¿Se ha ganado Israel el respeto del pueblo catalán tras 70 años de independencia? Eso es lo que ha asegurado el president de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha felicitado al país hebreo a través de un tuit en su aniversario. Un mensaje que ha sorprendido por su contenido y ha despertado múltiples críticas entre los propios partidos catalanes, incluidos los independentistas.

La retahíla de comentarios en contra de éste tuit no se hizo esperar. A las pocas horas ya había toda una marea a favor de Palestina y en contra de Israel, de hecho, las palabras de Puigdemont se revirtieron: muchos catalanes se han mostrado identificados con el pueblo palestino y han defendido que la independencia de Israel conlleva también años de terror entre la población palestina.

Pero no solo los tuiteros han calificado a éste tuit de “vergonzoso” y de ser un “error”. Podem Catalunya y la CUP también han respondido. Ambas cuentas han criticado el mensaje de Puigdemont y le han indicado que Israel no puede ser “un espejo para los catalanes” porque estos 70 años de independencia de los que él habla han sido 70 años de ocupación, bombardeos y violencia.

Muchos tuiteros han optado por recordarle a Puigdemont que Palestina tiene presos políticos, igual que Catalunya. El caso que más se ha hecho escuchar ha sido el de la activista Ahed Tamimi, encarcelada por las fuerzas israelíes y condenada a ocho meses de prisión.

José Ángel Contreras y Carmen Ruiz son los enviados de la CRUE (Conferencia de Rectores) para supervisar la investigación sobre el máster de Cristina Cifuentes. Ninguno de los dos expertos, sin embargo, se encontraba este jueves en Madrid. La Universidad Rey Juan Carlos ha iniciado las pesquisas –comparecencias incluidas– sin esperar a la presencia de los observadores independientes. 

La CRUE ha enviado esta tarde un comunicado en el que afirma que “la misión de las dos personas que ejercen como observadores consiste en actuar de garantes de que todo el proceso y la recogida de pruebas se ha llevado a cabo siguiendo escrupulosamente lo que la normativa de la propia universidad prevé para estas situaciones, por lo que los observadores de CRUE ya están en contacto y colaborando a través de los medios tecnológicos disponibles con el equipo de Inspección de Servicios de la URJC”. 

Pero ninguna de las dos personas encargadas de investigar el máster de Cifuentes se encuentra en estos momentos en Madrid, pese a que este jueves ha tenido lugar la comparecencia de las profesoras cuyas firmas aparecen en el acta de evaluación de la presidenta.

José Ángel Contreras, de la Universidad de Burgos, recibió la noticia de su cometido mientras disfruta de sus vacaciones fuera de España. En una entrevista publicada ayer por El Norte de CastillaEl Norte de Castilla, Contreras afirma que no se ha puesto aún en contacto con la Universidad Rey Juan Carlos y que tampoco tiene pensado hacerlo hasta la próxima semana, en concreto, hasta el próximo lunes.

Contreras aclara que la suya es una “labor de supervisión y de observación” y que ni él ni su compañera de investigación serán los encargados de tomar decisiones sobre el máster de la presidenta. Por lo tanto, la última palabra sobre la legalidad del máster de la presidenta Cristina Cifuentes la tendrá el rector de la universidad, que depende de la Comunidad de Madrid. Las propuestas que Contreras y Ruiz le comuniquen al rector, por tanto, no tendrán carácter vinculante. 

En cuanto a Carmen Ruiz, la otra observadora independiente, la Cadena SER ha señalado esta tarde que su entorno asegura que “están a la espera de ser citados para iniciar los trabajos”. Por ahora, según la SER, “no están observando la información reservada que tiene abierta la Rey Juan Carlos desde la semana pasada”.

La portavoz de Izquierda Unidad en Madrid, Sol Sánchez, y el responsable de Políticas Económicas del mismo partido, Carlos Sánchez Mato, han publicado este miércoles por la tarde que sus abogados Enrique Santiago y Juan Moreno están estudiando la posibilidad de iniciar acciones penales contra la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, tras lo ocurrido con su máster.

Desde la cuenta oficial de Izquierda Unida han hecho público un vídeo en el que ambos miembros explican cómo las declaraciones de Cifuentes y las de “sus aliados de Ciudadanos” son “un insulto a la inteligencia” del pueblo de Madrid.

La portavoz de Izquierda Unida ha señalado que la presidenta madrileña sigue sin presentar su TFM y tampoco ha explicado aún nada sobre las acusaciones de las últimas horas sobre posibles falsificaciones en los documentos que ha presentado. Además, ha añadido que, al igual que con la “querella Barcenas”, con éste asunto también están barajando la posibilidad de tomar medidas legales.

