“Personaje”, “desquiciado”, “sinvergüenza” y, de nuevo, el “hijo de puta” que nunca falta y siempre camufla tras el cansino “me gusta la fruta”. Era jueves y Ayuso actuaba en Tele 5. Siempre elegante, siempre institucional, siempre exquisita y siempre educada, con un fondo intelectual al nivel de Séneca. El mismo espectáculo y el mismo bochorno. Cada vez que Isabel Díaz Ayuso pisa un plató de televisión no defrauda entre ese público cuñado que disfruta con el insulto y la procacidad. Donde esté la insolencia que se quite la educación. Ya saben. Marca de la duquesa de Quirón. 

Tiene la responsabilidad de un gobierno autonómico que representa a 8 millones de madrileños, pero ha convertido al presidente del Gobierno de España en el centro gravitacional de su existencia. Política y personal. Sin Pedro Sánchez, Ayuso no es nadie. Lo sabe ella y lo sabe España entera. Ha construido su marca sobre un principio tan básico y tan viejo como la misma política: si tienes un enemigo al que odiar, no hay necesidad de tener programa. Funciona a corto plazo. Pero envenena en el medio. Y puede matar en el largo. Y ocho años con la misma fijación son ya demasiados. 

Si hiciéramos inventario del catálogo de los improperios que ha dedicado al presidente del Gobierno desde que habita en la Puerta del Sol, sería inabarcable y también digno de estudio clínico: que si “okupa”, que si “dictador”, que si “mentiroso compulsivo”, que si “amenaza para la democracia”, que si “peligro para España”, que si “destructor de la nación”...

Da igual lo que se le pregunte que la respuesta es siempre la misma. Por eso lo revelador en ella ya no es la virulencia, sino la repetición obsesiva de ofensas mezcladas con mentiras que extrae de digitales para los que la verdad habita en un planeta demasiado lejano como para ir a buscarla.  

Ayuso, siempre con la mirada perdida, carga contra Sánchez con la misma frecuencia que cualquier humano respira. Sin pensar y sin poder evitarlo mientras el Madrid real, no el de los posados ni el de los medios que la bailan el agua, tiene las listas de espera sanitarias más largas de la historia reciente, los colegios con aulas prefabricadas y una crisis de vivienda que ella ni siente ni padece porque habita en un piso y un ático pagados por su pareja. Esto último gracias a la millonaria facturación que el novio gira cada año a Quirón, el gigante de la sanidad privada con el que casualmente multiplicó por ocho sus ingresos cuando empezó su relación. 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023 para ser exactos, según un informe de Hacienda remitido al juzgado.

Pero la baronesa de Madrid de esto apenas habla. Y cuando lo hace es para denunciar “una operación de Estado” contra su novio, ese ciudadano particular que salió del anonimato por un fraude fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021 y cuyo abogado propuso llegar a un acuerdo con la Fiscalía, tras admitir la comisión de dos delitos, para evitar la cárcel. En su desvarío habitual, denuncia ahora un presunto espionaje, con micrófonos ocultos incluidos, al directivo de Quirón para el que trabaja su pareja y hasta una conspiración para acabar con su figura política, como si ella no hiciera suficiente para arrastrar su crédito cada día. Claro que de espionajes y “quirones” podría preguntar a su colega Cristina Cifuentes, que algo sabe sobre quiénes y por qué participaron de su caída del olimpo.

Hasta entonces, debería abstenerse de igualar España con una dictadura porque la que hubo en este país durante 40 años dejó víctimas que aún esperan la reparación que les niega el partido en el que milita y en el que, dicho sea de paso, orbitan algunos de los herederos de aquel abominable franquismo. 

Hay cosas que no se limpian ni con el fuego de San Juan. No hay hoguera que pueda acabar con esta España faltona, vocinglera y odiadora. No hay fiesta pagana que nos libre de los malos espíritus que habitan en la política. Ni mil veces que saltara Pedro Sánchez sobre las cenizas de Ábalos o Cerdán le librarán ya del peso de una sentencia condenatoria a 24 años de prisión al que fuera su ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Tan cierto es esto como que ni saltando otras mil veces Feijóo sobre las pavesas del PP borrará años y años de saqueo de sus gobiernos autonómicos y locales. Ni su fotografía con el narco Marcial Dorado. Ni el fraude fiscal del novio de Ayuso. Ni la mal llamada policía patriótica. Ni los audios de Villarejo. Y aun así mantiene ese tono faltón y destructivo con el que acostumbra a transitar por la oposición y dar lecciones de integridad y limpieza. 

No hay línea roja que no haya traspasado ya el líder de los populares con su devastador y nocivo verbo. Primero fue el suegro fallecido de Pedro Sánchez y ahora el padre también muerto de Patxi López. Con esposas, hijas y hermanos de por medio. Todo le vale en su desesperado intento de hacerse escuchar y habitar en La Moncloa. Hasta recomendar a Sánchez un psicólogo. Alguien debería recordarle que el volumen jamás valida un argumento, que el tono elevado refleja siempre la falta de ideas y que el insulto es síntoma de frustración, pero no de superioridad moral o intelectual. La razón no se demuestra con el griterío, sino con la coherencia y la verdad, dos cualidades con las que el PP siempre tuvo una oblicua relación.

El caso es que este miércoles, mientras se encendían las primeras hogueras en las playas, Pedro Sánchez comparecía en el Congreso con intención de quemar en apenas media hora de discurso una sucesión de escándalos que desde hace meses consumen a su Gobierno. Llegó al hemiciclo con el argumentario bien afilado: que nunca supo de la corrupción de Ábalos o Cerdán; que de haberlo sabido jamás lo hubiera tolerado; que Zapatero merece la presunción de inocencia; que su mujer no cobró un solo euro por la cátedra de la Complutense y que la derecha y la ultraderecha, con ayuda de su sincronizada mediática, llevan años fabricando un relato inexistente sobre una situación de corrupción generalizada en el Gobierno.

A ninguno de los casos que se investigan le restó un ápice de importancia, aunque los situó en tres escalas diferentes al tiempo que censuró que determinados actores políticos y mediáticos traten de mezclar “para confundir a la gente”. De un lado, la sentencia del Supremo sobre Ábalos, Koldo y Víctor Aldama, para rechazar todo espacio de impunidad de los corruptos. “Sean quienes sean”. De otro, el caso Zapatero, un asunto que dijo no compete al Gobierno, salvo en si hubo trato de favor en el préstamos a Plus Ultra, que ya avanzó que “no lo hubo”. Y por último, las investigaciones que afectan a su hermano y a su esposa, que atribuyó a un modus operandi: “Primero el bulo en forma de titular. Después, la denuncia. Y por último, el daño reputacional que juega con los tiempos lentos de la Justicia, la falta de integridad de algunos pseudo medios y la indecencia de algunos políticos”. 

A partir de ahí, entró en escena un vociferante Feijóo para encadenar un grito tras otro, un insulto tras otro, una ofensa tras otra. Contra vivos y contra muertos. Así hasta señalar al presidente del Gobierno como “el nexo político corruptor” de todas las tramas y como el número uno de la organización criminal que investiga la justicia para aventurar incluso que será imputado. Por aventurar, avanzó también que el presidente tratará de librarse de un hipotético juicio impidiendo que el Congreso apruebe el suplicatorio. 

Con todas las causas judiciales que afectan al Gobierno, Feijóo tenía abonado el terreno para elevarse por encima del fango con una fría descripción de los hechos, pero prefirió chapotear en el lodo y cruzar todas las líneas rojas que, una vez traspasadas, dicen más de quien las cruza que de a quién van dirigidas. Una de ellas fue cuando insinuó que el suegro del presidente del Gobierno había sido el financiador de su carrera política: “A mí no me ha financiado ningún magnate de la prostitución”. Y otra cuando evocó la memoria del padre fallecido de Patxi López para sugerir que se avergonzaría de su propio hijo. Eduardo López Albizu fue un histórico dirigente socialista y sindicalista de la UGT que pagó con su libertad la defensa de una democracia que hoy pisotea la derecha. Fue detenido, torturado, encarcelado y desterrado y murió con la dignidad de quien nunca se doblegó.

Llevar su nombre al hemiciclo para convertirlo en arma arrojadiza contra su hijo es, cuando menos, una falta de respeto y de escrúpulo. No es política. Es otra cosa, que nada tiene que ver con un juicio implacable contra la corrupción documentada, no contra la inventada. Es Feijóo en estado puro. El que, con parecidas artes, logró arrebatar el poder de la Xunta a un bipartito formado por el PSdG y el BNG. El que participó en una operación impulsada por Ayuso para tumbar el liderato de Pablo Casado por denunciar las comisiones cobradas por su hermano con la venta de mascarillas en plena pandemia. El que es capaz de convertir en munición a los muertos olvidando que en política también caben la decencia y el límite. El que ha perdido la memoria con el calendario judicial que tienen todavía por delante quienes militan en sus mismas siglas: 31 causas entre 2026 y 2030 y 6 sentencias pendientes. Y el que pretende seducir a los socios del Gobierno llamándoles “indecentes”.

Casi tres años de sobornos. Puntual como un reloj. 10.000 euros, otros 10.000 y otros 10.000 más… Así, mes a mes, entre octubre de 2019 y junio de 2022. Era también el ojeador de empresas interesadas en obtener favores de la Administración a cambio de una comisión que repartía con Ábalos y Koldo. Era el arquitecto de la trama. El que ponía en contacto a los corruptores con los corruptos del Ministerio de Transportes. El que distribuía el dinero. El que firmó un contrato de alquiler ficticio sobre un piso en el Paseo de la Castellana para camuflar los sobornos. El que, tras ser imputado en el llamado caso mascarillas, decidió colaborar con la Justicia. El que poco o nada aportó con su confesión porque cuando decidió cantar la Traviata los investigadores ya tenían todas las pruebas incriminatorias. 

Y aun así Víctor Aldama no irá a prisión. Ni un solo día. Este lunes salió del Tribunal Supremo sin esposas y con una condena -cuatro años y medio de cárcel- que le libra de ir al trullo a cambio de trabajos en beneficio de la comunidad, un informe semestral de actividades y la promesa de no volver a delinquir. Eso es todo, amigos.

El empresario corrupto confeso y ahora condenado no tendrá que devolver siquiera los 3,7 millones de euros de comisión que se endosó con la venta de unas mascarillas que colocó al Ministerio de Transportes y de los cuales, según ha acreditado el tribunal, entregó a sus colegas de la trama, Ábalos y Koldo, apenas 450.000 euros. 

Por muy razonada que esté la sentencia dictada y justificada la suspensión de la pena -ninguno de los delitos por los que ha sido condenado supera individualmente los dos años de prisión-, no hay quien pueda digerir sin vómito de por medio, una decisión que hace muy difícil creer en la justicia. Un diagnóstico que, por otra parte, se repite con regularidad en la demoscopia y que no responde a un problema de imagen, ni a una crisis de comunicación, sino que es imputable al proceder de algunos jueces. No todos, claro. Pero sí los que deciden en los tribunales superiores, los que integran las salas que resuelven los casos políticos, los que llegan donde están por un reparto de cuotas, los que deben su posición a los partidos que les propusieron para el cargo, los que aspiran a un ascenso cuando cambie el signo del gobierno y los que pueden hacer, hacen y seguirán haciendo.

Con un Alberto Núñez Feijóo que no despega en las encuestas, que no cuenta con aliados en el Parlamento para una moción de censura, que no convence ni a los suyos y que pierde puntos en valoración ciudadana en cada encuesta, la oposición la ejercen hoy media docena de jueces muy significados. La sentencia condenatoria al ex fiscal general del Estado sin pruebas fue el primer aviso a Pedro Sánchez. La de este lunes del Tribunal Supremo es el segundo recado: los que quieran delatar, que delaten, con pruebas o sin ellas, pero cuanto antes. Y la retirada del pasaporte a Begoña Gómez ha sido el tercer recado al presidente del Gobierno: o te marchas, o tu familia acabará en la cárcel. 

Las indicaciones no pueden ser más elocuentes, pero que no lo llamen justicia porque más bien parece un cambalache, ya que los beneficios para quien siendo delincuente decide pactar con la justicia no deberían acabar nunca en una exoneración encubierta para quien fue el cerebro de una trama corrupta. Y esto, claro, mientras quienes fueron víctimas de sus mangancias, que son los contribuyentes, cargan con la factura de la fiesta que se corrieron los delincuentes, al margen de cuáles fueran sus apellidos o la protección que se les preste desde una derecha política, mediática y judicial dispuesta a convertir a Aldama en un faro moral… y en algo más. Nos está quedando un país precioso, pero da mucho miedo.

Hablemos de finezza. De respeto. De templanza. De elegancia en el trato. De inteligencia táctica. Y de todo lo que falta en la política actual, donde el espectáculo de mala educación es una constante. En los medios, en el Congreso, en los juzgados y en la conversación pública. La furia ha sustituido a la templanza, la grosería al sosiego y la vulgaridad a la elocuencia en un país en el que, sin duda, manca finezza (falta sutileza).

