María Arnal (Badalona, 1986) atiende la llamada telefónica de elDiario.es en plena vorágine: ensaya, prepara un nuevo single para este viernes y hace las maletas para pasar un mes en Japón, donde el 29 de agosto estrenará en el Teatro Bunkamura de Tokio un espectáculo sobre El pabellón de oro, de Yukio Mishima, dirigido por el coreógrafo Marcos Morau. “Este verano todo es muy intenso, pero muy guay a la vez”, resume.

El sábado, antes de ese salto a Japón, sube al escenario de La Mar de Músicas en Cartagena, festival al que ya vino a tocar en 2021, con Marcel Bagés, y donde ahora presentará canciones de su primer disco en solitario, 'AMA'.

Este sábado toca en Cartagena. ¿Va a interpretar ya el tema que estrena el viernes?

Sí, exacto. En el directo nuevo hay un montón de temas inéditos, la única manera de escucharlos es viniendo a los conciertos. El disco tiene una dimensión muy digital, así que para mí era importante que hubiera también una parte de cuerpo a cuerpo, de recordar cómo es escuchar la música por primera vez junto a la gente. Por eso he ido sacando muchas de estas canciones antes que el disco, para vivir esa primera escucha frente a frente con el público.

La última vez que actuó en La Mar de Músicas fue hace cinco años. ¿Cómo ha cambiado su manera de subirse a un escenario desde entonces?

Paré del ciclo disco-gira unos tres años buenos, porque me dediqué sobre todo a hacer música para danza, cine, instalaciones e investigación. Fue el fin del proyecto con Marcel [Bagés], que ya estaba en un momento poco creativo. Me di el permiso de salir de ese ciclo y hacer solo lo que me apeteciera, sin urgencia ni vértigo. De ahí salieron cosas que me han alimentado muchísimo: gané la beca de la Comisión Europea, trabajé con el Barcelona Supercomputing Center, hice instalaciones con recorrido internacional. Este disco es la confluencia de todas esas facetas.

Se le nota el poso escénico en el directo.

Claramente, hay algo indudable: mi corazón es folk. Nunca me he ido del folk, lo que pasa es que ya no voy con guitarras. Me acompaño de mis propias voces, de mis voces clonadas, de instrumentos antiguos como órganos, de sonidos de la realidad, como puertas. Es como abrir una puerta y encontrarte con hectáreas de posibilidad.

No empezó a tomarse la música en serio hasta que sufrió un accidente, se rompió el fémur y descubrió el archivo de Alan Lomax. Antes pensaba que la música no era para usted.

Como mis padres son profesores, tenía metida la idea de que si desde muy pequeña no seguías el camino que tocaba —conservatorio, superior— esa posibilidad ya no era para ti. Era un pensamiento súperlimitante. Cuando me rompí la pierna volví a casa de mi madre y recuperé la guitarra de mi adolescencia. Cantar me sentaba mejor que el Nolotil, y pensé que eso tenía que ser más central en mi vida. No tenía más ambición que dedicarle más tiempo, y de ahí, poco a poco, empecé a crear mi equipo, hasta que se convirtió en mi camino.

Esa historia me recuerda a la de Mari Trini, que también sufrió una enfermedad y descubrió la guitarra en la cama.

No la conocía, ¡qué fuerte! Hay bastantes artistas a los que les pasó algo parecido, Frida Kahlo por ejemplo, gracias a tener tanto tiempo de rehabilitación. Es una manera de salirse del cuerpo. Cuando haces hiperfoco en algo tienes la sensación de que el cuerpo ya no pesa. Te juro que en ese momento sentía que la música me sentaba mejor que cualquier medicación.

En 'AMA' ha clonado su voz con modelos de inteligencia artificial desarrollados en el Barcelona Supercomputing Center. ¿Qué ha aprendido de su propia voz al escucharla reproducida por una máquina?

Que lo precioso es justo todo lo que no es reproducible: el error, el detalle único. Hoy podemos clonar dimensiones de la voz —tímbrica, rítmica, melódica, fonética—, pero todas a la vez, de forma perfecta y humana, no se consigue. Clonar persigue una idea de ideal que en realidad te devuelve el error, la rugosidad, el fallo, y me parece precioso como aprendizaje. Mi manera de usar las voces digitales es extremadamente artesanal: modelos que hay que editar y mimar mucho, entrenados solo con datos de mi propio cuerpo.

En directo, esa voz sintética cobra cuerpo a través de las bailarinas.

Llevan unos brazaletes que desarrollamos con el Intelligent Instruments Lab, un laboratorio de instrumentos digitales de Islandia donde hice una residencia. Con ellos accionan mis voces sintéticas con sus coreografías: en realidad son un coro de baile que suena con mi voz. El directo es para mí un lugar de experimentación; creo que me viene de mi madre, profesora de ciencias, que siempre me transmitió esa curiosidad, esa idea de que todo en la realidad puede intervenirse con otra cosa.

El tema 'Que me quiten' recorre siglos de castigo y violencia hacia las mujeres. ¿Cómo se construye una canción a partir de una genealogía tan larga sin caer en la denuncia panfletaria?

Era importante que interpelase, pero mantuviera un tono poético, no panfletario: cuando las palabras están tan manidas ya no puedes vivir en ellas, las rechazas y dejan de decir nada. Empecé buscando imágenes muy literales, pero muy poéticas a la vez, casi como una enumeración, y luego fui viendo qué versos eran más musicales, jugando con recursos fonéticos como la repetición de consonantes.

La necesitaba escribir por lo que ha vivido mi cuerpo: por mucho que me clone, siempre habrá algo que mi cuerpo tiene y esas voces sintéticas no tendrán. Me interesaba hablar del feminismo desde esa consciencia corporal. Es una canción que solo podía escribir ahora, no hace diez años ni cinco: tenía que vivir todo lo que he vivido para poder escribirla. Ahora soy millones de veces más feminista que a los veinte años, cada vez más consciente de lo injusto de este sistema, de lo aprendido que está el patriarcado. Y esta canción me reafirma, me pone en un lugar de fuerza: no es tanto rabia como la voluntad de seguir estando aquí, diciendo estas cosas.

El disco nace también como una carta a su prima, fallecida tras perder a sus padres por el sida, en un contexto marcado por el silencio.

Sí, toda la familia murió de sida. Ella falleció cuando yo tenía trece años y ese secreto estuvo guardado mucho tiempo. 'AMA' son sus iniciales, pero también quería que mi primer disco en solitario, el primero en el que hablo desde mí misma y no en representación de nadie más, naciera de la fuerza de amor más grande que he sentido, de la primera herida real de mi corazón. Los trece años fueron además un momento clave en mi desarrollo, en el cambio de mi voz y de mi cuerpo. Por eso este disco ha sido también el ejercicio de aprender a ser el ama de mi propio proyecto, de mi voz y de todas mis voces sintéticas.

Y esa historia está muy teñida de patriarcado: la voz femenina es una extensión del cuerpo femenino, y la voluntad de imitarla fuera del cuerpo es antiquísima. El órgano imita la voz humana, pero como voz de Dios, no de un cuerpo femenino; por eso está en el disco. A finales del siglo XIX hubo un boom de máquinas parlantes que reproducían la mecánica de la laringe y los pulmones y luego les ponían una máscara de mujer, inventada por señores. Es la misma idea que hay detrás de Siri. Yo, en cambio, soy el ama de mi propia voz sintética, y no he usado más datos que los de mi propio cuerpo. Además, la A y la M son los dos primeros fonemas que aprende a reproducir la voz humana, algo fisiológico y no cultural: por eso la palabra madre lleva la M y la A en casi todos los idiomas, ya que la M la entrenamos mamando del pecho de nuestra madre.

Es un disco compuesto a partir de improvisaciones vocales, y la letra llega al final. ¿Cómo cambia el proceso creativo cuando la palabra llega la última?

Ha sido muy divertido porque normalmente lo hacía al revés. Aquí la letra llega cuando la música ya está clarísima, y eso ha liberado mucho la composición: las canciones no están tan cuadriculadas ni limitadas por la rima, y son muy distintas entre sí porque nacen de la voz cantada y no de la voz escrita.

El disco incluye un madrigal en pleno álbum digital.

Musicalmente, la polifonía es algo muy central porque estoy yo con todas mis voces. A nivel compositivo me encanta el Renacimiento, ese momento en que la polifonía deja de hablar de Dios y empieza a hablar del estado interno de quien canta. Como el disco tiene esa mirada interior, me parecía interesante dialogar con ese tipo de composición.

¿Y después de Cartagena, hacia dónde va su voz? ¿Japón marcará también el sonido?

La música que estoy haciendo para Japón es lo más folk que he hecho en muchos años: cuerdas mediterráneas y japonesas, shamisen, tambores, laúd, bandurria, viola de rueda, todo menos guitarras, y taiko, los tambores japoneses. No va a ser un disco, sino un espectáculo: habrá que ir a Tokio a escucharlo.

Curiosamente, empecé estudiando traducción de japonés y lo dejé a los dos años porque me pareció un mundo demasiado difícil; me pasé a las lenguas románicas —italiano, francés, portugués, catalán, castellano—. Ahora vuelvo a Japón, esta vez a trabajar por primera vez. Estoy tan hiperfocalizada en la música que casi todo lo que leo tiene que ver con ella: ando con El pabellón de oro, de Mishima, entre manos, para entender bien lo que ha hecho Marcos Morau con el espectáculo.

Una psicóloga de Cruz Roja acompaña a Ingrid, nonagenaria de Karlsruhe, hasta la puerta del polideportivo Vista Alegre de Garrucha a encontrarse con Jochen, su marido, quien acaba de llegar a este pabellón desde el hospital donde se encontraba recibiendo un tratamiento de diálisis. La anciana parece aliviada al verle finalmente en el complejo deportivo tras haber sido desalojada de su casa en el municipio almeriense de Bédar por el incendio forestal de Los Gallardos, que se ha cobrado la vida de 12 personas.

Esther, técnico de Cruz Roja, les pide la documentación con dificultad, ya que la pareja no habla ni español ni inglés, y les conduce hasta un vehículo que les llevará a un hotel de Mojácar para pasar la noche. “Esta noche han dormido aquí unas 80 personas, de las que quedaban 50 a mediodía. Después han llegado unos 200 en autobús desde la pedanía de Alfaix. Toda la tarde ha seguido llegando gente”, apunta la trabajadora social mientras señala a dos mujeres extranjeras que se acaban de sentar en las mesas de registro que han habilitado en la entrada del edificio.

Lo corrobora Vicente López, concejal de Seguridad y Urbanismo de Garrucha: “El momento más crítico ha sido cuando a mediodía nos han dicho que venían unas 350 personas más, pero el pueblo se ha volcado. Hay unos 100 voluntarios que han traído agua, comida, hielo. También tenemos preparado el centro cultural del pueblo, donde podríamos alojar a unas 400 personas más”.

“Sospechamos que pueda haber más personas fallecidas en sus casas a causa del humo. En aquella zona hay muchos extranjeros mayores que viven solos en cortijos”, señala una fuente policial. Hay 23 personas que aún no han sido localizadas tras el peor incendio que se conoce en Andalucía.

En la puerta del polideportivo, situado a las afueras de Garrucha, una fila de voluntarios saca las cubetas de un tráiler frigorífico gigante de una empresa de pescado del municipio que hará de nevera del centro deportivo, al tiempo que otros se dedican a apilar cajas con botellas de agua. A Juana, limpiadora del complejo deportivo se le acababa el turno a las 12 del mediodía, pero continúa limpiando el baño y la ducha toda la tarde cada veinte minutos para mantener la higiene. “Hemos estado ayudando a hacer los bocadillos y dando agua a la gente. Si fuera al revés también querría yo que me ayudasen”, apunta.

Nina espera sentada

Nina, de Edimburgo, espera sentada la llegada de un vehículo que la lleve a un hotel. Esta anciana de 85 años es una de las pocas personas en el edificio que lleva consigo un bolso grande con algo de ropa; la mayoría ha llegado con lo puesto. “No he podido pegar ojo en toda la noche. Desde El Campico, una pedanía de Bédar, veíamos de lejos el fuego, aunque este mediodía han llamado a la puerta y me han traído aquí. Pude llevar a mis dos perros a una perrera en Vera; estoy muy contenta de que están a salvo porque en el hotel no me habrían dejado quedarme con ellos. No sé qué pasará con mi casa, venía una nube de humo negro a mi casa. Todo depende del viento y de Dios, por supuesto”.

Mary (87 años) y Maureen (88), de Londres y Cheshire, viven cada una ellas en un bungaló en el camping de Los Gallardos desde hace más de una década. A las 17 horas del jueves fueron evacuadas “con urgencia” por la policía y han pasado la noche en el centro deportivo de Garrucha. “Fue un caos, nadie sabía lo que estaba haciendo”, apunta Mary sobre el momento de la evacuación. “Fuimos al teatro de Los Gallardos en nuestro coche y luego vinimos aquí. Ella durmió en una camilla, pero yo lo hice en una silla”.

“Mucha gente nos ha preguntado si estamos bien”, dice Maureen, a lo que Mary responde: “Solo tenemos que ser pacientes, es la edad. El tiempo pasa rápido”.

“En esta parte del incendio a Garrucha le ha tocado hacer la parte más fácil. Lo que más duele es lo que están pasando en Los Gallardos, Bédar y parte de Antas”, dice el alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos. “Tenemos intérpretes, psicólogos, así que las personas que están aquí desplazadas están bien asistidas. Algunos duele verlos aquí, pero se les atiende con todo el cariño del mundo. Solo hemos tenido algún desvanecimiento por el calor y hemos tomado nota de la medicación que cada uno tiene”, apunta el primer edil de Con Andalucía (IU), quien se encuentra al frente del municipio durante un año tras alcanzar un pacto de gobierno con PP y Vox.

“Se quema una parte de mí”

Ramos es agente forestal: “He llevado esa sierra durante diez años. Se quema una parte de mí. Estaba viendo las llamas y sabía por dónde iba y qué casas estaba afectando”, apunta entre lágrimas. “Las veces que he ido al centro de mando en Turre me han dicho que la cosa está fea. Se va a echar la noche y cuando se echa la noche ya no puedes trabajar con medios aéreos y los que apagan el fuego son los medios aéreos. Aquí lo más importante, en mi opinión, es que no toque más núcleos urbanos”.

En un resort cerca de Los Gallardos se encontraban de vacaciones Tom y Lauren, de 25 años. Subieron sobre las 10 de la noche al punto más alto que encontraron y vieron unas inmensas “llamas naranjas” y, aunque no fueron desalojados en el momento, prepararon una pequeña mochila por si tenían que marcharse. A las once de la mañana de este viernes, el director del resort les advirtió de que era el momento de irse. “Estamos un poco aburridos, pero los voluntarios se han portado fenomenal con todos nosotros”. El domingo por la mañana vuelven al Reino Unido, pero aseguran que esta experiencia no les impedirá regresar pronto a España.

Uriel y Mariana, con 18 años, son de los pocos que permanecen por la tarde en el interior del pabellón junto con sus perras. Ambos se encontraban de visita en casa de su abuela en Bédar desde finales de junio. Volvían a casa cuando llegaron a tiempo de coger las dos perras y escapar por Lubrín. “Había muchísimo humo y casi no podíamos ni respirar”, señala Uriel. Pudieron pasar la noche en Mojácar en casa de una amiga de su abuela, quien se muestra muy preocupada por la situación de su hogar. “No nos dio tiempo a coger nada. Allí se quedaron nuestras gallinas, tortugas y gatos. No sabemos cuándo podremos subir, cómo está la casa y nuestras cosas”.

El trasiego de voluntarios, trabajadores de Cruz Roja y desplazados no cesa. Se preparan para una nueva noche de incertidumbre y tristeza.

Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio Mediterráneo', celebrado en Mazarrón. Un año después de los disturbios racistas que sacudieron Torre Pacheco, la politóloga analiza en esta entrevista qué ha cambiado y qué permanece intacto: desde la islamofobia que subyace a episodios como los ocurridos tras la victoria de Marruecos en el Mundial, hasta el papel de Murcia como “laboratorio” de políticas que después se blindan en otras comunidades autónomas, pasando por la responsabilidad de la prensa a la hora de narrar —o desmontar— el marco del 'problema migratorio'.

Ha pasado un año desde los disturbios de Torre Pacheco. ¿Qué ha cambiado y qué sigue intacto en el diagnóstico que se hizo entonces?

Lo primero que hay que decir es que no se han repetido disturbios. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, pero no ha habido nuevos brotes, lo que induce a pensar que hubo una inducción externa a esa violencia, en una localidad diversa donde habitualmente no se dan episodios así. El problema es que Torre Pacheco ha quedado fijado en el imaginario colectivo, algo que no beneficia a las autoridades locales, porque en realidad existe una convivencia pacífica entre la población agrícola migrante y el resto de vecinos. La cuestión de fondo es si se han dotado de los recursos necesarios para evitar que esto se repita. Sabemos que ha habido una inversión notable en el apartado punitivo —nuevos agentes de policía local, cámaras de videovigilancia—, pero no tengo tan claro que haya habido la misma inversión en infraestructuras o servicios municipales.

Hace unos días hubo en Torre Pacheco un nuevo altercado entre personas de origen migrante, y desde Vox se volvió a vincular el episodio y a difundir vídeos de la agresión, como ocurrió hace un año.

Los bulos que incitan a este tipo de violencia tienen una base de realidad, pero luego son manipulados por fuerzas políticas que buscan una implosión social. Eso es lo que hay que evitar, informando adecuadamente. Plantear que los migrantes, por el mero hecho de serlo, incitan a la violencia es muy peligroso. Hay que disociar los brotes delincuenciales de la cuestión migratoria: podemos hablar de extranjeros delincuentes, pero no de migrantes delincuentes, porque son términos con una carga muy distinta.

La celebración de la victoria de Marruecos en el Mundial se vivió con alegría en las calles de Torre Pacheco, pero también generó comentarios de rechazo. ¿Por qué la comunidad marroquí provoca ese tipo de reacciones cuando pasarían desapercibidas en otro colectivo?

