Puede que Isabel Díaz Ayuso tenga una relación oblicua con la verdad. Puede que ejerza el poder con absoluta impunidad. Puede que para liberarse de cualquier fiscalización haya eliminado todo contrapeso institucional en la región de Madrid. Puede que de tanto denunciar que España es una dictadura lo que realmente proyecte sea una aspiración para Madrid. Puede que la llegada de miles de migrantes estos días a Ceuta le salve de su enésima polémica. Pero puede también que su querencia al lujo y a los áticos sea el principio de su final. Nada está escrito todavía.

Esta última conjugación es la que se escucha bajito, tímidamente y siempre off, pero con mucha intensidad, en las filas del PP. Quizá no sea un aviso y tampoco una admonición porque, en realidad, Feijóo llegó a los mandos de Génova a lomos de la controvertida baronesa. De no ser por ella, la operación “cargarse a Casado” y coronar al gallego nunca hubiera llegado a buen puerto. Hoy, el líder del PP paga el precio y la penitencia de haber tenido como valedora para su aterrizaje en la M30 a alguien que, dentro y fuera del PP, se ha empoderado tanto como para suponer una amenaza para su propio partido.

La compra de un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, supuestamente para que lo usara Ayuso durante unas obras de reforma de Sol no anunciadas ni adjudicadas, ha empezado a colmar la paciencia de varios dirigentes territoriales, a quienes Génova mandó –no en una ni en dos ocasiones, sino demasiadas veces– cerrar filas con la presidenta madrileña.

Ante el fraude fiscal del novio, ante el pelotazo del hermano tras la venta de mascarillas en pandemia, ante la relación empresarial de la pareja con el grupo Quirón, ante las amenazas de su jefe de gabinete a elDiario.es, ante su alineamiento con ultraderechistas como Milei o Trump, ante su defensa del genocida Netanyahu, ante su polémico viaje a México…

Pero todo tiene un límite y el de algunos populares ya está sobradamente rebasado. “Es una bomba de relojería que el propio Feijóo ha permitido que se convierta en un activo más que el propio proyecto del partido. Y una de las consecuencias de todo ello es que el personaje se ha comido a la persona y el daño empieza a ser insostenible”, asegura un dirigente territorial.

“Separarse de un novio o de un testaferro”

Pese al malestar por el último y turbio episodio de la compra del ático y la posterior rectificación después de la pillada, en la dirección nacional piden calma. “Esto pasará” es la frase que un diputado nacional sostiene que se escucha en la séptima de Génova ante cualquiera de las polémicas protagonizadas por Ayuso y sus creadores. ¿La traducción? “Pues que ahora Feijóo no puede prescindir de ella, pero el día que sea presidente se sentirá liberado de toda atadura y será el momento”, intuye el mismo interlocutor.

En los mentideros populares circulan todo tipo de rumores sobre la presidenta madrileña, sobre la supuesta “creación de varias empresas por medio mundo de su novio”, sobre si la compra del ático era o no para instalar allí su residencia oficial e incluso sobre si la adquisición es el prólogo de una ruptura con su actual pareja… Para unos, todo eso son solo zarandajas (“Una cosa es separarse de un novio y otra hacerlo de un socio/testaferro”, sostiene un exdirigente del partido). Para otros, es un río que suena desde hace tiempo y que lleva demasiada agua. Pero si en algo coinciden muchos es en que “su caída será peor que la de Cristina Cifuentes por las cremas que robó de un supermercado”.

Que la prensa afín y subvencionada por la propia Comunidad de Madrid haya hablado por primera vez con claridad de crisis política y de falta de transparencia es algo inédito y es una muestra de que las adhesiones, rara vez son inquebrantables. Las que sumaba Ayuso, según fuentes de su propio partido, van cayendo. Entre los alcaldes de Madrid, asegura un dirigente territorial, “hay hartazgo” y entre los barones, la sensación de que “el desgaste acumulado por sus diferentes escándalos ha empezado a hacer mella en Ayuso”. ¿Fuego amigo? No se descarta.

Sea como fuere, si de algo se ha encargado Ayuso desde que llegó a la presidencia de Madrid es de erosionar los contrapesos institucionales de fiscalización que podían controlar su acción de gobierno. Mientras día sí y día también acusaba a Sánchez de hacer de España una dictadura, la baronesa se dedicaba a reformar leyes para tomar el control absoluto de la Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza la gestión de las administraciones madrileñas. Y no solo, también el Consejo de la Transparencia y la televisión autonómica. De golpe, en 2023 nada más obtener mayoría absoluta, aprobó una ley ómnibus para modificar de una tacada 15 textos legislativos para escapar del control.

El escándalo motivó incluso un informe de la Fundación Hay Derecho que alertó de la excesiva influencia del Ejecutivo regional en los órganos de fiscalización. “Nuestro informe pone de manifiesto deficiencias que afectan directamente al funcionamiento del Estado de derecho en la región [de Madrid], como los cambios en los mecanismos de elección de órganos de contrapeso”, afirmó entonces Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. Nada distinto de lo que ya había alertado la oposición, que llevó incluso la ley ante el Constitucional.

El PSOE y Más Madrid han denunciado repetidamente este tipo de prácticas de la inquilina de Sol que, en opinión de sus dirigentes, “actúa con absoluto desparpajo e impunidad” con “ayuda de su batería mediática, donde ninguna de nuestras acciones tienen cabida”.

Posible delito de malversación

Más Madrid ha anunciado ya que llevará a la justicia la compra del ático de Chamberí que se iba a utilizar como oficina temporal al entender que se podría haber incurrido en un delito de malversación. Esto además de sospechar que las presuntas obras en la Puerta del Sol que se esgrimieron como excusa desde la Comunidad nunca fueron tales porque, al ser un edificio Bien de Interés Cultural se habrían conocido de antemano.

Para el candidato del PSOE, Óscar López, también es demasiado tarde para las explicaciones y su partido prepara ya acciones judiciales contra la Comunidad de Madrid. “La única respuesta que cabe de la señora Ayuso es la dimisión inmediata”, afirmó el también ministro de Transformación Digital y Función Pública, para quien “es una vergüenza que algo así suceda en un sitio como Madrid, donde el principal problema es la vivienda”.

Las mismas preguntas que se hace la oposición madrileña sobre este último escándalo –que desde Sol han intentado, esta vez con escaso éxito, achacar a una operación de acoso contra Ayuso–, se las hacen también algunos populares, especialmente los que se consideran víctimas de la profunda transformación que la presidenta regional hizo de los equilibrios orgánicos cuando asumió también la presidencia del partido en Madrid. No en vano, en apenas siete años ha hecho desaparecer prácticamente todas las estructuras heredadas del periodo de Cristina Cifuentes y de la etapa final de Esperanza Aguirre para empoderar a una nueva generación de dirigentes cuya única ideología es la lealtad a la lideresa.

Demasiados frentes abiertos y demasiados detractores –dentro y fuera del partido– como para salir indemne de este su enésimo escándalo.

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No falla. El victimismo como respuesta se repite con puntualidad de reloj suizo cada vez que el escándalo estalla alrededor de Isabel Díaz Ayuso. Todo es persecución. Todo una operación aviesa. Nunca un mea culpa. Nunca una asunción del error. Jamás una responsabilidad propia. Hablar de sí misma como objetivo de una conspiración para cambiar el tercio se ha convertido en una estrategia de comunicación constante en la inquilina de la Puerta del Sol.

Lo ha vuelto a hacer esta semana con el escándalo del ático y la mega terraza de aproximadamente seis millones de euros que la Comunidad de Madrid compró el pasado abril, de tapadillo, supuestamente para que su presidenta celebrara allí reuniones durante unas obras de reforma integral en Sol que no se habían anunciado, no están tampoco adjudicadas y, posiblemente, se inventaron sobre la marcha para justificar el dispendio y el uso que se pretendía dar a la vivienda. La pillada fue tan obvia y el barullo -pese a la ocultación de su artillería mediática- tan intenso que, 24 horas después, ya no había obras que afrontar, ni destino institucional que darle a la nueva propiedad, sino una operación para destinar el dinero a ayudas para la reconstrucción por los incendios en la Sierra Oeste. No fue una rectificación , sino una pillada porque lo primero suelen llevar consigo un reconocimiento de que algo se hizo mal y no ha sido el caso.

Hay que tener mucho cuajo para intentar convertir una operación diseñada para uso y disfrute de la presidenta en un compromiso político con los municipios afectados por el fuego. Todo para sacudirse la responsabilidad y presentarse como víctima de un acoso, por supuesto, instigado por “medios afines al Gobierno”. De los regados generosamente con dinero de los presupuestos regionales nunca habla porque todos obedecieron la consigna de que la compra del ático de lujo no merecía la categoría de noticia.

No es la primera vez ni será la última. En 2011, cuando la presidenta era todavía una diputada regional desconocida, sus padres le donaron la nuda propiedad de un piso de 90 metros cuadrados también en Chamberí. La donación llegó pocos meses después de que una entidad participada por el propio Gobierno madrileño concediera un préstamo de 400.000 euros —después impagado— a una empresa familiar de material sanitario, MC Infortécnica, que atravesaba serias dificultades. La coincidencia temporal entre el préstamo público y la donación patrimonial nunca fue aclarada satisfactoriamente por la presidenta.

En marzo de 2024, cuando se supo que la Fiscalía investigaba a su pareja, Alberto Quirón González Amador, por dos presuntos delitos fiscales relacionados con la venta de mascarillas en pandemia, la respuesta fue idéntica a las anteriores: todo es un ataque orquestado por el Gobierno de Sánchez y una operación política contra ella.

Cuando se publicó que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, había cobrado 1,5 millones de euros en comisiones por la intermediación en la compra pública de mascarillas también en pandemia, evitó dar explicaciones sobre el destino de fondos públicos de emergencia sanitaria y convirtió el caso en un intento de dañar su reputación a través de su familia.

E idem cuando trascendió que había pasado un fin de semana con su familia en un chalé de titularidad pública en la sierra madrileña que la Comunidad había comprado por 4 millones de euros en la sierra de Guadarrama.

Siempre tiene argumentos con los que convertirse en damnificada. La versión más elaborada la construyó cuando habló de una operación de Estado contra ella, que es como elevar su persona a una cuestión de país y reducir el papel del Estado a simplezas.

Y, esta semana, otra vez interpretó el papel de agraviada con el ático de 485 metros cuadrados de millones de euros. Primero, para minimizar el asunto y desmarcarse de la decisión (“no es mi casa, no es mi residencia, no es para mí”). Luego, para erigirse en afectada de la sincronía entre la crisis de los incendios y la publicación de la noticia. Y, después para matar al mensajero, esto es a los periodistas que se hicieron eco de la noticia. Llegó a decir que se buscaba “echarme a la gente encima” y que lamentaba tener que defenderse de una “campaña de desprestigio” en medio de una emergencia. Emergencia, cuya gestión pasó al Gobierno de España, por si acaso…

Explicaciones sobre por qué se compró la vivienda en lugar de buscar un alquiler o por qué no se usó alguno de los inmuebles que ya posee la Comunidad para ese supuesto traslado por obras, no ha dado ninguna.

La misma respuesta para diferentes escándalos que, obviamente, a medida que se repiten cuesta mucho más creer. Los datos y los hechos en todos ellos jamás han sido rebatidos y la palabra de Ayuso cada vez tiene menos crédito, incluso entre sus correligionarios.

P. D. En política, a veces, lo que parece es.

El PP ha vuelto a decir no a la reciente propuesta del Gobierno para alcanzar un acuerdo de país contra la emergencia climática. La respuesta es idéntica a la que ya dieron sus dirigentes en septiembre de 2025 cuando tras los incendios del pasado verano, La Moncloa puso sobre la mesa un documento con diez compromisos prioritarios, que luego se ampliaron a 15, tras recabar información de más de 4.000 aportaciones de la comunidad científica, organizaciones empresariales, sindicatos y ONG.

Según los datos de Copernicus (sistema europeo EFFIS), más de un millón de hectáreas ardieron en la Unión Europea en 2025 –la cifra más alta desde que hay registros (2006)–, y España estaba entonces a la cabeza con 403.000 hectáreas quemadas. Fue el peor año del siglo XXI en cuanto superficie arrasada por el fuego, ya que en solo dos semanas, se declararon unos 20 grandes incendios forestales que arrasaron más de 300.000 hectáreas –una superficie equivalente a toda la isla de Gran Canaria– y varias provincias sufrieron incendios de magnitud sin precedentes. Fue el caso de Castilla y León, donde el fuego consumió alrededor del 15% de la superficie de la provincia de León y un 7% de la de Ourense (Galicia). Solo el incendio de Uña de Quintana (Zamora) calcinó cerca de 40.000 hectáreas, y el de A Rúa (Ourense) arrasó más de 38.000 hectáreas. Las cifras ya ilustraban entonces un escenario excepcional que puso en jaque a los servicios de emergencia y supuso un reto mayúsculo para los profesionales de la extinción y la gestión forestal.

Y este año, sin que haya acabado todavía el verano la situación es peor porque la superficie calcinada en lo que va de 2026 supera en 143.834,46 hectáreas a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 29.817 hectáreas. Dicho de otro modo: el fuego se ha multiplicado casi por seis de un año a otro y se han contabilizado unos 366 incendios, lo que representa un incremento del 301% desde que comenzó la época estival.

Y todo mientras el partido de Feijóo rechaza un acuerdo para luchar contra la “emergencia climática” porque, al parecer, es un trampantojo del Gobierno para desviar la atención. En realidad, nadie esperaba una respuesta distinta al portazo, ya que de los siete grandes pactos de Estado firmados entre PP y PSOE, 5 se suscribieron con la izquierda en la oposición y la derecha en el Gobierno.

Contando los Pactos de la Moncloa de 1977 solamente ha habido siete grandes acuerdos de país, de los cuales dos fueron ampliaciones de otros ya vigentes como el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016. Sólo en dos ocasiones, el PP se avino a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.

Hoy, con el país en llamas, el PP acredita su propia historia de oposición destructiva. Resulta que los populares quieren un pacto contra los incendios, pero en ningún caso contra las causas que los provocan porque consideran que hablar de “emergencia climática” es una trampa de Pedro Sánchez, como se han encargado de emitir sus habituales intérpretes. Si la propuesta fuera un ardid de Sánchez, lo sería también del Parlamento Europeo, de las Naciones Unidas, de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 200 organizaciones que impulsaron en 2019 el manifiesto “World Scientists' Warning of a Climate Emergency”, firmado por 11.000 científicos de 150 países, y de más de 2.000 gobiernos locales y nacionales de todo el mundo.

Porque más allá de los bulos que escupen las redes sociales y de los programas y los políticos que los difunden, la “emergencia climática” no es un rótulo del progresismo, sino una expresión acuñada por el organismo científico de referencia de la ONU y por sus agencias ambientales que, a tenor de lo escuchado estos días, el PP o no reconoce legitimidad o no está al tanto de sus resoluciones. Tan grave sería lo primero como lo segundo en un partido que aspira a conquistar el Gobierno de España.

El consenso institucional hace inexplicable el uso del lenguaje alternativo que los de Alberto Núñez Feijóo han elegido estos trágicos días para negar la evidencia científica y, en consecuencia, rechazar un pacto de Estado contra la emergencia climática. En realidad, a la dinámica seguida desde que en La Moncloa habita un socialista. Da igual que la propuesta hable de derechos laborales, de pensiones, de vivienda, de ayudas al transporte, de salarios, del Estado del Bienestar… Todo es no y todo es un trampantojo del perverso Pedro Sánchez. También los efectos del calentamiento global.

Así que, con casi 200.000 hectáreas de terreno forestal arrasadas, 100.000 personas evacuadas de sus casas, decenas de municipios confinados y los servicios de emergencia y de bomberos trabajando a destajo, los populares ha decidido jugar a no llamar a las cosas por su nombre y no pronunciar la expresión “cambio climático” o “emergencia climática”.

Aquí va su repertorio:

“Anomalía climática excepcional” es la expresión que ha utilizado Alfonso Fernández Mañueco durante los incendios de su región que, según sus palabras, está sometida tanto “al estrés por fenómenos naturales” como a “la mano del hombre”, que es quien está detrás del fuego.

“Terrorismo incendiario” es otra variante habitual entre los dirigentes del PP que también hablan de supuestas “mafias”, tramas organizadas o de “terrorismo incendiario” como causa de los incendios, algo que la Fiscalía ha descartado repetidamente.

“La brocha gorda”. Isabel Díaz Ayuso, que niega la existencia de la crisis climática, defiende que hablar de emergencia es una treta para “dar soluciones de brocha gorda”. Las suyas, como la de poner una planta en la ventana y que los escolares se vistan con camisetas de tirantes para combatir el calor de las aulas, deben ser de pincel muy fino.

El mantra. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, no iba a ser menos que sus colegas, pero ha añadido al debate una variante delatora al acusar al Gobierno de recurrir al “mantra del cambio climático” para “eludir su gestión”. Justo lo contrario a lo que ha pasado con la declaración de emergencia nacional solicitada por Ayuso a través de X para quitarse de encima la responsabilidad y pasársela al Gobierno de España. La estrategia es tan vieja como la política misma y pasa por invertir la carga de la prueba para presentar el problema climático no como una realidad científica, sino como una coartada del adversario.

Desde el “no es momento para el Apocalipsis climático” que pronunció antaño el mismísimo José María Aznar hasta el “ahora se llama emergencia climática a que en julio haga calor” que pronunció el consejero de Ayuso, Alfonso Serrano, hay todo un patrón. Y no solo para ridiculizar los efectos del cambio climático, sino también para no contrariar a la ultraderecha con la que el PP gobierna en Valencia, en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón y en Andalucía, donde ha sucumbido a sus postulados negacionistas.

Fanatismo climático. El líder de Vox, Santiago Abascal, habla directamente de “fanatismo climático” para desvincular los incendios del calentamiento global, y el PP poco a poco ha ido adoptando el mismo discurso. De hecho el propio Feijóo en una reciente entrevista ha declarado sin ningún sonrojo que el cambio climático es algo que aún está por consolidar.

Lejos de ser un envoltorio inocente, el lenguaje empleado por los dirigentes del PP además de importar, delata intenciones poco confesables. A saber: si, para el PP, un incendio se explica por las “mafias”, y no por la sequía, el abandono rural o las altas temperaturas, lo que subyace es una propuesta para aumentar la vigilancia o la persecución penal, pero no un refuerzo de la prevención o de la transición energética.

Si, además, todo se resume en un “mantra” del adversario, para qué invertir en gestión forestal, en alertas o en urbanismo antiincendios. Lo que denota todo ello es una justificación de la inacción y, probablemente, no porque los populares no sepan cuál es la causa, sino porque nombrar el origen obliga a actuar y priorizar, y eso es algo que las Comunidades Autónomas, que son las que tienen las competencias en materia forestal, no han hecho.

