El Gobierno de España y la Junta de Andalucía Gobierno han acordado este jueves “avanzar de manera coordinada” para restablecer la legalidad y demoler El Algarrobico, el hotel sito desde hace más de dos décadas en la playa del mismo nombre, en pleno dominio público marítimo terrestre y en el Parque Natural de Cabo de Gata. Así lo han expresado las dos administraciones tras la reunión bilateral celebrada este jueves, la primera después de que la licencia de obras concedida en 2003 a Azata del Sol quedar anulada, al fin, por el Ayuntamiento de Carboneras. Queda orillada, al menos de momento, la vía de la expropiación.

Ambas administraciones han “puesto en común los avances” tras la declaración de nulidad y han acordado “unificar sus esfuerzos para agilizar la tramitación”. El avance es la apertura de un expediente que, en un máximo de un año, debería ordenar la demolición del lugar. Eso, si no se cruza algún obstáculo administrativo o judicial que aleje nuevamente el fin de El Algarrobico, una de las aberraciones urbanísticas más conocidas de España.

Por ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tiene que resolver los recursos de tres exalcaldes (Cristóbal Fernández -quien concedió la licencia, PSOE-; José Luis Amérigo -PSOE- y Felipe Cayuela -PP), además del de Azata del Sol, contra el acuerdo del Pleno de Carboneras que anuló la licencia.

Todos alegan lo mismo: que ese acuerdo ignoraba uno adoptado en el Pleno celebrado 15 días atrás, cuando los ediles socialistas y los no adscritos consiguieron que no se votara hasta que se recabaran nuevos informes sobre la posible repercusión patrimonial de anular la licencia. La escandalera fue tal que los concejales socialistas fueron expedientados, la Fiscalía abrió una investigación y el TSJA volvió a advertir con multas si no se cumplía de una vez su sentencia.

Ocurrió, al fin, el 7 de julio, con el voto a favor de ocho concejales (el alcalde Salvador Hernández -Ciudadanos-, cinco del PP y dos del PSOE) frente a cinco que se ausentaron. La nulidad de la licencia, ya ejecutiva pese a los recursos, dio paso a una pantalla inédita desde que hace 23 años Azata empezara a construir el hotel, paralizado por orden judicial el 7 de febrero de 2006.

Sin pasos o fechas

Este nuevo camino es el que ahora quieren explorar juntos el Gobierno y la Junta de Andalucía. Ninguna de las dos administraciones ha informado de pasos o fechas. No hay concreción en sus comunicados, una cautela después de que todos los anuncios de cualquier avance material durante la última década se hayan dado de bruces sistemáticamente con la realidad, mucho más tozuda: cualquier paso topaba con el Ayuntamiento, que en todo este tipo ha arrastrado los pies para cumplir la sentencia que le obligaba a ello, cuando no ignorado abiertamente las órdenes de los jueces. La falta de concreción material también obedece a que todo pasa ahora por el expediente administrativo.

Sin embargo, todo esto no resta valor político de los comunicados, en los que se vislumbra una voluntad por enterrar diferencias. Empezando por la propia nota: un texto único pactado y enviado por el Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Sostenibilidad. El texto subraya que la nulidad de licencia acordada por el Ayuntamiento el pasado 7 de julio, y la apertura de un expediente para restablecer la legalidad por parte de la Junta, abren una etapa nueva. “La coordinación entre ambas administraciones [Junta y Gobierno] tiene como objetivo dar agilidad a este procedimiento y avanzar en las actuaciones necesarias para hacer posible la demolición del edificio y la recuperación del espacio natural por parte del promotor”, señala el texto.

El expediente ante la Dirección General de Ordenación del Territorio tiene como fin imponer las “medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística” y debe estar resuelto en el plazo máximo de un año, según recoge el acuerdo de iniciación y la propia ley de suelo andaluza (LISTA).

Una vez acordadas esas medidas, que en su caso pasarán por el derribo del hotel por estar situado en dominio público marítimo-terrestre y suelo protegido del Parque Natural de Cabo de Gata, Gobierno central y autonómico aplicarán el Protocolo suscrito en noviembre de 2011 para la recuperación de la playa, y que ha sido expresamente refrendado hoy. El protocolo hace un reparto de tareas: el Ministerio debe abordar la demolición de la edificación y a la Junta de Andalucía le corresponde el desescombro y la correcta gestión de los residuos que la demolición genere.

A pesar de este reparto, el delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, detalló a principios de septiembre que la Consejería de Vivienda iba a instar a Azata, titular de la licencia, a asumir la tarea de planificar y demoler el edificio que levantó, sin descartar multas si se resiste a ello.

Un año de batalla política

La reunión entre las dos administraciones se produce en el marco de la Comisión Mixta de Seguimiento del Protocolo. La anterior reunión se celebró el pasado 23 de junio y en ella ya se atisbó una voluntad de enterrar el hacha de guerra tras los desencuentros que marcaron el año previo. La nulidad de la licencia, pero también el envite electoral andaluz, han contribuido a serenar las aguas y extraer El Algarrobico de la contienda política, al menos por ahora. Ha sido un año en que la construcción ilegal en nuevo escenario de la batalla entre gobiernos, que se han acusado mutuamente de deslealtad e ineficacia.

En febrero de 2025 la entonces vicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se plantó ante El Algarrobico y anunció por sorpresa que el Gobierno lo expropiaría y derribaría antes de final de año. La irrupción de Montero sentó como un tiro en la Junta.

El Ministerio apuntaba que la vía autonómica estaba muerta desde hace años y era perder el tiempo; el autonómico insistía en que exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de las sentencias (que ordenan a Carboneras que declare que el suelo es no urbanizable y que la licencia es nula acabaría dando resultado, y desconfiaba de la expropiación, un nuevo procedimiento que también podía encharcarse, y en el que la Junta decidió ponerse de perfil.

Lo cierto es que a partir de entonces la ejecución de las dos sentencias del TSJA, firmes desde 2018 y 2022, respectivamente, se aceleró. Tras años ausente, la Junta de Andalucía se personó en los dos procesos de ejecución, los impulsó, y en julio de 2025 el Pleno municipal declaró que El Algarrobico es zona no urbanizable, por estar en la playa (Ley de Costas) y en un Parque Natural. La sentencia que le obligaba a ello es de 2016. Un año más tarde, el pasado 7 de julio, declaró la nulidad de la licencia, al segundo intento.

La culminación de estos dos pasos parece haber orillado, al menos por ahora, la vía de la expropiación abierta por el Gobierno hace poco más de un año. No hay ninguna referencia a ella en las notas. Tras la constatación de que hay un abismo entre lo que pide la promotora (44,5 millones) y lo que ofrece el Gobierno (16.500 euros), el asunto está pendiente de resolución por un tribunal provincial de expropiaciones.

En el encuentro de este jueves, celebrado mediante videoconferencia, han participado representantes de las consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Cuando estaba en la cima de su carrera, Mira Sorvino desapareció del mapa. Había ganado un Oscar y un Globo de Oro por una interpretación deslumbrante en Poderosa Afrodita (Woody Allen, 1995), y luego había saltado a la comedia más o menos gamberra (Romy y Michelle, 1997) y el cine de acción más comercial (Mimic -1997- y Asesinos de reemplazo -1998-), algo más o menos lógico para una estrella. Se codeaba con la farándula de la mano de parejas icónicas como Quentin Tarantino o Olivier Martínez. Hasta que se esfumó.

O la esfumaron. Años después, Mira Sorvino (Nueva York, 1967) contó que su nombre fue vetado de grandes producciones por Harvey Weinstein, entonces considerado un rey Midas de Hollywood, en realidad un abusador de mujeres que atormentó a decenas de actrices. Peter Jackson confirmó que Miramax (la productora de Weinstein) le pidió no contar con Sorvino para El Señor de los Anillos.

Casi tres décadas después de aquello, está de paso por España para la segunda edición de la San Diego Comic Con Málaga. Consciente de su papel de abanderada del movimiento MeToo, no rehúye su pasado ni tiene problema en explicarlo: “Durante veinte años estuve vetada en la industria. Entre 1998 y 2018 prácticamente no participé en grandes producciones de estudio. La influencia de Harvey Weinstein fue enorme y devastadora”, cuenta a elDiario.es.

Una escena “terapéutica”

Sorvino, que fue acosada por Weinstein antes de que este la metiera en una lista negra, lo pasó mal, pero subraya que nunca sabes por qué derroteros te va a llevar la vida: aquel paréntesis forzoso le sirvió para volcarse con una familia a la que adora. “Tengo cuatro hijos extraordinarios y probablemente no habría sido la madre que soy si hubiera mantenido ese éxito profesional”, explica: “Así que la vida es extraña: sí, me enfada profundamente que alguien me arrebatara algo que merecía, pero también siento gratitud porque la vida me dio otras cosas hermosas”.

Años después, la serie Hollywood (Ryan Murphy, 2020) le pondría ante una escena catártica, en la que interpreta a una actriz de los años 40 atrapada en una relación desigual con un productor, de la que solo sale gracias a la empatía de la mujer de este. “Fue una escena preciosa y bastante triste”, rememora la actriz, que lloró realmente en el rodaje: “Era muy consciente de que estaba inspirada en mi propia historia, pero también tenía un punto terapéutico: me permitió enfrentarme a ese dolor y liberarme un poco de él”.

Después de una década, ¿cree que Hollywood ha cambiado? “Sí, sin duda. ¿Siguen existiendo depredadores que creen que nunca serán descubiertos? Claro, porque es la naturaleza humana. Siempre ha habido depredadores y ladrones y asesinos. No podemos erradicar el crimen, pero sí podemos dejar claro que un plató, una sala de casting o cualquier lugar de trabajo no son espacios para eso”, advierte: “Ya no se salen con la suya. Durante décadas, ese comportamiento estuvo muy integrado en la industria de Hollywood desde su comienzo. Y creo que el movimiento ha tenido un impacto real. Hoy las mujeres están más protegidas. Los hombres también. Y los niños que trabajan en producciones audiovisuales están más seguros que antes. ¿Es perfecto? No. Pero sí creo que es mejor de lo que era”.

Recuerdos de Marbella

Sorvino rodó una de sus primeras películas en España (Barcelona, 1994) y otra, más desconocida, en la Semana Santa de Sevilla, donde pasó una larga temporada. No eran sus primeras veces en España. Tendría unos cuatro años cuando su padre, Paul Sorvino, rodó una película en la Costa del Sol junto a George Segal y Glenda Jackson. “Algunos de mis primeros recuerdos visuales son de Marbella”.

La actriz acaba de rodar con Lisa Kudrow la secuela de Romy y Michele (1997), una comedia que exploraba en tono ligero el camino del empoderamiento femenino y la sororidad. Treinta años después, la perspectiva de una nueva boda de una amiga vuelve a situarlas en un punto similar: “¿Nos hemos olvidado de casarnos? ¿Nos hemos olvidado de encontrar el amor?”. La respuesta es que han hecho con su vida lo que han querido.

Justo antes de rodar Romy y Michele 2 terminó That’s amore, un musical con John Travolta en la que tuvo que cantar O sole mío en napolitano. Una canción eterna que, cuenta, está inspirada en la hermana de su abuelo. “Al menos, según cuenta mi familia. Mi padre lo confirmó con la familia del autor de la letra. ¡Podría ser un mito, ¡pero quizá sea verdad!”, exclama.

Alta, imponente y con una vistosa cruz que le cuelga del cuello y acredita sus convicciones cristianas, la actriz creció en el seno de una familia de raíces italianas muy tradicional en la que su padre la trabaja como “el hijo que nunca tuvo”: “Compartía conmigo sus referentes: Muhammad Ali, Martin Luther King, Desmond Tutu… Veíamos juntos combates de boxeo, partidos de tenis de Björn Borg y, sobre todo, Star Trek. Yo estaba fascinada con el capitán Kirk. Puede que tuviera un pequeño enamoramiento infantil, pero también quería ser como él: valiente, decidido, aventurero”.

Este fin de semana, Sorvino se ha dado un baño de masas que, además, ha acompañado de un premio honorífico del Festival de Cine de Málaga. “Cuando hablas cara a cara con una persona y te cuenta lo que una película o una serie representó para ella, sientes que tu trabajo ha tenido un impacto real”, agradece la actriz: “En el cine normalmente no tienes ese contacto directo. No es como actuar en teatro, donde escuchas las risas, los aplausos o saludas a la gente a la salida. Aquí las películas se estrenan y luego quedan ahí, mientras tú te quedas bastante alejada del público. Por eso estos eventos son tan especiales”. Mira Sorvino está de vuelta y agradecida a la vida, a pesar de que una vez la tiraran de la cima.

Tres películas, casi 3.000 millones de dólares de recaudación acumulada (diez veces lo que costaron) y 17 Oscar (once de ellos a la tercera parte de la trilogía). El estreno ahora hace 25 años de La Comunidad del Anillo, a la que seguirían Las Dos Torres (2002) y El retorno del Rey (2003) pegó un tremendo revolcón al panorama cinematográfico solo a la altura del estatus de las novelas de culto de J.R.R. Tolkien.

Un cuarto de siglo después, Frodo y Sam, Elijah Wood y Sean Austin, los inseparables (pero separados) amigos del fabuloso viaje de La Comarca a Mordor, y vuelta, para destruir el Anillo se reencontraron en Málaga; entre ellos, pero también con un público devoto: 3.000 personas que llenaron el Hall M, el espacio habilitado por la San Diego Comic Con Málaga para los grandes eventos.

El fenómeno de El Señor de los Anillos, la gran saga dirigida por Peter Jackson en la era pre-Marvel, impactó de lleno en un público que hoy mayoritariamente pasa la cuarentena, y que acudió a la llamada de la comunidad este domingo en Málaga. “25 años después, viendo lo que está pasando en el mundo, es necesario acercar las ideas de bien y mal y de compañerismo”, comentó Austin.

“Hay una parte maravillosa de participar en la vida de la gente. Hay personas a quienes estas películas le hacen sentir bien y nos cuentan historias increíbles. Tienen un impacto inmenso, lo recibimos y eso es un intercambio maravilloso”, celebró Sean Austin: “Es muy bonito que estas películas den un refugio a la gente que está sufriendo, y que les ayude a procesar sus emociones”.

“En el día a día no soy consciente de la relevancia que tuvo el Señor de los Anillos. Pero el hecho de ser parte de la cultura popular, generar este entusiasmo, conectar con la gente, es increíble”, explicó luego Wood. Ambos llevan una decena larga de convenciones y conferencias para celebrar la efeméride y sienten con pena de que este viaje también está llegando a su fin.

16 meses de rodaje

Uno de los objetivos declarados de la convención es acercar a las estrellas al fan que siente obras como El Señor de los Anillos como parte esencial de su identidad. Dejar caer la pantalla que las separa del espectador para mostrarlos cercanos, dicharacheros, divertidos, falibles, mortales.

A eso, Sean Austin ganó a Elijah Wood por goleada. Austin ganó peso en la charla igual que Sam, un personaje supuestamente secundario, acaba por tener un papel decisivo en la historia de la Tierra Media. Incluso animó al público, en español, a tomar la palabra. “No tiene (sic) miedo. Lord of the Rings”. A Austin le declaró su amor una fan preguntona que lo calificó de “achuchable”.

El hombre explicó que en las entrevistas previas al rodaje tenía dudas de que el público fuese a conocer realmente a su personaje. Los productores le escogieron porque percibieron que podía transmitir lealtad y bondad. “Es que es cierto que eres un buen ser humano, y eso lo transmites porque no se puede separar”, le elogió Wood, que recordó que Austin ha sido elegido presidente del Sindicato de Actores precisamente por esas cualidades.

Ambos recordaron un rodaje que se prolongó durante 16 meses en los bosques de Nueva Zelanda. Tiempo más que suficiente para generar unos vínculos duraderos. “Pasábamos todo el día juntos, seis días a la semana, sabíamos cómo sonábamos, nos conocíamos muy bien. Eso crea una intimidad muy especial”, admitió Austin.

Wood apenas tenía 18 años, pero se manejaba con suavidad, ligereza y aplomo. Austin estaba más nervioso, le imponía aquel set de rodaje impresionante, Ian McKellen, Peter Jackson. Incluso les enseñó esgrima Bob Anderson, que había trabajado con Errol Flynn e interpretado a Darth Vader en los duelos con el sable de luz.

Cuando regresaron a su país eran otros. “Estábamos tan lejos de nuestra realidad, de nuestra familia... Fue raro volver a reintegrarnos en nuestras vidas, porque nuestra realidad había quedado marcada por estas películas y por el rodaje. No era sencillo contar nuestra experiencia”, ha recordado Wood. “¡Como los astronautas!”, según Austin: “Volvíamos y luego podías darte cuenta de lo que era realmente importante para ti, a qué querías dedicar tu tiempo”.

Sin colas excesivas en esta edición

El reencuentro de Sam y Frodo era el plato fuerte cinematográfico de esta edición de la San Diego Comic Con Málaga, la segunda de las tres que al menos habrá. Una edición que no ha contado con una gran superestrella como Arnold Schwarzenegger, pero sí con muchas estrellas del cine (Christopher Lambert, Josh Brolin, Mira Sorvino, Denise Richards, Kevin Smith), la televisión (Richard Dean Anderson —MacGyver—, Paul Bettany), el cómic (John Romita Jr. —Spiderman—), el anime (Sinchiro Watanabe —Space Bebop—, Yoichi Takahashi —Campeones—) o el videojuego (Dave Jones —Lemmings y GTA—, John Romero —Doom—).

La organización de este año, prácticamente impecable, contrasta con el desastre de masificación y colas de la primera edición, en la que muchos asistentes guardaron horas de cola para irse de vacío. La ampliación de los espacios, con una segunda gran carpa de stands en el exterior, y un cuidado circuito de flujos que ha evitado cuellos de botella han obrado el milagro. Responsables de la organización cuentan que, este año sí, se ha puesto al visitante en el centro. Eso explica que se haya evitado llenarlo todo, a diferencia del año pasado, donde el antiguo CEO llegó a asegurar en prensa que se habían vendido 120.000 entradas, más que el aforo permitido.