Porque hay una islamofobia de fondo. La población procedente del norte de África se ha convertido en objetivo de las fuerzas reaccionarias, primero por una cuestión religiosa: el islam se asocia al terrorismo internacional, algo que no es real —hay fanáticos en un colectivo religioso, no todo el colectivo es violento—. Y también porque desde hace años, no solo desde la extrema derecha sino desde posiciones de centroderecha —recuerdo los gobiernos de Aznar—, se ha planteado que hay colectivos no integrables en las sociedades occidentales, entre ellos las personas de religión musulmana. Esa vinculación entre seguridad y migración tiene su origen en los atentados del 11-S, y a partir de ahí se incorpora a las estrategias de seguridad nacional, tanto europeas como española, desde 2001 y con la Estrategia Solana de 2003. Lo que estamos viendo por parte de las extremas derechas, y de parte del centroderecha, es una reconfiguración del cuerpo nacional sobre bases esencialistas en lugar de sobre el respeto al Estado de derecho y la Constitución, que debería ser el único límite.

Hace 25 años, El Ejido vivió una oleada de violencia racista tras un crimen puntual. ¿Qué paralelismos y diferencias encuentra con Torre Pacheco? ¿Hemos aprendido algo como país?

Aquel momento coincidió con los atentados del 11-S y con un incremento muy importante de la presión migratoria desde finales de los noventa. Hubo que adaptar los modelos de integración y la dotación de servicios públicos, y se produjo una fuerte segmentación étnica en el acceso a determinados nichos laborales, como la agricultura y los invernaderos, algo que la sociedad vio con recelo. Desde entonces hemos pasado por momentos de enorme tensión, como los atentados de Atocha, en los que las autoridades españolas respondieron de manera mucho más adecuada: España se puso como modelo de buenas prácticas porque no hubo ataques contra la población magrebí en Madrid. Ahí la narrativa de las autoridades juega un papel fundamental: si no separas claramente a quienes cometen delitos graves del colectivo en su conjunto, acabas generalizando, cuando entre el 80% y el 90% de cualquier colectivo son personas pacíficas.

Más allá de la violencia explícita, ¿cómo se mide académicamente el racismo de baja intensidad que atraviesa espacios cotidianos?

A través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Hay bastantes estudios sobre acceso a la vivienda que detectan una suerte de rechazo cuando el propietario percibe, por el acento, que la persona no es suficientemente española. En el acceso a sanidad o educación no se detectan tanto actuaciones discriminatorias por parte de los funcionarios que atienden, sino comentarios entre usuarios. El problema real está en la dotación de esos servicios públicos, que tiene que adaptarse al número real de población. Por eso ha sido tan importante el proceso de regularización extraordinario: para saber cuál es el universo real sobre el que hay que operar y evitar que los servicios queden infradotados.

El cierre de un centro de menores no acompañados, por ejemplo, o la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí en Murcia, ¿qué papel juegan estas decisiones aparentemente administrativas en la normalización del discurso antiinmigración?

Es dar la razón al discurso antiinmigración. Cuando el poder institucional niega la propia diversidad cultural de un colectivo, está diciendo que ese colectivo es un riesgo para la cohesión social. Y eso azuza precisamente esos microrracismos que pueden ir a más.

Torre Pacheco no ha sido un caso aislado en Europa: ha habido disturbios en suburbios franceses, brotes racistas en Reino Unido o, recientemente, en Belfast. ¿Qué tienen en común estos episodios?

Lo que tienen en común es la búsqueda de un colectivo al que culpabilizar de los males de la sociedad, y la manera más sencilla es elegir uno que no cuenta con los mismos derechos que el resto para defenderse. A eso se suma la utilización instrumental de fuerzas políticas reaccionarias para movilizar a su electorado, cuando los partidos sistémicos no dan respuesta a las demandas de cohesión social. Es mucho más sencillo decir que los servicios públicos fallan porque hay demasiados migrantes que hacerse cargo de un aumento del gasto público. Y esto no es exclusivo del centroderecha: lo hemos visto en Dinamarca, en los últimos gobiernos socialdemócratas de Alemania o con Starmer en Reino Unido.

El concepto de 'prioridad nacional' que Vox ha impuesto en los pactos de gobierno con el PP, el último en Andalucía, ¿qué significa en términos jurídicos y qué recorrido tiene para condicionar políticas de vivienda, sanidad o educación?

Lo primero que hay que determinar es si es discriminatorio, y parece bastante claro que lo es, por lo que no se ajustaría a nuestro Estado de derecho. Una característica de las políticas racistas es que quiebran las bases fundacionales de las democracias liberales: negar derechos a una parte de la población residente es síntoma de que lo siguiente irá a más, porque una vez que se vulnera el Estado de derecho una vez, hay casi carta blanca para seguir haciéndolo con otros colectivos. Al principio la población mira hacia otro lado porque no le toca a ella, pero poco a poco esas políticas van favoreciendo un modelo más securitario y de recorte de derechos, donde todo queda supeditado a la seguridad en vez de a la protección de las personas.

¿Ha sido la Región de Murcia un laboratorio de políticas que después se blindan en otros pactos institucionales, como el andaluz?

Sí, evidentemente Murcia ha sido un laboratorio. Por eso es muy importante que el resto de actores políticos y sociales muestren cuál es la realidad: si le quitas derechos a la población que sostiene el modelo económico murciano, la región no tendría el PIB que tiene ahora mismo, porque no hay quien sustituya a esa mano de obra en el campo. Hay un interés en mantener a esa población trabajando pero sin derechos plenos: en situación irregular, con miedo a ser atacada o detenida, es mucho más difícil que se defienda. Detrás de esto hay poderes económicos interesados en una explotación laboral sin límite. Es verdad que la regularización extraordinaria ha permitido aflorar parte de esa economía sumergida, pero muchos empleadores seguían prefiriendo vivir cómodos pagando mal.

Desde la geopolítica de las migraciones, ¿cómo encaja Torre Pacheco en las dinámicas migratorias más amplias del Mediterráneo occidental?

La Región de Murcia y Andalucía son puntos de llegada porque han sido territorios de intensa mano de obra agrícola, mientras la población local ha protagonizado una migración campo-ciudad hacia Cataluña, Madrid o el norte en los últimos treinta años, con el consiguiente riesgo de declive demográfico. Para mantener ese modelo productivo hace falta mano de obra que murcianos y andaluces no quieren hacer, y cuanto menos se pague, mayor es el beneficio. La población migrante no va a regiones sin trabajo: cuando decimos que los sirios 'iban a Alemania', en realidad iban a ciudades concretas con empleo, no a Berlín, que tiene instituciones pero poco tejido productivo. Por eso llega más gente a Murcia y Baleares que a otras regiones con menor tejido productivo basado en agricultura o servicios. Esto podría cambiar con el cambio climático: las olas de calor ya afectan también al norte de Europa, y a medio plazo turismo y mano de obra podrían reorientarse hacia allí.

¿Cómo valora la cobertura que hace la prensa española de los fenómenos migratorios? ¿Se refuerzan los marcos de 'problema' y 'amenaza', o hay ejemplos que rompen esa lógica?

Hay una disputa por ese relato. Hace unos años costaba encontrar en el discurso político un abordaje de la migración como fenómeno y no como problema; ahora hay más cuidado en ese sentido por parte de los operadores políticos. Pero la irrupción de Vox contamina todo el debate público: en buena medida ha conseguido que, incluso cuando el PSOE y el PP ya tenían asumido que se trataba de un fenómeno estructural y necesario para la economía española, sus marcos empiecen a desplazarse. Eso es lo preocupante, y afecta especialmente al PP, que hasta hace poco tenía asumido un discurso de la inmigración como oportunidad de desarrollo económico.

El proceso de regularización de extranjeros avanza con bastante lentitud burocrática. ¿Qué coste político y social tiene este abandono administrativo, más allá del sufrimiento individual de quien espera?

El proceso está avanzando: desde que terminó el plazo, los expedientes resueltos se han ido duplicando. Cuanto antes se resuelvan, mayor seguridad jurídica tendrán personas que, recordemos, no acaban de llegar: ya vivían y trabajaban en España. De lo que se trata ahora es de hacer coherentes los servicios públicos con la cantidad real de personas que existen en el territorio, algo que solo es posible conociendo ese número con precisión.

Jaime Martínez Valderrama (Madrid, 1973) lleva más de veinte años estudiando la desertificación. Es científico titular de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), ingeniero agrónomo y coautor, junto a otros diecinueve científicos, del artículo publicado en Nature que pide “doblegar la curva” de la degradación de la tierra a escala global. Vive en Almería desde 2008 y ha participado esta semana en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio mediterráneo', organizado por la Universidad de Murcia (UMU) y celebrado en Mazarrón.

En esta entrevista repasa qué es realmente la desertificación, por qué España —y muy especialmente la Región de Murcia— es uno de los territorios más afectados de Europa, y por qué considera que este problema ambiental se ha convertido también en una cuestión geopolítica de primer orden.

Lleva más de 20 años estudiando la desertificación. ¿Qué significa realmente que un territorio se desertifique? ¿Tiene marcha atrás?

Desertificarse es que un territorio empieza a adquirir características parecidas a las del desierto: la fertilidad natural que tiene —por el suelo, el agua, la biodiversidad— se va perdiendo por variaciones climáticas, como las sequías, pero sobre todo por una actividad humana inadecuada.

Revertirlo es muy complicado, porque en los territorios áridos la naturaleza trabaja muy despacio. Recuperar un centímetro de suelo fértil perdido puede llevar entre 800 y 900 años. Un acuífero que se vacía puede tardar 100 años en recuperarse. Y en zonas costeras, si se bombea demasiada agua, entra agua del mar y los acuíferos se salinizan: eso, a escala humana, es irreversible.

En agosto publicó en Nature, junto a otros 19 científicos, un artículo que defiende que hay que “doblegar la curva” de la degradación de la tierra. ¿Por qué?

Se hizo con motivo de la última COP, cuando coincidieron casi en el mismo periodo las tres convenciones —biodiversidad, cambio climático y desertificación—. Defendemos que hay que ponerlas en consonancia: si disminuyes la degradación de la tierra, disminuyes también las emisiones de CO₂, porque más de la mitad del carbono que circula en la atmósfera viene de malas prácticas agrarias, de liberar el carbono que estaba almacenado en el suelo.

¿Tiene sentido tratar la desertificación como un tema aislado?

No. Hay que afrontarlo todo de manera conjunta, sin trabajar en silos —el agua, por un lado, la tierra por otro, la biodiversidad por otro—. Cuando se actúa de forma aislada, sueles arreglar una cosa y estropear otra, como pasa en medicina: tratas un dolor de cabeza y afectas al estómago del paciente.

Se ha hablado de que el 75% de España es potencialmente desertificable y que el 20% ya tiene problemas avanzados. ¿Cómo se calculan esas cifras?

Esas cifras están desactualizadas. Hemos creado un Atlas de desertificación de España usando la estimación de zonas áridas del CSIC-IPE, según la cual las zonas áridas ocupan el 69% del territorio español. De esas zonas, el 61% —el 41% de todo el territorio español— está ya desertificado. No es que tenga riesgo: ya lo está.

Hasta ahora no existían mapas de desertificación fiables en el mundo, porque este proceso combina erosión, pérdida de biodiversidad, pérdida económica y degradación hídrica, y sumarlo todo de forma coherente es muy complicado. Nosotros hemos desarrollado un procedimiento alternativo, y con él hemos elaborado un mapa que es una novedad a nivel mundial.

Dice que el regadío puede ser parte del problema, ¿a qué se refiere?

Sostengo que no es una defensa. El error viene de asumir que la desertificación es 'el avance del desierto', algo muy extendido pero muy grosero. Si piensas así, la solución parece obvia: pones un regadío, y de repente tienes una mancha verde en un paisaje ocre. Parece que ganas la batalla. Pero para crear esa mancha verde has bombeado agua del subsuelo sin plantearte de dónde la vas a sacar a largo plazo, y eso te funciona 30 o 40 años —son los 'milagros económicos' del sureste, también en Murcia—, hasta que el acuífero se agota. Lo hemos visto en sitios más extremos, como el desierto arábigo, donde se cultivó alfalfa para vacas frisonas hasta que se agotaron los pozos y se acabó todo.

Se habla mucho del cambio climático como culpable, pero usted insiste en cómo se gestiona el territorio. ¿Qué pesa más?

Es la propia definición de Naciones Unidas: la desertificación es la degradación de zonas áridas por variaciones climáticas y actividades humanas. Sin actividad humana, no es desertificación, es otro problema. Doñana se seca y decimos 'qué sequía'', pero es que llevan veinte años cultivando fresas y agotando el acuífero que permitía su recuperación. Las calimas de África que nos ensucian el coche tampoco son desertificación: son un problema respiratorio.

Uno de los aspectos que mencionan en el artículo de Nature es que la clave estaría en cambiar el sistema alimentario global. ¿En qué sentido?

Cuatro de los cinco grandes paisajes de desertificación de España tienen que ver con la agricultura. Una de las medidas que planteamos es reducir el desperdicio alimentario: un tercio de lo que producimos no se consume. Publicamos un artículo sobre esto que tuvo una repercusión inesperada, poniendo números a cuántas frutas y hortalizas se tiran en España oficialmente. Un año se habló de 400.000 toneladas de limones tirados en Alicante, y en el registro oficial solo constaban 120.000.

También defendemos controlar el consumo de carne intensiva y fomentar la ganadería extensiva de calidad, porque favorece la economía de las zonas de interior y es buena para el medio ambiente. Apostamos por una dieta mediterránea equilibrada, con más vegetales, sin excluir la carne de calidad frente a las macrogranjas. El profesor Carlos Duarte propone además incorporar mucha más proteína marina a la dieta global.

En el curso de Mazarrón se habla de la desertificación junto a migraciones y conflictos, como un tema de seguridad. ¿Por qué cree que ha dejado de verse solo como un problema ambiental?

Porque la globalización genera dependencias excesivas, y con las últimas crisis lo estamos viendo: la guerra de Ucrania, la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Cuando una agricultura depende tanto de insumos externos, luchar contra la desertificación es luchar contra la inseguridad alimentaria. Si gestionas mejor el suelo, necesitas traer menos urea de Dubai, menos fosfatos de Marruecos. Y cuando sube el precio de la energía —de la que depende buena parte de la agricultura, para bombear agua, fabricar fertilizantes, mover tractores— los costes se disparan: con la guerra de Ucrania, a Fertiberia dejó de salirle rentable producir nitrógeno. Si tienes el suelo en buenas condiciones, esa dependencia pesa mucho menos. Por eso creo que esta cuestión encaja con la geopolítica.

Centrándonos en la Región de Murcia: según el Atlas de la Desertificación, ¿cómo está la comunidad ahora mismo?

Si España está desertificada en el 91% de sus zonas áridas, en Murcia esa cifra sube al 95%, básicamente por las aguas subterráneas: prácticamente todos los acuíferos de la Región están deteriorados, como en Almería. Puedes mirar un paisaje con un bosque y pensar que no está tan mal, pero el acuífero de debajo puede estar contaminado o vacío. Como casi todo el territorio murciano es zona árida, está prácticamente todo desertificado en mayor o menor medida, algo que ocurre también en Albacete, Alicante y Almería, por la actividad agraria intensiva de los últimos cuarenta años. En Almería el problema se ha ido paliando con desaladoras, pero eso tiene costes impresionantes, y esa factura no la percibe tanto el productor, porque si tuviera que pagarla, no podría cultivar.

Esta semana ha estado en la Región la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica. Hay una disputa sobre el origen de la contaminación del Mar Menor: el Gobierno regional apunta al acuífero, y la comisionada, a las escorrentías agrícolas. ¿Qué opina?

Hay un informe muy bueno de la Fundación Nueva Cultura del Agua, cuya directora, Julia Martínez, colabora también en el Atlas de la Desertificación. Es, en el fondo, un problema del Campo de Cartagena: el uso masivo de fertilizante químico en un regadío superintensivo. Esa escorrentía eutrofiza el Mar Menor, hace proliferar algas y perjudica la vida bajo el agua. El problema ha sido la agricultura intensiva, que además se entiende: los problemas de desertificación se desencadenan casi siempre por buenas intenciones, la gente quiere prosperar. Pero eso exige al sistema más de lo que soporta, y acaba encareciendo la producción: si pierdes suelo, compras fertilizantes; si agotas el agua, tienes que invertir más. ¿Quién puede poner ese dinero? Cada vez más, los grandes fondos de inversión. En Almería, montar un invernadero cuesta unos 600.000 euros por hectárea, así que el pequeño agricultor queda excluido. Y si miras la renta per cápita de los municipios de España, varios de los más pobres tienen agricultura intensiva: Níjar en Almería, o Mazarrón y Águilas en Murcia. Es un negocio que no reparte bien el dinero, y el peaje de degradar un territorio suele pagarlo la parte menos favorecida.

Hay mucho debate también sobre si el agua desalada es buena para la agricultura.

Es agua prácticamente destilada, hay que tratarla, y eso encarece la producción. Por eso el agua desalada es muy cara: en Murcia está subvencionada, pero en Andalucía no. Porque si le retiras al regadío intensivo las ayudas encubiertas que tiene —diésel, electricidad y agua más baratos que los de un usuario normal— sería demasiado caro producir.

El debate del trasvase Tajo-Segura, la presión del regadío sobre el Mar Menor y los acuíferos se plantea siempre como que no hay suficiente agua. ¿Es un problema de cantidad o de cómo usamos el territorio?

Estamos en un modelo basado en la oferta hídrica, cuando la Directiva Marco del Agua europea obliga a gestionar desde la demanda. Somos sociedades adictas al agua. Existe la paradoja de Jevons: cuanto más eficiente eres usando un recurso, más acabas gastando de él. Si haces más eficiente el riego de una parcela, el agua que ahorras no se queda en el acuífero, se pone a regar otra parcela más. Cuando se anunció el trasvase Tajo-Segura, mi padre me contaba que inmediatamente se transformaron muchas hectáreas de secano en regadío: el propio anuncio generó una nueva demanda. Estoy en un proyecto de la Fundación BBVA elaborando un mapa de los conflictos hídricos en España, y todo el mundo quiere agua para todo —ahora se suman incluso los centros de datos—.

