“Me siento amenazada y observada. Me tienen desquiciada. Trabajo con pánico”, cuenta una trabajadora del Hospital de la Axarquía, el centro sanitario público de referencia en la comarca oriental de Málaga. “Somos basura, y como tal quieren sacarnos a la calle”, cuenta otra. “Vienen a mi sitio y hacen como que escupen. ¿Tú crees que yo tengo que soportar esto?”, se pregunta mientras saca de bolso el arsenal de pastillas para controlar la ansiedad, incluyendo un blíster de píldoras de rescate.

Ella fue advertida de una posible suspensión de empleo y sueldo después de que varias compañeras la denunciaran por grabarlas con su móvil, algo que ella niega. Tras declarar, todo quedó en nada. La otra denuncia que está asignada al banco de sangre, un servicio de máxima sensibilidad en el que tiene menos experiencia, en una situación de máxima presión en la que no recibe ayuda.

Ambas han solicitado permanecer en el anonimato para este reportaje, pero ya han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que están siendo denigradas a la vista de todo el mundo desde que el sindicato CSIF revelara públicamente que, con el impulso de cargos intermedios, personal del laboratorio del hospital había usado reactivos caducados o que habían perdido estabilidad para realizar análisis clínicos de forma reiterada y deliberada, lo que comprometería la fiabilidad de miles de resultados. El objetivo de esta presunta práctica sería ahorrar en consumibles que vienen en envases que rara vez se agotan antes de caducarse, con el fin de acceder a generosos complementos de productividad.

Antes de dar el paso de la denuncia pública, el sindicato acudió a primeros de enero ante el gerente del hospital, Miguel Moreno Verdugo, que archivó la investigación interna en poco más de un mes sin motivar la decisión. En ese periodo, CSIF la hizo pública, y ante el archivo, la amplió y la presentó ante Fiscalía, que la investiga desde finales de abril.

Poco después, este medio desveló la existencia de mensajes (“Los que estén caducados no los tiréis, yo los aprovecharé en rutina”; “Pueden seguir utilizándose, simplemente leyendo el código del reactivo y cambiando la fecha de caducidad”) y fotografías donde se ven botes con etiquetas no originales o envueltos en film donde se lee “caducado” o “arreglado. Uso” escrito a rotulador.

Este material ha sido incorporado a la denuncia ante Fiscalía, que cuenta también con cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores grabados en vídeo, y ofrece la posibilidad de interrogar a varios más supuestamente dispuestos a corroborar el empleo de esta práctica desde 2020.

El SAS no ha respondido a las preguntas formuladas por este medio, con la petición de que fueran trasladadas al gerente y la coordinadora y la jefa de servicio responsables del laboratorio, y ha remitido en su lugar la misma respuesta que ya dio en su día: no hay “constancia” de que se haya utilizado el material caducado o sin estabilidad, y se ha constatado “con los responsables y el equipo del laboratorio” la “falsedad de estas afirmaciones”.

La coordinadora y la jefa de servicio han reclamado 20.000 euros al sindicato y dos de sus responsables en un acto de conciliación previo a una posible querella por injurias y atentado contra su honor, que terminó sin acuerdo. El sindicato no ha recibido aún ninguna querella.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

“Yo he visto pipetear agitar y rellenar con cuatro botes de distintos colores, no se escondían”, cuenta una de las personas ahora señaladas, quien explica que algunos testigos son reticentes a hablar por el temor a verse salpicados también ellos: “Eso lo ha visto todo el mundo. ¿No les da vergüenza haber engañado a gente con tumores? ¿De qué somos culpables? ¿De decir la verdad? ¿De defender a los pacientes?”.

En este contexto, un grupo de trabajadores y trabajadoras del laboratorio estaría tomando represalias contra varios compañeros y, con especial saña, contra dos, a quienes responsabilizan de haber expuesto al sindicato las presuntas irregularidades que han acabado llegando a la opinión pública y al fiscal. Ambas rondan los veinte años de experiencia laboral en el SAS.

El sindicato CSIF (el que tiene mayor representatividad en el hospital) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que da cuenta de la situación de “hostigamiento sistemático y documentado”, que estaría “amparado jerárquicamente” por la coordinadora y la jefa de servicio y, en última instancia, por la gerencia.

Desde que estalló el escándalo, la mayoría de las compañeras no les habla, quien se atreve lo hace a escondidas y ellas prefieren desayunar en un parque cercano ajenas a la mirada de otros compañeros en la cafetería, según relatan. Durante el encuentro con el periodista piden cambiar la ubicación en dos ocasiones. Este medio ha podido constatar la existencia de alguna imagen de perfil en redes en la que quienes las atosigan se autodescriben como “las Vengadoras de Laboratorio”.

Las conductas relacionadas por el sindicato incluyen el “aislamiento social deliberado” y su señalamiento como “chivatas”; “insultos habituales y reiterados” por parte de la coordinadora (“basura” y “escoria”); la adscripción de una de las afectadas al área de banco de sangre, donde tiene menos experiencia “para provocar errores imputables a la misma”, y “humillaciones públicas reiteradas y conductas de menosprecio en el entorno laboral cotidiano”.

Informes de la Unidad de Salud Mental y un posible expediente

En los últimos meses han necesitado atención sanitaria por esta situación. Una de ellas ha acudido en dos ocasiones a Urgencias por sendas crisis de ansiedad, según los partes consultados por este medio. Las dos han acudido recientemente a la Unidad de Salud Mental, que en ambos casos ha diagnosticado depresión y ansiedad de origen laboral.

Esta situación se estaría produciendo sin que los responsables del servicio o del hospital hayan tomado medida alguna para evitarla. Al contrario, la gerencia habría contribuido a elevar la presión, según CSIF. La denuncia del sindicato recoge que, una vez archivada la investigación interna, el gerente anunció durante una reunión con los representantes sindicales que expedientaría a las trabajadoras que habrían contribuido a desvelar la práctica presuntamente irregular del laboratorio. Esto supone instrumentalizar el procedimiento disciplinario con una finalidad represora, según el sindicato.

Ambas están convencidas de que buscan cualquier excusa para expedientarlas. Una de ellas explica que responden a sus cuestiones laborales con un “búscate la vida”, que su situación es de máxima presión y que un error en el banco de sangre puede tener repercusiones graves para los pacientes.

La otra ya ha sufrido una investigación interna reciente. Según relata, a mediados de junio recibió un aviso por un cauce no reglado de que acudiera a una cita para una “información reservada” que podía desembocar con una sanción de suspensión de empleo y sueldo. Sólo al día siguiente, el abogado del hospital, encargado habitualmente de instruir los expedientes de información reservada, le aclaró el motivo: seis compañeras la acusaban de sacar su móvil para grabar o fotografiarlas el día en que celebraron en el recinto del hospital el archivo de la investigación de la gerencia por el uso de los reactivos caducados. El instructor preguntó si era cierto que había grabado y qué hacía con el móvil, y le avisó que trasladaría las respuestas al gerente.

Ella asegura que sostenía el móvil en alto porque sus problemas de visión le impiden leer de otra manera. La investigación, de la que no le dieron ni un papel, se archivó, según le informaron desde el sindicato, pero durante dos semanas la mujer vivió angustiada por la posibilidad de quedarse durante meses sin el único sueldo estable que entra en su hogar, con hipoteca y dos hijos. “Yo me quería morir”, recuerda: “No lo perdonaré en la vida, han jugado con el pan de mi casa”. Para entonces, mucha gente sabía de un posible expediente que, por definición, es reservado.

Refuerzo de las responsables de laboratorio

Mientras tanto, las dos personas señaladas en la denuncia ante Fiscalía pueden quedar reforzadas internamente. Por un lado, el Gerente ha asignado a la jefa de servicio de Laboratorio también la jefatura de Anatomía Patológica. Y por otro, ha decidido cubrir la plaza de coordinador/a del Laboratorio lanzando un concurso de méritos, publicado en BOJA el 9 de julio.

Esto es un hito. La publicación y nombramiento de estas plazas en el SAS es una vieja reivindicación sindical, porque hasta ahora estos puestos de coordinadores de técnicos medios o superiores se cubrían con designaciones informales. Este sería el primer nombramiento de este tipo, según CSIF, y tendría el efecto de blindar a quien ganase la plaza. CSIF tiene la sospecha de que la candidata con casi todas las papeletas es la actual coordinadora.

Los movimientos ocurren mientras la Fiscalía investiga el funcionamiento del laboratorio y en mitad del verano, lo que acrecienta algunas sospechas. “Nos parece muy inoportuno. Lanzan una convocatoria para nombrar la primera coordinadora de técnicos del SAS, que va a formar parte del organigrama, ¿y no ponen sobre la mesa que hay una denuncia sin resolver ante Fiscalía por quien es la principal candidata a presentarse? ¿No es más prudente esperar?”, se pregunta una fuente sindical.

La novedosa convocatoria se produce también en plena reorganización de los equipos directivos en el SAS, que incluye el nombramiento de una nueva gerente para la Sanidad andaluza, María de los Ángeles García Rescalvo. Es la quinta gerente del SAS desde que Juan Manuel Moreno alcanzara la presidencia de la Junta de Andalucía. El primero fue, precisamente, Moreno Verdugo, ahora gerente del Hospital de La Axarquía y su área sanitaria.

José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), está a un paso del banquillo de los acusados por contratar para el Ayuntamiento a una “amiga íntima” que, según el testimonio de ella y otros indicios, nunca fue a trabajar. El regidor apura ahora sus últimas opciones para evitar que los indicios que ha reunido el juez de instrucción durante el último año y medio lleguen a juicio. Argumenta que ella no ratificó como investigada la confesión que hizo como testigo. Sin embargo, también ella ha presentado un escrito ratificando que nunca trabajó porque nunca recibió instrucciones.

La última oportunidad del regidor para esquivar el banquillo está en los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga, ante los que ha presentado un recurso contra la resolución del juez que cierra la instrucción y pasa el asunto a la fase de enjuiciamiento. El alcalde esteponero pretende que la Audiencia corrija al juez y archive el asunto. Es un intento a la desesperada: la Audiencia puede revocar el auto de transformación en procedimiento abreviado (a priori, una resolución eminentemente procesal) y zanjarlo todo, pero es muy inhabitual.

En este caso, el juez ha sido elocuente durante la fase de instrucción: en diciembre ya dictó un auto donde subrayaba que había “indicios suficientes” de delitos de malversación y prevaricación, porque el alcalde contrató para el Ayuntamiento a Cristina Pulido “a los solos efectos de que recibiera la nómina correspondiente, sin que tuviera que desempeñar actividad alguna”. La Fiscalía y dos acusaciones populares (Vox y PSOE) también han presentado sendos escritos de acusación, y piden para el alcalde cinco años y medio de prisión como autor de los delitos, y tres años y medio para Pulido como cooperadora necesaria del presunto delito.

Si el caso no se ha juzgado ya es porque en los últimos meses se ha reajustado para que siga por los trámites de un juicio ordinario, y no del tribunal del jurado, como inicialmente estaba previsto. El motivo es que Fiscalía introdujo a última hora en la acusación el delito de prevaricación, que no puede ser juzgado por un jurado popular.

De una confesión a investigada

Ahora, el recurso de apelación de García Urbano contra el auto del juez, al que este medio ha tenido acceso, impugna el propio origen del caso: la declaración ante el juez en otra causa en la que Cristina Pulido dijo, de manera aparentemente espontánea, que García Urbano la había contratado para el Ayuntamiento, pero que ella nunca había trabajado porque nunca le dieron tarea. Pulido era la pareja del funcionario de la policía local que había denunciado al regidor por acoso sexual, y dijo esto como testigo. Aquel caso inicial de naturaleza sexual se archivó, pero antes el juez abrió de oficio una nueva investigación por malversación a partir de la confesión de Pulido.

Un mes después, en enero de 2025, Pulido repitió lo que había contado pero ahora en la nueva causa por malversación, y otra vez como testigo. Y seis meses después, en junio de 2025, el juez la llamó nuevamente, pero esta vez ya como investigada: esa vez se acogió a su derecho a no declarar.

Los abogados de García Urbano solicitan que se declare nula la declaración de Pulido como testigo, porque desde el principio debió de citársela como investigada, informándole de su derecho a no declarar contra sí misma. Y alegan que, sin esta declaración inicial, el caso queda herido de muerte.

La situación guarda similitudes con la contratación irregular de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec (dependientes del Ministerio de Transportes). Rodríguez contó todos los detalles de su contratación al comparecer como testigo en el juicio contra el exministro en el Tribunal Supremo, el pasado mes de abril. Pero cuando fue llamada ya como imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación por los mismos hechos por la Audiencia Nacional, el pasado lunes, se acogió a su derecho a no declarar. El propio Ábalos ya cuestionó ante el Supremo la “autoinculpación” de Rodríguez.

Ella se reafirma: nunca trabajó

El alcalde sostiene que ella sí trabajó pasando revista al estado del mobiliario urbano o recabando valoraciones a través de las redes sociales, durante 48 días por los que percibió algo más de 5.200 euros, pero al ser cargo de confianza no tenía despacho, acceso a expedientes, redes corporativas, material municipal o control horario. En el relato del regidor, Pulido hacía toda su tarea desde casa o en la calle, sin necesitar pasar por el Ayuntamiento, darse a conocer a sus compañeros o escribir un solo papel, y el resultado lo transmitía sólo al alcalde siempre verbalmente, de ahí que no haya ni un solo documento o mensaje.

Pero la estrategia de la defensa de García Urbano se ha topado con un inconveniente de primeras. La propia Pulido ha presentado un escrito en el que también solicita que se tenga por nula su declaración como testigo, pero a la vez vuelve a insistir en que no trabajó nunca para el Ayuntamiento que le pagaba: “La realidad objetiva es que, pese a su voluntad de desempeñar el puesto a sus reiteradas peticiones de instrucciones, nunca recibió encargo ni función concreta alguna”.

Por otro lado, las acusaciones, la fiscal y el propio juez instructor ya han señalado que, además de su propia declaración, hay múltiples indicios que demuestran que ella nunca trabajó: declaraciones contradictorias entre el alcalde y el concejal responsable respecto a las tareas; el intercambio de cientos de mensajes sin que ninguno se refiera al trabajo; el hecho de que ella se sometiera y estuviera convaleciente de una intervención quirúrgica en esas fechas (sin tramitar baja); o que residiera en Córdoba.

Lo que no hay hasta ahora, por el contrario, es un solo documento, expediente, acceso a cuentas, mensaje, declaración de un compañero o rastro de su trabajo efectivo. El alcalde ha declarado que rendía cuentas verbalmente ante él, de modo que cabe concluir que el único sostén de la tesis de que sí trabajó es la palabra del regidor.

García Urbano ha consignado ante el juzgado la cantidad que el Ayuntamiento pagó en su día a Cristina Pulido, 5.276,92 euros.

Esta no es la única causa en la que el dirigente esteponero, referencia municipalista en el PP, está investigado. Tras recibir una denuncia de Fiscalía, otra jueza lo ha imputado por presunto tráfico de influencias en la adjudicación a una empresa recién creada por su nuera de un restaurante de lujo en condiciones muy favorables y tras un proceso dudoso en las tres últimas plantas del Mirador del Carmen, una fastuosa torre a pie de playa en la que el Ayuntamiento invirtió 16 millones de euros. En este sumario hay un informe de la UDEF que recoge la sospecha de que la adjudicataria en realidad “enmascara” el beneficiario final. La declaración del alcalde aquí se ha suspendido en varias ocasiones.

El pasado domingo 5 de julio, la joven de 17 años Nikoline Piwoni celebró el hito histórico que suponía el pase a cuartos de final del Mundial de Noruega, su país, tras vencer 2-1 en Nueva York a la pentacampeona Brasil. Piwoni, que estaba en Marbella disfrutando de las vacaciones, festejó con otros paisanos durante la madrugada en la discoteca Funky Buddha de Puerto Banús, y alrededor de las cuatro solicitó un VTC para volver a su alojamiento en Mijas costa. No llegó. Fue atropellada en la autovía A-7 por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Este lunes, la Guardia Civil detuvo a un sospechoso del atropello mortal. Pero, tras escucharlo, el juzgado de instrucción 2 de Fuengirola, en funciones de guardia, ha acordado su puesta en libertad, sin imponerle ninguna medida cautelar. El juzgado ha descartado su participación y fuentes oficiales subrayan que no se le investiga por ningún delito. Además, la causa ha pasado ya a la plaza número 4 de la Sección de Instrucción.