Habrá quien diga que con la acumulación de casos de corrupción que afectan al PSOE, no estamos para delicadezas; que la degradación política “cada día es más insoportable” (Sémper, dixit) y que España necesita con urgencia elecciones. Y aunque de momento solo hay investigaciones y no sentencias, bastaría una descripción fría de los hechos para poner contra las cuerdas a los socialistas: Zapatero, primer expresidente que declara como imputado ante la Audiencia Nacional por cuatro delitos; el comando Leire Díez y sus andanzas, la corrupción de Ábalos, Koldo, Cerdán; las mentiras de la directora general de la Guardia Civil, la confianza traicionada de millones de electores… 

Retrato demoledor, sin duda, contra cualquiera que desde la izquierda en este momento intente dar lecciones de pureza. Pero una cosa es la duda, la crítica y la firmeza y otra muy distinta el espectáculo al que asistimos sin que nadie se pregunte hasta cuándo y hasta dónde seremos capaces de llegar en este festival de la ordinariez. Cada día y casi a cualquier hora aparece un Tellado, una Ester Muñoz, una Ayuso, un Abascal, un Figaredo y hasta un Feijóo con la escopeta cargada de insultos, humillaciones y palabras gruesas que sacan a pasear lo peor de la política. 

“¡Cobarde!”, espetó este miércoles desde el escaño el líder del PP a Sánchez antes de negarle la condición de demócrata y tacharle también de “mala persona”. “¡Cobarde, corrupto, mentiroso!”, redoblaba la apuesta la popular Ester Muñoz en una nueva demostración de su elegancia dialéctica mientras emitía al tiempo una delatora frase que viene a confirmar lo que parte de la izquierda política sostiene desde hace tiempo: “El Estado se defiende del Gobierno”.

El Estado se entiende, son los jueces, la UCO y todo el que ha podido hacer y ya ha hecho. De los Gobiernos no hay que defenderse, hay que ponerlos o quitarlos en las urnas, que son las que reclama y a la vez teme un Feijóo porque, ni con la ayuda de las togas y de su batería mediática, logra que Vox baje del 17%. Ni con mil Koldos que existieran, el gallego remontará en la valoración que le otorgan propios y ajenos. No se crean lo que leen o escuchan porque el líder del PP tiene más críticos dentro que los que acumula fuera del perímetro de la derecha, entre los que se encuentran muchos de los que le aplauden en público. 

Pero, hablábamos de finezza, de talante, de respeto. Y en este tugurio en el que se ha convertido el Congreso y por el que desfila tanto ultrajante, este miércoles se produjo un destello de sentido común. Por increíble que parezca salió de las filas del PP. Un diputado apenas conocido, de nombre Nacho Martín Blanco, que a diferencia de quienes le precedieron en el uso de la palabra, no gritaba, ni insultaba, ni parecía buscar el aplauso fácil de su inflamada bancada. Preguntaba al ministro del Interior, Grande Marlaska, si estaba del lado de la ley o del lado del Gobierno, lo que ya de por sí era una acusación velada, pero sin sobreactuaciones y sin alaridos como los que protagoniza para ganarse el favor de su jefe el siempre aspirante Jaime de los Santos.

Sin leer una sola frase, Martín Blanco consideró urgente la convocatoria de elecciones, habló de la institucionalización de la mentira y de la desazón que genera entre los españoles tanta “indignidad moral”. Tan duro en el fondo como sus colegas, pero a una distancia abismal de las formas a las que acostumbran en su partido. Es probable que no llegue muy lejos porque para ser del círculo de confianza de Feijóo hay que emplear los implacables y mendaces métodos del llamado clan de los gallegos, pero emitió señales nítidas de que otra manera de conducirse por la política es posible, además, de recomendable.

Mientras esto pasaba en la Carrera de San Jerónimo, a poco menos de dos kilómetros de distancia, en la Audiencia Nacional declaraba ante el juez Calama el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para negar cualquier intervención o influencia en el rescate público de 53 millones de euros de Plus Ultra. Y, aunque la Fiscalía y las acusaciones populares pedían al magistrado que le retirara el pasaporte, la comparecencia ante el juzgado cada 15 días y hasta su ingreso en prisión preventiva, nada de esto ocurrió para desesperación de los odiadores profesionales.

El juez rechazó la imposición de cautelares, tras concluir que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas que justifiquen retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer ante el juzgado, ya que Zapatero es una persona de notoriedad pública. Pese a ello, advierte que su declaración no ha servido para anular los indicios de criminalidad contra el expresidente. También que “la investigación, como es obvio, tiene un evidente carácter embrionario”, por lo que su desarrollo puede consolidar la tesis acusatoria o disipar los indicios con nuevas diligencias. Y el expresidente, en conversación con elDiario.es, se declara “tranquilo”, cree una “buena señal” el rechazo de las cautelares y se dispone a defender su inocencia en el ámbito penal. En lo político y en lo social sabe perfectamente que le costará recuperar la confianza de una izquierda que le consideraba un faro moral hasta que vio las fotografías de las joyas que guardaba en una caja fuerte.

En un comunicado hecho público tras su declaración ante la Audiencia reconoció, de hecho, que “lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí” y pidió “confianza” hasta que “la verdad se abra paso”. Es consciente de que se le acusa de delitos muy graves, entre ellos el tráfico de influencias, el contrabando y el fraude fiscal, pero insiste en que siempre se condujo “con decencia y con honradez” que demostrará. Por eso, ha presentado ante el tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad suya directa o indirecta. 

Se podrá decir que esto último tiene más de gesto político que relevancia procesal porque un juez no precisa de tal permiso para indagar sobre la titularidad de activos o sociedades, pero cuando menos demuestra que Zapatero no teme que se le encuentre ninguna posesión fuera de España de cuantas se han publicado, sin verificación alguna. Y sobre las joyas que aparecieron durante el registro de la UCO, pedirá declarar voluntariamente en un plazo aproximado de diez días cuando haya recopilado la documentación sobre la trazabilidad y el valor de las mismas. De momento, ya maneja tasaciones muy inferiores a la del peritaje judicial que las valoró en más de un millón de euros. 

Vamos, que esto no ha hecho más que empezar, aunque el PP haya dictado ya sentencia condenatoria y falte, como en todo, finezza.

Hace casi tres lustros que la profecía del calendario maya pronosticaba el último amanecer para un 21 de diciembre de 2012. Acababa el quinto ciclo solar y la Tierra, Júpiter, Marte y Saturno iban a formar una conjunción, con el Sol en el centro. Intensos flujos de energía atravesarían la atmósfera terrestre de tal modo que, tras una inversión de los polos magnéticos y una alteración de la órbita, se desplazarían gigantescos volúmenes de agua, causando la muerte de millones de personas. No llegó el fin del mundo. Ni aquel día ni otros tantos augurados, siglo a siglo, por profetas, astrónomos y visionarios.

Empieza a pasar lo mismo con el Gobierno de España. Desde 2023, no ha pasado un mes en el que algún clarividente no anunciase el final de la democracia o escribiese el epitafio de Pedro Sánchez. Tantos augurios, tantos titulares, tantos profetas del Apocalipsis y tanta excitación ante un final que no termina de llegar que uno acaba, aunque no sea aficionado, enganchado al España-Cabo Verde con tal de desconectar un par de horas. 

No hay ser humano capaz de digerir tanto escándalo si es que todos lo fueran y no hubiera detrás una concertación de esfuerzos para que lo parezcan. Que si Leire, que si Cerdán, que si Zapatero, que si Ábalos, que si el hermano, que si Begoña Gómez…. Como si todo fuera lo mismo y todo fuera a acabar con el Gobierno. 

La vieja táctica de la ultraderecha de saturar a los ciudadanos con múltiples escándalos está más que trillada. No han inventado nada. Inundar el terreno de mierda hasta convertir en irrespirable la atmósfera política y que el ciudadano desconecte es una estrategia mil veces explorada. Se llama “inundar la zona de mierda” y es una vieja treta de comunicación cuyo objetivo es bombardear el ciclo de noticias con múltiples titulares, exageraciones o medias verdades para aburrir al respetable, que rara vez se propone verificar hechos y, mucho menos, desafiar el algoritmo que decide por cada cual lo que es noticia.

El objetivo de la avalancha de noticias, informes policiales, autos judiciales o declaraciones malsonantes determina la agenda política y, de paso, reemplaza el debate racional por un estado de indignación o ansiedad constante. Todo ello se adereza, claro, con ataques directos contra quienes tratan de aportar contexto, buscar verdades o desmontar infundios. Es curioso que las agresiones o insultos lleguen siempre de quienes han conseguido hacer del odio un hábito político o periodístico. Allá cada cual con sus demonios: los del Viejo Testamento del socialismo con sus agravios del pasado; algunos jueces con su afrenta por la ley de amnistía; la UCO con sus cuitas internas y cierto periodismo con sus ajustes de cuentas por el daño causado por los audios de Villarejo.

Cada semana nos encontramos ante lo más grave que ha vivido la democracia española, como si este país no hubiera vivido los GAL, la fuga de un director de la Guardia Civil, las escuchas ilegales del viejo CESID, un monarca que utilizó la jefatura del Estado para enriquecerse de forma obscena, el pago de la boda de la hija de un presidente del Gobierno por parte de la trama criminal de la Gürtel, las mentiras del 11M, la corrupción de Estado de la Kitchen o las libretas de Bárcenas. 

Cuando la memoria flojea, la verdad no importa y la infantería mediática martillea con lo que haga falta, el PP puede permitirse el lujo de crear una página web sobre el mapa de la corrupción del PSOE repleta de mentiras. Por ejemplo, que difunda que hay 94 investigados por la justicia del PSOE. O que incluyan en esa web la fotografía de 5 ministros como si estuvieran imputados en alguno de los casos de corrupción que se investigan. O que reproduzcan la imagen del president Salvador Illa. O de la presidenta del Congreso. O que den por probados hechos que ni están en una sentencia ni han sido juzgados. O que el soez Miguel Tellado considere a todo socialista un ser despreciable capaz de las mayores vilezas en una exhibición constante de furia y desprecio. 

Respiren, disfruten del mundial si les apasiona el fútbol y saboreen cada día de sus vacaciones si las tienen pronto porque, de momento, ni se acaba el mundo ni el Gobierno caerá pasado mañana. No, al menos, por un auto judicial, por un informe de la UCO, por un titular escandaloso o por la excitación enfermiza de las derechas.

Jueces, fiscales, abogados y policías convertidos en auténticos protagonistas de la vida pública. Está pasando. La acreditada sinergia entre togados y periodistas para la filtración de sumarios —bajo secreto o no— y actas judiciales copan las principales portadas mientras el Gobierno se desespera ante una sucesión de noticias adversas que a diario caen como auténticas bombas de racimo en La Moncloa. Cuando no es una derivada del comando Leire Díez, es un nuevo auto sobre la investigación de Zapatero, una nueva imputación o un informe de la Guardia Civil. 

La mini tregua política y judicial por la visita del Papa ha terminado. De hecho, no había puesto aún León XIV, el pasado viernes, un pie en el avión pontificio de regreso al Vaticano, cuando una tromba de decisiones judiciales, titulares, citaciones y comparecencias retumbaba de nuevo en las paredes de La Moncloa. Una tras otra: que si el juez del caso Plus Ultra abre una pieza separada para investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas halladas en su despacho; que si el informe pericial sobre cada una de las piezas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno ha valorado la colección en 1.323.915 euros; que si el PP llama a declarar en el Senado a la fiscal general del Estado por las reuniones de la mano derecha de Álvaro García Ortiz con Leire Díez; que si la autoridad disciplinaria del Poder Judicial propone de nuevo archivar las quejas de Bolaños contra Peinado…

No hay descanso para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha ordenado a los suyos no dejarse arrastrar por la agenda judicial ni por la “ansiedad mediática” mientras trata de encajar el daño ya infligido por la tasación de las joyas que Zapatero guardaba en una caja fuerte de su despacho de la calle Ferraz. En el fondo, muy pocos creyeron en la valoración entre 30.000 y 50.000 euros que el portavoz oficioso del expresidente, Luis Arroyo, trasladó a la opinión pública en una ronda de entrevistas en varios medios de comunicación. Las imágenes hablaban por sí solas y lo que mostraban no era ni bisutería ni bagatela. Tras el peritaje judicial, de hecho, el juez ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a Zapatero por delito fiscal y contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en su despacho.

“Mantenemos el apoyo al presidente, a la espera de escuchar sus explicaciones ante la Audiencia. Máxima prudencia en un procedimiento en el que la defensa tiene serias dudas sobre la legalidad en la obtención de las pruebas que han servido para incriminar al expresidente”, aseguran en el equipo de Sánchez. En efecto, el letrado ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un escrito en el que plantea dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra. Y relaciona el auto del juez Calama por el que ha emitido una comisión rogatoria a EEUU con el objeto de tener el consentimiento de ese país para poder usar como fuente de prueba ante un eventual juicio penal esas conversaciones del empresario. Conversaciones que fueron determinantes tanto para la imputación del expresidente como para las entradas y registros llevados a cabo por agentes de la UDEF.

“Hablamos de palabras mayores si se acredita que se han vulnerado los derechos constitucionales de Zapatero y se declara la nulidad del procedimiento”, añade un ministro del PSOE. Una opinión en la que convergen varios de sus compañeros del Consejo de Ministros que, por otra parte, como Sánchez son conscientes de que “el daño político ya está hecho”. 