A partir de 2027, la reforma de los caudales ecológicos reducirá en torno a un 40% el agua que llega por el trasvase Tajo-Segura. ¿Cómo va a afectar esto a la Región?

Se va a complicar, sí, pero nunca ha habido tanta agua como se prometió al principio del trasvase, y cada vez hay menos. En muchas regiones, incluida Murcia, hay más derechos de agua concedidos a los regantes que agua realmente disponible: está todo sobredimensionado. Y al final, todas esas malas prácticas las acabamos pagando entre todos: si se agotan los acuíferos, son nuestros impuestos los que financian desaladoras, trasvases y nuevos embalses.

No ha transcurrido ni un año de los disturbios racistas de Torre Pacheco cuando Vox trata de explotar una reyerta callejera en este municipio murciano para volver a lanzar mensajes xenófobos. Este jueves tres hombres tuvieron un altercado sobre las seis de la tarde en la avenida Juan Carlos I de esta localidad. El presunto agresor atacó en repetidas ocasiones a otro hombre con un martillo en la cabeza y después agredió con una botella rota en el cuello a un tercer hombre. Los hechos se produjeron ante la mirada de numerosos vecinos que grabaron la escena con sus móviles y alertaron al 112.

La víctima principal ingresó en estado crítico en el hospital Virgen de la Arrixaca, donde permanece en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte. El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca (PP), ha informado a este medio de que “a pesar de la gravedad, su situación está mejorando”. La segunda víctima se enfrenta a heridas leves.

“No es exclusivo de Torre Pacheco que haya heridos graves en una pelea”, ha advertido el primer edil pachequero, quien no ha querido entrar a valorar la información que diferentes líderes de Vox están publicando al respecto en redes sociales. La extrema derecha no ha tardado en utilizarlo para reactivar su discurso habitual sobre inmigración e inseguridad. Santiago Abascal ha difundido en X vídeos de la agresión y ha señalado que “nada nos obliga a seguir coexistiendo con esta barbarie, salvo la traición de una clase política desalmada decidida a convertir España en un país de depredadores y presas”.

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, por su parte, escribió en X: “Otra vez. Torre Pacheco. Lo de siempre. Pero no nos acostumbraremos. Nosotros no. Los españoles no. Hay que echarlos”.

Refuerzo de la presencia de Guardia Civil

El autor material de los hechos se encuentra detenido y la investigación, ya en marcha, está siendo llevada a cabo por la Guardia Civil. El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha informado de que se ha reforzado la presencia de agentes de este cuerpo militar en el municipio “por precaución”, aunque ha insistido en que, por el momento, no existe ningún riesgo para la convivencia.

El suceso llega justo cuando se cumple casi un año de la oleada de violencia xenófoba que vivió la localidad en julio de 2025, cuando la agresión a un vecino sexagenario por parte de un joven magrebí fue utilizada para convocar “cacerías” de migrantes que mantuvieron varios días en vilo al municipio y se saldaron con más de veinte detenidos.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció este viernes que el Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana un nuevo decreto ley de vivienda asequible, después de que PP y Vox alcanzaran un acuerdo que incorpora el concepto de “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas para vivienda protegida, pública y de alquiler. El anuncio, realizado a través de su cuenta en X, coincidió en el tiempo con el inicio de la intervención de la portavoz socialista, Carmina Fernández, en la segunda jornada del debate del estado de la Región.

“Estamos decididos a poner soluciones eficaces al problema de la vivienda que ha creado Sánchez. La próxima semana, el Gobierno de la Región de Murcia aprobará un nuevo Decreto Ley de Vivienda Asequible. Los jóvenes y las familias no pueden esperar y vamos a facilitarles el acceso a la vivienda”, escribió López Miras.

El acuerdo entre populares y la formación de Santiago Abascal se hizo público durante el propio debate. El portavoz de Vox en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, planteó al PP que el decreto podría estar aprobado “la semana que viene” si los populares votaban a favor de tres propuestas de resolución de su grupo: el compromiso de no construir viviendas en polígonos industriales rodeados de chimeneas, la salvaguarda de las zonas comerciales de los municipios y, el punto más controvertido, la aplicación de la prioridad nacional en todas las ayudas destinadas a vivienda protegida, pública y de alquiler.

El portavoz popular, Joaquín Segado, respondió con un escueto “las aceptamos”, despejando así el camino para que el decreto ley sea aprobado por el Consejo de Gobierno y, posteriormente, convalidado en la Asamblea. Para ello será necesario abrir un periodo extraordinario de sesiones, ya que el ordinario concluye el próximo martes.

El concepto de prioridad nacional ya ha sido incorporado por el PP en los acuerdos de gobierno firmados con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero su encaje constitucional genera serias dudas entre los expertos, puesto que el ordenamiento jurídico impide discriminar a las personas por su lugar de nacimiento.

Un decreto que ya cayó una vez

No es la primera vez que el Ejecutivo de López Miras intenta sacar adelante esta norma. El Consejo de Gobierno aprobó a finales de septiembre de 2025 un primer decreto ley de vivienda asequible, pero la Asamblea Regional lo derogó el 31 de octubre con los votos en contra de PSOE, Vox y Podemos-IU.

Tras la derogación, López Miras anunció que tramitaría la norma como proyecto de ley exprés, acusando a la oposición de formar una “pinza” que impedía la construcción de miles de viviendas para jóvenes y familias. El PSOE, a través de su diputado Miguel Ortega, defendió entonces que el decreto “solo es bueno para hacer negocio”, al no incluir ninguna medida para abaratar los precios.

Ahora, ocho meses después, es Vox -ya sin Antelo al frente del grupo tras su salida de la formación- quien allana el camino al decreto a cambio de la prioridad nacional. El objetivo declarado por el Gobierno regional es promover la construcción de 25.000 viviendas destinadas a jóvenes y clases medias en los próximos cinco años, mediante primas de edificabilidad a los promotores y la simplificación de trámites administrativos.

En la anterior jornada del Debate del estado de la Región de Murcia el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, trató de tapar el sol con el dedo. Poco o nada se dijo de los frentes abiertos que asolan la Región, y mucho de promesas a futuro. El presidente bordeó la actualidad regional a golpe de propuestas y partidas presupuestarias. Pero, este viernes, la oposición le ha obligado a meterse de lleno en la actualidad regional.

“Ayer faltó sobre todo la verdad. En concreto, la verdad sobre el asunto más grave al que se ha enfrentado la sanidad pública regional en los últimos años, la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud”, le ha reprochado la diputada socialista, Carmina Fernández. En la jornada anterior, el jefe del Ejecutivo regional eludió hacer referencia alguna de las prótesis vasculares, que ha dejado un agujero en las arcas regionales de unos 6,9 millones de euros y trece investigados. Se limitó a brindar su “respaldo” al manifiesto firmado este miércoles por los profesionales sanitarios de la Arrixaca: “[Los sanitarios] piden respeto y piden que se depuren las responsabilidades de las personas investigadas y acusadas por la justicia”.

“Esto es un fraude que no se queda en un despacho, ha entrado en los quirófanos”, ha recordado la parlamentaria del PSRM-PSOE. López Miras no ha logrado convencer a sus adversarios políticos de que el fraude fue meramente económico, y que ninguna prótesis caducada llegó a implantarse en los pacientes. Una labor que ya tuvo que llevar a cabo la consejera de Salud en su comparecencia de la semana pasada.

El Ejecutivo ha insistido en que ningún político estuvo involucrado en la trama, y que desde Salud actuaron bajo los cauces de autocontrol establecidos. Pese a esto, la cabeza del anterior consejero, Juan José Pedreño, rodó. Lo hizo discretamente, bajo el paraguas de una remodelación del Consejo de Gobierno. Su salida vino acompañada de la sustitución de la consejera de Agricultura, Sara Rubira, por el exalcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía.

“Isabel Ayala era la gerente del Servicio Murciano de Salud, mientras se producían estos hechos. La máxima responsable del organismo en el que fallaron los controles sobre el material sanitario y presidía el órgano técnico que evaluaba y homologaba las prótesis y los implantes”, ha recordado la socialista.

El presidente ha recibido un último varapalo antes del debate, un informe del Tribunal de Cuentas que apunta a “graves desajustes financieros y presupuestarios” en el ejercicio de 2023 en la Región. En concreto, señaló una “sobrevaloración constante” del Ejecutivo, que calculó el resultado presupuestario de ese año en 306 millones positivos, cuando realmente el año se cerró con un saldo negativo de 131,2 millones de euros. El Tribunal de Cuentas apuntó a que el desajuste se debe principalmente a la falta de cobertura de las pérdidas ordinarias del Servicio Murciano de Salud (SMS), valoradas en 432,5 millones de euros en ese año. “Ayer no se explicó el déficit de 3.724.000.000 de euros que arrastra el Servicio Murciano de Salud, consecuencia de su nefasta gestión. Todos los años presupuestan 900 millones de gastos menos del que al final ustedes ejecutan”, ha reprochado la diputada socialista.

Vox: “El Gobierno regional tiene los bolsillos rotos”

El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha comenzado su intervención pidiendo la dimisión del presidente de la nación, Pedro Sánchez, por “indecente, corrupto y traidor”, al tiempo que le ha acusado de “adulterar las próximas elecciones generales” a través del actual proceso de regularización. Después de su diatriba contra el Ejecutivo central, el de Abascal ha señalado que en lo que a gestión se refiere, “el PP es lo mismo que Pedro Sánchez, pero de color azul”.

Alpañez ha denunciado que el Gobierno regional ha incumplido tanto las mociones aprobadas en la Asamblea Regional como el pacto que alcanzó con Vox para los presupuestos de 2025. “La sombra de la mala gestión se alarga sobre su gobierno”, ha señalado el portavoz en referencia al escándalo de las prótesis que sacude la sanidad murciana.

En lo que respecta a la deuda regional, el representante de Vox en el Parlamento murciano ha dicho que el Gobierno de López Miras tiene “los bolsillos rotos”. “El descontrol nos está llevando a duplicar la deuda en diez años de siete mil millones de euros a 14 mil millones”.

También cuestionó el hecho de que se hubieran aumentado las exportaciones “en casi todos los sectores industriales”, cuando lo que han subido han sido los precios de los productos. “Su triunfalismo choca con la realidad de la calle”, ha apuntado. En lo que respecta a la vivienda, el portavoz de Vox ha ofrecido un acuerdo inmediato si el PP asume la condición de la “prioridad nacional”.

Alpañez ha puesto en duda igualmente las cifras ofrecidas por el Gobierno regional en lo que se refiere al turismo y ha comparado la llegada de los turistas extranjeros a otras comunidades autónomas frente a la Región: mientras que Catalunya recibe 20 millones de turistas foráneos al año; la Comunitat Valenciana, unos 12 millones; o Andalucía, alrededor de 14; la Región de Murcia solo acoge un millón.

“La recuperación del Mar Menor es perfectamente compatible con la competitividad del campo, siempre que se evite la entrada de vertidos de agua dulce y fecal a través de infraestructuras”, ha advertido Alpañez, quien ha pedido la “interconexión de todas las cuencas con trasvases solidarios”. También ha exigido “situar a la familia en el centro de toda acción de gobierno”. “Tenemos que romper las banderas de la resignación”, ha concluido.

Podemos: “Seis años de saqueo de la sanidad pública”

Desde el Grupo Mixto la diputada de Podemos, María Marín, ha reprochado también el silencio de López Miras en la jornada anterior alrededor del escándalo de las prótesis vasculares: “Dio usted en esta Cámara un espectáculo indecente. Ayer hubo un clamoroso silencio en su intervención. Ni una palabra sobre la trama de las prótesis. Solo tenía que decir una: perdón por haber permitido durante seis años el saqueo de la sanidad pública”.

Ha recordado que el fraude de las prótesis solo fue posible porque el Servicio Murciano de Salud “lleva años ignorando las advertencias del Tribunal de Cuentas”: “Nosotras fuimos las primeras en dar la voz de alarma en julio de 2024, después de publicarse un contundente informe del Tribunal de Cuentas”.

“El hospital privado al que se derivaban estas operaciones es el hospital Quirónsalud del barrio del Infante en Murcia. Otra vez el grupo Quirón asociado a la corrupción del PP. Señor López Miras, ya sabemos los negocios que se trae su jefa la señora Ayuso con el grupo Quirón”, ha apuntado Marín. “Fuera Quirón, fuera el grupo Ribera. Fuera los mercaderes del templo de la sanidad pública”, ha exigido.

Lo de las prótesis no ha sido el único escándalo sanitario de este año en la Región de Murcia. Un informe demoledor de Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama detectó un retraso “evitable” en el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en Murcia. El por entonces consejero, Pedreño, despachó el documento asegurando que el informe estaba “politizado”: “Usted anunció el año pasado la presentación del primer Plan Oncológico de la Región de Murcia. Desde entonces lo único que hemos conocido son las denuncias de la Alianza por la Transparencia en el cribado del cáncer de mama y también por los retrasos en el cribado del cáncer de colon en Cieza, graves irregularidades que ya están costando vidas”, ha reprochado Marín.

En materia de educación, la diputada morada ha afeado a López Miras que “recicle” el Plan de Climatización: “Es un refrito del Plan de Eficiencia Energética y Adaptación Bioclimática que ya anunció en 2019. Llevamos seis años de mentiras”.

“En esta tierra uno de cada cinco jóvenes está condenado al fracaso escolar y al abandono educativo temprano. En toda su intervención usted no mencionó este problema”, ha apuntado. “Usted ayer prometió la ampliación de los mismos centros educativos que el año pasado. La construcción de las mismas carreteras. El mismo plan de choque contra las listas de espera”, ha enumerado.

Antelo: “El PP se deja manipular por los intereses de Vox”

López Miras ha tenido que escuchar la intervención de su antiguo socio de gobierno, el antiguo líder de Vox, José Ángel Antelo, ahora en la bancada del Grupo Mixto. Antelo ha urgido a que se materialice el Decreto de la Vivienda en la Región: “Es espantoso que el PP se deje manipular por los intereses de Vox”.

Ha defendido el Trasvase Tajo-Segura, y ha exigido la creación de un Plan Hidrológico Nacional: “Creo que el agua desalada no es la solución, debe llegar a través de un trasvase”. También ha cuestionado por qué la modificación de la Ley del Mar Menor no está aprobado. Se trata de un punto de las negociaciones presupuestarias del anterior año fiscal entre PP y Vox, que nunca llegó a materializarse: “Proteger el Mar Menor no quiere decir que haya que perseguir, socavar o poner fin a ningún sector”, ha afirmado en alusión al sector agrícola.

Por último, ha afeado el “déficit de infraestructuras” de la Región de Murcia: “La infraestructura del aeropuerto de Cartagena está hecha para cuatro millones de pasajeros. A día de hoy sigue con menos pasajeros que el Puerto de San Javier”.

Segado: “Vamos a seguir defendiendo el trasvase con uñas y dientes”

“Lo que sucede en la Región de Murcia no es ajeno a lo que sucede en el resto de España”, han sido algunas de las primeras palabras que ha pronunciado el portavoz del grupo parlamentario popular, Joaquín Segado, en la segunda jornada del debate del Estado de la Región y, a partir de ahí, ha basado la mayor parte de su intervención de 45 minutos en las críticas a la corrupción del Gobierno central. Al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, le ha afeado el hecho de que “hace poco más de un año vino Santos Cerdán a darle su bendición en Cartagena como secretario general”, mientras que no le ha escuchado denunciar “con claridad” los casos de corrupción que acechan al antiguo secretario de Organización del PSOE.

También ha denunciado Segado que “la corrupción también hizo su parada en esta tierra” cuando el antiguo ministro de Transporte, José Luis Ábalos, “se llevó presuntamente una mordida de más de medio millón de euros por la estación del AVE de Murcia”. El portavoz del PP en el Parlamento murciano ha requerido a Lucas que “pida perdón porque su padrino y el señor Ábalos han robado dinero de los ciudadanos de esta tierra”.

“Lo único que le importa al socialismo en esta tierra es defender a Pedro Sánchez para seguir en su sillón”, ha zanjado. La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, también ha recibido su rapapolvo, ya que Segado ha señalado que su intervención en este debate ha consistido en “insultos constantes durante 22 minutos”.

Segado ha echado en cara a los socialistas haber votado en contra “del blindaje del trasvase” y ha negado que el agua procedente de las plantas desaladoras pueda sustituir a la que llega a través de esta infraestructura. “Vamos a seguir defendiendo el trasvase con uñas y dientes”, ha afirmado el portavoz popular frente a la reforma de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura aprobada por el ministerio de Transición Ecológica que reducirá los caudales trasvasables hasta en un 40% en 2027 al aumentar los caudales ecológicos mínimos de este río.

Por último, el portavoz del PP en la Asamblea ha congratulado a Alpañez por decidirse a aprobar conjuntamente la ley de vivienda. “Desbloquear por fin una ley: esa es la forma responsable de gobernar del PP”, ha afirmado Segado, al tiempo que ha alentado a Vox a repetir la jugada con los presupuestos regionales.

Inés Sánchez de Madariaga lleva casi treinta años trabajando en una idea que hoy empieza a calar en las administraciones públicas: que las ciudades, el transporte y la vivienda se han diseñado durante décadas en torno a un único patrón de desplazamiento -de casa al trabajo y vuelta, en hora punta, en línea recta- que ignora cómo se mueve realmente quien cuida. La urbanista madrileña acuñó el término 'movilidad del cuidado' en 2008 y sistematizó la perspectiva de género en la práctica del urbanismo. Desde entonces, ha asesorado al Banco Interamericano de Desarrollo, al Gobierno vasco o a la Autoridad de Transporte de Washington, entre otros.

Catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente en año sabático entre Harvard y el MIT, participó en el I Simposio Internacional Infraestructuras para la vida cotidiana, bienestar social y nuevas métricas para la toma de decisiones públicas, organizado por la Universidad de Murcia (UMU) en el marco de la red europea EuWIGeN.

