La vida de María Felicita López está en constante riesgo. Como mujer indígena y defensora de la tierra y de los derechos humanos en Honduras, uno de los lugares más peligrosos del mundo para el activismo ambiental, se enfrenta a las amenazas y ataques de empresas extractivas e hidroeléctricas y de las fuerzas de seguridad del país, además de ser objeto de campañas de difamación que desacreditan su trabajo. Tiene 35 años y lleva más de una década defendiendo el territorio y los recursos naturales del pueblo lenca, el grupo étnico al que pertenece, y no piensa dejar de hacerlo a pesar de las dificultades.

“Mientras tenga salud y mis ancestros me guarden, seguiré luchando por los derechos humanos, por los de las mujeres y las nuevas generaciones, por la justicia y dignidad del pueblo lenca”, dice en conversación con elDiario.es durante su visita en España tras participar en una charla organizada por las ONG Entreculturas y Alboan.

Su situación, al igual que la del resto de ambientalistas en el país centroamericano, se agravó a partir del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009, cuando se profundizó el modelo extractivista con la aprobación de numerosas concesiones hidroeléctricas, mineras y madereras, explica López, integrante de la Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de La Paz en Honduras (Acilpazh). “En el país hay cerca de 550 proyectos de extractivismo que han sido otorgados en territorios indígenas y campesinos sin una consulta previa e informada, violentando así nuestros títulos ancestrales y la autonomía de las comunidades indígenas”, señala la activista, pese a que Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho de estos pueblos a decidir sus propias prioridades en cuanto al proceso de desarrollo. “Es un poder enorme el que ejerce el Estado y los Gobiernos”, lamenta.

En los últimos años los ambientalistas en Honduras han sido víctimas de la criminalización —que a menudo incluye coerción, allanamiento de morada y confiscación ilegal de tierras—, de la persecución, desaparición y desplazamiento forzado, además de asesinatos. Y en ese sentido, asegura López, las mujeres son quienes se llevan la peor parte, ya que normalmente son ellas quienes tienen roles de liderazgo en la organización y defensoría de los derechos ambientales y colectivos.

“Exponemos nuestras vidas y las de nuestras familias. Somos las que estamos más en riesgo, las encargadas de usar el agua que en muchas ocasiones contaminan, las que estamos en el hogar y las que nos enfrentamos al poder que ejerce el cuerpo represivo de la policía y al sicariato empresarial que opera dentro de nuestro territorio”, sostiene. Las mujeres, además, también se enfrentan a la revictimización cuando buscan protección y acceso a la justicia.

Una violencia constante

En realidad la vida de López ha estado llena de obstáculos desde que era pequeña. Creció en la comunidad indígena de San Isidro del Volcán, al suroeste del país, donde las condiciones de pobreza y precariedad la obligaron a marcharse con tan solo 12 años a Tegucigalpa para trabajar como empleada doméstica. En la capital sufrió “violencia y discriminación”, aunque al mismo tiempo, relata, tuvo “oportunidad de estudiar en una escuela nocturna” en la que aprendió a leer y escribir. Después de unos años, volvió a su pueblo, donde se convirtió en madre de cuatro hijos. También ahí, en su propia casa, sufrió violencia de género por parte de su pareja.

Desde que comenzó su lucha como ambientalista, ha temido muchas veces por su vida y, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en 2016 por las continuas amenazas que recibía, los riesgos, asegura, “no han disminuido”. Y así lo confirman los datos de la ONG Global Witness, que cifra en 117 los asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente cometidos entre 2012 y 2021 en Honduras.

Uno de los crímenes que conmocionó a este país acostumbrado a la violencia fue el de la líder indígena lenca y activista feminista Berta Cáceres, que fue asesinada a balazos en marzo de 2016 por su intensa lucha contra la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, a pesar de que la CIDH había obligado al Estado a otorgarle protección policial. Desde entonces ocho personas han sido condenadas por el crimen, pero su familia y la organización a la que pertenecía la destacada ambientalista aún siguen reclamando que los autores intelectuales y todas las personas involucradas sean enjuiciadas y castigadas.

“No es justo que se sigan cometiendo estos crímenes y que los actores intelectuales sigan quedando en la impunidad”, dice López, que asegura que Berta Cáceres se ha convertido en “una semilla de lucha, resistencia y rebeldía para seguir luchando por el territorio, la dignidad y la justicia del pueblo lenca”. “Su espíritu sigue vivo y, si sus asesinos pensaron que matándola iban a terminar con la lucha del pueblo lenca, se equivocaron, porque seguimos organizados, fortaleciendo nuestras comunidades y manteniendo la bandera de lucha por nuestro territorio”.

Nuevo Gobierno y pocos cambios

En marzo de 2022, Xiomara Castro, del partido de izquierdas Libertad y Refundación, asumió la presidencia de Honduras poniendo fin a los ocho años de Gobierno conservador de Juan Orlando Hernández, señalado por fiscales estadounidenses por su presunta vinculación con el narcotráfico. “Recibo un país en bancarrota después de doce años de dictadura”, dijo en su primer discurso a la nación en referencia al Ejecutivo de Hernández y al del también conservador Porfirio Lobo, que se convirtió en presidente en 2010 tras el golpe de Estado a Zelaya —marido de Castro—.

Castro no se equivocaba, pues heredó un país donde la pobreza afecta al 70% de su población, con unos altos índices de corrupción y crimen organizado, y una institucionalidad debilitada, además de registrar la mayor tasa de feminicidios de América Latina. En ese mismo discurso, la presidenta dijo que no fallaría a las mujeres y también prometió justicia para Berta Cáceres y otros líderes ambientalistas asesinados y, sin embargo, un año después, la situación de violencia que enfrentan tanto las mujeres como los activistas sigue siendo alarmante.

López se muestra decepcionada con los escasos avances que ha habido en ese sentido y asegura que los resultados con este nuevo Gobierno “no han sido los esperados, porque ni los asesinatos, ni la persecución ni la criminalización han cesado” contra los ambientalistas. Aún así, la activista confía en que Castro, la primera mujer en asumir las riendas del país, pueda llevar a cabo cambios profundos en los próximos tres años: “Sabemos que para la presidenta no va a ser fácil desmontar el narcogobierno del que veníamos, ni los altos índices de corrupción y de impunidad, pero tenemos una esperanza de cambio”, insiste.

“A pesar de que tenemos un sistema judicial débil, una Corte Suprema de Justicia que ha estado confabulada con los interese privados de las empresas y pese a que la Fiscalía Especial de Etnias que hay en Honduras no tiene los recursos económicos necesarios ni equipo de investigación para dar respuesta a nuestras denuncias, vamos a seguir defendiendo el territorio y a seguir luchando por la igualdad de género”, concluye López.

Thelma Cabrera (El Asintal, 1970) está segura de que es posible construir una nueva Guatemala. Habla de la importancia de los pueblos, de la naturaleza, de hacer transformaciones profundas y de la necesidad de una asamblea constituyente plurinacional para acabar con el, dice, “Estado fallido cooptado por los criminales” e impulsar así una nueva Constitución en el país.

En las elecciones de 2019 fue la única mujer indígena y campesina candidata a la presidencia con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), un partido de izquierdas y crítico con el Gobierno con el que logró quedar, contra todo pronóstico, en cuarto lugar. Ahora, sin embargo, no podrá concurrir a las elecciones generales del próximo mes de junio: el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco ha negado tanto su inscripción como la de su compañero de candidatura, el exprocurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, aspirante a vicepresidente.

Las autoridades electorales alegan que Rodas no presentó un documento válido que ratifique que no tiene cuentas pendientes con el Estado. Él ha reiterado que cumplió con este requisito y, de hecho, ha publicado ese certificado, emitido en diciembre, en el que consta que “no tiene reclamaciones o juicios pendientes”. Rodas, que es una figura incómoda para el actual Gobierno de Alejandro Giammattei y se encuentra exiliado por temor a posibles represalias tras haber luchado contra la corrupción, asegura que cumple con todo lo que establece la Constitución y que la decisión se debe a “motivos políticos”. Denuncia un “fraude” de cara a los comicios y asegura que agotarán todas las vías legales para recurrir. De momento, el partido ha presentado un recurso para poder inscribirse en las elecciones y permanece a la espera de que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.

La organización Human Rights Watch (HRW) considera que tanto la exclusión de Cabrera y Rodas como la otros candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral “está basada en fundamentos dudosos”, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un llamamiento al Estado guatemalteco a “garantizar los derechos políticos, el pluralismo y la participación en condiciones de igualdad en el proceso electoral”.

Cabrera sostiene que el problema no son ellos, sino “el propio sistema, que ahora tiene miedo a la propuesta de los pueblos originarios”. Atiende a elDiario.es por videollamada mientras camina bajo unos inmensos árboles en Santo Domingo Suchitepéquez, al suroeste del país, donde ha asistido a una asamblea de Codeca. Se disculpa porque debe marcharse antes de lo previsto para acudir al funeral de dos familiares cercanos que fueron víctimas de un asalto.

Esta mujer de 52 años perteneciente a la etnia maya mam es madre de cuatro hijos y ha dedicado su vida a trabajar en casa y en el campo, como cortadora de café. Desde hace más de dos décadas es integrante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), un movimiento popular que aglutina a más de 200.000 personas, y es en esa lucha colectiva por los derechos humanos donde, asegura, ha obtenido “todos sus conocimientos”, pues en la escuela solo pudo estudiar hasta sexto de Primaria. Según explica, decidió dar el salto a la política “por coraje”, por mejorar, dentro de ese movimiento colectivo, las condiciones de las mujeres, entre otras cosas.

El proceso electoral arrancó oficialmente en Guatemala a finales de enero y HRW ya ha alertado que los comicios de junio se celebrarán en un contexto de deterioro del Estado de derecho. Se ha denunciado, además, la fuerte represión contra los periodistas y activistas de derechos humanos. ¿Qué está pasando en el país?

Estamos en un contexto muy preocupante donde la persecución y la estigmatización hacia defensores y defensoras de los derechos humanos no cesa; lo que ahora está pasando en Guatemala es parte del fraude electoral. El pueblo está sufriendo la exclusión de un Estado racista, clasista y patriarcal. Se trata de un Estado fallido, corrompido. 

A Jordán [Rodas] y a mí nos excluyen como binomio presidencial del MLP, pero inscriben a personas que están violando la Constitución, su Constitución política (en referencia a la candidata conservadora Zury Ríos, hija del dictador condenado por genocidio Efraín Ríos Mont, que sí participará en las elecciones a pesar de que la Carta Magna impide optar a la presidencia y vicepresidencia a caudillos, jefes de golpe de Estado o similares y a sus familiares). El MLP es antipatriarcal, anticolonial y antiimperialista, una propuesta que viene de los pueblos, desde los rincones de muchas de las resistencias y ahora solo nos queda esperar la resolución de la Corte Suprema de Justicia, porque el proceso de recibir solicitudes de inscripción de candidatos finaliza el 25 de marzo. 

¿Qué opina respecto a que las autoridades electorales impidan participar a su partido en los comicios?

La decisión del Tribunal Electoral de rechazar la candidatura del MLP es una estrategia política porque esa sería la puerta para que los pueblos jugaran en la misma cancha del sistema, pero el sistema no nos deja. Es una estrategia política por el poder económico, una cuestión de exclusión. Los poderosos en Guatemala le tienen miedo a la lucha de los pueblos porque hemos dado un primer paso, tienen miedo a que los pueblos emprendan ese camino dentro del mismo Estado racista. 

Antes ha mencionado a Zury Ríos, ¿cómo se entiende que sí pueda ser candidata?

Son los mismos poderosos los que violan su Constitución política y, para garantizar ese poder, tiene que excluirnos a nosotros, los pueblos. Es el miedo que tiene el sistema. Yo me identifico como una mujer del pueblo mam y Jordán representa a la gente mestiza, y hemos tenido la capacidad de articular nuestras luchas, de abrir el espacio a la gente que piensa en cambios estructurales. Esa articulación de fuerzas es a la que temen los ricos y los genocidas. Con la inscripción de Zury Ríos ya pueden decir que hay una mujer participando [en la contienda electoral], pero nosotros hemos hecho nuestra agenda. Es una propuesta radical, y eso no le sirve al patrón.

