En estos días en los que las bombas israelíes se ceban con la Franja de Gaza, miles de personas se manifiestan en todo el mundo. En Alemania, el país europeo que más personas refugiadas acoge (1,24 millones, además de 233.000 solicitantes de asilo, de los cuales la mitad proceden de Siria) y cuya capital cuenta con la mayor diáspora palestina en Europa, las protestas chocan con el cierre de filas con su aliado israelí.

Tanto la capital alemana como Frankfurt, Colonia, Düsseldorf y otras ciudades del país han sido escenario de numerosas protestas desde el estallido de la guerra en Gaza, uno de los lugares con mayor densidad de población y vulnerables del mundo. Muchas de esas concentraciones se han celebrado pese a los vetos de las autoridades.

En su cuenta en la red social X, antes Twitter, la Policía de Berlín anunciaba el 10 de octubre la prohibición de marchar en solidaridad con Palestina en la Plaza de París, en el centro histórico de Berlín, alegando que su celebración suponía un peligro para la seguridad y el orden. En otro mensaje del 12 de octubre referido a la manifestación en plaza Potsdamer iban más allá y especificaban que “los participantes probablemente simpaticen con Hamás”. El 15 de octubre se canceló otra por considerarla sustitutiva de las anteriores. “Debido a la gran afluencia de personas portando símbolos a favor de Palestina, la reunión fue prohibida antes de comenzar”, anunciaron.

“Primero teníamos permiso para manifestarnos, pero a los pocos minutos de empezar, la policía dijo que se prohibía y cargó contra quienes estábamos allí, lanzando gas pimienta y deteniendo a manifestantes”, cuenta a elDiario.es H., refugiado palestino que lleva seis años residiendo en Berlín y que prefiere no revelar su identidad. “Somos una comunidad enorme a la que se está denegando el derecho a expresar y canalizar su dolor de forma pacífica”, añade.

En la misma semana, otras marchas como la de Jewish Berliners Against Violence in the Middle East también se han prohibido y se han vivido incidentes como el protagonizado por una mujer judía retenida por la policía cuando llevaba un cartel con el lema “detened el genocidio en Gaza”.

Las convocatorias y los incidentes se han repetido a lo largo de la semana. El jueves, la activista siria Wafa Moustafa, refugiada en Alemania, denunció que iba con otras dos personas y la policía les pidió que se marchasen de Potsdamer Platz porque llevaban la kufiya. “La histeria antipalestina y antiárabe tiene que parar”, denunciaba en su cuenta de Instagram.

Las medidas no son nuevas (ya se prohibieron concentraciones anteriores, como las del 13-15 de mayo de 2022 para conmemorar la Nakba, algo que denunciaron organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional), pero han ido a más, incluso hasta la cancelación de eventos culturales.

Entre los más recientes, la ceremonia de entrega de premios a la escritora palestina Adania Shibli en la feria del libro de Frankfurt y la del evento en el que participaba la artista y directora de cine palestina Emily Jacir. Asociaciones y centros cívicos como Oyoun, centro cultural y artístico berlinés, afirman que han recibido presiones para cancelar actos como el de Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East. El pasado 15 de julio, el grupo de música Ska-P sufrió otro incidente en Munich. Según denuncia el grupo, la policía se presentó en la prueba de sonido y les comunicó que por orden de la Fiscalía tenían prohibido cantar la canción 'Intifada'.

"No hay espacio para el matiz"

“Parece que defender el derecho a existir de los palestinos, o denunciar los crímenes de guerra, aquí se considera equivalente a pedir la destrucción de Israel. No hay espacio para el matiz y esta censura está siendo implementada con más virulencia hoy contra los símbolos palestinos de lo que hemos visto cuando se trata de manifestaciones de grupos domésticos explícitamente antisemitas o neonazis”, dice en entrevista con elDiario.es Elisa M, activista de los derechos humanos con familia en Siria que lleva siete años viviendo en Alemania.

“Estos días nos están sirviendo a muchas personas inmigradas y refugiadas en Alemania para comprender mejor el marco de pensamiento de esta sociedad, las líneas rojas de las que nadie te habla cuando se concibe este país como un lugar donde se respetan los derechos humanos y la libertad de expresión”, añade.

Según A., activista bosnio-alemán dedicado a la investigación de la memoria histórica que también ha pedido no revelar su identidad, lo que se está viendo “es la consolidación de un nuevo 'German ersatz-nationalism' o nacionalismo de reemplazo”. “Grupos racializados son ahora el objetivo en nombre del 'anti-antisemitismo'. Es difícil no remitirse al 11 de septiembre, al pánico racista y a la supremacía blanca que lo sucedieron”, dice.

En la misma línea se expresan voces como las que recoge el artículo de Jewish Currents 'Bad Memory'. “Se elogia a Alemania por sus esfuerzos para expiar el Holocausto. Sin embargo, su método de repudiar el pasado se ha convertido en una herramienta de exclusión”, sostiene el artículo. “En vez de un compromiso amplio contra el racismo y la violencia, lo que hay es una lealtad específica a cierta formación política: el Estado de Israel”.

Radicalización de gobiernos europeos

Los últimos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales se dan en un contexto de endurecimiento de la política migratoria alemana. El país se había convertido en uno de los pocos lugares seguros para quienes huían de la represión en Oriente Medio.

La propuesta está en línea con otras recientes en el contexto europeo, como la de la ministra de Interior británica, Suella Braverman, que afirmó que ya no solo los símbolos explícitos de apoyo a Hamás son una cuestión preocupante, sino que incluso la bandera palestina podría considerarse una muestra de apoyo al terrorismo.

En Francia, la semana pasada, el ministro del Interior ordenó a los prefectos (los delegados de gobierno) la prohibición de las manifestaciones propalestinas alegando que “pueden generar alteraciones del orden público”. El ministro dijo que la organización de estas protestas “debería dar lugar a detenciones”. La policía incluso se presentó en un restaurante que se llama Chamas Tacos y cuyo letrero luminoso se había estropeado, dejando apagada la 'C' inicial (hamas).

Las medidas no han logrado, de momento, frenar las muestras de solidaridad. “En mi barrio, donde se concentra buena parte de la comunidad de origen árabe, hay concentraciones diarias. Para protegernos, son nuestros compañeros alemanes o europeos quienes están dando un paso al frente en la organización de las protestas. A esa solidaridad nos aferramos”, explica H.

“Me gustaría hablar alto y claro, pero muchos estamos en proceso de obtener la residencia permanente o la nacionalidad y no podemos arriesgarnos a que se nos acuse de ‘antisemitas’ por defender los derechos de los palestinos. Esta es la línea de las autoridades alemanas y es evidente que se está endureciendo”, añade.

Una mujer morena de unos 40 años mira a cámara y dice: “Desde la plaza de la dignidad de Sweida: ninguna secta ni religión podrá dividirnos. Somos el pueblo sirio, el pueblo sirio es uno y no aceptaremos nada menos que la salida del régimen de Bashar al Asad”. Le sustituye con la misma contundencia otra mujer. Esta es rubia y con la piel clara: “Somos las mujeres libres de Siria y no pararemos hasta alcanzar la libertad y la dignidad”.

No se trata de 2011, sino de agosto de 2023. En estos días ha surgido en distintas ciudades sirias una nueva oleada de protestas que va desde Daraa, reconocida como una de las cunas del levantamiento de 2011 desde sus inicios, hasta la recién incorporada Sweida (también conocida como Al Suwayda).

Aunque el detonante remita a la asfixia económica que vive el país (más del 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y la mitad padece inseguridad alimentaria), los eslóganes de los primeros días han dado paso a las demandas de libertad, justicia y dignidad que conectan con aquellas reivindicaciones iniciales.

Según la organización siria ETANA, solo en la última semana más de 10.000 manifestantes han participado en protestas en más de 200 ciudades y pueblos, siendo la ciudad de Sweida su epicentro. Mientras el régimen y su aliado ruso continúan bombardeando indiscriminadamente infraestructuras civiles en ciudades como Idlib, ante la escasa o nula reacción de la comunidad internacional, es la ciudad de Sweida la que puede suponerle un mayor quebradero de cabeza.

Esto se debe a su posición relativamente neutral durante estos 12 años y a la composición de su población, una mayoría drusa que el régimen siempre ha alardeado de proteger. En esta ciudad, las mujeres encabezan hoy protestas en las que reclaman el cumplimiento de la resolución 2254 y la liberación de los presos y presas políticas, reivindicaciones que entroncan con las más de 130.000 personas detenidas o desaparecidas forzosamente por el régimen desde 2011.

“Erradicar la resistencia”

Como recuerda la investigadora feminista Razan Ghazzawi, fue precisamente una mujer de la minoría drusa quien se atrevió a reclamar la salida de Bashar al Asad en los inicios de las protestas de 2011. Se trataba de Muntaha Atrash, hija de Sultan Atrash, líder de la llamada Gran Revolución Siria de 1925. En abril de 2011, cuando las reivindicaciones en las manifestaciones se centraban en reclamar reformas, Atrash concedió una entrevista telefónica al medio Al-Shark Al-Awsat en la que ya reclamaba que Asad debía dimitir en respuesta a las manifestaciones pacíficas.

En esta década de represión por parte del régimen a la que se sumaron en años posteriores grupos extremistas con sus propias agendas contrarrevolucionarias, la presencia visible de las mujeres se ha ido reduciendo a medida que la situación en el terreno evolucionaba hacia un conflicto armado. Con excepción de algunos sectores, entre los que destacan las YPJ (Unidades de Protección Popular) kurdas, la resistencia siria contra la dictadura y el avance de grupos extremistas han contado con una mayoría de hombres combatiendo en sus filas.

Sin embargo, las mujeres fueron fundamentales, y lo han seguido siendo en otros niveles de la vida en el movimiento de desobediencia civil de 2011 que se extendió por el país y el posterior conflicto armado. El proceso revolucionario sirio, de hecho, no puede entenderse sin figuras clave como Razan Zeituneh, Fadwa Suleimán o May Skaf, todas ellas desaparecidas.

En 2012, la autora siria Rime Allaf desgranaba en su ensayo Las mujeres, columna vertebral de la revolución siria este protagonismo femenino que fue clave en los inicios del proceso. La propia Allaf asegura a elDiario.es que las mujeres y los niños “fueron objetivo desde el principio tanto del régimen como de los grupos de banderas negras que comenzaron a extenderse por el país. Se trataba de erradicar la resistencia de la mitad de la población, en particular la más vinculada a la resistencia pacífica que los autoritarismos tanto temen”.

“Se acabó”: la vinculación con otras luchas

Además de su dimensión local, Allaf destaca la importancia de vincular la resistencia de las mujeres sirias con otras luchas, como la de las mujeres iraníes, la de las chilenas o la de las españolas. Apunta en particular al movimiento “Se acabó” que se está viviendo en España y que activistas de todo el mundo están siguiendo como un nuevo #Metoo.