Sánchez de Madariaga se encuentra en Cambridge, Massachusetts, hasta finales de julio. Es su séptima estancia en Estados Unidos y conoce bien el país tras aterrizar por primera vez en 1989 en la Universidad de Columbia, en Nueva York, con una beca Fulbright.

Hablamos con ella del envejecimiento desigual del territorio, de por qué las personas mayores, y sobre todo las mujeres mayores, son quienes más sufren la falta de transporte público en el medio rural, y de cómo deberían repartirse las inversiones públicas en infraestructuras si se quiere tener en cuenta el bienestar social.

Usted acuñó el concepto de 'movilidad del cuidado'. ¿En qué punto estamos hoy frente a 2008?

Internacionalmente ha tenido mucho impacto: hay muchos países de América Latina que han integrado la movilidad de los cuidados en sus políticas de transporte, y ha influido también en el mundo académico, en cómo se aborda la investigación. Pero en realidad la 'movilidad del cuidado' es solo una parte de un enfoque más amplio, el del 'urbanismo del cuidado': una manera de mirar la planificación y el diseño urbano que pone el foco en las realidades vitales de las mujeres, en cómo se organiza la reproducción de la vida y de la sociedad, tareas que estadísticamente siguen recayendo en las mujeres, y en cómo la ciudad, el transporte, las infraestructuras, la vivienda y los servicios pueden responder mejor a esas realidades. Ese es el foco de mi trabajo desde el libro que escribí en 2002, Urbanismo con perspectiva de género, que fue el primero en español que abordaba de manera sistemática cómo trasladar estas cuestiones a la práctica urbanística.

El transporte público se ha diseñado históricamente para el desplazamiento al trabajo en hora punta, en línea recta de casa al centro urbano y vuelta. ¿Cómo de lejos estamos de un sistema que incorpore los patrones reales de la movilidad de los cuidados que consisten en viajes cortos, encadenados, a deshora y muchas veces a pie?

Se están haciendo grandes avances. Lo que era una visión muy infraestructural, centrada en la obra física y poco en el uso que hacen las personas, está cambiando de verdad, y los estudios de género sobre transporte han tenido un papel importante en ese cambio. Además, las nuevas generaciones que se incorporan a puestos de decisión —con más mujeres, también jóvenes, tanto en España como en América Latina— están cambiando el punto de vista. Que eso se traslade a la realidad llevará todavía tiempo, porque todo lo que tiene que ver con la ciudad y las infraestructuras son procesos de largo recorrido: la inversión en infraestructura física, y la transformación y mejora de la ya construida, no son cosas que se puedan hacer de hoy para mañana. Pero veo una reorientación muy grande de las perspectivas y las agendas públicas, en España y en todo el mundo.

¿Y considera la tarificación del transporte público los patrones de movilidad vinculados al cuidado?

Todavía es un trabajo en curso. Creo que es un tema que aún no se ha abordado de manera amplia y sistemática; falta desarrollar políticas y pensar los sistemas de transporte de modo que incorporen estas cuestiones, y eso está, en gran medida, por hacer. Lo importante es que el tema ya empieza a estar en la conversación profesional, y hay bastantes administraciones públicas locales y autonómicas que están empezando a verlo.

Históricamente, la inversión pública en infraestructuras en España ha priorizado la gran obra viaria —autovías, AVE— frente al transporte colectivo de proximidad. ¿Cómo se puede revertir esa jerarquía desde argumentos de bienestar y sostenibilidad social?

Veo la inversión ferroviaria en España de forma muy positiva: es transporte público, permite el desarrollo económico y evita tener que coger avión. Se viaja muy bien en tren, aunque de norte a sur sea algo más complicado, y eso ha permitido una integración territorial y unas posibilidades muy grandes en beneficio de toda la población. La inversión en autovías y la inversión en ferrocarril son dos cosas totalmente distintas. Es cierto que la alta velocidad puede haber sustituido a servicios de tren de mayor capilaridad y con más paradas, y eso tiene un impacto en el desarrollo de las ciudades que merecería estudiarse en detalle.

En carreteras, sí creo que ha habido un exceso de inversión en comparación con el transporte colectivo. Pero hay que decir, por ejemplo, que Madrid —una de las ciudades más grandes de Europa, del doble de tamaño que Barcelona— tiene un sistema de transporte público integrado de mucha calidad, con un precio razonable; me atrevo a decir que es uno de los mejores sistemas metropolitanos del mundo. Al mismo tiempo, se ha invertido mucho en carreteras, y eso tiene impactos económicos y también de género.

Creo que hubiera sido mejor invertir menos en ese sentido y destinar parte de esos recursos a servicios públicos relacionados con los cuidados: por ejemplo, favorecer el envejecimiento en casa, en lugar de la opción que se tomó en España hace 25 años de favorecer la institucionalización en residencias, la mayoría privadas, aunque subvencionadas. Este es un buen ejemplo de cómo las decisiones de inversión pública, tanto en carreteras como en otros ámbitos, tienen un impacto de género determinado. Si no se incorpora esa perspectiva al hacer los presupuestos, se sigue funcionando con el piloto automático de decisiones tomadas hace décadas.

Su investigación muestra que los desplazamientos de cuidado de menos de un kilómetro no se contabilizaban en las estadísticas de transporte. ¿Qué coste tiene esa invisibilidad estadística para la política pública?

Las estadísticas se hacen con ciertos objetivos, que tienen que ver con quién es la entidad que las elabora y con qué fin. El estudio al que te refieres es de 2008 y analizaba las estadísticas que entonces compilaba el Ministerio de Fomento —hoy Ministerio de Movilidad— sobre las áreas metropolitanas españolas. Estaban pensadas desde un punto de vista muy infraestructural y no consideraban los viajes de menos de quince minutos a pie, de menos de un kilómetro, porque desde el punto de vista ingenieril se entendía que esos trayectos no afectaban a las infraestructuras. Pero desde el punto de vista de quien se desplaza, sí que importan, porque forman parte de viajes más encadenados: la movilidad de las personas es un continuo que debe poder hacerse sin cortes, que permita compatibilizar las actividades cotidianas cerca de la vivienda con los desplazamientos al empleo. Por eso esos trayectos cortos a pie son relevantes para las infraestructuras y hay que tenerlos en cuenta para entender cómo se entrelaza todo.

España envejece a un ritmo acelerado y de forma desigual en el territorio. Las zonas rurales y semiurbanas concentran población mayor con menos servicios de proximidad y peor transporte. ¿Qué dice la investigación sobre quién absorbe esa carga?

Hubo un momento, en los años ochenta y noventa, en que se llevaron servicios básicos, como colegios, institutos, centros de salud, a las zonas rurales, cuando todavía había allí población joven y mayor. Con la despoblación más reciente, al desaparecer esa población joven, muchos de esos servicios se han ido desmontando. Pero hay que tener varias cosas en cuenta. Desde el punto de vista de género, es cierto que hay una población envejecida y feminizada en el medio rural, pero entre la población más joven hay más hombres que mujeres, porque las mujeres se van más a la ciudad: tienen allí más posibilidades laborales y mayor libertad. El impacto de género, por tanto, es diverso según las áreas.

Además, la mejora de las infraestructuras y la integración de las nuevas tecnologías en la gestión de ciertos servicios -por ejemplo, de salud- pueden permitir que algunas cosas se hagan sin presencia física, y favorecer formas de micromovilidad gestionadas de manera más individualizada a través de plataformas. La provisión de servicios en el medio rural, para contribuir a frenar la despoblación —un reto demográfico especialmente importante en España, donde hay mucho territorio con muy poca población, más que en otras partes de Europa— tiene que pensarse teniendo en cuenta todos estos factores. Y también hace falta llevar empleo, por lo que el acceso a las telecomunicaciones es fundamental para fijar población.

Cuando una persona mayor pierde la capacidad de conducir en un municipio sin transporte público operativo se produce una suerte de aislamiento funcional. ¿Afecta de forma diferenciada a hombres y a mujeres mayores?

Las mujeres viven más que los hombres, así que hay más mujeres entre las personas mayores. Por tanto, esto impacta más a las mujeres, porque viven más años y con peor salud.

Usted ha trabajado tanto en Harvard y el MIT como en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué diferencias observa entre el enfoque anglosajón y el europeo a la hora de integrar los cuidados en la planificación urbana y el transporte?

La diferencia fundamental es que en Estados Unidos los temas urbanos se gestionan desde una escala local muy fragmentada: los municipios son entidades pequeñas y todo es un proceso muy de abajo arriba, con mucha participación de la sociedad civil. No existe ninguna entidad equivalente a las comunidades autónomas que legisle o haga política urbana o de transporte; las políticas del gobierno federal son limitadas y no afectan a las ciudades. Eso genera también ineficiencias, por la falta de coordinación. Pero hay muchísimas iniciativas de la sociedad civil, no tanto del gobierno, con una capacidad de actuación que en Europa nos resulta casi inconcebible: por ejemplo, en política de vivienda social, donde aquí son sobre todo entidades del tercer sector las que actúan. No son mejores o peores sistemas, son sistemas políticos y económicos diferentes.

Si tuviera que recomendar al Gobierno de España una sola medida de alto impacto para mejorar la movilidad de los cuidados en el medio rural y semiurbano, ¿cuál sería?

Hay que explorar las medidas de micromovilidad y movilidad flexible, según las necesidades reales de cada territorio. Tienen que ser medidas muy ad hoc, porque dependen mucho de la estructura territorial, de la estructura demográfica y socioeconómica, y de las capacidades de gestión y económicas de las comunidades autónomas, en colaboración con los ayuntamientos. Serían políticas combinadas, de cooperación entre administraciones autonómicas y locales.

A punto ha estado la Región de Murcia de afrontar el año preelectoral sin un barómetro institucional propio por primera vez en un cuarto de siglo. La Asamblea Regional ha aprobado este miércoles un contrato transitorio con el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) que permite reactivar los encargos al organismo universitario, con el rechazo de Vox, después de que la moción presentada por el PP para recuperar el servicio reabriera el debate sobre la continuidad de una serie histórica que, desde el año 2000, ha servido de referencia para investigadores, medios de comunicación y partidos políticos.

El organismo, vinculado a la Universidad de Murcia, dejó de elaborar encuestas después de que la propia Asamblea aprobara en abril de 2025 sustituir el sistema de financiación directa por un modelo de concurrencia competitiva. Aquella decisión salió adelante el 1 de abril de 2025 con los votos a favor de PSOE y Vox y la abstención de Podemos-IU. La iniciativa, presentada inicialmente por Vox, que planteaba directamente suprimir los barómetros, fue enmendada por el PSOE, que mantuvo la realización de las encuestas pero exigió que se adjudicaran mediante un procedimiento abierto. El PP votó en contra al considerar la propuesta “confusa y contradictoria”.

El cambio de modelo no tuvo, sin embargo, efectos inmediatos. El convenio entonces en vigor entre la Asamblea y la Universidad de Murcia garantizaba la continuidad de los trabajos durante un año más, por lo que el CEMOP siguió elaborando estudios a lo largo de 2025. El último barómetro se publicó en marzo de este año. Lo que nunca llegó fue el concurso público: la Cámara no inició el procedimiento de licitación y el centro dejó de recibir nuevos encargos, dejando en el aire la edición de primavera que se venía publicando desde hacía 25 años.

Ha sido en ese contexto en el que el PP ha llevado este miércoles al pleno una moción para recuperar el servicio, que contaba de antemano con el respaldo de Podemos-IU y, previsiblemente, del PSOE, y que ha desembocado en la aprobación de la fórmula transitoria con el rechazo de Vox.

“Vox lo que quiere es que se le dé la encuestadora a la UCAM, ya que son cercanos a ellos”, ha apuntado la portavoz de Podemos-IU, María Marín. “De hecho, en la última encuesta que sacó la UCAM al mes justo de ser Alpañez portavoz del grupo parlamentario Vox, cuando echaron a Antelo, le daba un nivel de conocimiento al de la Región de Murcia del 60%, más o menos al nivel de Gabriel Rufián”.

La propuesta que ha terminado aprobándose coincide con la que el propio CEMOP llevaba meses defendiendo ante los grupos parlamentarios. Su codirector, Ismael Crespo, explica que el centro escribió ya en septiembre del año pasado a la presidenta de la Asamblea para advertir del riesgo de que el organismo se quedara sin actividad. Según Crespo, el retraso ha respondido sobre todo a la falta de respaldo político suficiente: “Esto se ha dilatado mucho porque no había apoyo político. No creo que el PP estuviera dispuesto a llevar algo que sabía que no le iban a votar”, apunta, y subraya que el CEMOP siempre ha defendido que cualquier solución cuente con un consenso amplio.

Un verano “tardío”

El organismo prevé retomar su actividad con un barómetro de verano “tardío” en septiembre, al que seguirían uno de invierno y, ya en la antesala electoral, el preelectoral. Crespo defiende además la legitimidad del modelo murciano frente a las críticas de Vox, que en 2025 llegó a calificar al centro de “chiringuito”: “Barómetros de estos hay en el País Vasco, en Catalunya, en Castilla y León, en Valencia y en Galicia. No somos ninguna excepción”, sostiene.

El sistema murciano presenta, en todo caso, una singularidad poco frecuente en España: aunque el CEMOP depende académicamente de la Universidad de Murcia, su financiación ha procedido históricamente de la Asamblea Regional y no del Gobierno autonómico, a diferencia de otros organismos demoscópicos regionales como el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de Catalunya —organismo autónomo de la Generalitat desde 2007—, el Barómetro Andaluz, impulsado por la Fundación CENTRA y dependiente de la Junta, o el Euskobarómetro, elaborado por la Universidad del País Vasco.

El CEMOP nació en el año 2000 como un grupo de investigación de la Universidad de Murcia integrado por profesores de Ciencia Política y Sociología, y participó en sus primeros años en proyectos como el Atlas Electoral de Murcia, junto a la Fundación Séneca y el CIS. El salto definitivo llegó en 2010, cuando con Rosa Peñalver al frente de la Asamblea se impulsó el convenio que dio lugar a los barómetros periódicos —primero dos ediciones anuales, luego tres—, presentados siempre antes ante la Junta de Portavoces. Desde 2023, además, incorporan el acceso abierto a los microdatos, lo que permite a investigadores y ciudadanía realizar sus propios análisis.

El diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia Antonio Martínez Nieto se ha opuesto este miércoles a una moción presentada por la coalición Podemos-IU que reclama al Gobierno regional la elaboración de un protocolo específico de atención al alumnado trans y de prevención del acoso transfóbico en los centros educativos, al considerar que la iniciativa forma parte de una “factoría comunista” cuyo objetivo es “aniquilar” los valores de “la fe, la patria, la familia, la propiedad privada y la libertad individual”.

El parlamentario de ultraderecha ha sostenido que el comunismo “reinventó la lucha de clases como lucha de razas, sexos, creencias e identidades” tras la caída del Muro de Berlín, y que la ideología de género es “el producto más refinado y más cruel de esa factoría comunista” porque “atenta contra la naturaleza humana”. Según el diputado, su “verdadero logro” ha sido sacar esas conductas “del catálogo de los trastornos” para meterlas “en el catálogo de los derechos humanos”.

La moción, registrada el pasado 13 de mayo por la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín, al amparo del artículo 195 del Reglamento de la Cámara, pide que el nuevo protocolo se base en una propuesta técnica que colectivos LGTBIQ y el sindicato STERM ya habían presentado el 20 de noviembre ante la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, y que la Consejería de Educación lleva meses sin tramitar. La iniciativa se apoya en el artículo 61 de la ley trans estatal, que obliga a las administraciones públicas a desarrollar este tipo de protocolos.

“Brigadistas de ideología de género”

Martínez Nieto ha negado que exista necesidad real de esa herramienta: “Entre los más de mil expedientes de acoso que hay en la Región de Murcia cada año, no hay ningún expediente de acoso transfóbico”, ha afirmado desde la tribuna, para concluir que “no existe la demanda para que exista ese protocolo”. A su juicio, el verdadero objetivo de la moción es “empujar al PP contra las cuerdas” para crear “equipos de orientación especializados en acoso transfóbico” que, ha dicho, funcionarían como “brigadistas de la ideología de género”.

El parlamentario ha recordado que la Región de Murcia aprobó ya una “ley LGTB trans” autonómica que, en su opinión, “permite el adoctrinamiento” en las aulas, y ha reclamado derogarla: “Vox hace de coraza inexpugnable que no permitirá que se profane la inocencia de nuestros jóvenes y de nuestros niños con protocolos podridos [...] que se deben derogar y desterrar de nuestro sistema y echar de un puntapié de nuestro sistema educativo”. La moción ha sido rechazada con los votos de PP y Vox.

“Cuento de terror” desde la tribuna

Marín ha señalado en una publicación en X que “si PP y Vox llegan a gobernar volverán a meternos en armarios, manicomios y prisiones”.

“No entiendo cómo se permiten sus intervenciones porque muchas de ellas atentan contra la Constitución española”, ha subrayado a este medio la portavoz de Podemos-IU. “Cuando sale a la tribuna ya estamos todos esperando a ver qué cuento de terror va a contar”.

No es la primera vez que este diputado de Vox protagoniza una intervención polémica en el hemiciclo murciano. En abril llamó a “combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia”, lo que provocó una concentración de protesta de varios colectivos que pidieron su expulsión de la Cámara. Un año antes, durante un debate sobre el futuro del Cine Rex de Murcia, defendió el personaje de Torrente como “lo que muchos españoles honrados y trabajadores piensan”, y en 2024 atribuyó la pobreza en la Región a una “ideología del parasitismo social”, llegando a invocar la franquista Ley de Vagos y Maleantes para “los que no quieren realmente trabajar”.

