El Parlamento murciano bien podría ilustrar el 'eterno retorno' de Nietzsche: la vida y sus acontecimientos se repiten infinitamente de la misma manera. De esta forma, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se ha ido encontrando con distintos 'díscolos' de Vox y de Ciudadanos con los que cincelar una mayoría absoluta que no ha obtenido en las urnas. Los líderes son reemplazables, pero los escaños son insustituibles, y en estos momentos Vox cuenta en la Región de Murcia con dos asientos menos. La salida del partido de extrema derecha por parte de la diputada Virginia Martínez puede suponer un descalabro mayor para los de Abascal que el cese de su antiguo presidente provincial, José Ángel Antelo. Tras su decisión el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitará el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos. Con las nuevas cuentas, Vox ha pasado de ser el mal necesario del Partido Popular.

La dimisión de Virginia Martínez se veía venir desde que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario: “Ha aprovechado para marcharse la ola de dimisiones que ha habido primero en Torre Pacheco y Cartagena”, apunta el politólogo y codirector del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), Ismael Crespo.

Martínez llegó a Murcia de manos de Ortega-Smith: “nadie la conocía en la Región”. Sabe cómo hacerse con el foco político: en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia y causó un gran revuelo en los medios. La describen como “tremendamente ambiciosa”.

En la carta que escribió para explicar su abandono del grupo parlamentario de Vox, la diputada expuso su desengaño de “un partido que venía a cambiar la política tradicional de redes clientelares”. Antiguos dirigentes del partido se muestran críticos con su antigua formación: “Después de predicar la meritocracia, al final esta va de colocar a la nuera o a la novia”.

“Estas gotas de agua que van cayendo sugieren que hay alguien detrás marcando los tiempos para desgastar al partido”, opina una fuente próxima a Vox. En el entorno de la formación creen que existen posibilidades de que surjan nuevas iniciativas en torno a Iván Espinosa de los Monteros, por un lado, o a Javier Ortega-Smith y Juan García-Gallardo y que la dimisión de Martínez sea parte de esta estrategia. “Otra posibilidad es que se integren en SALF o negocie para entrar en el PP, que está buscando una imagen más dura”. “Todas las opciones están encima de la mesa. [...] En España Vox tiene mil fuegos y llega un momento en que cuando todo se repite, se ve un patrón”, señalan otros.

Con esta nueva configuración parlamentaria, se le abre al Ejecutivo la posibilidad de ver aprobadas medidas clave, como la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno. La dimisión de Martínez llega en un momento “muy oportuno” para el PP, apunta el diputado por Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos: “Si la Ley se aprueba después de estar atascada desde enero, tendremos la prueba de algodón de que ha tenido lugar una operación por parte del Partido Popular para lograr los votos que le faltan”. 

No es la primera vez que al Partido Popular le caen votos del cielo en el seno de la Asamblea Regional. En el año 2021, una moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos amenazó la continuidad del gobierno popular. Pero tres diputados tránsfugas del partido naranja dinamitaron la moción, pasando a formar parte del Ejecutivo murciano: “Al menos Antelo, si quiere seguir en política, va a negociar”, ha señalado Crespo. “Tengo mis dudas sobre qué rédito puede sacar Antelo. Está en una situación comprometida, ni es un gran activo político ni tiene una experiencia estupenda. No tengo muy claro qué puede aportar al PP tras las elecciones autonómicas del 2027”, ha añadido el politólogo.

Queda por ver qué hará el Partido Popular ante estos potenciales socios de gobierno: “Puede pactar con los ex de Vox y sacarlo todo adelante, demostrar que pueden gobernar. También existe la posibilidad de que se mantengan en su parálisis habitual y continúen intentando pactar con Vox”, ha enumerado Crespo, que recuerda que los populares aún tienen pendiente las negociaciones con los de Abascal para formar gobierno en Extremadura. En el caso de que Antelo y Martínez estén considerando sumarse a alguna iniciativa, “van a enrocarse más que nunca en las ideas”, opinan desde el entorno de Vox.

Por su parte, Crespo no descarta que hayan podido influir factores interpersonales: “Con la salida de Antelo, Vox se ha quedado sin referente institucional. Pancorbo es el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, por otro lado, el líder parlamentario ha pasado a ser Alpañez, y es sabido que no es un individuo que genere consenso ni siguiera dentro de su grupo”.

“Vox es un partido extremadamente autoritario en sus formas y en su estructura, se dirige absolutamente todo a Madrid, los diputados realmente no pintan nada. Creo que puede despertar cierta frustración cuando alguien ajeno a la política entra a un proyecto y le dicen que solo está para que levanten la mano en las votaciones”, observa Crespo. “A veces vemos la política como una sucesión de cuestiones lógicas, pero en el fondo todos somos humanos. La dinámica del día a día puede llevarnos a decidir en un momento dado sin pensar tanto en cuestiones tácticas o estratégicas”.

El espejo de los díscolos de Vox

No es la primera vez que Vox se encuentra en esta situación. La formación politica sufrió un terremoto político similar en junio de 2020, cuando expulsó del partido a tres de sus cuatro diputados autonómicos de la Asamblea Regional de Murcia -Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera-, después de que estos quitasen de la titularidad de las cuentas de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Ortega Smith y despidieran a cuatro trabajadores del grupo parlamentario.

En 2022 Abascal forzó la disolución del grupo parlamentario en la Asamblea Regional y Juan José Liarte, Francisco Carrera, Mabel Campuzano y Pascual Salvador acabaron en el Grupo Mixto. López Miras supo cabalgar la crisis y consiguió acercar a 'los díscolos de Vox' a sus posiciones. “Se trata de una geometría perfecta”, apunta una fuente próxima al partido de extrema derecha. “Vox quería gente de perfil alto, pero manipulables. Y el problema es que, esencialmente, son dos cosas contradictorias. Ahora, ya, buscan a gente dependiente”, añade.

Estos tres diputados permanecieron en su escaño hasta las elecciones de 2023, llegando incluso a asumir la cartera de la consejería de Educación en el año 2021 tras la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos. Antelo y Martínez no tienen tanto tiempo, puesto que los próximos comicios autonómicos están fechados para 2027. Pero, como los díscolos, conservan sus escaños como herramienta negociadora como el PP.

Qué ocurre con el Grupo Mixto

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

Por el momento, Álvarez-Castellanos reconoce que la nueva configuración en el Grupo Mixto pone a IU-Verdes y a Podemos en una situación “compleja”: “A priori todo apunta que va a ser una situación de 50-50, un bloqueo que habrá que desatascar de alguna forma”.

Queda en el aire el papel que tomará Martínez dentro del Grupo Mixto: “Hasta el momento llevamos cinco plenos en los cuales Antelo no ha dicho esta boca mía, no ha pedido intervenir absolutamente para nada. Virginia [Martínez] no sé lo que hará, pero mi impresión es que no la veo muy por la labor de desarrollar una labor furiosa de desarrollo de iniciativas”

“No podemos descartar que esto vaya a ser algo más que que una división del grupo parlamentario Vox y que estén pensando [los ex de Vox] en formar otra formación política de cara al futuro. Si se da el caso, probablemente intervendrán más”, ha concluído el diputado de IU-Verdes.

El electorado murciano

La crisis de Vox, aunque ha hecho temblar a la composición parlamentaria, posiblemente no se haga notar en las urnas: “Al 60% del electorado murciano no le interesa la política, ni nacional ni regional. El otro 40% se maneja en ecosistemas informativos bastante segmentados. Posiblemente, una buena parte del electorado no se va a enterar; no creo que impacte mucho”, explica Crespo.

“Sí es posible que la crisis esté afectando a la idea de que Vox es un partido virgen [de escándalos] como parecía”, añade.

Hay diferentes tipos de corrimientos de tierras: deslizamientos lentos, en los que el suelo se mueve de forma casi imperceptible, mientras que, en otras ocasiones, se produce la caída de rocas, fragmentos de una ladera que se desprenden a mucha velocidad. Cuando ambas situaciones confluyen, como es el caso de Cartagena, se avista la posibilidad de una moción de censura. La expulsión forzada del antiguo líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, primero como presidente provincial del partido y después como portavoz del Parlamento murciano, hace casi un mes se sobrepone a las tensiones internas existentes en la coalición de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de esta localidad. De hecho, quien fuera vicealcalde de la ciudad portuaria, Diego Salinas, se solidarizó con la expulsión de Antelo de inmediato y se dio de baja de la formación ultra, mientras que su mano derecha, Beatriz Sánchez del Álamo, lo hizo ayer.

Si al asumir el bastón de mando en 2023, la alcaldesa popular de Cartagena, Noelia Arroyo, quiso gobernar una “legislatura del consenso” y tentó un gobierno minoría, enseguida se coaligó con Vox buscando la tan ansiada “estabilidad”, cuestión que vuelve a quedar en entredicha en estos momentos. Aunque este miércoles, Arroyo quiso circunscribir lo sucedido en Cartagena a una “crisis interna” de Vox, también se vio obligada a reconocer que no era una situación “cómoda”.

No dudó Arroyo en expresar de forma contundente su confianza en los cuatro ediles que sostienen la mayoría necesaria para formar gobierno -los dos que permanecen fieles a Vox y los dos que no, que se suman a los 10 concejales del PP-, pero lo cierto es que los movimientos de tierra también se sintieron en el pleno celebrado en la ciudad portuaria este miércoles y tanto Salinas como Sánchez del Álamo se sentaron al final de la bancada. La confianza tampoco parece tanta cuando la alcaldesa de Cartagena y responsable de la cartera de Turismo le pidió cuentas en mayo del año pasado a la delegada de la consejería, la propia Sánchez del Álamo, por impulsar la celebración de las Fallas en este municipio murciano, tal y como recogió en su momento el diario local La Opinión.

Tras convertirse Salinas en un concejal no adscrito y Gonzalo López Pretel le sustituyera como nuevo primer teniente de alcalde de la localidad portuaria, Sánchez del Álamo vio incrementadas sus responsabilidades y asumió las competencias de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica y Transparencia para poder entrar en Junta de Gobierno. Con ello, también vio un aumento salarial de 12.000 euros.

“Mercado persa”

Manolo Torres, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena, cree que Arroyo ha convertido el consistorio en un “mercado persa”, mientras que Vox se vislumbra como un partido “en descomposición”. El PSOE de la localidad se enfrenta a una situación complicada, ya que en 2019 se vio obligado a expulsar a seis concejales por rubricar un pacto de gobierno secreto con el Partido Popular y Ciudadanos.

“Para nosotros hoy [por ayer] no cambia nada”, señaló el líder del partido cartegenerista Movimiento Ciudadano (MC), Jesús Giménez Gallo, a este periódico. MC obtuvo se hizo con ocho concejales, aunque en la Junta de Gobierno cuenta con siete, ya que María Dolores Ruiz decidió apartarse del partido. Gallo reconoce que en enero de 2025 se produjo un conato de moción de censura en Cartagena: “Entonces nos buscó Vox”.

Tanto Giménez Gallo como Torres apuntan al “nerviosismo” que se percibe en el mundo político de la ciudad portuaria en esta semana de “pasión, muerte, y resurrección”. Ambos señalan la doble crisis que afronta la localidad portuaria, ya que indican a la subida de 10 de millones de déficit.

Crisis en Torre Pacheco

Estos últimos días también han abandonado Vox tres ediles de Torre Pacheco, entre ellos quien fuera vicepresidente del comité nacional de Garantías y exportavoz de la formación en el municipio, José Garre, tras decidir en el pleno del pasado jueves su entrada en el gobierno local, desoyendo directrices nacionales. Su incorporación en el ejecutivo del Partido Popular abre un nuevo frente de inestabilidad en la formación, evidenciando las dificultades de la dirección nacional para mantener la cohesión interna en uno de los municipios donde más se votó a la formación ultra en las elecciones generales de noviembre de 2019 y donde el pasado julio se produjeron disturbios racistas tras la agresión a un vecino.

La rápida integración de los exediles en el ejecutivo local, con la asignación de áreas de gestión relevantes, apunta a una operación política consolidada. Mientras que Garre tendrá la responsabilidad de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías; las exconcejalas de Vox Ana Belén Martínez López y Josefa Guillén se harán cargo, respectivamente, de Política Social y Transparencia, y de Sanidad y Medio Ambiente.

Por otra parte, se ha desmoronado el relato oficial de Vox sobre la salida de Garre en Torre Pacheco. Si hace apenas unos días la formación exigía el acta de concejal a Garre bajo la acusación de haber recibido 16.000 euros en transferencias “sin justificar”, una serie de mensajes de WhatsApp revelados por La Opinión de Murcia demuestran que la cúpula nacional de la formación ultraderechista no solo conocía esos pagos, sino que también los habría validado.

La concejala Merche Meroño, que se mantiene fiel a la formación, por su parte ha calificado el pacto con el PP como un “robo de acta” y una “traición al mandato de los votantes”. Meroño elevó el tono al asegurar que el acuerdo responde a intereses económicos, señalando que el sueldo de Garre pasará de 20.500 a 33.000 euros, mientras que el del alcalde popular subirá hasta los 56.000 euros.

También los doce integrantes del grupo municipal de Vox de Totana abandonaron al completo el partido tras la defenestración de Antelo.

El goteo de bajas es incesante. Desde que estallase la crisis de Vox en la Región de Murcia y su antiguo líder, José Ángel Antelo, fuera a parar al Grupo Mixto del Parlamento murciano hace menos de un mes, la mayoría de gobierno en Cartagena quedó en entredicho con la salida de Vox en ese mismo momento de Diego Salinas, quien fuera el primer teniente de alcalde en la ciudad portuaria. Este miércoles también se ha dado de baja de la formación la concejala de Turismo, Nuevas Tecnologías y Transparencia, Beatriz Sánchez del Álamo, a quien el partido había presentado como número dos en la candidatura y que era su mano derecha.