“Yo diría que lo que está sucediendo en España es más fuerte y profundo, y va más a la raíz que el #MeToo”, señala Allaf, “porque el #MeToo partía de una posición de victimismo y este 'Se acabó' mira de frente a esas estructuras dominantes y dice: 'Hasta aquí. Hemos estado esperando y ya no esperamos más'. Por eso resuena tanto en contextos como el de Sweida, en Siria, donde las mujeres también han salido a decirle al régimen 'Se acabó. Hemos estado esperando, y no esperamos más'. Aunque las distancias entre una situación y otra sean enormes, un fuerte e indignado 'Se acabó' resuena en los labios de las mujeres sirias”.

Si Allaf se centra en la indignación de las mujeres sirias contra el régimen que ha devastado el país, la periodista siria Zeina Erhaim pone el acento en la frustración de ser mujer en un contexto revolucionario que no termina de asimilar las demandas de las mujeres, dice a elDiario.es. “Siempre sucede lo mismo, nosotras nos dejamos la piel por la libertad y después se nos aparta para volver a los patrones de siempre”, señala.

Ya en 2013, la activista siria Marcel Shehwaro alertaba del machismo imperante en zonas que quedaron temporalmente fuera del control del régimen y que lograron considerables avances de autogestión local antes del avance de ISIS. Shehwaro, que participó activamente en estos espacios, denunció en distintas ocasiones las dinámicas patriarcales, como muestra este vídeo en el que una de las autoridades islámicas locales trataba de imponerle el uso del velo:

“El sueño de una Siria libre sigue vivo”

Tanto Allaf como Erhaim expresan orgullo ante los recientes actos de coraje de las mujeres y hombres de Siria, y también miedo ante las más que previsibles represalias. En estos 12 años, el régimen sirio ha dado sobradas muestras de su nula voluntad de negociación con la resistencia pacífica del país, con la que se ha cebado desde sus inicios: tiroteos en manifestaciones, detenciones y torturas de manifestantes, bombardeos, armas químicas, represión y tortura en cárceles que Amnistía Internacional ha calificado como “mataderos humanos”.

Según informa la activista sirio-británica Leila Al Shami, en los últimos días se han coordinado campañas con una lista de reivindicaciones. Una de ellas es el Movimiento 10 de Agosto que, entre otras cosas, pide el establecimiento de un gobierno de transición en consonancia con la resolución 2254 (2015) del Consejo de Seguridad de la ONU, además del fin de la división sectaria, el fin de la ocupación extranjera y la intervención exterior, la liberación de todos los detenidos y el procesamiento de los criminales de guerra.

“Estas valientes mujeres y hombres de todo el país han demostrado que el régimen no puede bombardear, matar de hambre, torturar, gasear y violar al pueblo sirio hasta la sumisión. A pesar de todo lo que han sufrido, y a falta de una solidaridad internacional significativa con su lucha, el sueño de una Siria libre sigue vivo. El mundo puede optar por la normalización con Asad, pero los sirios y sirias libres han dejado claro una y otra vez que nunca aceptarán su gobierno”, señala Al-Shami.

Activistas de Sweida sospechan que las fuerzas de Asad han comenzado a evacuar posiciones con el objetivo de ceder el paso a combatientes de ISIS. “Si los extremistas se hacen con el pueblo, será fácil para Asad iniciar otra de sus campañas militares con la excusa de acabar con ISIS, cuando todas sabemos que su objetivo es, y ha sido siempre, acabar con las mujeres y hombres libres de Siria”, asegura Allaf. 

Continúan las protestas por el asesinato de la joven kurda Mahsa Amini en Irán. La joven, que fue detenida el 16 de septiembre por no llevar el velo del modo que determinan las autoridades, se ha convertido en el catalizador de las movilizaciones contra la élite religiosa del país. No es el primer estallido desde el ascenso al poder del Ayatolá Jomeini tras la revolución de 1978, pero el enfrentamiento entre quienes defienden la doctrina religiosa y quienes la desafían, y el contexto en el que se da, tiene elementos diferenciales que amenazan con tambalear el régimen actual.

“Mujer, vida, libertad” es uno de los grandes lemas de las protestas que sacuden el país. Unas protestas que continúan creciendo pese al recrudecimiento de la violencia contra manifestantes que incluye detenciones, asesinatos y ejecuciones. Entre las más recientes, la joven Hadis Najafi, de 20 años, que el 25 de septiembre recibió seis disparos poco después de compartir en sus redes sociales cómo se preparaba para acudir a una concentración en solidaridad con Mahsa Amini, como informa la periodista iraní Masih Alinejad.

“Ahora mismo hay concentraciones y manifestaciones en más de ochenta ciudades y pueblos, y por más que las autoridades desplieguen una represión extrema, el desafío en las calles continúa, y va a más cada día”, cuenta Fred Petrossian, periodista iraní residente en Bruselas, durante una entrevista con elDiario.es. 

Más allá del velo

Son mujeres quienes inician las protestas, desafiando la imposición de esta prenda en actos de solidaridad con la joven Mahsa, descubriéndose públicamente y quemando velos en concentraciones. Pero, al contrario que en otros momentos históricos y en otros contextos, no están solas. “El velo es la punta del iceberg, el símbolo más visible de un descontento que atraviesa todas las capas de la sociedad iraní desde 1978, cuando el pueblo derrocó al Sha y fue luego secuestrado por la élite religiosa liderada por Jomeini. El régimen ha ido degenerando en los últimos años y es hoy más represivo si cabe”, añade Petrossian.

Las mujeres han participado activamente en todos los movimientos de liberación popular del país, tanto en el derrocamiento del Sha como en la lucha contra la imposición del velo obligatorio al imponerse la República Islámica poco después. También en las movilizaciones de los años y décadas siguientes. Entre las más recientes, Petrossian destaca las protestas de 2009 y las de 2019 (estas últimas derivaron en el conocido como “noviembre sangriento”, en el que fueron asesinadas o desaparecieron cientos de personas). “Pero ahora es diferente. El liderazgo femenino va más mucho allá que antes. Son las mujeres quienes guían la búsqueda de dignidad y libertad, después de sufrir décadas de violencia a todos los niveles: físico, institucional, cultural...”, señala. 

Desde Teherán, la periodista iraní P. (cuyo nombre se omite para su protección) incide en esta cuestión como fundamental en el estallido que se está viviendo. “Es evidente que el contexto económico y social, y en particular la insoportable inflación que vivimos, está empujando a mucha gente a la desesperación, y que quien no tiene nada que perder, saldrá más fácilmente a jugarse la vida en la calle”, cuenta en conversación telefónica con elDiario.es. “Pero el motor es la profunda humillación a la que ha estado sometida la mitad de la población. Las invasiones de nuestros cuerpos e integridad en las calles, las proclamas de las élites religiosas contra nosotras, la deshumanización que sufrimos desde hace décadas. Ver morir a Mahsa Amini, una joven que entró a comisaría sana y salió desfigurada y muerta, supuso un catalizador de nuestra indignación”, relata.

Una nueva generación

Además de la mitad de la población, las mujeres ocupan la mitad de los pupitres de escuelas y universidades del país, pese a los intentos durante las últimas décadas de apartarlas de la vida pública.

Según Daniel Bashandeh, analista político hispano-iraní, en conversación con elDiario.es, “esta generación de mujeres está en posición de vehicular cuestiones tan fundamentales como la libertad y la igualdad de derechos”. Señala también Bashandeh que la ausencia de líderes concretos en este momento que vive el país puede potenciar el nacimiento de liderazgos colectivos, especialmente los femeninos: “Es algo que ya está ocurriendo de forma natural en las calles, y que puede continuar evolucionando hacia distintas formas de oposición, en el actual contexto de incertidumbre”. 

Según la Asociación del Kurdistán para los Derechos Humanos, “Mahsa Amini encarna el eslogan de las protestas - ‘mujeres, vida, libertad’ -, y una larga lucha por la emancipación protagonizada por mujeres kurdas e iraníes, especialmente en los últimos 44 años”. Son también, según la asociación, “la representación de la lucha contra la doctrina islámica, que hunde sus raíces filosóficas en el trato a la mujer”. 

Según Hoda Katebi, escritora y activista iraní-estadounidense, la doctrina impuesta por el régimen mediante la violencia y la represión no representa a millones de personas, incluidas las que profesan convicciones religiosas más o menos profundas. “Yo misma me identifico con la fe islámica”, cuenta. “Llevo hiyab desde hace 17 años. El islam es mi brújula moral y uno de los aspectos centrales de mi identidad. Como iraní, entiendo el valor de quemar símbolos que el Estado ha utilizado, como el velo obligatorio. A la vez, me preocuparía que se pueda enmarcar esta lucha como un ataque contra el islam y los musulmanes, y no contra la élite religiosa que nos oprime”, dice. 

La unión contra la tiranía del régimen iraní es un punto fundamental para Katebi. “Que en vez de estar unidos contra la tiranía esto se convierta en un conflicto religioso, identitario o sectario, puede alienar a millones de personas musulmanas, tanto en Irán como en el resto del mundo. Y en este terreno se mueve muy bien el régimen, que busca polarizar el movimiento”, señala Katebi. “Las protestas, no lo olvidemos, las están liderando grupos de mujeres musulmanas y no musulmanas”, cuenta. 

Una élite corrupta

Por el momento, el objetivo parece centrarse en una élite cada vez más corrupta, trascendiendo diferencias religiosas, étnicas o sociales. Pese a que los seguidores de la doctrina religiosa que incluye la imposición del velo obligatorio también se están movilizando en manifestaciones gubernamentales, el descontento con el régimen arrecia también desde sectores conservadores. Esto incluye a personas del círculo de la Guardia Revolucionaria o cercanas a él, como las mujeres entrevistadas por el Financial Times, o las críticas de los clérigos Ayatolá Asadolah Bayat Zanjani y Ayatolá Mosatfa Mohaghegh Damad, recogidas en el artículo publicado en el medio iraní Gooya News, que calificaron la actuación de la Policía de la Moral contra Mahsa Amini como “ilegal, irrazonable e ilegítima”. 

En la misma línea, la periodista iraní P. remite a concentraciones que aúnan a “personas religiosas y ateas, asociaciones civiles y religiosas, incluidas de población cristiana o yaresaní” (el yaresanismo es una corriente mística fundada en el siglo XIV por el líder espiritual kurdo Sultán Sahak). También señala la unión entre personas de origen humilde y grandes nombres del arte, la cultura o el deporte. Entre estos últimos, el reconocido director de cine Asghar Farsadi, que el 25 de septiembre animaba a personalidades del arte de todo el mundo a solidarizarse con las mujeres y el pueblo iraní.