Se atrincheraron en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad, en el Tribunal Supremo Electoral y en la Procuraduría de Derechos Humanos. En esta última institución nombraron a alguien [Alejandro Córdova, que denunció a su antecesor Rodas por supuestas irregularidades] que les sirve a ellos mismos. El sirviente tiene que servir al patrón, si no, lo castigan.

¿A qué se refiere cuando hablan de fraude electoral?

Hemos atravesado muchas dificultades. En 2019 nos entregaron la credencial como MLP cuando solo quedaba un mes para las elecciones y, a partir de ahí, comenzó el fraude. No nos dejaron abrir cuentas bancarias, nos excluyeron, y en 2021 llegaron a invalidar nuestras asambleas municipales, aunque luego volvimos a ellas. También hay una persecución contra mí: me levantaron dos expedientes por campaña anticipada, por participar en un vídeo en el que hablaba de la cura de la tierra y por entregar un premio por el aniversario de Codeca. En ningún caso estaba llamando al voto y me acusaron de campaña anticipada, eso es también parte del fraude electoral.

Ahora no nos dejan inscribirnos como binomio y se coloca una denuncia contra Jordán Rodas, pese a cumplir con los requisitos y aún no sabemos en qué se basaron. La explicación que han dado los magistrados es vergonzosa, no lo entendemos. Por eso decimos que es un fraude orquestado por el mismo sistema, por los ricos, el llamado Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), que tiene miedo a la propuesta de los pueblos originarios. El problema no soy yo ni Jordán. Tienen miedo a que se terminen los privilegios de los que hoy gozan a costa del pueblo.

¿Qué van a hacer si finalmente no pueden presentarse a las elecciones?

Nuestro fin no es ser candidatos presidenciales, sino luchar, hacer historia. Ya hemos demostrado que tenemos la capacidad de jugar en la cancha del sistema, pero el sistema nos tiene miedo. Tenemos un horizonte muy definido de seguir luchando cuando pasen las elecciones. Nuestras luchas van dirigidas a las alcaldías, el poder local, y hacia el Congreso, porque tenemos representantes que ya fueron inscritos en la candidatura. Nos podrán descabezar, pero no van a poder eliminar la lucha de los pueblos. 

Nosotros no pedimos puestos, no nos organizamos para ser funcionarios públicos, sino que nacimos para denunciar las injusticias y al propio sistema, para que los pueblos construyeran su instrumento político.

¿Qué proponen desde el MLP? ¿Cuáles son esos cambios profundos que quieren llevar a cabo en Guatemala?

Proponemos un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional. En Guatemala no hay un Estado que garantice los derechos de la población, por eso decimos que es un Estado fallido, corrompido, cooptado por criminales, por lo que urge construir la casa común para todos y todas, redactar una Constitución política originaria que venga de los pueblos. 

Queremos hacer cambios de raíz porque los bienes comunes han sido privatizados y han saqueado los recursos naturales de nuestros territorios. Queremos cambios porque en Guatemala, cuando los jueces y fiscales anticorrupción hacen su trabajo, terminan en el exilio. Planteamos también la austeridad, la reducción de salarios para funcionarios públicos y que la seguridad sea coordinada por los pueblos.

¿Quiénes son esos criminales a los que se refiere?

Cuando hablamos de que el Estado está cooptado por criminales nos referimos al Cacif, a las empresas privadas que saquean al país, porque los criminales están ahí para responder a la industria, a los terratenientes, a los acaparadores de la riqueza. A nosotros nos ven como animales, nos encarcelan, nos asesinan, nos persiguen, nos llaman delincuentes cuando los verdaderos delincuentes están robando el dinero del pueblo con sus corbatas y descaradamente. Llevamos coraje dentro porque vemos cómo sufre la viuda, el huérfano, y cómo sufrimos los pueblos empobrecidos ante estas situaciones. No respetan la vida ni los derechos de las personas ni los de la madre tierra.

¿Qué proponen para combatir la corrupción y la pobreza, dos de los principales problemas de Guatemala?

Dentro del plan de Gobierno, nosotros contemplamos la madre tierra como un ser vivo porque hasta el momento ha sido secuestrada para monocultivos, para desviar los ríos, la han convertido en una mercancía. No vamos a quitar nada a nadie, pero tenemos que revisar cómo se obtuvieron estas tierras porque muchas tierras eran del Estado y aparecen con nombres de sociedades anónimas de las que no se sabe nada. También queremos promover la soberanía alimentaria y no proyectos asistencialistas. 

En casa de la ilustradora ucraniana Sasha Anisimova nada hace pensar que vive en un país en guerra. Todo parece normal. Cuadros, fotografías y una cabeza de ciervo en 3D decoran las blancas paredes del salón, donde a veces toca el piano. Dispone de luz, agua, calefacción e Internet, lo que le permite teletrabajar sin problemas.

Fuera, sin embargo, aunque hay tiendas y cafeterías abiertas e incluso a veces se puede disfrutar de un pequeño concierto, nada es normal. En Járkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, en el este del país, siguen sonando las sirenas antiaéreas. Los bombardeos rusos han causado cientos de muertes, han dañado la infraestructura civil y han reducido a escombros barrios enteros de esta localidad duramente castigada por la la guerra.

En una videollamada con elDiario.es, Anisimova agradece “estar viva” y “poder contarlo”. “Puedo contar qué está pasando en mi país”, dice.

El día que dio comienzo la invasión ordenada por Vladímir Putin, Anisimova, de 30 años, se despertó con el sonido de las explosiones y solo le dio tiempo a meter algo de ropa y comida en una mochila antes de partir junto a su novio hacia el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Después pasaron varios meses en el centro del país y ahora están de vuelta en Járkov, situada a solo 30 kilómetros de la frontera rusa. Su casa, por suerte, sigue en pie y, aunque tiene miedo, ha decidido quedarse y estar cerca de su familia.

“Cuando me voy a dormir pienso que tal vez mañana mi edificio puede ser el siguiente que destruyan, y es horrible, pero así es como vivimos en Ucrania. Ya no hacemos planes de futuro”, dice Anisimova, a la que aún le cuesta creer que esté viviendo esta situación en pleno siglo XXI.

La importancia de lo cotidiano

La invasión rusa ha obligado a esta joven diseñadora gráfica a valorar el presente más que nunca, aunque en realidad fue antes, durante el intenso encierro de la pandemia, cuando se dio cuenta de la importancia de lo cotidiano, de poder pasar un rato con los amigos o pasear tranquilamente por su ciudad.

Por eso ahora, en medio de la incertidumbre y la amenaza de las bombas, ha decidido dibujar escenas cotidianas sobre fotografías de edificios destruidos por los ataques rusos con el objetivo de que la gente “no olvide cómo era la vida antes de la guerra”.

Imagina, por ejemplo, que aún hay vida en hogares destrozados o que muchas personas han dejado atrás, y la recrea a través de siluetas humanas que leen un libro, toman una taza de té, ven la televisión o simplemente se abrazan. 

“Al inicio de la guerra una amiga me envió una fotografía de un edificio alcanzado por un misil donde aún se podían ver perfectamente los apartamentos, que parecían cajas. Yo solía pasear con mi perro por ese edificio y me encantaba mirar a los vecinos a través de las ventanas, y ahí me di cuenta de lo que habíamos perdido, de que ya no pasearía de la misma forma y ellos no volverían a cenar en sus casas”, dice mientras sonríe tímidamente.

También ha recreado mascotas, muebles, cuadros o árboles de Navidad, así como muros y balcones que fueron pulverizados. Otras veces, el escenario de sus trazos es el metro donde tanta gente se pudo refugiar tras el estallido de la guerra o una plaza donde sus vecinos solían pasear.

Admite que al principio fue muy duro dibujar en medio de toda esa destrucción, pero cree que con su trabajo “ayuda a que mucha gente se sienta mejor” y por eso lo comparte a través de las redes sociales, una herramienta con la que muchos ciudadanos ucranianos han narrado en directo el horror de esta guerra.

Anisimova, que recibe numerosos mensajes de agradecimiento de sus compatriotas por hacerles recordar cómo eran esas vidas antes de la guerra, piensa que las redes sociales han ayudado a combatir la desinformación y la propaganda difundida por el Kremlin, pues a través de ellas, sostiene, “la población rusa ha podido ver lo que está ocurriendo en Ucrania”.

“Cuando alguien ve que es la propia población, y no los políticos o los medios de comunicación, los que te cuentan qué está pasando es más fácil de creer”, dice. Con sus dibujos a través de Instagram, ella intenta “hablar, transmitir un mensaje y compartir información”.

Mientras la guerra continúa con duros combates en el este del país y sin solución diplomática a la vista, Sasha trata de aferrarse a los instantes de normalidad, aunque los paseos con su perro sean mucho más cortos y apenas se aleje de casa. Lo único que ahora tiene claro es que cuando termine la guerra celebrará por todo lo alto su 30º cumpleaños, el que nunca pudo festejar por la invasión rusa.

Ningún informe había sido tan contundente sobre el deterioro sociopolítico de Nicaragua como el que publicó la semana pasada el grupo de expertos en derechos humanos al que la ONU encargó la tarea de investigar las presuntas violaciones y abusos cometidos en el país.

En él concluyen que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han cometido graves abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas que han causado la “destrucción del espacio cívico y democrático” del país centroamericano.

Nicaragua vive una profunda crisis desde 2018, cuando se produjo una gran ola de protestas contra el Gobierno que terminó con la muerte de más de 350 personas en medio de una dura represión, y se acentuó tras las controvertidas elecciones de 2021 en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato. Desde entonces, el Ejecutivo ha cancelado la actividad de partidos opositores y cientos de organizaciones no gubernamentales. En febrero, decidió liberar a más de 200 presos opositores y expulsarlos a Estados Unidos, además de despojar de su ciudadanía a más de 90 exiliados, entre los que se encuentran periodistas, activistas y escritores.

Ángela Buitrago, exfiscal colombiana, docente universitaria e integrante del grupo de expertos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) establecido por el Consejo de Derechos Humanos, cuenta a elDiario.es que aunque la situación en el país centroamericano es muy compleja, “ya ha habido otros casos en los que la comunidad internacional ha podido fracturar sistemas que quieren perpetuarse” e insta a los países a reflexionar y tomar medidas para evitar este tipo de abusos y crímenes. 

Su informe concluye que el Gobierno de Nicaragua, así como altos mandos de la Policía y otras entidades estatales, han cometido violaciones graves de los derechos humanos de la población y crímenes de lesa humanidad. Son acusaciones muy duras. ¿Imaginaban encontrar una situación tan deteriorada en el país?

La investigación nos permitió confirmar que había una serie de actos sistemáticos que generaban graves violaciones [de los derechos humanos] y crímenes, entre los que se encuentran ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, detenciones ilícitas, así como cierre de espacios cívicos y públicos. Llegamos a la conclusión de que se trataba de un ataque preparado, generalizado y sistemático y que todo esto tenía una finalidad [para el Gobierno de Ortega]: mantenerse en el poder y evitar a sus opositores. La investigación, además, nos permite decir que esto surge incluso antes de las protestas masivas de 2018.

El grupo no ha podido acceder al país y el Gobierno nicaragüense tampoco ha facilitado información. ¿Cómo han investigado?

Hicimos un intento con 11 solicitudes, dirigidas tanto a presidencia como a instituciones de justicia y de otro orden administrativo, pero nunca fueron respondidas. Llegaron a enviar una comunicación rechazando y desconociendo el mandato del grupo y de la ONU, lo que llevó al cierre de espacios, a la salida de oficinas del comisionado dentro de Nicaragua y a la toma de decisión por parte del Gobierno de cerrar personalidades jurídicas que tenían que ver con investigaciones en este aspecto. También llevó a la expulsión y cancelación de las credenciales de embajadores en suelo nicaragüense.

