Los grupos de la oposición en Cantabria han tumbado este lunes el Presupuesto para 2026 del Gobierno del Partido Popular presidido por María José Sáenz de Buruaga. Y lo han hecho en un pleno tenso desde el principio y marcado por la polémica en torno a la fórmula del debate y la votación de las tres enmiendas a la totalidad presentadas por parte de PRC, PSOE y Vox. Se han votado por separado, en contra de la voluntad de estos partidos que suman mayoría, y sin la suspensión cautelar que habían reclamado.

Por ese motivo, la formación de extrema derecha ha abandonado el hemiciclo y, posteriormente, su portavoz, Leticia Díaz, ha regresado para defender su enmienda a la totalidad en un turno de intervención en el que ha acusado a la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), de cometer “un ilícito penal” y de “vulnerar los derechos constitucionales de los parlamentarios” por no atender la medida cautelar del recurso presentado por su formación, al que se adhirieron regionalistas y socialistas, contra la resolución que determinaba la votación por separado de cada una de las enmiendas.

Y es que los tres partidos de la oposición querían una votación conjunta, porque reclamaban lo mismo: la devolución de las cuentas al Ejecutivo del PP. No obstante, los populares jugaron el viernes una última baza para salvar sus cuentas forzando que cada grupo tuviera que apoyar las enmiendas de sus rivales políticos -con notables diferencias ideológicas entre sí- para que salieran adelante, dada la “potestad para ordenar cualquier debate y votación” que le otorga el Reglamento de la Cámara a la presidenta de la misma, según el informe sobre esta cuestión elaborado por los letrados y dado a conocer este domingo.

Y así ha sido, pero no con el resultado esperado por un PP en minoría que esta vez no ha contado con el respaldo del habitual socio regionalista para sacar adelante los presupuestos. El Gobierno de Buruaga deberá rehacer las cuentas -o prorrogar las actuales-, por lo que Cantabria no tendrá Presupuestos nuevos al inicio de año, un escenario inusual en esta comunidad.

Y es que el Parlamento ha aprobado la enmienda a la totalidad del PSOE -la primera que fue registrada y, por tanto, la primera en votarse- con 18 votos a favor, 16 en contra y una abstención (la diputada socialista Eva Salmón se ha ausentado durante la votación). Una vez que ha salido adelante la primera enmienda a la totalidad no se ha procedido a votar las otras dos, puesto que los Presupuestos ya se devuelven al Gobierno.

La enmienda a la totalidad que ha salido adelante sólo ha contado con el rechazo de los 15 diputados del PP y del parlamentario tránsfuga de Vox, Cristóbal Palacio. El debate ha durado aproximadamente tres horas. Mientras el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), ha basado principalmente su intervención en las consecuencias que tendrá el 'no' a las cuentas autonómicas para los alcaldes -presumiendo de haber mantenido encuentros “cordiales y satisfactorios para ambas partes con más de 80”- la oposición le ha recriminado “el chantaje y la compra de voluntades”.

Los regionalistas han defendido su rechazo a estas cuentas, a diferencia de los dos años anteriores cuando sirvieron de muleta al PP para sacarlas adelante, asegurando que en esta ocasión no tienen “las propuestas y el sello regionalista”, al tiempo que han criticado nuevamente la “falta de gestión y de ejecución” de las de 2024 y 2025. “Quizá entonces pecamos de ingenuos o de ilusos”, ha asegurado su candidata autonómica, Paula Fernández: “Creíamos posible que la presidenta y sus consejeros gestionaran en minoría unos presupuestos buenos”.

Desde el PSOE han criticado la “falta de ambición” de los presupuestos, que tienen “unas cifras bonitas que luego no se cumplen”. “No dan respuesta a los problemas reales de la sanidad, de la educación o de la vivienda”, ha subrayado su portavoz, Mario Iglesias, quien ha hecho hincapié en el modelo privatizador del PP y en la “credibilidad en números rojos” del Gobierno de Buruaga.

Finalmente, Vox ha elevado el tono acusando a los populares de “fraude” y de haber hecho un “trabajo muy sucio y barriobajero al pretender engañar” con sus advertencias sobre lo que se perderá si no salen adelante estos presupuestos.

Los Presupuestos que ha presentado el Gobierno cántabro del PP para 2026 han recibido tres enmiendas a la totalidad por parte de los tres grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) que han sido admitidas a trámite y que se debatirán, en teoría, el próximo lunes. Y es que la celebración de la citada sesión está en el aire después de que este viernes la Mesa del Parlamento no haya logrado un acuerdo sobre la fórmula que se adoptará para su votación.

En ella, el PP ha expresado su disconformidad con que las enmiendas se voten de manera conjunta, tal y como pretenden los tres grupos de la oposición que suman mayoría. Los populares prefieren que el debate y votación se realice de manera individual para que los partidos se vean en la tesitura de tener que apoyar las enmiendas de sus rivales políticos.

Así, la formación que encabeza María José Sáenz de Buruaga ha optado por jugar su última baza para tratar de salvar sus cuentas para 2026, pese a que cuentan con el rechazo de la mayoría de la Cámara autonómica. Y es que si la fórmula que se adopta es la que pretende el PP, se produciría un escenario en el que habría que votar las enmiendas una a una, y al menos una de las tres tendría que recibir el respaldo de los tres grupos para que las cuentas fueran devueltas al Ejecutivo.

Para que las enmiendas salgan adelante son necesarios los votos de 18 de los 35 diputados del Parlamento: PRC tiene ocho representes, PSOE otros ocho y Vox cuenta con tres más un tránsfuga. De esta forma, y según la fórmula que quiere el PP, se iniciaría el Pleno con el debate y votación de la enmienda socialista -al ser la primera que se registró- la cual debería ser apoyada también por Vox.

Si esto no ocurriera, decaería y serían a continuación los socialistas quienes tendrían que respaldar la del partido de extrema derecha. Y si ninguna de las tres obtuviera los votos necesarios (tampoco la del PRC, última en registrarse), los Presupuestos del Gobierno de Buruaga sortearían este primer gran escollo y continuarían su tramitación.

Así, para evitar este tipo de situaciones y dado que reclaman lo mismo -la devolución de las cuentas-, los tres grupos de la oposición defienden que se lleve a cabo un único debate y una única votación. Sin embargo, ante la falta de acuerdo en la interpretación de la normativa, los servicios jurídicos de la Cámara elaborarán un informe que se tratará en la próxima reunión de la Mesa, para la que aún no hay fecha, pero que previsiblemente será el lunes a primera hora. De esta manera, serán los letrados quienes decidan la fórmula para llevar a cabo un Pleno cuya convocatoria se mantiene para las 10.00 horas del mismo lunes, pero cuya celebración está en el aire.

El Gobierno en minoría de María José Sáenz de Buruaga (PP) se enfrenta en este tercer año de mandato a un escenario político insólito: se verá obligado a remangarse de verdad para sacar adelante los Presupuestos de 2026. Y es que durante las últimas semanas se veía venir lo que finalmente ha ocurrido: su hasta ahora aliado para aprobar las cuentas de 2024 y 2025 -además de la investidura-, el PRC de Miguel Ángel Revilla, no se lo estaba poniendo tan fácil y ha terminado por registrar una enmienda a la totalidad del documento económico del PP para el próximo ejercicio.

Los regionalistas se han sumado así a PSOE y Vox, de manera que los tres grupos de la oposición han registrado sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Autonómicos para 2026, así como al de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como Ley de Acompañamiento. Dichas enmiendas se debatirán en el Pleno del Parlamento el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 10.00 horas.

En caso de salir adelante las tres o alguna de ellas, el Presupuesto sería devuelto al Gobierno de Cantabria y la comunidad autónoma iniciaría 2026 sin unas cuentas aprobadas. Ante esta situación, se abren varias posibilidades: el Ejecutivo autonómico podría elaborar un nuevo presupuesto; prorrogar las cuentas de 2025 o, incluso, convocar elecciones anticipadas.

Pero para llegar a ese punto, primero la Cámara autonómica debe aprobar este lunes alguna de las enmiendas a la totalidad que han registrado este jueves -fecha en que concluía el plazo para ello- los tres grupos de la oposición. El último en hacerlo ha sido el PRC, tras constatar que finalmente los populares han rechazado las seis condiciones que les habían exigido para sentarse a negociar. Y es que para el PP, tres de ellas estaban cumplidas y otra tres “son imposibles”.

Así pues, tal y como ha subrayado la candidata del PRC a las elecciones, Paula Fernández, los regionalistas dicen “tres noes” a estos presupuestos y al Gobierno del PP: uno, por haberlos registrado en la Cámara sin tener los apoyos necesarios para sacarlos adelante; otro porque no pueden ser “cómplices de la inacción y la falta de gestión” de este Ejecutivo, y el tercero, porque son unas “cuentas irreales que se olvidan del Estado del bienestar y del día a día” de los cántabros.

La también diputada regionalista ha resaltado que en su formación han sido “responsables, serios y transparentes” a pesar de que el PP “ha incumplido parte” de los acuerdos anteriores. “Si te engañan en 2024 y en 2025 casi con seguridad te engañarán en 2026. A pesar de ello, hemos abierto una puerta a negociar porque hemos puesto los intereses de la ciudadanía por encima de los del partido”, ha subrayado Fernández.

No obstante, los regionalistas han lamentado que se han encontrado “un PP cerrado”: “Siempre que se negocia tiene que haber cesiones y voluntad de diálogo”, han resaltado, asegurando que el Ejecutivo de Buruaga ha hecho “imposible” que puedan aprobar el presupuesto tal y como ha llegado al Parlamento.

Al mismo tiempo, Fernández ha criticado la gestión y la situación de un Gobierno “que vive de las rentas y de la propaganda”. “Cantabria lleva dos años y medio sin despegar, adormecida”, ha lamentado. Así, ha hecho un repaso por la sanidad, la educación, la industria, el empleo, los autónomos, el mundo rural, la vivienda o la juventud, entre otros.

“Este presupuesto no tiene la pluma ni la influencia del PRC, y eso se nota. Los regionalistas lo lamentamos muchísimo. Se olvidan del día a día de los ciudadanos de Cantabria. Estamos ante un castillo de naipes que se va derrumbando poco a poco con un Gobierno débil, en minoría, que no es capaz de negociar, que está paralizado y que no gestiona”, ha sentenciado.

Finalmente, ha pedido a la ciudadanía cántabra “que empatice” con el PRC: “Nuestra posición es muy difícil, queremos unos buenos presupuestos para Cantabria, pero no podemos en este momento ser cómplices de Buruaga en un declive de Cantabria”. “Por eso le pedimos al PP que vuelva a la casilla de salida, reflexione, lo haga bien y nos llame para participar de verdad”, ha concluido Fernández.

“Ansias de privatizar”

Por su parte, el PSOE registró este miércoles sus enmiendas porque las cuentas “esconden las ansias del PP de privatizar y desmantelar los servicios públicos”. “Presentamos una enmienda a la totalidad del presupuesto porque no compartimos ni las formas ni el fondo del PP. Un presupuesto que nace sin diálogo y acuerdo previo con un gobierno en minoría que ha dado la espalda al Parlamento de Cantabria”, ha manifestado el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias.

En este sentido, ha dicho que sus enmiendas no buscan “bloquear” sino “abrir una puerta al diálogo” para que se “reformulen las cuentas que no recogen lo que Cantabria necesita”. “Cantabria necesita presupuesto para cambiar el modelo productivo, para hacer frente al reto urgente de la vivienda para los jóvenes y también para afrontar los grandes retos de región”, ha expresado, haciendo hincapié en que “las cuentas del PP van en la dirección contraria”, además de que las de 2024 y 2025 “no se ejecutan e incumplen lo que acuerdan”.