En una publicación en X, Sánchez del Álamo ha hecho pública su dimisión haciéndose eco de los mismos términos con los que otros antiguos compañeros han abandonado la formación: “la deriva del partido”. La edila de Cartagena ha acusado a Vox de “dinamitar sus propios principios” y ha denunciado a la cúpula por “convertir el partido en un auténtido despropósito”. “Hasta aquí. No todo vale”, ha zanjado.

La situación de la alcaldesa, Noelia Arroyo, es, de este modo, más frágil, ya que los votos de Salinas y Sánchez del Álamo son clave para sostener al PP junto a los dos ediles que continúan fieles a Vox.

La duda que se plantea ahora es si Arroyo optará por una solución similar a la adoptada con Salinas, manteniéndola dentro del Gobierno, o si decidirá apartarla, asumiendo el riesgo de afrontar lo que resta de legislatura en minoría y bajo la amenaza de una posible moción de censura. En cualquier caso, la aritmética es compleja, marcada por las tensiones entre el partido cantonalista Movimiento Ciudadano (MC) y la edil no adscrita María Dolores Ruiz, así como por la necesidad de sumar apoyos como los de Salinas o la propia Sánchez del Álamo.

Sánchez del Álamo ha sido señalada en varias ocasiones por MC como una de las impulsoras de la fallida moción de censura contra Arroyo en enero del pasado año. Mantiene una estrecha relación con Salinas y, como él, está enfrentada con el actual portavoz local de Vox, Gonzalo López Pretel, a quien Arroyo ascendió a vicealcalde tras destituir a Salinas como primer teniente de alcalde. Pese a todo, la concejala ha participado este miércoles por la mañana en la reunión de la Junta de Gobierno.

Cartagena no es el único avispero de Vox en la Región: los doce del grupo municipal de Totana abandonaron al completo el partido tras la defenestración de Antelo y en Torre Pacheco, uno de los principales bastiones de Vox, el jueves pasado el grupo municipal del partido de ultraderecha alcanzó un acuerdo de gobierno con el PP, en contra del parecer de la dirección nacional.

Acto seguido, el antiguo vicepresidencia del Comité nacional de Garantías de Vox y antiguo portavoz en el municipio murciano, José Garre, abandonó su militancia de la formación ultraderechista y la crisis se amplió con la baja de otras dos concejalas, Ana Belén Martínez y Josefa Guillén. Mientras que ambas edilas permanecen como concejalas no adscritas y asumirán las áreas de de Política Social y Transparencia, y Sanidad y Medio Ambiente; Garre encabezará la Concejalía de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías.

Dos semanas le han bastado a la cúpula nacional de Vox para fulminar a José Ángel Antelo como presidente del partido en la Región de Murcia y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea. En el pleno de este miércoles, el antiguo jugador de baloncesto ha sido reubicado al fondo del hemiciclo, en el ala contraria a la de los otros integrantes del Grupo Mixto, María Marín y José Luis Álvarez Castellanos, diputados de Podemos-Izquierda Unida-Verdes. Incluso contando con “la chapuza” de presentar hace una semana la petición de su expulsión a la Mesa del Parlamento con el propio certificado digital de Antelo y las firmas manuscritas de los diputados de Vox, la escalada de tensión con el antiguo líder en Murcia se ha desarrollado de forma vertiginosa sin que a Santiago Abascal le haya temblado el pulso en medio de la campaña electoral en Castilla y León.

Antiguos dirigentes muestran cada vez más recelos ante la serie de crisis desencadenadas por “las dimisiones forzadas” por Abascal “y tres o cuatro más” sin mostrar “ninguna clase de consideración”. “El partido está en ascenso y está dirigido por un sátrapa dictatorial. El día que tenga potestad de gobierno en la nación, no sé por dónde puede salir. [...] Lo que solemos decir en nuestros círculos es que hemos alimentado durante mucho tiempo un monstruo”, se lamentan.

Antelo hizo suya la rebelión de Javier Ortega Smith, su mentor, quien también había frustrado su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid el pasado 16 de febrero. “No hay que confundir lealtad con sumisión”, dijo el exlíder regional en una rueda de prensa después de que el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) dimitiera en pleno para poder hacerse con el control a través de una gestora. El Comité de Garantías de Vox intentó poner freno a esta crisis que se ha desbordado el pasado viernes al abrirle a Antelo un expediente disciplinario, mientras que decidió la expulsión de Ortega Smith.

La secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluis, se reunió con Antelo a finales de febrero para pedirle que se retirase de su poder orgánico de la formación en Murcia a cambio de una portavocía en la comisión de Deporte y que continuase como candidato para las elecciones autonómicas de 2027, pero se encontró con su resistencia. El Grupo Parlamentario Vox no había dado muestras de tensión interna, aunque la mala relación con Luis Gestoso -portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, exdiputado en el Congreso, miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y amigo personal de Abascal- había ido in crescendo. 

Gestoso introdujo en el pulso que le estaba echando a Antelo a Antonio Martínez Candel en función de “comisario político”, informó ABC. El 'espía' habría estado trabajando como coordinador de los ayuntamientos de coalición con el PP de la Región, a pesar de estar contratado por las Cortes Valencianas como personal eventual, según La Razón. Previamente, había ocupado el puesto de jefe de prensa de la consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, cartera que dependía del vicepresidente José Ángel Antelo y, antes, había trabajado en un puesto similar en Castilla y León con el vicepresidente Juan García-Gallardo, otro purgado del partido.

Guerra sucia y “reorganización” de asesores

Hace un mes ya se produjeron otras visitas de Lluis con la intención de “reorganizar a los asesores” del Grupo Parlamentario Vox y el Ayuntamiento de Murcia. “Se ha despedido a dos de ellos, mientras que otros ocho han sido recolocados en los sitios que les correspondían”, reconocen fuentes cercanas al partido. “Había un asesor, por ejemplo, que cobraba a través del Ayuntamiento de Murcia, pero trabajaba para el Grupo Parlamentario”, admiten. “Con dinero del grupo parlamentario se le paga a gente que no está haciendo el trabajo que tendría que hacer en el grupo parlamentario”, señalan otros.

Este periódico ha solicitado al Grupo Parlamentario Vox el listado de asesores contratados y despedidos, sin obtener respuesta.

En medio de estos cambios, se inscribe la reciente contratación de Nerea Alzola, quien fuera candidata de Vox en Bizkaia y actual pareja de Gestoso, en el nuevo listado de cargos de libre designación del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, cobrando un sueldo de 60.000 euros. Según La Opinión, Alzola estaba contratada previamente por el partido y Lluis la despidió el pasado 12 de febrero para encontrar dos semanas después un nuevo acomodo en el consistorio de la capital murciana.

La mujer de Antelo también ha entrado en la guerra de filtraciones a los medios y acusaciones: según aseguraron fuentes del partido a EFE, una llamada procedente de Cartagena alertó a la dirección nacional sobre el supuesto interés particular de Antelo en la legalización y urbanización de un suelo en la ciudad portuaria propiedad de la empresa AISU Home S.L., con domicilio social en Los Alcázares y en la que aparece como socia al 50% su esposa.

Desde el Consistorio cartagenero han señalado que “ni el concejal de Urbanismo ni responsables de la concejalía han recibido presiones ni directas ni indirectas del señor Antelo para realizar ningún tipo de modificación urbanísticas”. Tras repasar la documentación, la única relación oficial que consta en Urbanismo respecto a la mercantil es “un expediente sancionador abierto por instalar sin autorización en Bahía Bella tres mobilhome con muro y piscina”. El expediente se resolvió con una sanción es de 12.210 euros, que lleva aparejada una orden de demolición y es firme.

Otras filtraciones a medios hablan de que Antelo habría presionado a varios concejales de Vox para contratar 'a dedo' a la empresa Rafaela Belmonte Nortes para desratizar sus municipios, extremo que el antiguo jugador de baloncesto niega con rotundidad.

El exvicepresidente de la formación en Castilla León, Juan García-Gallardo, ha asumido la defensa de Antelo y ha enviado un burofax a la sede de Vox por las acusaciones vertidas contra él: “Son rotundamente falsas”. En el caso de que no haya una rectificación, “se interpondrá sin más dilación las acciones judiciales oportunas”, advierten.

Pancorbo y Alpañez, viejos nuevos hombres fuertes

El divorcio unilateral entre Vox y Antelo se consumó este lunes, cuando la Mesa de la Asamblea de la Región de Murcia aceptó la solicitud de Vox de trasladar a José Ángel Antelo al Grupo Mixto. Los cargos que asumía hasta ahora, el de presidente provincial y el de portavoz del Grupo Vox en la Asamblea regional, han sido designados a dos hombres fuertes del partido. 

El pasado lunes Santiago Abascal designó al nuevo presidente provincial del partido, José Manuel Pancorbo. Afiliado a Vox desde el 2014, ocupó la Consejería de Fomento e Infraestructuras entre septiembre de 2023 y julio de 2024. Como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial, Pancorbo será el encargado a partir de ahora de asumir el rumbo del partido, su estrategia política y la coordinación de las actividades de la formación en la Región. Hombre gris y “con perfil técnico”, difícilmente será el candidato a las elecciones autonómicas de 2027.

Por su parte, la portavocía del grupo parlamentario la ha asumido el diputado Rubén Martínez Alpañez. Yerno del fallecido José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, dueña de la Universidad Católica de la Región de Murcia; Alpañez ha sido hasta ahora portavoz adjunto de la formación en el Parlamento murciano. También se le barajó como candidato a la alcaldía en las pasadas elecciones municipales en Murcia, antes de que Vox se decantase por Luis Gestoso. 

A lo largo de esta legislatura, Alpañez ha sido un interlocutor constante entre Vox y el Gobierno regional, firmando los presupuestos regionales junto al portavoz del PP, Joaquín Segado. 

Alpañez y Antelo habían formado el tándem político más importante del partido en la Región y representaban la influencia de la Universidad Católica en Vox. Fuentes cercanas a la formación consideran que Alpañez “le ha dado una puñalada por la espalda” al antiguo líder de Vox en Murcia.

La ambición política de Alpañez queda contrastada tras su paso por Ciudadanos y, previamente, por el PP, ya que fue candidato al Congreso por la Región de Murcia en 2008, junto con su compañero en la Asamblea y expresidente de la Región, Alberto Garre, y la actual diputada en la Cámara Baja por la Región Lourdes Méndez-Monasterio. Su hermano Kiko es considerado la mano derecha de Abascal, a pesar de no ocupar ningún cargo orgánico ni institucional en el partido.

Grupo Mixto

A su salida del partido Antelo se ha visto en la peculiar situación de tener que compartir Grupo Mixto con los portavoces de Podemos e Izquierda Unida-Verdes, María Marín y José Luis Álvarez-Castellanos. “Nosotros seguiremos nuestro ritmo de trabajo, lógicamente no vamos a tener ningún tipo de trabajo en común [con Antelo], simplemente el reparto organizativo”, ha adelantado el portavoz de IU-Verdes en la Asamblea Regional, José Luís Álvarez-Castellanos.

La primera vez que aparecerán en el mismo grupo estos tres diputados será este miércoles. Antelo, precisamente, se le ha asignado el asiento junto a Álvarez-Castellanos: “Él seguirá con sus iniciativas y nosotros con las nuestras. Estamos en las antípodas ideológicas, y además tenemos una posición beligerante contra el discurso de Vox. Y Antelo hasta ahora siempre ha sido su cara más representativa”, ha abundado.

La incorporación de Antelo cambia muchas cosas en el seno del Grupo Mixto. La Mesa también acordó instar a la nueva composición de este grupo parlamentario a preparar un nuevo reglamento de funcionamiento interno. Tendrán hasta las doce del mediodía del próximo 18 de marzo.

Antelo compartirá bancada con Marín y Álvarez-Castellanos, pero no despacho. Y es que, la incorporación de Antelo al Grupo Mixto también supone una pequeña incógnita logística: “Creo que están buscando ubicación para Antelo, no sé si en otro espacio, porque en el nuestro no hay sitio material”, ha observado el portavoz de IU-Verdes.

Réplicas municipales

La salida de Antelo vino acompañada de réplicas en distintos municipios. La última tuvo lugar el pasado lunes, con la dimisión y baja en bloque del grupo municipal de Vox en Totana y del portavoz del partido, Marcos Cano. En declaraciones a medios, Cano: “Quien ha traicionado el proyecto ha sido la dirección nacional de Vox”, ha apuntado en su discurso de salida.

Cano ha acompañado a Antelo en múltiples intervenciones públicas, incluida la que dio el expresidente provincial de Vox hace dos semanas para anunciar su negativa a abandonar su partido y escaño en la Asamblea de forma voluntaria. Antelo lo ha definido en redes sociales como un “amigo” y una persona “de honor y principios inquebrantables”.

El Partido Popular gobierna en minoría desde las elecciones de 2023 con siete concejales, mientras que Vox cuenta con otros cuatro.

El grupo municipal de Vox en Totana no ha sido el único en abandonar el partido en la Región. La primera baja tuvo lugar el pasado miércoles, cuando el primer teniente de alcalde de Cartagena, Diego Salinas, abandonaba Vox: “La deriva del partido y el trato dado a Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido”, publicó en sus redes sociales.

Salinas fue fichado por el propio Antelo en el año 2022, llegando a encabezar las listas de Vox en las elecciones municipales de 2023. Tras el anuncio de su retirada, Antelo le respondió en redes sociales: “Ánimo amigo, persona trabajadora e íntegra que se puso desde el primer momento a trabajar por Cartagena y por España”.

