Nuevas medidas anticrisis: precios congelados de alquileres, cheque de 200 euros para familias vulnerables y rebaja del IVA de alimentos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se reúnen este 27 de diciembre Moncloa.

Economía


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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han alcanzado un acuerdo para incluir en el decreto de medidas anticrisis la congelación del precio de los alquileres en la renovación de los contratos, según ha adelantado El País y ha podido confirmar este diario. La medida afectará a los alquileres que venzan en la primera mitad del año y tendrá una duración de seis meses a partir de la finalización del contrato. Además, se ha incluido un cheque con un pago único de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros al año y un patrimonio que no supere los 75.000 euros (sin contar la vivienda habitual). El Gobierno acaba con la bonificación general de los carburantes, que a partir del 1 de enero solo será para profesionales.

En su discurso de balance del año, el presidente del Gobierno ha detallado finalmente cómo será la rebaja de IVA que se había planteado para los alimentos. La cesta de productos de “primera necesidad”, que hasta ahora tributaba al 4%, pasará ahora a tributar al 0%. Por otro lado, el aceite y la pasta, que actualmente tenían un IVA del 10%, pasarán a tenerlo del 5%.

Sánchez ha desglosado que las nuevas medidas anunciadas este martes suponen 10.000 millones más, que se suman a los 35.000 millones de euros destinados hasta el momento para hacer frente al impacto económico de la guerra en Ucrania. Según el presidente del Gobierno, se ha tratado de una “respuesta nacional” y que, “desde el primer minuto”, el Gobierno se comprometió a hacer “todo lo que hiciera falta”.

En este sentido, ha insistido en la diferente respuesta que le ha dado el Gobierno de coalición a esta crisis frente a las propuestas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, del PP, ante la crisis financiera de hace más de una década. “La respuesta que la derecha dio a la crisis financiera fue hacer de España un país cuyo único objetivo sería competir a escala global en bajos salarios, en precariedad laboral y en recortes del Estado del bienestar”, ha recordado.

El presidente también ha anunciado nuevas medidas para la industria de la cerámica, una de las más electrointensivas en nuestro país y, por tanto, una de las más dañadas por la escalada del precio de la energía. Por un lado, el ICO abrirá una nueva línea de financiación de 500 millones “para garantizar la liquidez de este sector”. Y, por otra parte, 450 millones en ayudas directas, dado que es “una industria muy importante para nuestra economía”.

En este sexto plan de choque, el Ejecutivo se ha preocupado también de la sanidad, con una medida “para seguir incorporando facultativos y reforzar los servicios de atención primaria”. “Hemos aprobado la jubilación activa mejorada, que va a permitir que profesionales sanitarios de atención primaria, médicos de familia y pediatras en edad de jubilación puedan continuar durante los próximos 3 años compatibilizando el 75% de su pensión con el servicio activo a tiempo completo o a media jornada”, ha explicado el Gobierno.

Crecimiento de la economía de más del 5%

Respecto a la evolución de la economía, Sánchez ha destacado que “es muy probable” que este año nuestro país termine con un crecimiento muy encima de las previsiones, de más de un 5%. “Una cifra muy por encima de la media de la Unión Europea”, ha incidido.

En 2023, “vamos a seguir creciendo por encima de los países de nuestro entorno, aunque es difícil hacer previsiones en un escenario tan incierto”, ha advertido. El presidente del Gobierno se ha ceñido a las previsiones de las principales instituciones, que incluso apuntan a que España esquivará la recesión técnica [dos trimestres consecutivos de caída del PIB] este invierno, que sí sufrirá el conjunto de la eurozona.

El acuerdo entre los socios de Gobierno se ha alcanzado a última hora, escasos minutos antes de que comience el último Consejo de Ministros del año, en el que se ha terminado de diseñar el real decreto con medidas para paliar los efectos de la crisis por la guerra en Ucrania y la inflación. Los equipos negociadores de ambas partes del Gobierno estuvieron reunidos hasta altas horas de la madrugada, enconadas principalmente en el asunto de los alquileres, sobre el que Unidas Podemos había reforzado la presión en los últimos días. Las conversaciones se han retomado en la mañana del martes en una reunión entre el presidente del Gobierno y la ministra de Trabajo en la que han cerrado los últimos detalles.

Con este acuerdo, el Ejecutivo además renovará el decreto anticrisis que vencía el próximo 31 de diciembre. En principio, el nuevo paquete contendrá la mayoría de políticas del anterior, como la reducción del IVA de la electricidad o la gratuidad de los abonos de trenes de Cercanías y Rodalíes.

También se prorroga hasta el 30 de junio ayudas como la subida del 15% del SMI y de las pensiones no contributivas, tal y como se pactó con EH Bildu durante la negociación de los presupuestos generales. Además, siguen rebajados los impuestos que se aplican a las facturas de la electricidad y el gas. También sigue la congelación de la bombona de gas.