Este año el aforo era de 15.000 asistentes por jornada. A las entradas, que han subido a 85 euros, se suma el patrocinio de la Junta de Andalucía (3,35 millones por la edición de este año) y del Ayuntamiento (casi un millón), a quienes Dentsu, que tiene la licencia para explotar la marca en Europa, fue a buscar hace ahora dos años.

También se ha notado el potente músculo desplegado, con alrededor de 3.000 personas al servicio de que todo saliera bien. Tantas, que hasta cuadriplicaban posiciones y a veces algunas parecían ociosas. Ni siquiera el tremendo chaparrón caído en los minutos previos a la charla de los hobbits ha empañado el éxito. Este año no habrá la avalancha de quejas que hubo el año pasado. Con 15.000 asistentes por jornada, el evento encara ya la tercera de las ediciones garantizadas por contrato, antes de decidir si continuará en 2028 y más allá.

Hubo un tiempo, era en los 80, en que las películas y series populares eran artefactos de diversión pura. En esas series, los guionistas jugaban duro con la suspensión de la incredulidad que debe operar en la cabeza del espectador para que la cosa funcione. Así se explica cómo los protagonistas sobrevivían a un puñado de tiroteos en cada episodio o cómo eran capaces de desactivar una bomba con un clip y un chicle: era todo por la diversión.

MacGyver representa el modelo: un héroe de acción sin traumas, dobleces ni pasado, capaz de distinguir sin problema el bien del mal y con una característica que lo distinguía de todos los demás: su rechazo radical al uso de armas de fuego, que suplía con un profundo conocimiento científico y el ingenio para aplicarlo a las situaciones más dramáticas.

Hoy, Richard Dean Anderson, MacGyver, es un señor de 76 años de verbo pausado, que achina los ojos y aleja y acerca el teléfono para leer el mensaje de su hija, y al que le dan sofocos de los calores que pasa en Málaga, donde está pasando unos días como special guest de la segunda edición de la San Diego Comic Con Málaga. Así que, cuando ve que con el abanico no se apaña, alguien del público le ofrece un aparato portátil que el presentador no es capaz de poner en marcha. MacGyver se ofrece gentil: “Te lo puedo macgyvear”. Público rendido.

El peligro de imitar a MacGyver

Si en inglés existe el verbo to macgyver es porque el personaje trascendió en la cultura popular hasta el punto de que el diccionario Oxford tuvo que recogerlo. Si el canon lo marcan Los Simpson, ahí está Anderson, sujeto de deseo de las hermanas Bouvier. Si lo es el lenguaje coloquial, todo el mundo conoce a alguien que se cree MacGyver.

Más tarde, en una charla con elDiario.es, Anderson explica que nunca hubiera imaginado que aquel papel que consiguió le seguiría proporcionando tanto cariño tantos años después. “Lo considero un enorme cumplido”, admite: “No soy una persona que se sienta especialmente cómoda con los elogios. Fue mi hija quien hace unos años me habló de la idea de 'legado'. Nunca había pensado en esos términos”. Él era solo un trabajador, sin éxito ni muchas expectativas hasta que dio con MacGyver: “Fui consciente de lo especial que era el personaje y de la singularidad de la serie, especialmente por el hecho de que no utilizaba armas. Y lo aproveché desde el principio”.

Aquellas bacanales de tiros las suplía MacGyver con soluciones basadas en la Física y Química aplicadas, Electrónica y Mecánica. “Teníamos asesores de escuelas técnicas de la zona de Los Ángeles. Les preguntábamos: ”Si MacGyver estuviera en tal situación, ¿cómo lo resolvería con estas cosas en la habitación?“. Y entre productores, guionistas, y directores, yo a veces decía algo, lo adaptábamos y salía la forma de hacer posible lo imposible”. El criterio no era el rigor científico, sino que fuera “creíble”. “¿Hubo alguna vez una escena en la que pensara: 'Esto es demasiado, nadie va a creerlo'?”. “¡Constantemente!”, ríe.

Eso sí, siempre obviaban un elemento para que la idea fuera imposible de replicar en casa. “Hubo un chico alemán que se quemó los dedos asegurando que había aprendido el procedimiento viendo MacGyver. Los abogados investigaron el caso y finalmente se determinó que no era responsabilidad nuestra porque nunca explicábamos exactamente cómo hacerlo”, recuerda.

“Vergüenza” de Trump y su gobierno

El Equipo A o MacGyver no tenían pretensiones de trascendencia ni se prestaban a lecturas políticas. Qué se diría hoy de una cuadrilla de renegados del ejército de Estados Unidos, o del agente de una oscura agencia de espionaje que se adentra en bosques de los Pirineos para rescatar a una geóloga de un grupo de “montañeros vascos” que descienden las rocas haciendo rappel y lanzando un irrintzi.

Hoy se da la paradoja de que MacGyver trabajaría para el Gobierno de Estados Unidos. En su encuentro con el público, Anderson ha pedido “disculpas por el comportamiento de nuestro Gobierno” y ha arremetido contra Donald Trump, a quien ha definido como “pedazo de mierda”.

Más tarde, en la conversación con este periódico, explica que siente “vergüenza” de lo que “Donald Trump, su Administración y esta época de caos político están haciendo al mundo”. “Vengo a un país extranjero al que quiero y admiro, para celebrar algo con la gente, y mientras tanto tenemos aranceles, sanciones y este tipo de políticas. Para mí es vergonzoso. Soy estadounidense, pero me niego a permitir que él me represente de ninguna manera mientras esté en el cargo. Me parece horrible lo que hace”.

“Creo que hoy MacGyver pediría a Google que le echara una mano”

MacGyver tuvo siete temporadas con 139 capítulos. “No me enfadé cuando se tomó la decisión de terminar”, dice Anderson, que ya estaba cansado de combatir delincuentes. También machacado: tuvo incontables lesiones en los rodajes.

Años después, y durante diez temporadas, rodó otra serie de relativo éxito, Stargate SG-1, hasta que puso fin a su carrera para ver crecer a su hija. “No tenía tiempo para pasarlo con ella, con un ser que yo había ayudado a crear. Y nada merece tanto la pena como para perderte eso”, cuenta, mientras se emociona. “Esto es así. Hay un vínculo y una relación por la que merece la pena sacrificarse o dejar una serie de televisión que tiene éxito”. “Ahora ella dirige, escribe y produce películas. Y ese es mi propósito en la vida, ayudarla”, cuenta luego.

Retirado de la vida pública en una casa de California, Anderson se ha volcado en los últimos años en causas benéficas, principalmente en defensa de los animales: “Tengo tanto amor por los animales que no puedo ni matar arañas, aunque no me gusten mucho; el animal más minúsculo tiene algo para mí: sienten. Dolor físico o algo más espiritual. Sé que suena un poco raro. Pero tengo esa compasión”.

Ya nunca estará para carreras y persecuciones, tampoco para frenar fugas de ácido con chocolate o para improvisar un cañón de patatas convirtiendo el ácido del limón con esquirlas de metal en un propulsor más potente que la pólvora. “Siempre he pensado que sería interesante hacer una nueva versión con un MacGyver más mayor. Ya no tan ágil ni tan rápido, pero con más experiencia”.

Hoy, seguramente MacGyver llevaría un móvil en el bolsillo. “Creo que estaría fascinado por las nuevas posibilidades tecnológicas y probablemente acabaría diciendo: 'Bueno, qué demonios, voy a llamar al señor Google para que me eche una mano'. Pero la esencia seguiría siendo la misma: buscar soluciones prácticas, observar tu entorno y utilizar lo que tienes a mano”.

Dolores Jiménez fue una mujer libre y rebelde que tuvo que esconder sus libertades cuando las troncharon de un cuajo. Republicana a pesar del franquismo, empresaria a pesar del machismo, libre a pesar de la dictadura y su propia ceguera, para la mayoría Dolores es “sólo” la Niña de la Puebla, la cantante de flamenco y copla detrás de la versión más popular de 'Los Campanilleros', una de las canciones más arraigadas en la cultura popular andaluza. Durante siglos fue cantada para el Rosario de la Aurora, y luego adoptada como villancico flamenco navideño por el propio padre de la Niña de la Puebla.

Hace ahora un par de años, la actriz malagueña Adelfa Calvo decidió rescatar la historia de su abuela Dolores, viva en las conversaciones registradas en decenas de casetes que ella misma había grabado, y aquel viaje al de Calvo a la vida de su abuela fue documentado por Remedios Malvárez (Pico Reja, Fandango) en Acuérdate de mí, una película documental estrenada en el pasado Festival de Málaga.

Un momento central de esa película es la versión descarnada, profunda, convulsa, que María Peláe (Málaga, 1990) y Alba Reig han hecho de la canción que un día la Niña de la Puebla hizo suya. Una versión particularísima, que recoge los versos libertarios y dolientes escritos en su día por la propia Dolores, escondidos luego durante décadas: “Toas las flores del campo andaluz/regadas con sangre de los campesinos/que perdieron su vida luchando/pidiendo justicia por esos caminos/Y al amanecer toas las madres/lloran a sus hijos/y se vuelven locas sin poderlos ver”. “Libertad, sublime palabra, la idea más hermosa de la humanidad”.

Por eso, cuando se lo propusieron Peláe no dudó: “Pelos de punta, p’alante y contad conmigo”.

Su familia es aficionada al flamenco. ¿Conocía ya la figura de la Niña de la Puebla?

Conocía, sobre todo, la parte artística. De la parte personal, no tenía mucha idea y esperé a la grabación del documental para hacerle preguntas a su propia nieta y que me contara algunas curiosidades. Precisamente por eso también es necesario que haya documentales como este, que a figuras tan importantes las veamos más claro y podamos hacer la radiografía de un país a través de una artista como ella.

De su faceta artística, hay un rasgo muy singular que suele destacarse: la voz de Niña de la Puebla apenas cambió en toda su vida. La tesitura en las primeras grabaciones registradas, en los años 30, es similar a la que tuvo en sus últimas apariciones, ya casi en el año 2000.

Tenía un carácter especial a la hora de cantar. Ella no empezó cantando flamenco y tenía una formación muy buena en cuanto a canto. Precisamente, saber colocar bien la voz y ser estudiosa y aficionada del flamenco, viniendo de otras músicas, es lo que le hizo mantener esa manera de cantar. Yo misma me escucho hace seis años y digo: “María, eres otra”. Da igual el tiempo que pase, [ella mantenía] sensibilidad y saber. Y yo creo que eso lo da también lo estudiosa de los palos que era.

Háblenos de 'Los Campanilleros'. Es una canción que populariza Niña de la Puebla, pero está clavada en la tradición oral desde hace siglos. ¿Qué dice hoy 'Los Campanilleros' a los andaluces y andaluzas?

Si en una canción mezclas palabras como 'Andalucía' y 'libertad', y, en este caso, se añade la letra concreta que hace la Niña de la Puebla, donde se recoge parte del sufrimiento femenino en plena guerra… Manuel Torres fue el primero que la aflamencó, pero después cada uno hizo sus propias versiones y ella tuvo a bien, en plena Guerra Civil, llevar ese dolor desde el punto de vista de las mujeres que estaban sosteniendo a una familia, que estaban esperando a sus hijos a que volvieran, o no, de la guerra... Se me ponen los pelos de punta. Es una parte de la historia que también tiene que ser contada. Es muy bonito que haya sido cantada y que hayan contado conmigo para eso.

Remedios Málvarez dice que es una versión de 'Los Campanilleros' que estuvo “exiliada”. Quizá en esa misma situación hay otras muchas historias, canciones y voces registradas que se han permanecido ocultas muchos años y que quizás siguen ahí, a la espera de que alguien, algún día, las rescate.

Totalmente. Por eso yo creo que en el documental sean esos cassettes, y que su propia nieta le da al play, es muy gráfico. Me hubiera encantado tener cassettes con mi abuela contándome su historia.

¿Cómo se enfrenta a algo que ya está tan identificado con un artista a la que respeta y admira?

El respeto estaba desde el momento en el que me mandaron ya la letra y me dijeron: “Haz esto, pero sé completamente libre”. Para no pasarnos de modernas ni de antiguas, hemos intentado que tenga una progresión cinematográfica. Sientes cómo la ansiedad comienza desde un punto y acaba en otro completamente diferente. De hecho, comienza con el ritmo normal de 'Los Campanilleros' y termina por bulería, porque así lo sentíamos, o así al menos lo sentía yo, que iba a poder relajarme más cantándola. Y creo que siendo fiel a cómo yo la sentiría más, iba a ser más fiel todavía a lo que creo que ella quería decir con esa letra.

¿Cuál es la historia de esa versión?

En la versión que se hizo conocida la letra era de su padre, que era un gran revolucionario. Esa letra fue la que se quedó grabada. Pero después, ya en la guerra y posguerra, no se sabe exactamente bien la fecha, ella escribió estos versos, que no sé si llegó a cantarlos en directo, y que gracias a su familia han llegado a nosotras. Aun siendo versión, es muy inédita porque tiene partes de los versos escritos por ella y que no se han podido escuchar.

La película reivindica también un legado personal de Niña de la Puebla como referente feminista y republicana. ¿Qué papel cree que tendría la Niña de La Puebla hoy?

Creo que como persona tan culta que era, estaría muy puesta en todo lo que está ocurriendo y sería muy consciente de las clases sociales. Por lo que me han podido contar y por lo que hizo, me la quiero imaginar revolucionaria. Es una mujer que criada en plena República, a la que justo después le pilló la guerra y encima una mujer ciega en aquel entonces que se salva casi de chiripa. Es una historia compleja: tiene una educación en plena libertad y luego tiene que exiliarse en sí misma, porque no pudo cantar algunas cosas, aunque me han comentado que si las seguía cantando la letra que le daba la gana. Pero claro, la historia es la que es y España se quedó como se quedó. Creo que a ella precisamente no se le iba a olvidar la Historia, como creo que está pasando ahora, que parece que se nos olvida.

¿Cree que en algún momento podríamos tener que guardarnos las libertades para cantar, hacer cine, hacer teatro o, simplemente, para expresar ideas?

Estoy en un momento de reflexión, porque yo intento de verdad llevar la libertad en mis canciones, decir lo que creo coherente, pero el hecho de decirlo últimamente y tener un poco de miedo a las reprimendas, hacía mucho que no me pasaba. Creo que se está apoderando de la sociedad la agresividad, el insulto fácil. Se está apoderando partes que ya no son muy humanas. Lo siguiente es el odio. Lo que más miedo me da el que la gente deje de ser gente, que dejen de ser personas. Muchas veces miramos atrás y decimos: “Pero por Dios, ¿cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudo hacer lo que hizo y seguirle tanta gente? ¿Cómo puede estar pegando una paliza a esta persona? ¿O cómo puede estar diciendo esto y después dormir tan tranquila o tan tranquilo? Creo que ese deshumanizarnos viene de cosas pequeñitas. Últimamente, cuando comparto determinadas cosas o las digo, con todo el respeto del mundo –porque intento estar lo más formada posible, informarme y si cometo algún error, [admitir que] tendría que haberme informado más sobre esto–, pero desde un diálogo y un amor recíproco, estoy viendo exceso de odio y eso es lo que me da miedo.

Usted ya ha sufrido un episodio de escarnio por expresarse libremente. ¿Ha tenido la tentación de apartarse de ese debate o de amoldar su discurso?

Te cuidas muy mucho de cómo decir las cosas. Pero como todo está tan en ebullición, está el agua y el caldero tan caliente, que da igual lo que digas. Es como el chiste: “Buenos días”. “¡Buenos días tú!”. Es la sensación constante que eso está pasando en la calle, porque después en el Congreso de Diputados vemos cómo se faltan al respeto. Luego la gente sale a la calle con sus problemas reales y terminan insultándose porque es que lo ven, se ha normalizado. Ese punto es el que yo no me voy a callar, porque si no volvemos a donde veníamos. Es lo que decía mi abuela: “no te enfades, Mariquilla, no, no digas esto…” Yo lo he vivido siendo pequeña. No me quiero imaginar si llega una Niña de la Puebla a ver muchas cosas de las que están pasando ahora. No me voy a callar, evidentemente, pero algunas cosas se hacen con miedo, porque después [llega] la reprimenda. Tú enciendes el móvil y yo no quiero decir la de mensajes que tengo restringidos. Eso es una barbaridad y quiero pensar que mucha de esa gente después se levanta y hace puchero con su madre tan tranquilo y va incluso a misa y todo está genial.

Muchos de quienes le insultan en redes no serían capaces de decirselo cara a cara.

Si esa red estuviera ligada a un DNI, no pasaría tanto esto y volveríamos todo a ser un poco más humanos, creo.

¿Le preocupa que le encajen en un determinado sitio?

Si es que da igual. La perspectiva de cada uno en su cabeza es algo incontrolable para una. A veces saco canciones que no son flamencas y me siguen poniendo en flamenco. Entonces me digo que un día voy a sacar algo de Michael Jackson, y me van a poner flamenco. Venga andaluza, flamenca, flamenco. Pues esto igual.

Mientras hablamos, en la Plaza de la Constitución, a unos cientos de metros, hay mucha gente acampada pidiendo que algo cambie para poder tener casa. Usted es de una generación que se ha comido toda esta crisis de la vivienda.

A mí me da por pensar en todos los caseros que he tenido. Desde la primera casa, en la que solo cabía mi cama de 90, una ventana que daba a otra ventana que era el poyete de otra persona que olía horrible, y que pagaba 500 euros. Hasta el bajo en el que caía el agua cada vez que llovía. Son cosas que tenían que pasar. Lo que no sé, evidentemente, es cómo no se ha podido hacer antes, pero las movilizaciones y los cambios tienen que venir del pueblo y la ley tiene que adaptarse al pueblo. Yo sigo viviendo de alquiler. He tenido opción de invertir en Málaga, y me he negado a hacerlo porque me sentiría fatal conmigo misma. De hecho, la última bresca en internet que me ha caído fue por compartirlo. ¿Y por qué no piensas en los okupas? ¿Para hablar de A, tengo que hablar de también de la B hasta la Z? Estamos hablando de A. Pero la gente está tan en ese caldo de ebullición que da igual lo que digas.

