorio” la “falsedad de estas afirmaciones”. Algunos extrabajadores y trabajadores explicaron a elDiario.es que el instructor no les había llamado a declarar, y otros que sí fueron llamados relataron un clima hostil y amenazante por las consecuencias de la denuncia.

En las últimas semanas, el sindicato y dos de sus responsables han sido citados a un acto de conciliación, paso previo a la posible interposición de una querella, con las dos responsables del laboratorio señaladas. Piden que se las indemnice con 20.000 euros a cada una por un presunto delito de injurias y por atentado contra su honor. El acto terminó sin acuerdo. La solicitud fue formulada antes de que este medio publicara varias informaciones con los testimonios e indicios gráficos y documentales de lo que ocurría en el laboratorio.

Varias trabajadoras han relatado a este medio que viven un clima laboral abiertamente hostil hacia ellas en el laboratorio, con actitudes que podrían constituir un acoso laboral.

Ahorro en reactivos

El presunto uso de reactivos en mal estado podría tener una finalidad económica. El laboratorio tenía como uno de sus objetivos anuales “no superar el presupuesto asignado para la Unidad en reactivos”, y los trabajadores tenían como objetivo individual “no tirar reactivos por pérdida de estabilidad en el analizador”.

De 2023 a 2024 el laboratorio redujo su objetivo de consumo de reactivos en un 30%. Todo el personal sanitario tiene una parte relevante de su sueldo vinculada a la productividad. En 2024 una jefa de servicio o una coordinadora de área del SAS podía percibir hasta 14.877,18 euros por la productividad variable. Un facultativo, hasta 8.456,86.

Este sistema de ahorro alcanza al uso de envases de reactivos cuyo contenido, por usarse de forma esporádica, puede caducar sin llegar a agotar el recipiente. De hecho, el SAS prioriza ahora que los reactivos infrecuentes se presenten en envases pequeños que eviten el sobrante, o los “culillos”, en la terminología que usaban en el laboratorio de La Axarquía.

El último acuerdo marco para el suministro de reactivos en todos los hospitales y centros sanitarios en la provincia de Málaga se licitó a finales de 2024, por un total de 137 millones de euros para los próximos cuatro años en 461 lotes.

En las últimas semanas, una de las dos jefas del laboratorio que presuntamente habrían amparado esta práctica renovó formalmente su cargo y sumó la jefatura de servicio de Anatomía Patológica.

Miguel Moreno Verdugo, gerente del área sanitaria, fue el primer gerente del SAS nombrado por Juan Manuel Moreno cuando se hizo con la presidencia de la Junta de Andalucía, en 2019. Economista y técnico de gestión administrativa, su llegada fue polémica porque traía un bagaje desde Castilla La Mancha, donde había aplicado un polémico plan de recorte de personal durante el mandato de María Dolores de Cospedal. Tras regresar a su plaza de técnico administrativo, fue recuperado para los puestos de mando por Ciudadanos, que lo nombró director general en la Diputación de Málaga en 2017.

De allí pasó a dirigir el transatlántico del SAS, pero duró apenas diez meses. Fue un periodo convulso marcado por las protestas sindicales. La Junta trató de recolocarlo en la gerencia del Hospital Regional, el más grande de la provincia, pero tuvo que abortar la operación, que generó muchas protestas sindicales. Al final lo envió al área sanitaria de la Axarquía, con una población diana de unas 150.000 personas, que puede triplicarse en verano.

Dentro de diez días y hasta dentro de tres años, en Málaga no se podrán establecer nuevas viviendas turísticas, apartamentos turísticos u hoteles en suelo residencial. Después de meses anticipándose, el anuncio lo ha realizado este miércoles el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha asegurado que el objetivo es “hacer compatible” el “éxito económico y turístico” de la ciudad con que “los malagueños sigan teniendo una ciudad donde vivir y ser felices”. La falta de vivienda asequible en muchas zonas del país es un problema muy acusado en la provincia de Málaga, convertida según algunos informes en la segunda más cara para alquilar, y particularmente en la capital de la Costa del Sol, con incrementos del precio y el alquiler que rondan el 75% en el último lustro.

El equipo de gobierno hará tabla rasa limitando la implantación del uso de hospedaje como alternativo o compatible con el residencial: no más uso hotelero donde hay casas. Como norma general, ni VUT, ni AT, ni hostales, ni hoteles, ni albergues, ni pensiones. Nada. “Defender el suelo residencial”, ha dicho De la Torre este miércoles. Al menos, durante los próximos tres años o hasta que se apruebe el nuevo PGOU que está en elaboración, y donde debe decidirse que ciudad se quiere.

Además de la moratoria al uso de hospedaje se limitará otro fenómeno muy extendido en la ciudad: el cambio de uso de locales comerciales a vivienda sólo podrá hacerse en vías secundarias, y cumpliendo unos estándares mínimos de calidad y habitabilidad. Se trata de evitar la proliferación de “zulos” mal ventilados e iluminados.

La nueva restricción al uso turístico de la vivienda y el suelo llega después del crecimiento exponencial de la figura del apartamento turístico, un refugio para inversores desde la moratoria a las viviendas turísticas (una figura parecida, pero diferente) aprobada hace justo un año. Desde la pandemia, su número se ha duplicado: de 173 registrados en enero de 2021 a 362.

Llega también un mes después de que el alcalde anunciara la restricción sin aprobarla, y de que en estos 30 días se haya concedido licencias para una veintena de nuevos apartamentos turísticos, en esta ocasión a una empresa del alcalde de Estepona José María García Urbano (PP). Y llega, por último, apenas cuatro días después de la cuarta gran manifestación por la vivienda en la capital de la Costa del Sol, que reunió a 25.000 personas según los convocantes, 4.500 según Subdelegación del Gobierno.

“Tardía y poco seria”

El plazo en el que entrará en vigor la nueva restricción será de aproximadamente diez días, según ha anticipado el alcalde. Antes hay que modificar la normativa del PGOU vigente, que es el trámite que ha iniciado este miércoles la Junta de Gobierno Local. Hay cinco días de plazo para que los grupos presenten alegaciones. Luego se convocará un Pleno Extraordinario, previsiblemente la semana que viene, y tendrá que publicarse la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia. Entonces quedarán prohibidas las nuevas licencias turísticas en la ciudad.

Mariano Ruiz Araújo, portavoz del PSOE, ha calificado la moratoria de “tardía y poco seria”, porque llega tras años de “inacción cómplice”, y una última temporada en la que se han reconvertido edificios enteros para alojamientos turísticos. Ruiz Araújo, que ha acusado al alcalde de actuar “arrastrado por la presión social”, ha alertado del “efecto llamada” que se puede producir en los próximos días con el previsible registro de solicitudes de licencia de última hora. El alcalde ha intentado espantar ese temor explicando que los técnicos de Urbanismo harán un filtro de las solicitudes, sin explicar muy bien con qué criterios.

Por su parte, Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha acusado al equipo de gobierno de incumplir el mandato del Pleno aprobado por unanimidad hace menos de una semana, rebajando la moratoria de cinco a tres años y limitándola solo al suelo residencial.

Posible efecto llamada

El regidor no ha aclarado qué pasa con las solicitudes ya presentadas, o que se presenten en los días hasta que entre en vigor la moratoria. El alcalde ha pasado la pelota a los técnicos de Urbanismo, a quien ha atribuido un gran margen de discrecionalidad: “Juzgarán con buen criterio aquellos [expedientes] que venían [de hace tiempo] y los que han venido en el último momento, antes de que me cierren la puerta”.

“Consistencia”, “buena fe”, “intuición”, “experiencia” son los criterios indeterminados que servirán para evaluar si las solicitudes decaen o siguen adelante. “Tratamos de evitar el efecto llamada, por eso somos tan discretos”, ha dicho De la Torre. Lo cierto es que el propio alcalde anunció que estudiaba prohibir los apartamentos turísticos hace más de un mes y que de esto lleva meses hablándose. Sólo en los últimos tres meses se autorizaron 120 nuevos apartamentos turísticos más en cinco edificios, hasta alcanzar los 362 en la ciudad, con más de 9.000 plazas.

Urbanismo tarda años en tramitar estos expedientes. Por ejemplo, García Urbano registró su solicitud en mayo de 2024, y obtuvo la licencia en mayo de 2026. Urbanismo tiene abiertos múltiples expedientes para la concesión de licencia de apartamento turístico, que ahora están en fase de reforma, calificación ambiental o sondeo arqueológico, de modo que la moratoria apenas se dejará notar en los próximos meses, cuando seguirán concediéndose licencias a solicitudes registradas hace tiempo.