“La propuesta de investigación de Ciudadanos en vez de servir para aclarar éstas cosas está sirviendo de balón de oxígeno para mantener a Cristina Cifuentes y al Partido Popular dirigiendo la Comunidad de Madrid”, ha afirmado Sol Sánchez. Por su parte, Carlos Sánchez ha comentado que para él lo que ha quedado claro hoy es que la presidenta recibió un trato de favor por parte de la Universidad y que no asistió a las clases del máster. “El PP sobra”, ha afirmado.

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo no solo ha cobrado el sueldo que le correspondía como ministro, sino que también ha percibido una pensión de jubilación durante al menos dos años, según ha adelantado este lunes infoLibre. Este subsidio, financiado por el Parlamento Europeo, beneficia a todos los antiguos eurodiputados que, dentro del fondo voluntario de Luxemburgo, hayan cumplido los 63 años de edad.

Como recoge el reglamento sobre éste fondo, los eurodiputados que renuncian a su mandato antes de cumplir los 60 años (63 desde 2009) pueden solicitar su pensión de jubilación entre el momento en el que renuncian a su mandato y los 60 años, siempre que hayan cumplido los 50 años de edad. Además, este subsidio de pensiones puede rechazarse voluntariamente, como hizo el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

Aunque la Ley General de Seguridad Social vigente en España impide que los cargos públicos en activo perciban pensión alguna, pero este veto no ha afectado a la nómina del exministro. La ley prohíbe a cualquier jubilado que desarrolle una actividad laboral por su cuenta si con ella se beneficia de rentas anuales que superan el salario mínimo, correspondiente a 10.302,6 euros por año. Sin embargo, Margallo disfrutó de una doble vía de ingresos públicos en 2014 y 2015, según ha adelantado infoLibre. En las declaraciones de bienes que el exministro presentó ante el Congreso en los años 2015 y 2016, la pensión que cobró del Parlamento Europeo superaba los 53.000 euros en cada ejercicio.

Las rentas de Margallo, correspondientes a 2014 y 2015, reflejan cómo además de recibir los 53.000 euros de jubilación del Parlamento Europeo en el 2015, también cobró una segunda pensión del mismo organismo: 8.104,80 euros. En la declaración del año siguiente, el exministro recibió nuevamente unos 53.000 euros, pero hubo un cambio. En esta ocasión la cantidad que le fue asignada no provenía de la “Pensión de Jubilación del Parlamento Europeo”, como había indicado en el ejercicio previo, sino que la fuente de ingresos cambió de nombre y pasó a llamarse “Plan de Pensiones del Parlamento Europeo”. A la cantidad de este “plan de pensiones” se sumó, nuevamente, la segunda pensión de jubilación europea, en la que Margallo optó por no indicar la cantidad que le fue concedida.

El Congreso ha explicado a infoLibre que la retribución asignada a Margallo por el Parlamento Europeo, tanto por haber sido eurodiputado como por tener la edad de jubilación que establece Estrasburgo, no es una pensión financiada con fondos públicos, sino una renta de carácter privado creada gracias a las aportaciones de los partícipes del fondo de Luxemburgo.

Contrariamente a lo que explica el Congreso, en el periodo que va desde el año 2000 hasta el 2009 el Parlamento de Estrasburgo destinó al fondo de Luxemburgo 95 millones de euros, lo correspondiente a dos tercios. Solo la parte restante provenía de aportaciones de distintos eurodiputados agrupados en la “asociación sin ánimo de lucro” propietaria del fondo.

El pasado lunes, ante las irregularidades desveladas por eldiario.es sobre su máster, Cristina Cifuentes afirmó, a través de un plasma, que estaba siendo víctima de una “cacería” que pretendía destruirla.

Sin embargo, ésta no es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra ante dificultades y responde situándose como víctima. “Voy a llevar a cabo todas las actuaciones que sean precisas: no creo en la difamación, en el juego embarrado, creo en el trabajo duro y en la honradez”, advertía Cifuentes ante el informe de la Guardia Civil en el que se implicaba a la presidenta con la financiación irregular del PP de Madrid. 

En aquella ocasión, Cifuentes no solo lanzó un aviso, sino que también criticó a la Guardia Civil por vincularla con la adjudicación de contratos a Arturo Fernández. La mesa de contratación que presidía Cifuentes fue la misma que otorgó, en 2009, los servicios de Cafetería del parlamento regional al empresario. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esta contratación favoreció al dueño del Grupo Cantoblanco. La respuesta de la presidenta no tardó en llegar. Afirmó que el informe presentado por la UCO estaba repleto de “juicios de valor y ningún fundamento jurídico”. Ahora, sobre su máster, ha optado por desmarcarse con un “ha sido un error de transcripción de las notas”. 