Todo indica, pues, que no estamos ante un simple intento de atraer al electorado más escéptico del PP. Y tampoco solo ante una estrategia con la que evitar el enfrentamiento con la ultraderecha. En realidad, lo que implícitamente apunta el PP son las políticas que no desea que estén en la conversación pública. Lo grave es que las consecuencias ya sabemos todos cuáles son porque este verano las han padecido ya en Almería, en Ávila, en Madrid, en Guadalajara, en Castellón, en Segovia…

Buscan la atención personal por encima del interés personal y la validación pública, exageran los gestos, acaparan titulares, hablan más de uno mismo que de los problemas de la gente y persiguen el aplauso o la polémica fácil. Son políticos con un afán desmedido por el protagonismo. Y si hay uno en el panorama actual que destaca entre todos ellos es Isabel Díaz Ayuso. La muerta en el entierro, la niña en el bautismo y la novia en la boda. Un yoismo exagerado.

Lo ha vuelto a hacer con motivo de los graves incendios en la Comunidad de Madrid, con casi 100.000 personas evacuadas, 170.000 hectáreas arrasadas y decenas de municipios confinados. Y es que la presidenta de la Comunidad más golpeada por el fuego ha convertido la tragedia en un nuevo pulso por la conquista de los titulares. Exabrupto, incluido claro. Nada que no haya hecho antes porque es una experta del espectáculo y la que la gestión le importa mucho menos que el liderazgo y la relevancia. Si no es con el insulto, es con el atuendo y si no, con las lágrimas.

Todo en ella es exceso, es disparate y es bochorno. En medio de un incendio histórico, con miles de familias desalojadas de sus viviendas y los bomberos exhaustos de trabajo sin descanso, el detalle del vestuario con el que se plantó en los incendios no era menor ni era inocente. Todo lo contrario. Fue una decisión pensada por sus creadores para que la imagen que circulara por los medios fuera la de una gestora al mando, y no la de una presidenta que pidió auxilio al Estado porque su propio dispositivo no daba abasto y porque, ante las consecuencias de lo que pudiera ocurrir, el responsable fuera Pedro Sánchez y no ella.

Cuando la comunicación se cuida hasta ese extremo mientras la prevención lleva meses olvidada pese a las advertencias de los bomberos forestales, queda claro cuál era la prioridad de la inquilina de Sol. Una contradicción más del personaje si se tiene en cuenta que sus ideólogos han construido buena parte de su carrera política sobre la autosuficiencia, el nacionalismo madrileño y la desconfianza hacia las supuestas injerencias del Gobierno central.

Pedir la “Situación Operativa 3” —el nivel que traspasa el mando único al ministro del Interior y a la UME— es, en la práctica, admitir que el dispositivo propio ni es suficiente ni está preparado. Y, aunque nada hay de reprochable en pedir ayuda cuando la magnitud de un incendio lo exige, lo difícil de sostener es hacerlo y, en el mismo aliento, insultar a quien tiene que tramitar esa ayuda.

Con tres incendios avanzando sin control y los primeros vecinos ya desalojados en la Comunidad de Madrid, Ayuso pidió al Gobierno de Sánchez la noche del pasado día 24 la activación del nivel más alto de emergencia, a lo que el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, respondió pidiendo que explicara y justificara esa petición antes de tramitarla. Una respuesta, sin duda, torpe y evitable en una situación de emergencia, que en lugar de ser contestada serenamente por Ayuso, recibió una réplica de las habituales de la presidenta madrileña: “El primer mamarracho que quiera calentar el ambiente cargará con las consecuencias”. Luego ya vino el cruce de insultos con el ministro Óscar Puente de por medio y varias horas de cobertura mediática sobre quién insultó primero mientras decenas de miles de personas seguían siendo evacuadas.

El patrón de comportamiento lo completó con las lágrimas de cocodrilo que recorrieron sus mejillas durante una comparecencia en la localidad de Villamanta, al hablar del Valle del Tiétar —de donde procede su familia— y de la devastación sufrida por los pueblos afectados. Y, aunque la emoción ante una tragedia no es cuestionable, sí es muy discutible que, comparecencia tras comparecencia, el relato institucional termine centrado en la propia presidenta, en su tono, sus lágrimas o su enfado con el delegado del Gobierno, en lugar de en los datos operativos que la ciudadanía necesita en ese instante.

Vamos que el chaleco con “presidenta”, el exabrupto del “mamarracho” y la emoción ante las cámaras no son hechos aislados, sino elementos de una misma estrategia que convierte cada aparición pública en un episodio protagonizado por ella, cuando lo que la situación exigía era protagonismo para los bomberos, los servicios de emergencia y los vecinos que lo han perdido todo.

Pero hablamos de Ayuso y de sus circunstancias, que al parecer nada tienen que ver ni con que el fuego avance descontrolado, ni con que los bomberos forestales de la región que llevan meses sin ser escuchados sobre la falta de prevención, ni con que los salarios de los agentes forestales y sus plantillas estén precarizados, ni con su relativización permanente de las consecuencias del cambio climático. Eso es siempre un asunto que compete a otros.

El Congreso echa el cierre hasta septiembre y, pese a los profetas del Apocalipsis, a la vuelta del verano la legislatura seguirá adelante. Con más ruido, seguro que con nuevos autos judiciales y con un Gobierno en minoría, pero dispuesto a llegar hasta final de mandato, salvo inesperado cambio de tercio en un Pedro Sánchez que si de algo sabe es de resistencia. Sin Presupuestos, con escasas certezas y con los tribunales marcando el paso, el presidente del Gobierno está decidido a seguir y hacer caso omiso de quienes desde la oposición ven en el verano solo la prórroga de una agonía que acabará en un abrupto final más pronto que tarde.

Sea como fuere, Sánchez encara los últimos meses de una legislatura en la que, con una aritmética parlamentaria que nunca le dio una mayoría cómoda, ha tenido que sudar hasta la última coma de cada iniciativa. Pese a ello, ha sostenido el Estado del Bienestar a golpe de decreto, negociado voto a voto cada convalidación frente a un bloque de derechas –PP, Vox, Junts– dispuesto a tumbar por sistema cualquier proyecto aunque tuviera como propósito aligerar los problemas de los ciudadanos, como ha ocurrido con la prórroga de los contratos de alquiler.

¿Recuerdan? El Gobierno la aprobó por decreto en marzo para proteger a los inquilinos frente a la escalada de precios y la vio caer un mes después por el rechazo conjunto de PP, Vox y Junts, que antepusieron sus intereses partidistas, y los de los grandes propietarios, a la protección de cientos de miles de familias. Lejos de rendirse, el Ejecutivo trabaja ya en una versión ampliada, con nuevas garantías para el alquiler de temporada y de habitaciones, y negocia otra vez con los grupos parlamentarios en busca de apoyos antes de someterla de nuevo a votación.

El mismo patrón explica la caída de otros decretos, como el que buscaba topar los precios de bienes básicos ante situaciones de emergencia como la dana de Valencia o la tragedia de Adamuz. También el de medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y Seguridad Social, que incluía la prórroga de medidas contra la vulnerabilidad social y las ayudas al transporte de viajeros que decayó en enero de 2025, igual que el impuesto temporal a las energéticas.

La otra cara de la moneda es que, pese al bloqueo constante, el Gobierno sí ha logrado convalidar decenas de decretos anticrisis que llegaron a buen puerto, como la revalorización de las pensiones, las medidas para amortiguar el golpe energético de la guerra en Oriente Medio o la de Movilidad Sostenible, la de agentes forestales y bomberos o la de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. También han sido aprobadas las leyes para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, la que regula los servicios de atención a la clientela, la de la economía social, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal o la que prohíbe las terapias de conversión, una demanda histórica del movimiento LGTBI que ninguna mayoría de derechas habría sacado adelante.

Pese a la estrategia de obstrucción y crispación del PP, en cumplimiento estricto de un programa que tiene como capítulo único el 'antisanchismo', el Ejecutivo ha aprobado desde que arrancó la legislatura, dos modificaciones constitucionales (del artículo 49 y el apartado 3 del 69), 32 leyes y convalidado 40 decretos ley. Todo en un contexto en el que cada votación parlamentaria se celebra como una victoria de la negociación frente al ruido.

La economía como motor del mandato

Pero si algo desmiente el relato de parálisis que intenta imponer la oposición son los datos económicos, después de que el Gobierno haya revisado al alza su previsión de crecimiento del PIB para 2026 hasta el 2,6% -muy por encima de la media europea. El mercado laboral es, probablemente, el mayor éxito de esta legislatura, con una afiliación que se mantiene en máximos históricos y un paro registrado que ha bajado de los 2,3 millones de personas, la prueba más evidente de que la reforma laboral de 2022 sigue dando resultados años después de su aprobación, a pesar de los agoreros.

“El hecho de que España lidere el crecimiento entre las grandes economías europeas, en plena inestabilidad parlamentaria, es la mejor demostración de que la gestión económica y la fragmentación política pueden convivir sin que la primera se resienta”, se vanagloria un miembro del equipo económico de Sánchez.

Desde el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz defienden que en estos últimos tres años “se ha gobernado para quien más lo necesita y dejado un balance concreto, que se puede contar norma por norma: se ha vuelto a subir el salario mínimo, se han ampliado los permisos de crianza para que criar no sea un lujo ni un castigo y ha salido adelante el Estatuto del Artista, la primera gran reforma laboral de la cultura en toda la democracia”. Es más, “cuando la DANA partió el corazón del país en 2024, se legislaron permisos climáticos para que nadie tuviera que elegir entre ir a trabajar o ponerse a salvo”, aseguran desde el gabinete de la vicepresidenta segunda.

Hay además 2 reformas ya aprobadas en Consejo de Ministros que ahora deben recorrer su trámite en el Congreso, que son la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que actualiza treinta años después una norma de 1995 para incorporar la salud mental y los riesgos psicosociales, y el Estatuto del Becario, que ha superado ya su segunda vuelta y busca terminar con la figura del falso becario. Todo mientras las derechas han dejado constancia, añaden los mismos interlocutores, “que están dispuestas a bloquear lo que sea con tal de que nada cambie. Se bloqueó en el Congreso la reducción de jornada, una medida que comparten dos de cada tres españoles, que afecta a 12 millones de trabajadores y que era el avance más importante en la jornada laboral desde los años ochenta”. Lejos de tirar la toalla, Yolanda Díaz redoblará esfuerzos para en septiembre volver a la carga con el registro horario para acabar con las 2,5 millones de horas extras no retribuidos que se trabajan y no se cobran cada semana en nuestro país.

La voz europea más clara contra el genocidio

En el plano exterior, España ha demostrado que se puede ser un socio fiable de la OTAN sin ceder a la lógica del rearme desbocado que reclamaba Donald Trump. Frente al objetivo del 5% del PIB en gasto militar, Sánchez negoció una excepción que “salvaguarda la soberanía española”, en sus propias palabras, cumpliendo con los compromisos reales de capacidades militares —en torno al 2%— y sin embarcarse en una carrera armamentística que hubiera detraído recursos del Estado del Bienestar del entorno de los 5.000 millones de euros.

Pero si hay un terreno en el que el Gobierno de Sánchez ha marcado la diferencia en Europa y ha sido aclamado en el mundo fue por su posición en Gaza. Mientras buena parte de los gobiernos europeos se limitaban a declaraciones tibias, España fue el primer país en consolidar por ley un embargo total de armas a Israel, prohibir el tránsito de buques y aviones con material militar o combustible para sus fuerzas armadas, vetar la importación de productos de los asentamientos ilegales y triplicar la ayuda humanitaria a la población palestina hasta los 150 millones de euros. Algo que, en palabras de sus colaboradores, le ha convertido en “la voz europea más clara y consecuente frente al genocidio, además de en líder moral que la historia probablemente le reconocerá mejor que la política doméstica del día a día”.

El desafío de los Presupuestos

No todo, claro, es motivo de celebración porque, a punto de entrar en el tercer trimestre de 2026, Sánchez llega al final del actual curso político con las cuentas de 2023 prorrogadas por tercera vez, y no por falta de voluntad, sino porque carece de apoyos para sacarlas adelante. Los intereses partidistas de los socios y la cercanía de las elecciones han convertido en un imposible la aprobación de los Presupuestos para 2027, aunque ya hayan empezado los trámites para tramitarlos en Consejo de Ministros y, después, enviarlos al Congreso. Un último intento, con más voluntad que posibilidad de aprobación, y que Sánchez presentará sin duda como reclamo de su apuesta por la política social, la vivienda como prioridad y su compromiso de seguir la senda de reducción del déficit y la deuda pública.

Aunque con el presidente del Gobierno, cualquier escenario es posible, si la negociación de las cuentas públicas fracasara, el propio calendario político podría precipitar unas elecciones, algo que no se descarta siquiera en los despachos de La Moncloa, donde hay quien baraja incluso finales de febrero o principio de marzo como posible fecha para las generales. Con Sánchez, todo es posible y también todo pronóstico es susceptible de yerro.

Mientras Sánchez deshoja la margarita sobre cuándo llamar a las urnas, en paralelo avanza la reforma de la financiación autonómica, un empeño del Gobierno progresista, que busca cumplir con el compromiso adquirido con sus socios de investidura, acabar con un modelo que caducó hace una década e incrementar los recursos de las comunidades con más de 20.000 millones de euros adicionales. Una lluvia de millones que se traduciría en más sanidad, más educación y más dependencia, pero que las comunidades gobernadas por el PP han decidido rechazar por puro cálculo electoral y porque el sistema fue fruto de un acuerdo previo y bilateral con ERC, como lo fueron por cierto todos los modelos anteriores. Que la reforma llegue a buen puerto en lo que resta de legislatura es otro imposible al que se enfrenta Sánchez porque, como dicen los socialistas, “la derecha no parece dispuesta tampoco en esto a anteponer el interés general al puro desgaste del Gobierno”. Tampoco el independentismo.

De hecho, el horizonte judicial de la amnistía volverá a marcar el pulso de la deteriorada relación con Junts, donde están a la espera de que el Tribunal de Cuentas y el Supremo apliquen la norma después de que esta haya pasado el filtro del Tribunal de Luxemburgo, pese haber sido denostada como un supuesto ataque al Estado de Derecho y a la Constitución por el PP y Vox.

La ley ha sido avalada por la Justicia europea tras confirmar que la malversación puede quedar cubierta por el perdón, ya que no afectó a fondos comunitarios. Ahora, el Tribunal Constitucional estudiará a partir de septiembre el recurso de Jordi Turull, primer paso de un proceso que previsiblemente despejará también la situación de Puigdemont, en un ejercicio de aplicación efectiva de lo que Europa ya ha dictado. Hasta que eso no ocurra, los junteros, que ya dieron por rota la colaboración con el Gobierno y por agotada la legislatura, no tienen intención de apoyar nada que venga del Gobierno, si bien hay ministros que confían en que la situación pueda revertirse en los próximos meses y antes de que los Presupuestos se sometan a votación.

El pronóstico de los más optimistas se sostiene en la negativa de Junts a apoyar una moción de censura junto a PP y Vox –“no estamos aquí para poner y sacar gobiernos”, ha llegado a decir la portavoz parlamentaria, Myriam Nogueras–, lo que confirma que, pese a la ruptura formal con el PSOE, ni el independentismo más beligerante con Sánchez está dispuesto a entregar el Gobierno de España a la derecha y la ultraderecha. Una prueba, asegura un ministro socialista, de que el bloque de la investidura, “con todas sus tensiones, sigue funcionando como cordón sanitario frente a una coalición PP-Vox que la mayoría social sigue sin querer”. Eso sí, los intereses electorales de Junts en Catalunya, el trasvase de votos de su formación a Aliança Catalana y la normalidad institucional que se vive con Salvador Illa en la Generalitat, tampoco son un aliciente para que los de Puigdemont vuelvan a colaborar con el Gobierno de Sánchez. Todo lo contrario.

La judicatura, un actor político

El relato de la actual legislatura y el horizonte que Sánchez tiene por delante no estaría completo sin recordar hasta qué punto una parte de la judicatura se ha convertido en un actor político más con investigaciones que, alimentadas por denuncias de plataformas ultras, se prolongan durante años sin que aparezcan pruebas concluyentes.

El caso de Begoña Gómez es el más paradigmático: dos años de instrucción del juez Juan Carlos Peinado, con decisiones —registros anulados o sobreseimiento de otras piezas— que la propia Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que corregir en repetidas ocasiones, y que llega ahora a su recta final justo cuando el instructor se jubila forzosamente el 27 de septiembre, después de dictar el auto de juicio oral y decidir que sea un jurado popular quien dicte el veredicto, quizá en plena campaña electoral.

Y, luego, está el llamado caso Leire, la investigación en la Audiencia Nacional sobre la financiación del PSOE y la ofensiva que la derecha ya ha hecho de ambos antes de que exista un solo hecho probado en sentencia firme mientras no ha dicho una palabra sobre el juicio del caso Kitchen —el espionaje parapolicial ordenado desde el Ministerio del Interior del PP para destruir pruebas de su corrupción y construir otras falsas sobre sus adversarios políticos, que sigue pendiente de sentencia diez años después de haberse producido.

También la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por nueve delitos, ha hecho mella en el Gobierno y en el PSOE. El expresidente no era cualquiera para la familia socialista, sino un activo político y electoral al que Sánchez recurrió en 2023 para levantar la campaña electoral y que difícilmente volverá a hacerle de telonero en sus mítines por más que el presidente no tenga intención de soltarle de la mano mientras no se demuestre su culpabilidad. Y eso que el Gobierno se divide hoy entre quienes siguen sin motivos para desconfiar en quien gobernó España entre 2004 y 2011 y quienes consideran que en algún momento habrá que marcar distancias si las dudas persisten. Sus explicaciones ante el juez y en una entrevista con RTVE no fueron suficientes ni siquiera para los convencidos de que la justicia no actúa igual para todos y de que hoy es un sector de la judicatura en quien el PP ha delegado la labor de oposición.

Víctimas o no de una ofensiva en la que denuncian una doble vara de medir de algunos togados y algunas instrucciones con motivaciones políticas, el Gobierno ha impulsado la reforma más ambiciosa de la Justicia en más de un siglo con una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y, aunque el Gobierno de Rajoy impulsó con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia una propuesta casi idéntica para trasladar la instrucción penal a los fiscales, blindar el mandato del fiscal general frente a los ciclos electorales y limitar el uso partidista de las acusaciones populares, la norma tiene escasos visos de ser aprobada. El proyecto salió ya del Consejo de Ministros y fue remitido a las Cortes, pero la resistencia corporativa del sector judicial conservador en sincronía con el PP lo convertirá seguramente en otra ocasión perdida para acabar con una Justicia que se rige por una norma de 1882.

Y otro gran reto pendiente es la renovación efectiva de la cultura que rige en el Consejo General del Poder Judicial porque aunque fue renovado en esta legislatura, tras años de bloqueo del PP, el Gobierno admite que aún es necesario avanzar en su despolitización y en su capacidad para depurar responsabilidades frente a actuaciones judiciales cuestionables.

El indulto a García Ortiz

El caso del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz es, para buena parte de la carrera judicial y de la izquierda, un ejemplo de cómo un sector de la judicatura ha ido mucho más allá de lo razonable después de condenar sin pruebas a alguien por un delito de revelación de secretos. De ahí que varios particulares hayan pedido el indulto parcial tras alegar que la condena por revelar datos del novio de Ayuso ya eran de dominio público y que le ha acarreado unas consecuencias personales y profesionales desproporcionadas.