Restricciones

Desde hace dos años, el Ayuntamiento ya asume que entre los factores que contribuyen a la falta de vivienda está la consagración al turismo de cientos de casas, locales y suelos en bruto. Así que ahora dice no querer más turistas, sino turistas que “gasten el doble: uno que gaste lo mismo que dos y ocupe menos sitio”, en palabras del alcalde. En esa senda, empezó por poner limitaciones a la vivienda turística hace ahora dos años, exigiendo que las nuevas tuvieran salida independiente; luego impuso una limitación por zonas, prohibiendo nuevas VUT en las que ya supusieran más del 8%; finalmente, en agosto del año pasado empezó a aplicar una moratoria: no más VUT durante tres años.

Sólo esta última medida, la prohibición total, tuvo el efecto de empezar a rebajar la cifra de VUT, que se había disparado por encima de las 13.000, según el registro andaluz. Pero a la vez, tuvo un efecto colateral: los inversores desplazaron sus preferencias a la figura de los apartamentos turísticos, parecida pero diferente a las VUT porque exige que todo el edificio se destine al uso hotelero. El globo se deshinchó por un lado para inflarse por el otro.

La idea del equipo de gobierno era contraprogramar la nueva restricción justo antes de la manifestación, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Pero aquí se ha encontrado con una dificultad jurídica: los técnicos le decían que no era posible limitar la moratoria sólo a los apartamentos turísticos y a los hoteles de baja categoría, como pretendía el alcalde. Así que ha optado por restringirlo todo.

En febrero de 2024, el artista plástico malagueño Juan Manuel Reyes se llevó un palo tremendo. Cada mañana, cuando se levantaba, veía cómo unos operarios trasteaban la escultura ubicada en mitad de la rotonda que divisa desde su casa de Mijas. Primero le dieron una buena mano de pintura, y después le colocaron unos vinilos adhesivos. Decían darle lustre pero él sentía que le estaban cambiando la esencia. Aquella escultura la creó él y le puso nombre como a una hija, La Veleta, y le dolía en el alma que aquellos hombres la toquetearan.

Al principio lo dejó estar, pero las pegatinas que simulaban unos antiguos relojes de cuerda eran demasiado. Llamó al Ayuntamiento, pidió explicaciones y, como no le hacían caso, registró un escrito pidiendo la retirada los adhesivos. Insistió, y también consiguió que devolvieran la obra a su color original.

Pero no se quedó ahí. Buscó asesoramiento de VEGAP, una entidad que ayuda a gestionar los derechos de autor de artistas plásticos, y se convenció de que debía hacer algo más. “Sentía que me habían puesto un pie en el pecho. No podía mirar a otro lado”, comenta. Así que puso una demanda en la que explicaba que se había vulnerado su derecho de propiedad intelectual sobre la obra, en sus narices y dándole publicidad, y que eso le había producido un daño moral que debía compensarse.

Hace unos días, la titular del juzgado 3 de lo Mercantil de Málaga le dio la razón. El Ayuntamiento de Mijas (95.104 habitantes) vulneró sus derechos, le produjo un daño moral y deberá indemnizarle con 25.000 euros. El equipo de gobierno que conforman PP, Vox y Por mi Pueblo no ha recurrido la sentencia. Tampoco ha contestado a las preguntas de este medio.

Una metáfora de la construcción del pensamiento

La Veleta es una estructura vertical de ocho metros de altura conformada por media docena de cuerpos geométricos (prismas y cilindros) uno encima de otro, y otro cuerpo irregular exterior. Se ubica en la rotonda de la Avenida El Limonar de la Cala de Mijas, junto al colegio de Infantil y Primaria El Chaparral.

Fue costeada por empresarios locales e inaugurada el 15 de octubre de 2011, y cuenta el autor que el hecho de tener que poner de acuerdo a mucha gente ya le supuso ciertas limitaciones creativas y económicas. Pero eso no la hacía menos propia: “Te puede gustar más o menos, pero siempre intenté que tuviera dignidad”.

La Veleta se describe como una metáfora sobre la construcción del pensamiento en un vídeo de hace 15 años, donde se muestra el proceso creativo, el montaje, el traslado y su inauguración con la comunidad educativa. Allí ya se observa el modelo en miniatura con los mismos colores que luego el artista le dio.

Hasta febrero de 2024 nadie la había tocado, pero el tiempo hace estragos. Así que poco después de llegar al poder mediante una moción de censura, el nuevo equipo de gobierno pensó que había llegado la hora de lustrarla con una capa de pintura, y envió a unos operarios. De paso, le cambiaron los colores a cinco de las siete piezas. Después, quisieron ponerle pegatinas serigrafiadas.

Demasiado para Reyes, que se enteró de que mancillaban su escultura porque vive enfrente. No podía evitar ver cada mañana cómo le habían cambiado a su creación. El hecho de que estuviese en una rotonda parecía conferir a la pieza las mismas cualidades materiales y jurídicas que una farola. Un daño moral reiterado y añadido a la repercusión mediática del caso y al sentimiento de que el Ayuntamiento ignoraba sus derechos como autor.

La sentencia: “Los colores eran esenciales”

Además de pedir que pararan y repusieran la obra a su estado original, Reyes llevó a juicio al Consistorio, pidiendo que se reconociera que él era el autor, que se habían vulnerado sus derechos morales reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, que cesara el atropello y nunca se volviera a cometer, y que le abonaran una indemnización.

El Ayuntamiento, que nunca negó la autoría, se negó a pagar, razonando que había repuesto la escultura en cuanto el autor se lo pidió, y que solo quería restaurarla del deterioro. Además, alegó que en el poco tiempo en que la obra lució alterada no pudo producirse un daño moral al autor.

La jueza ha dado la razón a Reyes: “pese a las dificultades” para acreditarlo, dice la sentencia, hay un daño moral en la alteración sin permiso de una obra sujeta a la propiedad intelectual. “Resulta evidente que los colores que se habían utilizado por su autor eran esenciales en la constitución de la escultura”, resalta.

El daño se agravó por el hecho de que la obra esté en una zona de tránsito de vehículos “a la vista de multitud de personas” que cada día dan la vuelta a la rotonda. La cercanía de su vivienda permite suponer que el autor observó cada día cómo iban cambiándola, con el consiguiente daño “interno y personal” acrecentado por la repercusión mediática.

La jueza reconoce que no es fácil valorar económicamente el daño, pero aquí el Consistorio se lo puso fácil. Frente a la reclamación del autor el Ayuntamiento guardó silencio. Negó el daño, pero no presentó una estimación para el caso de que la jueza sí lo apreciase, como ocurrió. Así que la cuantía ha sido la reclamada: 25.000 euros más intereses. Además, el Ayuntamiento deberá difundir la sentencia en un periódico nacional y en otro regional elegidos por el autor.

Una obra de arte no es un coche

La sentencia entronca con otros casos mediáticos como la condena en 2009 al Ayuntamiento de Bilbao a inedmnizar al arquitecto Santiago Calatrava por añadir una pasarela al puente Zubi Zuri para conectarlo con un complejo comercial.

“Creo que hay un desconocimiento en algunos ayuntamientos”, comenta Roberto Calles, abogado de Herrero & Asociados, la agencia que ha representado a Reyes: “Creen que al haber comprado una obra de arte son dueños en todos los sentidos, y no le dan un trato distinto al que le dan a un coche, que puedes hacer lo que quieras con él. Si compras una escultura o un edificio singular, tienen unos derechos de autor que van más allá”.

El Ayuntamiento recibió sus primeras quejas como una pataleta de un artista soberbio, y no como la reclamación de un derecho. “Ése es el problema: cómo lo ven ellos”, comenta el artista, de 50 años. Tras una etapa en Barcelona, ha vuelto a su tierra y el panorama que ha encontrado es desolador: “La Cultura en la Costa del Sol está en manos de políticos que desconocen sus funciones. Esa responsabilidad le cae al último concejal: ineptos y personas sin capacidad, personas que se manejan con prepotencia”. Nadie del Ayuntamiento le ha pedido disculpas.

Una jueza investiga a José Antonio Mena, alcalde (PP) del municipio malagueño de Benahavís (9.472 habitantes) desde 2007 por tolerar que Marbella Club, un lujoso hotel ubicado en la Milla de Oro de Marbella, explote un complejo hípico en suelo público de Benahavís sin que conste concesión ni el pago de canon alguno al Ayuntamiento. Según el fiscal que ha interpuesto la denuncia, las instalaciones que allí tiene el club, con cuadras, boxes, pistas de competición y dependencias auxiliares vinculadas a la actividad ecuestre y hotelera, tampoco tienen licencia administrativa alguna.

El juez ha llamado a Mena para declarar como investigado el próximo 24 de septiembre. También pasarán juzgado el concejal del PSOE Luis Feito; el secretario, el interventor, el tesorero, el jefe de Urbanismo y el responsable jurídico de Benahavís; y el Presidente y Consejero de la sociedad que explota el terreno, Marbella Club Hotel, S.A. El juez, que ya requirió documentación al Ayuntamiento, ha vuelto a solicitársela porque la que ha recibido hasta ahora es incompleta.