Que la vivienda iba a ser protagonista del debate sobre el estado de una ciudad como Málaga, marcada desde hace años por un profundo malestar ante la falta de casas asequibles, estaba cantado. Lo que nadie podía suponer es que el alcalde, el veterano Francisco de la Torre (PP), tirara de Joaquín Sabina para defender su legado de más de un cuarto de siglo al frente de la ciudad: “¿Cuándo ha estado Málaga mejor que ahora?”, se preguntó, antes de responderse con un verso del bardo de Úbeda: “No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”. En otras palabras, dice De la Torre la ciudad vive sus mejores días.

El debate, segundo de este mandato, tenía algún aliciente especial. Uno de fondo: llegaba en el peor contexto posible para el regidor, con la vivienda, el problema más acuciante de la ciudad, aquel con el que le martillea la oposición cada día porque cree que su modelo lo agrava, plantado en el centro del debate nacional y de la propia ciudad: en la Plaza de la Constitución hay decenas de acampados que reclaman soluciones. De la Torre trató de esquivarlo desviando el tiro más arriba, hacia el Gobierno central, puenteando a la Junta de Andalucía, que también tiene competencias en la materia.

El segundo aliciente es el calendario: en apenas siete meses De la Torre se juega otra reelección, siempre que la salud le respete. Es alcalde desde el año 2000, cuando sustituyó a Celia Villalobos, y desde entonces ningún candidato alternativo ha tenido nunca la posibilidad real de desbancarlo. En un cuarto de siglo han pasado por la oposición Marisa Bustinduy, María Gámez, Daniel Pérez y otros tantos, y cuando se fueron ahí seguía él, ganando elecciones, algunas con mayoría absoluta, incluidas las últimas.

Hace tiempo que se le acusa de dirigir un proyecto de gran éxito en colocar a Málaga en algunos mapas (el cultural, el tecnológico y, sobre todo, el turístico) a costa de las necesidades de los propios malagueños, cada vez más exigidos para comprar o alquilar una casa, o directamente expulsados de la ciudad, huérfanos en cualquier caso de su propio Centro, que han visto cómo unas taquillas o una franquicia de tartas de queso sustituían la ferretería o el bar de toda la vida y cómo las calles de los barrios se ensucian y degradan sin remedio.

Esas cosas que generan un cabreo de fondo que se percibe en las conversaciones de barra o X, pero que no ha cuajado hasta ahora en una votación.  

“A esta ciudad le han saltado todas las costuras”

“A esta ciudad le han saltado todas las costuras siguiendo una idea de éxito basado en el turismo de masas que está agotada”, le ha espetado Mariano Ruiz Araújo, nuevo portavoz municipal del PSOE, tras la salida de Daniel Pérez hacia el Parlamento Andaluz.

Más duro aún fue Nicolás Sguiglia, de Con Málaga, quien volvió a acusar al regidor de esconder la realidad con una frase en la que cabe todo: “Málaga ha cambiado”. “Faltaría más”, se consoló Sguiglia: “Con 20.000 millones gestionados en 26 años, el debate es lo que podría haber sido y podría ser si en vez de tener un promotor como alcalde tuviera un alcalde democrático, y hubiera primado la felicidad del pueblo al enriquecimiento de unos pocos. La pregunta es ¿Málaga para quién? ¿El éxito para quién? ¿El mejor momento para quién?”. Incluso Antonio Alcázar, portavoz de Vox, apuntó a De la Torre por mantener por inercia un proyecto agotado, dijo, en 2015.

En un contexto de crisis nacional en el acceso a vivienda, De la Torre defiende que casi todo se explica por la deficiente intervención del Gobierno central, que habría generado inseguridad a los propietarios y porque el déficit de viviendas va camino del millón en todo el territorio nacional. “El grueso de ese malestar no procede de las decisiones que tomamos aquí”, defendió, antes de acusar a la oposición de plantear soluciones para vivienda que “no funcionan”. Las suyas, dijo, pasan por aumentar la oferta lo más rápido posible, sumando la iniciativa privada a la pública.

Ocurre que Málaga es una de las campeonas en esta crisis, porque suma a las debilidades estructurales generales (falta de oferta, mayor demanda por incremento demográfico, estancamiento de los salarios) sus propias particularidades: turismo, segundas residencias, nómadas digitales, crecimiento poblacional superior a la media (+11%). El alcalde subrayó que comprar vivienda en España es un 70% más caro que en 2018 (cuando Pedro Sánchez llegó al poder), y alquilar es un 45%. Pero en Málaga cifra es del 117% para el alquiler y del 141% para la compra, y sigue encareciéndose al 2,8% y al 51,% anual, según Idealista. Alquilar supone un 40% de los ingresos familiares de los malagueños, sólo en Palma cuesta más. Comprar una casa está más caro que nunca.

VPO anunciadas o entregadas

Tras situar el foco de los problemas lejos del Ayuntamiento, el alcalde sacó pecho: 600 millones de euros para construir 5.339 viviendas protegidas (2.511 en venta y 2.828 en alquiler) en los últimos 26 años, que salen a 200 por año. La mayoría, de sus primeros años de mandato. Cuando termine 2026, Málaga tendrá el tercer parque de viviendas públicas de España, asegura el alcalde. En este momento hay 1.186 en construcción y 3.997 en alguna fase entre la mera previsión y la redacción de proyectos, por un valor total de 900 millones. En vivienda libre, se han iniciado 6.719.

El diagnóstico de la oposición es otro. El Ayuntamiento solo entregó dos VPO en 2025 y ha construido seis al año en la última década. Ha tardado cinco en entregar las 35 de la calle Ingeniero José María Garnica. Y ahora comprar una vivienda de 70 metros cuadrados en el mercado libre cuesta 270.000 euros y alquilar un piso así va ya por los 1.155 euros al mes, dato más o menos coincidente con la renta media por persona.

El papel del turismo

A la vez, en la ciudad hay decenas de miles de viviendas que no se usan para vivir: 12.600 turísticas, más las ilegales, 16.000 vacías, 380 apartamentos turísticos. Las VUT llegaron a ser más de 13.000 registradas ante la Junta de Andalucía. Ninguna otra capital tiene tantas. Eso ha contribuido a que cerrara con más de once millones de pernoctaciones: 3,75 millones en hoteles, 7,45 en viviendas y apartamentos turísticos. El turismo genera 53.000 empleos directos e indirectos en la ciudad. De la Torre ha reclamado al Gobierno central una nueva Ley de Haciendas Locales que facilite la aplicación de una tasa turística municipal.

Hay 90.000 plazas turísticas en la ciudad, sólo 14.000 de ellas hoteleras, y ya nadie duda de que todo esto ha drenado mercado residencial, así que De la Torre también resaltó la prohibición de nuevas viviendas turísticas (desde agosto de 2025, con un efecto retroactivo a febrero que discutido por el lobby ante los tribunales) y la de apartamentos turísticos (figura hermana de las viviendas turísticas) y hoteles. Esta última es una prohibición que tardará en hacerse efectiva, porque deben tramitarse múltiples solicitudes presentadas antes de su aprobación, que se fue anunciando durante meses hasta se ejecutó el 25 de julio. Esta misma semana se han dado cien nuevas licencias.

Ciudad “brillante” o en venta

Para la oposición, todo llega tarde: “Por este salón han pasado centenares de Maricarmen”, ha lamentado el portavoz socialista, citando el caso de Teresa, una mujer de 72 años enferma de cáncer instalada en un banco del Paseo del Parque desde que fue desahuciada de su casa.

“Podía haber blindado el suelo para que sólo se hiciera vivienda asequible. Tenía un PGOU para limitar los usos turísticos. Instrumentos fiscales para penalizar la especulación. Tenía la capacidad de inspeccionar”, reprochó Sguiglia: “Si fuera un verdadero liberal hubiese hecho todo lo posible para expulsar a los especuladores y rentistas”. “No lo hizo: ¿por qué?”, se preguntó Sguiglia, antes de acusar al alcalde de connivencia con esos mismos especuladores.  

El balance no puede ser más distinto: “Málaga es hoy una ciudad muchísimo mejor que antes”, resumió el alcalde: “Una ciudad brillante”. “Es una ciudad admirada desde fuera en la que cada vez es más difícil vivir desde dentro”, le replicó Ruiz Araújo: “A esta ciudad le han saltado todas las culturas siguiendo una idea de éxito basado en el turismo de masas que está agotada”. Y Sguiglia trajo del exterior los lemas que resuenan desde hace años en cada manifestación por la vivienda: “¿Dónde está Paquito [por Francisco de la Torre], Paquito dónde está? Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad”.

En plena Sierra de las Nieves, un singular macizo montañoso de caliza y peridotita en la provincia de Málaga donde crece el mayor pinsapar del mundo, alguien se construyó una vivienda de lujo entre 2013 y 2016. Transformó lo que había en una villa de lujo con su amplia vivienda principal, piscina, pista deportiva, casa de invitados, parking y sala de reuniones. Todo ello, en 114.000 metros cuadrados de suelo rústico especialmente protegido y enclavado en el Parque Natural de la Sierra de las Nieves, que, ya en 2021, se convirtió en el último Parque Nacional en España. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al propietario y al constructor encargado de la obra de un delito contra la ordenación del territorio y pide para ellos penas de cárcel y que derriben lo que construyeron.

El propietario, Luis Navarro Riu, es el ideólogo y responsable de El Cobrador del Frac, la marca que durante décadas provocó sudores fríos a todos los deudores de España, y que se convirtió en un reconocible icono de la época disfrazando a sus trabajadores con inconfundible indumentaria y convirtiéndolos en sombra de morosos, a veces bordeando el acoso.

La acusación de Fiscalía contra Navarro, sostenida fundamentalmente en un informe del Seprona, es que a través de una empresa instrumental el dueño del Cobrador del Frac logró sucesivas licencias para hacer una “transformación sustancial en cuanto a ocupación y probablemente de uso” de la casa y sus edificaciones secundarias. Decía que eran obras necesarias para un vivero de palmeras y una cabaña bovina, pero en realidad nunca hubo ninguna explotación. Según la acusación, eran una coartada que coló ante un Ayuntamiento que en aquel momento hacía sistemáticamente la vista gorda, hasta el punto de que su alcalde pasó varios años en prisión por ello.

El método no es nuevo, pero aquí se usó para levantar un casoplón en terreno protegido. “El estado actual del conjunto atiende más a una residencia de lujo que a una vivienda vinculada a una explotación agrícola o ganadera”, concluye el Seprona en un informe de 2018.

Será un juzgado de lo penal de Málaga el que juzgue ahora a Navarro, después de que la sección de instrucción 3 del Tribunal de Instancia de Coín dictara a finales de junio el auto de apertura de juicio oral, dando por zanjada una investigación que comenzó en 2017.

Piscina, casa de invitados y pista deportiva

Según el fiscal, Navarro ordenó construir en distintos puntos de su parcela del paraje Hornillo, en el municipio de Tolox una vivienda de 230 metros cuadrados “rodeada de pavimento”, una piscina de 60 metros cuadrados, una cascada y una pista deportiva de 600; dos inmuebles de 120 metros cuadrados cada uno; y otras dos edificaciones de unos 50 metros cuadrados.

Se trata, subraya el escrito de acusación, de edificaciones en terreno “especialmente protegido” y “preservado por la Ordenación Territorial y Urbanística”, y que no se pueden legalizar ni aunque tuvieran un uso de interés público o social, que no es el caso. Por eso, pide que se condene a Navarro y al constructor a dos años de prisión y 8.100 euros de multa e inhabilitación para el oficio durante tres años. El fiscal también exige la demolición de la construcción a costa del propietario, y que reponga el lugar a como estaba antes.

Hay, además, una acusación popular que aumenta la petición de pena para Navarro a los tres años y seis meses de prisión. La ejerce un antiguo trabajador de Navarro, quien interpuso la denuncia que dio origen a la investigación del Seprona dirigida por la Fiscalía.  

Navarro, que a través de su abogado ha declinado participar en esta información, ha defendido ante el juzgado que allí ya había una vivienda, y que para rehabilitarla obtuvo hasta 17 licencias del Ayuntamiento de Tolox con informes favorables de la Consejería de Medio Ambiente. En sus escritos alega que todo es una gigantesca manipulación teledirigida por su antiguo colaborador, a quien guiaría un ánimo de venganza. Entre ambos existió una estrecha relación de confianza durante más de quince años, pero desde que separaron sus caminos se han cruzado denuncias y acusaciones.

Licencias de obra menor para transformarlo todo

Hace 25 años, en El Hornillo sólo había una vivienda modesta de poco más de cien metros cuadrados de planta levantada a mediados del siglo pasado y unas naves agrícolas de unos 200 metros dedicadas a cochera, almacén de aperos y maquinaria, cobertizos y corrales. Todo lo necesario para una explotación.

Había tenido ese uso décadas atrás, pero con el paso de los años quedó abandonado. Navarro, que ya había comprado varias fincas rústicas con fines cinegéticos en la zona, vio en El Hornillo una oportunidad: se hizo con el terreno a través de su empresa Ideas y Marcas, S.L. en 2001, y en 2008 pidió licencia de obra mayor para mejorar la explotación que, decía, había en la finca. Comunicó a la administración que lo dedicaría a cultivar y comercializar palmeras de Washingtonia robusta y explotar una pequeña cabaña vacuna.

La ley permite sólo permite viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas en un terreno como ese, declarado rústico de especial protección por la ley anterior a la LISTA y con una protección específica por estar dentro del Parque Natural de la Sierra de las Nieves (declarado así en 1989).

Primero no coló: la Consejería de Medio Ambiente le respondió que lo que quería hacer “supera con mucho” lo que supuestamente se necesitaba. A la segunda tampoco, hasta el punto de que el informe de la Consejería advertía el ardid: las edificaciones que proyectaba Navarro se planteaban para “transformar” lo que había en un “conjunto residencial”.

Ante los dos portazos, Navarro decidió trocear su proyecto, según el relato de la acusación. Y a partir de 2011, fue logrando del Ayuntamiento las licencias de obra menor que le sirvieron para dar la vuelta a las edificaciones como un calcetín. Primero el tejado, luego unos pilares por supuestos motivos de seguridad, después un proyecto de reforma interior, más tarde una modificación para adosar otra edificación…

Navarro, supuestamente valiéndose de engaños, consiguió levantar una nueva vivienda que no tenía nada de lo que había antes ni servía de morada al titular de ninguna explotación o sus empleados. Se trataba de una “vivienda de lujo”, con su piscina, su pérgola, su barra de bar y su casa de invitados, tal y como reseñaron en su atestado los agentes del Seprona que fueron a inspeccionar el lugar, ya en 2018. En uno de sus informes, los agentes dejan constancia de que tras dos años de reformas, hay cambios en “prácticamente todo lo existente”, y que es difícil discernir qué está autorizado y qué no.

Ni vivero ni cabaña bovina

La Guardia Civil cree que el vivero y la cabaña vacuna siempre fueron un subterfugio: de allí nunca salieron palmeras ni se llevó vaca alguna al matadero. Sí hay 3.000 ejemplares de Washingtonia, que según el denunciante son para ornato de la finca y que Navarro dice que aún no ha podido vender; las cuatro cabezas de ganado eran para consumo propio; y la finca nunca constó en el registro de actividades agrícolas ni la empresa en el de productores. No hay facturas, albaranes, documentos o subvenciones que demuestren actividad económica, según el informe de la Delegación Territorial de Agricultura que esgrime el Seprona, que resalta que todas las licencias de obra que se concedieron se basaban en estas dos supuestas explotaciones que, en realidad, jamás existieron.

No consta intervención alguna del (en aquel tiempo) Parque Natural, hoy Parque Nacional, cuyo director alegó que sólo le informaron de obras menores, no de lo que de verdad se estaba haciendo. Tampoco intervino el Ayuntamiento. Por entonces era alcalde de Tolox el andalucista Juan Vera (2003-2014), quien fue acumulando condenas por hechos muy similares a lo que ahora se juzgarán, al menos nueve, hasta acabar ingresando en prisión en 2015. Vera no está acusado por este caso.

Según ha podido constatar documentalmente este medio, el Seprona presentó al menos dos denuncias en estos años: una en 2011 por las obras en la vivienda principal y otra en 2015 por las de la casa de invitados. La primera caducó en la Consejería de Medio Ambiente y de la segunda no consta que se le diera seguimiento tras la sanción de redimensionar la obra y desestimarse el recurso de alzada de Navarro. “No consta en el expediente resolución en algún sentido o el pago de sanción alguna por el denunciado”. Se perdieron en el limbo. Muchos años después, un juez deberá determinar si aquellas obras en plena Sierra de las Nieves son delito.

El Ayuntamiento de Málaga ha concedido licencias para un centenar de apartamentos turísticos en siete edificios en los dos últimos meses. La decisión contradice la prohibición de otorgar nuevos permisos vigente desde el pasado 25 de julio, pero es posible porque los solicitantes habían presentado “documentación sustancial” antes de la entrada en vigor de la moratoria. Es un efecto del retraso en la tramitación de los expedientes que se dejará notar durante meses.

Desde que el alcalde mostró su disposición a prohibirlos, en marzo, el Ayuntamiento ha concedido licencia para unos 230 nuevos apartamentos turísticos, que se suman a los 381 y las 12.260 viviendas turísticas ya inscritas en el registro andaluz, a las que hay que añadir las ilegales. El uso turístico de una parte relevante del parque inmobiliario contribuye a dificultar el acceso a vivienda asequible en la capital de la Costa del Sol, una de las ciudades donde más cuesta alquilar o comprar.

La prohibición temporal tenía como objetivo reservar suelo destinado a vivienda y evitar que se derivara al uso turístico, pero de momento los efectos no se ven. En el primer Consejo Rector tras la entrada en vigor, celebrado este lunes, se ha dado cuenta de la aprobación de otro centenar: 43 en el Centro, 9 en Carretera de Cádiz y 22 en distrito Este, además de 26 sin localizar, y otros veinte alojamientos de “turismo sanitario” en Churriana. Además, 51 locales comerciales se convertirán en 68 viviendas, que según la oposición suelen acabar engrosando el mercado turístico ilegal. 

Efecto llamada o “documentación sustancial”

Ya en julio, cuando anunció que la prohibición estaba lista (aunque luego se demoró tres semanas más), el equipo de gobierno liderado por Francisco de la Torre (PP) advirtió de que quienes ya hubiesen presentado su solicitud podrían lograr licencia pese a la prohibición. También era consciente de que el anticipo con el que se anunció la medida, tras meses de polémica por la inacción del Consistorio, podía producir un efecto llamada en las semanas previas a su aplicación efectiva.