Sigue activa la investigación para encontrar al conductor del presunto atropello, que es la hipótesis principal manejada por los investigadores. El subdelegado del Gobierno señaló, el día después del hallazgo del cadáver: “Todo hace pensar que ha sido un atropello y eso se está investigando”.

Entre el atropello y la detención pasó una semana, en la que la Guardia Civil desplegó una investigación enfocada a identificar el vehículo que causante de la muerte. Este martes, con el hombre ya en calabozos, inspeccionó su furgoneta. La investigación no está cerrada y hay otras líneas de investigación abiertas.

Dudas sobre el siniestro

El siniestro tuvo lugar sobre las 05:20 horas en el kilómetro 1.027 de la A-7 en sentido Marbella. A esa hora, el 112 recibió varias llamadas de testigos que informaban de que una mujer había sido atropellada.

Fueron los padres de la menor quienes, al echarla en falta, interpusieron rápidamente una denuncia y difundieron rápidamente carteles con su foto y sus características. Nikoline fue identificada poco después.

Es una incógnita por qué Nikoline había bajado del vehículo que la llevaba a su apartamento y por qué deambulaba por la autovía. Una de las hipótesis es que estuviese tratando de cruzar al otro lado de la carretera, con dos carriles en cada sentido y una mediana de separación, que discurre encajonada entre urbanizaciones, resorts y complejos de apartamentos turísticos. Hay dos pasarelas peatonales que cruzan la autovía en ese punto kilométrico, separadas por unos 500 metros.

El grupo municipal del PP de Carboneras (Almería) ha roto el acuerdo de gobierno que hasta ahora sostenía al alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos). El regidor, que lo era a pesar de ser el único de la lista de Ciudadanos que obtuvo acta en 2023, gobernaba los últimos meses en minoría con cuatro concejales populares, gracias a la incapacidad de los demás para ponerse de acuerdo. A partir de ahora liderará un gobierno aún más exiguo: solo dos integrantes: él mismo y la concejal no adscrita y ex del PP, Ángeles Carrillo.

El movimiento añade otro nudo al fenomenal embrollo de familias y rivalidades políticas amarrado con fuerza a la gestión del delicado asunto de El Algarrobico, el hotel ilegal construido entre 2003 y 2006 en una playa (en pleno dominio público) y que invade, además, parte del parque natural de Cabo de Gata. Los matrimonios de conveniencia y traiciones políticas entre los mismos protagonistas durante los últimos veinte años son tantos que resulta difícil seguir el hilo. En Carboneras, las siglas son vehículos de las personalidades que mueven el voto, y cualquiera puede ser apoyo o puntilla de cualquiera en ese Ayuntamiento.

El Algarrobico y sus consecuencias tienen una parte muy importante de culpa. En un vídeo publicado en Facebook, el secretario general del PP almeriense Francisco Bellido explica que la ruptura se produce por la “pérdida de confianza absoluta” en la gestión de gobierno que lideraba Hernández, y concreta que tenían una “opinión distinta” de “asuntos tan importantes como El Algarrobico”, lo que ha llevado a una situación , han hecho que la situación sea “insostenible”: “Lo mejor era abandonar”.

“Criterios diferentes”

Según Bellido, el PP mantiene un “compromiso firme con el cumplimiento de la legalidad y de las resoluciones judiciales” relativas al hotel ilegal, pero dentro del propio Gobierno municipal existen “criterios diferentes” al respecto, lo que pone en cuestión la voluntad real de Hernández por cumplir la resolución judicial que obliga a declarar la nulidad de la licencia y a avanzar en el derribo. El resto de motivos a los que alude Bellido son mucho más difusos, nada tan concreto como la discrepancia en relación con El Algarrobico, cuyo origen, sin embargo, no ha aclarado.

Por su parte, Hernández ha achacado la ruptura a la “sombra de las elecciones”, para la que quedan diez meses.

El Algarrobico ha sido protagonista reciente de la actualidad de Carboneras porque la semana pasada, el Pleno aprobó al fin anular la licencia de obras del hotel ilegal concedida en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol, para dar así cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2021, firme desde 2022. Votaron a favor el alcalde, los cuatro concejales que integran el equipo de gobierno y dos concejalas del PSOE, además de Hernández.

Era la segunda vez que se traía esa propuesta al Pleno. La primera, tres semanas antes, no llegó a votarse por una maniobra de última hora de los cinco concejales del PSOE y dos no adscritos, entre ellos los exacaldes José Luis Amérigo y Felipe Cayuela. Este fiasco generó una escandalera nacional y la advertencia firme de los magistrados del TSJA para que el Ayuntamiento ejecutara de una vez su sentencia.

El origen: un alcalde histórico y un turbulento triángulo político

La mole varada en la playa del mismo nombre explica una porción sustancial de los vaivenes políticos de este municipio del Levante almeriense, donde también juegan un papel las conexiones familiares y las manifiestas enemistades personales que tienen su origen en los roces acumulados por décadas en la política municipal. Una advertencia previa: no es fácil de seguir.

La historia moderna del poder municipal en Carboneras arranca con un histórico mandatario local, proveniente de una poderosa familia de poder durante el franquismo: Cristóbal Fernández fue alcalde desde 1983 a 1995, y luego de 1997 a 2011. Primero, con un partido local; después, se recolocó en el PSOE, desde donde en 2003 concedió la licencia de El Algarrobico a pesar de que incumplía lo previsto en la Ley de Costas y en el Plan de Protección de los Recursos Naturales de Cabo de Gata. En 2007 fue inhabilitado junto con su hermana Rosario por presionar a un conserje para que le votara, pero ambos fueron indultados 15 días después de empezar a cumplir la condena por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Salvador Hernández tomó el relevo de Fernández en 2011. Por entonces era el líder del partido local Grupo Independiente de Carboneras (GICAR), y allí tenía como hombre de confianza a Felipe Cayuela. Gobernó siete años, hasta que en 2018 fue inhabilitado por denegar información a los socialistas, que le habían denunciado, y cedió el testigo a su delfín Cayuela. El ejercicio del poder distanció a Cayuela de su antiguo jefe: a partir de entonces, los antiguos compañeros se convertirían en rivales irreconciliables, incapaces siquiera de mirarse a la cara. Esa rivalidad reventó el grupo popular desde dentro.

El primer mandato de Cayuela duró poco. En 2019, el PSOE volvió a ganar las elecciones y José Luis Amérigo alcanzó la alcaldía. Amérigo es hijo de Rosario y sobrino de Cristóbal Fernández, el histórico político local con 26 años de alcaldía, una condena y un indulto a sus espaldas. De 2019 a 2023 la cuestión de El Algarrobico se enmarañó con actuaciones inexplicables del Ayuntamiento, que generaron el convencimiento muy muy generalizado de que Amérigo, en realidad, no tenía ningún interés en que El Algarrobico se demoliera. Al contrario.

Tres gobiernos diferentes con un solo alcalde desde 2023

En los últimos años el juego de sillas se ha acelerado trazando un curioso reverso del periodo anterior. El PP y PSOE salieron de las elecciones de mayo de 2023 empatados a seis concejales. Hernández (Ciudadanos) tenía la llave: debía decidir si apoyar a quien lo denunció (Amérigo) o a quien le suplantó (Cayuela). O, ojo spoiler: trazar la carambola imposible que acabara con él mismo como alcalde.

Empezó gobernando Cayuela, para entonces fichado por el PP, que venía de fundar Carboneras Avanza tras su explosiva ruptura con Hernández. Por un breve periodo, consiguió el apoyo clave de su viejo enemigo Hernández, que a su vez había dejado GICAR para integrarse en Ciudadanos desde 2019, provocando de paso la implosión del grupo municipal naranja.

En cualquier caso, la reconciliación política de Cayuela y Hernández fue breve. Tres meses después de formar gobierno, volvieron a las andadas, y Cayuela expulsó a Hernández. Eso provocó una reacción en cadena: PSOE y Hernández se concertaron para echar a Cayuela con una moción de censura y entregarle la alcaldía a Hernández, el alcalde que no tenía más grupo político que sí mismo. El pacto era que sería alcalde hasta agosto de 2025, y Amérigo los dos años siguientes.

Esta alianza política duró algo más, pero tampoco mucho. En diciembre de 2024 rompieron acusándose mutuamente de deslealtad. Hernández se puso entonces otra vez en manos del PP, del que tuvo que salir Cayuela para no dar su voto a Hernández.

Lo había conseguido: había pasado de ser llave de gobierno a alcalde, y de paso había logrado defenestrar a Cayuela al grupo de no adscritos con otra concejala, Ángeles Carrillo. En el grupo popular quedaban cuatro de los seis ediles iniciales, que pasaron a conformar el equipo de gobierno de Hernández. Hasta este martes, que, bajo la tutela del PP provincial, se han desmarcado.

Un alcalde y una concejala en el gobierno; once ediles en la oposición

En la oposición les esperan los socialistas, y también sus antiguos compañeros en el PP Cayuela y Carrillo, ahora en el grupo de no adscritos, que podría recibir nuevas incorporaciones en breve si se convierte en definitiva la suspensión de militancia acordada por el PSOE-A contra los ediles que votaron contra la anulación de la licencia hace ahora un mes. Inicialmente, ese expediente se dirigía contra cinco de los seis concejales del PSOE, pero la dirección de los socialistas andaluces parece ahora dispuesta a “indultar” a las dos ediles que cambiaron el sentido de su voto y sí apoyaron la nulidad la semana pasada.

Fernández (tío) y Amérigo (sobrino), Cayuela y Hernández se han repartido el cargo de alcalde los últimos 30 años. Sólo Amérigo sigue en su partido, y no se sabe si por mucho tiempo. En los últimos diez años, los tres últimos se han alternado prestándose y retirándose su apoyo sin motivos claros. En los últimos tres ha gobernado un alcalde que integra un grupo político por sí mismo, y que ahora no tiene más gobierno que él y una concejala.

En este tiempo se han convertido en firmes las dos sentencias del TSJA que debían suponer la puntilla final a El Algarrobico: la primera, dictada en 2018 y firme desde 2021, obligaba a al Consistorio a clasificar la zona como no urbanizable en los planes municipales; no se ejecutó hasta febrero de este año. La segunda, dictada en 2021 y firme desde 2022, obligaba al Ayuntamiento a revisar la licencia concedida en 2003, y eventualmente declararla nula; el Pleno no ha acordado cumplirla hasta la semana pasada. De fondo está el temor de que declarar la nulidad de la licencia que concedió en su día exponga al Ayuntamiento a una imdenización millonaria a la promotora.

Las trabas, retrasos, omisiones y errores para ejecutarlas han llevado a los ecologistas a denunciar la situación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; a los magistrados a advertir retieradamente con multarlos e investigarlos penalmente si seguían ignorando sus sentencias (sin llegar a materializar nunca las múltiples advertencias); y a las administraciones (tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía) a convencerse de que el Ayuntamiento no sólo no colaboraba, sino que ponía en el camino todas las piedras posibles para evitar que El Algarrobico, la mole que nunca debió construirse, siga donde está desde hace 23 años.

Francisco de la Torre (PP) quiere seguir siendo alcalde de Málaga hasta cumplir 88 años, al menos. El anuncio se daba por descontado porque ya se sabe que si solo por él fuera seguiría para siempre, y porque había ido dando pistas en las últimas semanas: “Si consigo hacer más deporte, allí estaré”. Al tiempo que anunciaba su decisión a los periodistas, su equipo ha publicado un vídeo donde se le ve nadando de buena mañana, y en el que anuncia que volverá a participar en la travesía del puerto. Si tiene tiempo y energía para eso, De la Torre sigue, era el mensaje. Pero no por asumido deja de ser noticioso que un alcalde de 83 años que lleva un cuarto de siglo gobernando una gran ciudad de España anuncie que volverá a intentarlo. Sobre todo, teniendo en cuenta que ha ganado siempre que se ha presentado.

De la Torre anunció este lunes que se presentará como cabeza de lista del PP en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2027. El PP gobierna la ciudad desde 1995. En las últimas elecciones recobró la mayoría absoluta que había perdido en 2019, y hoy tiene 17 de los 31 concejales del Consistorio, además de un denso equipo de cargos de confianza. Una potente estructura en la que sobre todo luce él, convertido ya en “alcalde por antonomasia”. “Me siento útil. Y acepto que ese sentimiento pueda prolongarse en el tiempo”, ha dicho el regidor, que se presentará con 84 años cumplidos.

Hoy, Málaga suele identificarse con Francisco de la Torre, que ha cincelado un modelo reconocido fuera de la ciudad al que le asoman críticas crecientes en ella: la capital de la Costa del Sol es alabada por su atractivo estilo de vida para nómadas digitales, perfiles de alto standing y turistas de todo tipo; pero la oposición y muchos vecinos le critican por haber hecho la vista gorda mientras la ciudad se convertía en un parque temático para el turismo a mayor beneficio de unos pocos; que la vivienda sea un imposible para los malagueños; la acelerada pérdida de identidad de la ciudad; o la degradación más allá de la almendra central.

Cunde la idea de que a veces se gobierna para el lucimiento exterior, y que se postergan las necesidades de los vecinos hasta que no cabe más remedio que legislar, tarde, y con medidas de dudoso impacto. Eso explica las cuatro manifestaciones masivas por la vivienda.

En cuanto al estado de la ciudad y los servicios municipales, conviene un vistazo a los barrios: los apartamentos turísticos proliferan en bajos comerciales sin actividad, las aceras acumulan roña y manchas de orín y grasa, la indigencia ha aumentado de forma ostensible. En el Centro, cuesta encontrar malagueños entre turistas, no siempre respetuosos con las ordenanzas municipales. En definitiva, una ciudad cada vez más ajena, según los críticos.

Mariano Ruiz Araújo, portavoz socialista, cree que su proyecto está “agotado” y que es “dañino para la mayoría social” en Málaga, porque es el “autor y máximo responsable” de la crisis de vivienda. Su proclamación “prolonga la agonía” de una ciudad necesitada de cambios. Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, subraya que la ciudad ha perdido los últimos cuatro años desatendiendo la “Málaga real”.

Formas afables, inflexible en el fondo

De la Torre ha anunciado que acepta “la petición del partido” para que se presente. “Mi respuesta es sí”. Es una fórmula. Hace tiempo que De la Torre es el gran activo del PP en la ciudad, una marca en sí misma, y por tanto libre para tomar su propia decisión porque, piensan en el partido, se lo ha ganado: siete victorias, cinco de ellas con mayoría absoluta, son su carta de presentación.

Es alcalde desde que tenía 58. Llegó al cargo tras ser teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Celia Villalobos, y aquello ya era su segunda vida política. La primera fue en pleno franquismo. Fue presidente de la Diputación Provincial de 1971 a 1976, Procurador de las últimas Cortes franquistas y diputado de las primeras en democracia, ya bajo el ala de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez y luego del PRD de Miquel Roca.

Ingeniero de agrónomo y sociólogo de formación, y con un sólido bagaje en la cultura francesa hasta el punto de que en 2017 recibió la insignia de la Legión de Honor, la más alta distinción civil en el país galo, tiene cuatro hijos con su esposa, Rosa Francia.

Es dueño de un estilo moderado, de democristiano clásico, enemigo del histrionismo y las declaraciones rimbombantes, aunque implacable para imponer su criterio, según quienes han compartido escenario político con él. Entre él y su equipo han creado una imagen de señor afable, dialogante, reconocido incluso por sus adversarios, que escucha (lo que haga después es otra cosa), y a quien apenas se le recuerdan salidas de tono. Cuando ocurren son noticia: el año pasado perdió su compostura habitual durante un Pleno en el que le afeaban la suciedad en las calles y su “a ver a ver a ver” apuntando con el dedo a una señora acabó convertido en meme viral.