Un perjuicio que, en todo caso, “no debe llevarnos al flagelo”, añade otro ministro que defiende que “Zapatero no ha hecho nada distinto a lo que hacen Felipe González o José María Aznar, con la salvedad de que a ellos no les ha investigado nadie”. Quien así habla es de los convencidos de que existe una campaña coordinada contra el Gobierno de la derecha política, judicial y mediática, pero también de que si “el expresidente acredita que esas joyas fueron un regalo que recibió antes del 2020, el delito que se le imputa incluso habría prescrito”. ¿Contrabando?, se pregunta el mismo interlocutor. “Feijóo veraneaba con un contrabandista y no le ha pasado nada”, se responde.

Torró y la investigación del PSOE

En esta misma línea, Sánchez ha dado instrucciones para separar la agenda judicial de la de Gobierno y no dejarse arrastrar por el desarrollo de los procedimientos en una semana que se presenta igual de aciaga para los socialistas que las anteriores. Y que el PSOE afronta desde el lunes con una rueda de prensa de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, tras la reunión de la Ejecutiva Federal, para dar detalles sobre la investigación interna realizada como consecuencia del caso Cerdán y el comando Leire.

Si el próximo lunes el juez Peinado ha citado a Begoña Gómez para una audiencia preliminar bajo amenaza de que si no acude puede ser conducida por la “fuerza pública”, el martes tendrá que declarar la directora general de la Guardia Civil en el Senado por el “caso Leire”. El PP reclama su testimonio tras el informe de la UCO que desveló que se había reunido al menos en tres ocasiones entre septiembre de 2024 y abril de 2025 con la exmilitante del PSOE. El miércoles, tras la habitual sesión de control al Gobierno, también comparecerá el ministro del Interior en el Congreso. La Audiencia Nacional ha habilitado miércoles y jueves para la declaración de Zapatero ante el juez Calama. Y el viernes, en el Senado, comparecerá la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Todo en la semana en la que, probablemente, se conozca también la sentencia sobre el caso Ábalos/Koldo.

Aunque el ministro Óscar López recordó esta semana que “la justicia no gobierna y quien gobierna es el Gobierno”, en estos tiempos nadie podrá negar que la oposición a Sánchez está en los tribunales, no en el Parlamento. Y que sin las togas, hoy Feijóo no sería nadie. 

Hay cosas que no se discuten. O sí. Depende, en estos tiempos locos ya hay quien discute hasta que la tierra sea redonda, que la luna sea blanca y que haya jueces que prevarican. ¡Cáspita! El cinismo de algunos llega al extremo del capitán Renault en la mítica Casablanca. ¿Recuerdan? Un café, un amor imposible, una canción y el silbato de aquel sarcástico policía con el que llama a sus guardias a cerrar el local de Rick. ¡Qué escándalo, aquí se juega!, responde cuando le preguntan por la razón de la clausura mientras un empleado del local le entrega un sobre con sus ganancias de la noche.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha desatado la ira de las derechas al decir en un acto público que hay jueces que prevarican. Pues claro. ¿Acaso vestir toga les convierte automáticamente en seres de luz? Pues habrá de todo, como en botica, en periodismo, en medicina, en arquitectura y en todos los ámbitos profesionales. El caso es que el ministro se ha convertido este jueves en personaje del día por decir lo que ni es una locura, ni una boutade, sino simplemente una obviedad. Son pocos, en efecto, pero ha habido jueces sancionados e incluso apartados de la carrera por el órgano de gobierno por beneficiar a delincuentes, por mantener en prisión a inocentes, por quebrar su imparcialidad al no abstenerse en asuntos de interés directo de familiares o por acumular retrasos en dictar sentencias. 

En España hay más de 5.000 togados, solo unos pocos trabajan en casos que afectan a miembros del poder legislativo o ejecutivo, pero todos son juzgados por jueces. Están aforados y, por tanto, son los Tribunales Superiores de Justicia o el Supremo quienes los juzgan por posibles delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que solo actúa cuando recibe una queja, pero no fiscaliza su labor ni actúa de oficio. 

Aquí el literal de Óscar López: “Voy a decirlo para que me entienda el Supremo. Hay jueces que prevarican. No he dicho que todos los jueces prevarican. He dicho que hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno”. Que pusiera el foco sobre el Supremo no era casualidad, sino un paso más en la estrategia de un Gobierno dispuesto a abandonar el concepto “teoría de la conspiración”, pero no a dejar de cuestionar las decisiones de algunos jueces.

Fue Óscar Puente el primero en hablar de “métodos antidemocráticos” para derrocar a Pedro Sánchez y ahora es su tocayo quien da un paso más al apuntar directamente sobre la Sala Segunda del Supremo -la que el PP dijo que controlaría por la puerta de atrás- por la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La Sala entendió que él “o alguien de su entorno” filtraron la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Así que, ojo con los entornos porque, en adelante, cualquiera puede ser condenado porque “alguien de su entorno” haya robado, matado, violado o atracado un banco.

López reivindicó la separación de poderes para recordar que “el Gobierno gobierna, el Parlamento legisla, la justicia hace justicia, pero no gobierna”. Una forma elegante de denunciar que algunos magistrados hayan renunciado a ser solo poder judicial para convertirse en tertulianos, cooperadores necesarios de cierto periodismo e incluso actores políticos. Y esto es algo que, a tenor de la demoscopia, comparte una mayoría de ciudadanos que desconfía del actual sistema judicial, ya que el 78 % cree que no es imparcial en los procesos que afectan a los partidos políticos.

Sin embargo, hoy escandaliza lo que antes a los que ahora censuran y piden dimisiones les parecía razonable y nada dijeron cuando era el PP y el mismísimo Mariano Rajoy, quien criticaba la labor de jueces, fiscales y policías. “Nunca en España, ni con Adolfo Suárez de presidente, ni con Leopoldo Calvo Sotelo, ni con Felipe González, ni con José María Aznar se había hecho un uso tan partidista de la Fiscalía como ahora”, declaró durante una solemne comparecencia en la que se declaró víctima de una persecución, tras las primeras detenciones en el marco de la investigación de la trama Gürtel. Y añadía: “Es un atentado frontal al Estado de Derecho”.

Hay una frase que estos días se escucha por cada rincón de La Moncloa: “Si quieren hablar de cloacas, hablemos de cloacas”. Y es que el empeño de las derechas y su sincronizada mediática por empatar la corrupción de Estado de la Kitchen que operó en los gobiernos de M. Rajoy con “el comando Leire Díaz” que se atribuye ya a P.S. puede ser muy loable pero poco creíble, a tenor de las tramas, los personajes y los resultados de las andanzas de unos y de otros. Lo segundo, de hecho, no se entendería sin la existencia de lo primero. 

Es muy probable que en su comparecencia el próximo día 24 ante el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno intente establecer las diferencias, lo que no está claro es hasta dónde está dispuesto a escalar en la descripción de unos hechos y una cronología que, según cuentan en la fontanería monclovita, salpican a no pocos personajes de cuantos hoy exigen dimisiones, reparten carnés de decencia e imparten lecciones de ética desde los púlpitos de la política y el periodismo. 

Hay apuestas. Y van ganando los que apuntan que Pedro Sánchez no se atreverá a tanto. En minoría están, por tanto, los que retan a un desnudo integral de las élites judiciales, policiales, empresariales y periodísticas. Caiga quien caiga y tenga las consecuencias que tenga. Como en todos los ámbitos y profesiones, en la judicatura hay togados buenos, malos y mediopensionistas, igual que hay policías intachables y también corruptos o hay periodistas que buscan la verdad, que persiguen intereses espurios o que tienen vinculaciones inconfesables con todo tipo de cloacas.

Los que se llenan la boca de regeneración democrática son, en ocasiones, los que más tienen que callar, y nadie se atreve a desenmascarar. Por prudencia, por temor, por corporativismo o por el precio a pagar, a pesar de saber que es siempre la verdad, y no el miedo, la que ayuda a fortalecer las democracias. Y, ahora, que por fin Sánchez ha interiorizado que tener el gobierno no significa tener el poder y que salvo el BOE, el suyo no tiene influjo alguno en el ámbito judicial, policial, empresarial o mediático y que hasta el legislativo -con la mayoría absoluta del Senado- lo controlan las derechas, es cuando algunos le animan a hacer una especie de revival del célebre Yo acuso, la carta abierta escrita por el novelista Émile Zola con la que imputó directamente a las altas esferas militares y gubernamentales francesas de fabricar pruebas y encubrir la inocencia del capitán Alfred Dreyfus, un oficial judío falsamente condenado por traición. 

Este miércoles en respuesta a una pregunta de la portavoz de HB, Merche Aizpurua, el presidente deslizó la idea de una presunta implicación de la élites en una operación de acoso y derribo contra el Gobierno. La diputada abertzale le instaba a “aclarar todo” lo que sepa sobre las casos de corrupción que afectan a su entorno en su declaración del día 24 de junio y Sánchez le respondió que dirige un “gobierno incómodo para las élites” y que será igual de contundente en la respuesta a la corrupción de su partido como en la respuesta a “los infundios, las insidias y las mentiras que están propagando” sobre el PSOE y su Gobierno.

Lo que hizo fue fijar el marco para el repaso del minucioso relato que los suyos creen que debe hacer durante su comparecencia. Una narración de los hechos que incluya el porqué de tanta investigación de la UCO y cuál fue la espita que desató una virulenta ofensiva de la Guardia Civil contra el Gobierno y que algunos relacionan con la destitución en su día del coronel Pérez de los Cobos. Pero también los detalles sobre qué hay y quiénes están detrás de la investigación al expresidente Zapatero; lo que callan algunos medios afines al PP; la tupida red de intereses entre algunos jueces y el partido de Feijóo; los motivos que mueven a algunos grupos mediáticos; las filtraciones interesadas desde la Fiscalía Anticorrupción; lo que falta por conocer de los audios de Villarejo y que dormitan en algún cajón de la Audiencia Nacional sin que ningún juez haya decidido investigar…

Y todo ello no significa que no haya motivos justificados para investigar la corrupción que haya anidado en el PSOE, la basura de Santos Cerdán, los pagos a Leire Díaz, las reuniones de la directora de la Guardia Civil con la ex militante socialista, los negocios de Zapatero, los tejemanejes del ex presidente de la SEPI o cuanta inmundicia haya podido acumular en estos años el partido del Gobierno. Todo lo contrario. 

Hay que llegar hasta el final. Con la verdad. Con todos y cada uno de los protagonistas. Con las pruebas concluyentes para que quien haya cometido un delito, pague por ello. Y con la línea de puntos que une la Kitchen y “el comando Leire” porque la trama de la ex militante del PSOE, sí, lo que investigaba inicialmente era la basura de aquellos años y cómo la mal llamada policía patriótica, mandatada por un ministro y toda la cúpula de Interior, construía pruebas falsas para destruir al adversario político, tapar la corrupción del PP y ocultar la participación de M.Rajoy en la caja B de su partido. Algo que sin la complicidad de determinados grupos mediáticos y periodistas hubiera sido imposible. 

Pero una cosa es la verdad y otra son las obsesiones enfermizas o las operaciones coordinadas para tumbar al Gobierno. Como dijo Carlos Alsina al anunciar hace unos días su retirada de la información política: “No estamos aquí para tumbar gobiernos como sea, ni para diluir o justificar o maquillar los desmanes, los atropellos, las mentiras y las incoherencias de quien gobierna. Pero tampoco para ayudar a que llegue al Gobierno quién no ha sido capaz de conseguirlo por su propio pie”. Y algunos, por lo que sea, están solo en esto último, no en contar la realidad de los hechos, con los antecedentes y los contextos imprescindibles.

Así que, adelante, “hablemos de cloacas”.

Unas cloacas del PSOE que maniobran contra dirigentes y ministros del PSOE. Increíble, pero cierto. El 'comando Leire' al que la UCO atribuye una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan a los socialistas maniobró también contra el ministro Óscar Puente por la auditoría que realizó su departamento sobre el contrato de las mascarillas poco después de estallar el 'caso Ábalos'. Así consta en las agendas de la exmilitante que forman parte de la investigación que instruye el juez Santiago Pedraz y que si algo ponen de manifiesto es que gran parte de su operativa estaba destinada a encubrir los chanchullos de Ábalos y Santos Cerdán, aunque previamente el objetivo había sido la búsqueda de información sobre las cloacas del PP.

En los apuntes de Leire Díez aparece “demanda contra Puente” en el marco de unas notas sobre la auditoría que el ministro ordenó sobre el contrato de las mascarillas durante la pandemia: “Informe auditoría, informe en contra del Tribunal de Cuentas. Demanda contra Puente por falsedad documental y estafa procesal. No puedes hacer una investigación interna ni fiscal si hay causa penal. Un tipo que no se reconoce en el informe”.

Las defensas del exministro y su asesor, Koldo García, siempre han sostenido que el informe emitido en agosto de 2024 por el equipo de Óscar Puente es el motivo por el que ambos se sentaron en el banquillo y hoy están a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia. Sin embargo, la causa surgió después de una denuncia del diputado del Partido Popular de la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022. 

La agenda recoge, en las páginas 34 y 35, anotaciones sobre las funcionarias que redactaron el informe: “Belén (dos personas con el mismo nombre). La directora general era la responsable. Jefa gabinete subse (subsecretario). Belén ex J.G (jefa de gabinete) secretaría de Estado Inmigraciones”. Y se refiere a Belén Villar, una funcionaria de alto rango, que pertenece desde 2002 al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y que la trama vincula con el PP.

