Dos sillitas de plástico. Feas. Incómodas. Apilables. Dos sillitas sobre un jardincito cualunque –cualquiera– que se convirtieron en ícono de nostalgia sexy. Bud Bunny se lamenta Debí tirar más fotos. Entre millones de selfis él busca a la imborrable, a la que no se puede tirar a la papelera, con la que no tiene fotos, con la que no se reveló, con la que no había pose. El amor vintage es el amor verdadero. “Debí tirar más fotos de cuando te tuve”, dice Benito, con el acento como bandera (con la bandera celeste, con la L pronunciada en la reinvención de Nueva Yol), sin deportación para la lengua descolonizada que no acepta error en la poesía oral de la pronunciación. “Debí darte más besos y abrazos las veces que pude”, susurra en un balanceo que no se puede cantar sin el cuerpo y que canta el cuerpo que se mueve. Un canto que vuelve cuerpo a las masas. 

Él se sienta a jugar dominó con su abuelo y genera furor en YouTube con la imagen de la historia del himno de Puerto Rico. Saber de dónde venimos en tiempos en los que no sabemos a dónde vamos. Dime qué hit eres y te diré qué época vives. Te diré, la del amor gentrificado, como los bares, los barrios, las ciudades, las playas, para la estética, para el filtro. Ante un futuro incierto, desesperanzador, despedazado, la historia es un ícono. Ante un amor mercantilizado, mezquino, desconsiderado, el primer amor, el gran amor, el genuino, el menos fetichizado, se rescata como el amor verdadero. Y al amor se le pide rescate, como a los juegos sin teclas, como a las horas que no pasan en una silla sin gamers, cuando el amor se vuelve un pase, una contraseña más, en un mundo con más claves que adivinanzas. 

“Espero, aunque sea, ser un buen recuerdo”, canta Benito en una oda retro. Ser recuerdo es una neo aspiración en una época en la que trascender no es para la vida instantánea y permanecer es una sobredosis de presente. El deseo ya no es de futuro, sino de pasado. Ese eje lo entendió la extrema derecha que romantiza a las amas de casa en modelo tradwife de MasterChef y le da vía libre a los incels que quieren mujeres con modales de dama antigua. En la patria latina, la más rica de las patrias, la bandera es una reivindicación y la patria son las horas moviendo fichas unplugged y con el sexo como un paraíso gratuito a la vuelta de dos sillas. 

Bud Bunny cantó “Ella perrea sola” y ese ladrido mordió el anzuelo. Él se puso pollera y ellas sacaron culo pa´afuera. No se necesita a otro. Pero sí se quiere a otro para un baile inolvidable. Hay una diferencia entre necesidad y deseo. Hay distancia entre el pasado como retroceso y la memoria para sobrevivir a una madurez sin techo. La nostalgia es un duelo. El desarraigo lanza a volver, en loop, a recuerdos sin like. No es un tiempo para quedarse. Es un paso prudencial para bailar con una chica real, siempre, más desafiante que la novia imaginaria. Eso sí, la lengua futura, que no está sold out, es con acento. Que si el amor tiene un secreto es el susurro. 

Milagros Acosta es la joven argentina que le entregó un pañuelo verde al papa Francisco con la consigna impresa de la Ley 27.610, la Ley de Interrupción del Embarazo: “Legal, seguro y gratuito”. La norma había sido aprobada el 30 de diciembre del 2020, a pesar del rechazo del Vaticano y sectores antiderechos que utilizaban pañuelos celestes para impedir la sanción de la norma.

La tela era el símbolo de la campaña que llevo adelante la lucha por el aborto legal en Argentina. Además, estaba bordeado con el arcoíris de la diversidad sexual. “Son bravas las santiagueñas”, le dijo Francisco, que aceptó en sus manos el símbolo y la abrazó. El intercambio se produjo en la filmación de Amén, Francisco responde, de Disney+, en Roma, en el que Francisco conversó con diez jóvenes de entre 20 y 25 años, en el 2023, con distintas posturas disidentes, dirigido por los españoles Jordi Évole y Màrius Sánchez. El documental se estrenó en la Semana Santa de hace dos años, en la misma fecha de la última participación pública de Jorge Bergoglio y de su fallecimiento, el 21 de abril, a los 88 años. Milagros pertenece a Católicas por el Derecho a Decidir y su gesto, con el icono por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina, va a quedar inmortalizado como uno de los diálogos más genuinos entre una joven feminista y el máximo referente de la Iglesia Católica.

— Yo le quiero entregar algo. Llevarlo en la mochila ha sido un tránsito muy duro y que ahora lo llevo con mucho orgullo y se lo quiero entregar con mucho amor y respeto —le dijo Milagros durante el encuentro y, con llanto, silencio y tensión, le entregó un pañuelo verde.

— Te agradezco —le dijo Francisco, y continuó:

— Vos acentuaste mucho la comprensión a la mujer que aborta. A los curas siempre les digo que cuando se acerca una persona en esa situación, con cargo de conciencia, porque es dura la huella que deja un aborto en la mujer, que no pregunten mucho y sean misericordiosos, como es Jesús, uno por más pecador que sea, el Señor no lo deja nunca.

— ¿Si yo no fuera feminista sería mejor cristiana? — le preguntó Milagros.

— Feminista es un adjetivo y a mí lo que me interesan son los sustantivos. Yo creo en la persona — rescató el Papa.

“Son bravas las santiagueñas”, le dijo el Papa. Él mismo canonizó como Santa a otra brava santiagueña. En 1730, en Santiago del Estero, nació la primera santa argentina, María Antonia de Paz y Figueroa (Mama Antula), considerada una escritora y feminista pionera, que fue canonizada el 11 de febrero del 2024. Milagros no es santa, pero su gesto queda como un símbolo del acercamiento de la iglesia con las jóvenes feministas.

Milagros tiene ahora 25 años, estudia comunicación social, es docente y catequista del barrio 8 de abril, en Santiago del Estero, en una zona humilde, popular y muy creyente, del noreste de Argentina. Milagros es la hija de Norma, una mamá soltera de Los Juries, en el mismo municipio, que no pudo terminar la primaria. Ella tiene tres hermanos y es la primera de su familia que pudo continuar estudiando después del bachiller.

“Mi fe ve un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que busca el acercamiento con el otro y no opresor”, resalta Milagros, que también es coordinadora del grupo de jóvenes en Educación Sexual Integral (ESI), que, en Argentina, es obligatoria por ley, desde el 2006, con argumentos católicos y feministas, en articulación con las iglesias, la comunidad y los centros de salud en Católicas por el Derecho a Decidir donde encontró “un espacio de refugio”. En la organización ella se dio cuenta de que “no era la única que pensaba que dentro de las iglesias ocurrían injusticias y que la iglesia elitista no me representaba”.

La espiritualidad y la convicción no son sentimientos y pensamientos opuestos. “La lucha de los feminismos están entrelazadas con nuestra fe como católicas”, subraya. “Fue una hazaña de juventud, con una cierta rebeldía, entregarle el pañuelo verde al Papa, que representa la incidencia de los feminismos en los territorios populares de Argentina”, define.

Ella pasó por varias entrevistas en videollamada, desde España, hasta que fue elegida para la entrevista con el papa Francisco. Pero no supo, hasta último momento, que ese era el objetivo de la selección. Puso el pañuelo verde en la valija. Y, en el momento, a pesar del llanto, se animó a entregárselo y a dejar grabado ese instante de acercamiento entre dos visiones que parecían antagónicas. Ahora ha charlado con elDiario.es

¿Cómo fue la reacción del Papa Francisco al ver en su mano un símbolo tan potente de la lucha feminista?

La reacción de él, al principio, fue de sorpresa. Me ha dicho: “Son bravas las santiagueñas”. Pero cuando le entrego el pañuelo sentí una cercanía y un abrazo. Yo siento que me ha apoyado y para mí el gesto de la escucha fue más que suficiente para poder sentirme bien.  

¿Cómo fue su respuesta cuando le entregaste el pañuelo verde?

No lo he notado como un Papa líder superior, sino como un párroco más, en una conversación con diez jóvenes con posturas disidentes. Eso me dio la postura para darle el pañuelo verde y expresarme con convicción, con mi postura como católica, mi historia personal y la historia del movimiento feminista. Muestra la llegada de una joven de un barrio popular que le entrega el pañuelo verde al papa Francisco y hasta donde ha llegado la marea verde, en los barrios, en Argentina y que han pasado muchas conexiones para llegar a ese momento en el que, con total humildad, con total sinceridad, con nervios, pero con firmeza y respeto, le pude entregar el símbolo de las luchas de feminismos y disidencias y que es una conquista por lograr la ley.

¿Cómo tomaste su respuesta?

Él asienta poder acompañar a la mujer que aborta. En un comunicado él también dice a los sacerdotes que pueden perdonar a la mujer que aborta en un acto que antes era solo reservado a los Obispos. Nosotras no queremos el perdón, queremos nuestra libertad de decisión. Pero estos gestos de un Papa argentino son muy importantes dentro del contexto actual.  

¿Cómo fue la repercusión de tu gesto?

Santiago del Estero es un lugar muy religioso y en donde se habla del feminismo y del aborto como un pecado. Para muchos no ha sido bien recibido, sino que lo calificaron de un acto “atrevido”. Pero, en mi propia iglesia, una semana antes que saliera el documental, me confesé y le pregunté al párroco si quería que siguiera yendo porque podía existir alguna polémica por el documental. Él se sorprendió, pero me dio un mensaje bíblico y me dijo que, muchas veces, las personas que son disidentes y denuncian las injusticias reciben algunos piedrazos, pero que le alegraba ser una iglesia de puertas abiertas y que podía participar de la comunidad y que me iba a apoyar y a acompañar.

Javier Milei destacó, en el comunicado oficial por el fallecimiento del Papa, que Francisco defendió la vida desde la concepción. ¿Cuál es tu opinión de este comunicado?

El papa Francisco ha tenido este gesto del perdón y en el documental resalta la importancia de acompañar a la mujer que aborta.

¿Cuáles son las contradicciones del Papa en relación con los derechos de las mujeres y la diversidad sexual?

La organización que me sostiene defiende una fe liberadora, libre de culpas, con un Dios comprensivo, mucho más allá de una iglesia conservadora. El movimiento feminista no es solo el aborto, sino que está presente frente a las injusticias sociales, está con los jubilados, con los universitarios, con la justicia social, con el movimiento LGTBQI y encontramos en Francisco un aliado. Sabemos que en su pasado, Jorge Bergoglio estuvo en contra del matrimonio igualitario o en otras cuestiones como obispo. Pero el papa Francisco está con los curas villeros, recibe el pañuelo, abre las puertas de la Iglesia para que las mujeres ocupen un lugar más importante. Muestra una iglesia donde el otro importa. Los creyentes como los no creyentes lo hemos tomado como nuestro Papa. Sus gestos de humanidad nos han hecho volver a creer en la Iglesia.

¿Cuál es la importancia de la figura de Francisco en la realidad argentina?

En el actual contexto económico, en donde nos gobierna la derecha, y, a nivel mundial, donde los discursos de odio se hacen cada vez más fuertes, es muy importante la voz de un líder humano. Rezaba para que pueda seguir vivo un tiempo más. Pero confío que ha sido muy inteligente y que dejo varias ovejas para que puedan continuar su legado. Necesitamos voces como las de él que defiendan a los migrantes, que hable del tema ambiental y de la justicia social y que reconozcan el lugar de las mujeres.

¿Qué rescata de su legado?

Rescato la escucha y no tener miedo a decir lo que pensaba del colectivo LGTBQ+. El documental es un ejemplo de respetar los pensamientos diferentes. Antes de morir dijo: “No se puede hablar de paz sin respetar las opiniones ajenas” y pidió no ceder a la logística del miedo que aísla y combatir el hambre. Son las armas de paz las que construyen el futuro en vez de sembrar el miedo y la muerte.

¿Qué reformas sobre las mujeres son una deuda pendiente?

Se han reconocido tareas de las mujeres católicas. Hubo pequeños gestos en el Vaticano que parecen insignificantes, pero que son históricos y que dan pasos hacía una nueva iglesia. Pero falta un montón. Otra de las preguntas que le hice fue por qué impedía que hubiera mujeres en el sacerdocio. Me respondió que era un problema teológico y me dio una respuesta muy machista. La Iglesia es machista, conservadora y homofóbica. Falta mucho más para que pueda cambiar. Por eso es importante que haya un próximo Papa que siga su legado.

Este 8M en Argentina se convoca a una multitudinaria marcha para pedir que se frene el retroceso de derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. La importancia no es solo territorial, sino mundial. La motosierra que el presidente argentino, Javier Milei, utiliza como un falo que no busca construir, sino quebrar (con el argumento del recorte al gasto público) y que regaló a la premier italiana Giorgia Meloni (en una miniatura del propio Milei con el símbolo del ajuste económico que recae especialmente sobre las mujeres) y al multimillonario asesor extra gubernamental del gobierno estadounidense Elon Musk (en versión real y con los motores encendidos) está plasmada en una foto donde lo importante no es solo quién la tiene más larga, sino quién la tiene más filosa. 

El presidente argentino es más que un gobernante local, es una figura de la extrema derecha mundial con un rol simbólico que se disputan el PP y Vox en España. Por eso, sus recortes afectan a las ciudadanas argentinas, pero el efecto del retroceso pone en riesgo a las mujeres de todo el mundo, y en particular, a las españolas, por la utilización del economista como un ícono de la machosfera en el poder. El espejo del tecnofachismo muestra el peligro del efecto dominó en Europa. Milei fue convocado por Santiago Abascal a un encuentro de la ultraderecha, el 19 de mayo de 2024. La visita extraoficial terminó en una crisis diplomática que implicó el retiro de la embajadora en Argentina. Se intentó restaurar el vínculo, pero Milei se caracteriza por su falta de contención diplomática y una incontinencia verborrágica que se ensaña contra el Estado, la justicia social, el cuidado del ambiente y la igualdad de género. 

El jefe de Estado argentino regresó, nunca en visita de Estado, pero sí a título personal, para recibir autorretratos y elogios de Isabel Díaz Ayuso, que le otorgó la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, el 24 de junio del 2024. Ahora, doce días después del 8M, la historia puede repetirse o empeorar. El portavoz del gobierno, Manuel Adorni, anunció que Milei va a retornar a España, del 20 al 23 de marzo, para recibir el premio Escuela de Salamanca, un reconocimiento impulsado por el Club de los Viernes, que ya recibió la propia Ayuso. En un escenario de alta conflictividad mundial Milei solo puede encender más la mecha de la polarización misógina contra los feminismos y el movimiento LGTTBQI.

El riesgo, enorme, para las mujeres, es la naturalización de la extrema derecha y el retroceso en derechos que estaban consolidados, supuestamente sin marcha atrás, y que eran un acuerdo sellado en todo el arco democrático. En Argentina, sin embargo, en los hechos, fueron demolidos por La Libertad Avanza (LLA), con el guiño del Fondo Monetario Internacional (FMI), que negocia un mayor endeudamiento del sur sin ni siquiera importarle la mayor desprotección de las mujeres. Y con la mirada de Europa hacia otro lado, aunque, todavía, apueste a que la igualdad no sea una palabra vacía sino un escudo contra la violación y la violencia, y la libertad, una palabra que no tenga dueño sino que sea para todos los cuerpos. 

La gestión de Milei es un altavoz de los discursos reaccionarios. La última vez le costó caro. En el Foro Económico de Davos equiparó la homosexualidad a la pedofilia, se encarnizó con las personas trans, blasfemó contra el feminismo y la diversidad sexual. LLA anunció el proyecto de derogación en el Congreso de la figura de femicidio (incorporado como agravante en el Código Penal); la suspensión de la Ley Micaela (en homenaje a Micaela García, una joven víctima de femicidio), que obliga a todos los funcionarios públicos a recibir capacitación en género; la anulación de la paridad política (que impone a que el 50% de las listas de diputados/as y senadores/as estén integradas por mujeres) y la limitación de la Ley de Identidad de Género que permite el derecho a la autopercepción para las personas trans. A una semana de su discurso se organizó una marcha multitudinaria en Argentina con resonancia en España (Madrid, Barcelona y Granada, entre otras ciudades) y toda Europa (París, Berlín, Londres) con un llamado a generar una organización antifascista y antirracista mundial. 

En la apertura de las sesiones legislativas Milei bajó el tono de la llamada batalla cultural contra el género. No le dan los votos en el Congreso para derogar leyes, y los escándalos por el desplome de la criptomoneda Libra y la tensión económica le hacen empezar a esquivar, de local, el incremento de discursos de odio. Sin embargo, le gusta tirar la cuerda en las giras por el exterior, en donde quiere convertirse en un buen alumno de Trump y un influencer de la odiocracia mundial. Pero la gestión de Milei no es discursiva, simbólica o meramente gestual. Los derechos de las mujeres, lesbianas, gays y trans retrocedieron. El peligro no es figurado, sino real. 

En Argentina, en lo que va del año, se produjeron 55 femicidios vinculados de mujeres y niñas y un femicidio vinculado de un varón adulto (un indicador que muestra cuando un hombre es asesinado para provocarle daño a una mujer o por ser allegado a ella o intentar defenderla), según un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, que dirige La Casa del Encuentro. Desde el 1 de enero al 28 de febrero del 2025 ya hubo más femicidios en Argentina (con alrededor de 46 millones de habitantes), en este año, que en todo el 2024 en España (con alrededor de 49 millones de habitantes), ya que, hasta el 17 de diciembre, habían asesinado a 45 mujeres por ser mujeres. Siempre es mucho. Pero el riesgo se cuadruplica en el sur y el odio y la desprotección generan una combinación que quita todos los escudos. 

 El Programa Acompañar, para que las víctimas de violencia de género, puedan salir del círculo de los insultos, maltratos, violaciones, patadas y descalificaciones, se desfinanció. Las altas para recibir la ayuda económica se redujeron en un 98,6%, en el primer trimestre del 2024, con respecto al mismo período del 2023, según el estudio '8M en perspectiva económica', del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Se frenaron las mujeres que pueden ser acompañadas a irse de la casa, echar al agresor o terminar con una relación violenta. En el primer trimestre del año pasado solo se les dio la asignación (el apoyo para que no tengan que bajar la cabeza frente a insultos, golpes, amenazas o controles) a 471 mujeres. Solo un año antes, entre enero y marzo de 2023, habían recibido ese escudo económico contra puños, cuchillos y armas 34.229 mujeres, lesbianas y trans. La diferencia deja afuera a miles.