De todos los factores mencionados, Petrossian destaca, además del liderazgo femenino, la cuestión generacional. La mayor parte de las protestas están compuestas por los sectores más jóvenes de la población: “La generación que ha vivido en sus carnes la revolución y la brutalidad de este régimen está traumatizada, y son las personas más jóvenes quienes se atreven a vencer el miedo, a plantarle cara a este régimen, desde su deseo de cambio y de un futuro digno”.

Según Bashandeh, la generación postrevolucionaria que está liderando las protestas no se identifica con los valores que promueve el régimen. “En menores de 30 años, es muy evidente la tendencia a la indiferencia o el rechazo de lo que representa la doctrina religiosa. Veremos si esa generación logra cimentar el liderazgo colectivo que ya ha empezado a formarse y si toma forma una verdadera alternativa al régimen actual”, señala.

¿A qué remite ese “flanco sur”, al que el ministro se ha referido de forma vaga y sin mencionar países concretos, más allá de una alusión al Sahel? Cabe pensar en los países de Oriente Próximo y el norte de África que conforman la rica y compleja cuenca del sur del mediterráneo. Países con los que a España - y a buena parte de Europa -les une una vecindad geográfica, histórica y cultural que quedó completamente soslayada durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid. Inmigración y terrorismo articularon la referencia a ese “flanco sur” al que España, anfitrión de la cumbre, ha aludido solo en clave de amenaza.

Quedan lejos los años en que se reivindicaba la vecindad entre el norte y el sur del Mediterráneo como vía para la prosperidad conjunta. España lideró aquella apuesta por la cooperación regional entre el norte y el sur del Mediterráneo que germinó entre mediados de los años 90 y finales de los 2000. A través del proceso de Barcelona primero, y mediante el marco de Alianza de Civilizaciones liderado por el presidente Rodríguez Zapatero después, tomaron forma una serie de medidas que asumían la necesidad de una alianza entre los países occidentales y los países árabes y musulmanes. Se partía de los retos conjuntos y se desafiaba el modelo estadounidense de “choque de civilizaciones”, que planteaba que existe un conflicto inherente e inevitable entre oriente y occidente, entre islam y cristianismo. Acabar con el terrorismo internacional era uno de los motores del proceso iniciado en Barcelona, pero se insistía en los distintos encuentros y propuestas en la importancia de explorar vías que no fuesen solo militares. Frente al marco estadounidense, se consolidaba en el sur de Europa la idea de cooperación.

“Europa necesita al mediterráneo, el mediterráneo necesita a Europa”, era el mantra más repetido en aquellos años. En ese contexto, florecieron propuestas de intercambio cultural que se consolidaron en iniciativas como el Erasmus Mundus. Fueron también los momentos en que Turquía estuvo más cerca de pasar a formar parte de la Unión Europea. El proceso planteaba una alternativa al liderazgo basado en la confrontación entre oriente y occidente que comandaba Estados Unidos, aunque estaba lejos de ser ideal, teniendo en cuenta que la región del sur del Mediterráneo llevaba décadas dominada por dictaduras poco interesadas en la prosperidad de sus pueblos. Desde finales de 2010, las poblaciones de Oriente Próximo y norte de África pusieron de manifiesto que la cooperación entre el norte y el sur debía tener en cuenta las demandas de libertad y justicia de los pueblos, tras décadas de represión a manos de sus gobernantes.

Una oportunidad perdida

Hoy, más de 10 años después del inicio de los procesos revolucionarios en la región, más de 20 del proceso iniciado en Barcelona, estamos lejos de la idea de cooperación entre iguales, del mantra de “Europa necesita al Mediterráneo, el mediterráneo necesita a Europa”. En lo relativo a los propios estados, la integración de Turquía en Europa resulta hoy difícil de imaginar. Lo que ha sacado en limpio Erdoğan de esta cumbre es un cheque en blanco en lo relativo a la “extradición de terroristas”, a cambio de aceptar la integración de Suecia y Finlandia en la OTAN. Dada la trayectoria de Erdoğan, sus tensiones con la población kurda y su criminalización en los últimos años de la población refugiada, cabe imaginar que esta concesión pueda abrir la vía a nuevos abusos contra los derechos humanos, en un contexto de impunidad en aumento.

La ganancia de Erdogán, además de la repetida mención al terrorismo y a la migración irregular procedentes del “flanco sur”, son dos de las escasas referencias a nuestros vecinos del sur del Mediterráneo. Un Mediterráneo que hace tan solo unos días vivía una tragedia inmensa en la valla de Melilla, con 37 personas muertas, según las ONG, en la frontera entre España y Marruecos. Todas ellas jóvenes que huían de una guerra, algunos durante un periplo de más tres años, y que han sido enterrados sin intervención forense, una práctica que contraviene el derecho internacional. Las autoridades españolas han permitido que caiga una pesada cortina de tierra sobre el asunto, rehuyendo la mirada a esa frontera que se desangra, y nos desangra, mientras sonríen a los huéspedes del otro lado del Atlántico.

El discurso del Ministro de Exteriores es la constatación de un proceso que se ha ido consolidando en los últimos años. Una posición que pasa por alto una década de procesos revolucionarios que sacudieron el sur del Mediterráneo reivindicando libertad, justicia y dignidad, y que vuelve a mirar al vecino del sur en clave solo de amenaza, desde la extrañeza, el miedo y la otredad. Una tendencia que aleja a las poblaciones de la región de una historia e identidad mediterránea compartida, que coloca a España como una pieza sin identidad ni voz propia, diluida en la agenda de la OTAN. La cumbre de Madrid, presentada como histórica y como la proyección de España ante el mundo, ha sido una oportunidad perdida de hablar desde el Mediterráneo, en vez de contra él. De liderar desde el Mediterráneo una apuesta que ponga en valor la riqueza de esta cuenca a la que España pertenece y que aborde la complejidad de los desafíos compartidos.

A medida que el Ejército ruso avanza en su invasión de Ucrania, se suceden las muestras de solidaridad con la población ucraniana y de indignación ante la brutalidad de la campaña militar emprendida por Putin. Con ánimo de comprender el escenario actual, se establecen comparaciones con otra guerra reciente, la de Siria, en la que la presencia rusa fue determinante. ¿Pero son realmente comparables estos dos conflictos?

La guerra en Siria comenzó con un proceso revolucionario, sofocado primero internamente por el régimen de Bashar al-Asad y posteriormente también por grupos extremistas (Al-Qaeda, ISIS) que buscaban ocupar el vacío dejado por el régimen. A la vez que la represión interna trataba de acabar con una creciente organización ciudadana articulada a través de comités de coordinación local, las potencias regionales intervinieron, con Irán y Arabia Saudí a la cabeza. A las dinámicas internas y regionales se sumaron otras potencias, principalmente Rusia, y en menor medida Estados Unidos, que avanzaban sus agendas a costa del sufrimiento del pueblo sirio.

A partir de 2015, el papel de Rusia fue determinante en apuntalar la dictadura siria, que se tambaleaba por la presión interna y corría el riesgo de ser derrocada cuando hizo su aparición el ejército ruso, con una larga campaña de bombardeos y destrucción de zonas que se encontraban fuera del control de Asad. Se solaparon desde entonces la represión interna, con detenciones masivas de opositores, disidentes y manifestantes pacíficos, y un uso sistemático de la tortura que llevó a Amnistía Internacional a referirse a Siria como un “matadero humano en el que se tortura a escala industrial”, y la brutalidad de las campañas aéreas del ejército ruso.

En el caso de Ucrania, estamos ante una invasión. Rusia no sofoca un levantamiento contra un régimen o Gobierno determinado, sino que busca acabar con él para reemplazarlo por otro que represente sus intereses y pasar a controlar, de un modo más o menos directo, el territorio. En el proceso, se lleva a cabo la destrucción total de la infraestructura militar ucraniana para acabar con cualquier capacidad de respuesta en el futuro. Estamos, como en el caso sirio, ante una intervención imperialista, pero en este caso no por vía interpuesta, sino directa.

Las tácticas de represión

Las tácticas empleadas por el ejército comandado por Putin son comparables a las usadas en Siria, y pueden ayudar a entender, interpretar y anticipar a qué se enfrenta la población ucraniana. La respuesta a la resistencia con potencia de fuego, el control del aire, los bombardeos con armas pesadas. La tierra quemada que deja cada campaña aérea, muchas de ellas dirigidas contra colegios, hospitales y núcleos de población. Los civiles muertos por disparos cuando tratan de escapar del anterior bombardeo. Las ciudades sitiadas para someter a la población mediante el hambre, la falta de acceso a medicamentos y otros servicios básicos. Los ataques a la prensa, a los periodistas y a defensores de derechos humanos. La no distinción entre civiles y combatientes. La destrucción total como objetivo para desmoralizar a la población en su conjunto.

También son una constante en las guerras de Putin las tácticas de desinformación, a menudo mediante negaciones de hechos sobradamente comprobables y fabricaciones burdas, como estrategia para contribuir al caos informativo. Como expresa el periodista Peter Pomeranstev en el podcast The Fire These Times, no se busca tanto que cale un relato determinado como la idea generalizada de que la propaganda y la corrupción lo inundan todo. Que resulte cada vez más difícil saber qué creer y a quién.

En Siria fuimos testigos de cómo las campañas de desinformación contribuyeron a criminalizar a la población civil, presentándola en su conjunto como terrorista o colaboracionista de terrorismo, y al régimen de Asad como libertador. Fue especialmente flagrante el empeño en ensuciar la imagen de los Cascos Blancos, fuerzas de defensa civil dedicadas a rescatar a civiles de los escombros tras cada bombardeo de Asad y Putin.

En el discurso con respecto a Ucrania, se suceden por parte de autoridades rusas las referencias al país como “repleto de nazis” y a la necesidad de “desnazificar” con urgencia, un relato que ya caracterizó las reacciones a las protestas de Maidán desde finales de 2013, al presentarlas como un golpe de estado ejecutado por neonazis financiados por potencias occidentales. Se equipara así, como se explica en el blog de análisis político Quilombosfera, “una pequeña parte con el todo”, a la vez que se incide en la necesidad de proteger y liberar a una población favorable a Rusia que se presenta arrinconada y victimizada por el estado ucraniano.

Para Laila Muharram, periodista especializada en Oriente Próximo, hay un aspecto positivo en el escenario mediático actual con respecto al de los conflictos anteriores. “Después de las últimas campañas de desinformación, vemos más esfuerzo y un trabajo más eficaz en desmentir bulos. Más cuestionamiento de la propaganda, más herramientas para contrastar información, desmentir y rebatir”.