Villar ha tenido distintas responsabilidades a lo largo de su carrera profesional en el área de Recursos Humanos (en el Ministerio del Interior y en la Secretaría General del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional) y como asesora del secretario de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas. Desde 2009 ha desempeñado diferentes funciones en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como vocal asesora del Secretario General de Relaciones Institucionales y Coordinación y vocal asesora y jefa del Gabinete Técnico del subsecretario, puesto que desempeñaba en la actualidad.

Las anotaciones de Díez tienen una especial obsesión con la funcionaria, “de trabajo impecable”, según fuentes cercanas al actual ministro Puente. “Cuestionar el informe del Ministerio. Vínculo del PP de los autores del informe. Relaciones mercantiles en el momento en el que está vigente el arrendamiento con Víctor Aldama. Operaciones vinculadas entre el pagador y Víctor Aldama (AEAT) para desmontar el cohecho”.

José Luis Ábalos llegó a presentar, en julio del pasado año, una querella por falsedad documental y falso testimonio, no contra el ministro, pero sí contra Belén Villar, jefa de Gabinete del Subsecretario de Transportes, y Belén Roel, que confeccionó y firmó el informe que incriminaba a Ábalos. El exministro defendió que se trataba de una investigación paralela e “ilegítima” que tuvo, además, una “trascendencia efectiva” en su imputación por parte del Supremo.

En la página 53 de la agenda de Leire Díez aparece una nueva anotación en la que reza: “La subdirectora de Belén Villar, Belén [en referencia a Roel] firma la auditoría, fue cargo del PP (2012) en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mano derecha de Villar y quien le hace el expediente a Rubén Eladio”.

En otoño de 2026, en primavera de 2027, un superdomingo en mayo, después de las autonómicas y municipales… Las hipótesis son múltiples; los análisis, libres, pero la realidad rara vez coincide con lo que unas veces se pronostica y otras se anticipa como certeza. El anuncio de Pedro Sánchez esta semana de que el Gobierno ha empezado los trámites para presentar los Presupuestos del próximo año, en medio de la ofensiva judicial y el goteo de informes de la UCO sobre el PSOE, ha vuelto a disparar las especulaciones sobre un posible adelanto electoral, que no está sobre la mesa de un presidente del Gobierno con mentalidad de jugador de basket. El propósito es, como siempre, llegar al verano del próximo año, con una sentencia favorable de TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre la amnistía, un nuevo modelo de financiación autonómica a debate en el Congreso y la última entrega de los fondos europeos.

“Si con esta traca de titulares, sumarios, autos, requerimientos, juicios y registros, la derecha judicial, política y mediática pretendía dar el golpe de gracia al Gobierno y precipitar elecciones, no ha sabido jugar bien la partida. Ni hay tiempo ya para convocar ni lo hubiera habido si esto hubiera saltado hace 15 días. Agosto no es una opción para votar. El timing se les ha ido de las manos”. Es el análisis monclovita sobre la excitación del PP ante la grave situación que vive el Gobierno, acosado por varios sumarios judiciales. Por tanto, opción 1 (elecciones inmediatas), descartada.

Y es que, a diferencia de los que conciben la política como una larga partida de ajedrez, Sánchez está acostumbrado a moverse sobre un espacio de incertidumbre y constante movimiento donde operan muchos jugadores y múltiples tácticas. Pero, sobre todo, a jugar partidos en los que cuando el rival gana ventaja, como es el caso ahora del PP, hay que reaccionar para recuperar la pelota. Y eso es lo que subyace tras su voluntad de llevar en septiembre al Congreso los primeros Presupuestos Generales de la legislatura: transformar la frustración por los casos de corrupción en una intensidad defensiva con la que conquistar la siguiente posesión. En el basket lo llaman mentalidad de remontada en el último cuarto y consiste en no pensar en los 20 puntos de ventaja del rival, sino en los siguientes 10 minutos de juego para recortar distancias. En el marco mental de Sánchez significa una nueva patada hacia delante, poner tiempo de por medio y esperar a que pase el verano, como hizo el año pasado tras la detención de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y la oposición también especuló con un anticipo electoral en 2025.

Ha pasado un año de aquello y aunque el PP interpretó que la entrada en prisión preventiva de Cerdán sería una sangría de votos para el PSOE, la curva de la demoscopia no marcó precisamente eso, sino que en septiembre los socialistas recuperaron posiciones. “Los precedentes animan a la prudencia y a la paciencia”, resumen en el gabinete del presidente del Gobierno. Opción 2 (elecciones en otoño), también descartada.

Así que, tras el portazo del nacionalismo vasco y catalán a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo para una moción de censura, el rechazo rotundo a disolver las Cortes de inmediato y el enésimo 'no' del presidente a un superdomingo electoral en el que coincidan generales con municipales y autonómicas el próximo mayo (opción 3), las posibilidades para las legislativas, salvo cataclismo, se reducen a dos: primavera o verano de 2027. El objetivo es más lo segundo que lo primero, ya que si en algo coinciden varios miembros del Gobierno es en que “la presentación de los Presupuestos no es un paripé”, sino una decisión con la que el presidente quiere “hacer del Parlamento el centro de la conversación pública, que además valoran positivamente los socios de investidura y que servirá para que los ciudadanos comprueben que, pese al ruido, no todo es Cerdán, Ábalos o Leire Díez”.

Es la respuesta de La Moncloa a quienes tras el anuncio de Sánchez ven una jugada con la que abrir la campaña electoral de unas elecciones que tendrían lugar en el primer trimestre de 2027, si el Congreso tumbara las cuentas públicas. “Hablar de un plan B es aceptar de antemano que el plan A, que sería la aprobación de los Presupuestos, será un fracaso y no estamos en esa pantalla” añaden. En el entorno del presidente admiten que el PP ha consolidado la idea de que Sánchez es un activo tóxico, pero no creen cree que unas generales en febrero o marzo del próximo año con un mal resultado del PSOE fueran a librar de la hecatombe, dos meses después, a alcaldes y candidatos en las municipales y autonómicas. Opción 4, posible pero poco probable.

En el PSOE saben que la fotografía de Aitor Esteban esta semana junto al secretario general del PSE, Eneko Andueza, es un mensaje en sí misma, después de que el presidente del PNV calificase unos días antes de “irresponsabilidad” que la legislatura llegara a término en unas declaraciones que no entendieron ni los propios jeltzales. Son los peneuvistas quienes más temen un hipotético superdomingo en el que coincidan generales con municipales.

Convencido de que ni al PNV ni a Junts les interesa tampoco echarse en brazos de un PP que ha dinamitado todos los puentes de entendimiento con el nacionalismo y que tiene además como compañero de viaje a Vox, Sánchez intenta ganar tiempo. Su propósito es, como siempre dijo, llegar al verano de 2027, en una nueva partida de resistencia en la que comprende que los socios puedan marcar una distancia prudente con el Gobierno, pero no perseguir el game over que tanto anhela la derecha.

“Ahora —añade un ministro socialista— toca fractura, erosión, distancia y mucho más ruido, pero PNV y Junts están tranquilos, si bien no se les puede pedir un cierre absoluto de filas con la que está cayendo y teniendo en frente a un PP cuyo sueño húmedo es la imputación del presidente del Gobierno”. Por eso el guiño de Sánchez esta semana a los de Puigdemont en el Cercle d’Economia, que fue donde anunció el inicio de los trámites para la presentación de los Presupuestos, llevó de nuevo al centro del debate la financiación autonómica y se mostró dispuesto a reanudar con Junts las negociaciones sobre el “conflicto político” en Catalunya. La expresión no es baladí y persigue tentar al independentismo a culminar la legislatura, una vez que se conozca, previsiblemente en septiembre, la sentencia del TJUE sobre la amnistía que permita el regreso de Puigdemont. Con el de Waterloo de regreso y Junqueras sin inhabilitación, en el Gobierno creen que el marco de discusión será otro a partir de 2027. Por eso Sánchez reclamó un “esfuerzo” a los independentistas para aprobar unas cuentas que, junto con el debate sobre el modelo de financiación autonómica, la quita de la deuda y la última entrega de los Fondos Next Generation, le darían oxígeno en su momento de mayor debilidad. 

Para llegar ahí antes tendrá que pasar por una comparecencia en el Congreso sobre los casos de corrupción que acechan a su partido y un Comité Federal del PSOE el próximo día 27 en el que sus integrantes se han propuesto no pasar de puntillas por la grave situación que atraviesan y hablar “con honestidad” sobre la debilidad estructural de una organización que no ha dado respuestas a las federaciones ni ha estado a la altura de lo que exigían los acontecimientos. Y esa es otra historia que en los próximos días dará también mucho que hablar.

El 10 de septiembre de 1995 Jordi Pujol se plantó en La Moncloa para expresar a Felipe González la firme convicción de la dirección de su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de que no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado y que lo mejor para los intereses generales era que los españoles votaran. Escenificaba así la ruptura formal de su apoyo al Gobierno, tras dos años de alianza política. España vivía una profunda crisis política provocada por múltiples escándalos de corrupción que acorralaban al gobierno. Filesa, el caso Roldán, los GAL… Sin embargo, aún pasarían seis meses hasta que González se decidió a convocar elecciones generales.

Entre 2008 y 2011, Zapatero gobernó en minoría parlamentaria, lo que le obligó a buscar apoyos puntuales y variables para sacar adelante leyes y presupuestos. A diferencia de su primer mandato, en el que contó con socios más estables como ERC e IU, el segundo estuvo marcado por la geometría variable y la presión de una feroz crisis económica, si bien su aliado estratégico más sólido fue el PNV. El drástico decreto del 20 de mayo de 2010 para reducir el déficit público marcaría, no obstante, un punto de inflexión en la relación con los socios, que desde esa fecha presionaron para que el presidente anticipara elecciones. Zapatero no lo hizo hasta noviembre del año siguiente.

En 2018, Mariano Rajoy salió de La Moncloa con una moción de censura. De no haber sido por la sentencia del caso Gürtel y porque el PNV pasó en apenas una semana de apoyar los Presupuestos del gobierno a repudiar la corrupción del PP, el presidente de entonces hubiera seguido con la retahíla de que “todo es mentira menos alguna cosa” y jamás hubiera adelantado las elecciones.

En la España de 2026, los socios parlamentarios hace meses que han abandonado a Pedro Sánchez, pero ninguno está dispuesto a apoyar una moción de censura impulsada por Feijóo. Y no porque les una el amor al presidente del Gobierno, sino por el espanto de aparecer en la fotografía junto a la extrema derecha de Vox. Tampoco es que Feijóo les inspire confianza alguna, si bien todos, como Pujol en 1995 y el PNV en 2010, defienden que lo mejor ante la cascada de sumarios judiciales que afectan al PSOE sería llamar a las urnas.

El histórico nos ha enseñado que ningún presidente convoca elecciones en medio de una tormenta. Y mucho menos porque se lo pidan socios u opositores. Sánchez no está en ello. Al menos, de momento. La impresión en el PSOE es que el presidente anhela que llegue cuanto antes el verano, que Zapatero declare ante la Audiencia Nacional, que pase su comparecencia ante el Congreso para hablar de los sumarios judiciales y que el Comité Federal del PSOE la última semana de junio se salde con un cierre de filas y que en julio media España esté de vacaciones y la otra media, pensando en ellas. 

Lo que no podrá evitar es el aroma de fin de ciclo que desprende la conversación pública, ni la sentencia del caso Ábalos/Cerdán, ni la presión de alcaldes y cargos intermedios para que la legislatura acabe cuanto antes. En el fondo sabe que ya no hay momento bueno para llamar a las urnas, que las investigaciones judiciales depararán nuevos sobresaltos, que la ofensiva política, judicial, mediática y policial no cejará y que el mensaje que emiten ya, sin disimulo, las derechas es que el siguiente peldaño a escalar será sentarle en el banquillo. A ser posible, como imputado. La amenaza corre como la pólvora en todos los mentideros: “O se marcha o acabará sentado en el banquillo”. 

Y como a Feijóo y a su Brunete mediática les ha salido rana la propuesta de la moción de censura, ahora la cantinela es la “dimisión inmediata por decencia”. González no lo hizo, pese a que un vicepresidente y un ministro, Narcís Serra y Julián García Vargas, tuvieron que dimitir tras ser imputados en el escándalo por las escuchas ilegales del CESID. Aznar da lecciones de ética política 24/7, pese a que tres cuartas partes de sus ministros fueron acusados, imputados, condenados o llamados a declarar en relación con alguna trama corrupta. Rajoy, ya saben, es Rajoy y padece amnesia, pero ahí tiene a su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el banquillo por la Kitchen, un caso de corrupción de Estado de libro. Eso sí, Sánchez, a quien sin duda interpelan los casos Ábalos, Cerdán e incluso Leire Díaz, tiene que hacer lo que ninguno de sus antecesores hizo antes por casos igual o más escandalosos que los que ahora la UCO describe. Por decencia, dicen los mismos que por “orden de la superioridad” bucearon en los negocios del suegro del secretario general del PSOE ya en 2014 por si algún día llegase a la Presidencia del Gobierno. Por decoro, replican los que han chapoteado en el lodazal de todo tipo de cloacas. Por dignidad, añaden los que aparecen en grabaciones bochornosas. Por lo que sea, pero que se vaya, dicen. Y que se vaya, ya.