Lejos del juego sucio, el descubrimiento de un lápiz de memoria en el domicilio del gerente del PP Beltrán Gutiérrez el 11 de febrero de 2017 prendió la mecha de las investigaciones de la UCO. Ese hallazgo no solo sirvió para dar comienzo a una serie de investigaciones vinculadas con Púnica, sino que también desmonta la teoría de una conspiración contra Cifuentes.

Sin embargo, la idea de una posible “mano negra” es un estrategia manida por el Partido Popular. El PP ha recurrido en múltiples ocasiones a la treta de que existe una conspiración contra este partido para escudarse de sus escándalos.

“Tiene toda la pinta de ser una conspiración”, decía en 2009 el, por entonces, consejero de Economía y Hacienda de Esperanza Aguirre, Antonio Beteta. También de informes falsos, como Cristina Cifuentes, hablaba González Pons: “es un informe falso realizado a instancias de Rubalcaba con el objetivo de atacar al PP”. Todas estas declaraciones se producían dentro de un mismo marco: un informe policial afirmaba que el partido de Mariano Rajoy había sido financiado irregularmente por la trama Gürtel. El entonces líder del partido lo tenía claro, tanto que convocó una rueda de prensa multitudinaria arropado por su plana mayor (que en aquella época incluía a nombres como Camps, Barberá, Aguirre o Ana Mato): había una trama contra el PP.

En la misma línea, pero en 2016, se sumaba al carro de la conjura contra el PP el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Lo hacía en pleno estallido del caso Taula sobre la presunta financiación ilegal del PP de Valencia. Fernández Díaz, máximo responsable de la Policía y la Guardia Civil en ese momento, consideraba que el PP no era el único partido que contaba con casos de corrupción entre sus filas, pero que, sin embargo, era sobre el que más iniciativas judiciales proliferaban. A esto, el ex ministro añadía que él no creía en “las casualidades”.

A principios de abril de 2017 se desataba un nuevo revuelo entre los barones regionales y principales cargos del PP. El detonante había sido la publicación del auto del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que vinculaba al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con la Púnica. Tras la decisión del juez Velasco surgía toda una serie de comentarios en el PP que apuntaban a complot. “Este juez nos la tiene jugada, ha sacado el auto para hacernos daño”, afirmaba un barón regional. El caso acabó costándole a Pedro Antonio Sánchez su dimisión.

De aquel auto del juez Velasco a la decisión judicial por la que se requería que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declarase en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel no pasó demasiado tiempo. El PP volvía a justificarse recurriendo a una conspiración contra ellos. La formación de Rajoy señalaba que Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, ambos miembros de la acusación popular, eran “muy conocidos por su cercanía al partido socialista”. 

Casi nueve años después de las primeras señales de los vínculos entre el PP y la red de Francisco Correa, algunos miembros del partido han acabado en el banquillo y alejados de sus filas, pero otros continúan activos en el panorama político, como Rajoy. En enero, el que fue secretario general del PP en la Comunidad de Valencia, Ricardo Costa, confesaba que la formación se había financiado ilegalmente por medio de Gürtel. Ante la posible financiación irregular en Valencia el presidente del Gobierno contestó: “No lo sé, a nosotros nunca nos lo han dicho”. 

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado este jueves en una entrevista en el Canal 24h de TVE que la presidenta de la Comunidad de Madrid cuenta “personalmente” con todo su apoyo y, en cuanto al PP, con “todo nuestro cariño, respeto y confianza”. Así se ha referido Casado a Cristina Cifuentes tras las acusaciones que recaen sobre ella por la posible falsificación en las calificaciones del máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos.

Además, ha añadido que no solo cuenta con el respaldo del Partido Popular, sino que también tiene el apoyo de “la mayoría de los madrileños”. “Quizá es lo que le sienta mal a sus adversarios”, ha planteado después. Según el vicesecretario popular, la situación que están viviendo tanto Cifuentes como la Universidad es “injusta”. Más aún porque, para él, las explicaciones que la presidenta ofreció a los medios fueron las correctas. Las palabras de Casado han tenido respuesta poco después a través de las redes sociales: la presidenta regional ha agradecido su intervención con un mensaje con tres emoticonos de besos.

“Un esperpento”

En lo relativo a la situación catalana, Casado cree que la posible investidura de Jordi Turull como presidente de Catalunya es “un capítulo más de este esperpento”. Según el vicesecretario, las fuerzas políticas independentistas quieren tensionar la situación de España, por eso han intentado investir a Puigdemont, después a Jordi Sànchez y ahora a Turull. Tres candidatos que para Casado eran inviables por la situación en la que se encuentran. Además, ha aprovechado para recordar que Turull podría tener que hacerle frente a alguna medida cautelar impuesta por el juez Llarena próximamente. “Nadie echa de menos al independentismo”, ha asegurado el vicesecretario antes de añadir que el Partido Popular de Catalunya reclama al señor Torrent que en lugar de bloquear el Parlament propusiese a una persona que no estuviese fugada o en prisión.