Salinas abandona el partido, pero no su asiento en el pleno cartagenero, permaneciendo como concejal no adscrito. El escaño de Salinas es estratégico para la gobernabilidad de Cartagena. Con un pleno compuesto de 27 concejales, su salida del partido deja un total de tres ediles de Vox, que no suman mayoría con los 10 del Partido Popular. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha relevado a Salinas como teniente de alcalde en favor del portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel. Pese a esto, Salinas mantendrá sus competencias en Industria y Empresa.

Once días después de forzar la salida de José Ángel Antelo de la presidencia de Vox en la Región de Murcia, ya se conocen el nombre y los apellidos de la persona que llevará a partir de ahora las riendas de la formación de ultraderecha. Santiago Abascal ha designado nuevo presidente provincial del partido a José Manuel Pancorbo, exconsejero de Fomento e Infraestructuras en el Gobierno de coalición PP Vox que duró solo diez meses y que se rompió tras la polémica por el acogimiento de 16 menores migrantes desde Canarias por parte del Ejecutivo murciano.

Pancorbo es uno de los hombres fuertes de Vox, partido al que está afiliado desde 2014, en la Región de Murcia. Ocupó la Consejería de Fomento e Infraestructuras entre septiembre de 2023 y julio de 2024. Como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP), Pancorbo será el encargado a partir de ahora de asumir el rumbo del partido, su estrategia política y la coordinación de las actividades de la formación en la Región.

Pancorbo será a partir de ahora, además, el interlocutor con el Gobierno regional, que tras la crisis de Vox exigió al partido de ultraderecha que sean “responsables” y pongan por delante “el interés público y el de los ciudadanos de la Región”. El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado pidió hace unos días que “esté quien esté en el partido” los compromisos firmados por ambos partidos se cumplan. PP y Vox firmaron en junio de 2025 un acuerdo con varios puntos para sacar adelante los presupuestos de Murcia. Con coaliciones locales en Lorca, Cartagena, Molina de Segura, Las Torres, Puerto Lumbreras y La Unión, Segado reclamó también que “sigan siendo gobiernos estables y responsables”.

El nuevo líder de la ultraderecha en la Región es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada; especializado en ingeniería hidrológica e hidráulica. Con un perfil técnico, y miembro de la vieja guardia de Vox, el partido le encomendó al firmar la coalición de gobierno con el PP la tarea de gestionar, entre otras cosas, la obra pública en el entorno del Mar Menor.

“Es una persona que lleva en nuestro partido desde 2014 y ha sido el experto con el que contamos en nuestro grupo de infraestructuras. Tenemos una grandísima cantera. Estos años nos hemos preparado para gobernar”. Con estas palabras lo definió Antelo al entrar ambos en el gobierno de coalición con el PP.  Desde marzo de 2020 trabaja como responsable del área de ingeniería en la empresa Grusamar Ingeniería y Consulting en la zona del Levante. Antes de su incorporación al Gobierno, participó en la redacción de proyectos como la autovía Arco Norte de Murcia, el trazado de la autovía Caravaca–Jumilla o el Colector Vertido Cero al Mar Menor.

Pancorbo contará con el apoyo como vicepresidente de Alberto Garre como vicepresidente. Peso pesado de la política regional, Garre se sumó a las listas de Vox en 2023, tras su trayectoria en el Partido Popular, siglas bajo las que llegó a ser presidente de la Comunidad entre abril de 2014 y julio de 2015. Diputado regional y portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, Garre abandonó el PP en 2017 justificando su salida en los casos de corrupción que se atribuían al partido.

El ritmo estruendoso de la batucada protagonizada por decenas de mujeres junto a la estatua de Alfonso X el Sabio de este mismo paseo ha sido el pistoletazo de salida para la marcha del 8M en Murcia, pasadas las 12 del mediodía . Aroa y Lorian, quienes dirigen el redoble del tambor, han afirmado que vienen a “hacer ruido” y “dar visibilidad a las mujeres”. La movilización ha sido convocada por la Asamblea Feminista de la Región bajo el lema 'Juntas contra la desigualdad y la precariedad'.

Durante el recorrido, que ha desembocado en la Gran Vía, se han escuchado proclamas como “¡No son arrebatos, son asesinatos!”, “¡Roja es la bandera de la mujer obrera!” y “¡Mi abuela luchó, mi madre luchó y ahora lucho yo!”. Más de cinco mil personas han acudido a la convocatoria, según las organizadoras, en una manifestación más concurrida que en años previos.

Ante la ola de autoritarismo global y el descenso del apoyo de los jóvenes al feminismo, Cristina, profesora, ha apuntado que “hay que seguir construyendo espacios y mundos comunes para manifestarnos y vernos”.

Pablo, de 27 años, siente “muchísimo miedo” y cree que “es importante ocupar espacios y buscar un apoyo colectivo”, aunque prefiere retraerse de quienes “no escuchan”: “Hay gente que conozco de mucho tiempo a la que estoy viendo caer en estas dinámicas y de la que me he tenido que alejar y cortar lazos porque no es una situación que yo quiera tener en mi entorno”.

Entre los manifestantes han desfilado familias y grupos de amigos; muchos de ellos ataviados con pañuelos, camisetas y gorras violetas. También han asistido representantes de partidos políticos como PSOE, Podemos, IU-Verdes y Sumar y sindicatos, como CCOO, UGT y STERM-La Intersindical.

Paqui Sánchez, secretaria general de UGT en la Región, ha abogado por “la sororidad entre las mujeres”, mientras que Teresa Fuentes, su homóloga de CCOO, ha señalado que es “más importante que nunca salir a la calle este año porque se está cuestionando el feminismo sin haber llegado a una igualdad real”. “Nos preocupa mucho que entre la extrema derecha y la derecha extrema llegue a los gobiernos porque sabemos que son los primeros derechos que van a caer”.

“Fallos de protocolo”

María Ángeles Guevara, responsable de Igualdad de CCOO, ha lamentado “los fallos de protocolo de seguridad, tanto a nivel de sanidad como a nivel policial” por los que no se dio alerta de la situación de Salma, una mujer marroquí que pasó dos años secuestrada por su agresor sexual en la huerta murciana hasta que el pasado febrero pudo huir por sí misma.

“En esta Región no se ha hablado de Salma porque la víctima es una mujer migrante y el agresor, de aquí”, ha señalado la portavoz regional del PSOE, Isabel Gadea, quien se ha mostrado indignada porque se esté volviendo a cuestionar derechos como la interrupción voluntaria del embarazo. “Los derechos cuesta mucho trabajo conseguirlos y muy poco perderlos”.

Las más jóvenes han lamentado las actitudes machistas de sus compañeros de clase “influidos por las redes sociales”. “Es importante que se entienda que el feminismo es un valor y no un problema”, ha afirmado Carlota, de 15 años. Violeta y María, de 14 años, se han mostrado sorprendidas de que incluso las chicas de su centro educativo “digan que ya se han conseguido todos los derechos”. “Toda la historia se les ha implantado a los hombres que tienen que ser más y, al final, ¿qué es la masculinidad? Con todas las guerras, necesitamos estar unidos”.

María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, ha denunciado los “discursos misóginos que todos los días nos lanza Vox desde la propia tribuna de las instituciones”. Anna Mellado, por su parte, ha incidido en la “coeducación” y ha denunciado “el veto parental” en las aulas: “Lo siguen haciendo de forma deliberada año tras año, de modo que los únicos referentes de los chavales sobre sexualidad e igualdad los están teniendo en las redes”.

Al finalizar la lectura del manifiesto en la plaza de Martínez Tornel, junto al río Segura, la Asamblea Feminista ha pedido la dimisión del presidente de la Región, Fernando López Miras, por la diferencia entre “el postureo” y la realidad a la que se enfrentan las mujeres de la Región. Las feministas han planteado “la consideración de los discursos misóginos como delito de odio hacia las mujeres”.

En el ámbito laboral, “la desigualdad sigue siendo una realidad cotidiana”, recoge el manifiesto: las mujeres “se concentran mayoritariamente en sectores feminizados, peor remunerados y menos reconocidos socialmente”. “Además sus carreras profesionales son penalizadas por asumir, de forma desproporcionada, las tareas de cuidados y las responsabilidades familiares”.

Consignas transfeministas, feministas y antirracistas

Por la noche, a las 20:00, cerca de mil personas han salido de nuevo a las calles de la capital en una nueva manifestación, que ha partido desde la Plaza de la Fuensanta. Convocada por el Movimiento Feminista junto a AfroMurcia, Regularización Ya, Orgullo Crítico, Antirrepresión Murcia y CATS, han reclamado que “la lucha feminista no puede ni debe excluir a nadie: ni personas trans, ni presas, ni mujeres con hiyab, ni trabajadoras sexuales; no puede ni debe separarse de la justicia social”.

Entre las participantes se han dado cita colectivos de migrantes, de apoyo a trabajadoras sexuales o activistas LGTBIQ+ en un ambiente de reivindicaciones y lucha. Desde AfroMurcia han denunciado durante la lectura de su manifiesto que miles de mujeres migrantes están atrapadas en la explotación laboral y la irregularidad administrativa; mientras que desde la asociación CATS, ligada al colectivo de trabajadoras sexuales, han exigido que sean consideradas como parte integrante del movimiento feminista y que se les reconozcan sus derechos laborales.

Orgullo Crítico Murcia, por su parte, ha centrado su manifiesto en el transfeminismo y han criticado el sistema binario de género y “su dimensión colonial”. Por último, el Movimiento Feminista ha dedicado su intervención a la problemática de la vivienda, “un negocio en manos de bancos y especuladores”.

El exlíder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, denunciará a su antiguo partido por usurpación de identidad y falsedad documental, según una fuente cercana. Este miércoles el exlíder de Vox alertó de que el partido había usado su firma para tramitar su sustitución como portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional: “Es un delito de suplantación y de falsedad documental, delitos muy graves en el Código Penal”. El pasado martes, el grupo parlamentario Vox acordó, por mayoría absoluta de sus diputados, que Rubén Martínez Alpañez relevase a Antelo al frente de la portavocía en el Parlamento murciano. Pero a la hora de formalizar este trámite ante la Mesa del la Asamblea utilizaron el certificado digital del grupo Vox, con la firma de su representante legal ante los órganos parlamentarios, que es el propio Antelo.

“A nadie se le ocurre utilizar la firma de una persona que no ha dado ningún tipo de autorización para que él mismo solicite su propio cese. Esto no es ni serio ni es razonable”, protestó por la mañana, adelantando que había puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos.

El exlíder de Vox alertó a la Mesa, que optó por no tramitar la solicitud de relevo de portavoces: “Se ha podido producir una utilización indebida del certificado electrónico del Sr. Antelo Paredes como representante del Grupo Parlamentario Vox, dado que los acuerdos que se pretenden comunicar no se han adoptado válidamente por el Grupo Parlamentario, sino por algunos de sus integrantes”, explicó la Mesa. El órgano también rechazó el documento presentado por Vox por carecer de firma electrónica de los firmantes: “Las rúbricas manuscritas no permiten acreditar de forma cierta e indubitada la identificación de los firmantes”, detalló.

Desde la Mesa de la Asamblea también se alertó que Vox no había presentado la documentación que acredita que la decisión de retirar a Antelo como portavoz se había realizado “con pleno respeto a los derechos y garantías de la totalidad de los integrantes del Grupo Parlamentario citado”. En concreto, “no se acompaña de la documentación imprescindible para que quede acreditado fehacientemente que las decisiones que se trasladan se han adoptado cumpliendo las formalidades exigibles para la adopción de acuerdos en el seno del Grupo Parlamentario”.

Primera baja

También durante esta jornada ha tenido lugar la primera baja del partido a consecuencia del cese de Antelo. Se trata del primer teniente de alcalde de Cartagena, Diego Salinas, que abandona la formación por “la deriva del partido y el trato dado a José Ángel Antelo”. Ha asegurado que lo que le ha ocurrido al antiguo líder de Vox en la Región son hechos “incompatibles con los principios y valores que he defendido”.

Vox cuenta con un total de cuatro concejales en Cartagena, manteniendo un gobierno de coalición con diez ediles del PP. Tras abandonar Vox, Salinas podrá permanecer como concejal no adscrito, lo que genera dudas sobre el futuro del gobierno cartagenero.

Salinas fue fichado por el propio Antelo en el año 2022, llegando a encabezar las listas de Vox en las elecciones municipales de 2023. Antelo le ha respondido en redes sociales: “Ánimo amigo, persona trabajadora e íntegra que se puso desde el primer momento a trabajar por Cartagena y por España”.

La última crisis interna de Vox en la Región de Murcia, su principal granero de votos en el país, refuerza la impronta de un partido fuertemente centralizado bajo el liderazgo de Santiago Abascal, quien pone y quita 'reyes' en las comunidades autónomas sin ni siquiera levantar el teléfono. La dirección nacional contempló una destitución exprés del ya antiguo líder en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, con la fórmula menos brusca para evitar “revuelo”. No lo ha conseguido, a pesar de la visita de la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, a Cartagena. El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) dimitió en bloque a última hora de este jueves para que Madrid pudiera manejar una gestora, una maniobra que buscaba forzar su salida sin un cese directo. Este episodio se suma a otros choques recientes entre la cúpula nacional y dirigentes territoriales, y vuelve a evidenciar la tensión recurrente entre el control central del partido y sus estructuras autonómicas.“Siempre es la misma estrategia: forzar dimisiones. Ya ha pasado con Macarena Olona, el juez Serrano, Ortega Smith, ahora también en Valencia”, apunta una fuente cercana a la formación.

