Esta historia no la leerán en todos los medios, ni la escucharán en todas las televisiones del país. Tampoco llenará horas de tertulias. Ni será objeto de especiales informativos. El silencio en este caso no es cuestión de prudencia, sino de complicidad. Hablamos de las declaraciones de Koldo García a la Cadena SER en las que acusa directamente al PP de ofrecerle hasta un millón de euros a cambio de que difundiera informaciones falsas sobre Pedro Sánchez y su familia. Una denuncia sobre la que, según aseguró más tarde en un audio al que ha tenido acceso elDiario.es, tiene pruebas y hará públicas pronto. “Yo daré el remate final”, advierte.

En una declaración realizada a la Cadena SER sostiene el ex socio de José Luis Ábalos que el abogado del PP Alberto Durán le ofreció en una reunión el pago de hasta un millón de euros, evitar la cárcel y sacar a su hermano Joseba García y a su pareja Patricia Uriz del procedimiento judicial a cambio de declaraciones que afectaran al presidente del Gobierno y especialmente a Begoña Gómez. Después, en un nuevo testimonio desde la prisión de Soto del Real confirmó que recibió una cantidad de dinero para su defensa a través del pago de Okdiario y que con posterioridad a ese primer pago (que según las facturas fue de 241.000 euros) se le ofreció “otra cantidad de dinero por meterse con el presidente, con su esposa y con Zapatero. La mecánica, según su relato, era casi quirúrgica porque habría un primer pago de 300.000 euros por una entrevista -que fue publicada en el digital de Eduardo Inda- en la que debía señalar al presidente, y un segundo pago de 700.000 euros justificado como derechos de un libro. ”Eduardo Inda era el pagador del PP“, resume.

Hasta aquí, podría ser la palabra de un condenado contra la de un partido. El problema para esa lectura es que los pagos existen. Las facturas han sido aportadas por la propia letrada de Koldo, Leticia de la Hoz, a la Audiencia Nacional y publicadas por elDiario.es hace unos días. La sociedad Dos Mil Palabras S.L., editora de Okdiario, abonó 242.000 euros (IVA incluido) al despacho IDBO Consultants por “Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García”. El pago se hizo en dos facturas, una de 150.000 euros más IVA pagada en noviembre de 2025, al día siguiente de una entrevista de Koldo y Ábalos en Okdiario, y otra en enero de 2026.

El digital en cuestión ha reconocido la existencia del contrato — fechado el 26 de noviembre de 2025 entre Dos Mil Palabras y Koldo — pero lo presenta como un pago por entrevistas y no por su defensa. Versión que no resiste el concepto de la factura porque en ella no pone “entrevistas”, sino defensa. El PP, por supuesto, lo niega todo, defiende que el testimonio de Koldo García es falso, pero lo que ya no pueden negar es el circuito del dinero, ya que se trata de una cabecera que se presenta como ariete contra la corrupción del Gobierno financiando la defensa de uno de sus principales condenados.

Con todo, lo más ruidoso es el silencio de la misma prensa y los mismos plumillas y opinadores que convirtieron cada mensaje de WhatsApp del caso Koldo en portada a cinco columnas, abrieron telediarios y prepararon programas especiales y, sin embargo, ahora bajan la cabeza y miran al suelo. Ni un editorial, ni una pregunta incómoda, ni una tertulia sobre qué hace un medio pagando 242.000 euros a la abogada de una trama que supuestamente dice combatir. Si hubiera sido un diario progresista quien hubiera pagado a un imputado del PP para que inventara bulos contra Feijóo, estaríamos sin duda ante el escándalo del siglo, con manifiestos de las asociaciones de prensa y editoriales sobre el “periodismo cloaquero” cuando, en realidad, el albañal del periodismo siempre estuvo en el mismo sitio y perfectamente identificado.

Se llama hipocresía, se llama modelo de negocio y se llama periodismo que no informa sobre el poder, sino que trabaja para tomarlo. Koldo ya no es solo un exasesor corrupto, desde ahora es también un actor que describe perfectamente un mercado en el que uno difunde la acusación sin pruebas, otro pone el dinero y entre todos fabrican un marco infame que difunden por tierra, mar y aire. Que un condenado denuncie que le ofrecieron un millón por hundir al presidente del Gobierno debería escandalizar a derechas e izquierdas. Y que el director de un digital sea señalado como cajero de semejante operación debería obligar a toda la profesión a pedir explicaciones sobre el asunto. ¿Escuchan alguna voz que clame por ello? Pues eso: bochorno.

El PP ha echado por tierra la decisión del ministro y la ha atribuido a un mero cálculo político fruto de las encuestas. Mienten y lo saben. El ya ex titular de Transportes decidió anunciar su marcha en contra del criterio de Pedro Sánchez, “por dignidad y por las víctimas”. Dos motivos de peso que los populares jamás tuvieron en cuenta ante catástrofes similares mientras estaban en el gobierno. 

La historia reciente del país demuestra que hay dos formas de gestionar una tragedia ferroviaria y las dos están a la vista, aunque con trece años de diferencia. La primera la retrató, mejor que ningún informe oficial, el documental Frankenstein 04155 de Aitor Rei, premiado en la SEMINCI de 2015 y financiado por crowdfunding por la Plataforma de Víctimas Alvia 04155. La segunda la hemos visto estos días en Urda.  Y la comparación, además de caer por su propio peso, duele. Lo de Frankenstein no fue un título metafórico, sino el apodo con el que se conocía al Alvia 04155 en el argot ferroviario porque, más que un tren, era un engendro mecánico creado a partir de pedazos de otras máquinas.

En aquel documental se describió el tren como un esperpento fruto de las prisas y de los aires de grandeza de políticos obsesionados con llevar la Alta Velocidad a Galicia. El 24 de julio de 2013, aquel tren descarriló en la curva de A Grandeira, en Angrois, a la entrada de Santiago con un saldo de 81 muertos y 145 heridos. La verdad oficial nunca se apartó del error humano y de la culpa de un maquinista. Pero la cinta de Rei, dedicó más de hora y media a desmontar con pruebas la versión de los políticos, y no para exculpar la distracción del maquinista, sino para situarla como un eslabón más de la cadena de errores. 

Y es que aquel tren circulaba en una configuración operativa habitual, con el ERTMS sin estar operativo en ese tramo porque daba retrasos y se había desconectado sin análisis previo. El gobierno de entonces, con Maríano Rajoy a la cabeza y Ana Pastor como titular de Transportes, trasladó a la opinión pública que la línea tenía sistemas de frenado automático que hubieran evitado el siniestro y se informó incluso a la UE de que la línea contaba con seguridad en todo el tramo, lo que se demostró falso. Porque, en realidad, lo que ocurrió es que se ejecutó un cambio de proyecto en muy pocos meses, se rebajó la seguridad y se invirtieron 150 millones de euros en un sistema que no funcionaba. 

Con todo, lo más grave que cuenta Frankenstein 04155 no es, sin embargo, técnico, sino político porque se premió a los posibles responsables del siniestro, como fue el caso de Rafael Catalá, entonces Secretario de Infraestructuras, que fue ascendido a ministro de Justicia o el de Gómez Pomar que pasó de presidente de Renfe a secretario de Estado. Manuel Niño, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, fue ascendido a presidente de la Agencia de Seguridad Ferroviaria y Ana Pastor, ministra en el momento del accidente, fue elevada a la Presidencia del Congreso de los Diputados. 

Todo además de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) estaba integrada por el director de seguridad de Renfe y Adif, las mismas personas que desconectaron el sistema. El resultado: Bruselas acabó abriendo dos procedimientos de infracción contra España por incumplir la normativa de seguridad. Por cierto, Rajoy no compareció nunca para dar explicaciones y Feijóo, entonces presidente de la Xunta, rechazó hasta en tres ocasiones que el Parlamento gallego abriera una investigación política sobre el accidente, en lo que las víctimas llamaron “el pacto de la curva” con el que taparon sus responsabilidades.

Hasta aquí el pasado. El presente nos trae, después de aquella infame gestión de Angrois, hasta Urda (Toledo) y los 69 fallecidos, de nuevo, en un tren de Alta Velocidad. Y la gestión de Puente ha sido el reverso de lo ocurrido hace 13 años, ya que el ministro estuvo “desde el minuto uno en el puesto de mando de Atocha”, trasladó la información prácticamente en tiempo real -como hizo durante la DANA mientras Carlos Mazón seguía mintiendo sobre su paradero en las horas críticas de la crisis- y compareció en menos de una semana a petición propia en la Diputación Permanente, donde presentó su dimisión irrevocable, después de haberse sometido a dos ruedas de prensa sin límite de preguntas.

A diferencia de la ministra Ana Pastor, él no usó el comodín de la fatalidad, sino que explicó la secuencia minuto a minuto: a las 8:30 fallo de comunicación del sistema LZB en un tramo de 63 km, después la caída del sistema de seguridad, más tarde la asunción de gestión manual por Atocha y por último la autorización errónea para reanudar la marcha a las 8:36. Frente al “la culpa fue del maquinista” que la derecha reiteró hasta la saciedad durante la crisis de Angrois, Puente afirmó que “lo ocurrido apunta a un fallo en el centro de control de mando de Adif”. Por eso, cuando finalmente presentó la dimisión, demostró que, en efecto, “no todos somos iguales” y que no admitiría lecciones de la derecha política.

El error humano nunca es la única causa en un sistema complejo y regulado como es el ferroviario, pero sin verdad, justicia e investigaciones independientes, las tragedias se repiten. Urda, con todos sus errores y la verdad completa todavía por aclarar, ha sido la gestión de la información inmediata, la asunción del puesto de mando, el señalamiento de los fallos y la asunción de la responsabilidad política. Y quien diga lo contrario miente , lo hace a sabiendas y no admitirá nunca que Puente ha roto con la anomalía de la política española de que los ministros no dimiten. Con el PP, al menos, no lo hizo Federico Trillo, tras el Yak-42, ni Ana Pastor, tras el Alvia de 2013, ni Mazón tras la Dana hasta un año después del siniestro y presionado, no por su partido, sino por las víctimas.

Puente no inventó el argumento con el que presentó la dimisión, más bien lo tomó prestado de Europa, concretamente de Portugal, del ministro luso Jorge Coelho y del puente que nunca debió caerse un fatídico 4 de marzo de 2001, a las nueve de la noche. ¿Recuerdan? El viaducto metálico construido en 1887 que unía Entre-os-Rios y Castelo de Paiva sobre el Duero, se vino abajo, lo que precipitó que un autobús y tres coches cayeron al río y se registraran 59 muertos.

Coelho era ministro de Equipamiento Social del gobierno luso y, aunque no había diseñado ni construido el puente, al día siguiente presentó su dimisión y ordenó abrir una comisión de investigación. Su frase quedó para la historia de los manuales de la buena política: “No estaría bien con mi conciencia si no lo hiciera”. No dijo que la culpa fuera suya, sino que “la culpa no puede morir soltera”, una frase que Puente ha recuperado para el instante de anunciar su dimisión en el Congreso de los Diputados.

En política, como en la vida, hay que saber llegar a los sitios y saber marcharse. Óscar Puente ha decidido, por voluntad propia, que su momento ha llegado, después de dos accidentes ferroviarios y más de 100 muertos en nueve meses. Otros no lo hubieran hecho. Él tomó la decisión, según confiesa, el mismo día de la tragedia de Urda y así se la comunicó a su familia. A nadie más. Pero la mañana de este martes 3 de noviembre confesó a sus más cercanos que no estaba tranquilo.

Al titular de Transportes le esperaba una segunda rueda de prensa en una semana, una comparecencia ante la Diputación Permanente… y una dimisión inesperada. Tan imprevista que ni sus compañeros del Consejo de Ministros ni el presidente del Gobierno estaban al tanto. Pedro Sánchez supo de su decisión unos minutos antes de que la anunciara por un mensaje de WhatsApp que el ya exministro le envió desde la Sala Constitucional del Congreso cuando entraba en la recta final de su comparecencia. 