“Que la oposición y ciertos medios quieran presentar cualquier gesto de clemencia como un ataque al Supremo dice más de su estrategia de permanente escándalo que del fondo del asunto”, aseguran fuentes gubernamentales. Y es que el indulto es una figura jurídica plenamente constitucional, prevista desde 1870, y su eventual concesión no cuestiona la sentencia, sino que atiende a las circunstancias personales del condenado, como ocurre en tantos otros procedimientos muchos menos mediáticos.

La decisión del indulto llegará también previsiblemente a la vuelta del verano, como tantas otras porque la legislatura continúa. ¿Hasta cuando? Hagan sus apuestas.

Ni se arredra ni deja una pregunta sin respuesta, pero tampoco pisa charcos innecesarios. Óscar López (Madrid, 1973) hubiera sido un buen portavoz de Gobierno si cuando Pedro Sánchez decidió recuperarle para su equipo allá por 2021 no le hubiera elegido como jefe de gabinete para sustituir a Iván Redondo. Es un político de raza que se curtió al lado de Alfredo Pérez Rubalcaba, de quien llegó a ser su número tres en el PSOE.

Hoy tiene la triple condición de Ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, secretario general de los socialistas madrileños y candidato del PSOE de Madrid a la Comunidad. Arrebatar a Isabel Díaz Ayuso el sillón de la Puerta del Sol es, para él, mucho más que presidir una región. Es un compromiso explícito para “acabar con el odio, el enfrentamiento y la persecución a familiares de víctimas, periodistas y todo discrepante”, además de para arreglar “la sanidad, la vivienda, la educación y la universidad pública”, todas esas cosas de las que la actual presidenta de Madrid nunca habla y se le permite.

No lo tiene fácil porque el PP ostenta el poder institucional en Madrid desde hace 30 años y porque la izquierda no atraviesa su mejor momento. Pero Ayuso, denuncia, “sin la protección mediática y judicial” no sería nadie. Una afirmación rotunda y hasta compartida por no pocos dirigentes de la derecha que lo admiten en privado, pero nunca en público. López se atreve con eso y con la denuncia de que en Madrid “lo que entonces, para el PP, fue el ladrillo hoy es la sanidad que están expoliando para luego llevárselo en comisiones o en empresas privadas que a su vez financian, por ejemplo, la vida padre de la señora Ayuso”.

De lo suyo, esto es el PSOE de Madrid, sus eternas luchas orgánicas y las primarias entre Reyes Maroto y Enma López, solo advierte: “Lo que me interesa es que toda esa energía [la destinada a apoyar la candidatura derrotada Enma López] ahora se ponga a disposición de Reyes y del Partido Socialista para que haya un cambio en Madrid”. Sobre todo lo demás, calla, pero es plenamente consciente.

El Gobierno ha declarado la emergencia nacional en Madrid por la gravedad de los incendios y porque así lo ha pedido Isabel Díaz Ayuso. ¿Lo ha hecho porque no tiene medios o porque no quiere asumir responsabilidades en un momento crítico?

El Gobierno nunca se quita de en medio. Es más, antes de subir al nivel tres, en el nivel dos, el Gobierno de España ya tenía desplegados medios como corresponde y, por lo tanto, una vez que la Comunidad de Madrid lo ha solicitado, por supuesto, que el Gobierno se hace cargo, como lo hace siempre. Eso no significa que vayan a incorporarse medios que no estaban, ya estaban allí. Lo que pasa es que ahora asume la coordinación. El Gobierno siempre cumple con su obligación y nunca se quita de en medio.

Pero entonces los presidentes autonómicos quedan solo para inauguraciones...

Bueno, esto es una reflexión que hay que hacerse. Evidentemente, las competencias están para ejercerlas. Lo que no puede ser es que por la mañana, sesión de fotos y por la tarde dejación de funciones, que es lo que ha hecho, por ejemplo, la señora Ayuso. Hemos visto que por la mañana ha ido a hacerse el clásico libro de fotos y por la tarde lo que hace es renunciar a sus competencias.

¿Cómo está siendo la coordinación?

Bueno, ahora la coordinación ya corresponde al Gobierno de España. Pero yo sí creo que es muy importante que ahora que estamos viendo, un verano más, que durante dos o tres meses nos asolan olas de calor, no se puede seguir negando el cambio climático. No se puede seguir negando un pacto de Estado para reforzar la cooperación en los medios. No se puede. Es profundamente irresponsable. Y yo he escuchado al señor Feijóo decir que habrá un pacto de Estado cuando gobierne él. ¿Pero esto qué broma es? ¿Pero qué política es esta en la cual se niega a todos los ciudadanos que haya más recursos, que haya mejor coordinación, que haya un refuerzo de algo que, no es que sea prioritario hoy, es que lo va a ser en los próximos años?

No es un problema solo de España. Estamos viendo incendios masivos en Francia, los hay todos los años. En Italia, en Grecia, todo el Mediterráneo está siendo aislado. Y, por lo tanto, cómo un responsable político se puede quitar de en medio, se puede borrar y puede decir que bueno, que habrá una solución cuando el Gobierno. ¿Oiga, mire usted y si no gobierna, qué es lo que pasó el 23 de julio del año 2023, cuando hubo elecciones? ¿Por lo tanto, hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta que el señor Feijóo quiera ser presidente para que en este país haya un pacto de Estado? ¿Pero qué respuesta es esa?

¿Se pueden gestionar las consecuencias del cambio climático de la mano de un partido negacionista como Vox?

Es evidente que no, y una de las condiciones que pone Vox siempre en todos los gobiernos es negar el cambio climático, fanatismo climático, dicen. ¿Pero queda algún ciudadano que no sea consciente? Esta semana, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en el Mar Menor en un proyecto de investigación que hemos financiado para monitorizar el Mar Menor con un gemelo digital. Y me contaban los científicos que el Mar Menor está alcanzando un montón de días los 35 grados. ¡35 grados! Eso, por cierto, es el precedente de danas cada vez más potentes. Por lo tanto, ¿quién no ve que tenemos cada vez más olas de calor? ¿Que cada vez tenemos danas más devastadoras? ¿Quién no es consciente de que se está produciendo un cambio climático que tiene costes en vidas y un coste económico terrible también? Claro que hace falta un pacto de Estado.

¿España sigue invirtiendo más dinero en apagar incendios que en prevenirlos? ¿No habría que cambiar ese patrón como hizo Portugal hace dos años?

Pues sí, lo sabemos hace mucho. Sabemos que precisamente la despoblación, el abandono del mundo rural, ha provocado que, entre otras cosas, se cuiden menos los montes, también porque no hay explotaciones ganaderas como había antes y, por lo tanto, hace que sea necesario. Por supuesto. Y en un año como este, en el que ha habido tantas lluvias, hay mucho monte bajo que luego agostado es pura gasolina para estos incendios. En consecuencia, no se trata solo de extinguir, se trata de prevenir. Lo aprendimos hace muchos años.

Hace muchos años que decimos que los incendios se apagan en invierno. Y las competencias autonómicas deben ponerlo como una de las máximas prioridades. Yo le garantizo que si soy su presidente, la Comunidad de Madrid contará con los mejores recursos, contará con plantillas estables, fijas, que trabajarán todo el año y con una unidad de emergencias propia, que no escatime recursos. Es absolutamente prioritario. Nos jugamos vidas. Además de jugarnos el ecosistema, además de jugarnos bienes materiales, nos jugamos vidas. Es una prioridad absoluta.

Más allá de los incendios y entrando en la entrevista de TVE al expresidente Zapatero, usted ha dicho en alguna ocasión que no tenía ningún motivo para dudar de Zapatero. ¿Esa es una posición política o es una convicción personal?

Las dos cosas. Mi relación con Zapatero es política y personal y, por lo tanto, yo le digo que tanto en su comportamiento político, como en su comportamiento personal, jamás en mi vida he tenido un solo elemento para dudar de la honorabilidad del señor Zapatero. Nadie me ha demostrado lo contrario. Yo no puedo decir aquello en lo que no creo. Hay versiones en un juicio y el señor Zapatero está dando las suyas. Y las dará en el juicio. Pero todo lo que he vivido, he visto y he conocido del señor Zapatero siempre ha sido ejemplar.

¿Y cambiaría de opinión si aparecen pruebas concluyentes sobre un tráfico de influencias o sobre comisiones cobradas?

Estoy convencido de que no las hay. Estoy convencido de que el señor Zapatero no ha cometido ningún delito. Es verdad que hay gente a la que le choca ahora que pueda haber tenido una actividad profesional. Es verdad. Yo eso lo entiendo, lo comprendo, pero estoy absolutamente convencido de que no hay ninguna irregularidad en lo que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero.

En relación con las joyas, él dijo que no era conocedor del valor que tenían. ¿No le parece que no es un argumento para alguien que ha sido presidente del Gobierno de España y que ha manejado este tipo de regalos institucionales?

Me creo las palabras de Zapatero. A partir de ahí, también comprendo que haya gente que utilice todo el tema de las joyas. Vemos en las redes sociales la cantidad de campañas que hay de memes y de vídeos generados con IA. Lo entiendo. Entiendo que se está utilizando políticamente, pero le digo que creo que el expresidente Zapatero no ha cometido ninguna irregularidad. Eso es lo más importante para mí.

¿Le convencieron a usted las explicaciones que dio o cree que siguen persistiendo las dudas?

Insisto en que yo no tengo ni un solo elemento nuevo para dudar de la honorabilidad de Zapatero. No lo tengo. Es verdad que estamos viendo un juicio. Es verdad que hay distintas partes, es verdad que hay quien está dando una versión, pero yo creo a Zapatero y no tengo elementos para cambiar mi opinión sobre él. No los tengo.

Usted cree en Zapatero... ¿Pero considera que esta misma sensación existe en el ámbito del Gobierno y, sobre todo, en el Partido Socialista? ¿La falta de explicaciones empieza a pesar en el partido?

Yo entiendo que haya gente que pueda tener alguna duda, alguna reserva. Lo entiendo, sobre todo, después de la proyección mediática que tienen estos casos. Y por eso, precisamente, entiendo también que a veces es difícil conciliar los tiempos de la prensa con los tiempos de la justicia. Yo lo entiendo. Y también que el señor Zapatero, que no tiene solamente el derecho, sino la obligación de defenderse, tiene que administrar sus tiempos. Y entiendo que eso muchas veces es incompatible con la inmediatez que exige la prensa, que necesita saber ya la respuesta a todo. Respeto su estrategia de defensa. E insisto en que sigo creyendo en la inocencia de Zapatero. No solo en la inocencia, sigo creyendo en la honorabilidad de Zapatero. A él le corresponde defenderse. Y lo está haciendo. Este jueves lo hizo en una entrevista y lo tiene que hacer, sobre todo, en lo que es judicial.

Hay, sin embargo, quien sostiene que en la defensa que ha hecho el Partido Socialista del expresidente hay un cambio de argumentario fruto de la improvisación. Primero se invocó o se defendió su honorabilidad, luego se apeló a la presunción de inocencia y ahora se empieza a decir que el cobro de comisiones es legal.

Bueno, yo no he cambiado nunca mi versión en relación con este asunto. Entiendo que haya gente a la que le haya sorprendido que Zapatero pudiera tener alguna actividad profesional. Entiendo que haya gente que no pensaba eso y que le ha chocado. Ahora bien, lo relevante es si el señor Zapatero, tanto en su etapa de gobierno como después, ha hecho algo irregular, algo ilegal. Y creo que no. El señor Zapatero siempre fue un referente ético en su gobierno, todos lo sabemos. No tuvo ningún problema. Con posterioridad es verdad que él ha tenido una actividad profesional. Pero insisto: por todo lo que conozco de él, y son 26 años conociendo a Zapatero, en la política y fuera de la política, me ha parecido siempre una persona ejemplar. Y no tengo elementos para cambiar esa posición.

¿Cuando Zapatero dijo en Televisión Española que quizás Felipe González sí que sepa lo que es una sociedad offshore, está apuntando a la posibilidad de negocios turbios en el caso del expresidente González?

No lo sé. No tuve la oportunidad de ver la entrevista en directo. Desconozco esa afirmación.

¿Pero a usted no le consta?

No, claro. No me consta ninguna irregularidad, ni ninguna ilegalidad. Por cierto, si me constara, denunciaría, claro.

Si un dirigente del Partido Popular estuviera en la misma situación, es decir, si tuviera una caja fuerte con joyas por valor, según el juzgado, de más de un millón de euros, ¿mantendría el PSOE el mismo discurso de que hay que esperar a conocer su versión y a que se desarrolle el procedimiento judicial?

Lo hemos hecho muchas veces. Es más, le invierto la carga de la prueba. Cuando en el PSOE ha habido problemas de acoso, que los ha habido, ha actuado con contundencia. ¿Dónde está el alcalde de Móstoles? ¿Desde cuándo ha sido denunciado el alcalde de Móstoles? ¿Qué dijo el PP cuando hubo casos en el Partido Socialista? Casos, por cierto, con una denuncia nada más. ¿Qué pasa cuando durante dos años ha habido denuncias en el correo de la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿A quién ha citado la presidenta de la Comunidad de Madrid? Al denunciado, no a la denunciante. ¿Y qué han hecho con la denunciante? Mandarle dos secuaces para amenazarla. Y ahora que se ha concretado la denuncia, que está en el juzgado y que está investigado el alcalde de Móstoles, ¿qué hace el Partido Popular? ¿Qué dijo el otro día el señor Feijóo? Que era una denuncia incorrecta. ¿Qué tiene el señor Feijóo para calificar la denuncia? ¿Dónde están todos los portavoces del PP que salieron a rasgarse las vestiduras en el minuto uno tras conocer un caso en el PSOE?

Ese doble rasero es muy del PP. El PP, por cierto, que acusa al Gobierno de atacar el Estado de derecho, la separación de poderes. Nadie ha atacado tanto a la justicia de este país y la separación de poderes como el PP. Quiero recordar que cuando saltó el caso Gürtel, el señor Rajoy se reunió con todos sus dirigentes y dijo que era un caso contra el PP. Estaba acusando a policías, a jueces, de montar una conspiración contra el PP. Es lo que estaba diciendo. Y luego vimos lo que pasó con el caso Gürtel. Por lo tanto, dobles raseros, ¿no? En el PSOE, cuando hay un caso, primero se actúa. Y segundo, cuando no hay caso, cuando hay un atropello, también se denuncia, se pone pie en pared. A mí estos jueguitos del empate, de la equidistancia...

Usted va a ser candidato a la Comunidad de Madrid. ¿Qué le diría a un madrileño que ha seguido los casos Koldo-Ábalos-Cerdán, Leire y ahora el del expresidente Zapatero? Porque hay gente que empieza a pensar que esto es un patrón y no casos aislados.

Pues es muy sencillo. Jamás en mi vida he amparado, ni ocultado, ni he tapado, ni he sido consentidor, de ningún caso de corrupción. Al revés, la he combatido toda mi vida. Desde el primer momento. Recuerdo un montón de casos, toda mi vida, donde siempre he sido contundente. Y le digo: Madrid es el epicentro de la corrupción. Lo ha sido siempre, siempre lo fue. En su día, con la burbuja inmobiliaria, lo fue con el ladrillo. En Madrid ha habido presidentes condenados, en Madrid ha habido un montón de presidentes investigados. En Madrid hay una querencia por los áticos que es verdaderamente sorprendente. Y lo que entonces era el ladrillo, hoy es la sanidad. Entonces, la burbuja donde había recursos que se utilizaban para comisiones fue el ladrillo. Hoy es la sanidad pública.

Están expoliando la sanidad para llevárselo en comisiones o en empresas privadas, que, a su vez, financian, por ejemplo, la vida padre de la señora Ayuso. Hay un continuo desde la señora Aguirre hasta la señora Ayuso. Yo me comprometo a que si soy presidente de la Comunidad de Madrid, primero, se acabó la corrupción en Madrid. Y segundo, se acabó el veneno. Porque la señora Ayuso es veneno para la convivencia. Toda su política es enfrentarse a todo el mundo, es generar odio para que no se vea su gestión. Perseguir a los familiares de las víctimas de las residencias; perseguir a periodistas mañana, tarde y noche; perseguir al fiscal general del Estado; perseguir a quienes se manifestaron en las calles de Madrid contra el genocidio en Gaza, por ejemplo, durante la Vuelta Ciclista, para ir corriendo a hacerse una foto con el gobierno de Netanyahu mientras se producía un genocidio. Es perseguir a todo discrepante.

Ayuso es puro odio. Hay que acabar con ese odio y con ese Madrid antipático para el resto de España. Madrid es mucho mejor que todo eso. Madrid está lleno de personas y de colectivos maravillosos. Hay que devolver la convivencia a Madrid.

Con todo ese escenario que usted dibuja con veintitantos años de corrupción instalados en la Comunidad de Madrid, con ese odio, con ese veneno, ¿cómo explica que la derecha española siga siendo hegemónica en Madrid?

Quítele la protección mediática y judicial a la señora Ayuso, y vemos el resultado.

¿Y cómo se acaba con eso?

Pues peleando cada día, denunciándolo cada día, como estoy haciendo en esta entrevista. Diciendo la verdad, hablando clarito a la gente. Durante décadas ha habido casos de corrupción en la Comunidad de Madrid. Muchos se han archivado a toda velocidad o llevan los ritmos que llevan. ¿No estamos viendo lo que está pasando con la pareja de la señora Ayuso? ¿No es obvio? En el año 2003, cuando ocurrió el 'tamayazo', llevamos una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Fue archivada al instante. ¿Sabe lo que había en esa denuncia? Gürtel, Púnica, Lezo... todos los casos de corrupción que saltaron luego.

Si quiere, repasamos la protección mediática... Catalunya o el Gobierno de España cuentan toda la publicidad institucional con transparencia absoluta. Que nos cuente la Comunidad de Madrid dónde está invirtiendo millones de euros que pagamos todos los madrileños con nuestros impuestos. ¿A quién le está pagando eso? A lo mejor se entienden ciertos reportajes de moda que le hacen a la señora Ayuso. A lo mejor se entienden los masajes mediáticos que le hacen a la señora Ayuso todos los días. Se entenderían perfectamente. Por eso quiero transparencia, que la gente sepa esto.

No le veo nada autocrítico con la izquierda madrileña. ¿Algo habrá hecho mal en 30 años?

Por supuesto. Claro que hemos hecho cosas mal. El Partido Socialista lleva mucho tiempo en la oposición. Por lo tanto, mire problemas, errores que ha cometido la izquierda madrileña... Es verdad que sufrimos un golpe muy duro con el 'tamayazo' en 2003. A continuación tuvimos otro problema, tomen nota: la división de la izquierda que impidió gobernar a la izquierda en Madrid. El señor Gabilondo se quedó a un diputado, porque hubo una tercera candidatura que dividió el voto y no llegó al 5%.