Para investigar contamos con tres vías de información. La primera son las informaciones que surgen en un primer momento como parte de un ataque de 2018 de manera coordinada y que causó las primeras muertes en Nicaragua. Una segunda vía tiene que ver con las personas que salieron del país como parte de esa persecución, y en particular las que tuvieron que salir para evitar ser detenidas o salvar sus vidas. Contamos con información audiovisual, vídeos y documentos que permitían evaluar la situación en ese momento. La tercera vía está relacionada con la información que obtuvimos de personas que estaban dentro del Gobierno y que tuvieron que salir y otras que ya estaban fuera.

El elemento material probatorio no solo fue contrastado por la investigación propia del GHREN, sino también por investigaciones que han llevado a cabo otros organismos de manera inicial y que permitieron seguir ampliando información para poder emitir las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos como grupo.

¿Cuáles han sido los abusos o crímenes que más les han preocupado?

Se trata de los crímenes más graves que se puedan contemplar en una jurisdicción o en el derecho internacional. La persecución, por ejemplo, es un delito que se encuadra dentro de esta naturaleza y que es un tema que abordamos frente a la estructuración de este comportamiento que lleva a la muerte física, a la detención, torturas, deportación forzada, pérdida de nacionalidad y apatridia.

Hay un cúmulo de comportamientos, además de otras graves violaciones que forman parte del cierre de espacios cívicos como es la cancelación de personalidades jurídicas de más de 3.000 organizaciones, la acción contra la Iglesia católica y, en particular, contra sacerdotes que han sido objeto de detenciones o secuestros. Todo eso nos lleva a emitir una serie de conclusiones en el informe y unas recomendaciones que creemos necesarias para intentar que funcione el principio de protección de los Estados y que se eviten más graves violaciones de lesa humanidad que están construidas de forma sistemática en el territorio de Nicaragua.

¿Por qué constituyen crímenes de lesa humanidad?

El derecho internacional, y en particular, los tribunales ad hoc o ex post, que son los creados para responder a lo que sucedió en Núremberg, la antigua Yugoslavia y Ruanda, han dejado claro que hay crímenes que además de intolerables deben ser repudiados por la comunidad internacional porque pueden llevar a la desaparición de etnias y poblaciones de manera sistemática a través de un ataque que se genera con esa intención. 

Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad hay una construcción internacional que permite decir que tienen un estatus de gravedad inimaginable y se consideran prohibidos por el derecho internacional. La verificación de estas pruebas nos permite decir que estamos frente a comportamientos que deberían ser sancionados inmediatamente sobre la base de todas las pruebas encontradas. 

El presidente del GHREN ha comparado la situación del país centroamericano con los hechos ocurridos en la década de 1930 en Europa al señalar que “todos los elementos que se ven en Nicaragua, desgraciadamente, se pueden ver en los juicios de Núremberg”.

Es un antecedente que efectivamente se homologa a elementos que tienen que ver con persecución y con un resultado de eliminación sobre la base de un componente político o de un componente que tiene que ver con cualquier opositor, o que se sospecha opositor, y debe ser neutralizado. En esos aspectos tiene elementos que pueden compararse con antecedentes históricos múltiples que fueron analizados por varios tribunales y que permiten decir que aquí se prueban grandes semejanzas frente a esta clase de actuación. También se demuestra que no ha sido un ataque casual, sino sistemático, que se repite en el tiempo y que genera un patrón de comportamiento con respecto a estas víctimas y a esta población y que aún en la actualidad se mantiene.

Ha habido deportaciones forzadas con múltiples consecuencias y violaciones de derechos como los derechos de supervivencia, económicos, culturales y políticos. Hay personas a las que les han quitado la nacionalidad, les han borrado del sistema, no tienen derecho ni a volver a su tierra. Significan una alerta porque las consecuencias de estos actos pueden extenderse indefinidamente y de manera múltiple también está amenazando a la otra población nicaragüense para controlar y evitar que se generen manifestaciones de un sistema en particular.

¿Quién es el responsable final de estos crímenes?

Dentro de la investigación encontramos elementos suficientes para afirmar que las acciones conjuntas que se realizaron fueron coordinadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo y también las llevaron a cabo personas dentro de la institucionalidad y actuaron de manera coordinada para lograr los efectos que de una u otra manera se estaban tratando de asegurar a través de la justicia. 

Decimos en el informe que se instrumentalizan las instituciones del Estado, que se rompe la separación entre los poderes y que todo está controlado con una finalidad de obtener un resultado y que los expedientes e investigaciones y las consecuencias buscan “anular o eliminar” a las personas. Hemos visto varias etapas: eliminación física, política y jurídica, y todo ello tiene una significación muy grave. También hemos considerado el grado de sofisticación que implicó empezar a hacer reformas constitucionales, legales, estructurales para asegurar que todo funcione en torno a la posibilidad de mantener el poder y que no haya oposición ni opiniones diferentes.

¿Hay posibilidad de que estos hechos puedan ser juzgados a nivel internacional?

Dentro del informe analizamos dos posibilidades perfectamente válidas. Tenemos el derecho y el principio de protección como una obligación de los Estados, no solo para proteger a sus nacionales dentro de sus territorios, sino para evitar que se cometan delitos de guerra, de lesa humanidad y de otra naturaleza. Los Estados pueden aplicar ese principio y sobre esos supuestos también la responsabilidad penal, que es individual frente a las actuaciones que realizaron los sujetos que actuaron de manera conjunta para realizar acciones que el derecho internacional prohíbe.

¿Qué le piden a la comunidad internacional?

En las recomendaciones se pide una actuación inmediata para evitar que se sigan cometiendo estos hechos y, en el caso en el que haya personas con doble nacionalidad, que se ejerza la jurisdicción por parte de los países a los que también pertenecen, que reivindiquen sus derechos. También tenemos la posibilidad de hablar de la responsabilidad penal que llevaría a la identificación no solo de los máximos responsables en estos graves crímenes, sino de todas las personas que pertenecen a las estructuras que actuaron de manera transversal frente a estas violaciones.

¿Qué opina de que España haya ofrecido la nacionalidad a los presos políticos expulsados y al resto de personas a las que se les ha retirado la ciudadanía nicaragüense? 

Son actos humanitarios, que responden a políticas de solidaridad internacional y que son necesarios ante acciones de esta naturaleza. Sin embargo, también se producen consecuencias que no solucionan la concesión humanitaria de una nacionalidad, porque se priva de derechos a las personas por parte del país que las expulsa y que son obligatorios proteger, y las consecuencias también suponen perder el arraigo, la familia, los bienes patrimoniales y culturales, los bienes de identidad, y eso tiene consecuencias nocivas y deben tratar de restaurarse para garantizar el derecho máximo de tener una nacionalidad. 

El destierro debería estar erradicado, es una pena que no deberían existir, porque priva de derechos fundamentales de forma grave a las personas afectadas. 

Ante este panorama poco alentador, ¿es posible que cambie la situación en Nicaragua?

Es complejo, pero ya ha habido casos en los que la comunidad internacional, a través de decisiones de estos organismos internacionales, ha podido fracturar sistemas que quieren perpetuarse, como es el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, que fue detenido a petición del juez Baltasar Garzón. Es un momento de reflexión para los países, de pensar cuáles son las medidas más adecuadas, pensar en la necesidad de evitar, con el principio de protección, que estos crímenes de lesa humanidad se sigan cometiendo.

Daniel Rojas, economista de 36 años, es una de las personas más cercanas al presidente colombiano Gustavo Petro y desde el pasado mes de agosto desempeña uno de los trabajos más complicados del país: preside la Sociedad de Activos Especiales (SAE), una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda que administra los bienes incautados a los narcotraficantes. Es una labor especialmente complicada en Colombia porque el narcotráfico ha permeado todas las esferas de la sociedad “menoscabando no solo las instituciones, sino la propia cultura política y el aparato productivo” del país, detalla el funcionario en una entrevista con elDiario.es a su paso por España con la intención de establecer alianzas en la lucha contra la corrupción.

En febrero, el Ministerio Público colombiano le suspendió de su cargo como presidente de la SAE durante 10 días por un supuesto incumplimiento de contrato al paralizar la venta de acciones de la empresa Triple A (gestionada por la SAE), que presta servicios públicos en la ciudad de Barranquilla, y está siendo investigado por ello. Rojas consideró “sospechosa la forma en la que se vendieron y a quiénes se vendieron” esas acciones y asegura que su valor es mucho mayor de lo que figura en el contrato, que fue firmado en 2021 durante el anterior Gobierno de Iván Duque. Su objetivo, señala el funcionario, era evitar un “detrimento patrimonial”.

El mecanismo que utilizó el Ejecutivo de Duque para aprobar la venta de las acciones de la empresa Triple A que estaban en poder de la SAE, según denunció el medio colombiano La Silla Vacía, “acabó beneficiando a contratistas privados cercanos al uribismo y al clan Char”, una de las familias más poderosas de Colombia a la que se vincula con el tráfico de marihuana y cocaína en Barranquilla. 

El pasado 21 de febrero, el Ministerio Público levantó la suspensión impuesta a Rojas tras llegar a un acuerdo con la mesa de trabajo: las acciones de la Triple A que estaban en poder de la SAE serán finalmente traspasadas “por un valor menor al real” a la empresa K-yena pero esta se compromete “a eliminar la participación privada y mantener el carácter público de la entidad”, aclara Rojas.

Tanto el presidente Gustavo Petro como otros miembros del partido de Gobierno han mostrado su apoyo a Rojas y creen que las razones del Ministerio Público de haberle suspendido provisionalmente de su cargo en la SAE e investigarle se deben más bien a “motivos políticos y revanchistas”.

Rojas, por su parte, se siente tranquilo y agradecido por el apoyo que asegura haber recibido también por parte del pueblo colombiano. Se muestra además orgulloso de los pasos que está dando Colombia bajo el mandato de Petro, que recientemente ha presentado una ambiciosa batería de reformas sociales al Congreso para fortalecer el sistema público.

¿Qué ocurrió con la empresa Triple A y por qué el Ministerio Público –la Procuraduría– terminó suspendiéndole provisionalmente e investigándole?

Se trata de una empresa de servicios púbicos que funciona en Barranquilla que fue incautada por corrupción a sus antiguos dueños y pasó a la administración de la SAE. En el Gobierno de Duque se realizó un negocio que consistía en vender esta empresa y se hizo en tiempo récord pese a las complejidades de la compañía. Nosotros heredamos ese negocio porque se hizo a plazos y nos pareció sospechosa la forma en la que se vendió y a quiénes se vendió, por lo que solicitamos una valoración de la empresa a una entidad estatal, que nos dijo que el valor de la empresa es mucho mayor al indicado, unos 392 millones de euros [cuando en realidad se vendieron por unos 111 millones de euros].

Ante ello frenamos el negocio y solicitamos a las autoridades competentes que investigaran si había un detrimento patrimonial, pero mantener en propiedad de la SAE las acciones de la empresa molestó mucho a cierta clase política y ciertos intereses. El Ministerio Público nos arrinconó y dijo que si no cedíamos las acciones, tomaría cartas en el asunto, y así lo hizo, al suspenderme provisionalmente del cargo y continuar con la investigación en mi contra.  

Asumió como presidente de la SAE, una institución muy cuestionada que durante años ha acumulado denuncias por corrupción, en agosto de 2022. ¿Qué se ha encontrado desde entonces? 

Nos hemos encontrado incongruencias de todo tipo. No se sabe qué administra, no hay un inventario real de bienes muebles e inmuebles, hay muchos activos que no están evaluados y desconocemos la cuantificación de los mismos. Por alguna razón, hay bienes que están desaparecidos, que no están bajo nuestra administración y esa ha sido la primera alerta que hemos dado.

Se podría pensar que los bienes incautados al narcotráfico son los mejores bienes rurales, las mejores casas de lujo o los mejores automóviles, pero a la hora de revisar el inventario no aparece así, por eso jalamos (tiramos) de este hilo. Hay bienes que tienen que generar rentas altas por su capacidad y, sin embargo, están siendo arrendados a un costo muy bajo o no estaban generando ningún tipo de renta. No puedo hacer juicios de valor, pero esto nos genera preocupaciones porque puede estar favoreciendo a los antiguos afectados, a quienes eran dueños de estos bienes y siguen haciendo uso de ellos a través de la ayuda de la institución. 

¿Qué tipo de bienes administra la SAE?

