En la política del insulto, el bramido y las formas chuscas, Juanma Moreno Bonilla (Barcelona, 1970) es de los pocos dirigentes del PP que no se ha dejado arrastrar por las dinámicas dominantes de la conversación pública: “Puedo tener discrepancias absolutas con el señor Sánchez y las tengo, pero no se me pasa por la cabeza, como hizo el otro día el señor Abascal, proferir una descalificación personal de esa naturaleza. Con eso se envilece la política, se descalifica y se deteriora la credibilidad. No quiero participar en ese juego”.

Al barón popular le persiguen la crisis por los cribados de cáncer y las críticas al funcionamiento de la sanidad pública, aunque él no la ve como su talón de Aquiles. “Decir que están en riesgo los servicios públicos en Andalucía es tan falso que hiere la inteligencia del andaluz”, responde.

Bajo ese lustre de líder moderado, dialogante y de formas exquisitas, sus adversarios ven solo una versión blanca de Isabel Díaz Ayuso, con la que no hay que rascar mucho para comprobar que comparte poco, aunque trate de maquillar la distancia entre ambos con las distintas realidades sociológicas de Madrid y Andalucía. El presidente de la Junta no es Ayuso y tampoco Feijóo. En esta tierra, antaño hegemónica del socialismo, las encuestas confirman que volverá a ganar las elecciones el próximo domingo 17. Lo que está en duda es si lo hará o no con mayoría absoluta, como hace cuatro años; si necesitaría a Vox para formar gobierno y si volvería a suscribir o no el acuerdo que firmó con la ultraderecha en 2019. Por lo demás, en el universo popular le señalan como posible relevo al actual líder del PP. Algo que dice ni se plantea: “No se me pasa ni por la cabeza”. Veremos...

Teníamos dudas sobre si hacerle preguntas o traerle una guitarra para que nos deleite con su faceta de intérprete. ¿Cómo es eso de que el candidato grabe con su voz la canción que suena en sus mítines?

Bueno, todavía no está oficialmente... Yo lo único que quiero decir es que a mí me gusta mucho la música de siempre. Tuve una experiencia musical cuando era muy joven, con 16, 17, 18 años, y, por tanto, me gusta mucho. Tengo muchos amigos que tienen grupos y estoy muy vinculado a todo ello. Hacer una sintonía personalizada siempre suena mucho mejor.

Ironías aparte, le agradecemos que reciba a elDiario.es. ¿Sabe que en su partido no son partidarios de responder preguntas de medios que no son de su mismo espectro ideológico? ¿Cree que el Partido Popular puede crecer sin dirigirse a quienes no están en su misma órbita?

Yo desde luego no soy el que toma esas decisiones. Respeto las decisiones que cada uno adopte en el ámbito de sus responsabilidades y que considere más oportunas. Pero hay medios y medios. Todos respetables, pero algunos tienen un nivel de hostilidad hacia el Partido Popular prácticamente enfermizo. Yo mismo he tenido algunas experiencias donde no he visto un punto de objetividad sobre cosas hechas razonablemente bien. No todo lo hacemos mal. Y, al final, eso lo hace también el Gobierno con otros medios. Los candidatos y los partidos tienen el derecho a seleccionar qué vía les interesa desde el punto de vista informativo y si consideran que la vía o el canal de información es más efectivo uno que otro, opta por uno.

Este es un canal muy efectivo para dirigirse a los andaluces y aquí estamos dos periodistas sin hostilidad que solo queremos preguntar. ¿Qué comparte, más allá de las siglas, con Alberto Núñez Feijóo?

Comparto amistad, que es lo más importante. Lo conozco desde hace más de una década. Vino aquí a apoyarme cuando yo era presidente del PP de Andalucía y en una circunstancia para mí muy complicada. Ha venido en numerosas ocasiones a presentarme. Es una persona muy comprometida, es amigo de sus amigos y es una persona a la que yo le tengo mucho afecto. Después, comparto con él la ambición de un país mejor, esa la compartimos. Creo, además, que él está en condiciones de hacer un país mejor porque es muy buen gestor y lo ha demostrado en sus distintas etapas. Es verdad que mucha gente dice que Alberto es más gestor que político. En la gestión es donde él puede llegar a desarrollar, por así decir, la plenitud de su experiencia. Y estoy convencido, no me voy a equivocar, de que cuando sea presidente del Gobierno de España será mucho más valorada su gestión porque va a tomar decisiones y será más responsable. España lo que necesita es gestión. Menos ruido, menos voces y más gestión.

Con Isabel Díaz Ayuso no comparte la misma amistad, supongo.

Bueno, con Isabel comparto también... La conozco desde muy jóvenes. Con ella coincido en muchas cosas. De joven me lo pasé muy bien con ella. He salido de cervezas por Madrid con ella. Es una mujer que se ha hecho a sí misma y eso tiene también su mérito en el sentido de que ha ido trabajando desde las bases, se ha ido abriendo un espacio, ha canalizado en gran medida el interés y la sintonía de los madrileños. Por eso tiene una mayoría social que la respalda. Tiene un valor.

La candidata del PSOE nos decía el otro día que usted es una versión blanda de Ayuso y que sus políticas son las mismas.

Eso tendrán que valorarlo los andaluces. Lo que creo es que nosotros militamos en un partido político que es liberal y que, como tal, no se nos pueden pedir políticas intervencionistas porque no nos gusta. Creemos en la empresa y en la libertad del individuo. Eso es así. Ahora bien, hay distintas maneras de interpretarlo. Quizá yo sea un liberal con más compromiso social o que la sociedad en la que yo vivo, que es la andaluza, tiene unas necesidades distintas a la madrileña. Madrid y Andalucía son distintas. Madrid tiene más renta. Madrid en una sola provincia concentra muchos recursos económicos, mucho poder político. Andalucía no es así, es heterogénea. Son dos realidades sociológicas distintas y, por tanto, dos maneras de gestionar esa realidad sociológica de modo distinto.

Y, además, usted no insulta, no descalifica y no busca el cuerpo a cuerpo. Quizá no tiene solo que ver con las necesidades sociológicas y sí con dos maneras de entender la política.

Es que yo creo que la confrontación, el insulto, y sobre todo la descalificación personal, no es positiva ni para el que la emite ni para la sociedad. A la sociedad no le ayudan a ese tipo de mensajes. No me gusta que se insulte. Puedo tener discrepancias absolutas con el señor Sánchez, y las tengo, pero no se me pasa por la cabeza, como hizo el otro día el señor Abascal, proferir una descalificación personal de esa naturaleza. Con eso se envilece la política, se descalifica y se deteriora la credibilidad. No quiero participar en ese juego.

¿Y cómo cree que hemos llegado aquí, a la permanente deshumanización del adversario político?

Bueno, se ha llegado por muchas razones. Porque la política, en términos generales, ha cambiado. Si vemos lo que sucede en países de Europa, vemos que ocurre algo muy parecido a lo de España, incluso en Estados Unidos. ¿Por qué? Por muchas razones, pero el ser humano es cada vez más individualista. Las redes sociales ejercen un poder y una influencia que a veces puede ser positiva, pero a veces es tremendamente negativa. Después del covid y de distintas crisis económicas, ha habido un aislamiento social, desafección, desencanto. La emergencia de los populismos.

Todo ese cóctel en el que está viviendo Occidente hace que estemos en uno de los momentos de mayor riesgo para las democracias liberales como las hemos conocido nosotros. A mí me sorprendió mucho lo que pasó en Corea del Sur, que es un país que tiene algunos años más de democracia que nosotros y que tuvo un intento de golpe de Estado. ¡Ojo! Porque esto que vemos tan natural de poder decir cada uno lo que queramos, de pensar lo que queramos, de vestir lo que queramos, de movernos con libertad, algunos lo cuestionan. Por eso tenemos que movernos [en la política] desde el respeto porque en el momento que perdamos eso, los populismos se hacen grandes.

¿Cómo calificaría las imágenes que hemos visto de la esposa del presidente del Gobierno siendo hostigada por Vito Quiles?

No me gusta ningún tipo de hostigamiento. Y también he visto hostigamiento de todo tipo aquí por parte de sectores de izquierda, por parte de agitadores de izquierda. A mí me han llamado asesino y cosas muy feas. Y por eso digo que ambas situaciones me parecen que no son para nada gratificantes, que no ayudan y que hay que sacar de la vida pública ese tipo de comportamientos. Al final, lo que tenemos que hacer es que cada uno pueda pedir la palabra y que los periodistas tengan derecho a presionar en el sentido de repreguntar. Y si la otra persona no quiere hablar o no quiere comunicar, hay que respetarla.

Podemos entrar en un largo debate sobre lo que es periodismo y lo que no lo es, pero no tenemos tiempo. Le diré que en mi opinión eso no es periodismo.

Se podría entrar, sí.

¿La sanidad pública es su talón de Aquiles?

No lo veo como mi talón de Aquiles. La sanidad pública puede ser mi gran oportunidad y ha sido mi gran oportunidad. Nosotros hemos hecho 100 infraestructuras sanitarias nuevas, introducido 30.000 profesionales sanitarios, estabilizado las plantillas en un 96%... Cuando llego a un centro de salud o a un hospital, después de mi experiencia de estos cuatro años, los profesionales sanitarios son supercordiales conmigo, supereducados y me agradecen el servicio.

Es más, después del debate de esta semana paré a tomar un café de camino a Málaga y había tres profesionales sanitarios que vinieron a saludarme y me dijeron: “Mira, presidente, hay cosas que mejorar, pero ni mucho menos estamos como estábamos en el pasado”. Ellos saben lo que estamos haciendo y una parte de la población también lo sabe. Y luego, si uno quiere hacer una campaña basada en la mentira, pues allá cada uno. Quizá el resultado que pueda obtener de ello sea doloroso porque la gente no es tonta. Decir que la sanidad es privada o que están en riesgo los servicios públicos en Andalucía es tan falso que hiere la inteligencia del andaluz. La señora Montero está asumiendo un riesgo muy elevado con esa estrategia de mentira, ya que puede taladrar el suelo del PSOE y eso, sin duda, le va a doler bastante a ella y a su partido.

Profesionales del hospital Virgen del Rocío decían que el principal problema en lo que respecta a los cribados del cáncer de mama fue la falta de recursos humanos. ¿Está usted de acuerdo?

No sé si los administrativos que tenían que trasladar la información fallaron. Es verdad que hemos tenido en algunas unidades administrativas falta de personal. Ahora mismo tenemos oposiciones pendientes, pero el problema fue de información, básicamente. Aquellas mujeres que tenían un diagnóstico, digamos, no claro o no concluyente tuvieron una falta de información. Y eso se detectó. Hacemos un millón de cribados en Andalucía y se producen errores, claro. Ahora, con el anterior gobierno y en el futuro, porque desgraciada y lamentablemente, a pesar de que ponemos todas las medidas, se producen errores. Nosotros lo que hicimos, en primer lugar, fue asumir el error, la responsabilidad política —que en España nadie lo hace y aquí fue renovada la cúpula entera del SAS— y atender a todas esas mujeres hasta el 30 de septiembre. Después, hemos hecho un plan de contratación de 500 profesionales con el que el sistema ha salido reforzado. Un problema y un drama lo hemos convertido en una oportunidad para evitar en un futuro que pueda ocurrir de nuevo el error.

¿Y por qué pese a todas las nuevas contrataciones, no estas a las que se ha referido ahora, Andalucía sigue liderando las listas de espera sanitarias?

No las lideramos nosotros, sino Aragón. Nosotros somos los cuartos, a pesar de una huelga que tenemos semanal del Sindicato Médico, y que cada día nos paraliza 50.000 actos médicos, entre ellos diagnósticos oncológicos. Llevamos casi un millón de actos médicos suspendidos. ¿De quién depende eso? De la ministra de Sanidad, que no se sienta con el Sindicato Médico y hay huelgas en toda España. El problema de la sanidad es un problema conjunto del país y por eso defendí un pacto de Estado, porque este problema que tenemos en Andalucía lo tienen todas las comunidades autónomas. La población ha envejecido muchísimo, la cartera de servicios se ha ampliado y nuestro sistema no está preparado.

¿Va usted a reformar el Servicio Andaluz de Salud? Dijo que era meterse “en líos”. ¿Está ahora en su horizonte?

Sí, lo voy a hacer porque yo siempre he pensado que metiendo más profesionales y más recursos iba a solucionar los problemas. Sin embargo, hemos metido 8.000 millones más y no se soluciona. Tenemos el sistema público de salud más grande que hay en España. Cuando yo me hice cargo de la Sanidad, después de la etapa Montero, éramos los últimos en inversión por habitante. Ahora estamos por encima de la media. Hemos hecho una inversión de 30.000 profesionales más. Pensaba que con eso se solucionaba, pero cuál ha sido mi sorpresa al comprobar que no solamente con dinero funciona. ¿Qué significa? Que el modelo organizativo no es eficiente y no funciona bien. Está diseñado en los años 80, cuando había 15.000 médicos en paro, la cartera de servicios era menor y la población de Andalucía era más joven.

Vamos a hacer una reforma en profundidad del modelo organizativo para digitalizarlo e introducir inteligencia artificial para hacerlo más transparente. Esto de lo que estamos hablando de la información [respecto a los cribados] es porque en el SAS hay compartimentos estancos que ni siquiera el director del hospital sabe la información. Eso no puede ser. Vamos a hacer una reforma con los profesionales, una reforma para hacer un modelo del siglo XXI.

El otro día un amigo me dijo que esto es como la segunda vuelta de Macron-Le Pen. Yo soy la única opción de gobierno. Si la única opción es solo o acompañado, una parte de Andalucía irá al voto útil

Volviendo brevemente a la crisis de los cribados. ¿Sabe finalmente cuántas mujeres se han visto afectadas y si alguna ha fallecido?

Lo que me traslada el SAS es que ninguna mujer ha fallecido. De las 2.317, ninguna mujer fallecida. No se puede establecer causa-efecto. Hay personas diagnosticadas y personas que evolucionan de una manera y otras personas que evolucionan de otra que es distinta. No hay una causa-efecto. Y no ha fallecido ninguna.

¿Dijo usted que fue un 1%, en torno a 23 mujeres las afectadas?

Eso es lo que dice la estadística. Todas esas mujeres fueron monitorizadas y fueron atendidas, y se les hizo la nueva prueba a todas ellas, tal como nos comprometimos.

Seguro que le han hecho esta pregunta mil veces, pero ya sabe lo pesados que somos los periodistas y los andaluces querrán una respuesta. Si no suma mayoría absoluta el domingo 17, ¿está dispuesto a meter a Vox en su gobierno?

Ahora no me lo planteo. ¿Por qué? Porque no me lo planteé tampoco en 2022. Creo que las cosas cuando uno las piensa, se consiguen y cuando uno piensa lo negativo, también le pesa. No quiero plantearme ese escenario. No me lo planteé en el año 22, cuando nadie creía que podíamos tener una mayoría y la tuvimos. Y no me lo voy a plantear ahora cuando estoy cerca de esa mayoría. Estoy convencido de que los andaluces van a dar una mayoría suficiente. Conozco mucha gente de centro-izquierda, porque tengo una rama de mi familia y muchos amigos que son de izquierdas, y sé positivamente que van a utilizar el voto útil. El otro día un amigo me dijo que esto es como la segunda vuelta de Macron-Le Pen. Me dijo: “Mira, yo no apoyaría a Macron, los franceses no apoyarían a Macron, pero antes que a Le Pen, apoyaron a Macron”. Pues aquí es igual. Yo soy la única opción de gobierno. Montero no tiene ninguna posibilidad y ninguna alternativa de gobierno en la que sume. Por tanto, si la única opción es solo o acompañado, una parte de Andalucía, que es bastante inteligente sea de centro-izquierda o de centro-derecha, irá al voto útil.

¿El PP está intentando rebajar la expectativa para que los suyos no se confíen?

No, somos realistas. Vamos a ganar estas elecciones, tal como dicen las propias encuestas y tal como yo lo veo en la calle. Y si seguimos en esta tendencia de aquí al 17 de mayo, lo normal es que ganemos en las ocho provincias andaluzas. Podemos sacarle al segundo partido un porcentaje muy importante. Pero el problema es que te falte uno. Si nosotros fuéramos Murcia, Madrid o Cantabria, las posibilidades serían de un 90%. Pero, al tener ocho provincias con ocho restos, con una ley tan caprichosa y donde se presentan 20 formaciones políticas aunque no saquen representación, van restando. Entonces ahora mismo tenemos cuatro diputados que están en el aire. Cuatro, incluso podría haber un quinto.

Si la izquierda no quiere que Vox tenga posibilidad de gobierno, lo razonable sería que si me quedo a un margen escaso, se abstuvieran. Pero mucho me temo que no sucederá

¿Qué dice la lógica? Que lo normal no es que los cinco se vengan con nosotros, ni que los cinco se vayan hacia el otro lado. Lo normal es que se repartan. ¿Entonces, hasta dónde va a llegar ese reparto? Ahí es donde está la duda. Nos podemos quedar en 54-53. Si sacara 52 diputados sería un pedazo de resultado. Si hace siete años y medio, me dicen: “usted firmaría por una reelección en 2026 con 52 diputados por encima del 40% de los votos y ganando en las ocho provincias”. Hubiera firmado sin dudarlo. Lo que pasa es que ahora vamos a por la matrícula de honor. Pero si somos realistas, por la experiencia sabemos que podemos ir a un resultado por encima de la absoluta o por debajo.

¿Pedirá la abstención de los partidos de izquierda si se queda a 2-3 escaños de esa mayoría absoluta o pactaría con Vox, como ya hizo en 2019?

Bueno, yo voy a intentarlo. Y, desde luego, si la izquierda no quiere que Vox tenga posibilidad de gobierno lo razonable sería que, si me quedo a un margen tan escaso, se abstuvieran. Eso sería lo lógico y lo razonable. Pero mucho me temo que no sucederá.

¿Y si suma mayoría absoluta está preparado para ir a Madrid y saltar a la arena nacional en el horizonte medio?

No, para nada. No es que no esté preparado, es que no se me pasa ni por la cabeza. Yo he estado 18 años viviendo en Madrid, he participado en la dirección nacional en distintas etapas de mi partido y mis hijos mayores han estado mucho tiempo allí. Yo volví a mis raíces. He vuelto a una tierra en la que me siento feliz, donde estoy con los míos y que me provoca muchos sentimientos aspiracionales. Estoy muy motivado con el cambio de Andalucía y estoy plenamente ilusionado. No volvería a Madrid.

Si Alberto Núñez Feijóo no cuaja en el 2027, ¿qué recambio tiene el Partido Popular?

Lo tendrán que decidir los militantes del Partido Popular. Pero eso no a pasar porque Alberto no va a pinchar.

¿La prioridad nacional traspasa los límites constitucionales?

La prioridad nacional es un eslogan efectista en términos electorales. Pero es una frase hueca porque las leyes orgánicas están por encima de cualquier otra cosa. Los Estatutos de Autonomía, la Constitución y la Ley de Extranjería marcan lo que son los principios rectores de cualquier acción de gobierno. Lo que pasa es que ellos necesitan literatura para su electorado, y es razonable. [Vox] está haciendo un ejercicio exclusivamente de fuegos artificiales. Primero, porque en la comunidad autónoma no tenemos competencia migratoria. Y segundo, porque es ridículo. ¿Acaso se va a dejar de atender a un extranjero en nuestro servicio público de salud? Eso no es que sea ilegal, es que incluso es amoral.

Ha dicho en una entrevista reciente que al PP no le va a pesar, en cuanto a votos, el tema de la corrupción y que desde que es presidente “no ha habido casos de corrupción en Andalucía”. ¿Qué es entonces lo del expresidente de la Diputación de Almería que va a declarar en el juzgado en los próximos días?

Si los jueces lo estiman así, será corrupción. Pero no es mi administración.

Pero sí un exdirigente de su partido.

Un partido que es el PP más grande de España y donde hay ocho provincias. Cuando se tiene tanto poder, pueden ocurrir casos de corrupción, evidentemente. Vamos a ver si realmente es así, pero cuando se verifique. Lo que nosotros hemos hecho ha sido de libro, no como otros que tardaron 16 meses en expulsar al señor Ábalos, que volvió a repetir como diputado en el Congreso. Nosotros hemos suspendido de militancia, hemos forzado la dimisión y hemos metido mucha presión, desde la imputación, para que en una semana hubiera un cambio en la Diputación y en uno de los ayuntamientos en el que estaba implicado. Renovamos todo. Y a partir de ahí ellos ya tienen su legítimo derecho a defenderse.

Ya que habla de Ábalos, en su alegato final ante el Supremo, Koldo García dijo que el abogado del PP le propuso defenderse mintiendo para evitar la cárcel.

¡Viniendo de Koldo! Puede contar... Ha cambiado de criterio, ha mentido, ha dicho que miente la Guardia Civil, que miente el juez, el fiscal... Está en una situación de desesperación absoluta frente a una previsible condena y, por tanto, se agarra a lo que sea.

Imagino que igual que Aldama. Ambos tienen la misma credibilidad.