“Están infladas para generar expectativas que no cumplen nunca”, ha insistido Iglesias: “Cantabria tiene recursos, por eso el presupuesto es mayor. Y tiene los peores servicios públicos de la última década”, ha lamentado.  

Por su parte, Vox también ha registrado este jueves su enmienda a la totalidad. Ya formación de extrema derecha ya avanzó esta semana su postura respecto a las cuentas -reclamaba bajadas masivas de impuestos y la retirada de partidas que considera “ideológicas” a ONGs y colectivos feministas- y acusó al PP de no querer negociar: “Es inaudito que un partido que gobierna en minoría actúe con la prepotencia que está demostrando”, dijo su portavoz, Leticia Díaz.

El PP, finalmente, ha lamentado que los tres grupos se hayan “unido en contra del presupuesto que Cantabria necesita para seguir avanzando”. “Desde el Partido Popular estamos convencidos que esta enmienda de la totalidad la tenían redactada incluso antes de llegar las cuentas a este Parlamento de Cantabria. Era algo previsible, más aún viendo cómo ha sido el comportamiento de los grupos, especialmente el Partido Regionalista y Vox, en las conversaciones y las negociaciones que hemos tenido con ellos para intentar llegar a un acuerdo y evitar esta enmienda a la totalidad”, ha afirmado el portavoz parlamentario popular, Juan José Alonso.

“El Gobierno del PP ha hecho lo que tenía que hacer: traer en fecha y forma unos presupuestos necesarios para que Cantabria siga profundizando en la agenda transformadora planteada por el Ejecutivo para la comunidad autónoma”, ha concluido.

Al Partido Popular no le están saliendo los números para sacar adelante su tercer presupuesto de la legislatura en Cantabria. Y es que todo parece indicar que en esta ocasión, el Gobierno en minoría de María José Sáenz de Buruaga no lo tendrá tan fácil como en las dos anteriores para aprobar las cuentas de 2026. Por un lado, el socio preferente hasta ahora, el PRC de Miguel Ángel Revilla, está mostrando más reparos para prestar sus votos, dados los “incumplimientos” que viene denunciando de los acuerdos previos. Y, por otro lado, Vox tampoco se lo está poniendo fácil.

La formación de extrema derecha ha denunciado este martes “los insultos y el desprecio” que ha recibido por parte de los populares. Ambas formaciones han protagonizado un cruce de declaraciones en el que se han acusado mutuamente de no querer negociar. Así, dadas las circunstancias, el partido ultra ha asegurado estar preparando su enmienda a la totalidad de las cuentas.

“Es inaudito que un partido que gobierna en minoría actúe con la prepotencia que está demostrando el PP”, ha señalado en rueda de prensa la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, quien ha acusado al partido de Buruaga de “no valorar ninguna de sus propuestas”. Se trata principalmente de bajadas masivas de impuestos -vía deflactación del IRPF- y de reducir partidas que define como “puramente ideológicas”, destinadas a ONGs o colectivos feministas.

Cuestionada sobre el escenario que se abrirá en caso de que salga adelante alguna enmienda a la totalidad de la oposición y el documento presupuestario sea devuelto al Ejecutivo autonómico, Díaz ha señalado que el PP tendrá que decidir “si prefiere gobernar con prórroga o si prefiere volver a seducir a su socio preferente, el Partido Regionalista”. “Entendemos que trabajará en el juego de la seducción”, ha pronosticado.

El PP, por su parte, ha criticado que Vox rechazara una invitación a reunirse este pasado lunes “para hablar de las propuestas presupuestarias planteadas” por su partido. “La voluntad de Vox de acordar con el Partido Popular era bastante reducida. Creo que la evidencia lo demuestra”, ha apuntado el portavoz popular, Juan José Alonso. “Quien cierra la puerta y no se reúne poca intención tiene de escuchar”, ha insistido, antes de concluir afirmando que su puerta “está siempre abierta”.

La rueda de prensa de Vox se ha producido 24 horas después de que la secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, dijera ante los medios que Vox “se ha autodescartado” de la negociación (por su negativa a acudir a las reuniones con el PP). Y lo hizo tras mantener el tercer encuentro con los regionalistas que dio como resultado un estancamiento de las negociaciones entre ambas formaciones. “No nos vamos a convertir en la comparsa de este teatro entre populares y regionalistas”, ha dicho este lunes la portavoz del partido de extrema derecha.

El PRC exige seis condiciones para apoyar las cuentas. Al respecto de las mismas, el PP asegura que tres “ya están cumplidas” y otras tres “son imposibles”. Así, los regionalistas hablan de “falta de voluntad” del PP para negociar y llegar a un acuerdo, mientras los populares les acusan de tener una “actitud intransigente” y de “enrocarse en unas condiciones inasumibles sabiendo que lo son”. El plazo para presentar las enmiendas a la totalidad concluye este jueves a las 12.00 horas.

La inversión de Cantabria en cooperación internacional se ha estancado y, desde 2024, presenta incluso una ligera caída. Así lo recoge el Informe 2025 de la Red de Coordinadoras Autonómicas de Organizaciones para el Desarrollo, analizado en la comunidad por la Coordinadora Cántabra de ONGD. El documento confirma que la llegada del Partido Popular al Gobierno autonómico supuso un retroceso en el presupuesto destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), rompiendo una tendencia al alza mantenida durante cinco años consecutivos.

Entre 2018 y 2023, Cantabria incrementó de forma sostenida su inversión en cooperación, alcanzando en 2023 los 4,5 millones de euros y un 0,13% del presupuesto total, su mejor registro reciente. Sin embargo, los primeros presupuestos autonómicos elaborados por el nuevo Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) en 2024 supusieron un recorte significativo: la cuantía se redujo a 3,94 millones. En 2025, lejos de recuperarse, volvió a caer ligeramente hasta los 3,91 millones, un 0,77% menos respecto al año anterior.

En términos porcentuales, Cantabria se sitúa este año en el 0,10% de su presupuesto, una cifra prácticamente idéntica a la de 2018 (0,09%) y muy por debajo del compromiso internacional del 0,7%, recogido en la Ley estatal de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. La comunidad también queda por debajo de la media autonómica del 0,12%, situada igualmente lejos del objetivo global.

Cantabria, en la mitad baja del ranking autonómico

En este sentido, Cantabria ocupa la décima posición entre las comunidades autónomas, por detrás de territorios como Euskadi (0,35%), Navarra (0,31%) o La Rioja (0,26%), aunque supera a Galicia (0,06%), Castilla y León (0,07%), Canarias y Andalucía (0,04%), Castilla-La Mancha (0,03%), Aragón y Madrid (0,02%) y Murcia (0,01%).

Traducido a euros por habitante, Cantabria destina 6,59 euros por persona, una cifra por debajo de la media nacional, situada en 8,50 euros. Las comunidades que más aportan son Navarra (29,62) y Euskadi (26,26). Seguidamente, están La Rioja (16,62), Comunitat Valenciana (13,31) y Catalunya (11,77). En la cara opuesta están Comunidad de Madrid (0,68), Región de Murcia (0,68), Castilla-La Mancha (1,87) y Andalucía (2,17).

En un contexto marcado por crisis humanitarias, conflictos y emergencias climáticas, el informe alerta de que el conjunto de las comunidades ha detenido su avance.

“Resulta desolador comprobar cómo desde 2018 el porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo se mantiene en valores similares al actual 0,12%. Si consideramos la inflación de los últimos años, podemos afirmar que la ayuda en términos reales por parte de las comunidades se encuentra estancada desde hace casi una década”, ha lamentado Carles Xavier López, vocal de cooperación descentralizada de la Coordinadora, durante la presentación del informe en Andalucía.

La política de cooperación del Gobierno cántabro se enmarca dentro del III Plan Director de Cooperación al Desarrollo. Este año se ha presentado el Plan Bienal de Cooperación al Desarrollo 2025-2026, donde se establecen unos mecanismos y criterios básicos para la ejecución y evaluación del Plan Director.

Sin embargo, según señala la Coordinadora Cántabra de ONGD, en este no se establecen unos objetivos presupuestarios concretos, que sí se fijan en el Plan Director, que se sitúa el objetivo del 0,7% para 2030.

El informe también pone el foco en las administraciones locales. En el caso de Cantabria, destaca el Ayuntamiento de Santander, que destina el 0,14% de su presupuesto a cooperación -357.000 euros en 2024-, situándose por encima de la propia comunidad autónoma.

Finalmente, desde la Red de Coordinadoras Autonómicas, su portavoz, Irene Molero, ha hecho un llamamiento a las instituciones autonómicas y locales para revertir el estancamiento: “Es necesario tomar ejemplo de aquellos gobiernos locales y autonómicos que realizan mayores esfuerzos y en materia de cooperación, y de forma conjunta, dar un paso adelante en un momento crucial para el planeta, debido a la intensificación de los conflictos y el retroceso que han protagonizado donantes históricos”.

“Las políticas de cooperación son catalizadoras de la paz, el cuidado de las personas y el planeta, y la defensa de los derechos humanos”, ha concluido.

La posible eliminación de la opción de conservar la nota de oposiciones anteriores ha encendido las alarmas entre los docentes de Cantabria. Es por ello que la Junta de Personal Docente ha trasladado a la Consejería de Educación que dirige Sergio Silva (PP) su “firme petición” de que mantenga este criterio para la convocatoria de 2026.

Y es que hasta ahora, los aspirantes que han participado en procesos selectivos en Cantabria podían utilizar la mejor nota obtenida, ya fuera la lograda en la convocatoria actual o en alguna de las dos anteriores. Este sistema, aplicado históricamente en la comunidad, permite que quienes llevan años preparándose mantengan unas reglas claras y constantes entre convocatorias.

Sin embargo, los sindicatos afirman que la Consejería tiene intención de suprimir esta posibilidad en la próxima convocatoria, un cambio que genera “incomprensión y preocupación” entre los aspirantes. “Supone un perjuicio innecesario para quienes llevan años oponiéndose con unas reglas consolidadas y conocidas”, advierten los representantes sindicales.

En este sentido, el órgano de representación docente ha subrayado este sábado en un comunicado que conservar la nota anterior no solo aporta coherencia al proceso, sino que también garantiza que todos los candidatos compitan “en igualdad de condiciones respecto a convocatorias previas, evitando cambios repentinos que puedan afectar negativamente a su posición en las listas”.

Así pues, la Junta de Personal ha solicitado que la convocatoria de oposiciones del Cuerpo de Maestros de 2026 -cuya negociación comenzará el próximo lunes- incluya nuevamente esta opción. En el citado encuentro, la Consejería de Educación prevé plantear la oferta de 150 plazas distribuidas entre todas las especialidades, tal y como han adelantado los propios sindicatos.

La investigación abierta por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria, ocurrido el pasado mes de abril durante un acto de Memoria Democrática, ha hallado vínculos de los acusados con grupos de extrema derecha y Falange Española. Según ha adelantado la Cadena SER, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha levantado el secreto de sumario, donde figuran fotografías en las que los dos jóvenes detenidos -uno de ellos hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP)- aparecen haciendo el saludo fascista.

Además, tal y como ha avanzado este medio, en los teléfonos móviles de los investigados se encontraron búsquedas de cómo hacer un compuesto para que explote y consultas de Google sobre la zona donde se produjo el ataque. Ahora el caso se ha trasladado a la sección contra delitos de odio y discriminación de la Fiscalía. 