De todo tipo. Bienes muebles, inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio, empresas grandes y pequeñas, hoteles, casas, fincas, animales… Cuando son de difícil administración, como en el caso del ganado, se subastan y, si son inmuebles, se arriendan o se venden. Estamos poniendo esos activos incautados al narcotráfico a disposición de organizaciones comunales, de mujeres y jóvenes que históricamente han sido excluidos a nivel social, económico y político en Colombia. Y cuando se trata de tierras, por orden del presidente [Petro], se las otorgamos a comunidades campesinas para que puedan generar proyectos productivos agroalimentarios. 

Al tratarse de tierras que antes pertenecían a narcotraficantes y otros delincuentes, hay campesinos que están sufriendo amenazas en el país.

Así es. Es una realidad. Hemos querido vincular al Ministerio de Defensa y al Alto Comisionado para la Paz para garantizar que esas comunidades puedan utilizar esas tierras de forma pacífica, pero los antiguos tenedores no están muy cómodos con esta decisión y esas comunidades nos han manifestado su temor ante las amenazas que reciben. Esto debe ser parte de lo que el país acuerde para lograr una paz total porque lo que estamos haciendo es justicia y tratamos de que los campesinos históricamente desplazados de sus tierras puedan volver a ellas y hacerlas productivas. 

¿Y usted ha recibido amenazas? ¿Se siente en peligro?

No taxativamente, pero sí ha habido algunos comentarios que podrían ser considerados como amenazas. En la entrega de tierras [a campesinos], por ejemplo, muchas veces se presentan antiguos dueños y su sola presencia es intimidante, porque han estado inmersos en acciones delictivas y lo consideran una injusticia. Antes de venir [de visita] a España, cerca de la residencia de mis padres, los vecinos han visto carros (coches) con vidrios oscuros aparcados enfrente señalando la casa y, cuando mi papá fue a sacarles una foto, arrancaron. No he tenido el temor de que puedan atentar contra mi vida, pero si me destituyen, la aniquilación moral también es una vía a la que se recurre en estos casos. Pero no puedo dejarme atemorizar porque entonces no hacemos nada. 

¿Considera que la decisión del Ministerio Público de suspenderle por unos días e investigarle es una forma de evitar que se lleve a cabo la reforma agraria anunciada por Petro, con la que pretende entregar la tierra concentrada a campesinos? 

Es difícil responder a eso. Hay mucha animadversión a que se lleve a cabo esa reforma, porque quienes tienen la propiedad de la tierra en Colombia, en su gran mayoría, es gente muy poderosa que se opone a esa medida y no me sorprende que utilicen todos los medios que tienen a su alcance para evitarlo. Pero el Gobierno nacional va a seguir igualmente con sus propósitos y la reforma agraria es una prioridad absoluta para el presidente, que ha exigido acelerar los tiempos porque, según ha dicho, “si no se hace, el país se va a llenar de sangre”.

¿Por qué cuesta tanto lograr esa paz definitiva en Colombia, donde se siguen cometiendo asesinatos contra líderes sociales, continúa la violencia en comunidades indígenas y sigue habiendo desplazados forzosos?

El flagelo del narcotráfico no solo ha menoscabado las instituciones, sino la misma cultura política del país y también su aparato productivo, que se ha vuelto muy dependiente de las rentas del narcotráfico, del petróleo y del carbón y ha dejado de ser productivo. En los lugares más apartados de Colombia no existe otro modo de vida distinto al que ya se ha instalado a punta de sangre y fuego y estas organizaciones, que no son ideológicas aunque haya guerrillas y grupos paramilitares, han acumulado un poder territorial muy grande que implica tener poder político y coerción. Se convierten en el Estado en esos territorios y las negociaciones se hacen más complejas con esas organizaciones. 

Creo que el Gobierno deberá endurecer su posición en las mesas de negociación porque no podemos hablar de paz si se siguen asesinando líderes sociales en los territorios, si no se permite hacer al menos la reforma agraria y transformar el aparato productivo. De lo contrario sería un chantaje y el Gobierno no puede ser chantajeado.

También continúan pendientes las negociaciones con la guerrilla del ELN.

Así es y el presidente ya ha señalado que estas organizaciones dejen de asesinar. O hay un cese al fuego que muestre una voluntad de paz o el Gobierno va a tener que actuar con toda su capacidad militar.

En la madrugada del pasado 6 de febrero la tierra tembló en el sureste de Turquía y norte de Siria como no lo había hecho en décadas, provocando la muerte de más de 46.000 personas y dejando decenas de miles de heridos. La elevada intensidad de ambos terremotos, su localización y la potencia de las réplicas explican en gran medida la devastación generada, pero la calidad de las construcciones también ha sido un factor clave.

A pesar de que Turquía incorporó medidas más estrictas de seguridad tras el último gran seísmo de 1999, en el que murieron 17.000 personas, muchos expertos han denunciado que el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha concedido durante años amnistías de construcción a empresas que no cumplían con las normativas requeridas. Ahora, mientras se recupera del nuevo temblor, de menor magnitud, que el lunes volvió a sacudir partes ya devastadas, Turquía afronta ahora una ingente tarea de reconstrucción.

Por lo general, los países situados en zonas sísmicas activas adaptan sus normas de construcción con cada terremoto de gran magnitud tras estudiar qué ha funcionado y qué debe mejorarse, pero solo algunos han logrado reducir significativamente las víctimas mortales y evitar mayores destrozos. Es el caso de Chile –que cuenta con un mayor PIB per cápita que Turquía y Siria y está clasificado como país de altos ingresos por el Banco Mundial– y México. Además de aplicar códigos de construcción más estrictos, han educado a su población para responder mejor ante estos desastres naturales a través de simulacros y planes de emergencia.

“Chile ha aprendido de cada terremoto”

Cristian Farías, geofísico y director del departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco en Chile, tiene claro que el factor más importante para evitar muertes tras un seísmo “es la calidad de las construcciones” y asegura que en su país “han aprendido a palos”. Los últimos cambios en diseño estructural y protección sísmica se incorporaron tras el último gran terremoto de 2010, que incluyó un temblor de 8,8 de magnitud y después un tsunami que dejó 525 muertos y una veintena de desaparecidos. 

Chile, donde la mayoría de los sismos están relacionados con el movimiento convergente de la placa de Nazca y la Sudamericana, “ha aprendido de cada terremoto y ha diseñado normas para que los edificios se construyan con una estructura más resistente, a partir de hormigón armado, y con la capacidad de amortiguar el efecto del sismo en el caso de los más modernos”, explica Farías a elDiario.es. La idea es que los edificios “sean flexibles, que puedan vibrar, pero que no colapsen, por eso cada vez se buscan diseños más eficientes que puedan soportar mejor las cargas que los terremotos traspasan a los edificios”. 

Otro factor crucial a la hora de construir para evitar daños y víctimas en caso de terremotos, añade el experto, es el tipo de suelo. En el caso chileno, las ciudades suelen estar construidas en suelos gruesos que aguantan mejor los seísmos, mientras que los suelos blandos, con más presencia de fluidos, tienden a “aumentar la amplitud de ondas y, por tanto, traspasan cargas más grandes a las construcciones que se encuentran en ellos”. “Es fundamental construir de acuerdo al nivel del suelo correspondiente, entendiendo cómo se comporta ante un terremoto”, sostiene.

En Chile, un país que se extiende a lo largo de 4.200 kilómetros, la zona de mayor riesgo es la más cercana a la costa. Sin embargo, las muertes provocadas por terremotos, aclara Farías, “están más relacionadas con temas de planificación territorial”, debido a los tsunamis que se producen después de que la tierra tiemble. “Se está construyendo mucho en zonas de inundación y no se toman medidas para mitigar esos impactos. Aunque estamos bien preparados para los terremotos, nos cuesta más enfrentarnos a otro tipo de amenazas, por lo que debemos seguir trabajando para ver dónde construir y dónde no”. 

El ejemplo de México

En el caso de México, fue tras el terremoto de 1985 –el más mortífero de su historia con más de 10.000 fallecidos– y el de 2017, que provocó 369 muertes, cuando se introdujeron normas más estrictas en las regulaciones de construcción. En esa última reforma de hace seis años “se incorporaron dispositivos para el diseño dinámico como amortiguadores, contraventeos restringidos al pandeo –elementos que se destruyen con el movimiento sísmico pero que salvan el edificio– o aisladores de base, lo más avanzado en cuestión de sismorresistencia”, explica a este medio Jesús Valdez, CEO de Miyamoto International en México, compañía dedicada a la ingeniería estructural.

Los aisladores sísmicos de base son el sistema “más eficaz a nivel mundial”, señala el ingeniero constructor, aunque su coste también es muy elevado. “Es como montar un edificio sobre ruedas y, mientras el suelo sufre aceleraciones, el edificio se mantiene en su posición original. Logra aislar las fuerzas sísmicas del suelo de forma que no se transmiten a las estructuras”, dice.

Pero más allá de las normas en papel, recuerda el experto mexicano, también debe haber un control en la revisión de las construcciones. Pese al endurecimiento de las leyes, asegura Valdez, en México ha habido durante años “malas prácticas de corrupción con ingenieros que firmaban sin haber visitado los lugares de trabajo”, lo que suponía un riesgo muy grave.

Ahora, sin embargo, en lugares como Ciudad de México “está bastante regulado”, asegura el ingeniero constructor, ya que existen controles más estrictos que obligan a que el edificio sea avalado por un director de obras “y tienen responsabilidad penal en caso de que salga mal”, aclara, aunque las denuncias tras el seísmo de 2017 sobre edificios mal construidos siguen siendo frecuentes en el país. 

Otro punto clave para que los efectos de un terremoto sean menos devastadores es reforzar lo que ya está construido y expuesto al riesgo, porque existe la falsa percepción de que si un edificio ha aguantado varios terremotos ya es sismorresistente “y no siempre es así”, advierte Valdez.

“Los seísmos causan daños imperceptibles y, a medida que se van acumulando, pueden provocar un derrumbe”, explica, pero al tratarse de casas privadas es complicado llevar a cabo esos arreglos. “Aquí en México no hay una norma que obligue a propietarios a reforzar las estructuras de los edificios y están en riesgo y a veces hasta que no aparecen grietas u otros problemas graves no se toman medidas”, lamenta.

México, a diferencia de otros países con gran actividad telúrica, cuenta con un sistema de alerta sísmica, un mecanismo que comenzó a funcionar en 1991 en la capital y que a través de sensores vigila las zonas de peligro sísmico. No es un sistema infalible y, de hecho, a veces llega tarde, pero el sonido de las alarmas en las calles ha servido a muchas personas para salir de sus casas a tiempo y ponerse a salvo. Es sobre todo eficaz, explica Valdez, cuando el lugar donde ocurre el terremoto está lejos del epicentro, por lo que en el caso de Turquía, por ejemplo, “no habría funcionado”, asegura.

Además de Ciudad de México, otros siete estados de los 32 que conforman el país cuentan también con alarma antisísmica. 

Una población que sabe responder

Por mucho que la población chilena y mexicana estén familiarizadas con los terremotos, el miedo nunca desaparece. La diferencia está en que saben mejor cómo mantener la calma y actuar y eso también ayuda a que haya más probabilidad de supervivencia.

Alejarse de ventanas y objetos pesados que puedan caer, dejar las puertas abiertas para no quedarse encerrado o evitar los ascensores son algunas de las pautas que aprenden desde una edad temprana, ya que en los colegios se realizan simulacros de evacuación. Además, tanto edificios como centros de trabajo también cuentan con carteles informativos de qué hacer en caso de seísmo. 

No obstante, tanto Farías como Valdez también advierten de que con el paso del tiempo la población va olvidando, por eso reclaman más simulacros en sus respectivos países. “No podemos tener un control sobre el terremoto, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sí es importante el control de qué vamos a hacer, cómo reaccionamos y nos preparamos”, concluye Farías.