Para él, la alternativa constitucionalista al procés pasa por que Ciudadanos tome el mando y el Parlament “no sea rehén de los cálculos independentistas” que, según ha dicho, no representan a la mayoría de la sociedad ni son “un único pueblo”. En lo referente al futuro, el miembro del PP ha comentado que una investidura no independentista podría darse si la CUP no apoya al candidato que presente Junts pel Sí y ERC. Por otra parte, ha asegurado que Inés Arrimadas cuenta con el apoyo de su partido siempre que se presente para “desbloquear la situación en Catalunya”.

Sobre el tema que lleva días en la calle, las pensiones, Casado ha vuelto a repetir que el presidente del Gobierno va a aumentar las mínimas y las de viudedad. Ha pedido que no se haga “demagogia ni oportunismo” con una cuestión tan esencial. También ha exigido que todas las fuerzas políticas intenten llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo y que sean “responsables”. “Los pensionistas pueden estar tranquilos, su pensión está garantizada y se ha ido revalorizando. En cuanto la situación nos lo permita, las subiremos más”, ha comentado.

Otro tema que no ha quedado sin tratar es la prisión permanente revisable que, según él, no es algo hecho “en caliente”, sino que apareció hace dos años: “Ahora se han empezado a sumar más personas a ella y, de hecho, en Europa se aplica en todos los países excepto en Portugal y Croacia, si no recuerdo mal”. Para Casado esta medida es una forma de fomentar la seguridad. Por último, ha negado la acusación que recae sobre las filas de su partido de que el PP se aprovecha del dolor de las víctimas de crímenes como el de Diana Quer o Mariluz: “Somos sensibles al dolor que sienten unos padres que lo que buscan es que nadie pase por el mismo trance que ellos, pero no sacamos rédito mediático de esto”.

Antoinette Torres Soler es la fundadora y directora de Afroféminas, una comunidad en línea destinada a mujeres afrodescendientes/negras. Aunque, como recoge la página, no es necesario serlo para escribir en ella. Hace unos días, a través de su web, publicaron un comunicado en el que daban a conocer que dentro de su colectivo algunas mujeres habían tomado la determinación de no secundar la huelga del próximo jueves 8 de marzo.

Parece que algunos feminismos se están “quedando al margen” de la huelga.

Mira, yo prefiero darle otro enfoque. No estamos al margen, sino que hemos decidido seguir otro rumbo. Hace poco escribí un libro en el que explico este planteamiento, que es personal, una reflexión. El feminismo negro tiene una historia diferente. Es así, no es un capricho. Además, tiene unos referentes totalmente distintos, parte de las huellas que dejó la colonización y de cómo se construyó la mujer o, más bien, cómo se deshumanizó a la mujer negra. Nuestra lucha, nuestra reivindicación fundamental es la deshumanización de la mujer racializada. Pero esta deshumanización no viene solo de los hombres; también de las mujeres.

Entonces, ¿cuáles es la relación entre el 'feminismo blanco' y el feminismo de mujeres negras?

Primero pedíamos, exigíamos más bien, visibilidad dentro de un mismo proyecto, aún teniendo en cuenta que la historia es diferente. Que la historia sea diferente implica que obligatoriamente tienes que estar hablando de cosas distintas. Por esto he recibido muchas críticas. La gente piensa que se trata de excluir, pero nosotras siempre hemos estado excluidas. Mi reflexión es que si lo que incomoda es que nos separemos, lo que molesta es que haya una decisión de colectivo.

Pero... ¿es así en todos los casos?

Reconozco que hay muchas feministas blancas jóvenes que ya tienen una posición diferente o quizá muestran más empatía que las feministas académicas. En la academia te encuentras el peor racismo. Lo que quiero decir es que separarnos sí, pero no aislarnos. En las conferencias que doy me encuentro a menudo con que a muchas personas mi discurso les resulta incómodo, aunque a veces hay chicas jóvenes que se apenan de que nos vayamos, pero es que no nos vamos. Por ejemplo, yo respeto que haya grupos feministas que no quieran espacios mixtos, así que las afroféminas ahora igual tenemos que cultivar, ordenar y crear un discurso en lugar de sumarnos a una huelga que es un gesto. La deshumanización de la mujer racializada es un problema estructural que no se resuelve con una huelga, una foto o un cartel.

¿Cómo se repara esta situación?

