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El tribunal que supuestamente evaluó el trabajo de Cifuentes nunca se reunió

Las profesoras que la universidad presentó como tribunal del TFM no se reunieron el 2 de julio de 2012 ni ningún otro día, según publica El Confidencial

El acta que presentó Cifuentes como prueba de su máster tiene dos firmas falsificadas

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Acta del trabajo de fin de máster aportada por Cifuentes

El acta del trabajo de fin de máster aportada por Cristina Cifuentes.

El tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes según la información difundida por la universidad y por la propia presidenta nunca se reunió. Según publica este jueves El Confidencial, las tres profesoras cuyas firmas aparecen en el acta de evaluación no se reunieron ni el día en el que está fechado el documento, el 2 de julio de 2012, ni en ningún otro momento.

Fuentes del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, el centro responsable del máster de Cifuentes, explican a El Confidencial que Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado no mantuvieron ninguna reunión.  También indican que alguna de estas profesoras no ha examinado nunca a la presidenta madrileña, ni en el TFM ni en ninguna asignatura.

Sin embargo, Cifuentes aseguró este miércoles en rueda de prensa que realizó la preceptiva exposición oral de su trabajo. "Sí, lo defendí de forma presencial en el campus de la Universidad", respondió cuando los periodistas le preguntaron al respecto.

En el acta que Cifuentes difundió para justificar su máster aparecen las firmas de las tres profesoras, pero este miércoles se conoció que dos de esas rúbricas están falsificadas. De acuerdo con la información de El Confidencial, el documento, fechado en 2012, fue en realidad fabricado hace unas dos semanas: el mismo 21 de marzo de 2018, el día en que eldiario.es publicó las primeras informaciones sobre la falsificación de las notas del máster de Cifuentes.

Este martes, el catedrático que se presentó como director del máster aunque no figuraba como tal, Enrique Álvarez Conde, se reunió con las tres docentes para pactar una versión conjunta de cara a la investigación abierta por la universidad, según El Confidencial. En ella hablaron incluso del color de la ropa con la que la entonces delegada del Gobierno defendió su trabajo hace seis años.

El supuesto tribunal tenía además una composición ilegal. La normativa exige que al menos uno de sus miembros sea "profesor de otra universidad" o un "experto" para garantizar la imparcialidad, pero las tres docentes cuyos nombres figuran en el acta pertenecen a la Universidad Rey Juan Carlos.

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