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y las guerras se enquistan, con abusos y violaciones de derechos humanos también allí donde es legítima la resistencia, la lucha contra la desinformación tiende a perder terreno frente al relato que iguala a todas las partes y en el que se diluyen las causas y los distintos niveles de responsabilidad.

Los paralelismos en las tácticas empleadas en Siria y Ucrania no son casuales. La impunidad con la que Putin se mueve hoy es la evolución natural de las violaciones de derechos humanos cometidas en campañas militares anteriores, en particular en Siria, donde avanzó sin encontrar líneas rojas. Según el periodista libanés Joey Ayoub, autor del podcast The Fire These Times, en conversación telefónica con elDiario.es, “Siria ha sido un campo de pruebas que ha elevado el umbral de la impunidad, de todas esas tácticas que no distinguen entre civiles y combatientes. Eso explica en parte la aceleración de la brutalidad y la devastación a la que asistimos en Ucrania hoy”.

La aceleración de la furia destructiva, que en Siria se prolongó a lo largo de meses y años, ha dejado en Ucrania en solo unos días cifras de millones de personas refugiadas y desplazadas, cientos de colegios, hospitales y núcleos de población civil bombardeados.

Las muestras de solidaridad

A estas alturas se ha comprobado sobradamente el doble rasero en el trato a personas refugiadas procedentes de uno y otro conflicto, particularmente en el contexto europeo. El periodista sirio y fundador de Baynana Okba Mohammad, el primer medio de comunicación dirigido y creado íntegramente por periodistas refugiados sirios en España, lo expresaba así: “24 horas para dar papeles a los refugiados ucranianos en España. En mi caso, han tardado dos años y cinco meses para responder, aunque también llegué de una guerra con Rusia”.

En conversación telefónica con elDiario.es, Okba habla de la importancia de una acogida digna a personas que huyen de situaciones devastadoras como es el caso de Irak, Siria, Afganistán, o actualmente Ucrania. “Vivir una guerra es algo terrible, que te marca para siempre, y llegar a un lugar donde te reciben con calor y humanidad cambia la experiencia, te ayuda a empezar a cerrar heridas y avanzar en tu nueva vida”, dice. “España sigue a la cola de Europa en cuanto a aceptación de solicitudes de asilo. A quienes llevamos años esperando que España cumpla sus obligaciones con el derecho internacional humanitario nos alegra la acogida rápida que se está dando a ucranianos pero nos preocupa la dejación de responsabilidad con el resto de personas refugiadas”.

El hecho de que Europa reciba a unos y a otros con un despliegue muy distinto en estos momentos iniciales no implica que no vaya a producirse, con el paso del tiempo, una erosión de esa apertura inicial, ni que las personas refugiadas ucranianas no vayan a sufrir discriminación en los lugares de acogida. De hecho, también en los momentos iniciales del éxodo sirio hubo reflexiones sobre la acogida que se dispensaba a personas procedentes de Siria con respecto a las de otros conflictos, desde esa identificación con el otro (“son como nosotros”) que surgió tras la muerte del pequeño Aylan en la costa de Turquía.

Teniendo en cuenta que la respuesta europea no es fruto de un posicionamiento basado en valores fundamentales de acogida de personas que huyen de conflictos, sino de ese “son como nosotros” difuso y cambiante, y de una idea de Europa que se cierra al resto del mundo, cabe esperar que a la reacción actual se solape la visión de una “Europa en dos niveles”. Una visión a la que apunta desde hace años el presidente francés Emmanuel Macron, y sobre la que volvía en rueda de prensa el 11 de marzo.

También encontramos diferencias entre la reacción a los abusos que sufren las poblaciones siria y ucraniana en buena parte de la izquierda española, europea e internacional. Si el proceso revolucionario sirio se encontró con la incomprensión, la indiferencia o, en los casos más extremos, el hostigamiento de buena parte de una izquierda que abandonó sin tapujos el internacionalismo, la resistencia ucraniana a la invasión no ha despertado ese rechazo. Mientras que los bombardeos rusos sobre Idlib, Homs, Alepo o Daraa apenas han recibido reacciones de condena, los ataques a Irpín, Sumy, Járkov o Mariúpol han generado rechazo en la mayor parte de la izquierda, excepto en los casos más extremos de grupos que jalean al Ejército ruso y que se dan la mano con los de ultraderecha europea, ambos aliados naturales de Putin.

Los dobles raseros que viven las víctimas de distintos conflictos no anulan las muestras de solidaridad que expresan estos días personas refugiadas y exiliadas sirias con el sufrimiento actual de la población ucraniana, y que son de gran valor en el contexto actual de desconfianza de los Estados. Desde las comunidades sirias se suceden las conversaciones, los intercambios, las búsquedas de formas de apoyar y ayudar desde su experiencia a que el trauma que han vivido no se repita.

Para la población siria, que caiga ahora la venda de tantos ojos que permanecían cerrados mientras los bombardeos los sufrían poblaciones no europeas es también un reconocimiento, aunque indirecto. De todas esas otras víctimas, de toda esa impunidad y de todo ese sufrimiento que ahora el mundo sí parece dispuesto a ver.

Sahraa Karimi es la primera mujer que llegó a ocupar la presidencia de la agencia pública del cine en Afganistán. Invitada por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales y la Academia de Cine, ha pasado por Madrid para presentar su película “Hava, Maryam, Ayesha”.

La nueva producción, filmada en Afganistán y estrenada en el Festival de Cine de Venecia, donde fue nominada al Premio Horizonte, muestra la vida de tres mujeres afganas de diferentes contextos sociales y aborda temas tabú como el aborto o el divorcio.

Karimi, en conversación con elDiario.es, recuerda el 15 de agosto, cuando Kabul cayó bajo la ofensiva talibán. Ese día, la directora hizo un llamamiento a la comunidad internacional reclamando solidaridad con la población afgana poco antes de ser evacuada. “Os pido que no deis reconocimiento internacional a aquellos que limitan la libertad de las mujeres, los artistas, los cineastas, los niños. Si reconocen políticamente a los talibanes, si los aceptan, ellos destruirán nuestras vidas. No puedo decirlo más claro”, dice.

Refugiada y exiliada

La directora de cine insiste en que no quería marcharse. “Yo no quería irme de mi país, al que volví después de toda una vida en Irán. Ahora no soy solo refugiada, que lo he sido toda mi vida. Ahora soy una refugiada que además es exiliada”.

Para Karimi, abandonar su país tras años de dificultades para lograr sobrevivir en él ha sido traumático. “La sensación de hogar se ha ido para siempre. Me siento bien acogida en Ucrania, Eslovaquia, Francia pero no son hogar. Al abandonar Kabul algo se rompió para siempre”. 

Al preguntarle por el reconocimiento internacional de esta nueva versión del régimen talibán, presentada como “más moderada”, Karimi fuerza una sonrisa. “No son más moderados, son algo más estratégicos que los anteriores”, dice.

“Aquellos tenían una ideología, creían en algo y lo llevaban hasta las últimas consecuencias. Los de ahora han aprendido a jugar el juego de la propaganda, son más fuertes en tecnologías de información y comunicación, saben cómo manipular a la opinión pública. Y tienen claro cuál es su principal enemigo: las mujeres”.  

Desde el ascenso al poder de los talibán, algunos grupos de mujeres han tomado las calles del país para protestar por las restricciones a sus vidas, que van desde el acceso a la educación básica, una gradual imposición de vestimentas o el aumento de las detenciones a periodistas, defensores de derechos humanos y ejecuciones sumarias de civiles.

La directora señala el protagonismo de una generación de mujeres que en los últimos 20 años han aprendido sus derechos y desarrollado su propia voz tanto en la zona urbana como en la rural.

“Claro que hay una brecha entre lo urbano y lo rural, pero esta brecha es algo que la comunidad internacional enfatiza, como si no existiera en todo el mundo. Lo cierto es que las limitaciones que viven las mujeres en zonas rurales son sobre todo culturales y familiares”, dice Karimi. “Es muy importante reconocer que los derechos y libertades a los que pudimos acceder sirvieron también a muchas mujeres procedentes de entornos rurales, incluidos niveles de educación que no eran posibles en el período anterior”.

La soledad de las mujeres

Al preguntarle por la resistencia del resto de la población, Karimi se muestra tajante. “La batalla la están dando fundamentalmente las mujeres. Las veo en los vídeos de las manifestaciones, veo en sus ojos lo solas que están. Más allá de si los talibán están o no en el poder, hablamos de una sociedad predominantemente misógina, con una fuerte reacción social a los avances de las mujeres en las últimas décadas”. 

Recalca Karimi que las mujeres no luchan por cuestiones étnicas o identitarias sino por valores humanos y universales que afectan a toda la población. “La revolución que hagamos vendrá de las mujeres. Los talibán lo saben y por eso su objetivo es silenciarlas”.   

Una de esas mujeres que permanecen en el país es la actriz Fereshta Afshar, que interpreta a una de las protagonistas de la película. Presionar por su evacuación es la principal razón de su actual gira por España y otros países. “Sigo intentando sacarla del país, pero no hay embajadas, no hay visados. Para los talibán ser actriz es algo tan terrible que si la encuentran la matarán”.

Karimi trabaja ahora en una nueva película basada en la experiencia de su huida del país y grabada con su móvil en aquellos momentos de caos. “Además de mostrar lo que supuso salir de Afganistán, quiero que la película sea un manifiesto por todas las vidas que hemos perdido, por todas esas personas que hemos dejado atrás y cuya memoria debemos honrar”, dice.

“Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una democracia, sino evitar ataques terroristas contra suelo estadounidense”, declaró el presidente estadounidense Joe Biden el 16 de agosto, en pleno caos generado por la salida de Estados Unidos de Afganistán. Le retó públicamente el arquitecto de esa guerra, George W. Bush, que calificó la retirada como “un error”.

La contraposición de ambas posturas escenifica hasta qué punto han caído en estos años las máscaras de la defensa de la democracia y los derechos humanos que revestían las injerencias de las grandes potencias.

“Exportaremos la democracia”

La autora Christine Sylvester analiza en su libro Masquerades of War el modo en que las guerras se revisten de máscaras que sirven, entre otras cosas, para legitimar una violencia que no sería aceptable de otro modo. Se refiere así a las capas de discurso con que las élites que promueven las guerras recubren la realidad del horror que suponen para quienes las sufren. La invasión de Afganistán en 2001, tras los ataques del 11 de septiembre, ejemplificó el proceso de construcción de esa mascarada de guerra.

Viví este proceso de cerca entre 2001 y 2003, cuando impartía clases de español en la Universidad de Kansas, un pequeño oasis progresista en un contexto conservador. Al atentado contra las Torres Gemelas, que sumió al país en un estado de shock, le sucedió enseguida un discurso de estado de alerta que cerraba filas en torno al presidente y que, a través de una fuerte campaña de propaganda, se extendió a los medios de comunicación, universidades y centros de todo el país.