Yo creo que esta batalla se logra a largo plazo y a través de la educación. Estas opresiones y maneras de pensar completamente retorcidas están en la forma en la que nos han educado, por eso sigue habiendo adolescentes machistas y racistas. El cambio necesita políticas que deconstruyan y personas que hagan actividades como talleres, pero estamos aún muy lejos de todo eso.

¿Ha sentido alguna vez que las feministas blancas se olvidan de vuestra posición?

Creo que no la olvidan, sino que no la quieren poner. Dicen que la diferencia quiere acabar con el feminismo, pero esa no es mi posición. Yo respeto que en este país el feminismo blanco tenga un problema con el género como punto fundamental. Comparto sus objetivos, pero no son los míos. En la unión encuentro marginalidad, así que me separo para construirme respetando que las demás tienen sus objetivos y sus luchas. Si algún día tenemos que coincidir, que la coincidencia nazca sola, pero que no sea una obligación porque yo no me siento representada: a mí me discriminan mujeres también.

Algún ejemplo que se le venga a la mente...

Una exposición de mujeres negras nacidas en Zaragoza. Mujeres que rompen el estereotipo, mujeres negras que en lugar de necesitar ayuda la ofrecían. Cuando me acerqué, nunca olvidaré esa frase, me dijeron: “Pero esto no es aquí, esto tiene que ser en la Casa que atiende a personas migrantes”. Ese fue mi primer choque. Me di cuenta de que ser mujer con experiencia migrante te hace menos mujer.

“Menos mujer” es una idea dura.

Sí. A la mujer racializada o migrante se la presupone ignorante, que no sabe hablar ni tiene formación. En total, que tienen que hablar por ella. En mi libro, por ejemplo, aclaro que ser pobre no quiere decir que no puedas ser brillante. Piensa que en el siglo XIX las mujeres negras se vendían en la sección de animales, así que imagínate de dónde viene nuestra deconstrucción.

Así que, ¿las feministas blancas tienen una actitud paternalista con las mujeres negras?

Recuerdo una vez estuve en un debate con mujeres blancas feministas, aunque también había un hombre. Para mí el debate fue un horror porque entre ellas se creó un ambiente opresivo. El hombre, al final, me dijo: “Estas señoras se han puesto contigo como los hombres se ponen con las feministas”.

Pues solo queda la pregunta evidente: ¿cómo ha llegado al feminismo?

Cuando comencé Afroféminas fue por el deseo de empoderamiento, pero yo no conocía el feminismo negro, a él llegue después, cuando me di cuenta de que mi experiencia no era casual. Mi experiencia era la misma que tenía la mujer negra de México o Francia. El feminismo negro tiene historia, pero está poco visibilizada. Yo tenía claro que ante cualquier tipo de microagresión quería saber responder, entonces me di cuenta de que había una teoría, así que empecé a prepararme y saqué el discurso del feminismo negro al mundo real y en 2015 fue cuando comencé a impartir talleres, que son espacios para que la gente pueda conocerlo y se sienta bien. En ellos nadie se siente agredido. Hay diferencias en el discurso entre Europa y Estados Unidos, pero la historia al final es trasladable a cualquier país que haya sufrido colonización.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha convocado este sábado una marcha en el centro de Madrid para reclamar una ley de vivienda digna. Su comienzo estaba previsto para las doce del mediodía en Callao, pero media hora antes gritos como “¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa!” ya inundaban la plaza. Ni los ocho grados de temperatura ni la amenaza de lluvia han paralizado la protesta social que ha avanzado hasta la calle Génova 13, donde se encuentra la sede nacional del PP.

La organización se ha reunido para exigir al partido de Mariano Rajoy que deje de bloquear la Iniciativa Legislativa Popular registrada en el Congreso en 2013 y que está amparada por más de un millón de firmas. Además, en la última semana la PAH se ha movilizado para buscar también el respaldo de distintos eurodiputados.

Según Ricardo Rosado, uno de los organizadores de la manifestación, se han concentrado cerca de 2.000 personas de diversos puntos de España. “Fuera de España hay un reconocimiento expreso a lo que hacemos, excepto por parte de Ciudadanos y del Partido Popular”, ha explicado a eldiario.es.

La convocatoria ha contado con el apoyo de distintos colectivos, como el de los pensionistas que esta semana tomaban las calles. “Yo estoy aquí porque es necesario que la gente tenga un techo, pero no está siendo así”, ha explicado Pilar González Cid, que forma parte del movimiento ciudadano Yayoflautas desde hace seis años. Para ella no hay descanso: “Los yayoflautas vamos a seguir luchando, pero no por nosotros, sino por la juventud”.

Entre lemas como “el próximo desahucio que sea en la Moncloa” o “no nos mires, únete” un joven, que ha preferido no decir su nombre, explica que ha venido desde Alicante porque su familia ha sido una de las afectadas por la situación. “La PAH detuvo nuestro desahucio en noviembre, su ayuda ha sido grandísima”, asegura. Su petición es clara: un alquiler asequible y que “los bancos no engañen más”.