El riesgo de perder la mayoría absoluta

La duda a resolver es si la marca no acumula ya el suficiente desgaste como para poner en riesgo sus holgadas mayorías, y si esto le pondría en manos de Vox. El alcalde prefiere no plantearse esta posibilidad. Cuando Moreno llegó a un acuerdo con los ultras para repetir como Presidente a costa de asumir muchos de sus postulados, lo asumió como única opción posible, pero no lo celebró con la efusividad del alcalde de Sevilla. En Málaga, los dos ediles de Vox han conseguido desajustar su perfil moderado hasta hacerle votar a favor de una moción contra la regularización con tintes xenófobos. Luego dijo que fue un error pero mantuvo el apoyo a los puntos clave.

Si la opción de que pierda la mayoría absoluta está en el aire es sobre todo por la crisis de vivienda, muy singular en una ciudad donde es tarea imposible encontrar alquileres o pisos a la venta por un precio asequible, ha mellado su perfil. Este lunes ha dicho que es “consciente” de que el principal desafío es el alojamiento, pero lo ha definido como daño colateral de “los éxitos”. Su diagnóstico es que “se construye menos de lo que la gente demanda” por las trabas burocráticas y la falta de energía eléctrica para sacar adelante todos los proyectos.

De la Torre saca pecho de la llegada de empresas tecnológicas, de la consolidación de un sello cultural y en materia ambiental. Todos son ciertos, y todos tienen grietas visibles. La Málaga tecnológica es un hub que atrae empresas y trabajadores extranjeros, muchos de ellos nómadas digitales que disparan los alquileres en una ciudad donde el esfuerzo salarial que requiere tener casa ha escalado a lo más alto del país. La generación de un ecosistema local es incipiente y no está garantizada. La potencia de museos como el Pompidou, el Thyssen, el Picasso o el Ruso (ahora cerrado por la guerra en Ucrania) es muy atractiva para el turismo, pero hay muchas voces que cuestionan que eso haya supuesto un despegue cultural. Y el supuesto sello ambiental es quizá el más desconcertante: más allá de etiquetas y banderas, basta un paseo por los barrios, y está en el aire hasta la aplicación de la zona de bajas emisiones.

En los últimos años, muchos de los anuncios estrella en la ciudad se han quedado en eso o avanzan con parsimonia, lastrados por falta de presupuesto, dificultades burocráticas, las dudas o los recursos judiciales. La lista es larga: las torres de Repsol, el Auditorio, la torre del Puerto, la parcela del Astoria. Más dolorosas aún han sido las candidaturas frustradas: a la Capital Europea de la Cultura 2016, a la Exposición Internacional de 2027, a la sede del Mundial 2030, a sede de la Autoridad Aduanera Europea.

En cartera tiene otro puñado de proyectos ambiciosos: el más reciente, trasladar el estadio de fútbol de La Rosaleda a la ampliación de Teatinos, algo que no estaría terminado antes de 2032. También, los puentes plaza sobre el Guadalmedina, que ya ha empezado a licitar, como el ambicioso Auditorio de música, para el que no cuenta con el apoyo del Ministerio y en el que insiste desde hace veinte años y ahora ya con parcela y en fase de redacción de pliegos. Entre los planes supramunicipales, el tercer hospital y la finalización de las obras de la línea 2 de Metro.

La duda del número 2

Con cada anuncio, una especie de ritual cada cuatro años, sobrevuelan dos dudas. Si reedita victoria: ¿agotará el mandato? Este lunes dijo que su compromiso es “para cuatro años” y que su propósito es “cumplir” “mientras la salud” se lo permita. Igual que la última vez. ¿Será el último? Y aquí ha terminado cediendo a la naturaleza, pero sin ser tajante: “Creo que sí”.

Resuelta la incógnita principal, siempre queda mirar al número 2 para calibrar sucesiones. Málaga, sexta ciudad de España en población, es un bastión del PP desde hace más de 30 años. Él no lo ha anunciado, “no me corresponde a mí”, pero es una elección importante. Este mandato lo fue Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP municipal, en la quiniela de candidatos desde hace años. Otra que ha sonado es Carolina España, vicepresidenta y portavoz de la Junta de Andalucía, pero su desembarco implicaría una operación política de otra naturaleza: sacar a un pilar del Gobierno de Moreno que nunca se ha probado como cabeza de lista en unas elecciones.

De la Torre ha adelantado el anuncio respecto a lo que ha sido habitual hasta ahora, porque el próximo fin de semana el PP celebrará en Santiago de Compostela la proclamación de candidatos para las municipales. En los últimos días le dio las vueltas suficientes para que cayera como fruta madura, aunque quienes le rodean le insistan en que es hora de que se dedique más tiempo a sí mismo y a la familia.

Muchas mañanas sale a pasear a primera hora por la Malagueta antes de afrontar las tareas municipales. Este lunes dijo que se ve bien y que nota el cariño de la gente, que le para por la calle para hacerse fotos con él, aunque no quiera “presumir”. Hay que deducir que ha conseguido cuadrar su agenda para hacer más deporte o que ha encontrado un gimnasio con horarios imposibles antes de decantarse por lo de siempre: presentarse de nuevo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha anunciado este lunes que aspira a repetir en el cargo tras las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2027. “Mi respuesta es sí”. Será nuevamente el cabeza de lista del PP, que gobierna la ciudad desde 1995. En las últimas elecciones recuperó la mayoría absoluta que perdió en 2019, logrando 17 de los 31 concejales en liza.

De la Torre tomó el bastón de mando de su compañera de partido Celia Villalobos en el año 2000, a mitad de mandato, y no lo ha soltado desde entonces. Tiene 83 años. En caso de ser reelegido, lo sería con 84 y llegaría al final del mandato con 88. El veterano regidor ha asegurado que, si consigue imponerse, su voluntad será agotar el mandato, “mientras la salud se lo permita”. La cuestión de si delegará en un delfín a mitad de ciclo se plantea a cada ocasión, y hasta ahora siempre ha cumplido con los cuatro años.

Este lunes ha explicado que ha conseguido tener más tiempo y que tras consultarlo con su familia, que le pedía que dedicara más tiempo a sí mismo, ha terminado por decidir que volvera a presentarse. “Mi vocación de servicio es fuerte”, ha dicho en una comparecencia anunciada por sorpresa a primera hora, y que ha comenzado con exquisita puntualidad.

El regidor ha hecho de estos anuncios una especie de tradición política. En esta ocasión, como en las anteriores, ha ido transmitiendo su estado de ánimo, vinculando su decisión de presentarse o no la comprobación si puede ordenar su intensa agenda para dedicar más tiempo a hacer deporte. El regidor suele dedicar un rato a primera hora del día para dar un paseo antes de ponerse con sus tareas municipales, pero es habitual que se lamente de que le gustaría sacar más tiempo para pasear o nadar.

De la Torre tomó el bastón de mando de su compañera de partido Celia Villalobos en el año 2000, a mitad de mandato, y no lo ha soltado desde entonces. Tiene 83 años. En caso de ser reelegido, lo sería con 84 y llegaría al final del mandato con 88. Cada vez que anuncia que vuelve a presentarse sobrevuelan dos dudas. Si reedita victoria: ¿agotará el mandato? Su compromiso será “para cuatro años” y su propósito es “cumplir” “mientras la salud” se lo permita, ha respondido. ¿Será el último? Y aquí ha terminado cediendo a la naturaleza, pero sin ser tajante: “Creo que sí”. “

En su último mandato ha anunciado proyectos de largo recorrido que sólo podrán finalizarse en el próximo mandato, y algunos de ellos, ni eso. El último es la decisión de trasladar el estadio de fútbol de La Rosaleda a la ampliación de Teatinos, algo que no estaría terminado antes de 2032. El proyecto de los puentes plaza sobre el Guadalmedina también va para largo, igual que el ambicioso Auditorio de música (en el que insiste desde hace veinte años y ahora ya con parcela y en fase de redacción de pliegos) y otros planes supramunicipales, como el tercer hospital y la finalización de las obras de la línea 2 de Metro.

El incendio declarado el jueves por la tarde en Los Gallardos, Béjar y Antas que durante la noche acabó con 12 vidas y el viernes arrasó 6.600 hectáreas con velocidades de avance de hasta cien metros por minuto se apaciguó este sábado gracias al trabajo de los efectivos de la UME, Plan Infoca y bomberos de Levante y a unas condiciones climatológicas mucho más favorable: el viento dejó de soplar con fuerza y la humedad remontó hasta el 50%, y esa fue la “ventana de oportunidad” que aprovecharon los bomberos para perimetrar las llamas a esas 6.600 hectáreas, que no se han extendido, y, por primera vez, “atacar el fuego” en lugar de defenderse de su avance.

Al final de la tarde, las perspectivas para la noche eran también buenas. “La climatología esta noche va a ser favorable y la perspectiva para estabilizar en las próximas horas es favorable”, avanzó el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, quien no obstante también lanzó un mensaje de cautela: hay focos activos y el comportamiento del fuego en una zona con orografía muy escarpada, con barrancos y caminos angostos de tierra que atraviesan superficies de matorral o antiguos cultivos de esparto, llama a ser precavidos.

Por eso, Bolaños también pidió paciencia a las más de 1.400 personas que siguen fuera de sus casas. Según dijo, ya no están en albergues o polideportivos como el de Garrucha, sino que han sido alojadas en viviendas propias o familiares y en hoteles, que abonará el Gobierno. “Volverán cuando podamos garantizar las condiciones de seguridad. Esperamos que sea lo antes posible”.

Durante el día, sí se permitió el regreso temporal de algunos vecinos a Bédar para recoger medicamentos, dinero o documentación, o para alimentar animales. El Ayuntamiento de Antas pidió a los evacuados que esperen autorización para volver a sus casas y la Guardia Civil detuvo a dos personas que se negaron a acatar las instrucciones de evacuación.

El fuego se cobró la vida de 12 personas, en cuya identificación siguen trabajando los forenses del Instituto de Medicina Legal en Madrid. Es una tarea complicada por el estado en que quedaron los cuerpos. Hay siete denuncias de desaparición, y cuando se complete la identificación de los cadáveres podrá comprobarse cuántas corresponde a las víctimas ya contabilizadas.

Además, hay ocho heridos, entre ellos cuatro en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Los daños materiales son menos cuantiosos de lo que se temía. “La práctica totalidad de las viviendas no están afectadas”, ha asegurado Bolaños, quien ha recorrido la zona. Está previsto que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite la zona el próximo lunes.

“Nos tenemos que acostumbrar”

Bolaños ha advertido que la virulencia del incendio tiene su origen en la emergencia climática. “Nos tenemos que acostumbrar, porque la emergencia climática tiene estas consecuencias”, señaló por la mañana. Los expertos apuntan a la abundante vegetación acumulada tras un año lluvioso, muy reseca en las últimas semanas de altísimas temperaturas. No ayudó la orografía del terreno, muy escarpada, lo que dificulta el acceso de maquinaria pesada y provoca convecciones de aire caliente que expanden las llamas. Por último, la meteorología: el jueves y el viernes sopló un intenso viento seco, que hizo correr el fuego a velocidades de vértigo.

Bolaños ha rebajado la polémica sobre la falta de envío de un mensaje de alerta a través del sistema ES-Alert. El ministro ha avalado la explicación del Gobierno andaluz: “Son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos, no puedo desautorizar o cuestionar esa decisión”, ha dicho el ministro.

Antes, el Consejero Antonio Sanz había replicado al ministro Óscar Puente y a la portavoz socialista, Montse Mínguez, quienes habían señalado que “una vez más” había quedado “otro ES Alert sin enviar”, en referencia a la falta de aviso en tiempo durante la Dana de Valencia. Sanz, visiblemente molesto, ha replicado que quien polemiza con esto “no tiene ni idea” de cómo funciona ES Alert, y ha explicado que el envío hubiera provocado “daños irreparables y confusión a la población”, al no ser posible acotarlo a quienes en ese momento debían ser evacuados.

Según Sanz, el rango de difusión del mensaje no permitía afinar lo suficiente en este caso y enviarlo indiscriminadamente a población que debía seguir instrucciones diferentes podía dificultar las tareas de evacuación de quien sí debía salir de sus viviendas. La alternativa fue que el alcalde, concejales y miembros de las fuerzas de seguridad avisaran casa a casa.

El incendio, el más trágico de las últimas décadas en España, tiene aún un origen por esclarecer. La primera hipótesis apunta a un cable que cayó sobre la cuneta en el punto kilométrico 511 de la Nacional 340. Tanto Red Eléctrica como Endesa han negado que ese cable sea suyo, señalando que corresponde a la instalación de un antiguo restaurante. Además, Endesa añade que sus técnicos comprobaron que no tenía tensión desde que ese restaurante cerró, en 2009. Sin embargo, esta sigue siendo la principal hipótesis, sin que se descarten otras.

47 días después de que se declarase el incendio, el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha dado por finalizada la intervención permanente que mantenía en el edificio de Pasillo de Guimbarda, en el Distrito centro de la capital. El Área de Seguridad del Ayuntamiento de la capital ha informado de la retirada de los bomberos a través de un mensaje en su cuenta en la red social X.

El fuego que comenzó en la madrugada del 25 de mayo afectó al Grand Café, que funcionaba como cafetería y restaurante, y a un hotel de la cadena Ibis. Tras mes y medio ardiendo, con fases de combustión lenta e invisible, y reavivamientos de las llamas, la última vez hace apenas 15 días, un mes después de comenzar.

Los técnicos y el propio Ayuntamiento de Málaga dieron por imposible atajar el incendio una semana después de que comenzara, al constatar que no podían combatirlo desde dentro por el riesgo de que los bomberos sufrieran daños si colapsaba el forjado de madera que sostiene el edificio. Lo único que podían hacer era aportar más agua desde el exterior, y eso limitaba las opciones de extinción, porque había zonas muy calientes inaccesibles, donde solo quedaba esperar que el fuego se consumiera por sí solo. Finalmente, el edificio de planta baja más cuatro ha quedado completamente calcinado y se da por seguro que su destino es la demolición.

También se da por descontado que el propietario del suelo, Grupo Accor, construirá un nuevo hotel, probablemente con más altura. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado su preferencia por que el futuro hotel sea de categoría superior, un cuatro o cinco estrellas, “sin forjado de madera”.

El hotel Ibis Málaga Centro contaba con 189 habitaciones dobles (378 plazas hoteleras) y 47 aparcamientos. Antes del incendio, el propietario había iniciado los trámites para elevar la altura en dos plantas. Había obtenido el visto bueno de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, pero aún estaba en trámite la Evaluación Ambiental.

Críticas sindicales por la falta de bomberos y medios

El fuego se inició sobre las 01:20 horas del lunes 25 de mayo. Las cámaras de videovigilancia de la zona sitúan el inicio en el local comercial situado en la planta baja del edificio, una cafetería. A esa hora, las cámaras registran el comienzo, que sigue de una fuerte deflagración que se propaga rápidamente al hotel, probablemente debido al material plástico acumulado para la decoración de la cafetería. El hotel activó su plan de autoprotección iniciando al desalojo de clientes y personal, y nadie resultó herido.

Desde entonces, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha pedido a la propiedad del edificio que retire tramos de forjado de madera de la cubierta para facilitar y finalizar las labores de extinción del incendio; que valle el perímetro para evitar daños por caídas de material; el tapiado de los huecos de fachada para evitar el acceso al interior; y el desescombro del local de planta baja de la zona sur y apuntalamiento de la estructura.

La gestión del incendio ha aflorado nuevamente las críticas del Sindicato Andaluz de Bomberos, inmerso en un conflicto con el Ayuntamiento que dura nueve años, e incluye una huelga. Málaga tiene ahora 256 bomberos en plantilla, menos de los que tenía hace 18 años con una población que ha crecido notablemente. Son la mitad de los que tiene Sevilla. Coincidiendo con el incendio, el concejal de Seguridad anunció que la plantilla aumentará un 55% de aquí a 2028, empezando por la incorporación inmediata de 50 nuevos efectivos.