Las participantes del Acompañar, sobrevivientes del recorte, cobran un 29,8% menos por un tiempo menor (el acompañamiento se redujo de 6 a 3 meses) y se les exige la denuncia policial a pesar de que, a veces, las personas pueden no estar preparadas para enfrentar la revictimización institucional y que acudir a la comisaría puede subir la amenaza del agresor. También se eliminó el patrocinio jurídico para víctimas de violencia con lo que las mujeres golpeadas quedan más indefensas y a merced de tener dinero (que les cuesta más conseguir que a los varones) para poder pagarse un abogado/a.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación detectó un crecimiento del 8% de las denuncias de violencia. Pero además está aumentando la gravedad y la crueldad de las agresiones. Durante enero, en la feria judicial –porque en Argentina es verano y período de vacaciones–, se atendieron a 1.761 personas, un 8% más que en igual período de 2024. El equipo médico constató lesiones en 211 personas (un 3,6% más que en la feria de 2024) y en 26 casos hubo que realizar derivaciones de urgencia. El 27% estaba en una situación de riesgo alto o altísimo.

La prevención del abuso sexual y de embarazos no buscados también está en default. La ejecución de la Educación Sexual Integral (que es ley en Argentina desde el 2006) se desplomó un 98,7%. Lo único que subió fue la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se incrementó un 38,7%. En la votación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se aprobó también el Programa 1.000 días. El objetivo era que las personas gestantes puedan decidir qué hacer sin quedar desamparadas ni terminar con la clandestinidad. Es un apoyo a la maternidad muy necesario. Sin embargo, ahora se desfinanció la educación sexual, el reparto de anticonceptivos y los medicamentos para abortos seguros. Y, como contraparte, solo se aumentó el apoyo a quienes deciden ser madres, en un 202,7%. El respaldo a las madres y los bebés en los tres primeros años de vida es una buena medida, pero no es ético no cumplir con las leyes existentes y desmantelar la prevención de embarazos no buscados o la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito de un modo sesgado. 

En Argentina las mujeres y las disidencias sexuales no estamos (solo) amenazadas. El retroceso no llegó. Y no hay que ponerle alfombra roja para que siga expandiéndose. 

“Bienvenido el fin del patriarcado”. La frase, emblemática, fue pronunciada por Alberto Fernández el 3 de marzo del 2022. La imputación por violencia de género –lesiones graves y amenazas coactivas– contra el expresidente argentino ha causado un enorme impacto por tratarse de un jefe de Estado, por su rol como mandatario y por su responsabilidad pública y su capacidad de influencia. Pero aún más por el doble discurso que supone en relación a las mujeres presentarse como un estadista contra la violencia machista y ser acusado de golpear a la madre de su hijo.

La situación simboliza hoy la hipocresía de muchos varones con poder ligados a partidos de centroizquierda y que, en vez de aceptar la interpelación de los feminismos, tomaron el camino de la simulación. “Es horroroso que un hombre pueda tomar como objeto de divertimento a una mujer, pero eso pasa”, fue parte también del discurso de Alberto Fernández en el ex Centro Cultural Kirchner (CCK), durante la apertura del ciclo 'Nosotras movemos el mundo'. Además de la denuncia por violencia de género, se han filtrado vídeos de periodistas jóvenes a las que el exmandatario filmó en el despacho presidencial de la Casa Rosada (la sede del gobierno) con su teléfono para que le crean, según se lo escucha decir, que tenía vínculo con ellas.

En un país gobernado por la extrema derecha de Javier Milei, que niega la existencia de los feminicidios, el nuevo presidente prohibió la palabra género para hablar de violencia, quitó de la órbita estatal el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno anterior y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

¿Contra Fernández o contra el feminismo?

El Gobierno de Javier Milei creó, a partir de su asunción, el 10 de diciembre del 2023, una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que dependía del Ministerio de Capital Humano. La cerraron apenas seis meses después con el argumento de que había servido “para propagar e imponer una agenda ideológica”. La Línea 144 (utilizada para pedir ayuda) quedó entonces en el área del Ministerio de Justicia, pero con una reducción del 28% de su presupuesto y con el 38% de las operadoras telefónicas despedidas, según un monitoreo de la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). El actual Gobierno no solo desmontó lo que ya había hecho el anterior, sino también lo que habían decidido hacer con su propia gestión gubernamental.

El espanto por las supuestas acciones de Alberto Fernández –el fiscal le ha imputado delitos de lesiones graves y amenazas coactivas– no puede provocar una reducción de los recursos para quienes sufren violencia en el presente. La denuncia de Fabiola Yáñez debería, en todo caso, generar más conciencia de la necesidad que tienen las mujeres de ser apoyadas para salir de la violencia, sobre todo, aquellas que no cuentan con recursos propios. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género advirtió que, por la falta de ayuda, hay mujeres que pueden tener que volver a la casa del maltratador si no se revierte el sistema de ayuda a las víctimas que ha sido destruido.

El caso está siendo utilizado por algunos sectores no solo contra Alberto Fernández, sino también contra las políticas públicas para ayudar a las víctimas de violencia y contra los feminismos. La palabra de una mujer que estuvo en el centro del poder y que denuncia maltrato debería despertar conciencia. Sin embargo, solo se usa para criticar a la oposición partidaria y a la oposición social que construyó el feminismo. 

La responsabilidad de un presidente que tenía que velar por los derechos de las mujeres y que durante su gestión jerarquizó las políticas públicas destinadas a la igualdad –el Instituto de las Mujeres pasó a rango de ministerio– es mucho mayor. No es admisible borrar con el brazo lo que se firmó con la mano, ni agredir a una mujer con la misma boca de la que salen discursos por la igualdad de las mujeres.

No todos los hombres progresistas, defensores de los sectores populares o de centroizquierda son asimilables. No todos los hombres son iguales. Pero el nivel de hipocresía en las acciones de un presidente progresista –que cede una alfombra roja a los ataques a la extrema derecha– debe encender la alarma en muchos otros.

La denuncia contra Alberto Fernández es un reflejo del fracaso de muchos hombres a la hora de poner en práctica los valores y decisiones que interpelan a los feminismos para una vida libre de violencia, con más derechos e igualdad y que incomoda a varones de todos los sectores ideológicos, de todas las clases sociales y culturales. Que incomoda a todos los eslabones de poder.

“Pasé a ser un mueble en mi propio hogar”

En el Gobierno de Alberto Fernández (2019–2023) se aprobaron medidas con perspectiva de género como el aborto legal, el documento no binario, el cupo laboral trans, la jubilación por tareas de cuidados, el Plan Constructoras –que incorpora a las mujeres al trabajo de la construcción–, además de un fondo de emergencia durante la pandemia que contemplaba especialmente a las trabajadoras domésticas.

El 30 de diciembre del 2020, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. No fue gracias a él, pero sí fue durante su mandato. Por eso, otro suceso que le da mayor gravedad al asunto es que Fabiola Yáñez haya denunciado violencia reproductiva. En una entrevista ella contó que Alberto Fernández la incitó a abortar cuando todavía no había asumido la presidencia e, incluso, antes de su compromiso, que tuvo lugar el 14 de mayo del 2016 en París, y que se hizo público con una foto con dos copas y un anillo en Instagram.  

“No me dirigía la palabra en absoluto. Pasé a ser un mueble en mi propio hogar”, relató Fabiola Yáñez en un testimonio judicial reproducido por el diario La Nación para explicar que se sintió castigada por su embarazo. Ella también dijo que no podía salir porque la controlaba, que perdió la autoestima por los malos tratos, que la golpeaba y que posteriormente la amenazaba con quitarse la vida si ella hacía la denuncia. Yáñez lo definió como “terrorismo psicológico”.

En Argentina, la Ley 26485 (de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) define la violencia contra la libertad reproductiva como “la que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos”. No es una interpretación. Es una norma.

La violencia psicológica está contextualizada por ley como “la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento”.

La legislación argentina –que Alberto Fernández debería conocer como expresidente, abogado y docente en derecho constitucional– fue sancionada el 11 de marzo del 2009 y estuvo inspirada en la normativa española y en el precepto del gobierno de José Luis Zapatero de priorizar como una cuestión de Estado la violencia machista. En el caso argentino, la primera versión se modernizó con la agregación de la violencia política, la violencia digital y la violencia reproductiva.

Ahora sí, “violencia de género”

Por su parte, el presidente Javier Milei tuiteó sobre la situación de “violencia de género” (un vocablo que no les permitían usar, hasta el estallido de este caso, a los funcionarios del actual Gobierno para no aceptar que existe una violencia que afecta particularmente a las mujeres): “El caso involucra al expresidente Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer Fabiola Yáñez; esto no quita que ella haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas de las aberraciones del Gobierno espantoso del kirchnerismo”.

La vicepresidenta, Victoria Villaruel, también utilizó la red social X para dejar asentada sus sensaciones después de escuchar la entrevista a la ex primera dama. “Perdonen por no sentir lástima” y “Pido disculpas por no empatizar” fueron dos de las frases en donde se le reprocha a Yáñez sus viajes, el costo de la custodia argentina en España y la cuarentena estricta impuesta durante la pandemia.

La denuncia de Yáñez cuestiona también la labor institucional. Declaró haber acudido al Ministerio de Mujeres en el que, asegura, no la ayudaron. La exministra de Mujeres Ayelén Mazzina corrió a desmentirlo en X: “Nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama”. Y añadió: “Sigue siendo fundamental sostener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y que asistan a las víctimas que debemos proteger”.

Pero ahí es precisamente donde está habiendo cambios. El ministerio tenía a su cargo el Plan Acompañar, para atender a víctimas de violencia sin recursos económicos. El importe para impulsar la autonomía económica de las mujeres estaba equiparado al salario mínimo (aproximadamente 197 euros) y se otorgaba durante un período de seis meses.

La ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género monitoreó el desmantelamiento, más allá del organigrama dispuesto por el gobierno actual, del acompañamiento a las víctimas de violencia machista. En 2024 la ayuda apenas ha llegado a 434 mujeres, mientras que en 2023 lo habían recibido 34.023. En lo que va del año se ejecutó un 82% menos del presupuesto de este programa en comparación con el primer semestre del año anterior. Se acompañó a un 98,6% de víctimas menos. Un abismo que no debe empujar al precipicio a quienes se quedan más solas y con menos poder por culpa de quienes ostentan el poder.

El expresidente argentino Alberto Fernández ha sido acusado por su exesposa, Fabiola Yáñez –que actualmente reside en Madrid–, de golpearla, humillarla, controlarla, responsabilizarla por su fracaso electoral, amenazarla y obligarla a abortar.

La ex primera dama ha declarado este martes por videoconferencia desde el consulado argentino en la capital española en la causa por violencia de género en la que se constituyó como querellante a raíz de una investigación por corrupción en la contratación de seguros por parte del Estado argentino durante el mandato de Fernández.

Yáñez ha subido este martes a un vehículo poco después de las tres de la tarde para ampliar la querella contra Alberto Fernández en el consulado argentino. Ya presentó una denuncia por escrito en donde enumera que “el maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones y los golpes eran constantes” por parte de su exmarido.

Aunque los hechos ocurrieron en Argentina, las consultas con abogadas, las entrevistas periodísticas y las denuncias judiciales se llevan adelante desde Madrid, donde Fabiola Yáñez vive junto a su madre y su hijo de dos años.

Una polémica fiesta de cumpleaños

Antes de terminar el Gobierno de Alberto Fernández, él y su pareja viajaron a Madrid para fijar su residencia y quedar lejos del acoso público. Ella quiso ocupar un lugar de primera dama clásico, pero terminó envuelta en un escándalo porque se publicaron fotos de una cena con nueve personas, en la residencia presidencial (la Quinta de Olivos), el 14 de julio de 2020, durante su cumpleaños, cuando el resto de la ciudadanía tenía que soplar las velas por Zoom a causa de la pandemia.

La foto generó mucha indignación en la opinión pública, ya que fue tomada mientras regía en Argentina el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), impuesto desde el 20 de marzo de 2020 para evitar contagios. Las reuniones sociales entonces estaban penalizadas por decisión del Gobierno de Alberto Fernández.

Antes de terminar su mandato, Fernández pidió ayuda a la Embajada Argentina para ubicar a Fabiola Yáñez en la capital española. Él volvió a Argentina –aunque dice costear las responsabilidades paternales a través de trabajos con universidades españolas– y ella siguió viviendo en Madrid, “sin niñera ni empleada doméstica”, según relató en una entrevista. Es Licenciada en Periodismo, pero no ha estado trabajando, sino dedicada a tareas de cuidado.

Esas fotos tuvieron un gran costo político y electoral. Pero, en una entrevista con Tatiana Schapiro, de Infobae, Fabiola Yáñez expresó: “Creían que ganaban las elecciones y perdieron. Todos los días se me repetía: 'Por culpa tuya. Perdí un gobierno por culpa tuya'. ¿Cómo un gobierno va a caer por una foto mía?”.

Las fotos fueron difundidas por la prensa el 12 de agosto del 2021. Alberto Fernández había negado el festejo, pero después culpó públicamente a su pareja, alegando que se trató de un festejo organizado por “mi querida Fabiola”. En ese momento, fue criticado por no hacerse cargo de su responsabilidad.

Una investigación previa

La causa por violencia de género no fue iniciada por Yáñez, sino que se desprendió de una investigación por corrupción en la contratación de seguros por parte del Estado. En esa investigación, el juez Ariel Lijo incautó el teléfono de la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero, y encontró fotos de Fabiola con un ojo morado y un moretón en la axila –esas imágenes han sido publicadas ahora por la prensa argentina–.

En ese teléfono también había conversaciones por chat –que también han sido reproducidas por los medios– en donde ella le dice a su marido: “Me pegas”. Esa conversación habría tenido lugar apenas dos días después de que fueran publicadas las fotos de la cena en la Quinta de Olivos. Fabiola no había iniciado la denuncia. Pero el magistrado, al toparse con ese material durante la investigación, habló con ella y dio intervención a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Suprema Corte de la Nación.

En un primer momento, Yáñez no quiso denunciar y la investigación –que depende de la decisión de la víctima– no podía iniciarse. Sin embargo, después de la publicación por parte del diario argentino Clarín, decidió hablar en los medios y ante la Justicia.

En el área legal, Yáñez pidió a través de un escrito que el exmandatario sea imputado por lesiones graves “doblemente calificada por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad y amenazas coactivas”. “Terrorismo psicológico”, en palabras de Yáñez.

Además, aseguró que el expresidente y padre de su hijo le dijo que si ella lo denunciaba él “se suicidaba”. “Eso no se hace, es un delito”, refutó Fabiola frente a las cámaras en una localización madrileña.

Con una velocidad que no suele ser habitual para los casos de violencia de género, la Justicia allanó la casa donde vive Fernández (en una lujosa zona frente al Río de la Plata llamada Puerto Madero, la única de la ciudad en la que las calles tienen nombres exclusivamente femeninos) e incautó su teléfono personal.

Declaración desde Madrid

Este martes 13 de agosto Fabiola Yáñez ha declarado por videoconferencia. Su testimonio fue requerido por el fiscal federal Ramiro González. En la audiencia ha participado la emblemática fiscal feminista y titular de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, junto a parte de su equipo; también ha estado presente Malena Derdoy, responsable de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic).

La defensa de Alberto Fernández había pedido que la abogada Silvina Carreira –designada el viernes 9 por la aceleración del proceso judicial– presenciara el testimonio desde los tribunales argentinos. Pero Mariana Gallego, la nueva abogada de la ex primera dama –que se encontró con ella el sábado 10 de agosto en Madrid, recién llegada de Argentina– se opuso para que su presencia no pudiera afectarla o intimidarla. El juez Julián Ercolini aceptó la demanda.

Silvina Carreiras se ha quejado porque no se le ha permitido presenciar la declaración, ni dejar preguntas por escrito para Fabiola Yáñez. “Si puede prestar una declaración televisiva de muchas horas y exponerse públicamente ante toda la sociedad, entonces no la revictimiza tanto la situación, ¿por qué no permiten las preguntas de esta defensa?”, ha dicho, advirtiendo de que va a pedir que se declare nula la audiencia.

En una entrevista con el diario El País, de Mar Centenera y Martín Sivak, Alberto Fernández negó la violencia física: “No he sido el autor de ninguna golpiza”. Sí admitió discusiones de pareja, pero se victimizó y aludió a una supuesta instrumentación de la acusación: “Alguien la alentó a denunciar”, afirmó.

En relación a la pensión alimenticia para su hijo, describió: “Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella. Son ingresos por la universidad y conferencias”. El mandatario –que viajó por última vez a España entre mayo y junio de este año– advirtió de que va a defenderse ante la Justicia contando situaciones de la madre de su segundo hijo (nacido el 11 de abril de 2022, durante su mandato) y que no quiso hacer públicas hasta ahora.

Fernández es reconocido por su verborragia más que por su hermetismo, y otros periodistas relataron conversaciones confidenciales en las que dejó entrever que su exesposa padece adicciones. “Hay cosas de las que no quiero hablar y que voy a hablar solo ante un juez”, subrayó.

Lo que importa para la justicia es si la violencia existió o si sigue en estado latente. El tribunal ha decidido imponer medidas de restricción y prohibición de acercamiento, tanto personales como telefónicas o virtuales, que demuestran que Yañez es considerada de momento una víctima de violencia de género en situación de riesgo en su hogar en Madrid, mientras un país entero sigue pendiente del siguiente paso en esta causa contra el expresidente argentino.

El presidente argentino, Javier Milei, tiene previsto volver a visitar España. Será este viernes, con el objetivo de recibir un premio del Instituto Juan de Mariana en la llamada Cena de la Libertad, en el Casino de Madrid. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también recibirá al mandatario y le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Lo hace en plena crisis diplomática con Argentina, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez dice esperar que Milei “esté a la altura del pueblo argentino y respete a las instituciones españolas, como jefe de Estado que es”.

La agrupación Argentinos en Movimiento ha organizado un acto el viernes a las 20:00 horas en Alcalá y Puerta del Sol, con la consigna “Milei, no eres bienvenido”. En la convocatoria figura una imagen de un Obelisco (el icónico monumento del centro de la Ciudad de Buenos Aires) invertido y con sangre cayendo de un cono de patatas fritas. “Los premios del hambre”, se lee como respuesta a que Milei sea premiado por “difundir con éxito y eficacia las ideas de la libertad” en un contexto de represión y encarcelamiento a manifestantes contra la Ley de Bases, que busca privatizar empresas nacionales y facilitar la megaminería, entre otros puntos.

El cambio de agenda que ha supuesto el reconocimiento de Ayuso ha alertado al movimiento feminista argentino, ya que es mucho más relevante que se le otorgue un premio por parte de una autoridad en un contexto absolutamente regresivo de derechos, dando un respaldo al desmantelamiento de las políticas públicas para proteger a las mujeres en Argentina y a un líder negacionista de la brecha salarial de género y de los femicidios por razones de género. El mandatario misógino busca derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y pregona en contra de la agenda del “aborto sangriento”. Ayuso levanta el pulgar de un mandatario que pone en riesgo de vida de quienes sufren maltrato o abusos.