Según los investigadores, no se les otorga la misma credibilidad. De hecho, por eso mismo se ha protegido a Aldama, porque ha sido el que más información ha dado y más ha colaborado con la Justicia. Por eso puede que tenga incluso menos condena que el resto. No tengo ninguna información, pero por lo que he leído, el señor Aldama parece que ha facilitado más información o información más verosímil. Dicho de otra manera, Koldo dice que es inocente, Ábalos dice que inocente, pero el señor Aldama dice que es culpable, que es corruptor. Entonces, cuando alguien asume su responsabilidad y empieza a colaborar con la justicia, está en otro estadio.

Cambiando de tercio, ¿cómo puede un presidente autonómico renunciar a 5.700 millones de euros más para su territorio con el argumento de que el nuevo modelo de financiación ha sido acordado con Esquerra Republicana?

Porque es mentira. La diferencia que tenemos con Cataluña aumenta todavía más. Esto es muy sencillo: cuando un modelo de financiación solo lo aprueba la comunidad beneficiaria, ni siquiera Castilla-La Mancha y Asturias que las gobierna el PSOE, es que el sistema no es equilibrado ni ponderado. Cuando la propia ministra introduce elementos de ordinalidad y después da pasos atrás, lo que está es en contra de unos principios fundamentales que hemos defendido en el Parlamento de Andalucía una mayoría de los andaluces. Las encuestas que han aparecido no se creen ni mucho menos ese modelo.

No conozco a ningún español o andaluz que crea que el señor Junqueras está impulsando un proyecto de financiación que beneficia a Andalucía. Siempre sale perdiendo. Lo vemos en las inversiones, en las infraestructuras, en todo. ¡Ya quisiera yo tener los Rodalies que conectan las cuatro provincias catalanas! Nosotros tenemos un millón más de habitantes, el doble de territorio y solo tres ciudades con Cercanías. Es más, no se ha hecho un centímetro de Cercanías en Andalucía. Por eso creo que le va a ir mal al PSOE en estas elecciones. Y lo digo así porque tratan a los andaluces como tontos. La gente sabe perfectamente que para que Sánchez se mantenga en el poder tiene que pactar. E, igual que cuando pacta el PP con Vox, tiene que ceder, pero en este caso que pacta con independentistas separatistas, tiene que privilegiar a su territorio.

El PP pacta con la ultraderecha y también cede. ¿Qué gana?

Es el único pacto posible. Es que no hay otra opción. Me refiero a que cuando los ciudadanos deciden que hay una mayoría, no hay alternativa posible. No hay gobierno alternativo porque con el PSOE no hay posibilidades de entenderse. Desgraciadamente, no estamos en la sociología alemana de la que estamos lejos todavía, pero algún día pudiera ocurrir. Ahora mismo no estamos en ese episodio. Entonces solo hay una opción y esa es la dinámica de los pactos. Ahora, quien decide son los ciudadanos. Por eso yo he dicho en la tribuna que el veredicto es de ellos. Todos los días explico a los ciudadanos los problemas que nos generaría un acuerdo con Vox, que no deseo en absoluto. Ahora son ellos los que tienen que valorarlo y decidirlo en las urnas.

¿De qué se siente más orgulloso, desde el punto de vista social, en estos cuatro últimos años al frente de la Junta?

En dependencia hemos hecho un importante trabajo. Hemos llegado a tener listas de espera en dependencia de 1.200 días en la etapa socialista y ahora estamos en 400, que es mucho. Exactamente, en 380. Es un esfuerzo brutal. Hemos tenido casi 300.000 más beneficiados de los que había antes. Se ha hecho un trabajo muy fino y duplicado el presupuesto. Hemos metido mucho más recursos humanos y, sobre todo, hemos dedicado mucha atención a las enfermedades raras.

Respecto a la vivienda, la Junta pone el límite de ingresos familiares para acceder a casas protegidas en los 59.000 euros. ¿Cree que esa es la realidad de las familias en Andalucía, con una media de ingresos de 30.000 euros?

Nosotros hemos hecho casi cuatro veces más viviendas de la que hizo la administración socialista, alrededor de 15.000 viviendas de protección. Somos la tercera comunidad en vivienda de protección oficial en España y ahora vamos a dar solución a 60.000 familias. Pero sí, vamos a modificar algunos de esos criterios, también en el ámbito fiscal porque las ayudas eran solamente para pisos en torno de los 150.000 euros, que son precios que ya no existen. Vamos a modificar tanto por arriba como por abajo para adaptarlo un poco a la realidad del mercado. Quizá necesite ajustes, pero se ha hecho mucho en esta materia. Pero al único sitio donde ha venido Pedro Sánchez a inaugurar viviendas ha sido a Andalucía porque es la comunidad que hace más casas de protección. Este problema en todo caso no se va a solucionar con ideología, ni de un lado ni de otro, sino con pragmatismo.

El precio de todos los ingredientes que tiene una vivienda es carísimo como consecuencia de la guerra de Irán, Ucrania... Tenemos un déficit de suelo de ordenación y de desarrollo urbano. Tenemos un país que no está superpoblado, con unas leyes hipergarantistas, con una burocracia horrible por una falta de suelo que no se puede utilizar. Nosotros en Andalucía estamos sembrando para que en muy poco tiempo multipliquemos por cinco el número de viviendas y yo creo que esa va a ser la solución: casar oferta y demanda. Y vuelvo a insistir lo del alquiler: en Madrid hay grandes tenedores, en Barcelona también los hay, pero aquí en Andalucía la mayoría que pone en alquiler una segunda vivienda son familias que han ido ahorrando y muchos de ellos no la alquilan por miedo a que se le ocupen, y eso hay que arreglarlo. ¿Y por qué tengo que echar un año y medio después, con lo lenta que es la justicia? ¿Es justo eso? ¿Y es motivante para que haya más pisos en alquiler? Evidentemente no. Eso falla y son cosas que hay que solventar, porque el problema va a seguir creciendo.

Aquí puedes ver la entrevista íntegra:

La tostada siempre cae al suelo del lado de la mantequilla. La información más importante de cualquier mapa está en el doblez o en el borde. Los pares de calcetines siempre van de dos en dos antes de entrar a la lavadora y de uno en uno al salir de ella. La otra cola siempre es más rápida. Llevar un paraguas cuando hay previsión de lluvia hace menos probable que llueva. No importa cuántas veces se demuestre una mentira, siempre quedará un porcentaje de personas que creerá que es verdad. Las cosas que buscas siempre están en el último sitio en el que miraste. Y si algo puede salir mal, saldrá mal. Son las ocho leyes de Murphy, que tienen algo más de fundamento de lo que puede parecer. A veces incluso cuentan con investigaciones y pruebas que las respaldan. 

Bien sabe Pedro Sánchez que todo, en la vida y en política, es susceptible de empeorar. En su caso, desde luego. Es el presidente que más desgracias ha tenido que afrontar desde que habita en La Moncloa: una pandemia, una nevada histórica, la erupción de un volcán, dos guerras, una dana, un apagón, la entrada en prisión de dos secretarios de Organización del PSOE, la imputación de su esposa, la de su hermano… Y una implacable ofensiva judicial y mediática como no se recordaba desde los tiempos de Felipe González y el llamado “sindicato del crimen” que rozó la estabilidad del propio Estado, según la confesión años más tarde de Luis María Anson.

¿Algo más? Un crucero afectado por un brote de hantavirus. Cuando esta semana acababa el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo y el PSOE se debatía entre el alivio por las declaraciones de Ábalos y Koldo y la indignación por las acusaciones sin pruebas del empresario corrupto Víctor de Aldama, de repente estalla una nueva crisis sanitaria. Y, aunque ya está decidido que ninguna persona baje del crucero MV Hondius cuando llegue este domingo a Canarias hasta que no haya un avión medicalizado preparado para recogerlos para que no tengan contacto alguno con la población local, el recuerdo reciente de las muertes por coronavirus ha desatado cierta alarma entre una parte de la población después de saber que en el barco han fallecido tres personas por hantavirus y otras cinco han presentado síntomas. 

La oposición, de nuevo, a la carga. Y horas y horas de televisión, con el último minuto. Ni un día de respiro. Las embestidas contra el Gobierno por la falta de transparencia y las dudas sobre la profesionalidad de los técnicos que han tomado las decisiones no se han hecho esperar. Un déjà vu de lo ya vivido durante la pandemia al que ha contribuido, dicho sea de paso, la confusión entre los mensajes emitidos por los ministerios de Defensa y Sanidad con versiones contradictorias sobre la obligatoriedad de hacer cuarentena a los españoles que desembarquen en Granadilla.

A Feijóo no le basta con que desde el Gobierno se llame a la tranquilidad entre tanta confusión y exige decisiones basadas con criterios científicos. De hecho, ya ha pedido documentación que avale las decisiones tomadas sobre el hantavirus y los expertos contactados por el Ejecutivo. El PP ya habla, sin tener información y sin escuchar a la OMS, de “caos absoluto” y critica la falta de contactos con Feijóo, como líder de la oposición, y con los gobiernos autonómicos afectados. Esto último, algo incierto, ya que Sánchez dio instrucciones a sus ministros la mañana del miércoles para que hablaran con cada uno de ellos. Aun así, el canario Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha acusado al Gobierno de trasladar a Tenerife “un grave problema de salud pública que estaba a más de 1.500 kilómetros de distancia”. En realidad, el crucero —con virus o sin él— hubiera acabado su travesía en Canarias porque era su itinerario.

“Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay una crisis, mucho más con lo que hemos vivido en el COVID, cuando necesitamos certezas y cuando lamentablemente el gobierno no las ofrece”, afirmó Feijóo en un mitin poco después de que el Gabinete de crisis del Gobierno se hubiera reunido por primera vez y coordinado las primeras decisiones. Los ministerios de Sanidad, Exteriores, Interior, Transportes y Política Territorial integran está célula que preside el propio Sánchez, que en estos días, según fuentes de su entorno más cercano, “vive una nueva catarsis” tras “el hostigamiento judicial” a Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado acaba de rechazar esta semana el archivo de la investigación contra la esposa del presidente y ha insistido en enviarla a un juicio por jurado popular, tras su procesamiento por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

“Vamos a esperar a lo que digan la OMS y la UE”, recomendó Sánchez a su equipo ante las primeras noticias sobre el virus que viajaba en el barco. Quienes asistieron a las primeras conversaciones sobre el asunto con el presidente aseguran que recibió con “absoluta tranquilidad el asunto, dada la experiencia que acumula en la gestión de sucesivas crisis”, y pese a la seguridad de que la oposición convertiría de nuevo un problema sanitario en político.

“El manual anticrisis lo tenemos más que ensayado y, por experiencia, sabemos que esta vez tampoco podemos contar con la colaboración del PP. Nunca la hemos tenido”, se escucha en las dependencias “monclovitas”. Lo cierto es que las demandas de Feijóo para afrontar esta crisis que enumeró en medio de un mitin electoral “están más que satisfechas por el Gobierno, y aun así sigue enredando”, añaden los mismos interlocutores.

Feijóo emplazaba al Gobierno a transmitir tranquilidad, a guiarse por las decisiones de la ciencia, a tener lealtad institucional y no generar alarma. Lo único que ha satisfecho Sánchez es, como le pedía el líder de la oposición, apartar de las candidaturas a las elecciones autonómicas a sus ministros. Pero eso es algo sobre lo que la oposición tiene escaso margen de maniobra y el secretario general del PSOE, manga ancha.

En La Moncloa llevan días siguiendo las instrucciones de la OMS y haciendo pedagogía para explicar que “no estamos ante un covid porque este virus es altamente controlable”, pero las críticas del presidente canario, Fernando Clavijo, por la llegada del barco a las islas, las dudas del PP sobre la eficacia del Gobierno y las teorías de la conspiración alentadas por Vox han subido aún más los decibelios de la atronadora conversación pública. Pero entre el ruido y la astracanada, el Ejecutivo ha celebrado siete reuniones en un mismo día, mantenido contacto por videollamada con el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, con la Comisión Europea y conversado telefónicamente con los presidentes regionales que tienen ciudadanos de sus territorios en el barco. Y apagó también, dicho sea de paso, un incendio provocado por la disparidad de mensajes emitidos desde Sanidad y Defensa por el confinamiento de los españoles que iban dentro del barco. El “bombero” Bolaños otra vez tuvo que sofocar las llamas con los informes jurídicos pertinentes y tres leyes, una de ellas procesal, sobre la mesa para aclarar el entuerto. 

Prueba de que todo está controlado, dicen, es que de momento no ha hecho falta convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Por crisis ya gestionadas, no será.

“De París fuimos a Roma, al Vaticano…” Donde pone Vaticano, pongan México. “¡Vaya negocio que se han montado, y empezaron con un pesebre! Precioso el Vaticano. El Papa estaba en el sillón papal, al fondo de un pasillo muy ancho, con el suelo de mármol, brillante (...) De ahí nos llevaron al circo romano, que era un circo donde los leones se comían a los cristianos, pero ni vimos leones ni cristianos. Luego nos llevaron a un pueblo precioso, que las calles son de agua y venden los terrenos por litros cuadrados, y que van todos en canoas, como en el estanque del Retiro pero en fino. Todo lleno de puentes, el puente de los bostezos o de los ronquidos, o de los suspiros, no me acuerdo bien.

Y después a Grecia. A mí, Grecia, ¿qué quieren que les diga, es un país que, bueno, que sí, que está, pero ¿cómo está? Todo roto, todo tirado por el suelo, viejo, del año del pedo. Todas las estatuas rotas, a una le falta la cabeza, a otra un brazo, a otra una pierna, decía yo: «¡Coño! Que hagan una con todas»

Así hablaba Miguel Gila en su monólogo Los viajes y sus inconvenientes, pero si alguien dijera que el disparatado soliloquio pertenece a Isabel Díaz Ayuso y lo que sabe de México y de la conquista, lo creería a pies juntillas. Después de decir en aquellos lares que el metro de Madrid está lleno de malinches, uno espera cualquier cosa, menos que en Telemadrid le saquen los colores. Eso nunca. Ellos son más del “reina, reina, guapa, guapa”, aunque sume despropósitos en cada salida. 

Que viajar derriba prejuicios, abre la mente, es un gran antídoto contra la ignorancia y rejuvenece el cerebro no se ha demostrado en su caso, aunque viaje a costa del erario público. Repasemos: Bruselas, Arabia Saudí , Milán, París, Bruselas, Marsella, Lisboa, el Véneto italiano, varias veces a Nueva York, Washington, Jerusalén, Roma, Varsovia, Bucarest, Múnich, Fráncfort, Seúl, Austin (Texas), Londres, Perú, Ecuador… Ni en cuatro vueltas al mundo que diera lograría ser la lideresa más ilustrada del planeta.

Desde que habita en el Km 0 ha viajado en 30 ocasiones fuera de España, pese a carecer de atribución alguna en política exterior, derribar en cada salida lazos culturales, políticos o diplomáticos y dejar en evidencia a los madrileños cada vez que intenta proyectarse como referente internacional de algo.

En esta ocasión iniciaba un viaje a México con una misa en la Basílica de Guadalupe en la que iba a pedir por la relación del país con España y la Archidiócesis mexicana canceló la visita porque “no se reunían todos los permisos necesarios”. Luego, se reunió con el creador musical español Nacho Cano. Después, se inventó una inversión fake para la región y por último, cosechó una lluvia de críticas de ciudadanos anónimos, políticos progresistas y hasta de la presidenta Claudia Sheinbaum por sembrar discordia entre los países

Nada como salir de su zona de confort para que la pareja de Alberto Quirón compruebe que más allá de la burbuja madrileña de la M 30 no hay quien le rinda pleitesía, oculte sus debilidades o calle sus tropelías. Y lo peor no es lo que haga o diga dentro o fuera de España, sino que representa a más de 7 millones de habitantes y a un partido, cuyo líder, lejos de pararle los pies, ha decidido subordinarse a sus desmanes. También a su propósito de reavivar una tensión diplomática entre España y México al hilo de la conquista que el Gobierno y hasta Felipe VI se encargaron de rebajar en su momento. Todo por una calculada estrategia de posicionamiento ideológico para situarse a la derecha de todas las derechas globales con un relato identitario idéntico al de Trump en EEUU.

Y encima entre todos pagamos 300.000 euros con nuestros impuestos para que luciera una vitola de invitada de honor en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. Ni Gila hubiera sido capaz de monologar semejante obscenidad de viaje. Todo en ella es un disparate.

Exvicepresidenta primera del Gobierno, exministra de Hacienda, exconsejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, exconsejera de Sanidad, vicesecretaria general del PSOE... María Jesús Montero (Sevilla, 1966) ha sido ya casi todo en política y ahora se propone disputar el trono de San Telmo a Juanma Moreno. No lo tiene fácil. Todas las encuestas sitúan al PP al borde de la misma mayoría absoluta que ostenta desde hace cuatro años en un territorio que, durante más de 30, fue hegemónico del socialismo. Aun así sale dispuesta a todo y, tras el primer debate electoral, con fuerza renovada y convencida de que quedó de manifiesto que su adversario es “el rey desnudo y que ha perdido la conexión de tierra”.

Recibe a elDiario.es en el mismo hotel junto al parque temático Isla Mágica que albergó el XXXVIII Congreso Federal del PSOE en 2012, uno de los más cruentos de cuantos ha librado el socialismo español y enfrentó a los ya fallecidos Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón. Allí empezaron muchos de los males que hoy padece un partido centenario tan dado a la depresión como a la euforia que trata ahora de reconquistar lo perdido en esta tierra en la que el PP pudo gobernar por primera vez en 2019 con el peor resultado de su historia y donde se cerró el primer acuerdo de los populares con la ultraderecha de Vox.

¿Satisfecha con el resultado del debate electoral? ¿Cree que puede cambiar el curso de la campaña?

Por supuesto. Los debates electorales, como el resto de actos, están pensados para que los ciudadanos y ciudadanas tengamos criterios suficientes que nos permitan tomar la decisión de nuestro voto. Y esto significa que el lunes, en el debate electoral, pudieron observar por sí mismas algo de lo que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo: que el señor Moreno Bonilla es una persona que vive de la imagen y el marketing. Y, luego, sus propuestas y su gestión de gobierno suman cero.

¿Moreno es Feijóo? ¿Es Ayuso? ¿Es Vox?

Es una versión blanda de Ayuso. Lo que él hace en relación con los servicios públicos no se diferencia de lo que hace la señora Ayuso. Lo que ocurre es que lo hace de una forma más blanda y, por tanto, intentando que su sonrisa tape toda la estrategia de privatización y desmantelamiento del sistema público, que sigue la misma hoja de ruta que en el resto de comunidades del Partido Popular. Preocupante.

La sanidad pública es el talón de Aquiles del presidente de la Junta, pero el suyo es la financiación autonómica pactada con ERC. De hecho, en el debate se vieron discrepancias en el bloque de la izquierda a este respecto.

En el debate se puso de manifiesto algo muy importante, y es que el modelo que pusimos encima de la mesa responde a lo que el Parlamento andaluz había pedido. Y quiero decir que en ese consenso estábamos tres partidos. Izquierda Unida, PSOE y PP. Y respecto a la petición de recursos y los principios que inspiran el sistema, está contemplado todo aquello que permite que Andalucía se beneficie de un modelo de financiación que va a ser fundamental para el rescate de los servicios públicos que hará un Gobierno futuro presidido por mí. Trabajaré por la sanidad, la educación y la dependencia porque el deterioro es importante.

Y tan es así que consejeros de Hacienda del PP de otras comunidades lo que han dicho en las reuniones que hemos mantenido es que el modelo beneficia a Andalucía y a Catalunya. Y además abunda en la igualdad y la solidaridad. Catalunya aporta más a la bolsa común con este modelo que lo que aportaba anteriormente. Pero el PP y sus comunidades han jugado a una estrategia de enfrentamiento de cada territorio con Catalunya.

Es verdad que Andalucía gana en términos absolutos con el nuevo modelo de financiación, pero también que sigue por debajo de la media en financiación por habitante.

Claro, pero es que eso es obvio. Lo importante es ver en el nuevo modelo de financiación cómo se avanza. Es imposible que un modelo de financiación corrija todas las demandas de un territorio porque no se hace para un territorio, se hace para la totalidad. Hay que ver si Andalucía avanza en su posición. Y lo hace, avanza. Nadie puede creer que un presidente de comunidad renuncie a 5.700 millones de euros más solo y exclusivamente porque su aceptación pone de manifiesto que es mentira todo lo que vienen hablando del agravio territorial. No hay cupo catalán ni Catalunya ha salido de las comunidades del régimen común, como algunos habían certificado, incluso pedido que se derogara algo que no había ocurrido.

Y en tercer lugar, tampoco se ha hecho una cesión del 100% del IRPF, que son los tres mantras sobre los que Moreno montó su supuesto agravio con Catalunya. Por cierto, llama la atención que siempre las comunidades del PP se refieran a Catalunya y no a Madrid. Lo digo porque probablemente para el conjunto del territorio el agravio está más en Madrid porque concentra un gran volumen de empresas, de rentas altas y de todo lo que implica esa riqueza. Al final, si comparamos las comunidades entre sí, quien sale mejor parada es Madrid.

Pero el modelo se ha negociado con Catalunya.

Sí, sí. Lo que digo es que llama la atención que sigamos todavía en los supuestos agravios con Catalunya, cuando si hay un motivo para trasladar o trabajar en disminuir agravios es con la Comunidad de Madrid. Madrid se pone a bajar impuestos y obliga al resto a bajarlos, algo que no se pueden permitir otras comunidades. 