El fiscal del área de Marbella Luis Ángel Baeza presentó la denuncia a finales de marzo, y se basa en un escrito presentado por el concejal socialista, en el que se cuenta que una parcela en el paraje Caserías El Esperonal, prevista para equipamiento público, está siendo usada para un centro ecuestre y cuadras al menos desde 2005, aprovechando que se ubica junto al campo de golf del que sí es titular el Marbella Club. A priori, el uso de ese espacio municipal era provisional y limitado al campeonato de saltos de España, que se celebró allí en 2005 y 2006 con victorias de Luis Plaza y Cayetano Martínez de Irujo. Pero desde entonces, hace veinte años, nadie en el Ayuntamiento movió un dedo por regularizar la situación con una concesión definitiva.

“Se respira lujo ecuestre en todo el complejo”

La parcela pública está vallada e integrada en el complejo hotelero, destinada al uso exclusivo de los clientes de los hoteles Marbella Club y Puente Romano, ubicados en la Milla de Oro de Marbella, y a particulares interesados en montar a caballo o perfeccionar sus habilidades. Nació para que los clientes del hotel pudieran alquilar y montar a caballo mientras disfrutaban de sus vacaciones en Marbella. “Se respira lujo ecuestre en todo el complejo”, que dispone de 36 grandes cuadras con frontones victorianos y “pastos dorados” importados cada mes desde Lituania. Cada mes se celebra en el lugar un “concurso social” de doma clásica.

Allí hay entrenamientos para alta competición y desde allí parten excursiones “cruzando valles y ríos, subiendo montañas con unas vistas espectaculares al Mar Mediterráneo y por una Cañada Real por la que se cabalga desde el Medievo”. Tiene 80 boxes fijas, con posibilidad de ampliar a 250 cuando hay concursos o campeonatos, dos pistas de geotextil de 100x60 para concursos, otra para ensayo de 55 x 35 y un caminador para seis caballos.  

El propio Ayuntamiento publicita en su web la actividad hípica del Marbella Club. La descripción tanto en la web municipal como en la del hotel muestra una infraestructura estable y permanente. No es ningún secreto, al contrario, que allí hay un centro hípico del Marbella Club. Es conocido por todo el mundo, pero hasta ahora, nadie parecía haberse preguntado de quién eran los terrenos, y si eran municipales, con qué derecho los ocupaba una entidad privada.  

Instalaciones “al parecer” provisionales

Hace poco más de un año, el grupo socialista decidió preguntar al alcalde. ¿Había autorización, convenio o concesión que amparase el uso de ese suelo municipal por el Marbella Club? Y si lo había, ¿se percibía una contraprestación?

La primera vez, el alcalde no contestó. Pero registraron las preguntas por escrito, y el alcalde admitió que, en efecto, aquello está en una parcela de equipamiento público; que “al parecer” las instalaciones se autorizaron hace tiempo con carácter provisional, pero no hay documentación; que al terminar el campeonato allí se quedaron “a disposición principalmente de los propietarios de la urbanización”; pero que todo es desmontable “en cualquier momento”.

Según esa respuesta, el Ayuntamiento sabía que estaban en precario, e intentó legalizarlas adecuando el uso al PGOU, pero no pudo. El Ayuntamiento aseguraba también que iba a estudiar la legalización, y si no era posible, desmantelaría todo.

Para el PSOE, la respuesta del Ayuntamiento admite varios hechos presuntamente delictivos: una entidad privada ha ocupado suelos municipales de equipamiento sin título, y el Ayuntamiento, que lo sabe, no ha hecho nada. El uso como centro hípico privado vinculado a la actividad hotelera no es compatible con la calificación de equipamiento público, y ninguna modificación urbanística puede soslayar el hecho de que no se haya autorizado el uso con una concesión o autorización en procedimiento público. “La utilización privativa de bienes públicos exige el respeto estricto a los principios de legalidad, publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia”, recuerda el escrito de los socialistas, que ven aquí no sólo un quebranto de estos principios, sino un perjuicio al interés general y al patrimonio público mediante la “privatización material” del suelo municipal.

Meses después de obtener esta respuesta, el concejal socialista volvió a preguntar qué se había hecho, y si se habían encargado estudios o informes para legalizar la situación o desmantelar las instalaciones. Y en noviembre recibió nueva respuesta: no se había hecho nada para restablecer la legalidad o recuperar el terreno desde abril, a pesar de lo que había dicho el alcalde.

El PSOE quiere también que se investigue si las cuadras, edificios auxiliares, muros, vallados y demás elementos constructivos tienen alguna licencia o no, y si, dado que la ocupación es presuntamente irregular, el Hotel Marbella Club está pagando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sobre esta parcela o no.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha vuelto al juzgado que le investiga por contratar para el Ayuntamiento a una “amiga íntima” (según Fiscalía) que nunca fue a trabajar. Allí ha evitado las preguntas de la jueza, la fiscal y las acusaciones y ha aportado tres declaraciones ante notario de trabajadores municipales con las que pretende sostener que esa mujer, Cristina Pulido, sí que dejó un rastro en el Ayuntamiento, con el fin de desmontar la idea de que su contratación fue una ficción para pagarle 5.200 euros de dinero público en 48 días a cambio de nada. A la salida ha evitado responder a los medios.

Fue la propia mujer quien contó al juez, en el marco de otra investigación penal ya archivada hace más de un año, que el alcalde la había contratado durante mes y medio en febrero de 2023. Jamás tuvo despacho, ni medios corporativos (correo, móvil, ordenador, coche) para desarrollar su trabajo, ni registro horario ni nada (un informe, un correo, un mensaje) que pruebe que trabajó. Ella misma insistió ante el juez: nunca fue a trabajar ni le dieron instrucciones para hacerlo. La mujer, que vivía en Córdoba, le contó al juez que García Urbano le restó importancia, porque aquello era su “cortijo”. Ambos habían mantenido una relación y durante dos años el regidor le había pasado una asignación de 2.000 euros mensuales. La contrató para el Consistorio justo cuando dejó de pagarle a título personal y por una cuantía similar.

El alcalde, para el que la fiscal pide cinco años de prisión, está a un paso del banquillo acusado de delitos de malversación y prevaricación. También está investigado por otro juez de lo penal por adjudicar un restaurante en el lujoso Mirador del Carmen a una empresa administrada por su nuera.

Tres declaraciones ante notario

Aunque se esperaba con expectación su comparecencia, a petición propia, García Urbano no ha aportado grandes novedades que puedan dar la vuelta a su situación, según explican fuentes del caso. El elemento nuevo son tres manifestaciones ante notario de trabajadores municipales, dos de ellos bajo su mando directo.

Su secretaria manifiesta que acompañó dos veces a la mujer a Recursos Humanos para completar su contratación, y que alguna vez recibió una llamada de ella al alcalde. El responsable de la brigada de mantenimiento asegura que mantuvo un encuentro con ella para “darle indicaciones de cómo sacar más rédito a su tarea” por indicación del concejal Blas Ruzafa. Y un cargo de confianza responsable de control externo y redes, Adrián Trujillo que desempeña las mismas funciones que supuestamente desempeñaría ella, asegura que él tampoco tiene despacho u horario. El concejal dijo en su día que Trujillo sí tenía su mesa en el despacho.

Las declaraciones no desmontan la acusación que la Fiscalía hace sobre el alcalde: que contrató a la mujer porque mantenía o había mantenido con ella una relación sentimental, que no había necesidad municipal y que tanto era así que la mujer ni iba a trabajar. De hecho, coinciden en una omisión: ninguna de esas tres personas manifiesta que la vieran desempeñar sus supuestas funciones o que trabajara.

La manifestación de Trujillo contiene además otro contraste relevante: asegura que reporta cada semana al concejal Blas Ruzafa y al alcalde, verbalmente y en ocasiones por WhatsApp. En cambio, en el caso de Pulido no hay indicio de reporte alguno más allá de la palabra de García Urbano. En todos los mensajes entre ella y García Urbano aportados a la causa no hay ni uno solo sobre trabajo, y el concejal Ruzafa ya dijo al juez que a él nunca le informó.

Es previsible que las acusaciones pidan la declaración testifical de estas tres personas en juicio, donde tendrán la obligación de decir la verdad.

Sin respuesta a jueza y fiscal

García Urbano había solicitado comparecer nuevamente aprovechando que el caso aún no ha llegado a juicio porque debe reajustarse el procedimiento: la introducción a última hora del delito de prevaricación por parte de la fiscal impide que pueda ser juzgado por un jurado, como estaba previsto. Así que el proceso ha vuelto a la fase intermedia.

El alcalde se ha negado a contestar a la jueza (que hoy sustituía al titular), a la fiscal o a las acusaciones populares, como ya hizo en enero de 2025. En lugar de eso, ha articulado un monólogo intercalado por algunas preguntas de su abogado, que ha pivotado sobre la afirmación de que su personal de confianza no tiene horario, ni despacho, ni gestiona ningún expediente, y que su desempeño apenas queda sujeto a una evaluación informal de satisfacción. De este modo se explicaría que de la labor de Cristina Pulido durante 48 días no haya quedado rastro.