El profesorado recibió correos del decano en los que se nos invitaba a apoyar públicamente a las tropas estadounidenses, y quienes se atrevieron a lanzar mensajes, más o menos tímidos, contra la guerra, sufrieron despidos o boicots. Toda aquella operación militar, que se planteaba como imprescindible para la autodefensa frente a un ataque sin precedentes, estaba revestida de un discurso de construcción y expansión de la democracia.

Se reforzó una visión del mundo en dos ejes en la que Estados Unidos luchaba nada menos que para salvaguardar “el bien” en mayúsculas, no sólo para su propia ciudadanía sino para el resto del mundo, necesitado de un policía bueno que impartiese justicia frente a las fuerzas del mal.

“No os debemos nada”

Veinte años después, el discurso de Biden renuncia sin miramientos a esa pretensión democratizadora, a esa idea de la democracia o del bien en mayúsculas, y pone el único acento en el deseo estadounidense de librarse de una guerra que no le reporta nada. Recalca que no debe nada a los afganos, que “no han sabido utilizar la libertad que les hemos dado”, en un discurso tan sincero como despiadado.

Abandona a su suerte a millones de personas, también a las mujeres, que han sido un argumento de quita y pon en las empresas de las grandes potencias y a quienes dejar a merced del poder talibán supone condenarlas a la sumisión más absoluta o a la muerte. El deber de proteger o la responsabilidad hacia el sufrimiento generado por su país en la guerra más larga de su historia no ocupan ya ni los márgenes del discurso.

Afganistán no es un caso aislado, sino que ejemplifica una deriva cada vez mayor en la geopolítica desplegada en la región de Oriente Medio, convertida en un gran barómetro de impunidad en el que el destino de los civiles no ocupa consideraciones ni siquiera discursivas para las potencias ocupantes.

Ni para las internacionales, con Rusia desempeñando un liderazgo cada vez mayor con sus políticas de tierra quemada, ni para las regionales (Irán y Arabia Saudí, pero también Israel o Turquía), ni para las propias dictaduras que someten a sus poblaciones abiertamente y sin necesidad ya de cumplir unas pautas mínimas de derechos humanos, ni siquiera de cara a la galería (Asad en Siria o Sisi en Egipto).

La caída de las máscaras que vestían de búsqueda de liberación y bien ajeno las injerencias, ocupaciones y alianzas con que EEUU y otras potencias buscan avanzar sus intereses se ve con más claridad si cabe si miramos a Israel y Palestina. La capa de discurso de búsqueda de una solución justa, que chocaba con los hechos consumados de apoyo a la ocupación sobre el terreno, ha dado paso en los últimos años a medidas mucho más representativas de las verdaderas intenciones estadounidenses, como demuestra la declaración unilateral de Jerusalén como capital de Israel.

La tendencia es palpable también por parte de las potencias europeas, en un contexto de cierre de fronteras, aumento de la impunidad y debilitamiento de los mecanismos de protección de las personas más vulnerables. Así lo demuestra la decisión del Gobierno danés de retirar el permiso de residencia a personas refugiadas procedentes de Siria, devolviéndolas a un país donde se asesina a disidentes “a escala industrial” y en el que se enfrentan a una muerte casi segura.

La medida supone un cambio en las concepciones de “seguridad” y “estabilidad” vinculadas a una dejación de responsabilidad de un país que en 1951 fue el primero en firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece los derechos de las personas refugiadas y las obligaciones de los estados en su protección.

Frente a la pretensión democratizadora anterior, y también frente al “no os debemos nada” al que tienden hoy las grandes potencias, es urgente, como recalca Sylvester, promover acercamientos a las guerras centrados en comprender y atender a sus efectos en sus protagonistas. Es urgente escuchar las peticiones de quienes las viven y sufren en primera persona, de quienes resisten dándonos grandes ejemplos de valentía y humanidad, como las mujeres afganas que hoy nos gritan que siguen ahí.

8 de marzo de 2018: la Organización Mundial de la Salud (OMS) denuncia 67 ataques contra personal e instalaciones médicas en Siria entre enero y febrero de ese año. Unos ataques que violan las Convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario.

Marzo de 2021: el ministro de Inmigración danés anuncia su decisión de retirar el permiso de residencia a personas refugiadas procedentes de Siria. Alega que las zonas controladas por el régimen sirio son ya “un lugar seguro”. Es el primer país europeo en dar este paso, criticado por la Unión Europea y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

27 de mayo de 2021: Fuentes oficiales sirias anuncian que Bashar al-Asad ha salido victorioso en las eleciones presidenciales sirias con un 95.1% de los votos. Un proceso en el que no ha participado la oposición en el exilio y sin presencia de prensa ni observadores internacionales.

30 de mayo de 2021: Siria es elegido nuevo miembro del comité ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.

Las cuatro noticias ofrecen claves de un proceso que ha avanzado en los últimos años: el de renormalización del régimen de Bashar al-Asad una década después del levantamiento popular que, en el contexto de la llamada Primavera Árabe, puso en jaque a las dictaduras de la región.

Diez años después de aquel levantamiento popular que prendió en Daraa, un pueblo del sur de Siria conocido como el lugar del “estallido de la revolución de 2011”, el país se encuentra devastado por una carestía económica creciente (la libra siria se ha desplomado y la mayor parte de la población no puede acceder a alimentos ni bienes de primera necesidad), la pandemia de covid19, de la que las autoridades se niegan a ofrecer datos, y la impunidad que continúa, pese al anuncio del “fin de la guerra” a finales de 2018.

“La burla”

Precisamente en Daraa, una zona rural agobiada por años de sequía, bombardeos, detenciones y desapariciones forzosas de opositores a la dictadura que ostenta desde hace más de 50 años el poder en Siria, se han producido, desde el anuncio del despliegue electoral, huelgas y manifestaciones que han sido recibidas con una nueva oleada de represión y detenciones. Unas iniciativas populares que suponen un gran riesgo para la población local y que no han recibido apenas atención internacional, según señalan desde Daraa miembros del grupo de activistas “Jóvenes del Horán”, con quienes elDiario.es se ha puesto en contacto.

Portavoces del grupo, cuyos nombres mantendremos en el anonimato, advierten de “la burla que supone usar un lenguaje propio de estructuras democráticas, como votaciones o electorado, para referirse a esta pantomima en la que hay más gente votando a Asad que gente viviendo en zonas controladas por Asad”. Cuestionan, y piden a quienes busquen comprender el contexto sirio que cuestionen este “proceso ilegítimo en el que no sólo no existe una oposición real, sino que los sirios de fuera del país no pueden votar (con excepción de Líbano) y los sirios y sirias son coaccionados a participar.”

Según el periodista especializado en Oriente Próximo y el norte de África Javier Martín, desde los medios “debemos dejar de llamar 'elecciones' a procesos que nada tienen que ver con la democracia, pantomimas construidas con urnas y votos para revestir de ficticia legitimidad popular y esconder tras las palabras una simple y llana dictadura.”

Con la oposición en el exilio y sin que se haya concedido acreditación a periodistas ni observadores internacionales, el teatro electoral desplegado estos días no parece siquiera buscar una credibilidad que los propios datos desmienten.

Si Asad ha sido elegido con un 95,1% de un electorado de 14.2 millones, esto significaría que ha logrado más votos que habitantes hay en las zonas controladas por el propio Asad, como señalan los activistas y puede comprobarse en informes como los elaborados por el Centro de Estudios Jusoor. Pero la coherencia del proceso parece ser lo de menos en este despliegue que, pese a la denuncia de algunos estados, entre ellos potencias europeas como Francia y Alemania, ha contado con el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional.

Según O. M., periodista sirio residente en España con quien elDiario.es se ha puesto en contacto, “el teatro electoral es el de siempre. Funcionarios y estudiantes obligados a acudir a votar, presiones y coacciones a quien no lo haga, notificaciones destinadas a seguirle la pista a quien no acuda a su centro de trabajo ese día, personas que desaparecen días después...”. El periodista muestra a elDiario.es una de las circulares enviadas a responsables de instituciones, organizaciones y empresas y firmada por el gobernador local en las que se les advierte de la obligatoriedad de controlar que todos los trabajadores acudan el 26 de mayo a su puesto, convertido ese día en colegio electoral.

“Se solicita que informéis a vuestros trabajadores de la obligación de presentarse en su puesto de trabajo el miércoles 26 de mayo de 2021. Que no se permita, sea cual sea la causa, ausentarse del puesto de trabajo. En caso de que algún trabajador se ausentase, requeriremos al responsable que tome nota de sus nombres y nos los envíe para tomar las medidas oportunas.”

Al preguntarle si la coacción ha sido efectiva, logrando empujar a buena parte de la población a las urnas, O.M. cuenta que conoce a personas que no han acudido y temen represalias, y a otras que han acudido por miedo y a las que ahora “remuerde la conciencia por haber participado en legitimar este proceso”. Y añade: “Esto es ser sirio: estar continuamente atrapado entre tu miedo y tu conciencia”.

O.M. apunta también al sadismo implícito en el despliegue realizado por la pareja formada por Bashar y Asma al-Asad, que eligió para depositar su voto nada menos que Duma, la ciudad que fuerzas del régimen gasearon en abril de 2018. La actitud jovial, la amplia sonrisa y la ropa de diseño de la pareja contrastan con las imágenes, en ese mismo lugar, de las convulsiones provocadas por las armas químicas en decenas de personas que murieron asfixiadas, entre ellos varios niños y niñas.

“Este gesto, la elección tan simbólica de Duma, es ”un gran 'que os jodan' de los Asad a una población devastada“, reaccionaba en la misma línea la defensora de derechos humanos Laila Al-Shami.

“Tortura a escala industrial”

En este contexto de impunidad y sadismo, destaca la situación de decenas de miles de hombres y mujeres detenidos en condiciones infrahumanas en cárceles como la temible temible Sednaya, a la que Amnistía Internacional se ha referido como “matadero humano donde se tortura a escala industrial”. Desde el Foro de las Familias por la Libertad, una asociación liderada por mujeres familiares de personas detenidas en las cárceles sirias, en su mayoría a manos del régimen pero también de otros grupos extremistas en zonas fuera del control de Asad, denuncian los abusos en estos centros y la intimidación que sufren sus familiares.

Entre esas familias, destaca la labor incansable de Wafa Mustafa, perodista siria que lleva sin ver a su padre desde julio 2013, cuando desapareció tras ser detenido por fuerzas del régimen. Wafa, que ha denunciado la situación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, publica en sus redes sociales el día a día de la pérdida y el duelo que comparte buena parte de la población siria. Un duelo difícil de procesar porque, al igual que ella, muchos sirios y sirias no han recibido noticias de sus familiares desde su desaparición.