Y es que los hechos se produjeron dentro de la sede del PSOE de Cantabria cuando se celebraba un acto para reivindicar el cambio de nombre de 18 calles en Santander que aun mantenían la nomenclatura franquista. Un individuo encapuchado entró en la sede socialista, situada en la calle Vargas de Santander, y lanzó en su interior artefactos explosivos de fabricación casera, con líquido inflamable dentro de botellas de plástico

Las botellas explosionaron finalmente en la entrada principal de la sede, después de que una de las asistentes al acto, en el que había más de 70 personas, las cogiera y lanzara fuera antes de que detonaran, como finalmente ocurrió sin provocar daños personales. En estos artefactos caseros se podía leer el siguiente mensaje: “Frente a las mentiras revanchistas. PSOE = Satanás”

En septiembre fueron detenidos los dos jóvenes por su presunta implicación y ambos están actualmente en libertad con cargos. La alcaldesa de Bezana, Carmen Pérez, emitió un comunicado cuando trascendió la detención de su hijo por su presunta implicación en el caso.

“Mi hijo es mayor de edad, vive de manera independiente fuera de Cantabria y su presunta participación no puede vincularse de ninguna manera con mi actividad política, con el partido en el que milito, ni con mi responsabilidad como alcaldesa. Es una actuación personal de la que es el único responsable, por lo que confío en que no haya ni utilización política ni juicios paralelos”, apuntó. Asimismo, condenó el acto como “deleznable, que debe ser rechazado sin matices”. 

Posteriormente, el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, señaló en una rueda de prensa que “atentar contra la sede de un partido político es muy grave, más aún cuando se desarrolla durante un acto de memoria democrática”.

Asimismo, se refirió a que “el fomento de la crispación y los discursos de odio tienen consecuencias” e instó a la regidora de Bezana a “romper con la extrema derecha de Vox con la que gobierna” en su municipio. “Es una alcaldesa que gobierna con Vox y que, como el PP a nivel nacional, no condenan los atentados contra la sede de un partido democrático con 145 años de historia como es el PSOE”, lamentó.

El PRC no apoyará los Presupuestos de Cantabria para 2026. Los regionalistas han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad de las cuentas del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) ante “la falta de voluntad” de los populares de llegar a un acuerdo. No obstante, tras la reunión celebrada este lunes entre ambas formaciones, el PRC ha puntualizado que se mantiene “abierto al diálogo hasta que concluya el plazo de presentación” de las enmiendas, que será el 20 de noviembre.

Pero, en todo caso, ese diálogo será “sobre la base de las cinco condiciones” que han puesto los regionalistas a los populares -y que consideran “irrenunciables- para volver a apoyar sus cuentas (facilitaron la aprobación de las de 2024 y 2025), unas exigencias que ”no hay voluntad de cumplir“ por parte del PP, tal y como ha asegurado la diputada y candidata electoral del PRC, Paula Fernández.

“No hay voluntad de cumplir con las cinco premisas previas de gestión de compromisos adquiridos en este Parlamento, tres de ellos aprobados por el Partido Popular”, ha dicho tras el encuentro que ha durado 40 minutos, el segundo para tratar este asunto tras el que tuvo lugar el pasado jueves.

Así pues, según Fernández, las conversaciones quedan en “stand-by”, dado que el PP “ha cerrado toda puerta a intentar cualquier acuerdo sobre los requisitos exigidos”. “El PRC no va a seguir adelante sin que se cumplan esas premisas aprobadas por abrumadora mayoría en su Comité Ejecutivo”, ha subrayado.

“Así es como están las cosas, la responsabilidad de elaborar y aprobar el presupuesto siempre la tiene el Gobierno”, ha recalcado la diputada regionalista en declaraciones a los medios de comunicación.

La candidata electoral del PRC ha recordado que su partido vivió durante su etapa en el Gobierno situaciones similares y supo presentar en el Parlamento “un presupuesto negociado y trabajado para que pudiera aprobarse en beneficio de Cantabria”. Por el contrario, según Fernández, el Ejecutivo del PP ha remitido a la Cámara “un presupuesto sin una negociación previa”.

A preguntas de la prensa, ha explicado que el Partido Popular “no ha aportado razones que justifiquen su rechazo a las condiciones propuestas por el PRC”. “Es lo que más nos ha entristecido a todos, porque el otro día sí que se abrió una puerta a poner en marcha esas cinco medidas, que son posibles y están aprobadas por la mayoría de esta Cámara, pero hoy se ha cerrado toda puerta”, ha concluido.

Los requisitos regionalista para iniciar esta negociación incluyen mejoras en los hospitales de Laredo (restitución de dos enfermeras) y Tres Mares (puesta en marcha de la dispensación farmacéutica de medicamentos sujetos a visado y ampliación del servicio de hospitalización domiciliaria a todos los municipios de Campoo y los valles de Iguña y Anievas); la firma del acuerdo de adecuación salarial del personal docente sin la llamada 'cláusula Silva', que condiciona su aplicación a la aprobación del presupuesto; el abono de todas las ayudas y subvenciones pendientes al sector primario; la firma de la opción de compra del polígono de La Vega, en la capital campurriana, y un plan de choque para la prevención del cáncer de mama.

En el encuentro celebrado este lunes han participado, además de Fernández Viaña, el portavoz parlamentario, Pedro Hernando; el diputado y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; la presidenta del Comité Comarcal Pas-Pisueña, Beatriz Sáinz, y el teniente de alcalde de Guriezo, Luis Javier Casas. Por el PP han acudido la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, los consejeros de Economía y Fomento, Luis Ángel Agüeros y Roberto Media, respectivamente, y el portavoz parlamentario, Juan José Alonso.

La productora del artista cántabro Adrián Alonso estrena su nuevo musical el próximo 21 de noviembre en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid. La primera producción cántabra de este formato que se pone en escena en la capital. “Una comedia musical con momentos hilarantes y en la que el propio público tendrá su parte interactiva”, anuncia Alonso. La obra llegará posteriormente a los escenarios cántabros con una primera representación en el Teatro Concha Espina de Torrelavega.

El proyecto supone el regreso a los escenarios de la cantante lírica Begoña Agüero en el papel de Bárbara, la protagonista de la obra. La obra -codirigida por el propio Adrián Alonso junto con Mar Galera- es una adaptación al formato musical de la obra de teatro ‘Las Criadas’ de Jean Genet. Un libreto “que invita a reflexionar sobre los ‘mass media’ y los programas televisivos que diariamente se cuelan en millones de hogares”, subraya Alonso.

Como trasfondo, en la obra subyace la búsqueda de la identidad y la relación amor-odio, las dinámicas de poder “y cómo la mujer se han tenido que abrir paso en un mundo dominado por los hombres”, destaca el productor y director. Otro de los temas que confluyen sobre el escenario, representados en la protagonista, “son el edadismo y la pérdida de visibilidad social a partir de cierta edad”.

Bárbara, que durante muchos años ha sido la reina de la parrilla televisiva, junto con sus becarias Clara y Sole llevan el protagonismo de la obra. El papel de Sole, una mujer de origen humilde y rural, está interpretado por la actriz santanderina Nuria Gedack. A Clara, nacida en el seno de una familia adinerada, la interpreta la actriz laredana Rocío Riego. Ambas comparten el mismo sueño: triunfar en el mundo de la televisión. En la obra participa la compañía cántabra de danza DANTEA.

Productor, actor y docente

Adrián Alonso se licenció en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación Musical en la ESAD de Murcia, becado para estudiar en la escuela londinense Rose Bruford College, ha desarrollado su carrera en Londres, París, EEUU, China y Japón. La experiencia internacional le decidió a montar su compañía y establecerse en Cantabria para desarrollar, desde el epicentro de Santander, sus propios proyectos artísticos y promocionar el teatro musical en los escenarios de la región.

Actualmente compagina sus proyectos propios –la iniciativa REconectando, el musical Bárbara o las tareas de dirección artística para ayuntamientos- con la docencia en la Escuela de Cine de Santander y su trabajo como actor en diferentes rodajes nacionales. El último ha sido su participación en la serie Raphael de Netflix pendiente de estreno el próximo año. Su nombre también está en los créditos del homenaje a Ana Diosdado dirigido por Emilio Gutiérrez Cava en la obra ‘Olvida los Tambores’ en el que actuó en la Sala Berlanga de Madrid este pasado mes de octubre.

El proyecto Altamira, un macrocentro de datos de 500 megavatios con una inversión prevista de carácter privado de 3.600 millones que promete crear 1.500 empleos en Cantabria, ha vuelto a evidenciar este viernes su principal talón de Aquiles: carece del punto de conexión eléctrica imprescindible para que pueda ser una realidad. La iniciativa cuenta con suelo comprado y con un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) redactado y pendiente de aprobación -a finales de año o a principios de 2026-, y presume de avales técnicos, climáticos y de conectividad, pero sigue sin disponer de lo más básico para ponerse en marcha: su 'enchufe', tal y como lo definió la propia presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP). Y es que sin él no hay alternativa posible. 

Así lo ha reconocido este viernes el consejero de Industria e Innovación, Eduardo Arasti (PP), en una rueda de prensa ofrecida para hablar sobre Altamira y que, lejos de aportar novedad alguna, ha venido a ratificar el enorme escollo que supone que el Ministerio para la Transición Ecológica no haya incluido el proyecto cántabro en la Planificación de la Red de Transporte de Energía 2026-2030.

Arasti ha acusado al Ministerio de apostar por proyectos “especulativos, ineficaces y de gran impacto sobre el medio ambiente”, mientras deja fuera las dos posiciones solicitadas para ampliar la subestación de Penagos, imprescindibles para el campus tecnológico en el que se integraría Altamira. Y es que frente otros proyectos que han sido incluidos en los 3,8 gigavatios que contempla la planificación, Arasti ha defendido que el complejo cántabro es “el mejor”.

Ante esta situación, el consejero ha reconocido que “no hay ningún escenario alternativo” si el Gobierno central no atiende a sus alegaciones y, por tanto, no habilita el suministro eléctrico necesario. “Los 500 megavatios de potencia que requerirá el campus tecnológico cuando esté a pleno rendimiento, previsiblemente en 2032, serán tan solo el 13% de lo que el Gobierno de España ha contemplado en su planificación”, ha subrayado Arasti, quien ha insistido en que tanto el Gobierno de Cantabria como el promotor -el fondo Stoneshield Capital- son “flexibles”, puesto que se trata de un “proyecto escalable cuya potencia puede implementarse de manera gradual”.

“El campus tecnológico Altamira es el mejor frente a otros proyectos de centros de datos que son especulativos, muchos de ellos, ineficientes energéticamente la mayor parte, y con un gran impacto ambiental la mayoría de ellos. A la hora de elegir, yo creo que cualquiera elige lo mejor frente a lo inferior. Y eso es lo que vamos a proponer al Gobierno de España”, ha sentenciado el consejero. “Yo creo en la política como un instrumento para llegar a acuerdos”, ha resaltado, señalando que tratarán de emplear “el mismo modus operandi que ya tuvo éxito en el caso de la intermodal del Centro Logístico de La Pasiega”.

El consejero ha acompañado su exposición con un informe de la Universidad de Cantabria de 33 páginas, que ha descrito como un aval técnico al proyecto, especialmente en materia de eficiencia energética y condiciones climáticas. Según ese análisis, Altamira tendría una fuerte ventaja competitiva por no necesitar agua para refrigeración y por su baja latencia, gracias a los cables submarinos de Meta y Google de EEUU que desembocan en Santander.

Asimismo, ha puesto en valor que la iniciativa está financiada íntegramente por capital privado, por lo que no supondría ningún coste para el contribuyente. Arasti ha reiterado que “depende del Gobierno de España” que la inversión se lleve a cabo en Cantabria y ha solicitado el respaldo de todos los grupos parlamentarios “en torno a un proyecto de región y para España”. “Soy optimista porque este es un proyecto ganador y tiene todo lo necesario”, ha sentenciado el responsable de Industria.

El PRC mantiene la puerta abierta a aprobar por tercera vez los presupuestos al Gobierno cántabro del PP. Tras el encuentro celebrado este jueves entre populares y regionalistas, los de Miguel Ángel Revilla han lanzado el enésimo ultimátum y han pedido a la formación de María José Sáenz de Buruaga “un gesto que verdaderamente determine que van a cumplir y van a gestionar el presupuesto que han incumplido en otras ocasiones”.