Faltan diez días para que los andaluces pasen por las urnas y el PSOE no logra desprenderse de la sombra de la corrupción de Ábalos. ¿Qué le resta a usted más en esta campaña, la corrupción, haber sido ministra de Hacienda o ser una de las personas de más confianza del presidente del Gobierno?

Las dos últimas no solamente no me restan, sino que me dan un valor añadido. La tarea que está haciendo el Gobierno de España es una tarea que, a luces de toda la comunidad internacional, es magnífica. La economía que más crece del conjunto de economías avanzadas del mundo; los datos de afiliación; los del paro; una cifra de desempleo que se remonta al año 2008… Y la gran aportación que ha hecho también Pedro Sánchez a la política española es que se puede crecer, se puede crear empleo y se pueden mejorar las condiciones de los trabajadores sin políticas de recorte o de precarización de las personas que están en peor situación en el mercado laboral. Para algunos la única receta posible era bajar los salarios, tener contrato corto o abaratar el despido. Han sido siempre las respuestas del Partido Popular.

Y, luego, también hemos sabido que el PP está pidiendo rebajas sobre la condena de Aldama para que no vaya a la cárcel. Con lo cual, por supuesto que es un agente. El señor Aldama está haciendo aquello que el PP crea que pueda tener rentabilidad política. Me parece muy bien que sobre lo que existan pruebas haya una condena unánime, pero sobre personas que no se pone ni una sola prueba encima de la mesa no es justo ni ético que se les someta a tal vilipendio con campañas de deshumanización a las que acostumbra el PP.

¿En qué medida el daño causado por la trama Ábalos/Koldo/Aldama puede afectar a esos 600.000 andaluces que votaron al PSOE en las generales de 2023 y se quedaron en casa en autonómicas y que son a las que el PSOE pretende movilizar?

Por supuesto, al electorado del PSOE todo este tipo de conductas que protagonicen, aunque sea de forma aislada, miembros del partido, le impactan porque somos y tenemos un electorado muy exigente. Ahora, creo que la gente es muy consciente de lo que se juega este país. Lo que en este momento está ocurriendo en el mundo con más fuerza que nunca requiere un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Esto es una realidad y, por tanto, habrá que continuar todos los procesos penales y el que lo haya hecho, que lo pague. Esto tiene que ser una máxima en los temas de corrupción, pero me parece que los ciudadanos tienen un angular más amplio que les permite ver que más allá de responder con contundencia ante la corrupción —y lo hemos hecho—, el país se juega tantas cosas que es fundamental que se siga apoyando a un gobierno socialista, que se ha comprometido además con la regeneración democrática.

¿Entenderá al menos que haya ciudadanos que piensen que el presidente del Gobierno es el responsable último de los nombramientos de dos secretarios de Organización y un ministro que están procesados por corrupción?

Sería injusto pensar que el presidente del Gobierno es responsable simple y llanamente porque haya depositado la confianza en ellos. Uno puede sentirse decepcionado, frustrado, y hay personas que tienen doble cara. Esto es así en la política y en la vida cotidiana. Hay personas que te están enseñando una cara que te la crees y que luego en su vida privada tienen comportamientos que para nada has podido ni imaginar ni anticipar. Y es un poco lo que ocurrió con el señor Ábalos. El señor Koldo está fuera de esa órbita. Ábalos y Santos Cerdán son personas que por supuesto tenían responsabilidades importantes dentro de mi partido, y los primeros que nos quedamos desolados fuimos los que estábamos más cercanos. Eran comportamientos no sólo que no se podían anticipar, sino que cuando empezaron los primeros rumores se desmintieron categóricamente por parte de ellos. Entiendo que a los votantes socialistas no les gusten este tipo de cuestiones porque no le pueden gustar a nadie, pero también apelo a que actuamos con contundencia y con rapidez. Nosotros colaboramos con la Justicia. El PP rompe ordenadores a martillazos.

En su declaración ante el Supremo Ábalos sigue negándolo todo, incluso carga contra la UCO y la Fiscalía. ¿Cree algo de lo que dice?

Una vez que uno está en los tribunales sigue la estrategia de su abogado y, por tanto, no me sorprendió que el señor Ábalos negara todos los hechos gravísimos que se le imputan. A partir de ahí, poco tengo que comentar de su estrategia.

La acusación popular que dirige el PP, como antes comentaba, ha pedido una rebaja en la pena que se pedía para el empresario corrupto Víctor Aldama. ¿Es una recompensa por las acusaciones vertidas sin pruebas en el Supremo contra el presidente del Gobierno y usted misma?

No tengo ninguna duda. Su estrategia de defensa pasaba por poner un ventilador sin pruebas intentando salpicar a todos aquellos que tienen responsabilidades políticas importantes. El presidente Sánchez, yo misma... Eso se paga contante y sonante con una petición de rebaja de pena. Es la forma que tienen de agradecer el trabajo que ha hecho Aldama para que luego el PP haga de altavoz de un presunto delincuente. Y ya no son solo las acusaciones penales, sino también las palabras intolerables que utiliza, concretamente respecto a mi persona. Me parece absolutamente intolerable y espero poder incluso dirigirme a la Sala para que se retiren ese tipo de expresiones para que mi nombre no figure al lado de algo tan soez, tan machista, tan absolutamente fuera de la verdad y de la realidad. Me da vergüenza incluso repetirlo.

Y además de dirigirse a la sala para que se retiren esas expresiones, ¿va a presentar demanda? También dijo de usted que le había pedido a Ábalos “un empresario de confianza” para el pelotazo de la SEPI.

Haré todas las actuaciones judiciales donde creamos que tenemos capacidad de poder resarcirnos de este daño que ha ocasionado el señor Aldama. También le digo que no estoy obsesionada con él. O sea, me llega, veo lo que dice y a raíz de ahí son los abogados los que tienen que estudiar si cabe algún tipo de acción judicial. Pero independientemente de lo que quepa de acciones judiciales, sí creo que las cosas tienen un límite. Esa campaña de deshumanización permanente que estamos sufriendo las personas de izquierdas por adversarios políticos con bulos y la proyección de una imagen de nosotros que no se corresponde con la realidad, no le puede salir beneficioso al PP.

Teniendo en cuenta las andanzas de los dos últimos secretarios de Organización, ¿por qué están tan seguros de que no ha habido financiación irregular en el PSOE?

Porque hemos visto las cuentas del PSOE. Se hizo una revisión profunda, se realizaron todas las auditorías y se encargó una nueva sobre todo lo que había sido ese periodo. Y la conclusión es que es todo correcto y, por tanto, tenemos una absoluta seguridad de que no ha habido financiación ilegal del PSOE. Yo diría que incluso lo contrario. A veces incluso han podido ser ellos los que le han sacado dinero al PSOE. En todo caso el PSOE ha sido una víctima. Pero sale muy gratis que alguien diga, sin demostrar nada, que ha dejado una bolsa de dinero en no sé qué sitio. Y esto es lo que la democracia tiene que depurar porque al final lo que la opinión pública y la conversación que la gente pueda tener se basa en bulos y en mentiras.

Esto afecta a la democracia, además del daño personal. Por ejemplo, no puede ser que la mujer del presidente socialista vaya a comer con unas amigas y se la acose. Hay que poner pie en pared a este tipo de situaciones en las que se ha perdido el respeto al adversario, al que piensa distinto, al que viene de fuera. Es un odio que intenta trasladar el PP y el resto de la sociedad tenemos que reaccionar porque es violencia política y es maltrato. Hasta que la sociedad no sea la que diga: 'oiga, esto no puede ser', va a ser muy complicado que ellos dejen una estrategia que creen que es eficaz y que algún resultado le dará cuando la siguen practicando.

¿Le pagaron alguna vez gastos con billetes de 500 euros en Ferraz, como ha contado Koldo García en el juicio de las mascarillas?

Ya lo ha negado el PSOE. Y yo, particularmente, no tengo ningún pago por parte del partido de ninguna actividad particular. Ni lo he vivido ni he estado nunca en esa situación, pero evidentemente es falso. ¿Dónde está la prueba? Si a una persona que está sometida a una imputación le cogen en su casa billetes de 500, se inventa lo que le da la gana para decir de dónde vienen y dar apariencia de legalidad a ese dinero. Y, claro, no puede decir que viene de la nómina porque habitualmente se hacen por transferencias bancarias. 

¿La sociedad puede confiar en una Justicia que ha condenado al fiscal general por difundir una nota de prensa sin que exista ninguna prueba de que hubiera filtrado datos personales de un particular o que no ve ánimo injurioso en que alguien diga en televisión que la esposa del presidente traficaba con drogas en Marruecos?

Es una de las cuestiones a la que tenemos que prestar más atención. Hay determinadas conductas judiciales que se salen de la forma habitual de administrar Justicia en una democracia. Hay instrucciones que están siendo permanentemente paradas por instancias superiores. Y hay una cierta sensación sobre esas instrucciones de que, efectivamente, hay que tenerlas vigiladas. Son instrucciones raras, vamos a llamarlas así, con las que la Justicia sufre. Hay ciudadanos que podrán tener una sensación de que los tribunales no siempre tienen un trato igualitario dependiendo de la persona encausada. Me parece que es grave, que debe de tomárselo muy en cuenta el Consejo General del Poder Judicial, que es a quien le corresponde velar por ese ejercicio profesional.

En el primer debate electoral solo escuchamos al candidato de Vox hablar de “prioridad nacional” a pesar de que en la batalla por los relatos en la sociedad, a tenor de las encuestas, se ha instalado el de la derecha y la ultraderecha. ¿Qué le sugiere que haya más de un 60% de españoles que considera que hay demasiados extranjeros en nuestro país y que el proceso de regularización tendrá consecuencias negativas?

Primero, a mí me pone los vellos de punta escuchar a un partido político hablar de prioridad nacional y más que lo haga la ultraderecha con la complicidad de la derecha. Me parece gravísimo porque me recuerda de forma muy clara que hay ciudadanos que se etiquetan y que esa etiqueta permite restarles derechos. Ya hemos visto esto antes de la Segunda Guerra Mundial. Se introdujo el odio dentro de un grupo de población, como ocurrió en Alemania. Esa criminalización y permanente deshumanización provocó al final una suerte de movimiento que terminó en lo que ya conocemos.

Me preocupa que haya personas que piensen que los ciudadanos tenemos que tener diferentes categorías, diferentes servicios y diferentes derechos por el hecho de tener una renta o de venir de una parte o de otra parte del país. Se empieza por ahí y se acaba en la exclusión. Aquí no hay más que dos maneras de abordar la inmigración. Una, integrándola y que sus obligaciones y sus derechos sean homólogos a la del resto de los ciudadanos. Y otra, la exclusión para enfrentar a los ciudadanos. Y en el debate electoral se dijeron muchas tonterías al respecto, por ejemplo, que las personas extranjeras pudieran tener mayores beneficios que las españolas. Pero ese discurso de odio no solo lo practican contra los inmigrantes, sino también con todos los que somos de izquierdas y no repetimos el patrón que la derecha considera óptimo. 

¿Y qué les diría a esas voces de la izquierda que dicen que ustedes también tienen que revisar el discurso sobre la inmigración, como han hecho otros partidos de la socialdemocracia europea?

No lo considero así. La gran mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas convivimos en absoluta naturalidad con todas las personas que viven en nuestro país y, en este momento, España es récord en la creación de empleo. Esto significa que hay oportunidades para el conjunto de los ciudadanos y que la inmigración contribuye también al desarrollo económico. Nuestro bienestar también en parte se debe al trabajo de estas personas. La dignidad humana está por encima de cualquier otra cuestión.

Parece que el llamamiento que hacen el PP y Vox es que a estas personas se les expulse y se les persiga. Empezarán con los inmigrantes, ¿y luego con quién? Ese virus de odio no sabemos dónde termina. Pero Andalucía es un pueblo de emigrantes y sabe bien lo que significa salir fuera de tu país para ganarte la vida.

¿Qué ha hecho mal el Partido Socialista de Andalucía para pasar de ser una organización hegemónica y gobernar durante más de 30 años a conformarse ahora con arrebatar solo la mayoría absoluta a Moreno Bonilla?

Yo no me conformo. Creo que los ciudadanos me conocen. Salgo a ganar y confío en mi victoria, estoy trabajando para ello. El PSOE nunca se va a conformar con no ser fuerza hegemónica porque somos un partido de gobierno. Sabemos hacer las cosas y queremos volver a tener la capacidad de fortalecer los servicios públicos y dar mayor bienestar a Andalucía. Eso es importante decirlo porque no hay ningún tipo de límite o debate en mi equipo o en mi partido que no sea la victoria.

Sin embargo, creo que hay razones que pueden explicar el porqué el PSOE se encuentra en esa situación en la que las encuestas dicen que el PP está fuerte. Quiero recordar que Moreno Bonilla llegó a la Junta de Andalucía con el peor resultado de la historia del PP y que fue el primer PP de España quien negoció con Vox. Intenta aparentar ser una persona de centro y moderada, pero es radicalmente falso. Fue el primero que estableció ese pacto con los peores resultados de su historia. ¿Qué pasó a partir de ahí? El PP, utilizando toda la potencia de la Junta, se ha dedicado durante ocho años a una campaña de imagen de Moreno Bonilla. Esa es la razón. El PP no ha gobernado en Andalucía. Para el señor Moreno Bonilla gobernar es un lío. Lo repite cada vez que tiene un problema. Pero para lío el que tenemos la gente con la falta de respuesta que da el señor Moreno. Cree que gobernar es un álbum de fotos, es dar premios, es organizar eventos. En el debate quedó muy manifiesto que es el rey desnudo y que ha perdido la conexión de tierra. Todos los actos a los que acude son amables y fáciles en términos políticos para él. Hasta la Junta Electoral Central ha tenido que amonestar al PP porque utiliza permanentemente como aparato de propaganda a la propia Junta de Andalucía y luego se apropia de los buenos datos económicos que impulsa el Gobierno de España. Y, sobre todo, lo más preocupante es que se está produciendo un desapego de los ciudadanos a los servicios públicos.

Si Moreno Bonilla sigue como presidente en San Telmo, con o sin apoyo de Vox, ¿usted se quedará como jefa de la oposición en el Parlamento andaluz?

Lo he dicho. Cuando decidí dar un paso adelante porque lo pidió mi partido, entendiendo que era la persona que mejor podía encabezar esta etapa, el PP dijo que yo no iba a estar hoy aquí. Ahora han pasado a poner en duda que vaya a coger mi escaño y cuando eso ocurra pondrán otro elemento de duda porque en el fondo no quieren hablar de política. Hablan de mis títulos, de mi escaño, de mentiras… Pero, oiga, lo que los ciudadanos quieren saber es qué vamos a hacer cada uno con la vivienda, con la educación pública o con la sanidad… Yo creo que hay que hablar menos de las cosas de los políticos y hablar mucho más de la política de las cosas.

El próximo día 17 inevitablemente, además de la lectura en clave andaluza, se hará una proyección nacional de los resultados. Si el PSOE no recupera la Junta, será su cuarta derrota consecutiva en este ciclo electoral. ¿No cree que Pedro Sánchez se quedaría sin argumentos para no anticipar las elecciones generales?

Hemos aprendido en nuestra historia reciente que las comunidades tienen un registro y las elecciones generales tienen otro. Siempre digo en Andalucía que es muy importante que los ciudadanos progresistas sepan lo que se juegan en las elecciones autonómicas. ¿Por qué? Porque hay una mayor expresión del voto en unas elecciones generales, y no en elecciones autonómicas. Hay una mayor participación en las generales. Es un denominador común prácticamente para el conjunto de los territorios, excepto probablemente en el País Vasco y Catalunya.

Eso lo sabe el PP. El PP no quiere crear ambiente de campaña porque su electorado lo tiene muy fidelizado y lo que pretende es que el mío se quede en casa y que el electorado de izquierda se desmovilice. Toda la campaña que hace el señor Moreno Bonilla va dirigida sobre todo a la deshumanización y a la desmovilización del voto progresista porque si el voto progresista se mueve, sabe que ganamos las elecciones. Por eso, mi apelación directa a la importancia de estas elecciones. Y lo son porque la sanidad pública en Andalucía, y sé de lo que hablo, no aguanta cuatro años más de Moreno Bonilla.

Le preguntaba por el adelanto de las generales. 

No, el presidente Sánchez ha trasladado en todo momento, en público y en privado, que va a agotar la legislatura. Y creo que es lo correcto porque es el mandato que tenemos de los ciudadanos. En la medida de lo posible, hay que intentar agotarlo. Ya lo vivimos en 2023, ¿no? Después de aquellas andaluzas, perdimos gran parte de las comunidades donde gobernábamos y, tres meses después, los ciudadanos mayoritariamente permitieron que hubiera un gobierno progresista de izquierda en España. Cualquier extrapolación en este sentido no tiene mucho interés más allá del periodístico. Se pueden perder unas elecciones autonómicas y posteriormente ser capaces de gobernar en España. Y en esta ocasión yo creo que vamos a ganar en las autonómicas y vamos a ganar en España.

Usted ha centrado la campaña en el deterioro de los servicios públicos, ¿se puede movilizar al electorado de izquierdas solo con un mensaje en negativo? 

No creo que sea negativo. Hay que alertar a la ciudadanía para que sea consciente de que se está produciendo un desmantelamiento de los servicios públicos, que es la condición previa para la privatización. Yo he estudiado los sistemas de salud a lo largo de toda mi vida y sé perfectamente cómo se privatiza un sistema sanitario. Primero, produciendo un deterioro donde la ciudadanía entienda que no te dan respuesta, que te tarda 15 días el médico de familia, tres meses una prueba, ocho meses el especialista y si te tienes que intervenir otro año y pico más. O sea que al final terminas durante dos años y pico en un calvario de idas y venidas y, si puedes, te buscas la vida suscribiendo un seguro privado. Luego está el desapego hacia la política…

¿A qué se refiere?

Moreno permanentemente traslada: “Bueno, es que esto no es política, no se debe de meter esto en el terreno político”. Oiga, que la política es expresar los modelos de sociedad que cada uno tenemos, según sus valores e ideología, ¿no? Que son palabras que empiezan a parecer malditas. ¡No, no, no! Lo que nos distingue a los partidos es que cada uno tenemos nuestra ideología y, por tanto, un modelo de sociedad que ofertar, lo que ponemos encima de la mesa para que la gente elija. Ellos están intentando ese desapego a la política. Dicho de otra manera: ¿para qué va a ir la gente a votar? ¿Para qué complicarnos la vida? Todo un lío. 

Moreno abandera la estabilidad frente a la polarización, el lío…

Mire, la crispación y la bronca, habitualmente quien la monta es la oposición, no los gobiernos. En España se produce una crispación y ruido deliberado por la oposición. En Andalucía el PSOE no ha jugado a eso, ha sido muy responsable, porque si se trata de hacer ruido, lo hacemos todos. Incluso un niño pequeño con un tambor. La moderación en Andalucía será, en todo caso, de la oposición, no del que está en el Gobierno, que a ese nunca le interesa el ruido.

Si los andaluces tuvieran la percepción del deterioro de la sanidad y de los servicios públicos que usted denuncia, ¿el desgaste de Moreno tras ocho años de gobierno no debería ser mayor?

La ciudadanía no es que tenga la sensación, es que lo experimenta. El sistema sanitario no se sujeta al relato. Es que la gente tiene vivencia en primera persona.

¿Usted percibe conflictividad social en la calle?

Se lo cuento, se lo cuento. Hay que convertir ese malestar, esa vivencia personal, en vez de en resignación o en males menores, en un voto hacia una alternativa que no puede ser otra que el PSOE. Mi campaña va dirigida a ese malestar, que no es etéreo, lo tiene la gente cada día, no solo en sanidad, en gente que hace números para meter a su hijo en la FP, o para pagar una cuidadora que ayude a un familiar dependiente…

Usted ha sido la dirigente andaluza con más poder dentro del Gobierno de España. ¿Qué peso tiene Andalucía en el debate nacional, por ejemplo, en comparación con Catalunya y Euskadi?

Andalucía ha tenido mucho peso, es indudable, porque yo siempre he velado por Andalucía. En todos estos años de Pedro Sánchez no hay ni una sola política en la que uno pueda decir que Andalucía haya estado agraviada en relación con otras comunidades. Ahora bien, yo sí echo de menos mayor influencia andaluza en el conjunto del país, en las empresas, en los entornos en donde se toman decisiones de los bancos, de las grandes financieras. 

Faltan andaluces que estén trabajando en ese entorno y por eso siempre me alegro mucho de que haya andaluces que salgan dirigiendo a los empresarios o que estén en las organizaciones sindicales o en determinados ámbitos europeos, porque se necesita la voz del sur también ahí, donde se deciden muchas de las cuestiones que afectan a nuestra tierra. Yo animo a todo el mundo en Andalucía a que ocupe posiciones que habitualmente se desarrollan en Madrid. Madrid tiene mucho peso en el conjunto de la economía, y en Madrid hay pocos andaluces, por lo menos a mí me gustaría que hubiera más.

Le pongo un ejemplo con las infraestructuras. ¿Por qué los problemas de Rodalies en Catalunya forman parte del debate de política nacional y la falta de conexiones ferroviarias de Andalucía, que viene de largo, no entran ahí?

Particularmente el tema de Rodalies, que es un tema muy concreto, es que desplaza diariamente a miles de personas y cuando hay alteración en el funcionamiento de ese servicio se altera el funcionamiento de la sociedad catalana. 