¿Lecciones que deberíamos aprender las personas de izquierdas de Madrid? Esa es una clara, ¿no? El señor Gabilondo sacó un millón de votos en la Comunidad de Madrid y ganó. Del verbo ganar. Fue el que más votos tuvo en la Comunidad de Madrid. Y no pudo gobernar porque había un gran partido regenerador en este país llamado Ciudadanos, que no era de izquierdas ni de derechas, pero siempre le daba el gobierno a la derecha. Esto ha pasado en la Comunidad de Madrid.

Volvamos por un momento al marco nacional. El Gobierno depende de socios parlamentarios muy dispares para sacar adelante cada una de las leyes. A pesar de que en el final de este período de sesiones ha sacado tres adelante, ¿considera que la legislatura está agotada de facto?

No es lo que dicen los números. El Gobierno ha ganado el 86% de las votaciones que se han producido en el Congreso y ha sacado adelante multitud de reformas legislativas, de proyectos de ley. Este jueves, yo me fui muy contento a la cama porque habíamos aprobado un real decreto ley que va a permitir que los funcionarios en Baleares, que tienen un problema, tengan un complemento adecuado para su puesto de trabajo. O que todos los contratados laborales de la Administración pública puedan tener acceso a la jubilación parcial. Estamos mejorando la vida de miles y miles de personas. Para eso merece la pena la política. Yo entré en política para eso, no para andar todo el día en dimes y diretes con la señora Ayuso, lo que ha dicho y la última burrada, sino para mejorar la vida de la gente.

Este Gobierno lleva más de ocho años escuchando quinielas todas las semanas. Ocho años. ¿Y sabe lo que ha pasado después de ocho años? España es el país que más crece. Cada vez que me reúno con mis homólogos europeos, con ministros del ramo, y les cuento que España va a crecer al 2,6%, no se lo creen. Cada vez que les cuentas que España tiene más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, subiendo el salario mínimo o las pensiones... y encima es un país admirado y querido en el mundo por lo que ha hecho en relación con la paz, por ejemplo. Hombre, por favor. Estos son los datos. Es más, se lo digo de otra forma. ¿Me puede usted decir qué hace el señor Feijóo? ¿Qué tiene el señor Feijóo aparte del fango? Nada. La nada. La negación del gobierno, el ataque por tierra, mar y aire. Y eso sí, subcontratar la oposición a algunos medios. Y, bueno, a algunos estamentos.

Cuando dice estamentos, entiendo que se refiere a la justicia...

He sido muy crítico, y no lo voy a dejar de ser, con algunos jueces. Insisto y subrayo: algunos, por supuesto. Es más, me gustaría no tener que hacer esta denuncia, porque yo sí creo en el Estado de Derecho. Yo sí creo en la separación de poderes. Por lo tanto, rechazo la politización de la justicia. Y lamento las acusaciones contra el Gobierno de quienes presumían de tener controlada la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Dicho por escrito. Eso es el Partido Popular.

¿Se puede seguir creyendo en la justicia con una instrucción como la del juez Peinado o una sentencia como la que hemos conocido de la Audiencia Provincial de Badajoz respecto al hermano del presidente del Gobierno?

Afortunadamente, en este país hay miles de jueces que todos los días hacen su trabajo y hacen un buen trabajo. Recuerdo siempre una cita de Barack Obama que me encanta: dijo que él también votaría a Trump si solo existiera Fox News. Si una cadena hace lo que hace... ¿Todos los medios son así? Pues no, afortunadamente no. En este país, algunos que se llaman medios de comunicación no lo son, son herramientas de agitación financiadas, por cierto, con dinero público para sembrar bulos, mentiras y siempre odio, solo odio. Es la única gasolina que tiene la derecha, el odio, nada más. No hay ningún elemento racional basado en datos, en alguna política. Siempre es odio. Odio, insulto y envenenar la convivencia. Esa es la movilización a la que apela al PP en todo momento. Pero como he dicho antes, afortunadamente este país es el que es. No es solo campeón del mundo de fútbol, es mucho más que eso.

Hablaba antes del balance indiscutible del Gobierno en estos ocho años, pero ha pasado por alto la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos generales en esta legislatura. Parece que el Gobierno está decidido en esta ocasión a presentar los presupuestos para 2027. Si decaen... ¿Cuánto puede durar la legislatura?

Vamos a trabajar para que salgan. Dicho esto, todo el mundo sabe que gobernar no es solo hacer leyes o presupuestos. Es mucho más que eso. Es más, una de las...

El propio presidente del Gobierno dijo que sin unos presupuestos no se podía gobernar cuando estaba en la oposición.

Mire, déjeme que le diga que uno de los legados que va a dejar este Gobierno serán los fondos europeos. No sé si somos conscientes de eso, pero yo lo soy porque en el Ministerio tenemos un montón de inversiones por toda España que no dependen de la última votación en el Congreso, que dependen de haber peleado en su día para conseguirlos tras un diseño espectacular. Hemos transformado en profundidad el sistema económico español. España crece hoy como crece y crea el empleo que crea porque ha hecho una transformación energética brutal que nos hace mucho más competitivos que los países del entorno. O porque ha tenido un modelo de integración de la inmigración que nos ha ayudado con un problema de pirámide de población que teníamos. No hemos hecho un discurso de expulsar, sino de dar derechos a la gente. También hemos transformado digitalmente el país. El 27% de la economía del país está hoy asociada a la digitalización.

Los fondos europeos han sido una parte esencial de eso. España ha invertido ya cerca de 70.000 millones de euros directos en transferencia, además de préstamos, que han tenido un efecto multiplicador. La economía española ha tenido una inyección, entre lo público y lo privado, de más de 200.000 millones de euros que han ido a parar desde las pymes hasta las grandes. Todo eso está haciendo que la economía española sea mucho más sana. Se ha diversificado, y ya no depende solo del ladrillo y del turismo, depende de muchas más cosas. Hoy somos líderes mundiales en renovables y yo diría también que en transformación digital, que es la economía del futuro. Hay una acción de gobierno y un legado que tiene una consecuencia real sobre la vida de la gente, que es lo que me importa. En consecuencia, ¿vamos a pelear para sacar adelante los presupuestos? Por supuesto que sí. Yo creo que se pueden sacar.

¿Que salgan esos presupuestos depende de que el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Supremo se decidan definitivamente a aplicar la amnistía y puedan ustedes retejer la relación con Junts?

Vamos a trabajar para sacar adelante los presupuestos. Es evidente que en las negociaciones parlamentarias, cuando hay tantos partidos implicados, a veces se mezclan muchas cosas, pero lo importante es llegar a buen puerto. Ha habido varias veces en estas dos legislaturas en las que parecía que todo estaba en cuestión. Recuerdo haber perdido votaciones, por ejemplo, de decretos, como con las pensiones, y nos remangamos, nos pusimos a negociar otra vez y los sacamos. Esa es la actitud de este Gobierno. Hemos demostrado que sabemos gobernar en coalición y que sabemos llegar a acuerdos con muchas formaciones políticas. Vamos a seguir hasta el final haciendo lo mismo.

¿Y no cree que hay algunos jueces que se han declarado en rebeldía contra la aplicación de la amnistía?

Ha habido pronunciamientos políticos, que no jurídicos, sobre la amnistía. Por lo tanto, separación de poderes. Otra de las cosas más importantes del legado de Pedro Sánchez es la normalización de Cataluña. Todos sabemos que heredamos un problema colosal. El mundo entero miraba a España como un problema. Veían imágenes en los informativos de cómo España sufría la mayor crisis constitucional de su historia. Y en ese momento, el señor Rajoy no fue capaz de verlo, no fue capaz de gestionarlo. Muy del PP. Y lo que hizo fue dejar el problema en manos de los policías a los que mandó en condiciones lamentables con el Piolín a Barcelona. Y en manos de los jueces, a los que le dijo que gobernaban la situación. Esto fue lo que pasó.

Afortunadamente, hoy España tiene un Gobierno que ha vuelto a hacer política y que ha devuelto a la política lo que era un problema político. Hoy Cataluña disfruta de una convivencia. Tiene un gobierno que está poniendo en marcha proyectos de futuro, que es el primero en tener una visión integradora de España, con el señor Illa a la cabeza. Tengo la intuición de que hay alguna gente que no ha entendido eso. O que se ha sentido imbuida de, no sé, de la obligación moral y ética de salvar no sé qué patria. Lo lamento.

Vamos a Madrid, que dentro de pocos meses usted se va a tener que dedicar en exclusiva a ello. Cuando usted dice que la Comunidad de Madrid, o la derecha madrileña, es insolidaria, es injusta, es corrupta, ¿no le incomoda utilizar la palabra corrupta, con lo que en este momento están investigando los tribunales respecto al Partido Socialista?

En el Partido Socialista se han tomado decisiones drásticas sobre personas que tenían cargos relevantes, sin tener sentencias. Se ha reaccionado. Nunca he visto eso en el Partido Popular. Nunca es nunca. Pero ni con sentencias. Nunca he visto al PP actuar, mucho menos con una denuncia o con un auto, en mi vida. Por lo tanto, no somos lo mismo. ¿Hay alguien libre de tener un caso de corrupción? No, lamentablemente está en la condición humana y habrá siempre un porcentaje de personas dispuestas a corromperse. Lamentablemente. Por eso lo importante es como actúa una organización, si corta de raíz o si ampara. En el Partido Popular hemos visto cómo se destruían pruebas que acusaban al PP y se creaban pruebas falsas contra los rivales políticos con los recursos del Estado. Esto se ha vivido en este país. Por tanto, ¿qué regeneración puede proponer el Partido Popular?

Toda mi vida he combatido la corrupción, toda mi vida he sido insobornable. Y, desde luego, una de las cosas más importantes que hay que hacer en la Comunidad de Madrid es regenerar la vida política. No tendría tiempo de explicarle la cantidad de pequeños artilugios, artimañas, que tiene puestos en marcha la Comunidad de Madrid para evitar controles de los órganos que tienen que controlar o para quitar la independencia a los órganos de control, para que no haya transparencia sobre la Comunidad de Madrid. Es todo un entramado más propio del siglo XIX que del siglo XXI para que la Comunidad de Madrid sea opaca y pueda actuar sin ningún control. Todo eso hay que desmontarlo. Madrid tiene que ser un referente de transparencia, tiene que ser un referente ético. Yo me comprometo a eso.

¿El caso González Amador es un ejemplo claro de la doble velocidad de la justicia en este país?

Espero que no lo sea.

Bueno, hemos visto cómo está pendiente el informe que tiene que hacer la Policía sobre su posición patrimonial...

Veo cosas, pero espero que no lo sea. Estamos a tiempo. Es un tema que todavía está en proceso judicial. Espero de verdad, con la mano en el corazón, que la justicia sea igual para todos. Porque esto no va solo de sentencias, esto va de instrucciones. Y lo que no puede ser es que se hagan instrucciones que van cambiando, van mutando... Siete años con el caso de Montoro, creo que han pasado, hasta que hemos conocido algo. Que, por cierto, lo tengo perdido. No sé cómo anda ahora mismo. Y ahí estamos viendo lo que pasa con la pareja de la señora Ayuso. Tiene que haber justicia, tiene que ser igual para todos. Y no va solo de condenas, va también de instrucciones.

Ayuso ha dicho recientemente que los ministros están para hacer daño y que el Gobierno va a preparar un otoño caliente en Madrid. ¿De qué está hablando? ¿Qué tienen ustedes pensado?

Creo que en el fondo nadie escucha a la señora Ayuso. Si alguien la escuchara, nos llevaríamos las manos a la cabeza todos los días. La señora Ayuso dice todos los días de la semana que España no es una democracia o que hay una operación de Estado contra ella y su pareja. ¿Se imagina usted la cantidad de portadas que tendrían que haber dicho que la señora Ayuso acusa de lawfare? Yo creo que el nivel de ruido, el nivel de salvajada, el nivel de veneno, de la señora Ayuso está ya en un grado, que hay un cierto punto de desconexión. De que ya es parte del paisaje. La última 'ayusada'. Creo que hay algo de eso.

El candidato del PSOE vive de alquiler en Madrid. ¿Qué propuesta tiene el PSOE para un problema que no afecta solamente a Madrid, sino al conjunto del territorio nacional y que no parece que ustedes sean capaces de solucionar?

Uno: apliquemos la ley de Vivienda para que haya control de precios. Dos: regulemos los pisos turísticos, que son un problema en Madrid. Tres: hagamos el mayor Plan Estatal de Vivienda y de la Comunidad en Madrid. Pero un plan real. Mire, recientemente hemos conseguido que la Comunidad de Madrid, a pesar de que decía que no, haya firmado el nuevo plan de vivienda que supone multiplicar por tres la inversión en vivienda pública en Madrid. Cuatro: impidamos que la vivienda pública que ya hay se pueda vender a fondos buitre. Y cinco: me comprometo a reunirme con todos los alcaldes para conocer todo el suelo que tienen a disposición y hacer el mayor plan de vivienda pública que haya habido nunca en la historia en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto: control de precios, regulación de pisos turísticos y el mayor plan de vivienda en la Comunidad de Madrid. Y también habrá que estudiar y analizar también todo el sistema de ayudas para jóvenes y no solo para jóvenes, también para las familias, para alquiler y compra.

Dígame, más allá de la vivienda, una propuesta concreta, no genérica, que usted vaya a ofrecer a la clase media que ha votado hasta ahora al Partido Popular en Madrid y que quiere que confíe en el proyecto político de Óscar López.

Que las universidades públicas madrileñas cuenten con la mayor financiación de la historia. Me he comprometido a añadir al menos 100 millones de euros adicionales cada año para que las universidades públicas vuelvan a ser potentes, que no tengan que depender de préstamos para funcionar. Yo soy producto de la universidad pública y como yo, mucha gente cree que la universidad pública es la mayor máquina de generación de igualdad de oportunidades. El modelo del PP empieza por quebrar la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, por deteriorar la universidad pública para hacer negocio.

Y luego, algo que se ha hecho una vez en la historia, que lo hizo el Gobierno de Ximo Puig en Valencia: la reversión de la sanidad pública. Y eso en términos históricos tiene importancia porque durante décadas en este país se construyó un Sistema Nacional de Salud, que es la joya de la corona. Y, sin embargo, cuando mira usted los datos, en Madrid, más de un millón de personas están en listas de espera. Un récord histórico. Y mientras, crecen las pólizas privadas. El truco es decirle a la gente: “Mire qué mal está esto, hágase un seguro privado”. Hay otro truco, incluso más malvado, que se llama libertad de elección. Lo que te dice esa libertad de elección es “elija usted una prueba dentro de seis meses en el público o una la semana que viene, aunque sea a las 05.00 horas, en el hospital de Quirón”. Y la gente, libremente, elige ir al de Quirón la semana que viene. Esto está pasando en la Comunidad de Madrid.

A partir del año 2001 las comunidades autónomas reciben la competencia de Sanidad. Y a partir de ahí cada una sigue su camino: hay comunidades que han seguido invirtiendo en tener una sanidad pública de primera y otras que han comenzado a privatizar. Madrid es el mayor ejemplo. Madrid es la punta de lanza. Madrid es el gran experimento, el rompehielos que va abriendo el camino. Es el mayor ejercicio de privatización de la sanidad en toda España. Yo me comprometo y si quiere, es el principal compromiso que tengo, a revertir ese modelo, a potenciar la sanidad pública madrileña.

Usted es secretario general del PSOE de Madrid desde 2024, creo. Ya es candidato oficial a la presidencia de la Comunidad de Madrid y, sin embargo, sigue siendo ministro del Gobierno de España. ¿Cuándo va a dejar el Ministerio? Va a mantener los dos focos hasta el día antes de la convocatoria electoral.

Es un honor ser ministro. Como ministro, por cierto, también hago muchas cosas buenas por Madrid. Hay muchas inversiones en la Comunidad de Madrid. Hay muchas decisiones que favorecen a la Comunidad de Madrid y, desde luego, es perfectamente compatible ser candidato a la Comunidad de Madrid con ser ministro o ministra, como también lo es la señora García. Yo entré en política ,y me apasiona la política, para hacer cosas, para resolver problemas. Y, desde luego, el Gobierno es la mayor oportunidad para eso. Yo disfruto cada vez que, como este jueves, por ejemplo, sacamos un Real decreto que mejora la vida de la gente, o cada vez que consigo traer una inversión a la Comunidad de Madrid.

Sería incompatible ser ministro y candidato si hubiera un Gobierno en España que estuviera perjudicando a la Comunidad de Madrid. Pero es que hay un Gobierno en España que está dando la mayor transferencia de la historia a la Comunidad de Madrid. Jamás la Comunidad de Madrid ha contado con tantos recursos. ¿Llegará un momento en el que la campaña sea todo el día y, por lo tanto...? Llegará ese momento. Ahora, desde luego, aquellos que piensen que la vida es solo hacer campañas... pues están muy equivocados.

Se lo digo porque hay críticas internas dentro de su partido a esa doble condición.

Hasta ahora no las he escuchado. Puede haberlas, pero hasta ahora lo que he escuchado, y por cierto, lo quiero agradecer, es un apoyo masivo en el partido de Madrid y también un compromiso masivo, una cantidad de esfuerzo, de ilusión y de trabajo que están poniendo los militantes y los cargos públicos en Madrid. Yo lo veo todos los días. No hay un sitio donde no haya un cargo público, un militante, defendiendo el proyecto, estando al pie del cañón todos los días. Yo veo ilusión, veo ganas, veo fuerza y estoy muy agradecido.

Para la candidatura a la alcaldía de Madrid sí que ha habido primarias en el PSOE de Madrid. ¿Es mejor candidata Reyes Maroto que Emma López?

Eso es lo que han dicho los militantes del partido. Y eso va a misa.

¿Y qué dice Óscar López? ¿No tiene opinión al respecto?

Por supuesto, tengo opinión. Yo creo que Reyes Maroto, ahora contando con el apoyo de los militantes del Partido Socialista, porque, insisto, ha sido un proceso democrático, es la mejor candidata. Es más, creo que este proceso de primarias nos va a servir, nos va a venir muy bien, porque toda la energía positiva, toda la movilización que se ha visto para esas primarias, estoy absolutamente convencido de que se va a poner a disposición de Reyes Maroto para movilizar y lograr el cambio en Madrid.

¿Había una operación para desestabilizar su liderazgo en Madrid y, por extensión, el del secretario general del Partido Socialista tras la candidatura de Emma López?

Creo que no, y si alguno...

¿Cree?

En mi opinión no y si algún dirigente pensó eso, creo que se equivocaba. Yo, desde luego, no he visto eso. Creo que ha habido unas primarias en Madrid donde había dos candidatas, donde, insisto, ha habido un proceso de movilización, de apoyo, de adhesión, no solo de gente del PSOE, también de gente de fuera del PSOE. Y lo que me interesa es que toda esa energía ahora se ponga a disposición de Reyes Maroto y del Partido Socialista para que haya un cambio en Madrid.

A estas alturas de la vida, a mí, políticamente hablando, lo único que me importa es cambiar Madrid, pero no cambiar Madrid por un 'quítate tú para ponerme yo'. Por la sanidad, por la vivienda, por la educación, por la universidad pública. Yo estoy deseando gobernar para poder hacer políticas como las que hago ahora como ministro. Políticas que cambian la vida de la gente, políticas que acaben con este veneno que vivimos en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que más me importa.