Por contra, el PSOE ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de las cuentas del Ejecutivo autonómico, al considerar que están “infladas” y son “una carta a los Reyes Magos”. Por su parte, Vox ha exigido más rebajas fiscales, aunque considera que “el margen de maniobra es muy estrecho”, y ha lamentado “estar a expensas del juego del PRC”.

Este es el escenario que ha quedado tras la primera reunión que ha mantenido este jueves el PP con los diferentes grupos parlamentarios para tratar de sacar adelante los presupuestos de 2026, dado que el Gobierno autonómico está en minoría. Tanto el PRC como la formación de extrema derecha volverán a reunirse con los populares el próximo lunes.

Los regionalistas han puesto sobre la mesa las cinco condiciones que exigen al PP para negociar. La candidata del PRC a las elecciones, Paula Fernández, ha valorado positivamente el encuentro y ha asegurado que el PP les ha trasladado que “las van a estudiar”.

En concreto, se trata de medidas para reforzar la atención sanitaria en los hospitales de Laredo y Tres Mares de Reinosa, la firma del acuerdo de adecuación salarial del personal docente, el pago de todas las ayudas pendientes al sector primario correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, la firma de la opción de compra del Polígono de la Vega de Reinosa con el SEPES y un Plan de choque para la prevención del cáncer de mama.

“Ellos se han comprometido a estudiarlo y la semana que viene nos dan una respuesta”, ha dicho la diputada regionalista, aunque el PP ha señalado posteriormente que tiene una postura “muy clara de algunos aspectos que no va a cambiar”.

Fernández ha asegurado que se han sentado en la reunión con el PP -que ha durado unos 45 minutos- porque quieren “el mejor de los presupuestos para los cántabros”, pero consideran que su proyecto “merece muchos cambios”.

Por ejemplo, la dirigente regionalista ha lamentado que “se deja por el camino” la Ley de Juventud; vuelve a repetir “incansablemente” obras en carreteras que estaban ya en los presupuestos de 2024 -ha detallado que hay “hasta 20” actuaciones que se repiten“-; o baja la dotación para la Consejería de Industria, algo que cree que se debe corregir especialmente en el área de innovación.

También ha dicho que “no es municipalista como anuncia el Gobierno, sino que es muy mejorable en las transferencias a los municipios”. En este sentido, ha criticado que la subida que contempla para el Fondo de Cooperación Municipal es simplemente la que exige la ley -lo correspondiente al IPC de septiembre, un 2,8%-, pese a “todas las nuevas obligaciones que tienen que cumplir los municipios fruto de disposiciones legales”, así como a la necesidad que tienen de acompañamiento y asesoramiento por parte del Gobierno de Cantabria, sobre todo los lugares en riesgo de despoblamiento.

“No nos podemos fiar”

Por su parte, los socialistas han sido muy críticos con unas cuentas que “tienen pocas concreciones”. “No nos podemos fiar de un Presupuesto que promete en muchas cosas lo mismo ya prometido de los dos años anteriores, pero que nunca se lleva a cabo esa ejecución”. “Nos parece una carta a los Reyes Magos de la señora Buruaga adelantada al mes de noviembre más que un presupuesto real y ejecutable”, ha valorado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias.

Pese a haber mantenido una reunión con los populares de unos 40 minutos, el diputado socialista ha asegurado que han salido igual que han entrado. Iglesias ha destacado que las cuentas “no responden a las necesidades” en áreas como la sanidad, la educación o la vivienda.

Respecto a esta última, ha lamentado que en la tramitación de la Ley de Vivienda PP y Vox “han echado abajo las comparecencias de todas las entidades que representan a los más vulnerables”. En materia sanitaria, ha criticado el modelo de gestión del Ejecutivo -“totalmente diferente” al del PSOE- a raíz del convenio con el Hospital Santa Clotilde, dotado con 216 millones para los próximos 15 años, que supone una “privatización encubierta”.

Y en lo educativo, el diputado socialista ha censurado que los docentes continúan “en pie de guerra” en su negociación con la Consejería porque se mantiene la denominada 'cláusula Silva', que condiciona su adecuación salarial a la existencia de suelo presupuestario. “Esperemos que lo antes posible se acabe con toda esta dinámica negativa y tóxica que se está produciendo a lo largo de esta legislatura en esa materia”, ha dicho Iglesias.

Iglesias también ha puesto el foco en las inversiones que recoge el documento presupuestario para señalar que refleja los “incumplimientos” del PP. Como ejemplo ha citado el campo de regatas del Pantano del Ebro, que “era un proyecto de la legislatura pasada y aparece por tercera vez en los Presupuestos”; la Residencia Cantabria, que “todos los septiembres se va a empezar a demoler”; o el hospital de alta resolución de Castro Urdiales, que “era uno de los proyectos de legislatura del Partido Popular y no sabemos absolutamente nada de ello”.

También ha criticado que Cantabria “perdió más de 20 millones de euro” de fondos europeos por el rechazo a construir un centro para refugiados en el antiguo psiquiátrico de Parayas porque el PP dijo que tenía un proyecto “que lo mejoraba” -un gran centro de atención a la discapacidad y dependencia-, pero “resulta que no hay absolutamente nada”.

Finalmente, el partido de extrema derecha ha reclamado más rebajas fiscales y que se recorten algunos gastos para destinar los fondos a “las políticas que más importan”. “Crece la grasa de la administración”, ha dicho la portavoz parlamentaria, Leticia Díaz, mientras “decrece el de inversiones, que es lo que realmente notan los ciudadanos”.

Asimismo, Díaz ha señalado que tiene “la sensación de que seguimos a las expensas de lo que decida el PRC” y ha subrayado el “desprecio” que el PP ha tenido hacia Vox “desde el minuto uno de la legislatura”, pese a que ambas formaciones han ido de la mano en cuestiones tan relevante como la aprobación de la polémica Ley de Simplificación Administrativa o la derogación de la Ley de Memoria Histórica.

Al finalizar las tres reuniones, el PP ha asegurado que mantiene abiertas vías de diálogo con PRC y Vox. La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha pedido a los regionalistas que “recapaciten” sobre sus exigencias: “Yo creo que no han entendido que lo que estamos hablando es de una negociación presupuestaria y no de un acuerdo de gobierno”, ha expresado. Y Vox le ha pedido que “sean nuevamente responsables y podamos llegar a algún tipo de acuerdo”.

El polémico convenio plurianual a través del cual el Gobierno de Cantabria prevé privatizar servicios sanitarios por valor de 216 millones de euros contempla derivar los cribados de cáncer de mama y colon al Hospital Santa Clotilde. El Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha anunciado que el acuerdo con el citado hospital religioso perteneciente a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, que cuenta con una vigencia de 16 años prorrogables hasta 20, incluye una dotación presupuestaria anual de 15,9 millones de euros, financiada íntegramente por fondos públicos del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Además, el citado convenio que adelantó en exclusiva elDiario.es “sustituye los actuales contratos” de prestación de servicios quirúrgicos y hospitalización de media y larga estancia, y establece “una colaboración estructural” con el Hospital Santa Clotilde. “Prevé mecanismos de seguimiento, evaluación, inspección y penalización por incumplimientos”, ha destacado el Ejecutivo en un comunicado tras la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves que ha abordado este asunto.

Y es que la vinculación con el hospital religioso contempla “la atención hospitalaria, ambulatoria, programas de cribado (cáncer de mama y colon), y apoyo al Plan Integral de Listas de Espera”. El Gobierno de Buruaga ha justificado este acuerdo que privatiza los citados servicios sanitarios en la necesidad de “reforzar la capacidad asistencial del sistema público en áreas clave como geriatría, rehabilitación, cuidados paliativos, cirugía y diagnóstico”.

“Se garantiza la equidad en el acceso, la gratuidad de los servicios para los pacientes derivados, y el cumplimiento de los derechos sanitarios y de protección de datos”, ha defendido el Ejecutivo del PP en nota de prensa. “Este convenio refuerza la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, optimiza recursos existentes y mejora la respuesta del sistema cántabro ante los retos asistenciales y demográficos actuales”, ha concluido.

Se trata de los primeros detalles que el Ejecutivo autonómico ofrece sobre este convenio, después de que este periódico lo desvelara al comprobar que no figuraba en la nota de prensa del Consejo de Gobierno en el que fue aprobado el pasado 9 de octubre. Tras ello, la oposición cargó contra el “pelotazo sanitario”, la “cacicada legal” y la política “al estilo Ayuso” del PP en Cantabria, y el consejero de Salud, César Pascual (PP), ofreció una rueda de prensa en la que no aportó información sobre los servicios que se derivarán. Habló de “una cadena de bulos y desinformaciones” en torno al convenio, al mismo tiempo que lo ratificaba.

PP y Vox han vetado la presencia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de otros colectivos sociales en las comparecencias parlamentarias sobre el proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, mientras sí han permitido la intervención de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

Se trata de una estrategia acorde con la política en materia de vivienda que está llevando a cabo el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP), centrada en combatir una ocupación ilegal que los datos oficiales no la señalan como un problema real, mientras descarta aprobar medidas para regular unos precios de alquiler que están disparados.

Así, PRC, PSOE, IU y el Consejo de la Juventud han denunciado que las formaciones de derecha y extrema derecha han excluido a colectivos sociales clave en el debate mientras han priorizado a entidades profesionales e inmobiliarias.

Y es que la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente aprobó este martes la comparecencia de 21 personas para informar sobre el proyecto de ley. Comparecerán, entre otros, el director general de Vivienda, Carlos Montes; representantes de los Colegios Profesionales de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales, Administradores de Fincas, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Abogados; así como la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN), la Asociación de Constructores-Promotores, la Asociación para el Fomento Inmobiliario y la Asociación de Inmobiliarias de Cantabria.

El listado se completa con catedráticos de la Universidad de Cantabria, la Plataforma de Afectados por la Ocupación, el Consejo Económico y Social, la SAREB, CEOE-CEPYME, GESVICAN y la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. La Mesa de la Comisión fijará el calendario de las comparecencias “sin que existan límites o fechas acotadas”.

PRC: “Supone empezar con mal pie”

Tras la reunión, el PRC denunció la “alianza” de PP y Vox para impedir las comparecencias del CERMI -Comité de Representantes de Personas con Discapacidad-, el Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) y la PAH, solicitadas por los regionalistas. El portavoz Pedro Hernando lamentó que “si no escuchamos a los jóvenes, ni a las personas con discapacidad, ni a quienes no pueden hacer frente a los gastos hipotecarios, estamos ignorando la visión de los colectivos que sufren a diario y de modo directo los problemas que la ley debe intentar solucionar”.

También criticó que “las dos formaciones de derechas quieran excluir de la participación a las organizaciones que representan a los colectivos más vulnerables”, lo que, a su juicio, muestra “una preocupante falta de voluntad de diálogo y una intención deliberada de ocultar los efectos reales del problema”. Hernando se mostró “muy preocupado” por el “camino de exclusión” que, afirma, marcan PP y Vox en torno a una ley que “no puede construirse de espaldas a la realidad social”.

PSOE: “Se silencia a la ciudadanía organizada”

El PSOE ha denunciado este miércoles que el PP “silencia a la ciudadanía organizada e impone, con el apoyo de Vox, un veto a quienes no piensan como ellos”. La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, ha advertido de la “extrema gravedad” de impedir la participación de entidades que “están en primera línea”, como CERMI, el CJC, plataformas antidesahucios, FECAV, Cruz Roja, CCOO, UGT, Cáritas o Nueva Vida.