Lo acontecido esta semana es una repetición fotograma a fotograma de lo ocurrido en 2019 en la Región. La dirección nacional se hizo con el control de la célula provincial con el mismo método empleado estos días, con la dimisión en bloque de su Comité Provincial. Aseguraron que el entonces líder de la formación, Pascual Salvador, había dimitido por “acumulación de funciones”. Pero, ante todo, incidieron en la necesidad de “reforzar” la estructura interna del partido.

“Lo que pasa es que aquella vez fue pacífico. El partido dijo que dimitiera [el CEP] y la gente dimitió sin problema”, explican fuentes cercanas al partido. En el caso actual, aunque los integrantes del Comité lo han abandonado en bloque, no han conseguido que Antelo accediera a disfrazar su cese de dimisión: “Es una situación extremadamente extraña. Les he dicho que si me querían cesar que lo respetaría, aunque no lo entendería. Pero no me querían cesar por si se generaba revuelo en la Región de Murcia o en el ámbito nacional”, ha explicado el exlíder de Vox a los medios.

El encumbramiento de Antelo en Vox nació, precisamente, del cese de 2019 del anterior CEP, después de que se le pusiera al frente de la gestora en Murcia: “Antelo era el enlace con la Universidad Católica [UCAM]”, ha detallado fuentes cercanas a Vox. Antes de que comenzase su andadura en política, Antelo llegó a la UCAM como jugador de baloncesto. Entonces, era un protegido de José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, dueña de la Universidad Católica: “[Mendoza] se lo había traído [a Antelo] para jugar con ellos. Luego él tuvo su lesión y entonces [Mendoza] le dio un titulillo de Marketing Deportivo. Mendoza tendría sus defectos, pero todo el mundo sabe que cuidaba de los suyos”, han abundado fuentes cercanas al partido.

En aquella época, el difunto Mendoza estaba muy molesto con el Partido Popular, al que acusaba de “persecución” y “maltrato” después de que se le abriera juicio a la institución educativa por un presunto delito urbanístico: “Luis Gestoso [portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia] trajo a Ortega Smith a reunirse con Mendoza. Entonces [Mendoza] le retiró el apoyo al PP y se lo ofreció a Vox. Uno de los peajes para que la UCAM ofreciese su apoyo a Vox fue tener a Antelo en el partido”, han abundado voces cercanas a Vox.

Vox, “marca nacional”

Todos estos vaivenes y crisis le pasan poca factura a la formación de extrema derecha entre sus votantes. Para José Miguel Rojo, investigador de la Universidad de Murcia (UMU), quienes votan a Vox en el ámbito autonómico lo hacen a una “marca nacional”. “La marca les ha engullido. Lo que moviliza voto en torno a Vox son temas e ideas; liderazgo, también, pero el líder ha de tener credibilidad en esos temas e ideas. Si Abascal, en vez de hablar de inmigración, hablara de transición ecológica, no creo que a la gente le gustara tanto”.

Vox es un partido muy vertical y jerarquizado, con un “hiperliderazgo nacional” tan fuerte que las estructuras autonómicas no son de decisión, sino que sirven para ejecutar lo que Madrid decide. “Da igual el carisma o el carácter, ponen al peón más dócil”, añade Rojo. El propio Antelo había asumido con devoción esa disciplina interna desde que aterrizara en la anterior gestora en 2019 -“alto, jugador de baloncesto, con esa impronta agresiva de su mentor, Javier Ortega Smith”, afirman fuentes próximas, pero ha terminado por asumir el mismo destino que su cicerone: “El partido funciona mucho por asociación. Entonces, si Ortega Smith cae y es sospechoso, toda la gente que hay a su alrededor, también”.

De hecho, Antelo acababa de votar la expulsión de Ortega Smith del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), organismo del que, probablemente, él también será expulsado. “Estoy seguro de que no fue un trago de su gusto, pero es que si hay algo que la gente sabe es que el que se mueve, está fuera al día siguiente”.

La explicación más clara a esta crisis se encuentra, según Rojo, en el hecho de que hay un cambio de guardia en la cúpula de Madrid. Si, en un primer momento, Vox estuvo abanderado por Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith y Alejo Vidal-Quadras; ahora, el peso lo tienen figuras como Kiko Méndez Monasterio y Jorge Buxadé: “Ellos querrán tener liderazgos y cuadros alineados con lo que es la nueva línea estratégica del partido”.

La cuestión que sobrevuela en este momento es si Bambú tiene un nuevo candidato para las elecciones autonómicas de 2027 en Murcia. “Si dejas la dirección regional, después es más difícil que te resistas a no ser candidato”, apunta Rojo. Para este politólogo la reflexión más importante es que estas crisis no le pasan factura a Vox, frente al “altísimo coste” que tuvieron las diferencias internas en otros partidos de nuevo cuño, como Podemos o Ciudadanos. “Si no le afectan, el incentivo para tomar este tipo de decisiones es mucho mayor porque, al final, este ruido se va a pasar. Además, lo hacen ahora para que en 2027 nadie se acuerde de esto”.

Ni antes ni ahora los buenos resultados de un líder provincial lo han salvado de la picota. Si los últimos barómetros del CEMOP han situado a Vox empatado con el PSOE e, incluso, como segunda fuerza política en la Región con un 25 y 27% de los votos, tan solo unos meses antes de cercenar al CEP al completo en el año 2019, Murcia se convirtió en la única comunidad en la que Vox había quedado como primera fuerza con el 28% de las papeletas en las elecciones generales de ese año. En la celebración de los resultados de aquellos comicios estuvo Gestoso y Joaquín Robles, que brindaron con sidra en vasitos de plástico: se acababan de convertir en diputados por la Región para el Congreso.

Tres legislaturas después, a Gestoso se le perfila como uno de los posibles arquitectos de la caída de Antelo; y a Robles, como su potencial sustituto en la presidencia de Vox en Murcia. Este licenciado en Filosofía por la Universidad de Murcia (UMU), que militó en la izquierda en su juventud, es descrito como un hombre gris con “un perfil cafetero” que le puede “poner una alfombra roja a quien venga de candidato”.

El futuro de Antelo en la Asamblea

Antelo ha adelantado que, por el momento, se niega a abandonar su escaño en la Asamblea Regional y ha recordado que “sigue siendo portavoz” del grupo parlamentario: “Es una decisión del partido [retirarme la portavocía]. Veremos lo que hace”.

A primera vista, el futuro del antiguo líder de Vox en la Región de Murcia puede parecer incierto, pero lo cierto es que puede encontrar su reflejo en el destino de los díscolos de Vox. Tras la remodelación del CEP, la formación politica volvió a sufrir nuevas convulsiones en junio de 2020, cuando Vox expulsó del partido a tres de los cuatro diputados autonómicos de esta formación en la Asamblea Regional de Murcia -Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera- después de que estos quitasen de la titularidad de las cuentas de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Ortega Smith y despidieran a cuatro trabajadores del grupo parlamentario.

Los tres diputados, que en aquel entonces pasaron a ser conocidos como los 'díscolos de Vox', permanecieron en su escaño hasta las elecciones de 2023, llegando incluso a asumir la cartera de la consejería de Educación en el año 2021 tras la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos. Antelo no tiene tanto tiempo, puesto que los próximos comicios autonómicos están fechados para 2027. Sobre todo, queda por saber si alguno de los otros ocho diputados de Vox en la Asamblea Regional dará un paso adelante para apoyar a Antelo, lo que podría acercarle a un PP en minoría parlamentaria y con el que ha protagonizado intensas negociaciones.

Si cinco de los nueve diputados de la formación de ultraderecha se ponen de acuerdo, podrían quitarle a Antelo la portavocía del grupo parlamentario: “Si Abascal quiere, el grupo parlamentario votará y, en un día, lo cambian de portavoz. Pero se va a mantener”, aventuran fuentes próximas.

La cúpula de la dirección de Vox en la Región de Murcia ha dimitido a última hora de este jueves para forzar la salida de su líder, José Ángel Antelo, según ha adelantado El Español. Un movimiento que se ha producido horas después de que se conociera que la dirección nacional del partido de extrema derecha barajaba retirar el liderazgo provincial en la Región de Murcia a Antelo. Tras una tanda de reuniones en Murcia con distintos cargos orgánicos e institucionales de Vox, los rumores sobre la posibilidad de apartar a Antelo de la presidencia del partido y mantenerlo como portavoz en la Asamblea cada vez eran mayores.

El pasado miércoles, la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, le comunicó a Antelo esta decisión, que se ha mostrado insuficiente para los otros cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la Región -Lourdes Méndez Monasterio, Carmen Menduiña, Antonio Martínez Nieto, Antonio Martínez Sánchez y Aida Peñalver-. A raíz de la dimisión, dicho organismo quedará disuelto, de modo que la dirección nacional de Vox tendrá que nombrar de nuevo una gestora que asuma el control del partido.

Al no aceptar Antelo quedarse con la portavocía del Parlamento murciano y presentar su dimisión del CEP, la fórmula más rápida para conseguir este objetivo ha sido hacer caer este órgano con la marcha del resto de sus integrantes.

Estos movimientos han surgido después de la expulsión del partido al portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. De acuerdo con la dirección del partido, la decisión se tomó después de que Ortega Smith desacatase la orden de ceder la portavocía del Ayuntamiento de Madrid a la edil Arantxa Cabello. También han sido expulsados de la formación otros dos concejales de Vox en el consistorio madrileño, la portavoz adjunta del grupo municipal, Carla Toscano, y el edil Ignacio Ansaldo.

Fuentes cercanas al partido han asegurado a este diario que Antelo ha mantenido una relación estrecha con Javier Ortega Smith. También sostienen que han existido tensiones entre el todavía líder de Vox y Luis Gestoso, muy cercano a Santiago Abascal y portavoz de este partido en el Ayuntamiento de Murcia.

Antelo lleva en el cargo de presidente provincial del Consejo Ejecutivo Provincial desde 2020. Más tarde, en el 2024, ingresó en la Ejecutiva de Vox nacional con el puesto de vocal tras la Asamblea General, como el resto de, por aquel entonces, vicepresidentes autonómicos en gobiernos de coalición con el Partido Popular.

Antes de comenzar sus andanzas políticas, Antelo fue protegido del difunto presidente de la Fundación San Antonio, dueña de la Universidad Católica de la Región de Murcia (UCAM). En 2012 fichó en el CB Murcia, el club de la UCAM, y tras una lesión en el verano 2019 se retiró del baloncesto profesional. El expresidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza, le colocaría entonces en su departamento de Marketing Deportivo. Por el mismo tiempo –abril de 2019- le caía en las manos la oferta de formar parte de las listas de Vox para el Consistorio murciano.

Purgas en 2020

La posibilidad de una renovación interna es un eco de las purgas que tuvieron lugar en la formación política en Murcia en 2020. Se retiró la afiliación a tres de los cuatro diputados que tenía por aquel entonces el partido en la Asamblea Regional -Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera-, después de que estos quitasen de la titularidad de las cuentas de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Ortega Smith. En el 2022, una sentencia dio la razón a los tres parlamentarios, y obligó a Vox a readmitirlos y a retirar el control de las cuentas a estos representantes nacionales.

“Antelo fue el peaje que hubo que pagar para tener el apoyo y la financiación de la UCAM, pero siempre se supo que era un hombre que carecía de convicciones verdaderas, más allá del trazo grueso y la ambición personal. La pregunta no es por qué se lo cargan, sino para quién necesitan el puesto”, apunta Liarte a este diario.

El dinosaurio abandona a Mari tras el parto de su hijo Jorge. Si no está amamantando a su bebé, se echa a llorar. Su único consuelo son las visitas bimensuales a Salud Mental, las infusiones que le prepara su madre y la compañía de su amiga Tamara. Pasados unos meses, el dinosaurio -la fuerza interior de la protagonista- vuelve a su lado y devora los ansiolíticos recetados. Federico Montalbán López (Murcia, 1974), coordinador de la EAPN-RM (Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión de la Región de Murcia), consigue hacernos reflexionar sobre situaciones cotidianas de pobreza que asumimos sin darles la atención necesaria en 'Mari contra la pobreza', un libro de once cuentos publicados previamente en la sección de 'Murcia y aparte' de la edición regional de elDiario.es.

Montalbán, veterinario de formación que pasó muchos años como educador en Los Rosales, asegura haber superado la crisis del nido vacío tras la llegada a su casa de “una gatica”. Siempre ha estado acompañado de la escritura: desde la redacción de fanzines y blogs hasta la publicación de libros, como 'Cuentos pop' o 'Diario de un amargado'. “El chico para todo” de la EAPN-RM procura no vestir de negro -a excepción de las gafas de pasta- y afirma que 'Mari contra la pobreza', ilustrado por Laia Doménech, le debe mucho mucho a la autora estadounidense Ursula K. Le Guin.

La presentación del libro de cuentos tendrá lugar este viernes 23 de enero a las 10.00h de la mañana en el Centro Cultural Las Claras.

Sabemos identificar muy bien los casos de pobreza severa, pero no sucede lo mismo con las situaciones de pobreza a secas, ¿por qué no somos capaces de reconocer el riesgo de pobreza o exclusión social, cuando una tercera parte de la población de la Región de Murcia la sufre?

Porque ni la queremos enseñar ni la queremos ver. Por una parte, seguimos pensando que la pobreza es culpa de quien la sufre y por eso quien está en pobreza procura que no se note. Al mismo tiempo, diría que tenemos la intuición de que la pobreza tiene causas colectivas, no tiene que ver con los comportamientos o méritos individuales o familiares y sí con la organización económica y social que nos hemos dado. Ver la pobreza es también ver esto último y, por tanto, enfrentarse a la responsabilidad de acometer cambios profundos en nuestro modelo de sociedad. Y nadie parece querer asumir esa responsabilidad.