Los manifestantes han continuado recorriendo las calles hasta la sede del PP. Allí, la Asociación Garaje, un colectivo sin ánimo de lucro de profesionales del ámbito educativo y social, tenía previstos diferentes actos lúdicos.

Veto del PP

La PAH ha señalado que el presupuesto público dedicado a vivienda ha sufrido, desde el año 2007, un descenso del 63%. Ante esto, la plataforma ha presentado su proposición de ley de vivienda digna. En ella se incluyen las peticiones de colectivos antidesahucios, como que no se produzcan desahucios sin alternativa. También aboga por medidas como realojar temporalmente en pisos vacíos de la banca a familias en situación de emergencia o una regulación de los precios de los alquileres, entre otras.

El excomisario Eugenio Pino, antiguo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, recibe una pensión anual de 3.725 euros al año, según ha publicado este viernes El País. Esta asignación económica se debe a la Medalla de Plata al Mérito Policial que el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, le concedió en su despedida, como reveló eldiario.es.

Esta información se dio a conocer tras la pregunta que el diputado del PSOE David Serrada formuló sobre las distinciones con honorarios que Interior había concedido a diversos altos cargos policiales durante los años 2014 y 2016. La respuesta remitida por el Gobierno indicaba que son seis los comisarios que en ese periodo recibieron reconocimientos. Además, la gratificación que perciben estos altos cargos oscila entre los 2.470 y los 3.782 euros al año.

Pino, artífice de la policía política recibió la Medalla de Plata al Mérito Policial tras jubilarse en junio de 2016. En aquel momento, el Ministerio de Interior justificó la atribución de esta condecoración a la “meritoria trayectoria profesional” del comisario, según la información remitida a la comisión parlamentaria.

El nombre del comisario jubilado apareció en 2014 unido a una estructura secreta que el mismo creó dentro de la Dirección Adjunta Operativa cuando el PP le encomendó dirigir el Cuerpo. Los policías que formaban parte de ese grupo se encargaban de buscar actuaciones corruptas entre los políticos del proceso soberanista. Sin embargo, no había ningún tipo de control judicial. Posteriormente, Pino dirigió esa estructura contra Podemos. De esa investigación surgió el informe PISA sobre presunta financiación irregular del partido de Pablo Iglesias.

El comisario también estuvo imputado en un juzgado de Madrid por intentar introducir un pendrive que contenía información obtenida de forma irregular en la causa que la Audiencia Nacional sigue contra la familia Pujol. En aquella ocasión, el instructor José de la Mata se encargó de interrogar a Pino y a otros policías. La causa terminó en un juzgado local al resultar incompetente para investigar los presuntos delitos de prevaricación, falso testimonio y fraude procesal que el magistrado advirtió.

En julio de 2017 volvía a ser protagonista. La comisión del Congreso señalaba como culpables del uso partidista de la Policía durante la primera legislatura de Mariano Rajoy a Jorge Fernández Díaz, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó y a Eugenio Pino. El pleno del Congreso aprobó el dictamen de la comisión que consideraba probada su existencia. También indicaba que esta “policía partidista” buscaba “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP”.

La huelga feminista vuelve a encontrarse con detractores entre los integrantes de las filas del Partido Popular. Hasta el punto de provocar acaloradas discusiones y el insulto a los representantes de otras formaciones políticas. El pasado 21 de febrero un vocal vecino de uno de los distritos de Madrid llamó “gilipollas” a un representante de Ahora Madrid durante el debate de una moción en apoyo del 8M. Posteriormente, dimitió.

En la Junta de Distrito de San Blas-Canillejas se celebraba un Pleno ordinario. Uno de los puntos del día trataba el debate y votación de una proposición conjunta de los grupos municipales de Ahora Madrid y del PSOE. Ambas fuerzas solicitaban el apoyo del Pleno a las reivindicaciones y movilizaciones organizadas por colectivos feministas para el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La portavoz del PP, Isabel Rosell fue la primera voz discordante y tachó la proposición de “confusa”, por lo que su grupo no la iba a apoyar. Ciudadanos, por su parte, exigió una votación punto por punto por mostrarse en desacuerdo con parte del texto sometido al Pleno.

La falta de respeto de los tiempos, el creciente tono de crispación y, por último, la intervención de la portavoz de Ahora Madrid fueron incrementando la tensión. “Ustedes convocaron una huelga en 1979 cuando el terrorismo de ETA asesinó a 206 personas”, afirmó la portavoz de Ahora Madrid. “Está muy bien”, añadió, “porque permitió visibilizar a las víctimas”. Y concluyó: “Hagan el favor de que todas las víctimas tengan los mismos derechos”.