“Organizaciones todas ellas que trabajan cada día con la realidad de quienes más sufren el drama de la vivienda”, ha señalado Quiñones en una rueda de prensa. En este sentido, ha denunciado que “el único argumento que ha defendido el PP es que pueden defender lo mismo que los partidos de la oposición”, lo que demuestra, ha dicho, “su falta de respeto a los principios democráticos más esenciales”.

Mientras vetan a esos colectivos, ha añadido, han votado a favor de la comparecencia de la Plataforma antiocupación de Cantabria y de la patronal: “Solo dejan hablar a quienes piensan como ellos”, ha lamentado la dirigente socialista. A su juicio, este “doble rasero resta pluralidad y rigor al debate y provoca que la ley nazca muerta, sin diversidad ni pluralidad”.

“El proyecto de ley del PP no refleja las principales necesidades de los cántabros y las cántabras para que la vivienda sea un derecho y no un privilegio y deje de ser un beneficio para grandes tenedores”, ha expresado Quiñones. “Así no se construye una norma útil ni duradera. Cantabria merece una ley que una, no que excluya ni divida, y que ponga encima de la mesa los problemas reales de los cántabros y las cántabras”, ha concluido.

IU: “Estrategia ideológica que criminaliza la pobreza”

Izquierda Unida, por su parte, ha denunciado también este miércoles el veto a la PAH mientras se permite hablar a la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Su coordinador, Israel Ruiz Salmón, ha calificado de “impensable hacer una Ley de Vivienda sin escuchar a jóvenes, trabajadores o personas con discapacidad y necesidades de accesibilidad”. A su juicio, el PP está “tan entregado a la agenda de Vox y el negocio que muestra su aislamiento social”.

IU considera que la decisión responde “a una estrategia ideológica que busca criminalizar la pobreza y desviar la atención del verdadero problema habitacional”. “La derecha extrema y la extrema derecha vuelven a dar la espalda a la realidad y a quienes son más vulnerables”, ha lamentado Ruiz Salmón, haciendo hincapié en que “hay diez veces más desahucios que ocupaciones”.

Para esta afirmación, IU se ha servido de los datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al segundo trimestre de 2025 en Cantabria, que apuntan a que se registraron 50 desahucios (40 por impago de alquiler, 9 por hipoteca y uno por otras causas), frente a solo cinco ocupaciones. “PP y Vox prefieren escuchar a quienes alimentan el discurso del miedo en lugar de a quienes llevan años defendiendo el derecho a la vivienda”, ha reprochado el líder de IU.

Finalmente, Ruiz Salmón también ha criticado que el listado de comparecientes, “con asociaciones de rentistas y promotoras, revela lo que piensan de la vivienda: que es un negocio”. Así pues, IU ha reclamado un “debate plural y riguroso” en el Parlamento y ha reiterado su apoyo a la PAH y a quienes trabajan “para evitar que más familias pierdan su hogar”.

“Si el PRC y PSOE hubiesen hecho los deberes cuando gobernaban, con una ley centrada en los sectores más vulnerables, hoy el debate y la situación serían distintos y, sobre todo, se estaría dando una respuesta adecuada a quien más sufre”, ha concluido el coordinador autonómico de IU.

Consejo de la Juventud: “Filtro selectivo”

El Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) ha acusado también este miércoles a PP y Vox de “silenciar e invisibilizar” a la juventud, pese a ser “quienes más sufren el drama” de acceso a la vivienda. El colectivo ha denunciado que se impida intervenir a la juventud asociada, sindicatos, asociaciones vecinales y plataformas antidesahucio, mientras se garantiza la presencia de la plataforma antiocupación y de entidades inmobiliarias.

Según el CJC, este “filtro selectivo distorsiona la opinión pública y vacía de sentido” la futura ley. Su presidente, David Sanjuan, ha reclamado una “rectificación y un debate inclusivo y plural, subrayando que la juventud tiene derecho a ser escuchada y tenida en cuenta, más aún tras la aprobación de la Ley de Juventud”.

“¿No es un crimen quitar este árbol?”. La pregunta resuena bajo la sombra espesa de un aguacatero descomunal, cargado de fruto. Y es que en una de las fincas amenazadas por la expropiación –entre naranjos, caquis, melones o sandías– el citado árbol se impone como un símbolo de resistencia de los vecinos de Laredo afectados por un proyecto industrial que casi de la noche a la mañana ha puesto en jaque sus hogares y cultivos de toda la vida. “Mírame este aguacatero, porque hay que hacerle patrimonio de Cantabria”, insiste con orgullo su dueño, Pablo Caviedes, de 82 años de edad.

Él, como la gran mayoría, nació y se crió en la vivienda que ahora el Gobierno de Cantabria quiere derribar para instalar un macroparque industrial de medio millón de metros cuadrados. Son más de medio centenar de casas y más de 300 terrenos los afectados por un Proyecto Singular de Interés Regional, conocido como PSIR, contra el que sus propietarios se han alzado desde que tuvieron conocimiento de lo que la Administración pretende llevar a cabo. “Gente mayor ha sido ingresada por subidas de tensión o se ha pasado dos semanas llorando en la cama”, relatan los propios vecinos en conversación con elDiario.es.

Según señalan, entre los vecinos afectados hay un gran número de personas mayores que han vivido allí prácticamente desde que nacieron. “Y hasta una persona que ya ha cumplido los 100 años”, subrayan, haciendo énfasis en que “se trata de una tierra muy buena para vivir”. “Es una pena que vayan a llevársela toda para poner una mole de hormigón”, lamentan, incidiendo, además, en que la delimitación del polígono está muy próxima al parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: “Va a estar pegado a una reserva al nivel de Doñana”, denuncian.

Y es que donde hoy hay huerta fértil, árboles frutales, ganado y una vida levantada a lo largo de generaciones, el Gobierno de Cantabria proyecta construir un macropolígono industrial. “La tierra tiene sales minerales del mar, aquí lo que siembras se recoge”, asegura Caviedes, mientras conversa con vecinos y familiares en torno al aguacatero plantado hace 30 años. “Todos hemos vivido y comido de esta tierra”, añaden Luis San Emeterio, Borja Fernandez, María Luisa Caviedes, Marinina Díez y María Antonia Caviedes.

Sus historias tienen un denominador común: las casas que les pretenden expropiar fueron levantadas con esfuerzo, representan sus raíces, están cargadas de recuerdos y encarnan un proyecto de vida a presente, pero también a futuro para generaciones venideras. “Están jugando con mi porvenir, pero también con el de mis hijos y mis nietos”, denuncia San Emeterio.

Su caso refleja bien lo que está en juego, teniendo en cuenta además que sería nada menos que la cuarta vez que le expropian. En esta ocasión, su hija vendió su piso en Zaragoza para regresar a Laredo con su marido e hijos, con la intención de construirse una casa en la misma finca familiar, junto a la de su padre. Tras obtener los permisos necesarios, ahora han sido paralizados como consecuencia del PSIR y la amenaza de expropiación. “Ahora vivimos una multitud en una casa por un problema que no teníamos. Esta finca es mía. Estamos desbordados, esto es una insensatez, no tiene lógica”, lamenta visiblemente indignado San Emeterio.

Él es “del barrio de toda la vida”: “Nací en 1958 y aquí vivieron mis padres y mis abuelos”, explica, caso similar al de María Luisa Caviedes: “Aquí vivían mis padres, nací yo en el año 1947 y aquí sigo viviendo actualmente”. Marinia Díez, por su parte, se mudó hace cuatro décadas: “Mi marido era albañil y nosotros hicimos la casa con privaciones y sacrificios, y ahora nos encontramos con esto”, lamenta. Y es que el relato se repite en cada caso, como el de Borja Fernández, que lleva desde el año 2000 viviendo en una casa familiar ubicada en una finca que era propiedad de sus abuelos.

Por otro lado, María Antonia Caviedes cuenta que nació en Colindres –localidad limítrofe con la zona delimitada por el PSIR– y se trasladó con su familia cuando estalló la Guerra Civil: “No había trabajo y vinimos aquí a vivir de lo que podíamos”, recuerda. Finalmente, Pablo Caviedes, nacido en 1943 en la casa donde se realiza la entrevista, resume toda una vida en una frase: “Aquí he vivido toda la vida hasta que fui a la mili, estuve un año en Canarias y después aquí otra vez”.

“Nos van a dar 15.000 euros”

El proyecto del PSIR enfrenta a decenas de familias a un horizonte de pérdida y desarraigo: “Han puesto a 15 euros el metro cuadrado, es insultar a la gente”, denuncian. “Nos van a dar 15.000 euros por una parcela de 1.000 metros, con lo que no vamos a poder comprar nada, ni siquiera un coche, y ellos la van a vender por 187.000. Mira lo que van a trincar”, denuncian.

A ello se suma la incertidumbre sobre la futura reubicación, tal y como la denomina la Administración. “Tienen planteado con 3.800.000 euros, en una zona del polígono, hacer una especie de edificios o contenedores, pero salen a 70.000 euros por vivienda. Y ninguna baja de 100 o 150 metros. No es equiparable”, aseguran los vecinos afectados, que se enteraron del proyecto por el BOE el pasado 31 de julio y estuvieron abocados a realizar las alegaciones en agosto, el mes más complicado para llevar a cabo trámites con la Administración.

“Nos hemos visto desprotegidos; menos mal que nos hemos creado una plataforma, y nos están empezando a escuchar”, celebran. Y es que, según denuncian, la comunicación institucional que recibieron fue nula desde el primer momento: “Fuimos al Ayuntamiento de Laredo a preguntar y se escondieron. Los mismos que habían votado esto en 2018 nos dijeron que no sabían nada, que fuéramos a preguntar a Santander. Es inaudito. ¿Esta es la política del siglo XXI?”, denuncia otra vecina afectada.

Todos coinciden en que el proyecto industrial es innecesario y dañino: “Aquí lo tenemos claro: esto es puramente especulación, porque un polígono en un pueblo que meramente es turístico no tiene ningún sentido. El polígono que hay, de 80.000 metros, está medio vacío. Las fábricas que se hicieron se han llevado el trabajo a Marruecos”. “No hay ningún plan, esto va a ser como el aeropuerto de Ciudad Real”, insisten.

El hartazgo de los vecinos es palpable. La tensión acumulada durante meses se nota en cada conversación y en cada gesto. Muchos dicen sentirse al límite, agotados por la incertidumbre y la falta de respuestas. “Yo llevo sin dormir mucho tiempo. Somos mayores y esto te enloquece”, asegura uno de ellos. Pese al cansancio, aseguran estar decididos a continuar. “Estamos abocados a los tribunales. Empezaremos por Cantabria, iremos a Madrid, y como todos los vecinos están implicados, podremos recaudar dinero para poder hacer frente a los juicios”, sentencian.

Rechazo al PSIR

Por toda la extensión del barrio, entre caminos rurales, huertas y viviendas unifamiliares, se suceden los carteles pintados a mano y las pancartas colgadas en vallas y balcones con un mismo mensaje: “No al PSIR”. El rechazo a las expropiaciones se respira en cada finca, donde los vecinos tratan de conservar lo que consideran su hogar y su forma de vida. Entre esas parcelas se encuentra también un camping, abierto desde hace más de tres décadas, que forma parte del entramado humano y económico del lugar.

“Aquí hay 55 familias”, explica Luz Martínez, una de las socias. “Durante todo el año vivimos ocho, hay seis empadronadas, pero los fines de semana esto está casi lleno”. El camping, recuerda, se abrió en el verano de 1990 como una sociedad privada impulsada por dos socios después de que desapareciera un antiguo camping público que funcionaba en la zona. “Nosotros vinimos el 19 de octubre de 1990”, añade Chema Barandiaran, que rememora cómo incluso el Ayuntamiento de Colindres utilizaba sus instalaciones para los cursos de natación antes de construir sus propias piscinas municipales.