La EAPN también tiene una incidencia política al explicar que quienes viven en la pobreza ven vulnerados sus derechos, pero ¿cómo contrarrestar el cada vez mayor coro de voces que se escuchan en los medios y redes sociales que defienden que quienes se enfrentan a una situación de pobreza es porque se lo merecen?

La idea de la culpa individual está muy asentada en el imaginario colectivo. Cada vez que damos charlas sobre pobreza, llegamos antes o después al momento en el que alguien dice (con estas palabras o con otras) que si son pobres será porque algo han hecho. La desigualdad económica y social se reproduce generación tras generación y no es algo que nos merezcamos, ni quienes la sufren ni quienes se benefician de ella.

Desde la red insistimos continuamente en que la pobreza es una cuestión de derechos porque quien vive en pobreza ve vulnerados sus derechos (a un empleo y vivienda digna, a una alimentación sana, a una educación de calidad…). Esto lo hacemos para poner el énfasis en el hecho de que las causas de la pobreza son de orden social no individual. Dependemos más del barrio en el que hayamos nacido que de las decisiones que podamos tomar en la vida.

Con este énfasis, pretendemos, por una lado combatir esa idea de la que hablas en la pregunta y, por otro, demostrar que la lucha contra la pobreza pasa por tomar decisiones y hacer política encaminada a mejorar el bien común.

En un momento dado, Mari se queja para sus adentros de que los medios de comunicación no están contando lo suficiente las subidas del precio del aceite de oliva. ¿Hacemos los medios los deberes a la hora de informar de los niveles de pobreza que experimentan algunos ciudadanos murcianos?

La lucha contra la pobreza debe incluir al conjunto de la sociedad. Por tanto, consideramos que la labor de los medios es crucial. Nos gustaría que la pobreza tuviera más presencia en la conversación pública pero es cierto que los medios regionales tenéis buena predisposición para informar sobre esto. Falta, eso sí, que una vez descritas las situaciones y los datos de pobreza en la región, nos adentremos a analizar las causas y las consecuencias. El aceite de oliva subió por las nubes, eso es incuestionable, pero ¿por qué? ¿A quién benefició? ¿Qué consecuencias tiene en la dieta de la gente las subidas continuadas de los alimentos?

Por otra parte, las entidades del tercer sector debemos seguir esforzándonos en comunicar mejor. Conocemos la realidad de la pobreza de primera mano, pero no siempre atinamos a contarla bien. Por ejemplo, nos gusta mucho usar siglas que nadie entiende IMV, RBI, PTS, POAS, VG… Nuestras mismas siglas son en inglés y no hay quien relación EAPN con Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.

¿Es la ficción un buen medio para revelar las diferentes dimensiones a las que se enfrentan las personas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social? ¿Se ocupan de contarlo las películas, series o libros?

La ficción es un buen medio para lo que queramos. Es muy agradecida. Tiene la virtud de ayudarnos a desvelar lo que está escondido. Los cuentos de Mari son precisamente un intento de dar a conocer a través de la ficción una realidad que cuesta enseñar y cuesta ver.

Sobre esto, leí hace unos días algo que me parece tan acertado como preocupante. Nos hemos acostumbrado a ver el fascismo, incluso el más sutil, en toda clase de sagas galácticas, películas y series. Al mismo tiempo, ya no somos capaces de verlo, por grosero que sea, cuando nos golpea en el mundo real.

Habrá que procurar que la ficción no quede encapsulada en sí misma y pierda el contacto con la realidad que la alimenta. Los cuentos de Mari acaban siempre con algunos datos y evidencias que pensamos sirven precisamente para esto, para recordar que hablamos de una ficción muy real.

En los diferentes cuentos que escribes se revelan fundamentales las redes de apoyo familiar y de amigos, además de la figura del ‘dinosaurio’ que acompaña casi siempre a Mari. ¿Cómo hacen las personas que no cuentan con una familia extensa, como es el caso de muchas personas migrantes, o quienes tienen problemas de salud mental, en ocasiones inducidos por las mismas situaciones de precariedad?

Hace unos años, una compañera del Grupo de Participación de la red, interviniendo delante de diputadas y diputados de la Asamblea Regional, les contó que cada vez que iba a su médico de cabecera, éste se empeñaba en mandarle antidepresivos. Pero lo que yo necesito, explicó, es un trabajo y una casa. La pobreza somete a la gente a una tensión continuada que acaba por agotarlas. La salud mental tiene causas materiales y concretas.

El dinosaurio representa la fuerza que Mari encuentra cada mañana para enfrentar las mil dificultades que le esperan. Pero es evidente que esa fuerza es mayor si se cuentan con redes familiares y vecinales de apoyo. Sabemos por ejemplo que la inmensa mayoría de trabajos se encuentran porque alguien conoce a alguien que te acaba contratando. El dinosaurio de quien no dispone de este apoyo acaba rugiendo más flojo.

El apoyo mutuo, la sororidad en el caso de las protagonistas de los cuentos de Mari, es imprescindible para combatir la pobreza, tanto en el plano individual como en el colectivo.

Las familias monomarentales duplican la posibilidad de vivir en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE según sus siglas en inglés) en España. ¿Se han adoptado suficientes medidas para darle la vuelta a esta situación en la Región?

El AROPE no es un buen indicador para medir cuestiones de género relacionadas con la pobreza salvo que lo cruces con otros datos como es el caso de tu pregunta. En las familias monomarentales (es una mujer la que está al frente de ellas en el 83% de los casos) entra, en el mejor de los casos, un sueldo completo y así es muy difícil pasar el mes.

Contamos, a nivel estatal, con el complemento de ayuda a la infancia vinculado al Ingreso Mínimo Vital y, a nivel autonómico, con la Ley 1/2023, que regula el reconocimiento y los beneficios para las familias monoparentales. Pero parece que frente al vicio de hacer leyes y normativas, tuviéramos la virtud de no acabar de desarrollarlas. Son buenas herramientas, pero deben funcionar mucho mejor.

El avance de la cuarta ola del feminismo se está viendo cuestionado por la extrema derecha. En tu libro, las protagonistas viven con frecuencia experiencias machistas en su vida cotidiana, ¿cómo hacer llegar, sobre todo a los jóvenes, que todavía estamos lejos de la igualdad de género?

Los cuentos de Mari son un intento de cambiar la idea de pasividad que transmite el término feminización de la pobreza por la dignidad que hay tras la imagen de mujeres luchando contra la pobreza. Y eso es así porque la red es feminista tanto en las palabras como en los hechos. El feminismo que defendemos, no solo la EAPN de la Región de Murcia, sino la estatal y las del resto de autonomías, es un feminismo interseccional. Pensamos que este feminismo, al unir la perspectiva de clase, las identidades diversas y las luchas racializadas, es un lugar donde se reconoce mucha gente joven. La ilustración de Laia Domènech que acompaña el cuento dedicado al 8M es una ilustración bastante interseccional.

Mi sensación es que nos han convencido de forma interesada para que veamos en la juventud solo sus tendencias machistas y de ultraderecha. Tengo la convicción de que eso sigue siendo una tendencia minoritaria, la gente joven sabe en su mayoría que el futuro debe ser feminista, ecologista y justo.

Según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad, la temperatura máxima media ha aumentado hasta dos grados desde 2021 en la Región de Murcia, mientras que un 20% de su población no puede mantenerse a una temperatura adecuada. Incluso muchas aulas murcianas siguen sin estar climatizados. ¿Cómo se puede solucionar la pobreza energética?

Lo de las aulas sin climatizar no hay por donde cogerlo. ¿Qué dice de nosotras las personas adultas que los únicos edificios públicos y privados que quedan por aclimatar sean precisamente donde metemos a nuestras hijas e hijos seis o siete horas al día? La solución a esto es muy sencilla: aclimatar las aulas. Debería estar haciéndose ya mismo.

Respecto a la pobreza energética, es importante mirarla con un enfoque de conjunto. La pobreza energética tiene mucho que ver con el derecho a la vivienda. Y tiene mucho que ver también con lo que EAPN España llama crisis ecosocial (que se refleja, por ejemplo, en el dato que citas en la pregunta). Si quisiéramos afrontar en serio la pobreza energética, deberíamos estar trabajando para que todo el mundo vea cumplido su derecho a una vivienda digna al tiempo que nos tomamos en serio el calentamiento global. Después, podríamos ya entrar al detalle de los bonos sociales para pagar la factura de la luz y otras medidas parciales. 

Poco cambia la radiografía electoral de la Región de Murcia reflejada en el barómetro de otoño del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) respecto a la del verano: en este caso, Vox empataría con el PSOE en número de escaños en la Asamblea Regional, sumando 12 cada una de estas fuerzas políticas ; mientras que el PP bajaría dos escaños frente a los tres que recogía la anterior encuesta realizada en septiembre.

Este sondeo, presentado este viernes en el Parlamento murciano, muestra una tendencia clara. El PP ve mermado su apoyo, aunque reduce sus pérdidas en algo de más de dos puntos respecto a los datos del verano, situándose con una proyección del 38,3% de los votos y 19 escaños. Son cifras todavía “lejanas” de los 21 escaños y el 43,3% que obtuvieron en los comicios autonómicos de 2023.

Según el CEMOP, esta ligera mejoría del voto hacia el PP se debe a la reducción de su “fuga” de electores hacia Vox: si hace unos meses se producía unas transferencias del PP a Vox de 37.000 electores, ahora esta cifra se reduce a 24.000.

El PP se enfrenta a la mayor bajada de fidelidad de sus electores: mientras que 60.000 de ellos “no sabrían ahora qué votar”, otros 24.000 apoyarían a los de Abascal. El barómetro, por tanto, recoge que los populares de la Región tienen un problema “entre los electorados más moderados”; sus liderazgos, propuestas y políticas públicas desafectan “enormemente” a este tipo de votante.

Por su parte, Vox se consolidaría como segunda formación política y contaría con una estimación del 25,3%, siete puntos y tres escaños más en la Asamblea Regional frente a los nueve que obtuvo en las últimas elecciones autonómicas, cuestión que el barómetro de otoño del CEMOP asocia a la fortaleza de su líder nacional, Santiago Abascal.

La encuesta también analiza “la capacidad tractora” de esta formación de ultraderecha que, en la Región, es capaz de atraer a 10.000 electores de partidos de izquierda, al tiempo que sumaría el apoyo de 35.000 nuevos votantes y viejos abstencionistas.

En el caso de celebrarse elecciones ahora, el PSOE obtendría dos puntos menos de lo que consiguió en los pasados comicios -un 23,9% frente al 25,9% en 2023-, por lo que perdería un escaño en la Asamblea Regional, pasando de los 13 actuales a 12.

El apoyo a los socialistas destaca por su fidelidad, en un 67%, aunque sorprende el hecho de que del 13% de sus transferencias, el 9% iría a parar a Vox frente al 4% que se movilizaría hacia el PP.

Podemos, en cambio, se mantendría incólume, defendiendo sondeo tras sondeo los dos diputados con los que cuenta en el Parlamento, con una estimación de voto del 5,5% y aumentando el apoyo un 0,7% frente al resultado de las elecciones autonómicas del 2023.

Otros partidos, como Sumar o Movimiento Ciudadano de Cartagena, no alcanzarían el 3% imprescindible para optar a la distribución de escaños en la Asamblea.

Sanidad y vivienda

El Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública atribuye esta reducción de apoyo a Vox frente a la encuesta del verano al hecho de que el foco mediático se ha desplazado de temas relacionados con la migración -a raíz de la 'cacería de migrantes' que se produjo el pasado julio en Torre Pacheco-, a otras cuestiones como son la sanidad y la vivienda.

El barómetro de otoño del CEMOP consta de 820 encuestas realizadas entre el 3 y el 21 de noviembre.

Varios miles de personas han recorrido la arteria principal de la capital murciana, la Gran Vía, para reclamar “el aumento de las políticas y recursos para la prevención y atención de las víctimas” de las violencias machistas. La Asamblea Feminista de la Región de Murcia ha convocado esta manifestación en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer desde la plaza de la Fuensanta hasta la de Martínez Tornel.

“¡Ni una más ni una menos, vivas nos queremos!”, “¡No es no, lo demás es violación!” y “¡Aborto legal en el hospital!” han sido algunas de las proclamas escuchadas a lo largo de la manifestación que ha transcurrido bajo las luces navideñas. “No vamos a dar ni un paso atrás en los derechos conquistados y seguiremos luchando contra todas las violencias hacia las mujeres”, se recoge en el manifiesto de la Asamblea Feminista.

“Hoy es un día para el recuerdo, la reinvindicación y la lucha”, ha dicho Isabel Gadea, portavoz socialista, en la plaza de la Fuensanta. “Vamos a defender a las mujeres que hoy en día sienten miedo, que con sus hijos e hijas se sienten indefensas”, ha asegurado, recordando a las 38 mujeres asesinadas este en el país, entre ellas dos en la Región de Murcia. También ha tenido una mención expresa a Nadia, la niña de cinco años víctima de la violencia vicaria, “la forma más extrema de violencia que hay”.

Ante la supresión de concejalías de Igualdad en distintos municipios murcianos, Gadea ha pedido al Partido Popular que “se posicione: o está al lado de las víctimas o al lado de los agresores”. También Penélope Luna, coordinadora regional de IU ha exigido al Gobierno regional que adopte “medidas efectivas y políticas públicas” que pongan en el centro la seguridad de las mujeres “frente a los discursos de odio”.