Al menos tienen una red de trenes de Cercanías. En Andalucía no hay trenes. 

Es una de las reivindicaciones que yo siempre he planteado. Me gustaría que esta comunidad tuviera aspiración de gestionar los Cercanías y yo, como presidenta de la Junta, voy a solicitar la gestión. Es legítimo que un territorio tenga aspiración de autogobierno. En Andalucía siempre señalamos que queríamos tener las mismas ventajas y aspiraciones que otros. No entiendo bien cuando algunos quieren afirmarnos a costa de negar a otros. Nosotros nunca negamos el autogobierno de Catalunya cuando nos movilizamos en nuestro referéndum. Hay otros partidos que lo que quieren es la independencia, pero eso nunca se va a producir con un Gobierno socialista. 

¿Tiene alguna explicación de qué ocurrió en la crisis de los cribados de cáncer?

Estoy convencida, y conozco bien el tema, que es un síntoma del colapso. Con 4.000 o 2.400 mujeres afectadas, ¿cómo es posible que a una persona le hagan una mamografía y de pronto vaya a un limbo? ¿A dónde ha ido? No podemos avanzar mucho más en el diagnóstico porque el Gobierno andaluz no ha explicado en qué ha consistido lo que ellos llaman un fallo, que no es un fallo, es que ha sido un colapso del sistema sanitario. El sistema está saturado y ha perdido la capacidad de monitorizarse. Esto le ha ocurrido a dos consejeros de Salud, el señor Aguirre [Jesús], y la señora García [Catalina], que hoy están en las listas del PP, cuando durante su periodo se produjo la negligencia más grave que ha tenido un sistema sanitario. Yo llevo en el sistema sanitario 35 años. Nunca he escuchado una situación como la que hemos vivido en Andalucía. 

Usted recuerda que los problemas de la sanidad jugaron también un papel clave en la derrota electoral del PSOE, en 2018. ¿Su partido ha recuperado la credibilidad ante el sector sanitario para capitalizar hoy ese descontento social?

Sin duda. Yo creo que los ciudadanos saben perfectamente qué pasaba durante los gobiernos socialistas en el sistema sanitario. Yo puedo rendir perfectamente las cuentas de mi gestión. Me fui en 2013 de la Consejería de Salud, han pasado 13 años, y gran parte de las cosas que ocurren ahora dicen que se debe a mi gestión. Esto no es creíble. Moreno ha dicho que no le ha metido mano en ocho años al sistema sanitario, porque era un lío. Pero es un lío porque las medidas que se le ocurren son impopulares, porque está hablando del copago y de la privatización de parte de los servicios. 

La capacidad de los gobiernos para atajar el problema de acceso a la vivienda se ha demostrado muy limitada. Los partidos a su izquierda proponen más intervencionismo en el mercado. ¿Usted está de acuerdo?

Hay que actuar en diferentes niveles. Por una parte, aumentar el parque público, porque la oferta y la demanda hay que corregirla, e incorporar mayor número de VPO asequibles. Y dos, los jóvenes tienen problemas con la entrada de la vivienda o con el alquiler. Nuestras medidas van dirigidas a aportar el 20% del coste del piso para que la hipoteca sea solo sobre el 80% del precio. Y luego, yo sí pienso que hay que hacer una intervención en el mercado. El mercado no funciona y cuando el mercado no funciona, los poderes públicos tenemos obligación de intervenir sobre él con los límites que marca, por supuesto, la Constitución. El límite de la propiedad privada es evidente y hay que ser exquisito a la hora de regular para tener posibilidades de que después los tribunales nos den la razón. Y esto es lo que muchas veces podemos tener acentos distintos dentro de los grupos de izquierdas.

Usted empezó las rebajas fiscales a los más ricos en Andalucía cuando era consejera de Hacienda. ¿Cree que la izquierda tiene perdido el debate sobre los impuestos en España?

No puede tenerlo perdido porque la fiscalidad es lo que nos permite ser sociedad. Yo me empeño todo el tiempo en hacer pedagogía con esto, ya sé que en los tiempos políticos que corren la pedagogía vende poco, vende más el tuit o un vídeo. Pero es que los valores y el porqué de las cosas requiere a veces tiempo y pedagogía para poder explicarlo. A la fiscalidad no se le puede hacer una pregunta binaria. ¿Usted está a favor de los impuestos o en contra? Oiga, ¿a quién y para qué? Claro que a los grandes patrimonios hay que pedirle un mayor esfuerzo porque están teniendo ganancias récord y, por lo tanto, tienen obligación de aportar a la sociedad. Y todos nos tenemos que enriquecer de esto. Pero a la clase trabajadora, los que tienen menos, este Gobierno les ha bajado los impuestos y, por supuesto, me parece que no hay que incrementarle la carga fiscal ni impositiva. 

¿Ese discurso cala en la clase trabajadora?

Ocurre algo que también los trabajadores tienen que conocer: mientras están poniendo por delante una rebaja de dos euros al mes en los impuestos a la clase baja, te obligan a suscribir un seguro privado o a pagar 400 euros al mes en la FP de tu hijo. Entonces siempre pierde la clase media y trabajadora. La clase media en Andalucía lo es porque tiene servicios públicos que se pagan con los impuestos. Si en Andalucía no hubiera gratuidad, acceso a esos servicios públicos, se empobrecería la clase media, porque tendría que tener en el banco apalancado… ¿Cuánto? ¿60.000 euros? ¿70.000? Entonces no podría tener ni el nivel de consumo ni el estatus que en este momento permite crecer a esa clase media y que es la aspiración del PSOE. Así que los servicios públicos no son para los pobres, no, no, son para todos los ciudadanos. El que no los quiera utilizar, que no los utilice. Pero tienen que dar una calidad que permita que aquel que sea más exigente, los utilice, como ha ocurrido siempre en Andalucía. 

Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a la concentración del voto de izquierdas en el PSOE. ¿Eso es beneficioso en clave nacional o en clave andaluza?

Lo que ha dicho es muy obvio: que la única alternativa real que tiene el PP en Andalucía y en España es votar al PSOE. Nosotros competimos por ser la primera fuerza, en tener la capacidad de conformar con el resto de nuestros socios gobiernos si no conseguimos mayorías suficientes y por tanto me parece que su llamamiento está dirigido a que no nos vayamos a confundir en relación a quién depositar mejor el voto. No vayamos a comprar que no hay partido en Andalucía, sino todo lo contrario. Hay un punto de inflexión a raíz de la campaña, a raíz del debate del lunes, donde pudimos ver eso que el señor Moreno Bonilla es una cosa y Juanma lo haría, es otra cosa.

¿Por qué nunca habla de remontada de las encuestas? ¿No se las cree?

Como para mí las encuestas no son más que una proyección, no hablo de ellas. Pero por supuesto que hay una remontada respecto a la expresión del voto. Soy muy respetuosa con el día de las urnas y el PSOE siempre da la sorpresa superando sus encuestas. 

El PSOE-A gobernó 37 años Andalucía y lleva casi ocho en la oposición. ¿Usted cree que el partido ha sabido renovar el proyecto, el discurso, la cultura política y las caras, por ejemplo, como lo hizo en su día Zapatero o el propio Pedro Sánchez?

Yo creo que sí. Si usted ve a sus dirigentes, a sus alcaldes, que es la renovación más importante de un partido capilarizado, se está produciendo una renovación. Probablemente, a todos nos gustaría que eso tuviera un rendimiento mucho más eficaz, pero hay muy buenos dirigentes, gente muy joven que tiene mucha capacidad de seguir trabajando por muchos años en este partido. Yo creo que la regeneración ha sido una realidad: o bien porque perdimos las elecciones en el 2018, o bien porque la fuerza de la gente joven empuja a que se le dé paso a aquellos que puedan conectar mejor con una sociedad en la que los formatos y los discursos pueda ser más eficaz.

 En esta semana de duelo por el fallecimiento de alguien tan inmensa como Soledad Gallego-Díaz, el momento obliga. Se lo debemos. Primera mujer directora de El País, autora de la exclusiva del primer borrador de la Constitución de 1978, cronista política, corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires y referente indiscutible para tantos y tantos de nosotros. Un ejemplo ético y profesional en estos tiempos en los que la inmundicia nos inunda y es más necesario que nunca reivindicar el buen hacer en una profesión que es columna vertebral de toda democracia, aunque haya quien se empeñe en denostarla, degradarla y hasta enterrarla.

Discutía Sol Gallego con firmeza que el periodismo hubiera quedado engullido dentro de una cosa que se llama comunicación, que utiliza nuevos soportes y que “es un concepto mucho más moderno, más amplio y sugerente”. No estaba, en absoluto, de acuerdo y sostenía que ese empeño en desprestigiar el periodismo formaba parte del descrédito general al que se somete hoy en todo el mundo a los elementos básicos de la democracia. Admitía también que asistimos a una enorme proliferación de nuevos medios y nuevos instrumentos de comunicación que abren un mundo “fascinante lleno de posibilidades”, pero que nada tienen que ver con el periodismo, y mucho menos que vayan a ser capaces de sustituirlo porque ni tienen el mismo objetivo ni proporcionan al ciudadano la información “que necesita para ser libre y capaz de gobernarse a sí mismo”.

Así lo dijo el día que recibió el XXIV Premio Francisco Cerecedo, cuando aseguró que esta profesión ofrece algo único: información independiente, veraz, exacta y ecuánime, que todo ciudadano necesita para serlo. Algo que no tiene que ver ni con lo que ofrecen los agitadores habituales, ni con lo que se publica en algunas webs con el reclamo de gran exclusiva y no son hechos dentro de un marco de interpretación, sino rumores, acusaciones sin pruebas, testimonios sin contrastar y servidumbres al servicio de causas partidistas.

La democracia como el periodismo es un terreno de juego con unas normas y unos códigos irrenunciables que no se deben romper ni banalizar jamás. “Sinceramente -alertaba Sol- si nos creemos lo que nos dicen sobre el negro futuro de nuestro oficio, estaremos haciendo lo que se espera de nosotros, que de puro miedo a morirnos nos terminemos suicidando. Si aceptamos que la información es parte del espectáculo, colaboraremos en el desprestigio, no solo del periodismo sino de la democracia”. E insistía: “Si te van a matar, no te suicides”

Por eso es incomprensible que a estas alturas de lo visto y vivido en el Congreso de los Diputados no se hayan tomado aún medidas contra el propagandista y agitador Vito Quiles o su homólogo Bertrand Ndongo por dedicarse con tanto afán al insulto, la intimidación o el señalamiento de políticos y periodistas en el recinto parlamentario y sus inmediaciones. Uno, ya saben, es el autor del hostigamiento dentro de un restaurante a la esposa del presidente del Gobierno cuando almorzaba con unas amigas, pero ha protagonizado no pocos actos de violencia verbal en la Cámara Baja. El otro llamó “idiota” a la diputada de Sumar Aina Vidal, el pasado martes. Son sus últimas aportaciones a esta España suya en la que no caben más que ellos y una nueva y reprobable contribución a este periodismo que invocan como propio cuando en realidad lo que hacen nada tiene que ver con ello. Lo suyo es el matonismo.

Por eso es también abstruso que las asociaciones profesionales hayan actuado tarde y mal contra estos personajes y los medios que los dan cobijo o distinguido a otros de dudoso crédito. Y por eso urge más que nunca defender la información libre, la búsqueda de la verdad y la importancia de este oficio. Esto no va de etiquetas ni de trincheras, ni de aguantar insultos o difamaciones, sino de decir hasta aquí hemos llegado y no vamos a callar ante tanta ignominia. Algo para lo que se requiere el concierto de todos aquellos que creen en lo que hacen, que están comprometidos con el rigor y el pensamiento crítico en un oficio en el que no se trabaja para recibir reconocimientos, sino para contribuir a hacer de esta sociedad algo digno y donde se distinga con claridad entre maestros de la intoxicación y soldados de la información crítica pero respetuosa. Imprescindible, por cierto, para todo ello disponer del origen y la financiación que da soporte a cada medio, web o canal, además de defender que el poder de las ideas está por encima de las ideas del poder político o empresarial.

Y por eso es inconcebible que haya medios o periodistas que callen, disimulen, se amilanen o se sometan al dictado de alguien como el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que ayer tuvo que declarar como imputado por un delito de revelación de secretos al revelar la identidad en un chat de dos periodistas del diario que dirigió Soledad Gallego-Díaz que trabajaban en la calle y fueron identificados por los agentes del servicio de seguridad de la presidenta madrileña. O que se oculte que en menos de una hora diera dos versiones distintas sobre cómo obtuvo la fotografía de los redactores. Primero, declaró que la obtuvo de un vecino y después, que se la envió Alberto González Amador, pareja de la presidenta, a quien se la había pasado previamente un vecino. O que se permita que quien reconoció ante el Supremo haber mentido cuando dijo que el ministerio fiscal frustró un acuerdo con el novio de Ayuso, denunciado por fraude fiscal, “por órdenes de arriba” siga cobrando un sueldo público.

Siempre vigilante y crítica con los poderes públicos, Gallego-Díaz se estará revolviendo hoy en su tumba al comprobar que, en efecto, algunos que saben que les quieren matar, van camino del suicidio al coquetear con la idea de renunciar a la exigencia y la integridad periodística. 

En sus mentes habita el rencor de forma obsesiva. Se alimentan de odio y resentimiento. Atribuyen a otros sus propias actitudes aviesas. Y se dedican a difamar a quienes les sitúan frente al espejo de su propia cochambre. Y aun así siempre hay alguien dispuesto a convertir al último libelista en personaje viral de consumo rápido o profesional de prestigio. Ya todo vale. Lo que cuenta es el ruido, el impacto fácil y la excitación del momento.

Pongamos que hablamos de Aldama, del empresario corrupto al que no pocos medios de comunicación presentan como un ser de luz, y al que el ministro Félix Bolaños acaba de presentar una demanda por vulnerar su derecho al honor tras acusarle de ofrecerle dinero a cambio de su silencio. Tras la del titular de Justicia, una vez acabado el juicio de las mascarillas en el Supremo, el PSOE presentará la suya propia porque, cuando en diciembre de 2024, registró el escrito, el Alto Tribunal lo desestimó al considerar que no era el momento procesal oportuno. 

Pero pongamos también que hablamos de esa especie periodística que hace de altavoz habitual de delincuentes habituales, políticos resentidos y testigos sobrevenidos o imaginarios del último supuesto escándalo. Sí, pongamos que hablamos de quienes han hecho del derecho a la difamación y el infundio su forma de chapotear en este proceloso mundo de la información. 

De quienes no comprueban, no analizan, no contrastan y descargan sus frustraciones con la escritura. De quienes decían atesorar con responsabilidad y mucho celo hasta cuatro cositas que obligarían a dimitir al mismísimo presidente del Gobierno. Y, pasados los meses, ni una, ni dos, ni tres ni cuatro… Ahí sigue “el perro”. Dimisiones, relevos , vicepresidentes que nunca lo fueron, candidatos imaginarios, superministerios inventados, nombramientos que jamás se produjeron y hasta bombas radiactivas hasta el momento no detonadas.

Si los bulos existen es porque hay buleros que los difunden y gente dispuesta a comprar la mercancía averiada del primero que se presenta como experto acreditado y no aprobaría ni el primer examen de ética periodística. La mentira sale muy barata porque ha sido normalizada por empresarios, políticos, periodistas y hasta jueces que se alimentan del odio y lo practican contra cualquiera que tenga una mínima exposición pública y sea susceptible de ser vilipendiado ante un micrófono o un folio. Cuando una magistrada no reconoce como delito que alguien relacione a la mujer del presidente del Gobierno con el tráfico de drogas en Marruecos en un programa de televisión es que el grado de putrefacción del país alcanza cotas insoportables. 

La calumnia no debería salir gratis, aunque quienes la esparzan se presenten como víctimas perpetuas de una conspiración y traten de descargar su frustración en diarios de adolescentes escritos para reivindicarse y ajustar cuentas. La demanda de Félix Bolaños contra Aldama es el camino para poner fin a tanta indignidad, tanta patraña y tanto desahogado que debiera repasar minuciosamente su trayectoria antes de descargar su ira sobre cabeza ajena. 

Siempre nos quedará el tiempo y algunos jueces, que acaban poniendo a cada uno en su sitio, como ha ocurrido con la sentencia de un juzgado de León que condena a seis meses de cárcel a dos activistas de extrema derecha por vincular al secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, con la supuesta trama de corrupción del Caso Mediador. El juez impone una pena de cárcel y una indemnización de 2.000 euros más intereses contra Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa -del canal de YouTube Expediente Royuela- por ser “autores responsables de un delito de calumnias con publicidad y un delito de injurias”. Eso sí han tenido que pasar tres años del episodio y desde que algunos otros buleros habituales hicieran gran alarde tipográfico con las inventadas de los hoy condenados sobre su supuesta participación en cenas “rodeados de prostitutas y cocaína”.

“Queremos que se querelle el señor Bolaños contra nosotros porque es la manera en la que judicialmente podremos aportar lo que he dicho y lo que ayer he contrastado y lo que vuelvo a contrastar: que este señor se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta, que no voy a decir tampoco la cifra para no seguir hablando”. Quien así habla es Víctor de Aldama, el delincuente confeso y cerebro de la trama Ábalos-Koldo en un programa de televisión el pasado 5 de febrero. 

No era la primera ni sería la última vez que quien hoy se sienta en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas y tiene otra causa pendiente en la Audiencia Nacional por el fraude de los hidrocarburos acusaba al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia de un intento de soborno. El deseo del empresario corrupto se ha hecho finalmente realidad y Bolaños presentó el pasado viernes ante la sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid una demanda de protección del derecho al honor contra Aldama. No lo hizo antes a la espera de que Aldama declarase ante el Supremo por si volvía a acusarle y, en ese caso, tenía que ampliar o modificar la demanda, que tenía redactada desde hace semanas.

“El derecho al honor es, esencialmente, un derecho fundamental de la dignidad humana y consistente en no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás, reconocido como derecho fundamental, entre otros, por nuestra Constitución, y cuya negación o desconocimiento se produce, fundamentalmente, a través de cualquier expresión proferida o cualidad atribuida respecto de determinada persona que, de modo inexcusable, lo haga desmerecer en su propia estimación o del público aprecio”, según Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 1989.

El artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece además que tendrá la consideración de intromisión ilegítima en el derecho al honor “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. 

Bolaños reclama a Aldama, según la demanda a la que ha tenido acceso elDiario.es, que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido, “ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y/o redes sociales) o por cualquier otra vía”. También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia recaída en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X (antes, Twitter) y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen. 

El ministro recuerda en su escrito que el empresario corrupto “es conocido públicamente por ser, según el diario La Razón, protagonista en muchos de los grandes casos de corrupción de la actualidad en España” y que “se encuentra en el ojo público por su presunta participación, entre otras, en la denominada 'trama de los hidrocarburos', investigada por la Audiencia Nacional, por la que estuvo ingresado en prisión provisional entre el 10 de octubre y el 21 de noviembre de 2024”. Y reclama que se condenen “las falsedades que este está profiriendo ante la prensa y en sus redes sociales sin ninguna prueba ni fundamento, con un evidente fin espurio, tratando de involucrar” a Bolaños “en asuntos con los que no guarda relación alguna”. A pesar de su locuacidad en los diferentes programas de televisión por los que Aldama se pasea con frecuencia, en su declaración judicial ante el Tribunal Supremo el 29 de abril de 2026 Aldama no hizo referencia alguna a las supuestas actuaciones llevadas a cabo por Bolaños para “comprar su silencio”. 

En su suplico al Tribunal de Instancia, Bolaños sostiene que “no conoce ni ha hablado nunca, ni tiene ni ha tenido relación personal alguna con el demandado ni con su responsable de comunicación que, según manifiesta el Sr. Aldama, se llama D. Ramón Bermejo”. E Insiste en que “su relación personal es total y absolutamente inexistente”, que “nunca ha mantenido una conversación ni telefónica ni de ningún otro tipo con el Sr. de Aldama ni con el Sr. Bermejo, ni vinculada a las declaraciones del demandado que pasaremos a referir, ni relacionada con ningún otro asunto. Es más, ni siquiera tiene sus números de teléfono”.

Aldama difundió en la red social X que el ministro había asistido a una fiesta de cumpleaños del entonces Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la que también estuvo el empresario y que tal fiesta se celebró en un restaurante de su propiedad en diciembre de 2019. En este sentido, subraya el escrito del ministro, “la única evidencia” que ha aportado el Sr. de Aldama para sostener públicamente que el demandante le conocía es una fotografía que, según manifiesta, habría sido tomada en ese restaurante. Fotografía en la que, por cierto, ni siquiera aparece Aldama. 