Hoy, el lugar continúa dividido en participaciones entre distintas familias, muchas procedentes de Euskadi o Burgos, que mantienen en él su segunda residencia o su espacio de descanso. Ese modo de vida, como el de los vecinos que viven de la tierra, también se ve ahora amenazado por el proyecto industrial.

Los vecinos explican que sus viviendas ya están devaluadas. Saben que no pueden pedir un préstamo ni una hipoteca, porque el simple hecho de figurar dentro del ámbito de expropiación las deja fuera de cualquier posibilidad de crédito. “Llevo 20 años pagando la hipoteca de una casa familiar y ahora ya no vale nada. Nos han puesto la espada de Damocles encima”, lamenta uno de ellos. 

A pocos metros de la vivienda donde crece el aguacatero, que parece desafiar el destino al que lo quieren abocar, se levanta una nave reconvertida en iglesia evangelista, donde cada fin de semana se escuchan cánticos y oraciones. Mientras, el gran aguacatero continúa en pie, testigo mudo de lo que esté por venir, con sus ramas asomando cargadas de fruto. Quizá, cuando todo esto pase siga aquí, como símbolo de que la naturaleza y la vida también pueden echar raíces frente al hormigón.

Rober San Millán (El Astillero, 1988) asegura que, dos décadas después, sigue sintiendo los mismos nervios del primer día cada vez que se sube a un escenario. El vocalista de Poetas de Botella, la banda cántabra de rock que cumple nada menos que 20 años de trayectoria, repasa la historia del grupo con la emoción de quien ha vivido una aventura colectiva inolvidable: “Un sueño adolescente que se convirtió en realidad”, resalta. En vísperas del gran concierto del vigésimo aniversario, que se celebrará este viernes en la Campa de La Cantábrica de Astillero, el lugar donde empezó todo, el músico reflexiona sobre el pasado, el presente y el futuro de una banda icónica en la escena del rock cántabro: “Los años pasan y la vida la ves de otra manera, pero lo que no cambian nada son las ganas de seguir tocando”.

Veinte años no se cumplen todos los días. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando mira atrás y ve todo lo que han vivido desde los inicios de aquel 2005 en Astillero?

Se agolpan un montón de recuerdos; muchas ciudades, un sinfín de escenarios, canciones, personas, bandas con las que hemos compartido esta película, muchas de ellas que ya no están en activo. Sí, sin duda, si me quedo con algo de esta historia es con eso. Ciudades, escenarios, canciones y personas.

Si pudiera resumir en una frase lo que ha significado Poetas de Botella en su vida, ¿cuál sería?

Un sueño adolescente que se convirtió en realidad y deja una huella imborrable en todos y cada uno de nosotros.

¿Cómo recuerda los primeros ensayos, las primeras canciones y aquel momento en que dijo: “Esto va en serio”?

Éramos unos críos, para lo bueno y para lo malo, pero recuerdo una ilusión desbordante y unas ganas de comernos el mundo increíble. La verdad es que desde el principio intentamos hacer algo, dentro de nuestras posibilidades, serio. Eso nos llevó, cuando no era habitual en nuestra zona, a grabar 'Versos sin Palabras', nuestra primera demo, en Navarra con Iker Piedrafita (Dikers) como productor. Fue la primera gran apuesta, por supuesto con la ayuda de nuestros padres, que siempre nos apoyaron, y supuso el inicio de todo.

¿Se imaginaban llegar a cumplir dos décadas de trayectoria? ¿Se han superado las expectativas iniciales?

Totalmente superadas, pero se ha llegado de una manera muy orgánica. La clave es no perder nunca el contacto entre nosotros, tener un objetivo anual y ensayar de manera periódica para que siga viva la llama. Es cierto que venimos de unos años de baja actividad, la pandemia cortó en seco la gira de presentación de 'Intactos' y luego costó arrancar de nuevo. Además, los años no perdonan, las obligaciones crecen, los trabajos de cada uno marcan mucho los ritmos, y la banda, que tanto nos dio y a la que tanto dimos, pasa a un segundo plano en las prioridades. Pero aquí estamos, ultimando los detalles de nuestro gran cumpleaños.

En estos 20 años, ¿qué momentos marcaría como los grandes hitos o puntos de inflexión en la historia del grupo?

El primer punto de inflexión llegó cuando un contrato discográfico nos brindó la oportunidad de sacar 'Punto de Partida', nuestro primer disco. Esa firma nos abrió las puertas a nivel nacional, salimos de casa para presentarnos en sociedad, nada más y nada menos que en la Sala Caracol de Madrid. Luego recuerdo citas como aquel concierto junto a Marea en el Palacio de los Deportes de Santander, o cuando acompañamos a Los Suaves y a Boni en la Campa de La Magdalena. También festivales como el Rebujas Rock, viajar a lugares como Albacete o Logroño con La Fuga; ver nuestros videoclips en Sol Música o MTV, sin olvidarme de reconocimientos como el premio a mejor banda de rock de Cantabria en 2015, una dotación económica que nos sirvió para costearnos el ambicioso disco en directo que grabamos en Escenario Santander con motivo de nuestro décimo aniversario. Muchos momentos e hitos inolvidables.

Si compara al Rober de 2005 con el de hoy, ¿en qué ha cambiado más el músico y en qué sigue siendo el mismo?

Al final los años pasan y la vida la ves de otra manera, las obligaciones externas a la música son cada vez más numerosas y eso te obliga a intentar compaginarlo todo de la mejor manera posible. En lo que creo que no he cambiado nada es en las ganas de seguir tocando, sigo teniendo los mismos nervios que tenía hace 20 años a la hora de subir al escenario y eso creo que es vital para seguir haciéndolo. Porque si ese gusanillo desaparece, sacar tiempo para la música se volvería un suplicio. 

¿Cómo diría que ha evolucionado el estilo de Poetas en estos veinte años?

El sonido general de cada disco es muy característico en función de qué guitarristas formaban parte de la banda en ese momento. Por ese lado creo que ha ido cambiando, y con la edad, obviamente, madurando. Pero, por otro lado, la voz, el bajo y la batería se han mantenido intactos durante ese tiempo y eso ha permitido, desde mi punto de vista, mantener una cohesión y una identidad que se siente tras tantas canciones y trabajos editados. 

¿Qué papel ha jugado el público en que el grupo haya llegado hasta aquí?

Como para cualquier banda, el público y en general notar que hay gente a la que le interesa lo que haces es vital. Nosotros tuvimos suerte y creo que conectamos rápido con un buen número de fieles, lo que nos permitió que muchos organizadores de eventos, tanto en Cantabria como fuera, quisieran contar con nuestra música. Como nosotros, nuestros seguidores también han crecido y tienen otras prioridades, pero estamos seguros de que muchos de ellos el viernes harán un paréntesis en sus vidas y vendrán a recordar junto a Poetas un montón de canciones.

¿Qué significa para ustedes celebrar este aniversario en casa, en Astillero, el lugar donde todo empezó?

Lo teníamos clarísimo, aquí empezó todo, de hecho, en la campa donde tendrá lugar el evento, curiosamente nos hicimos las primeras fotos promocionales, que sirvieron para la portada y el libreto de 'Versos sin Palabras', nuestra primera maqueta. Astillero siempre ha estado al lado del grupo, colaborando en todas y cada una de las propuestas que les hemos hecho a lo largo de los años y poder celebrar este cumpleaños aquí era una necesidad. Estamos encantados de haber encontrado una fecha y un contexto, como el Asti Beer Fest, para poder sacar adelante esta efeméride tan importante.

¿Cómo ve el panorama musical actual en Cantabria?

Muy bien, quizás no hay el número de bandas tan grande como había hace unos años, pero creo que lo que hay en activo tiene muy buen nivel. Yoni, nuestro guitarrista, acaba de lanzar un proyecto muy interesante, cambiando las seis cuerdas por la batería, que se llama Myseria. También recomiendo lo que está haciendo la gente de Zarza, un power trío de mucha calidad, Menos Lobos, compañeros de Astillero con muchos años y muy buenas canciones, o bandas como Leona o Martes Martes, formaciones con voz femenina que están logrando hacerse un hueco. 

Tanto hace 20 años como ahora, vivir de tus propias canciones es algo muy difícil

¿Es hoy más difícil o más fácil para una banda de rock abrirse camino que hace veinte años?

Ahora, con las redes sociales, creo que las bandas que emergen tienen más posibilidades de darse a conocer, antes dependíamos mucho más de los medios tradicionales, las televisiones, las revistas… Pero bueno, también las redes meten mucho ruido, al final yo creo que si el producto es bueno y tus conexiones con la industria son potentes, la gente te acabará escuchando. Lo que tengo claro es que tanto hace 20 años como ahora, vivir de tus propias canciones es algo muy difícil.

¿Cómo definiría el estado actual del rock español?

Yo creo que goza de muy buena salud, todos los días salen bandas nuevas con propuestas muy interesantes. Como dijo un día Kutxi Romero: “Esta música es una forma de ver y entender la vida y eso nadie lo va a poder parar”.

El rock siempre ha sido un género con una esencia reivindicativa. ¿Cree que hoy sigue siendo necesario que las bandas de rock mantengan ese papel de voz crítica y de posicionarse en temas sociales?

Yo creo que sí y se ha visto con temas como el genocidio ocurrido en Gaza, las bandas de rock más importantes salieron al paso, por ejemplo, negándose a tocar en los festivales financiados por el fondo internacional Kohlberg Kravis Roberts (KKR), socio mayoritario de una promotora de viviendas en territorios ocupados por Israel en Palestina. El rock y, en general, la cultura de este país tiene que seguir alzando la voz ante las injusticias.

Después de este aniversario, ¿qué viene para Poetas de Botella? ¿Cuáles son los planes de futuro?

A mí me encantaría volver a componer y por qué no grabar nuevo material. Somos conscientes de que el tiempo que le podemos dedicar ya no es el mismo que antes, pero aún siento que queda música por compartir con el mundo. No obstante, de momento, nos centramos en que el concierto 20 aniversario esté a la altura.

¿Qué mensaje le gustaría mandar al público antes de esa noche del 24 de octubre en La Cantábrica?

Nos gustaría compartir esa noche con todos los que alguna vez disfrutaron de nuestras canciones, este concierto lo hacemos por todos ellos. Si alguna vez disfrutaste con uno de nuestros directos o te pusiste en bucle alguno de nuestros discos, la noche que vamos a vivir en Astillero es para ti.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha defendido este martes el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la comunidad, y ha asegurado que el retraso en la lectura de mamografías “no es comparable ni de lejos” con lo ocurrido en Andalucía.

“Puede haber un cierto retraso, una demora a la hora de la lectura de las mamografías, que ha reconocido el consejero, pero el cribado funciona correctamente. No hay mujeres ni casos dudosos derivados del plan de mama. Todas las mujeres que tienen un dudoso están citadas en este momento, ya hace días”, ha afirmado.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que el programa “está en constante revisión” y que la Consejería de Salud que dirige César Pascual (PP) “sabe día a día, al minuto, cuál es la demora, cuál es la lista de espera o el tiempo que se tarda. Y por eso puede actuar y tomar medidas inmediatamente”.

Hace tres semanas, Pascual reconoció que cerca de 4.000 mujeres se encontraban a las espera de resultado de sus mamografías. Habló de “casos concretos” de retraso por las vacaciones de verano del personal y anunció la derivación de un millar de lecturas al hospital privado de Santa Clotilde.

“Cuando se ha visto que esas lecturas se están demorando, no por un problema estructural, sino por un problema sobrevenido, por falta de un radiólogo del plan de mama, o de dos durante el verano, cuando se ve que se acumulan las lecturas y que puede haber un plazo de espera más de lo deseable de dos meses, se toman medidas inmediatamente”, ha insistido Buruaga a preguntas de la prensa.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo autonómico en Cantabria ha justificado la externalización de las lecturas para “reforzar el sistema”: “Poniendo todos los medios de nuestro servicio de salud, del público y del privado, a disposición de ese objetivo”, ha resaltado.