El sindicato también se queja de la falta de medios, el incumplimiento de medidas básicas de prevención de riesgos o la falta de protocolos operativos para incorporar refuerzos en incendios como el del hotel.

La Audiencia de Málaga ha condenado a 52 años de cárcel al sacerdote F.J.C.V.. 'padre Fran', al considerar probado que agredió sexualmente a cuatro mujeres con las que tenía una relación de amistad, tras sedarlas para dejarlas inconscientes, y que también las grabó en ese estado. Además, se le impone que indemnice a cada una de las cuatro víctimas con distintas cantidades, de las cuales deberá responder subsidiariamente el Obispado de Málaga. la sentencia no es firme y puede ser recurrida.

En la sentencia, adelantada por Europa Press y a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, la Sala considera probado, tal y como señalaron la Fiscalía y las acusaciones particulares, que el acusado aprovechó “situaciones de amistad” con las víctimas, a las que había conocido en actividades religiosas, para ganarse su confianza y suministrarles una sustancia desconocida que les generaba una somnolencia tal que perdían la conciencia. Entonces, el sacerdote aprovechaba “satisfacer sus deseos sexuales, y sin que constara en ningún momento consentimiento de la víctima”.

Se le condena por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, con la circunstancia que agrava la pena de abuso de confianza, y se le impone 12 años de prisión por cada uno de estos delitos, además del alejamiento de estas víctimas durante 13 años en cada caso. Asimismo, se le condena por otro delito continuado de abuso sexual, también con la agravante de abuso de confianza, en relación con una cuarta víctima, por el que se le impone cuatro años de cárcel y la prohibición de acercarse durante cinco años.

También se le condena por cuatro delitos de continuados de descubrimiento y revelación de secretos y se le impone por cada uno tres años de prisión. Igualmente, en relación con los anteriores delitos, se le impone libertad vigilada por un periodo de siete años que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

El acusado deberá indemnizar a las víctimas por las secuelas psíquicas y morales, según la sentencia, que no es firme; en concreto en las cantidades de 94.442 euros, 101.191 euros, 106.594 euros y 100.902 euros, haciendo un total de 403.129 euros. Unas cantidades de las que subsidiariamente deberá responder el Obispado de Málaga. El primer día de juicio, los abogados del Obispado trataron de revertir todo lo actuado pidiendo a los jueces que declararan la nulidad para poder practicar diligencias que supuestamente lo exonerarían de toda responsabilidad y que, según decían, no habían podido practicar. Solo tres días antes, el Obispo José Antonio Satué había pedido perdón y prometido que el Obispado colaboraría con la indemnización incluso aunque no fuese condenado. Esto, unido a la escasa diligencia en formalizar el aval que le había requerido la Audiencia, indignó a las acusaciones.

Los magistrados concluyen que su condición de cura fue esencial para cometer sus delitos, que no se pueden “desvincular” de su condición religiosa, porque es lo que le servía para ganarse la confianza de las víctimas: “No podemos asumir tal y como pretende la Diócesis de Málaga, separar lo ocurrido de la condición sacerdotal del acusado, ni por lo tanto parcelar o delimitar en función de los actos o momentos del día o de los actos lúdicos o religiosos a los que acudía, cual era su condición o el traje personal o religioso con el que se comportaba”. Además, muchos de los delitos se cometieron en viviendas del Obispado.

La fiscal y las acusaciones ejercidas por las cuatro víctimas solicitaban 72 años de prisión y 300.000 euros de indemnización para cada una de ellas.

Las víctimas no sabían nada

La sentencia recoge la trayectoria del 'Padre Fran' desde que ingresó como interno en septiembre de 2013. En 2016 fue ordenado diácono, y un año después, presbítero. En 2017 comenzó a ejercer el sacerdocio. Primero en Álora, Ardales y Carratraca (Málaga) y desde 2021 en Melilla. En todos esos años entabló múltiples relaciones de amistad durante actividades religiosas de convivencia o en romerías. Fue en ese “círculo de feligresía” como conoció a sus víctimas, que participaban de viajes con él y que en ocasiones dormían en viviendas a las que él les invitaba, alguna privativa y otras del Obispado en Málaga, Ardales o Melilla.

La sentencia considera probado que, aprovechando esa confianza, las drogaba con una sustancia desconocida, pero que adquiría porque era consumidor habitual de drogas, y una vez dormidas, las colocaba en diversas posturas y les realizaba tocamientos vaginales y anales, en ocasiones penetrándolas con los dedos o el pene, sacando fotografías o vídeos. “Tan manifiesta es la pérdida de conciencia, la nula capacidad intelectiva o cognitiva de entender lo que les estaba ocurriendo, que necesariamente hemos de concluir que ese estado había sido necesariamente inducido por el propio acusado”, recoge la sentencia.

Ninguna supo nada hasta muchos años después. En 2023, la Policía las llamó después de haber accedido a cientos de fotografías y vídeos que documentaban esos abusos, grabados por el propio 'Padre Fran', que había clasificado los archivos en carpetas con el nombre de sus víctimas. El shock para ellas fue absoluto, porque no recordaban nada.

Los archivos los había entregado la exnovia del 'Padre Fran', que mantenía una relación secreta con él. Los descubrió por casualidad buscando series en un disco duro externo que guardaba en un cajón del mueble del salón de su casa de Melilla, cuando él estaba de visita en Málaga por la Navidad de 2022.

Sin quiebra de la cadena de custodia

Tras informarle a él de su descubrimiento, ponerlo en conocimiento de un compañero de 'Padre Fran' y del vicario e intentar sin éxito hablar con el Obispo de Málaga, la mujer acabó mostrando el material a un Inspector de la Policía Nacional en Melilla seis meses después, en junio de 2023. El Policía se llevó parte de esos archivos en un dispositivo USB, y dio cuenta a la unidad especializada, que intervino el dispositivo poco después. La operación 'Pájaro Espino', que llevó a la detención del párroco, se desarrolló dos meses después, en septiembre, fecha desde la que permanecía en prisión provisional. Para entonces, 'Padre Fran' había regresado a Álora, donde el Obispado le había asignado la parroquía después de sacarlo de Melilla.

Sobre el juicio que ahora recibe sentencia pesaban dos cuestiones clave: la primera, las dudas sobre la obtención y la posterior cadena de custodia de la principal prueba de cargo, que son las fotos y vídeos donde se ve a las víctimas, en algún vídeo la cara del sacerdote y su pene, identificado por los peritos. Esos archivos fueron copiados por su expareja, que aportó la copia a los investigadores. Peritos informáticos ratificaron que eran auténticos y confirmaron la fecha y la ubicación en que se habían registrado. Los jueces no tienen ninguna duda de la admisibilidad de la prueba y subrayan que ella accedía a la vivienda del cura, de la que tenía la llave, y que el disco duro no estaba oculto. Tampoco ven quiebra en la cadena de custodia hasta que llegó el material a poder de la Unidad especializada de la Policía, ni después, ni hay duda alguna de que el material no fue alterado. Resulta “grotesco”, dicen los jueces, que el acusado pretendiera reconocerse a sí mismo, pero no los hechos que protagoniza en alguno de los vídeos que se le mostró durante el juicio.

Otra cuestión que sobrevolaba el caso era el grado de conocimiento que tuvieron otros miembros de la Iglesia y, particularmente, el Obispo de Málaga entonces, Rafael Catalá, y si había indicios suficientes para acusar a alguien por encubrimiento. No se dio el caso, porque esa vía quedó cegada ya en fase de instrucción, porque la jueza no vio suficiente material. Un sacerdote, el vicario y una amiga escucharon el relato de la denunciante, pero ella nunca les mostró el material y ellos no la creyeron. Y el Obispo, que no llegó a recibir a la denunciante, reubicó al cura y lo mandó a un retiro espiritual, pero supuestamente por su relación de pareja, no por sus delitos.

Con todo, los magistrados critican la “inactividad” de la Iglesia ante lo que iba sabiendo: “Ya no sólo tenían conocimiento de lo inadecuado del comportamiento del acusado [en referencia a comportamientos impropios en despedidas de soltero], sino de la forma más específica de la existencia de una relación sentimental con la denunciante, y que ella refería cuanto menos de forma creíble haber visto videos o fotografías de contenido sexual”.

Los magistrados observan que la denunciante informó primero a la Iglesia, y bastante más tarde a la Policía, “de una forma un tanto incomprensible”, pues eran ellos quienes podían investigar los hechos, con “diligencia, rapidez y racionalidad”. “Quizás, la vinculación que la misma mantenía con la Iglesia, o la existencia de un conflicto personal en relación con sus sentimientos religiosos y/o afectivos empujaran a la misma a obrar en la forma indicada, que si bien ciertamente resulta difícilmente defendible”, señalan.

La jueza de instrucción que investiga al alcalde de Estepona y una de sus concejalas de confianza por la adjudicación del restaurante del Mirador del Carmen a una empresa de su nuera ha requerido al Ayuntamiento para que le entregue toda la documentación que tenga en relación con este asunto. Además, ha acordado suspender la declaración del regidor, José María García Urbano (PP), hasta que haya recabado toda esa documentación: expedientes urbanísticos, de ejecución y control, económicos o de cualquier otro tipo relacionados con la concesión.

El juzgado de instrucción 4 de Estepona investiga a José María García Urbano (PP) por un presunto delito de tráfico de influencias, tras recibir una denuncia de Fiscalía por este caso, desvelado por elDiario.es Andalucía hace ahora tres años. Junto a él están investigados la concejala Ana Velasco, los técnicos municipales que intervinieron en la licitación y la pareja de su hijo, Nadia Odeh Núñez, administradora única de Inversiones Delmar 2022, que se hizo con el espacio en junio de 2023. Inversiones Delmar había sido creada apenas unos meses antes, no tenía experiencia en el sector, y estaba domiciliada en el despacho profesional en Málaga de Salvador Pedraza, quien también es concejal del PP en Estepona.

El fiscal cree que es “evidente” que la adjudicataria “carecía absolutamente de solvencia económica y profesional”, lo que pone en cuestión por qué obtuvo la concesión. En realidad, la mesa de contratación se basó únicamente en un criterio subjetivo: una “carta de intenciones no acreditadas”, según el fiscal, con la oferta gastronómica que pretendía ofrecer. Menos de un año después de recibir el local, Nadia Odeh Núñez vendió las participaciones de su empresa a un conocido empresario esteponero. El pliego prohíbe expresamente la cesión a terceros de la concesión sin autorización del Ayuntamiento.

A petición de la Fiscalía, la jueza pide ahora al Consistorio que le entregue todo lo que tenga en relación a este asunto, y lo detalla en una providencia a la que ha tenido acceso este medio: expedientes urbanísticos, incluyendo licencia de obras, proyecto técnico, actas de replanteo, certificado final de obra y licencia de apertura; expedientes de control, lo que abarca actas de inspección, informes de seguimiento de la concesión, expedientes sancionadores o resoluciones sobre incumplimientos; expedientes económicos, como la liquidación del canon, justificantes de pago, requerimientos o informes de intervención; y, en fin, cualquier otro relacionado con la concesión, como modificaciones de uso, cesiones o transmisiones de la concesión, incidencias o expediente de reversión.

Además, acuerda suspender la declaración como investigado del alcalde, hasta ahora prevista para el próximo 17 de julio, hasta contar con toda la documentación. Es la tercera ocasión en que el regidor evita su comparecencia ante la jueza de este caso. En su día, evitó dar explicaciones al Pleno, y se limitó a señalar que no podía haber nada ilegal porque lo que había desvelado este medio constaba en el Registro Mercantil, y por tanto no se ocultaba.

Declaración del subinspector de la UDEF

En cambio, se mantiene para el 17 de julio la declaración del subinspector del Grupo I de Blanqueo de la Policía Nacional, que firma el informe de la UDEF incorporado a las diligencias.

La UDEF ha indagado en las cuentas los vástagos del alcalde, de Núñez y del beneficiario final de la adjudicación y ha descubierto que García Urbano aportó 20.000 euros a cada uno de sus dos hijos en concepto de “donación” apenas una semana antes de que se constituyera la sociedad. Los agentes sospechan que ese dinero es el que Núñez usó como fianza para participar en la licitación, a la que sólo se presentó otra oferta, en el último minuto, y cuyo contenido económico era idéntico al de Inversiones Delmar. Los agentes creen que la adjudicataria es una empresa creada ad hoc con el único objetivo de “enmascarar” el beneficiario final de la concesión.

Ubicado en las tres últimas plantas (con acceso privado a un mirador al Mediterráneo en la última) del Mirador del Carmen, un edificio a pie de playa en cuya construcción el Ayuntamiento ha invertido 16,3 millones de dinero público, el local paga un canon de 27.000 euros anuales. Sale a 5,35 euros por metro cuadrado, una bicoca para la zona, a poca distancia del Puerto, recién restaurada y abierta al turismo, donde los precios pueden quintuplicarse. Se da la circunstancia, además, de que hasta ahora no consta que la adjudicataria haya pagado ese jugoso canon. Un informe municipal aportado al juzgado ya señaló que no tenía licencia de apertura ni había abonado ninguna de las dos anualidades transcurridas desde 2023.

La torre aloja un conservatorio de música, un auditorio, una biblioteca y una sala de exposiciones que ha expuesto obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, Fundación MAPFRE o la Fundación Zuloaga. El restaurante fue abierto en septiembre de 2024 bajo el nombre comercial de Cielo Skybar, y hoy forma parte de un exitoso grupo hostelero de la ciudad.

Además de por este asunto, García Urbano es investigado por otro juzgado de instrucción de la localidad por la contratación para el Ayuntamiento de una “amiga íntima” con la que había mantenido una relación y que nunca fue a trabajar. En este caso volvió a declarar hace 15 días para asegurar que la mujer reportaba verbalmente ante él sus supuestos trabajos, que ella niega que hiciera, y que hasta ahora carecen de cualquier acreditación documental. El juez ve “indicios suficientes” de delito para ir a juicio y está previsto que las acusaciones (PSOE, Vox y Fiscalía) presenten próximamente sus escritos de acusación por presuntos delitos de malversación y prevaricación.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes) ha decidido poner fin al expediente de revisión de oficio de la licencia de obras de El Algarrobico declarándola nula, con el voto a favor de ocho de los 13 concejales, y la ausencia de los otros cinco.

El Pleno ha dado así cumplimiento al ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había ordenado que votaran nuevamente esta cuestión para cumplir una sentencia de junio de 2021, firme desde diciembre de 2022, y que el Ayuntamiento empezó a ejecutar en junio de 2023. Tres años ha costado. Los jueces advirtieron el pasado 24 de junio que desplegarían todo su poder si los concejales volvían a ignorarles: ejecución subsidiaria, multas y posibles responsabilidades penales.

De esta forma, los ediles han votado en Pleno Extraordinario a favor de dar cumplimiento al auto de 24 de junio, dictando resolución para poner “fin a la revisión de oficio” de la licencia que concedió el 13 de enero de 2003, declarando que aquella licencia es nula de pleno derecho. Queda para otro momento determinar si deberá indemnizar a Azata del Sol, la promotora a la que dio la licencia para construir en plena playa y parque de Cabo de Gata, y en cuánto.

Esta era la segunda ocasión en un mes en la que los ediles del municipio eran llamados a pronunciarse sobre una cuestión que marca el futuro del inmueble. En la primera votación, el pasado 17 de junio, Carboneras dio la sorpresa. Con todo a favor, incluyendo el informe del Consejo Consultivo favorable a la nulidad, el Pleno decidió posponer la decisión de revisar (y anular) la licencia con el voto a favor de cinco del PSOE y dos no adscritos.

El voto de dos concejales socialistas da la vuelta

En esta ocasión, ha sido el voto de dos de las concejalas socialistas el que ha provocado el volteo del resultado. Mariana Esteban e Isabel Hernández se han apartado de la postura del líder local del partido, el exalcalde José Luis Amérigo, y se han alineado con los cinco concejales del PP y el propio alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) para dar cumplimiento al auto de 24 de junio,

Con la voz entrecortada, Hernández ha insistido en varias ocasiones en que “lo que dicta la Justicia está para cumplirse”, asegurando que él nunca ha intentado poner palos en las ruedas, sino que ha intentado cumplir “sobre la base de los medios humanos y materiales de que disponemos”.