Bienvenida de la OMS

Wafa, como tantos otros supervivientes de tortura y sus familiares, no logra digerir el anuncio en que la Organización Mundial de la Salud haya dado la bienvenida a Siria como nuevo miembro de su comité ejecutivo. Un nombramiento que se produce tras una década en la que Asad y sus aliados (principalmente Rusia e Irán) han bombardeado decenas de hospitales, algo que la propia OMS ha denunciado, calificando estos ataques como “inaceptables”.

Sólo en los primeros meses de 2018, se produjeron 67 ataques contra personal e instalaciones médicas, entre ellos ataques contra instalaciones sanitarias, ambulancias y almacenes, según el portavoz de la OMS Christian Lindmeier, la mayor parte de ellos entre Ghuta Oriental, Idlib y Homs. Unos ataques que ya venían produciéndose en años anteriores y que continuaron en los años siguientes.

La acogida en la OMS es el último gesto en una cadena de actos, más o menos explícitos, que forman parte del proceso de renormalización del régimen sirio. Entre ellos, la apertura de embajadas en Damasco (las últimas, las de Chipre y Grecia, según el según el periodista sirio Harun al-Aswad) y la decisión de Dinamarca de revocar el permiso de residencia a personas refugiadas procedentes de Siria, concretamente de zonas como Damasco, consideradas por el gobierno danés “como seguras”.

La normalización del régimen de Bashar al-Asad, responsable de crímenes contra la humanidad y de llevar a cabo una política de exterminio contra miles de detenidos en sus prisiones, según informes de Naciones Unidas, envía un mensaje peligroso a dictadores y responsables de violaciones de derechos humanos. “Si se puede llegar tan lejos como ha llegado Asad sin que ocurra nada, si que nadie esté siendo juzgado, será difícil que otros dictadores y genocidas no sientan que tienen el camino abierto para continuar exterminando a quien se les oponga”, señala el periodista O.M.

La aceptación internacional de Asad envía también un mensaje a sus víctimas y a las de otros conflictos: la certeza de una desprotección cada vez mayor, empezando por una Europa que cierra sus puertas, con precedentes como el que ha sentado Dinamarca. El mensaje de la falta de reparación y la revictimización que supone tener que ver, día tras día, cómo sus verdugos permanecen en el poder, burlan la justicia y continúan aumentando el umbral de la impunidad y reduciendo los márgenes de defensa de los derechos humanos.

Mientras estados y grandes instituciones dan la espalda a los sirios, son los propios sirios y sirias quienes se embarcan en iniciativas en busca de una justicia que no parece llegar. Destaca entre estas iniciativas la labor del citado Foro de las Familias por la Libertad, con su trabajo por los detenidos y sus familias y por el inicio de un proceso de justicia y transición para Siria, y la de abogados y defensores de derechos humanos como Anwar al-Bunni, responsable de varios procesos abiertos contra el Gobierno de Asad por crímenes de lesa humanidad.

Julio de 1951. Dinamarca se convierte en el primer país en firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece los derechos de las personas refugiadas y las obligaciones de los estados en su protección.

Marzo de 2021. El Ministro de Inmigración danés, pese a las críticas de la Unión Europea, anuncia su decisión de retirar el permiso de residencia a personas refugiadas procedentes de Siria. Alega que el país, concretamente las zonas controladas por el régimen sirio, son ya “un lugar seguro”. Es el primer país europeo en dar este paso, criticado por la Unión Europea y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)

La decisión, un paso más en una serie de medidas anti-inmigración que el gobierno danés lleva meses desarrollando, ha supuesto un shock entre las personas afectadas, la mayoría llegadas a Dinamarca hace más de cinco años, donde han construido una nueva vida tras huir de Siria, devastada tras más de diez años de las protestas que sacudieron el país en 2011. Personas como Aya Abu Daher, una joven siria de 19 años recientemente graduada de secundaria a la que sus profesores describen como “estudiante brillante” que asegura no guardar apenas recuerdos de Siria, de donde llegó siendo una niña.

“¿Qué he hecho mal? ¿Pretenden enviarnos allí a ver si nos matan o no? ¿Somos un experimento?”, pregunta Aya durante una entrevista en el canal danés TV2 News, tras recibir la notificación en la que se le retira el permiso de residencia.

Aunque la cifra de personas sirias refugiadas en Dinamarca es de alrededor de 30.000, quienes están bajo escrutinio son, por el momento, unas 500 personas, procedentes de la capital, Damasco, y sus alrededores, zonas que el gobierno danés ha determinado suficientemente seguras como para permitir el regreso, según el International Media Support (IMS). De esas 500, un total de 94 han recibido este mes la notificación en la que se les anuncia que se les retira el permiso de residencia y el resto se encuentran en período de revisión de sus expedientes.

“En teoría, estas personas no serán deportadas contra su voluntad”, explica Rune Friberg Lyme, responsable de proyectos de Oriente Medio y norte de África de la organización danesa IMS, que trabaja en capacitar a medios independientes en contextos de conflicto, “sino que serán trasladadas a centros de retorno como el de Kærshovedgård, donde se les retirará el permiso de trabajo, escolarización y el resto de derechos adquiridos en Dinamarca”. El objetivo, según Friberg Lyme, es “dejarlos en una situación tan precaria que terminen prefiriendo regresar a Damasco. Es realmente terrible”.

“Prefiero morir en Dinamarca que regresar a Siria”, confiesa Simaf, una adolescente kurda de 14 años, en uno de los testimonios que periodistas y defensores de derechos humanos como Alysia Alexandra están recogiendo, traduciendo y difundiendo para alertar de lo que supone esta medida en personas, muchas de ellas muy jóvenes, con un fuerte grado de arraigo en su país de acogida. Simaf, que llegó a Dinamarca con ocho años y vive con su madre, abuela y hermano pequeño, afirma que su familia y su futuro están en Dinamarca. “No tengo nada a lo que regresar en Siria”.

La familia Bertawi tampoco tienen un lugar al que regresar: “Nos espera una muerte segura”, dice Redwan, esposo de Samira y padre un niño y dos niñas. Residente en Dinamarca, donde trabaja desde hace años como conductor de camiones. Su esposa está implicada en trabajos comunitarios y sus hijos se han formado en el sistema educativo danés. “Volver a Siria significa volver a la dictadura, la tortura y a la muerte”, señala Redwan.

Un cambio en la concepción de “seguridad” y “estabilidad”

La decisión es una más en la larga lista de medidas anti-inmigración con las que llegó al poder una coalición socialdemócrata caracterizada como "de izquierdas en lo económico y de ultraderecha en inmigración”. El objetivo declarado del gobierno danés es alcanzar la cifra de “cero solicitantes de asilo”. Bajo este paraguas, se promueve un cambio en la concepción de “seguridad” y “estabilidad” que no tiene en cuenta las represalias a las que se enfrentan quienes regresan a contextos tan represivos como los de las zonas sirias controladas por Asad, donde continúan cometiéndose violaciones de derechos humanos contra opositores y disidentes.

Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria en su último informe, las “fuerzas del régimen de Asad han detenido de forma arbitraria, torturado y llevado a cabo ejecuciones sumarias de personas bajo su custodia, cometiendo tanto crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad”. El informe señala también la violación sistemática a hombres y mujeres detenidos. El hecho de que los responsables de crímenes como los denunciados en el archivo César continúen en el poder implica ausencia de garantías de seguridad y estabilidad contra quienes hayan huido precisamente de esa represión.

“Si se empieza a extender la idea de que Siria es segura, ¿qué impide a otros países europeos retirar permisos a refugiados sirios o rechazar a nuevos solicitantes?”, plantea Friberg Lyme, sobre el peligro de que la decisión siente un precedente en el contexto europeo.

La Unión Europea ha criticado la medida. Según el Comisario de Gestión de Crisis de la UE Janez Lenarčič, “Dinamarca no debería forzar a nadie a regresar a Siria en este momento. Lo estamos analizando y hablaremos con los que piensan que ha llegado el momento de los retornos porque estos deberían ser voluntarios, seguros, dignos y sostenibles. Y las condiciones para esos retornos no existen todavía en Siria”.

Han pasado diez años desde que el vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se inmolase en plena calle después de que las autoridades tunecinas le confiscasen su herramienta de trabajo. Aquella injusticia que, en menor o mayor medida, las poblaciones de la región han sufrido bajo regímenes autoritarios desde hace décadas, provocó una sacudida de movilizaciones en Túnez, que enseguida se extendió a Egipto, a otros países de la región y, con distintos ecos, al resto del mundo. Diez años después de ese estallido revolucionario, ¿en qué punto se encuentra la región y qué nos han dejado estos procesos revolucionarios?

Tres grandes escenarios

Si nos acercamos a la situación actual de los países que en 2011 protagonizaron los levantamientos populares, nos encontramos, a grandes rasgos, ante tres tipos de escenarios.

Procesos de transición democrática. En su búsqueda de cauces de mayor justicia social, una de las formas de canalizar el descontento pasaba por iniciar procesos de transición democrática. En la actualidad, solo Túnez ha logrado avanzar en ese proceso tras la caída de Ben Ali, aunque en la actualidad esa transición pasa por momentos muy difíciles. Según el periodista afincado en Túnez Javier Martín, la transición política exitosa que vivió el país “ahora se tambalea por la irrupción del movimiento neo-benalista y por una economía en crisis que adolece de las mismas cuestiones que desencadenaron las protestas en 2011”.

Retorno del statu quo. Otro de los escenarios que se ha impuesto en la región es el del regreso de fuerzas reaccionarias que se impusieron a las ansias revolucionarias. Es el caso de Egipto, donde la dictadura de Mubarak dio paso, después de unos meses de gobierno de la Hermandad Musulmana, al golpe de estado del general Sisi, con un aumento de la represión, la censura y el control de la ciudadanía que hoy no tiene nada que envidiar al de Mubarak. En este contexto, Europa continúa siendo uno de los principales inversores y socios comerciales del país, y los lazos con el estado egipcio en torno a cuestiones tan estratégicas como el gas y las migraciones se han reforzado.

Guerra abierta. Es el caso de Siria, Libia o Yemen, cuyo tejido social, político, económico y prácticamente todas sus infraestructuras han quedado destruidas. En estos contextos, los levantamientos legítimos contra dictaduras que gobernaron con puño de hierro durante décadas quedaron aplastados bajo el peso de la reacción brutal de las propias dictaduras y de potencias como Rusia, Estados Unidos, Irán o Arabia Saudí, que avanzaban sus intereses a costa de las tensiones populares. Según el periodista libanés Joey Ayoub, “la deriva actual de estos países es una muestra del poder devastador de la alianza entre gobiernos autoritarios e injerencias geopolíticas”.