“Tan ridículo como imposible”

“Sostener que dos personas se conocen simplemente por haber coincidido en una fiesta multitudinaria organizada por un tercero —fiesta a la que, por cierto, asistieron decenas de invitados— es un argumento tan pobre que no merece mayor consideración. En primer lugar, porque resulta público y notorio que quienes desempeñan funciones públicas asisten diariamente a actos, reuniones, mítines y celebraciones en las que coinciden con decenas o centenares de personas y se toman fotografías con un buen número de ellas. La coincidencia en estos eventos no puede presuponer, como es lógico, ningún tipo de relación personal ni profesional con los asistentes. Tanto es así que ni siquiera puede descartarse que ambos hayan coincidido en algún otro acto público masivo, sin que ello implique interacción alguna entre ellos. Defender lo contrario sería asumir que uno mantiene vínculos con cada persona con la que comparte un espacio público, lo que es, sencillamente, tan ridículo como imposible. En segundo lugar, porque asistir a una comida o a una celebración de cumpleaños en un restaurante no implica conocer quién es el propietario del establecimiento. Pretender otra cosa revela desconocimiento tan inexcusable como inverosímil de la lógica con la que se desarrollan la vida cotidiana y la actividad pública”, prosigue el escrito de demanda.

En el texto Bolaños recuerda, además, que el propio Aldama reconoció, antes de acusarle en varios programas de televisión y en sus redes sociales de intento de soborno, “no conocer de nada” al ministro. Lo hizo, en concreto, en una entrevista radiofónica en el programa Herrera en Cope el 27 de noviembre de 2024: “Es duro ver que gente como el Sr. López, el Sr. Bolaños, que no les he nombrado en ningún momento y que no me conocen de nada, creo que además hablan de mí por oídas o hablan de mí porque esta gente siempre que habla de alguien habla sin informarse”. Una contradicción que, en la demanda, se considera “tan evidente que no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de todo su relato y dinamita por completo la ya exigua credibilidad” del demandado.

Durante su declaración ante el Supremo el miércoles pasado, el cabecilla de la organización criminal del caso mascarillas apuntó contra el presidente del Gobierno y varios de sus ministros, sin mencionar esta vez a Bolaños, que dado el impacto en la opinión pública de la acusación “está viendo injustamente mermada su reputación personal por culpa de las mentiras de Aldama, que ha aprovechado la atención mediática que recibe para difundir las falsedades que estima oportunas sin el menor sustento probatorio”.

Cuando Hanna Arendt asistió, en 1961, como periodista al juicio contra el nazi Adolf Eichmann se sorprendió por no descubrir a un sádico y sí encontrar en uno de los principales organizadores del Holocausto a un burócrata mediocre y anodino que simplemente seguía órdenes y era incapaz de pensar de forma crítica. De ahí surgió su estudio sobre La banalidad del mal en el que concluyó que el derrumbe moral de las personas no siempre nace de la crueldad o la vileza, sino de la ausencia de pensamiento. Toda una advertencia sobre lo que puede suceder cuando se abandona la responsabilidad de reflexionar. 

Vito Quiles, como Eichmann, cumple el papel de soldado diligente más atento a las órdenes que recibe que a las consecuencias éticas o penales de sus actos. O no. A saber. Lo que es seguro es que está convencido de que el acoso, el señalamiento, la intimidación y la violencia verbal que ejerce sobre políticos y periodistas que no orbitan en su misma tribu es una acción justificada ante la supuesta amenaza que todos ellos representan para la idea de España que tienen sus pagadores. 

De ahí que el PP de Feijóo, con Miguel Tellado y Ester Muñoz a la cabeza, defiendan con ahínco al agitador que el miércoles acorraló dentro de un restaurante a la esposa del presidente del Gobierno y entiendan que su papel, además de legítimo es necesario y corresponde al de un buen español que cumple con su deber. 

“Yo he visto unas imágenes donde creo intuir que el agredido es un periodista. No conozco otras imágenes que dibujen una escena distinta. Las imágenes que todos los españoles hemos podido ver son unas en las que una militante socialista, agredía, y hay que ver de qué forma, a un periodista”, afirmó el secretario general del PP

Quiles es un operador de la derecha y la ultraderecha que nada tiene que ver con el noble oficio del periodismo que dice ejercer. El telonero de los mítines del PP no pregunta, ni analiza, ni explica, ni opina, ni busca la verdad. Lo suyo no es el periodismo. Es la provocación, el acoso, el matonismo y el fanatismo. Simplemente, es un pieza más al servicio de la causa del antisanchismo con una manifiesta incapacidad para pensar en las consecuencias de sus actos por muy violentos que sean. 

Con todo, lo grave es que ni Vito Quiles ni quienes le amparan -desde el periodismo y la política- no se reconocen como elementos perturbadores de la democracia, sino como garantes de una España en la que solo caben ellos y en la que empieza a abrirse paso, sin condena social, la inquietante posibilidad de que se cometan atrocidades.

La irresponsabilidad del PP al exigir explicaciones a las amigas de Begoña Gómez que intentaron reducir a Quiles para que cejara en su hostigamiento, en lugar de pedirlas al agitador que cumple órdenes de una empresa financiada por los gobiernos populares es una señal más de hasta dónde está dispuesto a llegar Feijóo en su campaña de acoso y derribo a este Gobierno. ¿Qué será lo próximo? ¿Serán Tellado o Múñoz los siguientes en perseguir a la esposa del presidente del Gobierno?

Si Quiles campa todavía a sus anchas por las dependencias del Congreso, con credencial de informador, es gracias a la defensa que el PP hizo en la Mesa de su labor como agitador. Y, aunque tiene un expediente sancionador abierto por violar las normas de acceso y conducta en la Cámara Baja y se arriesga a la pérdida temporal de su acreditación, sabe que su cercanía a la derecha y la ultraderecha, además de la complicidad de algunos de los agentes de seguridad que custodian las dependencias parlamentarias, le garantiza la entrada cuando quiera y cómo quiera. Tiempo al tiempo. 

Al menos, como Eichmann tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Y no solo una vez, ni dos.

 Llegó Feijóo a la arena nacional para ocupar la centralidad y, cuatro años después, ha asumido con absoluta naturalidad lo que en otros tiempos hubiera sido vergonzante para cualquiera que orbite la vida pública con un mínimo de responsabilidad. Así ha abrazado la “prioridad nacional”, ese eufemismo acuñado por su socio de la ultraderecha para definir lo que, en realidad, no es más que discriminación, racismo y xenofobia. Conste que no es el único marco que el PP ha asumido por su dependencia de Vox desde que los de Abascal aterrizaron en la arena nacional. Antes, fue el expolio fiscal, la violencia doméstica, la dictadura feminista, los postulados medioambientales e incluso la justificación o el silencio cómplice del acoso y la violencia que los agitadores de guardia ejercen contra periodistas y políticos del ámbito progresista.

La realidad nacional, que niega a los extranjeros que viven entre nosotros los derechos que todos tenemos, es una expresión tan diabólica que abochorna incluso a algunos barones del PP, que se preguntan estos días qué fue de aquel propósito de Feijóo en el arranque del curso político de hace dos años, para seducir a los votantes moderados que le faltaron en 2023 para llegar al Gobierno. Recuerdan varios interlocutores genovistas que su jefe de filas les animó en diferentes reuniones a arrebatar a Sánchez banderas tradicionalmente blandidas por la socialdemocracia como el derecho a la vivienda, la conciliación familiar, los servicios públicos, las políticas sociales o las dificultades de los jóvenes para independizarse y planificar un futuro. 

En octubre de 2023, por ejemplo, reunió en Génova a las consejeras de Políticas Sociales de los gobiernos autonómicos del PP y se conjuró para llevar al centro de la agenda política los asuntos que afectan a la vida de la gente. Tres años después, el resultado es que el principal partido de la oposición, no ha tenido más estrategia que el ataque a Pedro Sánchez, un presidente al que llegó a considerar ilegítimo. Sin más proyecto ni alternativa que no fuera el no a todo, ha votado en el Congreso contra la subida de las pensiones, las ayudas para los afectados de la Dana, las subvenciones al transporte público, la subida del SMI, la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional o la prohibición de cortes de suministro a los consumidores. 

Esta misma semana, ha vuelto a hacerlo contra el real decreto impulsado por el Gobierno que permitía prorrogar, en las mismas condiciones y durante un máximo de dos años, los contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. “Un naufragio más de nuestro eterno viaje al centro”, se lamenta un ex dirigente popular en alusión a la pregunta que solía hacerse Alfonso Guerra, con su habitual destreza para destruir al adversario con la palabra, sobre de dónde vendrían los del PP que llevan tantos años viajando al centro y no terminan de encontrarlo.

En realidad, conviene establecer una distinción entre lo que significa ganar el centro político y lo que es ganar la centralidad porque lo primero es una mera posición dentro del eje izquierda-derecha y lo segundo es algo que tiene más que ver con el discurso político y lo que es relevante llevar a la conversación pública. Perder la centralidad es perder la capacidad de influencia sobre de qué se habla y cómo se habla y es también perder el interés por lo que preocupa a la gente. Es ignorar por completo cuáles son las cuestiones públicas de urgencia.

La vivienda, sin duda, es una de ellas. Pero, a juzgar por sus intervenciones en el Congreso, a Feijóo no le inquieta lo más mínimo. Dato: entre diciembre de 2024 y abril de 2026, ni una sola de sus preguntas al presidente del Gobierno en las sesiones de control de los miércoles han tenido que ver con el asunto.

Aquí van algunos de sus desvelos semanales:

 -¿Cree que atacar a las instituciones del Estado es un comportamiento digno de un Presidente? (18/12/2024)

-¿Qué opina del funcionamiento del Gobierno de España? (12/02/2025)

-¿Le preocupa la calidad de vida de los españoles? (19/02/2025)

-¿Cree que su coalición de Gobierno es lo adecuado para la actual situación política? (26/02/2025)

-¿Va a ofrecer la información que le demandan los españoles? (19/03/2025)

-¿Ejerce usted todas las competencias que le corresponden según la Constitución? (26/03/2025)

-¿Cree que España merece la agonía de su desgobierno? (07/05/2025)

-¿Cree que un Gobierno colapsado sirve a los españoles? (14/05/2025)

-¿Cree que usted y su Gobierno pueden hacer lo que quieran? (21/05/2025)

-¿Cree que España merece tener un Presidente del Gobierno como usted? (11/06/2025)

-¿Le queda algo de respeto por los españoles? (18/06/2025)

-¿Alguna vez se va a aplicar lo que exigía a los demás? (10/09/2025)

-¿Cómo valora la estabilidad de su Gobierno? ( 17/09/2025)

-¿Cree que España tiene un Presidente del Gobierno decente? (15/10/2025)

-¿Ha renunciado a gobernar? (22/10/2025).

-¿Va a decir la verdad? (29/10/2025)

-¿Está usted actuando con la responsabilidad exigible a un Presidente del Gobierno de España? (11/02/2026)

-¿Quién sigue confiando en su Gobierno? (18/03/2026).

-¿Cuánto nos cuesta su Gobierno a los españoles? (25/03/2026)

-¿Cree que el Gobierno hace que España funcione? (22/04/2026).

Derribar la prórroga de los alquileres, como recordó el ministro Pablo Bustinduy, deja “a la intemperie” y aumenta el hartazgo de una ciudadanía, incluida la que vota PP, que ve cómo la política se desentiende de sus problemas solo por cerrazón ideológica.

En realidad no es solo la vivienda. Al PP le interesan poco o nada las políticas sociales, ante las que en esta legislatura ha desarrollado un patrón permanente de desinterés o bloqueo, como demuestra que en el Senado, donde ostenta mayoría absoluta, la Comisión de Derechos Sociales sólo fuera convocada cinco veces, en todo 2025. Una parálisis que no es casual y que, para la senadora socialista y portavoz en dicha comisión, Marta Arocha, “coherente con su manera de entender las políticas sociales”.

En un artículo publicado recientemente, la parlamentaria del PSOE recuerda que, por ejemplo, en materia de dependencia, los datos son claros: con gobiernos del Partido Popular, la financiación estatal del sistema apenas alcanzaba los 1.300 millones de euros mientras que con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha incrementado hasta los 3.800 millones. Sin embargo, pese a este esfuerzo sin precedentes, “las peores comunidades autónomas en gestión de la dependencia siguen estando gobernadas por el PP”. Canarias, Madrid, Andalucía y Murcia presentan mayores listas de espera, mayores tiempos de tramitación y modelos de atención basados en sistemas low cost que deterioran la calidad del servicio y vulneran derechos básicos de las personas dependientes y de sus familias. “No es una cuestión de falta de recursos: es una cuestión de prioridades políticas”. añade Arocha.

Algo similar ocurre con las rentas de ciudadanía porque, tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las comunidades gobernadas por el Partido Popular optaron por reducir o debilitar sus rentas autonómicas, en lugar de complementarlas, dejando a miles de personas en una situación de mayor vulnerabilidad y rompiendo la lógica de refuerzo del sistema de protección social.

Y todo responde a una concepción ideológica de menosprecio por lo público con la que más que seguir buscando el centro y la moderación que no termina de encontrar, Feijóo ha abandonado definitivamente la centralidad del debate público para llevar las obsesiones de su sincronizada mediática de guardia a la conversación diaria. Por ejemplo, ese déjà vu del traumático federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 relatado en su día en vivo y en directo por todos los medios de comunicación y que ahora se presenta, 10 años después, como la gran revelación de la historia del periodismo contemporáneo. 

Por si hicieran falta más ejemplos, desde que gobierna Sánchez hasta hoy, el PP de Feijóo ha votado en contra o se ha abstenido 36 veces ante asuntos de gran relevancia social que afectan a la vida diaria de la gente. Por ejemplo, el decreto por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo; la prestación por desempleo para las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas relacionadas con el COVID-19; las medidas para apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables; las destinadas a hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes; el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania; el «mecanismo ibérico» que llevó a una importante reducción de los costes de la electricidad; las becas y ayudas al estudio; la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género; la transposición de la Directiva Europea sobre a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; la prórroga de bonificaciones en el IVA de los alimentos, la electricidad y el gas; la congelación de las cuotas de autónomos o las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona).

El menosprecio por las políticas sociales, las obsesiones de sus terminales mediáticas y su dependencia de Vox arrastran al partido a un camino sin retorno y muy alejado de un proyecto político ilusionante con el que conquistar siquiera a su propio electorado. 

Sostienen en La Moncloa que cuando el enemigo se equivoca, lo mejor es no despistarlo y que una vez que el PP ha sucumbido al marco ultra de la “prioridad nacional” —los españoles, primero—, Feijóo ha quedado definitivamente retratado junto a la ultraderecha global. 

Sostienen también que aun siendo la ola antiinmigración el algoritmo que mueve el mundo y que podría perjudicar los intereses electorales de la izquierda, el Gobierno no se moverá de la defensa de la igualdad, la no discriminación y el respeto a los Derechos Humanos. 

Sostienen además que, una vez consumado el maridaje entre Feijóo y Abascal, el PP no tiene cómo salir ya de un laberinto en el que se metió para presuntamente no ser engullido por Vox, que habiendo perdido las elecciones en Aragón y Extremadura se presenta ahora como vencedor de su pulso con los de Génova para consagrar programas de gobierno racistas, xenófobos e inconstitucionales.

Sostienen todo ello mientras Pedro Sánchez cree consolidado su liderato entre los progresistas de Europa y América y mantiene el pulso a Trump, incluso después de la publicación de un correo del Pentágono que plantea suspender a España de la OTAN por la falta de apoyo del Gobierno a su aventura bélica en Irán.

A las puertas de unas elecciones andaluzas en las que el popular Juanma Moreno trata de alejarse de la estrategia nacional de Feijóo para mantener su mayoría absoluta, en el Gobierno de Sánchez ven con cierto optimismo que el PP haya entrado definitivamente en un marco ultraderechista que pretende ocultar votando en contra de la “prioridad nacional” en el Congreso al tiempo que lo ha firmado negro sobre blanco en los pactos autonómicos de Aragón y Extremadura y, pronto, de Castilla y León.

“Creen en el PP —aseguran desde el entorno del presidente Sánchez— que la narrativa antiinmigración les dará votos y les evitará ser devorados por un Abascal que, además, les desprecia, como demuestra cada día con sus declaraciones públicas”. Ni el PSOE se atrevió nunca a llamar “contrabandista de ría” a Feijóo, como en plenas negociaciones de los gobiernos de Extremadura y Aragón, se refirió el líder de Vox al del PP, en referencia a su ya lejana amistad con el narco Marcial Dorado. 

La lucha sin cuartel que libran Vox y PP demuestra, según los socialistas, que la estrategia desplegada por Feijóo no es contra el Gobierno de Sánchez, sino contra Abascal para evitar que le achique el espacio electoral. Solo así entienden que en la semana que empezó la regularización de inmigrantes, y con toda la batería mediática de la derecha volcada en poner todo el empeño en un supuesto colapso administrativo o en vincular extranjeros con delincuencia, el foco de la conversación pública se situase sobre los de Feijóo por sus acuerdos con la ultraderecha. Ni los esfuerzos por sustituir la expresión “prioridad nacional” por la de “arraigo real” le han servido para evitar la crítica, incluso de los habituales de la opinión sincronizada que alimenta Génova.

Haber sucumbido a la narrativa de los ultras arrastra a Feijóo a un terreno de deshumanización del inmigrante del que se ha querido desmarcar hasta Isabel Díaz Ayuso, la más ultra entre los ultras del PP. Y encima el gallego ha hecho saber que su posición no es una cesión a Vox, sino una convicción profunda. El resultado de todo ello es una renuncia a la institucionalidad de quien se presenta como alternativa de Gobierno y a la vez asume un marco identitario que estigmatiza al inmigrante como el causante del deterioro de los servicios públicos y la crisis de la vivienda, pese a que la estadística lo desmienta.

Que el eje que mueve el mundo ya no gire entre izquierda o derecha sino entre demócratas e involucionistas sitúa a Sánchez, en palabras de sus ministros, en una posición que les lleva a pensar que la batalla de las generales de 2027 sigue abierta, por muy adversa que sea hoy la demoscopia para la izquierda. “Feijóo es el peor enemigo de sí mismo. Y no solo por sus acuerdos con Vox, sino porque no ha aprendido de los errores de 2023 cuando vendió la piel del oso antes de cazarlo y dio por descontado que dormiría en La Moncloa meses antes de que se abrieran las urnas”, ironiza uno de los ministros más políticos de Sánchez.

Si algo ha demostrado el hoy presidente del Gobierno es que sabe cómo resurgir de sus propias cenizas. Y en un contexto en el que, como se demostró en la cumbre global de progresistas celebrada en Barcelona, la izquierda europea y americana aplaude su frontal oposición a Trump, Sánchez ya pareciera que ya no camina, sino que levita cuando se mueve por la política doméstica. Como en 2023, hoy también cree que el marco internacional es una oportunidad para retener el poder y que lo pactado entre PP y Vox para los gobiernos autonómicos son un acicate para la movilización de la izquierda. “Y si no lo fuera —apostillan en su equipo— estamos dispuestos a morir con la defensa de lo correcto, que hoy es la no discriminación de los extranjeros y mañana puede ser la pérdida de derechos de los españoles”.

El presidente está convencido de que los pactos PP-Vox terminarán por afectar a todos los colectivos que la ultraderecha ha tenido siempre en el punto de mira. De hecho, el acuerdo de Extremadura y Aragón señala ya a las organizaciones no gubernamentales que cubren políticas sociales allá donde no llega el Estado, sean o no de índole religiosa. Y en este sentido otorga especial relevancia a la contundente respuesta que Amnistía Internacional ha dado a los acuerdos de las derechas y al riesgo que suponen para los Derechos Humanos. 

Y todo ello en una semana en la que la Audiencia Nacional ha devuelto el foco a la corrupción del PP con el juicio de la Kitchen y la declaración como testigo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y del que Feijóo no termina de desmarcarse. “Al final, que el juicio a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas haya coincidido con el de la Kitchen es una dosis de recuerdo sobre la operación con la que toda la cúpula del PP trató de obstruir la acción de la justicia para tapar su corrupción y la financiación ilegal y pone a Feijóo ante un gran aprieto”, en opinión de los socialistas.

Desde La Moncloa tratan de poner en valor la “contundente respuesta” que Sánchez dio a los casos corrupción que salpican a dos ex secretarios de Organización del PSOE con la fulminante expulsión del partido frente a un Feijóo que ni siquiera ha pedido la baja de militancia a Rajoy, Javier Arenas y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Comparaciones aparte, si hay un debate en el que Sánchez se sabe ganador es en el pulso que libra con el presidente de los EEUU a cuenta de su oposición a colaborar en la guerra de Irán, negar el uso de las bases militares de Rota y Morón y elevar el gasto militar al 5% del PIB. El presidente del Gobierno no solo cuenta con el apoyo de gran parte de los socios europeos, sino también con el aplauso de la opinión pública global, donde se ha convertido en un referente indiscutible de las políticas anti Trump y la ola ultraderechista. Este viernes restó importancia a las filtraciones que apuntaban que el Pentágono explora la suspensión de España como miembro de la OTAN entre las opciones para castigar a los aliados que no apoyen operaciones lideradas por Estados Unidos. De hecho, aclaró que no había recibido queja formal de parte de la Administración Trump, al tiempo que insistió en que la posición de España siempre será dentro del marco de la legalidad internacional que no respeta el inquilino de la Casa Blanca. En el fondo, sabe que las amenazas que llegan de EEUU son puntos a su favor en las encuestas mientras cada acuerdo de Feijóo con Abascal es un paso más en la menguante popularidad de quien aspira a arrebatarle el Gobierno.