El regidor ha insistido en pedir ayuda a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, a las que ha llamado “corresponsables” de autorizar el hotel y ha pedido “altura de miras”: “Somos un municipio de poco más de 8000 habitantes, al que se le crearon unas expectativas irreales e ilegales de desarrollo”, ha lamentado, antes de advertir de que el camino que queda es largo y que no ve que el pueblo pueda recorrerlo solo: “Mucho nos tememos, si no tenemos ayuda, que el hotel va a seguir su culebrón (...) Intentemos entre todos salir de la mejor manera posible de este embrollo”.

El “embrollo” es la presunta responsabilidad a la que podría tener que hacer frente el Consistorio, si bien los tribunales ya han determinado en tres ocasiones que Azata no tiene derecho a reclamar nada porque sabía que no podía construir ahí. Hernández ha lanzado un “mensaje de intranquilidad”, asegurando que quienes vaticinan la ruina para el pueblo lo hacen para “meter miedo” y seguir sosteniendo un hotel ilegal.

No le han escuchado ni Amérigo ni los otros tres concejales que no han votado a favor (otro socialista y dos no adscritos), que han abandonado el salón de Plenos antes de que el alcalde tomara la palabra.

Antes, Amérigo había asegurado que el mandato del TSJA (“poner fin al expediente de revisión de oficio”) no obliga a declarar la nulidad de la licencia, y ha defendido que el acuerdo que adoptó el pasado Pleno para posponer la votación hasta contar con tres nuevos informes sí es obligatorio y ejecutivo.

El portavoz socialista ha insistido en que al expediente le faltan informes y documentos. En su opinión, votar hoy a favor de la nulidad de licencia supone incumplir a la vez el mandato del TSJA y el del Pleno. En la misma línea han hablado Felipe Cayuela y la otra concejala no adscrita, mientras las dos socialistas que han revertido el resultado explicaban que votaban a favor para cumplir con el mandato judicial: “Si no se declara por el Ayuntamiento lo haría el TSJA, a riesgo de que seamos encausados judicialmente.”

Hernández no le ha comprado el argumento a Amérigo, subrayando que el mandato de los jueces es claro: “Si nos dicen que hay que anular, hay que anularla. (...) Esos supuestos informes que faltan, no faltan. (...) Este expediente lo único que lleva es la revisión de oficio: la orden del TSJA, informe del Consultivo y la información a las partes”.

El regidor ha apuntado a Amérigo, recordando que es sobrino del alcalde que concedió la licencia, Cristóbal Fernández: “El hotel tiene padre y madre, el PSOE de la familia Amérigo Fernández, que son los que concedieron la licencia y nos llevan por el camino de la amargura”.

Una decisión controvertida

La decisión del pasado 17 de junio había descolocado a todos. El Gobierno central, personado en el procedimiento judicial, presentó un escrito pidiendo a los jueces que dieran un (otro) ultimátum al municipio para que anulara la licencia, y si no, que la anularan ellos. La Junta de Andalucía y los ecologistas optaron por pedir directamente al TSJA que asuma la función prevista en la ley y ejecute la sentencia ante la constatada resistencia municipal a hacerlo, además de pedir que se investigue ya en vía penal a concejales y alcalde. Y el PSOE, cuyos ediles contribuyeron decisivamente a completar la nueva pirueta que dio aire a la mole, anunció la apertura de un expediente y la suspensión temporal de esos concejales por saltarse la disciplina de partido.

De fondo operan las mismas reticencias que han trufado de obstáculos, excusas y trabas la ejecución de la sentencia del TSJA, que es firme desde diciembre de 2022 y pese a ello, sigue sin aplicarse. Aseguran quienes evitan ejecutarla que Carboneras podría verse expuesto a una reclamación millonaria de la promotora si es el propio municipio el que declara la nulidad de licencia que concedió en febrero de 2023.

Es el argumento que oponen, antes de manera velada y ahora ya abiertamente, quienes se oponen a la ejecución, como José Luis Amérigo, exalcalde del PSOE y ahora portavoz de los socialistas. En el Pleno, Amérigo aseguró que carecía de “información esencial” sobre las consecuencias de la nulidad, una decisión de “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica”, y adujo la necesidad de recabar al menos tres nuevos informes: uno sobre el impacto económico, otro de intervención y otro jurídico sobre la eventual responsabilidad patrimonial.

Nada más recibir el acta del Pleno y los escritos de los ecologistas, la Junta de Andalucía y el Ministerio, los jueces del TSJA resolvieron dar una nueva oportunidad al Pleno para que convocara y votara la revisión, bajo advertencia de que si no lo hacía, podría multar a los responsables y llevarlos a Fiscalía.

Eso es lo que se ha votado hoy, con un resultado esperado durante más de dos décadas: la licencia de El Algarrobico es nula de pleno derecho. Esto era solo el primer paso, aunque probablemente el más costoso. Ahora vendrá todo lo demás.

En la jungla inmobiliaria de Málaga hay quien hace tiempo que encontró el hogar en una habitación multiusos sobre ruedas. “Aquí tengo el ventilador. El horno. La nevera. Mira, la televisión: la prendo para que veas que funciona. Tengo una placa solar de 12 voltios y esto lo transforma a 220”, describe Silvio, sentado en la cama, con acento argentino y estilo naturalista, tal y como lo haría un agente inmobiliario o un notario.

Él, que lleva 25 años en Málaga, se define como “clase obrera”, es repartidor de comida a domicilio a media jornada: dos horas y media a mediodía; dos horas y media por la noche. No es orgullo, pero tampoco siente vergüenza en decir que esta caravana es lo que él y María Rodríguez, que vive en la de enfrente, pueden pagarse. “Tenemos todas las comodidades. ¿Es pequeñito? Sí, pero nos adaptamos. Tenemos televisión, aunque no sea de 60 pulgadas”.

Son dos de los habitantes de las parcelas de Sacaba, en el extremo oriental de la capital de la Costa del Sol, a quienes si cumple lo previsto el Ayuntamiento expulsará este martes a las 7 de la mañana, alegando problemas “salubridad, gestión de residuos y convivencia”. Quienes aquí viven se revuelven. Rechazan la etiqueta de vividores y dicen que están al día con todo: se definen como trabajadores honrados, individuos, parejas y familias que no pueden permitirse pagar un alquiler en cualquier otro sitio de la ciudad, cuyos precios disparados llaman la atención hasta del Banco de España. De las grandes de España, esta es la ciudad que mayor esfuerzo económico exige para procurarse un techo.

“Somos gente de a pie: con un sustento, aunque nos veamos abocados a vivir así. No podemos tener una vivienda con los precios de hoy”, cuenta Rafa Sánchez, 54 años, con empleo estable en el aeropuerto, la puerta de entrada a la ciudad del turista internacional a la Costa del Sol, por donde pasaron 26,7 millones de personas en 2025. No aclara en qué empresa, igual que prefiere evitar aclarar qué tipo de funcionarios viven aquí, que también los hay, por miedo al estigma y las represalias.

Todos se describen como “vecinos” que, en lugar de una casa de ladrillo y cemento, invirtieron sus pocos ahorros en una caravana sobre ruedas que colocan donde les dejan. “Aquí hay muchas realidades: reponedores de supermercado, administrativos, trabajadores de la Sanidad, gente que ahora cobra menos porque está de baja; familias con niños, divorciados”, enumera: “Yo estoy contento con mi trabajo, pero no me da para 1.200 en gastos fijos al mes. Así que llevo aquí cinco años”, relata.

A pocos metros de áticos de cinco millones

El pasado viernes, el alcalde Francisco de la Torre (PP) anunció que deberán irse. Dijo entender su situación, que vinculó a la dificultad de encontrar vivienda asequible, pero insistió en que ese no era el lugar, y prometió que había puesto a los técnicos a encontrar una ubicación alternativa, antes de admitir que el asunto no tiene solución fácil, ni a corto plazo. Así que, por ahora, no hay alternativa.

La Plataforma Derecho a Techo ha registrado un escrito este lunes ante el juzgado de guardia, pidiendo paralizar el desalojo porque muchas de las caravanas son residencia “habitual y efectiva de familias en situación de vulnerabilidad”. Subrayan que la Constitución consagra la inviolabilidad del domicilio y recuerdan, además, que el Ayuntamiento no es el propietario de la parcela, así que no puede recuperar lo que no es suyo.

“Son vecinos y vecinas y esta es su única morada”, protesta Rosa Galindo, portavoz de la Plataforma, que lamenta que servicios sociales no haya visitado el lugar y que el Ayuntamiento no haya abierto una vía de diálogo con ellos. “Sólo les han dado un papelito de servicios operativos, como si fuesen muebles o basura. No es forma de tratar a las personas”. El portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento, Nico Sguiglia (Podemos) y el parlamentario de Adelante Andalucía Luis Rodrigo han responsabilizado de la situación al modelo de ciudad impulsado por el equipo de gobierno del PP.

Apenas a 300 metros, un puñado de grúas excavan el terreno para completar el desarrollo urbanístico de la zona, la nueva milla de oro de la capital malagueña. Muy cerca de donde se expulsará a las caravanas se venden áticos a millones, como los diseñados por François Leclerq para La Térmica Beach de Aedas Homes: son 755.000 euros por pisos de un dormitorio, y hasta cinco millones por el ático más lujoso. “Esto recuerda a lo que hacía Jesús Gil: expulsar a la gente humilde. Esto es un caramelo inmobiliario y quieren destinar la zona a viviendas de lujo. La limpieza es una excusa”, ha protestado Sguiglia.

Sin alternativas

Hasta hace cuatro años, muchos de quienes están hoy aquí tenían su sitio en la parcela de aparcamientos junto al Palacio de Deportes Martín Carpena. Allí contaban con servicios del Ayuntamiento, que había habilitado el espacio dotándolo de agua, luz y recogida de residuos. Pero Málaga se hizo con la celebración de la Copa Davis y encontró en ese lugar la ubicación idónea para las pistas. En noviembre de 2022 el Ayuntamiento los echó, y ya nunca les proporcionó ubicación alternativa.

Desde entonces, Málaga no tiene zona para caravanas. Las más cercanas, ambas privadas en Churriana y Rincón de la Victoria, están completas, y exigen el pago de 25 euros diarios, unos 750 euros al mes, que muchos aquí no pueden permitirse. Y el camping más barato se va a 900 euros al mes.

Muchos buscaron sitio en los alrededores y, con el paso de los meses, fueron reuniéndose en estas parcelas junto a los antiguos terrenos del Butano, justo antes del ramal más occidental de la desembocadura del Guadalhorce. En Sacaba: sí, el nombre lo dice todo. Son entre tres y cuatro parcelas privadas, y nadie tiene muy claro a quién pertenecen, así que ahora que se van a constituir como asociación han comenzado a indagar en el registro. Hablan de una gran empresa y algunos particulares. Tampoco el Ayuntamiento lo aclara, y se limita a asegurar que actúa “en colaboración con la propiedad del suelo”, sin explicar (pese a las preguntas) si los privados han instado el desalojo, si hay orden judicial o si es un desahucio administrativo fundamentado en algún motivo de orden público.

Lo único que tienen los vecinos son unas cuantas vallas de la Policía Local y un papel supuestamente municipal, sin sello ni referencia que lo identifique, donde se avisa que por “razones de limpieza y salubridad” deben retirar el vehículo, y si no lo hará la grúa. Cuando anunció la actuación, el Consistorio invocó también problemas de convivencia con los vecinos. Aún son visibles los restos de una caravana que ardió la semana pasada, supuestamente por una instalación eléctrica defectuosa.

¿Broncas? Las hay, claro, pero no más que en otros barrios y atribuibles, subrayan, a un tipo de campista diferente, el que está de paso. Según explican, ellos sí cuidan el lugar, miden al máximo el agua que consumen y hasta recogen de vez en cuando la basura que dejan los domingueros.

Sánchez ha elaborado un censo. Calcula que hay unas 140 personas trabajadores residiendo en caravanas en este lugar. Junto a este perfil, hay también personas en situación de exclusión, y quienes vienen a echar unos días. Incluso quienes aprovechan el campamento para instalar alrededor campas y tiendas de campaña. En esos casos es más probable que surjan problemas de convivencia: fiestas, peleas, fogatas. Un problema que no generan ellos y que no pueden resolver. Asegura Sánchez que ellos mismos han denunciado muchas veces, pero que la Policía no siempre acude. “Cuando se monta aquí la fiesta del siglo también nos molesta, lógicamente. Pero el que vive aquí no es ese tipo de persona incívica”.

“No queremos vivir gratis”

Sentado a la puerta de su caravana, Silvio degusta una tónica y rememora su historia. En 2006 se ató una hipoteca. La crisis lo arrastró al fondo, pero se enteró de la posibilidad de entregar su vivienda para saldar la deuda. Él mismo preparó su escrito. “Conseguí la dación pago y alquiler social”. Así estuvo durante 15 años, hasta que llegó otro golpe: “La pandemia nos arruinó”. Compró la autocaravana en cuanto se pudo salir del municipio. Primero se instalaron en Almayate, a 30 kilómetros. Pero le salía por un pico venir dos veces al día en moto. Este es un mundillo donde las noticias vuelan, y pronto se reubicaron aquí, donde lleva cuatro años.

Begoña Álvarez lleva siete años en Málaga y tres en Sacaba. Trabaja como consultora telefónica, pero ahora está de baja porque se rompió ambos brazos. Cuando la echaron de casa para subir el precio de su alquiler en La Palma se compró una Camper, y recuerda que al principio pasó miedo, pero luego fue encontrando su sitio e, incluso, un sentido de pertenencia: “Nosotros recogíamos la basura. Sólo pusieron contenedores hace dos meses”.

Ha venido a apoyarles Sandra Pérez, que vivió aquí con su pareja hasta hace poco. “Hemos llegado a pagar un alquiler por vivir a 40 minutos de Málaga, trabajando aquí”, recuerda. Compraron la autocaravana como último recurso, no para viajar o hacer turismo: para vivir aquí. Y así lo hicieron durante dos años. Ahora tienen una vivienda gracias a la ayuda familiar, y la caravana ha quedado para ocio, pero mantiene su apoyo a las vecinas con las que ha compartido todo, también peligros, como aquel día en que casi se les inunda todo.

“No podemos desaparecer. Somos una realidad”, observa Rafael Sánchez: “No queremos dar pena, limosna, vivir gratis en primera línea de playa… Nos vamos donde no molestemos, pero que nos digan dónde”.

La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado reabrir la investigación de la muerte de Haitam Mejri durante una intervención policial en un locutorio de Torremolinos el pasado 7 de diciembre. Los magistrados ordenan a la jueza, que archivó la instrucción el pasado abril, que investigue más y, en concreto, que pida Instituto de Medicina Legal (IML) un informe complementario, pero esta vez entregando antes a los forenses los vídeos de la intervención, donde se observa como Haitam es golpeado, sujetado por cuello y tórax y electrocutado con entre siete y once disparos de táser.

La Audiencia Provincial tumba el archivo ordenado por la jueza el pasado abril porque no cree que se haya investigado lo suficiente, “a la vista de lo que se ve en las imágenes”, recogidas por dos cámaras del local y las dos cámaras asociadas a los dispositivos táser, y publicadas en exclusiva por elDiario.es.

Tras explicar que han visto los vídeos, los magistrados recuerdan que cuando alguien fallece durante una intervención policial, “estando ya retenido”, se requiere “una investigación profunda y efectiva”. Recogen incluso qué nuevas diligencias deben practicarse: un informe complementario del IML que determine “si en el fallecimiento Sr. Haitam pudo influir la actuación policial, tal y como sostiene el perito de la acusación particular”, pero dando la oportunidad a los forenses de que vean los vídeos y analicen el informe aportado por la familia, en el que se concluye que la intervención policial fue determinante para la muerte. Y también, una toma de declaración contradictoria entre los peritos del IML y el de la familia, Aitor Curiel.