Nadie como el líder de los populares para pegarse tiros en el pie cuando el viento le viene de cola. Un gobierno acosado por múltiples sumarios judiciales, una legislatura sin presupuestos generales, una mayoría parlamentaria finiquitada, unos socios que marcan distancias a diario con Sánchez…. Y a Feijóo solo se le ocurre plantear una moción de censura instrumental para “devolver la decencia a España”. Palabras mayores en boca de alguien a quien hasta su correligionario el popular García Margallo niega “una moral irreprochable” e incluso “prestigio intelectual” con su propuesta de elegir un “candidato neutro” para liderar esa empresa que no sea Feijóo.

El caso es que andaba el gallego de flirteo desde hace semanas con PNV y Junts en busca de apoyos para impulsar la moción contra Pedro Sánchez y, de camino a Barcelona para participar en una conferencia, el independentismo catalán le respondió que si quería peces -o votos- fuera a Waterloo a pescarlos, que allí habita un tal Puigdemont y que era el ex molt honorable el interlocutor adecuado. 

Antes de que la respuesta le estallara en la cara en forma de “llave de judo” (Neus Tomás, dixit), la mera sugerencia de entenderse con quienes ha tachado de “delincuentes”, “terroristas”, “rompepatrias” y “cómplices de los corruptos”, ya había levantado ampollas en su hiperventilada batería mediática y en buena parte de su partido. Lo de pedir auxilio a la mismísima encarnación del Mal, después de haber hecho del anticatalanismo el eje de su estrategia de oposición, mal, siempre mal para las “cayetanas” y las “ayusers”. Tan mal que sus opinadores de cabecera le han llamado cateto, ignorante y provinciano por acariciar siquiera la idea de arrimarse al nacionalismo catalán o vasco. Los unos son el anticristo y los otros, los “hermanos de sangre del partido de la ETA”.

Así que, después de semejante rapapolvo, el Feijóo más altanero se plantó ante el Cercle d'Economia, con la lección aprendida y consiguió dejar aún más en evidencia su insoportable levedad en Catalunya. Lejos de seducir al empresariado catalán con un proyecto político ilusionante o soluciones para los problemas cotidianos, se dedicó a hablar de su libro, que no es otro que echar de La Moncloa a Pedro Sánchez. Y lo hizo con tal tono de autosuficiencia y desprecio que dejó perpleja a la plana mayor del empresariado catalán. 

El respetable salió de allí con más dudas que certezas sobre el liderazgo de quien ha hecho del anticatalanismo el ingrediente principal de su menú político. “No vengo a pedir favores”, les espetó antes de reprochar que se llegue a acuerdos con Catalunya sin hablar con las demás Comunidades. Debe ser que al Pacto del Majestic, Aznar además de a Pujol, invitó al resto de líderes políticos del momento. 

Luego se preguntará por qué el PP es una fuerza irrelevante en una Comunidad que aporta 48 de los 350 diputados del Congreso. Desde la recogida de firmas contra el Estatut, el boicot a los productos catalanes, las cargas policiales del 1-O, la delegación a los tribunales de la competencia para resolver un conflicto político o las sucesivas ofensivas contra el catalán, la derecha no se cansa de acertar con Catalunya. No ha entendido aún que para construir España no se puede dar la espalda a una parte de ella y tampoco azuzar el enfrentamiento entre territorios o hacer gala de una catalanofobia que roza el paroxismo. 

Basta con repasar la historia electoral para constatar que desde 1993, el peso de Catalunya ha sido determinante en el resultado de buena parte de las elecciones en las que ningún partido obtuvo mayoría absoluta. Y casi siempre en beneficio de la izquierda. En 1996, la amarga victoria del PP (que se quedó a 20 escaños de la mayoría absoluta) habría resultado mucho más satisfactoria para Aznar sin el resultado catalán. Y en 2004, pese a sus mentiras sobre los atentados del 11M, Rajoy hubiera empatado en número de diputados con Zapatero. En 2008, los populares habrían quedado dos escaños por delante del PSOE. Y en las de 2015, PP y Ciudadanos hubieran estado por encima de la mayoría absoluta en el caso de descontar los diputados catalanes. La moción de censura de 2018 no hubiera tenido opción de prosperar jamás, en ausencia del corpus electoral catalán y en las elecciones de 2023, PP y VOX hubieran sumado mayoría absoluta.

Feijóo lo sabe, llegó a la presidencia del PP cargado de buenas intenciones y hasta reconoció errores de su partido con Catalunya que dijo estar dispuesto a enmendar. No lo hizo. Su dependencia de la caverna mediática y de quienes, como Ayuso, le auparon al liderazgo orgánico, le han convertido en un títere de la España centralista y reaccionaria. La que prefiere el “a por ellos” en lugar de “con ellos”. La que pretende convencer en balde que en Euskadi hoy se vive peor que en 2010 cuando existía ETA. La que cree que dialogar es una cesión intolerable y pactar, una traición a la patria. La que niega que en Catalunya se viva hoy mejor que en 2017. La que parece añorar que la independencia haya desaparecido de la conversación pública. La que desprecia que la convivencia se haya impuesto a la confrontación. Y la que aún no ha aprendido que gobernar este país en contra de Euskadi y Catalunya es una quimera.

Que Pedro Sánchez anunciara este miércoles en Barcelona, en el mismo lugar que Feijóo desconcertó a los empresarios, los trámites para la presentación de los Presupuestos Generales para 2027 no es casualidad, sino un guiño más a sus socios de Junts y ERC, con quienes se comprometió a seguir trabajando en la “agenda del reencuentro” que ha devuelto la normalidad política, social y empresarial a Catalunya. Tanto, ironizó, que ha supuesto que hasta Feijóo reconoce ahora a Junts como “actor político”. Solo cuando no siente el aliento de sus cancerberos.

Un chascarrillo es, según la RAE, una anécdota ligera y picante. Una frase aguda que tiene un tono gracioso, picaresco o ingenioso y cuyo objetivo principal es hacer reír o entretener. Salvo que el aludido en la chanza se llame David Sánchez Pérez-Castejón y sea hermano del presidente del Gobierno. En ese caso, la gracia puede arrastrarlo al banquillo de los acusados, afrontar un juicio por “enchufismo” y enfrentarse hasta tres años de cárcel. No es broma. Ni bulo. Ni desinformación. Es la España que delira: al banquillo por un chascarrillo. Alguien dijo que escuchó a alguien decir que alguien había dicho…

David Sánchez está siendo juzgado, con otras 10 personas, en la Audiencia Provincial de Badajoz por supuestas irregularidades en la creación de un puesto de la Diputación de Badajoz en 2017, cuando su hermano no era presidente del Gobierno ni secretario general del PSOE porque había dimitido en el traumático Comité Federal de octubre de 2016 que abrió en canal su partido. Y, aunque el presidente de la Sala ha decidido retirar uno de los delitos por los que se sienta en el banquillo -el de nombramiento ilegal- se le juzga por tráfico de influencias en concurso medial y prevaricación administrativa.

Sin embargo, Evaristo Valentí, uno de los testigos clave para incriminar a Sánchez y director del Conservatorio Superior Bonifacio Gil en 2017, ha negado que supiese que el puesto creado fuera para él y ha reconocido que el calificativo de “hermanísimo” que usó en un mail era un chascarrillo. Esto, además de afirmar que el contratado tiene la formación adecuada para el cargo y rechazar las acusaciones de absentismo. 

Tras admitir que el juzgado tenía la formación adecuada para el puesto y que había un rumor de que se iba a presentar a la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, negó categóricamente que se supiera de antemano que David Sánchez fuera a recibir el puesto y que no fuera a trabajar habitualmente. Y en la misma línea han declarado Rosario Mayoral, directora del conservatorio 2020-2025, que jamás escuchó la expresión de «hermanísimo» antes de que David Sánchez ocupara el cargo y Yolanda Sánchez Baltasar, directora del Conservatorio Profesional Juan Vázquez desde 2010, a quien no le constan anomalías en el proceso de selección y además pone en valor el currículo del contratado. Incluso Nerses Avakimyam Gasparov, candidato a la misma plaza y profesor de violín del conservatorio, no ve “ninguna irregularidad” en el proceso de selección.

Conviene recordar que la plaza en cuestión ni era una oposición ni era un concurso, sino una convocatoria de libre designación y que son los miembros de la comisión contratadora los que deben decidir quién se acomoda mejor al perfil. Pero aun así fue aprobada en el Pleno de la Diputación del 4 de noviembre de 2017 con la participación de todos los grupos políticos, también el PP, previo informe de la Intervención y sin que el secretario general emitiera objeción alguna. De hecho, en ninguna de las sesiones de la Diputación consta alegación o crítica por parte de ningún portavoz sobre la creación de ningún puesto de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y, en concreto, de personal de alta dirección.  

El procedimiento pasó por una Comisión Técnica, por una mesa de negociación, por Recursos Humanos, por la secretaría general, por la intervención y por el pleno provincial. Y el PP no dijo nada. Conocía la modificación, tuvo acceso a la documentación presupuestaria, pudo formular alegaciones, pero no dejó constancia de su oposición a la creación de esa plaza.

Todo ello pone de manifiesto que el caso que sienta en el banquillo al hermano del presidente no es ajeno al contexto político y mediático porque la causa nace de una denuncia presentada por el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, a la que posteriormente se sumaron como acusación popular Vox, Hazte Oir, Liberum o Iustita Europa, por una plaza creada hace 9 años. Todas son entidades muy activas en la confrontación política y la generación de ruido, al servicio de las derechas. Más claro: el objeto no era David, sino Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

La instrucción se construyó sobre conjeturas, hipótesis y deducciones tan exóticas como que el hecho de que David Sánchez se interesara en Airbnb por un alquiler de larga estancia en Badajoz unas semanas antes de la adjudicación de la plaza ya era un indicio suficiente para colegir que el puesto estaba adjudicado de antemano. Y sin una sola prueba concluyente, ya que no existe correo u orden explícita de amaño o instrucción directa para beneficiar ilícitamente al hermano del presidente.

No existe acusación particular, no hay víctima identificada, la acusación descansa exclusivamente en organizaciones ultraderechistas perfectamente sincronizadas y las declaraciones de los testigos clave niegan que hubiera órdenes de amaño. David Sánchez es, además, un músico formado en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo, miembro de la Asociación Española de Directores de Orquesta, dirigió el proyecto Ópera Joven, accedió a un puesto para el que estaba cualificado, pero cometió un delito imperdonable: tener los apellidos Sánchez Pérez-Castejón. Y otro más: buscar un alquiler de larga duración.

¡Acabáramos!

Entre el Palacio de la Moncloa y el número 70 de la calle de Ferraz de Madrid hay apenas dos kilómetros de distancia, pero Pedro Sánchez intenta aumentar el trecho que separa lo ocurrido en la sede del PSOE de la acción del Gobierno. Con poco éxito. Los éxitos económicos, la creación de empleo, el 'no' a las guerras o el antitrumpismo no serán eximente en ninguna de las causas judiciales que investigan los tribunales. Y mucho menos serán tenidas en cuenta por una derecha política y mediática ávida de acabar con la carrera política del secretario general del PSOE. Feijóo ha prometido hacer “todo lo posible” por cambiar al Gobierno. “Y cuando digo todo, es todo”, advierte. 

En La Moncloa saben que no solo anda en ello, sino que ese “todo” incluye llevar a Pedro Sánchez al banquillo. El cómo, el cuándo, en qué calidad y por qué lo desconocen, pero que “el objetivo último es que un juez llame como testigo o como investigado al presidente del Gobierno está claro”. Lo ha escrito Miguel Ángel Rodríguez con sus célebres “p'alante” con los que suele anticipar las resoluciones de algunos jueces. Lo ha deslizado Miguel Tellado en sede parlamentaria. Lo cacarea el PP por todos los cenáculos madrileños. Lo susurran los antisanchistas de primera generación. Y hasta lo han escrito ya algunos periodistas parapetados en fuentes judiciales.

Nada que no haya ocurrido antes en democracia: llegar al límite, subir el listón de la crítica, desestabilizar las instituciones, polarizar —antes, crispar—, buscar un mundo de irregularidades y quebrar al presidente del Gobierno. Ocurrió en 1996, aunque Felipe González lo haya olvidado, y el periodista Luis María Ansón lo confesara, años después, en una entrevista con Santiago Belloch. 

Lo que hoy vive España se parece mucho a lo de entonces, cuando los tribunales marcaban el ritmo de la política y de la agenda mediática en un clima de confrontación permanente. ¿Quiere eso decir, como diría Rajoy, que todo lo que investiga la justicia y afecta al PSOE es mentira menos alguna cosa? “Quiere decir que el caso Leire Díez o el de Zapatero no se pueden comparar con la instrucción de Peinado, que es un lawfare de manual. Y tampoco con el del hermano del presidente, pero que existe una sincronía escandalosa entre el PP jueces, fiscales y medios de derechas para dibujar un país putrefacto sin que responda a la realidad y con el claro objetivo de tumbar a Sánchez es un hecho indiscutible”, responde un ministro socialista.

La Moncloa delegó esta semana en Óscar Puente la más feroz de las respuestas a la decisión del juez Pedraz de entrar en la sede central del PSOE en busca de información sobre una supuesta trama financiada por el partido que habría tenido como objetivo desestabilizar las causas judiciales que afectan a los socialistas. Y, sin paños calientes, el titular de Transportes habló claramente de una operación “con métodos nada democráticos” para derribar al Ejecutivo y de la coincidencia en el tiempo de algunos autos con la celebración del juicio de la Kitchen sobre la mal llamada policía patriótica del PP.