Álex Hernández ha recuperado su libertad después de pasar 536 días en una cárcel de Nicaragua. El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió liberarle el pasado 9 de febrero junto a otros 221 presos políticos para expulsarlos después a Estados Unidos acusados de “traición a la patria”. Despojado de su ciudadanía nicaragüense, cuenta a elDiario.es desde un hotel de Washington que aún se siente “bastante aturdido”, con una mezcla de alegría, incredulidad, ansiedad por el futuro y nostalgia por la familia y los amigos que ha dejado en su país, donde ha quedado inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública y donde aún permanecen encarceladas alrededor de 40 personas por razones políticas, según denuncian los liberados.

Este jueves se ha conocido que el Gobierno de Ortega también ha retirado la nacionalidad nicaragüense a otros 94 opositores y críticos al declararles “traidores a la patria”. Entre ellos se encuentran los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, ambos en el exilio, y reconocidos periodistas como Carlos Fernando Chamorro o defensores de los derechos humanos como Vilma Núñez.

A diferencia de otros de sus compañeros deportados, Hernández no tiene familiares en Estados Unidos que le puedan echar una mano, ya que, aunque Washington les ha concedido un permiso humanitario, no cuentan con visado de trabajo y eso dificulta su situación. De momento, este opositor político de 32 años, integrante de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), está valorando opciones y especialmente la oferta del Gobierno de Pedro Sánchez, que hace unos días ofreció la nacionalidad española a los 222 liberados, entre los que se encuentran periodistas, empresarios y activistas, además de figuras políticas. “Es una de las opciones que tengo presente y que me llama más la atención”, asegura.

Lo único que Hernández tiene claro es que quiere cumplir dos objetivos: retomar sus estudios y trabajar. En Nicaragua, explica, estudiaba administración de empresas “en una universidad privada que tiene nexos con el orteguismo” y su registro académico fue borrado, al igual que ha ocurrido con los expedientes de otros muchos estudiantes críticos con el Gobierno, sostiene. “Para este régimen que ni siquiera existimos como ciudadanos, ¿a dónde voy a ir a reclamar?”, se pregunta con resignación, aunque se muestra decidido a volver a la universidad independientemente del lugar donde comience una nueva vida.

Hernández fue detenido el 23 de agosto de 2021 y condenado a 10 años de prisión por el presunto delito de conspiración para “cometer menoscabo a la integridad nacional” en perjuicio de la sociedad y el Estado nicaragüense. Ha pasado casi un año y medio en la cárcel conocida como 'nuevo Chipote', un enorme complejo donde los presos políticos han permanecido aislados durante meses y en el que, según denuncia, “no se respetaban los derechos fundamentales” de los reos. En lugar de tener visitas regulares con intervalos máximos de 21 días, cuenta, llegaron a pasar hasta tres meses sin que nadie les visitara, entre otras irregularidades.

“No nos permitían tener una comunicación entre nosotros por muy cerca que estuviéramos, solo podíamos hablar en tono bajo con el compañero de celda. A uno incluso lo regañaron por estornudar muy fuerte. No podíamos silbar o tararear y durante mucho tiempo no pudimos recibir nada de nuestras familias, solo refrescos. Tampoco teníamos acceso a libros o a la Biblia. Hasta en Guantánamo a los presos acusados de terrorismo les permiten leer el Corán”, critica, al tiempo que recuerda que las visitas de cónyuges o hijos también estaban prohibidas.

Ni siquiera les contaron que iban a ser excarcelados y, de hecho, algunos de ellos pensaron que iban a ser trasladados a otra prisión cuando les ordenaron cambiarse de ropa. Fue en las puertas del avión cuando se enteraron de que habían sido excarcelados y expulsados a Estados Unidos. Hernández asegura no haber sufrido violencia física, pero el tiempo en la cárcel ha afectado tanto a su salud emocional como a su cuerpo, dice. Ha perdido unos 25 kilos de peso, su hipertensión se ha agravado, sufre ansiedad y le han surgido problemas renales.

Considera que el Gobierno nicaragüense, al que tacha de “clasista”, les ha dado un “trato diferenciado” respecto a otros presos políticos por lo que son y lo que representan, al tratarse de precandidatos presidenciales y líderes de la sociedad civil. Incluso había orden de no lastimarles físicamente, pero sí lesionar todos sus derechos carcelarios, denuncia.

Segundo paso por prisión

A diferencia de otras cárceles del país como 'La Modelo', con condiciones mucho más extremas, Hernández aclara que al menos en las celdas del nuevo Chipote disponían de “inodoros y colchonetas”, y lo dice por experiencia propia, pues esta es la segunda vez que ha estado entre rejas en Nicaragua.

La primera vez que le encarcelaron fue en septiembre de 2018, en el marco del estallido social contra las políticas de Ortega que dejó más de 350 muertos y miles de heridos y supuso un antes y un después en el país centroamericano. Entonces fue acusado de terrorismo, asesinato y robo agravado, entre otros delitos, y pudo salir de la cárcel en marzo de 2019 a través de la polémica Ley de Amnistía, que si bien absolvió a decenas de personas que habían sido señaladas durante la crisis, también permitió que muchos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad quedaran impunes.

Hernández se exilió durante un tiempo en Costa Rica, pero después decidió regresar a Nicaragua para sumarse al proceso organizativo de la oposición. Cuando aceptó ser miembro del consejo político de la UNAB, señala, sabía que “estaba aceptando un boleto para la cárcel o de nuevo al exilio”, pero tenía claro que iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos de cara a las elecciones generales de 2021. Sin embargo, recuerda, cuando apenas quedaban cuatro meses para esos comicios, los aspirantes que pretendían retar a Ortega fueron detenidos y los ataques a la disidencia fueron incrementándose. Hernández programó su salida del país para el 24 de agosto, pero le detuvieron la noche anterior. A partir de ahí pasó casi un año y medio en prisión.

Ahora, liberado pero también exiliado, Hernández tratará de superar la pérdida de mucha gente cercana y de “sanar para poder seguir adelante”, aunque dice que no puede dejar de pensar en los cerca de 40 presos políticos que siguen encarcelados en Nicaragua, como es el caso del obispo Rolando Álvarez, quien se ha negado a vivir en el exilio y deberá cumplir una condena de 26 años de cárcel.

Cuando en una región como América Latina han aumentado las amenazas a los defensores de derechos humanos y a la libertad de prensa, así como los ataques a la independencia judicial y la represión policial, el trabajo de la sociedad civil resulta más necesario que nunca, porque es precisamente de esa unión de ciudadanos, organizaciones, sindicatos y movimientos sociales de donde nace la fuerza. “La mayor parte de esa sociedad civil no solo reclama derechos y libertades, sino que se dedica a resolver problemas sociales y obliga a rendir cuentas a los gobiernos. Es como un perro guardián que vela por el cumplimiento de las obligaciones del Estado y que colabora con la democracia”, dice la investigadora argentina Inés Pousadela en entrevista con elDiario.es, quien participó la semana pasada en el XIV Encuentro Cívico Iberoamericano en Mérida, donde más de 2.500 organizaciones reclamaron sistemas políticos que garanticen la justicia social, económica, ambiental y financiera.

Las organizaciones trasladarán esas demandas de la sociedad civil a la Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de gobierno, que se celebrará a finales de marzo en la República Dominicana. También recordarán a los gobiernos que es necesario “fortalecer la democracia, garantizar los espacios de participación ciudadana y el fin de la criminalización de activistas sociales”.

Pousadela, profesora en la Universidad ORT de Uruguay y especialista en investigación de Civicus, una alianza global dedicada a fortalecer la acción ciudadana, denuncia que algunas de las tácticas más empleadas para acallar a la sociedad civil en los países latinoamericanos son la intimidación, la represión a los manifestantes y los cambios legislativos que convierten la protesta en delito. La democracia en la región, añade, no está en riesgo de desaparecer, pero advierte que “está erosionada”.

En el encuentro de Mérida las organizaciones han dado la voz de alarma sobre la reducción de los espacios de participación ciudadana en toda Iberoamérica. De acuerdo con la investigación de Civicus, ¿es preocupante la situación?

Sí, es preocupante. Desde Civicus monitoreamos la calidad del espacio de participación ciudadana y vemos que las restricciones no solo se dan en el espacio físico, sino que también en el virtual. Hay países como Cuba y Nicaragua que tienen un espacio cívico completamente cerrado, mientras que otros como México, Colombia y Venezuela, donde se suceden los asesinatos a periodistas y defensores de los derechos humanos, ese espacio es represivo. No hay que olvidar que América Latina es uno de los lugares donde más asesinan a lideres sociales y defensores del medio ambiente. 

En algunos lugares vemos regresiones muy importantes y grupos con más libertad que nunca para moverse. En Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos años hemos visto un contexto muy represivo para los movimientos por la justicia racial pero, al mismo tiempo, los movimientos supremacistas blancos tuvieron más libertad que nunca para expresarse. No son restricciones uniformes.

La realidad de cada país es diferente. Sin embargo, desde Civicus han denunciado que existe un patrón de represión que se repite en diferentes lugares de América Latina para limitar el espacio de la sociedad civil. ¿Qué han observado?

Documentamos restricciones y vemos cuáles son las tácticas más frecuentes y encontramos algunos patrones. En América Latina la táctica principal es la intimidación de activistas y defensores de los derechos humanos bajo diferentes formas con el objetivo de amedrentarlos y disuadirlos de hacer su trabajo y muchas veces va acompañada de una estigmatización realizada desde lugares de mucho poder y que genera una narrativa que termina legitimando violaciones más graves. Cuando el presidente de un país repite una y otra vez que los activistas son delincuentes o terroristas, termina legitimando que alguien los ataque y los reprima. 

En muchos países se criminaliza la protesta, los poderes legislativos la convierten en delito. Si los movimientos sociales cortan calles, se tipifica como delito de terrorismo y se criminaliza. Esto ha pasado en países de todo signo político, desde Paraguay o Guatemala, a Cuba, cuyo nuevo código penal limita aún más la libertad de expresión y de reunión y la actividad de periodistas independientes y activistas. En Cuba en el último año no ha habido mucha represión de las protestas, pero no porque el régimen sea más tolerante, sino porque las suprimen antes de que ocurran [respaldados por ese nuevo código penal].

¿Cuáles son las mayores restricciones del espacio de participación de la sociedad civil que se encuentran en la región?

Tres de las cinco restricciones del espacio cívico tienen que ver con protestas porque es una región muy movilizada: son la detención de manifestantes, la disolución de las manifestaciones y el uso excesivo de la fuerza contra las mismas. Dentro de ellas, también hay ataques contra periodistas cuando cubren las protestas y no siempre por parte de las fuerzas de seguridad sino, a veces, por parte de los propios manifestantes.

¿Cómo se puede revertir esta situación? 

Los espacios internacionales [como el de Mérida o próximamente el de República Dominicana] son importantes precisamente por eso. En momentos regresivos tenemos una especie de círculo vicioso en el que a la sociedad civil. En países donde hay muchas restricciones, el espacio internacional es lo único que le queda para acudir a reclamar y también se están cerrando esos espacios internacionales en esos foros donde radican las únicas esperanzas de muchos activistas.

Estos encuentros son tan importantes porque es la solidaridad internacional a la que se recurre cuando no queda ningún recurso interno. La solidaridad entre actores de sociedad civil, pero también con otros aliados, porque la sociedad civil no puede hacerlo sola. Nuestro objetivo es ejercer influencia sobre quienes toman las decisiones, que son los gobiernos. Los líderes más autoritarios se ayudan entre ellos, pero los líderes democráticos no deberían seguir ese juego, no deberían apoyarlos y esto se ve en América Latina.

El apoyo a la democracia es bastante condicional y últimamente hemos visto que lo que creíamos que era un consenso democrático en la región, en realidad es muy superficial, porque está surcado por divisiones ideológicas. Lo que parecía ser un consenso antiautoritario contra las dictaduras, en realidad es un consenso izquierdista contra las dictaduras de derecha, pero cuando hay dictaduras de izquierda no hay un consenso democrático tan importante, y eso lo hemos visto en la pasada Cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) que se celebró en enero en Argentina, donde líderes democráticos se abrazaron con dictadores.

¿Cree que la democracia en América Latina está en riesgo?