Llega unos minutos tarde a la entrevista porque se ha entretenido de camino haciendo algunas fotos de la ciudad y propone retratarse junto a la escultura de una madre sosteniendo a su hija en el céntrico campus de la Merced de la Universidad de Murcia (UMU). Angela O'Hagan (Glasgow, 1966) ha venido a la capital murciana esta semana con credenciales poco habituales: es profesora emérita de Igualdad y Políticas Públicas en la Universidad Caledonia de Glasgow (GCU), preside desde 2024 la Comisión Escocesa de Derechos Humanos y lleva décadas construyendo marcos teóricos para medir si un presupuesto público respeta o vulnera derechos. Su tesis doctoral comparó el análisis presupuestario con perspectiva de género en Escocia, Andalucía y Euskadi. Conoce España, por tanto, desde dentro y, prácticamente, no recurre en ningún momento de la conversación a otra lengua que no sea el castellano.

La investigadora ha participado en el I Simposio Internacional organizado por la Universidad de Murcia en el marco de la red EuWIGeN —conformada por once universidades europeas— con una ponencia en la que conecta los derechos humanos con algo tan concreto como ir al médico, pagar el alquiler o acceder a un servicio de dependencia.

La entrevistamos mientras Belfast vive días de disturbios racistas -el mismo patrón que vivió Torre Pacheco hace menos de un año- y el gobierno laborista de Keir Starmer gestiona la tensión entre su discurso de derechos y una política migratoria cada vez más restrictiva.

¿Cuál fue el motivo que le llevó a investigar los derechos humanos desde la vida cotidiana?

Llevo toda mi carrera profesional trabajando en el ámbito de la igualdad, siempre con un enfoque de género. Las mujeres y los hombres tenemos experiencias distintas de los servicios públicos, del espacio público, de los recursos públicos. Las mujeres usamos el transporte para llevar a los críos, hacer la compra, acompañar a la suegra, y volver a un trabajo de tiempo parcial. Los hombres, en general, van directamente a su trabajo. Eso parece obvio una vez que lo ves, pero el sistema económico y social lo refuerza sin pensarlo, a veces sin mala intención, y así se repite el círculo. Lo que hacemos con la investigación es precisamente romperlo: ver qué produce desigualdad y actuar sobre ello.

Lo que me interesa ahora es cómo enlazar esa vida cotidiana con los marcos normativos de derechos humanos. Tendemos a pensar que los derechos humanos son cosas de guerras, cárceles o crisis humanitarias. Pero los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en los convenios internacionales hablan de comida, transporte, educación, vivienda, agua. De las cosas de las cuales dependemos todos en la vida cotidiana.

¿Puede poner un ejemplo concreto?

En el norte y oeste de Escocia, una zona de belleza natural inmensa, pero con una población muy dispersa, hemos investigado el acceso a servicios de maternidad. Si vives muy al norte y estás embarazada, tienes un viaje de cuatro horas en coche para llegar al hospital, porque no hay autobús. Y si vives en una isla y es tu primer embarazo, tienes que salir seis semanas antes de la fecha probable de parto porque no hay servicios de maternidad en las islas más pequeñas. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de eso: de que todo el mundo tenga acceso a un servicio de calidad, accesible y apropiado dentro de su entorno. Eso es lo que exigen las normas internacionales.

En la Región de Murcia y en otras comunidades, las listas de espera en dependencia llevan años enquistadas. ¿Cuándo deja de ser un problema de gestión y se convierte en vulneración de derechos?

Es una cuestión de valores: qué valoramos como sociedad. La economía del cuidado —lo que se llama la economía informal— no recibe el mismo valor que la economía de fabricar o construir cosas, aunque tiene un coste individual y económico enorme. Sin invertir en infraestructura de cuidado, creamos un bloqueo en todo el sistema social y económico. Tenemos una población que envejece, un trabajo cada vez más precario, y un sistema que lleva décadas apoyándose en el cuidado gratuito de las mujeres. Eso frena sus oportunidades económicas y perpetúa la desigualdad.

La dependencia recae sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres. ¿Es un fallo del sistema o una vulneración de derechos?

Ambas cosas. Es un problema estructural, tradicional, que llevamos generaciones reproduciendo con el rol supuestamente aceptado de las mujeres como cuidadoras. El sistema económico, social y cultural ha llegado a este punto. Y resulta en brechas de derechos claras: reduce la posibilidad económica, social y cultural de quienes se encuentran más apartados del mercado laboral porque tienen que cuidar de los demás, precisamente porque no hay servicios públicos suficientes.

Usted ha contribuido al concepto de Wellbeing Gender Budgeting. ¿Cómo lo explicaría a alguien sin formación en políticas públicas?

Las finanzas públicas son de todos. Todos contribuimos a través de nuestros impuestos, pero el beneficio de esos recursos no llega a todos de la misma manera. Presupuestar con perspectiva de género no significa gastar más en mujeres que en hombres. Significa preguntarse: ¿qué impacto va a tener esta decisión de gasto? ¿Va a aumentar el bienestar de mujeres y hombres por igual, o va a reproducir la desigualdad estructural que ya existe? Con más inversión en servicios de cuidado, el impacto para las mujeres sería mayor que para los hombres, no porque sean privilegiadas, sino porque cargan con más de esa necesidad. Eso es lo que hay que corregir.

Se ha presentado en el simposio el WIGI Index, un indicador que mide el impacto de las infraestructuras en el bienestar desde una perspectiva de género. ¿Qué aporta que no recogieran los indicadores anteriores?

Es una de las innovaciones más interesantes de este proyecto. Con una base de datos nacionales de toda España y el conocimiento acumulado sobre presupuestación con perspectiva de género y sobre cómo hombres y mujeres experimentan los servicios públicos de forma diferente, se ha construido un índice que puede decirle a quienes toman decisiones políticas dónde invertir para producir un impacto más igualitario. Es una herramienta de análisis para mejorar la política pública con evidencia, no con intuición.

Torre Pacheco en 2025, Belfast esta semana. El patrón es similar, que consiste en una agresión atribuida a un migrante, bulos y vídeos falsos que se viralizan y disturbios racistas en la calle. En Belfast, y también en Torre Pacheco, la propia familia de la víctima ha pedido que no se instrumentalice su tragedia. ¿Estamos ante una manifestación minoritaria de la xenofobia o ante unos prejuicios mucho más extendidos de lo que queremos reconocer?

Es una experiencia que tenemos en común en muchos países de Europa, y también en Estados Unidos. Hay un impulso político claro, pero yo lo relaciono también con la crisis del coste de vida y los años de austeridad que seguimos viviendo. La gente que tiene menos, para quienes llegar a fin de mes es difícil, está muy frustrada y busca a quien echarle la culpa. Y es muy fácil señalar a las personas inmigrantes, porque algunas voces políticas y algunos medios fomentan la idea de que la falta de recursos en la vida cotidiana es culpa del Estado por haber invertido en ellos. Pero no es así. Estos recursos tienen que ser para todo el mundo. Y tenemos que pensar en por qué hay tanta inmigración: las guerras, el cambio climático, que están forzando a la gente a moverse porque su tierra ya no da de sí.

Además, hay una campaña activa de desinformación. Se dice que los inmigrantes reciben cantidades enormes de dinero al día, que tienen acceso a vivienda, a móviles. No es verdad. Tenemos la responsabilidad de contrastar esa desinformación.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Hilary Benn, ha denunciado un “clima de miedo” con personas expulsadas de sus casas por el color de su piel. ¿Qué obligación tiene el Estado más allá de condenar?

Tiene obligaciones concretas bajo el Convenio contra la Discriminación Racial: proteger y actuar para prohibir la discriminación que estamos viendo. La libertad de expresión es un privilegio, pero está limitada: no se puede expresar de una manera que amenace o incite a la violencia. El Estado tiene que hacer cumplir ese límite. Está bien condenar, pero también hay que actuar.

El laborismo británico o los socialdemócratas alemanes atraviesan una crisis de apoyo. En España, el CIS ha revelado recientemente que el 44,6% de los españoles apoya la “prioridad nacional” de Vox, que ya figura en algunos pactos de gobierno regionales con el PP. ¿La socialdemocracia ha perdido ese debate porque abandonó los derechos sociales como marco?

Tenemos una responsabilidad, quienes estamos en instituciones públicas, en la prensa, en la docencia: hacer ver con claridad que la estabilidad social, el bienestar democrático, depende de que las personas disfruten de sus derechos económicos, sociales y culturales. Hay una concepción muy extendida y muy equivocada de que los derechos humanos son una carga innecesaria para el Estado. No: son una manera de ampliar y mejorar las decisiones de política pública, porque empiezan con un principio fundamental que es la dignidad y el respeto para todos. Si empezamos desde ahí, se abre el abanico de lo posible.

En el Reino Unido hay un debate sobre si salir del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El laborismo no lo ha descartado. ¿Qué cambiaría en la vida de alguien en Belfast o Glasgow?

Lo que parecía un debate destinado a debilitar el Convenio ha terminado siendo lo contrario. Los 46 países miembros del Consejo de Europa han reafirmado su confianza en la Convención y en el Tribunal de Estrasburgo. Y tienen razón: los derechos que recoge el Convenio están en toda parte de la vida cotidiana. Vienen de un contexto histórico —la posguerra— pero sus valores fundadores siguen plenamente vigentes. Lo que empezó como un cuestionamiento se ha convertido en una reafirmación. Eso es importante.

“En la parte este, al sur de la sierra. Zona verde justo en el límite de la zona quemada”, se escucha repetir a dos efectivos con el terminal portátil en mano en el puesto de mando avanzado para combatir el incendio, situado junto al cementerio de la pedanía murciana de Los Garres. Los coordinadores guían por radio a los medios aéreos señalando posiciones con precisión milimétrica al pie de la Cresta del Gallo, la formación rocosa de unos 500 metros que da nombre a uno de los rincones más frecuentados del parque regional de El Valle y Carrascoy, ya que su cima está coronada por grandes rocas rojizas que, vistas desde la ciudad, recuerdan la cresta de un ave.

No han pasado todavía las 24 horas desde que se declaró el fuego este martes, a las 15.10 de la tarde y varios helicópteros sobrevuelan sin descanso la zona, con el bambi colgando a varios metros bajo el fuselaje. En cuestión de segundos, el agua cae en cortina sobre las llamas y, sin apenas margen de pausa, cada aparato regresa de inmediato a balsas cercanas -y en el caso del hidroavión, al pantano de la Pedrera, en Orihuela- para reiniciar la maniobra. Mantienen así una presión constante y coordinada sobre el incendio en Murcia.

“No habíamos visto nunca nada así, ayer [por el martes] se vivieron momentos de película de terror”. Habla Mercedes, vecina de Los Garres, minutos antes de meterse en el coche para visitar el cementerio de la localidad, a los pies de la sierra, y franqueado por un alto muro que impidió que las llamas se colaran en el camposanto, situado en la zona cero del incendio. “Queremos asegurarnos de que no ha habido daños”, remata. Su casa está a unas pocas decenas de metros de un par de fincas que arrasaron las llamas. “Esto está muy descuidado, lleno de matorral seco, hace años era una explotación de naranjos, pero ya no queda nada, está muy abandonado”.

“El limonero no arde”

Juan Carlos Moyano, exalcalde pedáneo (Ciudadanos) de San José de la Vega, población que queda dividida de Los Garres al atravesar la avenida del Camino de la Tejera, no tiene dudas sobre las causas del incendio que ha arrasado la Cresta del Gallo: “Esto se lleva diciendo años. Que iba a pasar, que iba a pasar. Y ha pasado”. Moyano apunta directamente al abandono de la finca Barceló, ahora propiedad de una empresa vinculada al mexicano Carlos Slim, magnate de las telecomunicaciones y uno de los hombres más ricos del mundo, y de la antigua finca de la Tana, cuyos terrenos quedaron en barbecho cuando su propietaria, la familia Cánovas, arrancó los cítricos a finales de los años 90.

Unos 15.000 habitantes residen en ambas pedanías de Murcia -de un total de 55-, donde se extienden dúplex, almacenes frutales, cítricos y edificios de escasa altura, todos ellos atravesados por los carriles -carreteras estrechas, sin apenas acera- de huerta y a escasos metros de la sierra, pulmón de la capital murciana.

“El limonero no arde. Hay dos fincas quemadas y un huerto de limoneros en el centro que no ha ardido”, explica Moyano. Varios bomberos trabajan aún en apagar los últimos rescoldos junto a una nave agrícola, donde se dibuja una frontera nítida entre el verde intacto de los limoneros y el negro de las cenizas en las que se ha convertido el matorral de las parcelas. A su juicio, la sustitución de los cultivos de cítricos por vegetación seca y abandonada fue la mecha que esperaba prenderse: “La maleza tiene una capacidad de combustión enorme. Arde rápido y se propaga”. 

El expedáneo recuerda que tanto él como otros alcaldes de la Vega Baja del Segura llevan años denunciando la dejadez en la limpieza de esas fincas de más de 300.000 metros cuadrados. “Hay una ordenanza municipal que obliga al propietario a tener la finca vallada y limpia, y que faculta al Ayuntamiento a entrar, limpiarla y pasarle el cobro. Pero no se hace. Nunca se ha hecho”, lamenta.

Moyano vivió el incendio de cerca. Dormía la siesta el pasado martes cuando su mujer le llamó por teléfono. “Cuando abrí la puerta, una bocanada de humo entró en casa. No se veía ni los chalets de enfrente”, recuerda. En los minutos más críticos, entre las cinco y las seis de la tarde, acogió en su casa a más de veinte vecinos desalojados, con varios perros y gatos, mientras intentaba calmar a familias con niños pequeños aterrados. Ahora su preocupación se traslada al futuro: “Cuando caiga una dana en otoño, aquí no va a haber nada que pare el agua. Esa ladera quemada va a ser un desastre”.

Una EBAU, sin “haber pegado ojo en toda la noche”

Con los móviles en alto, Tania y Nerea registraban a primera hora la labor de los helicópteros. Ambas estudiantes, son amigas y vecinas de la parte alta de la pedanía. Y sus familias se cuentan entre el centenar de desalojadas este martes para prevenir un desastre ante el voraz avance de las llamas.

“Empezamos a llamar a Emergencias a las tres de la tarde, pero a las tres y media seguía sin haber mucho movimiento de efectivos y a las cuatro el fuego se había adueñado de la sierra”, se queja Nerea, que a pesar de haber terminado Bahillerato -cuenta- no tenía previsto realizar las pruebas de la EBAU, “pero otros compañeros sí que han tenido que presentarse esta mañana, a pesar de no haber pegado ojo en toda la noche”.

A su lado, Tania recuerda “el miedo” vivido en la tarde del martes cuando les aconsejaron salir de sus casas. “Fue horrible ver cómo ardía la montaña y el fuego corriendo hacia abajo, se quedó a diez metros de nuestras viviendas y tuvieron que desalojar a bebés y personas mayores; mucha gente no quería salir de su casa, o estaba durmiendo porque fue a la hora de la siesta y no se habían enterado de nada”.

Entre las cinco y las seis de la tarde del martes se vivieron los peores momentos. “A esa hora hasta bajaban los bomberos mareados de la asfixia, vimos a algunos tirados en el suelo, con lipotimias”, recuerda Tania, que como el resto de sus vecinos se echó a la calle con mangueras y cubos para intentar ayudar a extinguir las llamas. “No pudimos volver a casa hasta bien entrada la madrugada”.

Mascarillas de la pandemia para protegerse del humo

No muy lejos de sus casas, en uno de los puntos calientes del incendio, se levanta el CEIP Antonio Díaz. Rescatadas de la época de la pandemia, los docentes han sacado de una caja esta mañana varias docenas de mascarillas para protegerse de la nube de humo que sigue dominando el ambiente y que ha obligado a niños y profesores a volver a cubrirse el rostro durante la mañana.

De los 300 niños que estudian en este colegio público de la pedanía, a las faldas de la sierra, solo ha cruzado la puerta a las nueve de la mañana medio centenar. “Pero a muchos se los están llevando ya porque las aulas huelen mucho a humo, y no se puede estar dentro”, cuenta la jefa de estudios minutos antes de recibir en el colegio a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y al consejero de Presidencia, Acción Exterior, Emergencias y Juventud, Marcos Ortuño, que se han acercado hasta el centro escolar a primera hora de la mañana.

El origen del incendio se sitúa en torno a las 15.10 del martes. “No se sabe nada todavía de las causas del incendio pero la policía científica está desplegada investigando el asunto y en las próximas horas o días es posible que sepamos algo”, dice la alcaldesa Rebeca Pérez, quien apunta que “el viento fue el problema fundamental, que provocó que se expandiera con demasiada virulencia”, unido a las temperaturas extremas de un día con alerta naranja declarada. “El dispositivo, formado por más de 400 hombres, sigue activo”, destaca el consejero Marcos Ortuño, quien ha cifrado en 177 hectáreas el espacio afectado por el incendio, “unos siete kilómetros”, de las que un 50 por ciento pertenecen a masa forestal.

La actividad que no cesa

En el campamento donde se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado no cesa la actividad. Técnicos, agentes medioambientales, bomberos y responsables de emergencias siguen de cerca la evolución del incendio y coordinan sobre el terreno el despliegue de medios terrestres y aéreos, en una jornada marcada por el humo, las altas temperaturas y la vigilancia constante de los puntos más sensibles del perímetro.

“Los efectivos siguen actuando esta mañana para sofocar los fuegos que se van reactivando con el viento”, explica Fulgencio Perona, concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia desde el centro de coordinación del incendio. Desde las siete de la mañana, concreta, han empezado a operar en la zona de nuevo los medios aéreos, tres helicópteros del Gobierno regional y un avión del Ministerio para la Transición Ecológica.

“Desde ayer mismo tanto la Guardia Civil como la Policía Científica están al pie del cañón para investigar las causas del incendio”, adelanta Perona, quien pide prudencia para determinar las posibles causas de las llamas.

Incendios “más virulentos”

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, también ha acudido al puesto de mando para agradecer el trabajo de los efectivos desplegados desde el inicio del incendio. Desde el Ministerio, según explica, se pusieron a disposición de la Región de Murcia cinco medios aéreos: un avión de coordinación, tres anfibios de gran capacidad y un helicóptero, además de 200 militares de la UME y 75 medios terrestres. “Desde el primer momento ha habido una estrecha colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno. Hemos trabajado mano a mano”.