¿Tiene cabida Enma López en la candidatura de Reyes Maroto?

Absolutamente.

Entrevista completa a Óscar López

Vídeo: Alejandro Corral

Ni se corrompió, ni influyó en el rescate de Plus Ultra, ni creó una sociedad offshore, ni utilizó a sus hijas como testaferros. Zapatero defiende su inocencia. Otra vez. Esta, ante las cámaras de TVE, después de 65 días de silencio desde que declaró como imputado ante la Audiencia Nacional por siete delitos, entre ellos el de tráfico de influencias. Pero, la pregunta sobre de dónde salieron las joyas que le fueron incautadas por la UDEF y clavadas en el corazón de la izquierda sigue sin respuesta, si bien de sus palabras se deduce que le fueron entregadas durante su etapa como presidente del Gobierno. De lo contrario no hubiera aceptado como discutible el incumplimiento del Código del buen Gobierno aprobado durante su mandato. ¿Devolverlas? Ya están en manos de la policía judicial y al expresidente le producen una “alergia profunda”.

Hay algo muy extraño en ver a un expresidente con una dilatada y reconocida carrera política sentado en un plató para hablar sin decir nada de joyas, de derechos fundamentales, de confianza en la justicia, de relaciones personales, del derecho de defensa de los imputados en un proceso penal… Había ante las cámaras un hombre visiblemente desgastado y en ocasiones enfurecido por algunos titulares publicados, incluidos los que dan por bueno que la entrevista que concedió a Mañaneros 360 fue por recomendación del Gobierno. Nada hubo de eso.

La decisión tuvo que ver con el impacto que su imputación ha tenido en el conjunto de la izquierda, más allá de los límites del PSOE, y con la decepción profunda que Zapatero sabe que sienten quienes hasta ahora le reivindicaban como faro moral y ejemplo a seguir entre los ex que orbitan en la política. A todos ellos les pidió que confíen en él, no por fe ni por cariño, sino por los hechos. El problema es que los hechos conocidos hasta ahora, y no aclarados por el expresidente, siguen siendo inciertos, lo que añade más dudas a la incertidumbre ya suscitada. Hay quien en el PSOE cree incluso que Zapatero concedió la entrevista “para que le quieran y no para que le crean”.

Aunque el desgaste del expresidente merece leerse con algo de humanidad, la empatía por el sufrimiento acumulado, los derechos vulnerados o el daño familiar no pueden sustituir el escrutinio sobre lo que dijo, sobre todo lo que no dijo. Porque más allá de la solemnidad con la que afirmó no haberse nunca corrompido y distinguir entre la relación personal y la estrategia de defensa del que parece sigue siendo su amigo Julio Martínez, pese a haberle traicionado con un escrito ante la Fiscalía en el que le acusa de cobrar una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra, poco aportó.

Sigue incomprensiblemente sin desvelar la procedencia de las joyas y el valor otorgado en el peritaje que encargó después de que el juzgado las valorara en 1,3 millones de euros. Su argumento es que debe respetar el procedimiento y hablar primero ante el juez, pero lo cierto es que se comprometió a hacerlo diez días después de declarar en la Audiencia y ha pasado ya mes y medio. “Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Su valor será sometido a contradicción, no había afán patrimonial. No podíamos imaginar su valor. No voy a decir el país de origen. No hay intención de defraudar, fue un regalo de cortesía personal, sin uso. Esa es la verdad”, fue todo lo que declaró al respecto.

Por lo demás, insistió en que no intervino, ni habló con la SEPI o el Gobierno para mediar en el rescate de Plus Ultra, pese a la contradicción con el testimonio reciente de Julio Martínez. Luego, subrayó lo evidente, esto es que corresponde a la acusación demostrar los hechos que se le imputan y no al investigado demostrar su inocencia, sin embargo, cuando existe un testimonio directo en su contra el silencio no suele ser un buen aliado.

La facturación de la empresa de sus hijas, uno de los asuntos que más ha alimentado a la prensa carnívora en los últimos tiempos, apenas le mereció una negación genérica y el anuncio de que ellas mismas se encargarán de demostrar su inocencia. Una protección familiar, legítima en lo humano, que no resuelve tampoco la pregunta sobre el origen del dinero cobrado, cuyas cantidades por cierto puso en cuestión el expresidente.

La entrevista, en resumen, no zanja nada, solo desplaza el problema porque Zapatero puede repetir cuantas veces quiera que es inocente y que nunca se corrompió -y tiene todo el derecho a decirlo mientras no se demuestre lo contrario—, pero una negación reiterada en un plató no es una prueba como, por cierto, tampoco lo es el testimonio de un empresario hasta que se contraste documentalmente. Las dudas persisten.

Si hablamos de Impunidad y de corporativismo, hablamos de jueces y de un sistema diseñado para que rara vez se pague por los excesos. Todo a cuenta del bochornoso espectáculo ofrecido por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dividido ante la propuesta de archivar las denuncias contra Juan Carlos Peinado, el polémico instructor del caso Begoña Gómez. Sepan que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, ha propuesto dar “carpetazo” y archivar todas las quejas mientras que el órgano de gobierno de los jueces prefiere aplazar la decisión definitiva ante la falta de consenso interno.

Las cinco diligencias analizadas por el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, tienen diferentes orígenes, pero la que mayor escándalo ha generado fue motivada por un auto del propio Peinado en el que retiró el pasaporte a Begoña Gómez y sugirió que los escoltas de la esposa del presidente podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes, “colaborar” en una hipotética fuga del país. Esta afirmación provocó protestas formales tanto del Ministerio del Interior como del Sindicato Unificado de Policía (SUP). El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, interpuso también reclamación contra el juez por la forma en que el magistrado condujo su declaración como testigo en el complejo de La Moncloa. Más Madrid, diputados del PSOE, un particular y la asesora de Gómez cierran la lista de denuncias contra la discutible labor del togado.

El debate abierto en la Comisión Permanente del Consejo proyecta, además de la habitual fractura de un órgano que hace poco y del que se espera aún menos, un sistema diseñado para que sean contados los casos en los que los jueces asuman las consecuencias de sus desmanes. Y aun así el órgano de gobierno acaba de reformar, según hemos sabido por el periodista Pedro Jiménez de la Cadena SER, el reglamento que permite interponer denuncias contra las actuaciones judiciales para que solo sean las partes vinculadas a un procedimiento las que puedan activar una queja. Particulares o asociaciones ya no podrán elevar denuncias con este nuevo modelo y tampoco se permitirán denuncias anónimas o escritos que persigan revisar decisiones judiciales.

El caso es que el sector conservador del Consejo se ha alineado con la propuesta de archivo del promotor de la acción disciplinaria, tras argumentar que cualquier expresión desafortunada o controvertida incluida en un auto debe corregirse únicamente mediante la vía penal o de recursos ordinarios ante la Audiencia Provincial de Madrid (órgano que, por cierto, ya anuló la retirada del pasaporte por considerarla injustificada). Por su parte, el sector progresista rechaza el archivo directo y quiere que se investigue si el juez Peinado incurrió en una falta grave de consideración o en un exceso o abuso de autoridad (recogido en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

La falta de resolución inmediata añade una presión añadida, ya que el juez Juan Carlos Peinado tiene fijada su jubilación obligatoria el próximo septiembre, por lo que los plazos de tramitación del CGPJ siempre lentos e ineficaces resultan determinantes. Y es que si el proceso se dilata en exceso sin abrirse un expediente formal con propuesta de sanción, cualquier medida quedaría sin efecto una vez que el magistrado deje de estar en activo. Peinado se irá a su casa y pasará a los anales de la judicatura sin tacha del Consejo, pese a haber protagonizado no pocas actuaciones discutibles y haber sido objeto de casi una veintena de correcciones a su instrucción por instancias superiores.

Juan Carlos Peinado, sin embargo, no es una excepción. En 2017 —el último año del que existen cifras oficiales—, de 9.679 quejas ciudadanas contra jueces, solo 567 merecieron la atención del Promotor de la Acción Disciplinaria, y de esas 567, apenas 21 se convirtieron en expediente. Es decir, que cuando un ciudadano eleva una queja contra un juez tiene algo así como un 0,2% de probabilidades de que su denuncia termine en algo parecido a una investigación formal.

El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, cifró en febrero de este año en un 0,19% el porcentaje de sanciones impuestas a jueces por decisiones ajenas a su poder jurisdiccional, y habló incluso de “corporativismo malentendido” dentro del órgano de gobierno de los jueces. Eso sí distinguió entre la parte jurisdiccional, la “que tiene que ver directamente con el Estado de derecho” y que, en su opinión, “funciona” y lo que es ajeno a ese rol, que son los casos que resuelve el Consejo General del Poder Judicial. “El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General de Poder Judicial, en ocasiones, actúa con un corporativismo malentendido”, afirmó el también ministro de la Presidencia en la Forbes House de Madrid.

Entre preservar el buen nombre de la justicia y la protección al juez que haya podido cometer una irregularidad, el Consejo siempre elige lo segundo. Y es en ese marco en el que hay que leer el embarazoso espectáculo que estos días vive la Comisión Permanente del CGPJ con el caso Peinado: cinco quejas, un año de idas y venidas, un promotor de la acción disciplinaria que propone archivarlo todo, una Comisión Permanente dividida en bloques, y un magistrado que instruye la causa más mediática del país como si nada de ello le concerniera.

¿Justicia o política? Juzguen ustedes, pero basta con detenerse en el funcionamiento del sistema, para sospechar que el diseño institucional favorece el archivo antes que la sanción. Cuando un ciudadano se queja de un juez, su reclamación pasa primero por la Unidad de Atención Ciudadana, que en la inmensa mayoría de los casos se limita a tramitar la queja como una incidencia administrativa —un retraso, una demora, una disfunción— sin relevancia disciplinaria alguna. Solo una minoría de las que se registran llega al promotor de la acción disciplinaria, el único que tiene capacidad para convertir una queja en un expediente con consecuencias. Y resulta que ese promotor —el mismo cargo, ocupado por la misma persona desde 2017— es quien decide, caso por caso, si abre diligencias, si las archiva o si las convierte en la apertura de un expediente. Pero su criterio, se apoya casi siempre en el mismo argumento: que el contenido de una resolución judicial pertenece al “núcleo jurisdiccional” y que revisarlo equivaldría a una injerencia en la independencia judicial, lo que permite archivar casi todo lo que un juez diga o escriba mientras lo haga dentro de un auto o una sentencia.

Bajo la apariencia de control ciudadano se esconde, pues, de facto una evidente autoprotección corporativa o una casta que se juzga a sí misma, como demuestran los datos, ya que según las memorias del CGPJ, entre julio de 2014 y diciembre de 2020, España impuso una media de apenas 19 sanciones disciplinarias al año a un cuerpo con más de 5.000 jueces y magistrados en activo. La mitad de esas sanciones fueron multas económicas y medidas más simbólicas que disuasorias, como ocurrió con el caso del juez Manuel Ruiz de Lara, expedientado en 2024 por llamar en redes sociales “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno y “siervo mentiroso patológico” al ministro de Justicia. ¿Las consecuencias? El expediente acabó archivado, pese a la evidencia de que ese corporativismo malentendido del que hablaba Bolaños tolera comportamientos que, en cualquier otra profesión habrían costado el puesto.

Y todo porque el artículo 117 de la Constitución proclama que los jueces están “sometidos únicamente al imperio de la ley” y la carrera entiende que el precepto es la garantía de que ningún ciudadano, ningún ministro o ningún Gobierno pueda torcer una resolución judicial. Un argumento que, en ocasiones, se convierte en coartada cuando lo que hay detrás no es una discrepancia jurídica, sino un comportamiento abusivo.

Así que lo que se dirime estos días no solo es la suerte de un juez polémico como Peinado, sino que reabre el debate sobre dónde termina la independencia judicial y dónde empieza la exigencia de responsabilidad disciplinaria a un magistrado en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y también sobre si el Consejo debe actuar de oficio ante declaraciones polémicas incluidas en una resolución o, por el contrario, debe esperar a que un tribunal superior las revise por la vía de los recursos.

Lo que parece a todas luces es que la línea entre lo que es jurisdicción y lo que es mala conducta disfrazada de auto judicial es muy delgada y que quien la traza es un promotor que tiene todos los incentivos corporativos para delinear siempre del mismo lado. Un último dato: en 2024, a 31 de diciembre, se habían abierto más de 10.000 diligencias, pero el CGPJ solo ejecutó 18 sanciones. Y, luego, se preguntarán sobre el porqué de su descrédito.

En la política, como en el deporte, hay derrotas inesperadas, derrotas merecidas, derrotas por goleada y derrotas justas. Todas duelen y en todas alguien tiene que aprender a perder. Este domingo, en Nueva Jersey, le tocó a Argentina. En Madrid, a la concejal socialista Enma López. Y, pese a los 6.000 kilómetros de distancia que separaban un estadio de fútbol de la sede de un partido, las dos historias acabaron del mismo modo.

Los albicelestes cayeron 1-0 ante España en la final del Mundial, después del gol de Ferran Torres en el minuto 106. Y la aspirante a arrebatar el cartel electoral del Ayuntamiento de Madrid a Reyes Maroto perdió las primarias por dos centenares de votos. Dos ciudades y dos descalabros con algunos parecidos.

Perder en la prórroga, con el árbitro de tu parte y con la falsa sensación de que la victoria te pertenece, como les pasó a los albicelestes, duele incluso mucho más. Algo parecido le pasó a Enma López y a los que le animaron a dar el paso creyendo haber despertado una ola de modernidad, de entusiasmo y de aire fresco que iba a desbordar de entusiasmo a los socialistas. Como Argentina, tampoco perdió por goleada, sino por 200 votos en un censo de más de 5.000 militantes y con una participación que apenas rozó el 35%. En ambos casos, el margen estrecho es lo que ha permitido a los vencidos a ambos lados del Atlántico convertir la derrota en un relato épico, aunque en el caso de Argentina hubiera una superioridad aplastante de su rival y en el de López, un pasado indeleble que pretendió escorar.

Si Argentina llegó a la final segura de revalidar el título de 2022 y no lo logró por exceso de una confianza que le llevó a subestimar al rival, López creyó -o la hicieron creer- que unas cuantas tertulias, unos vídeos de cocina y una compañía dispuesta a preparar el terreno para el día después del sanchismo bastarían para subir al podium. Se equivocó. Primero porque presentarse como candidata contra el aparato socialista, habiendo sido aparato durante años, no es la mejor estrategia de partida. Segundo porque Madrid -y menos la militancia socialista- no es la cosmopolita Nueva York, como para imitar la campaña de Mamdami. Tercero porque, en la cultura del PSOE, se otorga idéntica importancia tanto al voto de la militancia como a la familia orgánica de la que se procede, y López fue antaño protegida de los caídos Santos Cerdán y Francisco Salazar. Y cuarto, porque los afiliados leyeron que lo que había tras su candidatura iba más allá de un simple cartel electoral.

Una victoria de López, siendo Maroto la favorita de la dirección federal, hubiera tenido consecuencias orgánicas y hubiera puesto los cimientos para una operación de desestabilización del secretario general, Pedro Sánchez, a un año de las elecciones generales, que se lleva urdiendo hace tiempo.

Ahí estaban en primera fila el secretario general de Castilla y León, Carlos Martínez, a quien se le acusa desde Ferraz de romper con la cultura de imparcialidad de los territorios en procesos que les son ajenos; el de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, que alentó aunque no se dejó ver; algunos sindicalistas ya jubilados de la UGT; damnificados del sanchismo de varias federaciones y una parte del PSOE derrotado en las primarias que en 2017 enfrentaron a Sánchez con Susana Díaz dispuesto otra vez a tumbar al secretario general.

Nada que una militancia curtida en mil batallas y mil traiciones no haya vivido antes y que, en esta ocasión, no creyó que López representara novedad ni frescura alguna, sino más bien una componenda más de las que durante lustros han tejido los socialistas para el reparto del poder orgánico y la toma de posiciones a futuro.

La única diferencia con Argentina es que la selección de Scaloni defendía un trono ya conquistado y los que andaban detrás de López pretendieron asaltarlo antes de tiempo dejando ahora un futuro incierto para la concejal dentro de la estructura del partido.

Hay una frase que circula por los despachos de la Moncloa como un mantra de vestuario: “Hay partido y no dejaremos de correr tras el balón hasta el minuto 90”. El símil describe con precisión el estado de ánimo de un Gobierno que, en palabras de un colaborador de Pedro Sánchez, “ha ganado ya dos mundiales, está en la final del tercero, pierde por dos goles de diferencia y aun así cree que puede hacerse otra vez con el triunfo”. El PSOE, de hecho, es el único partido de la socialdemocracia europea que mantiene punto arriba o punto abajo la misma intención de voto que en 2018 y es también el único partido de gobierno que sigue en el Ejecutivo desde la misma fecha.

Lo que pase en 2027 hoy es una incógnita y en el ámbito gubernamental saben que depende sobre todo de la “cooperación virtuosa a la izquierda del PSOE”, pero en la Moncloa ya tienen preparada toda una coreografía para arrancar septiembre con una estrategia renovada con la que aspiran activar al electorado progresista. ¿Cambio de gobierno? “Puede ser una idea para dar un nuevo impulso, pero en la práctica no está nada claro”, responde alguien con quien Sánchez suele consultar estos movimientos y que tirando de analogía deportiva entiende perfectamente que “el entrenador, con el marcador en contra, decida no arriesgar con cambios ofensivos, confiar en el plan original y esperar a que el rival se desgaste antes que uno mismo”, algo que si hablamos de Alberto Núñez Feijóo es bastante frecuente.

Hasta entonces y, a pesar de los reveses judiciales de esta semana al hermano y la esposa del presidente Sánchez, celebran que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) de Luxemburgo haya sepultado el catálogo de profecías apocalípticas de la “máquina del fango”, una sucia táctica que tiene como objetivo destruir la reputación del rival con rumores, exageraciones y mentiras hasta que la ciudadanía pierda por completo la confianza en él.

Y es en este contexto en el que desde el círculo de confianza de Sánchez defienden que hay sentencias que van más allá de lo procesal y “que pueden funcionar como un espejo”. Es el caso de la que dictó la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado jueves y no solo porque resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, sino también porque obliga a repasar, uno a uno, los pronósticos catastrofistas que durante meses se lanzaron sincronizadamente desde la derecha política y mediática a modo de certezas absolutas: que si era el fin de la separación de poderes, que si era un golpe a la democracia, que si era la transacción que hizo posible un gobierno ilegítimo, que si rompía la igualdad de derechos… Otra vez España se rompe y otra vez la traición a la patria.

Repasemos todo lo que salió por boca del aspirante del PP a presidente de Gobierno:

O lo que también defendió con vehemencia Isabel Díaz Ayuso:

Durante los últimos dos años la amnistía ha sido también territorio de titulares apocalípticos como el de que Bruselas tumbaría la ley, que Europa certificaría el “fraude constitucional” o que el precedente abriría la puerta a la impunidad general. Todo era siempre el principio del fin de la democracia, pero cuando ha llegado el momento de la verdad judicial –y no el de los exabruptos, los titulares inflamados o los platós de televisión–, el resultado no ha sido ese.