“Desde que asumió Javier Milei el 10 de diciembre del 2023, el gobierno ha decidido el desmantelamiento total prohibió la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas, la abolición o desfinanciamiento de las acciones para promover los derechos humanos de niñas y mujeres y las políticas destinadas a la protección de las víctimas”, ha advertido la Colectiva Feminista Federal por la Democracia y los Derechos Humanos de Argentina. “A pesar de los altos índices de femicidios y violencia de género en el país Milei desmantela en pocas horas políticas feministas construidas en décadas”, denuncia un comunicado escrito por representantes de la sociedad civil y de distintos partidos políticos contra la visita del mandatario a Madrid.

Desguace de la protección de las mujeres

Si es galardonado por una mujer, en un país que debería velar por garantizar una democracia real para toda la población, sin retrocesos en derechos humanos, el mensaje de desprotección es absoluto. Milei también será premiado en nombre de la libertad en España, a pesar de ser responsable de aniquilar las políticas públicas para que las mujeres puedan vivir libres de violencia.

En la campaña electoral, el líder argentino anunció que iba a dejar “afuera” (expresión que gritaba en un vídeo mientras quitaba letreros que representaban a diferentes áreas estatales) al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero fue mucho más lejos. No bajó el rango ministerial, sino que eliminó las políticas públicas para atender a las víctimas de violencia de género. El Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) recortó un 33% el presupuesto para igualdad. “Las mujeres en situación de violencia dejan de buscar ayuda”, advirtió el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

El presidente español, Pedro Sánchez, se mostró contrario al desguace de la protección a las mujeres. “Hace daño, pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que pueda hacer (el presidente) Milei”, remarcó el mandatario, el 7 de junio, en el cierre de la campaña electoral por las elecciones parlamentarias europeas. El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) convocó a que las mujeres sean un dique contra la extrema derecha: “Tienen que ser las primeras en votar a favor del PSOE para frenar este avance reaccionario del PP con Vox”.

Durante la visita (no oficial) de Javier Milei a España para participar en un acto electoral de Vox, el 19 de mayo, en el Palacio de Vistalegre de Madrid, calificó de “corrupta” a Begoña Gómez. En ese momento, Sánchez ordenó la salida definitiva de la ex embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez. Pero no se trata de un ataque dirigido a una sola mujer, sino de la desprotección de muchas.

La primera medida de la gestión de extrema derecha fue eliminar el Ministerio y dejar una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que quedó a cargo del Ministerio de Capital Humano. En estos días esa área, a cargo de Sandra Pettovello, sufre una crisis política y social por guardar comida sin repartir (en un contexto de hambre y extrema pobreza) por ineficiencia y contratos con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin) que obligan a las madres a recibir cursos contrarios al uso de anticonceptivos a cambio de recibir leche. 

A fines de mayo, como si fuera una mancha venenosa que nadie quiere, derivaron el área de lucha contra la violencia al Ministerio de Justicia. En un principio estuvo a cargo Claudia Barcia, fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, pero el 6 de junio renunció por falta de respaldos y recursos cuando se enteró –por WhatsApp– de que el Poder Ejecutivo disolvía el área de ayuda a las mujeres golpeadas. La motosierra destrozó completamente la red pública para contener a las mujeres violentadas. 

Por primera vez desde el regreso de la democracia, Argentina ha dejado a las mujeres completamente desamparadas. La Línea 144 para atender a víctimas de violencia de género sufrió un recorte presupuestario del 25%. El programa Acompañar para que las mujeres cortadas, insultadas, pateadas o abusadas puedan irse de sus casas o quedarse sin depender económicamente del agresor sufrió una disminución del 80% en la ejecución presupuestaria. Se desmanteló el programa Acercar Derechos que respaldaba los procesos judiciales. Además se cerraron 81 de los 105 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que estaban instalados en villas miserias o barrios populares. 

Otro grave retroceso es el freno al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). La educación sexual, el reparto de métodos anticonceptivos (especialmente de largo plazo), el acceso a Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y las capacitaciones lograron reducir el embarazo adolescente en un 60% del 2013 al 2021. Sin embargo, ahora, el Plan ENIA, igual que otros organismos, no fue borrado del organigrama, pero no cuenta con presupuesto ni con trabajadoras. 

El reconocimiento, también el de Ayuso, es un respaldo al desmantelamiento de las políticas públicas para proteger a las mujeres en Argentina y a un líder negacionista de la brecha salarial de género y de los femicidios por razones de género. Además, el líder misógino busca derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y pregona en contra de la agenda del “aborto sangriento”. El cambio de agenda pone en alerta al movimiento feminista argentino, ya que es mucho más relevante que se le otorgue un premio por parte de una funcionaria de Madrid en un contexto absolutamente regresivo de derechos.

Ayuso levanta el pulgar de un mandatario que baja el pulgar a las mujeres en Argentina y que pone en riesgo de vida de quienes sufren maltrato o abusos. La Colectiva Feminista Federal por la Democracia y los Derechos Humanos de Argentina advirtió: “Desde que asumió Javier Milei el 10 de diciembre del 2023, el gobierno ha decidido el desmantelamiento total prohibió la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas, la abolición o desfinanciamiento de las acciones para promover los derechos humanos de niñas y mujeres y las políticas destinadas a la protección de las víctimas”.

“A pesar de los altos índices de femicidios y violencia de género en el país Milei desmantela en pocas horas políticas feministas construidas en décadas”, denuncia un comunicado titulado “Argentina: Presidente Milei y su violento ataque al feminismo”, escrito por representantes de la sociedad civil y de distintos partidos políticos para que se repudie la visita del mandatario a Madrid. Pero, si es premiado por una mujer, en un país que debería velar por garantizar una democracia real para toda la población, sin retrocesos en derechos humanos, el mensaje de desprotección es absoluto.

Una legislación de vanguardia

“Argentina es muy buena cumplidora de los acuerdos internacionales y este país tiene una particularidad: estos acuerdos tienen rango constitucional, o sea, van más allá de cualquier legislación nacional”, remarcó María Noel Vaeza, directora de ONU Mujeres en una entrevista con la Agencia EFE, en Quito, Ecuador. Subrayó que la CEDAW exige que exista “institucionalidad para la defensa de la mujer violentada”.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) –considerada la carta fundamental de los derechos de las mujeres– fue creada por la Asamblea de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, cuando la dictadura militar dominaba el país latinoamericano. El 8 de mayo de 1985, el Congreso argentino sancionó la ley 23.179 para garantizar la igualdad. Tiene rango constitucional.

Vaeza llamó a que los países latinoamericanos declaren “emergencia nacional” por los femicidios. Por el contrario, el Gobierno de Milei pone en emergencia a las mujeres y disminuye completamente la prevención y erradicación de la violencia machista.

Argentina también suscribió la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), el primer tratado internacional que reconoció, el 9 de junio de 1994, hace 30 años, que la violencia contra las mujeres es una violación contra los derechos humanos. En Argentina, mediante la Ley 24.632, se aprobó la incorporación de la convención a la normativa nacional, el 13 de marzo de 1996. Las expertas del Comité de Seguimiento de la Convención (MESECVI) expresaron “profunda preocupación” por la erosión de los restos de la institucionalidad de políticas de igualdad. 

La función puede modificarse, pero no desaparecer completamente como se hizo. Por eso, el desmantelamiento de la actual gestión es una violación de los compromisos internacionales. Sin embargo, el portavoz presidencial Manuel Adorni sostuvo que (el Ministerio de Mujeres) fue “creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos”. “Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”, dijo el Gobierno, redoblando la apuesta en un comunicado en el que defendió la “reducción” del Estado y la (presunta) “protección de la ciudadanía contra la violencia” pero desconociendo que la violencia de género tiene características diferenciales que no se pueden prevenir si no se escucha a las mujeres.

Argentina vive un ataque a los derechos de las mujeres inédito en su historia democrática. Pero el Gobierno de Milei no puede derogar las leyes aprobadas que generaron una legislación de vanguardia. Y además el país tiene firmados tratados con rango constitucional que no se pueden incumplir. La democracia volvió al país latinoamericano en 1983. Cuatro años después, en 1987, se creó la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia que –con los nombres de una época en donde las mujeres solo importaban en nombre de la familia–, igualmente, tenía perspectiva de género. En 1992, se creó el Consejo Nacional de las Mujeres, durante el Gobierno de Carlos Menem. En 1995, la IV Conferencia Mundial de la Mujer, generó un cambio de paradigma. En 2009, se votó la Ley 26.485 para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En 2017, el Consejo se jerarquizó y se conformó como Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). En 2019, se lanzó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Milei no solo quitó el Ministerio. No dejó nada en pie para que las mujeres puedan levantarse después de sufrir violencia. 

Ante este panorama, la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Mónica Macha, convocó una reunión transversal a la que concurrieron más de 200 integrantes de todos los partidos políticos salvo La Libertad Avanza (LLA) de Milei. Entre las participantes hubo integrantes de las áreas de género de los gobiernos de Carlos Menem, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Macha expresó: “Fue una clara demostración de la unidad de todo el arco político en defensa de las políticas de género. Pueden sacarnos la institucionalidad, pero no van a lograr detener la lucha feminista. Necesitamos estar unidas, coordinadas, para defender los derechos y las políticas conseguidas”.

La censura al derecho al aborto en la cumbre del G7 muestra que el efecto del avance de la extrema derecha —en el poder real y simbólico— atenta contra los derechos de las mujeres, incluso cuando el poder es ejercido por una mujer. El resultado de la reunión entre las autodenominadas siete democracias más avanzadas del mundo es que el aborto vuelve a ser tabú. El documento marca un claro retroceso. En la edición del año pasado, en Hiroshima (Japón), se sostenía que había que proteger “el aborto legal y seguro y los cuidados post-aborto”.

La marcha atrás es explícita. Ahora no se puede mencionar al aborto y se escurre un lavado pronunciamiento por “la voluntad de promover la salud y los derechos reproductivos para todos y avanzar en la salud maternal, de los recién nacidos, niños y adolescentes”. La presidencia de la cumbre, a cargo de Giorgia Meloni, fue la que hizo el lobby por el borrado de la palabra aborto a pesar del rechazo de Canadá y Francia. La dama de la política retro (vestida de rosado en las fotos con las visitas) ya había usado, a principios de año, fondos europeos para forzar a las mujeres a ser madres.

“La ofensiva de Giorgia Meloni es un intento de limitar el derecho adquirido de las mujeres a interrumpir un embarazo y es un desafío de la derecha contra la ley 194 que se obtuvo con largas batallas y representa una piedra angular de los derechos de las mujeres en Italia”, señala el escritor Paolo Berizzi, autor del libro Il Ritorno Della Bestia, come questo governo ha risvegliato il peggio dell´'Italia (Rizzoli). En el libro el autor define al gobierno de un fascismo pop o trash, pero no para alivianarlo: la bestia ha vuelto.

“Este derecho garantiza una libertad femenina que a Giorgia Meloni no le gusta. Ya han desfilado junto a exponentes anti abortistas de todo el mudo (de Estados Unidos y de Rusia) que son los que luchan contra los gays, que piensas que las lesbianas son enfermas y las trans aún peor. Son misóginos y machistas y toda esta galaxia se recompuso y vive una nueva primavera con Meloni. En este momento de Italia un derecho civil adquirido por las mujeres empieza a sentir temblar el suelo sobre sus pies”, describe Berizzi que se tiene que mover con escolta por las amenazas fascistas contra su integridad.

Emmanuel Macron criticó el retroceso: “Francia ha incluido el derecho al aborto en la Constitución”, se diferenció, pero los resultados electorales (por el triunfo de Agrupación Nacional, de Marine Le Pen) que lo llevaron a convocar a elecciones legislativas anticipadas –el 30 de junio y el 7 de julio– debilitaron su poder en el pulso. Él perdió incidencia y Meloni coqueteó con el presidente argentino Javier Milei con quien se abrazó más allá del protocolo después de la represión sufrida por manifestantes argentinos. Milei es un embajador de la machosfera y se pronuncia en contra de la “agenda del aborto sangriento”. Además, su ataque directo a Pedro Sánchez, durante un acto con Vox, generó el corte de las relaciones diplomáticas con España.

Meloni no perdió el tiempo en ostentar su ambición de liderar un giro a la derecha mundial. “Melonizar Europa” fue su lema en la campaña electoral. Y no solo Europa: América Latina y Estados Unidos también. Meloni, como si fuera una dulce cuidadora, le marcó para dónde mirar a Joe Biden, de 81 años, en Borgo Egnazia, Apulia, durante una exhibición de paracaidistas que hundió al presidente demócrata ante la prensa al parecer desorientado en las versiones editadas del momento. El gesto, más que guiarlo, le abrió el camino a Donald Trump para la próxima cumbre. 

La Ley 194 fue aprobada en 1978 y garantiza el acceso libre y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo hasta los 90 días. Sin embargo, la norma quedó añeja casi medio siglo —46 años— después de su aprobación y está bloqueada por la cantidad de médicas/os que se declaran objetores de conciencia e impiden la práctica. “La ley es de 1978 y tiene muchas limitaciones producto de las negociaciones de la época. El 65% de los ginecólogos es objetor de conciencia y, en algunas regiones, la cantidad de quienes se niegan a realizar la práctica llega al 80%”, remarca el periodista Leonardo Bianchi.

La primera ministra italiana prometió, como candidata, que no tocaría el derecho al aborto para matizar los miedos a un gobierno de extrema derecha. Pero no cumplió. Meloni promovió que las mujeres sean invadidas en su privacidad, culpabilizadas y atacadas por fundamentalistas antiderechos en las clínicas en las que se practican abortos. Bianchi apunta: “El gobierno de Meloni está haciendo todo lo posible para negar el derecho al aborto. Hay un apoyo ideológico de una manera muy solapada con una enmienda al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) que aseguró una mayor presencia antiabortista en las consultas para obtener un certificado para poder acceder a un aborto”.

El 23 de abril, el Senado italiano, aprobó que los grupos antiderechos actúen en los centros de planificación familiar. La medida es una invitación a culpabilizar a las mujeres en un decreto sobre las medidas financiadas por el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). La letra chica de la norma implica que hay más fondos para hacer sentir mal a las mujeres que no pueden o quieren continuar con un embarazo. En la práctica implica generarles traumas post-aborto, dilatar o impedir las intervenciones.

Culpabilizar a las mujeres

Las mujeres tienen que ir a un centro para conseguir un certificado y ahí pueden toparse con fundamentalistas que las hagan sentir verdugas por tomar sus decisiones o asesinas por no continuar con un embarazo. El peaje demonizador no es novedad. Pero ahora tiene más respaldo estatal y mayores fondos. La escritora italiana Giulia Blasi contextualizó: “No es algo nuevo que los operadores antiabortistas entren en los centros de asesoramiento y en las instalaciones públicas, lo nuevo es que Meloni ha decidido insertar esta norma dentro de la normativa que tiene el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), por lo tanto, con el presupuesto público para ese plan, hay fondos que van a estas asociaciones (supuestamente pro maternidad) que no hacen nada, absolutamente nada, para ayudar a las personas en sus trayectorias de crianza, sino que solo van a los centros de asesoramiento para intimidar a las mujeres que tienen que interrumpir un embarazo”.

¿Si una mujer está embarazada y genuinamente quiere ser madre pero no tiene dinero, acompañamiento familiar o condiciones emocionales para enfrentar un embarazo, parto y puerperio estos grupos dan un apoyo real? No. Blasi desnuda la doble demonización a las mujeres: las culpabilización si abortan y las desamparan si son madres. “No ofrecen ningún apoyo duradero, sólo pequeñas limosnas, pero usualmente se limitan a hacerlas sentir culpables y a intimidarlas para impedir que aborten. Esto no es posible en un país civilizado, y por eso se ha producido, con razón, un levantamiento contra la medida”, explica.

De todas maneras, más allá de las marchas contra la medida, el resultado de las elecciones europeas agigantó las ambiciones del liderazgo antifeminista de Meloni. Ya no tuvo que maquillar de moderadas sus intenciones y llevó a un retroceso en la declaración del G7 que implica, en los hechos, que ante la crisis política de Europa lo primero que se borra son los derechos de las mujeres. “La única familia que concibe es la tradicional”, acentúa Berizzi. Meloni también persigue a las madres lesbianas —sin dejara inscribir a hijos e hijas con dos mamás— porque no apoya a las madres, persigue a las mujeres en sus elecciones —de amor, de sexo, de familia y de proyectos de vida— libres.

“El papel de las mujeres tiene sus raíces: durante el fascismo las mujeres fueron relegadas a papeles marginales, en posiciones minoritarias, con una visión del mundo que gira en torno al hombre y la mujer está limitada y tiene una función social solo porque genera vida y da a luz. Esta es la típica concepción derechista de la mujer”, dice Berizzi. La diferencia es que la extrema derecha actual encuentra voceras antifeministas en mujeres con poder. Incoronata Boccia, subdirectora del TG1, uno de los principales noticieros públicos, sentenció, ante las cámaras: “Estamos confundiendo un delito con un derecho. Se tiene miedo de decir que el aborto es un homicidio. La política tiene miedo de decir que el aborto es un asesinato”. Incluso, arriesgó que el principal problema de la humanidad no es la guerra, sino el aborto. El resultado: ni paz, ni derechos.

“Los llamados cementerios de fetos han existido durante mucho tiempo en Italia. Pero ahora un diputado de Fratelli d´Italia pidió el reconocimiento legal del feto. La ofensiva al derecho al aborto también pasa por los medios de comunicación. En Piemonte el consejo regional asignó 460.000 euros para movimientos anti abortistas (que defienden la vida 'no nacida'). Mientras que en en el Hospital Santa Ana, de Turín, crearon la llamada 'habitación de la vida', en convenio con la Federación del Movimiento por la Vida, para presionar a las embarazadas a que no aborten. También se proponen medidas similares a las de Hungría para que las mujeres estén obligadas a escuchar los latidos del feto”, describe Bianchi. El silencio del G-7 no es silencio. Hace ruido. Es dejar avanzar la persecución a las mujeres. 

Viajar es llegar a lo desconocido. Viajar a España, desde Argentina, no es viajar. Es descubrir en Valencia el mismo modo de edificar chiringuitos en la playa que en Mar del Plata. Es encontrar en El Rastro una copa que vistió de festividad la infancia. Es recordar en un mercado de Madrid el sabor que las familias convidaban como tarta gallega y confundirlo en una carta con el tartar de atún que no se le parece. Es recordar a Benito, mi abuelo, que bajó del barco con su familia para sobrevivir a la pobreza de Galicia y es ver su apellido, Villanueva, cuando perdes el tren a Huesca. No es viajar. Es reconocer tu nombre es un pueblo. Y, sin embargo, ser una sudaca cada vez que te destratan. 