Lleva tiempo retirado de la primera línea de la política. No se fue, lo echaron con una moción de censura. Pero hay algo que no ha perdido con el tiempo. M.R, que siempre fue Mariano Rajoy, y es ese desconcierto expresivo que en sus años de presidente del Gobierno le convirtió en pasto de meme diario. Uno más para la hemeroteca: “Yo me llamo Mariano Rajoy y, luego, cada uno me llama como quiere”. Siempre existió la duda de si esa confusión lingüística que dio para tanta mofa era involuntaria o una manera de escabullirse de situaciones comprometidas, debates complicados o comparecencias sobre asuntos que le incomodaban. 

El caso es que raro era el día que no regalaba una de sus frases memorables para los anales de la política que nunca le interesó. Lo suyo siempre fue más la pasión por el fútbol, el ciclismo y la marcha deportiva, esa variante rápida del paseo que practicaba también para evadirse o escaquearse.

De esa afición por el ocultamiento, la huida y el escurrir el bulto dio este jueves una nueva clase magistral ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Kitchen y por el que se sienta en el banquillo toda la cúpula del ministerio del Interior de la etapa de su amigo Jorge Fernández Díaz. Desde el minuto uno de su declaración como testigo -no como imputado, por obra y gracia de Manuel García Castellón- sabía que jugaba en casa, que los magistrados son esas personas de las que usted me habla, pero que el PP puede controlar desde atrás y que podía negar todo, incluso la verdad, porque el que pudiera hacer, haría para que saliera de allí igual que entró. Exento de todo castigo, henchido de impunidad y dispuesto a fumarse un puro gracias en esta ocasión a la presidenta de la Sala, Teresa Palacios, que interceptó todas las preguntas incómodas de la letrada Gloria Pascual que se desviaban un milímetro del asunto que se juzgaba.

Así, el expresidente pudo mentir en sede judicial, desdecirse de sus propias declaraciones anteriores, padecer una amnesia parcial, hacer de abogado defensor del imputado exministro Fernández Díaz y hasta amparar una operación policial diseñada para ocultar las pruebas de la corrupción de su partido.

Sostener con el aplomo que lo hizo M. Rajoy que la Kitchen buscaba encontrar el dinero de Bárcenas en el extranjero y quiénes eran sus testaferros, teniendo en cuenta que cuando empezó a operar la estructura policial al margen de la ley el juez Ruz ya había dado con las cuentas del extesorero en Suiza, solo es posible cuando alguien sabe que no tendrá castigo alguno.  

Declarar que nada de lo que se juzga se hizo desde el Ministerio o la Policía Nacional, y mucho menos con conocimiento de su amigo Fernández Díaz, porque él sabe por experiencia que un ministro del Interior y ni siquiera un secretario de Estado desciende a esos detalles es tomar a los españoles por idiotas. Hay pruebas de lo contrario que existen en la causa, como los mensajes que el ex secretario de Estado Francisco Martínez remitió al exministro y registró ante notario comunicándole el éxito del espionaje que ahora se investiga. Y también hay notas del ex comisario Villarejo en poder de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones dando detalles de la captación del chófer de Bárcenas para robar documentos y conversaciones con Martínez.

“Lo que nosotros hemos hecho es engañar a la gente”, dijo en uno de sus lapsus el expresidente allá por 2016 en el transcurso de un debate parlamentario. Eso mismo podría haber repetido cuando salió este jueves de su declaración ante la Audiencia. E ídem María Dolores de Cospedal, que también se desmarcó sin pestañear de cualquier dispositivo parapolicial para robar información a Bárcenas porque en aquella época “tenía la certeza” de que “esa persona de la que usted me habla” (por el extesorero) no tenía ningún papel que pudiese comprometer a la cúpula de su partido por su financiación irregular. Ahí sigue en los diarios para quien lo quiera escuchar la grabación en la que la ex secretaria general del PP pedía al excomisario: “Lo de la libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”.

En efecto, lo que han hecho, como decía Rajoy, es una vez más “engañar a la gente”. Esta vez, con ayuda de la presidenta de la sala y el incomprensible silencio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que renunciaron a hacer preguntas al expresidente y a quien fue su número dos en el Partido Popular.

Un bien de primera necesidad, además de un derecho cada día más difícil de conquistar para miles de españoles. Para quienes lo han olvidado o quienes solo invocan la norma suprema a conveniencia, recordemos que la Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Y no solo. También dice que es a los poderes públicos a quienes corresponde promover las normas pertinentes para hacerlo efectivo, regular el suelo de acuerdo con el interés general e impedir la especulación. Has leído bien: impedir la especulación. 

He aquí la cuestión: derecho o negocio; intervención o libre mercado. Cuando hablamos de una emergencia nacional y una crisis habitacional sin precedentes, que es ante lo que nos encontramos, la respuesta debería ser obvia: una decidida apuesta por lo público. Sin embargo, el debate está servido desde hace décadas y la confrontación vuelve a ser un hecho. Esta vez a cuenta del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno de España con una dotación de 7.000 millones -el triple que la anterior- y la airada respuesta que ha dado la derecha. 

La más sonora, como siempre, la de Isabel Díaz Ayuso, para marcar la senda por la que debe transitar Feijóo. Lo que subyace de todo ello son dos modelos, dos formas de entender la economía y dos apuestas muy distintas sobre lo que se entiende por vocación de servicio público. La indómita baronesa se sitúa otra vez en la trinchera, pero esta vez ante un asunto que afecta de lleno a miles de madrileños que no pueden acceder al mercado de la vivienda en propiedad o en alquiler. Su no a todo lo que venga de Pedro Sánchez le ha llevado en las últimas 48 horas primero a rechazar los 1.100 millones de euros en fondos estatales para la construcción, rehabilitación y protección de casas en la Comunidad de Madrid y, después, a sostener que ya decidirá al respecto “cuando llegue el momento”. 

O le sobra dinero en las arcas regionales o le falta sensibilidad para con sus ciudadanos. Lo primero es dudoso porque por la mañana anuncia bajadas de impuestos; por la tarde, pide más financiación al Gobierno y por la noche, renuncia a una quita de la deuda de más de 6.000 millones de euros. Lo segundo es más probable teniendo en cuenta su disposición a ser tenedora consorte, ya que disfruta de una vivienda de lujo en Chamberí que compró su pareja supuestamente con el pelotazo de la venta de mascarillas en pandemia, además de un ático en la planta superior a la primera y ahora se encuentra en búsqueda activa para adquirir una tercera casa en propiedad en el mismo distrito, donde el metro cuadrado se vende al módico precio de 8.990 euros. 

La presidenta debe ser de las pocas madrileñas que no tiene obstáculo para adquirir no una casa , ni dos, sino tres. En el fondo lo que libra una vez más es una guerra sin cuartel contra lo público porque su apuesta siempre fue el libre mercado, la ley de la selva y el sálvese quien pueda. Lo ha hecho con la sanidad, con las universidades, con la formación profesional y, ahora, con el acceso a la vivienda y las medidas para mejorar la regulación, frenar el auge de los precios y garantizar su función social.

El argumento con el que Ayuso anota un nuevo “no” a todo lo que llegue del Gobierno de España no es que la dotación le resulte insuficiente, que la burocracia pueda desesperar a los solicitantes o que los plazos sean dilatados. Nada de eso. Su reserva es que el plan estatal invade sus competencias. No es en absoluto cierto, pero lo que le inquieta es que el programa incorpora un cambio de paradigma en las políticas de vivienda y establece que ni un solo euro de financiación pública podrá destinarse a casas que en el futuro puedan acabar en el mercado libre. Más claro: la protección pública será a perpetuidad. Rechaza además que el plan establece un sistema de corresponsabilidad entre administraciones para que el 60% de la inversión sean aportaciones directas del Gobierno y el 40% restante corresponda a las Autonomías. Tampoco asume que una de las condiciones para recibir los fondos sea que las Comunidades compartan los datos de las fianzas para seguir en tiempo real la evolución de contratos y precios. Y menos que se establezcan cláusulas antifraudes para garantizar que las adjudicaciones de VPO sean transparentes para que no pase lo que en Alicante, donde las viviendas se las repartían políticos del PP, altos funcionarios y técnicos municipales. 

A la cabeza en descalificación de VPO

La Comunidad de Madrid lidera en España la descalificación de vivienda protegida. Según los datos publicados por el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el 84,14 % de las viviendas impulsadas por el gobierno de Ayuso en el período 2021-2023 han sido desarrolladas por promotores privados, además del 89% de las construidas en la última década. Solo el 15,86% en el período 2021-23 y el 11% en la última década fueron de promoción pública.

El plan aprobado este martes en Consejo de Ministros es innovador, ya que por primera vez el Gobierno no se limita a hacer exclusivamente de pagador de las Comunidades Autónomas, sino que asume la coordinación y la dirección de la política de vivienda para evitar que el dinero que transfiere para facilitar el acceso al alquiler o la compra acabe destinado a otros fines bien distintos, que es lo que ocurría hasta ahora. Y el cambio ha sido posible gracias a la Ley de Vivienda, que reconoce la competencia del Estado para intervenir en aras a garantizar un derecho constitucional, aunque el grueso de las competencias siga en manos de las Autonomías.

El reparto de los fondos está sujeto a un compromiso de ejecución de triple finalidad: construir nuevas viviendas, rehabilitar el parque ya existente y proteger el derecho a una vivienda por encima de la especulación y el lucro. Andalucía sería la más beneficiada, con 1.197 millones, seguida de Madrid 1.113; Catalunya, con 1.015 y Valencia, con 798. De momento, con la excepción de Galicia, que recibiría 399 millones de euros y no ha puesto objeción al plan, el resto de Comunidades gobernadas por el PP ha dejado en el aire si se acogerá a la iniciativa del Ministerio de Vivienda.

Sin duda, la más vehemente en el rechazo, Ayuso. Su celo competencial sería un argumento inapelable si los resultados de su política de vivienda hubieran dado algún resultado, lo que no ha ocurrido en todos sus años de mandato. De hecho, el llamado Plan Vive que anunció por primera vez en su pre campaña electoral de 2019 como medida estrella y con el que prometió la construcción de 25.000 viviendas para jóvenes y familias en régimen de alquiler a precios de entre 300 y 600 euros mensuales ha resultado claramente fallido. 

Siete años después, la previsión hasta final de la actual legislatura en 2027 se ha reducido a 13.000 viviendas, de las cuales poco más de 5.000 se encuentran disponibles para entrar a vivir. Los resultados de su política neoliberal no han servido más que para elevar los precios, tensionar el mercado, proteger a los especuladores e imponer trabas a los sectores más vulnerables y con menor renta. Los datos una vez más hablan por sí solos. Pasen y lean: 

❗❗El precio de compra creció en Madrid un 13,4% en 2025, según datos del INE.

❗❗Madrid roza ya los  5.960 €/m² en marzo de 2026 habiendo barrios, como el distrito de Salamanca, donde el precio por metro cuadrado supera los 10.000 euros

❗❗Si la compra es inaccesible, el alquiler tampoco es una opción más fácil porque los precios también son prohibitivos al situarse en torno a 23 €/m² en lo que llevamos de 2026. En términos interanuales, el incremento ronda el 9–10% de forma sostenida

❗❗Una familia media tiene que dedicar ya el 38% de sus ingresos al alquiler cuando los estándares sitúan el umbral de esfuerzo razonable en torno al 30%. 

❗❗Hay zonas donde el mercado está directamente desbordado registrando subidas del 26% en los tres primeros meses de 2026, como es el caso del municipio de Leganés. De un 22,5% en Getafe y hasta 42,6% en Parla en el último un año 

❗❗Si a ello se le añade que el parque de vivienda público en Madrid apenas llega al 1%, y el fracaso del llamado Plan Vive, la hoja de servicios de la derecha que gobierna la Comunidad desde hace más de 30 años no precisa de mucho más análisis, salvo para recordar que el proyecto estrella que Ayuso presentó como panacea ha resultado un fracaso estrepitoso, ya que el 28% de los 157.000 solicitantes renunció a la oferta por no poder pagar un alquiler que supera los 700 euros al mes.

❗❗El mercado en Madrid no está orientado para garantizar un derecho, sino para fomentar el negocio y la inversión de los grandes patrimonios, como demuestra que el 40% de las operaciones de compra se realizaran en 2025 sin financiación, a pesar de que los precios crecieron un 16,5%

Precios prohibitivos, alquileres inaccesibles, escasez de vivienda pública y una política articulada para el crecimiento de la compra de lujo es el resultado de los 7 años de un gobierno propagandista como el de Ayuso que, además, acumula críticas por desperfectos o precios finales próximos a los del mercado libre a su fallido Plan Vive en diferentes municipios. De hecho, miles de personas se han visto afectadas por las estrictas y elitistas condiciones de acceso que han causado rechazos y listas de espera eternas, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, quien ha denunciado en estos años que quienes sí han podido acceder a una casa han tenido que hacer frente a precios excesivos, costes añadidos y graves desperfectos. 

Y por si fuera poco, en 2024 el gobierno de Madrid actualizó los precios de las viviendas con protección pública y, según el grupo al que pertenezca cada municipio de la región, los incrementos varían desde el 26% hasta el 56% de tal modo que en algunos municipios ya sale más económico comprar una vivienda de promoción privada que pública. Pero, luego Piove, porco governo (de Sánchez, claro).

El acuerdo xenófobo y racista de PP-Vox en Extremadura, la ambigua posición de Feijóo ante la guerra de Irán, la dosis de recuerdo de la Kitchen, de Luis Bárcenas, de la corrupción de Estado, de M. Rajoy, de la destrucción de pruebas sobre la financiación ilegal, del uso fraudulento de los fondos reservados… Al presidente de la Junta de Andalucía y aspirante a revalidar la mayoría absoluta el próximo 17 de mayo, Juanma Moreno, le explota estos días la cabeza con la munición que se empeña su partido en proporcionar a la izquierda. La socialista María Jesús Montero tiene material de sobra para el desgaste. Cuestión distinta es que pueda desafiar los malos augurios que le pronostican los sondeos. 

Pero a lo que vamos. Moreno, que tanto hizo para llevar en volandas a Feijóo hasta la séptima planta de la calle Génova, ahora no sabe cómo soltar el lastre del gallego para que no interfiera en su campaña. Moreno, que se esfuerza en marcar distancias con Vox, y ahora María Guardiola, con la bendición de Génova, mete a los ultras en el Gobierno de Extremadura con un pacto racista, xenófobo y hasta inconstitucional que en pocas semanas se reeditará en Aragón y Castilla y León. Moreno, que tanto evita el insulto y el cuerpo a cuerpo, y agacha la cabeza con la ristra de improperios que sueltan los suyos por la boca. Moreno, que se aseguró de que Rajoy no pusiera un pie en Andalucía hasta que no pasen las elecciones andaluzas, y ahora va Bárcenas y recuerda en sede judicial, para que nadie olvide, lo que todos sabían y taparon durante años: “M.R era Rajoy y encargó destruir un audio cortito”. Moreno, que no tolera las formas de Ayuso, y no tiene manera de contener el torrente de vituperios de la baronesa parlanchina.

El PP parece dispuesto a arruinar el empeño del presidente de Andalucía para gobernar en solitario otros cuatro años. El matrimonio extremeño con Abascal llega justo cuando el auge de Vox parecía registrar una línea descendente como consecuencia de su alineamiento con Trump, de la derrota de Orbán en Hungría y de sus líos internos. Algo que no resulta inofensivo para los intereses de Moreno, quien hace esfuerzos, además, por desmarcarse del pasado de Aznar y de Rajoy, pero también del presente de un Feijóo resignado a su dependencia absoluta de la ultraderecha. 

Y si el PP ha elegido el peor momento para Moreno al oficializar su entente con Abascal, en mucho peor tiempo la Comisión Europea ha decidido echar por tierra el empeño de la derecha judicial y política para que Bruselas tumbara las sentencias del Constitucional que amparan a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE. 

La Comisión Europea ha pedido que no se admita a trámite de la “cuestión prejudicial” sobre el pronunciamiento del TC que solicitaba la Audiencia Provincial al entender que el TJUE no puede convertirse en una especie de “supercasación europea”, por más que se empeñen los populares en desacreditar, con tretas varias, al máximo garante de la Constitución española y todos sus pronunciamientos. De haber sido al contrario, la damnificada hubiera sido, seguro, la campaña de María Jesús Montero. Pero, por una vez no es al perro flaco al que todo son pulgas, sino al más rollizo en número de escaños.

Mejor le iría a Moreno, si el PP de Feijóo hubiera asumido el coste de una repetición electoral en Extremadura. Si no lo ha hecho es porque ni el racismo, ni la xenofobia ni la ilegalidad manifiesta son ya líneas rojas en su acción política. Y, quizá, también porque para el horizonte no tan lejano a Feijóo no le interesa en absoluto que el actual presidente de la Junta emerja como el único barón capaz de cortocircuitar a Vox sin hacer suyo el ideario ultra ni entrar en sus guerras culturales.

Ni Koldos, ni Ábalos, ni Peinados…. Barcelona ha apartado durante 48 horas al presidente del Gobierno de la toxicidad que desprende la conversación pública nacional y le ha permitido elevarse por encima de la política doméstica. Uno diría que, a falta de debates de altos vuelos, Pedro Sánchez busca trascender fronteras y proyectar a toda costa su innegable influencia global del “no a la guerra” para remontar el vuelo. Lo haga en busca de un legado, de la redefinición de su liderazgo más allá de las restricciones internas o de la paz mundial, su adversario no parece que sea ya Alberto Núñez Feijóo, sino el mismísimo Donald Trump y la ola ultraderechista que recorre el mundo. 

Durante un par de días, en Barcelona, se ha erigido en azote de la ola autoritaria que recorre el mundo, un papel que ha visto reforzado y reconocido en Europa y en América sin duda por su tensión con Trump y su firme oposición a las veleidades bélicas de la Administración norteamericana. Y así se ha dado un baño de progresismo global, no en una, ni dos, sino en tres cumbres internacionales que han situado la mirada única y exclusivamente sobre el turbulento escenario mundial. Una bilateral España-Brasil en la que Sánchez y Lula da Silva se han conjurado para hacer frente al autoritarismo y espantar la sombra del fascismo. La IV Reunión en Defensa de la Democracia con la participación de los presidentes de Brasil, México, Colombia, Sudáfrica, Uruguay y Lituania. Y la Global Progressive Mobilisation, en la que un centenar de líderes de la izquierda de todos los continentes se han conjurado en defensa de las instituciones y el multilateralismo, contra la desinformación y el extremismo y la desigualdad.

Y es que mientras en España, las derechas dibujan al presidente como un líder aislado y en decadencia “rodeado de corrupción”, fuera de ella se le aplaude, se le admira y suma aliados para su cruzada contra la ola autoritaria que proyecta la sombra del fascismo, como se ha podido comprobar este fin de semana. Políticos de todos los continentes, así como académicos, activistas, sindicalistas, influencers y varios presidentes de gobiernos, principalmente de América Latina, han compartido una misma visión del mundo y hecho una encendida defensa del Derecho Internacional, el multilateralismo y la paz. 

Sánchez, por tanto, no está solo en su propósito de liderar un espacio progresista, renovar el orden internacional y poner freno a la industria de la mentira, el odio y la violencia verbal. En la ciudad condal, con Salvador Illa y Jaume Collboni de anfitriones, le acompañaron los presidentes de Brasil (Lula Da Silva), México (Claudia Sheinbaum), Colombia (Gustavo Petro), Sudáfrica (Cyril Ramaphosa) y Uruguay (Yamandú Orsi). Pero también la primera ministra de Barbados (Mia Amor Mottley), el presidente de Cabo Verde (José María Neves), el vicepresidente de Botsuana (Ndaba Gaolathe) y la vicepresidenta de Ghana (Jane Naana), así como el gobernador de Minnesota, del Partido Demócrata, Tim Waltz, que puso en pie al auditorio con un sonoro “No es América, primero; es la humanidad, primero. Adelante, España”.

A todos ellos se sumó una buena representación de integrantes de otros gobiernos europeos como Edi Rama, primer ministro de Albania; Catherine Connolly, presidenta de Irlanda; Inga Ruginiené, primera ministra de Lituania; Lars Klingbeil, vicecanciller de Alemania y colíder del SPD; Andreas Babler, vicecanciller de Austria y líder del SPÖ o David Lammy, viceprimer ministro de Reino Unido, entre otros. Hillary Clinton, Michelle Bachelet, Bernie Sanders o el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani mandaron videos de salutación y apoyo a Sánchez y alentaron a la movilización progresista en el mundo.

Fue Lula quien cargó contra los ultrarricos y afirmó que “los multimillonarios alimentan la meritocracia, pero derriban las escaleras para que los de abajo no puedan subir” y coligió que “la desigualdad no es un hecho, es una elección política y nosotros debemos elegir la igualdad”, ha defendido“. El brasileño elogió el coraje de Sánchez y cargó contra Trump sin mencionarlo expresamente da idea de hasta qué punto comparte la agenda exterior del líder de los socialistas españoles y su negativa a que los aviones de EEUU utilicen las bases españolas para sus ataques contra Irán. 

Y es que al presidente del Gobierno se le ha quedado pequeño el tablero nacional y “está haciendo crecer el rebaño progresista” (Lula Da Silva, dixit). Lo que Isabel Díaz Ayuso llama despectivamente “gestores de la pobreza y narcoestados” y, en realidad, es una extensa representación contra el “no a la guerra” y a favor de la política exterior del Gobierno de España que también busca respuestas sobre los riesgos de la democracia y el declive de la socialdemocracia, como explicitó Lula cuando en su intervención durante la bilateral Brasil-España invitó a los asistentes a preguntarse qué ha pasado para que “la imbecilidad gane adeptos”.