Se marcha contra la voluntad del presidente del Gobierno, que ya trató de disuadirlo por primera vez la semana pasada nada más conocerse el alcance del siniestro y cuando aún no se había cerrado oficialmente la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario. Sánchez lo intentó de nuevo, esta vez sin éxito, cuando Puente le remitió el mensaje con su decisión irrevocable. 

Pero la decisión estaba tomada, según sus propias palabras, cuando tras conocer el accidente de tren se dirigió enseguida al Centro de Control de Renfe en Atocha. “Lo hago por dignidad y por empatía con las víctimas”, afirma en conversación con elDiario.es minutos después de salir de la Carrera de San Jerónimo. 

“No podía seguir. Ni el país ni yo podemos soportar 100 muertos en menos de un año. Si me hubiera quedado, hubiera arrastrado al partido a una situación imposible. El PSOE es mucho más grande que yo y no puedo permitir que la campaña electoral pivote en torno a mí y la asunción de responsabilidad”, añade.

Sostiene el ya exministro que se marcha “con la cabeza muy alta”, después de “11 años en la máxima exposición pública que un ser humano puede soportar” y habiendo tenido que escuchar de las derechas que el centenar de fallecidos son “suyos”. Confía en que ahora Alberto Núñez Feijóo y el PP tengan que volver a hablar de vivienda, de pensiones y del Estado de Bienestar durante esta campaña, y no de si él se tiene que marchar o no.

Hasta aquí las primeras reflexiones del ministro que más veces ha llegado a tiempo a los titulares de los diarios y que, aunque no lo confiese, se marcha dolido con algunos de sus compañeros del Consejo de Ministros y del PSOE. Especialmente con los que, escondidos tras el anonimato, aconsejaban que se marchara. Pero también con los que a la cara le decían que aguantara y, a la espalda, que debía irse cuanto antes. Salvo Óscar López y el presidente del Gobierno, nadie en esta última semana ha cerrado filas con el titular de Transportes.

Puente, que renuncia también a encabezar la lista del Congreso por Valladolid, sorprendió a propios y extraños con su decisión. Su determinación solo la conocía su familia, aunque otras fuentes del Gobierno aseguran que la renuncia estaba pactada de antemano con Sánchez, versión que Puente niega.

Quienes lo conocen se percataron de que el Puente que llegó a la Cámara Baja a las cinco de la tarde para dar las explicaciones que le demandaba la oposición estaba visiblemente nervioso y demacrado, pero nadie pudo imaginar que pasadas las nueve de la noche el ministro que en más ocasiones ha sido objeto de informaciones falsas e injuriosas por la caverna mediática se marcharía, ya que Sánchez le había respaldado en público y en privado.

“Sabía que me iban a temblar las piernas”, reconoce. Y aun así no dudó un momento en defender ante los miembros de la Diputación Permanente que su decisión era por “dignidad política”, que era “buena para el país y buena para la democracia, una democracia madura de un país fuerte, próspero y moderno, no un Estado fallido como algunos sostienen”. Y tampoco se privó de recordar que “el pueblo solo salva al pueblo en las urnas, votando a los que lo apoyan”, reivindicar la “altura” del partido al que pertenece y compadecerse del “drama de las víctimas, el de sus familias y el de sus seres queridos”.

Acabada su intervención, uno tras otro todos los portavoces parlamentarios se acercaron a fundirse con el ministro en un abrazo y desde el Gobierno, sin salir aún de su perplejidad, elogió el ejercicio de responsabilidad de un Puente que “ha gestionado los momentos más difíciles de la emergencia, identificando las causas del accidente, explicándolas a la opinión pública, y poniendo en marcha las medidas necesarias para atajarlas y asistir a las víctimas”. Demuestra así, aseguran fuentes de La Moncloa, que “ni todos los partidos ni todos los políticos son iguales”, después de “dar la cara, dar soluciones y cumplir con su deber”. 

Y en la misma línea le despedía desde su cuenta oficial en X el propio Sánchez: “Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero”.

En 2013, Galicia no castigó en las elecciones gallegas a quien estaba en el gobierno cuando ocurrió el accidente ferroviario de Angrois. Quizá porque entonces la oposición evitó hacer política con el dolor, no pidió dimisiones ni cargó contra la ministra de entonces que, dicho sea de paso, fue premiada después con la presidencia del Congreso de los Diputados. 

En 2026, ante la catástrofe de Urda, no sabemos qué ocurrirá, pero es muy probable que los españoles penalicen a quien no haya estado a la altura. El ciudadano tiene una brújula moral que le señala que, ante la muerte, lo primero son las personas y después, los votos. Porque esto ya no va de relatos, ni de marcos, ni de estrategias. El que busque apoyos electorales en el calvario y la congoja del país, perderá el respeto.

En menos de un año hemos encadenado dos tragedias ferroviarias de enorme gravedad. La primera con 46 fallecidos. La segunda, en plena precampaña de las generales del 29 de noviembre, con un saldo provisional de al menos 69 muertos y decenas de heridos graves tras la colisión de un tren de Renfe y otro de Iryo cerca de la localidad toledana. Y la pregunta que muchos se hacen en este momento es cómo se remonta una campaña electoral después de semejante infortunio. Grave error pensar en términos partidistas.

Un accidente ferroviario mortal obliga a cualquier candidato a preguntarse qué sentido tiene hacer campaña y quien se pregunte solo cómo recuperar las encuestas habrá elegido un mal camino. Cuando un tren descarrila y hay decenas de muertos, la carrera electoral deja de ser lo importante. La política no puede seguir como si no hubiera pasado nada. Y es cierto que en las primeras horas de la tragedia no lo hizo, salvo la extrema derecha, que chapoteó desde el primer instante sobre la sangre de los muertos en busca de rédito. El momento requería un mínimo gesto de humanidad, decencia y respeto; poner la campaña en pausa, decretar luto, ir al lugar del siniestro y acelerar las labores de rescate. Todo lo demás, sobraba. Pero Vox no entiende ni de consideraciones ni de desconsuelos. Tampoco el eurodiputado y agitador Luis “Alvise” Pérez, que fue de los primeros políticos de extrema derecha en dejar claro que la campaña electoral del 29 de noviembre no se frenaba ni un segundo: “Yo ya no puedo más, a la mierda los días de luto, a la mierda los minutos de silencio”. Vox igualmente convirtió un minuto de silencio en Valladolid en un acto de campaña y se lanzó a los tribunales con una querella mientras que la extrema derecha residual de Falange o Núcleo Nacional se echaron a la calle para protestar contra el Gobierno.

Pasados ahora los tres días de luto oficial, ya no es solo la ultraderecha la que busca el atajo. El PP y su líder , han sucumbido también a la inmunda tentación y han tachado al gobierno al completo de malas personas. No ha mirado Feijóo dentro de sus filas antes de proferir semejante afirmación y tampoco ha pensado en quienes aún lloran a sus muertos: “Ya no es que no sean buenos gestores, es que dudo que sean siquiera buena gente. Porque esta actitud es infame, cruel y es ruin. (...) el ministro habló del calvario que le espera (...) pero el calvario no lo está sufriendo usted, sino quienes no volverán a ver a sus seres queridos, de los heridos... de todo un pueblo”.

Entre el ruido sobre si todo fue culpa de la privatización, de los recortes, de la falta de inversión o de un ministro al que ya han apodado como “Óscar Muerte”, hay un clamor entre la gente decente que no quiere saber de mítines, ni de insultos, y que solo pide seguridad y respuestas. Y de la misma forma que en Adamuz, los informes preliminares de la Guardia Civil y los técnicos situaron el desencadenante en la fractura de una soldadura aluminotérmica que unía dos tramos de vía en una recta recientemente renovada, en Urda hubo un error humano de libro, pero decirlo para las derechas es una ignominia. ¿No querían transparencia? ¿No pedían conocer la verdad? 

España tiene memoria. Y cuando este lunes Feijóo, además de cargar contra los socialistas por el accidente fatídico, usó el nombre de la fallecida en el accidente de Urda Fátima Báñez para hablar de orgullo sin sonrojo, muchos recordaron que la onubense nunca fue de los suyos porque estuvo siempre en el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría, a quien el gallego siempre culpó de no haber sido sucesor de Rajoy en la presidencia del PP.

La tregua en medio del dolor y la conmoción de todo un país solo es útil si es sincera, pero una pausa impostada que se rompe a los pocos días para acusar al rival convierte el luto en munición que el votante rara vez olvida. Por eso, esta campaña solo la remontará quien sea capaz de poner el tren y la vida por encima de unas siglas, de no utilizar espuriamente a los muertos y de estar a la altura.

Aún hay muertos en la vía. Familias rotas. Maquinistas destrozados. Viajeros en shock. Familias desoladas…Y, sin embargo, la pregunta que manda en la conversación pública, en las portadas de los diarios y entre la fauna que vomita en las redes sociales no es sobre el qué, ni sobre el cómo evitar que vuelva a pasar, sino sobre cuándo piensa dimitir el ministro Óscar Puente. Esta es la España que tenemos, la que, por acción u omisión, hemos construido entre todos y la que avergüenza, excepto a aquellos que se dedican a pagar a abogados para que los imputados en procesos judiciales mientan sobre el Gobierno. 

El accidente del AVE que tuvo lugar este miércoles, todavía bajo investigación -con Adif y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios trabajando aún en el terreno- no servirá para abrir un debate serio sobre el estado de la red o sobre la inversión, sino para montar un patíbulo en el que ejecutar a un ministro. Cuanto antes, mejor.  Hay una derecha que dice hablar en nombre de los muertos, pero que, con sus actos, demuestra que piensa poco en ellos y en sus familias. Ahí están los titulares precipitados de cierta prensa que dieron por muerta a la popular Fátima Báñez sin que sus familiares supieran qué pudo ser de ella y nadie hubiera confirmado oficialmente su fallecimiento.

Ahí están los tuits de quienes cargaron contra el ministro porque no daba explicaciones una hora después del accidente y le machacaron al día siguiente por lo contrario, esto es por haber hablado con precipitación. Ahí están los mensajes de Abascal poniendo el acento en llamar “organización criminal” y “mafia corrupta” al Gobierno. Y ahí queda la querella contra Puente ante el Supremo “por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia grave tras el accidente de Urda” presentada por Vox 24 horas después de que ocurriera el fatal siniestro.

Que fue una avería técnica y una cadena de errores humanos lo que provocó el trágico accidente de Urda ha quedado ya demostrado. Tal y como apunta la investigación y confirman los audios entre los trenes accidentados y el centro de control revelados por elDiario.es, el problema comenzó por un fallo técnico al que siguieron, al menos, tres errores del operario. Fue la sala la que dio al maquinista del AVE la orden de reanudar la marcha y de hacerlo “a marcha normal”, es decir, con la velocidad alta, algo que contraviene los protocolos ferroviarios, pero solo importan el ministro y, por extensión, el gobierno al completo. 

Con campaña o sin campaña electoral, si pueden usar un ataúd como escalón para llegar a La Moncloa, lo usarán. Sin pudor alguno y sin esperar las conclusiones de la investigación técnica o judicial. No es la primera vez ni será la última. Con sus excesos y sus errores, desde que llegó al Gobierno, Puente cometió el error imperdonable de no esconderse, de dar la cara y de responder a cuantas provocaciones le plantearon. En esta ocasión, ha comparecido en cuestión de minutos, ha puesto a Adif a disposición de los jueces, ha activado los protocolos preceptivos, ha estado en el lugar del accidente, pero antes de todo ello ya había quien había redactado el tuit de #PuenteDimisión. 

¿Es responsable el ministro de Fomento de cada traviesa, de cada tornillo, de cada desprendimiento o de cada fallo de cada operario? Es susceptible de debate, pero si no lo fueron antes Álvarez Cascos, José Blanco, Ana Pastor, Iñigo de la Serna o cuantos le precedieron en el cargo, tampoco hay razones objetivas para activar contra él una guillotina automática. Lo que molesta no es su gestión del accidente, sino su manía de hablar claro y de desenmascarar a los periodistas que mienten -que haberlos, haylos-. Por eso, ante cada incidente, sea este un retraso, una catenaria, un robo de cable o un accidente mortal, se convierte en munición de la carroña política y mediática.