Encontrada y perdida. Enraizada y expulsada. Abrazada y despreciada. La relación de España y Argentina no se puede escribir en un mapa solo político, solo económico, solo cultural. La migración fija en la memoria y cala en la sangre sensaciones que no tienen embajada, visas o carnet sanitarios que piden las burocracias que ponen fronteras donde no las hubo. No hay tiempo de expulsión para los sabores que marcaron los brindis o para el duelo interminable de las tías que cumplían con chocolate y que las recordas en misa golosa cuando hundís las penas en San Ginés y revivís con amigas bailando a Nathy Peluso. “Hay que aprender a amarse, perras”, cuelga un cartel. Y todas entendemos lo que nos quiere decir. Pero hay algo mas que dice Nathy: “Todos queremos la revolución pero quién le dedica un momento?”.

Las mujeres le dedicamos un momento, un momentazo a la revolución, y la hicimos. En la escala de las revoluciones actuales, radical, masiva, mundial, popular, pero vertiginosa y frágil. Lo mejor: la hicimos juntas. En España se aprobó, en el 2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género. El expresidente José Luis Zapatero dijo que el combate a la violencia machista tenía que ser una prioridad en su agenda. “Queremos que la lucha contra la violencia de género, que se ha convertido en una de las prioridades de España, sea una de nuestras señas de identidad”, expresó el 15 de junio del 2009. En marzo de ese año el Congreso argentino aprobó la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. La exdiputada Marita Perceval promovió la iniciativa. Sus asesoras se inspiraron, en gran parte, en la ley española. Esa misma ley incluye, ahora, la violencia digital que afecta, a periodistas y mujeres públicas y la violencia política que atacó, particularmente, a mujeres como Irene Montero, Ada Colau, Yolanda Díaz y que también impacta a Pedro Sánchez en lo personal y, como él asumió, por estar “profundamente enamorado” de su esposa Begoña Gómez. El amor no es otro capítulo. Justamente la violencia de género vino a interpelar sobre las formas en que nos contaban el amor: las mujeres no tenían que aguantar maltratos en nombre del amor y los hombres podían nombrar el amor y, también, si una forma de lastimarlos a ellos se perpetraba a través del daño de las mujeres que ellos quieren, igual que en las violaciones masivas en la ex Yugoslavia o en Colombia. 

Irene Montero y José Luis Rodríguez Zapatero se dieron la mano después de firmar para lograr el tratamiento de la Iniciativa Ciudadana Europea para blindar el derecho al aborto en la Unión Europea, en el marco de la campaña “Mi Voz, Mi Decisión”, en las jornadas “La extrema derecha global contra las mujeres”, realizadas el 8 de mayo, en el Centro Cultural La Corrala, de la Universidad Autónoma de Madrid. Sostener la mano en agendas comunes es un gesto. La extrema derecha no sostiene ni gestos, ni diplomacias, ni protocolos, ni estados de derecho. Por ahora tienen el gesto de lograr llegar al poder a través de elecciones. Y ya tres veces, cuando pierden, no respetan el resultado electoral, como lo demuestra la toma del Capitolio después de la derrota de Donald Trump, en Estados Unidos; la retención del mando como con una jugarreta judicial de Alejandro Giammatteia para impedir la presidencia de Bernardo Arévalo en Guatemala y el intento de golpe de Jair Bolsonaro a Luiz Inácio “Lula” Da Silva que se procesa actualmente en un juicio en Brasil. La extrema derecha no tiene límite si no se le pone límite. 

En visita no oficial a España, en el acto “Viva Europa 24”, convocado por Vox, en el Palacio de Vistalegre, en pos de las elecciones europeas del 9 de junio, el presidente argentino Javier Milei tildó de “corrupta” a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Una vez desatada la crisis diplomática, Milei declaró: “El cobarde de Sánchez se metió debajo de la pollera de las mujeres y me mandó a hacer agredir por las mujeres (…) Están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino”. No hace falta acusarlo. En Argentina hay récord de femicidios, según La Casa del Encuentro y el presupuesto para atender la violencia de género bajó un 65%, según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). No es personal, sus políticas son misóginas. 

España retiró a la Embajadora María Jesús Alonso de la sede de la Embajada en Buenos Aires. A pesar que, en cualquier otro gobierno, generar la ruptura diplomática con España hubiera tenido un costo político altísimo por dejar a la Argentina aislada del mundo, el líder de la extrema derecha festejó -como si se tratara de una realidad realmente virtual- que le hizo “match point” a “Pedrito”, a quien trato en un evidente diminutivo, en una pelea de señores que se creen más que los otros a los que minimizan e infantilizan y llevan a un estereotipo de ridiculización. Pero, aún en la añeja medición de fuerzas, según los valores neoliberales, siempre los más fuertes económicamente van a ser los ganadores y ese no es el presidente de un país más endeudado, más pobre y con menor poder en el reparto mundial. 

“Ya lo tengo match point a Pedrito Sánchez”, se burló el 21 de mayo a la noche en el aniversario del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). “Es una máquina de cometer errores no forzados Sánchez, está haciendo un papelón internacional”, reforzó ante los micrófonos. Además, tuiteó que tiene planeado volver a España el 21 de junio y provocó, como un deporte sin riesgo: “Veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona”.

Pero la pelea no es por proteger a Argentina, sino, al contrario, para regalarla. Es más chavista que el ex presidente venezolano (Hugo) Chávez a cambio de nada. Aunque, esta vez, el Rey no le diga: “¿Por qué no te callas?”. No es una pelea por defender -mal o bien- los intereses nacionales o regionales, sino que más que presidente es un embajador mundial de la extrema derecha. Y para ese puesto ya no se necesita diplomacia ni embajadas. “Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial”, se autoelogia Milei. Y se inflama de un ego robado al Joker de Jack Nicholson “Yo estoy en otra liga”. Si Ronald Reagan había sido payaso y después fue presidente, Milei fue, es y será payaso -esa estrategia no sorprende pero tiene efecto en la era de la política polvorizada al circo- pero no es solo un mandatario (de un poder político que ya no manda), es un embajador del fascismo trashnacional con sede en X. 

Es más común que un mozo o un taxista conozca a Milei en España a que un mozo o un taxista conozcan a Sánchez en Argentina. La batalla cultural no coloca presidentes, financia embajadores. Por eso, España hizo bien en quitar a su representante de un país con un gobierno que no respeta reglas internacionales, pero es la diplomacia feminista de la Unión Europea quien tiene que tomar la palabra. No se puede dejar en una disputa de varones los derechos de las mujeres. Aunque sea con una mujer de por medio- como ya pasó, en el 2019, con Emmanuel Macron y Jair Bolsonaro, cuando el expresidente brasileño se burló de la primera dama francesa por su edad - aunque con un comentario en Facebook que queda chico al lado de la bravuconada de Milei en vivo y de visitante. 

No importa quién tiene la embajada más chica o grande, no es cuestión de ver a hombres midiéndose y llegando cada vez más lejos, sino de que se defiendan -de verdad- los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Las extremas derechas son una multinacional del odio. Saben que las que pusimos el cuerpo, el tiempo, el trabajo para gestar esas revoluciones que laten mostrando que todavía el futuro de nuestras hijas puede ser mejor al pasado de nuestras abuelas somos las mujeres. Un país con crisis económica y falta de soberanía -por el dictado del Fondo Monetario Internacional, el Club de París y otros acreedores fruto de la desigualdad entre países centrales y periféricos- no alcanza para contrarrestar a la internacional reaccionaria. No podemos solas. Pero ahora sí estamos solas. 

Necesitamos que los organismos internacionales pongan un límite a Milei y garanticen la libertad de expresión feminista, que se proteja a las que están perseguidas por hablar, por defenderse o por no dejar que el país se regale sin -ni siquiera- espejitos de colores, solo por el espejo de un ególatra que entrega a empresarios que quieren una postal all inclusive masculina del mundo, un país de avanzada como viaje de vuelta a la Inquisición. Ese viaje no tiene nada para descubrir porque es una postal ya gastada. No es solo por una mujer. Es por todas. La historia nos muestra que sí vale la pena. Y que hay que hacer puentes para que no pase el momento de las revoluciones. 

Andrea Dip no solo habla sobre la ultraderecha. Escucha a la ultraderecha. En 2018, esta periodista de investigación publicó el libro ¿En nombre de quién? La bancada evangélica y su proyecto de poder y codirigió el documental Bajo amenaza constante sobre cómo la violencia de género afecta la forma en que las mujeres ocupan las calles de la ciudad brasileña de Sao Paulo. Actualmente vive en Berlín y forma parte del Grupo Internacional de Investigación sobre Autoritarismo y Contraestrategias (IRGAC, por sus siglas en inglés) de la Fundación Rosa Luxemburgo. Además, es investigadora invitada en el Instituto de América Latina, de la Freie Universität, y presenta el pódcast Pauta Pública para la Agencia Pública de Periodismo Investigativo en Brasil.

Dip participó de las jornadas 'La extrema derecha global contra las mujeres' el pasado 8 de mayo, en el Centro Cultural La Corrala, de la Universidad Autónoma de Madrid, en una mesa junto al periodista Miquel Ramos y la abogada Nora Rodríguez. El encuentro estuvo organizado por la campaña 'Mi voz, mi decisión' que está recogiendo firmas en España con el objetivo de presentar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para blindar el derecho al aborto seguro, gratuito y accesible. La intención es que el caudal de apoyos –en un trabajo conjunto con Polonia, Francia, Austria, Eslovenia, Croacia, Irlanda, Finlandia y Portugal– se consolide antes de las elecciones europeas del próximo junio para contrarrestar un potencial avance de sectores regresivos en materia de derechos sexuales.

¿Por qué la extrema derecha ataca el derecho al aborto?

La extrema derecha, especialmente la vinculada al ultraconservadurismo y al cristianismo (primero el catolicismo y luego los evangélicos), ha condenado históricamente el aborto, desde el mantenimiento de las familias numerosas heteronormativas y la propiedad de la tierra hasta la idea de que el cuerpo de la mujer es propiedad del patriarcado y el control de ese cuerpo (mantener o no un embarazo) no puede ser una decisión de la mujer. En 2024, el aborto sigue siendo un tema que arrastra ese tabú. Está en el centro de la discusión política de la extrema derecha en todo el mundo. Solo hace falta ver los proyectos políticos de gobiernos autoritarios o las propuestas de ley de congresistas ultraconservadores. En Brasil, por ejemplo, en 2023 hubo 92 proyectos de ley para restringir aún más el aborto, de los cuales el 80,43% fueron presentados por diputados hombres.

¿Qué pasa con el Gobierno de Javier Milei, en Argentina, que viene próximamente a España invitado por Vox, y el ejemplo de Viktor Orbán en Hungría?

El partido de Milei en Argentina (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de derogación, aunque ahora se haya retractado de su discurso y declarado que no prometió acabar con el aborto. Viktor Orbán implantó una medida para que las mujeres escuchen el latido del corazón del feto antes de abortar. Esto podría considerarse tortura psicológica. O las tentativas de retroceso en los Estados Unidos.

En nombre de Dios, los políticos de extrema derecha de todo el mundo han legislado sobre el cuerpo de las mujeres en defensa de la idea de vida, que no es la vida de las mujeres, por supuesto. Pero así ganan corazones y mentes y generan pánico moral en la población. ¿Quién va a decir que está “contra la vida”? Es una forma muy eficaz de aplanar un tema sensible y complejo para gran parte de la sociedad. 

El aborto está en el centro de la discusión política de la extrema derecha en todo el mundo

En algunos países donde el derecho al aborto está legislado algunos sectores de izquierda piensan que ya es un derecho ganado. ¿Corre peligro?

Los congresos de extrema derecha que se celebran casi mensualmente en todo el mundo, y que reúnen a políticos, legisladores y líderes de opinión todos los temas –fronteras, inmigración, territorio, cultura, valores nacionalistas, economía– , incluyen la defensa de la familia heteronormativa y la defensa de la vida que se traduce en la lucha contra el aborto.

¿Cuáles son las formas de financiación de los grupos antiderechos?

No es muy fácil determinar cómo se financian los grupos y partidos antiderechos porque son muchos y están por todo el mundo. Pero, según un estudio realizado por Neil Datta, del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, entre 2009 y 2018, gastaron más de 700 millones de dólares en organizaciones y acciones anti-LGTBIQ y contra los derechos reproductivos en Europa.

Según Neil, una fuente es la derecha cristiana estadounidense y otra es Rusia, con dinero procedente de oligarcas ideológicamente motivados, así como de dark money y agencias estatales que promueven ideas nacionalistas, astroturfing (el término informal para campañas o mensajes que parecen estar ocurriendo de forma natural, pero que en realidad están siendo definidos por una empresa), las élites económicas y los aristócratas europeos. También hay aportaciones de familias ricas de Alemania, Austria y otros países y muchas de estas organizaciones reciben dinero del Estado a través de programas para jóvenes o asesoramiento para embarazadas. Y algunas han desarrollado partidos políticos con apoyo del Estado. Y, por supuesto, también hay financiación de redes religiosas.

¿Por qué las mujeres de extrema derecha pueden ser más violentas en discursos que perjudican a la mayoría de las mujeres?

Es algo muy triste de ver, pero a menudo las mujeres ultraconservadoras, religiosas y de extrema derecha son aún más violentas en sus discursos antifeministas. Tal vez para demostrar que merecen su lugar en esa competición que se promueve entre mujeres buenas y mujeres malas, entre mujeres dignas de ser protegidas y salvadas y mujeres indignas –feministas, lesbianas, trans– que necesitan ser violentadas para ser sometidas y corregidas. Tienen la idea de que son superiores porque han sido aceptadas por el patriarcado. 

No es muy fácil determinar cómo se financian los grupos y partidos antiderechos porque son muchos y están por todo el mundo

¿Qué pudo comprender en su inmersión en los grupos de entrenamiento a jóvenes de extrema derecha?

En los cursos de formación política para jóvenes ofrecidos por organizaciones ultraconservadoras en Europa y Estados Unidos, cada vez más frecuentes y cada vez más largos y completos, van adolescentes y jóvenes, de entre 16 y 21 años, que reciben formación política y tienen contacto directo con políticos de extrema derecha. Se trata de un fenómeno creciente. Durante los congresos, estos jóvenes lanzan manifiestos conservadores, promueven campañas contra el aborto y discursos violentos contra la comunidad LGTBQI+ y, especialmente, contra las personas trans. 

¿Ser conservador está de moda entre los jóvenes?

Cuando entrevisté a un dirigente de una importante organización conservadora católica europea me dijo: “Hoy ser conservador de derechas es ser rebelde, estar en contra del statu quo, ser políticamente incorrecto, ser subversivo”. Hay investigadores que estudian este fenómeno como el libro ¿La rebeldía se volvió de derecha?, del argentino Pablo Stefanoni. Algunos filósofos incluso plantean la provocadora cuestión de que, frente a la ofensiva de la extrema derecha, la izquierda se ha vuelto conservadora en el sentido de tener que conservar la democracia en todo momento, mientras que la derecha imita muchas de las tácticas de la izquierda. A este caldero se suma la forma en que circula la información y las vidas en las redes sociales y cómo la derecha ofrece certezas absolutas, rápidas, ruidosas y conspirativas sobre el mundo frente a las crisis climática, económica y sanitaria.

¿Por qué los derechos de las mujeres son los que se entregan primero aún en gobiernos que no son de derecha?

Esa es una pregunta que me hago todos los días. A menudo se nos acusa a las feministas de desviar las agendas que realmente importan, o cuando, en un país, algún grupo político conservador vota una ley que hace retroceder algún derecho se dice que es una cortina de humo. Y no lo es. Porque de eso dependen nuestras vidas.

La extrema derecha genera pánico, violencia y mueve las emociones. Al mismo tiempo, nuestros derechos son siempre muy fácilmente negociables por los políticos. En Brasil, los gobiernos de izquierda siempre se comprometieron a no despenalizar el aborto a cambio del apoyo de la clase religiosa, que es una importante parte de la población. Simone de Beauvoir decía que basta una crisis política, económica o religiosa para que se cuestionen los derechos de la mujer. Y sumo de las personas LGBTQ+ y de los cuerpos disidentes.

Nuestros derechos son siempre muy fácilmente negociables por los políticos

¿Qué pasa con la misoginia de izquierda?

Los derechos reproductivos son centrales para la extrema derecha, pero se ven como algo no importante para la política institucional de la izquierda. La filósofa polaca Ewa Majewska dice que no se puede ser antifascista sin ser feminista. ¿Cómo hacer entender a los gobiernos y hasta a nuestros compañeros que no hay lucha antifascista, antirracista, por la emergencia climática o la lucha de clases que no esté atravesada por la lucha feminista? Para derrotar el avance del autoritarismo que nos amenaza en Europa, y en todo el mundo, necesitamos ser fuertes, trabajar en red, estar organizados y estar juntos.

El derecho al aborto es un tema central en la agenda mundial. Dime si entorpeces, dificultas y obstaculizas el aborto y te diré quién eres; dime si luchas para que las mujeres no tengan obstáculos a la hora de decidir si ser madres o no serlo y te diré quién quieres ser. Mientras que en Italia Giorgia Meloni ha habilitado que los sectores antiabortistas puedan entrar a las clínicas y culpabilizar a las mujeres, jóvenes o niñas que deciden abortar, en Ecuador ha pasado más de un mes desde la presentación judicial para despenalizar el aborto por parte del movimiento Justa Libertad ante la Corte Constitucional.

La estrategia es lograr que el aborto sea legal a través de un fallo judicial, igual que ya lo hicieron en Colombia. En este país, en febrero de 2022, se despenalizó el aborto hasta la semana 24, a partir de una demanda del movimiento Causa Justa. Ahora, en Ecuador, el objetivo es que se declare la inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que prevé condenas de entre seis meses y dos años de cárcel para las mujeres que aborten o permitan que otra persona les realice un aborto; y de entre uno y tres años, para las personas que las ayuden.

En 2021, la Corte Constitucional ecuatoriana permitió que las víctimas de violación pudieran acceder al aborto y que ese supuesto no sea considerado un delito. Pero el movimiento Justa Libertad ya no quiere sólo permisos parciales, sino la libertad de decidir. 

Estrategias para lograr el acceso al aborto

La demanda de Ecuador no es sólo un hito de un país latinoamericano con acceso al aborto en algunos supuestos –esto es, no está permitido, pero no está totalmente prohibido–, sino una de las formas de lograr la legalización a través de la Justicia.