El alcalde apeló entonces a un criterio difuso para resolver los posibles fraudes de ley: la experiencia de los técnicos municipales, que sabrían distinguir si los inversores habían presentado la “documentación sustancial” antes de la prohibición: “Juzgarán con buen criterio aquellos [expedientes] que venían [de hace tiempo] y los que han venido en el último momento, antes de que me cierren la puerta”. De la Torre mencionó la “buena fe” o la “intuición” como criterios para resolver las dudas.

“Una farsa”, resume Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, que acusa al equipo de gobierno de parapetarse bajo ese concepto discrecional, la “documentación sustancial” de la que nada sabe, para seguir drenando el parque de vivienda y poniendo “alfombra roja a la especulación”. “No sabemos si basta con una declaración responsable o cualquier documento similar”, advierte.

Con Málaga ha pedido el dato de cuántas solicitudes están en tramitación, pero no lo ha obtenido. “Tampoco nos dicen cuánto retraso lleva Urbanismo”, lamenta Morillas. Sin embargo, las demoras medias para resolver licencias rondan el año y medio. Si así fuera, el Ayuntamiento estará dando licencias de apartamentos turísticos muchos meses después de haberlos prohibido, vaticina Morillas, quien cree que la moratoria pudo diseñarse de forma que no fuese “un coladero” abierto además al efecto llamada.

De viviendas turísticas a apartamentos turísticos

Durante el último año los apartamentos turísticos han funcionado en Málaga como alternativa para inversores a la moratoria de las viviendas de uso turístico (VUT), una figura parecida pero distinta: mientras que las VUT pueden encajarse entre viviendas particulares, los apartamentos turísticos exigen que todo el edificio se destine a tal fin.

Los inversores pusieron sus ojos en los apartamentos turísticos una vez que el Ayuntamiento prohibió las nuevas VUT durante tres años, a contar desde agosto de 2025. Llegó a haber más de 13.000. Pero mientras la cifra de VUT empezaba a bajar, decenas de edificios se convirtieron al completo al negocio turístico.

La percepción de que los inversores habían encontrado otro resquicio para seguir sacando viviendas del uso residencial de un mercado exiguo y por las nubes avivó el debate en la ciudad, hasta el punto de que el alcalde dijo, en marzo, que estudiaría cómo prohibir temporalmente los apartamentos turísticos y otros establecimientos hoteleros. Y volvió a repetirlo en incontables ocasiones, mientras explicaba que los técnicos estudiaban la fórmula para no limitar también los hoteles de cinco estrellas.

En estas pasaron casi cinco meses hasta que la prohibición fue efectiva, y en ese lapso se presentaron decenas de nuevas solicitudes, muchas de las cuales aún deben resolverse, y seguirán punteando las calles de nuevos carteles de AT durante al menos un par de años. En mayo se autorizaron 105 nuevos apartamentos turísticos. En junio, otros 23 a nombre de una empresa del alcalde de Estepona, José María García Urbano, que había presentado su solicitud de licencia en 2024. Y ahora, otro centenar.

Este domingo, el presidente de la Junta de Andalucía ha alabado a los regidores de Sevilla y Málaga por tomar decisiones “mucho más estrictas” en la concesión de licencias, citando las moratorias aprobadas en Málaga, en una entrevista en El Confidencial.

Un millar de nuevas viviendas en 2026

En total, son casi 230 nuevas licencias para apartamentos turísticos en cuatro meses. El Colegio de Arquitectos visó alrededor de 2.000 viviendas nuevas en Málaga capital en 2025, cuando se terminaron 1.249 hogares. En el primer trimestre de 2026 se visaron alrededor de un millar, mientras que en el primer semestre se han terminado unas 912. A pesar del incremento del ritmo respecto a años anteriores, es una cifra muy alejada de las necesidades de la capital de la Costa del Sol, según el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Promotores y Constructores, que cifra en 25.000 el déficit de vivienda en la capital.

Esta escasez se refleja directamente en los precios de la vivienda. En el último año la oferta en alquiler se ha encarecido en Málaga un 2,8%. En la última década la subida es del 117%. Idealista calcula que alquilar exige un 40% de los ingresos familiares de los malagueños, una cifra solo superior a la de Palma. Es la quinta con el alquiler más caro, y además es una jungla: cada piso tiene una media de 53 interesados en alquilar. Peor aún está comprar: la oferta es un 5,1% más cara que hace un año y adquirir una vivienda cuesta casi 2,5 veces lo que costaba en septiembre de 2016. El precio está en 3.398 euros por metro cuadrado, su máximo histórico. Es la quinta capital más cara y en la que la compra exige un mayor esfuerzo en relación a los ingresos.

La asociación Un Techo por Derecho ha convocado una concentración “por el derecho a la vivienda, contra el rentismo criminal y la especulación” este lunes, a las 20:00, frente al Ayuntamiento de Málaga.

Candelaria, bajo pseudónimo, lleva 22 meses limpia y reconoce que gran parte de su recuperación se la debe a la Comunidad Terapéutica de Mijas, el único centro dedicado a la desintoxicación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) que tiene en Málaga y que está dedicado exclusivamente a mujeres. “Necesitamos un centro para nosotras solas”, enfatiza, añadiendo que “si no hubiese dado con este sitio, no hubiese cumplido 43 años”. Sin embargo, este recurso ha cerrado finalmente sus puertas después de que la Junta de Andalucía tomara la decisión el pasado mes de agosto, sin que haya, por el momento, una alternativa. Tras mes y medio sin aclarar su futuro a los trabajadores, el proceso de reubicación forzosa se ha acelerado en las últimas horas, y la intención es que la próxima semana quede ya definido, según un documento al que ha tenido acceso elDiario.es/Andalucía.

Esta medida supone un duro golpe a la red de atención de la ASSDA, ya que la provincia no cuenta con una instalación para atender las adicciones en Andalucía oriental y tampoco que sea únicamente femenina. La clausura, adelantada por SUR y confirmada por este medio, supone la estocada final para un complejo sobre el que pesaban las amenazas de cierre en los últimos años. A preguntas de este medio, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, titular del servicio, no ha respondido al cierre de esta edición, aunque ha reconocido que el centro cuenta con “un informe negativo” porque las instalaciones están en una zona con riesgo de incendios y de inundaciones.

Una información que corrobora Juan Carrillo, delegado de CGT en la ASSDA, que indica que en una reunión mantenida con miembros de la Junta de Andalucía, en la que se encontraba el viceconsejero de Igualdad, José Repiso, y el director general de Atención Socionisanitaria del área de Sanidad, José Ángel Lázaro, “no se enseñó el informe”, pese a que lo reclamaron en varias ocasiones. Tampoco, al igual que a esta cabecera, se les comunicó que estuviera planteada la reubicación de la comunidad terapéutica en otro lugar. Lo que sí reconocieron, asegura el responsable sindical, es que “la privatización del servicio mediante un concierto era una opción perfectamente viable”.

La Comunidad Terapéutica de Mijas contaba con capacidad para 32 usuarias y, en el momento del cierre, había nueve pacientes a las que se le dieron de alta o se desplazaron a la comunidad de Almonte, la cual es mixta. Una cuestión sensible, ya que en el centro malagueño contaban con víctimas de violencia de género y, también, con inscritas en el sistema de protección VioGén. Además, se pierde un eslabón de la red pública andaluza de comunidades terapéuticas, con dos en Huelva (Cartaya y Almonte), una en Sevilla (Los Palacios) y otras dos en Cádiz (Tarifa y La Línea), por lo que la vertiente oriental queda desatendida y conllevará a un “traslado forzoso”, indica desde CGT, de las pacientes que requieran esta atención especializada.

De cierre provisional a definitivo

En el Centro trabajaban hasta el pasado 4 de agosto veinte personas, con la condición de personal laboral fijo de la Junta de Andalucía. Aquel día extraoficialmente les dijeron que el centro se cerraba ante el elevado riesgo de incendio, y que las nueve usuarias que había entonces serían reubicadas (siete de ellas), dadas de alta (una) o asignadas a una salida terapéutica. El lugar ya tuvo que ser evacuado en 2011 y 2013, cuando el fuego devoró parte de la Sierra de Mijas, y posteriormente se adecuó de acuerdo a lo que indicaron los especialistas.

Con el riesgo creciente por incendios, las trabajadoras confiaron que sería un traslado solo veraniego. “En la confianza de que el riesgo era real, pensábamos ingenuamente que podía tener sentido movernos en verano”, cuenta una trabajadora. Sin embargo, con el paso de las semanas aquella decisión aparentemente provisional fue cristalizando en algo definitivo, coincidiendo con el traslado de las competencias. El servicio está ahora adscrito a la Consejería de Sanidad, en manos de Antonio Sanz, mientras que la ASSDA, dependiente de la Consejería de Servicios Sociales e Igualdad, está encargada de la gestión del personal.

En estas semanas, nadie ha comunicado nada a los trabajadores, según denuncian. “Todo ha sido silencio y mutismo”, denuncia la trabajadora. Hasta que este miércoles, sin que ellas supieran nada, el cierre definitivo se aborda en una reunión del gerente de ASSDA con los sindicatos, con remate final: “Dicen que cierran y que no contemplan la reubicación del recurso”.

“Como trabajadoras estamos perplejas, indefensas y vulnerables, hay una falta de legalidad total y absoluta. Nos dijeron que nos iban a trasladar, pero ¿en qué condiciones? ¿A otra provincia? Hay un ocultismo total, desde el 4 de agosto hasta el miércoles”, lamenta. La puntilla ha llegado un día después. Esto va rápido: en una comunicación al Comité de Empresa, ASSDA comunica que inicia ya el “procedimiento de traslado colectivo” de todos los trabajadores por el cierre del centro.

En atención a este medio, fuentes de la Consejería de Loles López indican que los trabajadores “están cobrando su salario” y se abrirá un proceso negociador obligatorio “para reubicarlos”, confirmando así el cierre definitivo. La alternativa, dice la trabajadora, es el paro con una indemnización de veinte días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades.

“Sin la ayuda de Mijas, sé que me hubiera muerto”

Candelaria es una de estas pacientes más vulnerables. Pasó 11 meses en la Comunidad Terapéutica de Mijas, situada en el diseminado de Entrerríos, y salió el pasado marzo tras recibir apoyo, orientación y recursos para acabar con ocho años de drogodependencia. “Los profesionales del equipo terapéutico confiaron en mí cuando ni yo misma lo hacía, hora tras hora, ayudándome a gestionar el dolor y el fracaso que me habían llevado al consumo tras tanto tiempo de destrucción”, relata a este periódico. “Sin la ayuda en Mijas, sé que me hubiera muerto”.

La malagueña vivió una relación de maltrato que no denunció, pero los daños físicos y psicológicos que vivió la arrastraron a una depresión. Ahí fue cuando empezó a consumir para “anestesiarse”. Poco a poco, perdió su trabajo como encargada en una tienda de ropa, su casa y, finalmente, la custodia de su hijo. Intentó salir del círculo de la adicción a través de dos programas diferentes de desintoxicación, primero en un centro de Huelva y luego en otro que la obligó a trasladarse a Cádiz, pero no logró remontar y, en ambos casos, abandonó la terapia. Una de las razones fue, en la primera atención, porque empezó una relación sentimental con uno de los trabajadores.

“Un centro dedicado solo a mujeres nos hace centrarnos en nuestra recuperación, porque cambiamos una adicción por otra. Yo cambié la adicción por las sustancias por la adicción a una relación tóxica”, explica sobre la importancia de que en este recurso se atienda solo a mujeres. “Estar con hombres nos complica muchísimo la recuperación: nos centramos en estar guapas, por ejemplo, en la atención, pero en Mijas me dieron las herramientas necesarias para recuperar mi vida e identificar estas nuevas adicciones”, como las compras, el sexo o, incluso, la toma de café, que debió reducir cuando cayó en la cuenta de que lo estaba tratando de forma compulsiva.

“Es un proceso complicado que, por desgracia, no todo el mundo puede superar”, expone la afectada, que ha convivido con mujeres que han vivido en situación de calle. A la adicción, le suma la vergüenza que sintió por la pérdida del control sobre su vida, la exposición pública y el hecho de ser mujer adicta, una cuestión sobre la que sigue pesando el estigma social. “Al principio, preferí estar fuera de Málaga. No quería que nadie se enterase. Pero han pasado varios años sin haber estado junto a mi hijo, que me necesitaba estando sana”, reflexiona.

Al volver, encontró al mismo tiempo las fuerzas para proseguir en su recuperación como las propias sombras del pasado: “Estar en Mijas me ha hecho estar cerca de mi hijo y, también, de un entorno cercano al consumo, sitios, personas... Pero en el centro me dieron herramientas para gestionar estas situaciones incómodas. Es un mal trago, tanto por la sensación de vergüenza como de pena, de verte a ti misma hace 11 meses, de ver al otro, con el que consumías, pero he podido seguir”. Con el apoyo de los especialistas, aprendió a afrontar estas posibles recaídas. Hoy en día cuenta con el Ingreso Mínimo Vital, que le ayudaron a gestionar, y disfruta de actividades tan cotidianas como diversas, ya sea el yoga, el teatro, el voluntariado o retomar los estudios para encontrar un nuevo trabajo. “Es fundamental que no se pierda este recurso para mujeres”, reitera.

“Quieren acabar con un recurso especializado y público”

“Hay alevosía, de un plumazo quieren acabar con un recurso especializado y el único totalmente público en toda Andalucía. Damos cobertura a mujeres en la red viogén con personal especializado desde el año 2000”, explica la trabajadora.

En consonancia, Carrillo, delegado de CGT en la ASSDA, incide en que el cierre definitivo de la Comunidad Terapéutica de Mijas es una cuestión que se viene gestando desde la entrada del PP en la Junta de Andalucía, ya que supuso un cambio en la atribución de las competencias desde la cartera de Servicios Sociales a Sanidad. En 2019 se dieron los primeros pasos para que la titularidad pasara tras algunos intentos infructuosos y, finalmente, en 2021 había una dificultad mayor: la falta de personal sanitario en los centros públicos, en los que debe haber, como mínimo, un médico, un ATS, un psicólogo, un trabajador social, un personal de oficio para tareas de cocina, limpieza y/o mantenimiento, y un monitor ocupacional.

Esta crisis se cerró, pero, de nuevo, en 2025, se procedió al desalojo de la comunidad terapéutica de Mijas debido a que no había personal para atender a las usuarias. Carrillo recuerda que gracias a la presión sindical se reabrió a mediados de febrero y se consiguieron nuevas contrataciones, pero en esta ocasión parece no haber vuelta atrás tras el informe desfavorable que tiene la Consejería de Sanidad en su poder. “Ya se había privatizado la limpieza, luego los trabajos de mantenimiento, al igual que la grabación de las solicitudes de dependencia a través de Tragsatec. Es un paso más en la política de privatización de este Gobierno”, zanja, sin que haya visos de una nueva ubicación para un recurso esencial para las mujeres.

AMAMA, Marea Blanca de Málaga, Jubilados del SAS y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Rincón de la Victoria han dado este jueves su respaldo a las trabajadoras que han denunciado el uso irregular de reactivos caducados o en mal estado en el laboratorio del Hospital Regional de la Axarquía de Torre del Mar (Málaga). Las tres entidades han anunciado que el próximo 15 de octubre convocarán una concentración con la que esperan que la ciudadanía tome conciencia de lo que ha ocurrido.

“Lo que está sucediendo en este hospital es una prueba para la salud pública andaluza. Por desmantelar la sanidad pública y unos objetivos de productividad escandalosos se está poniendo en riesgo la salud de miles de personas”, ha denunciado Luis Rodrigo, parlamentario de Adelante Andalucía, que la semana que viene planteará una cuestión en Pleno al consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

“Por dinero estamos echando a perder la salud de los ciudadanos. Está en juego la salud de todos”, ha advertido Ángela Claverol, presidenta de AMAMA, la asociación que destapó el escándalo de los fallos en el cribado del cáncer de mama, antes de pedir “decencia” a la Junta de Andalucía para “no poner reactivos caducados por ahorrarse cuatro duros”. “No hablamos de reactivos caducados: esto interfiere en nuestra salud”, ha explicado Claverol: “Si yo tengo tiroides, con un reactivo caducado puede salir bien o mal, y me van a subir la dosis o no, porque el médico va a entender lo que le diga el análisis”.

Antonio Herrero, de Jubilados del SAS, ha calificado lo ocurrido de “acciones de criminalidad contra la población y la salud pública”. “No es un caso aislado. Se usan de manera perversa los complementos de productividad”.

Investigación de Fiscalía

La Fiscalía está estudiando una denuncia interpuesta por el sindicato CSIF, mayoritario en el hospital, en la que se da cuenta del uso de reactivos caducados o con pérdida de estabilidad (abierto por más tiempo del indicado por el fabricante) en ese laboratorio. La denuncia contiene mensajes de texto (“si sale caducado, no lo tiréis. Yo los aprovecharé en rutina”), fotografías de botes en la nevera del laboratorio con la inscripción que recoge su caducidad y cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores que apuntalan las sospechas de esta práctica, que estaría auspiciada por las dos responsables del laboratorio, según la denuncia.

El uso anómalo de reactivos que imprescindibles para determinar el nivel en sangre de elementos, enzimas o medicamentos cuestiona la fiabilidad de las pruebas analíticas que, a su vez, son claves en el diagnóstico y tratamiento.

Este medio desveló que la unidad fijó como objetivo no tirar los reactivos con pérdida de estabilidad para no superar el presupuesto, y que consiguió reducir su consumo un 30% de un año a otro. La consecución de los objetivos facilita el cobro de los pluses de productividad, que pueden rondar los 15.000 euros para un jefe de servicio o un coordinador.

Denuncias ante Inspección de Trabajo

La llamada a la acción de estas tres entidades reconocibles y con peso en el sistema sanitario andaluz sirve también para arropar a las trabajadoras sospechosas de haber revelado esta práctica y descargarlas de la presión que están sufriendo. A través de CSIF presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que esta semana ha visitado el hospital. Simultáneamente, se está pasando para firma dos documentos, según explican fuentes internas: uno que celebra el buen ambiente en el laboratorio, y otro que reafirma las explicaciones ofrecidas en su día por dos de las trabajadoras del laboratorio, que se grabaron un vídeo junto a gran parte de sus compañeros negando el uso de reactivos caducados.