Qué tiempos aquellos en los que la decencia exigía al menos 24 horas de luto, hoy no pasan ni 24 minutos cuando los mismos que se llenan la boca con las víctimas, pisotean su memoria para convertirlas en arma arrojadiza. Y, no, defender a Puente no es defender a un partido, ni a un Gobierno, es defender unos mínimos de institucionalidad y de decencia democrática. 

Los audios del centro de control de Atocha, que tomó el mando cuando los trenes se pararon automáticamente al caerse el sistema de seguridad LZB, muestran cómo fue el intercambio que en cuestión de minutos derivó en la segunda tragedia ferroviaria que sacude España en diez meses. En esas conversaciones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, se escucha cómo la maquinista de Iryo explica a las 8.48 que no puede revisar el sistema y por eso todavía se encuentra parada. A las 8.54, el tren de Renfe chocó contra este convoy.

Según la explicación preliminar del Ministerio de Transportes, en torno a las 8.30 seis trenes quedaron detenidos después de que cayese el sistema informático de control LZB, el que supervisa la velocidad de los trenes. A partir de ese momento, cogió las riendas el sistema el centro de control de Adif 24 horas, que controla el tráfico ferroviario en esa zona concreta. Y fue ahí donde se tomó la decisión de que el tren de Renfe y los otros de ese tramo reanudasen la marcha con normalidad pese a que había otro por delante y una “señal roja”.

8.31- 8.36 Conversación entre el AVE y el centro de control

A las 8.31, el tren AVE 2080 de Renfe comunica la pérdida de transmisión al centro de Adif 24 horas. “Se ha caído la central de Urda”, explica, en referencia al problema informático en el sistema de seguridad LZB. La orden que recibe a las 8.36 tras cinco minutos de conversación es la siguiente: “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal (...) Luego me dice”. Esta es la instrucción concreta del operador al maquinista, que tiene repetir el mensaje.

– Atocha a maquinista de tren 2080

– Sí, 20 80

– A las 08 36

– Sí

– Y esto dice: maquinista de tren... tren 2080, desconecte y vuelva a conectar

– Y vuelva a conectar

– LZB

– LZB

– Y reanude marcha

– Y reanude la marcha

– Al amparo del BSL

– Al amparo del BSL

– Con marcha normal

– ¿Con marcha normal? (pregunta el maquinista ante la instrucción clave)

– Sí

8.41 Llamada del Iryo al centro de control de Atocha

A las 8.41, la maquinista del tren Iryo 6076 explica a Atocha que está detenida ante la señal de entrada de Urda, varios kilómetros por delante del AVE en el mismo sentido. Desde el centro de control le responden que desconecte y vuelva a conectar el sistema LZB para reanudar la marcha. “Reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal”, le dicen.

Así se produce la instrucción:

– CRC Atocha a maquinista del tren... ¿estamos con el 6076, verdad?

– Sí, exacto.

– Vale, pues un momentito. Esto dice: maquinista de tren 6076, desconecte y vuelva a conectar.

– Y vuelva a conectar

– El sistema LZB

– El sistema LZB

– Y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal

– Vale, perfecto

8.48 Última llamada del Iryo al centro de control de Atocha

Es la última comunicación, a las 8.48, al menos cinco minutos antes del accidente. La maquinista de Iryo explica al centro de control de Atocha que no puede revisar el sistema LZB y por eso está detenida todavía ante la señal de entrada. El trabajador de Atocha da por recibido el mensaje y le contesta que, si tiene problemas, que vuelva a llamar.

Esta es la conversación:

– 6076, aquí Atocha

– Buenas, Atocha, aquí 6076. No me está permitiendo el tren revisar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada. ¿Eh?

– Vale, conforme. Pues nada, en cuanto pueda, ¿vale? Y si tiene problemas, nos llama.

– Vale, perfecto. Ahora les digo gracias.

Tras la conversación entre el tren y el control, se produce una conversación entre operadores de Atocha, que revela cierto desconcierto en el centro de control.

– De verdad, tronco. De verdad. El 6071... 76 está teniendo problemas con el equipo. Este está con un meta 40 hasta que se pueda detener. Hasta que se detenga. Tiene un meta 40. Entonces, está avanzando hasta que se detenga.

– Esperad un momento... ¿este está avanzando?

– Estaba llegando en trayecto...

– Un momento, el 2061 (un segundo AVE salido de San Justa), ¿no está allí en lo de Urda?

Hace varios minutos que el AVE 2080 ha reanudado la marcha a velocidad normal en el mismo sentido pese a que el Iryo está detenido. Cinco minutos después de que termine la conversación entre la maquinista y el control de Atocha se produce el fatal accidente que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas.

Investigación en marcha

El choque tuvo lugar a las 8:54 horas de este miércoles en la vía número dos en un punto cercano a la localidad toledana de Urda. Un tren AVE que había salido de la estación de Atocha de Madrid menos de una hora antes con destino Sevilla impactó contra un tren Iryo que permanecía parado en esa misma vía. A última hora de la tarde de este miércoles la cifra de fallecidos ascendía a 69 víctimas y el número de heridos, muchos de ellos graves, superaba el centenar. 

En su comparecencia ante los medios de comunicación el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha definido como “inexplicable” la orden del centro de control que permitió circular al AVE cuando el otro tren estaba “detenido” y constaba una “señalización roja”. “No es asumible para España dos accidentes de tren en un mismo año y se responderá con contundencia”, ha dicho también Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado por su parte una “revisión completa independiente de toda la red ferroviaria”. 

La investigación del siniestro está en manos de un juzgado de Orgaz, partido judicial en el que se integra la localidad de Urda. En paralelo, la Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han interrogado al operario que dio la orden de retomar la marcha con normalidad. Tanto la CIAF como la Guardia Civil están encargados de recopilar testimonios y material audiovisual que posteriormente será analizado en el juzgado de Orgaz a través de un informe. 

Mientras tanto, diversos espacios han sido habilitados en Urda para atender a los familiares de los pasajeros que aguardan noticias sobre sus seres queridos. Los vecinos tanto de la localidad como de los municipios cercanos se han volcado en la ayuda a las víctimas, acudiendo con sus coches a la zona para trasladar a heridos leves hasta el pueblo. “Sentimos un empujón, no sabíamos bien lo que estaba pasando, había humo y muchos cables caídos”, ha explicado a elDiario.es un joven de 22 años que viajaba en el vagón 7 del Iryo accidentado. 

Vencer al odio no es lo mismo que derrotar al que piensa distinto, sino desactivar un método que convierte al adversario en enemigo, la duda en traición y las instituciones en estorbos. Luiz Inácio Lula da Silva ha ganado al odio que destila el clan Bolsonaro, pero también a la mentira, a las plataformas digitales y a las encuestas. Ha vuelto a hacer historia y ganado contra todo pronóstico las elecciones en Brasil de tal forma que ha inyectado con su victoria un chute de optimismo en la socialdemocracia española, donde sus dirigentes ya sueñan con una remontada como la del líder del Partido de los Trabajadores.  

Espejismo o no, la victoria sobre Bolsonaro, heredero político del clan ultraderechista, es para la izquierda de nuestro país un síntoma o una señal de que, quizá, la curva de crecimiento de la ola ultra empieza a descender y que se puede derrotar al odio que destila la ultraderecha global. Así lo cree el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien, en su cuenta de X, pocas horas tras el escrutinio brasileño, auguró que la remontada del progresismo acaba de comenzar y que lo ocurrido el domingo en Brasil pasará pronto en España.

Exista o no el paralelismo que Sánchez pretende establecer, Lula es el primer mandatario brasileño que vence tras perder la primera vuelta en el gigante latinoamericano, que conquista un cuarto mandato no consecutivo, que para los pies a la extrema derecha y que consolida su capacidad de resistencia. Y todo, pese a la inquina que, igual que Pedro Sánchez, genera en buena parte de sus compatriotas. Pero, pese a esa animadversión contagiosa e irracional, 64 millones de brasileños le han votado y, de paso, conseguido que la izquierda española crea que en España también es posible ganar cuando todo el mundo cree que la izquierda perderá el próximo 29 de noviembre.

El 4 de octubre, el bolsonarismo al completo, con dinero, con fake news, con el apoyo de Trump y de Milei, ganó la primera vuelta por apenas dos puntos y dejó a Lula en un 45,12% de los votos. Y ese resultado llevó a todo el ecosistema mediático internacional a esparcir titulares a toda página con el retorno de la ultraderecha, pero tres semanas más tarde, el pueblo ha dicho no al heredero de un golpista. Y en el cuartel general del PSOE entienden que la del domingo no era solo la victoria de uno de sus referentes globales, sino una hoja de ruta para derrotar al aborrecimiento y con la que dejar constancia que cuando la izquierda deja de lado sus cuitas y deja de pedir perdón por ser izquierdas, puede ganar. 

El octogenario obrero metalúrgico, que dice sentirse joven para combatir a la ultraderecha y para proteger su legado social, no ganó con un viraje al centro, ni con rebajas del salario mínimo o con recortes para tranquilizar a los mercados. Se alzó con la victoria con una defensa cerrada de la universidad pública, de la Amazonia y del aumento real del salario. Se impuso, en definitiva, el hambre de justicia social sin miedo a ser tachado de populista. Y eso es justamente lo que la izquierda española olvidó en algún momento y hoy vuelve a considerar como eje de su estrategia electoral.

En España no hay segunda vuelta electoral, pero sí una ola social en favor de las políticas públicas, del aumento de los salarios, del sistema público de pensiones y del acceso universal a la vivienda. Asuntos todos ellos que difícilmente pueden beneficiar a las derechas, por mucho que durante 8 años de gobierno la izquierda no haya hecho todo lo que estaba a su alcance.

Brasil, después de Suecia el pasado septiembre, rompe en todo caso con la tendencia en retroceso del ciclo progresista y refuerza la idea de que la izquierda no está acabada y que cuando la gente vota masivamente, rompe todas las encuestas. Hay ya algunas que pronostican que con una participación superior al 70% se antoja inalcanzable que el PP gane en votos al PSOE. Lo que ocurra el próximo 3 de noviembre en las elecciones estadounidenses de mitad de mandato, las conocidas como midterm, tampoco será baladí en el estado de ánimo de los socialdemócratas. Soñar sigue siendo gratis.

Borja Sémper no se fue de la política en enero de 2020 por cansancio, ni por el deseo de emprender nuevos proyectos, ni porque quisiera dedicar más tiempo a su vida privada, que es la excusa que dio en San Sebastián antes de fichar por una consultora. Se fue, según contaba entonces a todo aquel que le quiso escuchar, porque no soportaba en lo que se había convertido el PP, porque la dirección nacional con Pablo Casado se había acercado a los postulados de Vox y porque detestaba que la política se hubiera convertido en un campo de batalla donde el respeto al adversario brillaba por su ausencia.

Como portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Álvarez de Toledo representaba en aquel momento todo lo que el ala moderada del PP vasco detestaba. Su desprecio por las particularidades forales, su empeño en tildar de pusilánime cualquier atisbo de pactismo y su retórica de confrontación total eran el reverso exacto del manual político que Sémper decía practicar. 

Así que las tensiones entre ambos llegaron a ser públicas y, en ocasiones, feroces como el día que la propia Álvarez de Toledo acusó a los populares vascos de “tibieza” frente al nacionalismo, lo que se entendió como una ofensa imperdonable entre quienes se habían jugado la vida en los ayuntamientos vascos bajo la amenaza de ETA. Sémper, con elegancia pero con firmeza, replicó entonces que mientras algunos daban lecciones desde las moquetas de los despachos madrileños, otros habían defendido la libertad a pie de calle. Poco después, anunciaría que dejaba la vida pública.

“Convendría prestigiar la política y que vuelva el respeto”, declaró entonces con solemnidad quien durante años se esforzó en proyectar la imagen de una supuesta moderación que muchos creyeron ya entonces que era una pose, como se demostró con su regreso dos años después. Y es que el diputado vasco volvía como portavoz de la dirección nacional a un PP que ya no era solo el partido antipático e incómodo que dejó, sino el que había pactado gobiernos con Vox en media España y asumido con naturalidad el ideario de la extrema derecha y hasta la misma violencia verbal. Regresó, ya de la mano de Feijóo, para defender aquello por lo que dijo que se marchaba y sin complejos pasó de ser el crítico de la deriva ultra al portavoz que ponía voz engolada pero amable al corpus ideológico de la extrema derecha. 