En un auto dictado el pasado 30 de junio al que ha tenido acceso este medio, los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ordenan a la jueza que investigue más, porque lo que se ve en los vídeos no permite un archivo tan rápido. “Se puede ver como suceden los mismos: la actuación policial, la situación en la que se encontraba el fallecido durante la reducción, la postura de los agentes sobre él, las descargas de táser realizadas, como el fallecido se va quedando sin respiración y el momento en el que se hace la reanimación”, dice el auto, que recuerda que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigen una investigación mucho más exhaustiva de muertes bajo custodia policial.

Además de ordenar la reapertura, la Audiencia ha dictado otro auto donde recuerdan a la instructora qué son “diligencias pertinentes” en la fase de instrucción y subrayan que, aunque no sean un “derecho absoluto”, son esenciales al derecho de defensa. Según la Audiencia, la jueza rechazó las diligencias propuestas por la familia de Haitam “de forma genérica”.

La jueza no veía “relación causa efecto” con la intervención policial

Con el apoyo de la Fiscalía, la jueza archivó el caso el 10 de febrero, y confirmó el sobreseimiento el 7 de abril, concluyendo que no hay relación “causa efecto” entre la intervención de los seis policías y la muerte del hombre, que tenía 35 años. La jueza no llegó a imputar a los seis policías que intervinieron, que ni declararon ante ella. En los vídeos se les ve golpear, rociar con gas pimienta, insultar, presionar a la altura del tórax y electrocutar en repetidas ocasiones a Haitam, que les pide reiteradamente que paren e insiste en que quiere “colaborar”. Entre ellos se animaban a “meterle más táser”. Cuando llegaron las asistencias sanitarias no informaron del uso del dispositivo táser, contrariamente a lo que pide el fabricante Axon, que también recomienda acortar las descargas y minimizar su número, así como evitar descargas simultáneas.

Para archivar, la jueza dispuso de los vídeos y del informe de autopsia del Instituto de Medicina Legal, que apuntaba como causa única de la muerte al “delirio agitado” motivado por el consumo de drogas “teniendo un corazón patológico”. El delirio agitado es un supuesto estado de agitación extrema que puede provocar muerte súbita. El síndrome está escasamente descrito en la literatura científica, y es muy discutido por algunas entidades de derechos humanos, que creen que la extensión reciente de su uso puede encubrir muertes de individuos bajo custodia policial. En 2023, el Gobernador de California modificó la ley procesal para prohibir el reconocimiento del “delirio agitado” como “diagnóstico médico válido o causa de muerte” en los certificados de fallecimiento ante el abuso de ese concepto.

En su auto de archivo, la jueza minimizaba el efecto de las descargas táser porque “no causan daños más allá de la inmovilización neuromuscular y dolor”, calificaba las lesiones de leves y no entraba a valorar los efectos de la sujeción con presión a nivel de cuello y tórax descrita en el informe forense aportado por la familia.

La jueza asumió así la hipótesis del informe del IML, es decir: que la muerte es enteramente atribuible al consumo de tóxicos, y que ninguna influencia cabe achacar a los golpes, disparos táser y sujeción continuada sobre cuello, tórax y piernas que sufrió Haitam. Sin consumo previo, el resultado de muerte “desaparece o sería casi improbable”, estableció la jueza, que de ahí deducía que en la “acción causal no intervienen terceras personas”.

86 lesiones, según el informe de la familia

La familia dispone de un informe alternativo que documenta que el cuerpo de Haitam presentaba “86 lesiones externas objetivables” producidas durante la intervención policial, incluyendo al menos siete descargas con pistolas táser (la familia cuenta once en los vídeos), elaborado por Aitor Curiel, médico especialista en Medicina Legal y Forense.

Además, elaboró un anexo donde se cuestionaba la influencia de las sustancias tóxicas que había consumido Haitam. Las pruebas toxicológicas hallaron rastro de cocaína (0,15 mg/l), MDA (0,03 mg/l), cannabis y ketamina (0,07 mg/l) en sangre, y la autopsia sólo analizó la concentración de cocaína, inferior a las concentraciones letales aunque se encuentra “frecuentemente” en “sujetos fallecidos consumidores de cocaína”. Las demás presentaban unas concentraciones escasas que sugieren que estaban en fase metabólica avanzada; es decir, que su consumo no era reciente, y no tendría por tanto relación con la muerte.

La conclusión de Curiel es que murió por una “parada cardiorrespiratoria secundaria a una insuficiencia cardiorrespiratoria” como “consecuencia de un politraumatismo con sujeción, inmovilización y presión elevada a nivel de cuello tórax y las cuatro extremidades, con utilización de irritantes y múltiples descargas eléctricas con táser prolongadas y reiterativas”. Según este forense, aunque padecía una “patología cardiaca previa”, esta no era mortal, por lo que no hubiera fallecido “en ese momento ni en esa forma” de no haberse producido aquella intervención policial.

La familia ha denunciado la intervención porque entiende no sólo que hubo una manifesta desproporción, sino por el supuesto racismo policial. IU preguntó al Ministerio del Interior, que inicialmente respaldó la actuación policial y más tarde se remitió a la investigación judicial abierta. También Podemos ha presentado iniciativas. Amnistía Internacional, que está asesorando a la familia, inició una campaña para pedir “justicia para Haitam” que actualmente supera las 26.000 firmas.

El miércoles pasado fue el primero en casi veinte años en que Valle de Abdalajís no recibió ni un solo litro de agua en cubas. Cuatro camiones cisterna pagados por ADIF acarreaban 25.000 litros a través de sinuosas carreteras desde Antequera varias veces al día desde 2007. Cada jornada llegaban 450.000 litros de agua para llenar los depósitos. Cada vez que había un problema, los vecinos de este pequeño pueblo malagueño, poco más de 2.400 habitantes, acudían con sus garrafas y se ponían en la cola, pacientes, para recibir su aportación. Así, durante dos décadas, menos un par de ocasiones en que ADIF amenazó con cortar el grifo. Fue tal el escándalo que la Justicia le ordenó que siguiera haciéndolo.

ADIF estaba obligada porque en 2005 perforó el acuífero que explicaba el histórico sobrenombre del pueblo: la Villa de los Manantiales. Aquel 23 de marzo la tuneladora que horadaba la Sierra de Abdalajís para llevar las vías del AVE a la capital de la Costa del Sol se topó con la pared caliza de la inmensa balsa de agua, y aquello se desangró a toda velocidad dejando herido de muerte al pueblo, que ya para siempre tendrá que procurarse el agua que antes le llegaba en caída libre.

Ya no será ADIF quien se la proporcione. El Tribunal Supremo confirmó el pasado 22 de abril la sentencia que dictó la Audiencia Nacional el año pasado: el convenio de 2007 entre el pueblo y la empresa pública ya no rige. “ADIF ya no tiene ningún compromiso para abastecer de agua al municipio”, resume la alcaldesa, Virginia Romero (PP): “Nos tenemos que apañar con los recursos que nos han quedado”.

Sin alternativa estable tras veinte años de camiones

Desde el miércoles, se acabaron las garrafas. Afortunadamente este año ha llovido mucho, dice la regidora, y si nada falla, no habrá que aplicar restricciones en verano. Pero el pueblo vive ya en la incertidumbre. La alcaldesa insiste en que, ahora con más razón, el consumo debe ser responsable: “Garantía no puedo dar, porque puede fallar cualquier cosa. Pero en principio, en condiciones normales, haciendo un uso responsable, los pozos ahora mismo están en niveles que parece que podemos aguantar y pasar bien el verano”. Después, quién sabe.

El fin del suministro llega sin que el pueblo disponga de una alternativa estable que garantice el abastecimiento, aunque en teoría iba a acelerar la búsqueda después del varapalo judicial del año pasado. Romero dice que todo va muy lento.

En estas dos décadas ADIF ha pagado el transporte de unos 3.280 millones de litros de agua y otras infraestructuras adicionales, con un coste estimado en su día en unos 40 millones de euros, pero no ha tendido una tubería que canalice el aporte directo. “Se ha hecho un gasto enorme con el que hubiese podido hacerse una tubería e infraestructuras para tener solución definitiva, con menos dinero y tiempo”, lamenta Romero.

La alcaldesa ha lanzado una llamada de auxilio a las demás administraciones. A principios de junio envió sendas cartas a la Diputación de Málaga, Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno y ADIF. “Les pedí que recapacitaran sobre la situación tan delicada en que queda el municipio. Han hecho mucha inversión, pero el daño no se ha reparado”.

Desacuerdo institucional y bronca política

Por ahora, el pueblo se abastece de los pozos para rellenar los depósitos, pero no es la solución idónea. En primer lugar, porque la abundancia de este año es excepcional. Y, también, por razones técnicas. “Dependemos de un manantial, pero el abastecimiento lo dan varios depósitos en cadena: si se quema la bomba falla todo el sistema”, advierte José Romero, antiguo alcalde (IU) y miembro de la Mesa del Agua.

Romero, impulsor decisivo en las movilizaciones del pueblo tras la rotura del acuífero, también lamenta que en todo este tiempo las administraciones no hayan ofrecido una alternativa permanente al trasiego de camiones. “Yo obtuve luz verde de Aguas el Torcal [la empresa pública de agua de la comarca] para conectarnos a Antequera si ADIF ponía la tubería. Pero ADIF dijo que no, porque le salía más barato darnos agua del túnel”, explica el exalcalde. Y el agua del túnel no podía ser, porque la Junta de Andalucía no lo autorizaba por motivos sanitarios. La actual alcaldesa vuelve a descartar esa opción: “No es apta para consumo humano”.

Nadie parece hacerse cargo del problema. La empresa pública se remite a la sentencia, y no da más explicaciones. Subdelegación explica que el abastecimiento no es competencia del Gobierno, y apunta a la Diputación Provincial, que tiene asignadas las competencias de asistencia técnica, coordinación y puede incluso asumir la gestión directa del abastecimiento en pequeños municipios. Este medio ha preguntado a la Junta de Andalucía, con competencias en materia hidráulica, y a la Diputación, si están abordando actuaciones concretas para garantizar un abastecimiento estable. No ha habido respuesta.

El asunto tiene mimbres para derivar en una bronca política. El PP de Málaga ha acusado al Gobierno de “cortar el grifo” del agua y luego “lavarse las manos” por la falta de respuesta de ADIF y la Subdelegación, que remitió un correo a la alcaldesa el miércoles, según ha podido comprobar este medio. El PP subraya que “el problema fue creado en 2005, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero” y que después la Junta socialista frenó dos captaciones por motivos ambientales. Pero el problema no tiene su origen el día en que se perforó el acuífero, sino cuando se decidió que el AVE pasara por allí pese a las advertencias técnicas. El trazado fue decidido en época del gobierno de José María Aznar.

Un riesgo previsto y asumido por el AVE

Verse sin agua no solo ha condicionado la vida diaria de los vallesteros. Desde 2007, el pueblo ha perdido el 18% de su población, 1 de cada cinco vecinos. Otros municipios con los que comparte cercanía al potente polo turístico de El Caminito del Rey han crecido en el mismo periodo, en el caso de Álora, o han descendido muy ligeramente, como Ardales. La alcaldesa está convencida de que la imagen de las cubas, el trasiego de camiones por la sinuosa carretera de acceso y lo que eso implica (daño al firme, riesgo de accidentes) les ha castigado.

José Romero cree que el pueblo es la víctima de una desgracia prevista por todos a la que se decidió sacrificar para que la capital de la Costa del Sol tuviera AVE cuanto antes. “Lo sabían, pero no vinieron con la verdad por delante”. En mitad de las protestas, él mismo localizó en el archivo del Palacio de la Aduana el estudio de impacto ambiental de 1999, que alerta de que la “compleja estructura” de esa sierra explica que haya en ella numerosos sistemas “con una conexión hidrogeológica problemática”. El riesgo de afección era “severo”.

Los ingenieros hicieron que el túnel discurriera evitando cruzar los bloques calcáreos jurásicos a lo largo de sus 7.730 metros de largo, a excepción de en la zona central, justo donde Valle de Abdalajís tenía su sondeo para abastecimiento, a entre 70 y 140 metros sobre la rasante: “Para la realización del túnel será necesario drenar el acuífero con los consiguientes impactos. Se propone la restitución del abastecimiento a Valle de Abdalajís mientras duren las obras y la impermeabilización total del túnel”, se advertía en el documento.

Un túnel anegado

La rotura ocurrió, y aquello desaguó tanto que el Consejo de Ministros tuvo que autorizar en 2006 un gasto extra de 42,6 millones para revestir este tramo y hacerlo impermeable a las filtraciones. No fue para siempre. Ante la evidencia de las filtraciones, ADIF adjudicó en 2023 un contrato para revisar su estanqueidad, cuyas conclusiones este medio ha solicitado por Transparencia. La respuesta es que no se pueden entregar por motivos de “seguridad pública”. El pasado verano, el túnel de la vía 1 quedó anegado, obligando a ADIF a acometer obras de urgencia que duraron ocho meses y redirigir todo el tráfico por la vía 2 durante ese tiempo.

En realidad, todo el tramo acabó convertido en una montaña rusa que a duras penas sujeta las fuerzas naturales. Tras el túnel viene el descomunal viaducto del Arroyo de las Piedras, uno de los más altos de la red ferroviaria española (93,5 metros) y el primero de tablero mixto (acero y hormigón): más de 1,2 kilómetros para salvar el desnivel de la salida sur del túnel. Después, el talud de Álora que cayó sobre las vías el pasado febrero, obligando a cortar el tramo e interrumpir la conexión ferroviaria directa de Málaga durante tres meses.

Casi 30 años después, el riesgo severo del que advertían los ingenieros se ha materializado, y aboca al pueblo a buscar el agua que hasta que llegó el AVE parecía tener por castigo. “El agua es la vida de un pueblo”, protesta Virginia Romero: “Esto es un pueblo pequeño. No tenemos medios técnicos o humanos para buscar una solución definitiva. Nos tienen que ayudar”.

Apenas 30 minutos antes de la votación de investidura de Juanma Moreno, los líderes del PP y Vox en Andalucía han sellado su acuerdo de gobierno que consagra la 'prioridad nacional', un concepto de la extrema derecha que el PP ya había abrazado en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Durante la campaña, llegó a definir la 'prioridad nacional' como “literatura” de Vox para su electorado y, también, como un “lío”. Mediante este pacto, Manuel Gavira, líder de la formación de extrema derecha, asumirá la consejería de Turismo, Administración Local y Justicia, un cargo que además tendrá rango de vicepresidencia.

En rueda de prensa, Moreno y Gavira han escenificado la firma del Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía. Ante la falta de una mayoría absoluta, Moreno ha justificado el pacto señalando que “la dinámica parlamentaria te lleva a llegar a acuerdos” para evitar una parálisis autonómica y nuevas elecciones. Sin embargo, para lograr esta estabilidad, el PP ha tenido que asumir gran parte del programa de Vox, admitiendo el propio Moreno que, pese a tener “sensibilidades diferentes”, han realizado un “esfuerzo de aproximación”.

En el plano institucional, la principal concesión es la entrada de Vox en el Ejecutivo. La formación asumirá la citada Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, la cual estará dotada con rango de Vicepresidencia con Gavira al frente.

El giro migratorio y la 'prioridad nacional'

El documento refleja un endurecimiento radical en materia de extranjería, asumiendo las tesis de Vox. Pese a que Moreno en campaña recordaba que era absurdo debatir sobre inmigración porque las Comunidades Autónomas no tienen competencias, ha abrazado el discurso de Vox de principio a fin y la inmigración es el segundo punto del acuerdo. El pacto decreta un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados (MENA)” y estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. Además, se prohíbe el uso del burka y el nicab en los espacios públicos autonómicos.

La gran victoria discursiva de Vox cristaliza en el blindaje de la llamada 'prioridad nacional', sobre la que el texto dice literalmente: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Este mismo principio rector se aplicará para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social.

Sin rastro de la violencia de género

No hay en el pacto ninguna mención a la “violencia machista” ni a la “violencia de género”. El documento del acuerdo entre PP y Vox no recoge ninguna medida, plan o apartado dedicado a combatir o abordar específicamente este tipo de violencia.