Puente es de entre los pocos ministros de Sánchez de perfil político el que más conecta con las bases y el electorado progresista. Pero aunque lo que dice les sale al resto de miembros del Gobierno de las entrañas, ni Sánchez ni el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se manifestarán en esos términos, lo que no quiere decir que desaprueben las palabras de Puente aunque circule por carril propio. Todo lo contrario.

En el Gobierno y en el PSOE están preparados para que la ofensiva judicial escale hasta Pedro Sánchez porque ven en el auto de Pedraz sobre el caso Leyre “claros e innecesarios” señalamientos al presidente. Hasta 15 han contabilizado. Y en conversación privada con algunos de sus ministros, según ha podido saber elDiario.es, el presidente ha negado que conociera los tejemanejes de Santos Cerdán con Leire Díez, y mucho menos que mantuviera con ella más de una veintena de encuentros. En la misma línea se expresa otro miembro del Gobierno que defiende que el ex secretario de Organización “manejaba esa trama para defenderse a sí mismo, a Ábalos y a Koldo”.

Page vuelve a quedarse solo

Pero si en algo coinciden todos los interlocutores es en que la próxima pieza a batir es Pedro Sánchez. “Por supuesto que le llevarán a declarar ante la Audiencia Nacional”, afirma un socialista que coincide con la versión monclovita de que “cuanto más duro le aticen, más aguantará”, en alusión a que en la cabeza del presidente no están ni el escenario de unas elecciones anticipadas ni la moción de confianza que ha sugerido Emiliano García-Page. El castellano-manchego ha vuelto a quedarse solo en la crítica ante los micrófonos. En privado, son muchos quienes coinciden, aunque con matices, en su análisis de que una huida hacia delante no puede más que desangrar al partido, llevarse por delante el poder municipal de los alcaldes y destrozar la marca durante años.

En el fondo, unos y otros convergen en que tener el Gobierno no significa tener el poder y que este está en manos de las derechas. Tienen el poder económico, el judicial, mediático y hasta el legislativo con la mayoría absoluta del Senado. “Solo les queda el ejecutivo y es el que, con votos o con autos, pretenden con su ofensiva actual”, defiende otro miembro del Gobierno. 

Mientras, en la dirección socialista saben que en el próximo Comité Federal del PSOE del 27 de junio habrá voces que plantearán que las generales se celebren antes de municipales y autonómicas para que alcaldes y presidentes autonómicos no paguen en las urnas el desgaste del Gobierno. Pero ese es un escenario que, aunque podría estudiarse, no será antes de septiembre. Diciembre, febrero o marzo… “Hay posibilidades, si bien Sánchez no está en ninguna de ellas, sino en la de aguantar. Es como un toro bravo que se crece ante las dificultades”, defienden en su núcleo duro. Y quien esté haciendo cábalas sobre una posible dimisión, que renuncie a la candidatura de las generales y ceda el paso a otro o que tire la toalla, se equivocará. 

Este lunes será la primera vez que intervenga ante la dirección federal, después de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y tras la entrada de la Guardia Civil en Ferraz. Y, aunque hay miembros de la Ejecutiva que en privado emiten señales de agotamiento y declaran que “esto tiene que acabar ya”, no levantarán la voz, tras testar el pulso de algunas federaciones, comprobar que nadie está por la labor de transitar por dirección distinta a la que marque el secretario general y colegir que nadie quiere abrir en canal el partido.

Manual de Resistencia, enésima entrega.

En el mundo de Trump, Milei o Ayuso, cada día tiene su disparate. Pero, detrás del jolgorio del populismo ultraderechista se oculta siempre un meticuloso trabajo de los ideólogos que trazan las líneas maestras de la estrategia y del discurso. El goteo de informaciones sobre la presunta corrupción alrededor del PSOE ya ha provocado un efecto devastador en el ánimo de la militancia y la dirigencia. Un impacto incuestionable en el electorado progresista. Y algunos movimientos aparentemente imperceptibles que, en respuesta o no, a la instrucción aznariana del que pueda hacer, que haga, no se resisten a aportar su granito de arena a lo que Óscar Puente, ha llamado una conspiración para derribar al Gobierno “con métodos no democráticos”. Y, mientras en el PSOE, silencio. 

En el festival de a ver quién la dice más gorda, siempre gana Ayuso. Porque para hablar de “corrupción de Estado” por las investigaciones que afectan a los socialistas el mismo día que se sienta en el banquillo de los acusados su compañero de filas y exministro Jorge Fernández Díaz por la operación Kitchen hay que tener muy poca vergüenza y ningún escrúpulo. Pero, si de repugnancia hablamos, qué mejor ejemplo que el del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez que ha negado este jueves que existiera la trama ante el tribunal que juzga los hechos, después de haber llevado ante notario los whatsapps que demostraban lo contrario e implican directamente a Fernández Díaz. 

Sin duda, la mención honorífica a la desvergüenza se la lleva el beato Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel, y negó hasta la verdad durante su declaración como acusado por la creación de la mal llamada policía patriótica. Como buen pío, seguro que reza dos padres nuestros un ave maría y tiene bula para cuando abandone esta vida. Entretanto, se dedica a pontificar sobre ética política desde las páginas de un diario que acumula más manipulación y mentiras por página que pecados acumula el exministro.

En lo que respecta a los socialistas hay una base material incuestionable que justifica la última investigación de la Audiencia Nacional sobre el “caso Leire”. Pero el PSOE se divide hoy entre los que han decidido minusvalorar o despreciar las pesquisas y los que creen que una huida hacia adelante prolongará la agonía y se llevará por delante el poder municipal que les queda. En términos electorales, a un lado están Pedro Sánchez y su gobierno, empeñados en seguir hasta 2027, y a otro, alcaldes y cuadros medios partidarios de intentar contener la hemorragia y convocar elecciones cuanto antes. El mismo dilema, por cierto, que tienen los socios del Gobierno, entre quienes se percibe ya el nerviosismo, además de un evidente distanciamiento a un año de las municipales.

Desde que el juez Pedraz ordenó que la Guardia Civil entrase en la sede del PSOE para buscar pruebas de si el partido pagó a la ex militante Leire Díez para entorpecer investigaciones policiales y judiciales sobre los socialistas, el PNV ya ha lanzado algún aviso sobre la irresponsabilidad que supone agotar el mandato. En ningún caso, eso sí, apoyará una moción de censura, ni siquiera instrumental. Y tampoco Junts. Apoyar a Sánchez es un problema, pero votar a Feijóo, con Vox de socio preferente, es contraproducente para sus intereses partidistas. Los nacionalistas vascos gobiernan en Euskadi en coalición con los socialistas, lo que un cambio de tercio en Madrid podría dar al traste con la lehendakaritza de Pradales, las diputaciones forales y algunos ayuntamientos. Y a los catalanes lo que les mueve es que Puigdemont pueda volver a Catalunya una vez que el Constitucional falle sobre la aplicación de la amnistía. Así que a Feijóo no le queda otra que hiperventilar, celebrar cada titular de su sincronizada de guardia, se ajuste o no a la realidad, y mantener la presión en una estrategia de desgaste sobre ambos. Claro que llamarles cómplices de la corrupción o poner a Tellado delante de un micrófono no parece que sea la mejor forma de cortejarlos.

Como tampoco es la mejor opción ni para el PSOE ni para la democracia el clamoroso mutismo de la calle Ferraz ante los últimos acontecimientos judiciales. Entiéndase por Ferraz la secretaría de Organización que es la que lleva el peso de la acción del partido cuando este tiene la responsabilidad de gobierno. Por descarte el cargo lo ocupó Rebeca Torró, tras la salida de Santos Cerdán para ingresar en prisión, y es sobre ella, además de Sánchez, sobre quien llueven las críticas de una organización que demanda explicaciones.

Tan escandalosa ha sido su incomparecencia después de la entrada de la Guardia Civil en la calle Ferraz y tan comentada su inanidad desde que ocupa el cargo que en La Moncloa han tenido que sacar este jueves al ministro Óscar Puente para llenar un vacío que empieza a ser delator de la inconsistencia del material que habita en el partido. El día anterior, lo hizo sin miramientos desde su cuenta de X, pero ante las preguntas de los medios, el titular de Transportes tampoco se arredra para poner música y letra a la acumulación de casos judiciales, la coincidencia de calendarios y las filtraciones de sumarios. 

Puente se cuida de apuntar directamente sobre los jueces o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y prefiere poner el foco sobre Feijóo y lo que entiende como una estrategia concertada de algunos poderes, incluido el mediático. “Hay un Gobierno al que se quiere derribar, no en las urnas, sino con otras artimañas, con métodos no democráticos”, denunció para colegir que los tiempos de la justicia y la política “se acompasan de manera sorprendente”, en alusión a la coincidencia de la entrada de la Guardia Civil en Ferraz con la declaración de Fernández Díaz ante la Audiencia por el caso Kitchen y por el que algunos medios han pasado de puntillas.

También criticó que se tomara por hechos ciertos aspectos que constan en el auto de Pedraz, a pesar de que dos de los aludidos, el fiscal José Grinda y la abogada Leticia de la Hoz, hayan negado los hechos que se relatan en el mismo. El primero, según el escrito del juez, habría sido objeto de un intento de soborno de 300.000 euros para que ofreciera información sobre el fiscal jefe, Alejandro Luzón. Y la segunda habría ofrecido 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para que negase haber llevado 90.000 euros a Ferraz. No entró el ministro en si el PSOE pagó o no a la Leire Díez para que entorpeciera investigaciones judiciales en marcha, como acredita el auto, pero sí en que en la militancia hay una profunda indignación y que “la respuesta tendrá el efecto contrario” al que pretenden las derechas . 

Sea así o no, lo que subyace tras sus declaraciones es que el PSOE adolece de una profunda fatiga de materiales, y no solo por las investigaciones judiciales. De no ser por los ministros de perfil más político, léase Puente, López o Bolaños, Sánchez no tendría quien le saliera al rescate. Es lo que tiene el diseño de un gabinete eminentemente técnico y una estructura de partido hecha de retales y no precisamente de alta costura.

Como decía el mítico director del Washington Post Ben Bradlee los mejores periódicos están comprometidos en la búsqueda concienzuda de la verdad, pero en el fondo del saco existe también un “periodismo de queroseno”, el que se dedica a echar combustible en el primer sitio en el que ve humo antes de determinar qué es lo que lo produce y por qué. Decía también que las llamas resultantes pueden considerarse un incendio premeditado, pero no periodismo.

Deliberado o no, en la mañana de este miércoles, diez minutos antes de que comenzara la sesión de control al Gobierno en el Congreso, a toda página y con gran alarde tipográfico leíamos en El Confidencial: “La UCO registra Ferraz: operativo en marcha contra una trama de financiación ilegal del PSOE”. ¡Boooooom!! Justo la línea roja que establecieron los socios de Pedro Sánchez para dejar caer al Gobierno y que la derecha agita para presionar a nacionalistas vascos y catalanes en busca de apoyo para una moción de censura. 

A los pocos minutos del titular de marras, el líder del PP, que no acostumbra ni a entrar por la puerta principal ni a hacer declaraciones a los medios antes de la sesión, ya llevaba preparada la munición: “Lo que estamos viviendo es de una extrema gravedad que se comenta por sí sola. La pregunta es cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios, cuántos periodos de instrucción y juicios orales… Esto apesta. No podemos más”. En alusión al PNV y Junts, ya había dicho el día anterior: “Mantienen al gobierno más sucio de la democracia”. 

Lo cierto es que la Guardia Civil se había presentado en la sede socialista con un requerimiento de la Audiencia Nacional para reclamar documentos sobre la contratación de la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez, pero nada que tenga que ver con la financiación ilegal del partido. Ni con cajas B. Lo que se investiga es “una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno”. Hechos, sin duda, gravísimos y sobre los que el PSOE y su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, habrían mentido reiteradamente. Porque, según el auto dictado por el juez Santiago Pedraz, el PSOE habría contribuido supuestamente a financiar las presuntas maniobras que habría llevado a cabo contra fiscales y mandos policiales Leire Díez. 

Pedraz aprecia indicios de delito en la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice de varios ilícitos, así como posible autora del delito de falsedad en documento mercantil en relación con la emisión de facturas falsas para abonar los servicios que se investigan. El juez también alude a Juan Manuel Serrano, quien fue presidente de Correos, empresa en la que Leire Díez ocupó el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. Y a Juan Francisco Serrano, quien fuera número dos de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE. El magistrado señala que aparecen indicios que revelan la colaboración de ambos con los investigados “en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan”, si bien matiza que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

La operación se produce en el marco de una pieza separada secreta abierta en las diligencias de la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones bajo sospecha en la que estaban siendo investigados el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxón Alonso —vinculado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán— . Y el caso tiene que ver con las actividades de Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, víctima del espionaje ilegal del comisario José Manuel Villarejo, para denunciar las andanzas de la mal llamada policía patriótica que creó el Gobierno de Mariano Rajoy y las supuestas corruptelas que se esconden tras las nuevas operaciones judiciales y policiales contra algunos dirigentes socialistas.