Desde hoy, en el puesto número tres, hará tándem con Cayetana Álvarez de Toledo -la dos-, en la candidatura que encabeza Alberto Núñez Feijóo a las elecciones del próximo 29N. De moderado pasa a claudicante y tendrá que hacer ahora de tripas corazón. O no. En realidad, hace tiempo que incluso para muchos de sus colegas se había quitado la careta, demostrado una gran habilidad para cabalgar sobre sus contradicciones y hecho la vista gorda ante quien llegó a tacharle de “mediocre”.

El diputado vasco consuma en todo caso su rendición ideológica al compartir cartel electoral con quien él mismo consideraba su némesis dentro del PP. Así que ni verso suelto del centrismo vasco, ni adalid de la política amable, Sémper ha hecho lo mismo que todo superviviente de la política, esto es abrazar el pragmatismo a cambio de un buen puesto en la lista. Y con ello ya no es que traicione el relato que durante años construyó de sí mismo, es que también devalúa el significado de la coherencia, que es algo que en política como en la vida, ni se compra ni se vende. Simplemente se lleva de serie, salvo en aquellos, claro, que degluten sus propios principios a cambio de un pedacito de poder, incumplen la palabra dada e insultan a la inteligencia del votante con sus actitudes. Lamentablemente, es el síntoma de un mal endémico en la vida pública. No es el primero ni tampoco será el último. 

No tenía bastante Feijóo con prometer “sacrificios”, dudar de las bajas médicas de los trabajadores y cuestionar el sistema público de pensiones en su accidentado arranque de campaña, que llega ahora su portavoz económico, Juan Bravo, a proponer que el Salario Mínimo Interprofesional lo fijen los pagadores; o sea, los empresarios. “Vivimos en el lío”, que diría Mariano Rajoy.

Los populares no se cansan de acertar con su particular programa de seducción a los 38.728.356 electores que podrán votar el próximo 29 de noviembre. Seguro que los aproximadamente 6,6 millones de personas pertenecientes a la generación del baby boom están deseando meter en el sobre la papeleta del PP sabiendo que, a las puertas de su jubilación, Feijóo y sus socios de Vox preparan una reforma del sistema público de pensiones para recortar la prestación porque, ya saben, el líder del PP no quiere “caer en la mentira del todo gratis” y anhela un país “donde trabajar merezca la pena, pero no se viva del cuento”. 

Llamar vagos a los 10 millones de pensionistas o a futuros jubilados no parece la mejor estrategia con la que fascinar. Y tampoco que tus mariachis mediáticos digan que está claro que hay que pasar la motosierra al actual modelo, pero no contarlo hasta después de las elecciones. La consigna es mantener la boca cerrada hasta el 30N para no descubrir sus intenciones. Pero en medio de este pacto de contención y silencio, resulta que llega a Madrid el amigo Milei, el campeón del serrucho, el rey del disparate y el espejo en el que se miran las derechas para diseñar su programa de recortes. 

Una visita, la séptima desde que es presidente de Argentina, que a diferencia de las anteriores incomoda sobremanera a PP y a Vox, que se han conjurado para no alarmar y firmado un pacto de no agresión entre siglas hermanas mientras dure la campaña. Feijóo se ha marchado a Sevilla y Abascal, a Galicia y Asturias, para evitar la fotografía con su ídolo y aliado. Así que aunque la agenda de Milei está hecha a medida de la derecha española –foro económico, Fundación Disenso (el laboratorio ideológico de Vox)–, de repente sus más fervientes seguidores, con la excepción de Ayuso, han hecho un ghosting a su tótem internacional. Dicho de otro modo: importaron al predicador de la motosierra y ahora no saben dónde esconderlo.

Atrás queda aquella fiesta ultra en la que Abascal subió al argentino a los atriles de Vistalegre, lo convirtió en la prueba de que su ultraliberalismo salvaje tenía un modelo en el mundo real y por eso le convirtió en socio, amigo y hermano. Sabe el líder de Vox que cada vez que Milei abre la boca para hablar de recortar el Estado, de dinamitar la sanidad pública o de que la justicia social es una aberración, describe al detalle lo que su formación quiere para España, pero ha prometido a Feijóo callar para no asustar al electorado.

Y del PP, qué decir. El gobierno madrileño ha preferido jugar al despiste en la cita con Ayuso que el propio Milei anunció desde la Casa Rosada y que, al final, se celebró sin los destellos de aquella aberrante recepción en Sol en la que la baronesa popular entregó al argentino la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en junio de 2024. Ayuso, que se hizo fotos con cada insulto de Milei contra el gobierno de España, ahora calcula si le compensa el titular. Si hasta ella duda y lo esconde, imaginen el nivel de toxicidad que destila el infame invitado, al que Tellado calificó de “esperanza del continente, que nada más aterrizar ha llamado ”impresentable dictador“ a Pedro Sánchez y pedido ”sacar a patadas a los socialistas“ del Gobierno. 

Él mismo ha reconocido que ha venido a nuestro país con intención de sembrar su doctrina ultraliberal y de apoyar a la derecha y la extrema derecha en plena campaña preelectoral: “Soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decaden cia”. 

El PSOE, por su parte, ha visto en la visita del mandatario argentino una oportunidad para reafirmarse en contra de sus políticas que, al fin y a la postre, son las mismas que defienden para España las derechas. Así que han desplegado una lona en la fachada de su sede de la calle Ferraz en la que se puede leer: “Hola, Milei, los zurdos y las zurdas –términos con el que el argentino y también Abascal se refieren a la izquierda– te damos la bienvenida a España, el país que más crece de Europa”. Frente al insulto, el saludo. 

El populismo faltón camuflado de batalla cultural que representa quien aspira a que España sea gobernada por Abascal y por Ayuso –a Feijóo directamente le ignora– desprecia a todo aquel que no ve el mundo como él y ha vuelto a Madrid a que le aplaudieran, pero sus referentes españoles han jugado al escondite para que nadie tenga la tentación de recordar cuáles son sus políticas y las que admiran y tienen intención de aplicar las derechas españolas.

Vaya a continuación una dosis de recuerdo para que no se olviden: 

Sanidad

Educación

Pensiones

Empleo

Clima y agenda 2030

Mujeres y diversidad

Libertad de expresión y prensa

En tiempos de odio, un abrazo es una afrenta y un beso, una provocación. La caverna vomita bilis porque Pedro Sánchez abraza en público a su esposa y la mira como lo que es: su compañera de vida, la madre de sus hijas y un pilar fundamental en su día a día. Sin ella, el presidente del Gobierno no sería nada y él además no lo oculta. De ahí el gesto de amor ante las cámaras que ha hecho brotar a los odiadores profesionales, a los que prefieren la repugnancia al amor, la inquina al cariño y el aborrecimiento a la empatía. No recuerdan cuando hizo lo propio Feijóo con su pareja, Eva Cárdenas, en 2016 tras su victoria electoral en Galicia o cuando Aznar se deshizo en elogios sobre Ana Botella en un mitin del PP. 

Llevan casi tres años intentando acabar con ella, esparciendo fango sobre su actividad, persiguiéndola por tierra, mar y aire, escrutando cada uno de sus pasos y los de sus hijas y, ahora, la denuestan porque Sánchez la abraza en público. Pero no ha sido el presidente del Gobierno quien ha metido a su esposa en campaña, sino la derecha política, judicial y mediática. Ellos fueron quienes la denunciaron ante los tribunales, quienes la acusaron de ser una corrupta sin una sola prueba, quienes extendieron un manto de sospecha sobre lo que hacía y quienes la acosaron en su trabajo, en su universidad y en su vida privada.  

La derecha nunca tuvo un caso Begoña, sino una campaña contra Begoña cuyo único objetivo era hacer insoportable la vida personal de un adversario político para que abandonara. Fue el PP quien cruzó esa línea que nunca se debiera cruzar en democracia y, ahora, trata de invertir la realidad porque, tras el comentado beso entre la pareja en un mitin en Fuenlabrada, el problema es que Pedro Sánchez “usa” a Begoña Gómez, la “expone” y hace “campaña con su mujer”. 

Es la última boutade que han puesto a circular entre su trompetería mediática para tapar que se han saltado todas las líneas rojas de la política decente metiendo a las familias en la refriega partidista y que quienes han hecho campaña con Begoña, contra Begoña y a costa de Begoña han sido ellos. El líder del PSOE y candidato a la reelección, lo que ha hecho, como consecuencia de todo lo anterior, es reivindicar a su pareja después de que sus adversarios encontraron en ella un filón para atacarle. 

Fueron ellos quienes convirtieron su nombre en un titular diario, su trabajo en un delito y su matrimonio en un arma arrojadiza. Fueron ellos quienes pasearon su vida por los platós de televisión, los que la llevaron a los juzgados con una denuncia construida con recortes de prensa y los que convirtieron su vida en un circo mediático. Así que lo que les molesta del beso no es el beso, sino la normalidad que representa y que mientras ellos viven instalados en el rencor, en el que “te vote Txapote” y en el “Sánchez, hijo de puta”, su odio no ha conseguido que la pareja desista y abandone la esfera pública. 

Dicho todo ello, no hay intención alguna entre los estrategas de la campaña del PSOE de convertir a Begoña Gómez en el eje de esta campaña electoral y mucho menos que su presencia sea constante. De hecho, lo del pasado sábado, abrazo y beso incluido, no es la primera vez que ocurre en un mitin protagonizado por Sánchez, aunque se haya sobredimensionado por la explícita declaración de amor del presidente. Begoña Gómez ha ido a todos los actos electorales en los que Pedro Sánchez fue proclamado candidato a la Presidencia del Gobierno, además de a otros puntuales celebrados en Madrid. El primero fue en 2015, en el escenario del Teatro Circo Price, cuando el aspirante del PSOE apareció, para sorpresa de propios y extraños, envuelto en una enorme bandera de España y junto a su esposa vestida de rojo. Curioso que entonces fueran los suyos quienes criticaran la estampa, y no la derecha.

Hubo un tiempo lejano en que eran los oráculos quienes predecían el futuro. Hoy, son los algoritmos, la IA y las encuestas los que se aventuran a anticiparnos hechos cuando en realidad solo ofrecen conjeturas. Nada más. Si hablamos de demoscopia, conviene recordar que no es una ciencia exacta, sino una disciplina sociológica que se basa en la estadística y la inferencia y que solo mide las tendencias en un momento concreto. Nunca podrá predecir el futuro de forma infalible. Sin embargo, hay quien considera sus trabajos como verdades absolutas, quien los usa para influir en la opinión pública, quien los lee desde la frialdad que proporcionan los datos para extraer conclusiones propias y quien acepta la predicción como algo inexorable e incluso celebra antes de tiempo.

El PP pertenece a esta segunda categoría y actúa, a poco más de 40 días de las elecciones, como si la llegada de Feijóo a La Moncloa ya hubiera ocurrido, de tal modo que sus dirigentes ajustan su conducta a la expectativa y muestran una seguridad en sí mismos como la que exhibieron en 2023 antes de que su líder se estrellara con los resultados de las urnas. 

Pasa en la vida y pasa en la política, que cuando uno cruza la línea de la hiperconfianza, el ego o la rigidez mental, llegan los errores, los batacazos y las decepciones. Entre la estimación de voto del CIS, que otorga hasta 11 puntos de ventaja al PSOE sobre el PP, y las encuestas de los profetas de las mayorías absolutísimas del bloque la derecha, hay una zona intermedia que ofrecen siempre las tripas de los sondeos que conviene leer despacio para no llevarse luego a engaño.

Son datos de los que nadie habla, que rara vez se elevan a titular en los diarios, pero que proporcionan algunas pistas. Por ejemplo: más allá de la estimación de voto, los datos del barómetro de octubre del CIS indican que el único electorado que se está desmovilizando con tanto ultra suelto por las calles es el de Vox (5% menos en “voto seguro” que en marzo) y que el que más se está movilizando es el del PSOE (+7,2%).