Las estrategias para lograr el acceso al aborto son diferentes según cada realidad política, territorial y legislativa, pero también constituyen herramientas –como el litigio estratégico– que pueden utilizarse en otros países, incluso, que fueron pioneros, pero que cuentan con legislaciones aprobadas hace muchos años y hoy en día cuentan con legislaciones vetustas que permiten avances de grupos anti derechos (un ejemplo es Italia, que legalizó el aborto en 1978 mediante la Ley 194).

Las estrategias para lograr el acceso al aborto son diferentes según cada realidad política, territorial y legislativa, pero también constituyen herramientas que pueden utilizarse en otros países

En ese sentido, la campaña 'Mi voz, mi decisión', una Iniciativa ciudadana europea, ha empezado la recolección de firmas el 24 de abril para blindar el derecho al aborto seguro, gratuito y accesible en toda la Unión Europea. “Nos preocupa el acceso a un servicio esencial de parte de las migrantes de Ecuador y de toda Latinoamérica que todos los días llegan a Europa”, explica la portavoz de Justa Libertad, Ana Cristina Vera Sánchez, abogada, socióloga y coordinadora de litigio estratégico del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos (Surkuna), en Ecuador.

La letrada respalda la iniciativa europea y recalca que el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no debe tener fronteras humanas, ni legales. Pero no se trata sólo del acceso para migrantes, sino de las ciudadanas de países europeos que limitan, regulan, restringen, dilatan, obstaculizan o culpabilizan la práctica del aborto.

“Nos preocupa el acceso al aborto de las mujeres de Polonia y de Malta, que debe garantizarse para todas las mujeres y personas gestantes en cualquier territorio. Europa puede ser un continente más justo si avanza la iniciativa 'Mi voz, mi decisión' y garantiza el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a todas las personas gestantes que lo necesiten”, afirma Vera Sánchez.

El movimiento feminista ecuatoriano

En Ecuador, el movimiento nacional Justa Libertad está impulsado por ocho organizaciones sociales de derechos humanos (Surkuna, Las Comadres, Alianza de Derechos Humanos, Amazon Frontlines, Bolena, CEPAM Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas) que buscan eliminar el artículo 149 del COIP, que establece el delito de aborto. En la última década, fueron criminalizadas casi 500 personas por ese delito, según el registro de la Fiscalía General del Estado de 2023.

En un mundo donde el consumo de drogas y la narcocriminalidad crece, la condena a las mujeres que abortan redobla los riesgos a que caigan en manos del crimen organizado. Lina María Espinosa, defensora de derechos humanos e integrante del movimiento Justa Libertad enfatiza: “Ya el supuesto de violación no resulta suficiente. Las mujeres, las adolescentes y las niñas que acceden a un aborto por otros supuestos siguen siendo estigmatizadas y condenadas a la cárcel. Y en un país donde las cárceles y el sistema penitenciario están tomados por el crimen organizado, enviar a una mujer a la cárcel por abortar no es sólo privarla de su libertad, sino condenarla a morir”. 

Por un lado, Ecuador enfrenta desafíos de desigualdad estructural, crisis económica y crecimiento del narcopoder que son mucho más pronunciados en los países periféricos. Pero las estrategias de resistencia del movimiento feminista son de vanguardia y pueden resultar modelos de aprendizaje para los desafíos que presenta el avance de las extremas derechas.

Por ejemplo, si una mujer o joven es acosada en una clínica para que no aborte, se podría presentar una demanda con bases jurídicas similares a la del derecho a la intimidad en Ecuador, más allá de la letra pequeña de la ley italiana, que ya tiene casi medio siglo (en concreto, 46 años) y utilizar los avances jurídicos, narrativos y políticos del movimiento feminista latinoamericano. 

Por ejemplo, en la presentación judicial de Ecuador se enfatiza el derecho a la protección de datos personales y la confidencialidad de la información cuando se accede a un servicio de salud. ¿Y si en Italia se genera un litigio estratégico con las mismas bases que las de Ecuador? La base, además, que también puede extrapolarse a otras latitudes, es proteger a las mujeres; pero también a las médicas, médicos, anestesistas, clínicas o personal administrativo y de salud que garantizan el aborto y que corren el riesgo –con el permiso de Meloni– de ser estigmatizados e invadidos en su privacidad, y de sufrir consecuencias por garantizar un derecho.

Los derechos deben ser igualitarios, pero los necesitan sobre todo las más vulnerables. El aborto afecta particularmente a las más pobres ya que las mujeres de bajos ingresos muestran más probabilidades de ser procesadas por abortar, incluso en el caso de un embarazo deseado (aborto espontáneo) o si tienen que ser atendidas después de la interrupción del embarazo, según datos de Human Rights Watch de 2021. Además, el impacto en la salud es muy marcado, ya que cada 24 horas 54 niñas, adolescentes y mujeres son hospitalizadas por causas relacionadas con abortos, según datos del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, del año 2022.  

“No se nos puede seguir condenando a maternidades forzadas”

“Esperamos que la Corte cumpla con su obligación”, enfatiza Espinosa y remarca una petición a la Corte: “Que tramite esta causa de manera prioritaria para que se protejan los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con posibilidad de gestar que deciden acceder al aborto, para que no sigan siendo condenadas a terminar en una cárcel o perder la vida por acceder a abortos inseguros”. “Y que finalmente el Estado regule el derecho al aborto como un servicio esencial de salud. No se nos puede seguir condenando a maternidades forzadas y a morir por ejercer autonomía. La Corte debe estar a la altura del momento histórico y de la posibilidad de proteger y garantizar la vida y los derechos de las mujeres”, añade.

En ese mismo sentido, Ana Vera subraya: “Esperamos que la Corte pueda admitir la causa lo más pronto posible y tener una sentencia en marzo de 2025. El delito del aborto tiene que eliminarse. La Corte Constitucional ya sentó un precedente con la demanda de aborto por violación en la que dijo que era un delito ineficaz, que no era necesario y que ponía en riesgo gravemente los derechos de las mujeres y personas gestantes. Por eso, ahora esperamos que la Corte mantenga el mismo razonamiento y elimine el delito de aborto del Código Penal”.  

La demanda de Ecuador no es una estrategia solitaria. Las venas abiertas de América Latina siguen vivas, pero ahora son verdes

La demanda de Ecuador no es una estrategia solitaria. Las venas abiertas de América Latina siguen vivas, pero ahora son verdes. “Latinoamérica tiene una característica y es que estamos muy conectadas. Actuamos mucho en redes. Y aprendemos las unas de las otras. Y lo que hacemos es tomar en cuenta la experiencia de las compañeras y pensar cómo esta experiencia sería adecuada para nuestro país, entendiendo que no se puede copiar”.

“Un primer gran hito para el movimiento latinoamericano feminista es 'Ni Una Menos', que se da en Argentina, con esas movilizaciones gigantes, que luego se replican en todos nuestros países. En Ecuador fue 'Vivas Nos Queremos', en 2016, nunca en mi vida había visto una marcha tan grande, pero, en ese momento, llenamos las calles. Hemos aprendido muchísimo de las compañeras de Argentina, de Colombia, de México y de Centroamérica, que lleva una lucha brutal en un contexto adverso”.

Ella también explica porque el pañuelo verde se convirtió en un símbolo mundial: “La marea verde argentina fue un fenómeno fundamental para Latinoamérica. Todas adoptamos el pañuelo, lo asumimos como nuestro, generamos nuestros propios pañuelos. Ahora es un símbolo de lucha. La marea verde fue central para que todas tuviéramos un símbolo que nos unifique (el pañuelo) y el color verde como esperanza, como cambio y como transformación”.

Ataque sin precedentes a una militante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. H.I.J.O.S es la agrupación de hijas e hijos de desaparecidos, detenidos, presas políticas o exiliados de Argentina. La joven –que pidió no ser identificada por las amenazas de muerte– fue golpeada, abusada sexualmente y amedrentada por las actividades como activista de derechos humanos el 5 de marzo, 3 días antes de la convocatoria a la marcha del 8M, según se ha conocido este jueves. 

La activista entró a su casa y se encontró con dos hombres armados adentro de su departamento. Le ataron los pies y las manos con alambre y le dijeron: “No hables nunca más, mirá lo que te pasa por hablar.” Después le taparon la boca y abusaron sexualmente de ella. “Ahora nos vamos a ir, si vos gritás vamos a volver y te vamos a meter un tiro”, le advirtieron antes de irse. “No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para eso”, le dijeron expresamente cuando ella dijo que no tenía dinero. Lo único que se llevaron fueron archivos de investigaciones por violaciones a los derechos humanos. La red H.I.J.O.S., que tiene sedes en Barcelona y París, denunció un “atentado contra la vida” de una de sus integrantes y responsabilizó al gobierno argentino.

El 24 de marzo se cumple el 48° aniversario del golpe de Estado de 1976 que se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983. El domingo, Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia; desde las 12, se convoca a una marcha frente a la Casa Rosada. “Esperamos que la justicia avance, se de con el esclarecimiento, y que los responsables paguen por sus actos”, respondió el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando una periodista le consultó sobre el atentado. 

En Argentina se conocía como “mano de obra barata” a los ex integrantes de fuerzas de seguridad que habían trabajo para la dictadura militar como torturadores, servicios de inteligencia, militares o policías y que seguían ejerciendo espionaje o intimidaciones en democracia. Los vecinos de la víctima relataron que en los días previos al ataque diferentes personas preguntaron por ella en las cercanías a su casa. La organización H.I.J.O.S. emitió un comunicado en donde sostuvo que se trató de un ataque político motivado por la militancia en derechos humanos y feminista. “Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incita a la violencia contra quienes militamos por los derechos humanos”, advirtió el pronunciamiento de H.I.J.O.S.

La periodista Miriam Lewin, sobreviviente del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), reconvertido en museo de la memoria y autora del libro Putas y guerrilleras (crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención. Las historias silenciadas. Una guerra sin fin), de Editorial Planeta, junto a Olga Wornat, apunta: “El ataque a la integrante de H.I.J.O.S. nos retrotrae a las peores épocas de la Argentina, a las del terror, en un contexto en el que se habilita desde el poder la violencia contra quien piensa distinto y, especialmente, contra las mujeres”. 

“Se ha ejercido violencia sexual como una herramienta de disciplinamiento. Le dijeron ”no hables más“ porque esto es lo les haremos a las que se atrevan a disentir, a reclamar, a seguir luchando por las políticas de memoria, verdad y justicia. Los feminismos, con el ambientalismo, fueron acusados lisa y llanamente, de ser una herramienta del comunismo, una categoría anacrónica”, contextualiza Lewin, que sobrevivió a la violencia física y sexual y se convirtió en una periodista emblemática. Ella advierte: “Ahora se presenta un escenario preocupante en el que la violencia, que venía circulando en lo digital, se expresa en el mundo real”. 

“Este gobierno promueve y ampara la violencia y su plan suscribe la lógica dictatorial, tanto en su plan de miseria y saqueo económico como en la represión que se vuelve necesaria para hambrear a la mayoría del pueblo”, denuncia la periodista Marta Dillon, editora del suplemento feminista “Las/12”, activista lesbiana transfeminista y autora del libro “Aparecida”, de Sudamericana, sobre la desaparición de su madre (Marta Taboada) y la búsqueda de su cuerpo. Ella resalta: “Es gravísimo el ataque a nuestra compañera, es más grave todavía que este gobierno fascista mire para otro lado”. 

La posición del Gobierno argentino, por primera vez, desde hace cuatro décadas, es cercana al negacionismo o a la impunidad sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Argentina es un país modelo en el juzgamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos. El juicio a las juntas militares se pudo ver en la película “Argentina 1985”, que ganó el premio Goya a la mejor película iberoamericana, en el 2023. Además hay 301 sentencias por crímenes de lesa humanidad cometidas durante la dictadura militar; hay 1.136 personas condenadas y 696 detenidas (573 con arresto domiciliario porque la mayoría de los militares tienen más de 70 años) y, aproximadamente, 73 causas elevadas a juicio y 273 en instrucción, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Sin embargo, el gobierno de Javier Milei y Victoria Villaruel da señales de impunidad. El ministro de Defensa, Luis Petri sonrió en una foto, en el Círculo Militar, junto a Cecilia Pando, una militante que defiende a los presos por genocidio y busca la liberación de los militares condenados por delitos de lesa humanidad y un grupo de esposas de condenados por torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas, en campos de concentración. Pando le reclama al gobierno que libere a represores a si pretende utilizar a las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico o amedrentar la protesta social. Los organismos de derechos humanos creen que la actual gestión rompe con el pacto democrático que existía, hasta este gobierno, en Argentina.

“El gobierno elige negar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar”, enmarca Dillon. Ella es hija de una desaparecida y una de las pioneras de “Ni Una Menos”, recorrió las calles para marchar en contra de los femicidios y la liberación de genocidas. Los juicios en España, Francia e Italia fueron claves en la lucha contra la impunidad de los militares que asesinaron a ciudadanos/as de la Unión Europea durante la dictadura argentina. Dillon hace un llamado a despertar las alarmas globales: “Necesitamos el compromiso de la comunidad internacional para evitar que el fascismo se instale a costa de represión y disciplinamiento mediante el miedo. La vida está en riesgo y no es ninguna metáfora”. 

En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aprobó un repudio al ataque a la integrante de H.I.J.O.S. propiciado por Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y legisladora del Frente de Izquierda y Trabajadores (FIT). Sin embargo, el bloque de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Javier Milei, no adhirió al repudio. “Los autores materiales del hecho pintaron en la pared de la integrante de H.I.J.O.S la sigla ”Viva la libertad Carajo“. Los que militamos toda nuestra vida en derechos humanos sabemos lo que significan las amenazas, pero este hecho se da en un contexto que desde el máximo poder del estado se reivindica la dictadura militar y los ataques actuales diciendo a viva voz ”zurdos van a correr“. Por eso, exigimos el inmediato esclarecimiento de este atentado”, destaca Barry. 

La periodista Ailín Bullentini, que cubre juicios de lesa humanidad y es la autora del newsletter “Ahora y siempre” en el diario “Página/12” resalta: “Venimos viendo el avance de un ataque sistemático contra organismos de derechos humanos, la destrucción de baldosas por la memoria, amenazas contra pañuelos blancos (símbolo de las Madres de Plaza de Mayo) pintados en las veredas o plazas que está emparentado con el avance de La Libertad Avanza abiertamente negacionista y reivindicador de los crímenes de la dictadura. Pero este episodio enciende todas las alarmas y tiene los condimentos del plan sistemático de la dictadura militar. No es casual que haya sido una mujer la víctima elegida. El gobierno habilita la violencia y la crueldad y no repudió este ataque. Por eso, la marcha del 24 de marzo, con una convocatoria que suma a los sindicatos, va a ser una respuesta social al miedo”. 

“Hay señales muy preocupantes en esta escalada de violencia”, alerta la escritora Mariana Eva Pérez, hija de desaparecidos, querellante en juicios de lesa humanidad, becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y autora del libro “Diario de una princesa montonera” y creadora de “Antivisita. Formas de entrar y salir en la ESMA”. “No hay sorpresa y eso hiela la sangre: que lo ves venir”, subraya. Y cuestiona: “Los que tienen las responsabilidad política de dar explicaciones y de impedir que esto pase son los partidos políticos que se dicen democráticos y que están acompañando a Milei y Villarruel y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos deben una explicación a todo el pueblo argentino de por qué no están defendiendo la democracia”. 

Liberté, égalité et fraternité. Pero, en épocas en donde la libertad es una palabra puesta a prueba, la libertad de las mujeres quedó garantizada en la Constitución de Francia. El aborto legal, seguro y gratuito fue integrado a la carta magna, en el artículo 34, por una abrumadora mayoría: 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones. Pero, además, con una emoción que traspasó los muros legislativos e hizo eco en la manifestación que flameaban las banderas de la Alliance des Femmes pour la Démocratie y encarnaba nuevas luchas (y métodos de lucha) en la piel desnuda de las Femen que enfrentaban a la policía cuerpo —y lo de cuerpo es literal— a cuerpo. 

El festejo como un triunfo de la incorporación del aborto como un derecho constitucional —y, por lo tanto, imperecedero, fuera de debates electorales, de campañas de marketing, de crisis económicas, de revanchas machistas o de avances conservadores— tuvo la épica que la política ya no tiene y que mantienen las cantantes de pop y los partidos de fútbol. La demostración de una victoria. La sonrisa que esbozaba Yaël Braun-Pivet, presidenta de la Asamblea Nacional francesa, cuando anunció el resultado de la votación, en principio, con una alegría contenida, apenas una mueca, después con los labios extendidos que ya no podía esconder y, finalmente, como directora de una orquesta que interpretaba un aplauso fervoroso, de pie, con las mujeres erguidas, con los varones que acompañaban respetuosos, con un orgullo vibrante, por lo que la política —todavía— puede ser: deseo, vida, impulso. 

Ese aplauso de pie, largo, contundente, ese final de película que termina bien y que, por fin, genera la felicidad que se necesita para creer que el cuerpo no es campo de disputa, sino un lugar ganado en cada célula, en cada orgasmo, en cada lágrima y en cada paso de una lucha colectiva. La victoria, no casualmente, aprobada, antes de los Juegos Olímpicos —que se van a celebrar en París, del 26 de julio al 11 de agosto—, en el que la mascota Phryges (roja, alegre, curva) se compara con la forma de clítoris, donde el cuerpo femenino puede sentir placer no productivo: no para gestar, sino para disfrutar. Por eso, no es solo una ley que llega a la Constitución. Es un paso que transforma a la política, la cultura, la calle y el deporte en una cancha en donde solo se puede avanzar, pero no mirar atrás. Y mirando hacia adelante, el presidente francés, Emmanuel Macron, abogó este viernes por incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

En la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con jerarquía constitucional, varias diputadas (como Mathilde Panot vestida íntegramente de verde y con el pañuelo en su muñeca en homenaje a las feministas argentinas) —y muchas más manifestantes— asistieron con el símbolo emblemático de la marea verde de América Latina. El icono tiene origen en Argentina, en donde se toma el modelo del pañuelo, de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (que se reconocían para buscar a sus hijos e hijas secuestrados durante la dictadura militar de 1976 a 1983) con un pañal (de tela) blanca en la cabeza. En el Encuentro de Mujeres de Rosario, del 2003, se elige un pañuelo verde como símbolo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La marea verde latinoamericana lo tomó como un símbolo —el mayor ícono político mundial del Siglo XXI— y se usa para pedir justicia para Beatriz (fallecida en El Salvador), para festejar la despenalización del aborto por la tarea de Causa Justa, en Colombia y para protestar por el fallo que dio marcha atrás al acceso al aborto en Estados Unidos. 