Es aquí donde para los socialistas cobra sentido hablar de una maquinaria de desgaste que funciona con lógica propia, casi independiente del desenlace: se lanza el proyectil, se invade el ciclo informativo, se instala la sospecha, y cuando los hechos llegan, el daño reputacional ya está hecho.

Bombas sin pólvora

“Todo eso se ha quedado en la nada y la oposición ahora no sabe qué decir sobre la retahíla de bulos, exageraciones e insultos que descargó sobre Pedro Sánchez”, describe un ministro socialista. Su lectura coincide con la de un miembro del equipo del presidente, para quien la sentencia es la demostración de que “la oposición crea vacíos y ruidos infundados que el tiempo y, ahora, la justicia europea se ha encargado de que desaparezcan. Son especialistas en lanzar bombas sin pólvora”.

No en vano, el TJUE avaló la compatibilidad de la amnistía con el derecho de la Unión y descartó que vulnerase la normativa comunitaria sobre protección de intereses financieros europeos o lucha contra el terrorismo, pero además le reconoció una finalidad política legítima al entender que respondía al objetivo de “reducir tensiones” y “facilitar un escenario de reconciliación”.

Y aunque en las filas del PSOE reconocen que cuando se impulsó la ley la decisión no gustó incluso a una parte de los votantes socialistas, están seguros de que poco a poco “se ha ido viendo y valorando los resultados que ha tenido en la normalización política, institucional y social en Catalunya. Hoy el presidente de la Generalitat es un socialista y el independentismo no suma la mayoría que ostentó durante años en el Parlament”.

La relación con un Junts “impredecible”

Sin embargo, mientras en la Moncloa han recibido la sentencia como una bofetada a las apocalípticas profecías de PP y Vox y un espaldarazo al Gobierno, lo cierto es que no son capaces de anticipar cómo afectará todo ello a la relación con sus socios parlamentarios, especialmente con Junts, a quien califican de partido “impredecible”. De momento, tanto ERC como los de Puigdemont han negado que la sentencia de Europa sea el fin del conflicto.

“Los junteros esperarán a que Puigdemont regrese a Catalunya para tomar decisiones estratégicas, pese a que la tendencia natural en su partido es decrecer a costa de Aliança Catalana”, subrayan desde el equipo del presidente del Gobierno. Claro que también hay quien cree que el regreso del de Waterloo llegará no antes de que resuelva en otoño el Constitucional y que ese momento coincidirá con los presupuestos para 2027 “ya muy negociados”. Una coincidencia que más que favorecer puede complicar más que Junts se avenga al acuerdo para aprobar las cuentas públicas. “En algún momento tendrán que decidir cuál es la mejor manera de cortar esa fuga de votos hacia la ultraderecha catalana y cuál será la excusa para hacerlo si no quieren ser sepultados electoralmente”, tercia otro estratega monclovita.

Hasta entonces, Sánchez trata de capitalizar el fallo y urge a aplicar la ley “lo antes posible” mientras la oposición del PP se limita a respetar la sentencia. Siempre con la excepción, claro, de Aznar que se revolvió contra ella o la de Vox, que garantiza que derogará la norma en cuanto llegue a la Moncloa. De momento, el partido continúa.

España se rompía, Pedro Sánchez era un traidor a la patria y las plazas del país clamaban, jaleadas por la derecha política y mediática, contra una transacción “corrupta e inadmisible” que vulneraba los principios de independencia judicial, la separación de poderes y hasta el Derecho Europeo. El mismo PP inflamado, exaltado e hiperventilado en estos meses por los casos de corrupción que afectan al PSOE, calentó la calle contra la amnistía con la convocatoria de hasta cinco grandes manifestaciones entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, además de secundar decenas de concentraciones frente a la sede del PSOE . Hoy, sin embargo, calla tras el espaldarazo de la justicia europea, salvo para decir que respeta el fallo del TJUE (Tribunal de Justicia Europea) que allana el regreso de Puigdemont a Catalunya y da la razón al Gobierno de España.

Ya no hay duda: la norma es constitucional y conforme al Derecho Europeo, ha dicho el ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los principales artífices de la ley, después de que el TJUE haya escrito negro sobre blanco que la medida de gracia ni choca contra los intereses financieros de la Unión ni es contraria tampoco a la directiva en materia de terrorismo. Eso sí, nadie saldrá a la calle para pedir que Feijóo se vaya a su casa por azuzar el enfrentamiento, ni insultará a los jueces por poner todos los palos a su alcance en la rueda de la normalización institucional, política y social en Catalunya, ni tampoco se pedirá a los magistrados del Supremo que cuelguen la toga por torpedear su aplicación. Lo que toca ahora es que se cumpla con la ley contra la que también se manifestaron los togados antes incluso de que fuera aprobada.

En lo jurídico, el fallo de Luxemburgo es rotundo porque los jueces entienden que el perdón de la responsabilidad contable no ha mermado los recursos propios de la Unión y que la norma no vacía de contenido la directiva europea contra el terrorismo, puesto que excluye expresamente los delitos que atentan contra la vida y la integridad física. En lo político, resuelve algo mucho más importante, y es si España puede permitirse cerrar, por ley, una herida que llevaba abierta más de una década.

Para quienes quieran leer el fallo más allá del mero trámite procesal, habría que detenerse en la razón que el propio TJUE esgrime para avalarla, esto es que la ley busca reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación. Algo que no es baladí porque es el tribunal de la Unión Europea quien reconoce que el derecho, cuando se aplica con generosidad, puede ser un instrumento de concordia, y no solo de castigo.

Que la más alta instancia judicial europea haya puesto esa palabra —reconciliación— en el centro de su argumentación jurídica dice mucho sobre lo que estaba en juego, que no es solo la interpretación de un artículo del Tratado de Funcionamiento de la UE, sino si una democracia madura puede permitirse pasar página sin renunciar al Estado de derecho.

Y, en efecto, las democracias no debieran medirse solo por su capacidad de perseguir el delito, sino también por su competencia para decidir a través de sus instituciones, cuándo cerrar un ciclo de confrontación. España no es el primer país que recurre a una amnistía para desactivar una crisis territorial. Ya lo hizo durante la Transición y lo han hecho también otros países europeos con sus propios conflictos internos. La diferencia esta vez es que la medida ha nacido de una negociación parlamentaria polémica para investir a un presidente de Gobierno, y por eso necesitaba la confirmación de que no vulnera las reglas comunes que todos los estados miembros se comprometieron a respetar.

La alternativa a la reconciliación que Sánchez se propuso como objetivo de su mandato no era solo la aplicación estricta del ordenamiento jurídico, sino también la prolongación sine die de un conflicto político que, ante la incapacidad de la derecha para resolverlo, decidió trasladarlo a los tribunales de justicia. Una Catalunya con sus líderes políticos fugados o inhabilitados, con causas judiciales abiertas durante años y con la cuestión territorial convertida en el centro del debate político, no era un escenario más justo, sino la cronificación de una fractura con la que la derecha ha buscado siempre enfrentar territorios y sacar rédito electoral.

Por supuesto, la sentencia del TJUE no borra lo ocurrido en 2017 y que tampoco obliga a nadie a estar de acuerdo con el independentismo y lo que hizo, pero sí abre la puerta a que España deje de organizar su política en torno a esa fractura y empiece a discutir sobre otros asuntos. El fallo servirá para desbloquear judicialmente el asunto, pero también para que en la próxima década la política deje de hablar de quién tiene que pedir perdón a quién y dedicarse a hacerlo de vivienda, de sanidad o de educación.

Los tribunales ya no son ese el lugar donde se imparte justicia, sino la plaza en la que se libra la verdadera batalla política y donde las derechas se han propuesto cercar al presidente del Gobierno. Primero fue el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos nunca probado, después el hermano por ser cooperador de otro de prevaricación y, ahora, van a por Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos… Ya saben que cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han decidido este jueves que la esposa de Pedro Sánchez debe sentarse en el banquillo frente a un jurado popular, avalando así el dictado del controvertido juez Peinado.

La progresión de los casos, a modo de guion, ha sido anticipada por las derechas política, mediática, policial y judicial desde hace meses. En las televisiones, en las radios y en todos los mentideros madrileños, antes incluso de que los jueces redactaran autos, abrieran diligencias o firmaran sentencias sobre el fiscal, sobre el hermano de Sánchez y sobre Gómez. Nadie puede extrañarse de que haya sospechas sobre la coincidencia del calendario judicial y la existencia de un plan preconcebido y tampoco de que existan dudas sobre si el ardid tendrá o no un efecto boomerang contra un Feijóo que hiperventila con cada decisión judicial, pero no logra sumar un voto más a su granero electoral. Al contrario, los pierde a chorros en beneficio de Vox.

Es un hecho, y no una conjetura, que la sentencia contra el ex fiscal general del Estado careció de la solidez probatoria que merecía un caso de tanta trascendencia y que se construyó sobre una hipótesis, como demuestra que el tribunal acuñara un nuevo sujeto penal -el entorno del acusado- para condenarlo por un delito de revelación de secretos.

Es un hecho, y no una conjetura, que al hermano de Sánchez se le acusó de fraude fiscal, de enriquecimiento ilícito y hasta de tráfico de influencias y que, al final, ha sido condenado por ser “cooperador necesario” para un delito de prevaricación cometido supuestamente por otros -técnicos de la Diputación de Badajoz- para cambiar la nomenclatura de un cargo del que fue beneficiario cuando Pedro Sánchez no era ni diputado, ni secretario general del PSOE, ni presidente del Gobierno. Lo que viene a decir la sentencia es que alguien hizo algo para beneficiar a alguien, pero no se ha probado ni el qué, ni el quién ni el cómo, pero, sin embargo, hay un policía que, sin acreditar conocimientos de Derecho Administrativo, está seguro de que se cometió una ilegalidad en la creación de una plaza de libre designación.

Es un hecho también, y no una conjetura, que la instrucción de Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez ha sido corregida repetidamente por su superior jerárquico, que anuló en el pasado por “falta manifiesta de motivación” un primer intento de enviar la causa a un tribunal con jurado popular.

Es también un hecho, y no una conjetura, que la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa por entender que los hechos no eran constitutivos de delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que la defensa ha calificado la instrucción de “prospectiva” al argüir que se investiga a la esposa del presidente por ser quién es y no por haber cometido ningún delito.

Es un hecho, y no una conjetura, que no se puede descartar de entrada la existencia de un delito porque la investigada sea la esposa del presidente, pero tampoco lo contrario, esto es dar por probada su culpabilidad por el mismo motivo, si bien este escenario se ha dado por descontado por sesudos analistas antes de que Gómez se siente en el banquillo.

Es un hecho, y no una conjetura, que las instrucciones del juez Peinado son discutidas y, que cuantas veces la Audiencia de Madrid le ha enmendado en el caso de Begoña Gómez no se ha dado por aludido.

Y es un hecho, no una conjetura, que una parte de la alta judicatura española está más pendiente de sus cuitas internas, de satisfacer intereses partidistas y de postularse ante un eventual cambio de gobierno que de impartir justicia y aplicar el derecho.

La decisión de la Audiencia Provincial de avalar la decisión de Peinado para que Gómez sea juzgada por un tribunal popular no es menor. De hecho, importa más de lo que parece porque la Ley del Tribunal del Jurado no es un simple trámite, ya que implica un tipo de enjuiciamiento distinto, con sus propias reglas de veredicto. Su aplicación exige además que el instructor motive con especial rigor por qué los hechos encajan en los delitos que la ley reserva a ese procedimiento, y que la propia Audiencia de Madrid haya tenido que recordárselo dos veces al mismo juez no habla bien de la instrucción, al margen de que Gómez sea finalmente declarada culpable o inocente.

El 92% de las sentencias dictadas por jurados populares en España son condenatorias, según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial. Y, aunque sea una cifra que no prejuzga nada sobre este caso concreto, explica perfectamente por qué la decisión que ha adoptado la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tiene más trascendencia de la que se le otorga.

Y es que España vive un momento en el que cada resolución judicial que afecta al círculo más próximo del presidente del Gobierno se interpreta, casi instantáneamente, como una pieza de ajedrez en una partida que nada tiene que ver con el derecho y todo con la forma en que se hace política… y periodismo.

Cuando la Audiencia de Badajoz sostiene en una sentencia que “el tribunal no puede, sino conjeturar” para explicar por qué condenaba a David Sánchez por prevaricación, pero lo absolvía del delito de tráfico de influencias situaba el debate en algo nuclear para un proceso penal, que es dónde está la frontera entre la prueba y la inferencia y si, cuando esa línea se cruza, podemos hablar de justicia.

Los tres casos que han dominado la actualidad judicial de los últimos tiempos son, en el fondo, tres ejercicios distintos de ese difuso límite. En el del ex fiscal general, el Tribunal Supremo tuvo que reconstruir, sin una confesión ni una grabación o documento de la orden concreta, quién filtró un correo electrónico a la prensa y los mismos indicios, examinados por distintos juristas, produjeron dos lecturas opuestas sobre si constituían prueba o solo sospecha.

En el de David Sánchez, los propios magistrados reconocieron que solo podían “conjeturar” sobre si los creadores de la plaza buscaron o no congraciarse con Pedro Sánchez, y que esa especulación, por plausible que pareciera, no alcanzaba el estándar probatorio necesario para condenar a su hermano por tráfico de influencias.

Y el caso de Begoña Gómez, todavía pendiente de juzgar, es en el fondo una discusión sobre si se ha llegado a construir toda la causa únicamente con indicios y una narrativa político-periodística tan falaz como eficaz, pero sin una sola prueba. De eso hablamos. De un país que, como dice Feijóo, está siendo “agredida por altas instituciones”, pero no precisamente por las que pretende apuntar el aspirante a presidente.

Ha vuelto. Y no como imputado en el caso Kitchen, que ya saben que pudo serlo pero no fue. García Castellón mediante, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se libró de ser juzgado por la mayor trama de corrupción institucional en democracia. Así que ahora, además de ejercer de registrador de la propiedad, mata el tiempo libre escribiendo columnas. Opina sobre fútbol, pero podría hacerlo de natación sincronizada, de equitación, de boxeo o de gimnasia rítmica, ya que es conocido por todos que siempre fue más apasionado del deporte que de la política, aunque viviera casi 40 años de ella.

Su pereza infinita y su oratoria, repleta de trabalenguas, ha regalado no pocas frases surrealistas para los anales de la política: que si “es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”; que si tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas...“; que si ”España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles“ y ”somos sentimientos y tenemos seres humanos“; que si ”me gustan los catalanes porque hacen cosas“; que si ”un vaso es un vaso y un plato es un plato“...

La última nos llega con motivo del mundial de fútbol a las puertas de la semifinal que este martes juegan las selecciones de España y Francia y no fue fruto de la improvisación, sino de una reflexión profunda, ya que la dejó escrita negro sobre blanco. Lean, lean: la selección francesa tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”.

Rajoy entraba así en los grandes clásicos de la extrema derecha europea con una mentira además salpimentada de racismo porque de los 26 convocados por el seleccionador oficial, solo tres eran nacidos fuera de Francia. Que muchos de ellos sean hijos o nietos de inmigrantes no los hace menos franceses del mismo modo que ser nieto de emigrantes españoles en Alemania o Suiza no hace a nadie menos español. El expresidente no ha cometido un error, ni ha tenido uno de sus habituales lapsus, simplemente ha construido un argumento sobre una premisa falsa de una forma tan burda que cuesta creer que no supiera lo que estaba escribiendo.

“Nivel alto, pero sin franceses” es la manera más retorcida y discriminatoria de decir que el color de la piel o el apellido determinan la pureza nacional. Y es la manera también con la que la extrema derecha lleva años introduciendo de soslayo el racismo institucional en el debate público. Rajoy, por tanto, no ha inventado nada, simplemente se ha sumado a una deriva reaccionaria, racista y xenófoba que ya existe y que amenaza los valores sobre los que se fundó Europa, además de los principios fundamentales de la convivencia.

No en vano la respuesta, en Francia y en España, ha sido unánime para alertar contra los comentarios que alimentan los ataques racistas. Políticos de todo el espectro francés, desde la izquierda comunista hasta la derecha conservadora han coincidido en condenar sin matices lo que ha dicho el expresidente. Si todos están de acuerdo en señalar que ha habido racismo, queda poco margen para la duda, la equidistancia y el contorsionismo dialéctico que ha practicado el PP para no corregir, afear o condenar las palabras de quien fuera su jefe de filas.

Además de enfangar las relaciones con Francia en vísperas de la semifinal del mundial y usar su mayoría absoluta en el Senado para paralizar la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023, alguien debería explicar a los populares que la pertenencia a un país no se mide por el apellido o el color de la piel, sino por el arraigo. Un principio básico que conviene recordar cuantas veces haga falta para no perder de vista el punto en el que estamos en España, en Europa y en el mundo.

Cuando un expresidente de Gobierno juega con las mismas ideas que Vox sobre la reconquista identitaria europea está emitiendo señales inequívocas de dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y todo indica que, con PP+VOX, vamos a un país en el que algunos quieren que haya ciudadanos de primera y de segunda, y que el pasaporte no baste si no va acompañado de un apellido compuesto y un blanco nuclear en el color de la piel.

Lo de Rajoy no ha sido una boutade más de las suyas, sino la normalización en el PP de un discurso que hasta hace poco se asociaba solo a la extrema derecha y hoy ya está asumido como propio entre quienes aspiran a gobernar el país, con permiso siempre de Vox, claro.

“Si Feijóo no existiera habría que inventarlo” es la frase que más se escuchaba esta semana entre ministros y dirigentes del PSOE. No en vano, el líder del PP ha encadenado una polémica sobre la llamada ley de nietos, otra sobre el absentismo laboral, un tropiezo parlamentario en materia de dependencia y la sombra de una ley autonómica —la del concebido no nacido— en Madrid que el Gobierno ha utilizado como munición para presentar a una derecha regresiva en derechos sociales y de la mujer.

El propio Pedro Sánchez resumió la escena con el siguiente tuit en X:

La habilidad con la que el líder del PP se pega tiros en el pie cuanto mayor es el desgaste del Gobierno empieza a ser un clamor entre los populares, más allá del clan de los gallegos que protege en Génova a Feijóo. Tanto que los medios y opinadores habitualmente dispuestos a justificar cualquiera de sus tropiezos han tenido estos días serias dificultades para defender la propuesta del aspirante a ocupar La Moncloa de que los enfermos de baja laboral cobren menos. Si hay o no una estrategia coordinada para horadar de nuevo un liderato que no termina de cuajar es una incógnita aun sin despejar, pero que corre por los mentideros de Madrid como la pólvora.