Otro dato: la crisis de Ceuta empieza a perder interés, especialmente entre los votantes de Vox, ya que en julio pasado había un 37% que sostenía que la inmigración era un problema que les afectaba personalmente y, ahora, esa inquietud ha caído 15 puntos. Por contra, crece transversalmente la preocupación por el problema de la vivienda (entre 4 y 7 puntos, salvo para quienes se declaran votantes de Vox). Y Feijóo cae a mínimos, casi al nivel de Abascal, cuando se pregunta a los encuestados sobre la confianza que cada líder le inspira como presidente de gobierno. Si en Génova no son capaces de tabular todo ello convenientemente, tropezarán por segunda vez con la misma piedra de la autoconfianza.

Esto, sin contar con la habilidad de su líder de pegarse tiros en el pie cada vez que habla y, especialmente, en periodo electoral. Empezar una precampaña anunciando que pedirá sacrificios a los españoles, seguir con la solemne afirmación de que el sistema de pensiones está en quiebra y poner en alerta con sus palabras a más de 10 millones de jubilados no parece la mejor manera de seducir a los votantes. Mucho menos si sus palabras se convierten en una dosis de recuerdo de lo que el PP ha hecho, dicho o votado cada vez que la conversación pública debatía sobre pensiones.

Aquí los datos: el PP votó en contra de la reforma de las pensiones de 2021 que fijó por ley la revalorización con el IPC y fue consensuada en el Pacto de Toledo y con los agentes sociales. Rechazó también la segunda parte de la reforma en 2023. Dijo “no” a las subidas de las pensiones que incluyeron los Presupuestos de 2022 y 2023 y también a la revalorización en 2024, y en 2025 y 2026 que incluyeron varios decretos “ómnibus”. Muy en consonancia con todo lo que hicieron, por cierto, los últimos gobiernos de la derecha, que en 2012 y 2017 subieron las pensiones por debajo del IPC mientras que solo en 2014, 2015 y 2016 subieron por encima de la inflación. En 2014, 2015, 2016 y 2017 crecieron un 0,25%, lo mismo que en 2018, aunque en aquella ocasión hubo una subida adicional en los Presupuestos del 1,6% para el conjunto de pensiones y del 3% para las mínimas y las no contributivas.  

Definitivamente, Feijóo tiene un problema con las campañas electorales. Y no solo.

Los baños de masas, la estética patriótica, la liturgia institucional, los vítores, la lluvia de banderas y las calles abarrotadas evocan un pasado que mejor no recordar. O sí. Nunca está de más. La Monarquía española está indefectiblemente ligada al franquismo y estos días de fervor monárquico son inevitablemente una dosis de recuerdo de aquello. Tanto cortesanismo entusiasta y tanto reportaje de exaltación desprende el mismo aroma de los panegíricos del NO-DO en los que el dictador acudía a las plazas de soberanía en momentos de tensión para lanzar mensajes de firmeza y unidad.

La visita de los reyes a Ceuta y Melilla ha estado igualmente marcada por una fuerte carga estratégica tras la dura crisis migratoria sufrida en la frontera. Y las rotundas palabras de Felipe VI -“la soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables, son indiscutibles”- han proyectado una imagen inequívoca de firmeza estatal y reafirmación nacional en un escenario geopolítico altamente sensible. Al igual que el Noticiario Cinematográfico Español de la época franquista, todo lo que ha rodeado a Felipe VI y Letizia ha tenido una estética y una coreografía casi idénticas a la que la dictadura preparaba para Franco cada vez que salía del Pardo. 

Y, sin embargo, hay otra Ceuta de barrios marginales y gente sin banderas y hay otros soldados que no merecen reconocimiento, sino más bien el más contundente de los reproches del jefe de los tres Ejércitos. Pero, el rey no ha visitado esas zonas ni ha reconvenido siquiera a quienes brutalmente apalean a los migrantes en las calles de la ciudad autónoma. Hay también una España que advierte, de momento, entre susurros de una deriva de Felipe VI que no es la que le atribuye la Constitución española. El monarca se politiza y no solo se ha percibido en su reciente visita a Ceuta y Melilla. 

Hace tiempo que Casa Real decidió un cambio hacia una mayor presencia del monarca sobre el terreno, un contacto más directo con los ciudadanos y algunos “medios” y muchas más conversaciones espontáneas ante las cámaras fuera del formato clásico de los discursos. Desde la llegada del diplomático Camilo Villarino a la Jefatura de la Casa, hay un giro cada vez más evidente en la forma de estar y de hacer en una monarquía que es constitucional y que no debe traspasar según qué límites de acuerdo a lo pactado el día que el Congreso un 4 de julio de 1978 rechazó una enmienda del diputado de ERC Heribert Barrera para que España fuera una República. 

El texto decía: “El Estado español, formado por una comunidad de pueblos, se constituye en una República democrática y parlamentaria que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto al pluralismo político”. El diputado que defendió aquella enmienda al artículo 1 sabía de antemano que su propuesta estaba condenada al fracaso, pero aun así dio sus razones: “Pretender que España debe ser monárquica por agradecimiento me parece propio de una mentalidad arcaizante; me recuerda a las leyendas medievales del caballero que salvaba a la doncella del dragón y, en recompensa, obtenía su mano y su dote (...). La monarquía es un sistema fundado sobre privilegios hereditarios que no respetan el principio de igualdad que hemos consagrado en el primer apartado del artículo 1 (...) No me parece exacto que la Monarquía haya sido el motor del cambio: el motor ha sido el pueblo, y Don Juan Carlos ha sido el conductor, el afortunado conductor (...) La monarquía es, dígase lo que se diga, una apuesta sobre las virtudes de El Príncipe. No creo, señores diputados, que sea prudente asentar al Estado sobre el azar de las combinaciones cromosómicas”. Hoy aquellas palabras que se perdieron entre las paredes del hemiciclo, pero están negro sobre blanco en las actas taquigráficas de las sesiones constituyentes resuenan con fuerza entre aquellos que perciben una deriva política en Felipe VI.

El intento de Casa Real de trasladar cercanía y empatía con las víctimas y emerger como referente político en un clima de polarización y enfrentamiento entre las administraciones, se ha percibido con claridad en las grandes catástrofes o accidentes que ha sufrido nuestro país en los últimos tiempos, especialmente a partir de su decisión de visitar Valencia tras la DANA. Pero no solo. Aquí van algunos ejemplos: 

Dana de Valencia

Accidente de Adamuz

Dos días después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Felipe VI y Letizia acudieron a la zona del accidente y posteriormente a Córdoba. Visitaron la zona del accidente y el puesto de mando; a los equipos de rescate, el puesto de la UME, Guardia Civil, Protección Civil y Policía: el Centro Cívico Poniente Sur, donde estaban siendo atendidos familiares de las víctimas y el Hospital Reina Sofía, donde se encontraban algunos de los heridos. 

Incendios

En verano de 2025, los reyes hicieron un recorrido por las zonas devastadas por los incendios, donde hablaron con equipos de extinción, afectados, agricultores, ganaderos, hosteleros y alcaldes. 

En el verano de 2026, se desplazaron a la Sierra Oeste de Madrid, durante la emergencia provocada por los incendios que afectaban a Madrid, Ávila y Toledo.

Declaraciones fuera del formato clásico

Pero no son solo los viajes y su presencia junto a los afectados por las tragedias lo que se ha convertido en fuente de comentario, sino sus constantes declaraciones sobre el discurrir de la política nacional. Y aquí van también algunos ejemplos:

Ceuta 

Polarización 

Política internacional

Con Camilo Villarino se ha dado mayor peso a la dimensión internacional y el rey ha entrado de lleno en debates sobre asuntos de actualidad internacional. 

México

Gaza

Guerra Irán

Complicidad con agitadores y ultras mediáticos

Pero, recuerden, el rey reina, pero no gobierna, ni influye en política, ni entra en debates partidistas. Que cada cual juzgue como prefiera, pero ahí están los datos, las audiencias, los hechos. Hay cortesanos que sostienen que los reyes han devuelto la alegría a Ceuta y análisis que apuntan a una filmación del NO-DO para las que se quitaba de en medio todo lo que estorbaba y afeaba la visita.

No falla. Cuando dos partidos a la izquierda del PSOE se sientan a negociar, el resultado es siempre el mismo: tres comunicados, cuatro filtraciones y ningún acuerdo. Si son más de dos los que cruzan conversaciones, todo se multiplica. En esta ocasión, la mesa se llama Frente Amplio, un empeño que, con distinta nomenclatura, pergeñó hace un año Gabriel Rufián y cuyo resultado, de momento, es mucho frente y poco amplio. Si nada cambia en los próximos días, estaremos ante la enésima autopsia de la izquierda alternativa. 

A poco más de 40 días para que se celebren las elecciones generales del 29 de noviembre, los líderes de los distintos partidos de la izquierda se empeñan en morir en sus respectivos feudos antes que compartir trinchera con formaciones análogas, a pesar de lo que les depara la demoscopia. La unidad necesaria de la izquierda a la izquierda del PSOE para la reedición de un gobierno progresista es hoy un sudoku de vetos cruzados, idas y venidas estratégicas y una avidez de cargos públicos que produce cierta frustración y mucho sonrojo.

La última gran espantada la ha protagonizado Gabriel Rufián, que tras varios meses dejándose querer, amagar con liderar un frente amplio de ámbito estatal y jugar al despiste mediático para subir su cotización en el parqué de ERC, ha decidido que no se va, que se queda en la comodidad de sus siglas. El líder de los republicanos en el Congreso encabezará la lista por Barcelona para el 29N de ERC porque es mucho más rentable blindar el puesto de salida y ejercer de Pepito Grillo en el Parlamento que meterse en el avispero de un corral con demasiados gallos. Rufián ha negociado además un pacto con Podemos por el que los republicanos se ofrecen a incluir a candidatos de Podemos en Cataluña a cambio de que Irene Montero y los suyos no les hagan competencia electoral allí. 

En compensación, Rufián se paseará en actos conjuntos por el resto de España para apuntalar a Montero, pero a quienes confiaban en un liderato estatal de los republicanos les quedará la impresión de que el supuesto arquitecto de la unidad de la izquierda ha dinamitado el puente antes de cruzarlo. Dicho de otro modo: se ha limitado a tejer alianzas de conveniencia puramente tácticas. No obstante, el portazo obliga a las cuatro organizaciones impulsoras de la coalición —IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar— a recomponer su estrategia cuando apenas quedan unos días para registrar las coaliciones electorales.

En el flamante Frente Amplio, un invento electoral con el propósito de sobrevivir al naufragio que auguran las encuestas, solo se habla de quién se sienta en qué puesto de la lista. Su gran apuesta ha sido lanzar a Ada Colau como reclamo para encabezar la candidatura por Barcelona y liderar el proyecto estatal, una finta desesperada para llenar el vacío de liderazgo tras la salida de Yolanda Díaz. 

En Madrid, el esperpento alcanza su punto álgido con Más Madrid después de que la formación que lidera Mónica García haya impuesto a Emilio Delgado para encabezar la lista del Frente Amplio por la capital y relegar a la mismísima ministra de Sanidad al número dos. Suena a salida de emergencia para pacificar sus propias guerras internas y, de paso, marcar territorio frente a las exigencias de Podemos. Su supuesta generosidad consiste en tenderle la mano a los morados para que se sumen a la coalición, pero con condiciones y asegurándose de que las posiciones de poder queden bajo el estricto control madrileño.

Mientras, en el cuartel general de Podemos, Irene Montero sigue imbuida en sus propias primarias internas exprés para forzar al resto del espacio a transigir con sus exigencias bajo la amenaza de ir en solitario y certificar el ocaso mutuo. Con el aval de su pacto exterior con Rufián, Podemos utiliza al portavoz de ERC para presionar al Frente Amplio.