También ha explicado que la mujer se encargaba de comprobar el estado de la ciudad y de llevar las redes sociales y monitorizar a las quejas que pudieran llegar. Y ha vuelto a explicar por qué la fichó esta tarea: la había conocido por Facebook y había observado que se manejaba bien en redes sociales.

Esta supuesta falta de control ya motivó que el juez se escandalizara en su día: “Allí se contratan personas con sueldos… bastante aceptables, ¿y no hay ningún tipo de control, no tienen obligación de presentar documentación alguna, rendición de cuentas, informes? ¿Simplemente es verbal, de tú a tú, con el alcalde?”, preguntó el magistrado cuando el concejal Blas Ruzafa le contó este modus operandi.

Para el mandato 2019-2023 el alcalde de Estepona (que tenía 21 de 25 concejales) llegó a contar con los 14 cargos de confianza que le permite la ley, a los que abonó en torno a dos millones de euros. Ninguno de esos nombramientos está siendo investigado por un juez. Sólo el de Cristina Pulido, porque hay indicios sólidos de que nunca trabajó.

Tras la declaración de hoy la fiscal y las dos acusaciones populares (PSOE y Vox) deberán volver a presentar sus escritos de acusación, y el alcalde el suyo de defensa. No es previsible que el juez lo libre del juicio, porque en su día ya dictó auto apreciando “indicios sólidos” de delito y enviándolo a un jurado, pero a esa posibilidad sigue agarrándose el regidor.

El desfile ante un juez de empresarios y altos cargos del PP en Almería, investigados por el presunto trasiego de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos (de suministro de mascarillas y obras), encara sus dos últimas jornadas con el colofón final el viernes, cuando está prevista la comparecencia de Javier Aureliano García, presidente del PP almeriense y de la Diputación hasta hace apenas ocho meses, detenido en noviembre y ahora investigado. Junto a él declararán dos de sus hermanos.

La UCO cree que García fue uno de los beneficiarios finales de una trama de sobornos que descendían desde un puñado de pequeñas empresas corruptoras hasta empapar a todos los escalafones de la Diputación Provincial de Almería, feudo histórico de poder del PP en Andalucía. Hay 43 investigados, entre ellos, el expresidente, dos de sus hermanos, dos vicepresidentes, dos alcaldes (de Fines y de Tíjola, ambos del PP), técnicos de Diputación y empresarios, además de un puñado de presuntos testaferros. Es el primer Caso Mascarillas, destapado en 2021, y luego derivado a una corrupción “clásica” de mordidas en contratos de obra.

Los informes aportados hasta ahora por la UCO al juzgado de instrucción 1 han documentado la presunta trama corrupta aprovechando la intervención de teléfonos y el volcado de miles de mensajes. Los investigados se animaban entre ellos cuando daban un palo (“tu polla no deja de maquinar”) y acuñaron un vocabulario muy gráfico para referirse a sobornos y mordidas: “Tengo las muelas picadas por tu culpa... he pedido cita para ir al dentista”; “¿Has encontrado ya la pieza que te tiene que implantar el dentista”; “sácame cita”, se decían en mitad de conversaciones sobre contratos públicos el presidente García y los vicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria. Los agentes ven referencias en clave al cobro de mordidas por la adjudicación de decenas de contratos de obra en emoticonos dentales y en referencias a empastes, encías y sarro, que se sucedieron durante años.  

La UCO llegó a los contratos de obra tras descubrir en un chat encriptado un boyante negocio de venta de mascarillas, guantes de nitrilo y trajes desechables a la Diputación de Almería, que dio origen a la primera fase de la investigación, detonada en junio de 2021 con el registro de la Diputación y la detención de Liria.

El juez cree que en abril de 2020 Giménez, Liria y García se concertaron para adjudicar la provisión urgente de ese material proveniente de China a una empresa intermediaria de un primo de Liria por valor de 2.036.000 euros. El sobrecoste fue de 945.000 euros, de los que Liria repartió entre 200.000 y 400.000. Los tres cargos políticos del PP iban a una. “¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosísimo”, le escribía en aquellos días García a Liria en el grupo “Naranjito”. “Esto no se nos puede escapar”, decía Giménez. “Esto es salvar nuestra vida”, resumía Liria.

Del “caso cero”, el de las mascarillas, la Guardia Civil fue tirando del hilo que le llevó hasta la obra pública.

El manejo de efectivo del expresidente

La Guardia Civil ha provisto también de los indicios que demostrarían que García movió luego una gran cantidad de dinero en efectivo. En los meses siguientes, ingresó en cajeros de Roquetas de Mar y El Ejido 19.750 euros con los que luego pagó las cuotas hipotecarias de un inmueble. Además, entregó otros 20.000 por una parcela en Rodalquilar, y adquirió de sus hermanos el 100% de una finca familiar, todo a tocateja. También viajó a todo tren a Ibiza y a Madrid con Liria, pagándolo en metálico. La UCO cree que estos pagos le servían para blanquear las mordidas.

En su primera declaración ante el instructor García aseguró que el origen de este capital estaba en varios alquileres familiares heredados de sus padres, tanto de viviendas como de locales, en Balanegra, cuyos pagos se realizaban en mano.

En paralelo, el juez le ha abierto otra investigación en pieza separada después de que la Guardia Civil documentara un viaje a Madrid sufragado con dinero público de él y su jefa de gabinete para un asunto privado de ella. El entonces presidente de la Diputación lo imputó a una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias que nunca tuvo lugar.

El alcalde de Tíjola y sus empresas de obras

Antes que García, este jueves declarará ante el juez José Juan Martínez, otro de los cargos políticos investigados, y su mujer. Martínez es dueño de Inversiones y Promociones Tágilis y de Constíjola, dos de las beneficiarias de las adjudicaciones de contratos bajo sospecha, y es también alcalde de Tíjola, desde 2019 hasta 2023 con Ciudadanos y desde entonces con el PP. Martínez sigue siendo diputado en la Diputación de Almería por el PP y Delegado Especial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos.

Las dos empresas que tiene con su mujer obtuvieron de la Diputación una quincena de contratos para obras (cementerios, parques infantiles, una piscina) en pequeños municipios en el año 2020, por un total de 428.000 euros. La UCO no tiene los “pormenores” de cómo se tramitaron esos expedientes, pero sí un listado confeccionado antes de que se iniciaran los expedientes, en el que se asume indirectamente que las obras que aparecen tendrían como adjudicatarias finales a las dos empresas de Martínez y su mujer.

En su día, Martínez aseguró a este medio que sus contratos con administraciones públicas tenían escaso peso en su negocio de construcción, del que decía vivir a pesar de ser alcalde. “Hay obras que me llevo, y la inmensa mayoría no. Pero si tengo la oferta más ventajosa me lo tienen que dar”, explicó, subrayando que, aunque ganara algunos contratos, perdía otros. Los investigadores creen que eso formaba parte del teatro. En aquella conversación, en febrero de 2022, también admitió que tenía muy buen trato con Liria. “Lo conozco desde hace tiempo y le tengo aprecio”.

Conexiones posibles con el caso Halsa y con obras mayores

Como contó este medio entonces, Tagilis firmó un contrato con la Diputación para realizar las obras de “acondicionamiento y adaptación” del pabellón de Carboneras, un descomunal edificio en el pueblo de El Algarrobico que ha consumido ingentes cantidades de dinero público, a cambio de 330.578,51 euros. Lo hizo en 2018, antes del periodo investigado. Por entonces, Liria ya era diputado de Fomento, pero por su cuantía la obra fue adjudicada por la Junta de Gobierno de la Diputación y ha quedado fuera de la investigación, que se sepa.

La aparente fluidez con el que el sistema operaba en abril de 2020 (fecha del primer contrato investigado, el de las mascarillas) alimenta la sospecha de que podría extenderse a otras contrataciones previas, como esta. Fuentes del caso explican que las empresas ganadoras de contratos menores se alzaban también con otras adjudicaciones mayores.

También hay una posible conexión con el caso Hispano Almería, un caso de presunto amaño de concursos públicos en los ayuntamientos de Roquetas de Mar, Níjar y la Diputación, y financiación ilegal del PP almeriense. En este tiempo, el PP de Almería, la Diputación y Roquetas estaban dirigidos con puño de hierro por Gabriel Amat, siempre sospechoso de corrupción, nunca acusado ni mucho menos condenado. En esos años, el segundo de Amat en la Diputación y en el PP era Javier Aureliano García.

El caso Hispano Almería, supuesta clave de bóveda de la corrupción del PP almeriense, se archivó en enero de 2026, porque tras doce años de investigación el juez no veía los indicios de delito que sí que apreció en su día la UDEF. Pero hay en el sumario del Caso Mascarillas una conversación en 2019 entre Javier Aureliano y Óscar Liria en la que se alude a adjudicaciones a “Hispano” y señalan: “Por orden de Gabriel”. Con base en este nuevo hecho, el PSOE pidió en abril la reapertura del caso Hispano Almería. La Audiencia Provincial aún no ha resuelto.