El dispositivo, además, está integrado por una treintena de efectivos de Emergencias y Protección Civil, seis unidades policiales, cuatro vehículos de bomberos, cinco brigadas forestales y cuarenta agentes de la Unidad Militar de Emergencias, que continuaban este miércoles trabajando en la Cresta del Gallo, el punto que corona la Sierra de Carrascoy, y uno de los focos donde las llamas más han resistido.

Aagesen lanza un aviso sobre la situación general: “Los incendios no solo afloran con mayor cantidad, sino que son mucho más virulentos”. La ministra apela a un pacto de Estado frente a la emergencia climática y reclamó anticipación, prevención y más medios. Al término de su intervención, afirma que la situación era “mucho mejor que la de ayer [por el martes]” y que se espera poder declarar el incendio estabilizado a lo largo de la tarde de este miércoles.

Gran parte de los pinares de este parque regional son fruto de las repoblaciones de finales del siglo XIX y principios del XX, continuadas durante el franquismo con el pino carrasco como especie casi única. Lo que entonces se plantó para salvar los montes desnudos, el fuego del martes lo devoró en horas.

“No hablamos solo del valor ambiental, que es enorme. Con las condiciones climáticas actuales, tener un pulmón para la ciudad de este volumen y tan cerca es muy importante. Pero también hablamos del valor sentimental, porque quién no se ha subido al monte a andar una tarde o un fin de semana. Es una joya que tenemos que cuidar siempre”, apunta el portavoz socialista en el consistorio murciano, Ginés Ruiz Maciá.

El olor a humo sigue impregnado en la piel y la atmósfera.

Un grave incendio forestal declarado este martes por la tarde en la Cresta del Gallo, entre las pedanías murcianas de Los Garres y Lages, ha obligado a activar el Plan Infomur en situación 2 y a solicitar al Gobierno central el envío de tres aviones anfibios y dos helicópteros para reforzar el operativo de extinción. El delegado del Gobierno de la Región, Francisco Lucas, ha advertido en su cuenta de la red social X pasadas las 19 horas que la Unidad Militar de Emergencias (UME) había sido activada y “se encuentra de camino para sumarse a las labores de extinción del incendio declarado en Los Garres”.

“Seguimos con preocupación el avance del fuego en el municipio de Murcia, que ha llevado al desalojo de varias viviendas”, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus redes sociales.

El primer aviso llegó al 112 a las 15.10 horas, y en apenas minutos el centro de emergencias recibió más de 200 llamadas de vecinos alarmados por la gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Las llamas, originadas cerca del Castillo de Los Garres, avanzan en dirección a San José de la Vega y Beniaján, amenazando viviendas del entorno del cementerio y la rambla.

El incendio supera ya las 110 hectáreas, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia. Algunos vecinos han decidido abandonar sus viviendas de forma preventiva ante el avance de las llamas, próximas a varios núcleos habitados en la zona. “Está todo el cielo gris, desde aquí se ve la humareda y todavía está ardiendo”, han relatado vecinos cercanos al incendio.

“Hay varios helicópteros e hidroaviones sobrevolando la zona de un lado a otro”, cuenta al otro lado del teléfono Paco, propietario de la cafetería Iris, en San José de la Vega. “Aquí no hay peligro, estamos a unos 300 metros; pero arriba el fuego ha llegado a la carretera y en algunas zonas ha saltado muy cerca de las casas, por eso han desolajado algunas viviendas”, continúa. “La nube de humo y ceniza es muy grande, en el monte hay muchas ramas secas y el viento no acompaña”.

“Lo poquito que teníamos de verde y bonito aquí en Murcia. Veremos cómo queda después del desastre que se ha formado”, se lamenta al teléfono Juan Carlos Moyano, antiguo alcalde pedáneo de San José de la Vega, quien ha acogido en su casa a una veintena de personas, ya que su vivienda se encuentra a 300 metros de las llamas.

“Aquí en Los Garres está todo el mundo revolucionado, se sigue viendo gente por la calle pero con mascarillas; y lo que es muy curioso es que está el coche lleno de coches aparcados, por lo visto nadie quiere dejar los coches dentro de los garajes porque ha habido un corte de luz y está el pueblo hasta arriba de vehículos”, relara Antonio Pérez, vecino de Los Garres. “Mucha gente se está yendo porque no se fían, las llamas de hecho están llegando ya cerca de un colegio”.

El parque natural cuenta con zonas residenciales en lo que se conoce como la Costera de Murcia, en la falda de la cordillera, en las que viven unos 25.000 habitantes. “Hay mucha zona residencial que ha tenido el fuego muy, muy cerca. Hablo de una calle de cuatro metros y un frente de llamas de 20 metros de altura. [...] Como ha llovido tanto en Murcia y en toda España, hasta hace un mes estaba verde y no ha dado tiempo a limpiar. Esa maleza, que tenía dos o tres metros de altura en algunos sitios, ha ardido con un frente de llamas verdaderamente espectacular”.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha solicitado a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha medios aéreos, al igual que “máxima precaución” a los vecinos a través de su cuenta de X.

Pérez también ha informado en esta red social de que las instalaciones deportivas de las pedanías murcianas de Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, Los Ramos, Torreagüera y Algezares se encuentran cerradas por el incendio, así como los centros de mayores y los campos de fútbol de las dos primeras.

El dispositivo desplegado se acerca a los 300 efectivos, con tres helicópteros operativos más uno de coordinación, brigadas forestales de la UDIF, agentes medioambientales, Protección Civil, Bomberos del Ayuntamiento de Murcia, Guardia Civil y Policía Local. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático han movilizado tres aviones anfibio, un avión de coordinación y un helicóptero. El Ayuntamiento ha procedido al desalojo preventivo de las viviendas más cercanas al foco, mientras en algunas zonas se han ordenado cortes de suministro eléctrico para evitar riesgos adicionales.

El fuego se produce en el peor momento posible: la jornada más calurosa de la primavera en la Región, con temperaturas que han alcanzado los 40 grados en la capital y aviso naranja por calor extremo. Las rachas de viento en la sierra complican aún más los trabajos de extinción en el parque regional de Carrascoy y El Valle. Por el momento no se ha informado de heridos.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también ha pedido a los habitantes de la capital murciana que “extremen la precaución” en la red social X.

Desde Protección Civil y Emergencias Murcia han querido recordar a los murcianos y murcianas la importancia de “seguir en todo momento los distintos perfiles oficiales de los servicios de emergencia para evitar bulos o desinformación”. También han informado de que se siguen desplegando nuevos recursos de protección civil y emergencias para este incendio forestal en la ladera de Murcia.

El delegado del Gobierno de la Región, por su parte, ha advertido pasadas las 17.30 horas de que se encontraba de camino “una aeronave de coordinación, dos aviones Alfa, un hidroavión y un helicóptero”.

(Seguimos informando)

La moción de censura de Cartagena parece un nudo marinero. Cuando parece que está hecho, alguien tira de la cuerda desde el otro extremo. Por el momento, se desconoce si se podrá votar en el pleno municipal. Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, han registrado este lunes un escrito ante la Secretaría General del Pleno solicitando que se mantenga la celebración del pleno extraordinario de la moción de censura convocado para este martes. La maniobra llega horas después de que los concejales no adscritos Beatriz Sánchez del Álamo y Diego Salinas presentaran sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción a y, con ello, tratar de evitar que el debate y la votación lleguen a producirse, según ha adelantado el diario local La Opinión.

Queda en manos de la secretaria del Pleno determinar si se cumplen los requisitos para que tenga lugar el debate, ateniéndose a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La norma, en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y que cuente con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero. La secretaria del pleno deberá determinar si son válidos los escritos de desistimiento de los tránsfugas de Vox o la solicitud de mantener el debate de los concejales que se han mantenido fieles a Abascal.

Desde Vox consideran que “una crisis política de esta magnitud no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron”. El partido recuerda que durante más de dos semanas Cartagena ha vivido una situación de “máxima inestabilidad institucional” provocada por dos concejales que abandonaron sus siglas, firmaron una moción de censura contra el gobierno del que formaban parte y desencadenaron lo que califican como una crisis sin precedentes en el Ayuntamiento. Ahora, señalan, “pretenden que todo desaparezca sin debate público, sin votación y sin asumir ninguna responsabilidad política ante el Pleno”.

La formación de extrema derecha quiere conocer las razones por las que se firmó una moción de censura alegando un supuesto caos económico y de gestión para, posteriormente, sostener al mismo gobierno al que se pretendía desalojar. “Si hace unos días existía una situación tan grave que justificaba una moción de censura, los ciudadanos merecen saber qué ha cambiado exactamente. Y si nada ha cambiado, también merecen saber por qué se firmó aquella moción”, señala el partido en su nota de prensa.

Por ello, los ediles han manifestado formalmente su disposición a que la moción sea debatida y votada, “garantizando así que el Pleno pueda pronunciarse y que ningún artificio procedimental impida el debate político que Cartagena merece”.

Un voto sin anticipar y una aritmética “delicada”

El partido de Santiago Abascal no ha desvelado el sentido de su voto y lanza así una advertencia velada tanto al PP como a los promotores de la moción. Vox subraya que la situación política actual no es la misma que cuando se presentó la moción: entonces formaba parte del gobierno municipal, mientras que hoy ha sido “expulsado por decisión del Partido Popular para satisfacer las exigencias de quienes habían firmado la propia moción de censura”.

En cuanto a los números, Vox recuerda que los promotores que mantienen su posición suman doce concejales, frente a los diez del PP y los dos no adscritos que han decidido sostener al gobierno. “La aritmética política es, por tanto, mucho más delicada de lo que algunos intentan trasladar a la opinión pública”, advierten, recordando además que en una moción de censura “lo determinante es el resultado final de la votación y la relación entre votos favorables, votos contrarios y eventuales abstenciones”.

Vox desafía a Arroyo y le plantea que, si quiere mantener la Alcaldía, deberá explicar a los ciudadanos por qué ha expulsado del gobierno a quienes fueron leales al pacto de coalición “para satisfacer las exigencias de quienes firmaron una moción de censura contra ese mismo Gobierno”. Y deberá explicar también, añaden, “por qué la estabilidad de Cartagena depende hoy precisamente de quienes hace apenas unos días afirmaban que este Gobierno era incapaz de gestionar la ciudad”.

“La pregunta ya no es qué hará Vox. La pregunta es qué explicaciones están dispuestos a dar quienes provocaron esta crisis política”, concluye el partido, que llama a que cada concejal “dé la cara, se siente en el Pleno y vote públicamente aquello que considere mejor para la ciudad”.

Arroyo desactiva la moción

La alcaldesa del PP en Cartagena, Noelia Arroyo, destituyó el pasado miércoles a los dos concejales de Vox que formaban parte de su gobierno de coalición, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, en una maniobra calculada para frenar la moción de censura que estaba prevista para el 2 de junio. La iniciativa había sido impulsada por el partido cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), el PSOE y Sí Cartagena, y necesitaba los votos de los 14 firmantes para salir adelante, incluidos los de Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, dos exconcejales de Vox que habían abandonado el partido en marzo. 

La maniobra de Arroyo funcionó: pocas horas después de los ceses, Salinas y Sánchez del Álamo anunciaron en un comunicado que no votarían a favor de la moción, alegando que lo más responsable era mantener la estabilidad institucional y evitar que el PSOE entrara en el gobierno municipal. Con su retirada, la moción quedó desactivada antes de llegar a votarse, y Arroyo conserva la alcaldía, aunque ahora gobierna con Vox en la oposición.

La división de Vox en la Región de Murcia tras la expulsión a finales de febrero de su antiguo líder José Ángel Antelo ha derivado en la partición de este grupo municipal en Cartagena, ya que existía una tensión palpable entre ellos a lo largo de este mandato que ha acabado provocando una crisis de gobierno.

Nueve años gobernando la Región de Murcia han dado a Fernando López Mirás un sentido del ritmo político preciso. Al igual que se suceden las estaciones del año con sus cada vez más extremos episodios climáticos, el lorquino ha ido lidiando con distintas coaliciones de gobierno, rupturas, crisis, mociones de censura, una pandemia y, sobre todo, mucho ir y venir de consejeros y consejeras. La experiencia le ha proporcionado la precisión de un cirujano que sabe poner la venda antes de la herida, ahora que rondan al Gobierno regional varios escándalos; el más grave de ellos, la trama de las prótesis caducadas que ha supuesto un fraude de casi siete millones de euros y 11 detenidos, entre ellos facultativos y responsables de compra de material del Servicio Murciano de Salud (SMS). Con los comicios a un año vista, López Miras remodela su gabinete y, de paso, sale a pescar votos entre los huérfanos de Ciudadanos y los desencantados de un Vox roto por dentro en la región.

Fuentes próximas al Gobierno regional insisten en que la entrada de nuevos responsables al cargo de las consejerías de Agricultura y Salud, la nueva portavocía y el intercambio de responsabilidades de los consejeros de Economía y Hacienda, por un lado, y Empresa y Empleo, por otro, estaban previstos “desde hacía varios meses” y puede que así fuera. López Miras descendió las escaleras del Palacio de San Esteban hasta la Sala Ramón Gaya el pasado jueves y, como un reloj suizo, anunció la nueva alineación del Ejecutivo el día en el que se cumplían tres años de la última convocatoria electoral; todo un remozo para las siguientes elecciones que ya practicó la legislatura anterior —en aquella ocasión, con una dirección centrista—. Dos días después, los nuevos responsables tomaban posesión de su cargo y se hacían la foto de rigor entre las columnas renacentistas del primer patio de la sede del Gobierno autonómico.

A pesar de la puntualidad suiza, el contexto político en la Región acaba de experimentar importantes sacudidas en sus principales plazas, Murcia y Cartagena: mientras Rebeca Pérez se ha convertido en la primera mujer alcaldesa de la capital murciana tras la muerte de José Ballesta; Noelia Arroyo retendrá el liderazgo en la ciudad portuaria en un nuevo giro de guion, en el que la división de Vox tras la expulsión de José Ángel Antelo ha llevado a dos concejales a salir de la formación de ultraderecha y envalentonarse con una moción de censura de la que después se arrepintieron.

Una imagen “fresca y moderada”

Y qué es de una imagen renovada sin una flamante portavocía, según cuenta Ismael Crespo, codirector del CEMOP, el CIS murciano. Marisa López Aragón ha reemplazado su antigua responsabilidad al frente de Empresa, Empleo y Economía Social y la ha sustituido por Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, una Consejería con muchos apellidos. No por ello es la mujer fuerte del presidente, ya que se trata de asuntos técnicos si exceptuamos lo que afecta a la negociación presupuestaria, de la que su anterior responsable, Luis Alberto Marín, ha salido desgastado. Para la refriega política, seguirá al frente el consejero de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, quien acumula el mayor peso orgánico y territorial y se perfila como sucesor natural de López Miras en el caso de que este dé un salto a Madrid. Su cartera se amplía con Juventud, en una clara muestra de la importancia que tiene para el PP este sector de la población que cada vez mira a Vox con mejores ojos.

López Aragón cuenta con las mejores cartas para “refrescar” la imagen del Ejecutivo murciano porque no es del PP pata negra, como pueda ser la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, quien tiene bastante ascendencia en el gabinete. De hecho, se incorporó al gobierno regional en la remodelación de julio de 2024, cuando López Miras reorganizó el Ejecutivo tras la ruptura del pacto con Vox, buscando estabilizar el gobierno con perfiles técnicos. Fue elegida directora del SEF en 2020 por el antiguo consejero de Ciudadanos Miguel Mota y continuó en ese puesto una vez que este partido salió de la coalición de Gobierno. El ascenso meteórico de López Aragón desde entonces se debe a una conjunción de su “pragmatismo” con su impronta “moderada”, capaz de seducir “a socialdemócratas desencantados de Pedro Sánchez”. Es decir, el PP quiere seguir amarrando por su flanco izquierdo a los antiguos votantes de Ciudadanos.

Fuentes del SEF, por su parte, hablan de que externalizó la gestión del organismo a asociaciones patronales y entidades sociales y que es “la mejor representante de los empresarios” en un momento en el que estos presionan a Antelo y la antigua diputada de Vox Virginia Martínez para que aprueben con el PP una serie de leyes que les sean favorables, como la recientemente acordada de Simplificación Administrativa.

Largas listas de espera para el especialista y una trama en el SMS

Quizás sí que había previamente preocupación en el Gobierno regional por el hecho de que Murcia tiene uno de los peores registros del país del porcentaje de personas que esperan más de 60 días para una primera consulta con el especialista y se buscara “otra gestión” en la Consejería murciana de Salud, de modo que la hasta ahora gerente del SMS, Isabel Ayala, haya sustituido a Juan José Pedreño. Sea como fuere, su destitución ha coincidido con la presunta trama de prótesis caducadas en el SMS, en la que se habrían facturado implantes en mal estado mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro. Una trama que, presuntamente, ha estado en funcionamiento desde 2019 hasta fechas recientes. La Policía Nacional ha constatado que, al menos, se usó un stent caducado. El PSOE ha calificado de “infamia” el nombramiento de Ayala al haber ocupado la máxima responsabilidad en el SMS durante los años en los que operó dicha trama, mientras que el diputado de Podemos-IU en la Asamblea Regional, José Luis Álvarez-Castellanos, ha recordado que no es un caso “aislado”, ya que el SMS lleva arrastrando “irregularidades, contratos bajo sospecha y advertencias previas” del Tribunal de Cuentas.

Ayala es licenciada en Medicina y especialista en Atención Primaria y tiene un perfil técnico y continuista. Llegó a la gerencia del SMS en 2023 tras una carrera de gestión que arrancó en los centros de salud y fue escalando puestos hasta los órganos directivos del sistema sanitario murciano. Quienes la conocen la describen como una profesional con capacidad de diálogo, empuje y compromiso con el conjunto del sistema. Su nombramiento llega, en todo caso, en un momento de escasez de profesionales, una política de conciertos cuestionada y unas listas de espera que sus propios compañeros de profesión califican de “brutales”.