Apenas quedan días para que expire el plazo legal para registrar las coaliciones, y la izquierda a la izquierda del PSOE sigue enfrascada en una guerra de despachos en los que se discute solo el reparto de escaños mientras la derecha se frota las manos. Si no reconducen el rumbo, llegarán al 29N no como una alternativa, sino como un catálogo de siglas rotas y egos inflamados

Como hienas la atacaron, la humillaron, la ridiculizaron y la difamaron. La despedazaron para turnarse el bocado y para que no quedara de ella más que la humillación, el ruido y la mentira. Maricarmen ha muerto, y no de repente, sino lentamente entre la basura esparcida por los carroñeros que se entretuvieron en su agonía sin conocerla. En grupos de WhatsApp, en las crónicas infames, en los titulares vergonzantes y en los tuits despreciables escritos por políticos, comunicadores y haters al servicio de los partidos.

La juzgaron por todo. Por cómo vivía, por cómo hablaba, por la pensión que cobraba, por su cuenta corriente, porque era una marioneta de la izquierda o porque formaba parte de una coartada electoral. Cada uno le puso la etiqueta que se le ocurría y todos la declararon culpable por no rendirse, por no callar, por rebelarse ante buitres y especuladores, por pedir justicia y por haberse convertido en dignísimo símbolo del derecho a la vivienda que recoge la sacrosanta Constitución. 

Maricarmen tenía 87 años y, con un 50% de discapacidad, solo pedía morir en la misma casa en la que había vivido más de 7 décadas, pero la sacaron de ella con la policía destrozando a machetazos la puerta y murió finalmente donde no quería, en un hospital donde fue ingresada tras un cruel desahucio que conmovió a media España. La otra media, convertida en jauría social, justificaba el desalojo y deshumanizaba con sus comentarios y sus piezas periodísticas a la anciana porque, al parecer, lo urgente era juzgar a una víctima de la especulación y la avaricia, y no a sus verdugos. Ahora que ha muerto, algunas de las mismas hienas que le clavaron los dientes en vida fingen luto para tapar sus vergüenzas y disimular actitudes que les impiden por la mañana mirarse al espejo y ver enfrente algo limpio mientras vetan minutos de silencio en las instituciones públicas. Otras ni siquiera disimulan su animadversión y no contienen el vómito de odio.

Hay muertes que duelen y muertes que, además de dolor, dejan preguntas incómodas para agitar conciencias. Y la de Maricarmen pertenece, sin duda, a la segunda categoría porque, expuesta al desprecio y convertida en objeto de humillación pública, sigue siendo aún hoy, sin haber sido enterrada, objeto de burla y difamación de gente sin escrúpulos y sin principios que prefiere el vituperio a la reflexión, el ataque a la comprensión y la miopía ideológica a la justicia social.

En España, siguen los titulares infames, las crónicas abyectas y las declaraciones insultantes mientras el fallecimiento de Maricarmen ocupa las portadas de medio mundo como ejemplo de lucha y dignidad. Pero ellos, los que vomitan odio desde que se levantan hasta que se acuestan, no son más que basura, y como tal quedarán retratados de por vida, salvo que entonen un mea culpa, pidan perdón por el daño causado y la vergüenza les condene al silencio durante un largo tiempo. No hay uno solo de los que desde la política o la comunicación participaron en tanto ataque y tanta mofa que haya tenido atisbo de arrepentimiento. Todo lo contrario. 

Esta sociedad, cada vez más acostumbrada a consumir contenido con la humillación y el dolor ajeno, está podrida, pero mucho más inquietante que la crueldad o el hedor de esa putrefacción, es que alrededor de todo ello haya una derecha y una multitud impasible que disfruta y aplaude tanta ruindad. Ese es quizá el dibujo más crudo que deja esta triste historia: que mientras hay una sociedad capaz de movilizarse masivamente por el desahucio de una octogenaria indefensa ante la codicia de los especuladores, haya otra que permanezca impasible ante la humillación cotidiana.

Maricarmen no era un personaje, ni una caricatura, ni un saco de golpes sobre el que cualquier malnacido pudiera descargar su desprecio y su odio para conseguir minutos de televisión, clickbait, vídeos virales o un puñado de votos. Era una anciana, dependiente, de 87 años, que solo quería morir en la que había sido su casa y su cama durante más de siete largas décadas. Pero los despreciables, los desalmados y los canallas jamás se preguntarán dónde estaba el límite de la decencia porque nunca la conocieron y porque creen que la audiencia y el interés partidista otorga licencia para humillar. No pararán.

Alberto Núñez Feijóo, que sabe como nadie pegarse tiros en el pie, ha abierto la precampaña electoral con una propuesta para bonificar a los empresarios que reduzcan las bajas médicas laborales de sus trabajadores. Isabel Díaz Ayuso, que es única en agitar fantasmas y pregonar astracanadas, ha vuelto a blandir el espantajo del pucherazo electoral. Y José María Aznar, el hombre que aseguró solemnemente que los atentados del 11M fueron perpetrados por ETA y garantizó que en Irak había armas de destrucción masiva, declara hoy con la misma rotundidad que si Pedro Sánchez vuelve a gobernar España, después del 29N, peligran la Constitución, la unidad de España y la Monarquía. Ahí es nada. SuperPedroSánchez anda en un ambicioso proyecto de demolición de la Carta Magna. Solo o en compañía de otros. Él o alguien de su entorno, que diría el Tribunal Supremo.

¡Cáspita! Los socialistas no suman votos para aprobar dos decretos sobre vivienda para los que solo necesitan más síes que noes en el Congreso, pero si ganan de nuevo las elecciones -y pese a que ninguna encuesta les sitúa por encima de los 120 diputados- van a cambiar el modelo de Estado en un plis plas. Y aunque el procedimiento para tal propósito requiera de una mayoría de 2/3 de los diputados en dos votaciones distintas, la disolución de las Cortes y un referéndum obligatorio.

Para empezar la reforma que Aznar augura que impulsaría un futuro gobierno socialista, se necesita el voto favorable de 233 o 234 de los 350 diputados del Congreso y de 178 de los 266 senadores. En caso de lograr esa mayoría absolutísima en ambas Cámaras, habría que disolver de forma automática el Congreso y el Senado y convocar nuevas elecciones. Las nuevas Cámaras, una vez constituidas, debieran ratificar la decisión de modificar la Constitución, y el nuevo texto tendría que ser aprobado de nuevo por una mayoría de 2/3 en las nuevas Cámaras. Una vez aprobada la reforma por las nuevas Cortes, el cambio tendría que ser sometido obligatoriamente a referéndum para su ratificación por la ciudadanía española.

Pero el creador de “Zapatero ha entregado Navarra a los etarras” sostiene ahora que las próximas elecciones generales son “las más importantes” desde la Transición porque no son por la alternancia en el Gobierno, sino que quien las convoca “le quiere dar un carácter constituyente”. Dice más: “Quien pretende cambiar los sistemas constitucionales, deconstruyendo nuestra Constitución, está llamando a un periodo constituyente, y todo eso deriva evidentemente en el derribo del principal elemento, soporte y cúpula de la Constitución, que es la Corona”. 

Aznar, a diferencia de Felipe González en el PSOE, mantiene el liderato moral de las siglas y no son pocos los dirigentes que siguen a pies juntillas la doctrina de FAES, su factoría ideológica. Así que se entiende que el silencio de Feijóo sobre las palabras del expresidente es porque las comparte. De hecho, ya en 2020 cuando aún se proyectaba como el más moderado de los barones del PP siendo presidente de la Xunta de Galicia declaró que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez pretendía “derrocar la monarquía constitucional de este país”.

Tanto Aznar como Feijóo saben que si España es hoy una monarquía constitucional es porque, entre su alma republicana y su compromiso con la Constitución, hace ya casi 50 años que el PSOE eligió lo segundo; que si los socialistas un día abjurasen de ese contrato, en el Congreso de los Diputados habría una mayoría republicana y que si en cada uno de sus congresos federales ha desechado la recurrente propuesta de sus JJSS para celebrar un referéndum sobre el modelo de Estado será porque el compromiso adquirido en 1978 sigue firme. 

“Nosotros aceptaremos como válido lo que resulte en este punto del Parlamento constituyente. No vamos a cuestionar el conjunto de la Constitución por esto. Acatamos democráticamente la ley de la mayoría. Si democráticamente se establece la Monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella”. Fueron las palabras del socialista Luis Gómez Llorente ante las Cortes Constituyentes un 11 de mayo de 1978, cuando defendió un voto particular del Grupo Parlamentario Socialista al párrafo tercero del artículo 1º del anteproyecto de Constitución. 

Se empeñan en dibujar a Sánchez como un peligro para la monarquía cuando en realidad la principal amenaza para el jefe del Estado es hoy la ultraderecha de Vox, socio de gobierno del PP en varias Comunidades y, quizá, en unos meses pueda serlo también en el Gobierno de España. Pero en un PP, que ha normalizado el insulto, la mentira y la difamación como forma de hacer y estar en política, ya vale todo, incluso tomar por imbéciles o ignorantes a los electores al defender semejante bufonada con intención de instalar un marco falaz y arrastrar al fango partidista a la Corona y a Felipe VI. 

No es la primera vez. La última fue con motivo de la crisis migratoria de este verano al acusar a Sánchez de impedir que el monarca visitara la ciudad autónoma. La siguiente, no lo duden, será con motivo de la visita ya programada de los reyes a Ceuta los próximos días 13 y 14. Y para entonces será el momento de un análisis detallado de la evolución de Felipe VI en la esfera pública y su especial protagonismo en la política española. 

Desde Paiporta, pasando por Adamuz, los incendios del verano, los guiños a determinados digitales de la derecha mediática, sus fotografías junto a controvertidos personajes de la ultraderecha hasta llegar a Ceuta, todo ha sumado y todo han sido señales de que el rey también hace política. Y eso, a pesar de que su deber constitucional es tan solo asegurar  el funcionamiento regular de las instituciones y mantener la neutralidad política. 

Continuará…

En el mus, aceptar un órdago supone jugar al todo o nada y jugarse la partida. Con cartas o sin ellas. En política, ocurre lo mismo. Se puede ir de farol o se puede estar seguro de una apabullante victoria. Es un juego de engaño, de contención, de apuestas y de riesgo. Y, aunque hasta el momento, Pedro Sánchez había optado por “ir pasando” o “achicarse” ante los envites de la oposición y de sus socios para mantener viva la partida legislativa con sucesivas prórrogas, ahora cambia radicalmente la estrategia y acepta la apuesta. ¿Elecciones? Ahí las tienen, serán el domingo 29 de noviembre. 

El presidente del Gobierno, que no empieza la partida con las mejores cartas dada la adversa demoscopia, rompe en todo caso con meses de resistencia en un Parlamento sin mayoría de izquierdas, pero también desmiente todas las estrambóticas cábalas de la trompetería de la derecha que auguraron por activa, pasiva y perifrástica que no llamaría a las urnas o que prepararía un pucherazo para perpetuarse en el trono monclovita. 

En lugar de prolongar una agonía insoportable y desgastarse en una legislatura bloqueada por sus propios socios de investidura, ve el órdago y devuelve la palabra a los ciudadanos. No era la respuesta que esperaba Junts ni la que más le convenía dada la irrelevancia en el que le sitúan las encuestas, pero en el pecado de votar “no” a los decretos de vivienda y provocar que fueran tumbados, los de Puigdemont llevarán probablemente su penitencia en forma de papeletas. Hasta entonces, se espera una campaña de alto voltaje en la que los bloques de izquierda y derecha echen el resto.

“V de vivienda y B de buitres” es el lema ya propuesto por Óscar Puente, que Sánchez hizo propio en otros términos: “Los españoles tendrán que decidir si desean sumarse a la ola ultraderechista o que España siga siendo un baluarte de apertura, de justicia social y de responsabilidad medioambiental”. Lo que está en juego, en definitiva, es si España sigue la inercia de medio mundo y cabalga a lomos de la desinformación, los bulos y los intereses de los poderosos o, por el contrario, apuesta por avanzar en materia de derechos y protección social. Y en el PSOE aseguran haber detectado una movilización en su electorado hasta ahora desmotivado, además de estar en disposición de controlar el relato.