Adjudicaciones a empresas del vicepresidente y del alcalde de Fines

Hasta ahora, las declaraciones que han ido prestando los investigados no han aclarado gran cosa, porque se han acogido a su derecho a no declarar o, todo lo más, han defendido la legalidad de las contrataciones. Fuentes del caso creen que la estrategia tiene una explicación sencilla: la Guardia Civil aún no ha terminado de volcar el contenido de todas las escuchas y dispositivos incautados en las diferentes fases de la operación, y tiene sentido que los investigados prefieran esperar que eso ocurra antes de hablar.

En el material incorporado hasta ahora a la causa, la UCO describe un modus operandi muy engrasado en el que al menos decena de empresas de construcción lograron de la Diputación Provincial adjudicaciones fraudulentas de contratos menores de obra en pequeños pueblos con la participación decisiva de Óscar Liria (exvicepresidente y exdelegado de Fomento, el área que decide y ejecuta obras en municipios) y de Clemente González (jefe de sección), ambos investigados.

Liria sería copropietario a través de un testaferro de la empresa más beneficiada con estos contratos, Pulconal, S.L., que él y sus tres socios (entre ellos, su primo Killian López) habían adquirido apenas unos meses después de su nombramiento como vicepresidente de Diputación. “Todo esto a partir de septiembre es para nosotros”, se decían entre ellos cuando comentaban noticias sobre obra pública en Almería. “El sistema es el siguiente: diputación nos invitará a entrar en el concurso, nosotros mediante el pliego de condiciones (proyecto) le proponemos un plan de ejecución y un precio (siguiendo directrices de mi primo)”, explicaba López a otro de los socios meses después.

Otra de las empresas beneficiadas, OYC, estaba controlada a través de testaferros por Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines, municipio de origen de Liria. OYC logró al menos 1.126.000 euros con la adjudicación de 17 contratos menores por parte del departamento dirigido por Liria.

Tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España confían en los tribunales para anular la licencia de obras de El Algarrobico, el hotel ilegal en plena playa de Carboneras (Almería), en el parque natural de Cabo de Gata. Sin embargo, también hay un matiz: mientras el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) ya ha pedido a los jueces que urjan al Ayuntamiento a anular la licencia, y si no, que la anulen ellos mismos, el Gobierno andaluz es partidario de pedir a los jueces que actúen por sí mismos ya.

Así lo han constatado ambas administraciones en la reunión de este martes, celebrada una semana después de que el Pleno del Ayuntamiento decidiera por sorpresa y con el voto de cinco ediles socialistas y dos no adscritos aplazar la votación para revisar la licencia, que concedió hace 23 años.

En la reunión de este martes, la primera de la comisión mixta Gobierno-Junta de Andalucía desde marzo del año pasado, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del Gobierno central como la Consejería de Sostenibilidad de la Junta se han informado mutuamente sobre sus actuaciones y sus intenciones, aparentemente coincidentes en el objetivo final: que el hotel a medio construir desaparezca de la playa del mismo nombre. Además de técnicos y letrados, por parte de la Junta de Andalucía han participado dos veciconsejeros, la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático y dos directores generales; así como técnicos y letrados. Por parte del Gobierno central, han intervenido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán y la directora general de la Costa y el Mar.

Ambas administraciones dicen querer acabar cuanto antes con la mole, para lo cual es necesario que antes alguien declare que la licencia que sirvió para levantarla es nula. A priori, la tarea de anularla solo puede hacerla quien la otorgó, el Ayuntamiento, pero este lleva años demorando su obligación de hacerlo (consignada en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia firme desde diciembre de 2022) con todo tipo de requiebros. Para casos así, la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa prevé que los jueces tomen las riendas y ejecuten por sí mismos. Es lo que los ecologistas llevan años pidiendo, a la vista de lo que consideran una flagrante insumisión de los concejales de Carboneras.

El pasado miércoles, el Pleno volvió a dar largas, aprovechando una moción presentada por el exalcalde Felipe Cayuela (exPP, ahora no adscrito) apoyada por los concejales del PSOE liderados por el exalcalde José Luis Amérigo (PSOE, que le ha abierto expediente) para retrasar el voto de revisión, y pedir en su lugar más informes sobre el posible impacto patrimonial y urbanístico de declarar la nulidad de la licencia para el Consistorio. Es decir, nuevos informes sobre si el Ayuntamiento podría tener que indemnizar a Azata del Sol, la promotora, en caso de anular la licencia que le dio en su día, y que los tribunales le han ordenado revisar.

Actuar ya o requerir otra vez al Ayuntamiento

Este nuevo regate provocó la reacción unánimente indignada, y la coincidencia entre Gobierno y Junta de que hay que echar mano de los jueces. Sin embargo, hay un matiz que diferencia la postura de las dos administraciones, y los jueces deberán decidir.

De un lado, el Gobierno ya ha solicitado al TSJA que dé una nueva oportunidad al Ayuntamiento, pero no más. En un escrito presentado el lunes, pide a los jueces que den 72 horas de plazo al Consistorio para que convoque un nuevo Pleno para que aborde la revisión de la licencia y, entonces sí, “para el supuesto de que no se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por la Sala, acuerde proceder a la ejecución subsidiaria de la sentencia”, además de multar a los responsables e investigarlos por vía penal.

En cambio, la Junta de Andalucía no quiere dar más oportunidades al Ayuntamiento, y prefiere que los jueces ejecuten ya, sin esperar a otro Pleno. “Los servicios jurídicos de la Junta recibieron el encargo del Ejecutivo autonómico (…) de instar al TSJA a que directamente decrete la nulidad de la licencia (…) sin esperar a que el Consistorio vuelva a convocar sesión plenaria para tratar de aprobar la anulación, ante los reiterados incumplimientos y demora por parte del Ayuntamiento”, explica la Consejería en un comunicado.

Que los jueces ejecuten directamente es una vía que la Junta de Andalucía descartó hace poco más de un año, quizás porque todavía confiaba en que el Ayuntamiento cumpliría con la sentencia. Lo pidió la promotora y lo pidieron los ecologistas, con motivos opuestos (la promotora porque entiende que así podría exigir reclamaciones en otras instancias), y la Junta se opuso. Pero tras un año y medio comprobando que el Ayuntamiento alegaba motivos peregrinos (“prácticas dilatorias”, observó la Junta) para demorar una y otra vez el expediente, el Gobierno andaluz ahora se decanta por pedir la activación del botón judicial: que sean los jueces los que lo hagan.

En todo caso, la Junta ha dado instrucciones a sus letrados, pero aún no ha presentado su escrito, según confirman fuentes del procedimiento.

Expropiación, sin novedades

De momento, la línea de la expropiación, abierta por sorpresa por el Gobierno central en febrero de 2025, y que la Junta mira con recelo, ha quedado supeditada al resultado de las gestiones del TSJA para anular la licencia. Ambas partes transmiten que los esfuerzos ahora se centran en anular la licencia.

Este martes, Junta y Gobierno se enredaron en el matiz semántico del orillamiento de la vía expropiatoria. La Junta dijo en su comunicado que el MITECO había “confirmado la suspensión del procedimiento de expropiación”. De inmediato, el MITECO desmintió que “haya solicitado la paralización del procedimiento expropiatorio”. Fuentes del ministerio subrayan que la expropiación sigue siendo una vía “plenamente vigente”, “uno de los instrumentos disponibles” y que no ha sido descartada, sino que “sigue su curso”.

Poco se sabe de su evolución desde que Azata del Sol y el MITECO constataran la enorme diferencia entre el valor que cada una otorga a los 32.000 metros cuadrados de la promotora insertos en dominio público marítimo-terrestre. Azata los valora en 44,5 millones de euros; el Ministerio le ofrece 16.500. Esto fue en marzo. La discrepancia debe dirimirla ahora un jurado provincial de expropiación, que tiene seis meses (en teoría, hasta septiembre). Cuando dé su valoración, ambas partes podrán impugnarla ante los tribunales.

Entre tanto los esfuerzos se centran en lograr la nulidad de una licencia concedida en enero de 2003, hace 23 años. El dictamen del Consultivo favorable a la nulidad lo dejó todo preparado para que el Ayuntamiento la revocase, pero la nueva demora confirmó que El Algarrobico sigue envuelto en un ovillo de intereses que lo mantiene atado a la playa. También provocó la convocatoria de la comisión mixta, reunida por novena vez en la última década. Es un órgano bilateral previsto en el Protocolo de 2011, que contempla el reparto de tareas para cuando, al fin, se despeje la maraña jurídica de El Algarrobico; algo que, según Junta y Gobierno, sólo pueden hacer los jueces.  