Depende de lo que consideremos riesgo. América Latina tiene una característica peculiar que la diferencia de otras regiones del sur global: es donde hay democracias más estables, ya que hoy la mayor parte de la región tiene democracias electorales, aunque defectuosas, según el índice de democracia 2022 elaborado por The Economist. A veces son tan defectuosas que están a punto de ser regímenes híbridos, como ha sido recientemente el caso de Perú [después de que Pedro Castillo fuera destituido del poder y detenido después de intentar disolver el Congreso].

Por lo general no hay dictaduras, pero no son cosa del pasado. La democracia se degrada de otra manera: hay líderes elegidos democráticamente que acaparan el poder y violan la Constitución y las leyes y se vuelven líderes autoritarios pero legitimados por las urnas y, por tanto, erosionan la democracia desde dentro. No es un problema de derechas o izquierdas, lo vemos con Andrés Manuel López Obrador en México y con Nayib Bukele en El Salvador, que además cuentan con un gran apoyo popular. Nada garantiza que los golpes militares sean una cosa del pasado, [de hecho] en México estamos viendo por ejemplo una militarización que asusta o cómo la democracia corrió riesgos en Brasil [tras el asalto a los tres poderes por parte de radicales bolsonaristas].

Hay una erosión de la democracia en la región: hay altibajos, pero no está en riesgo de desaparecer. Se trata de democracias que atraviesan muchos problemas y van a seguir teniéndolos porque la épica de la democracia ya no existe más, no estamos en la Transición, las democracias existentes nos defraudaron y eso es grave porque hay gente dispuesta a aceptar opciones autoritarias siempre y cuando les solucionen sus problemas

Como cualquier otra niña de 12 años, Gloria Tshipata se levanta temprano todas las mañanas para ir al colegio. Su día a día, sin embargo, es mucho más complejo que el de la mayoría de estudiantes de su edad. Vive en una precaria casa de adobe junto a sus padres y sus cuatro hermanos en el campamento de refugiados de Dzaleka, en Malaui, donde la escasez de comida, agua y medicamentos -agravada por el hacinamiento y la pandemia- supone un reto diario de supervivencia.

Gloria nació en este asentamiento ubicado a 40 kilómetros de Lilongüe, la capital del país, y como solo conoce esta realidad, se recuerda cada día que la educación puede cambiar su vida. “En la escuela aprendo un montón de cosas interesantes y eso es muy importante para mí, porque podré tener un futuro mejor”, dice a elDiario.es desde Malaui. Quiere ser médica “para poder salvar vidas” y eso, asegura, “implica estudiar”. El inglés le permite acceder a la ciencia y tecnología, dos de sus asignaturas preferidas: “Si no viniera a la escuela, no podría aprender todo eso”.

Las clases en los campamentos de refugiados son una especie de oasis, un lugar seguro en el que niños, niñas y adolescentes aprenden, se divierten y pueden olvidar por momentos las duras condiciones del asentamiento. Dzaleka es un recinto de poco más de 200 hectáreas en el que viven unos 56.000 refugiados y solicitantes de asilo, a pesar de que fue concebido para albergar a unas 10.000 personas, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). La mayoría procede de la República Democrática del Congo, Burundi y Ruanda y, en menor medida, de Somalia y Etiopía. Todos han huido de agresiones, persecuciones, amenazas o conflictos.

“La de Malaui es una operación que apenas llega al 50% de la financiación que se necesita para proporcionar asistencia y atención adecuada a la población”, explican desde Acnur.

Aulas abarrotadas y escasos recursos

La única escuela que hay en Dzaleka, gestionada por el Servicio Jesuita al Refugiado (JRS, por sus siglas en inglés), tampoco escapa a esta realidad. En las abarrotadas aulas faltan recursos y profesores, pues solo hay 62 para atender a los cerca de 7.100 menores escolarizados en este asentamiento. De esos 62 profesores, 50 son de Malaui y 12 son refugiados y muchos de ellos carecen de formación.

Es el caso de Angel Ruth Kalolo, una joven congoleña de 23 años que se convirtió en profesora porque era la “única opción” cuando llegó a Dzaleka hace cuatro años. En su país, trabajaba en el sector de la seguridad. Nunca se imaginó impartiendo clases, admite, pero se fue “enamorando” de esa conexión con sus alumnos. “Cuando llegué fue un desafío enorme adaptarme a un entorno al que no estaba acostumbrada. Después, pasado un tiempo, todo mejoró. Los alumnos son increíbles y lo más interesante de ser profesora es que, además de enseñar, también aprendo porque compartimos nuestras opiniones. Eso es muy enriquecedor”, explica a este periódico Ruth, que vive en el asentamiento junto a su marido y su hijo.

El mayor reto de ser profesora en un contexto tan complejo como este son las barreras lingüísticas, opina. En Dzaleka hay alumnos de diferentes culturas y nacionalidades y muchos no hablan inglés, sino idiomas como chichewa, el oficial de Malaui, y suajili, que se habla en varios países africanos. Angel Ruth prefiere tomárselo como “una lección más para aprender”.

A la salida de la escuela, los alumnos también tienen que lidiar con otros muchos problemas en el asentamiento y hay veces que “ni siquiera recuerdan qué han estudiado el día anterior”. “La escuela les ayuda, pero al final del día tienen que volver a sus casas” a hacer labores como recoger y administrar el agua potable.

En estos últimos meses, Ruth ha recibido el apoyo y formación docente en competencias digitales de ProFuturo, un programa impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa que busca tratar de reducir la brecha educativa en entornos vulnerables de África, América Latina y Asia. El programa, que comenzó a funcionar en Dzaleka en 2019 con la colaboración de JRS y Entreculturas, también provee a la escuela de equipamiento tecnológico. 

“Hoy en día adquirir competencias digitales es igual de importante que aprender matemáticas, por eso nos parece muy importante que [las personas refugiadas] puedan tener acceso a un proyecto como este”, señala María Lacadena, responsable de país del departamento de operaciones de África y Asia de ProFuturo. Este tipo de programas educativos, añade, “contribuye a la motivación de los alumnos y en muchos casos mejora su asistencia a clase”.

La educación no llega a todos los refugiados

A pesar de que el derecho a la educación de las personas refugiadas está establecido en el artículo 22 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, sigue siendo una tarea pendiente. Acnur estima que el 63% de niñas y niños refugiados asiste a la escuela primaria, una cifra muy por debajo del promedio global de 91%. En educación secundaria la cifra aún es más preocupante, ya que solo la reciben el 24% de los estudiantes refugiados.

Acnur asegura que negarles la educación secundaria “equivale a derrumbar una parte del puente que conduce hacia su futuro, hacia un mejor porvenir financiero, una mayor independencia y mejores resultados de salud”. Y quienes logran completar sus estudios secundarios, se enfrentan después a un reto mayor para acceder a la universidad, pues no pueden asumir los costos y las becas son difíciles de obtener. Las inscripciones de estudiantes refugiados en la educación superior solo alcanzan el 5%.

La pandemia, además, ha aumentado la desigualdad de género en los campos de refugiados, de manera que mujeres y niñas se ven obligadas a redoblar su contribución al hogar y eso disminuye sus oportunidades de educación.

Brecha de género

Los casos de Gloria y Angel Ruth no son aislados. Ambas representan la realidad de millones de niñas y mujeres que, aún en contextos de extrema vulnerabilidad, se abren paso para superar obstáculos y construir sus proyectos de vida. De ahí la importancia de que niñas y mujeres en África puedan acceder a la educación y se reduzca la brecha de género en el ámbito científico.

“Es importante que las mujeres sean protagonistas del proceso de transformación de África hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. Son las únicas garantes para que el crecimiento sea inclusivo, ya que son quienes mejor conocen las necesidades de las comunidades”, dice a elDiario.es Anna Fumarola, directora del área de Mujeres y Ciencia de la Fundación Mujeres por África.

Las posibilidades de desarrollar una carrera de investigadora en África varían dependiendo del país. “Mientras que en Mali el número de mujeres científicas es prácticamente testimonial, en otros como Egipto, Sudáfrica o Nigeria están al mismo nivel que Europa”, que se sitúa, según datos de Eurostat, en el 41%, explica la representante de esta fundación, que lleva 1 años promoviendo y apoyando los liderazgos de las mujeres africanas en diferentes ámbitos.

En cuanto a las dificultades que atraviesan las mujeres científicas en África, añade Fumarola, “no son muy distintas a las de las españolas”, pues todas se enfrentan al machismo y a las barreras para conciliar y, a medida que ocupan posiciones de mayor responsabilidad, “las trabas aumentan de forma considerable”. “Entre el patriarcado y el paternalismo no es que haya un techo de cristal, sino de cemento”, indica la experta, aunque sí aclara que en África se han encontrado con muchos casos de científicas que han sufrido violencia física y acoso.

Según datos de la Unesco, solo el 28% de las personas que se dedican a la investigación científica en el mundo son mujeres y también siguen siendo una minoría en los puestos técnicos y de liderazgo en las empresas tecnológicas.

No importa que hayan pasado casi 41 años desde que terminó la guerra de las Malvinas con la victoria británica sobre Argentina. Desde entonces, el país latinoamericano mantiene la demanda de la soberanía de las islas y, lejos de ser solo un fenómeno de la política, es un reclamo social que forma parte la identidad argentina. “Hasta en el Mundial de Qatar la canción más popular que coreaban los hinchas argentinos tras el triunfo hacía referencia a Maradona, Messi y los 'pibes' de Malvinas, en referencia a los soldados conscriptos”, dice Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico sur de Argentina, quien habló con elDiario.es con motivo de su visita en España, donde se ha reunido con diferentes autoridades para visibilizar esta causa. 

Ocupadas por Reino Unido desde 1833, las islas Malvinas cuentan con cerca de 12.000 kilómetros cuadrados de superficie, están ubicadas a unos 500 kilómetros de la Patagonia argentina y son un lugar geopolítico estratégico en el que destaca la riqueza de sus recursos naturales, pesqueros, minerales e hidrocarburíferos. Argentina confía en que finalmente logrará un proceso de negociaciones con Reino Unido para recuperar la soberanía del archipiélago, aunque de momento Londres no parece estar por la labor.

En junio de 1982 finalizó la guerra de las Malvinas, un conflicto corto pero cruento, que causó la muerte de 649 soldados argentinos y 255 británicos. ¿Qué significa a día de hoy la cuestión de las Malvinas para Argentina?

Es una política de Estado que está consagrada en la Constitución nacional desde 1994, donde se condensan los 190 años de reclamación argentina desde la usurpación británica en 1833. En segundo lugar, es una prioridad en la política exterior argentina. No puede ser de otra manera si consideramos que parte de nuestro territorio está ocupado por una potencia extranjera y, además, extrarregional. Y en tercer lugar, Malvinas es una causa nacional que moviliza al conjunto de la sociedad argentina. 

El año pasado, cuando conmemoramos 40 años de esa guerra, quedó reflejada la vigencia que tiene la causa en el país. Desarrollamos más de 1.000 acciones de visibilización y se coronó también con el Mundial de fútbol, porque Malvinas también estuvo presente en el sentimiento popular. 

Quiero resaltar que estamos en el siglo XXI y solo quedan 17 casos de colonización en el mundo, en 10 de ellos la potencia administradora es Reino Unido, lo cual habla de una actitud de reticencia al respeto del derecho internacional en materia de descolonización por parte de los gobiernos británicos. No parece viable que Reino Unido pueda sostener este tipo de situaciones eternamente.

La guerra no logró lo que los militares de la dictadura argentina se proponían y, de hecho, la derrota precipitó el fin de ese régimen. ¿Para qué sirvió?

Las guerras no sirven, las guerras ocurren cuando no se evitan. Desde el punto de vista de la política y el derecho internacional tiene que ver con situaciones de facto, no de derecho. En Argentina ha ocurrido un proceso de maduración muy importante, que ha sido el de homenajear a los caídos y a los veteranos de la guerra, al mismo tiempo que sostener la condena a la aventura militar de la dictadura. Quienes fueron a la guerra no decidieron hacerla y tampoco tomaron decisiones políticas ni militares. Los soldados cumplían con su deber, con su profesión. Hemos madurado en ese sentido, visualizar que la guerra implicó un retroceso en materia de política internacional y diplomática, retrocesos que han tenido que asumir los gobiernos democráticos; y al mismo tiempo, reconociendo esa situación, podemos homenajear a aquellos que dieron su vida o la pusieron en riesgo en esa guerra. Este año se cumplen 40 años desde que el país recuperó la democracia y tenemos la oportunidad para poner el valor el fuerte vínculo entre Malvinas y la democracia. 