Lo bueno de las victorias es que lo que parecía un planteamiento inadecuado se convierte en posible. El 4 de marzo se elevó la categoría jurídica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El 5 de marzo, el diputado Manuel Bompard pidió que se revise la cláusula sobre objeción de conciencia que permite a médicos/as negarse a practicar un aborto por motivos morales. También en España, Italia y en América Latina la objeción de conciencia se volvió una fórmula encubierta, que permite que, aunque el aborto legal quede escrito, después no haya profesionales que realicen la práctica en el sistema público de salud y sí existan quienes lo acepten de forma privada. 

“Las paredes limpias no dicen nada”, es una de las consignas emblemáticas del mayo francés. Las mujeres calladas tampoco. Por eso, la memoria revitaliza el presente. En 1968 surgió, en Francia, el Movimiento de Liberación de la Mujer (MLF, por las siglas del Mouvement de libération des femmes). La lucha por la anticoncepción gratuita y el aborto tomaron un sentido masivo, político y militante. Los eslóganes que hicieron historia como “nuestro cuerpo nos pertenece” o “un hijo si quiero, cuando quiero”, los crearon ellas. El 5 de abril de 1971 se publicó en Le Nouvel Observateur el Manifiesto de las 343, en el que 343 mujeres se animaban a decir “Yo aborté”, en un texto histórico y fundacional de la narrativa feminista. En junio de 1973, Editions des Femmes, publicó el folleto “La alternativa: liberar nuestros cuerpos o el aborto libre”. 

En 1975, Simone Veil (fallecida en 2017), ministra de Sanidad del gobierno conservador de Jacques Chirac, en ese momento acosada e insultada por llevar adelante esta norma, defiende —y logra— la despenalización del aborto en el parlamento. El 6 de octubre de 1979, otra manifestación de 50.000 mujeres pidió la renovación de la ley con la exigencia del aborto libre. “Se ha abolido algo de la esclavitud de la mujer, de la esclavitud a la reproducción que existe desde el génesis”, declaró la pionera del MLF Antoinette Fouque. 

La cuarta ola feminista, resurgida con Femen, en Ucrania (en 2008); Ni Una Menos, en Argentina (en 2015); Me Too, en Estados Unidos (2017); Yo te creo Hermana, Cuéntalo y Se Acabó, en España; entre otros movimientos, han renovado y reimpulsado las demandas por más derechos sexuales para las mujeres y los cuerpos gestantes. La declaración de la Alianza de Mujeres para la Democracia —integrado por las pioneras del MLF Sylvina Boissonnas, Catherine Guyot, Élisabeth Nicoli y Christine Villeneuve— subraya: “Consagrar el derecho al aborto en la Constitución es el reconocimiento, al más alto nivel de gobierno, de que se trata efectivamente de una libertad fundamental para las mujeres y es tanto más importante garantizarla cuanto que atravesamos un periodo de contrarrevolución sangrienta y de protesta viril”. 

“En una situación tan regresiva, este registro constituye un momento histórico para desarrollar un movimiento de liberación, democratización y secularización que beneficiará a toda la humanidad; servirá de modelo en Europa y en todo el mundo. El movimiento de las mujeres es, en efecto, el único movimiento de civilización capaz de hacer progresar los derechos y libertades democráticos del mañana”, subraya la Alianza de las Mujeres para la Democracia.

En ese sentido, en la Unión Europea se inició una campaña sin precedentes para garantizar el derecho al aborto. La propuesta ciudadana es equivalente a una iniciativa popular y tiene como meta recoger un millón de firmas para garantizar el aborto libre y gratuito a todas las mujeres. La campaña ya comenzó y la recogida de firmas en España, bajo el lema “Mi voz, mi decisión”, va a empezar a fines de marzo. El impulso de la votación en Francia, la sensación de triunfo de una lucha histórica que reconoce el trabajo de las pioneras y, a su vez, moviliza a las jóvenes; la inclusión a las migrantes y la apuesta a blindar derechos para que no puedan ser erosionados, desfinanciados, recortados, complejizados o derogados en escenarios políticos futuros es un objetivo que reúne voluntades, entusiasmos y mística feminista.

En España el documental “No estás sola”, de Almudena Carracedo y Robert Bahar, sobre el caso de La Manada, la violación a una joven que, en ese momento, tenía 18 años, durante los festejos de San Fermín, en Pamplona, el 7 de julio del 2016, muestra el impacto de la movilización feminista en la transformación del discurso social, mediático y judicial. El film está primero en la lista de las películas más vistas de Netflix en España. El #SeAcabó posterior al triunfo en el Mundial de fútbol femenino y los discursos en los Premios Goya, a raíz de las denuncias de violencia machista en el mundo del cine, muestran un país que no baja los brazos.

En un nuevo 8M se vislumbra una sociedad pujante en la que, aunque avancen discursos anti-derechos, se impone la esperanza. Pero que, a la vez, no quiere dejar al futuro librado al azar en un billete de lotería o a una apuesta que se puede perder, sino que necesita tener respaldo. No puede existir una burbuja de derechos que se pueda romper frente a una ola de backlash o retroceso mundial, ni hipotecar el momento de tener sexo a ver si el neofascismo no se ensaña con restringir la circulación de medicación o esconde la anestesia para producir dolor por crueldad y revancha contra las demandas sexuales femeninas. 

La idea de la campaña, impulsada por Francia, Eslovenia, Irlanda, Polonia, Finlandia, Croacia, Austria y España, es no quedarse en el arco esperando a ver cómo se organiza la defensa para atajar una posible goleada, sino que toma la delantera y decide hacer el juego bonito del fútbol y del feminismo: ir por más, adelantarse al contraataque y juntarse a decidir que el mundo, todavía, puede ser un poco mejor de lo que fue, en vez de escudarse cuando todo parece ya irremediablemente más triste. 

El sábado 2 de marzo se cumplieron ocho años del asesinato de Berta Cáceres, en 2016, en Honduras. El crimen evidencia la organización política, criminal y económica contra una luchadora por los derechos ambientales y de las mujeres. Berta era una lideresa del pueblo Lenca, protectora del río Gualcarque, a la que dispararon para silenciar su lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, en Río Blanco.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) –que Berta presidió– convocó un acto, en La Esperanza, Intibucá, en el octavo aniversario de lo que denominan “la siembra de Berta Cáceres”. Como lema, utilizaron una emblemática frase de la activista asesinada: “¡Quiero que las autoridades entiendan que las exigencias de los pueblos indígenas no son caridad. Estamos pidiendo justicia por nuestros derechos!”. El encuentro dio lugar a un momento de espiritualidad, con una ofrenda en el cementerio donde descansa su cuerpo y un concierto en homenaje a su legado. 

Su familia pide justicia

A ocho años del femicidio, la familia y el COPINH exigen la confirmación de las penas que figuran en el expediente. En noviembre de 2018 la Justicia condenó a siete hombres por el asesinato de la activista. Sin embargo, todavía las sentencias no están ratificadas. Sus hijas Bertha Zúniga Cáceres, Laura Zúniga Cáceres, Olivia Zúnica Cáceres y Salvador Zúniga Cáceres piden justicia. “No podemos permitir que la Justicia se demore más. Exigimos a la Corte Suprema, presidida por la magistrada Rebeca Raquel, que confirme las ocho sentencias ya emitidas”, apunta Salvador.

Bertha Isabel Zúniga Cáceres es la coordinadora del COPINH y en conversación con elDiario.es remarca: “Invitamos a todas las personas del mundo a recordar el legado de mi madre”. Y advierte: “La justicia para Berta Cáceres está peligrando”. El caso es clave, ya que demuestra que la violencia machista se alía con trasnacionales, bancos y empresas para callar las voces de las defensoras de los derechos humanos que los confrontan. La organización reclama a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Honduras que actúe “de manera diligente y justa para poner fin a la prolongada espera”. Y alerta: “Las víctimas merecen justicia, verdad y reparación”. 

En la causa por el asesinato de Berta se condenó, el 5 de julio de 2021, a David Castillo, ex director ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), que está señalado como coautor del crimen. La empresa pertenecía a la familia Atala Zablah. La trama económica demuestra que este lobby tenía como modus operandi el uso de agentes militares y paramilitares para vigilar, infiltrar y violentar a la comunidad, además de utilizar la violencia de género extrema para quitarse de en medio a las mujeres que no aceptaban sus negocios.

“La violencia desarrollada por la empresa de la constructora del ilegal proyecto hidroeléctrico no hubiese sido posible sin el apoyo económico de los bancos que participaron. El COPINH tiene una demanda en Holanda para que se juzgue la responsabilidad en la financiación. También hay participación de fondos de Finlandia y de Centroamérica. Convirtieron al río en un producto de especulación financiera, en algunos casos, con mecanismos de lavado de activos que deben ser investigados”, señala Bertha Isabel Zúniga Cáceres.

La lucha de Berta

Berta era feminista y luchaba contra el patriarcado y la violencia dentro y fuera de las comunidades. Ella denunciaba el acoso sexual y peleaba por derechos sexuales y reproductivos. Pero su lucha era por un feminismo sin extractivismo. “No nos gusta el feminismo de élite, que está muy alejado de la lucha de las mujeres y de la lucha por el agua y los territorios”, contextualizó en una entrevista con Las/12. Para su hija, la lideresa es su “mami” y, también, un símbolo feminista. 

Berta decía, según recuerda su hija, que “el sistema más antiguo y complejo de dominación era el sistema patriarcal”. Por eso, luchó para elevar su participación política y condenó la violencia y el ultraje contra las mujeres que alzan la voz. “Yo la recuerdo muy graciosa, muy alegre, muy vital, moviéndose de un territorio a otro, tratando de colaborar, conectando diálogos, propiciando encuentros... por eso es una ausencia muy sentida para mí y para el movimiento social hondureño, que sufrió un proceso de debilitamiento. Ella llevaba su lucha con alegría y con esperanza”. 

El asesinato de Berta Cáceres se produjo durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, que gobernó desde el 27 de enero de 2014 hasta el 27 de enero de 2022. En esa fecha asumió la presidencia Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio de 2009, en el primer golpe de una nueva ola de embates contra las elecciones populares en América Latina. “Dejemos atrás el pasado oscuro para renacer”, aclamó Xiomara. Pero el renacimiento todavía es una deuda. “El Gobierno tiene un gran desafío para demostrar su compromiso con la justicia para Berta y con las comunidades indígenas. Todavía hay que desmantelar los intereses privados que tienen las garras puestas en los territorios”, interpela Zúniga Cáceres.

En 2011 Berta viajó a Argentina para denunciar el origen del golpe militar en Honduras y subrayó: “¿Quiénes impulsaron el golpe de Estado? Las familias oligarcas ligadas al Opus Dei y a la élite religiosa”. Su hija analiza el cambio político actual. “La realidad ha cambiado, no tiene nada que ver con el Gobierno de Hernández. El COPINH tiene un canal de interlocución con el Estado, pero los problemas estructurales no logran ser abordados por el Gobierno, como el desmantelamiento del modelo de concesiones que se dio tras el golpe de Estado y que amenaza a las comunidades indígenas con inversiones corruptas, ilegales e irrespetuosas”.

El COPINH, fundado en 1993, hace más de tres décadas, denuncia que ocho bancos –europeos, hondureños e internacionales, como el Banco Mundial– destinaron fondos para la cuestionada represa, a pesar de que había sido calificada como ilegal por Berta Cáceres, y de que esos fondos pudieron usarse para conformar la banda de sicarios que la asesinó. Un ejemplo es que una entidad financiera, propiedad de Jacobo Atala Zablah, ofreció pagar una fianza de cuatro millones de lempiras (aproximadamente 150.000 euros) al Estado de Honduras para mantener a David Castillo en libertad durante el transcurso del proceso penal.

En 2018 un fallo responsabilizó a siete hombres, entre ellos, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA, acusado de identificar a Berta como un objetivo a eliminar para terminar con la oposición al proyecto de la represa e infiltrar y generar violencia comunitaria en Río Blanco. Por su parte, Douglas Geovanny Bustillo fue jefe de seguridad de DESA. En el COPINH indican que, entre 2015 y 2016, junto a militares y paramilitares hondureños, siguió a Berta, se infiltró en la organización y preparó su asesinato. 

Los empresarios se conjugaron con un grupo de sicarios coordinados por Mariano Díaz Chávez. El cabecilla del grupo que cometió el feminicidio fue Elvin Heriberto Rápalo Orellana, que era miembro del Ejército hondureño. Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Atilio Duarte Meza y Oscar Aroldo Torres Velásquez integraban el grupo de gatilleros. También fue imputado por el crimen Sergio Ramón Rodríguez Orellana. Sin embargo, todas las condenas están recusadas en casación por las respectivas defensas, que alegan errores de derecho en el proceso. Por eso, el COPINH alerta: “La justicia para Berta está en peligro”.

En la noche previa al aniversario de la muerte de Berta, el 1 de marzo, se exhibió el documental 'La ilusión de la abundancia', que se va a estrenar en Honduras en marzo, y que denuncia las represiones, amenazas y agresiones que sufre el pueblo lenca por oponerse a proyectos extractivistas. El film, que está codirigido por Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert, ya fue seleccionado en más de cien festivales desde su lanzamiento, en el Parlamento Europeo, en octubre de 2022. “La ilusión de la abundancia” ganó veintiséis premios como el mejor documental One World (Praga, República Checa), Innsbruck Film Fest (Austria), Double Exposure (Washington, Estados Unidos), Miradas Medellín (Colombia), Censurados (Perú), Séptimo Ojo (Bolivia) y DOCA (Buenos Aires, Argentina).

“Berta Cáceres, mi mamá, representaba una lucha efectiva en los territorios del pueblo lenca en contra del interés empresarial. Vemos las relaciones entre el norte y el sur y parece que nosotros debemos pagar por el consumismo brutal de otros países y asumir las consecuencias de la crisis climática a la que nos ha llevado esa explotación económica”, enmarca en la película Bertha Zúniga Cáceres. 

El documental expone su mirada y la de Carolina de Moura, de Brasil, y Máxima Acuña, de Perú, que lideran una lucha contra los que definen como “conquistadores modernos”, que son grandes empresas extractivistas. “Con las historias de nuestras protagonistas queremos por una parte evidenciar hasta dónde es capaz de llegar la irresponsabilidad y criminalidad de las corporaciones y la necesidad de protección efectiva que necesitan las personas defensoras ambientales”, afirman los directores.

El caso de Berta expone una situación que no es excepcional, sino un modus operandi, de extractivismo a punta de gatillo y efectos dictatoriales. En la última década, al menos, 136 personas defensoras de la tierra fueron asesinadas en Honduras, según datos de Global Witness. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras registró 310 agresiones contra ellas, solo entre diciembre de 2023 y enero de 2024. La impunidad arrastra más violencia.

“Ya ha pasado demasiado tiempo”, lamenta su hija sobre la tardanza del fallo definitivo. Y resalta: “Es una situación muy irregular que no se emitan las sentencias. Ya pasaron cinco años desde la primera parte del juicio. Es muy peligroso que un caso tan emblemático esté tardando tanto, por eso exigimos que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y cierre este proceso de una vez por todas”.

¿Qué tienen en común Jair Bolsonaro, Javier Milei y Donald Trump? Son de ultraderecha. Atacan al feminismo. Y los tres se ensañan contra jóvenes estrellas pop. Las cantantes que bailan sexy, generan millones de fans y hablan de amor no parecen tener la estrella de Ernesto Che Guevara o el compromiso pacifista de John Lennon. Pero son el nuevo ícono de la resistencia al neofascismo.

La norteamericana Taylor Swift, la argentina Lali Espósito y la brasileña Anitta saben bajar las rodillas, construir letras pegadizas como chicles y brillar en todas las texturas. Pero, además, son uno de los blancos favoritos de los que buscan reimplantar la supremacía masculina en el siglo XXI.

La batalla más emblemática fue la de Taylor Swift contra Donald Trump. Después llegó la del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro contra Anitta. Y el último round es el del presidente argentino, Javier Milei, contra la cantante y actriz Lali Espósito. 

El 13 de agosto de 2023, la noche en la que se conoció el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en Argentina, Lali Espósito tuiteó dos frases: “Qué peligroso. Qué triste”. ¿La razón? Un 29,86% de los votos había sido para Javier Milei, quien, el 20 de noviembre, fue electo presidente. 

El 10 de febrero, en un show en el Festival Cosquín Rock, en la provincia de Córdoba, Lali Espósito criticó a los “antipatria”. Milei redobló sus agresiones. “Ella empezó”, dijo cuando le preguntaron por su ensañamiento y la caricaturizó como “Lali depósito”, en una crítica por sumar a sus shows privados actuaciones para gobiernos locales. 

“Si te gusta el durazno, bancate la pelusa”, la increpó. Y desafió en masculino: “Si te querés hacer el guapo, bancate que te responda”. El 16 de febrero, el jefe de Estado publicó un tuit con el título “Desarmando el Gramsci Kultural” (en alusión al filósofo italiano Antonio Gramsci) en el que argumentó: “Gramsci señalaba que para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación”.

'Influencer' gramsciana

Lali Espósito, acusada de ser la influencer gramsciana, hizo arrodillar a Pablo Motos, en El Hormiguero, en septiembre de 2022, cuando le enseñó a preparar un Fernet, un trago argentino, en un vaso viajero, una botella cortada que se usa como vaso económico y popular. Gramsci no se imaginó hasta dónde podía llegar su teoría. 

Lali protagonizó la serie española de Netflix Sky Rojo, junto a Miguel Ángel Silvestre, con el que suele subir vídeos perreando, y El fin del amor, de Prime Video. La cantante entonó el himno argentino el 18 de diciembre de 2022, antes del triunfo de la Selección de Leo Messi, en el Mundial de Qatar. Es casi un símbolo argentino. 

Pero la ultraderecha no repara en símbolos nacionales. Se los apropia o los repudia. En Brasil está abierto un proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro por cuestionar las elecciones que dieron como ganador al actual mandatario Ignacio “Lula” Da Silva. Uno de los golpes más certeros contra Bolsonaro lo dio la cantante Anitta cuando le espetó, el 18 de abril de 2022: “Búscate algo para hacer”.

Anitta se presentó en el festival Coachella con los colores de su país (amarillo, azul y verde) y con una favela (barrios pobres) como fondo de escenografía. El bolsonarismo usa el verde y amarillo como símbolo partidario. “La bandera de Brasil y sus colores pertenecen a los brasileños. Nadie puede apropiarse del significado de los colores de la bandera de nuestro país”, definió en Twitter. Bolsonaro respondió: “Concuerdo con Anitta”. Y ella no aceptó que se cuelguen de su tela y lo bloqueó. 