Lo cierto es que los patinazos de Feijóo no cesan y el regodeo de los socialistas es indisimulable, lo que no significa que entre sus filas no exista preocupación por lo propio. Esto es un tórrido julio judicial que deje al Gobierno en situación crítica antes del periodo vacacional. De hecho, Pedro Sánchez regresa a La Moncloa tras la cumbre de la OTAN en Ankara y un breve paréntesis familiar en Londres para encontrarse con un tablero judicial más complicado que el que dejó a comienzos de la semana, después de la imputación del que fuera su primer jefe de gabinete en el PSOE y expresidente de Correos, Juanma Serrano, en el marco de la investigación sobre Leire Díez. El juez Pedraz ha dado vía libre a la UCO para que clone y examine su móvil en busca de indicios de su participación en la trama investigada y cita como testigos a dos trabajadoras del PSOE.

Durante la próxima semana se concentran, casi sin margen para respirar, media docena de citas judiciales que afectan directamente al entorno familiar de Sánchez y al llamado caso Leire que la derecha pretende sin éxito convertir en la Kitchen del PSOE. Todo cuando el Congreso se dispone a certificar su rechazo al techo de gasto, paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Con todo, la sensación en La Moncloa es que los ciudadanos saben distinguir perfectamente “entre lo que es un caso de corrupción y lo que esconde una ofensiva implacable de un sector del poder judicial contra el Gobierno”.

La sensación responde a los datos cualitativos que manejan en el PSOE, pero también a las últimas encuestas publicadas por varios medios que cuestionan la imparcialidad de los jueces e identifican una clara persecución al Gobierno en algunos autos judiciales.

El lunes 13, el magistrado Santiago Pedraz tomará declaración a José Aníbal Álvarez García, ex abogado de José Luis Ábalos para esclarecer el origen del pago de los honorarios de la defensa del exministro y saber si se costearon para monitorizar la causa judicial y comprar el silencio de quien fuera número dos del PSOE.

El martes 14 declarará Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, en calidad de imputada, ante el mismo juez de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso Leire. La citación responde a la sospecha de que pudiera actuar para desactivar las causas que afectan al PSOE, después de que la empresaria Carmen Pano la acusara de un presunto soborno al ofrecerle dinero a cambio de silencio, algo que la letrada no solo niega, sino que sostiene que fue justo al revés. Es decir, que Pano le pidió ese dinero a cambio de no perjudicar a los socialistas.

El miércoles 15 será el turno de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que declarará como testigo ante Pedraz después de que la UCO descubriera una conversación de WhatsApp fechada el 24 de abril de 2024 entre Narbona y la exmilitante socialista Leire Díez coincidiendo con el día en el que Sánchez publicó su 'Carta a la ciudadanía' tras la imputación de su esposa.

El jueves 16 están citados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, en calidad de investigados, después de que Pedraz respaldase las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia también dentro del 'caso Leire Díez'. La investigación defiende que ambos cedieron a las presiones de la exmilitante del PSOE Leire Díez para abrir expedientes disciplinarios o informaciones reservadas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) con el fin de frenar y torpedear las causas de corrupción que afectan a los socialistas. Procedimientos todos ellos que siguen abiertos.

Y todo esto en la misma semana en la que el Gobierno espera otras dos decisiones judiciales de impacto. La primera, que la Audiencia Provincial de Badajoz dicte sentencia sobre el caso del hermano del presidente del Gobierno por haber ocupado una plaza de libre designación en la Diputación como director de conservatorio con un currículum más que acreditado para el cargo y sin que nadie hubiera presentado alegación en siete años. Y, la segunda, que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos contra la decisión del juez Peinado de seguir la causa contra Begoña Gómez por el procedimiento del tribunal del jurado, algo que marcará inevitablemente el futuro judicial de la esposa del presidente. Durante los más de dos años que ya dura la investigación, tres de los cinco jueces han resuelto 20 recursos anulando una decena de resoluciones del juez.

Y por si fuera poco la derecha mediática ya ha empezado a circular la idea de una pronta citación del presidente del Gobierno como testigo para declarar en el caso Leire, algo que los servicios jurídicos del partido no esperan ni en el corto ni en el medio plazo.

Llegar de una pieza a agosto

Pedro Sánchez mantiene, en todo caso, una agenda al margen de la judicial con la que las derechas buscan situar al Gobierno contra las cuerdas, presionar a los socios parlamentarios para que apoyen una moción de censura y lograr que el presidente no llegue al otoño. Ni PNV ni Junts están por la labor, de momento, mientras en la Moncloa se recrean con la semana horribilis de un Feijóo “que no tiene más proyecto que el antisanchismo” y de quien “ya es muy difícil ocultar tanto su inconsistencia como su disposición a recortar derechos”.

Son palabras de un miembro del Gabinete de Sánchez que percibe “hartazgo” entre la ciudadanía “porque sean los jueces quienes marquen la agenda pública”. Comparte con él la reflexión otra persona del equipo del presidente convencida de que “la agenda judicial empieza a no afectar al Gobierno, a pesar del ruido mediático”. En parte, añade un ministro, por “la falta de imparcialidad de algunos jueces” que, en su opinión, si siguen tomando decisiones “arbitrarias e ideologizadas” acabarán dando la victoria a la izquierda en las elecciones de 2027. “La realidad [aventuran desde La Moncloa] acabará imponiéndose y nos dará la razón, aunque sabemos que la derecha en coordinación con su batería mediática no nos darán tregua”. Esto último es la única certeza junto a la fragilidad de la mayoría de investidura y un calendario judicial que marca de facto el ritmo informativo y el desgaste de la legislatura.

Con julio llegando a su ecuador, en Ferraz y en La Moncloa ya solo aspiran a llegar de una pieza a las vacaciones judiciales de agosto, conscientes de que septiembre, con la vuelta de los tribunales y una votación presupuestaria en el horizonte, promete no ser mucho más tranquilo.

Hay cumbres que se cierran con una foto de familia, cumbres que acaban con una declaración conjunta y cumbres que se clausuran a punta de pistola. La de la OTAN en Ankara empezó con el desatado Donald Trump llamando “inútiles” a los europeos y “causa perdida” a España. Y con ese arranque y ese presidente que se han dado los estadounidenses era lógico preguntarse si algo más podía salir mal. Todo era susceptible de empeorar. Y empeoró cuando al anfitrión turco solo se le ocurrió repartir revólveres personalizados cargados con munición real a todos los jefes de gobierno presentes. Entre el arranque y el estrambótico final, el encuentro sirvió para mostrar un retrato feo y poco halagüeño sobre el punto en que se encuentra la relación transatlántica: humillación verbal y armas de fuego.

Recep Tayyip Erdogan podría haber entregado a los asistentes un surtido de baklava, un pañuelo de seda o una pipa artesanal esculpida a mano en espuma de mar, pero prefirió un objeto diseñado para matar, personalizado a modo de pluma estilográfica. Así que no hacían falta las palabras para explicitar que allí se hablaba el lenguaje de las armas y que uno de los asuntos clave del cónclave era la apuesta decidida por aumentar la inversión en artefactos militares.

Sin embargo, antes de que nadie hablara de revólveres, la cumbre ya había arrancado con otro gesto nada habitual en protocolo y diplomacia como fueron los reproches de Trump a los socios europeos en general por el gasto en defensa y en particular a España y sus gobernantes, a quienes llegó a calificar de “mala gente”. Y, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por rebajar la tensión y ceñirse a las normas de la diplomacia para no escalar un conflicto con el principal garante de la alianza, su silencio produce el mismo efecto que las respuestas al regalo de Erdogan: que hay que aguantar el golpe y pasar página sin dejar constancia de que lo ocurrido merece, sin duda, una respuesta más firme.

Porque los insultos de Trump y el revólver de Erdogan no fueron una anécdota, sino un episodio más de una dinámica disparatada con distintos protagonistas. Primero, el todopoderoso comandante en jefe de los EE.UU. trata con desdén a sus aliados; después, el anfitrión de la cumbre les despide con un arma cargada de munición real y, por último, los allí presentes, cual subordinados, callan y acatan el desplante y el mensaje que llevaba implícita la pistola de marras.

Ni una palabra pública de reproche y tampoco una pregunta obvia sobre qué tipo de aliado convierte la ceremonia de despedida de una cumbre de seguridad en una demostración armamentística. Que un cónclave marcado por la presión de Washington para que los socios aumenten el gasto en defensa se despida con el reparto de armas de fuego no es ni mucho menos baladí, sino una forma muy explícita de poner negro sobre blanco cuál es el lenguaje que domina la conversación del mundo.

Habrá seguro quien advierta que no conviene convertir la anécdota en categoría de la cumbre porque hubo también anuncios de cooperación industrial e intercambio de posiciones sobre el apoyo a Ucrania que tendrán más recorrido que un revólver o un desplante, pero en diplomacia los gestos hablan siempre mucho más claro que las palabras. Los de Trump, para dejar constancia una vez más de su arrogancia y vanagloriarse de su poder sobre el mundo, y los de Erdoğan, para señalar el camino por el que hay que transitar. Y los demás, a callar y acatar.

Lo ocurrido dice mucho más de la OTAN de 2026 que cualquier declaración final firmada por sus 32 miembros, pese a que el elocuente obsequio causara incomodidad entre algunos jefes de gobierno el británico Starmer, el canadiense Mark Carney, el belga Bart De Wever o el español Pedro Sánchez. Además de dejar el arma en Ankara, entregarla en sus embajadas o ponerlas a disposición del Ministerio del Interior para inutilizarla y, después, inventariarla y almacenarla como otros regalos de Estado, podrían haber hecho o dicho algo más porque el lenguaje de la diplomacia no siempre es bien entendido por los ciudadanos.

El absentismo y las bajas laborales no son lo mismo, aunque Feijóo no lo sepa, le importen un higo los trabajadores y esté dispuesto a una involución en materia de derechos. Sin datos, sin rigor y con un desconocimiento palmario de la diferencia entre una falta de asistencia injustificada y una incapacidad temporal por enfermedad certificada por un médico, el líder de la oposición ha vuelto a desvelar involuntariamente sus verdaderas intenciones: recortar sueldo y “prestaciones” a los trabajadores de baja “con o sin acuerdo sindical”.

Primera premisa: la incapacidad temporal (baja médica) es una prestación contributiva del sistema de Seguridad Social, regulada en la Ley General de la Seguridad Social. La protección que dispensa presenta una doble finalidad: sanitaria para garantizar la recuperación del trabajador y económica para compensar la pérdida de ingresos mientras persiste la imposibilidad temporal de trabajar. El absentismo laboral es, por su parte, la ausencia de la persona trabajadora de su puesto de trabajo sin causa justificada diferenciándose así de las ausencias legítimas protegidas, como la incapacidad temporal.

Pero Feijóo se delató ante los empresarios vascos después de defender que el “absentismo” en España “es un cáncer” que supone un coste de 30.000 millones y que afecta a 1,16 millones de personas cada día. Una exposición en la que mezcló sin distinción baja, permisos u otras incidencias y en la que introdujo una mentira como la catedral de Burgos al afirmar que las enfermeras firman bajas médicas a los médicos, algo que solo puede hacer un facultativo.

La derecha vuelve así por sus fueros y plantea una vez más importantes retrocesos en materia laboral. Nada que no hubiera hecho antes con la contrarreforma laboral que impulsó en 2012 con el Gobierno de Mariano Rajoy y que supuso, entre otras cuestiones, el abaratamiento del despido, el descuelgue salarial que facilitó que las empresas pudieran reducir los salarios para hacer frente a supuestas dificultades económicas o la supresión de la ultraactividad en la negociación colectiva.

Y una vez que Feijóo elevó un debate tramposo a la conversación pública y provocó la perplejidad de sindicatos, trabajadores y medios, vino lo de siempre: matar al mensajero. Que si el periodista Aitor Riveiro, que fue quién adelantó sus palabras, había interpretado más de la cuenta; que si otros medios hicieron seguidismo de elDiario.es; que si Feijóo no dijo lo que dijo; que si todo fue un nuevo lapsus del líder de los populares… Lo cierto es que poco había que interpretar porque el líder de la oposición habló más claro que nunca de sus intenciones, “con o sin acuerdo”, como pasó con la contrarreforma laboral que tanto dolor provocó a los trabajadores.

Los sindicatos, como no podía ser de otro modo, han puesto el grito en el cielo. La única ventaja es que los trabajadores ya saben a qué atenerse si un día el hoy opositor a presidente de Gobierno llegara a La Moncloa. Pero, la verdad, la diga Agamenón o su porquero, es que en España no hay problema de absentismo laboral y tampoco con las bajas médicas. Lo que existe es un problema de salud indisociable del funcionamiento de los servicios públicos sanitarios que, por cierto, dependen de las Comunidades Autónomas donde mayoritariamente el PP es gobierno. Dicho de otro modo: cuando un paciente espera meses para una consulta o una cirugía, sigue de baja mientras espera. Pero eso no es picaresca, sino la consecuencia directa y previsible de una sanidad pública infrafinanciada, la que gobiernos como los de Ayuso o Moreno —a los que Feijóo cita como modelo— llevan años recortando en sus respectivas Comunidades.

Las cifras de absentismo, como se ha encargado de recordar el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, no justifican el debate planteado, ya que “muchas situaciones responden a dificultades de acceso a la atención médica, las listas de espera o la falta de recursos”. Pero una cosa es mirar los problemas con tópicos y comentarios de cuñado para contentar a la patronal y otra muy distinta es construir un relato desde la evidencia empírica.

Los sindicatos siempre han defendido que el incremento de las bajas por incapacidad temporal -que no el absentismo, que puede llegar a ser un motivo de despido objetivo- es un asunto que se debe abordar desde el rigor, y por eso impulsaron la creación de un observatorio que permitiera estudiar por qué se producen las bajas médicas: si tienen que ver con la atención primaria, con la falta de especialistas o con problemas como la salud mental. Sin ese análisis, el debate no es serio ni es exhaustivo.

Feijóo ha pretendido trasladar además la idea de que si un empleado cobra lo mismo cuando está de baja que cuando trabaja, aumentan las ausencias, pero de nuevo ni la realidad ni los datos dicen eso. La mayoría de los empleados pierden salario cuando están enfermos, salvo que trabajen en una empresa que complemente la nómina durante el periodo de incapacidad por convenio. Y en este último caso, está comprobado estadísticamente que las bajas son menos prolongadas, lo que demuestra que no hay una relación directa entre mejores condiciones y más duración de la inactividad.

Aquí algunos datos:

• En un proceso de Incapacidad Temporal entre el día 1 y 3 no se cobra nada. Del cuarto hasta el día 20 de la baja se cobra el 60% de la base reguladora y del 21 en adelante, el 75%

• De esta prestación, las empresas solo asumen 12 días, los que van desde el día 4 hasta el 15 de esa baja. Es decir, menos de dos semanas, el 60% de esa base reguladora, aunque es cierto que en algunos casos por convenio pueden asumir hasta el 100% incluso.

Si echamos la vista a los países de nuestro entorno, España es uno en los estados en el que las empresas menos coste asumen de las bajas laborales:

En Países Bajos los empresarios asumen todo el pago de la incapacidad temporal (70% del salario durante 2 años)

• En Austria, el 100% del salario entre 6 y 12 semanas, dependiendo del contrato.

• En Alemania, el 100% del salario durante 6 semanas

• En Bélgica, el 100% del salario durante un mes, y un 30% durante los meses 2 y 3

• En Suecia, el 80% del salario durante 14 días

Esto por no hablar de que el incremento del gasto por Incapacidad Laboral Transitoria en el último año respecto al ejercicio anterior se ha moderado ligeramente: de 2023 a 2024 creció un 17% y de 2024 a 2025 un 12%.

El crecimiento de la incapacidad temporal, por tanto, no puede ni debe interpretarse como una perversión de la conducta del trabajador y mucho menos como un incremento del absentismo injustificado, como ha hecho Feijóo, sino como un reflejo del deterioro de la salud en las personas trabajadoras.

Avisados quedamos todos con el retrato de villanos que nos ha hecho el aspirante a La Moncloa y las decisiones que está dispuesto a adoptar desde un discurso que se sostiene sobre una premisa que la AIReF -Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal- ha desmontado, después de identificar una “deficiencia estructural” en la forma en que se gestionan las bajas médicas en España. El fallo está en el diseño porque quien paga la baja —el INSS— no es quien la concede, ya que recae en los médicos de atención primaria. Y esa separación, agravada por la fragmentación en diecisiete servicios de salud autonómicos, es lo que dificulta que se internalice correctamente el coste económico de las decisiones y genere riesgo de prolongaciones innecesarias.

El problema no es que millones de trabajadores decidan por la mañana no ir a currar, sino una tubería mal diseñada entre sanidad y Seguridad Social para la que nadie en el PP ofrece más solución que la de recortar el salario o las prestaciones de los trabajadores. Se puede estar de acuerdo en que el sistema de incapacidad temporal necesita reforma —la propia AIReF lo reconoce sin ambages—, pero lo que no se sostiene es vestir esa reforma de castigo al trabajador cuando los datos apuntan, una y otra vez, hacia el lado contrario. Esto es una sanidad colapsada, un INSS que no controla hasta que ya es tarde, y una población que envejece trabajando.

Una democracia sana no puede permitirse un poder judicial bajo sospecha y, sin embargo, el nuestro lo está. De hecho, un 60% de los españoles está convencido de que hay jueces que hacen política y políticos que tratan de hacer justicia. El dato es de un reciente sondeo de Ipsos que dibuja una ciudadanía descreída de la imparcialidad de la justicia, más allá de sus preferencias ideológicas. Así lo cree el 80% de los votantes del PSOE o Sumar, pero también el 41% de los del PP y el 55% de los de Vox. Parecidas conclusiones aparecen en otro trabajo de 40dB, en el que solo el 32% de los encuestados cree que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales mientras que seis de cada diez considera que en España hay lawfare.

El retrato es demoledor, si bien los guardianes de la pureza ética y periodística creen sospechosa la publicación de dos sondeos en sendos medios de comunicación el mismo día. Una boutade más de los creadores de las realidades paralelas y de quienes, a falta de consistencia política, han convertido a los togados en protagonistas de la conversación pública y delegado en ellos la verdadera oposición al Gobierno. A falta de votos, bienvenidas sean las togas.

Guste o no, la venda que cubre los ojos de la Justicia ha caído en el lodazal del debate partidista y algunas togas están bajo sospecha. No todas, claro. Son unas cuantas solo de las más de 5.000 que se visten en España las que han asumido como propio el lenguaje de las trincheras, dictado resoluciones más políticas que jurídicas, jugado con los tiempos y hasta acuñado un nuevo sujeto penal -el entorno- para condenar a alguien sin pruebas que acrediten su culpabilidad en un proceso. Ha pasado con el ex fiscal general del Estado, pasará pronto con el hermano del presidente del gobierno a quien sentaron en el banquillo por “un chascarrillo” y volverá a suceder con Begoña Gómez.

El maltrato político y judicial al que se ha sometido a la esposa de Pedro Sánchez no tiene analogía en 50 años de democracia. El pasado 20 de junio, el juez Juan Carlos Peinado firmó el auto que las derechas política y mediática daban por hecho desde hacía meses: la apertura de juicio oral con jurado popular contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le obligó a comparecer en el juzgado cada quince días.