Las únicas referencias directas a la “mujer” en el texto del pacto se limitan a dos aspectos muy específicos: la citada prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, (justificando que son prácticas que “invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad) y la puesta en marcha de un ”Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada“. No hay tampoco ninguna mención al colectivo LGTBIQ+.

Negacionismo climático

Pese a las diferencias de visión que separaban a ambos partidos en temas como la Agenda 2030, el PP ha accedido a “blindar” al sector primario frente a los “aspectos negativos” de dicha agenda y a rechazar explícitamente “las imposiciones de agendas ideológicas” en el cuidado del medio ambiente, declarando a Andalucía libre de las cargas del Pacto Verde. Al rechazar la “condicionalidad climática del Pacto Verde” europeo Moreno asume directamente el negacionismo climático de Vox. También rechaza el pacto la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, argumentando que encarece la producción sin ofrecer contrapartidas.

En el ámbito de la 'batalla cultural', las cesiones a Vox también son notables. El Gobierno andaluz pondrá fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios –como ya ha ocurrido en la Murcia de López-Miras y va a suceder en la Extremadura de María Guardiola– alegando que es un intento de “diluir nuestra identidad”,.

En contrapartida, el pacto se compromete a promocionar activamente la tauromaquia y la caza. Asimismo, se comprometen a proteger la ganadería brava, las escuelas taurinas y las plazas de toros frente a cualquier intento de discriminación ideológica o de exclusión de las políticas públicas

Finalmente, ambas formaciones han acordado impulsar una “Nueva Ley de Concordia” que derogará y sustituirá a la actual normativa andaluza en materia de memoria histórica. El documento incluye la Memoria Histórica en el apartado de “Leyes Ideológicas”.

Derogación de los impuestos a los vertidos y a las bolsas de plástico

La Fiscalidad es la primera materia que aborda el pacto. Se trata de un aspecto en el que PP y Vox han encontrado un amplio campo de encuentro basado en la supresión y/o rebaja de impuestos. El pacto contempla reducir la cuota autonómica del IRPF en el 0,25% en los tramos de menos de 60.000 euros cada año, hasta un punto porcentual a final de legislatura. Además, se prevén nuevas deducciones por nacimiento o adopción. En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se prevé una nueva bonificación para ladquisición de vivienda habitual entre hermanos, “primer paso” para ampliar la bonificación del 50% a los colaterales de segundo y tercer grado (tíos y sobrinos) “si la evolución de la recaudación del impuesto lo permite”.

Vox también ha impuesto su agenda cultural en materia fiscal, con el incremento de la deducción por familia numerosa de 200 a 300 euros y, en especial, con la previsión de suprimir tres tributos propios en materia ambiental: el que se impone a las bolsas de plástico, el de emisión de gases y el de vertidos a aguas litorales. El objetivo de esta supresión, dice el pacto, es “rerducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas” sobre familias, empresas y autónomos.

Este es el pacto de Gobierno firmado por Moreno con Vox con 150 medidas:

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) votará por segunda vez el próximo 7 de julio la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico de cara a declarar su nulidad conforme al último mandato dado por el TSJA el pasado 26 de junio después de que la mayoría de la corporación decidiera aplazar el asunto hasta recabar nuevos informes.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que el asunto ha contado con el voto favorable en la comisión informativa de Presidencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), así como dos ediles del PP. Otros dos concejales del PSOE se han abstenido y el edil no adscrito Felipe Cayuela (que propuso dejar el asunto sobre la mesa en la última sesión) ha excusado su presencia y no ha acudido.

Será la segunda ocasión en un mes en que los 13 ediles del Ayuntamiento carbonero sean llamados a pronunciarse sobre la revisión de la licencia para construir un hotel en la playa de El Algarrobico, invadiendo servidumbre de dominio público marítimo-terrestre y un espacio integrado en el parque natural de Cabo de Gata. La licencia fue concedida a Azata del Sol por el Consistorio, liderado entonces por Cristóbal Fernández (PSOE) el 13 enero de 2003. Aunque el TSJA ordenó a Carboneras que la revisara, en una sentencia firme desde diciembre de 2022, el Consistorio (liderado sucesivamente por Amérigo, Felipe Cayuela (exPP) y Sálvador Hernández -Ciudadanos-) ha evitado desde entonces cumplir la resolución.

El último episodio ocurrió el pasado 17 de junio, cuando ya se contaba con el informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía y todo estaba previsto para completar el expediente administrativo para ejecutar la sentencia iniciado año y medio antes. Pero todo quedó nuevamente atascado. Aquel día, Cayuela presentó supuestamente por sorpresa una propuesta para aplazar la votación, alegando que era necesario recabar más informes para pensarlo todo mejor, y la propuesta obtuvo siete votos a favor, los de cinco ediles del PSOE y dos no adscritos.

El portavoz socialista en Carboneras, el exalcalde José Luis Amérigo, dijo necesitar al menos tres informes más sobre las consecuencias urbanísticas y particularmente económicas que para el municipio tendría declarar nula una licencia que concedió en su día. El temor que sobrevuela el municipio desde hace años es que Carboneras tenga que asumir una indemnización millonaria a la promotora. El PSOE anunció la suspensión de militancia de sus cinco concejales.

El alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) se desmarcó de este resultado nada más salir del Pleno: “Lo que procedía hoy era anular la licencia con ese dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y no ir más allá”.

Peticiones de Gobierno, Junta y ecologistas

Aquel resultado motivó que el TSJA requiriera al Ayuntamiento de Carboneras el pasado 26 de junio para que la convocatoria inmediata de un nuevo Pleno en el que aprobar la propuesta de revisión de la licencia de obras del hotel concedida a Azata del Sol el 13 de enero de 2003 en un plazo máximo e improrrogable de 20 días hábiles.

Los magistrados, que han advertido a los sucesivos alcaldes con imponerles una multa y dar cuenta a Fiscalía de su resistencia a ejecutar su sentencia (sin materializar nunca las advertencias), aceptaron así la solicitud del Gobierno central.

El Ministerio de Transición Ecológica, recientemente personado en la ejecución, había pedido a los jueces que forzaran al Ayuntamiento a ejecutar, y que si este volvía a fallar, fueran los propios jueces quienes asumieran la tarea. La Junta de Andalucía, por su parte, había pedido que entrasen ya, sin dar una nueva oportunidad al municipio. Lo mismo solicitaron los ecologistas, que llevan años reclamando una intervención directa de los magistrados que ponga fin a la actitud obstructiva del municipio.

El TSJA optó por dar una nueva oportunidad a los concejales, advirtiéndoles expresamente de que, en caso de incumplimiento, podría acordar la ejecución subsidiaria de la sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 108.1 a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), ponerles una multa y deducir testimonio a Fiscalía.

Ahora, el Ayuntamiento cumple el mandato de convocar nuevo pleno para que la corporación vuelva a votar la propuesta, sin recabar los informes adicionales solicitados por los siete concejales que habían pedido posponer la votación.

La Fiscalía Provincial de Málaga ha abierto diligencias para investigar si en el laboratorio del Hospital de La Axarquía se utilizaron reactivos caducados de forma consciente y sistemática para la realización de pruebas analíticas, como avanzó elDiario.es Andalucía el pasado mes de mayo. El fiscal ha requerido documentación al hospital, según fuentes cercanas al caso, y, con la información que ahora recabe y el contenido de la denuncia formulada en su día por el sindicato CSIF, decidirá si hay material suficiente para presentar una denuncia por un presunto delito contra la salud pública.

La investigación tiene su origen en la denuncia formulada por el sindicato, que adjuntó fotografías, conversaciones del grupo de trabajo en Whatsapp y cuatro testimonios grabados en vídeo por trabajadores o extrabajadores del laboratorio. Los indicios apuntan a una práctica irregular que puede cuestionar la fiabilidad de cientos de pruebas, y que habría sido amparada por dos responsables, con la participación o tolerancia implícita de un número importante de técnicos y facultativos.

El pasado mes de mayo este medio recabó cinco testimonios de personas que aseguran que era habitual reutilizar reactivos caducados o que habían perdido la estabilidad indicada por el fabricante, que depende de la fecha en que se abrió o las condiciones de conservación. Los trabajadores y extrabajadores del laboratorio explicaron que el sistema se aplicaba al menos desde 2020, de manera cada vez más natural. “Se decía claramente en las reuniones”, aseguró a elDiario.es un facultativo con experiencia varios hospitales públicos: “Es el único sitio donde he vivido algo así”.

Los mensajes que se intercambiaban en el grupo eran del siguiente tenor literal: “Si algún reactivo sale caducado del Atellica [una de las dos máquinas provistas por Siemens al hospital] no lo tiréis, tapadlo y dejadlo en la cámara. Yo los aprovecharé en rutina”; “Hay varios diluyentes 3 del IMT caducados, para poder utilizarlos hay que realizar entrada manual y cambiar la fecha de caducidad”; “Buenas! Si el Atellica 1 expulsa este fin de semana algún reactivo que sea exclusivamente de rutina, necesito que no lo repongáis, por favor, estamos intentando alargar la estabilidad a bordo para que no se caduquen teniendo técnicas disponibles”. En esa conversación se habla abiertamente de reactivos “engañados”, que la máquina admite (cuando no debería) porque se les ha introducido mediante la técnica del pipeteo en un bote con una etiqueta falseada.

También hay indicios gráficos. Las fotografías aportadas por el sindicato al fiscal mostraban la nevera del laboratorio con varios botes envueltos en film transparente donde se ha anotado a rotulador: “Caducado”. “Arreglado. Uso”. Las etiquetas de algunos de estos botes no corresponden con la numeración proporcionada por el fabricante.  

Archivo de la investigación interna

CSIF denunció estos hechos en vía interna y más tarde públicamente, pero el gerente del área sanitaria, Miguel Moreno Verdugo, dio carpetazo al expediente de información reservada en menos de un mes. La resolución, fechada el 6 de marzo, no motivaba por qué se archivaba la investigación. Poco después, el sindicato presentó la denuncia ante Fiscalía. El fiscal, mes y medio más tarde, abrió unas diligencias que ahora trascienden.

En su respuesta a este medio (pero no en la resolución), la Consejería dijo que había constatado “con los responsables y el equipo del laboratorio” la “falsedad de estas afirmaciones”. Algunos extrabajadores y trabajadores explicaron a elDiario.es que el instructor no les había llamado a declarar, y otros que sí fueron llamados relataron un clima hostil y amenazante por las consecuencias de la denuncia.

En las últimas semanas, el sindicato y dos de sus responsables han sido citados a un acto de conciliación, paso previo a la posible interposición de una querella, con las dos responsables del laboratorio señaladas. Piden que se las indemnice con 20.000 euros a cada una por un presunto delito de injurias y por atentado contra su honor. El acto terminó sin acuerdo. La solicitud fue formulada antes de que este medio publicara varias informaciones con los testimonios e indicios gráficos y documentales de lo que ocurría en el laboratorio.

Varias trabajadoras han relatado a este medio que viven un clima laboral abiertamente hostil hacia ellas en el laboratorio, con actitudes que podrían constituir un acoso laboral.

Ahorro en reactivos

El presunto uso de reactivos en mal estado podría tener una finalidad económica. El laboratorio tenía como uno de sus objetivos anuales “no superar el presupuesto asignado para la Unidad en reactivos”, y los trabajadores tenían como objetivo individual “no tirar reactivos por pérdida de estabilidad en el analizador”.

De 2023 a 2024 el laboratorio redujo su objetivo de consumo de reactivos en un 30%. Todo el personal sanitario tiene una parte relevante de su sueldo vinculada a la productividad. En 2024 una jefa de servicio o una coordinadora de área del SAS podía percibir hasta 14.877,18 euros por la productividad variable. Un facultativo, hasta 8.456,86.

Este sistema de ahorro alcanza al uso de envases de reactivos cuyo contenido, por usarse de forma esporádica, puede caducar sin llegar a agotar el recipiente. De hecho, el SAS prioriza ahora que los reactivos infrecuentes se presenten en envases pequeños que eviten el sobrante, o los “culillos”, en la terminología que usaban en el laboratorio de La Axarquía.

El último acuerdo marco para el suministro de reactivos en todos los hospitales y centros sanitarios en la provincia de Málaga se licitó a finales de 2024, por un total de 137 millones de euros para los próximos cuatro años en 461 lotes.

En las últimas semanas, una de las dos jefas del laboratorio que presuntamente habrían amparado esta práctica renovó formalmente su cargo y sumó la jefatura de servicio de Anatomía Patológica.

Miguel Moreno Verdugo, gerente del área sanitaria, fue el primer gerente del SAS nombrado por Juan Manuel Moreno cuando se hizo con la presidencia de la Junta de Andalucía, en 2019. Economista y técnico de gestión administrativa, su llegada fue polémica porque traía un bagaje desde Castilla La Mancha, donde había aplicado un polémico plan de recorte de personal durante el mandato de María Dolores de Cospedal. Tras regresar a su plaza de técnico administrativo, fue recuperado para los puestos de mando por Ciudadanos, que lo nombró director general en la Diputación de Málaga en 2017.

De allí pasó a dirigir el transatlántico del SAS, pero duró apenas diez meses. Fue un periodo convulso marcado por las protestas sindicales. La Junta trató de recolocarlo en la gerencia del Hospital Regional, el más grande de la provincia, pero tuvo que abortar la operación, que generó muchas protestas sindicales. Al final lo envió al área sanitaria de la Axarquía, con una población diana de unas 150.000 personas, que puede triplicarse en verano.

Dentro de diez días y hasta dentro de tres años, en Málaga no se podrán establecer nuevas viviendas turísticas, apartamentos turísticos u hoteles en suelo residencial. Después de meses anticipándose, el anuncio lo ha realizado este miércoles el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha asegurado que el objetivo es “hacer compatible” el “éxito económico y turístico” de la ciudad con que “los malagueños sigan teniendo una ciudad donde vivir y ser felices”. La falta de vivienda asequible en muchas zonas del país es un problema muy acusado en la provincia de Málaga, convertida según algunos informes en la segunda más cara para alquilar, y particularmente en la capital de la Costa del Sol, con incrementos del precio y el alquiler que rondan el 75% en el último lustro.

El equipo de gobierno hará tabla rasa limitando la implantación del uso de hospedaje como alternativo o compatible con el residencial: no más uso hotelero donde hay casas. Como norma general, ni VUT, ni AT, ni hostales, ni hoteles, ni albergues, ni pensiones. Nada. “Defender el suelo residencial”, ha dicho De la Torre este miércoles. Al menos, durante los próximos tres años o hasta que se apruebe el nuevo PGOU que está en elaboración, y donde debe decidirse que ciudad se quiere.

Además de la moratoria al uso de hospedaje se limitará otro fenómeno muy extendido en la ciudad: el cambio de uso de locales comerciales a vivienda sólo podrá hacerse en vías secundarias, y cumpliendo unos estándares mínimos de calidad y habitabilidad. Se trata de evitar la proliferación de “zulos” mal ventilados e iluminados.

La nueva restricción al uso turístico de la vivienda y el suelo llega después del crecimiento exponencial de la figura del apartamento turístico, un refugio para inversores desde la moratoria a las viviendas turísticas (una figura parecida, pero diferente) aprobada hace justo un año. Desde la pandemia, su número se ha duplicado: de 173 registrados en enero de 2021 a 362.

Llega también un mes después de que el alcalde anunciara la restricción sin aprobarla, y de que en estos 30 días se haya concedido licencias para una veintena de nuevos apartamentos turísticos, en esta ocasión a una empresa del alcalde de Estepona José María García Urbano (PP). Y llega, por último, apenas cuatro días después de la cuarta gran manifestación por la vivienda en la capital de la Costa del Sol, que reunió a 25.000 personas según los convocantes, 4.500 según Subdelegación del Gobierno.

“Tardía y poco seria”

El plazo en el que entrará en vigor la nueva restricción será de aproximadamente diez días, según ha anticipado el alcalde. Antes hay que modificar la normativa del PGOU vigente, que es el trámite que ha iniciado este miércoles la Junta de Gobierno Local. Hay cinco días de plazo para que los grupos presenten alegaciones. Luego se convocará un Pleno Extraordinario, previsiblemente la semana que viene, y tendrá que publicarse la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia. Entonces quedarán prohibidas las nuevas licencias turísticas en la ciudad.