Mientras, dos trabajadoras señaladas por desvelar esa supuesta práctica denuncian un calvario, con situaciones de “hostigamiento sistemático”, que incluyen menosprecio en público, gestos, comentarios y asignación a tareas sensibles para las que no tienen experiencia. Una de ellas tuvo que comparecer ante un instructor, tras ser citada por un cauce no reglado que provocó que muchos de sus compañeros se enteraran. Seis compañeras la habían denunciado por, según dijeron, grabarlas con el móvil, algo que ella niega. El instructor le advirtió de que podrían sancionarla sin empleo y sueldo de tres a seis meses. Tiene el acta de comparecencia, pero jamás le notificaron ni la apertura del expediente ni la resolución.

“¿Y a la que levanta la mano es a la que hay que hacer daño? Será el gerente el que tenga que pagar con su puesto lo que están haciendo. Las denunciantes nunca deben ser víctimas. Que las dejen en paz y a los cargos intermedios y el gerente que saben lo que se está haciendo, que los quiten o que den la cara”, ha reclamado Claverol, antes de advertir que estas situaciones se repiten en otros centros sanitarios de Andalucía: “Nos llaman profesionales de toda Andalucía y nos cuentan casos terribles, pero cuando les pedimos que lo digan públicamente les da miedo, como a ellas, de que las echen o las manden a un despacho a un sótano”.

Las calles de Málaga han sido escenario de dos tiroteos en apenas una semana, que se han saldado con un muerto y un herido. Un caso ocurrió a plena luz del día el pasado viernes, cuando tres sicarios acabaron con la vida de Nacho, un joven de veinte años que no tenía nada que ver con ellos ni con la delincuencia. El otro ocurrió este martes por la noche ante decenas de comensales en un restaurante del Muelle Uno, una de las zonas más turísticas de la capital, por donde pasan a diario miles de malagueños y turistas de camino al Centro o de vuelta a los cruceros. Un hombre de 47 años recibió un disparo mientras cenaba. El pistolero huyó y no ha sido detenido.

Los hechos ocurrieron en torno a las 22:30, según ha informado la Policía Nacional. A esa hora, alguien se acercó a la víctima y le descerrajó dos tiros a corta distancia, uno de ellos en la cara. Diario Sur ha adelantado que es un hombre de nacionalidad turca que cenaba con otras tres personas. Circula algún vídeo del momento donde un testigo comenta estupefacto que ha escuchado un tiro y alguien con una pistola ha huido del lugar.

La Policía acordonó el lugar e interrogó a los testigos, y ahora investiga los hechos sin que haya, por el momento, ningún detenido. La principal línea de investigación es que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. El herido fue trasladado al Hospital Regional y está fuera de peligro.

Tiroteado por error

Es el segundo incidente en menos de una semana, tras el ocurrido el pasado viernes, cuando tres sicarios de origen sueco asesinaron a Nacho, un joven de 20 años sentado en un banco de la calle Barcenillas, a pocos pasos del Centro.

Aunque en un principio se pensó que se trataba de un ajuste de cuentas, esta hipótesis quedó descartada por la propia Policía, que aclaró que no tiene constancia de que la víctima estuviera relacionada con ningún tipo de organización criminal ni con el tráfico de drogas. Ahora, la hipótesis principal de la investigación (que sigue siendo secreta), es que los tres sicarios se equivocaron: pensaron que Nacho les estaba vigilando, de modo que se acercaron a él, uno por detrás y dos por delante, y lo tirotearon: un disparo en la espalda y otro en la pierna. También esta escena quedó registrada en vídeo, en el que se oye al muchacho gritar “que me han pegado un tiro” mientras pide auxilio, sin saber qué había ocurrido ni por qué.

La Policía detuvo a los tres autores poco después. Al primero, procedente de Malmoe (Suecia), apenas minutos después; al segundo, en un piso de la capital, un rato más tarde; al tercero, por la noche en Fuengirola.

El joven murió horas después en el hospital. Su madre difundió un texto en el que le recuerda como “bueno y trabajador”. “Siempre supe que no estaba vinculado a nada delictivo. Todo lo contrario, amaba a su madre y a sus amigos. Era un gran amante de los animales”.

Récord de homicidios en 2025

En ese mensaje la mujer pone el dedo en la llaga: “Es víctima de la extrema violencia instaurada en la sociedad, y últimamente, en Málaga”, señala: “Pido a las autoridades que se aumenten los efectivos para acabar con esta lacra”.

La sucesión de estos dos episodios corrobora un temor creciente: la criminalidad en la Costa del Sol, principalmente vinculada al tráfico de drogas gestionado por bandas de toda procedencia, alcanza ya a ciudadanos corrientes y opera sin recato, lo mismo acribillando a un muchacho sentado en un banco de una calle del Centro de la capital que ajusticiando a alguien entre las mesas de un local público.

Antonio Sanz, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha asegurado este miércoles que al Gobierno “se le ha ido de las manos” la lucha contra el narcotráfico y ha pedido una reacción inmediata para evitar que el problema siga extendiéndose. También este miércoles, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha anunciado que en los próximos días se va a reforzar la presencia policial en la ciudad para “aumentar la sensación subjetiva de seguridad”, sin cuantificar cuántos refuerzos van a llegar.

El debate resurge cada vez que ocurre un episodio de violencia, cada vez con mayor frecuencia. Ocurrió hace apenas un año, cuando en menos de una semana se encadenó la ejecución de dos escoceses en un pub de Fuengirola con la muerte de un policía y tres ladrones en una persecución. Ahora se ha materializado lo que efectivos de la Policía vaticinan desde hace tiempo: la muerte de un civil sin conexión con las bandas. En diciembre de 2024 en Fuengirola, un joven que trabajaba en un club cannábico murió acribillado a balazos, confundido por un joven sicario de 17 años que vino de Países Bajos con el encargo de matar; en el verano de 2021, un DJ fue alcanzado por una bala perdida en una fiesta en Marbella.

Los datos fríos confirman la tendencia. Los homicidios o asesinatos consumados en Málaga marcaron en 2025 un nuevo récord: 26, un 13% más que en 2024. Además, 12 secuestros, según el balance oficial de criminalidad del Ministerio del Interior. Al presentar estos datos el pasado febrero, el Subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, insistió en que Málaga es una provincia “segura” y con una “evolución positiva” en los delitos que “más preocupan a la ciudadanía”, poniendo el foco en la reducción de los delitos contra el patrimonio.

Desde entonces, ha habido tiroteos en La Trinidad, en pleno centro de la ciudad, o en Marbella, achacados a disputas entre clanes criminales. Para zanjar la tensión en la Trinidad, la Policía ejecutó una espectacular operación que acabó con 24 arrestados y 12 armas de fuego incautadas tras el despliegue de 250 agentes y un helicóptero.

La lucha contra el narco enfrenta al Gobierno central y autonómico

Tras la violencia está el tráfico de drogas. La memoria anual de 2025 de la Fiscalía General constata que Andalucía es un territorio la violencia creciente del narco es “más visible”, atendiendo a la “exhibición” de embarcaciones de alta velocidad que operan no solo en el Estrecho, sino que se desplazan ya a provincias como Huelva, Almería y Málaga. La Fiscalía alerta de una pérdida de respeto al principio de autoridad “cada vez más visible”, que se refleja en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, embestidos por una narcolancha en 2024, o la persecución en Huelva que acabó también con la muerte de otros dos agentes.

La lucha contra el tráfico de drogas enfrenta ahora también al Gobierno andaluz y al Ejecutivo Central. Hace un mes, cuando se sucedieron cuatro muertos en tiroteos en Huelva y Sevilla, Juan Manuel Moreno remitió una carta a Pedro Sánchez alertando de que las “mafias de la droga” habían convertido Andalucía en una base principal de operaciones y reclamando la recuperación inmediata de OCON-Sur, una unidad de élite de la Guardia Civil creada por el primer Gobierno de Sánchez que operó con éxito en el Campo de Gibraltar desde noviembre de 2018 a septiembre de 2022, cuando fue disuelta y sus miembros integrados en las diferentes comandancias.

El Gobierno andaluz ha hecho de esta reclamación una de sus principales reivindicaciones al Gobierno central en este comienzo de curso político. Este mismo miércoles la ha reiterado Sanz, quien también ha reclamado que se reconozca que la de Policía y Guardia Civil son profesiones de riesgo y se modifiquen el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha incidido que el 100% de los homicidios ocurridos en Málaga en los tres últimos años han sido resueltos, y ha vuelto a insistir en el descenso de la tasa de criminalidad (general) registrado en los últimos años.

Pasado un cuarto de siglo del apogeo de Jesús Gil y todo lo que siguió, Marbella tiene un nuevo orden urbanístico. Ha hecho falta un plan efímero, una sentencia del Tribunal Supremo, regresar durante once años a 1986, una nueva ley andaluza y la tramitación de un nuevo plan durante casi cuatro para llegar a esto: el Plan General de Ordenación del Municipio (PGOM) de Marbella, que se aprobó este viernes en Pleno extraordinario, con los votos a favor del PP, Vox y Opción Sanpedreña, y la abstención del PSOE.

El documento, que establece el modelo de ciudad y sus pautas generales, devuelve el municipio emblemático de la corrupción urbanística a la senda de la legalidad ordinaria sin sacarlo del escaparate de las golosinas inmobiliarias: promete más metros y más facilidades para edificar, incluso en suelo rústico, en un territorio jugosísimo para los inversores. De los 117 millones de metros cuadrados que tiene el término municipal, 53 millones serán suelo urbano, 13 más que hasta ahora, y 64 millones rústico, que engloba las anteriores categorías de rústico y urbanizable.

La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) vende el plan como la gran oportunidad para paliar la escasez de vivienda, y ha recordado que el 20% será vivienda pública protegida, que es lo que exige la nueva Ley de Vivienda Andaluza. En la última década, el precio de compra en Marbella se ha duplicado hasta rozar los 6.000 euros por metro cuadrado, y el alquiler se ha encarecido aún más, multiplicándose por 2,4, según los informes de Idealista. Muñoz espera que la incorporación de nuevas bolsas de suelo haga bajar el precio, pero el mercado inmobiliario de Marbella está muy orientado al lujo por el turismo y las segundas residencias.

También habrá oportunidades de construir en el rústico, en el que se incluyen 32 millones de metros cuadrados de suelo común “susceptible de transformación urbana”. Las condiciones, ahora, las marca la Ley de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), aprobada en 2021 por el Gobierno de Juan Manuel Moreno para destrabar los nudos de la antigua LOUA. El Tribunal Constitucional validó el inciso que ahora permite a los municipios implantar usos “industriales, terciarios o turísticos” de “interés público o social” en suelo rústico común, en teoría, “con carácter extraordinario”.

La alcaldesa se ha felicitado en ocasiones de la manga ancha que da la nueva norma andaluza y advirtió en 2024 que el PGOM continuará con la “tarea de simplificar y flexibilizar” los usos en estos terrenos, y abrió las puertas de par en par aprovechando la indeterminación del concepto “extraordinario”: universidades, grandes equipamientos (como una ciudad deportiva), centros educativos, sociales e incluso industriales. Es decir, en Marbella hay 32 millones de metros cuadrados de nueva disposición para una finalidad industrial, turística o terciaria.

18.000 viviendas ilegales: “Va por ellos”

Al plan también se le medirá por su éxito para superar el gran problema histórico de la ciudad: el limbo en el que están las edificaciones construidas sin escrúpulos en los años 90 y 2000. La alcaldesa ha dicho que hay “18.000 viviendas que se quedaron fuera de la regularidad”, más de un millar sin licencia. Algunos edificios tienen desde hace años orden judicial de demolición, y han sido un quebradero de cabeza para la ciudad, y para la alcaldesa en particular, multada por el Tribunal Superior e investigada por la Fiscalía por no ejecutar una de esas resoluciones. El Ayuntamiento tiene un informe de 2021 que estima en 246 millones el coste de cumplir las sentencias.

La regidora ha reiterado estos meses que su objetivo era “encajarlas” en el nuevo plan, y este viernes lo ha repetido ante el Pleno: “Los propietarios de buena fe saben que defendíamos sus intereses patrimoniales (…) A partir de este momento, [tienen la] garantía que les otorga el plan general”. El concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha llegado a decir que el plan va “por ellos especialmente”.

El problema es que esos encajes ya motivaron que el Tribunal Supremo tumbara el Plan General de 2010 y no hay certeza de que no vuelva a ocurrir. Díaz ha dicho que han trabajado con el “objetivo” de “blindar el plan de los envites judiciales”.

Primer plan bajo la nueva ley

Hay acuerdo general de que el plan es la única herramienta capaz de dar seguridad jurídica tras los años negros, la nulidad de la primera solución y once años de provisionalidad. “Es una noticia muy positiva”, subraya Susana González de Lara, decana del Colegio de Arquitectos, quien cree que el resultado dependerá de “la capacidad del consistorio” y del Plan de Ordenación Urbana (POU). Será ese documento el que resuelva la situación en que queda cada edificio ilegal.

Marbella es la primera en aprobar un PGOM bajo la LISTA y la alcaldesa ha sacado pecho, aunque desde la oposición se advierte que ser “cobayas” expone a reveses inesperados. Hay un nexo: José María Morente, uno de los artífices de la LISTA (Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio en 2019) es también cabeza pensante del plan, como Director General de Urbanismo en Marbella (2017-2018 y 2020-2023).

“El PGOM es un documento imprescindible para la ciudad, porque Marbella sufrió una desidia total: se han vendido suelos de equipamiento, de zonas verdes, no se ha previsto el desarrollo de infraestructura acorde al desarrollo residencial…”, señala Isabel Pérez, portavoz del PSOE. También ha coincidido la oposición en alabar el trabajo técnico del equipo liderado por María Medina.

Sin embargo, hace tiempo que los socialistas alertan de que una cosa es el documento y otra las decisiones urbanísticas. Un ejemplo: este jueves, un día antes de aprobar el plan, se adoptaron tres planes con más de 6.800 viviendas en Marbella Este, lo que hubiese requerido, en opinión de los socialistas, un informe sobre todo el conjunto.

En los últimos años, el Ayuntamiento de Marbella ha aprobado planes parciales, estudios de detalle y áreas de transformación urbanística capaces de cambiar Las Chapas de arriba abajo, con multimillonarias inversiones previstas para hoteles en Río Real, Las Dunas, La Vizcaína o la Residencia Tiempo Libre. “El fondo de Pelayo Cortina Koplowitz consigue 145 millones de Goldman Sachs para levantar un recinto de salud de lujo en Marbella” es una noticia de esta semana, donde se explica que costará 400 millones y se ubicará junto al futuro Four Seasons. “Estos proyectos los meten en la aceleradora. ¿Para qué tanta prisa teniendo un plan en capilla?”, se pregunta Javier de Luis, miembro de Ecologistas-Malaka, quien subraya el largo impasse de once años, con la coda final de otros siete meses desde que la Junta de Andalucía dio luz verde.

De Luis, que fue concejal independiente del PSOE en tiempos de Gil y Malaya, es muy crítico porque ve patrones comunes con aquella época, y cree que donde antes se vulneraba la ley sin complejos, ahora se reforma la ley para amparar lo que antes quedaba fuera. “Gil intentó recalificar 17 millones de suelo quemado, y la Junta le dijo que era una barbaridad. Ahora proponen recalificar 30 millones, muchos se han quemado mil veces y a los que les va a afectar la limitación de 30 años”. Otro ejemplo: el viejo límite marcado por la autovía ha sido borrado. “Es una ley a medida de los promotores”.

Once años de solución provisional

El equipo de gobierno dice que el objetivo es aportar estabilidad y seguridad jurídica tras más de una década con el urbanismo en tenguerengue. En 2015, el Tribunal Supremo anuló el PGOU aprobado en 2010 porque se metía en lo que no debía: legalizar construcciones de la época del GIL y pre-Malaya. Poner orden en ese desaguisado histórico, con una inédita retirada de competencias durante un lustro, era más o menos el encargo que del Gobierno andaluz recibió Manuel González Fustegueras, el “señor Lobo” le llamaron, pero el Supremo concluyó que dar carta de naturaleza a la ilegalidad iba demasiado lejos.

La consecuencia inmediata de la nulidad fue la resurrección del plan de 1986, elaborado por Alfonso Peralta cuando Marbella tenía 75.000 habitantes, menos de la mitad de los que tiene ahora. El gobierno municipal, que por entonces (2015-2017) lideraba un alcalde del PSOE por única vez desde que Muñoz llegó al poder en 2007, vaticinó entonces que todo se enderezaría rápido, con un nuevo plan en un lustro. Pero pasaron once años en los que rigió un plan de los 80 con parches y adaptaciones. La paradoja es que ese plan tuvo más vida después de muerto que en su primera etapa, en la que Gil y los que le siguieron (Roca, Julián Muñoz, Marisol Yagüe) lo maltrataron y sustituyeron sistemáticamente por convenios que engrasaran la cuenta corriente.

Algo ha cambiado también desde el post-gilismo. Si al plan de 2010 se presentaron más de 17.000 alegaciones formales, ahora apenas ha recibido 180, de las que se han incorporado total o parcialmente 56. De Luis lo atribuye a una desconexión ciudadana, y cree que la historia se repite: “Gil lo decía con más gracia: doblaba el folio y decía ”la mitad para ti y la mitad para mí“. ”Marbella tiene 117 km2, y casi el 80% va a ser urbanizable en la práctica. Se trata de consolidar una ciudad privada, depredadora del recurso principal que es el suelo. Los nuevos desarrollos van a triplicar la población sin triplicar infraestructura: accesos, agua, capacidad de depuración…“, advierte el ecologista.  

Para el equipo de gobierno, la prioridad parece haber sido garantizar que se pueda hacer (casi) todo para seguir creciendo, pero que todo sea legal. “Me siento orgullosa de ser de un municipio, donde el Urbanismo siempre ha sido un punto negro, en el que por primera vez el Ayuntamiento se propuso que por primera vez fuese plenamente legal”, ha dicho Muñoz al Pleno. El tiempo dirá si lo consiguió, y si eso es suficiente.  

El Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía, cuyo centro de cabecera es el hospital comarcal, ha celebrado este jueves las IV Jornadas Provinciales de Seguridad del Paciente, coincidiendo con el Día Mundial del Paciente y bajo el lema “atención segura a lo largo de la vida”.

La celebración de las jornadas, difundida en redes, ha recibido la crítica pública del sindicato CSIF, mayoritario en el centro y en la sanidad andaluza, porque se produce mientras la Fiscalía investiga el posible uso de reactivos en mal estado en el laboratorio del hospital, lo que podría generar resultados erróneos en pruebas analíticas, y sin que el gerente del hospital, Miguel Moreno Verdugo, haya adoptado ninguna medida cautelar que garantice la seguridad de los pacientes desde que en enero el propio sindicato expuso hechos e indicios que apuntan a esta práctica, a mediados de enero.

Las jornadas, que se han celebrado este jueves, ponen el foco en la continuidad asistencial y la coordinación, además de en la promoción de la “cultura de seguridad y prevención”. Para la central sindical, es “especialmente grave” que la gerencia del centro actúe con normalidad mientras permanece abierta una investigación de la Fiscalía sobre unos hechos directamente relacionados con la seguridad del paciente. Es un “ejercicio de cinismo institucional” que “demuestra una preocupante falta de sensibilidad hacia los pacientes” y hacia el personal y profesionales del hospital, lamenta el sindicato en un comunicado.

Pregunta parlamentaria de Adelante Andalucía

CSIF denunció el posible uso irregular de reactivos utilizados en las pruebas diagnósticas en el hospital de la Axarquía, que da servicio a unos 150.000 pacientes, a principios de enero. PEl sindicato puso en manos de la Fiscalía al menos cinco testimonios de trabajadores, fotografías y mensajes de WhatsApp indicativos de que en el laboratorio se usaron de forma habitual reactivos caducados o con pérdida de estabilidad, que debían ser desechados siguiendo las instrucciones del fabricante.

“Si sale caducado no lo tiréis, yo los aprovecharé en rutina”, decía uno de esos mensajes en el grupo de WhatsApp del laboratorio, entre otros que animaban a “cambiar” la fecha de caducidad proporcionada por el fabricante, desvelados por este medio. Las fotos muestran envases envueltos en film con la inscripción “caducado”. “Es el único sitio donde he vivido algo así”, contó un facultativo a este medio. El fiscal ha abierto una investigación y ha solicitado documentación al hospital.

También Adelante Andalucía, que ha presentado una pregunta parlamentaria al Gobierno andaluz por esta cuestión, ha criticado las jornadas. Es una auténtica falta de respeto a la ciudadanía que el mismo hospital que está siendo investigado por poner en riesgo la salud de sus pacientes se presente ahora como escaparate de la seguridad clínica“, ha señalado Luis Rodrigo, parlamentario andaluz.

Sin investigación interna

CSIF lamenta en su nota que no se haya revisado internamente el alcance de su denuncia, identificado las pruebas dudosas o informado a los pacientes potencialmente afectados. El posible uso de reactivos en mal estado durante años podría afectar a miles de pruebas, pero es casi imposible contrastar los resultados dudosos con otros fiables.

El gerente archivó la denuncia en menos de un mes, sin motivación, y sin explicar al sindicato qué averiguaciones había realizado. En aquellos días hubo un inusual trasiego de personas ajenas al servicio, según han contado fuentes hospitalarias a este medio. “La actuación de la gerencia generó aún más dudas y preocupación”, advierte el sindicato.

El SAS ofrece un sistema de recompensas retributivas para trabajadores que alcancen determinados objetivos de productividad y ahorro. El plus aumenta a medida que se sube de categoría, pudiendo rondar los 15.000 euros para los jefes de servicio.

Este medio desveló que el laboratorio se había marcado como objetivo “no superar el presupuesto asignado para la Unidad en reactivos”. A nivel individual se valoraba “no tirar reactivos por pérdida de estabilidad en el analizador”, una práctica desaconsejada por los fabricantes. La pérdida de estabilidad se puede producir cuando, sin haber superado la fecha de caducidad, el reactivo lleva en uso un tiempo superior al pautado. De 2023 a 2024 el laboratorio redujo su objetivo de consumo de reactivos en un 30%. 

La denuncia de CSIF apunta a dos cargos intermedios que ahora han recibido nuevas responsabilidades, sumando una de ellas la jefatura de servicio de Anatomía Patológica. En cambio, al menos dos trabajadoras han denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación de acoso que dicen sufrir por otras compañeras, que las señalan como las denunciantes de la situación irregular en el laboratorio. “Me siento amenazada y observada. Me tienen desquiciada. Trabajo con pánico”, contó una trabajadora a elDiario.es.  

Neptuno y Venus, las esculturas de la polémica en Málaga, seguirán presidiendo la entrada al Puerto desde la ciudad al menos un año más. El alcalde la ciudad, el Presidente del Puerto y el autor de las obras, el ceutí Ginés Serrán, han encontrado una fórmula para materializar la indisimulada intención de que sigan sobre los pedestales, incumpliendo el compromiso que adquirió el Puerto en marzo.

Entonces, tras dos meses de intensa polémica en la ciudad por la estética, la ubicación y el coste, se firmó un acuerdo de comodato para disponer de las estatuas durante seis meses “sin posibilidad de prórroga”. Ese plazo vence este miércoles, pero el Ayuntamiento ya ha pedido al Puerto que las mantenga, y el Presidente del Puerto confirma a este medio que lo aceptará este mismo miércoles. La fórmula: el comodato acaba, pero ahora el artista dona las esculturas a la ciudad, el Consistorio pide al Puerto que las deje donde está y este da autorización.

“La solicitud del Ayuntamiento la tramitaremos favorablemente, como casi todo lo del Ayuntamiento, siempre que no entorpezca la operativa portuaria”, anticipa Carlos Rubio, Presidente del Puerto, quien asegura que cuando se comprometió a que las esculturas bajarían del pedestal el 16 de septiembre no tenía una agenda oculta: “Es que no teníamos ni idea de lo que iba a pasar” ¿Y qué ha pasado? “Que a la inmensa mayoría de la gente le ha gustado, y el Ayuntamiento, que ahora es el titular de las obras y tiene competencias en materia de Cultura, nos ha pedido que se queden. Si no lo pidiera, las desmontaríamos mañana”, argumenta Rubio.

El Ayuntamiento dice ahora que dentro de un año decidirá otra vez si esa es la “ubicación deseada”. El PSOE pide que se abra un proceso de participación ciudadana “real” con una encuesta ciudadana. “Lo que se presentó a Málaga como una instalación temporal corre el riesgo de convertirse en permanente por una decisión tomada desde un despacho y sin que la ciudad haya podido pronunciarse”, señala Mariano Ruiz Araujo, portavoz socialista. Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha pedido la retirada.

El debate va mucho más allá de la estética o de las posibles irregularidades administrativas o contables: se trata de con qué criterios se gestiona un espacio público muy singular, ubicado en el tránsito de la fachada marítima al Centro Histórico de la ciudad.

80.000 euros de coste

Rubio y el Puerto tenían la intención inicial de que las esculturas permaneciesen a la entrada del Puerto durante al menos 25 años, pero la oposición frontal de instituciones como la Academia de Bellas Artes, el cuestionamiento de algunos consejeros y la división de opiniones de los ciudadanos le llevaron a parar y modificar el contrato con Serrán. El comodato se rebajó a seis meses, y se añadió una estipulación para recoger que no había posibilidad de prórroga. Además, el autor quedaba obligado a desmontarlo todo a partir de este miércoles, bajo penalización de 1.000 euros semanales si no lo hacía.

Ahora, Rubio decide prorrogar la permanencia de las estatuas, pero esgrime que no incumple lo firmado, porque aquel contrato se extingue y entra en escena una nueva “situación jurídica”: el Ayuntamiento, nuevo propietario, pide permiso para subirlas donde ya están. Y él tendría competencia para dar ese permiso, porque es una autorización por tiempo inferior a un año.

Las autorizaciones demaniales generalmente devengan tasa, salvo excepciones. De ser así, sería a cargo del Ayuntamiento. El Puerto ya gastó 80.000 euros en adecuar los pedestales al peso de las estatuas. “Se gastaron ese dinero cuando nos deben conceptos salariales desde 2022”, protesta Justiniano Sen, vocal de UGT en el Consejo de Administración del Puerto. Ese gasto está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas. La posición del Presidente quedaría más comprometida si, tras el desembolso de hace seis meses, los pedestales quedaran ya sin uso.

Supuesta voluntad ciudadana o dinámica “clientelar”

La continuidad de las estatuas era algo que muchos vieron venir incluso cuando se anunció la decisión salomónica de limitar su exposición a seis meses. En este medio año, han caído en saco roto la petición de algunas instituciones culturales malagueñas (la Academia de Bellas Artes, el Ateneo, el IEUS y la Sociedad Económica de Amigos del País) para que la Junta de Andalucía interviniera por ser un lugar a pie del Centro Histórico (Bien de Interés Cultural). También se ha archivado una denuncia ante Fiscalía.

Entre tanto, se ha ido cociendo el plato con el uso de las esculturas para ponerles banderas de celebración por la victoria de la selección española de fútbol y el ascenso del Málaga CF, hasta llegar a la semana pasada, cuando Serrán anunció que había entregado 12.000 firmas pidiendo su continuidad y el alcalde Francisco de la Torre (PP) avanzó que pediría al Puerto que las mantenga.

El motivo es una voluntad supuestamente mayoritaria de la ciudadanía, de la que sin embargo no existe ninguna constancia documental. Tampoco las concejalas Carmen Casero y Mariana Pineda han anunciado encuesta alguna cuando han explicado que el Ayuntamiento volverá a decidir en septiembre de 2027. Las instituciones culturales han denunciado “dinámicas clientelares de información y opinión” que pretenden “confundir el gusto personal o una determinada opinión mayoritaria con el juicio cultural y estético”.  

Potenciar la “estética clásica” frente a la “obra contemporánea”

Toda esta polémica empezó cuando la Academia de Bellas Artes difundió un comunicado muy duro con las obras, que tildó de “kitsch” y “propias de la estética Marvel”, dos meses antes de que se colocaran. Hasta entonces, pocos sabían que el Puerto había aprobado de tapadillo, sin apenas debate, ceder durante 25 años su espacio más simbólico a estas estructuras creadas por Ginés Serrán.

La intención del artista, según dice, es sólo homenajear a su padre, natural del pueblo malagueño de Villanueva del Trabuco, y para ello cede y expone gratuitamente esas piezas: Venus con un sol mide cinco metros de altura y pesa 1,9 toneladas; Neptuno con red de pesca mide 7,5 metros y pesa 2,25 toneladas, y dos leones de 750 kilos cada uno, si bien el Puerto adaptó las columnas que los sostienen con datos erróneos. Juntos forman Las Columnas del Mar.

Mariana Pineda, concejala de Cultura, quien es también Historiadora del Arte, ha evitado hasta en tres ocasiones valorar el conjunto, alegando que “no es una obligación del cargo”. Luego ha asegurado que existe un informe técnico con “datos objetivos” que definen la “idoneidad”, pero se ha enredado al explicarlos, aludiendo a una recuperación de la “estética clásica” frente a la “obra cultural contemporánea que se estaba introduciendo en la ciudad”. Y ha advertido que otras ciudades han acabado incorporando obras a priori temporales, como Julia, de Jaume Plensa en Madrid, las seis esculturas de Tony Cragg en Valencia, o 'The Bay Lights', de Leo Villarreal, en el puente de San Francisco.

Más estrellas, más espacio y propósito de enmienda. A falta de apenas 20 días para que miles de fans traspasen su icónico portal, la San Diego Comic Con ha presentado en Málaga la segunda de las tres ediciones (al menos) que la ciudad acogerá de la gran convención de la cultura popular y el entretenimiento. La cita es del 1 al 4 de octubre.

Donde en 2025 triunfó Terminator, este año se espera a Frodo y Sam; si el año pasado una estrella de Sensación de Vivir, aquella mítica serie de la factoría Aaron Spelling, se paseó entre fans por la capital de la Costa del Sol, este año le toca a la tripulación al completo de la Rodger Young de Starship Troopers, la película de culto de Paul Verhoeven; y donde hace doce meses alrededor de 100.000 fans llenaron hasta rebosar el Palacio de Congresos de Málaga, este año se esperan cifras similares, pero para un espacio mayor, mejor definido y con mejores recorridos.

El reto es multiplicar las caras conocidas que dan valor a este evento (algo conseguido, según sus responsables) y, sobre todo, garantizar que para para todos los asistentes sea una experiencia satisfactoria más allá de la emoción de ver a sus ídolos. “Llevamos meses pensando en los espacios, los flujos y contenidos”, ha admitido Fernando Piquer, nuevo responsable de la cita, que ofrecerá 300 horas de contenido en los 60.000 metros cuadrados del Palacio de Congresos y las zonas exteriores habilitadas.

La masificación y los errores organizativos enturbiaron el disfrute el año del debut. Hubo fans que se pasaron horas en colas, que se alargaban por kilómetros hasta cruzarse unas con otras, y quienes se volvieron de vacío tras invertir cientos de euros. Las organizaciones de consumidores registraron cientos de quejas, los fans volcaron su frustración en redes y el clamor fue tal que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde Francisco de la Torre dieron un tirón de orejas público a los organizadores. Tanto la Junta de Andalucía (a través de Turismo Andaluz y de la Agencia Digital Andaluza) como el Ayuntamiento de Málaga patrocinan el evento con tres millones de euros y 980.000 euros por edición, respectivamente.

Dentsu, que tiene la licencia para el evento en Europa, fue poniendo a la venta sucesivas remesas de entradas al ver que las que salían volaban. Tras marcarse un objetivo inicial de 45.000, llegaron a admitir que habían rebasado el aforo previsto para el recinto (120.000 asistentes en cuatro días, dijo su director), antes de corregirse y rebajar la cifra a 100.000.

“Queremos una Comic Con preparada para el fan”

La dirección del evento, con nuevos responsables al frente, sabe que aquella imagen lastró el éxito de la primera edición y dice que no volverá a ocurrir: habrá más espacio, al añadirse 50.000 metros cuadrados cubiertos en el exterior del Palacio de Congresos con 90 stands para firmas de artistas, expositores, los funkos o exposiciones de arte, y un nuevo estudio para encuentros más cercanos con las estrellas; se dinamizarán los flujos para evitar los cruces de cola que colapsaron el recinto el año pasado; y se pondrá a disposición de los fans una agenda virtual para ayudarles a organizarse y reservar los eventos a partir del 25 de septiembre, previa activación del “perfil del fan”.

“Queríamos escuchar, trabajar con humildad, construir una Comic Con preparada de verdad para el fan”, ha explicado Fernando Piquer, admitiendo implícitamente que eso no sucedió el año pasado. Piquer, quien ha sustituido a Javier Barbera como director ejecutivo de la cita, sí aporta una sólida experiencia en el entretenimiento, los videojuegos y los e-sports. “La experiencia del año pasado ayuda a saber cómo organizar las cosas para que todo el mundo pueda estar a gusto”, ha advertido este miércoles el alcalde De la Torre. El objetivo, insisten ahora, es que todo el mundo salga contento. “El aforo es 90.000, pero si vemos que hay que restar lo haremos. No buscamos el sold out. Si sucede, estupendo, pero lo que buscamos es la calidad”, resumen.

Las entradas, que en la primera edición costaban 50 euros, ahora cuestan 84,80 € para adultos y 37,10 € para menores de hasta 12 años, con los gastos de gestión ya incluidos.

John Romita Jr., Starship Troopers y Los Serrano

En cuanto al cartel, la presentación en Málaga apenas ha añadido novedades a lo que ya se sabía desde que sus grandes estrellas se desvelaron en Madrid a principios de julio. El evento sigue los pasos del original en San Diego: estrellas televisivas, del mundo del cómic y de todo aquello que pueda tener alguna relación con la cultura pop (los videojuegos, las miniaturas, el cosplay), capaces de atraer al fandom de cada uno de esos mundos. Figuras por las que esos fans se desplazarían desde cualquier otra parte de España e incluso de Europa. El objetivo (cumplido, según Piquer) era multiplicar por cuatro el número de estrellas la primera edición.

En ese espacio hay también concesiones a lo mainstream si cabe sostener la vinculación con el universo propio de la San Diego Comic Con. Arnold Schwarzenegger, invitado de honor de la primera edición, es una figura universal, una estrella super gigante en términos astronómicos. No hay otra comparable en esta edición, pero sí muchas más estrellas: Elijah Wood y Sean Austin (Frodo y Sam en El Señor de los Anillos); Jason Lee y Kevin Smith (Mallrats); Christopher Lambert (Los Inmortales); Mira Sorvino (Poderosa Afrodita); el elenco casi al completo de Starship Troopers (Casper Van Dien, Denise Richards, Michael Ironside, Dina Meyer y Jake Busey); o Karl Urban (The Boys). Además, la concesión patria al reparto de Los Serrano, con Antonio Resines al frente.

Eso, en cuanto al cine y a la televisión. En el cómic, la segunda gran pata de la SDCC, destaca el panel de ilustradores de Spider-Man, con con John Romita Jr, Pepe Larraz, Rick Leonardi y Giuseppe Camuncoli; Carmen Carnero (Capitana Marvel, Miles Morales) o Juanjo Guarnido (Blacksad), entre muchos otros.

Pero el objetivo declarado de los organizadores es que cada disciplina tenga sus estrellas. Desde las de nicho, como la pintura de miniaturas, con Ángel Giráldez, o el doblaje, con un elenco de lo mejor en España, a las mayoritarias, como los videojuegos (Dave Jones, creador de Lemmings o Grand Theft Auto, John Romero, de Doom, o Akira Yamaora, compositor de la banda sonora de Silent Hill) o el anime, donde este año destaca la presencia de Shin'ichirō Watanabe, el creador de la histórica Cowboy Bebop.

“Pero no queremos que sea solo una suma de nombres colocados en un programa, sino cuatro días que quieras recordar”, ha matizado Piquer. La idea es que el fan acabe sintiendo que forma parte del evento. “Que comiencen su viaje como héroes solitarios pero tras su paso se marchen formando parte de algo mucho más grande, un equipo”.  