El Gobierno ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dé un plazo de tres días al Ayuntamiento de Carboneras para que este convoque, otra vez, un Pleno para votar la revisión de la licencia de obras de El Algarrobico, según trasladan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. También solicita a los jueces que pidan con urgencia copia del acta del Pleno del pasado miércoles, donde la votación con ese mismo objeto quedó frustrada por sorpresa; que identifiquen ya a los responsables de hacer avanzar el procedimiento; y que les multe y traslade sus actuaciones al fiscal si incumplen. A través de la Abogacía del Estado, el Gobierno pide a los jueces que, si esto no ocurre, sean ellos quienes revisen la licencia y, eventualmente, declaren su nulidad.

En el Pleno celebrado el pasado miércoles dos ediles no adscritos y cinco del PSOE dieron al traste con la posibilidad de anular esa licencia, concedida en 2003, al proponer y votar una moción previa que pide el aplazamiento de la decisión hasta contar con nuevos informes jurídicos y económicos que determinen la posible responsabilidad económica para el municipio de anular el permiso de obras concedido en su día a Azata del Sol.

La nulidad estaba más cerca que nunca tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo andaluz, pero tras el aplazamiento de la votación en el Ayuntamiento, la situación jurídica de la mole ha entrado en una nueva fase del mismo impasse que la mantiene varada en la playa del mismo nombre en Cabo de Gata desde hace dos décadas: a pesar de los múltiples pronunciamientos judiciales en contra desde que un juez ordenara parar máquinas el 6 de febrero de 2006, el inmueble sigue en pie porque la licencia concedida por el Consistorio tres años antes es válida hasta que el Consistorio la declare nula.

Ejecución judicial subsidiaria

Subsidiariamente, el MITECO ha pedido a los jueces de que sean ellos los que ejecuten su propia sentencia, pero sólo para el caso de que el Ayuntamiento de Carboneras vuelva a incumplir los requerimientos judiciales (remitir el acta en 48 horas, convocar Pleno en 72 horas e identificar a los responsables).

De esta forma, el Gobierno se inclina por mantener abierta la puerta a una anulación de la licencia en vía municipal, a diferencia de los ecologistas y de la Junta. Nada más conocer lo que pasó en el salón de plenos el mismo miércoles, Greenpeace presentó un escrito pidiendo investigar a los ediles y reiterando que los jueces tomen las riendas del asunto. También el Gobierno andaluz anunció, por boca de la portavoz en funciones Carolina España, que pedirá que sean los magistrados quienes ejecuten su sentencia sustituyendo al Ayuntamiento, algo que el propio Gobierno andaluz descartaba poco más de un año.

Los magistrados ya reconocen expresamente esta posibilidad. En un auto dictado el pasado 2 de junio para desestimar un recurso de la promotora, recordaron que tienen “amplias facultades” para ejecutar la sentencia, “inclusive la declaración de nulidad de la licencia”. Y “sobre todo, tiene la obligación de remover los obstáculos de todo orden que encuentre dicha ejecución”, advertían.

El escrito del Gobierno a los jueces de El Algarrobico se produce sin esperar a la reunión con el Ejecutivo andaluz para abordar los próximos pasos a dar para demoler El Algarrobico, prevista para este martes. La comisión mixta, constituida para dar seguimiento a un reparto de tareas ya suscrito en 2011 (demoler para el Gobierno central; desescombrar y restaurar, para el andaluz) se ha reunido ocho veces desde 2016. Esta vez la presidirá la Junta.  

Los concejales expedientados por el PSOE: “Nos defenderemos”

Después de incorporarse a la vía judicial hace apenas un par de semanas, el Gobierno central trata así de impulsar un procedimiento administrativo eterno que ni los jueces, ni la Junta de Andalucía ni los ecologistas han sido capaces de acelerar, porque todo depende en última instancia de los ediles municipales. Consiste en ejecutar una sentencia del TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022, que obliga a Carboneras a revisar de oficio la licencia.

El Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por José Luis Amérigo (PSOE), Felipe Cayuela (exPP) y Salvador Hernández (Ciudadanos) ha puesto todo tipo de excusas para retrasar el cumplimiento de las sentencias que declaran la ilegalidad del hotel y lo abocan a su derribo: ha cometido errores absurdos, tramitado procedimientos innecesarios, votado mociones inútiles y ha alegado que no se tiene personal, para llegar al Pleno del pasado miércoles, en el que la votación final no llegó a producirse bajo el argumento de que, veinte años después, es necesario disponer de al menos tres nuevos informes que arrojen luz de las consecuencias que tiene anular la licencia.  

La nueva pirueta en el Pleno carbonero provocó un terremoto político, porque parece que esta vez sí, algunos contaban con que aquí se terminaba la historia. Pero no. La revisión quedó aplazada porque siete concejales, entre ellos cinco socialistas y dos exalcaldes (Amérigo y Cayuela) votaron por ello. Entre los ecologistas existe el convencimiento de que todo era un teatro del que también participó el alcalde Salvador Hernández, quien no mostró mucha sorpresa de lo que pasaba durante el Pleno pero se dijo muy sorprendido a la salida, y que en el pasado ha pedido que se estudie si al hotel se le podría dar otro uso.

El voto de los cinco ediles socialistas ha dejado en una posición muy incómoda al PSOE, que se apresuró a abrirles expediente disciplinario por no seguir las directrices del partido, mientras el PP les apuntaba con el dedo. No es la primera vez. Los intereses del PSOE, particularmente de su agrupación local, siempre están en cuestión desde que la construcción se impulsara con gobiernos socialistas en la Junta y el municipio.

En 2023 fueron los ecologistas de Greenpeace quienes hicieron pasar como propio del PSOE un gran cartel frente a la sevillana estación de Santa Justa donde juntaban a Amérigo (por entonces candidato socialista a la reelección como alcalde, y contrario a la demolición) con Juan Espadas. “Defiende lo que piensas, Algarrobico demolición”, decía el cartel, que irritó a Espadas, por entonces secretario general de los socialistas andaluces, quien se desmarcó de cualquier connivencia con las maniobras dilatorias de Amérigo replicando en X: “Las sentencias se acatan, no lo duden”.

Tres años después, Espadas ya no es secretario general del PSOE-A. El líder de la agrupación local del PSOE sigue siendo Amérigo, sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde socialista que en 2003 concedió la licencia), quien ha dicho que su expulsión sería injusta: “Nos defenderíamos donde tuviéramos que defendernos”. Y la sentencia, dictada hace cinco años, sigue sin acatarse.

El megaproyecto para levantar una fastuosa terminal en el Puerto de Motril que meta de lleno a la capital de la Costa Tropical en la gran liga mediterránea del turismo de cruceros ha quedado varado a medio camino. Hace dos años la multinacional ITM logró hacerse con el derecho a construir una gran infraestructura privada de 60.000 metros cuadrados, levantando una considerable polvareda tanto en el Puerto (porque afectaba a concesiones vigentes) como en la capital granadina, por el presumible impacto de abrir un “puerto base” para 20.000 cruceristas diarios a una hora de La Alhambra.

Fuentes portuarias dan ya por muerto el proceso para poner los terrenos a disposición de ITM, a través de su filial MDT Port: 60.000 metros cuadrados del Puerto de Motril concedidos en trámite de competencia de proyectos en agosto de 2024, sin que se presentara nadie más. La promotora ha desistido, y ahora el Puerto motrileño apunta a una dimensión mucho menor: poco menos de 2.500 metros cuadrados. El de Motril es uno de los ocho puertos andaluces de interés general, por lo que dependen orgánicamente del Puertos del Estado, que no ha respondido a las preguntas de este medio.

Aunque el Puerto niega que sea la primera etapa de un proceso que sirva para llegar al proyecto inicial por fases, otras fuentes consultadas por este medio explican que, a partir de esa pequeña parcela, podría ir escalando luego hasta algo más parecido a la idea original. Según la respuesta del Puerto a este medio, la empresa puede solicitar nuevas concesiones, pero la ampliación hacia espacios colindantes es inviable “a corto plazo”.

Expansión en Europa y gran proyecto en Motril

ITM, que opera varios puertos en el Caribe, está en plena expansión por el sur de España, y ha puesto sus ojos en Cádiz, Motril y Melilla. Su negocio está en convertir el destino en resorts capaces de sumar a la operativa puramente portuaria los servicios de hospitality, comerciales y el desarrollo inmobiliario. Su plan para Motril consistía en invertir 30 millones de euros en una nueva terminal de cruceros “tematizada”, un “pueblito andaluz” con capacidad para recibir 350.000 al año, una cifra que multiplicaría por seis los que recibe actualmente. La concesión del espacio portuario estaba prevista para 50 años, ampliables a 75.

ITM superó el trámite de competencia de proyectos (anunciado en BOE) sin oposición en agosto de 2024 y las autoridades del Puerto empezaron a anunciarlo en medios con entusiasmo, al ver en la idea una oportunidad extraordinaria para garantizar ingresos y sumarse a la tendencia de otros tantos en el Mediterráneo español: integrar el puerto en la ciudad, orillando actividades típicamente portuarias en favor del tráfico de turistas y las actividades comerciales y de restauración. El Presidente del Puerto, José García Fuentes, llegó a anunciar que las obras se iniciarían en 2026.