Los valores que ponemos en el centro de nuestras argumentaciones son el respeto de derecho internacional, el respeto de la integridad territorial de la Argentina, el valor de la diplomacia en la búsqueda de una solución pacífica, negociada y duradera. Nuestro objetivo es retomar las negociaciones que quedaron suspendidas, no con la guerra, sino que las congeló unilateralmente Reino Unido antes del conflicto, en febrero de 1982. 

En 2016 el entonces presidente Mauricio Macri llegó a un acuerdo con el Gobierno británico de Theresa May para reanudar los vuelos del continente a las islas y la explotación conjunta de pesca e hidrocarburos en la zona marítima del conflicto. ¿Sigue vigente?

El Gobierno de Macri avanzó en una negociación con los británicos en 2016 y, entre los muchos aspectos cuestionables, había uno sobre la remoción de los obstáculos para el desarrollo económico y sustentable de las islas que implicaba dejar sin efecto la legislación en materia hidrocarburífera y pesquera. El actual Gobierno [que dirige Alberto Fernández] ha dejado sin efecto esas dos disposiciones.

Para la cuestión Malvinas y otras vinculadas a la soberanía, el macrismo tuvo una posición de resignación y, si no hubiera sido por el Congreso y por la reacción social popular, se habrían infringido graves daños a la política exterior argentina y a las políticas soberanas. Uno de los campos donde eso ocurrió fue sin duda en la cuestión Malvinas, ya que el presidente Macri tuvo una actitud condescendiente hacia las pretensiones británicas. El macrismo buscaba de algún modo facilitar la situación de ocupación colonial y eso produjo una fuerte crítica que motivó un mayor compromiso del actual Gobierno en reposicionar la cuestión Malvinas como una política de Estado. 

Nosotros lo que queremos es aplicar la Constitución, que establece como un objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Argentina ha denunciado recientemente ante Naciones Unidas el despliegue en las Malvinas de las denominadas “Fuerzas de Seguridad de Kosovo” así como la explotación y exploración de los recursos naturales por parte de Reino Unido en el archipiélago. ¿Qué está ocurriendo?

En las Malvinas viven poco más de 3.500 personas, pero hay una dotación militar de unos 1.500 efectivos, es por tanto uno de los territorios más militarizados del mundo, aparte de la sofisticación del armamento militar y de la base militar que han establecido allí los británicos. Más recientemente apareció otro agravante, que es la introducción de tropas kosovares para entrenamiento militar, un hecho de suma gravedad que supone otro grado más en la militarización.

También ponemos en evidencia la violación al derecho internacional por parte de Reino Unido en la actividad pesquera y la hidrocarburífera, pues la resolución 31/49 aprobada por la asamblea general de las Naciones Unidas prohíbe las acciones unilaterales mientras no se alcance un acuerdo negociado por la cuestión de soberanía. 

La ONU ha llamado a ambos países a reanudar las negociaciones, pero Reino Unido se ampara en el derecho a la libre autodeterminación de los habitantes de Malvinas para no retomar un diálogo. Buenos Aires asegura que Londres incumple el derecho internacional.

El pasado 3 de enero se cumplieron 190 de la usurpación británica. Fue una invasión militar a las islas Malvinas que vino acompañada de la expulsión de la población argentina que se encontraba en las islas, que eran los argentinos pioneros que habían dado continuidad a la presencia española antes del proceso de descolonización de Argentina, antes de la revolución de mayo de 1810. Pretender que la población que fue implantada allí como parte de la acción colonialista sea la que decida a quién pertenecen esos territoritos no se ajusta a la realidad de los hechos y, en todo caso, es el pueblo argentino el de que debe opinar sobre los hechos, que fue el desplazado. Pero también es contrario al derecho internacional, que a partir de las resoluciones de Naciones Unidas, no reconoce el derecho de autodeterminación en los casos en los que ha habido afectación de la integridad territorial, como es el caso de Malvinas. 

Argentina no reconoce por tanto el referéndum que se celebró en 2013 en Malvinas, donde el 99,8% de los isleños votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar. ¿Es así?

No tiene el reconocimiento de Naciones Unidas, es un referéndum de autocomplacencia. Es importante enfatizar que este falso referéndum intentó disimular de algún modo la debilidad de los argumentos de Reino Unido respecto a su ocupación colonial sobre Malvinas. Argentina reconoce los derechos civiles, sociales y económicos de los habitantes que viven allí como cualquier habitante de Argentina, cualquiera que quiera acceder al sistema de salud o educación gratuita, puede hacerlo por ser habitante del territorio nacional. Y quienes han nacido en Malvinas, con el solo hecho de tramitar el documento nacional de identidad, tiene los derechos políticos, puede votar y ser elegido como candidato [a diferentes cargos]. Argentina responde al compromiso internacional que es respetar los intereses de los habitantes de la isla, respetar su cultura y costumbres. 

El régimen migratorio que aplica el colonialismo británico en Malvinas es restrictivo y discriminatorio hacia las personas físicas y jurídicas argentinas. Se trata de un régimen colonial que intenta dar una fachada de supuesto autogobierno y de apertura de las islas al mundo. 

Pero en los últimos años las Malvinas sí han ido ganando autonomía. Reino Unido aprobó una Constitución en 2009 que da más poderes al gobernador de este territorio y han avanzado en el desarrollo económico y social. Si las Malvinas decidieran ser una nación independiente en los próximos años, ¿Argentina estaría de acuerdo? 

Las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del sur son territorio nacional argentino. No corresponde al derecho de la autodeterminación, no es la voluntad de quienes habitan las islas de quien depende el destino de sus territorios. Es una disputa entre Argentina y Reino Unido. 

Hay una fachada presuntamente democrática en torno al ilegítimo gobierno, las decisiones no las toma la presunta Asamblea Legislativa, sino la actual delegada nombrada por el rey Carlos III, la gobernadora de las islas, quien tiene el control efectivo. La máxima autoridad legislativa la tiene el parlamento británico, es el que dicta la ley para Malvinas y resto de los territorios de ultramar británicos. Respecto a las condiciones de vida, es cierto que tras la guerra Reino Unido asumió un rol más activo en función de la economía y vida social de las islas, pero hay que tener en cuenta que antes de la guerra los que garantizábamos las condiciones de vida, éramos los argentinos. 

Son dos casos diferentes, pero ¿qué opina sobre Gibraltar?

Son dos casos con historias distintas, pero son dos casos de colonialismo en los que se desplazó a la población nacional que había antes de la invasión inglesa y ambos tramitan ante el Comité especial de descolonización de las Naciones Unidas. Creo que España y Argentina tienen una lucha común contra estos vestigios del colonialismo, con historias muy distintas, ya España también tiene un pasado colonial. 

Que exista una colonia británica en Europa pone en evidencia esta persistente actitud colonialista de Reino Unido, porque que exista en América del sur o ciertos lugares de África, Océano Índico u Oceanía, podría naturalizarse más, pero que se dé en Europa resulta repudiable. 

Por ese pasado colonial de España, ¿cree paradójico que reclame la soberanía de Gibraltar?

En Argentina está muy vivo el sentimiento popular en la causa Malvinas, aparece en las distintas expresiones de la vida social. Esto tiene que ver con que los pueblos de América Latina y el Caribe tienen una especial sensibilidad frente al colonialismo, ahí puede haber una vivencia distinta, lo cual no quita relevancia a la lucha contra este resabio del colonialismo que perdura en territorio español. El hecho de que España tenga un pasado colonial, no le quita relevancia al reclamo de soberanía sobre Gibraltar.

El exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval habla sin tapujos de la profunda crisis institucional y política que atraviesa su país. “Es una dictadura disfrazada de democracia en la que no hay espacio para las voces disidentes”, dice desde Washington, donde vive exiliado, al igual que otros muchos funcionarios de justicia que se vieron obligados a abandonar Guatemala por haber investigado en los últimos años casos de corrupción que involucran a las más altas esferas del poder.

Por eso no le sorprende que, hace una semana, la Fiscalía guatemalteca emprendiera acciones legales contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, por presuntas irregularidades en el caso Odebrecht cuando estuvo al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2017. 

“La decisión tomada por la Fiscalía es una más de las que hemos venido denunciando los 30 operadores de justicia que nos encontramos en el exilio. El Ministerio Público actual, en contubernio con el poder Ejecutivo, el legislativo, el organismo judicial de Guatemala y la élite empresarial, han emprendido acciones contra todos los funcionarios y todo el personal de la Cicig que ayudó a descubrir los grandes casos de corrupción e impunidad”, dice Sandoval en conversación con elDiario.es.

Como consecuencia de ello, añade el abogado, a día de hoy en el país “no existen investigaciones de grandes casos de corrupción”, mientras que las que quedaron pendientes en los tribunales “se están destruyendo”. “Es una instrucción que forma parte de un plan para desarticular todo el esfuerzo que realizamos en Guatemala”. 

La Cicig no fue una comisión cualquiera, sino un experimento inédito y exitoso. Nació en 2007, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Naciones Unidas, y a lo largo de 12 años logró desmantelar decenas de estructuras de corrupción y modernizar la investigación criminal en el país. La comisión reveló, por ejemplo, el escándalo de corrupción que terminó con la renuncia y detención en 2015 del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. 

“Lo que la Cicig logró descubrir fue que en Guatemala existe un sistema corrupto, una suerte de redes político-económicas donde la oligarquía impone una serie de reglas para mantener los privilegios históricos y para eso se vale no solo de la clase política, sino que para garantizar la impunidad de sus acciones, el poder judicial es el que se las garantiza”, dice Sandoval.

La Cicig fue finalmente disuelta en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, después de que la comisión comenzara a investigarle tanto a él como a su círculo familiar más cercano. Morales justificó su decisión acusando a la comisión de violar leyes internas y convenios internacionales, especialmente en el periodo del magistrado colombiano Iván Velásquez. 

Crisis diplomática y condena internacional

Ahora el anuncio de la Fiscalía guatemalteca de tomar acciones legales contra el ministro de Defensa de Colombia por presunta corrupción cuando era jefe de la Cicig ha abierto una crisis diplomática entre ambos países. El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche aseguró que Velásquez tenía “pleno conocimiento de las oscuras o corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”, mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro ha rechazado la orden de captura contra Velásquez y ha apoyado su trabajo.

Además, la fiscalía de Guatemala anunció órdenes de captura contra la ex fiscal general Thelma Aldana –también exiliada en EEUU– y contra otros exfuncionarios del Ministerio Público como Mayra Véliz y de la Cicig como David Gaitán. Todos ellos investigaron casos de corrupción. 

La ONU, el Departamento de Estado de EEUU, la Unión Europea y organizaciones como Transparencia Internacional y Human Rights Watch han mostrado su preocupación por las represalias contra funcionarios de justicia y otras personas que participan en la lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos en el país centroamericano, o que trabajan en casos de lucha contra la corrupción.

Resistencia en el exilio

Con este anuncio, asegura por su parte Sandoval, la Fiscalía guatemalteca no solo lanza el mensaje de que las élites han recuperado el poder judicial, sino que “ningún operador de justicia puede atreverse a investigar los graves casos de corrupción, porque corren la suerte de ser perseguidos y desterrados”, como ha sucedido con tantos jueces y fiscales que se han marchado al exilio. También es un mensaje, añade, para cualquier persona que pretenda brindar información sobre hechos delictivos, pues “se están cuestionando temas como la colaboración y los testigos protegidos”. 

Sandoval, que trabajó durante más de una década en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue destituido en 2021 por la fiscal general, Consuelo Porras, de “forma ilegal”, dice, después de encontrar indicios de corrupción que involucran al actual presidente Alejandro Giammattei en eventuales delitos. Al no contar con apoyo institucional, la vida de Sandoval corría peligro en Guatemala, por lo que se vio obligado a marcharse. Ahora suma cuatro órdenes de captura en su contra y trata de “sobrellevar la situación” lo mejor que puede. “Es una cuestión de resistencia y seguir denunciando”, explica al otro lado del teléfono.