Más impunidad

Los distintos escenarios dibujan una panorámica regional en la que los abusos y las violaciones de derechos humanos no dejan de aumentar. En estos diez años se ha multiplicado el número de víctimas civiles en los conflictos de la región, con cifras que, en casos extremos como el sirio, son tan altas que incluso las Naciones Unidas se han declarado incapaces de seguir el recuento.

Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos de la ONU, dijo en julio de 2019 que los bombardeos en Siria están siendo ignorados. También en Yemen la población sufre desde hace años bombardeos indiscriminados, que se han recrudecido en las últimas semanas, como denuncia Médicos sin Fronteras. Según Naciones Unidas, en la actualidad los civiles conforman “la vasta mayoría de las víctimas en los conflictos” y el “90% de los abatidos o lesionados por armas explosivas utilizadas en áreas pobladas en todos los conflictos del momento eran civiles”.

En este período ha aumentado la represión de manifestantes, periodistas y defensores/as de derechos humanos en contextos tan autoritarios como el Egipto de Sisi, la Siria de Asad o el Bahréin de los Jalifa. Las bombardeos para reprimir focos de insurrección se han cebado con hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles, y han llegado a emplearse armas químicas contra núcleos de población civil. La lista de abusos es interminable y apunta a un retroceso en los mecanismos de protección de la población civil, en línea con la represión de los levantamientos populares y la impunidad de que han gozado estos abusos.

En octubre de 2011, durante un encuentro con responsables del Parlamento Europeo en el que se homenajeaba a activistas de la Primavera árabe, una de las responsables del acto nos confesó a quienes habíamos acudido que Europa había cometido el error de estrechar lazos con dictaduras que reprimían a sus poblaciones, y que de estos procesos las democracias europeas debían aprender la importancia de no legitimar a gobiernos autoritarios. Recuerdo que insistió en la errónea idea de “seguridad” que suponía aceptar la “paz militar” que imponen estas dictaduras y en la necesidad de trabajar en una seguridad que parta del respeto de los derechos humanos.

Diez años después, vemos que los gobiernos autoritarios de la región continúan contando con el respaldo de aliados como la Unión Europea, un respaldo que les da alas para continuar sus abusos y dificulta que puedan darse procesos de rendición de cuentas. Así lo recalcaban en entrevista con elDiario.ese Ahmad Abdallah, de la comisión egipcia de Derechos y Libertades, y Lucía Alonso Pérez, de Euromed Rights, que alertaban de que había en Egipto más de 150.000 presos políticos dispersos en 60 cárceles, una cifra que no ha dejado de aumentar en el contexto actual de pandemia.

“La presión internacional, si se toma en serio, es efectiva”, insistía Abdallah, a la vez que lamentaba la escasa presión a la que se ve sometido el régimen de Sisi en su cruzada contra activistas y defensores/as de derechos humanos. La efectividad de la presión internacional como garante de los derechos humanos, y lo peligroso de no ejercerla, es otra de las lecciones que nos dejan las Primaveras Árabes.

Los resultados

En este contexto de violencia e impunidad, es tentador volver la vista atrás y recordar con nostalgia los contextos pre-2011. “¿No era mejor una dictadura, por terrible que fuese, que este caos?”, nos preguntan a menudo a quienes seguimos de cerca los procesos en la región. Y, sin embargo, se trata de una pregunta trampa que lleva a avalar la legitimidad o ilegitimidad de un proceso en función de sus resultados.

Pocas luchas y reivindicaciones populares resistirían el escrutinio de una valoración basada sólo en sus resultados. Así se refería el escritor Albert Camus a un contexto que vivió de cerca y que no por ser derrotado militarmente dejó de ser legítimo: “Fue en España donde mi generación aprendió que se puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no obtiene recompensa”. Esta misma conclusión podría extraer toda una generación del sur del Mediterráneo, que ha visto sus luchas derrotadas militarmente sin que eso anule la legitimidad de las reivindicaciones de libertad, justicia y dignidad que llevaron a millones de personas a las calles hipermilitarizadas de sus países.

Según Rocco Rossetti, editor del libro De Egipto a Siria: Un principio de una revolución humana, en conversación con elDiario.es, las revoluciones de 2011 han sido derrotadas, pero no las ideas que la inspiraron porque “esas fuerzas contrarrevolucionarias que son Asad, Sisi o Putin no tienen otra legitimidad que su dominio militar, es decir no han podido ni encauzar ni reemplazar los ideales revolucionarios”. Sostiene Rossetti que los movimientos de 2011, en sus expresiones más avanzadas, tenían un contenido revolucionario que iba a la raíz de cuestiones que conciernen a la vida y las relaciones de las comunidades y reivindicaban valores profundamente humanos y universales en una región que se ha representado como movida por pulsiones sectarias e identitarias. 

“Por eso las exigencias de 2011 no es que no tengan ya validez ni vigencia, es que la tienen más que nunca. La represión que ha sufrido la gente de estos países demuestra hasta qué punto era legítimo su deseo de cambio”, señala.

La represión no ha funcionado

Si la pobreza, la falta de oportunidades y las ansias de libertad fueron el caldo de cultivo de las movilizaciones en Túnez, Egipto, Siria y el resto de la región, el hecho de que esas condiciones se mantengan, o sean hoy más extremas si cabe, hacen aún más relevantes las reivindicaciones de 2011. Pese al aumento de la represión y la impunidad, la difícil situación que atraviesan poblaciones como las de Libia, Yemen o Siria no ha tenido el efecto disuasorio que los regímenes de los países vecinos esperaban.

“La consigna más repetida por las autoridades durante las movilizaciones en Sudán entre 2018 y 2019 fue la de Tened cuidado si no queréis acabar como Libia o Siria”, señala Ahmed, activista local sudanés que nos pide que no desvelemos su apellido. Este ha sido el mantra que han enarbolado las dictaduras de la región para advertir contra potenciales cuestionamientos de sus políticas, asumiendo que la devastación sufrida en los países vecinos sería ejemplarizante para sus poblaciones. Sin embargo, años después de los procesos de 2011, continuaron sumándose nuevos países a la ola de protestas que canalizaban un descontento social de raíces profundas.

Los más recientes, Argelia y Sudán, donde millones de personas se manifestaron desde finales de 2018 contra unos regímenes con fuerte presencia militar. También Líbano e Irak, donde el estallido popular se centró en los sistemas corruptos y sectarios de distribución del poder y los recursos. Ni la destrucción de los países vecinos logró extinguir la mecha del descontento social de esta región maltratada, en lo que pueden considerarse ecos o rebrotes de esa oleada revolucionaria de 2011.

Según el periodista libanés Kareem Chehayeb, “los procesos de la región son eso: procesos, y es simplista darlos por vivos, muertos o enterrados”. Señala Chehayeb el ejemplo de Líbano, “un contexto terriblemente complejo donde vivimos un proceso de cuestionamiento del sistema sectario actual, que no se ha detenido pese al estallido en el puerto de Beirut”.

“Es importante salir de esta lógica de fracasos y victorias absolutas y simplistas y reconocer los matices”, recalca. “Los avances que se están desarrollando con tantas dificultades y en contextos tan corruptos son más importantes que nunca, igual que el hecho de que ni toda la represión del mundo ha logrado anular las aspiraciones de una vida digna”.

Dos semanas después de la explosión que ha devastado un tercio de Beirut, suenan con fuerza las voces que llaman a celebrar elecciones anticipadas en Líbano. Tanto por parte de la propia élite gobernante, que ha dimitido en pleno, como desde las potencias internacionales, que temen la caída del frágil y estratégico Estado libanés ¿Pero pueden unas elecciones atajar los problemas sistémicos de un estado que lleva el sectarismo en su ADN?

“La corrupción en Aduanas nos ha estallado literalmente en la cara”, decía desde el puerto de Beirut Riad Kobaissi, periodista que lleva años investigando –y alertando– sobre la catástrofe que podía suponer la negligencia en la gestión del puerto. Una negligencia que tiene raíces en la corrupción ligada a la distribución sectaria del poder.

Representación sectaria como “contención de la guerra”

Desde un prisma de Estado nación convencional, resulta difícil comprender la frágil y perversa composición del Estado libanés, herencia de la época colonial francesa y con raíces históricas aún más profundas que remiten al período otomano. Lo que oficialmente se presenta como una república democrática parlamentaria encubre una distribución de poderes que parte de la idea de la representación sectaria como modo de 'contener la guerra', una idea que se consolidó tras la guerra civil que asoló el país entre 1975 y 1990.

Aunque esta distribución de poder se ha presentado como un modo de mantener la paz a través del equilibrio entre las distintas comunidades religiosas que componen el país –son 18, pero se trata mayoritariamente de preservar el equilibrio de poder entre la cristiana maronita, la musulmana sunita y la musulmana chiíta– la realidad nos muestra justo lo contrario.

“Cada representante de cada secta utiliza su cuota de poder para barrer hacia su casa, su barrio, sus negocios y sus intereses. No existe en este Gobierno nada que parta de la idea de colectividad, de gestionar un bien común, y así se alimenta un sectarismo feroz en el que cada uno remite a su secta y nadie espera que el Estado le garantice nada”, asegura Kareem Chehayeb, periodista libanés, a elDiario.es.

En la misma línea se expresa Joey Ayoub, periodista libanés especializado en Oriente Próximo. “La reacción de los gobernantes justo después de la explosión habla por sí sola. Compareció antes [el presidente francés] Macron que [el presidente libanés] Aoun, como si la cosa no fuese con él, y cuando finalmente compareció, se limitó a decir que no tenía nada que ver con la explosión”. El resto de autoridades han reaccionado de modo parecido: “Señalándose unos a otros, incluido Hezbollah, que niega saber nada de lo que ocurría en el puerto pese a que a nadie se le escapa el papel clave que desempeña el grupo en la gestión portuaria. Un tercio de la ciudad arrasada y nadie es responsable”, señala.

En ese contexto de intereses sectarios se enmarca el colapso de una economía que lleva años en caída libre, cebándose en los más débiles, en especial en la población refugiada palestina y siria y en los trabajadores y trabajadoras más precarias, muchos de ellos inmigrantes en condiciones cercanas a la esclavitud.

La brecha entre la clase política y una población cada vez más joven

Esta composición sectaria, y el modo en que el supuesto equilibrio de representaciones políticas, el clientelismo y el sectarismo se retroalimentan, han estado en el centro del cuestionamiento que desde hace años se expresa a través del descontento social por todo el país.

Desde movimientos como “You stink” (“apestáis”) en 2016, donde el propio nombre remite a la crisis de basuras que se vivió en Beirut a la vez que alude a una clase política incapaz de gestionar desde el Estado un servicio tan básico como la recogida de basuras, hasta el estallido popular que se vivió en octubre de 2019, las protestas han metido el dedo en la llaga del sectarismo que corroe el país.