Sánchez habla de una comunidad política en construcción y de un grupo de países dispuestos a hacer lo necesario para proteger y fortalecer la democracia ante un contexto en el que “vemos ataques al sistema multilateral, la impugnación de las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”. Sabe que el horizonte está cargado de incertidumbres y que la internacional ultraderechista y lo que llamó “las derechas lacayas de esta”, en clara alusión al PP, hacen mucho ruido, pero “tienen pocas ideas”.

“No gritan porque estén ganando”

“Pero que no os engañen -jaleó a los más de 6.500 asistentes a la Global Progress Mobilisation-: los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando. Gritan porque saben que su tiempo se acaba y porque saben que su ortodoxia neoliberal ineficiente y cruel murió en 2008 con la gran crisis financiera”.

En una optimista y encendida intervención con la que pretende espantar el mantra sobre su languidez política, se mostró convencido de que no es su tiempo, sino el de la internacional ultraderechista y el de una “derecha rendida a los postulados reaccionarios” el que ha llegado a su fin. Y que así será con la utilización de tres instrumentos: la unidad entre fuerzas progresistas, países y generaciones; el orgullo de identidad de la socialdemocracia y la fe en el progreso.

Consciente de que durante años, en España y fuera de ella, las derechas han denostado la identidad progresista con insultos como ¡zurdos!, ¡progres!, ¡charos! o ¡rojos! para que se avergüencen de sus ideas y su pasado, se ha propuesto que sean ellas las que, en adelante, se abochornen. “Por callar ante la injusticia, por explotar trabajadores, por criminalizar al diferente, por convertir los derechos en mercancías y por apoyar la guerra y la violencia. En Gaza. En Ucrania. En Líbano y en Oriente Medio poniéndose de perfil como unos cobardes”, arengó ante un entregado auditorio en la Fira de la Ciudad Condal, donde aventuró también que la rendición de la derecha “al negacionismo climático, a la xenofobia y al machismo de la internacional ultraderechista ha sido un error del que no podrán dar marcha atrás”.

La reserva moral de la izquierda

Ante esta especie de guadiana emocional en la que acostumbra a vivir el PSOE, ministros, dirigentes de todas las federaciones socialistas y cargos intermedios reunidos en Barcelona en esta especie de chute moral ven una oportunidad en que el liderato de Sánchez traspase fronteras y haya reunido durante dos días a la reserva moral del progresismo mundial. Eso sí, también se preguntan si todo ello servirá para dar la vuelta a la tozuda realidad demoscópica, que arroja una inequívoca mayoría del bloque de las derechas en España.

“El partido no existe. Su latido es inaudible. Muchos cargos están convencidos de que viene un fin de ciclo y aquí cada uno está buscándose ya las habichuelas, si bien todo el mundo reconoce que Sánchez tiene arrojo y que en 2027 puede volver a dar la sorpresa como ya pasó en 2023”, analiza un socialista madrileño. Luego está el análisis en profundidad de los datos, tras los que asoman que “todo es complicado porque además nuestro líder se ha convertido en una apisonadora de la izquierda alternativa a la que se está comiendo y ni hay trasvase entre bloques”, añade un eurodiputado de la delegación española. “Nada es imposible”, tercia en la conversación un veterano socialista balear. “Hay claros síntomas de que la ola ultraderechista ha tocado, si no techo, sí pared”, defiende el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en conversación con los informadores antes de que concluyera la cumbre progresista y mientras suena Imagine, de John Lennon, en un plenario entregado.

Próxima edición, en México

Lo que cada día parece más claro es que el presidente del Gobierno ya no compite con Alberto Núñez Feijóo, sino con Trump y que piensa explotar su liderazgo internacional lo que haga falta para sacar a la socialdemocracia española de la depresión antes de enfrentarse a las urnas. Una estrategia que no parece baladí y que en la Global Progressive Mobilisation, cuya siguiente edición se celebrará en México, hubo quien la comparó con la que en su día desplegó Ayuso para salir de la refriega madrileña y elevarse a la escena nacional para confrontar solo con el jefe de Gobierno. “Sánchez ha visto en Trump lo que la condesa de Quirón vio en su día en el líder nacional de los socialistas y que tan buenos resultados le dio entre su electorado”, ironiza otro de los asistentes. De hecho, en La Moncloa saben que cada vez que el presidente de los EEUU desprecia al gobierno español o a su presidente con la palabra, en el parqué internacional sube la cotización de Sánchez.

El presidente sabe que la respuesta a la ola ultra debe ser ofensiva, nunca defensiva, y que como prioridad hay que afrontar una renovación “urgente y en profundidad” del orden multilateral para el que como primera medida dijo ha llegado el momento de que sea una mujer quien dirija las Naciones Unidas “por justicia y por credibilidad”.

Y así fue como acabó este sábado bien entrada la tarde ya el festival de los sueños progresistas, que solo el tiempo y las urnas dirán si es posible convertirlos en realidad. Hasta entonces, como en Imagine, nothing to kill or die for (nada por lo que matar o morir), living life in peace (viviendo la vida en paz).

Chulo, incapaz, listillo, bufón, desahogao, macho alfa digital, indocumentado, insustancial, tunante, patán tabernario, vocinglero, sectario, insultador profesional, dictadorzuelo, zafio, chabacano, agresivo, mingitorio, mamporrero, faltón, provocador, mediocre, necio, bruto, mezcla de vino y aguardiente, chulo, engorilado…

Respiren, que aún quedan más: bruto, arrogante, vacilón, pendenciero, fanfarrón, pitbull, rottweiler, agresivo, grosero, neandertal, follonero, cínico, sucio, gamberro, mentiroso, turbio, mastín monclovita, bulldog, bocazas, paleto, sicario, traidor, orangután, voceras, gañán, zafio, pendenciero, procaz, bocachanclas mulo, excrecencia, ponzoñoso, fascistoide, primate, gánster, matachín, corto, soez, cuentachistes, machirulo, cafre, inmundo, torpón, aniquilador, personajillo, analfabeto, sinvergüenza, chapoteador, detritus, tirano, patético, perdonavidas… 

Todo eso y mucho más se ha escrito no en las redes sociales, sino en diferentes medios de comunicación sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien con seguridad es el titular del Gobierno más denostado por la derecha política y mediática. Da igual el motivo. Le ultrajan por su habilidad para moverse por las redes sociales, por el accidente de Adamuz, por responder a las críticas, por no callar, por el estado de las carreteras, por mofarse de quienes le atacan, por plantar cara a la derecha, por recordar los mínimos exigibles del periodismo, por no arredrarse y, ahora, hasta por fabricar una página oficial para desmontar bulos.  

En las últimas 48 horas, el ministro más guerrero del Gobierno de Sánchez ha desquiciado a sus detractores porque ha habilitado en la web del Ministerio una sección para rebatir informaciones falsas o manipuladas, que él prefiere llamar bulos. ¡Sacrilegio! Y resulta que los más ofendidos son algunos de los que ejercen el periodismo, una profesión en la que cada día es más necesario distinguir entre lo que es información, lo que es manipulación y lo que es directamente mentira.

Igual que la desinformación, los bulos tienen un objetivo claro, que es agraviar a la persona afectada, distorsionar la realidad y envenenar/polarizar el debate público. Por desgracia, recorren bares y tertulias y compiten con las noticias contrastadas, lo que supone un daño irreparable no solo para la convivencia democrática, sino para el periodismo.

Leer o escuchar a quienes se llaman periodistas atacar a todo aquel que denuncia o alerta contra un veneno mortal que está matando este oficio produce tanta vergüenza como recordar que en este país un Fiscal General ha sido condenado por desmentir una mentira mientras el divulgador de la misma, que es un empleado público muy bien pagado, se permite el lujo de escribir que un tercio de los españoles, los que votan PSOE, están podridos. 

La putrefacción de un país no la genera el sentido del voto, sino que la desinformación, el bulo o la mentira condicionen decisiones judiciales y se consoliden en un ecosistema que penaliza la verdad y premia la mentira en la política y en el periodismo. Y si además, quienes se dedican a opinar o informar zarandean la conversación pública con el insulto y la insidia, la podredumbre traspasa todos los límites de lo soportable. Que haya plumas y voces del panorama mediático que se dedican exclusivamente a enlodar y deshonrar habla muy mal de una profesión que ha olvidado que se puede criticar al poder cuando se equivoca y denunciarlo cuando abusa, pero sin mentir, sin berrear y sin denigrar. 

Quienes ocupan cargos públicos están expuestos a la crítica severa y molesta, pero en ningún sitio está escrito que el derecho a la libertad de expresión ampara el insulto, la injuria o el menosprecio. Y si hay quienes dentro del periodismo se sienten ofendidos porque haya un espacio donde se desmonten bulos será porque no leyeron nunca que la Constitución reconoce el derecho “a la información veraz” o porque les mueven intereses muy espurios. Casualmente, son los mismos que en lugar de argumentar se despachan con el verbo grueso y el vituperio, pero no pierden ocasión para dar lecciones de ética periodística. 

Nos está quedando una profesión preciosa.

Lo cierto es que no hay mucha diferencia entre el comportamiento del diputado de Vox José María Sánchez cuando el martes se subió al estrado de la Cámara Baja para encararse desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y lo que se escucha en las filas del PP sobre quienes sueñan con salir de pobres, les llueva la suerte y dejen atrás la clandestinidad. 

Al fin y al cabo todo es violencia institucional. Todo emana del trumpismo, todo vulnera derechos, todo perpetúa la impunidad y todo parece ya normalizarse en esta España nuestra: desde que un parlamentario traspase todas las líneas rojas y amague con la agresión al vicepresidente del Parlamento hasta que se presente como delincuentes a quienes viven entre nosotros, trabajan en el mercado negro y contribuyen al crecimiento económico.

Que esto lo haga la ultraderecha se daba por descontado, que lo haga un partido que se considera de Estado, un líder que prometió hacer política para adultos o un aspirante a presidir el Gobierno de España es inhabilitante. ¿Quo vadis, Feijóo? ¿Qué fue de aquella promesa para buscar soluciones a una inclusión social correcta y legal de quienes viven y trabajan en España, pero no tienen papeles? Entre aquel compromiso del líder de la oposición en abril de 2024 y su brutal ofensiva de hoy contra la regularización de inmigrantes hay un largo trecho que el PP ha recorrido solo por un motivo: la pérdida de apoyo electoral en favor de Vox. 

Que Feijóo haga de la mentira y la manipulación sus señas de identidad no es nuevo, pero que asegure solemne que el proceso de regularización permitirá obtener el permiso de residencia a “inmigrantes que han abusado de una mujer” es, además de una absoluta irresponsabilidad, un salto cualitativo en su escalada hacia la indigencia institucional. Carecer de antecedentes penales es y seguirá siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería, pero a Feijóo le da igual porque con su “todo no” a lo que haga Sánchez se ha convertido en un aspirante sin proyecto político alternativo al que solo le mueve echar a Sánchez. En esa deriva se entiende su “no” a la regularización de extranjeros, la criminalización del inmigrante, la miopía en política exterior o la asunción de los más feroces postulados del trumpismo en política migratoria. 

El líder de la oposición está a un telediario de sostener que España “proporciona santuario y protección a delincuentes peligrosos” o que los extranjeros “están envenenando la sangre de nuestro país”, como afirmó Trump en alusión a los EEUU. 

Nada como el dato, la información y la estadística para desmontar falacias y evitar que una mentira repetida mil veces sea asumida sin más en la conversación pública. En nuestra mano está consumir información de manera crítica y responsable y distinguir entre verdad y propaganda, ya que la evidencia empírica demuestra que la inmigración, cuando se integra en el mercado de trabajo, contribuye positivamente al empleo, al crecimiento de la economía y a la sostenibilidad fiscal. En España, lo acreditan así las anteriores regularizaciones hechas por Gobiernos de distinto signo político, pero también las estimaciones de la Comisión Europea, del Banco de España, del Banco Central Europeo y hasta de la patronal. 

Conviene, primero, por tanto, desmontar algunos mantras de las derechas. Por ejemplo, el que sostiene que el Gobierno ha perdido el control de la inmigración. Dato: las llegadas irregulares suponen solo un 5% del total de extranjeros que entran en España. Dato: el 95% de las personas llegan por vías regulares y sobre todo seguras. Dato: los flujos migratorios irregulares se han reducido un 32% a escala nacional y un 59% en Canarias respecto al año pasado. Dato: las personas extranjeras suponen el 10% del aporte a la Seguridad Social y solo el 1% del gasto. 

La insistente asociación entre inmigración y delincuencia desde el PP y Vox no se sustenta con los datos del Ministerio del Interior, que muestran la tasa de criminalidad más baja de la historia, a pesar de que han aumentado casi en 2,5 millones las personas de origen extranjero desde 2018. El que delinque es el delincuente, no el inmigrante y las prestaciones económicas, como el IMV, siempre han estado, y así seguirá siendo, vinculadas a la búsqueda activa de empleo. Otro dato: el 83% de las personas que lo cobran ya son españoles, ya que se exige una residencia legal, efectiva e ininterrumpida durante más de un año. 

Desde una perspectiva demográfica y fiscal, el Ageing Report de la Comisión Europea ha subrayado que, en economías caracterizadas por un rápido envejecimiento poblacional, la inmigración en edad de trabajar contribuye a mitigar la reducción de la población activa, a sostener el crecimiento potencial y a aliviar las presiones a medio plazo sobre los sistemas de pensiones y protección social. En la misma línea, el último Informe País de la OCDE destaca que la integración laboral efectiva de la población migrante es un elemento clave para reforzar el empleo agregado, aumentar los ingresos públicos y mejorar la sostenibilidad del Estado del bienestar.

La regularización de 2005, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que sacó de la clandestinidad a 600.000 inmigrantes, se tradujo en mayores cotizaciones a la Seguridad Social y en un aumento de la recaudación fiscal. Aquella experiencia acreditó, de hecho, un salto sin precedentes en la afiliación de trabajadores extranjeros, que aumentó en 616.655 personas en un solo año, multiplicando por cuatro el crecimiento de ejercicios anteriores. Lejos de acreditar ningún tipo de efecto llamada como denuncian los profetas del Apocalipsis, generó más de 4.400 euros anuales por persona regularizada a través del IRPF y cotizaciones.

Hoy, como entonces, lo que se pretende es que los extranjeros que trabajan en la economía sumergida -y que eufemísticamente en la Administración llaman empleo informal- aumenten la afiliación a la Seguridad Social. Dato: desde 2023 más de 100.000 nuevas afiliaciones corresponden a personas que han accedido a alguna figura de regularización.

La evidencia de regularizaciones anteriores demuestra, además de mejoras en el empleo y los salarios de los trabajadores más cualificados, que este instrumento permite cubrir vacantes que el mercado no logra ocupar, mayoritariamente en el sector de los servicios, pero también en la construcción y el sector primario. Dato: el 45,6% de las empresas españolas declara la escasez de mano de obra como un factor que limita su actividad, un porcentaje que lleva años en aumento y que en hostelería, agricultura o construcción supera el 56%, según datos del Ministerio de Seguridad Social. Y estas son precisamente las áreas donde se concentra el empleo de la mayoría de las personas que se beneficiarán de la regularización. Dato: el 17% de los titulares de arraigo en activo trabaja en hostelería, el 13% en construcción y otro 13% en comercio.

La regularización aumenta también la recaudación fiscal y refuerza el sistema de pensiones. Algo que no es baladí en España, con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer y una proyección de que el 30% de la población supere los 65 años en 2050. Estimaciones recientes de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia apuntan a que, de aquí a 2075, un escenario de baja migración (un 30% menos de los flujos actuales) pondría en riesgo servicios esenciales: el número de médicos especialistas podría caer un 28%, una de cada cuatro aulas de educación obligatoria podría cerrar por falta de demanda, y la oferta de cuidados de larga duración a personas mayores dependientes podría reducirse casi un 30%.

Y para desmontar toda cantinela sobre el colapso de los servicios públicos que alientan tanto Feijóo como Abascal basta con recordar que los potenciales beneficiarios de la regularización ya viven en España y ya utilizan de forma habitual la sanidad, la educación o los servicios sociales. La diferencia es que a partir de ahora contribuirán de manera plena a su financiación. ¿O acaso ignoran que los datos del padrón son la fuente para los cálculos de la demanda de plazas en colegios públicos y de camas hospitalarias, así como para el reparto de recursos del sistema de financiación autonómica? ¿O que el censo recoge a todos los residentes con independencia de su situación administrativa? Más claro: los migrantes que se acojan a la regularización ya están contabilizados en los cálculos actuales para la financiación de los servicios públicos. 

¿Qué será lo siguiente, entonces? ¿Decir que los extranjeros que vienen de Marruecos se comen nuestras mascotas? Tiempo al tiempo.

En un juzgado de Madrid habita un togado innombrable y con afición a la caza mayor. De edad avanzada y sin grandes perspectivas de futuro, ve gigantes donde hay molinos y castillos donde hay solo ventas. Pero no tiene nada de ingenioso hidalgo. Su forma de vivir una vida emocionante y convertirse en héroe del antisanchismo es dictar autos tras los que subyacen más motivaciones personales o ideológicas que fundamentos de derecho. 

Lean, lean: “Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal”. Así es como este caballero de triste figura endosa el delito de tráfico de influencias a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por usar su domicilio habitual -es decir, La Moncloa- para reuniones profesionales y académicas.

El párrafo, como la inmensa mayoría de sus textos, demuestra un nulo conocimiento de las reglas gramaticales, de la puntuación, de las comas, de la concordancia, de las subordinadas… Y mucho menos de la “apariencia de imparcialidad”, una expresión acuñada por el Constitucional y reforzada por la jurisprudencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), que en su caso ni está ni se le espera.

El juez de cuyo nombre no conviene acordarse ha concluido ¿una investigación? de dos años y propone llevar a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular por cuatro delitos. Hasta llegar ahí, su instrucción sufrió varios varapalos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la Audiencia Provincial y hasta del Supremo. Primero, para que dejara de investigar la implicación de Gómez en el rescate de Air Europa. Después, para desimputar al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y al responsable del Instituto de Empresa, Juan José Güemes. Y más tarde para anular los registros y el clonado de los dispositivos móviles del empresario Juan Carlos Barrabés por vulnerar su intimidad de manera injustificada y para dar carpetazo a su propósito de imputar al ministro Félix Bolaños.

Un portento de la fuga creativa de la realidad que, de no ser porque hablamos de una determinada forma de impartir justicia, tendría más de parodia que de investigación sólida. Porque si estrambóticos son sus autos, los delitos que imputa o las motivaciones, qué decir de los tiempos. Hay una coincidencia nada casual cada vez que el célebre togado dicta un auto sobre la esposa del presidente del Gobierno. Siempre los ajusta con un viaje internacional de Pedro Sánchez. Por ejemplo, el procesamiento que hizo público este lunes está perfectamente encajado con el viaje oficial de Sánchez y su esposa a China. Pero, hay más ejemplos.

El 29 de octubre de 2024, mientras Sánchez estaba de viaje oficial en India, el juez que todos sabemos amplió la investigación sobre Begoña Gómez con nuevos delitos y la citó a declarar. El presidente respondió desde Bombay, para defender a su esposa, mostrar su confianza en la justicia y restar credibilidad a las acusaciones, en un contexto en el que la agenda internacional quedó eclipsada por el impacto político del caso en España.

El 24 de septiembre de 2025, mientras Pedro Sánchez participaba en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el mismo togado dio un paso decisivo en la causa al proponer el envío a juicio de Begoña Gómez ante Tribunal del Jurado por un delito de malversación. Otra vez, el presidente tuvo que responder desde allí en rueda de prensa y el impacto político y mediático fue inmediato.

El 24 de junio de 2025, en un contexto de alta presión internacional por el gasto en defensa y con Sánchez en la cumbre de la OTAN en La Haya, el instructor volvía por sus fueros y pedía al Tribunal Supremo la imputación del ministro Félix Bolaños por posible malversación y falso testimonio.

Habrá quien diga que todo es cosa del azar y la eventualidad. Es una opción. Otra es que nada pasa por casualidad y que todo esconde una explicación. Cada cual que construya su propia opinión.

P.D. Lo de innombrable es porque el togado en cuestión hace meses que emprendió una ofensiva judicial contra una docena de medios y periodistas, incluida quien firma estas líneas, con demandas en las que solicita indemnizaciones de entre 25.000 y 60.000 euros y rectificaciones públicas por opiniones que, a su entender, vulneran su honor, aunque solo describen lo obvio. Entre auto y auto, demanda al canto. 

Corto se ha quedado el ministro Bolaños cuando ha dicho que ciudadanos y jueces se sienten avergonzados por esta causa. Si la credibilidad de la justicia está bajo mínimos es por casos como este, pero nadie se puede llevar a engaño después de la sentencia del Supremo contra el ex Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, condenado sin pruebas por un delito de revelación de secretos. Begoña Gómez será la próxima, pero Cospedal y M. Rajoy se irán de rositas en la Kitchen. Algunos ya han hecho lo que podían hacer para cumplir con el mandato de Aznar.