Lo que viene es una campaña a cara de perro en un marco económico en el que se atisba claramente un empeoramiento de los indicadores en los próximos meses, pero la bandera de la izquierda será sin duda la vivienda aprovechando las recientes movilizaciones que otorgan un argumento de campaña para movilizar al electorado de izquierdas bajo un relato de “avances frente al bloqueo” y de protección frente a los recortes. De ahí que este mismo martes , el Consejo de Ministros tenga intención de aprobar de nuevo los decretos tumbados el pasado viernes en el Congreso para que los convalide después, no ya el pleno de la Cámara Baja, sino la Diputación Permanente, donde los votos de Junts no son necesarios. Este último trance, con los decretos ya en vigor, no será inminente. Hay 30 días hábiles para ello y la intención es hacerlo en plena precampaña para que las derechas vuelvan a retratarse.

Feijóo, por su parte, celebra con la boca pequeña una convocatoria que no esperaba, a tenor de las señales emitidas desde Génova durante todo el fin de semana. Sabe que se la juega, que la del 29N es su última bala, que no entusiasma al electorado, que su futuro está inexorablemente atado al de Abascal y que su partido no le concederá una nueva oportunidad. Y en el PSOE, todo sea dicho, le ven con la misma cara que a “Susana Díaz el día después de perder las primarias contra Sánchez en 2017”. 

El envite estaba echado y el presidente del Gobierno acaba de redoblar la apuesta con un órdago a la grande cuyo resultado se verá en poco más de mes y medio. En 2023, ya hizo un planteamiento casi idéntico con un plebiscito nacional para frenar la entrada de Vox en un hipotético Gobierno del PP y, la jugada, contra todo pronóstico demoscópico, le permitió armar una nueva mayoría de investidura. Esta vez, está por ver...

Fuera de la cancha, la grada y el banquillo rugen. Dentro, la presión es insoportable. Las calles de más de 50 ciudades españolas se llenaron este fin de semana de manifestantes que exigían alquileres accesibles y elevaron la temperatura social hasta niveles críticos. Mientras, los distintos partidos esperaban impacientes la decisión de Pedro Sánchez sobre si apretará el botón electoral, después de que el Congreso —con los votos de PP, Vox y Junts— tumbaran el pasado viernes los decretos de vivienda. Pero, en La Moncloa, pese a la creatividad de algunas crónicas, no hubo gabinete de crisis ni tampoco reuniones de urgencia.

El presidente del Gobierno es más de escuchar que de convocar y lo que sí hizo fueron decenas de llamadas durante todo el fin de semana para pedir opiniones y analizar pros y contras: a sus ministros, a algunos barones del PSOE, a los asesores más cercanos… “Solo cuatro personas, ni una más ni una menos, incluyéndole a él” están al tanto de la decisión final. Ninguna suelta prenda, pero el latido del Gobierno y del PSOE suena a elecciones anticipadas.

Y es que con la crisis de Ceuta abierta en canal, el presidente ya acariciaba la posibilidad de un adelanto técnico para llamar a las urnas en febrero/marzo, después de llevar al Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2027 y que previsiblemente le fueran tumbados por falta de apoyos. Ahora, con la derrota parlamentaria de los decretos de vivienda tras la “traición” de Junts, “no tiene sentido acumular más desgaste”, aseguran fuentes gubernamentales. “La crisis migratoria de la ciudad autónoma ya ha sido una prórroga que no hemos podido aprovechar por la deslealtad de las autoridades locales y, ahora, ya estamos en el último cuarto del partido y toca jugársela a un triple”.

Gran parte de los dirigentes del PSOE y de los ministros socialistas creen que la mejor opción es ir a las elecciones cuando antes y aprovechar la indignación social por la vivienda, que el Gobierno cree que podrá capitalizar, “después de que hayan sido las derechas las responsables de que no se aprobaran los decretos”.

“La sociedad de hoy se calienta rápido y se enfría igual de rápido. Por eso hay que ir a elecciones ya, porque en ese corto proceso se terminará de calentar el plato y no dará tiempo a que se enfríe”, asegura un ministro del PSOE. No ha sido el único que, aunque con distintas palabras, así se lo ha trasladado a Sánchez para aconsejarle un anticipo cuando les ha consultado por teléfono en los últimos tres días.

Como es habitual, Sánchez escucha, procesa y, luego, decide en soledad que, en su caso, no es ausencia, sino método en un momento en el que las manifestaciones en protesta por los precios de los alquileres y los desahucios se han convertido en un acicate para el adelanto en quien siempre dijo que las legislaturas duran cuatro años y que pensaba agotar el mandato.

Ahora, con la decisión tomada y no compartida más que con cuatro personas, el presidente también ha pedido informes jurídicos para conocer si se pueden aprobar en Consejo de Ministros los dos decretos de vivienda, después de haber sido tumbados en el Congreso, y luego ser convalidados en la Diputación Permanente, órgano que sustituye al pleno en periodo entre sesiones. Allí, no necesetaría los votos de Junts. El sí (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos) superaría al no (PP, Vox y Junts) por 35 votos a 34. De este modo, el PSOE entraría en la campaña con las medidas en vigor y sin desahucios.

La estrategia pasaría por usar el marco de la vivienda frente a una alianza PP-Vox al que los socialistas dibujan como “una coalición insensible a las necesidades sociales y complaciente con especuladores y rentistas”. La incógnita es si la movilización de estos días aguantará 54 días hasta el 29 de noviembre —primera fecha posible— y servirá para movilizar a la izquierda hasta las elecciones o acabará diluyéndose con el paso de los días. O si la animadversión a Sánchez que ha logrado inocular en gran parte de la sociedad el PP con una campaña de deshumanización como no se recuerda en democracia, pesará más en las urnas que el miedo a un gobierno de coalición con la ultraderecha de Vox, que es el que inexorablemente tendría que conformar Alberto Núñez Feijóo.

En el deporte —y este es un símil al que en estos días recurren mucho los socialistas por la condición de exjugador de basket de Sánchez—, cuando el público aprieta y el rival te arrastra a su ritmo, es fácil perder el balón. Ahora el presidente está en el último cuarto del partido, tiene la bola en su poder y se dispone a marcarse un triple con un anticipo electoral con el que anhela reeditar la jugada de 2023. Pero, tras 8 años de gobierno, varios casos de corrupción, la crisis de Ceuta aún sin resolver y una ultraderecha imparable, la coyuntura no es la misma, salvo porque la oposición y buena parte de su partido le piden igualmente a gritos que lance ya el balón. 

En estas últimas horas agota el tiempo muerto entre los pocos que le sugieren que ejecute una jugada larga que asegure una última prórroga y los que mayoritariamente le piden que se la juegue a un último triple sobre la bocina. Quienes le conocen bien dicen que sabe que los segundos decisivos de un partido se juegan más con la cabeza que con las piernas. Y en este en el que se decide si elecciones ya o en febrero, el balón quema, el clamor de la grada es ensordecedor, quien tiene la bola decide en una absoluta soledad táctica pensando, probablemente, que está en el último cuarto del partido, en los minutos finales y que esta será su última ocasión para marcar un triple o que el balón ni siquiera roce el aro.

Mentira, intoxicación, insultos… Hay sobredosis de juego sucio. El PP ha traspasado ya los límites de lo tolerable en su labor de oposición manifiestamente destructiva. Da igual que hable Feijóo, que Tellado, que Bendodo, que Almeida, que Ayuso… Asistimos a un espectáculo degradante donde la verdad ha dejado de importar, el respeto institucional brilla por su ausencia y la vileza identifica cada paso, cada declaración, cada estrategia… Tres episodios de los últimos días muestran el mismo método: afirmar primero, exagerar después y dejar que la rectificación, si es que llega, no trascienda, que para eso están los medios amigos que se prestan a eso y mucho más por una buena tajada de la tarta publicitaria.

Si hablamos de Ceuta, y de Juan Jesús Vivas ya no se trata solo de que haya bloqueado cuantos empeños han puesto otros en levantar campamentos para poder filiar a los migrantes o bloqueado el traslado de menores a la península, es que ha mentido deliberadamente ante la Audiencia Nacional. Allí declaró que intentó contactar hasta diez veces con el presidente del Gobierno antes de la llegada masiva de finales de julio, y que solo obtuvo respuesta en tres ocasiones, siempre del director de gabinete de Pedro Sánchez. No contaba el presidente de la ciudad autónoma con que La Moncloa hiciera público el registro de llamadas para ponerle la cara colorada.

Y el documento demuestra , con horas exactas y duración de las llamadas, que Vivas habló con Moncloa hasta en nueve ocasiones durante esos días de julio en los que se produjo la entrada masiva. Y, ahora, una vez descubierto matiza que lo hizo con el director de gabinete Diego Rubio, pero no con el presidente. Oculta además que gran parte de las veces que telefoneó a La Moncloa no lo hizo él, sino también su jefe de gabinete. Lo normal entre altos cargos.

Y de Ceuta nos vamos a Madrid, a la Puerta del Sol y la acampada en defensa del derecho a la vivienda. Una concentración que la Delegación del Gobierno ha dicho que está amparada por el derecho fundamental de reunión, pero que al alcalde de la capital le parece temible, insalubre y peligrosa para el orden público. Si fuera así, la Policía Municipal, que es competencia suya, habría actuado y no ha sido así. Almeida ha denunciado que los acampados llevan “cuchillos de grandes dimensiones” y han hecho acopio de adoquines, por lo que ha remitido al delegado del Gobierno unas fotografías que, lejos de avalar su queja, le dejan a la altura de Cagancho en Almagro. Y es que lo que se muestra son los utensilios lógicos para un lugar donde la gente cocina y duerme, por ejemplo, un cuchillo y humus para untar.

Ayuso, claro, no iba a ser menos que su correligionario en la ofensiva contra la protesta y ha presentado un recurso contencioso-administrativo para pedir la disolución inmediata de la acampada. Una alarmante vuelta de tuerca en el uso del aparato judicial como herramienta de confrontación partidista, pero lo que realmente hay detrás de su decisión, es la presión de uno de sus digitales de cabecera, al que ha subvencionado con más 100.000 euros del ala, para que celebre una exposición con motivo del 12 de octubre en la misma Puerta del Sol que ahora ocupan los defensores del derecho a la vivienda. El mismo diario, por cierto, ha emprendido una campaña de titulares infames contra Maricarmen, la anciana que hoy sigue hospitalizada después de ser desalojada de su casa y que ha movilizado a toda España contra los desahucios y el desorbitado precio de los alquileres en toda España. 

Esta sobredosis de juego sucio nos sitúa en un escenario peligroso porque cuando la mentira de un dirigente se normaliza y la judicialización de la protesta se convierte en la respuesta estándar, la democracia se resiente y el PP da una nueva muestra de que solo se maneja con los códigos de una trinchera embarrada, en la que los ciudadanos son el daño colateral de una guerra sin escrúpulos.

Todos los partidos tendrán que retratarse con su voto mañana viernes en el Congreso y demostrar si sus palabras son solo trampantojos con los que llenar titulares o si, verdaderamente, están dispuestos a empezar a resolver lo que durante demasiado tiempo no estuvo entre las prioridades de su agenda. Pero el PP ya ha anticipado su no rotundo porque no quiere apoyar a un gobierno “tramposo” (sic). Pero Feijóo ha dicho una verdad como un templo. Como no acostumbra a ello, la frase es susceptible de esculpirse en mármol: “Nadie va a resolver el problema de la vivienda en cinco minutos”. El líder de la oposición ha descubierto que la solución de los problemas lleva tiempo y que ocuparse de lo que más preocupa a los ciudadanos no es cuestión de reloj, sino de voluntad política. 

A quienes llevan media vida pagando hipoteca o años haciendo números para saber si pueden alquilar un piso casi se les caen las lágrimas con el alarde de sinceridad de quien habita en una sede pagada con dinero negro y es, además, el jefe de filas de quien ha sacado de la caja común de los madrileños 6,3 millones de euros para comprarse un ático. Mañana dirá que los pisos no crecen de los árboles o que los intereses hipotecarios no corren por cuenta de los directivos de los bancos y lo hará con la misma pompa y ceremonia. 