La presencia de la UCO en la sede del PSOE se produce una semana después de que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental impactara en el mismísimo corazón del PSOE, haya reventado la agenda del Gobierno y mantenga en vilo a toda la dirigencia socialista hasta el 17 de junio que declarará el expresidente ante la Audiencia. Sánchez ha vuelto a reiterar su apoyo a Zapatero y, en general, todo el partido ha cerrado filas con quien hasta ahora ha sido faro moral y activo electoral de la izquierda. Y sobre el caso Leire Díez dijo “no tener nada que esconder”, si bien “si hay algo irregular, se actuará”.

Sin prejuzgar y con respeto al trabajo de la Justicia, el ministro Óscar López declara no creer en las casualidades: “Sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos cree en las coincidencias”. La exageración de las actuaciones, el despliegue masivo de efectivos policiales, la coordinación con determinados medios de comunicación, la sincronización de los calendarios judiciales… “Todo responde al lanzamiento de una traca contra todo y todo el tiempo para minar la capacidad de resistencia de Sánchez”, aseguran desde La Moncloa. “No vamos a ir a elecciones por mucho que griten”, añade otro ministro socialista, en línea con lo que reiteró ayer mismo el presidente del Gobierno desde Roma. 

Lo de “contra todo y todo el tiempo” significa que en el Gobierno no achacan en absoluto al azar la concurrencia de la imputación de Zapatero, el requerimiento al PSOE por los contratos con Leire Dïez, la decisión del juez Peinado de citar a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, a una “audiencia preliminar” el próximo 9 de junio y el arranque del juicio oral contra el hermano del presidente, David Sánchez por haber ocupado un puesto de dirección en la Diputación de Badajoz. Tampoco que “todo este ruido judicial” sea ajeno a que este mismo jueves está prevista la declaración ante la Audiencia como imputado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen, por el que el Gobierno de Mariano Rajoy creó una trama al margen de la ley pagada con fondos reservados y en la que participaron policías, jueces y fiscales para tapar la corrupción del PP.

En realidad, todo empieza y acaba en la Kitchen la semana en que se juzga la Kitchen. Porque el caso Leire Díez y la presunta trama que ahora investiga Pedraz empieza con las pesquisas de la exmilitante del PSOE sobre la estructura ilegal montada por el Ministerio del Interior de Fernández Díaz y cómo pudo influir en causas judiciales que afectaban al PSOE. ¿Una mini kitchen para investigar a la Kitchen? “Si fuera eso, el PSOE no fabricó pruebas ni investigó al margen de la ley, y mucho menos usó a las estructuras del Estado para hacerlo”, responden desde La Moncloa.

Sea como fuera, lo que Sánchez tiene por delante es una semana judicial horribilis que tratará de sortear con la visita del Papa a España. Y a Feijóo solo le queda, insistir en vano en un anticipo electoral, ya que los socios de investidura de Sánchez han vuelto a dar un portazo a la posibilidad de apoyar una moción de censura. Esta vez, incluso, de forma más sonora, como ha hecho la portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán: “Basta ya de estos circos mediáticos. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo. Cuando les miramos a ustedes y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, los más de 200 casos dan para empapelar el salón de plenos. Y si miramos esa pareja estable que han formado con Vox, que es quien tira de su carro, confianza ninguna”.

En el periodismo, dicho sea de paso, seguimos en guerra con la verdad. Unos más que otros. 

Absténganse los haters de esta lectura porque, en realidad, cualquier otra les provocaría la misma infame, difamatoria y odiadora reacción. Todos los que dudan, introducen matices, sospechan o no tienen certezas incontestables son, en el mejor de los casos, vendidos, pesebreros o lamebotas. En el peor -y siempre lo más pésimo recae sobre las mujeres que opinan-, son “prostitutas”, “zorras”, “chupapollas”... Argumentos no tienen, pero la amenaza, la descalificación, la injuria y la violencia verbal, la manejan con una impunidad pasmosa.

En el resto de los mortales, existe el derecho a la duda. Siempre es mejor el recelo y el matiz que estar seguro de todo, pese a que vivimos en una España en la que el titubeo pareciera un delito y la gradación, una señal de sumisión. En este marco se mueve hoy la política. Y el periodismo. En el de la tarascada y la verdad absoluta. Y si esta última llega en forma de informe policial o auto de imputación, el indicio es dogma de fe y una sentencia no recurrible.

José Luis Rodríguez Zapatero tiene que dar muchas respuestas ante el juez y ante la opinión pública sobre las actuaciones presuntamente punibles que se le atribuyen. Y el instructor, acreditar cada una de las acusaciones que la UDEF vierte sobre el expresidente del Gobierno, aunque en su escrito incomprensiblemente las haya asumido ya como propias. En el auto de imputación hay motivos para la investigación y también para la duda. Y no porque lo que describa sea incompatible con la personalidad que una inmensa mayoría de la izquierda conocía de Zapatero. Hay insinuaciones, sospechas, datos no contrastados, fechas que no cuadran… Hay, en esencia, un informe policial que el equipo de natación sincronizada de la derecha ha convertido en una retahíla de delitos en los prolegómenos de una investigación que se encuentra en fase embrionaria.

Y si de informes policiales hablamos es inevitable echar la vista atrás y dar un repaso a algunos de los que fueron portadas de diarios durante meses, abrieron telediarios y ocuparon horas y horas de tertulias para condenar social y mediáticamente a los investigados y, con el tiempo, quedaron en nada. Porque los casos fueron archivados judicialmente o porque los sospechosos fueron absueltos o sus condenas, anuladas por tribunales superiores. 

Aquí, algunos ejemplos: 

Caso Xavier Trias. En octubre de 2014, días antes de la consulta soberanista del 9-N, El Mundo publicó que el entonces alcalde de Barcelona ocultaba 13 millones de euros en Andorra, presuntamente procedentes de comisiones ilegales. Trias negó desde el primer momento la existencia de dicha cuenta y aportó un certificado bancario que desmentía la información publicada en portada y a toda página. La UDEF elaboró un informe con elementos indiciarios y solicitó comisiones rogatorias internacionales. El propio ministro del Interior anunció públicamente la existencia del informe en el Congreso. La Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia al no hallar indicios suficientes de que Trias tuviera dinero en el extranjero. Años después, el excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas declaró ante la comisión parlamentaria del Congreso que el borrador de la UDEF era una fabricación sin respaldo oficial en el marco de la denominada Operación Cataluña.

Financiación Iraní de Podemos (Informe PISA). En enero de 2016, OK Diario publicó el denominado Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un supuesto documento policial que acusaba al Gobierno de Irán de financiar a Pablo Iglesias y a Podemos. El documento carecía del sello oficial de ninguna unidad policial y su publicación coincidió con los contactos para formar un gobierno progresista. Su autoría fue vinculada posteriormente a la brigada patriótica creada en el seno de la Policía Nacional durante el mandato del ministro Fernández Díaz. La UDEF llevó el caso al Tribunal de Cuentas y se presentaron denuncias en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional rechazó la denuncia en junio de 2016, calificando el documento de «conjunto desordenado de reproducciones de noticias» sin virtualidad indiciaria. El Tribunal Supremo archivó en abril de 2016 la querella de Manos Limpias, respaldado por la Fiscalía, que calificó el Informe PISA de mero conjunto de informaciones «no autenticadas» que «no pueden suponer una base para un procedimiento penal». Ninguna de las dos vías judiciales prosperó. 

Caso Miguel Urbán. El 21 de enero de 2016, ocho días después de la publicación del Informe PISA, el director del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), el comisario José Luis Olivera, envió a la Fiscalía Antidroga un informe basado en una fuente anónima que acusaba al eurodiputado de Podemos Miguel Urban de vender 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña por valor de 1,2 millones de euros. La denuncia era manifiestamente inverosímil y fue utilizada como pretexto para acceder a las cuentas bancarias del político e investigar la financiación de Podemos. El comisario Olivera está procesado en el caso Kitchen. La UDEF investigó las cuentas bancarias de Urbán y solicitó informes a la Agencia Tributaria. El 20 de julio de 2016, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, archivó las diligencias con la conclusión expresa de que «no se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos». En marzo de 2026, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional ordenó al juez Santiago Pedraz que investigara las maniobras policiales contra Urbán como parte de la causa más amplia sobre la guerra sucia del Ministerio del Interior contra Podemos durante el Gobierno de Rajoy, otorgándole la condición de perjudicado. 

Caso Artur Mas (Operación Cataluña). En noviembre de 2012, en plena campaña para las elecciones catalanas, de nuevo El Mundo publicó un supuesto borrador de la UDEF que atribuía cuentas en Suiza y paraísos fiscales al entonces president Artur Mas, al expresident Jordi Pujol y al exconseller Felip Puig. El documento fue la pieza central de la Operación Cataluña, coordinada desde el Ministerio del Interior con participación del excomisario Villarejo. El jefe de la UDEF, el comisario Manuel Vázquez López, negó públicamente que el borrador fuera un documento oficial de su unidad. En noviembre de 2024, el excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas confirmó ante la comisión parlamentaria del Congreso que en los archivos oficiales de la UDEF no existe ningún informe borrador con esas acusaciones, calificándolo de «película» que «nace manipulado». Ninguna causa judicial prosperó contra Mas, Pujol ni Puig por las acusaciones concretas de cuentas en Suiza contenidas en aquel informe. Mas y Pujol sí han sido investigados o juzgados en procedimientos independientes y por hechos distintos. Mas, por la consulta del 9-N (inhabilitación confirmada por el Tribunal Supremo en 2017) y Pujol, por corrupción en el caso que lleva su nombre, pero esas causas son ajenas al informe falso de la UDEF y a la Operación Cataluña.

Caso ERE de Andalucía. La instrucción, iniciada por la juez Mercedes Alaya, fue la mayor causa de corrupción política investigada en esa comunidad y se prolongó durante más de quince años. La UDEF participó activamente en la investigación económica del caso, elaborando informes sobre el flujo de fondos públicos y las irregularidades en la gestión de las ayudas, que sirvieron de base para la instrucción. En julio de 2024, el Tribunal Constitucional anuló las condenas de los principales acusados —Griñán (6 años de prisión) y Chaves (9 de inhabilitación), entre otros— al estimar que se vulneraron sus derechos fundamentales: tanto la presunción de inocencia como el principio de legalidad penal, ya que las ayudas estaban amparadas en las leyes de Presupuestos autonómicos. El Tribunal Supremo, en sentencia de noviembre de 2024, redujo el caso a conductas muy puntuales, dejando fuera los hechos de la pieza principal. 

Hay antecedentes, por tanto, para dudar aunque, por el camino, Zapatero haya sido ya condenado social, política y mediáticamente. Eso sí es una certeza.

La última frase del discurso con el que José Luis Rodríguez Zapatero ganó, contra todo pronóstico, el XXXIV Congreso Federal del PSOE fue “no os fallaré”. El sintagma se convirtió en un lema personal que repetiría años después, la noche de su victoria en las elecciones generales de 2004, para extender el compromiso a toda la ciudadanía. Hoy, aquellas palabras son para una inmensa mayoría de socialistas un quebranto inesperado y doloroso de quien ha sido el faro moral del partido durante lustros.  

Entre los que andan como Santo Tomás, incrédulos, pero a punto de meter el dedo en la llaga, y los que prefieren creer que están ante una “superproducción de realidad aumentada” hay un sentimiento de desolación que recorre esta semana todas las federaciones del PSOE. Diga lo que diga el sumario de la causa que investiga el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero ha roto el corazón del partido. Y quién sabe si algo más. 

El alcance de lo leído en el auto de su imputación por tráfico de influencias tiene una significación tan notable porque el expresidente era, en palabras de un veterano dirigente, “el santón laico de la organización” y “un modelo ético” al que Pedro Sánchez ha sacado en procesión cuando ha necesitado para recordar todo lo bueno que hizo durante sus gobiernos, que no fue poco.  

Como el de La incredulidad de Santo Tomás que pintó Caravaggio, hay un marcado contraste entre las luces y las sombras que, unido a la crudeza con que ese auto describe redes societarias, comisiones, empresas pantalla y transferencias de cientos de miles de euros, llena la escena de un tenebrismo incompatible con la vida y la personalidad hasta ahora conocidas de Zapatero.

“No hay explicación para que hiciera presuntamente de forma opaca e ilícita lo que Felipe González o José María Aznar han hecho, mediante el lobbismo, desde que dejaron la presidencia del Gobierno. Si por alguna razón personal decidió dedicar su vida a ganar dinero de esa forma, lo que debió hacer es dejar de predicar desde los púlpitos del socialismo y desaparecer de la esfera pública”. Quien así habla es un socialista que, el martes por la mañana, era escéptico con todo lo que leía, pero el viernes admitía ya que “no vamos a tener más remedio que creer”.  

¿Fin de ciclo?

La resolución del juez Calama ha extendido una sombra de sospecha sobre el presidente y su entorno más cercano, además de señalar a sus hijas por el cobro de un millón de euros de la trama que se investiga a través de la empresa Whathefav de la que son administradoras y socias. Algo que, para la inmensa mayoría de los socialistas, resulta más incomprensible aún: “Si la motivación inicial era solucionarles la vida a las chicas, lo que ha hecho es complicar su existencia hasta el resto de sus días”. El dolor es más intenso entre los correligionarios de Zapatero cuando se proyecta el efecto que todo esto ha podido provocar en la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa, una mujer prudente y discreta, que siempre huyó de todo foco. 