La Junta de Andalucía pretende que la promotora Azata del Sol presente un proyecto para demoler el hotel en la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) y lo ejecute. El delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora, ha detallado este miércoles que la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio instará a Azata, titular de la licencia a asumir así la tarea de planificar y demoler el edificio que levantó, sin descartar multas si se resiste a ello.

El delegado ha aclarado que el expediente recién anunciado por el Gobierno andaluz destinado a restablecer la legalidad urbanística en el paraje protegido se inicia “frente a Azata” y que por eso es la promotora la que deberá “redactar un proyecto de demolición” y ejecutarlo.

No será sencillo lograr la colaboración de la que se ha resistido durante tanto tiempo, y por eso el delegado ha admitido que finalmente, y de modo subsidiario, la administración también podría asumir el derribo, según lo previsto en el Protocolo pactado con el Ejecutivo central en 2011. Ese documento contempla que el Ministerio se ocuparía del derribo y la Junta de Andalucía se encargaría del desescombro y el tratamiento de todos los residuos. Góngora ha abierto la puerta a que ambas administraciones “vuelvan a sentarse” para acordar un “nuevo marco de financiación para la restauración ambiental”, el paso “más determinante” para recuperar el espacio, según ha dicho, citado por Europa Press.

El protocolo obliga a colaborar a las dos administraciones, que en los últimos meses han mantenido posiciones encontradas respecto a la vía más eficaz para lograr la desaparición de la mole: mientras la Junta apostaba por la nulidad de la licencia, el Gobierno central abrió por sorpresa la senda de la expropiación en febrero de 2025, un camino ahora atascado por la abismal diferencia entre lo que el Ministerio ofrece por expropiar el terreno, 16.500 euros, y lo que pide Azata, 44 millones de euros.

Sorpresa para los ecologistas

La Junta de Andalucía anunció este martes que ha abierto expediente de demolición del inmueble, una vez que el pasado 7 de julio el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras declaró la nulidad de la licencia concedida a Azata en enero de 2003.

Fueron los ecologistas quienes reclamaron la rápida apertura de ese expediente. Nada más terminar el Pleno, Greenpeace solicitó por escrito a la Junta que activara lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (la LISTA, como se conoce a la ley de ordenación territorial de 2021). Ese artículo confiere a la administración autonómica la competencia de restablecer la legalidad ante las “actuaciones que vulneren la ordenación territorial o supramunicipal”, mientras que atribuye al Ayuntamiento la misma competencia para restablecer la ordenación urbanística municipal.

En Carboneras se trataría de acomodar la realidad material en la playa de El Algarrobico a lo que marca tanto el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata (supramunicipal) y la Ley de Costas, como a las normas urbanísticas municipales, modificadas el año pasado para confirmar que esos terrenos son no urbanizables y a la ausencia de licencia, ya nula.

El anuncio de la Junta tomando las riendas y orillando al Ayuntamiento, pilló por sorpresa incluso a los ecologistas, que ya temían otro largo periplo para obligar al Consistorio a coger la piqueta. “Yo no lo esperaba”, admite José Ignacio Domínguez, el abogado que ha liderado la estrategia judicial de Greenpeace y Ecologistas en Acción durante todos estos años, quien cree que esto “cambia las tornas”: “Ya no tendremos que ser nosotros [los ecologistas] quienes tengamos que pedir al juzgado, sino ellos, siempre que la Junta actúe de forma diligente”.

Tras años de frustraciones que han cuajado en una visión muy crítica del sistema, Domínguez cree que ahora sí puede vislumbrarse el fin. El expediente para demolerlo es un capítulo inédito en la alambicada historia judicial y administrativa de El Algarrobico, trufada durante años de vericuetos, salvaguardas, matices, trucos y trampantojos administrativos y procesales que la han mantenido en pie e impertérrita pese a que los tribunales hace tiempo que concluyeron que es ilegal y se ha convertido en símbolo del urbanismo depredador.

Cualquier paso material estaba bloqueado mientras el Ayuntamiento no cumpliera la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada en 2021 y firme desde 2022, que le ordenaba revisar la licencia y eventualmente, anularla.

Recursos que no paralizan

Se entra ahora en terreno inexplorado, y el propio delegado ha advertido de que deberá contar con “todas las garantías de audiencias” y “de recursos” tanto en vía administrativa como judicial.

Es lo que esperan también los ecologistas. No es previsible que Azata colabore de ningún modo en echar abajo lo que con tanto ahínco lleva defendiendo más de dos décadas. La promotora ha pleiteado hasta la extenuación para evitar la demolición. Durante todo este tiempo consiguió que la licencia que el Consistorio le concedió en 2003 siguiera vigente, a pesar de que el hotel se sitúa en dominio público marítimo terrestre e invade zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata.

Así fue hasta el pasado 7 de julio, cuando el Pleno anuló la licencia al segundo intento. Desde entonces, Azata ya ha mostrado su voluntad de seguir sembrando de escollos el camino hacia la eventual restauración del enclave, y ha recurrido aquel acuerdo de Pleno, alegando que no se proporcionó a los concejales informes que servirían para calibrar adecuadamente las consecuencias patrimoniales de anular la licencia.

En la misma línea van los otros tres recursos ante el Pleno, presentados por Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE) desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011, quien conedió la licencia; José Luis Amérigo, sobrino de Fernández y alcalde también con el PSOE de 2019 a 2023 (también PSOE) y dos concejales; y Felipe Cayuela, alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023.

Los cuatro escritos, a los que este medio ha tenido acceso, son similares en cuanto al fondo: el acuerdo de Pleno del 7 de julio, votado favorablemente por ocho de 13 concejales (el alcalde Salvador Hernández, cinco del PP y dos del PSOE), vulneraría el acuerdo previo también del Pleno de 17 de junio, que decidió por siete votos contra cinco “dejar sobre la mesa” la anulación de la licencia hasta contar con tres informes más sobre la trascendencia jurídica, urbanística, económica y patrimonial de dicha anulación.

Cuando se conoció esta nueva dilación, el TSJA exigió al Pleno que cumpliera su sentencia en veinte días, y advirtió a los concejales con posibles consecuencias penales. Fue entonces cuando dos concejalas socialistas que antes habían votado pidiendo un nuevo informe se sumaron al equipo de gobierno de Hernández y el PP para anular, al fin, la licencia. Después se ha sabido que la Fiscalía investiga ya a los siete ediles que postergaron el acuerdo plenario en primera instancia.

Los recursos de Amérigo, Cayuela, Fernández y Azata inciden en que el hecho de no haber recabado esos informes, ni siquiera haberlo intentado, vulnera las normas que velan por la “formación de la voluntad del Pleno”, la eficacia de sus acuerdos y, en definitiva, el funcionamiento del Consistorio. “El Pleno acabó formando su voluntad sobre una base documental que él mismo había reputado insuficiente apenas veinte días antes”, señala uno de los recursos, en relación a la ausencia de los tres nuevos informes.

El abogado de los ecologistas subraya que es una “falacia” pedir nuevos informes para calibrar la eventual responsabilidad patrimonial del municipio cuando la Audiencia Nacional ya negó a Azata el derecho a indemnización porque siempre fue consciente de que no podía construir ahí, aunque tuviera licencia municipal. Y subraya que ni esos recursos ni los que puedan después interponerse en vía judicial paralizarían el nuevo expediente para demoler: “Ahora la Junta tiene un plazo de un año para dar la orden de demolición. Y el único que puede pararlo es un juez”.

Domínguez, que ya ha visto de todo, no cierra del todo la puerta, pero cree que la posibilidad de que un juez paralice todo anulando cautelarmente la nulidad es “muy remota”. Sobre todo, porque eso supondría enfrentarse directamente a la orden directa del TSJA (órgano superior en la jerarquía judicial) y a las administraciones general y autonómica.

El Ayuntamiento de Estepona, liderado desde 2011 por José María García Urbano (PP), concedió en junio de 2017 una parcela en primera línea de playa para construir y explotar un chiringuito durante cincuenta años. La adjudicataria fue la empresa Gestión de Hostelería Estepona, S.L., una mercantil constituida año y medio antes. Tenía como administrador único a Miguel Vázquez Galiano, de profesión asesor fiscal.

En 2019 Vázquez se convirtió en concejal del PP por Coín y un año después vendió las participaciones de la sociedad adjudicataria del chiringuito con todos sus activos. En junio de 2021, Nido Beach Club empezó a funcionar. El pasado diciembre, Vázquez Galiano fue detenido por la Policía en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de prostíbulos. Dejó de ser concejal pocos días antes de que la Policía comunicara públicamente la operación.

Este miércoles, el PSOE desveló la adjudicación inicial a Vázquez Galiano, que hasta ahora no había trascendido, y recordó que está imputado por blanqueo. “Respetamos la presunción de inocencia, pero el Ayuntamiento tiene que explicar a quién adjudicó durante medio siglo un espacio público y qué controles ha realizado posteriormente sobre esa concesión”, señaló Emma Molina, portavoz socialista del PSOE de Estepona.

“[El chiringuito] nos pareció una inversión interesante, pero luego todo fue un calvario”, explica Vázquez Galiano, quien asegura que otras cuatro empresas concurrieron (este medio no ha podido localizar el expediente en el portal de licitaciones) y que García Urbano sólo supo que él era el adjudicatario “dos o tres meses después” de que terminara el proceso. Asegura que, además de su profesión como asesor fiscal, a veces realiza inversiones propias en otros ámbitos, y este fue el caso. Se da la circunstancia de que Coín es el municipio de origen tanto de Vázquez Galiano como de García Urbano. “Claro que lo conozco, como 40 millones de españoles. Pero él no tenía ni idea de que íbamos a pujar”, señala el exedil.

El exconcejal del PP cree que es “ruin” vincular el caso de presunto blanqueo destapado en 2025 con la adjudicación del chiringuito en 2017, y asegura que la investigación contra él está limitada a las presuntas actividades de un cliente de su despacho: “Cuando uno tiene tantos clientes, a algunos no los conoce”.

La concesión fue formalizada el 22 de mayo de 2017 en un documento suscrito por José María García Urbano (como alcalde de Estepona) y Miguel Vázquez Galiano, como administrador único de la concesionaria. El concesionario se obligaba a pagar un canon anual de 19.593 euros por la concesión de 2.194 metros cuadrados de dominio público en la playa.

Exconcejal investigado desde el pasado diciembre

Vázquez Galiano fue detenido el pasado 7 de diciembre junto a otras 18 personas, acusadas de integrar una red que blanqueó nueve millones de euros procedentes de la explotación sexual de mujeres reclutadas en otros países, principalmente en Colombia, en dos prostíbulos de Málaga capital y Cártama.

Se trata de una investigación ejecutada en dos fases por la Policía, y dirigida por un juzgado en Málaga capital. La detonación de la primera fase de la Operación Gargamel, en noviembre de 2024, permitió liberar a 42 mujeres atrapadas en esta red, que ejercía un dominio sobre sus vidas mediante un sistema de control, vigilancia y amenazas, según informó entonces la Policía. Fue una de las víctimas quien dio la voz de alarma. Estas mujeres relataron que las forzaban a mantener relaciones sexuales y las amenazaban con dañar a sus familiares en los países de origen.

En paralelo, operaba una estructura “de cuello blanco” orientada a camuflar el origen del dinero y reintroducirlo en el tráfico legal. La Policía desarticuló esta estructura en diciembre de 2025. Fueron detenidos presuntos testaferros, una notaria, una abogada, el director de una sucursal bancaria y un asesor financiero: Miguel Vázquez Galiano, quien quedó en libertad tras prestar declaración. Nueve meses después de ser detenido, aún no ha declarado ante el juez de instrucción.

Vázquez, que ocupaba la delegación de Patrimonio y Ayudas Europeas en el Ayuntamiento de Coín cuando fue detenido, dimitió días antes de que la Policía desvelase la operación. Entró en la corporación en tras las municipales de mayo de 2019 (es decir, dos años después de obtener la concesión y dos antes de venderla), y ocupó el puesto seis en las listas del PP en las de 2023. El PP le abrió expediente al conocerse su detención. Desde el partido no han aclarado en qué estado se encuentra ese expediente.

“En trámites” para licencia de apertura desde 2019

Vázquez Galiano vendió la concesión en 2021, y esta siguió su curso. Actualmente, Nido es uno de los beach club de moda en la costa de Estepona. Ubicado en Costa Natura, junto a una emblemática urbanización pionera del naturismo en España, cuenta con restaurante, piscina y un club de playa que programa sesiones nocturnas de djs, y está gestionado por el exitoso Grupo Mosh, titular también de Momento (en la Milla de Oro marbellí) o Playa Padre, también en Marbella. Grupo Mosh ha alcanzado sonados acuerdos con el chef Dani García para transformar el icónico local en la antigua sede de Aresbank en Marbella en Motel Particulier o Barnes, un grupo de restauración de alto standing.

Sin embargo, en el caso de Nido Beach Club opera sin licencia de apertura, según una respuesta del área de comercio a una petición de información tramitada por el Grupo Socialista. Nido está “en trámites” para obtener dicha licencia desde 2019, de acuerdo con ese documento. “La licencia lleva su tiempo. Eso es lo normal en la Costa del Sol o en Madrid”, argumenta Albert Beniflah, responsable de Grupo Mosh, que asegura que entre tanto Nido está operando con una declaración responsable al tratarse de una concesión municipal. Tiene unos 80 empleados, asegura. Beniflah no sabe nada de los anteriores concesionarios.

“Queremos saber cómo es posible que un establecimiento lleve cinco años funcionando sin que su licencia haya quedado formalmente concedida. ¿Quién ha permitido que esto ocurra y qué controles ha realizado el Ayuntamiento?”, pregunta Molina. También ha cuestionado al Consistorio si ha autorizado la celebración de eventos nocturnos que molestan a vecinos.

Además, los socialistas quieren saber las circunstancias que rodean al traspaso del chiringuito, que se realizó mediante la venta de las participaciones sociales de la concesionaria a una sociedad de la inmobiliaria Kronos, promotora de una urbanización de lujo en la parcela adyacente, que luego la traspasó a Grupo Mosh.

Según el pliego, el concesionario debe ejercer “por sí” la concesión sin cederla o traspasarla a terceros sin la aprobación del Consistorio. En caso de traspaso, debe abonar al Ayuntamiento una cantidad equivalente a cinco años del canon.

Este medio ha trasladado al Consistorio un cuestionario sobre las circunstancias que rodean esta adjudicación, sin respuesta.

Disputa con la urbanización nudista

Nido Beach Club se inauguró por todo lo alto el 20 de julio de 2021. Unas 450 personas acudieron al estreno. Para entonces ya estaba gestionado por Grupo Mosh. Vázquez Galiano lo había intentado vender a otros interesados por 1,5 millones de euros, según ha podido constatar este medio. Él asegura que invirtió mucho tiempo y dinero en la construcción y los trámites. También explica que dejó la obra en la “estructura”, cansado de los problemas con los vecinos y agobiado por la dificultad para cumplir plazos para la apertura.

La ubicación, en el paraje Costa Natura, es ideal para un negocio de estas características: en plena playa, junto a la lujosa urbanización The Edge de la inmobiliaria Kronos y a medio camino entre Marbella y Sotogrande (ya en la provincia de Cádiz), lo que garantiza una clientela de alto poder adquisitivo. Pero desde el principio encontró una piedra en el zapato: la histórica urbanización nudista Costa Natura. Doscientos apartamentos residenciales y turísticos que conforman un complejo pionero en España, levantado a finales de los 70 junto a la primera playa con autorización para practicar el nudismo.

La convivencia de los naturistas con los clientes del chiringuito fue difícil, al menos los primeros meses. Los primeros se quejaban de que los nuevos bañistas “textiles” (como denominan a quienes sí llevan bañador) les invadían y llegaron a lanzar una petición en change.org para pedir “respeto” a los recién llegados, que se instalaban en tumbonas que excedían el ámbito de la concesión, según denunciaban los nudistas. Los responsables de Grupo Mosh defendían su derecho a vetar el nudismo en el establecimiento o en sus hamacas. “No hemos quitado ningún espacio y le hemos dado vida a la zona. Realmente nunca hubo conflicto: tenían miedo a que se masificara y no ha sido así”, dice ahora Beniflah.

El acuerdo el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para revisar y anular la licencia de obras del hotel ubicado en la playa de El Algarrobico, en zona de dominio público y protegida por ser Parque Natural de Cabo de Gata, ha recibido cuatro recursos en contra de la decisión a lo largo del mes de agosto, según ha avanzado Europa Press citando fuentes municipales.

Una de los recursos estaba cantado: lo presenta la propia promotora del hotel, Azata del Sol, que quiere que se anule el acuerdo de la mayoría de los concejales del Pleno con el que se invalida la licencia que se le concedió en 2003. Los otros tres recursos son más sorprendentes, aunque no tanto para quien conozca los entresijos de esta prolija historia: un lo interpone Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE) desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011, quien conedió la licencia; otro lo presentan José Luis Amérigo, sobrino de Fernández y alcalde también con el PSOE de 2019 a 2023 (también PSOE) y dos concejales; y el último Felipe Cayuela, alcalde de 2018 a 2019, y nuevamente durante unos meses en 2023, antes de ser desbancado en una moción de censura liderada por Salvador Hernández (Ciudadanos), el actual alcalde, quien ahora gobierna solo tras perder el apoyo del PP por, entre otros motivos, sostener una posición distinta sobre el hotel.

Tras liderar la oposición con el PP, Cayuela pasó al grupo de no adscritos en diciembre de 2024, cuando su antiguo partido empezó a sostener a Hernández. En cuanto a Amérigo y los dos ediles que firman el recurso, fueron suspendidos por el PSOE cuando se negaron a votar el acuerdo para revisar la licencia en la primera ocasión, en junio de este año. Aquel Pleno supuso una escandalera a nivel nacional, y el PSOE desautorizó a los cinco concejales que desobedecieron las directrices de la dirección con un expediente.

Dos de ellas cambiaron el sentido de su voto a la segunda ocasión, tres semanas después, y tras el ultimátum de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dictaron la sentencia que ordena revisar la licencia en julio de 2021(es firme desde mayo de 2022, cuando el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación) y lleva desde 2023 intentando ejecutarla. Los otros tres y Cayuela se ausentaron en el momento de votar.