Pero la frase con la que el líder del PP solemniza lo obvio con cara de estadista tiene trampa porque lo mismo sirve para el Gobierno de España que para las Comunidades Autónomas o los ayuntamientos. Gobiernos autonómicos y locales son en definitiva los competentes en la gestión del suelo, el urbanismo, las licencias, la vivienda protegida. Y los populares llevan años, décadas en algunos casos, gobernando en un puñado de ellos, lo que significa que los cinco minutos de Feijóo llevan corriendo desde antes de que muchos de los que hoy no pueden emanciparse tuvieran edad siquiera para ser escolarizados. 

La derecha tuvo tiempo para todo: para inaugurar rotondas, para anunciar soterramientos, para privatizar servicios públicos, para construir hospitales sin médicos y sin enfermos, para liberalizar suelo y para recalificar terrenos, pero siempre le faltaron cinco minutos para ocuparse de la vivienda que, cuando gobierna el contrario, es una emergencia nacional y un escándalo y cuando lo hacen los propios es un asunto complejo que requiere tiempo. Dato: los gobiernos de Aznar y Rajoy nunca tuvieron un Ministerio de Vivienda.

A esa gente de 30 años que planifica su emancipación con la misma fe con que otros compran la lotería del Niño o que trabaja a jornada completa por un sueldo mileurista y comparte piso con desconocidos, el hombre que aspira a gobernar España les pide paciencia porque lo de los precios del alquiler no se resuelve en cinco minutos, ni en cinco años, ni en más de cinco lustros, que son unos cuantos menos de los que lleva el PP en gobiernos regionales como el de Madrid. 

En realidad lo único que pretendía Feijóo con sus palabras sobre los 5 minutos era desdeñar las medidas aprobadas por el Gobierno de Sánchez para la protección a los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. Algo que para que salga adelante requiere de que Junts y Podemos salven sus diferencias. 

El gobierno ha decidido acelerar los tiempos y llevar la convalidación del decreto mañana mismo al Congreso para forzar el respaldo de los socios porque cree que, a pocos meses de las elecciones, no podrán asumir el desgaste social de ser los responsables de que los decretos decaigan. Lo que Feijóo, por su parte, teme es que Sánchez pueda anotarse un tanto con quienes, como Maricarmen, sufren la crisis de la vivienda y padecen a diario las consecuencias de una especulación salvaje. Y que los hechos y la hemeroteca, “pinten la cara” a un PP para el que el problema de la vivienda no ha merecido una sola iniciativa de cuantas ha presentado en el Parlamento en lo que va de Legislatura.

Por el contrario, desde que Pedro Sánchez recuperó en 2023 el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno ha puesto sobre la mesa medidas para intervenir el mercado de la vivienda que han sido sistemáticamente bloqueadas por los distintos grupos parlamentarios. Las medidas impulsadas que no salieron adelante pretendían abordar el problema en tres direcciones: el fraude en el alquiler de temporada, la fiscalidad frente a la especulación y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. 

A continuación, algunas de las más relevantes:

Alquiler de temporada

Diciembre 2023. Se creó un grupo de trabajo para consensuar una regulación que acabara con el fraude del alquiler de temporada Participaban expertos y representantes tanto de la patronal como de los sindicatos de clase, y también entidades sociales como el Sindicato de Inquilinas. En junio de 2024, tras varias reuniones y encuentros, varios grupos (Sumar, EH Bildu, ERC, Podemos y BNG) se descolgaron y registraron una iniciativa no acordada de la mano del Sindicato de Inquilinas.

Septiembre 2024. La propuesta del Sindicato de Inquilinas decayó por los votos en contra de Junts.

Octubre de 2024. Sumar, EH Bildu, ERC, Podemos y BNG presentaron una nueva iniciativa para regular el alquiler de temporada, y esta vez Junts permitieron su tramitación, pero tanto ellos como PNV pidieron cambios para aprobar el texto.

Noviembre 2025. Todos los partidos de la mayoría de investidura menos Junts acordaron en ponencia un texto para regular el alquiler de temporada.

Enero de 2026. El presidente del Gobierno anunció que elevaría el mencionado acuerdo a un Real Decreto Ley para que entrase en vigor cuanto antes, y acompañarlo de medidas fiscales para conseguir el voto de PNV y Junts. Los grupos a la izquierda del PSOE se opusieron a esta propuesta e incluso pidieron la dimisión de la ministra de vivienda.

Abril de 2026. Tras el rechazo de la Cámara a las prórrogas de los alquileres, la ministra de Vivienda anunció la apertura de una ronda de contactos para aprobar un decreto amplio y transversal que vaya más allá de temporada y medidas fiscales.

Julio de 2026. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana circuló un borrador de RDL acordado en el seno del Gobierno para aprobarlo a lo largo del mes. Los grupos se mantuvieron en sus máximos y, ante la falta de acuerdo, se pospuso la aprobación a septiembre.

Medidas fiscales contra la especulación

Enero de 2025. El presidente del Gobierno anunció 12 medidas en materia de vivienda entre las cuales figuraban la elevación del IVA a los pisos turísticos y un impuesto del 100% para las compras de extracomunitarios no residentes. Ante la falta de apoyo de PNV y Junts, estas medidas se quedaron en el cajón.

Mayo de 2025. El grupo parlamentario socialista, a instancias del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, registró una proposición de Ley para favorecer el alquiler asequible con medidas que perseguían la limitación de los pisos turísticos y la compra de vivienda por parte de no residentes. La iniciativa incluía una subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, para que tributen como la actividad económica que son y la creación del Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la Unión Europea, para evitar la compra especulativa. Para fomentar la bajada de precios en los alquileres y frenar la especulación, se propuso modificar la tributación de las Sociedades Cotizadas de Inversión (SOCIMI), que pasarían de tributar el 15% al 25%, salvo que se tratara de viviendas destinadas al alquiler a precio asequible. Asimismo, se planteó un aumento de la tributación por vivienda vacía, para incentivar su salida al mercado del alquiler y la extensión de las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas que no hayan sido declaradas tensionadas.

Vivienda asequible

Diciembre 2024. El Ministerio incorporó en el decreto ómnibus de final de año medidas para adscribir de forma automática el patrimonio procedente de la Administración General del Estado a CASA 47 (entonces aún Sepes). Junts rechazó ese decreto y obligó a la Entidad Estatal de Vivienda a adscribir los lotes de vivienda uno a uno, con mucha más tramitación, lo que ralentiza su puesta a disposición de la ciudadanía. 

Reforma de la Ley del Suelo: El Gobierno presentó un proyecto de reforma de la ley con el objetivo de dotar de estabilidad y seguridad jurídica el planeamiento territorial y urbanístico de España, así como para simplificar y agilizar los procesos. Pero, en mayo de 2024, el rechazo del PP, Sumar, Podemos, Junts y ERC provocó la retirada de la reforma antes de iniciar su debate en el pleno. En febrero de 2025, el Congreso volvió a rechazar la modificación de la norma con los votos en contra del PP, Sumar, Junts, ERC, Bildu y Podemos.

Prórrogas de los alquileres. El Gobierno impulsó a finales de marzo pasado un decreto de urgencia que establecía una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler que vencieran hasta diciembre de 2027, poniendo un tope del 2% a la actualización de las rentas. Un mes después, a finales de abril, las derechas tumbaron en el Congreso la prórroga de los alquileres, que implicaba también el fin del tope del 2% a la subida de las rentas.  

Moratoria antidesahucios. El Consejo de Ministros aprobó a finales de 2025 un Real Decreto que incluyó la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 (venía aplicándose desde 2020) la moratoria de desahucios y lanzamientos extraordinarios para colectivos vulnerables, incluyendo compensaciones a propietarios afectados. PP, Vox, Junts y UPN tumbaron la prórroga. El Gobierno presentó un mes después un nuevo decreto con modificaciones que también fue rechazado en el Congreso.  

Así que sí por fin Feijóo dice una verdad: nadie resolverá el problema de la vivienda en cinco minutos. Pero conviene recordar quién lo dice, en qué momento y cuál ha sido la posición de su partido para evitar que las soluciones propuestas por otros fueran imposibles de articular. Esto, además de que sus gobiernos autonómicos no hayan planteado alternativas al elevado precio del alquiler o la compra ni en cinco minutos, ni en diez, ni en quince, ni en varias legislaturas. Ni para frenar la especulación, ni para construir vivienda social, ni para liberar suelo, ni para ejercer el derecho preferente de compra de vivienda para ampliar el parque público de alquiler.

P.D. El PP votará hoy también en contra de los decretos aprobados por el Gobierno. No había duda, de hecho, al respecto.

Tenían la herramienta más poderosa para evitar la especulación, pero eligieron no usarla. El artículo 47 de la Constitución no solo reconoce el derecho a una vivienda digna. Dice más: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. IMPEDIR LA ESPECULACIÓN. No ignorarla. No fomentarla. No consolidarla. 

El mandato lleva 47 años negro sobre blanco escrito en la Carta Magna y más de 40 transferidos a las comunidades autónomas. Son ellas las que tienen la competencia para regular el suelo y son ellas las que han decidido no hacerlo. Con la aquiescencia, eso sí, de todos los gobiernos centrales que ha tenido la democracia. Por desidia, por cobardía, por intereses inconfesables, por lo que sea, pero no hicieron nada y ahora estamos pagando el precio.

El caso de Maricarmen no es el único, pero es el que ha puesto rostro al drama que viven millones de españoles, Jóvenes y mayores. Ella, con 87 años y 71 en la misma casa del distrito de Retiro con una renta antigua de 500 euros desde 1954 ha sido víctima de la empresa Urbagestión, que le exigía 2.650 euros mensuales y ha acabado echándola a la calle por no poder pagar un alquiler de más del triple de lo que pagaba hasta ahora y del doble de su pensión. 

Llámenlo especulación, abuso, estafa… Como gusten, pero ahí estaba el artículo 47 sin que nadie lo invocara. Y ahí estaba también el interés general para impedir la especulación que la Comunidad de Madrid no invocó para regular el uso del suelo. Ahora el Gobierno de España negocia a la desesperada el decreto que evite casos como el de Maricarmen, que incluya también prórrogas de los contratos hasta 2028, que suspenda los desahucios si los propietarios son fondos buitre, que aplique una subida del IVA turístico al 21%, que implemente bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler, que apruebe ayudas para los inquilinos y que vete la compra especulativa de viviendas a los fondos buitre. 

El acuerdo es complicado, aunque no inalcanzable. Es cierto que hay que conciliar posiciones políticas tan dispares como las de Junts y Podemos, si bien aquel que defienda posiciones de máximos e impida la aprobación de la norma quedará retratado a tan solo unos meses de las elecciones generales. Disfrute entonces cada cual de lo votado. Pero, más allá de esto, ahí seguirá el artículo 47 de la Constitución sin que nadie se decida, por ejemplo, a intervenir decididamente el suelo, a expropiar las parcelas urbanizables que llevan más de 5 años paralizadas y sin construcción. Las autonomías tienen la competencia y jamás la han usado, pese a que hay toda una generación de jóvenes con trabajo -precarios casi siempre-, con dos diplomaturas, tres másteres y cuatro idiomas que, pasados los 30, siguen en casa de los padres o compartiendo vivienda porque no alcanzan a pagar solos un alquiler que les permita tener un proyecto de vida. 

Y todo porque la derecha nos vendió que el mercado se autorregula solo y que con la liberalización del suelo la oferta bajaría los precios. Falso. Madrid, pero también otras grandes ciudades españolas, es hoy una ciudad tomada por los pisos turísticos, por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi) que compran edificios enteros y por fondos buitre que han convertido el derecho a vivir en un producto financiero mientras gobiernos autonómicos y locales miran para otro lado y, además, se permiten no aplicar la primera Ley de Vivienda aprobada en democracia, que no era la panacea, pero en algo ayudaba.

Construir vivienda pública no da votos a cuatro años vista y tampoco enfrentarse al lobby inmobiliario, por eso para quienes mandan es mucho más cómodo subvencionar el alquiler con 200 euros que no sirven para nada, que ponerse a levantar barrios enteros con vivienda social. El resultado es una España que tiene el parque de vivienda pública más pírrico de Europa, con menos del 2,5% del total del parque inmobiliario, mientras Francia tiene el 17% o Austria, el 23%.