Hoy ya nadie en el PSOE habla de la baraka o la buena estrella que durante años se dijo que velaba por un Zapatero que se definía a sí mismo como un optimista antropológico, sino de lo que todo este asunto puede suponer para Pedro Sánchez: si la legislatura ha entrado definitivamente en barrena; si el presidente podrá aguantar el calvario judicial que el PSOE y su propia familia tienen por delante; si los socios aguantarán la presión de la derecha; si se anticiparán las elecciones o si el fin de este ciclo político será más estruendoso aún de lo ya previsto. 

Al latido de decepción que palpita en toda la organización se une además un sentimiento de fin de ciclo que muy pocos disimulan, pero con el que el presidente del Gobierno ha decidido marcar distancias. 

La respuesta de la oficialidad es un no rotundo a posibles consecuencias políticas tras lo que destape la investigación sobre Zapatero: “Nada de lo que llena las portadas de los diarios estos días precipitará unas elecciones; el presidente está mucho más tranquilo que cuando se conocieron los casos Ábalos o Cerdán y no vamos a aceptar un relato fraccionado por la derecha de que la continuidad del presidente Sánchez es insostenible”.

“Ni esto es Latinoamérica, ni un Estado criminal corrupto, ni Sánchez y su gobierno están aquí para robar a los españoles, que es una narrativa construida por Feijóo y por Ayuso de escaso recorrido. Nos enfrentamos a la superproducción de una realidad aumentada por la caverna”, aseguran fuentes de La Moncloa. 

¿Cómo afecta entonces al Gobierno esta bomba de neutrones? “No hay que avanzar pantallas, sino esperar al sumario y hasta el momento no hay prueba incriminatoria contra Zapatero. Si todo lo que se destapa es que el expresidente o Javier de Paz usaban sus contactos para hacer llamadas e interesarse por expedientes, el PP debería ser consciente de que se ha abierto un melón muy peligroso que se le puede volver en contra”, advierten desde el equipo del presidente.

Un ministro del PSOE llama la atención sobre “la delgada línea que separa el lobbismo del tráfico de influencias, que es el elefante en la habitación de este caso y del que el PP no saldrá tampoco indemne, aunque cuente en ocasiones con la connivencia de algunos jueces”. En la sede de algunos ministerios de hecho se han empezado a rastrear llamadas y visitas de exministros de Rajoy, más recientes que remotas, a funcionarios y altos cargos para interesarse por algunos proyectos y expedientes, según confirman fuentes gubernamentales.

En la misma dirección del relato sobre un caso poco estético, pero no ilegal, transita otra voz del Ejecutivo que duda además del “origen de una investigación casi parapolicial”. Palabras mayores que transmiten que en el ámbito socialista permanece el convencimiento de que todo lo que rodea a Sánchez es resultado de una ofensiva coral de la derecha política, policial, judicial y mediática. “Motivo más que justificado —añade el mismo interlocutor— para mantener el apoyo a Zapatero y, en ningún caso, convocar elecciones”. Y por el que Sánchez ha decidido defender hasta las últimas consecuencias la inocencia de Zapatero, aunque en La Moncloa no puedan negar que hayan pasado del shock de las primeras horas a la ansiedad por conocer el alcance de la investigación cuando se haga público el sumario, que todo indica que será mañana lunes.

Pedro Sánchez será recibido por el Papa en el Vaticano el próximo miércoles 27. Pedro Sánchez mantendrá un encuentro con el Papa en la sede de la Nunciatura Apostólica de Madrid la mañana del 8 de junio. Pedro Sánchez estará presente ese mismo día durante el discurso que el pontífice pronunciará en el Congreso de los Diputados en una histórica sesión parlamentaria. Y Pedro Sánchez encabezará también la representación del Gobierno que acompañará a Robert Francis Prevost durante su visita a la Sagrada Familia en Barcelona un día más tarde.

En una semana en la que Sánchez y el PSOE aún no se han recuperado del golpe emocional que ha supuesto la imputación del expresidente Zapatero por liderar presuntamente una trama nacional e internacional de tráfico de influencias, La Moncloa busca consuelo en la visita que el pontífice realizará a España entre el 6 y 12 de junio.

No es que pretendan ser más papistas que el Papa, es que han decidido encomendarse al pontífice en uno de los trances más complicados de la legislatura para que le abra la puerta al 5. La expresión es habitual entre los estudiosos de la demoscopia y significa la búsqueda del centro, que no es un espacio ideológico, sino una actitud que en ocasiones se confunde con la moderación y en la que suele moverse un 30% del cuerpo electoral. Es el punto medio de una escala con la que hace años que los encuestadores emplazan a los encuestados a definirse ideológicamente entre el 1 y el 10, entre la izquierda y la derecha. 

En esa nota de la escala hay una masa de electores despolitizada que no se plantea la vida en términos ideológicos, que no sigue habitualmente la política, que no conoce en profundidad a los líderes de los partidos, que suele ir con la corriente y que se deja influir por los inputs que recibe de sus entornos. Se trata, en definitiva, de personas que transitan con facilidad de un partido a otro y que pueden pensar en determinados momentos como la izquierda y en otros, como la derecha. 

Los sociólogos entienden que se puede ocupar una posición central y ser progresista, pero también conservador. Sin embargo, no es ese el espacio por el que hoy transita la derecha de Feijóo, y sí el que pretende conquistar ahora Sánchez. Y es que considera que, después de haber asumido con naturalidad la “prioridad nacional”, que no es otra cosa que discriminación y racismo, el PP ha renunciado a ese carril central por el que circulan buena parte de los católicos no practicantes del país que militan en la defensa de la inmigración y los derechos humanos que reclama el Papa y también el gobierno de España.

Por eso Sánchez, que no es católico pero sí dice escuchar a León XIV con interés, busca con la visita sacar rédito del viraje del PP a las posiciones más ultras y del enfrentamiento que Vox mantiene con la Conferencia Episcopal y el Vaticano. El propósito es conquistar ese 5 que la demoscopia también identifica con los valores de paz, concordia y convivencia que defiende el pontífice y que coinciden con la defensa de Sánchez del “No a las guerras” y su oposición a las políticas de Trump. 

Cosas veredes en una España que la Constitución consagró como estado aconfesional y en un socialdemócrata que ha encontrado en el vicario de Cristo a un igual. Un jefe de Estado al que se reconoce por sus críticas a la invasión de Venezuela, la guerra en Irán y la defensa de los inmigrantes y el derecho internacional, y que ha llegado a acusar al inquilino de la Casa Blanca de padecer “delirios de omnipotencia” y hasta de tener “las manos llenas de sangre”. Siempre, eso sí, sin mencionarlo expresamente, pero con una contundencia que algunos creen que puede zarandear conciencias en el voto católico y de derechas tanto en EEUU como en Europa.

Si hoy es jueves, hablamos de Zapatero. Ya sabes que estos días el espacio de la conversación pública solo gira en torno a su imputación por un presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos. No hay, hasta el momento, motivos ni pruebas para condenar al expresidente. Tampoco para defender que estamos ante un nuevo capítulo de la sincronizada ofensiva judicial, política y mediática desplegada contra todo lo que tenga que ver con Pedro Sánchez. Pero, en esta España en la que si no tienes certezas absolutas eres un tibio o un vendido, antes incluso de que se conociera el auto de más de 80 páginas, ya se habían levantado dos trincheras.

Por un lado, los que como Pedro Sánchez, reivindican la figura del expresidente y deslizan veladamente la complicidad entre el poder judicial y el PP en la búsqueda de atajos para llegar a La Moncloa. Por otro lado, los inflamados que, como Feijóo, no solo han condenado ya a Zapatero, sino que han escalado la responsabilidad penal a todo el Consejo de Ministros, incluido el presidente del Gobierno. 

Toda acción de la justicia, sea auto, diligencia previa, investigación preliminar o informe pericial es buena para que la derecha emita sentencias condenatorias y pida elecciones anticipadas. Con los votos o con las togas, lo suyo es llegar cuanto antes y de cualquier modo a La Moncloa, aunque en el camino renuncie a la presentación de una moción de censura, que es el instrumento adecuado ante la situación de desmoronamiento de las instituciones y corrupción estructural que dibuja cada día. Feijóo sabe que no tiene los votos, por más estrategia de presión que despliegue sobre los socios del Gobierno. La izquierda ya le ha dicho que se peine; Junts, que nadie como ellos sabe lo que es sentir el aliento de una justicia politizada y el PNV calla y espera porque “lo que se conoce sobre Zapatero de momento es una investigación embrionaria”. Todos coinciden en que con Vox de compañero de viaje de Feijóo, su apoyo al PP es solo una ilusión óptica.

El caso que nos ocupa, en todo caso, no es baladí. Ha protagonizado todas las portadas nacionales y extranjeras porque es la primera vez que un expresidente del Gobierno tendrá que declarar como investigado ante un juez. No lo hizo González por los GAL, ni Aznar por la Gürtel, ni Rajoy por la Kitchen, pero a Zapatero se le atribuye el liderazgo de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” ante autoridades nacionales y extranjeras en la que “puso sus contactos al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. 

Y, aunque, el auto con el que se le cita a declarar hace un relato cronológico bastante sólido de los hechos que se investigan, de momento se han aportado más conjeturas que pruebas sobre la influencia de Zapatero en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra para que no quebrara en pandemia, como se hizo con todas las compañías estratégicas. El juez sugiere  también que un amigo del expresidente y empresario al frente de la consultora que se encuentra en el centro de la investigación, Julio Martínez Martínez, en realidad era un testaferro de Zapatero porque se han encontrado transferencias de cientos de miles de euros a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones de préstamos. Y entiende que los pagos se ocultaron a través de un entramado societario off-shore de cuya existencia no aporta pruebas documentales. Lo único probado es que mientras Julio Martínez facturaba por sus gestiones con el Gobierno de Venezuela, gastaba parte del dinero que cobraba en contratar a Zapatero y a sus hijas por supuestos informes por los que llegaron a ingresar más de 600.000 euros en cinco años.

Todo está escrito negro sobre blanco. En un auto, no en una sentencia que, en efecto, ha caído como una bomba de neutrones en el mismísimo corazón del Gobierno y del PSOE en un momento de debilidad tras la debacle de las elecciones andaluzas y el juicio en el Supremo contra el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas. Tan duro ha sido el golpe que no hay dirigente o militante que haya hecho todavía la digestión del impacto emocional de la noticia. Y es que Zapatero no es Ábalos ni es Cerdán, ni siquiera es Pedro Sánchez. Entre los cuadros y las bases, es una especie de guía moral y ejemplo de integridad, además del único expresidente socialista que siempre antepuso los afectos y la lealtad a cualquier otra cuita. 

Y, aunque sus últimos días en La Moncloa terminaron sumidos en el agujero negro de una brutal crisis económica, suyo fue el mérito de haber movido las fichas definitivas para acabar con el terrorismo de ETA, haber impulsado una revolución en la extensión de derechos civiles y haber arrimado el hombro siempre que el partido le ha necesitado. De ahí el cierre de filas sin matices que Sánchez escenificó durante la sesión de control al Gobierno este mismo miércoles.  

El presidente ha defendido la inocencia de Zapatero, si bien ha proclamado, pero recetado también a los suyos, máximo respeto a la investigación, después de la torpeza con la que desde la secretaría de Organización del PSOE que dirige Rebeca Torró se deslizaron el día anterior por la pendiente del lawfare sin mencionarlo expresamente. Algo que también hicieron algunas voces de la izquierda a la izquierda del PSOE y que, con posterioridad, se han visto obligadas a recoger cable porque el auto, como se admite en La Moncloa, “es un texto serio” y “el juez que instruye el caso, José Luis Calama, no es Peinado”.

Ni todo es lawfare ni todo es delito. Porque sobre algunas de las actuaciones que el juez atribuye al expresidente y con las que la sincronizada mediática del PP hiperventila desde hace 72 horas, hay dudas razonables sobre la delgada línea que separa el tráfico de influencias del lobbismo. Una práctica esta última no regulada y a la que se dedican, por cierto, todos los ex presidentes de Gobierno -menos Mariano Rajoy- varios exministros y algún que otro ex presidente autonómico.  

Por eso en La Moncloa defienden que la lectura del auto tranquiliza, ya que no incluye nada que incrimine al expresidente o constate un tráfico de influencias. “De hecho, Zapatero no participa de ningún entramado societario e ingresó el dinero que cobró por sus asesorías en una cuenta corriente compartida con su mujer”, aseguran varios ministros que recuerdan la más de una docena de sociedades que Aznar tiene constituidas con su familia “y nadie ha investigado”. 

La narrativa desplegada por los socialistas destila, no obstante, una doble indignación: la aparente sincronía entre algunas decisiones judiciales y las declaraciones del PP, que desde hace meses vienen anticipando resoluciones de los tribunales que afectan a los socialistas. Motivos dicen tener para dudar, después de que se haya condenado a un Fiscal General del Estado “sin pruebas concluyentes” y tras acuñar un nuevo sujeto penal con “el entorno”. Algo inédito en la jurisprudencia.

Aun así la consigna impartida es defender el legado y el buen nombre de Zapatero, pero mantener la prudencia porque la investigación “es grave”, pero solo los estúpidos, como decía Bertrand Russell, están seguros de todo.