Dentro del paquete de medidas ligadas a las familias, se prorroga la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables durante seis meses, hasta el próximo 30 de junio. Además, se prohíbe pero en este caso para todo el ejercicio 2023 el corte de suministros esenciales, como la luz, de nuevo, para hogares considerados vulnerables.

El acuerdo de Vivienda más discutido

En materia de vivienda, PSOE y Unidas Podemos han acordado renovar la limitación del 2% la revalorización anual del precio de los arrendamientos, que tradicionalmente estaba indexada al IPC, que ya estaba vigente desde el primer decreto anticrisis, aprobado en abril. Pero además, han alcanzado un acuerdo para congelar los precios de las rentas cuando se vencen los contratos y ambas partes quieren renovarlos. El propietario tiene libertad en ese momento para exigir al inquilino un nuevo precio y, según alertan desde la formación confederal, en los últimos meses se venían produciendo incrementos del 20 o el 30%. Con la nueva medida, el dueño de la vivienda tendrá que mantener el precio que estaba vigente al menos durante los próximos seis meses, periodo en el que estarán vigentes la mayoría de medidas del decreto.

Aunque las conversaciones entre las dos partes del Gobierno para la renovación del decreto se habían abierto a principios de diciembre, a petición de Díaz, en los últimos días se habían acercado posturas en la mayoría de asuntos y se habían constatado también los puntos de bloqueo. El domingo, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, escribió un tuit en el que pedía que se aprobase la congelación de los alquileres y las hipotecas. El lunes, fuentes de Unidas Podemos afirmaban que las negociaciones estaban bloqueadas ante la negativa del PSOE a aprobar las medidas que pedía el espacio confederal sobre vivienda.

Esta política temporal sobre los alquileres será presumiblemente la antesala de una negociación más grande entre los dos socios de la coalición por la Ley de Vivienda cuya tramitación lleva meses bloqueada en el Congreso. En una entrevista en Televisión Española este mismo martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha deslizado la intención de su grupo parlamentario de plantear que esa ley incluya topes a los precios de todos los contratos y no solo de los que ahora están en vigor y deben renovarse, algo que por otro lado el espacio confederal ya había planteado. “Hasta que no tengamos aprobada la Ley de Vivienda, el precio de los contratos completamente nuevos es muy difícil de intervenir porque ni siquiera hay un índice para poder referenciar”, ha explicado, al tiempo que ha defendido la necesidad de “proteger de forma efectiva” a todas esas personas que “tienen problemas para llegar a fin de mes por el gasto en vivienda”.

Cheque de 200 euros para familias

El Gobierno también ha acordado introducir en este decreto un cheque con un pago único de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros al año y un patrimonio que no supere los 75.000 euros. Era una de las medidas que Podemos había anunciado a principios de diciembre que pediría dentro de la negociación. La formación de Belarra quería que el monto oscilase entre los 250 y los 500 euros en función de la renta, aunque desde Podemos reconocen que están contentos de que salga adelante esta medida que pusieron sobre la mesa al inicio de las conversaciones de esta última renovación del decreto. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, estimó esta mañana en una entrevista en Radio Nacional de España que la ayuda podría alcanzar a 5 millones de hogares.

Junto a esta medida, el Gobierno también aprobará en la reunión de esta mañana una serie de ayudas directas a aquellas comunidades autónomas y municipios que reduzcan el abono de transporte urbano al menos un 50%. En el anterior paquete, las ayudas estaban destinadas a rebajar un 30% esos billetes mensuales, aunque las autonomías y entidades locales que lo decidieran podían llevar esa reducción hasta el 50%.

Fin al descuento general de los carburantes

Dentro del nuevo paquete de medidas para aliviar el daño de la inflación, el Gobierno ha retirado una de las medidas más criticadas y, al mismo tiempo, más populares: el descuento general de 20 céntimos a los carburantes.

La bonificación del combustible será ahora solo para el transporte profesional por carretera, agricultores, navieras y pescadores, y se abonará al final de cada mes. En el caso concreto de los agricultores, la ayuda directa de hasta 20 céntimos por litro se realizará mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. De esta manera, la ayuda a los agricultores tendrá un coste de 240 millones de euros, mientras que serán 120 millones en subvenciones directas para los pescadores.

El descuento general a los carburantes ha sido hasta ahora la medida más cara, y estaba en cuestión porque no discriminaba por nivel de ingresos, favoreciendo a familias de rentas altas, con más vehículos y mayor gasto, y fomentaba el consumo de gasolina o diésel. Es decir, animaba la demanda y alimentaba la inflación, condicionada por la invasión rusa de Ucrania y las decisiones de las dictaduras exportadoras de petróleo de Oriente Medio.

Información realizada por Alberto Ortiz, Diego Larrouy, Cristina G. Bolinches y Daniel Yebra.

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