Un fuerte peso político frente a los recortes del Trasvase 

El segundo escándalo que más dolores de cabeza le ha dado al Gobierno regional en esta la legislatura ha sido protagonizado por la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, salpicada por un informe encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en 2023 que detectaba niveles elevados de metales pesados en los suelos del entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y que su departamento habría ocultado, alimentando las acusaciones de falta de transparencia por parte de la oposición y los colectivos ecologistas. Le sustituye un fuerte peso político del Partido Popular, Joaquín Buendía, director gerente de Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), adonde llegó hace un año tras una década como alcalde de mayorías absolutas en Alcantarilla, la quinta ciudad con más población de esta comunidad autónoma.

El antiguo primer edil de Alcantarilla viene a apagar “el incendio” que se anticipa en la Región ante el cambio de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura que prepara el Gobierno de España. También es un político que, según fuentes municipales, “pone la bandera más grande, hace la jura de bandera más importante y saca más procesiones”, reforzando el flanco identitario más a la derecha del partido y, así, debilitar al ya dividido Vox.

Ingeniero técnico en Electrónica Industrial y antiguo docente, Buendía estuvo con el expresidente Pedro Antonio Sánchez, cuya sombra parece seguir siendo alargada y que se vio obligado a dimitir por los casos 'Púnica' y 'Auditorio', al frente de las direcciones generales de Formación Profesional, de Recursos Humanos y Calidad Educativa, y también la de Empleo Público.

De esta forma, el Gobierno murciano trata de recomponerse en medio de las turbulencias y rastrear votos en todos los frentes.

La política en la Región de Murcia está viviendo en este mes de mayo una sacudida detrás de otra. El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha aprovechado las ondas del terremoto que hacen temblar los centros de poder de la Región para realizar un cambio de Gobierno, tal y como hizo a finales de la legislatura anterior. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño, abandonan sus responsabilidades y son sustituidos por Joaquín Buendía, por el momento gerente de Esamur y exalcalde de Alcantarilla, e Isabel Ayala Vigueras, hasta ahora gerente del Servicio Murciano de Salud, respectivamente. La portavocía la asumirá la hasta ahora consejera de Empresa, Marisa López Aragón, desplazando a Marcos Ortuño, quien retiene la consejería de Presidencia, Acción Exterior y Emergencias y añade Juventud. López Aragón gana el mayor peso político al asumir también la cartera de Economía, Hacienda, Portavocía Fondos europeos y transformación digital, anteriormente en manos de Luis Alberto Marín, quien se hace cargo de Empresa, Empleo y Economía Social, en lo que supone un intercambio de áreas.

El presidente murciano ha explicado en su alocución el Palacio de San Esteban que la Región se enfrenta a una “etapa clave” y ha subrayado su disposición a proteger el Mar Menor y la agricultura. López Miras ha vuelto a poner sobre la mesa los “problemas” de financiación de la región y el “déficit histórico de infraestructuras”. Frente al ruido, la confrontación y corrupción nacional, el jefe del Ejecutivo ha defendido la estabilidad. “Gobernar es anticiparse”, ha concluido.

“No ha sido un año corriente”. Con esa frase arrancaba el anuncio de la última remodelación de López Miras hace ya dos años. Tampoco este lo ha sido. El murciano Fernando López Miras ha afrontado este jueves una nueva remodelación de su gabinete. Y lo ha hecho en un momento de especial presión política marcado por las crisis institucionales, la inestabilidad en el equilibrio municipal de ayuntamientos como el Cartagena o el desgaste derivado de la gestión de varios frentes judiciales y sanitarios que han tensado la agenda pública en la Región. No en vano, la reestructuración coincide con la investigación sobre la presunta trama de prótesis en el Servicio Murciano de Salud en la que se habrían facturado prótesis caducadas, mediante irregularidades en los sistemas de compra y registro.

Sara Rubira, consejera de Agricultura, ha sido una de las integrantes del Gobierno regional apartadas por el presidente Fernando López Miras en la remodelación. Su salida se relaciona con el desgaste generado en torno a la gestión de un informe sobre la calidad de los suelos del Campo de Cartagena. Un estudio encargado a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) por su departamento en 2023 y en el que se detectan concentraciones muy elevadas de metales pesados en el entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. La controversia sobre el tratamiento administrativo del documento, su publicación y las acusaciones de falta de transparencia han intensificado las críticas de la oposición y de colectivos ecologistas, situando la gestión ambiental y agraria en el centro del debate político regional.

Este movimiento de piezas llega dos años después de la última remodelación del Ejecutivo, el 15 de julio de 2024, cuando el presidente Fernando López Miras anunció una nueva composición del Consejo de Gobierno tras la salida de varios consejeros de Vox. Aquella crisis se produjo como consecuencia de la ruptura del partido de Santiago Abascal de los pactos autonómicos a nivel nacional, lo que provocó la salida de José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo del Ejecutivo regional. Tras esa crisis, el PP ha gobernado en solitario en la Región de Murcia, con una estructura de gobierno que ahora afronta su primera reordenación de calado desde entonces.

En aquella remodelación de 2024 se incorporaron Marisa López Aragón como consejera de Empresa, Empleo y Economía Social y Jorge García Montoro, al frente de Fomento e Infraestructuras. Ese ajuste buscó estabilizar el Ejecutivo con perfiles técnicos tras la ruptura de la coalición.

Murcia y Cartagena

A nivel municipal, el tablero también se ha movido con fuerza. En Cartagena, la alcaldesa Noelia Arroyo ha logrado desactivar una moción de censura tras la fractura interna de Vox y la retirada de apoyo de exconcejales del partido, en un episodio que ha evidenciado la implosión de la formación en la ciudad portuaria. Y en la capital regional, Murcia ha visto cómo Rebeca Pérez tras el fallecimiento del exalcalde José Ballesta.

En paralelo a la remodelación del Gobierno regional, la crisis interna de Vox en la Región de Murcia se ha traducido también este jueves en la salida de José Ángel Antelo del partido, al que acusa de haber abandonado su papel como alternativa política para convertirse en un proyecto controlado por un reducido núcleo de dirigentes. El hasta ahora diputado regional ha justificado su decisión en lo que considera una deriva interna y en la “falta de coherencia estratégica” de la formación, que, según sostiene, “se ha alejado de sus principios fundacionales y ha perdido cohesión orgánica”.

Antelo sí que ha subrayado que mantendrá el apoyo a aquellas iniciativas que considere “beneficiosas” para la Región de Murcia, especialmente en materias como vivienda, inversiones en infraestructuras o proyectos vinculados al desarrollo regional.

Todo cambia para que todo siga; el movimiento de Noelia Arroyo ha funcionado. La alcaldesa de Cartagena ha destituido este miércoles a los dos concejales de Vox que formaban parte de su gobierno, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, y horas después ha conseguido lo que buscaba: Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo, los dos ex concejales de Vox no adscritos cuyas firmas sostenían la moción de censura prevista para el 2 de junio, han anunciado en un comunicado que no votarán a favor de ella. La moción, impulsada por el cartagenerista Movimiento Ciudadano (MC), PSOE y Sí Cartagena, necesitaba sí o sí los 14 votos de todos sus firmantes para prosperar.

El comunicado, fechado este mismo miércoles 27 de mayo en Cartagena, lo firman ambos ediles y supone un giro radical respecto a su posición de apenas dos semanas. “Creemos que lo más responsable y beneficioso para Cartagena es mantener la estabilidad institucional durante el tiempo que queda de legislatura”, justifican, alegando también su preocupación ante “la posibilidad de facilitar la entrada del PSOE en el Gobierno municipal” en un momento de “incertidumbre política” en España.

Salinas y Sánchez del Álamo arremeten contra la dirección de Vox y afirman que “las conversaciones y negociaciones relacionadas con esa posible moción de censura fueron iniciadas por Rubén Martínez Alpañez, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, junto a miembros de la dirección nacional del partido”. Una acusación directa que contradice de frente la versión del propio Alpañez, quien horas antes había negado cualquier implicación y anunciado acciones legales contra ellos.

Diferencias personales

Los firmantes explican que su salida de Vox se debió a que “las personas que actualmente representaban a Vox Cartagena, Vox Murcia y Vox Asamblea Regional habían dejado de representar los valores y principios” por los que entraron en el proyecto. También agradecen a Arroyo “haber entendido finalmente que la permanencia de Gonzalo López Pretel al frente del Gobierno municipal era perjudicial para Cartagena”.

Precisamente, López Pretel había protagonizado horas antes una rueda de prensa de urgencia a las 14 h de este miércoles, convocada de forma “arrebatada” tras conocer su cese mientras recogía banderas azules en Águilas. Con amargura, el ya exvicealcalde calificó lo ocurrido de “escándalo ético y democrático”: “Con mucha decepción y mucho dolor, porque hasta ahora hemos trabajado muy bien y de manera coordinada, la alcaldesa ha decidido mandarnos a la oposición. Ha preferido que los que estén en la bancada de la oposición seamos Vox, los que hemos sustentado este gobierno con políticas serias, con estabilidad, con lealtad”.

Para López Pretel, la decisión de Arroyo es “corrupción institucional. Esto es preguntar qué precio tiene y pagarlo. No es liderazgo, es sumisión a dos personas que han demostrado que no tienen principios ni valores. El viernes previo a la moción decían que estaban cómodos en este gobierno, el lunes firmaron la moción de censura y hoy se cobran un precio muy barato”.

“Difamación, mentira y engaño”

Alpañez, por su parte, también compareció para negar cualquier implicación en la moción y anunciar acciones legales: “Los tránsfugas están haciendo de la difamación, de la mentira y del engaño sistemático su modus operandi. Iniciamos acciones legales contra todos estos tránsfugas expulsados y malas personas que están achacando acciones a este portavoz”. Una versión que el comunicado de Salinas y Sánchez del Álamo desmiente punto por punto.

Antes de que el Ayuntamiento de la ciudad portuaria hiciera público el cese mediante comunicado, Arroyo ya había publicado este mediodía en su cuenta de X un mensaje que dejaba entrever su determinación: “Cartagena no puede aceptar que el sanchismo entre en el Ayuntamiento. Hoy más que nunca es necesario impedir que el gobierno de Cartagena se use para defender la política sectaria de un partido corrupto. No voy a permitir que Cartagena sea tomada por la parálisis, el desgobierno y la corrupción. Es mi responsabilidad”.

La maniobra, que le ha costado romper el pacto de coalición con Vox vigente desde noviembre de 2023 y enviar a sus socios a la oposición, ha logrado su objetivo a apenas seis días del pleno, en los que no han parado de correr rumores que apuntaban en esta dirección. Arroyo seguirá en la alcaldía; Vox, en la oposición y la moción de censura, desactivada antes de votarse.

López Pretel, que confirmó que votará en contra de la moción, cerró su comparecencia con una advertencia de cara a 2027: “Lo que sí va a salir más caro son los avales y las garantías de cumplimiento. Cuando volvamos a entrar en gobiernos, nos ponemos cláusulas de garantía de cumplimiento de esas políticas. No nos valen ya solo las palabras”.

Las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP tienen por primera vez en mucho tiempo una pugna abierta por su presidencia nacional. El congreso, convocado para el próximo 11 de julio, enfrentará al menos a dos candidatos: Ignacio Dancausa, líder de las juventudes del PP de Madrid y candidato con el respaldo explícito de Isabel Díaz Ayuso y la simpatía del secretario general del partido, Miguel Tellado, y Antonio Landáburu, presidente de esta organización juvenil popular en la Región de Murcia, que ha anunciado este martes su candidatura con un discurso de unidad territorial y apoyo a Alberto Núñez Feijóo.

“Es el momento de mojarnos”, ha apuntado Landáburu en un vídeo la publicado en la red social X, donde ha escenificado su anuncio en el Kilómetro 0 y en la fuente bajo la estatua ecuestre de Carlos III de la Puerta del Sol. “Esto va de unir a todos los jóvenes en torno al proyecto de Alberto Núñez Feijóo”, explica en esa misma publicación.

“En este tiempo, muchos compañeros me han animado a dar el paso”, señala el diputado regional aguileño en la red social. Su objetivo, añade, es “construir unas NNGG más fuertes, más vivas, más territoriales y más unidas, una organización donde cada afiliado cuente, donde todos los territorios sean protagonistas”.

En esta breve alocución repite la palabras “todos” hasta en nueve ocasiones, queriendo reflejar en su propuesta de 'Juntos, vamos a más' una imagen más descentralizada y plural de las Juventudes del PP. La periferia también quiere llegar al centro del tablero político popular, tal y como hizo Feijóo desde Galicia. Landáburu aspira a encarnar, precisamente, esa sensibilidad descentralizada que Génova necesita equilibrar frente al peso específico de Madrid.

Landáburu (Águilas, 1997), con estudios en Derecho aunque sin terminar la licenciatura por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), lleva toda su trayectoria política vinculado a las juventudes del PP. Fue secretario general de NNGG en Águilas y concejal en ese municipio costero entre 2019 y 2023, y preside la organización juvenil autonómica desde 2021. Actualmente, es diputado en la Asamblea Regional, donde ejerce como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y defiende las iniciativas de juventud y vivienda.

Respaldos explícitos

El aguileño llegó a la presidencia de NNGG de la Región tras un proceso marcado por las tensiones internas. En octubre de 2021, cuando dimitió el anterior presidente de la gestora, Francisco José García, la dirección nacional de esta organización juvenil del PP designó a Landáburu como su sucesor sin convocar un congreso, lo que provocó una concentración de protesta de militantes críticos frente a la sede del partido, que exigían elecciones democráticas conforme a los estatutos. El nombramiento contó con el respaldo explícito del jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, del que Landáburu se había declarado “fan incondicional”.

Ocho meses después, ya con el congreso convocado, el actual presidente de las NNGG murcianas se presentó como candidato único con 741 avales -cuando solo se necesitaban 85- y ningún rival se atrevió a disputarle el liderazgo. El 15 de octubre de 2022 fue elegido presidente con el 99,2% de los votos en el XIV Congreso celebrado en Murcia, poniendo fin a cuatro años de interinidad en la organización juvenil del PP regional.

Su contendiente, Dancausa, fue elegido presidente de NNGG Madrid en noviembre de 2022 con el 95% de los votos, por designio de Díaz Ayuso, quien vio en él un futuro líder y valoró especialmente su perfil emprendedor y su presencia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, uno de los bastiones universitarios de la izquierda.

Afiliado al PP con 18 años, mezcla en su trayectoria la actividad política con experiencias laborales y empresariales y, con 24 años, dirige la estructura juvenil popular más numerosa del país en cuanto a afiliación. Si resulta elegido, se convertiría en uno de los interlocutores orgánicos más próximos a Ayuso en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Presente y futuro

Casi todo el que manda algo en el PP ha pasado por Nuevas Generaciones, la organización juvenil que sirve para formar a los cuadros llamados a ocupar los cargos más relevantes. El caso más ilustrativo es el de Juan Manuel Moreno, que presidió NNGG entre 1997 y 2001 antes de convertirse en presidente de la Junta de Andalucía. Ayuso, por su parte, medró desde la organización autonómica madrileña que entonces lideró Pablo Casado, quien a su vez llegó a la presidencia nacional del partido. La organización juvenil es el primer espacio donde se dirimen las correlaciones de fuerzas que años después aterrizan en los congresos regionales y nacionales.

Cuatro policías a caballo flanqueaban la entrada al Ayuntamiento de Murcia el pasado viernes cuando Rebeca Pérez llegó al pleno extraordinario que la consagraría como la primera alcaldesa de la historia de la ciudad. En el salón de plenos, abarrotado con cerca de 200 invitados, esperaba ya el hijo del recientemente fallecido José Ballesta, sentado en primera fila. También había acudido desde Madrid Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, como señal inequívoca del respaldo de Génova a la nueva regidora. Pérez entró entre aplausos y, acompañada del presidente regional, Fernando López Miras, recibió el bastón de mando con visible emoción y lo lanzó al aire en recuerdo de su predecesor. Luego hizo un corazón con las manos desde la presidencia. Nuevo tiempo en La Glorieta.

Pérez (Murcia, 1980) llegó al Ayuntamiento poco después de las municipales de 2015, ocupando la vacante que había dejado su compañera de filas Adela Martínez Cachá. Era la primera vez que ocupaba un cargo público, aunque la política había estado muy presente en su vida desde siempre: su padre, Ángel Pérez, lleva más de treinta años al frente de la pedanía de El Esparragal como alcalde pedáneo. “Desde siempre me ha acompañado aquí y allá, en los actos”, cuenta él, orgulloso y emocionado. Cuando el exalcalde Miguel Ángel Cámara le llamó para proponerle que Rebeca entrara en las listas, Ángel Pérez recuerda que su respuesta fue clara: “Yo le dije que era ella la que tenía que responder”.

Murcia cuenta con 52 pedanías, núcleos de población alrededor del centro de la ciudad donde se desdibujan las fronteras entre urbe y huerta. Natural de El Esparragal, los orígenes pedáneos de Pérez no han sido un dato menor en su trayectoria. “Gran porcentaje de su agenda siempre o casi siempre es en pedanías”, apunta Diego Avilés, concejal de Cultura y compañero de gobierno. “Si hay un pedáneo que le llama con una preocupación, ella no pasa a lo siguiente. Eso lo agradecen mucho”. Recuerda cómo en el Entierro de la Sardina de este año tardaron casi una hora en recorrer la cabecera del desfile porque la paraba todo el mundo. “La llamaban por su nombre, le daban dos besos, le deseaban felices fiestas. Al final le dije: 'Rebeca, yo lo siento, pero llego tarde'”.

En las elecciones de 2019, la recientemente nombrada alcaldesa de Murcia ascendió al segundo puesto de las listas -cuatro años antes iba en el decimotercero- y Ballesta le dio las carteras de Movilidad Sostenible y Juventud, así como la portavocía municipal. Para el politólogo Ismael Crespo, director del máster de Gobierno y Administración Pública de la UMU donde Pérez fue alumna, ese movimiento ya era una señal inequívoca: “Él [José Ballesta] siempre lo comentaba en sus círculos, antes de la enfermedad: 'Rebeca va a ser la primera alcaldesa de Murcia'. Por eso estaba el número dos.”