Si hay una federación del PSOE que conoce bien las consecuencias del 'canibalismo' entre familias es la andaluza. Lo de la antropofagia –en sentido figurado, se entiende– viene a cuento de la elaboración de las candidaturas para las elecciones del próximo 17 de mayo que María Jesús Montero ha cerrado esta misma semana. Pero también al hilo de la reflexión de un veterano dirigente que sabe cómo se libran los procesos internos en su partido cuando la nave nodriza atraviesa turbulencias: “En sus pantallas, una nueva adaptación de ¡Viven!”. 

Quien así habla se refiere a la historia del avión uruguayo que en 1972 se estrelló en los Andes, entre Argentina y Chile, con 45 personas a bordo y que, tras agotar provisiones, 16 de ellas sobrevivieron en condiciones extremas ingiriendo los cuerpos de los fallecidos. “Un avión averiado, poco espacio para moverse en la nave y decenas de cargos que tratan de subsistir a la tormenta mientras unos se devoran a otros para ocupar un cargo que garantice el sustento los próximos cuatro años”.

La crudeza con la que los socialistas andaluces libran sus batallas orgánicas ha sido una constante desde que Susana Díaz heredó los cargos de secretaria general y presidenta de la Junta de Andalucía de José Antonio Griñán y se propuso sin éxito disputar el liderato nacional a Pedro Sánchez. De aquellos polvos, muchos de los lodos por los que han naufragado los socialistas desde que perdieron en 2018 el gobierno regional que presidieron durante más de 40 años.

Metáforas y evocaciones aparte, tras la confección de las planchas, la federación se divide hoy entre quienes hablan de obligado cierre de filas y quienes describen una federación abierta en canal, salvo en algunas provincias donde la componenda ha acallado la crítica. Al menos hasta después del 17 de mayo. Los reproches a María Jesús Montero, que se ha propuesto movilizar a 500.000 votantes que votaron PSOE en las generales de 2023 y se quedaron en casa en las autonómicas de junio de 2022, no tienen que ver ni con su potencial político ni con su entrega. Su dirigencia le imputa “no haberse dejado ayudar por quienes conocen el territorio y la organización” y haber actuado en el PSOE de Andalucía “demasiado tarde y como si esto fuera un ministerio en lugar de un partido”, asegura un dirigente gaditano.

Una consultora para los mensajes políticos

Montero, que nunca participó de batallas orgánicas, ha elegido como director de campaña al que fuera su jefe de gabinete en Hacienda, Carlos Moreno, quien se reunió con el empresario Víctor Aldama, para gestionar presuntamente el aplazamiento de una deuda tributaria del empresario corrupto vinculado al caso Ábalos/Koldo que hoy juzga el Supremo. “Una persona trabajadora, de confianza de la candidata, pero que poco o nada sabe de política y menos de la vida orgánica”, lamenta un miembro de la dirección regional. 

Al frente de la Secretaría de Organización, la aspirante a la Junta tiene al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, un veterano al que se le afea desde diferentes provincias “no haber hecho el trabajo previo a la confección de las listas en los territorios”, según entienden desde diferentes provincias. Y para fijar los mensajes políticos de su campaña ha contratado al periodista Antonio Hernández Rodicio, de la empresa de Comunicación estratégica, consultoría política y asuntos públicos Thinking Heads.

Sin embargo, una de las quejas que más se escucha entre los cuadros medios de la federación es “la visibilidad que la dirección regional ha dado a los acuerdos” tejidos con quien fuera presidenta de la Junta, Susana Díaz, para incluir a varios de sus fieles en las listas. Díaz fue la mayor crítica de Sánchez después de que el hoy presidente del Gobierno le ganará las primarias de 2017 por goleada y fue también una de las pocas voces del PSOE que pidió elecciones anticipadas tras la detención de Santos Cerdán en el verano de 2025. 

Desde Almería no dudan de que “el daño que la exdirigente ha hecho al partido, el papel que juega hoy en su papel de tertuliana televisiva y su más que probada deslealtad es algo que la militancia no puede ni quiere olvidar”. Pero la dirección regional prefiere hablar de “tregua” para que Díaz “se sienta cómoda y no dé problemas”. La opinión mayoritaria, tomado el pulso de las ocho provincias, es que en las filas del partido habrá una paz orgánica simulada que llegará hasta el 17 de mayo, sea cual sea el resultado y que, a tenor de los sondeos, no parece que vaya a suponer un vuelco en favor del PSOE. 

Cinco escaños que dependen de 15.000 votos

De entrada, la marca que lidera María Jesús Montero, que parte de 30 de 109 escaños –el peor resultado de su historia– reconoce que no sale a conquistar la primera posición, sino a aumentar el número de parlamentarios –sin concretar cuántos– y a que el PP de Juan Manuel Moreno pierda la mayoría absoluta. “Si Moreno gobernó la Junta con el peor resultado de la historia del PP en Andalucía, nada dice que Montero no pueda hacerlo”, se escucha en el equipo de la candidata, desde donde defienden que la movilización de toda la izquierda será decisiva, al igual que el reparto de los restos donde los últimos escaños se juegan en un puñado de votos en hasta cinco provincias. Este análisis coincide con el que maneja también el actual presidente autonómico. “Cinco escaños dependen de 15.000 votos”, ha afirmado Moreno, a quien beneficia en todo caso el estancamiento que las encuestas pronostican para Vox en la región, como ya ocurrió en Castilla y León.

La movilización en el caso del PSOE pasa por sacar de la apatía a los casi 400 alcaldes de la región, que además de no sentirse interpelados por esta convocatoria tampoco han visto con buenos ojos la confección de las listas electorales, especialmente en la provincia de Cádiz. Montero tuvo este viernes que modificar lo dispuesto por el comité provincial gaditano, que había reservado el primer puesto para Juan Cornejo, hijo del que fuera secretario de Organización de Susana Díaz, con Rocío Arrabal como número dos y Fernando López Gil en el tres. El Comité de Listas invirtió el orden para que López Gil encabezara la candidatura con escaño garantizado por la mañana y, por la tarde, los gaditanos doblaron el pulso al regional y se volvió a aceptar su propuesta inicial. Lo nunca visto en la historia del socialismo y que, según fuentes de la federación andaluza, es “un claro síntoma de debilidad de la dirección regional de Montero”.

El 17M tendrá también una indiscutible lectura nacional sobre la fortaleza o debilidad del PSOE, conceptos que históricamente fueron indisociables del latido electoral del sur. No en vano, Pedro Sánchez ha ordenado ya un desembarco de ministros, especialmente los de mayor perfil político, en la campaña de la que fue su vicepresidenta primera y hoy sigue al frente de la vicesecretaría general del PSOE. Tendrán así una presencia notable por el territorio Félix Bolaños, Óscar Puente, Óscar López, pero también acudirán a arropar a Montero Elma Sáiz, Diana Morant, Isabel Rodríguez, Luis Planas y Ana Redondo. 

Presencia de Borrell, Almunia, Solana y Zapatero

Hasta siete ministros está previsto que participen de la agenda de campaña, además del presidente del Gobierno, que se prevé tenga presencia en las ocho provincias, si bien de momento están cerrados solo seis actos. Por otra parte, el equipo de campaña no piensa desaprovechar el “no a la guerra” que secunda una aplastante mayoría social y con esa intención trabaja en el diseño de un acto conjunto de la candidata y algunos referentes socialistas de la esfera internacional como Josep Borrell, Joaquín Almunia o Javier Solana, al que se sumará también José Luis Rodríguez Zapatero. En el diseño se ha incluido también un acto con todos los expresidentes de la Junta de Andalucía, desde Rafael Escuredo a Susana Díaz, si bien tanto el primer presidente autonómico que tuvo Andalucía como José Antonio Griñán atraviesan problemas de salud que, a día de hoy, les impiden confirmar su asistencia.

Todo con intención, explica el secretario de Organización del PSOE andaluz, Francisco Rodríguez, de “reivindicar el orgullo de una historia socialista que hizo posible los mayores niveles de progreso de esta comunidad y que el gobierno del PP está destruyendo de forma subliminal”. El avance de la ultraderecha en el mundo y sus consecuencias será uno de los ejes de la campaña, pero los socialistas andaluces quieren situar el foco, sobre todo, en el debilitamiento de la sanidad pública y la desviación de fondos públicos a la privada. 

Moreno presume, por su parte, de no haber tenido en siete años de mandato una protesta de sanitarios como la que afectó a la izquierda en tiempos de los gobiernos socialistas con las mareas blancas. Aun así, la contratación de seguros médicos privados en la región ha crecido un 130% en los últimos seis años y un 23,7% de los andaluces cuenta con una póliza privada. Y estos son datos incontestablemente ligados a la percepción negativa de la sanidad y a las listas de espera. 

Aunque el presidente de la Junta se sobrepuso de la crisis de los cribados del cáncer de mama, con una gestión acertada del accidente de Adamuz, ha visto esta semana cómo las asociaciones de víctimas le han reclamado que se investiguen las deficiencias en las emergencias el día de la tragedia. El asunto podría colarse en esta campaña, después de que los familiares de los fallecidos hayan desvelado un “caos técnico” que obligó a los gestores a usar sus teléfonos particulares y que la información sobre los heridos del Alvia no se incorpora al sistema hasta 43 minutos después del accidente. 

Con todo, no hay señales que inviten a pensar en un cambio de signo político en la Junta y sí en que si el PSOE sale muy mal parado de las urnas el 17M, la derecha de Feijóo retomará su recurrente discurso sobre un anticipo electoral en España. Algo que, en La Moncloa, no contemplan. Lo lógico, coinciden varios ministros, es que si hubiera un sonoro batacazo, Sánchez intentase alejar lo más posible esa fecha de las generales. En la cabeza del presidente, de momento, no hay otra fecha que la de 2027. “Por encima de cualquier otra circunstancia [explican desde su círculo de confianza], Sánchez está convencido de que será el Gobierno de coalición quien reciba la última entrega de los Fondos Europeos, en diciembre de 2026”. 

Y a partir de ahí, con el nuevo año, se verá. Eso sí, la presión de los alcaldes socialistas de toda España para que las generales se celebren antes que las municipales y autonómicas de 2027 no es algo baladí en el PSOE. De hecho, a tenor de lo que se escucha en los despachos ministeriales, empieza a ser una opción a tener en cuenta, y, en absoluto descartable para que Sánchez asuma –o no– antes que nadie el resultado y no ocurra lo que en 2023, cuando presidentes autonómicos y alcaldes recibieron el castigo por el desgaste del Gobierno de coalición con Podemos.

Si se abriera paso esa hipótesis y la convocatoria fuera en marzo, el anticipo sería mínimo y el presidente podría decir que llegó a 2027. Claro que eso sería en el caso de que el Gobierno tampoco encontrase apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del próximo año. Hasta entonces, advierten en Moncloa, Montero sale a competir con el mismo espíritu que Sánchez en 2023: con todos los pronósticos en contra y su militancia desganada, pero dispuesta a darle la vuelta al marcador con “una campaña rompedora” y arropada por todo el Gobierno. Algo que en el territorio no terminan de ver y demandan “una estrategia de cirugía quirúrgica” donde se pelee por hasta el último votante de cada provincia que históricamente en elecciones autonómicas se queda en casa, pero en generales sí acude a las urnas.

A veces, solo a veces, hay cosas de la política que se entienden mal o directamente no se entienden. Y a veces, solo a veces, hay una responsabilidad de quienes cumplen el papel de intermediarios entre quienes orbitan la vida pública y los ciudadanos, es decir de los periodistas. Los políticos se han convertido en los verdaderos protagonistas de los medios de comunicación. Fulano dice. Mengano hace. Zutano acusa. Sin embargo, rara vez sus palabras aportan algo que pueda acercar a sus políticas. 

El discurso/mensaje de hoy nos conduce más allá de la sociedad líquida de Zygmunt Bauman y nos convierte a diarios, radios y televisiones en partícipes de una dinámica francamente incomprensible. A cada declaración, un titular enunciativo sobre alguien o algo que rara vez desarrolla, argumenta, explica o contextualiza. Una sucesión, en definitiva, de declaraciones donde el protagonismo es de quien habla, y no de lo que hay detrás de sus palabras o sus actos. Es lo que se conoce por periodismo declarativo, una sucesión sin más de sonidos sobre lo que los políticos dicen de ellos mismos o de sus adversarios sin trascendencia alguna para los ciudadanos.

Un ejemplo de lo que hablamos está en las reseñas de lo que unos han llamado pretenciosamente cumbre entre Génova y Sol; otros, una reunión entre Feijóo y Ayuso y alguno, un simple desayuno. Cita en todo caso que hubiera merecido, además, de una convocatoria previa -si es que en realidad tuvo la relevancia que se le atribuye-, un mínimo de contenido -si es que forma parte de alguna estrategia hasta ahora desconocida-.

Lejos de lo uno y lo otro, el presidente del PP y su baronesa madrileña no informaron de su encuentro hasta pasadas 24 horas. Se desconoce el motivo de tan insondable estrategia comunicativa. Si no era una reunión importante, por qué hacerla pública un día después. Y si lo era, por qué se dio cuenta de ella a través de sendas notas de prensa distribuidas desde Génova y la Puerta del Sol.

El texto de la dirección nacional afirmaba que “Ayuso, junto con los consejeros que integran su Ejecutivo, compartieron con Feijóo las prioridades estratégicas” de la región, pero no revela ni quién solicitó la reunión, ni sobre qué asuntos se habló, ni cuáles eran esas preferencias tácticas. Y, en el encuentro, continúa el breve redactado, “trasladaron las principales necesidades que siguen sin ser atendidas por parte de un Gobierno de España empeñado en convertir a los madrileños en rehenes de las prácticas de ajuste de cuentas con las que el PSOE les castiga por su falta de apoyo electoral” en Madrid. 

La nota del gobierno regional informa, por su parte, que lo que pasó en ese desayuno fue que Ayuso le trasladó “al líder de la primera fuerza parlamentaria en el Congreso y Senado en España los principales retos y logros de la Comunidad de Madrid, así como los ataques a los servicios públicos madrileños que se están produciendo desde el Gobierno central en diferentes materias: financiación, fiscalidad, la ausencia de inversión estatal en las infraestructuras de transporte como Cercanías, la falta de médicos en toda España que afecta a todas las CCAA, la inexistencia de políticas migratorias así como las trabas con la energía y la gestión del agua que ponen en dificultades el enorme desarrollo en digitalización de la región, entre otros”. Todo en un párrafo y medio.

Palabras grandilocuentes, tono exagerado y ni un solo dato o argumentación sobre lo que se pretende comunicar en lo que a todas luces muestra una estrategia de propaganda a mayor gloria no se sabe bien si de Ayuso o de Feijóo porque quien desveló la existencia de esta bilateral de altos vuelos y tan escasa materia fue primero el equipo del líder nacional.

Si hay algo que subyace tras este esperpento de los estrategas de los populares es la subordinación del líder del PP a su baronesa al desplazarse él a la sede del gobierno regional, y no Ayuso a la calle Génova, como mandan los cánones de jerarquía que siempre han aplicado los presidentes nacionales de ese partido. Todo lo demás, vacuidad y pirotecnia.

Y mientras, quienes tenemos la obligación de contar lo que hay detrás de cada palabra, gesto o acción de quienes nos representan seguimos dando pábulo a tanto fuego artificial y tanta nadería. 

Nada de Trump, ni de sus amenazas de muerte a toda una civilización, ni de la mayor ofensiva de Israel sobre Líbano, ni de la incursión de J.D. Vance en la campaña electoral húngara para apoyar a Víctor Orbán, ni del incierto futuro de la UE, ni del bloqueo de las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en tres Comunidades Autónomas…

Para el aspirante a la presidencia del Gobierno de este país, Alberto Núñez Feijóo, el asunto que envenena sus sueños es un colchón. Han leído bien: col-chón. Recordarán que allá por 2018 cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa lo primero que hizo fue cambiar la superficie sobre la que iba a dormir y dar una mano de pintura a la residencia presidencial. Algo que en términos de higiene, además de recomendable, resulta muy necesario para todo aquel que se dispone a habitar un espacio en el que antes ha vivido otra familia.

Pues resulta que hablaba Feijóo este miércoles de inflación y de corrupción cuando, de repente, acusó al Gobierno de “crujir al que madruga, al que ahorra, al que monta un negocio, al que apoya a sus seres queridos y al que declara hasta el último euro, pero no a los que roban”. La expresión los que roban la vinculó inmediatamente con el cambio del colchón de La Moncloa, algo que insinuó él no hizo jamás en los 13 años que vivió en la residencia presidencial de la Xunta de Galicia, de lo que se deduce que durante todo ese tiempo durmió sobre el mismo lecho -¿y las mismas sábanas?- que lo había hecho el socialista Emilio Pérez Touriño. “Siempre su confort por delante del bien común”, reprochó a Sánchez.

Más allá de lo que se pueda inferir con esas palabras sobre su propio aseo personal, lo que Feijóo demuestra una vez más es la facilidad con la que incurre en el ridículo. Lo grotesco es algo que, como decía Tarradellas, debe estar fuera de la política y que, sin embargo, asoma con demasiada frecuencia en las intervenciones del líder del PP. Porque si absurdo es atacar a un oponente porque cambie el colchón en el que durante años durmieron Rajoy y señora, mucho más estrafalario es, ante la amenaza de Trump de arrasar por completo Irán, recurrir a la tibieza y la nadería en X con un mensaje que decía “en momentos delicados, necesitamos sensatez, no brutalidad. Occidente no es esto”. Esto después de haber difundido semanas antes un alegato en la misma red social con el que planteaba la necesidad de elegir entre la libertad o los tiranos entendiendo que lo primero lo encarna quien ha vulnerado todas las normas del Derecho Internacional y tiene en un ay al mundo entero con sus extravagancias e ínfulas belicistas.

Resulta cada vez más difícil imaginar en este PP a una oposición que combine responsabilidad, prudencia y dignidad personal. No digamos ya encontrar una voz a la que le mueva la coherencia y el respeto por el electorado al que representa. Porque lo del colchón lo soltó Feijóo en el contexto de un discurso con el que hizo un ejercicio de populismo fiscal más propio de la ultraderecha que de un partido que aspira a gobernar el país. Lo hizo justo ahora que arranca la campaña de la declaración de la Renta y los españoles tienen que pagar a Hacienda. 

En este mismo espacio ya hicimos hace semanas un repaso por la hemeroteca para recordar lo que el PP dice sobre los impuestos cuando está en la oposición y lo que hace, después, con ellos cuando llega al gobierno. ¿Recuerdan? Entre 2012 y 2018, aprobó hasta 137 subidas fiscales. 30 de ellas mediante cinco revisiones del IRPF, cuatro del Impuesto de Sociedades, dos del IVA, dos del Impuesto de Bienes Inmuebles y una revisión del de Patrimonio en tan solo un año y medio, además de 12 nuevas figuras tributarias.

El discurso de Feijóo en esta materia es irresponsable, además de falsario porque, incluyendo el impacto estimado de las últimas medidas tributarias, la realidad es que las rebajas fiscales para la clase media y trabajadora con el gobierno de Pedro Sánchez han supuesto un ahorro de 50.000 millones. Porque es falso, como dice el PP, que se hayan subido más de 100 veces los impuestos. Y porque los datos comparados demuestran que España, lejos de ser un infierno fiscal, se encuentra tres puntos por debajo de la media europea en presión fiscal. 

Y aun así el claim de los populares es “Tú pagas y ellos se lo llevan”, como si la recaudación fuera directamente al bolsillo de Sánchez y sus ministros para comprar colchones y pintar despachos. Todo en un discurso en el que no falta tampoco una buena dosis de criminalización de la inmigración al más puro estilo de Vox y la sempiterna promesa de bajar masivamente los impuestos que financian los servicios públicos esenciales. Una estrategia idéntica a la que en otros tiempos desde las filas del PP, cuando lo proponían los de Abascal, lo llamaban «populismo fiscal».

El discurso, la palabra y el dato han sido definitivamente sustituidos por el ridículo, el insulto, la mentira y la llamada a una especie de insurrección. En este caso contra la utilidad de los impuestos. La estrategia no es baladí porque lo que se busca no es otra cosa que deslegitimar las instituciones y a quienes las representan y desafiar el orden establecido. Antes era solo el modus operandi de Vox y hoy ya forma parte del ADN de un Feijóo sin rumbo propio y entregado a la demagogia que se ha ido tan a la derecha de su derecha que le será imposible ocupar la centralidad y la moderación. Justo el espacio que con el recién nombramiento de Carlos Cuerpo se ha propuesto ocupar Pedro Sánchez en lo que resta de mandato en contraste al maridaje de PP y Vox. Y ya saben que el refranero dice que dos que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma condición.

El flamante vicepresidente económico, con su pátina de seriedad y solvencia, ha descolocado la estrategia del PP, que en su primer lance parlamentario con Cuerpo en el Senado el pasado martes ha pretendido infructuosamente situarlo en el sanchismo del banquillo (en alusión a los casos de corrupción que afectan al exministro Ábalos). El segundo asalto será la próxima semana en el Congreso con la portavoz popular Ester Muñoz, una parlamentaria de verbo ágil, pero escaso fondo intelectual que, de empeñarse en bajar al barro como hace de forma habitual, se encontrará enfrente a un técnico de modales exquisitos dispuesto a debatir solo de datos económicos.