En este sentido, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha denunciado que el Parlamento murciano lleva tres años sin que se celebre ningún acto institucional recordando la memoria de las mujeres asesinadas por la violencia machista. “Vox ya nos echó en 2019 a la puerta de la Asamblea para conmemorar este día y el Partido Popular se lo compró, pero llevamos ya tres años que ni en la calle ni dentro”.

Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia, desmiente que las políticas contra la violencia de género sean ineficientes, puesto que desde el 2003 hasta la fecha “la cifra de víctimas ha disminuido de 71 a 39”. También pone sobre la mesa que “tanto víctimas como victimarios son nacidos en España en más de un 60%”.

“Ola neoconservadora”

María, de la Asociación Feminista Obrera, cree que la ultraderecha está ganando con su discurso y “eso es lo que tenemos que combatir. Entre los jóvenes hay una ola neoconservadora que no había visto en mi vida”. Gabriel, de 22 años y estudiante de la Universidad de Murcia, defiende que “con el auge de la ultraderecha es muy necesario manifestarse”. “Algunos jóvenes están negando la violencia de género y pidiendo volver a unos tiempos que, precisamente, había más violencia, como era el franquismo”. Conoce la violencia machista de cerca, ya que su hermana la sufrió durante siete años.

David, profesor de secundaria de Geografía e Historia, quien ha acudido a la manifestación junto a su mujer e hijos, también se muestra sorprendido cuando sus alumnos cuchichean en clase al explicar el sufragio femenino en España o las reivindicaciones de las mujeres en la lucha obrera. “Intento desmontarles los argumentos de los influencers de ultraderecha que ven en redes. Les digo que lo que les venden como ultramoderno para mi abuelo era ser un carca. Es mucha la responsabilidad que tenemos los docentes”.

Televisión, mujeres y derechos

A Dora, de 18 años, le gustaría no sentir miedo al volver de noche a casa. “Queremos que nuestras amigas estén a salvo”, ha añadido la joven. Ha ido acompañada de su madre, Carlota, quien se ha quejado del trato que le dan a las mujeres en la televisión: “Tanta presión sobre el físico, los comentarios que reciben o los insultos. No les podemos dar este ejemplo a los más jóvenes”.

Los medios de comunicación también pueden mejorar sus coberturas sobre la violencia machista: “Aunque últimamente han dado pasos adelante en su forma de tratar la violencia de género, tenemos que seguir trabajando en ese camino para no revictimizar a las víctimas y hacer de palanca para que la sociedad cambie y ponga en la agenda política esta lacra”, han reclamado desde la Plataforma Colombine de Periodistas Feministas de la Región de Murcia.

Silvia Marte, representante de la asociación El Parto es Nuestro en la Región, acompañada de amigas e hijos, ha señalado que “es un día para reivindicar que se respeten nuestros derecho sexuales y reproductivos y el fin de la violencia obstétrica, así como que se respete la ley del aborto”.

Este año el Movimiento Feminista de la Región de Murcia no se ha sumado por primera vez a la marcha del 25N al sentir que esta fecha se instrumentaliza para reforzar “lógicas punitivas” e incidir en “la violencia basada en el binarismo de género”.

“Se ha dispuesto denegar la ayuda al no haber crédito suficiente para la concesión y pago a dichos expedientes”, recoge la misiva recibida por Juana en la capital murciana y con la que ha descubierto que no recibirá la Ayuda al Alquiler Joven en la Región de Murcia. Ni ella, ni el resto de personas que están esperándola desde hace más de dos años. De acuerdo con la Consejería murciana de Fomento, los fondos de procedencia estatal que financiaban esta ayuda se han agotado: “¿En qué se han gastado el presupuesto? Conozco a muchas personas que han pedido la ayuda, pero a nadie a quien se lo hayan concedido”, plantea la joven.

Esta subvención se lanzó en 2023, con el objetivo de pagar hasta el 60% del alquiler, con un máximo de 360 euros al mes para vivienda y 180 para habitaciones. El plazo de presentación estuvo abierto durante casi dos años, hasta marzo de 2025, pero la notificación de que se había agotado lo presupuestado llegó este miércoles.

La directora general de Vivienda, María Dolores Gil, ha insistido en que desde la Dirección General de Vivienda “se han explorado durante meses diferentes opciones para poder atender la totalidad de solicitudes recibidas, incluida la petición formal al Ministerio de Vivienda para redotar la partida con remanentes del Bono de Alquiler Joven”. Desde Fomento han asegurado que por parte del Ministerio “siempre ha habido una negativa por respuesta”.

La Consejería no ha especificado ni el número de personas que se han beneficiado hasta ahora de esta subvención ni cuántas se han quedado fuera del proceso, pero insiste en que el importe aportado bajo el marco del Plan Estatal de Vivienda ha resultado “escaso”: “El crédito restante [destinado a la ayuda] son 6141,45 euros (3853,25 euros en 2025 y 2288,20 euros en 2026)”, ha defendido Fomento en la carta enviada a los solicitantes, indicando que la cantidad del siguiente expediente para conceder (12.420,00 euros) “superaría la cantidad del crédito restante”.

Nueva convocatoria

Tras el anuncio la Consejería se ha comprometido a lanzar una nueva convocatoria “dotada con dos millones de euros de fondos íntegramente regionales”: “Esta nueva línea permitirá valorar nuevamente los expedientes que no pudieron ser tramitados por la escasez de los fondos estatales asignados a esa ayuda”.

“No hay un problema de fondos, sino de gestión. ¿Para qué quieren más dinero si no son capaces de gastarlo?”, se preguntan desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Desde el Ministerio se han transferido a la Región de Murcia 26 millones de euros al Bono de Alquiler Joven desde 2022.

“Desde que estuvo el consejero de Vox [José Manuel Pancorbo, en Fomento] en 2023 no han conseguido poner en marcha estos programas”. Apuntan, además, que la Región tiene autonomía financiera para ampliar los fondos de estos planes, como ha hecho, en este caso, Catalunya.

Mientras ambos organismos se señalan, el Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución territorial de las ayudas financieras estatales para el Bono Alquiler Joven 2025. El importe aciende a 200 millones de euros, de los que la Región de Murcia recibirá 8,8 millones de euros, lo que representa el 4,40% del total.

“Un bizum” al casero

“Este tipo de ayudas no sirven para solucionar el problema. Son un bizum directo para los caseros. Si me das una ayuda del alquiler, pero no topas los precios del alquiler, la respuesta de la patronal inmobiliaria y los rentistas será subir los alquileres”, ha afirmado el portavoz del Sindicato de la Vivienda, Pablo Vidal.

Precisamente, este es el caso de Claudia, una de las afectadas por la denegación de esta ayuda. Cuando visitó por primera vez el piso en el que reside desde hace dos años, su casero la recibió con un documento explicando cómo solicitar las ayudas del alquiler: “El piso eran 650 con el garaje, y mi casero dividió el importe entre la casa y la cochera, para que así pudiera recibir la ayuda. Mi piso en esos momentos no valía los 650 euros que el casero me quería cobrar, pero él insistía en que con la ayuda se me quedaría el alquiler en 350”, ha explicado a elDiario.es.

“Muchísimas personas la solicitaron y emprendieron proyectos de vida acordes con esa ayuda y luego se han dado de bruces con que han adquirido una deuda que a ver ahora cómo solventa”, ha corroborado Vidal. “Aunque estas subvenciones fueran solo un parche, en este momento son necesarias. En otras comunidades autónomas se están gestionando mucho mejor”.

“La solución a esta crisis de vivienda no puede pasar por los gobiernos que la están favoreciendo. Es muy importante señalar que en toda esta situación los gobiernos no solo no son neutrales, sino que son parte del brazo político de la patronal inmobiliaria y de la industria financiera”, ha dicho el portavoz del Sindicato de la Vivienda.

Sobre lo ocurrido en la Región, Vidal no descarta que la falta de fondos sea “una maniobra controlada”: “Esto forma parte de la política del Partido Popular en materia de vivienda, que es la misma que en educación y en sanidad. Vaciar de fondos lo público para traspasarlo a lo privado”.

Un proceso “opaco”

La denegación -según Fomento, temporal- de las Ayudas al Alquiler Joven es la gota que colma el vaso de unas subvenciones que el Sindicato de la Vivienda ha definido como “opacas” desde el principio: “Han estado marcadas por el silencio administrativo, ya que los solicitantes nunca han recibido respuesta. Simplemente, les han dicho que estaba en trámite y ya”, ha denunciado su portavoz. Algo que corroboran tanto Juana como Claudia: “Solicité la ayuda en marzo de 2024, y no he recibido ningún tipo de notificación desde entonces”, ha explicado la primera.

Claudia solicitó la ayuda dos veces, la primera de ellas fue en marzo del 2023, cuando le fue denegada porque no cumplía uno de los requisitos: “Fue algo que descubrí porque fui a Fomento, y ya por aquel entonces me dijeron que no les quedaba dinero. Hace medio año, cuando quería ver el estado de mi segunda solicitud, me dijeron que otra vez se habían quedado sin fondos”.

Petición de dimisión del consejero y “ayudas electorales”

El diputado socialista en la Asamblea Regional, Miguel Ortega, ha exigido este viernes la dimisión del consejero de Fomento, Jorge García Montoro, por bloquear las ayudas del Bono Alquiler Joven, cuyos solicitantes han estado más de dos años esperando que la administración regional les ingrese los fondos destinados por el Gobierno de España.

El secretario de comunicación de Podemos en la Región, Víctor Egío, ha señalado esta mañana que el Gobierno regional ha dejado “tirados a centenares de jóvenes que solicitaron esas ayudas”.

El portavoz morado ha recordado que fue en abril de 2023, un mes antes de las elecciones autonómicas, cuando el Ejecutivo regional anunció esta convocatoria de ayudas propias. Desde Podemos exigen una ampliación de crédito “para pagar a los jóvenes que solicitaron esas ayudas”. “No nos vale un anuncio de futuras convocatorias. Lo que queremos es que López Miras pague ya”.

El expresidente de la Región de Murcia entre 1995 y 2014, Ramón Luis Valcárcel, ha comparecido este lunes como testigo en la décima jornada del juicio del caso 'Novo Carthago' que investiga la recalificación ilegal de terrenos parcialmente protegidos cerca del Mar Menor para la construcción de un macrocomplejo de 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo promovido por Hansa Urbana y que se celebra casi veinte años después. Dos de sus consejeros, los titulares de Agricultura y Obras Públicas, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, se sientan en el banquillo junto con otros cinco altos cargos del gobierno regional, imputados por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.

Valcárcel, quien fue señalado en la instrucción como figura fundamental en la tramitación del proyecto, ha eludido su responsabilidad al respecto: “Deciden el consejero, los directores generales y un buen número de funcionarios”. “Yo no di el visto bueno”, ha abundado. De hecho, solo ha reconocido saber de la existencia de 'Novo Carthago' cuando llegó al palacio de San Esteban, la sede del Gobierno regional, la invitación a la presentación del proyecto en 2003 en un hotel de La Manga por parte de Hansa Urbana.

Tampoco ha admitido haber formado parte de la reunión que mantuvo Hansa Urbana con Cerdá en San Esteban en junio de ese mismo año para impulsar la construcción del proyecto, ante las preguntas formuladas por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano, quien sufrió en 2016 el robo en su domicilio de un ordenador con la información del caso. El antiguo jefe del Ejecutivo murciano ni siquiera ha aceptado haber obtenido información sobre el tema por parte de la antigua alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro o de representantes de la promotora.

Lozano también quiso saber el motivo por el cual el expresidente del gobierno murciano había paralizado otra modificación urbanística previa en el saladar de Lo Poyo -que también formaba parte del macroproyecto de Novo Carthago-, a lo que Valcárcel esgrimió que se debió a “dudas políticas” y no “técnicas”.

Para Pedro García, director de la Asociación de Ecologistas del Sureste (ANSE), la acusación particular, Novo Carthago fue “un gran símbolo” del “urbanismo salvaje” de la época al tratarse de uno de los pocos proyectos en los que el propio expresidente del Ejecutivo murciano “participó en la propia presentación junto con [el golfista] Severiano Ballesteros”. “Hay que recordar que el gobierno de Valcárcel, con el consejero Cerdá durante varias legislaturas, desclasificó 11.000 hectáreas de espacios protegidos en la Región de Murcia”.

El que entonces fuera presidente de la asociación ecologista se reunió hasta en cuatro ocasiones con Valcárcel para advertirle del “Mar Menor y sus problemas, incluidas estas urbanizaciones”.

“Si la justicia hubiera funcionado más o menos rápida, seguramente muchísimas de los de las pujas descomunales en el sector urbanístico de muchos bancos y cajas no habrían sucedido”, ha señalado García.

Un informe a favor y otro en contra

Este proyecto de presunta corrupción urbanística tuvo lugar a partir de 2006 cuando se inició la investigación de la denominada Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena y del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que iba a afectar a espacios naturales como el Saladar de Lo Poyo, clasificado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA), entre otras figuras.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue emitida favorablemente, a pesar de algunos informes técnicos negativos. Así, las modificaciones que se realizaron en el PGOU y en el PORN en 2003 tenían supuestamente la pretensión de suprimir la protección de los terrenos afectados.

“En lugar de encargarle que hiciera el informe a la persona responsable de las autorizaciones ambientales de la Consejería, se lo piden a otra o, incluso, lo hace el mismo director general, lo cual, es algo atípico”, ha apuntado a este periódico con respecto a los informes de la DIA el abogado de ANSE, José Manuel Muñoz. “Había dos informes: uno favorable y otro en contra y eligen el que estaba a favor”.