El 25 de febrero, en la ciudad de San Pablo, Bolsonaro lloró en una marcha, en su apoyo, con la escenografía de las banderas brasileñas. El 8 de febrero, en la operación policial Tempus Veritatis, a Bolsonaro le retuvieron el pasaporte, en el marco de una investigación sobre el intento de golpe de Estado. 

Anitta, en Madrid, protagonizó una coreografía improvisada con Isabel Díaz Ayuso, el 4 de noviembre de 2022, en Los 40 Music Awards. La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió levantando las manos, sin mucho ritmo, pero con reflejos, más políticos que danzarines. Anitta, después, confesó que no la conocía y se rio del intercambio. “No entendí quién era. Pensé que era la presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid”.

Letras y tramas geopolíticas

Las letras musicales se unen a las tramas geopolíticas. Trump y Milei están cada vez más cerca. No es una canción de amor. Pero casi. “Escuchó a su corazón y no a su cerebro”, describió el diario El Mundo. La frase podría aludir al estereotipo clásico sobre las mujeres (ser más emocionales que racionales), pero el medio definió así la reacción de Javier Milei cuando se abalanzó contra Donald Trump, en las bambalinas de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), celebrada en Washington el fin de semana.

En la parte trasera del escenario, de manera improvisada (y a oscuras), Milei se tiró a los gritos contra un sorprendido Trump que retrocedió su cuerpo como intentando volver a la distancia social de la pandemia y esquivar la efusividad latina. “Señor presidente”, le gritó, sonrojado, Milei a Trump, que está en la carrera presidencial, pero no es –actualmente– presidente. De fondo, sonaba Ymca, de Village People, gran himno gay de la historia.

En un triángulo diplomático, un día antes, el 23 de febrero, Milei había recibido en el balcón de la Casa Rosada, en Buenos Aires, a Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden. Sin embargo, Milei reconoció el engranaje republicano en su campaña: “Le agradezco su trabajo por mí”. 

El nivel de fanatismo de un presidente argentino con un político norteamericano solo es equivalente al que se dio durante la época del expresidente Carlos Menem. En 1991, el excanciller Guido Di Tella (ya fallecido) dijo que Argentina tenía “relaciones carnales” (en ese momento el Código Penal argentino se refería como “acceso carnal” a la violación) con Estados Unidos. 

La definición fue pronunciada ante autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington. La frase completa fue peor. “No queremos tener relaciones platónicas, queremos tener relaciones carnales y abyectas”. Parece una declaración amorosa (o de “Disciplina”, como canta Lali Espósito), pero fue diplomática.

Milei imita el modelo táctico republicano. Y Donald Trump podría temer más a Taylor Swift que a Joe Biden. Las elecciones presidenciales norteamericanas serán el 5 de noviembre de 2024. Y Taylor se convirtió en una de las mayores amenazas para el actual candidato. 

¿Solo una chica cantando canciones de amor? ¿Una rubia bonita? ¿Una estrella para adolescentes? Nada de eso. Si ninguna mujer pudo llegar, todavía, a la presidencia de Estados Unidos, una mujer sí puede frenar (o al menos hacer contrapeso) a la carrera presidencial de Trump.  

Misoginia

El periodista Guillermo Fesser afirmó, en La Sexta, que “toda la maquinaria de Make America Great Again (Hacer que América Vuelva a ser Grande, MAGA) está en contra de Taylor Swift”, ya que es considerada “la patriota más valorada”. En el discurso, en la cumbre republicana, Trump regaló a Milei: “Make Argentina Great Again”. Otra mega coincidencia.

En la unificación de la idea de MAGA se muestra el ideario de la política misógina: la promesa de crecimiento, la nostalgia por la vieja gloria patria, el foco contra las demandas sexuales de las mujeres (Milei criticó en la cumbre la agenda del “aborto sangriento”) y la agresión contra artistas femeninas que objetan la ambición de reinstalar un imperio masculino.

“El desmantelamiento calculado del servicio postal de Estados Unidos por parte de Trump demuestra una cosa claramente: él es muy consciente de que no lo queremos como nuestro presidente. El liderazgo ineficaz de Donald Trump empeoró gravemente la crisis en la que nos encontramos y ahora está aprovechándose de ella para subvertir y destruir nuestro derecho a votar”, escribió Taylor instando a sacar a Trump de la Casa Blanca, en las últimas elecciones. 

Por eso, ahora, los conservadores llegan a sugerir que el novio de Taylor –el jugador de fútbol americano Travis Kelce– no es su novio, sino que la pareja es una maniobra demócrata. Vivek Ramaswamy, empresario y activista “antiwoke” (supuestamente contra la corrección política), escribió que eran “una pareja artificialmente apoyada culturalmente”.

Kelce acompañó a su novia a sus conciertos en el estadio de River, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 9 al 12 de noviembre de 2023 y contó cómo se quedó alucinado con los cantos de fútbol que le hicieron sus fans a la cantante. Allí se los vio cenando juntos en un día de lluvia en el que, por el temporal, tuvieron que suspender una función. 

En ese momento, las swifties (el fandom de la artista) también se convirtieron en un emblema de la resistencia a la ultraderecha. Por supuesto, es mucho pedir que con cantos y pulseritas se pueda frenar a una fuerza global. Pero los hilos se tejieron.

Y está claro que las chicas pop son el nuevo enemigo de la “batalla cultural” en la que Javier Milei cita a Gramci para disputar con lo que considera el neomarxismo –el feminismo, el ambientalismo y movimientos sociales– y las letras de sexo, purpurina y pop. La guerra fría ahora es hot. 

A pesar de que el pop parecía ingenuo, pasota y simplemente sexy, hoy la política usa o recarga su beligerancia contra las artistas que llegan al corazón. Taylor tiene 34 años. Lali Espósito, 32. Y Anitta, 30. Parecen pequeñas. Pero el poder les teme y las ataca. ¡Plop!

María Teresa Blandón Gadea tiene 62 años y es una de las líderes feministas más importantes de Centroamérica. Es nicaragüense, una nacionalidad que se acortaba en la palabra nica y se agrandaba en la idea de una revolución alfabetizadora que despertaba –como el café de sus tierras fértiles– la idea de un mundo con más reparto del sabor y del saber. La nacionalidad y la revolución se pusieron mezquinas, y le arrebataron a ella y a muchas otras la posibilidad de vivir en su tierra.

“Ahora tengo que decir soy nica-centroamericana, pero, en realidad siempre lo he sido”, dice Blandón, sobre un origen que va más allá de los pasaportes, pero que se agrandó cuando viajó a Sudamérica y el Gobierno no la dejó regresar, ni a su casa ni a su estepa verde, a los pies de la hamaca en donde en vez de asentarse el mundo se contemplaba en movimiento.

“He dedicado una buena parte de mi vida a construir movimiento feminista y ahora tengo más de un año de estar en el exilio forzado a partir de la crisis sociopolítica y de derechos humanos”, relata, con una paz que forma parte de un liderazgo amoroso, centrado y que sabe mirar a los costados y al frente, a la necesidad de reconstruir un futuro con esperanza.

En 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó al dictador Anastasio Somoza, que presidió Nicaragua en 1937-1947 y en 1950-1956. En marzo de 1981, Ortega fue designado oficialmente Coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y en 1984 ganó las elecciones con el 67% de los votos. En 1990, las perdió, pero 16 años después, el 7 de noviembre del 2006, volvió a ganarlas con el 36% de los sufragios, tras una reforma de la Ley Electoral que permitió rebajar los votos necesarios para ganar en primera vuelta del 45% al 35%. En enero del 2007, regresó al poder, que mantiene hasta ahora gracias a que la Corte Suprema declaró en 2009 “inaplicable” el artículo 147 que prohibía la reelección.

En el 2013 Ortega impulsó la reforma de la Constitución que permitió la reelección indefinida y la elección del presidente por mayoría simple y con el poder de gobernar por decreto. En noviembre del 2021 se proclamó ganador, según el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, con el 76% de los votos.

¿Qué pasó en abril de 2018, cuando la represión de las protestas estudiantiles, feministas y sociales dejó al menos 325 muertos?

Ya veníamos asistiendo a un proceso progresivo de debilitamiento de los derechos humanos, de cierre del espacio cívico, de corrupción. Pero hubo un punto de quiebre el 18 y 19 de abril del 2018, en León y en Managua. Los estudiantes protestaban porque el Gobierno no hacía nada frente a un incendio en la reserva ecológica Indio Maíz, a partir del 3 de abril, con 5.000 hectáreas arrasadas. Y las personas mayores protestaban por una reforma a la seguridad social que les robó millones de córdoba (la moneda de Nicaragua) a los jubilados (con un recorte del 5% a las pensiones).

¿Cómo se desarrollaron las protestas?

La respuesta extremadamente violenta por parte del régimen de Ortega y Rosario Murillo (vicepresidenta y esposa de Ortega) desató una ola de indignación nacional que mantuvo al país durante tres meses casi paralizado. Realizamos las protestas a pesar de tener más de 1.000 personas presas, denuncias por desapariciones, torturas y violaciones.

¿No pensó en irse del país en ese momento?

Muchas feministas nos quedamos para acompañar a las víctimas, denunciar la creciente violencia del Estado y la violencia machista. Por tres años consecutivos no salí del país porque se estaba convirtiendo en una práctica que no dejaran salir a las personas o que no las dejaran entrar.

¿Cómo se produce su expulsión?

Tuve que ir a una reunión de la Consejo Económico para América Latina (CEPAL), en Chile, como parte de La Sombrilla, una organización para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en el marco del Consenso de Montevideo.

El Consenso de Montevideo es el más progresista, el más avanzado, el más completo que hay en el mundo entero. Es un programa de acción con carácter vinculante que fue suscrito por los gobiernos de América Latina y el Caribe para garantizar el acceso a anticonceptivos y asegurar el aborto en condiciones seguras.

Mi vuelo tenía fecha el 1 de julio del 2022 para ir de Santiago de Chile a El Salvador y de El Salvador a Nicaragua. La línea aérea en la que viajaba me informó que tenía un listado de personas a quienes el Gobierno les prohibía la entrada y que en ese listado estaba yo. En el último trecho me dijeron que no podía viajar. Me quedé algunos meses en El Salvador y luego decidí solicitar refugio en Costa Rica, donde ahora vivo.

¿Qué es lo más difícil del exilio y qué extraña en lo cotidiano más allá de lo político?

Yo puedo sobrellevar la distancia porque sé que donde estemos podemos hacer cosas. Pero esta decisión no la tomé yo y no es una decisión menor, es una decisión mayor, que es producto de un acto de autoritarismo, de prepotencia y de rechazo total a los derechos elementales que tengo como ciudadana.

La primera reacción fue de una enorme indignación. Nicaragua es mi país, ahí nací. No le pertenece a un par de violentos, autoritarios y arbitrarios como Ortega y Rosario. No les asiste ningún derecho a prohibirle a ningún nicaragüense ni salir de su país, ni entrar a su país. El primer sentimiento fue de rabia y decir “voy a regresar”. Aunque el regreso es una promesa segura de cárcel, de malos tratos, de torturas como efectivamente les pasó a varias compañeras y compañeros que permanecieron presos en las instalaciones de la infame cárcel de Chipote.

¿Cómo una cárcel para los sandinistas se convirtió en una cárcel de los sandinistas?

El Chipote es una cárcel vieja, de Somoza, en donde estuvieron presos y torturados, Daniel Ortega y muchos de los dirigentes de la revolución sandinista (como Tomás Borge, fundador del FSLN) y en la que se cometieron cualquier cantidad de barbaridades inimaginables. En el momento en que no me dejaron entrar al país, ya había 300 presos políticos.

¿Cómo una revolución popular se vuelve una dictadura anti popular?

Hubo miles de nicaragüenses que protestaron en esta insurrección autoconvocada del 2018. Ellos decían que detrás estaba el imperialismo norteamericano, la CIA, las fuerzas neoliberales, los vendepatria, los golpistas, porque todas esas cosas nos decían. Nunca quisieron entender que la gente ya estaba harta del chantaje y manipulación. Primero fue pedir el cese de la represión y después que se vayan Ortega y Murillo, y que no vuelvan nunca más.

¿Qué se puede hacer en Nicaragua desde la clandestinidad y qué se puede hacer desde el exilio?

Desde la clandestinidad, en Nicaragua se puede hacer muy poco porque el régimen ha afinado los mecanismos de control a la disidencia para aplastarla completamente. Adentro iba a ser muy difícil esconderme y sería como estar autoencarcelada con un margen de maniobra muy pequeño.

Además, hay un montón de mujeres, jóvenes y mayores que están en el exilio. Necesitamos hacer algo hasta que logremos salir de esta nueva dictadura.

¿Qué tienen en común y por qué llegan al poder presidentes con actitudes misóginas de diferentes orígenes ideológicos, desde Javier Milei, en Argentina, hasta Daniel Ortega, en Nicaragua?

Muchos de los tipos que llegan al poder con discursos polarizantes e irresponsables tienen en su historia mucha violencia que han recibido y que han ejercido.

Los gobiernos de (el expresidente de Brasil, Jair) Bolsonaro, de (el expresidente de Estados Unidos, Donald) Trump o el del (presidente de El Salvador, Nayib) Bukele utilizan los mecanismos formales de la democracia pero los pervierten. Los utilizan para llegar al poder y, una vez en el poder, quieren cambiar las reglas del juego a su conveniencia. Se parecen en una profunda aversión a la libertad de prensa. Una de sus prioridades es molestar a la prensa independiente, someterla, amenazarla y exiliarla. Además hay una marca muy misógina y muy racista.

¿Qué se puede esperar frente a la decepción de la izquierda autoritaria y el avance de la ultraderecha?

Estamos en un retroceso atroz. Nos debatimos entre derechas antiderechos e izquierdas autoritarias y demagógicas. Hay gobiernos que nos han traicionado y eso ha generado mucho desencanto. Tenemos que pensar cómo construir otras fuerzas políticas.

Las alternativas políticas que existen en América Latina ya no nos sirven, son fuerzas muy antiguas y muy cerradas, con muy poca vocación de cambio. Necesitamos otras alianzas, con diálogos múltiples, desde las feministas, los ambientalistas, las disidencias sexuales y construir otras pedagogías. Hay que propiciar un cambio de sentido para tener un cambio de época.

“La amenaza de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo forma parte de la avanzada reaccionaria del Gobierno de Javier Milei”, subraya la diputada Cecilia Moreau, de la coalición opositora Unión por la Patria, en una entrevista con elDiario.es. Cree que el fracaso legislativo del partido del presidente ultraderechista, La Libertad Avanza (LLA), que no logró aprobar la llamada ley 'ómnibus' de ajuste fiscal y privatización de empresas públicas, ha generado un nuevo embate contra las mujeres. 

Moreau fue una legisladora clave en la labor transversal para aprobar el aborto legal, seguro y gratuito. Presidió la Comisión de Legislación General y encabezó el debate parlamentario en el que hablaron 738 personas, en una pluralidad de voces inédita, a través de 15 reuniones y 130 horas de argumentaciones. El 14 de junio de 2018, la Cámara de Diputados dio luz verde a la legalización en un debate que duró toda la noche con una vigilia de un millón de mujeres a las puertas, pero el Senado frenó el proyecto. Finalmente, fue aprobado el 30 de diciembre de 2020 en las dos cámaras. Moreau había contado unos días antes en el Parlamento que a los 16 años tuvo que abortar. “El método anticonceptivo falló, yo era una nena y tuve que tomar esa decisión. Fui apoyada por mi madre, que me escuchó y acompañó”. Resaltó que la clandestinidad le generaba miedo “por saber que podía ir presa”. Y por eso defendió: “Las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones”. 

Moreau fue presidenta de la Cámara de Diputados –la primera mujer en ocupar ese cargo en 158 años– hasta el 7 de diciembre de 2023. Días después volvió a tomar posesión como vicepresidenta de la Cámara y diputada hasta diciembre de 2027. En su paso por el poder ha recibido ataques machistas. La violencia política –castigada por ley– que sufrió es una muestra del retroceso contra las mujeres que se atreven a ampliar derechos. Dos años después de enfrentarse al miedo, contar su historia y lograr que otras adolescentes no tengan que pasar por lo mismo, el diputado Cristian Ritondo, del partido de derecha PRO, hizo un círculo con los dedos de una mano e introdujo otro dedo en el agujero en un gesto obsceno y metafórico de una violación dirigido a la legisladora por lograr levantar una sesión en la que se intentaba votar varias leyes.  

En 2022, el comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer expresó su preocupación por la violencia en el ámbito político contra Moreau y destacó que fue víctima de “gestos misóginos que evocan a una violación”. Además, repudiaron los gritos e insultos machistas y xenófobos. El organismo determinó que se trataba de violencia política, que debilitaba la democracia y mostraba una escalada de agresiones a mujeres que ejercían cargos en la política. Pero la advertencia no frenó la escalada de discursos de odio: el presentador Ángel “Baby” Etchecopar calificó a la legisladora como el “cáncer de la Argentina”.

¿El proyecto para derogar el aborto legal es un paso más en la misoginia del Gobierno de Milei?

La amenaza de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo forma parte de una avanzada reaccionaria en distintas áreas del Gobierno de Javier Milei, en la que la vulneración de los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales y de las infancias (de los sectores más vulnerables) es un denominador común.

¿Cómo se expresa el negacionismo de género de Milei?

Al negar la desigualdad de género, la brecha salarial, el techo de cristal, las múltiples formas de violencia sistemática contra los cuerpos de las mujeres, la feminización de la pobreza e implícitamente la importancia de las acciones estatales para revertir cada una de estas situaciones ataca a las mujeres.

¿Cómo se combina el ajuste económico con el machismo?

Dejar de entregar alimentos a los comedores y merenderos populares que en un 95% están sostenidos por trabajadoras es un ataque a las mujeres, igual que catalogar como “estafa” las moratorias previsionales [programa que permite regularizar la situación de quienes no han cumplido con los requisitos necesarios para acceder a una jubilación] que alcanzan, sobre todo, a amas de casa que trabajaron toda su vida en tareas domésticas y de cuidados y son el motor invisible de la economía. O cuando arremetes contra la Ley de Educación Sexual Integral que permite, entre otras cosas, que una enorme cantidad de niñas y niños pueda encontrar el espacio para contar los abusos que sufren.

¿La intención de derogar el aborto no es un proyecto aislado?

La embestida contra el derecho al aborto se enmarca en una concepción ideológica con intenciones manifiestas de reforzar los cimientos patriarcales.

¿Argentina puede retroceder tanto después de ser un país pionero en manifestaciones y normativas feministas?

El problema, para ellos, es que, cuando la sociedad avanza en un sentido, difícilmente las intenciones de un gobierno (por mucho daño que puedan generar) lograrán revertir el rumbo.

¿Es posible que el partido de Milei, La Libertad Avanza, logre aprobar la derogación del aborto?