La escuela de la oposición

En 2021, tras la moción de censura que sacó al PP de la alcaldía, Pérez siguió ejerciendo como portavoz del grupo municipal. Un período que Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista de la Región y profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Murcia (UMU), relee como algo más que un simple trámite en la oposición: “Cuando la moción de censura, Ballesta permaneció en silencio. Era ella la que, al lado de su mentor, hablaba. Esos dos años fueron un periodo de mentorización espectacular”.

Cuando los populares recuperaron el control en 2023, Ballesta creó para ella el cargo de vicealcaldesa, que hasta ese momento no existía en el Ayuntamiento, y le asignó las competencias de Fomento y Patrimonio. Alarcón cree que la intención iba más allá de lo orgánico: “Creo que Ballesta quería ser señalado por haber puesto a la primera alcaldesa de Murcia. Yo creo que eso estaba ahí y era deliberado.”

Desde julio de 2022, Pérez es coordinadora regional del PP, cargo para el que López Miras la nombró en el último congreso autonómico, y pertenece a la Junta Directiva Nacional por designación directa de Feijóo. Hay que tener en cuenta la singularidad que supone la capital murciana dentro del partido: a diferencia de otras ciudades como Cartagena o Lorca, no existe una estructura municipal central, sino juntas propias de cada barrio y cada pedanía. Era ella, por tanto, quien ejercía de facto como responsable orgánica de la capital. “No es una concejala cualquiera”, resume Crespo. “Reúne todas las condiciones: muchos años de conocimiento del Ayuntamiento, apoyo orgánico sólido y una formación muy seria.”

Avilés describe un ascenso que nunca buscó el foco: “Ha sido un crecimiento silencioso. Nunca ha querido acaparar protagonismo. Por sus méritos propios y sobre todo por su grandeza personal ha ido ganándose la confianza de la gente”.

El 2027, una decisión que no es solo suya

En su discurso de toma de posesión, la alcaldesa prometió perseverar en los grandes proyectos heredados —las Fortalezas del Rey Lobo, el yacimiento de San Esteban, el Parque Metropolitano o Conexión Sur— y se mostró consciente del problema de la vivienda: “Continuaremos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que tener una vivienda asequible pueda ser una realidad”. Reivindicó sus raíces pedáneas: “Murcia son sus pedanías, con necesidades concretas y con un enorme potencial”. Apuntó a la seguridad como una “obsesión” y a la movilidad como deuda pendiente, con el objetivo de lograr “una ciudad más accesible que facilite una conexión eficiente entre todos los núcleos de población”. Llamó a la colaboración entre lo público y lo privado para impulsar la actividad económica y apoyar a autónomos y empresas. Y trazó una ambición más amplia: convertir Murcia “en una ciudad de referencia del Mediterráneo, turística y más cultural”, una urbe que definiría, con una mezcla de orgullo y humor, como “barroca e indie”. Tiró de Unamuno para definir cómo entiende el cargo: “El servicio público requiere de ser aplicados, pero no lo es quien se encierra sino quien va por todas partes con los ojos y los oídos bien abiertos y el corazón en la mano”.

“Los mismos problemas”

El portavoz socialista, Ginés Ruiz, le tendió la mano con un aviso: “Venir hoy aquí a hacer un discurso meramente protocolario sería fallarle a mucha gente”, afirmó, antes de enumerar los grandes problemas sin resolver del municipio: la vivienda, el transporte público, los colegios y el abandono de las pedanías. “Sería fallarles a todos esos vecinos, esos cientos de miles de vecinos de pedanías que sienten y con razón que el Ayuntamiento no se preocupa por ellos”, añadió.

Pérez llega al cargo con quince años de experiencia en los equipos de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, un bagaje que el portavoz socialista no dudó en poner sobre la mesa. “Hay una cosa que me tranquiliza y es que usted es plenamente conocedora de todos los problemas”, señaló Ruiz con ironía evidente, para rematar a continuación: “Hay una cosa que me preocupa y es que lleva usted 15 años en los equipos de gobierno de este ayuntamiento y son los mismos problemas, son los mismos retos y son los mismos desafíos”. Una advertencia que, lejos de ser protocolaria, sonó como una declaración de intenciones de cara a la nueva legislatura.

Desde fuera del consistorio, Elvira Medina, portavoz de Podemos, fue más directa: “No creo que vaya a haber ninguna diferencia con la política de Ballesta, representa una continuidad. Murcia lleva dos décadas estancada”. Señaló el transporte público como asignatura pendiente: “Más del 63% de la población vive en pedanías, pero el transporte público es una vergüenza para ser la séptima ciudad de España”. Sí valoró el hito histórico, aunque con condiciones: “Lo más importante es saber si va a poner en marcha políticas feministas. Eso está por ver”.

De cara a 2027, la alcaldesa no quiso aventurar si será o no la candidata del PP. Una cautela que Crespo consideró obligada, ya que los cabezas de lista en las capitales de provincia los designa la dirección nacional en Madrid. “Me parecería muy atrevido que, cuando no está en tu mano ni en la de tu jefe inmediato, dijeras que te vas a presentar en 2027”.

Su padre lo resume con la materia prima de toda una vida de observación: “Desde niña le ha gustado mucho estudiar y cuando se propone algo lo cumple. Trabaja de forma incansable desde que se levanta hasta que se acuesta”. Y añade un rasgo que reconoce le trae algún que otro quebradero de cabeza: “Le gusta escuchar a la gente, pero Rebeca no puede evitar comprometerse con todos, a todo el mundo le dice que sí”.

También José Ángel Antelo, ahora diputado en la Asamblea Regional y que fue portavoz de Vox en el Ayuntamiento entre 2019 y 2023, coincide en el retrato. Antelo, que fue ala pívot del CB Murcia antes de que dos graves lesiones precipitaran su retirada, comparte con Pérez la afición al baloncesto en las canchas del Palacio de Deportes. “Está claro que no pensamos igual políticamente”, dice, “pero es muy constante, se preocupa por dar soluciones a los vecinos y se esfuerza en que todos la entiendan. Su estilo es mucho de estar en la calle, moverse por las pedanías, y eso puede mejorar Murcia”.

Gloria Alarcón, que la conoce desde que se incorporó al consistorio, apunta: “Me parece una política excepcional. Tiene una amabilidad, una empatía, una cercanía muy poco habitual en la clase política. Y lo está asumiendo con mucha personalidad porque ella no es una réplica de Ballesta”. Para la profesora de la UMU, estos valores se corresponden con el estilo del liderazgo femenino.

Los hombres fuertes

La reconfiguración del gobierno municipal se ha producido en torno a tres hombres que ya formaban parte del Ejecutivo de Ballesta, según el decreto firmado por la alcaldesa el pasado domingo. José Guillén se convierte en el número dos del consistorio como primer teniente de alcalde, manteniendo el control sobre áreas tan sensibles como el Desarrollo Urbano, los Parques y Jardines o la Limpieza Viaria. Por su parte, José Francisco Muñoz asume la portavocía del gobierno y amplía su radio de acción con las competencias de Fomento, reforzando así su papel en el desarrollo económico y la movilidad. Completa la triada Antonio Navarro, que además de mantener Urbanismo y Huerta, suma ahora la gestión del patrimonio municipal. Las competencias que Rebeca acumulaba como vicealcaldesa han quedado repartidas entre Muñoz y Navarro, mientras que Guillén ha reforzado su peso político con la gestión de los servicios públicos más relevantes.

A este núcleo duro se añade la incorporación de Pedro García Balibrea, director de Inforges, quien entra en el gobierno al frente de una concejalía de nueva creación -Agenda e Impulso Normativo-, pensada para ordenar el funcionamiento interno del ayuntamiento. Por otro lado, Pérez ha confiado en Miguel Ángel Pérez, el jefe de gabinete de su antecesor, para seguir coordinando la Alcaldía. Un equipo que lleva la impronta del anterior gobierno.

El último en firmar salió corriendo de El Corte Inglés de Murcia. Ricardo Segado, concejal de Movimiento Ciudadano (MC), trabaja allí y no tiene dedicación exclusiva en el Ayuntamiento. Llegó a la notaría del Paseo Alfonso XIII de Cartagena, estampó su firma y se fue. Era el número 14. Habían pasado las seis de la tarde del lunes 19 de mayo. Así terminó la jornada más intensa de la legislatura en Cartagena, pero la historia de cómo se llegó hasta allí arranca mucho antes, en Madrid, en las guerras internas de un partido que no aparece en el título de la moción.

El detonante se encuentra en la defenestración de José Ángel Antelo como presidente de Vox en la Región de Murcia. Antelo arrastró en su caída a Diego Salinas, candidato de Vox a la alcaldía de Cartagena en 2023, quien había llegado al número uno de la lista local con su apoyo, pero cuya portavocía municipal recayó en Gonzalo López Pretel por decisión de la dirección nacional, sembrando desde el primer día las semillas de una guerra interna que acabaría por reventar.

Cuando Abascal forzó la salida de Antelo, Salinas fue el primero en marcharse de Vox. Después lo haría Beatriz Sánchez del Álamo. Y la semana pasada, Salinas dio el paso definitivo: abandonar también el gobierno municipal. Para blindarse ante las acusaciones de transfuguismo que no tardarían en llegar, dejó por escrito su posición en una publicación de Facebook: “Nuestra Constitución prohíbe expresamente el mandato imperativo, y el pacto antitransfuguismo va contra el espíritu de la Constitución. Por eso hicieron un pacto y no pudieron hacer una ley”.

Jesús Giménez Gallo, portavoz de MC y candidato a la alcaldía, tiene su propia lectura de las tensiones dentro del grupo municipal de Vox. “Tengo la sensación de que han sido formas de trabajo, que no han sabido o no han podido trabajar juntos, y lo que me llega es que él [López Pretel] es el que lo impedía.” Y añade una anécdota reveladora sobre Sánchez del Álamo: “Cuando vino el Carnaval, la concejala delegada de Turismo quiso ir a la Gala Drag Queen y su partido le prohibió que fuera. Creo que ha pasado con mucha gente: caen en partidos con los que luego hay cosas que ellos mismos no entienden”.

Según López Pretel, la ruptura se precipitó cuando desde Vox les comunicaron que “no tenían sitio en el partido para 2027”.

“Un par de semanas” de conversaciones

En Semana Santa, Giménez Gallo tenía una respuesta clara para quien le preguntara por una posible moción de censura: “Las mociones de censura no se piensan, se registran. Y ahora mismo no hay ninguna registrada ni en ciernes, por lo menos que yo sepa”. Dos meses después, la moción existe y él es el candidato a alcalde.

El proceso que lo hizo posible fue, según sus protagonistas, más orgánico que estratégico. “Ha sido más dos o tres conversaciones al salir de plenos en los que hemos visto que todo estaba fatal, sobre todo el tema económico”, explica Giménez Gallo. Hubo un pleno, el Miércoles Santo, que los portavoces de la oposición describen como determinante: el gobierno tuvo que presentar un déficit de diez millones de euros en las cuentas de 2025, después de haber subido los impuestos. Y la semana pasada, en un consejo de administración de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, descubrieron que un edificio llevaba dos meses en riesgo de derrumbe y que las celebraciones de Semana Santa y las Cruces de Mayo habían transcurrido bajo su sombra sin que el gobierno convocara la reunión urgente hasta después. “Era todo tan demencial”, dice Giménez Gallo.

Manuel Torres, portavoz socialista, coincide en el diagnóstico: “No había un duro. Estamos casi intervenidos por el Ministerio de Hacienda. Solo se hacen fiestas y anuncios vacíos.” En sus redes sociales había celebrado días antes la salida de Salinas del gobierno en términos que anticipaban el camino que se abría: “Demuestra valentía y coherencia abandonando el Gobierno, y pone en evidencia que Arroyo dirige un Ejecutivo roto y sin rumbo”.

Fue en ese contexto cuando, hace “un par de semanas”, los tres portavoces de la oposición empezaron a hablar con mayor regularidad. Primero entre ellos. Luego, cuando Salinas y Sánchez del Álamo fueron abandonando el gobierno, también con ellos. “Una vez que hubo movimiento, los tres portavoces los sondeamos”, resume Giménez Gallo.

La notaría del Paseo Alfonso XIII

El fin de semana previo, varios implicados estuvieron perfilando el texto de la moción. El lunes, unos por la mañana y otros por la tarde, fueron desfilando por la notaría. Optaron por esa vía, en lugar de la Secretaría del Pleno, porque permitía mayor flexibilidad horaria: no todos los firmantes son liberados políticos. La jornada se extendió desde las diez y media de la mañana hasta pasadas las seis de la tarde, cuando llegó Segado desde Murcia. A las 19:20 se registró la moción con las 14 firmas: siete de MC, cuatro del PSOE, uno de Sí Cartagena y dos de los exconcejales de Vox. Exactamente la mayoría absoluta en un Ayuntamiento de 27 ediles.

El ambiente, describe Giménez Gallo, era de “nervios y de responsabilidad. Todos somos conscientes de que estamos poniendo carne en el asador”. Pero también pesó el recuerdo de 2015, cuando MC entró al Ayuntamiento y encontró tal nivel de deuda que, de no haberse tramitado un ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) de Repsol que llevaba años pendiente, el consistorio se habría quedado directamente sin dinero. “Como ya sabemos lo que pasó en 2015, eso nos ha convencido de precipitar hoy lo que había que hacer”.

La ciudad de los pactos

Cartagena tiene una larga tradición de pactos que trasciende a cualquiera de los partidos implicados en esta moción. En 2015, fue un acuerdo entre PSOE y Podemos el que hizo alcalde al propio Pepe López, pese a que el PP había sido la lista más votada.

En 2019, fueron tres partidos —PP, PSOE y Ciudadanos— los que se aliaron para impedir que gobernara MC, que había ganado las elecciones.

Y desde noviembre de 2023, el gobierno lo han sostenido PP y Vox. “Aquí ya podemos hablar de tradición de pactos”, dice Giménez Gallo, quien señala una razón estructural: la existencia de MC, el partido municipalista con más votos de un solo municipio en toda España, obliga a cualquier gobierno a buscar apoyos que de otra manera no necesitaría. “Al final, fíjate la guerra nacional que ha abierto el PP contra esta moción. Cuando tú lees los titulares dicen el PSOE. Y tú dices: no, no, perdona, el alcalde que se propone no es del PSOE”. De hecho, es Movimiento Ciudadano quien lidera la moción; el PSOE ha alcanzado un acuerdo tanto con MC como con Sí Cartagena para apoyarla.

Un acuerdo de mínimos

La coalición tiene ingredientes heterodoxos. Torralba fue concejal del gobierno de Arroyo. Salinas encabezó la lista de Vox. MC es un partido municipalista cuyo fundador, Pepe López, acumuló durante su etapa como alcalde dos condenas por delitos leves —una por tentativa de maltrato y otra por coacciones a un funcionario— y resumió su estilo con una frase célebre: “Las verdades, como puños. Y si hace falta, a la cara”. Giménez Gallo representa una ruptura con ese perfil. Y el PSOE es el partido que en 2019 expulsó a seis de sus propios concejales por pactar con PP y Ciudadanos a espaldas de la dirección. Algunos de aquellos expulsados, reagrupados hoy bajo la marca Sí Cartagena, son ahora parte del gobierno que el PSOE quiere construir.

El portavoz de MC lo llama “un acuerdo de mínimos, casi de rescate”. Torres prefiere “gobierno de concentración”. El Partido Socialista ha ligado su apoyo a una agenda progresista compartida —igualdad, políticas LGTBI, derechos humanos— cuyos detalles se concretarán en los próximos días. Y esta vez el procedimiento interno ha sido escrupuloso: la dirección local informó a la regional antes de dar ningún paso público, la Comisión Ejecutiva Regional se reúne el miércoles a las 20 h y después vendrá la consulta a la militancia. Un contraste con 2019, cuando la expulsión de los seis concejales llegó, precisamente, por saltarse ese mismo protocolo.

La reacción de los derrotados

El portavoz de Vox en el Consistorio cartagenero, López Pretel, acusó al PSOE de ser el “instigador en la sombra” y a Giménez Gallo de pura ambición personal: “La última oportunidad que va a tener de ser alcalde, aunque sea para salir en una procesión con el bastón de mando.” Y lanzó el aviso que nadie debería ignorar: “Esto no ha terminado. De ayer al día 1 podemos tener moción, no moción y moción otra vez.”

“Asalto al Ayuntamiento por intereses partidistas”, calificó Arroyo la firma de la moción y advirtió que abriría “un año de caos, bloqueo, parálisis, bronca y enfrentamiento”. Remató con una serie de preguntas dirigidas a los exconcejales de Vox: “¿Ahora van a estar de acuerdo con que el Naval se mantenga abierto como centro temporal de inmigrantes? ¿Con que no se construya la Ciudad de la Justicia? ¿Con que estemos cuatro años sin trenes?”

Giménez Gallo, por su parte, anticipa las maniobras y las nombra sin rodeos: “Espero que todo quede en el juego democrático y que no utilicen otro tipo de técnicas”. Y sobre la comparación con la moción de PSOE, Ciudadanos y Podemos que salió adelante en Murcia en marzo de 2021 para después ganar el PP con mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2023: “Ballesta era un alcalde enamorado de su pueblo. Ella [Noelia Arroyo] no es una burócrata enamorada del pueblo de Cartagena, sino del poder”.

El día 2 de junio

La votación no será el 1, sino el 2 de junio: la Secretaría del Pleno no dio por recibida la moción hasta el martes, lo que concede al gobierno de Arroyo un día más de margen. López Pretel ya advirtió que piensa aprovecharlo. Si prospera, Jesús Giménez Gallo será alcalde de Cartagena. El mismo que en Semana Santa repetía que las mociones de censura no se piensan, se registran.

Está ya está registrada. El Ejecutivo de Arroyo se fue desarmando como un castillo de naipes: primero Antelo, luego Salinas, luego Sánchez del Álamo, hasta que el edificio entero se vino abajo. Y que la política hace extraños compañeros de cama lo demuestra una coalición formada por socialistas, cartageneristas, ex socialistas y dos exconcejales de Vox que el lunes desfilaron, uno tras otro, por una notaría del Paseo Alfonso XIII.