Sin embargo, la idea topó con varios inconvenientes: el primero, el presumible efecto que podría tener un aumento de los flujos turísticos en Granada y, particularmente, en La Alhambra, ya muy saturada. El pasado 25 de mayo Martina Velarde, diputada de Podemos, preguntó por escrito al Ministerio de Transportes si iba a paralizar cautelarmente el proyecto, alertando de la presión turística que ya sufren barrios como el Albaicín, los límites de La Alhambra y el riesgo de hipotecar el “futuro turístico, patrimonial y urbano” de la ciudad nazarí con una concesión de este calado a 50 años.

En el Puerto, sin embargo, creen que partir casi de cero permite gestionar con tino el flujo de cruceristas, y subrayan que la propia infraestructura portuaria allí, a bastante distancia de la ciudad, aleja el riesgo de saturación que sí se percibe en Málaga, Cádiz o Málaga. Trabajan con la Universidad de Granada en un estudio sobre la sostenibilidad y siguen creyendo que no hay riesgo, tampoco para La Alhambra, porque la temporada alta de cruceros es temporada baja en el destino, y estos cruceristas se repartirían entre la capital nazarí, la Costa Tropical, el Valle de Lecrín, Las Alpujarras o incluso Almería.

Otro problema añadido, este de tpo legal, es que había optado por un trámite de competencia de proyectos, a pesar de que la Ley de Puertos obliga a convocar un concurso para la concesión de terminales de pasajeros.

A ello se sumó un caso de posible conflicto de intereses. La encargada de la expansión europea de ITM, y por tanto el desembarco en Motril, era hermana del exdirector director del Puerto, cargo del que dimitió alegando “motivos personales” dos meses antes de que se presentara el proyecto. Pasó entonces a ocupar la dirección de negocio del organismo. En enero, dos meses después de que este medio desvelara su relación familiar, Francisco José González-Méndez se desvinculó de la Autoridad Portuaria tras veinte años en la institución, la mitad de ellos como director. Una renuncia sin apenas precedentes en el sistema portuario español. El Puerto enmarca su renuncia en razones de su “esfera personal”, pero fuentes portuarias explican que se trató de un despido pactado con origen en la polémica y otros conflictos abiertos. También su hermana se desvinculó de ITM.  

A todas estas dudas se sumaban las cuestiones estrictamente operativas: al menos uno de los concesionarios de graneles debía abandonar su concesión para hacer hueco a los cruceros, y se negó. La negociación para indemnizarlo y/o procurarle un espacio alternativo no fructificaron. Esto puso la puntilla.

Nuevo proyecto que evita la competencia

A la renuncia al proyecto de 60.000 metros cuadrados, que la Autoridad Portuaria defendió públicamente hasta el pasado febrero, le ha seguido la casi inmediata solicitud de apertura de un proyecto parecido, pero miniaturizado.

El BOE del pasado 3 de junio anunció que MDT Port ha solicitado concesión demanial para ocupar 2.494,55 metros cuadrados en el muelle de graneles para construir “una infraestructura para la prestación de servicios turísticos y comerciales” a cruceristas.

Ni la superficie ni la terminología parecen casuales. La superficie solicitada, 24 veces inferior a la inicial, tiene la ventaja para el concesionario de evitar la competencia. El artículo 83 de la Ley de Puertos del Estado habilita a las autoridades portuarias para el “otorgamiento directo” cuando la superficie a ocupar por la concesión sea inferior a 2.500 metros. La solicitud en este caso es cinco metros cuadrados inferior. Además, al llamarlo “infraestructura” se sortea la denominación “terminal”, esquivando así la obligación de sacar a concurso las terminales de pasajeros prevista por el artículo 86.

La responsable corporativa de ITM no ha respondido a la solicitud formulada por este medio. Por su parte, la Autoridad Portuaria asegura que es un “nuevo proyecto” sin relación con el anterior, pero aclara que la empresa puede solicitar en el futuro nuevas concesiones en “otras zonas del puerto”. Respecto a la ampliación a parcelas colindantes, estaría descartada “a corto plazo”. y estaría condicionada a que vayan extinguiéndose las concesiones de graneles aún vigentes.

En la idea original, el desembarco de pasajeros de cruceros es sólo el primer paso de una experiencia completa de ocio en una especie de parque temático de inspiración andalusí, que sirva a la vez de centro de recepción comercial y de servicios, y de lanzadera hacia otros destinos en el entorno. Sin embargo, el faseamiento de una gran terminal de cruceros levantada sobre la suma de pequeñas parcelas concedidas por otorgamiento directo levanta dudas legales, pues estaría sorteando la obligación de que las terminales se adjudiquen por concurso.

La Junta de Andalucía ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anule la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, sustituyendo así al Ayuntamiento de Carboneras, que es el primer obligado a hacerlo pero no lo hace. Con esta actitud, el Consistorio viene incumpliendo de manera reiterada la sentencia del propio TSJA de 2021, firme desde diciembre de 2022; la última vez este mismo miércoles, cuando volvió a retrasar la votación en el Pleno municipal para desbloquear la situación y proceder a la demolición.

La solución que pretende adoptar ahora el Gobierno andaluz es la misma que los ecologistas piden desde hace años, y a la que la Junta se opuso en marzo de 2025, pocos días antes de que el Gobierno central anunciase por sorpresa su intención de expropiar los terrenos de dominio público sobre los que se asienta el polémico hotel.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha avanzado este miércoles que la Junta de Andalucía solicitará ahora a los magistrados que anulen la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. Es una posibilidad prevista por la ley de forma supletoria, para aquellos casos en que el obligado no cumple las sentencias. Los jueces tienen entre sus funciones “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, si es necesario y en última instancia, actuando ellos mismos.

En este caso, el obligado es el Pleno de Carboneras, que aprobó la licencia de obras en 2003 (delegando en una comisión), y debe ahora revisarla de oficio para cumplir con el mandato judicial. Es el último paso del expediente administrativo, después de que el Consejo Consultivo informara favorablemente a la nulidad de la licencia, por ubicarse el edificio en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata.

La solución, “anular la licencia”

Sin embargo, el Pleno ha acordado posponer la votación, con el voto a favor de los cinco ediles del PSOE y los dos no adscritos, el voto en contra del alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y los cuatro del PP, y la ausencia de uno de los ediles. Hernández ha asegurado que desconocía que esto fuera a suceder, mientras que el PSOE de Almería ha anunciado la apertura de un expediente a sus cinco ediles.

Los concejales que han secundado esta propuesta –cinco del PSOE y dos no adscritos– han justificado este paso en la necesidad de contar con informes sobre el impacto económico y patrimonial de la medida, alegando que puede poner en riesgo el equilibrio financiero del municipio. El Consistorio carbonero trasladará ahora al TSJA así como al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) la decisión municipal de aplazar esta votación. En varias ocasiones los magistrados han advertido al alcalde con multarle si el expediente no avanzaba.

La sorpresa de que este miércoles no se anulara la licencia, como estaba previsto, ha cambiado el paso al Gobierno andaluz, que ahora va a pedir que los jueces intervengan directamente. La portavoz del Ejecutivo andaluz, que se ha mostrado “enormemente” sorprendida por la decisión del Pleno del ayuntamiento carbonero, ha insistido en que la solución es anular la licencia, frente a la vía de la expropiación que abandera el Gobierno central, pero ya no se opone a que sean los jueces los que lo hagan, como ocurrió hace año y medio.

Tal y como contó entonces elDiario.es Andalucía, el 7 de febrero de 2025, tres días antes de que el Gobierno anunciara su intención de expropiar, los letrados de la Junta en el incidente de ejecución de la sentencia remitieron un escrito al TSJA subrayando que debía ser el Ayuntamiento de Carboneras el que tramitara el procedimiento de revisión que por entonces aún ni había arrancado. El letrado de la Junta defendía que sólo Carboneras puede acometer la revisión porque la sentencia impone la obligación al Consistorio, y subrayaba el principio de que las sentencias deben ejecutarse “en sus propios términos”.

La Junta se oponía así a un escrito de la promotora Azata del Sol que, coincidiendo con la reivindicación de los ecologistas, había pedido a los jueces que declararan ellos la nulidad de la licencia, previsiblemente para facilitar la interposición de una reclamación económica al Ayuntamiento.

La “traición” del PSOE

La postura favorable de los concejales socialistas al nuevo retraso en esta historia interminable en torno al símbolo de la depredación del litoral ha dado munición al PP andaluz. Para España, supone una “paradoja” que haya sido el propio PSOE –al que ha llegado a acusar de “traición”– “el que haya bloqueado este acuerdo en el Pleno” pese a sus manifestaciones para avanzar hacia el derribo del hotel. En este sentido, ha añadido que se está “estudiando” si existe alguna “responsabilidad penal” de los ediles que han obligado con su voto a aplazar el acuerdo de pleno.