No. No puede salir. No tienen los números para lograr la derogación.

¿A qué adjudica la presentación del proyecto de derogación del aborto?

Me parece que es una maniobra de distracción, en un momento particular de caos político como el que está viviendo el oficialismo. Pasaron vergüenza en la Cámara (con el fracaso del proyecto de ley ómnibus). El oficialismo legisla en minoría y por impericia, desconocimiento del proceso legislativo, autoritarismo y prepotencia presidencial, o por todo eso junto, no pudo construir los consensos necesarios y decidió llevar a la casilla de salida un proyecto que contaba con aprobación en general. Nunca se vio algo así en la historia. 

¿El fracaso de La Libertad Avanza lo pagan las mujeres?

Esa frustración ahora la intentan descargar contra los cuerpos de las mujeres y personas gestantes. No es novedad que seamos elegidas para pagar el pato, pero no por eso deja ser grave.

¿Cuáles son los riesgos de esta iniciativa?

No van a poder derogar el aborto, pero es igualmente grave. Tanto en 2018 como en 2020 demostramos que la marea verde (la cantidad de mujeres y jóvenes a favor del aborto legal) es transversal y tiene múltiples aristas: políticas, sociales, incluso religiosas, que hoy forman una resistencia consolidada. Aunque las mujeres nunca podemos dar por sentados nuestros derechos.

Pero la gravedad se incrementa porque estamos frente a un nuevo intento de mover los límites del debate público hacia la extrema derecha. Esta mezcla de política neoliberal-conservadora busca construir nuevos sentidos en torno a las problemáticas de género. Es la gota que horada la piedra. Por eso es importante que no bajemos la guardia y que salgamos a dar el debate en cuanto aparezca la amenaza.

¿La iniciativa antiaborto muestra la gravedad de la alianza con sectores evangélicos y antiderechos en proyectos sociales?

Sin lugar a dudas. El Gobierno de Milei ha demostrado tener alianzas muy fuertes con distintos sectores religiosos. El problema aparece cuando se confunde gobierno con Estado y se permite que los valores, dogmas y creencias religiosas permeen en las estructuras de gestión.

Las posiciones morales y religiosas del presidente y de los distintos funcionarios son absolutamente respetadas. Pero un Estado laico no se puede gestionar sobre la base de supuestos religiosos. Las políticas públicas tienen que formularse mediante la evidencia, el desarrollo científico y los problemas reales que afectan a los argentinos y las argentinas.

¿Cuál sería el escenario si el aborto vuelve a ser clandestino?

El aborto clandestino es un problema de salud pública y el costo que genera la clandestinidad en el sistema de salud es mucho más alto que el que genera garantizar la práctica de manera segura. Por eso, a las agujas de tejer, las perchas, el perejil (los métodos insalubres que se practicaban en la clandestinidad), los traumas, la muerte, el miedo, la desesperación y el abandono, no volveremos nunca más.

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei, presentó esta semana un proyecto para derogar la legalización del aborto, anulando la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que fue aprobada el 30 de diciembre de 2020.

La medida es más regresiva respecto a la legislación anterior y haría retroceder dos siglos de avances de un plumazo, ya que penaliza a las mujeres –con uno o tres años de prisión– incluso en caso de violación. El Código Penal argentino, de 1921, permitía el acceso al aborto frente a la violencia sexual y el fallo F.A.L., emitido por la Corte Suprema de Justicia en 2012, respaldaba el aborto legal por determinadas causas: si había riesgo de muerte, perjuicio para la salud física o emocional y violación.

La abogada Edurne Cárdenas, especialista en derechos humanos, sexuales y reproductivos, alerta: “Es un espanto el proyecto porque retrotrae los derechos de las mujeres a antes de 1921, sin tener en cuenta ni el acceso al aborto de las mujeres violadas”.

Argentina pasaría de ser el país con la legislación más avanzada en la región –Uruguay permite la intervención hasta las 12 semanas y Argentina hasta las 14, y después por causas determinadas; en Colombia y México está despenalizado pero por vía judicial– a formar parte de las naciones más restrictivas de América Latina.

¿El proyecto solitario de una diputada?

La propuesta antiderechos, de la diputada Rocío Belén Bonacci, se conoció este miércoles, después del fracaso del presidente Javier Milei para lograr la aprobación de la Ley Ómnibus, que buscaba otorgar poderes extraordinarios al Ejecutivo, privatizar empresas claves en la soberanía nacional, reducir las pensiones y desregular derechos laborales y ambientales, entre otras medidas de austeridad económica y criminalización de la protesta social.

La iniciativa más importante de Milei ha vuelto para ser discutida en las comisiones parlamentarias, con el enojo del líder libertario con los integrantes del Congreso, a los que tilda de “casta”. La pelea interna de un partido compuesto por sectores liberales misóginos y conservadores clásicos es que se busca poner al feminismo como un enemigo del Gobierno.

Por otro lado, la contención social que busca el Gobierno, en alianza con sectores religiosos, para aplicar un fuerte ajuste económico sin un estallido social aumenta las presiones de los sectores antiderechos por derogar los sexuales, en los que Argentina ocupa un lugar de vanguardia. Algunos ejemplos son el pacto con Cáritas para tercerizar la ayuda a los sectores populares; la visita de Milei al Papa Francisco el 12 de febrero (después de denominarlo “el maligno”); y el acuerdo con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera) para que reparta alimentos, en una estrategia similar a la del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, también fanático antiaborto.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello –a cargo de las áreas derivadas del destituido Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad–, también firmó un convenio con Abel Albino, presidente de la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN). Albino es miembro del Opus Dei y, durante el debate del aborto en el Senado, aseguró que “el profiláctico no protege de nada porque el virus del sida atraviesa la porcelana”. Otras de sus polémicas frases son “la homosexualidad es un problema” y “la masturbación es una adicción”.

Por su parte, Milei se pronunció en contra del aborto cuando ganó las elecciones primarias de Argentina, el 13 de agosto de 2023, en una entrevista donde propuso realizar una consulta popular. En su paso por el Foro Económico Mundial en Davos, el 17 de enero de 2024, atacó a “las feministas radicales” y arremetió contra “la agenda sangrienta del aborto”.

El 25 de enero, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo en una rueda de prensa: “Es un tema que en algún momento se debatirá”. Adorni suele terminar sus tuits con la palabra “Fin”; pero, en este caso, la nueva pelea política del Gobierno no fue el fin, sino el comienzo. Este jueves, Adorni aseguró que el proyecto de ley “no es parte de la agenda, no es decisión del presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo”.

Si bien Milei habla en contra del aborto internacionalmente, el proyecto no habría contado con su aval directo, según la periodista parlamentaria Noe Barral Grigera. “Todo indica que sería una decisión en soledad de Bonacci porque preguntamos a diputadas/os y no sabían nada, incluso lo desmintió Lilia Lemoine [una de las diputadas que firmaron el proyecto] y en el Poder Ejecutivo dicen que no es el momento. La Libertad Avanza (LLA) no tiene disciplina partidaria. Pero no es a contramano de lo que piensa Milei”.

La diputada dio a conocer su proyecto en la red social X (antes Twitter), donde mostró mensajes de WhatsApp para demostrar que tenía aval interno de su partido, pero con un gran desconocimiento de los trámites legislativos y sin convalidar el consenso entre los diputados que aparecen como firmantes del proyecto y que ahora se han esfumado.

Un 90% menos de muertes por aborto tras la legalización

Más allá del derrotero oficialista y de que se especula que el proyecto de ley no podría avanzar, la amenaza no es menor. Un presidente que habla en contra del aborto y una diputada que propone derogar ese derecho no son vídeos de TikTok, sino iniciativas institucionales. Por eso, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el opositor Nicolás Kreplak, ha defendido que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha reducido la muerte de mujeres por el gatillo de la clandestinidad, en la que éstas tenían miedo de ir al hospital y se desangraban solas o eran atendidas –pagando– en consultorios sin habilitaciones ni condiciones sanitarias.

“Antes de la ley se dijo que iba a reducir la muerte materna producida por abortos y sucedió. En la provincia de Buenos Aires tenemos una reducción del 90% por causas de aborto, que era la principal causa de muerte de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Es innegable que ha salvado muchas vidas”, dice a elDiario.es.

Entre 2010 y 2020 murieron una media de 17 mujeres por año (con un pico de 32 muertes en 2011), debido a las condiciones insalubres en las que se realizaban los abortos en la clandestinidad. Tras la aprobación de la ley del IVE a finales de 2020, en 2021 se redujo la cantidad de fallecimientos a tres y en 2022 se registró una sola muerte, y fue por un aborto espontáneo y no voluntario. La legalización del aborto redujo un 90% las muertes entre 2019 y 2022. “Entre los años 2021 y 2023, la provincia de Buenos Aires evitó 45 muertes por aborto”, sostiene un informe del Ministerio de Salud bonaerense del 23 de enero de 2024.

“El proyecto no plantea que la ley de aborto legal no haya cumplido su objetivo de terminar con los abortos clandestinos, que han generado tanto daño y muerte a muchas mujeres”, resalta Daniel Lipovetzky, exdiputado de Juntos por el Cambio, la alianza que responde al expresidente Mauricio Macri.

Lipovetzky fue clave en la transversalidad política que logró la sanción en el Parlamento del aborto legal, seguro y gratuito, en 2018. En ese momento, la IVE no logró aprobarse en el Senado, pero despertó la participación de un millón de jóvenes en el Congreso con la marea verde. El entonces diputado subraya: “Es un retroceso volver a debatir un tema que ya fue zanjado con un tratamiento parlamentario muy intenso en ambas cámaras y en dos períodos legislativos”. Vaticina que “no van a poder conseguir los votos necesarios para aprobar la derogación. Pero los votos se cuentan de a uno y será clave la participación del movimiento de mujeres”.

“Una herramienta para distraer” de la crisis económica

“No tiene ninguna posibilidad de salir” adelante, sentencia la diputada Silvia Lospennato (PRO), secretaria del interbloque Juntos por el Cambio. “Las mujeres reivindicamos nuestro derecho a elegir nuestro proyecto de vida. El acceso a la IVE es un tema de acceso a la salud pública, la penalización del aborto no evita el aborto pero sí aumenta el riesgo sanitario. Esta discusión, que fue la más importante desde el retorno a la democracia, ya se saldó”, afirma.

A pesar de que muchos subestiman la iniciativa de derogación, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical en Juntos por el Cambio) advierte: “No hay que descuidarnos porque hoy los números y la transversalidad son más acotados y limitados adentro y afuera del Congreso. Y, por un lado, dicen que el presidente no impulsa el proyecto, pero lleva la firma del diputado (Oscar) Zago que es el presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso”. Por otro lado, alerta: “En este contexto de cuasi hiper inflación y profundo ajuste que está pagando la clase media, los jubilados y niños/as, instalar estos temas de debate ideológico es una herramienta para distraer, neutralizar e invisibilizar”.

Desde la oposición, la diputada Mónica Macha, de Unión por la Patria, extiende su mirada del feminismo a la compleja realidad argentina: “Después de la derrota política de la Ley Ómnibus quieren utilizar un tema que genera muchas pasiones para correr el eje de discusión. Pero Milei tiene la intención de ir a por todo. No solo se pone en juego bajar la inflación con recesión, sino que tiene un componente ideológico muy marcado en contra de la libertad de las mujeres”. Y agrega: “Vamos a defender el derecho al aborto. Y mucho más porque tienen la intención de cambiar la cultura argentina y volver a una sociedad conservadora y violenta donde los varones están por encima de las mujeres”.

“No me digas chiquita”, frenó Ofelia Fernández a un periodista que quiso callarla por su edad, en septiembre del 2017. Tenía 17 años y era Presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Ahora tiene 19 años y, en las elecciones del 27 de octubre, fue elegida como diputada. No es un cargo más, es la diputada más joven de la historia del país latinoamericano.

“Es una conquista colectiva y el comienzo de algo. Soy consciente de que si voy a estar sentada ahí es porque hay un fenómeno que me excede, que tiene que ver con el movimiento feminista y la juventud, que tanto protagonismo hemos tenido en la lucha contra el neoliberalismo en estos años”, explica Ofelia Fernández en una entrevista con eldiario.es.

Fernández era candidata a diputada –un cargo similar al de concejala– del Frente de Todos, la formación política que llevó a la presidencia a Alberto Fernández, en la ciudad de Buenos Aires. Iba en el tercer puesto en la papeleta y las posibilidades de ingreso al órgano legislativo de la capital Argentina estaban aseguradas. 

Un día después, el lunes 28 de octubre, su nombre –solo su nombre– fue trending topic en Twitter, superando al presidente recién electo. Igual que Evita, el icono político argentino, Ofelia no necesita apellido para decir que se trata de ella. Ofelia es ella, Ofelia Fernández. La primera reacción postelectoral ha sido un huracán de resentimiento contra el récord político de ser la primera en llegar tan temprano a ocupar un escaño. Toda transgresión se cobra en machismo.

Igual que el aluvión contra cantantes o influencers, pero como pasa muy especialmente a las mujeres jóvenes, el nombre de Ofelia despierta el humo de los haters que cuestionan que vaya a ganar el mismo sueldo que todos los legisladores –aproximadamente 1.188 euros brutos descontando los impuestos, según un monitoreo del diario argentino Perfil– y que se los va a gastar, dicen, en fiestas Bresh –la fiesta millennial más popular de Buenos Aires–, en equipos deportivos o en riñoneras, que también caracteriza la moda urbana fuera de estereotipos de género.

Muchos fustigan que, supuestamente sin experiencia, llega a un cargo que le va a permitir un sueldo al que otras personas con experiencia –“mi mamá es maestra y no consigue trabajo”, se queja un hijo desconsolado en Twitter– no logran.

En principio, Ofelia sí tiene experiencia. Su liderazgo político no sale de la nada o de la fama en redes. Pero sí maneja los códigos de la época: Instagram es su gran herramienta. No llega a la política como una joven para disfrazarse de adulta conservadora, sino que se pinta las uñas como garras –con la lista del Frente de Todos puesta como adorno– en una forma de hacer política pop y virtual. Baila, sí, se ríe –con maquillaje discreto o a cara lavada– y no es una señora de corta edad, sino una joven que va a ser diputada.

Eso conmueve. Eso moviliza. Eso irrita. Ella está acostumbrada y una de las características de su liderazgo es su fortaleza para soportar los ataques como un tanque blindado que sabe que no hay una nueva política sin molestar o generar comentarios. Aunque la exposición a tantas agresiones no deja de tener costes y de espantar a otras que quieran animarse a seguirla, a hacer de la política algo más que una pasión callejera, estudiantil o de redes, sino una verdadera forma de vivir y transformar la realidad.

Ella lideró un encierro en el colegio –en el que no se dictaban clases y los estudiantes dormían en el colegio con colchones en el suelo– en contra de una propuesta de reforma educativa que intentaba flexibilizar las condiciones laborales entre la mano de obra más joven.

Su primera decisión política estudiantil fue oponerse a la violencia de género por parte de profesores de su colegio avalados por los sindicatos y la dirección universitaria. La decisión de Ofelia logró torcer el brazo a la impunidad de docentes acusados por las alumnas de ejercer violencia –que eran protegidos por gremios y la Universidad de Buenos Aires– y poner en discusión el machismo que sufrían las adolescentes en las escuelas. Su acción fue fundamental para un feminismo representativo de la realidad de las estudiantes.

Ofelia es hoy pionera como legisladora porteña, pero para ser diputada nacional en el Congreso tendría que esperar seis años –necesita tener 25 años cumplidos– y once años para ser senadora, ya que se tiene que tener 30 años para llegar al cargo de mayor solemnidad institucional. Aunque las barreras son mayores en la práctica. El promedio de edad de senadores y senadoras, donde se frenó el proyecto de aborto legal en Argentina, es de 57 años. O sea que Ofelia tendría que vivir tres veces su propia vida para ser una senadora promedio.

Pero ella nunca ha sido una más. “Esto recién comienza porque el ingreso de nuevas voces a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y al Congreso de la Nación no debería ser la excepción, sino una renovación de fondo en el sistema político para que estén los sectores populares y las que siempre fuimos excluidas”, ha asegurado en su primera jornada como diputada ya electa.

La política sub-20 no se piensa como una representante del Frente de Todos o de sus propios pensamientos en soledad, sino de “les jóvenes”, los barrios populares y las disidencias sexuales. Su hoja de vida tiene como punto fuerte la Presidencia del Centro de Estudiantes. Pero nunca jugó sola.

“Somos la primera fórmula compuesta por mujeres (junto con la secretaria general Victoria Camino) y no es casualidad que se dé una lucha tan grande de género, tal vez por como lo transmitíamos nosotras. Hubo funcionarios que nos dijeron robots, manipuladas, incapaces y nenas. Yo no soy una nena a la que hay que cumplirle el caprichito infantil, sino una adolescente que representa al Centro de Estudiantes”, remarcó en 2016.

Ofelia nunca aceptó ser minimizada, maltratada o subcontratada por su edad. Nunca se hizo pequeña ni dejó que le dijeran que no tenía experiencia, entre quienes no querían que ocupara un lugar relevante en la lista del Frente de Todos, o que se “bajara del pony”. Ella peleó para ocupar un lugar importante. Y ya es diputada de la ciudad de Buenos Aires.

Hoy es una de las políticas con mayor influencia de Argentina. Tiene solo 19 años. Su nivel de popularidad, oratoria e incidencia en redes sociales es única. Ella es una lideresa surgida de la “revolución de las hijas”: las hijas de la lucha política de feministas y luchadoras por los derechos humanos. “Primero no me gustaba lo de las hijas, pero después me di cuenta que mi mamá también fue mi influencer”, reconoce con picardía, cariño y simpatía.

Ofelia es un fenómeno político que tiene sus raíces en la incidencia del feminismo en Argentina, del movimiento Ni Una Menos; de la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito –del cual fue una de sus más aguerridas representantes en el debate de la ley en el Congreso de la Nación durante junio y agosto del 2018–; de la defensa de la educación pública, la justicia social (por una mayor distribución económica), contra los privilegios de la clase política (en contra de los altos sueldos de los diputados) y contra el calentamiento global y a favor de la lucha ambiental.

“Sean felices que se asoma el futuro”, escribió en su cuenta de Instagram, cuando salió de votar el domingo, con su sonrisa pintada y auténtica, que fue un reflejo más de su felicidad. Ella dice que no quiere que a la juventud le prometan el futuro como una forma de decir que espere o que le toca el turno más adelante. Ofelia es presente. Pero es un presente distinto. Uno que quiere mirar para adelante, aunque moleste. Y aunque a algunos no les gusta que baile y haga política, porque su política es decidir sobre sus deseos y, a la vez, pensar en deseos que se construyen colectivamente.