Además, la presidenta ha valorado como “poco afortunadas” las declaraciones realizadas este lunes por la presidenta de la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama (AMUCCAM) en el Parlamento, al entender que “pueden llevar a pensar que lo que ha ocurrido en otros lugares, como en Andalucía, es lo mismo que ha ocurrido o está ocurriendo en Cantabria, y nada más lejos de la realidad”.

Y es que María Antonia Gimón aseguró que los programas de detección “no funcionan correctamente” en Cantabria. “Cuando uno hace una afirmación como esa, tiene que cuidar mucho el momento y el contexto en que se hace, porque puede llevar a comparar situaciones que no son comparables ni de lejos”, ha insistido al respecto Buruaga, para seguidamente arremeter contra la gestión del PSOE durante la pasada legislatura: “Es cuando peor han funcionado los cribados y no escuché a nadie decir nada”.

“Confrontar políticamente”

A continuación, la presidenta autonómica ha señalado que su Gobierno “está trabajando en la contratación del quinto radiólogo para el programa de mama en el Hospital Valdecilla” y ha asegurado que los datos que solicita el Ministerio respecto a los programas de cribado “no contribuyen a un impulso político para la mejora asistencial, sino que se utilizan para otros fines”. “Probablemente en este caso para tratar de confrontar políticamente”, ha afirmado.

Así, a través de una carta, el Ejecutivo cántabro ha trasladado al departamento que dirige Mónica García que aportarán los datos que tiene disponibles. “Pero en ningún caso podemos aportar datos que todavía no han sido acordados en el Consejo Interterritorial de Salud, que todavía no están definidos ni cerrados porque se está trabajando en un nuevo sistema de información”, ha concluido al respecto la presidenta.

Finalmente, cuestionada por las declaraciones realizadas la pasada semana por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, en las que acusaban al Ejecutivo autonómico de “opacidad” y de “graves fallos en la gestión sanitaria”, Buruaga ha respondido que este colectivo hace “una labor con especial celo y visibilidad cuando hay un Gobierno del PP”. Y a renglón seguido ha vuelto a defender la privatización sanitaria, como la llevada a cabo a través del convenio singular con el hospital religioso Santa Clotilde por 216 millones que desveló en exclusiva este periódico.

“Soy presidenta de la pública y de la privada, y aquí existe un sistema autonómico de salud, que está integrado por el sistema sanitario público, que es prioritario y preferente, y por el resto de recursos de la red de titularidad privada o concertada, que es complementario”, ha sentenciado.

Durante más de una década, Lola Hierro (Madrid, 1983) ha recorrido el África subsahariana contando historias que rara vez ocupan espacio en los medios. Periodista de El País, especializada en derechos humanos, migraciones y desarrollo, ha retratado la vida cotidiana en contextos marcados por la desigualdad, los conflictos y la miseria. Ahora reúne parte de esas experiencias en ‘Crónicas a la intemperie’ (Editorial Kailas), su segundo libro, donde combina la precisión del reportaje periodístico con una mirada más personal y literaria. En esta entrevista con elDiario.es, Hierro reflexiona sobre los desafíos de narrar África sin caer en los sesgos y estereotipos con que suele mirarse desde occidente, la evolución del periodismo y el papel de la profesión en un tiempo marcado por los discursos racistas y xenófobos alentados por la extrema derecha. La autora presentará el libro este sábado, 18 de octubre, en la Librería Gil de Santander, acompañada por el periodista Guillem Ruisánchez, en el marco de la Semana de la Pobreza organizada por la Coordinadora Cántabra de ONG y la Red Cántabra contra la Pobreza.

¿Qué le impulsó a reunir ahora las historias de ‘Crónicas a la intemperie’, después de tantos años trabajando sobre el terreno del continente africano?

Tú como periodista, igual que yo, sabes que mucho de lo que cubrimos se queda en el tintero por la inmediatez que nos pide la sociedad en la que vivimos, el espacio limitado, etc. Se quedan muchas historias sin contar. Por eso quería dar una salida a una serie de recuerdos y de experiencias y, sobre todo, de personas a las que he conocido a lo largo de estos años y que creo que tienen historias que merecen mucho la pena conocer, porque son personas ejemplares, de las que se puede aprender mucho. Y me daba pena quedarme yo sola con este conocimiento. Pensaba: “Qué desperdicio, y qué bonito sería, incluso hasta útil para muchos, contarlo y poner en valor el trabajo y la trayectoria de todos esos hombres y mujeres que aparecen en el libro”.

Esas personas y esos lugares que apenas aparecen en los medios, como señala, por falta de espacio o por la inmediatez informativa, más allá de recogerlas ahora en un libro, ¿cómo se enfrenta una periodista a ese silencio mediático cuando intenta contar historias que casi nadie parece querer escuchar?

He de decirte que tengo mucha suerte, porque prácticamente desde que entré en El País, en 2013, empecé en Planeta Futuro, una sección sobre desarrollo sostenible, derechos humanos y muy centrada, precisamente, en poner en valor y difundir esas historias que casi nunca salen en los medios. Por eso yo sí he podido hacerlo y he tenido, además, un altavoz tan importante como es el diario El País. Me he sentido muy realizada profesionalmente, incluso también una privilegiada, porque sé que es muy difícil poder abordar las realidades que me he encontrado en países tan desconocidos para los españoles como Chad o Mozambique, por ejemplo. Y he podido sumergirme en ellas, escribir largo y tendido en el periódico, y luego he tenido el apoyo de la editorial para darle más bombo todavía. Así que, personalmente, me siento privilegiada y afortunada.

¿Es optimista respecto al panorama mediático en este sentido?

Sí. Hace 20 años era muy difícil que en un medio de comunicación español apareciesen reportajes en profundidad sobre cualquier cosa que pasara en África. Teníamos cuatro periodistas contados, porque había cuatro medios contados. Pero hoy en día, con la democratización que hay gracias a Internet, se ha desarrollado mucho todo ese sector de periodistas que sí que ponen los ojos en África. Se han creado medios nuevos y los que ya había le están prestando, en cierto modo, más atención. Y los jóvenes periodistas que vienen ahora también se interesan mucho. Creo que se va avanzando, la verdad.

¿Cómo se gestionan las emociones cuando se trabaja y se escribe desde contextos tan duros?

Como decía una antigua profesora de periodismo que tuve: “Poniéndose el gorro de periodista”. Es verdad que soy testigo de testimonios y relatos durísimos y he conocido a personas con unos problemas sobre sus hombros horribles. Pero yo voy a donde voy porque quiero servir de correa de transmisión desde un punto 'A' a un punto 'B'. Mi función no es más que esa, la de ser una transmisora. Yo me pongo a trabajar y escucho con la mayor empatía posible, pero teniendo en cuenta que no me puedo apropiar del dolor de los demás porque me parecería feo. Mostrarte más afectada que la propia persona que te está contando lo que ha vivido es un poco apropiarse del dolor ajeno. Y, ojo, que no todo el mundo tiene que ser capaz de de enfrentarse a un relato muy duro o a visitar un campo de refugiados o a ir a un país en guerra porque son situaciones muy jodidas. Y bien por miedo o bien por empatía puede ser que no sea lo tuyo, y no pasa nada, no eres peor periodista. Simplemente hay que saber hasta dónde puedes llegar con tu cabeza y tu corazón. Y si te vas a lanzar a ello puedes intentar hacerlo con la máxima empatía pero también con la máxima profesionalidad. Estamos ahí para hacer un trabajo de escuchar y llevar la información a nuestros lectores, que se merecen una información veraz, rigurosa y sin adornos. Y claro que a mí me pueden afectar las cosas que veo y oigo, pero una manera de gestionarlas es dándome cuenta de que soy una privilegiada por vivir en el mundo en el que vivo y tener acceso a las cosas que tengo cuando tantas otras personas no las tienen. Y eso la verdad te cura mucho y te pone los pies en la tierra.

¿A qué se refiere exactamente con el concepto “intemperie”? ¿A la intemperie están los protagonistas… o también la periodista que los narra?

Un poco de las dos cosas, sí. África para mí son espacios abiertos. Todos los relatos que cuento han sido de alguna manera intemperiados en lo geográfico o en lo físico. Pero luego también tiene mucho que ver con la subjetividad que le he puesto, porque con este libro doy un paso más allá del periodismo puro y duro. En mi trabajo periodístico no me permito hacer apreciaciones personales, faltaría más, está prohibidísimo. Y este libro, que es una mezcla periodística y literaria, sí me permite esas licencias, me desnudo un poco más, siempre respetando los relatos de vida y todo tal cual me lo han contado, intentando ser lo más rigurosa posible, como si siguiese haciendo esa labor periodística. Pero sí que es verdad que están escritos más desde las tripas, más desde la denuncia, pero también desde la celebración. Entonces tiene ese punto de subjetividad.

¿Y el término 'intemperiados'?

El primer capítulo se llama así: 'La dignidad de los intemperiados'. Es una palabra que me inventé para hablar de la situación que están las personas refugiadas o desplazadas en Sudán del Sur, en la frontera con Sudán. Son personas que llegaban por miles a una zona donde supuestamente iban a refugiarse, pero allí no hay ningún refugio posible porque no hay campos de refugiados. Son miles y miles de personas que se van amontonando en un espacio abierto que no tiene ni letrinas, ni tiendas de campaña. Absolutamente nada. La situación es lamentable, el desastre humanitario es colosal. Yo los veía ahí viviendo así, malviviendo, sobreviviendo, y decía: “¿Pero qué refugiados? Esta gente no es refugiada, esta gente es 'intemperiada', porque es que está a la intemperie”. Esta palabra medio inventada me parecía mucho más precisa que 'refugiado', porque son todo lo contrario, la verdad.

¿Cómo ha cambiado su forma de entender el periodismo desde los inicios hace más de una década hasta hoy?

Pues cada vez con más humildad y haciendo mucha autocrítica. Hace 20 años era mucho más joven e inocente. A mí me decían: “Tú eres racista”, y decía yo: “No, por dios, ¿cómo voy a ser yo racista? No me insultes”, porque de verdad pensaba que no soy racista. A día de hoy me he dado cuenta de que me han criado en una sociedad donde el racismo es algo institucional, que mamamos desde el día en que nacemos de manera inconsciente por el propio entorno en el que vivimos, y que por mucho que me pese y me fastidie, claro que tengo sesgos racistas en mi manera de pensar y en mi manera de comportarme, de los cuales no tengo, la mayor parte de las veces, ni la menor idea. Son pensamientos, frases, comportamientos, apreciaciones, opiniones... que inconscientemente sí que tienen un componente racista. Y antes trabajaba sin tenerlo en cuenta, y con los años he ido descubriendo que no soy tan estupenda y que no estoy libre de pecado, como quien dice. Ahora no sé si lo haré mejor o peor, pero por lo menos sí que intento tener en cuenta desde dónde estoy hablando, desde una posición de privilegio que antes no sabía que tenía.

Precisamente sobre esos sesgos que aprendemos desde pequeños, África suele retratarse como un continente homogéneo marcado por el conflicto o la pobreza. En cambio, en sus historias aparece la diversidad, la vida cotidiana y la humanidad. ¿Qué le gustaría que el público que lea el libro desaprendiera sobre África?