Mariano Ruiz Araújo, portavoz del PSOE, ha calificado la moratoria de “tardía y poco seria”, porque llega tras años de “inacción cómplice”, y una última temporada en la que se han reconvertido edificios enteros para alojamientos turísticos. Ruiz Araújo, que ha acusado al alcalde de actuar “arrastrado por la presión social”, ha alertado del “efecto llamada” que se puede producir en los próximos días con el previsible registro de solicitudes de licencia de última hora. El alcalde ha intentado espantar ese temor explicando que los técnicos de Urbanismo harán un filtro de las solicitudes, sin explicar muy bien con qué criterios.

Por su parte, Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha acusado al equipo de gobierno de incumplir el mandato del Pleno aprobado por unanimidad hace menos de una semana, rebajando la moratoria de cinco a tres años y limitándola solo al suelo residencial.

Posible efecto llamada

El regidor no ha aclarado qué pasa con las solicitudes ya presentadas, o que se presenten en los días hasta que entre en vigor la moratoria. El alcalde ha pasado la pelota a los técnicos de Urbanismo, a quien ha atribuido un gran margen de discrecionalidad: “Juzgarán con buen criterio aquellos [expedientes] que venían [de hace tiempo] y los que han venido en el último momento, antes de que me cierren la puerta”.

“Consistencia”, “buena fe”, “intuición”, “experiencia” son los criterios indeterminados que servirán para evaluar si las solicitudes decaen o siguen adelante. “Tratamos de evitar el efecto llamada, por eso somos tan discretos”, ha dicho De la Torre. Lo cierto es que el propio alcalde anunció que estudiaba prohibir los apartamentos turísticos hace más de un mes y que de esto lleva meses hablándose. Sólo en los últimos tres meses se autorizaron 120 nuevos apartamentos turísticos más en cinco edificios, hasta alcanzar los 362 en la ciudad, con más de 9.000 plazas.

Urbanismo tarda años en tramitar estos expedientes. Por ejemplo, García Urbano registró su solicitud en mayo de 2024, y obtuvo la licencia en mayo de 2026. Urbanismo tiene abiertos múltiples expedientes para la concesión de licencia de apartamento turístico, que ahora están en fase de reforma, calificación ambiental o sondeo arqueológico, de modo que la moratoria apenas se dejará notar en los próximos meses, cuando seguirán concediéndose licencias a solicitudes registradas hace tiempo.

Restricciones

Desde hace dos años, el Ayuntamiento ya asume que entre los factores que contribuyen a la falta de vivienda está la consagración al turismo de cientos de casas, locales y suelos en bruto. Así que ahora dice no querer más turistas, sino turistas que “gasten el doble: uno que gaste lo mismo que dos y ocupe menos sitio”, en palabras del alcalde. En esa senda, empezó por poner limitaciones a la vivienda turística hace ahora dos años, exigiendo que las nuevas tuvieran salida independiente; luego impuso una limitación por zonas, prohibiendo nuevas VUT en las que ya supusieran más del 8%; finalmente, en agosto del año pasado empezó a aplicar una moratoria: no más VUT durante tres años.

Sólo esta última medida, la prohibición total, tuvo el efecto de empezar a rebajar la cifra de VUT, que se había disparado por encima de las 13.000, según el registro andaluz. Pero a la vez, tuvo un efecto colateral: los inversores desplazaron sus preferencias a la figura de los apartamentos turísticos, parecida pero diferente a las VUT porque exige que todo el edificio se destine al uso hotelero. El globo se deshinchó por un lado para inflarse por el otro.

La idea del equipo de gobierno era contraprogramar la nueva restricción justo antes de la manifestación, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Pero aquí se ha encontrado con una dificultad jurídica: los técnicos le decían que no era posible limitar la moratoria sólo a los apartamentos turísticos y a los hoteles de baja categoría, como pretendía el alcalde. Así que ha optado por restringirlo todo.

En febrero de 2024, el artista plástico malagueño Juan Manuel Reyes se llevó un palo tremendo. Cada mañana, cuando se levantaba, veía cómo unos operarios trasteaban la escultura ubicada en mitad de la rotonda que divisa desde su casa de Mijas. Primero le dieron una buena mano de pintura, y después le colocaron unos vinilos adhesivos. Decían darle lustre pero él sentía que le estaban cambiando la esencia. Aquella escultura la creó él y le puso nombre como a una hija, La Veleta, y le dolía en el alma que aquellos hombres la toquetearan.

Al principio lo dejó estar, pero las pegatinas que simulaban unos antiguos relojes de cuerda eran demasiado. Llamó al Ayuntamiento, pidió explicaciones y, como no le hacían caso, registró un escrito pidiendo la retirada los adhesivos. Insistió, y también consiguió que devolvieran la obra a su color original.

Pero no se quedó ahí. Buscó asesoramiento de VEGAP, una entidad que ayuda a gestionar los derechos de autor de artistas plásticos, y se convenció de que debía hacer algo más. “Sentía que me habían puesto un pie en el pecho. No podía mirar a otro lado”, comenta. Así que puso una demanda en la que explicaba que se había vulnerado su derecho de propiedad intelectual sobre la obra, en sus narices y dándole publicidad, y que eso le había producido un daño moral que debía compensarse.

Hace unos días, la titular del juzgado 3 de lo Mercantil de Málaga le dio la razón. El Ayuntamiento de Mijas (95.104 habitantes) vulneró sus derechos, le produjo un daño moral y deberá indemnizarle con 25.000 euros. El equipo de gobierno que conforman PP, Vox y Por mi Pueblo no ha recurrido la sentencia. Tampoco ha contestado a las preguntas de este medio.

Una metáfora de la construcción del pensamiento

La Veleta es una estructura vertical de ocho metros de altura conformada por media docena de cuerpos geométricos (prismas y cilindros) uno encima de otro, y otro cuerpo irregular exterior. Se ubica en la rotonda de la Avenida El Limonar de la Cala de Mijas, junto al colegio de Infantil y Primaria El Chaparral.

Fue costeada por empresarios locales e inaugurada el 15 de octubre de 2011, y cuenta el autor que el hecho de tener que poner de acuerdo a mucha gente ya le supuso ciertas limitaciones creativas y económicas. Pero eso no la hacía menos propia: “Te puede gustar más o menos, pero siempre intenté que tuviera dignidad”.

La Veleta se describe como una metáfora sobre la construcción del pensamiento en un vídeo de hace 15 años, donde se muestra el proceso creativo, el montaje, el traslado y su inauguración con la comunidad educativa. Allí ya se observa el modelo en miniatura con los mismos colores que luego el artista le dio.

Hasta febrero de 2024 nadie la había tocado, pero el tiempo hace estragos. Así que poco después de llegar al poder mediante una moción de censura, el nuevo equipo de gobierno pensó que había llegado la hora de lustrarla con una capa de pintura, y envió a unos operarios. De paso, le cambiaron los colores a cinco de las siete piezas. Después, quisieron ponerle pegatinas serigrafiadas.

Demasiado para Reyes, que se enteró de que mancillaban su escultura porque vive enfrente. No podía evitar ver cada mañana cómo le habían cambiado a su creación. El hecho de que estuviese en una rotonda parecía conferir a la pieza las mismas cualidades materiales y jurídicas que una farola. Un daño moral reiterado y añadido a la repercusión mediática del caso y al sentimiento de que el Ayuntamiento ignoraba sus derechos como autor.

La sentencia: “Los colores eran esenciales”

Además de pedir que pararan y repusieran la obra a su estado original, Reyes llevó a juicio al Consistorio, pidiendo que se reconociera que él era el autor, que se habían vulnerado sus derechos morales reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, que cesara el atropello y nunca se volviera a cometer, y que le abonaran una indemnización.

El Ayuntamiento, que nunca negó la autoría, se negó a pagar, razonando que había repuesto la escultura en cuanto el autor se lo pidió, y que solo quería restaurarla del deterioro. Además, alegó que en el poco tiempo en que la obra lució alterada no pudo producirse un daño moral al autor.

La jueza ha dado la razón a Reyes: “pese a las dificultades” para acreditarlo, dice la sentencia, hay un daño moral en la alteración sin permiso de una obra sujeta a la propiedad intelectual. “Resulta evidente que los colores que se habían utilizado por su autor eran esenciales en la constitución de la escultura”, resalta.

El daño se agravó por el hecho de que la obra esté en una zona de tránsito de vehículos “a la vista de multitud de personas” que cada día dan la vuelta a la rotonda. La cercanía de su vivienda permite suponer que el autor observó cada día cómo iban cambiándola, con el consiguiente daño “interno y personal” acrecentado por la repercusión mediática.

La jueza reconoce que no es fácil valorar económicamente el daño, pero aquí el Consistorio se lo puso fácil. Frente a la reclamación del autor el Ayuntamiento guardó silencio. Negó el daño, pero no presentó una estimación para el caso de que la jueza sí lo apreciase, como ocurrió. Así que la cuantía ha sido la reclamada: 25.000 euros más intereses. Además, el Ayuntamiento deberá difundir la sentencia en un periódico nacional y en otro regional elegidos por el autor.

Una obra de arte no es un coche

La sentencia entronca con otros casos mediáticos como la condena en 2009 al Ayuntamiento de Bilbao a inedmnizar al arquitecto Santiago Calatrava por añadir una pasarela al puente Zubi Zuri para conectarlo con un complejo comercial.

“Creo que hay un desconocimiento en algunos ayuntamientos”, comenta Roberto Calles, abogado de Herrero & Asociados, la agencia que ha representado a Reyes: “Creen que al haber comprado una obra de arte son dueños en todos los sentidos, y no le dan un trato distinto al que le dan a un coche, que puedes hacer lo que quieras con él. Si compras una escultura o un edificio singular, tienen unos derechos de autor que van más allá”.

El Ayuntamiento recibió sus primeras quejas como una pataleta de un artista soberbio, y no como la reclamación de un derecho. “Ése es el problema: cómo lo ven ellos”, comenta el artista, de 50 años. Tras una etapa en Barcelona, ha vuelto a su tierra y el panorama que ha encontrado es desolador: “La Cultura en la Costa del Sol está en manos de políticos que desconocen sus funciones. Esa responsabilidad le cae al último concejal: ineptos y personas sin capacidad, personas que se manejan con prepotencia”. Nadie del Ayuntamiento le ha pedido disculpas.

Una jueza investiga a José Antonio Mena, alcalde (PP) del municipio malagueño de Benahavís (9.472 habitantes) desde 2007 por tolerar que Marbella Club, un lujoso hotel ubicado en la Milla de Oro de Marbella, explote un complejo hípico en suelo público de Benahavís sin que conste concesión ni el pago de canon alguno al Ayuntamiento. Según el fiscal que ha interpuesto la denuncia, las instalaciones que allí tiene el club, con cuadras, boxes, pistas de competición y dependencias auxiliares vinculadas a la actividad ecuestre y hotelera, tampoco tienen licencia administrativa alguna.

El juez ha llamado a Mena para declarar como investigado el próximo 24 de septiembre. También pasarán juzgado el concejal del PSOE Luis Feito; el secretario, el interventor, el tesorero, el jefe de Urbanismo y el responsable jurídico de Benahavís; y el Presidente y Consejero de la sociedad que explota el terreno, Marbella Club Hotel, S.A. El juez, que ya requirió documentación al Ayuntamiento, ha vuelto a solicitársela porque la que ha recibido hasta ahora es incompleta.

El fiscal del área de Marbella Luis Ángel Baeza presentó la denuncia a finales de marzo, y se basa en un escrito presentado por el concejal socialista, en el que se cuenta que una parcela en el paraje Caserías El Esperonal, prevista para equipamiento público, está siendo usada para un centro ecuestre y cuadras al menos desde 2005, aprovechando que se ubica junto al campo de golf del que sí es titular el Marbella Club. A priori, el uso de ese espacio municipal era provisional y limitado al campeonato de saltos de España, que se celebró allí en 2005 y 2006 con victorias de Luis Plaza y Cayetano Martínez de Irujo. Pero desde entonces, hace veinte años, nadie en el Ayuntamiento movió un dedo por regularizar la situación con una concesión definitiva.

“Se respira lujo ecuestre en todo el complejo”

La parcela pública está vallada e integrada en el complejo hotelero, destinada al uso exclusivo de los clientes de los hoteles Marbella Club y Puente Romano, ubicados en la Milla de Oro de Marbella, y a particulares interesados en montar a caballo o perfeccionar sus habilidades. Nació para que los clientes del hotel pudieran alquilar y montar a caballo mientras disfrutaban de sus vacaciones en Marbella. “Se respira lujo ecuestre en todo el complejo”, que dispone de 36 grandes cuadras con frontones victorianos y “pastos dorados” importados cada mes desde Lituania. Cada mes se celebra en el lugar un “concurso social” de doma clásica.

Allí hay entrenamientos para alta competición y desde allí parten excursiones “cruzando valles y ríos, subiendo montañas con unas vistas espectaculares al Mar Mediterráneo y por una Cañada Real por la que se cabalga desde el Medievo”. Tiene 80 boxes fijas, con posibilidad de ampliar a 250 cuando hay concursos o campeonatos, dos pistas de geotextil de 100x60 para concursos, otra para ensayo de 55 x 35 y un caminador para seis caballos.  

El propio Ayuntamiento publicita en su web la actividad hípica del Marbella Club. La descripción tanto en la web municipal como en la del hotel muestra una infraestructura estable y permanente. No es ningún secreto, al contrario, que allí hay un centro hípico del Marbella Club. Es conocido por todo el mundo, pero hasta ahora, nadie parecía haberse preguntado de quién eran los terrenos, y si eran municipales, con qué derecho los ocupaba una entidad privada.  

Instalaciones “al parecer” provisionales

Hace poco más de un año, el grupo socialista decidió preguntar al alcalde. ¿Había autorización, convenio o concesión que amparase el uso de ese suelo municipal por el Marbella Club? Y si lo había, ¿se percibía una contraprestación?

La primera vez, el alcalde no contestó. Pero registraron las preguntas por escrito, y el alcalde admitió que, en efecto, aquello está en una parcela de equipamiento público; que “al parecer” las instalaciones se autorizaron hace tiempo con carácter provisional, pero no hay documentación; que al terminar el campeonato allí se quedaron “a disposición principalmente de los propietarios de la urbanización”; pero que todo es desmontable “en cualquier momento”.

Según esa respuesta, el Ayuntamiento sabía que estaban en precario, e intentó legalizarlas adecuando el uso al PGOU, pero no pudo. El Ayuntamiento aseguraba también que iba a estudiar la legalización, y si no era posible, desmantelaría todo.

Para el PSOE, la respuesta del Ayuntamiento admite varios hechos presuntamente delictivos: una entidad privada ha ocupado suelos municipales de equipamiento sin título, y el Ayuntamiento, que lo sabe, no ha hecho nada. El uso como centro hípico privado vinculado a la actividad hotelera no es compatible con la calificación de equipamiento público, y ninguna modificación urbanística puede soslayar el hecho de que no se haya autorizado el uso con una concesión o autorización en procedimiento público. “La utilización privativa de bienes públicos exige el respeto estricto a los principios de legalidad, publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia”, recuerda el escrito de los socialistas, que ven aquí no sólo un quebranto de estos principios, sino un perjuicio al interés general y al patrimonio público mediante la “privatización material” del suelo municipal.

Meses después de obtener esta respuesta, el concejal socialista volvió a preguntar qué se había hecho, y si se habían encargado estudios o informes para legalizar la situación o desmantelar las instalaciones. Y en noviembre recibió nueva respuesta: no se había hecho nada para restablecer la legalidad o recuperar el terreno desde abril, a pesar de lo que había dicho el alcalde.

El PSOE quiere también que se investigue si las cuadras, edificios auxiliares, muros, vallados y demás elementos constructivos tienen alguna licencia o no, y si, dado que la ocupación es presuntamente irregular, el Hotel Marbella Club está pagando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sobre esta parcela o no.