Pocos casos judiciales condensan mejor el tsunami de desconfianza que sacude a la justicia y pocos sirven mejor para ilustrar por qué ese escepticismo no admite lecturas simples si se repasa fríamente la realidad de los hechos. La denuncia original partió del sindicato ultraderechista Manos Limpias y se construyó con recortes de prensa, no con documentación acreditada, Incluso una de las noticias resultó ser falsa porque atribuyó a Gómez una subvención que en realidad correspondía a otra persona.

Contra la jurisprudencia que prohíbe admitir denuncias basadas solo en recortes de prensa, el instructor siguió adelante con el caso, pese a que el primer informe de la Unidad Central Operativa concluyó que no había delito. La investigación empezó con el rescate de Air Europa, saltó después al empresario Juan Carlos Barrabés, luego a la Universidad Complutense… La acusación ha cambiado de objeto sobre la marcha, sin un hecho fijo que investigar, según ha denunciado en varias ocasiones la defensa de Gómez, que cuando pidió que se concretara el motivo de las pesquisas recibió como respuesta que se investigaba a su representada por ser la mujer del presidente del Gobierno.

El entorno de Gómez se ha quejado en reiteradas ocasiones que el juzgado filtra sus decisiones a la prensa y, después, las comunica a las partes de tal forma que la instrucción se ventila en los periódicos antes que en los tribunales. También de que la esposa del presidente tuviera que declarar en el juzgado sin saber de qué se le acusaba y se le obligara a leerse el sumario en un pasillo.

A lo largo de casi dos años de instrucción han pasado por sede judicial alrededor de 53 personas, entre ellas el presidente del Gobierno, el ministro de la Presidencia, el rector de la Universidad Complutense, directivos de Google, Telefónica, Indra, IE University, fundaciones colaboradoras de la cátedra que Gómez dirigió y numerosos responsables académicos y empresariales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado varias decisiones del juez; revocado las imputaciones al rector de la Complutense y al empresario Juan Carlos Barrabés por falta de indicios suficientes; criticado la amplitud y la falta de concreción de la instrucción y tumbado la decisión de convertir la causa en un procedimiento ante jurado popular por no justificar qué conductas concretas lo exigían. Hasta en 19 ocasiones ha sido corregido por una instancia superior y en varias, por vulneración de derechos fundamentales en el proceso. Esto además de que Tribunal Supremo, por su parte, rechazara la imputación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al no hallar indicios de delito, después de que el propio Peinado lo señalara por falso testimonio y malversación.

Y ahora Peinado, como colofón a su estrambótica instrucción, se marcha de vacaciones y deja a un sustituto la decisión de si permite a la esposa de Pedro Sánchez viajar este martes primero a Turquía a la cumbre de la OTAN a la que ha sido invitada oficialmente y, luego, a Londres a la graduación de su hija. Así fue solicitado por su defensa hace una semana, después de entregar el pasaporte ante el juzgado. Y en una decisión más exótica que jurídica, unas horas antes de tener que volar rumbo a Ankara, el interino le prohibía el traslado a Turquía porque “no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea”, pero le permitía volar a Reino Unido. Cosas veredes...

Lo grave para la malhadada credibilidad de la justicia y para la democracía ya no es tanto la autorización para que viaje o no, sino que, visto el recorrido del caso, hay dudas razonables sobre si Gómez se sentará en su momento ante un tribunal que falle conforme a derecho o al color político del banquillo. Lo que revelan los sondeos publicados no es más que la consecuencia lógica a que haya togados dispuestos a convertir cada auto en una trinchera. Así es como se extiende cada vez más la sospecha de que algunas sentencias pueden estar escritas antes incluso de que empiecen los juicios.

Andalucía ya no es una excepción, sino la norma. Juanma Moreno ha enterrado para los restos la vía andaluza, tras abrirle las puertas de San Telmo a Vox, asumir su agenda ideológica y consolidar de facto la única alternativa política que puede ofrecer el PP: un gobierno de coalición con la ultraderecha. El escenario que en 2023 tuvo un innegable efecto movilizador en la izquierda tras los primeros gobiernos regionales de coalición PP-Vox, hoy es una incógnita, a tenor del mapa de la corrupción que afecta al PSOE y que en la calle Génova auguran que escalará hasta el mismísimo presidente del Gobierno.

Gota a gota y auto a auto, el cerco judicial sobre los socialistas se estrechaba esta semana con la imputación de otras 25 personas en el caso Leire por presuntos amaños en la contratación pública para favorecer a determinadas empresas. La presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, y otros altos directivos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales están, por tanto, bajo la lupa judicial como lo están también por decisión del juez Pedraz la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo del cuerpo, Manuel Llamas. En este último caso se les imputan delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por presuntas presiones a los agentes que investigaban los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno.

Y, aunque hubo un tiempo en España en el que los partidos establecieron que el momento de exigir responsabilidades políticas ante una investigación penal llegaba cuando alguien era imputado, hoy los códigos han cambiado. Por la polarización, por el uso de la Justicia como arma política y mediática, por la utilización de la acusación popular con fines ideológicos o por las investigaciones prospectivas. El caso es que tanto PP como PSOE han movido las líneas rojas en función de los casos y lo que antes se exigía ante una imputación y después ante la apertura de juicio oral, hoy es una regla vacilante, a tenor de los casos o de los cargos afectados.

Pedro Sánchez se aferra a lo que en su entorno más cercano llaman “la verdad construida” para difuminar las líneas de responsabilidad política ante lo que consideran “una ofensiva judicial sin precedentes” y en la que “la sincronización de los tiempos judiciales con los políticos es clamorosa”. Así explican el respaldo cerrado del Gobierno a la presidenta de la SEPI, a la directora de la Guardia Civil y al DAO. Ya pasó con el ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que solo dejó el cargo tras una sentencia condenatoria dictada, sin pruebas, por el Tribunal Supremo.

Pese a la presión de las derechas mediática y política, el Gobierno no está dispuesto a sacrificar a más cargos, salvo que existan pruebas palmarias de comportamientos irregulares, algo que no ven ni en la presidenta de la SEPI ni en el de la directora general de la Guardia Civil. “Si los jueces han decidido hacer política, es razonable que tengamos que mover las líneas rojas de la responsabilidad”, aseguran en La Moncloa, donde admiten que el cierre de filas con los últimos imputados es también una “respuesta defensiva ante lo que está por venir porque ni los medios, ni los jueces, ni el PP están dispuestos a parar”. Se refieren a “esa verdad construida” en los diarios afines a la derecha, donde hace semanas fabulan con nuevas imputaciones de ministros e incluso con la del presidente del Gobierno.

Convertido en un émulo de Rocky Balboa, Sánchez no siente el dolor o, al menos, no lo proyecta en sus intervenciones públicas, en las que suele transmitir un control absoluto ante la adversidad de los casos judiciales. “La imputación ha dejado de ser una realidad jurídica para convertirse en un arma política de destrucción masiva de reputaciones”, asegura un miembro del Gobierno, que recuerda que mientras la derecha pide dimisiones a diestro y siniestro mientras mantiene en el cargo al alcalde de Móstoles, imputado por un delito de acoso sexual y laboral a una concejal del municipio.

La consigna, por tanto, en el Gobierno es resistir lo que venga aunque se produzcan nuevas imputaciones y la oposición exija a diario la dimisión del gobierno al completo. Cuestión distinta es la inquietud que en el PSOE han generado ya algunos movimientos internos para sembrar la semilla del antisanchismo. Nada nuevo bajo el Sol, pues incluso entre los más cercanos hubo quien fantaseó y conspiró con ese escenario durante los 5 días de abril de 2024 que Sánchez se tomó de reflexión para decidir si seguía o no al frente del país, tras la imputación de su esposa.

Enma López, protegida de Cerdán y Salazar

Las primarias para la candidatura al Ayuntamiento de Madrid y la candidatura de la concejal Enma López se han leído en La Moncloa precisamente en esa clave. Y no porque la aspirante a arrebatar el cartel a Reyes Maroto, la opción de Ferraz, piense que su talla da para tanto, sino porque quienes apoyan mediática y orgánicamente su candidatura “aspiran, no a ocupar un cartel electoral con escasas posibilidades de éxito, sino a propinar una derrota orgánica a Sánchez” con la que empezar a mover el avispero de una hipotética sucesión.

El problema de la aspirante y colaboradora de La Sexta Enma López es que tendrá complicado hacer una campaña a la contra de la dirección federal, ya que ha formado parte de ella hasta hace una semana, donde contó durante años con la protección del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, y del exasesor de Moncloa Francisco Salazar, que tuvo que dimitir tras varias denuncias internas por acoso sexual.

De momento, en la página web creada para impulsar su candidatura “yatocaMadrid” no aparece por ningún lado el logo del PSOE, algo que no ha pasado desapercibido en la dirección socialista de la calle Ferraz, donde también miran de reojo al delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, y a lo que llaman “lobby gay” del socialismo que en su día controló Adriana Lastra y “hoy está volcado en la campaña de Enma López”, aunque con excepciones.

La concejal se saltó las normas internas y el calendario oficial de las primarias con su anuncio de competir por la candidatura de Madrid, lo que ha despertado no pocas suspicacias en un PSM que no gobierna la capital de España desde hace más de 30 años, que está acostumbrado a las crisis internas, en el que la deslealtad se paga caro.

De todo ello, de sus posibles derivadas internas y del goteo de imputaciones judiciales tratará esta semana de escapar Pedro Sánchez con una agenda internacional que le llevará hasta Ankara a la cumbre de la OTAN, la primera que se celebre después del acuerdo alcanzado en La Haya para elevar hasta el 5% del PIB el gasto en defensa y seguridad al que se opuso el presidente del Gobierno. Volverá a encontrarse allí con un Donald Trump “decepcionado con España”, en palabras del embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero cuyas políticas han supuesto en ocasiones un respiro para Sánchez en el asfixiante clima político nacional.

Un niño asustado confiesa a su psicólogo que, en ocasiones, ve muertos, gente que camina por la casa sin saber que ya no está en este mundo. Todos recordamos El sexto sentido y una de las escenas más míticas de la historia del cine. Si el director de aquella cinta tuviera hoy que rodar de nuevo su exitosa película podría inspirarse en una secuencia muy parecida a la del niño traumatizado por la presencia de espíritus en la Puerta del Sol con Isabel Díaz Ayuso de protagonista. La diferencia es que, en lugar de muertos, la dicharachera presidenta, en ocasiones, ve socialistas vivos que la amenazan. Muchos socialistas. Socialistas por todas partes que la perturban, que la obsesionan y que la aíslan de sus obligaciones.

Los ve en la sanidad pública, en las residencias de mayores, en los barracones de los colegios públicos, en los tribunales de justicia, en la prensa, en el padrón de extranjería y en el censo electoral. El socialismo como presencia omnipresente, amenazante y casi sobrenatural al que Ayuso querría exorcizar para que desaparezca por completo de la vida pública.

Así ha construido la inquilina de Sol buena parte de su imagen pública. Cada decisión del Gobierno de España, sea política o administrativa, esconde a su parecer una nueva ofensiva del sanchismo contra Madrid, contra la libertad, contra el sentido común y contra ella misma. Sus últimas dos obsesiones -González Amador, aparte -son la llamada ley de nietos para otorgar la nacionalidad a los descendientes de quienes huyeron del franquismo y el decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes. Socialistas por todas partes.

La norma que regula la residencia de extranjeros en situación irregular nació de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por 700.000 firmas y ha sido demandada en varias ocasiones tanto por la CEOE como por la Conferencia Episcopal. Pero, ella solo ve socialistas. Colombianos, venezolanos, marroquíes, peruanos, ecuatorianos…, pero socialistas.

Por eso y porque, según su opinión, van a saturar los servicios públicos y engrosar el censo electoral, llevó el decreto a los tribunales. Otra mentira de las suyas porque las personas en situación irregular, que trabajan en la economía sumergida y son las principales víctimas de los abusos laborales, ya tienen acceso a la sanidad y a la educación. Lo que no tienen ni tendrán, a pesar del bulo difundido por la derecha, es el derecho a voto, que solo lo otorga la nacionalidad española.

La última experiencia de la regularización extraordinaria en 2005 sacó de la clandestinidad a 600.000 inmigrantes y demostró que el proceso supone un aumento casi inmediato para los ingresos de la Seguridad Social. Hace 20 años, de hecho, la afiliación tuvo un salto sin precedentes, ya que aumentó en 616.655 personas en un solo año, multiplicando por cuatro el crecimiento observado en ejercicios anteriores. Generó también para las arcas públicas más de 4.400 euros anuales por persona regularizada a través del IRPF. Pero de eso prefiere no hablar.

La invasión de socialistas llegará también con la ley de nietos, esa que su partido no solo no enmendó en la tramitación parlamentaria, sino que reivindicó durante años. El objetivo de Pedro Sánchez, según la disparatada narrativa de la duquesa de Quirón, no es una cuestión de justicia ni de reparación de los descendientes de quienes tuvieron que huir de España por el franquismo o por la miseria de 40 años de dictadura, sino “nacionalizar socialistas”.

Y lo peor es que allá donde suelta semejantes majaderías no haya nadie que rebata las perogrulladas de cada día. Tampoco su recién aprobada ley de concebidos no nacidos que reconoce al embrión como un miembro de la unidad familiar y no ha sido diseñada para ayudar a la infancia o la maternidad, sino para librar una nueva batalla de su guerra cultural que es la de toda la ultraderecha global. Los mismos excesos, las mismas obsesiones y el mismo respeto por la democracia.

El líder del PP ha vuelto a pegarse un tiro en el pie. Y ya son muchos. El día que la Audiencia Nacional imputa a la presidenta de la SEPI y otras 24 personas en la causa que investiga a la ex militante socialista Leire Díez, no se le ocurre otra cosa que hablar de “ingeniería electoral” al hilo de la llamada ley de nietos, sugerir que Pedro Sánchez podría estar preparando un pucherazo para las próximas elecciones generales y mezclar todo ello con bulos varios sobre la regularización de inmigrantes.  

¿Algún dato? ¿Alguna prueba? Ni lo uno ni lo otro. La respuesta a su dislate está en el manual de la ultraderecha global sobradamente ensayado aquí, allá y acullá. En EEUU, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Hungría… En la frustración por los sondeos que no le conceden rédito electoral por el desgaste que acumula el Gobierno. Y en la competencia feroz con Vox. 

El caso es que Feijóo no necesita adversarios ni enemigos. Se basta y sobra consigo mismo. Su discurso no aguanta el espejo. Da igual que hable de pensiones, de indultos, de independentismo, de inmigración, de represaliados del franquismo o de la ley de nietos, que es la que le ha hecho desbarrar por enésima vez y ponerle frente al espejo de sus propias contradicciones. La izquierda habla de cinismo mientras en el universo popular no dejan de preguntarse si falla él o fallan los filtros que debieran evitar sus tropiezos. Hay dudas. Claro que lo uno tampoco es invalidante de lo otro. Pueden ser ambas cosas. El caso es que en el combate Feijóo vs. Feijóo siempre gana la contradicción.

Llegó a la presidencia del PP en 2022 con reputación de gestor prudente y poco dado a la improvisación y en estos años ha dado muchas más muestras de temeridad que de cautela y de inconsistencia que de solidez. Tantas que ha dejado al descubierto una incomprensible afición por contradecirse a sí mismo porque, en efecto, hubo un tiempo en el que Feijóo defendió lo contrario a lo que ahora crítica de la disposición octava de la ley de Memoria Democrática.

Hay pruebas, hay memoria y hay hemeroteca: 

– Durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, el PP presentó en el Congreso más de 70 enmiendas de supresión al articulado y ninguna de ellas afectaba a la disposición adicional octava, que regula la concesión de la nacionalidad a los descendientes de exiliados. Únicamente registró una enmienda de modificación a dicha disposición, que posteriormente registró y que decía lo siguiente: 

“Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil. 

Igualmente podrán adquirir la nacionalidad española, los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley.»

– Durante la tramitación en el Senado, el partido de Feijóo presentó cien enmiendas al articulado, pero ninguna afectaba a esta cuestión.

– En el programa electoral del 23J, los populares incluyeron una Ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada para que la comunidad de descendientes de españoles mantuviera el derecho de opción a la nacionalidad española:

“La Comunidad de descendientes españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada. Para atender esta demanda también se hace necesario el refuerzo de los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad”

– En noviembre de 2022, justo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez derogase el voto rogado, Feijóo llevó a cabo una gira por Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador (con una suma potencial de 600.000 electores) y allí se comprometió a “impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior y a derogar la mal llamada Ley de memoria democrática”. Dijo también que su norma estaría “fuera de planteamientos ideológicos y de rencores para desvincular la nacionalidad de la ideología”.

– En 2018, el Grupo Popular apoyó la tramitación de una proposición de Ley en el Senado sobre la concesión de la nacionalidad a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles que se habían quedado “fuera” de la Ley de Memoria Histórica. La tramitación de la norma decayó por la convocatoria de elecciones en 2019.

– En 2006, Feijóo declaró en Uruguay que no tenía “sentido” que un nieto de españoles “tenga menos derechos que un inmigrante”.

– En Buenos Aires, también en 2006, ante emigrantes españoles, se preguntó por qué sus hijos o nietos no podían tener la nacionalidad y sí “los africanos del norte o cualquiera que no tenga sangre española”. El capítulo del racismo implícito lo dejamos para otra ocasión.

– En 2002 se aprobó una reforma del Código Civil para que los hijos con padres originariamente españoles pudieran “optar por la nacionalidad española sin límite de edad”. El Gobierno de Aznar calculó entonces que alrededor de 700.000 personas podían beneficiarse de la norma a partir de su entrada en vigor, el 9 de enero de 2003.

– La ahora portavoz Ester Muñoz hizo también una elocuente defensa del asunto cuando era senadora en 2023: “Este grupo parlamentario (PP) considera que es de justicia que todos los nietos de aquellos ciudadanos españoles que tuvieron o quisieron salir de España al exilio puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes. Tuvieron que pasar en su día por el trago amargo e injusto del exilio, ya es hora de que recuperen lo que nunca debieron haber perdido, la nacionalidad española”.

Nadie deslizó entonces la posibilidad de un pucherazo electoral porque se entendía que se trataba de una medida reparadora con las personas de nacionalidad española que sufrieron el exilio durante la dictadura y de justicia histórica hacia quienes tuvieron que abandonar España huyendo de la persecución y de la miseria. Y tampoco cuando en 2015, el PP sacó adelante la Ley que otorgaba la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España –descendientes de judíos expulsados en 1492 por los Reyes Católicos– y se justificó como “un proceso de concordia”. De hecho el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, se refirió a ella como “una auténtica reparación histórica quinientos años después”. Aquí va una pregunta para Feijóo: ¿Por qué los sefardíes expulsados sí merecen reparación y los exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, no? 

Las solicitudes para la concesión de la nacionalidad a los sefardíes se tramitaron de forma electrónica a través de la Dirección General de los Registros y Notariado, con un plazo de tres años, que se prorrogó durante uno más. Según datos del Ministerio de Justicia a 31 de marzo de 2026, de un total de 153.774 solicitudes recibidas en el Consejo General del Notariado, 89.078 reunían las condiciones para tramitarse, y actualmente se ha concedido la nacionalidad a 73.017 personas, principalmente de México, Colombia y Venezuela.