Me daría con un canto en los dientes simplemente con generar interés hacia el continente y sus 55 países si contamos el Sáhara. No quiero transmitirle ninguna idea propia a nadie, porque lo que quiero es que cada uno se forme su propio juicio. Por eso intento, con mi trabajo periodístico y con el libro de una manera un poco más literaria, transmitir lo que he visto y lo que me han contado sin adornos, sin nada extra, para generar un interés, y que las personas que me leen digan: “Anda, pues fíjate que esto es muy diferente a lo que yo pensaba; voy a borrarme de la cabeza lo que tengo, voy a empezar de cero a investigar, a leer más, y quizá a viajar”. Sobre todo me gustaría que prestasen atención a las personas de allí, quienes cuentan sus propias realidades, porque los periodistas occidentales nunca vamos a tener el conocimiento ni la sensibilidad que tienen las propias personas africanas, en cada uno de sus países, de sus culturas, de sus regiones, de sus realidades... Así que el resumen sería interés y acercamiento.

Que estemos cruzando líneas rojas en las que ya no respetamos ni el derecho a la vida me parece más preocupante que nunca

¿Y qué huella le ha dejado su paso por el continente africano durante todos estos años?

Pues muy profunda. Tengo hasta tatuajes [ríe]. Es un poco lo que te decía antes. A mí me ha puesto muy en mi sitio en el mundo. Creo que soy afortunada porque me da otra perspectiva de dónde soy y qué tengo. Y me da también una manera de relativizar mis problemas, que no significa que sean menos graves o que puedan doler menos, pero sí creo que gana una perspectiva que me da más felicidad, porque soy muy consciente del privilegio que tengo tanto profesional como personal en este mundo que habitamos.

Después de tantos años cubriendo migraciones y en un contexto actual en el que la extrema derecha alienta discursos cargados de xenofobia y racismo contra las personas migrante. ¿Cómo definiría la evolución del relato europeo -u occidental- sobre la migración?

Lo veo peligroso, porque antes a la gente le daba vergüenza expresar algún pensamiento u opinión que era racista, machista o irrespetuoso contra un colectivo. Lo hablaban en petit comité. Es que ahora parece que nos enorgullecemos de ser malos. Suena así dicho un poco naíf, de colegio, pero es verdad. Sacamos pecho por ser malos y por insultar. Parece como que está de moda. Entonces me parece que vamos para atrás y, sobre todo, que estamos perdiendo las bases que cualquier ser humano debería tener: humanidad y empatía. Y luego las opiniones políticas caben todas, porque si no el mundo sería muy aburrido. Tenemos que discutir porque a partir del debate y la discusión es como se progresa. Pero que estemos cruzando líneas rojas en las que ya no respetamos ni el derecho a la vida me parece, de verdad, más preocupante que nunca.

¿Y qué papel debe jugar el periodismo en combatir esos discursos?

Tendríamos que tener triple cuidado con lo que publicamos e intentar acercar y no polarizar, fundamentalmente. Un puntito de ética que a lo mejor se nos olvida, unas líneas rojas que siempre se deberían respetar. Seas tertuliano, reportero o lo que seas, si tienes un altavoz y la sociedad te escucha, hay que ser más responsable con lo que dices y dejas de decir. Y no perder de vista esas líneas rojas, que son el respeto más elemental a los derechos más elementales del ser humano. Una vez que eso esté respetado ya, vamos hablando de todo lo demás.

El PSOE ha arremetido este miércoles contra “el pelotazo sanitario” del PP en Cantabria después de conocer que el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) planea destinar 216 millones al Hospital Santa Clotilde de Santander para privatizar servicios sanitarios, tal y como ha adelantado elDiario.es.

Se trata de un acuerdo plurianual con el hospital religioso perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que abarca 15 años, del que no se conocen por el momento más detalles y que fue aprobado el pasado 9 de octubre por el Consejo de Gobierno, aunque el Ejecutivo autonómico no lo dio a conocer en la comunicación oficial que remite a los medios.

“Lo han hecho además por la puerta de atrás y a escondidas”, ha criticado al respecto el secretario de Salud de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Marcos Agudo. “Es la demostración de que se avergüenzan hasta de sus propias decisiones encaminadas a privatizar la sanidad pública”, ha incidido.

Para el responsable de Salud del PSOE de Cantabria, “esta noticia constituye una evidencia más por parte de este consejero, César Pascual, y del Gobierno del PP de Cantabria, por desmantelar los servicios públicos y por regar, con dinero de todos, entidades privadas”. 

Además, Agudo ha recordado que este fenómeno de “privatización sanitaria es posible gracias a una enmienda que el PP coló en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria, la Ley de Acompañamiento, durante la tramitación legislativa del último presupuesto de 2024”.

“Esta enmienda, que se aprobó frente a nuestras advertencias, posibilita hoy convenios sin necesidad de concurso como este: 216 millones de euros para Santa Clotilde durante 15 años porque sí”, ha señalado el dirigente socialista.

Marcos Agudo ha apuntado que “la enmienda que el PP coló, posibilita que este tipo de convenios con entes privados pueda extenderse por 20 años y otros cuatro prorrogables”. “Conociendo al consejero, y su trayectoria dentro de la gestión sanitaria, 15 años van a ser los primeros”, ha advertido, tildando de “vergüenza” la iniciativa del Gobierno del PP. 

Y es que para Agudo, “esta privatización encubierta y posibilitada por una enmienda lamentable, hipoteca a la ciudadanía de Cantabria por 216 millones sin que sepamos aún el por qué. No se han concretado los motivos del convenio ni conocemos qué prestaciones asumirá Santa Clotilde, lo que sí intuimos es que nadie velará por el seguimiento del convenio desde el punto de vista de los intereses de la ciudadanía”.

“Lo que tenemos claro es que Pascual y Buruaga representan un verdadero peligro para la sanidad pública. Su afán por privatizar y deteriorar lo público no es circunstancial sino planificado”, ha denunciado el PSOE

Al respecto, Agudo ha recordado que “Pascual y Buruaga comenzaron privatizando servicios no sanitarios en el Hospital Valdecilla, hoy los hacen subrepticiamente con Santa Clotilde”. “No se estarán contentos hasta quebrar la sanidad de todos y todas”, ha lamentado. 

“¿Por qué no se dedican esos 216 millones de euros para reforzar, por ejemplo, el Hospital Comarcal de Laredo?”, se ha cuestionado el portavoz socialista en materia sanitaria. “Con ese montante se podría dotar a este centro público de mejores instalaciones, equipos, dependencias y refuerzos para las plantillas que lo conviertan en un proyecto sanitario atractivo y con futuro”, ha señalado.

Por último, el PSOE ha anunciado que ha llevado a cabo la solicitud, vía registro, del expediente completo, y que “se van a presentar las iniciativas que esclarezcan esta privatización encubierta de la sanidad pública”.

Cantabristas ha cargado este miércoles contra la política sanitaria del PP en Cantabria. “Es al estilo Ayuso”, ha señalado esta formación, puesto que “busca desmantelar el sistema público para beneficiar a la sanidad privada”. Este partido ha realizado estas declaraciones a raíz de conocer que el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) planea destinar 216 millones al Hospital Santa Clotilde de Santander para privatizar servicios sanitarios, tal y como ha adelantado elDiario.es.

Se trata de un acuerdo plurianual con el hospital religioso perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que abarca 15 años, del que no se conocen por el momento más detalles y que fue aprobado el pasado 9 de octubre por el Consejo de Gobierno, aunque el Ejecutivo autonómico no lo dio a conocer en la comunicación oficial que remite a los medios.

Al respecto, desde Cantabristas han criticado que “el dinero que se quiere desviar a Santa Clotilde sale de los bolsillos de todas las personas que habitamos Cantabria, pero lo utilizan como si fuera suyo, para enriquecer a sus empresas amigas”.

En este sentido, su secretario general, Paulu Lobete, ha puesto en contexto lo que suponen los 216 millones del convenio con el Hospital Santa Clotilde: “Por hacernos una idea de la magnitud del trasvase de dinero, la inversión en los quirófanos del Hospital público de Laredo, desarrollada en seis años, no ha supuesto ni un 5% de la cantidad que se quiere desviar a la privada”, ha explicado.

Así pues, para este partido, el proyecto de la presidenta cántabra y de su consejero de Salud, César Pascual (PP), “es claro”: “Abandonar y deteriorar nuestro sistema sanitario público para enriquecer a la privada y que, en un futuro, tengamos que depender de ella como pasa en lugares como la Madrid de Ayuso”.

Finalmente, desde Cantabristas han expresado su firme oposición a “este tipo de políticas que desmantelan nuestro sistema de sanidad pública”. “Con la salud de las personas no se juega. No se puede hacer negocio con eso. El Gobierno de Cantabria ha traspasado otro límite y se va a encontrar con toda la sociedad cántabra enfrente: contra el desmantelamiento y la privatización de la sanidad”, ha concluido Lobete.

Izquierda Unida (IU) ha calificado de “cacicada legal” la adjudicación de 216 millones al Hospital Santa Clotilde de Santander por parte del Gobierno cántabro que preside María José Sáenz de Buruaga. Se trata del inicio de los trámites de un convenio plurianual para privatizar servicios sanitarios sin licitación pública, tal y como ha adelantado elDiario.es.

El acuerdo con el hospital religioso perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, sobre el que lo único que se conoce hasta la fecha es que abarca un periodo de 15 años, fue aprobado el pasado 9 de octubre por el Consejo de Gobierno, aunque el Ejecutivo de Buruaga no lo dio a conocer en la comunicación oficial que remite a los medios de comunicación.

Al respecto, IU ha reclamado este miércoles que “no se formalice el convenio bajo ningún concepto” y que el Gobierno destine esos 216 millones “al refuerzo de la sanidad pública, la que atiende a todo el mundo y no tiene que engordar la cuenta de resultados de ninguna empresa”.

Su coordinador autonómico, Israel Ruiz Salmón, ha denunciado que esta operación supone “un caso flagrante de privatización encubierta de la sanidad pública por parte del PP”, y ha recordado que es posible llevarla a cabo gracias a la modificación introducida por el acuerdo entre PP y PRC en la última Ley de Medidas Fiscales y Administrativas -la conocida como Ley de Acompañamiento que va unida a los Presupuestos de la comunidad-.

Esta modificación, tal y como ha explicado, implicó añadir en la Ley 7/2002 de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria, un artículo 90 bis (Convenios singulares de vinculación) que especifica que “podrá prescindirse de la convocatoria pública cuando existan razones objetivas de planificación de recursos sanitarios, ya sea por motivos geográficos o de cartera de servicios”.

“Este tipo de convenios abren la puerta a una gestión arbitraria de los recursos sanitarios, sin control democrático ni transparencia”, ha advertido el líder de IU, quien ha hecho hincapié en que “cuesta creer en las casualidades” cuando el consejero admite que no se han cubierto bajas, vacaciones, jubilaciones o traslados en el servicio de radiología y “ahora nos encontremos con la derivación de 1.000 diagnósticos de mamografías y un convenio millonario para los próximos 15 años al mismo hospital privado”.

“Hay una planificación deliberada de debilitamiento de la red pública, a la que se le detraen recursos y personal, a la vez que se trasvasan ingentes cantidades de dinero público a entidades de gestión privada”, ha insistido Ruiz Salmón.

“El PP, con la necesaria ayuda del PRC, preparó el terreno hace un año y sólo necesitaba una excusa para ejecutar la privatización de servicios”, ha asegurado, antes de alertar de que este tipo de convenios singulares, habilitados por la Ley de Acompañamiento, “pueden reproducirse en otros ámbitos de la sanidad, consolidando un modelo de gestión que prioriza la colaboración con entidades privadas frente al fortalecimiento de la red pública”.

“Lo que está en juego no es solo la vida de las mujeres que esperan un diagnóstico por la negligente gestión de Buruaga y Pascual; ni tampoco es solo el destino de 1.000 mamografías, sino el modelo sanitario que queremos para Cantabria, el que de verdad salva vidas”, ha concluido el coordinador de IU.