Quien también ha tenido que salir de Guatemala al no sentirse seguro en el país es Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos entre 2017 y 2022, que tilda la decisión de la Fiscalía de “sinsentido”, ya que existe “un convenio marco que garantiza inmunidad plena” tanto de Velásquez como de los funcionarios de la Cicig “antes y después del trabajo realizado”, dice a elDiario.es.

“Jurídicamente es inviable y políticamente una torpeza del Estado. No solo demuestra ignorancia, sino una mala fe para tensar las relaciones con un país hermano como Colombia, que ha aportado mucho. Y pone en evidencia lo mal que están manejadas las relaciones internacionales por el actual Gobierno, que ha seguido el mismo patrón de Jimmy Morales”, dice Rodas, que hace un llamamiento a la comunidad internacional para que Guatemala pueda ver “esa luz al final del túnel” y seguir adelante.

Este lunes, la política ha retomado el pulso después del pequeño parón navideño tras el intenso final de año en el Parlamento. Gobierno y partidos miran ya a las elecciones de este 2023: la primera cita, la de los comicios municipales y autonómicos, va a ser en algo menos de cinco meses, el 28 de mayo, mientras que las generales se celebrarán a final de año.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha celebrado un acto para la toma de posesión de sus cuatro nuevos magistrados: Juan Carlos Campo y Laura Díez, propuestos por Moncloa, y María Luisa Segoviano y César Tolosa, por el Poder Judicial. La próxima cita que tendrán será para elegir presidente del organismo.

Hoy también han sido numerosas las reacciones políticas al asalto institucional que se produjo este domingo en Brasil por parte de bolsonaristas radicales.

El escenario que el PP predijo para España no podía ser peor: una recesión inminente, una inflación récord en Europa y la destrucción de miles de puestos de trabajo por la reforma laboral. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. En este artículo te explicamos los pronósticos económicos fallidos de Alberto Núñez Feijóo.

Hoy también te contamos cómo el hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal se ha convertido en un pozo sin fondo de dinero público dos años después de su inauguración y a pesar de que apenas tiene pacientes. 

Este jueves, además, ha sido enterrado el papa emérito Benedicto XVI, que falleció el pasado 31 de diciembre a los 95 años. El funeral multitudinario ha tenido lugar en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Tan solo hace falta echar un vistazo a la fotografía del gabinete ministerial del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y a la nueva del recién estrenado Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para apreciar la diversidad de los miembros que conforman este último. El nuevo Ejecutivo brasileño tiene 37 carteras, 11 de ellas lideradas por mujeres, un marcado acento social y políticos de distintas alas ideológicas, desde la izquierda hasta la centroderecha.

Muestra también de esa diversidad por la que Brasil ha decidido apostar en este tercer mandato de Lula da Silva es el emotivo discurso que el martes pronunció el nuevo ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, abogado y escritor, considerado como uno de los mayores especialistas en cuestiones raciales del país. En el rindió homenaje a los colectivos que fueron despreciados por Bolsonaro durante su mandato, destacando que todos los sectores de la sociedad deben ser tratados con respeto, independientemente de su raza, condición social u orientación sexual.

Almeida enumeró a los diferentes colectivos que conforman la sociedad brasileña: los trabajadores, las mujeres, la población negra, los pueblos indígenas, la población LGBTIQ, las personas sin hogar, las víctimas de violencia o aquellas que sufren la falta de acceso a la sanidad, así como empleadas domésticas y todas cuyos derechos han sido violados. Y a todos ellos les envió un simple pero contundente mensaje: “Existís y sois personas valiosas para nosotros”, dijo entre aplausos durante la ceremonia de toma de posesión como ministro para después añadir: “Con este compromiso quiero ser ministro de un país que pone la vida y la dignidad en primer lugar”.

Asimismo prometió cambiar todas las medidas que hayan sido tomadas sobre la base del “odio y del prejuicio”.

El discurso de Almeida ha sido muy elogiado en las redes sociales. El diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha confiado en que las palabras del nuevo ministro “resuenen una y otra vez, porque resumen la esperanza que Brasil simboliza hoy para el mundo entero”.

Cabe recordar que algunos de los colectivos nombrados por el nuevo ministro brasileño fueron especialmente despreciados por el expresidente Bolsonaro a lo largo de su legislatura, pues en varias ocasiones el ultraderechista estuvo en el centro de la polémica por sus comentarios homófobos, machistas, racistas e incluso en favor de la dictadura.

La defensa de la familia -a la que Bolsonaro considera “sagrada”- desterrar la “ideología de género” o incluso impedir los “baños unisex” fueron algunos los principales ejes de su última campaña electoral.

Durante su mandato Bolsonaro se mostró contrario a las políticas de igualdad de género y ampliar tanto el aborto como los derechos del colectivo LGTBI. El líder conservador diseñó, sin embargo, políticas que hicieron estragos en la Amazonía, redujo el gasto social, flexibilizó la venta de armas y puso en duda la gravedad de la pandemia.

Lula da Silva, por su parte, asume ahora las riendas de un país totalmente diferente al que dejó tras su segundo mandato en 2011, un país dividido y con retos económicos y medioambientales por resolver.

El grupo parlamentario popular en el Congreso registró este martes una proposición de ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó en 2018. La iniciativa incluye algunos de los puntos del pacto alcanzado en octubre con el PSOE y que el propio PP dinamitó en el último momento. Te lo contamos aquí con todos los detalles.

A pesar de que las cifras del pasado mes de diciembre dejaron una tímida creación de empleo, 2022 cerró en su nivel más alto. El año terminó con casi 20,3 millones de trabajadores y dos millones más de personas indefinidas tras la reforma laboral. Pese a la guerra de Ucrania y la inflación, el mercado laboral aguanta.

Hoy, además, han sido numerosas las reacciones de políticos y líderes sindicales para destacar la figura y legado de Nicolás Redondo, el histórico líder de UGT que ha fallecido a los 95 años de edad.

El mercado laboral resiste pese a la incertidumbre económica. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes, que indican que en 2022 bajó en 268.252 personas, hasta un total de 2.837.635 desempleados, su menor nivel en 15 años. El año terminó con casi 20,3 millones de personas con empleo afiliadas a la Seguridad Social, con 471.300 trabajadores más en los últimos 12 meses, y con un total de 2,8 personas paradas registradas en las oficinas del SEPE.

En cuanto al terreno político, 2023 será un año electoral de intensa actividad legislativa en el Congreso, ya que en tan solo unos meses tendrá que dejar lista una batería de leyes entre las que destacan dos grandes apuestas del Gobierno: la ley de vivienda y la derogación de la ley mordaza. Leyes con las que el Ejecutivo de coalición busca afianzarse de cara a las elecciones generales.

El Partido Popular estaría dispuesto a apoyar el nuevo paquete de medidas anticrisis del Gobierno, que incluye la congelación del precio de los alquileres en la renovación de los contratos y un cheque de 200 euros para familias trabajadoras, siempre y cuando incluya algunas de las medidas que proponen. Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo: “Si el Gobierno dice que sí a algunas de nuestras medidas, nuestro voto estará más cercano al sí, si no [lo hace] estará mas cercano a la abstención”.

Desde la sede de Génova, Bravo ha insistido en que el Ejecutivo “copia las medidas del PP”, aunque “tarde y de manera reducida”, unas críticas que se producen después de que la semana pasada el Gobierno detallara las novedades del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a la crisis energética y la elevada inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania con especial foco en el coste de los alimentos.

La oposición pide al Gobierno modificar algunos puntos del decreto y proponen, entre otras medidas, aplicar la reducción del IVA a alimentos como carne, pescado y conservas, además de deflactar la tarifa del IRPF para las rentas de hasta 40.000 euros y renunciar a imponer el impuesto al plástico.

Bravo también ha recordado ante la prensa que su partido aboga por una fiscalidad para el empleo, la necesidad de simplificar las trabas burocráticas, una reducción del gasto superfluo político y activar los fondos europeos Next Generation. “Todo esto orientado a un crecimiento de la economía y a la generación de empleo, el que no deje a nadie atrás”, ha añadido.

Bravo, que ha pedido un adelanto electoral, ha criticado especialmente la propuesta del Gobierno del cheque con un pago único de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros al año y un patrimonio que no supere los 75.000 euros, al considerar que no se aplica un criterio “lógico” si se compara con el bono cultural joven de 400 euros. “Dar 200 euros a las familias y 400 euros a los jóvenes para que se lo gasten, por ejemplo, en videojuegos no parece muy lógico con la que está cayendo. Tiene más sentido ayudar a las familias, a las rentas bajas, a los pensionistas”, ha señalado. A su juicio, se trata de medidas que suponen un “parche” y no una verdadera solución, por ello el PP propone convertir ese cheque de 200 euros en una devolución más amplia y automática vía IRPF a rentas medias y bajas.

Por otro lado, a pesar de que el IPC se ha reducido al 5,8% interanual en diciembre, Bravo ha reprochado al Gobierno que la inflación subyacente -la que excluye la energía y los alimentos frescos- se sitúe en el 6,9%. “La inflación subyacente sigue subiendo, no son datos para sacar pecho, sino para tomar medidas que ayuden a trabajadores y empresas para controlarla”, ha concluido.

Críticas de Feijóo

A las críticas de Bravo se han sumado las del propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha señalado en Twitter que el Gobierno está “desbordado” y ve necesarios planes para impulsar el crecimiento y contener la inflación.

Feijóo también ha indicado que España se sitúa como la última economía de la Unión Europea en recuperar el PIB de la prepandemia, a pesar de que todas las predicciones -desde las del Gobierno a las del Banco de España- apuntan a que la economía crecerá por encima de la media de los países europeos y no contemplan una recesión.

Este lunes abren los supermercados con los precios de algunos alimentos sin IVA y otros con IVA reducido, una medida que anunció el presidente del Gobierno la semana pasada y que ha entrado en vigor con el nuevo año. Hoy, además, el Partido Popular se ha mostrado dispuesto a apoyar ese nuevo paquete de medidas anticrisis del Ejecutivo, que también incluye un cheque de 200 euros para familias trabajadoras y congelar durante medio año el precio de los alquileres, pero solo lo hará si el Gobierno incluye algunas de sus propuestas.

Desde ayer, 1 de enero, también funciona el nuevo sistema de cuotas de los autónomos en función de lo que ganan, si bien se aprobó en verano, tras un gran acuerdo social. Supone un importante cambio para los trabajadores por cuenta propia, que hasta ahora podían elegir cuánto cotizaban a la Seguridad Social. Si tienes dudas, puedes echar un vistazo a esta guía.

Termina una semana marcada por la crisis en el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, por el momento, ha superado dos plenos en los que ha mantenido suspendida la reforma sobre su tramitación parcial. En ellos, los magistrados conservadores han logrado imponer su criterio por un voto de diferencia y superando recursos o alegaciones que habrían dejado en mayoría a los progresistas, que apuestan por levantar las cautelarísimas.

Además, en Madrid los médicos de familia y pediatras de atención primaria suspendieron de manera temporal la huelga que habían iniciado hace ya más de un mes, el pasado 21 de noviembre, para analizar una propuesta de Ayuso. El comité de huelga explica que se ha producido “una reformulación” de posturas por ambas partes y se han emplazo a una nueva cita con la Consejería de Sanidad el próximo 11 de enero.

Jueves intenso en el plano legislativo. El Senado ha aprobado definitivamente la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación, y el Congreso ha aprobado, entre otras, la ley trans, la ley del deporte y la de universidades. Mientras tanto, continúa la polémica en torno al Poder Judicial después de que este miércoles la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional volviese a rechazar que se vote la reforma para su renovación, que estaba prevista para esta jornada en la Cámara Alta.

Por otro lado, los médicos y pediatras de la atención primaria madrileña han decidido suspender temporalmente la huelga indefinida tras la última reunión con la Consejería de Sanidad. El comité de huelga explica que se ha producido “una reformulación” de posturas por ambas partes y se han emplazado a una nueva cita con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el próximo 11 de enero.