Uno de los vocales del PP, Luis Ignacio Pedrosa Sánchez-Pinilla, se levantó de su asiento en cuanto la portavoz de Ahora Madrid finalizó su intervención. Sánchez-Pinilla comenzó a gritar: “Esto es una vergüenza, es vergonzoso, póngalo en el acta”. Antes de abandonar el pleno, el vocal vecino dedicó un “miserables” en referencia a la mención que la representante de Ahora Madrid había hecho sobre las víctimas de ETA. Y dirigiéndose a uno de los vocales de Ahora Madrid le espetó: “¡Y tú quién eres para hablar conmigo, gilipollas!”.

Avanzado el Pleno, la portavoz del PP pidió la palabra para disculparse en nombre de su partido por la actuación de su vocal: “Su conducta ha sido inadecuada en el fragor del debate político. El vocal ya ha solicitado su dimisión y ha sido aceptada”.

El “homosexual” Alejandro Magno

El caso de Sánchez-Pinilla no es el único.“Eso de heteropatriarcal me lo tendrán que explicar, porque Alejandro Magno era homosexual y un tirano”, dijo el pasado 22 de febrero el tercer teniente de alcalde de Badajoz, Celestino Rodolfo Saavedra, en un Pleno municipal.

La intervención de Saavedra, también del PP, se produjo durante el debate de una moción del Grupo Podemos-Recuperar Badajoz a favor de la convocatoria del 8M.

En el Ayuntamiento de Elche también hubo polémica con respecto a la huelga feminista. El pasado lunes la portavoz del grupo municipal del PP, Mercedes Alonso, explicó que el paro laboral previsto era “discriminatorio” e “insolidario” por estar únicamente enfocada hacia las mujeres con trabajo.

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se suma a esta lista ya que ha asegurado que no está de acuerdo con la huelga convocada. Entre sus motivos, Cospedal apuntó que no le parecía un “criterio igualitario” que solo las mujeres la hiciesen. Además, la ministra afirmó que no tenía “transcendencia o relevancia” para las mujeres.

En su peor momento en las encuestas y con su hegemonía en el centro-derecha por primera vez amenazada por Ciudadanos, el Partido Popular vuelve a recurrir a las víctimas. Esta vez, a propósito de la prisión permanente revisable, la cadena perpetua que reinstauró en 2015 cuando aún tenía mayoría absoluta y que ahora pretende ampliar a cinco tipos de delitos más.

Dirigentes del Gobierno y del Partido Popular aluden directamente a las encuestas. Tanto el presidente, Mariano Rajoy, como el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como otros portavoces del partido han recurrido a los sondeos para justificar la necesidad de un nuevo endurecimiento del Código Penal, tras más de una década de caída de los delitos más graves. España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa más baja de homicidios: 0,63 por cada 100.000 habitantes. Solo Austria es más seguro.

Y, sin embargo, el Partido Popular apela a la opinión pública siguiendo la estela de los programas de televisión que han dedicado horas y horas al asesinato de la joven madrileña Diana Quer.

Con su padre, que desde que se descubrió el cadáver recoge firmas en internet para tratar de evitar que se derogue la prisión permanente revisable, en primera fila, Mariano Rajoy dijo hace dos semanas en un acto monográfico en Andalucía: “La mayoría de españoles saben que lo que es permanente es el dolor de una madre o de un padre de un menor asesinado, o el de un hijo de la víctima del terrorismo, y ese dolor que es permanente, por desgracia, no es revisable”.

Un día más tarde, su ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiraba del mismo argumentario en una entrevista en TVE: “El dolor de las víctimas sí que no es revisable, y no podemos evitarlo, si tengo que elegir me pongo del lado de las víctimas, de las del terrorismo, y de las del delito porque está muy bien esto de que las penas vayan orientadas a la rehabilitación del delincuente, esta es una parte importante, pero y las víctimas, quién escucha a los padres de niños asesinados con una crueldad atroz y eso no es legislar en caliente, en el programa del PP de 2011 ya estaba el compromiso de llevarlo adelante, tiene un problema el que se olvida de las necesidades reales de las personas, y el que cree que por ser  un experto en derecho o no sé qué puede desatender las demandas de la sociedad”.

“El principal aval de la prisión permanente revisable es el apoyo de los españoles”, aseguraba también el ministro de Justicia el pasado viernes. Esta afirmación se producía días después de que Juan Carlos Quer, padre de Diana, y Juan José Cortés, padre de Mari Luz, recogiesen a través de Internet 2 millones de firmas en contra de la derogación de la prisión permanente revisable. Además, a la norma planteada por el PP se sumaba el apoyo mostrado por los familiares de otras víctimas, como la madre de Ruth y José, víctimas de José Bretón, o los padres de Marta del Castillo.