La Fiscalía pide para el exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente tres años y medio de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo como presunto autor de los delitos de falsedad y prevaricación. Para el antiguo titular de Obras Públicas y también delegado del Gobierno entre 2011 y 2015, el ministerio público solicita seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Caso 'Desaladora'

Valcárcel se enfrenta a otro proceso judicial en Murcia por presunta corrupción en la construcción y explotación de la planta desalinizadora de Escombreras (Cartagena), en el que se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude. El juicio oral comenzará en septiembre de 2027, con 21 sesiones previstas y la comparecencia de unos 80 testigos.

El Ministerio público pide para el expresidente penas que suman 11 años y medio de prisión, 20 años de inhabilitación absoluta y otros 27 de inhabilitación especial. La acusación popular elevó la petición a 15 años de cárcel  por los delitos de fraude y malversación y otros 15 de inhabilitación. La fianza impuesta al expresidente murciano es el montante que supuso el sobrecoste de la desaladora, 74 millones de euros.

El caso investiga un presunto fraude de 600 millones relativo a la construcción de la desaladora de Escombreras dentro de un entramado societario que buscaba dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.

“Que el pueblo palestino sepa que no está solo, que España está con Palestina”, esgrime Siham, de 24 años, mientras porta una bandera del país en la cabecera de la manifestación en contra del genocidio en la Franja de Gaza que ha arrancado a las 18.00h en la plaza de la Fuensanta de Murcia, antes de enfilar la Gran Vía. Delante de los manifestantes y desde una furgoneta con altavoces se lanzan las primeras proclamas: “¡Hola, hola, hola, Palestina no estás sola!” y “¡Re-sis-ten-ci-a!”.

La arteria principal de la capital del Segura se ha llenado de gente hasta tal punto que no se distingue la cola de la marcha casi al final de la calle. Ginés Fernández, coportavoz de Palestina Libre en Murcia, se muestra sorprendido ante el éxito de la manifestación que se ha convocado bajo el lema 'Ni genocidio ni colonialismo, fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel'; y a la que calcula que han asistido unas 5.000 personas: “Es el doble de lo habitual”. “¡Gaza no estás sola, Murcia está contigo!” y “¡Palestina, libertad!”, gritan los manifestantes.

“Tanto BDS como nosotros hemos convocado en este momento excepcional y tan crucial en el que se vive a la vuelta de los últimos acontecimientos con la detención de la flotilla y el plan de paz. Consideramos que este último es una estafa, una trampa para el pueblo palestino”, explica Fernández.

También pide el activista que el Gobierno de España deje de “tan pusilánime” y tenga “mayor contundencia” con Israel y Netanyahu para que los detenidos de la flotilla vuelvan “a casa” y se cumpla el derecho internacional. En este momento, Israel ha deportado a 137 miembros de la flotilla a Turquía, aunque los 50 españoles siguen encarcelados sin fecha para volver.

Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO en la Región, también cree que “los gobiernos no están a la altura de las circunstancias. Y lo que no solucionan los gobiernos, lo tenemos que solucionar la ciudadanía. Es muy importante que se vea que hay una mayoría social que está en contra de este asedio, de este genocidio y de la matanza que está ocurriendo ahora en la Franja de Gaza”.

Familias con familias

La convocatoria ha reunido a gente de todas las edades, 'yayoflautas' y también a familias, como la de Esther Nevado, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, que ha venido con su mujer y sus dos hijos. “Nos hemos unido a la manifestación para defender a las familias que están siendo inocentemente masacradas en Gaza. Se me clavan las imágenes de las madres con sus hijos en los brazos muertos de hambre”.

Daniela y Diego también han traído a su hijo Esteban en un carrito. “Esto no tiene el tamaño de las concentraciones en Barcelona, pero estamos muy orgullosos de que en Murcia haya salido tanta gente a la calle”, dice Daniela.

Algunos manifestantes comparten una botella de agua y portan vasos con granizados de limón para hacer frente el calor que ha vuelto a la ciudad. Otros portan carteles escritos en apoyo a Gaza, como 'Basta de bombardeos, sanciones a Israel’, hay quienes lucen una sandía en la solapa o llevan el pañuelo tradicional palestino, la kufiya, colgado sobre los hombros o envuelto en el cuello.

Para Sahad, de 20 años, “con la situación que hay, callarnos es una manera de estar participando de una manera indirecta. Estamos aquí alzando nuestra voz para que pare ya el genocidio, ya que está dirigido contra una comunidad en concreto”.

Respecto al plan de paz presentado por Trump, Sahad no se muestra muy convencida: “Al final y al cabo es lo mismo que está pasando en Ucrania. Las negociaciones siempre están ahí, pero son en vano porque ya llevamos bastante tiempo con esta situación y no vemos soluciones. Los dirigentes están muy bien en su sitio, pero la población es la que está sufriendo”.

Murcia se ha sumado este sábado a las más de 70 movilizaciones que se han convocado en toda España. La protesta ha terminado más de dos horas después frente a la delegación de Gobierno, en Teniente Flomesta.

Prevaricación, tráfico de influencias y cohecho: estos son los delitos por los que se han sentado en el banquillo los siete ex altos cargos del Gobierno de la Región de Murcia, entre los que se encuentran los antiguos titulares de Agricultura, Antonio Cerdá, y Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, junto con la empresa Hansa Urbana, en el juicio que ha comenzado este lunes a las 10 de la mañana por el pelotazo urbanístico del 'caso Novo Carthago' en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de la capital del Segura.

Estos presuntos delitos de corrupción política están relacionados con la recalificación hace casi veinte años de terrenos situados en la zona del municipio cartagenero conocida San Ginés de la Jara y cercanos al Mar Menor, y considerados protegidos y no urbanizables. El proyecto consistía en la construcción de 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo y afectaba a espacios naturales como el Saladar de Lo Poyo, clasificado como LIC y ZEPA, entre otras figuras.

En el escrito de la acusación del fiscal se establece que presuntamente hubo acciones ilegales para llevar a cabo este proyecto, cuando la normativa urbana no lo permitía. La Declaración de Impacto Ambiental fue emitida favorablemente, a pesar de los informes técnicos negativos. Así, las modificaciones que se realizaron del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena y del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en 2003 tenían supuestamente la pretensión de suprimir la protección de los terrenos afectados.

Ejecutivo de Valcárcel

El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ejerce la acusación particular, señalan como principal responsable al ex consejero de Medio Ambiente, quien formó parte de varios Ejecutivos del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel. La Fiscalía pide para él tres años y medio de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo como presunto autor de los delitos de falsedad y prevaricación.

El abogado Aurelio Llanes, responsable de la defensa de Cerdá, ha defendido ante la Sala que los hechos que se imputan a su cliente se encuentran prescritos, al tiempo que señaló que su actuación no debe ser vista como un acto administrativo. Estas cuestiones fueron rechazadas por el tribunal, así como las planteadas por las otras defensas.

Para otro de los pesos pesados del Ejecutivo de Valcárcel, Joaquín Bascuñana, quien estuvo al frente de la consejería de Obras Públicas, y también fue delegado del Gobierno entre 2011 y 2015, el ministerio público solicita seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Asesores y exdirectores generales

Entre los acusados figura también una exasesora de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, para la que pide tres años y tres meses de cárcel y multa de nueve mil euros por falsedad y prevaricación, junto con la inhabilitación especial por mismo tiempo. Además, reclama para ella cinco meses de cárcel y multa de 125.000 euros por un supuesto delito de blanqueo de capitales por el ingreso de esa suma en sus cuentas, siendo la misma de origen desconocido, por lo que pide también que sea condenada a devolverla.

También se sientan en el banquillo el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el antiguo director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló y el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, quienes están acusados de prevaricación y se enfrentan a peticiones de cinco años de inhabilitación. El exdirector general de Medio Natural Carlos Brugarolas falleció en 2019.

Petición para suprimir la declaración del promotor

Por su parte, el abogado de la defensa de la empresa Hansa Urbana pidió en esta primera vista que el director de la empresa Rafael Galea no declare como testigo al haber sufrido recientemente un infarto al corazón. El tribunal, por su parte, se comprometió a analizar la documentación médica.

El calendario del juicio incluye una veintena de sesiones hasta el 11 de noviembre. Entre las 36 personas citadas a declarar se encuentran el expresidente Valcárcel, cuyo juicio para el 'caso Desaladora de Escombreras' está fechado para 2027, el exconsejero Francisco Marqués y la antigua alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.

El tribunal está presidido por el magistrado ponente y presidente de la Sala, Álvaro Castaño Penalva, acompañado por los magistrados Concha Roig Angosto y Ricardo Cuevas Vela.

El fiscal de Medio Ambiente va a iniciar una segunda ronda de responsabilidad ambiental en lo concerniente a los daños ocasionados al Mar Menor y exigirá a la Comunidad que unas diez empresas, de carácter agrícola y ganadero, restauren los perjuicios producidos en la laguna. Así lo ha avanzado este jueves el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, con motivo de la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024.

Precisamente, ha destacado que el apartado de medio ambiente y urbanismo es la sección de la Fiscalía de Murcia donde más diligencias se incoan, con un total de 217, la mayoría de ellas en Murcia y tan solo siete en Cartagena, lo que supone un 34,83% del total.

En lo concerniente al Mar Menor, ha recordado que la primera sentencia fue de conformidad por imprudencia grave y se rebajó la pena a los límites legales.

No obstante, ha señalado que se está a la espera de que la Audiencia Provincial fije fecha para celebrar el juicio oral principal, el más voluminoso, que se ha incoado en el Juzgado de Instrucción de Murcia y que, por el tema del Mar Menor, se derivaron 36 diligencias previas para diferentes autores de conductas de contaminación, de laS que se han formulado diez escritos de acusación por el fiscal, solicitando el archivo en cuatro supuestos.

También se está persiguiendo el tema de contaminación acústica, con dos escritos de acusación y ha recordado que ya consta que de las diez empresas que se iniciaron en esa primera vía de actuación “prácticamente han sido sancionadas todas por parte de la Comunidad en vía administrativa”.

Por el Mar Menor se presentaron en 2024 cuatro escritos de acusación por vertidos ilegales procedentes de desalobradoras, con 36 diligencias incoadas (14 en Cartagena y 22 en San Javier), de las que se formuló escrito de acusación para 10 casos y el archivo de 4, ha reiterado.

Agresiones sexuales a menores

Las agresiones sexuales por parte de adultos a menores de 16 años han aumentado hasta un 131% en los dos últimos años, mientras que los delitos contra la libertad sexual entre menores en ese mismo periodo han crecido un 207%, ha advertido José Luis Díaz Manzanera.

El fiscal ha apuntado que este incremento se debe a que los menores tienen un acceso “cada vez más temprano” a las nuevas tecnologías. Díaz Manzanera se ha mostrado partidario de legislar un mínimo de edad para tener acceso a las redes sociales, al tiempo que hacer responsables a los padres de dichos delitos. En Australia, donde se ha aprobado la legislación más estricta al respecto, los menores no pueden usarlas hasta cumplir 16.

Las nuevas tecnologías también dificultan la investigación policial, ya que “es fácil darse de alta y baja” en redes sociales como Instagram, Facebook o X, lo cual permite “la usurpación de la personalidad”. Por otro lado, al producirse estos ciberdelitos en empresas internacionales, como es el caso de Google en Estados Unidos, se retrasan “mucho” las respuestas a las pesquisas llevadas a cabo por la policía.

Menos delitos de violencia contra la mujer, más pulseras telemáticas

El año pasado, en cambio, se registraron menos delitos relacionados con la violencia contra la mujer, un 7% menos que el curso previo, “según los datos registrados en el programa Fortuny”. Manzanera ha subrayado que de las 55 sentencias absolutorias, la mayoría se han debido al “silencio de la víctima o falta de acusación particular”.

Por otra parte, sí que ha habido un aumento de las pulseras GPS, un dispositivo telemático que usan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para comprobar que se cumplen las órdenes de alejamiento entre víctima y agresor. En la Región, 207 personas llevan este dispositivo. El aumento en el uso de estos dispositivos no es óbice para que también se hayan registrado problemas técnicos que conducen a que las víctimas renuncien a la aplicación de dicha medida.

El Gobierno central ha creado una plaza de juez y fiscal en Murcia y lo mismo en Cartagena para asumir el aumento de carga que se producirá a partir de octubre en los juzgados de Violencia sobre la Mujer, ya que también juzgarán asuntos que “no se correspondan a las relaciones de pareja o expareja, como es el caso de la trata”. Manzanera se ha lamentado de que estuviera prevista otra plaza en Lorca que, finalmente, se ha asignado a Catalunya.

La comunidad con el menor número de funcionarios

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia es “la primera de España en carga de trabajo y la décima en número proporcional de fiscales”, ha subrayado Díaz Manzanera. A pesar de que la plantilla de fiscales ha aumentado a 70, más otros ocho de refuerzo, “faltan al menos diez fiscales más para equipararnos a la media nacional”.

En cuanto a los funcionarios, la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España con una “ratio” de funcionario-fiscal de 0,45 cuando la media es de 0,64.

Como “éxito rotundo” ha calificado Díaz Manzanera la campaña de apertura de la Fiscalía a la sociedad murciana: el fiscal jefe de Murcia ha explicado a “casi 20.000 chavales” en los centros educativos cómo funciona esta institución, subrayando especialmente “el principio de igualdad” entre sexos, razas o religión.

El fiscal superior de la Región espera que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sea “absuelto” en el juicio oral tras la apertura realizada por el magistrado Ángel Hurtado. Díaz Manzanera considera que dicho proceso no afecta a la Fiscalía regional, aunque ha reconocido que este procesamiento “puede afectar a la imagen institucional”.