Los cuatro, también, forman parte del grupo de siete investigados por la Fiscalía, que indaga si el acuerdo para posponer la primera votación sobre la nulidad de la licencia puede suponer un delito de prevaricación administrativa, por su resistencia a cumplir el mandato firme del TSJA.

Acuerdo a la segunda

El Pleno acordó, al segundo intento y por ocho votos a favor y cinco ausencias, una decisión con la que pretende cumplir el mandato que dieron los jueces hace ya un lustro para anular la licencia concedida hace 23 años. La votación fue seguida con atención en los cuarteles generales de los socialistas y populares, pues tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central se arrogan la mayor firmeza para acabar con El Algarrobico, símbolo de la depredación del litoral mediterráneo.

El argumento tanto de Cayuela como de Amérigo para votar contra la revisión siempre fue que hacían falta más informes que calibraran el impacto de anular la licencia, sobre todo en las arcas municipales. El temor que aducen es que sea de tal magnitud que deje tiritando a la economía carbonera.

Lo cierto es que hasta ahora los intentos de la promotora de recibir una indemnización han sido frustrados. La Audiencia Nacional rechazó en 2016 que tenga derecho a compensación alguna, al estimar que era conocedora de que no podía construir donde lo hizo. La cuestión ahora se dirime ante un jurado provincial de expropiaciones, después de que el Gobierno central abriera esta vía en febrero de 2025: Azata pide 44,5 millones, el Gobierno ofrece 16.500 euros.

Veinte años para anular una licencia

Durante tres años, la promotora levantó a la vista de todos y en plena playa una inmensa mole de 21 plantas de altura y 411 habitaciones. Sólo paró al final, por orden de un juez, a quien alertó la organización ecologista Salvemos Mojácar. Azata del Sol recabó la licencia del Consistorio cuando estaba gobernado por Fernández, que ahora recurre contra la anulación actuando en representación de una organización pesquera.

Desde un punto de vista legal, hay pocas dudas desde el comienzo de este embrollo: la mitad de El Algarrobico está en zona de dominio público marítimo-terrestre y, además, invade zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata. Sin embargo, durante dos décadas, todos los intentos de avanzar en la demolición del edificio han chocado con un muro administrativo en el municipio: antes había que adecuar la planificación urbanística de Carboneras a la Ley de Costas y el Plan de Protección de Cabo de Gata declarando que el terreno era no urbanizable, y luego revisar la licencia.

Durante esos veinte años, todo se atascaba en un punto u otro. Hasta 2014, en los tribunales; pero cuando quedó claro que el edificio era ilegal, el atasco se producía en el Consistorio, gobernado cíclicamente por Hernández, Amérigo y Cayuela. Siempre ocurría algo: un error en los planos, una publicación que se olvidaba, un lapsus en el texto, la falta de secretario.

Cuando al fin aprobó revisar la licencia, el Ayuntamiento de Carboneras dio traslado del acuerdo de Pleno a la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada para dar cuenta del cumplimiento del mandato, que venía ya avalado por un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.

La interposición de cuatro recursos contra el acuerdo para anular al fin la licencia augura que a este serial todavía le quedan capítulos.

Un año después de la primera fase de la operación en la que se detuvo al administrador concursal de Grupo Vera, la Policía ha asestado el segundo gran mazazo a la presunta trama que durante años saqueó, presuntamente, las cuentas de uno de los grandes grupos inmobiliarios de la Costa del Sol de la burbuja inmobiliaria, luego caído en desgracia.

La Policía ha desarticulado ahora la “matriz” de esa estructura presuntamente delictiva, a la que se atribuye el expolio millonario de la masa concursal (el conjunto de activos de una empresa declarada en concurso, como propiedades inmobiliarias, saldos a favor o créditos con otras empresas) del que fuera un potentísimo conglomerado empresarial del sector de la construcción en Málaga, responsable de proyectos tan emblemáticos como algunos tramos del Metro, el Cementerio y la urbanización del Parque Tecnológico en Málaga capital, o los puertos de La Duquesa y Cabopino en Marbella, entre otros muchos.

La segunda fase de la operación 'Drave' ha supuesto la detención de una decena de personas, entre los que hay allegados a los fundadores de las concursadas. Además, con las nuevas pesquisas, el saqueo de las cuentas de la constructora en perjuicio de sus acreedores ascendería ya a 160 millones de euros.

La Policía cree que a través de una red de testaferros y sociedades interpuestas, promovieron un “expolio” del patrimonio que conservaba el grupo, valorado en 314 millones de euros al comienzo de la liquidación, gracias al despliegue de anterior y paralelo al concurso de un “cúmulo de operaciones fraudulentas de vaciado patrimonial y desvío de fondos”. Con estas operaciones se vaciaba el patrimonio del grupo destinado a satisfacer las deudas para canalizarlo hacia empresas creadas ex profeso bajo la tutela del ex director financiero de Grupo Vera y el propio administrador concursal, designado por el juzgado con el fin de velar por la conservación de la masa concursal y de darle el destino previsto por la ley.

Embargo de 135 inmuebles

El despojo de Grupo Vera ha provocado “un grave quebranto económico de las compañías acreedoras, incluida la Hacienda Pública, que han visto frustradas sus legítimas expectativas de cobro”, resaltan desde la Comisaría provincial de la Policía Nacional, que comenzó a investigar el caso a partir de una denuncia en septiembre de 2023. Era un secreto a voces en círculos empresariales y jurídicos de la capital. El Grupo II de Blanqueo de Capitales ha desarrollado la operación bajo la dirección de la Fiscalía y el juzgado de instrucción 3 de Málaga, y ha contado con el auxilio de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda .

La primera fase de la investigación se saldó con la intervención de 462.000 euros en efectivo, el bloqueo de 2,5 millones de euros en cuentas y el embargo de 173 inmuebles por valor de 140 millones, y fueron detenidas siete personas: el ex director financiero del grupo empresarial, varios familiares, un proveedor y su pareja y, el más singular de todos, el propio administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil para liquidar la masa concursal conforme a la prelación de acreedores prevista por la ley. Además, resultaron investigadas otras cuatro por su vinculación en los hechos. La Policía los acusaba de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La lista se amplía ahora con otros diez arrestos por los presuntos delitos de frustración de la ejecución --acción ilegal en la que un deudor oculta, vende o gasta sus bienes a propósito para evitar pagar una deuda o cumplir una sentencia judicial--, insolvencia punible y apropiación indebida. Además hay otras dos personas investigadas en esta segunda fase, incluido nuevamente el administrador concursal.

En el marco de la macrooperación se han efectuado dos nuevos registros en la provincia a finales del pasado mes de julio, incautándose joyas valoradas en más de 200.000 euros. Además, se han bloqueado nuevos activos financieros en nueve entidades bancarias por valor de un millón de euros y se ha decretado el embargo preventivo de 135 inmuebles valorados en más de 300 millones de euros, incluidos terrenos de muy alto valor económico, locales comerciales, garajes y viviendas.

En el cómputo global del entramado criminal desarticulado, sumando las dos fases, el expolio asciende a los 160 millones de euros. Un saqueo mayor a la deuda impagada a los acreedores, que está estipulada en torno a los 150 millones.

30 millones defraudados durante la liquidación

Las nuevas actuaciones de la operación Drave II han permitido deslindar un entramado delictivo “distinto y autónomo” que operó de forma paralela. Aprovechando la “alianza estratégica” con la administración concursal, obtuvo activos de gran valor del patrimonio de las mercantiles concursadas en beneficio de los sospechosos, unidos por lazos familiares con los fundadores del grupo empresarial, según la Policía.

De esta forma, en una fase previa al concurso se sacaron bienes por valor superior a 28 millones de euros simulando contratos de prestación de servicios (eludiendo así embargos de Hacienda que eran inminentes); transfiriendo capitales a empresas de los investigados; y vendiendo fraudulentamente activos inmobiliarios en fechas inmediatamente anteriores a la solicitud concursal en beneficio de los sospechosos.

Pero el vaciamiento no terminó ahí. La Policía cree que la trama descapitalizó el grupo en más de 30 millones de euros adicionales cuando el concurso ya había entrado en fase de liquidación; es decir, cuando la concursada estaba vendiendo sus activos para ir saldando sus deudas. Para ello, los investigados habrían articulado un procedimiento para adquirir inmuebles y carteras de créditos en subastas públicas adulteradas y en ventas directas carentes de los preceptivos requisitos de publicidad y formalizadas con cláusulas de reversión manipuladas en favor de allegados de los fundadores.

Estos métodos supusieron que bienes de gran valor de las concursadas pasaran al patrimonio privado de los mismos deudores, a precios ínfimos y libres de cargas, lo que privó a la masa del concurso de los ingresos que se habrían obtenido en un proceso de liquidación transparente y que tendrían que haberse destinado al pago priorizado de los acreedores y la Hacienda Pública, concluyen los investigadores. Para lograr su propósito, los investigados habrían contado con la ayuda de las administraciones concursales y de una red de testaferros y sociedades interpuestas.

La caída en desgracia de Grupo Vera

La operación en dos tiempos contra los responsables financieros de Grupo Vera es un triste final para una de las firmas abanderadas del ladrillo en los años de la gran burbuja inmobiliaria en la Costa del Sol. Por entonces, a comienzos de siglo, Grupo Vera se codeaba con los principales grupos inmobiliarios de Andalucía con un modelo de marcado corte familiar (allí trabajaban sobrinos, nietos y familia política por decenas) inaugurado a mediados de los años 50 por Juan Vera, y continuado por su hijo Francisco hasta su fallecimiento en 2017.

Hasta la crisis del ladrillo la empresa tenía un sólido negocio basado en gran parte en la adjudicación de obra pública, que intentó ampliar con una división inmobiliaria, concesiones de aparcamientos, una empresa de cementos y otra de gestión hotelera y de campos de golf. Pero no funcionó. En parte, porque todo se vino abajo con el estallido de la burbuja y la crisis inmobiliaria que arrastró a tantos gigantes con pies de barro, como Grupo Aifos.

Grupo Vera también entró en concurso de acreedores en 2013. El clavo definitivo fue el parón de la obra del Metro por las dificultades financieras de la Junta de Andalucía. También contribuyó el fiasco de dos proyectos faraónicos propios de aquella época: el aeropuerto (que impulsó como promotor) y el centro de ensayos ferroviarios, ambos en Antequera. Propuso entonces a sus acreedores una quita del 45% y un plan de pagos a siete años de una cantidad que parecía asumible, y por un tiempo pareció que seguiría a flote.

Pero no ocurrió. La muerte de Francisco Vera, hijo del fundador, máximo responsable y alma máter de la constructora, conocido por su capacidad persuasiva y sus contactos políticos, fue el golpe definitivo. Nadie tomó las riendas tras su fallecimiento, al menos para reflotar la empresa, que quedó ya a expensas del concurso. Entre muchos otros inmuebles y derechos de cobro, Vera todavía conservaba entonces una oficina en el Parque Tecnológico valorada en 37 millones, el campo de Baviera Golf (en Caleta de Vélez), valorado en 16,8 o la gestión de dos aparcamientos públicos en Vélez-Málaga y Torre del Mar, valorada en 5,1 millones. El pasivo (las deudas del grupo) era de 227 millones, lo que suponía un margen teórico de más de 80 millones de margen para saldarlas. Sin embargo, no fue suficiente.

Primero vino el ERE para sus 77 trabajadores, luego la liquidación del patrimonio y entre tanto, un escándalo financiero que protagonizan su máximo responsable financiero, familiares y el administrador concursal, que habrían urdido una presunta trama con el fin de sacar todo el dinero posible de los restos del gigante caído. Los afectados por la trama han constituido una plataforma de perjudicados en el juzgado.

Los medios desplegados en la lucha contra el narcotráfico en los más de mil kilómetros de costa y los cientos de kilómetros de ríos navegables de Andalucía, así como las decisiones operativas en esa batalla, se han convertido en un nuevo motivo de fricción política entre el Gobierno de Juan Manuel Moreno y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Las discrepancias, larvadas durante meses, son explícitas desde que el Presidente del Gobierno andaluz remitió la semana pasada una carta a Pedro Sánchez e informó de ello en los canales oficiales de la Junta de Andalucía. El propio Moreno la publicó en sus redes sociales.

En la misiva, Moreno recordaba que en menos de una semana habían muerto cuatro personas en dos tiroteos vinculados al narco ocurridos en Sevilla y Huelva, alertaba de que las “mafias de la droga” han convertido Andalucía en “una de sus bases principales” y pedía un cambio en la lucha contra estas bandas, singularizado en una medida concreta: la reactivación del grupo OCON-Sur, una unidad de élite de la Guardia Civil creada por el primer Gobierno de Sánchez. OCON-Sur operó con notable éxito en el Campo de Gibraltar desde noviembre de 2018 a septiembre de 2022, cuando fue disuelta por razones que nunca quedaron claras. En su carta, Moreno califica el desmantelamiento del grupo operativo de “equivocación” y pide a Sánchez que “rectifique”: “Nunca es tarde para reconocer los errores con humildad y corregirlos”. Su vicepresidente y consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pedido este lunes al Gobierno que “ponga fecha” para reactivar el grupo.

Sin embargo, el Gobierno andaluz no ha obtenido respuesta del Gobierno central, según ha informado este lunes su portavoz, Carolina España, quien ha desdeñado así las declaraciones y comunicados emitidos por Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, desde que el 23 de agosto se supo de la carta de Moreno a Sánchez.

La pasada semana, Fernández achacó la petición del Gobierno andaluz al supuesto “desconocimiento, ignorancia y desprecio” de Moreno del trabajo de las fuerzas y cuebrpos de seguridad del Estado. Según Fernández, la decisión de reestructurar OCON-Sur y repartir a sus 150 miembros en las diferentes comandancias es puramente operativa, y se realizó sin reducir plantilla, lo que permitió destinar de manera permanente en Andalucía a los efectivos de un grupo especial y “provisional”. “Andalucía cuenta actualmente con cerca de 30.500 guardias civiles y policías, 4.096 más que en 2018”, señaló Fernández, quien subrayó también que el plan especial de seguridad en el que se enmarcaba OCON-Sur, contabiliza más de 48.000 operaciones con cerca de 32.000 detenidos en los últimos ocho años.

Este martes, Fernández ha vuelto a replicar a la insistencia del Gobierno andaluz, acusando a Moreno de tratar de desviar la atención entrometiéndose en una competencia ajena para “ocultar” otros asuntos que sí le competen, como la Sanidad o la prevención y lucha contra los incendios.

El balance de OCON-Sur

OCON-Sur (Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico) fue un grupo especial de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en El Estrecho integrado por unos 150 agentes y creado poco después de la llegada de Fernando Grande-Marlaska al ministerio del Interior. Al frente, el teniente coronel David Oliva.

Mientras estuvo activo el grupo cosechó sonados éxitos contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. El balance es de unos 10.000 detenidos y unas 1.400 toneladas de sustancias estupefacientes incautadas en menos de cuatro años, pero más allá de la cantidad, el éxito de OCON-Sur fue también cualitativo, con sonoros golpes como la detención de los capos de mayor renombre y la desarticulación de las redes más poderosas. En pocos meses cayeron los Castaña, los Pantojitas o el Messi del hachís.

En septiembre de 2022 el grupo fue disuelto. Según Fernández, por razones puramente operativas: era temporal y había cumplido su función. Por aquellas fechas se desarrolló también una investigación de Asuntos Internos que afectaba a hombres de la máxima confianza de Oliva. Oliva, “el azote de los narcos”, fue imputado en la Audiencia Nacional por delitos de cohecho y revelación de secreto. Supuestamente, presionó a un subordinado para que le confirmara o desmintiera si él también estaba siendo investigado por Asuntos Internos, tal y como sospechaba. Está pendiente de juicio.

Tiroteos y la muerte de cuatro guardias civiles en dos años

El desmantelamiento de OCON-Sur y su difuso final envuelto en sospechas no han mermado su prestigio en los últimos años. Al contrario, parece haber crecido en paralelo al fortalecimiento del narco, cuyas acciones son cada vez más violentas, más descaradas y más inabarcables, extendidas como una mancha de aceite que baña ya toda la costa de Andalucía de Huelva a Almería, además del Guadalquivir y sus marismas, el Guadiana, el Odiel...

En estos meses han proliferado testimonios de agentes que subrayan su impotencia para luchar contra estructuras criminales cada vez más potentes, con más dinero y con armamento más potente. La frustración tocó techo con el asesinato de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha en Barbate, en febrero de 2024, y nuevamente otros dos agentes a ochenta millas de la costa de Huelva, el pasado mayo, al chocar dos patrulleras durante una persecución.

La AUGC, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, ha subrayado que las detenciones relativas al tráfico de drogas han descendido un 15% en Andalucía, mientras la cocaína aprehendida en la comunidad se duplicaba en seis años (+108,8%) desde 2020 y las detenciones en el resto de España aumentaban un 5,6%. La asociación cree que no se puede probar “una relación causal demostrada” entre la extinción del OCON-Sur y la pérdida de detenciones, pero “sí se sostiene que Andalucía se separa de la tendencia nacional justo a partir del ejercicio de la disolución”, por lo que ha pedido la restitución del grupo.

La petición de recuperar OCON-Sur ha recibido el respaldo de alcaldes del PP en municipios en primera línea del narco, como Cartaya y Punta Umbría (Huelva), Algeciras (Cádiz) o Motril (Granada). También ha reclamado su vuelta Juan Franco, alcalde de La Línea (100% La Línea), la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y el excomandante jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Manuel Contreras, quien ha asegurado que su desmantelamiento fue “un paso atrás” que los narcos celebraron. Contreras, que fue designado en 2017 por el ministro José Ignacio Zoido (PP) cesó de su cargo de comandante jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en 2019.

“Está claro que no solo ha sido un paso atrás y un grave error por parte del Gobierno de España, sino que cuando reconocen que los propios narcos hacen una fiesta para celebrar en su momento el desmantelamiento de esta unidad de élite, es que algo se ha hecho”, ha asegurado Carolina España este lunes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.“Es necesario proteger a los ciudadanos, también a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que necesitan recursos materiales para poder luchar contra el narcotráfico en Andalucía”, ha subrayado.