“Usted traiciona a los muertos”

No es la primera vez que el Partido Popular recurre a las víctimas en momentos complicados. Durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el partido de Mariano Rajoy convirtió a ETA en su principal arma contra el Gobierno. “Usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda”, aseguraba sobre Zapatero el presidente de los conservadores en el 2005. En aquel momento, la principal baza dialéctica de Rajoy fue la situación de desamparo en la que supuestamente se encontraban los afectados por la banda terrorista y en la lucha contra ésta. “44 millones de ciudadanos no pueden aceptar que ETA amenace a todos los españoles y que el presidente del Gobierno siga sin decir que se acabaron las negociaciones y las conversaciones con Batasuna”, aseguraba Rajoy.

El PP no solo había utilizado a las víctimas del terrorismo etarra para enfrentarse a Zapatero, sino que también afirmaba que el Gobierno pactaba con ETA al margen de España. Rajoy acusó al presidente de negociar con los terroristas con la intención de mantenerse en el poder. Además, culpó al jefe del Ejecutivo de “arrodillarse” ante los nacionalistas y de “entregar” Navarra al apodado “proyecto Euskal Herria”.

De las víctimas de la banda terrorista para enfrentarse a Zapatero, el Partido Popular ha pasado a ampararse en lo que parece un clamor popular. Además de la opinión pública, la fuerza política de Mariano Rajoy cuenta con el respaldo de los familiares de las víctimas de aquellos casos que tuvieron una gran cobertura mediática y con el aval que le otorgan los sondeos. El PP impulsa así un escudo para la prisión permanente revisable mientras el resto de partidos trata de derogarla.

El gobierno de Manuela Carmena apuesta por un nuevo proyecto que pretende peatonalizar más vías céntricas, como ocurrirá con la Gran Vía. Sin haber dado comienzo todavía a las obras previstas para este año y con el el ultimátum de Bruselas a España por los datos de contaminación, Carmena plantea a partir de 2019 una transformación en el eje Norte-Sur. Una obra, adelantada por 20 Minutos, que afectaría de lleno al Paseo de la Castellana.

Ahora Madrid ha anunciado un proyecto que, de llevarse a cabo, modificaría la estructura de los 7 kilómetros que conforman este eje madrileño. Este cambio implicaría una reducción de los carriles destinados a tráfico privado en aras de un mayor espacio para peatones, ciclistas y medios de transporte público.

El plan, elaborado por el área de Desarrollo Urbano Sostenible, busca una reorganización de la movilidad en el conjunto de la Almendra Central -Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos y Paseo del Prado- . Esto implicaría la reducción de la intensidad y velocidad del tráfico privado, además de favorecer el espacio para la circulación de otros modos de movilidad. También se apostaría por convertir la actual línea 27 de la EMT en un “metro de superficie” que contaría con un carril reservado exclusivamente para su uso.

Con esta reforma, el Ayuntamiento espera no solo reducir -al menos a la mitad- el tráfico privado en la gran mayoría de los tramos, sino también reorganizar el aparcamiento y la actividad de descarga en las vías laterales. Además, quiere incrementar el espacio destinado a zonas verdes y el número de carriles bici.

Modos de movilidad para los peatones

El tamaño de las aceras aumentaría y se trataría de recuperar la vida local de la red viaria lateral del eje N-S. Por otra parte, se optaría por conseguir trayectos que unan distritos a este y a oeste de la ciudad y por incentivar el acceso a los locales desde las aceras.

Las plazas de aparcamiento también sufrirían cambios: se racionalizarían las plazas a un lado y a otro, con lo que se daría cobertura a las necesidades de carga y descarga y a las de personas con movilidad reducida, bicicletas y motocicletas.

Transporte público: más rápido y cómodo

La línea 27 de EMT pasaría a ser un servicio de alta capacidad con características de BRT (Bus Rapid Transit) o de transporte en superficie. Al “metro en superficie” más rápido, cómodo y con mayor capacidad, se sumarían otras medidas con las que oxigenar las vías laterales.

Entre éstas, está el establecimiento de un sistema de priorización de los semáforos para el autobús o el establecimiento de plataformas reservadas a servicios de transporte masivo en el carril central.

Presencia de la bicicleta en las vías laterales

Con la redistribución del viario para el autobús y la reducción del transporte privado, las vías laterales podrían destinarse a consolidar la movilidad de los ciclistas.

En caso de no poder cumplirse con lo anterior se pretende, como medida mínima, establecer vías exclusivas para el flujo ciclista con tratamiento de pavimento y elementos de separación que garanticen su seguridad.