Juan Antonio Pedreño negocia en su pequeño despacho de Ucomur, la organización empresarial que preside de economía social de la Región de Murcia, con voz templada, pero contundente. Se podría decir que es un hombre orquesta. No importa que al otro lado del teléfono o en la bandeja de entrada del correo electrónico que tiene proyectado en una pantalla de televisor aparezcan mensajes de secretarios de Estado, ministros o comisarios de la Unión Europea (UE).

Desde hace 44 años Pedreño ha estado defendiendo la economía social en distintos ámbitos. Actualmente, desde la presidencia de la Organización Europea de la Economía Social que representa a 2,8 millones de entidades que emplean a 13,6 millones de personas en la Unión, además de la entidad homóloga en España.

El cooperativista sigue ultimando reuniones bilaterales durante la primera Cumbre Europea de la Economía Social que se celebra en la capital del Segura desde este lunes 15 de septiembre hasta el viernes 19. El representante europeo de la economía social, quien viaja en avión un par de veces a la semana, cree que este tipo de empresas son imprescindibles para “fijar población” en entornos rurales, al tiempo que han demostrado su “capacidad de resiliencia” en los momentos de crisis, como ocurrió durante la pandemia de la covid.

Para que los lectores nos entiendan, ¿qué es exactamente la economía social y por qué es importante que tenga su propia cumbre europea?

Es la parte de la economía que reúne a empresas que están trabajando por una serie de valores democráticos y participativos, como son la igualdad, la equidad, el respeto por el medio ambiente y la democracia interna. Principalmente, son empresas que consideran que la persona tiene prioridad sobre el capital.

¿Qué significa para Murcia acoger un encuentro de este nivel y qué puede aportar la Región a la conversación europea?

Es un hecho histórico. Es la primera cumbre que se celebra de economía social en Europa y es en Murcia. Van a estar presentes todas las instituciones europeas, como la Comisión, el Parlamento, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. De la OCDE vienen hasta nueve ministros de diferentes países de Europa.

¿Cuál es su principal preocupación en estos momentos de giro geopolítico de la UE?

En este periodo de la nueva Comisión Europea, determinadas políticas sociales se están debilitando. Se ha cuestionado, incluso, la continuidad del Fondo Social Europeo. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, Europa tiene que destinar gran parte de su presupuesto a cosas que no pensaba, tipo aranceles, defensa, competitividad, línea estratégica autonómica de ámbito europeo. Entonces, claro, al tener que dotar esos ámbitos tiene que restar de otras partidas y ha optado por restarlo de partidas sociales. Esto es un problema también para toda la parte socio empresarial de Europa.

Lo estamos viendo con la elaboración de presupuestos. Los próximos presupuestos van a estar terminados a principio de 2027, pero se están negociando durante estos meses. En ese borrador de presupuestos ya falta dinero para las políticas sociales en comparación con el anterior. Incluso la interlocución de la parte social del ámbito europeo se ha visto debilitada. Cuando a juicio de la propia Comisión Europea, en el momento tan difícil de 2011 o durante el covid, muchos empleos se mantuvieron o los supermercados estuvieron llenos gracias a las cooperativas en muchos casos. No está bien invisibilizar la parte empresarial de la economía social. En España tenemos grandes empresas como la ONCE o Mondragón.

En Europa hay diferencias notables en el desarrollo de la economía social según el país, ¿cómo se trabaja para que este no sea un modelo exclusivo de unos pocos Estados más avanzados?

Ahora nos estamos encontrando con una situación geopolítica cambiante de hace dos años para acá. Los escenarios políticos son otros y lo que estamos haciendo es trabajar con los gobiernos de todo tipo, aunque haya habido cambios. Pero estamos teniendo dificultades para que entiendan, tal como lo hace el Gobierno de España, que la economía social es una prioridad o debe ser una prioridad.

Con actividades como esta queremos trasladar a Europa el mensaje de la importancia de potenciar la economía social como generadora de empleo que fija población y combate la deslocalización territorial.

¿Podría darnos un ejemplo sencillo de cómo la economía social mejora la vida cotidiana de la gente?

Para empezar las condiciones laborales y salariales son mejores. Pero lo que está haciendo la economía social, en definitiva, es que en muchos lugares de la Región de Murcia, por ejemplo, la gente no se vaya de su sitio. La gente no quiere abandonar el lugar donde está, entonces si es posible que yo pueda crear mi trabajo en mi zona, me quedo en mi zona. Una vez que una cooperativa consigue fijar una población, ya crecen los servicios también. Hay pueblos, como Oñate, en Guipúzcoa, en los que el 80% de la población trabaja en empresas cooperativas. En la Región, definitivamente, las empresas cooperativas están mayoritariamente en los pueblos.

Desde la perspectiva de género, ¿qué oportunidades abre la economía social para avanzar en igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral?

Las cifras nos dicen que en torno al 51 ó 52% de las personas que están en empresas de economía social son mujeres. En torno al 38% ocupan puestos de responsabilidad, pero tenemos que seguir trabajando en ese sentido.

En un contexto donde las grandes multinacionales acaparan el mercado, ¿qué capacidad real tienen las entidades de economía social para competir o influir?

Si pensamos en el valor que tiene lo local, creo que mucha. Europa le está dando ahora mucha dimensión al valor de lo local. Es decir, si el territorio me facilita lo que necesito mi dependencia de otros para obtener productos se reduce. ¿Qué ha ocurrido en los años pasados? Que en Europa hemos sido cómodos y hemos dejado de fabricar cosas importantes. El sector del textil en España ha desaparecido prácticamente al 100%. Si lo importante es potenciar lo local, la empresa más afianzada en el tema local es la nuestra. Hay que potenciar el comercio local y poder seguir comprando en una ferretería, un quiosco o una librería de tu pueblo.

Muchas veces se habla de transición ecológica, ¿cómo puede la economía social garantizar su participación en este proceso?

Queremos respetar el medio ambiente porque queremos respetar el entorno. Una empresa de economía social, cuando se crea, se fija en un sitio y no se mueve, no se deslocaliza nunca. O cierra o se mantiene ahí toda la vida. Entonces, nos interesa que nuestro entorno sea un entorno agradable, que no esté sucio o contaminado.

Después de la cumbre, ¿qué pasos siguen para garantizar que lo discutido aquí se traduzca en beneficios reales para los países europeos y no se quede solo en discursos?

La cumbre nos va a permitir valorar los primeros cuatro años del plan de acción y nos va a permitir proyectar los cinco años que quedan. Dado el momento que tenemos, también nos permitirá saber si el Parlamento y la Comisión Europea tienen la capacidad, a través de sus direcciones generales, de aportar los recursos necesarios.

Diez años después de que se empezara a investigar la 'Púnica', uno de los casos de corrupción más destacados del país en las últimas décadas, la Audiencia Nacional ha declarado este lunes culpables de la trama que afectó a la Región de Murcia a los principales investigados: el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE) y su antiguo socio Alejandro de Pedro, la que fuera directora del Instituto de Turismo de la Región Mariola Martínez Robles y el antiguo consejero murciano de Industria y Turismo Juan Carlos Ruiz (PP) y su jefe de gabinete, José Fidel Saura, según ha adelantado el diario La Verdad. Cada uno de ellos ha recibido penas que suman cuatro años de prisión por los delitos de fraude y cohecho.

También han recibido un año de condena por fraude y cooperador necesario por fraude Agustín Alonso, hermano del exregidor cartagenero, y Jesús Norberto Galindo, secretario del Instituto de Turismo, respectivamente; mientras que los trabajadores de la empresa Eico Francisco Javier Bueno y Sara Gargallo, que pertenecía a De Pedro, han sido ambos condenados a seis meses de cárcel como cómplices de un delito de fraude.

El antiguo primer edil cartagenero, la antigua directora del Instituto de Turismo de la Región, su secretario, el exconsejero murciano de Turismo y el que fuera su jefe de gabinete han recibido, además, siete años de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público por prevaricación administrativa.

Los socios Alonso y De Pedro eran el vínculo con los cabecillas de la trama a nivel nacional, el empresario madrileño David Marjaliza y el 'número dos' de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Ambos murcianos diseñaron una estrategia de negocio con la que ofrecía trabajos para la mejora de la reputación online pagados con fondos públicos, como fue el caso del exconsejero Ruiz. A pesar de que los representantes políticos se beneficiaban personalmente de estas labores, eran costeados con dinero público al firmarse contratos que simulaban otros servicios, como fue la promoción de la Región de Murcia en el extranjero.

Granados, el más relevante entre los acusados de la trama principal, es quien da nombre al caso: Púnica Granatum, el nombre del árbol en latín.

Dos expresidentes se enfrentan a 11 y 13 años de prisión

El antiguo presidente murciano Pedro Antonio Sánchez (PP) fue condenado en marzo de 2023 a tres años de prisión al ser considerado autor de dos delitos de prevaricación, el primero continuado en concurso con uno de falsedad, en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad.

Previamente, en julio de 2020 la Audiencia Nacional confirmó su sobreseimiento del 'caso Púnica'. El expresidente murciano fue investigado en esta pieza separada de Murcia por presuntos de delitos de fraude administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación.

El antiguo jefe del Ejecutivo murciano también tiene otra causa abierta en los juzgados de Lorca durante la tramitación de la construcción de una guardería en el municipio lumbrerense. En este caso se le investiga por una presunta malversación de medio millón de euros y se enfrenta a 13 años de prisión.

Otro de los expresidentes de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP), se enfrenta a 11 años de prisión por un presunto delito de fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada en el 'caso La Sal' o Escombreras. El juicio está fechado para finales de 2027.

El caso centra sus investigaciones en torno a un presunto fraude de 600 millones relativo a la construcción de la desaladora de Escombreras dentro de un entramado societario que buscaba dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.

PP, PSOE e IU-Verdes han aprobado en el Ayuntamiento de Yecla una moción planteada por este último grupo parlamentario y enmendada por el PP que condena “expresamente” la violencia racista y los discursos de odio, así como la “campaña de criminalización colectiva contra la comunidad marroquí y migrante”. Una moción que diverge radicalmente de la aprobada a principios de agosto por el PP y Vox en el muncipio limítrofe de Jumilla -con el que da forma el Altiplano- y que tiene como objetivo prohibir la celebración de la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán en el polideportivo de este municipio murciano.

“Uno puede ser yeclano de Marruecos, uno puede ser yeclano de Bolivia y uno puede ser yeclano de Pakistán”, espetó este lunes en el Pleno la alcaldesa de Yecla (PP), Remedios Lajara. La regidora dijo no entender cómo Vox, quien es su socio de gobierno en la localidad murciana, había sido capaz de decir que “el bipartidismo es causante de este problema”. “En las cuestiones ideológicas cada partido las llevará donde considere”.

Lajara se dirigió al finalizar el debate a los ediles de Vox para asegurar que “también seremos implacables con el que delinca, aunque eso debe nacer del Gobierno de España. Los ayuntamientos podemos poner buena voluntad, pero el Gobierno nos tiene que dar herramientas”, dijo.

Apoyo a las ONG y las comunidades de migrantes

En el texto de la moción, el consistorio yeclano se compromete a mantener un “contacto permanente” con las ONG que se dedican a dar apoyo, acogida e integración a personas migrantes -sobre todo, a aquellas que se dedican a “la atención a la infancia víctima de agresiones o amenazas”-, así como con las diferentes comunidades de migrantes que residen en el municipio.

Además, en la moción se insta al Gobierno de España a emprender “las acciones necesarias” para el cierre de aquellas cuentas que, desde las redes sociales, “transmiten y alimentan mensajes de odio, recurriendo en muchos casos a imágenes y vídeos falsos o descontextualizados que causan un gran daño social”.

De hecho, tanto las redes sociales como los influencers fueron una de las principales correas de transmisión de los mensajes de odio que impulsaron la cacería racista orquestada por los ultras el pasado julio en el municipio murciano de Torre Pacheco.

Piden que se rompa la coalición de Gobierno

El portavoz del PSOE de la localidad murciana, Cristóbal Ruiz, por su parte, ha recordado que el único grupo parlamentario que se ha desmarcado de la moción ha sido Vox con sus tres parlamentarios, al tiempo que le ha dicho al PP que “es el momento” de romper con su socio de Gobierno, ya que el PP “con sus nueve concejales puede gobernar mirando a derecha e izquierda”.

“Es el momento de recordarle al Partido Popular que el Partido Socialista le vuelve a tender la mano”. El portavoz socialista ha advertido al PP de gobernar la localidad murciana con un grupo político racista, como Vox. “Cuando el racismo y los sentimientos que van contra otras personas empiezan así, acaban llevándose a todos los partidos por delante”.

Las bases de los populares, “frente a la estrategia de Feijóo”

El portavoz de Izquierda Unida-Verdes en el consistorio yeclano, Alberto Martínez, también sostuvo en el debate que el PP debe romper la coalición con el partido de ultraderecha.

Martínez se ha mostrado orgulloso de que el Ayuntamiento de Yecla se posicione “de manera clara” frente al auge de los discursos de odio, especialmente “en un contexto de normalización de la xenofobia por parte de formaciones de ultraderecha”. “El racismo no surge de forma espontánea; es alimentado, planificado y ejecutado por partidos como Vox, que utilizan el miedo y la desinformación como herramientas políticas”.

Que el Partido Popular de Yecla se haya desmarcado de sus socios de gobierno “es una señal positiva que, además, demuestra que las bases de los populares no comparten la estrategia de Feijóo y de su dirección nacional en este asunto”, ha añadido.