También los ecologistas exigen abrir la vía penal. Greenpeace ha pedido ya a los jueces que deduzcan testimonio a la Fiscalía para que investigue a los responsables municipales, mientras que Salvemos Mojácar ha anunciado la interposición de una querella por prevaricación.

José Luis Amérigo, alcalde de Carboneras de 2019 a 2023 y actual portavoz del grupo municipal socialista, es sobrino de Cristóbal Fernández (el alcalde que concedió la licencia en 2003). Amérigo ha dicho que no se opone a cumplir las sentencias, pero ha argumentado su postura en que el expediente “carece de información esencial” sobre las consecuencias económicas para el Ayuntamiento de anular la licencia. Durante su mandato, el Ayuntamiento no avanzó en el cumplimiento de las sentencias que le obligan a declarar que el suelo es no urbanizable (algo que el TSJA no dio por cumplido el pasado febrero, a pesar de que la sentencia data de 2016 y es firme desde 2018) y a revisar la licencia.

“¿Por qué ha permitido la señora Montero y el PSOE-A que los concejales voten en contra del pleno para anular la licencia?”, se ha cuestionado España, quien se ha preguntado además si el PSOE tiene algo que esconder al haberse mostrado “en rebeldía con la justicia” a partir de esta decisión.

“Está claro que hay que acabar cuanto antes con ese atropello medioambiental y yo espero que los socialistas no vuelvan a poner más impedimentos para esa demolición”, ha añadido la consejera. “No solo crearon el problema en su momento, sino que ahora están evitando que se pueda solucionar”, ha añadido.

La Junta se abre a convocar una reunión con el Gobierno

No es el único viraje del Gobierno andaluz. La titular en funciones de Hacienda ha avanzado también que convocará en los “próximos días” la reunión de la comisión mixta Junta-Gobierno, creada en 2011 para repartir las tareas de demoler y recuperar el paraje natural de Cabo de Gata. Hasta ahora, el Gobierno de Moreno había dado largas a las prisas del Ejecutivo central para convocar a este órgano, argumentando que antes debía celebrarse el Pleno para revisar la licencia. Ahora, España dice que lo convocará para “exigir explicaciones”, “soluciones” y “responsabilidades” a los socialistas sobre lo ocurrido.

Por su parte, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido este miércoles en la postura del Ejecutivo y del PSOE para avanzar en la demolición del hotel de El Algarrobico. “Desconozco exactamente de forma pormenorizada qué es lo que ha podido ocurrir”, ha manifestado Fernández en relación con la actitud de los concejales socialistas, ha esgrimido como argumento cuando ha sido preguntado por la cuestión en Sevilla.

No obstante, el delegado ha insistido en que el Gobierno y el PSOE apoyan con “absoluta contundencia” la nulidad de la licencia concedida a Azata del Sol en enero de 2003 –bajo mandato del socialista Cristóbal Fernández, tío del actual portavoz socialista– para dar cumplimiento a las sentencias que obliga a la revisión de oficio del permiso municipal que posibilitó la construcción en terrenos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

“La demolición tiene que llegar y tiene que llegar ya, lo antes posible, para que de una vez por todas borremos de nuestra imagen ese desmán urbanístico, ese auténtico atentado al patrimonio ambiental de ese espacio tan sumamente representativo de nuestras costas como es Cabo de Gata”, ha insistido Fernández.

Magnific (antes Freepik), la plataforma web referente mundial en la generación de imágenes con IA radicada en Málaga, ha comunicado a sus trabajadores la apertura de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará al 30% de su plantilla en España, compuesta por unos 350 trabajadores, la mayoría en su sede de la capital de la Costa del Sol. En total, un centenar de puestos de trabajo. Un portavoz oficial de la compañía confirma a este medio que el ERE para “una parte de la compañía” ha comenzado y que se abre un “proceso de negociación” con los trabajadores, pero ha evitado ofrecer más detalles por “imperativo legal”.

Este miércoles estaba previsto que la empresa comunicara a la representación de los trabajadores los perfiles laborales que quiere suprimir, un 30% de la plantilla de Freepik Company S.L.U., la sociedad con sede española. Según la empresa, el ERE no obedece a causas económicas, sino organizativas, vinculadas al cambio de modelo de negocio que comenzó hace ahora tres años, cuando la compañía se reorientó desde lo que era un banco de imágenes hacia la generación de contenido audiovisual con Inteligencia Artificial.

Magnific declara 196 millones de ingresos anuales recurrentes, más de un millón de suscriptores de pago activos y unos cien millones de visitantes mensuales a sus canales. Entre sus clientes están la BBC, Mayoral, Guess o Damm.

En 2020, el fondo sueco de capital riesgo EQT, especializado en invertir en empresas maduras para hacerlas crecer y luego revender, adquirió el 53% de Freepik, valorándola en 225 millones de euros. Sus fundadores mantienen la minoría y la gestión del día a día. Ahora circula la idea de que se la adelgaza para hacerla atractiva para una futura venta, una hipótesis persistente en los últimos años.

De Freepik a Magnific

Magnific, que hace un mes y medio que volteó su identidad corporativa con su nuevo nombre, es una de las grandes referencias europeas de la Inteligencia Artificial, la única con sede en el viejo continente entre las 15 webs y plataformas de esta tecnología más usadas del mundo. Ocupa el puesto once en una relación copada por gigantes estadounidenses como ChatGPT (de OpenAI), Gemini (Google), Grok, Claude (Anthropic) o la china Deepseek.

Lo hace desde Málaga, donde nació hace 15 años como una startup volcada en un sector diferente al que ahora se dedica, el de la puesta a disposición del usuario de un inmenso banco de imágenes con cientos de miles de ilustraciones y fotografías. De ahí su nombre hasta el pasado 29 de abril: Freepik.

Sus fundadores se dieron cuenta de que esa idea original podía quedase corta. “Nos dimos cuenta de que lo que hacíamos ya no tenía mucho sentido si queríamos sobrevivir”, explicaba Joaquín Cuenca, fundador y CEO, en una entrevista con elDiario.es. Así que Freepik evolucionó hasta convertirse en Magnific: una plataforma volcada en la generación de imágenes con IA, segmento de negocio en competencia directa con su mercado original. Magnific ofrece desde su web acceso a los principales modelos generativos de imágenes por Inteligencia Artificial.

El modelo de negocio de la empresa se dirige ahora al desarrollo de herramientas de generación de vídeo que permitan que cualquiera con una idea en su cabeza pueda hacer una película. Un espacio infinito que moldear con la ayuda de su tecnología. “Nuestra tesis es que con la evolución de la IA lo que se va a crear es una industria en torno a la creatividad”, decía Cuenca.

La organización ecologista Greenpeace ha dado un paso más en su batalla judicial contra el hotel de El Algarrobico, solicitando a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que exija responsabilidades penales tras el último movimiento del Ayuntamiento de Carboneras, en Almería. En un escrito presentado este 17 de junio , la ONG ha reclamado que se traslade el caso a la Fiscalía por el “reiterado y palmario incumplimiento” de la sentencia que obliga a revisar y anular la licencia de obras del polémico edificio.

La denuncia de Greenpeace se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) haya decidido aplazar este miércoles la votación prevista para este mismo miércoles, en la cual debía declararse la anulación de la licencia municipal concedida en el año 2003 a la promotora Azata del Sol.

El argumento esgrimido por el pleno para posponer la decisión ha sido la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica” del expediente, así como la supuesta necesidad de recabar nuevos informes jurídicos para evaluar las posibles responsabilidades patrimoniales a las que podría enfrentarse el municipio.

Que el TSJA anule la licencia de obras

Ante esta dilatación, la representación legal de Greenpeace exige que, conforme al artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se “deduzca testimonio” de particulares para depurar responsabilidades penales ante la Fiscalía. Asimismo, la organización ecologista solicita que, amparándose en el artículo 108.1.a de la misma normativa, sea la propia Sala del tribunal la que asuma y ejecute directamente el expediente de nulidad ante la inacción del consistorio.

Este aplazamiento supone un nuevo obstáculo en un proceso histórico que parecía encarar su recta final. El pasado 22 de mayo, el Consejo Consultivo de Andalucía había dictaminado que la licencia de construcción resulta “nula de pleno derecho” al invadir los cien metros de la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre y por ubicarse en el suelo no urbanizable protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Cabe recordar que la anulación oficial de esta licencia por parte del Ayuntamiento es el requisito indispensable que espera la Junta de Andalucía para poder convocar una comisión mixta con el Estado. Esta comisión tiene como objetivo materializar el derribo del inmueble de 20 plantas y proceder a la recuperación integral del paraje natural.

De forma paralela, el Gobierno central, que acaba de personarse en el proceso para anular el permiso, mantiene un pulso por la vía de la expropiación ofreciendo 16.500 euros a la promotora por los terrenos, cifra que choca con los 44,5 millones de euros que exige Azata del Sol al otorgar valor a lo ya construido.