Llamamientos a la caída del régimen sectario, señalando abiertamente a sus responsables y a la revolución con eslóganes como “el pueblo demanda la caída del régimen”, remiten también a los procesos revolucionarios que estallaron en Túnez, Egipto, Siria y el resto de la región en 2011. Protestas en su mayoría lideradas por los sectores más jóvenes, en una clara brecha entre una corrupción insostenible y el hartazgo de una generación que no conoció la guerra civil, aunque sí sus traumas y consecuencias (y que la clase política utiliza como espantajo para legitimarse).

Sin embargo, la demanda de una transformación de la propia naturaleza del Estado libanés es tan compleja como poco respaldada por los intereses que rodean al país. La propia clase política libanesa está lejos de reclamar, mucho menos de poder encarnar, una verdadera transformación que afecte al entramado de intereses de clanes que gobiernan el país como oligarquías y con criterios sectarios. Tampoco la “comunidad internacional” parece dispuesta a poner más que parches en un país del que se busca, como suele ocurrir con esta región, que salpique lo menos posible sus intereses.

“La corrupción es mayor que el Estado”, declaraba el primer ministro Hassan Diab tras anunciar su dimisión el 9 de agosto. Ofrecía así un diagnóstico devastador a la vez que reducía la solución a la celebración de elecciones anticipadas. Potencias como Francia, EEUU, Rusia, Egipto o Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han apresurado a intervenir en la misma línea, sumándose a esa llamada electoral y ofreciendo “ayuda a cambio de reformas”.

“Si el Gobierno libanés se compromete a esas reformas, desbloqueará miles de millones de dólares en beneficio del pueblo libanés”, decía en la misma línea la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ofreciendo de nuevo parches a problemas de raíces tan profundas como las de la propia distribución de poder e influencias en el país.

En este contexto, la brecha entre la clase política del país y la población no hace más que aumentar. A la desesperación que se vive en Líbano se suman las injerencias extranjeras, que parecen contar con la aceptación de unos representantes políticos incapaces de plantear soluciones por sí mismos. El último ejemplo, el anuncio de que Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) entablarán a partir de ahora relaciones diplomáticas plenas, una alianza que supone un golpe tanto a Irán como a su brazo armado en el país, Hezbollah, y que el presidente Aoun ha descrito como “esperanzadora”.

“Es obvio que los distintos regímenes árabes llevan años deseando normalizar relaciones con Israel”, recalca Chehayeb. “Aunque muchos no se atreven a oficializarlo, en la política de hechos consumados hace tiempo que los gobiernos árabes abandonaron a los palestinos y asumieron la ocupación como un problema sólo simbólico, discursivo, que en la práctica no les importa”.

Al preguntarle cómo se ha recibido en el país el acuerdo entre Israel, EEUU y EAU, el periodista responde: “Si el hartazgo con la clase política libanesa es ya insostenible, imagina cómo puede sentar a la población que nuestros líderes den la bienvenida a la normalización de un Estado que, no lo olvidemos, continúa siendo una potencia de ocupación, también en nuestro país”.

Según Ayoub, “esta gente que dirige el país no puede concebir que el problema sean ellos. Desde su lógica, Líbano son ellos y de ellos depende que el país no caiga. Así suele expresarlo el presidente en sus entrevistas, presentándose a sí mismo como la alternativa al caos, ”el sistema actual o la guerra“. Piensan que la rabia remitirá y que la gente comprenderá, una vez más, que no hay alternativa, y se conformarán con pequeñas reformas cosméticas”.

No parece que en esta ocasión la rabia vaya a remitir tan fácilmente. Como señala la escritora libanesa Lina Mounzer, la explosión ha derrumbado todo, incluido el mito de la resiliencia libanesa, esa capacidad para sobreponerse a todo con la que es habitual referirse al país. “Quizás la resiliencia ha sido siempre la mentira que nos han alimentado y que no dejamos de repetirnos para continuar funcionando bajo un Estado tan corrupto que no puede proporcionar ni unos mínimos servicios públicos o sociales”.

Quizá esta vez, agotada la paciencia y superado el mito de la resiliencia, se supere también el chantaje sobre el que se ha mantenido Líbano durante décadas: “O la distribución sectaria, o la guerra”.

Rifaat al Asad (tío de Bashar al Asad), quien llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Siria, ha sido condenado en Francia a cuatro años de prisión por malversación de fondos. En paralelo, y en colaboración con las autoridades francesas, ha sido procesado también por la Audiencia Nacional española, acusado de esquilmar alrededor de 300 millones de euros de las arcas públicas sirias. Ambas causas dejan un poso agridulce en las víctimas de quien es conocido como “el carnicero de Hama” por poner el foco en los delitos económicos y no en los crímenes de lesa humanidad.

Unas causas centradas en lo económico

El aspecto económico no es, desde luego, baladí. Asomarse a las cifras resulta vertiginoso: Desde 1984, cuando Rifaat al Asad abandonó Siria y se instaló después con su familia en la Costa del Sol, comenzaron a llover las inversiones por valor de cientos de millones de euros, tanto en España como en Francia y otros países europeos: terrenos, fincas, apartamentos, hoteles, garajes, restaurantes, embarcaciones, aviones privados, vehículos blindados y de alta gama… Todo ello adquirido de forma opaca, acompañado de cientos de sociedades pantalla y de un complejo entramado financiero en paraísos fiscales. Sólo en Inglaterra, la residencia de los Asad es la segunda privada más grande del país, después del Buckingham Palace.

Según la Justicia francesa, las inversiones proceden del dinero entregado a Rifaat por su hermano Hafez al Asad (que ostentó el poder en el país entre 1971 y 2000) a cambio de que se exiliase. Cientos de millones de euros de las arcas públicas sirias para borrar al competidor que suponía Rifaat en el seno del régimen sirio.

Según el juez de instrucción español José de la Mata, Asad ocultaba su enorme patrimonio con sociedades administradas por sus ocho hijos y dos de sus esposas, y con el “apoyo determinante de legiones de asesores en todas las fases de su implementación, para la ocultación, transformación y blanqueo de todos esos capitales”.

El poner el énfasis en los aspectos económicos tiene que ver, según el reconocido abogado de derechos humanos sirio Anwar al Bunni, con quien ha contactado eldiario.es para este artículo, con los retrocesos que ha habido en los últimos años en materia de jurisdicción universal en varios países, incluido España, y las limitaciones para juzgar crímenes contra la humanidad fuera de las fronteras del propio país. Sin embargo, Bunni señala la importancia de la causa abierta en España y el hecho de que aborda, con los mecanismos a su alcance, las violaciones de derechos humanos en Siria. El abogado la conoce de primera mano, ya que participó como testigo y como experto en el proceso iniciado por el juez de la Mata.

“Es cierto que el énfasis se pone en la cuestión del blanqueo de dinero, pero se conecta el origen de este dinero con los abusos y crímenes cometidos en el interior de Siria”, señala Bunni. “España ha sido valiente y esta causa marca un antes y un después en el trabajo para que crímenes de lesa humanidad no queden impunes”.

Bunni apela a lo histórico de estos procesos. “Es la primera vez que la justicia se está impulsando no por presiones de otros gobiernos, sino por la presión sostenida de la gente, de las víctimas y sus familias. A los gobiernos esta causa les pone en una situación incómoda, pero la presión de los sirios y las sirias ha sido tan constante, tan imparable, que se ha logrado poner sobre la mesa al menos parte de los crímenes cometidos en Siria”.

El artífice de la masacre de Hama

Los crímenes a los que remite esta causa nos retrotraen a los primeros meses de 1982, cuando Siria sufrió la que se conoce como la “masacre de Hama”. El Ejército sirio, alertado de que se preparaba en esa ciudad un levantamiento contra la dictadura del partido Baaz, que había accedido al Gobierno a través de un golpe de estado, lanzó una operación de tierra quemada que provocó miles de víctimas civiles (las cifras oscilan entre los 10.000 y los 50.000 muertos, décadas después todavía no se conoce el número exacto) y redujo a cenizas buena parte de la ciudad.

Rifaat al Asad, entonces vicepresidente del país, está considerado artífice de esa masacre, quien dio la orden de continuar bombardeando la ciudad aun cuando ya la situación parecía bajo control y quien ordenó también que los vehículos del Ejército sirio pasasen una y otra vez sobre los edificios bombardeados para que nada quedase en pie.

A la masacre de Hama siguió una campaña de represión sin precedentes para afianzar el control de la familia Asad en el poder. Arrestos, desapariciones, ejecuciones, torturas en cárceles subterráneas a lo largo y ancho del país y golpes en la puerta a medianoche en busca de quien, de un modo u otro, pudiese ser vinculado a la Hermandad Musulmana o a cualquier otro grupo de oposición al régimen fueron la constante en los años siguientes.

Hama se convirtió en un símbolo y a la vez en un tabú, un nombre que encerraba la brutalidad de la represión a la que se enfrentaban quienes cuestionasen a las autoridades sirias. Se hizo el silencio en Siria, un silencio que no volvió a romperse hasta comienzos del siglo XXI, primero con las protestas de la ciudad de mayoría kurda de Qamishli en 2005 y en la década siguiente con las que estallaron en Daraa, en la propia Hama y en el resto del país, al calor de los levantamientos populares que sacudieron la región.

Precisamente en la masacre de Hama está el origen de la salida de Rifaat de Siria. Tras su implicación en sofocar el levantamiento, comenzaron a cobrar fuerza los rumores de que preparaba un golpe de estado para hacerse con el poder. Enfrentado a su hermano Hafez, Rifaat accedió a abandonar definitivamente Siria a cambio de llevarse una cantidad ingente de dinero del país.

Se instaló en Marbella, concretamente en el lujoso Puerto Banús, donde vivió durante décadas a cuerpo de rey, a espaldas de los crímenes cometidos, codeándose con las élites del país (el antiguo alcalde Jesús Gil y la familia Aznar, entre otros), abriéndose camino como uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La trayectoria de Rifaat al Asad nos habla de la impunidad que ha caracterizado Siria, pero también de la España boyante y corrupta en la que prosperaban personajes como este.

“Las víctimas necesitan que se hable sin rodeos de crímenes contra la humanidad”

El hecho de que se juzgue a Rifaat supone un resarcimiento para quienes durante décadas han sufrido el expolio y los abusos del clan Asad. Sin embargo, que se le juzgue por malversación de fondos y no por crímenes contra la humanidad deja un poso amargo entre sus víctimas. Así lo señala Mohammad Subat, periodista sirio refugiado en Madrid a través de un programa de protección desarrollado por el Comité para la Protección de Periodistas, con quien hemos hablado para este artículo. “Las víctimas de este clan necesitan, necesitamos, que se hable sin rodeos de crímenes de lesa humanidad. Que se reconozcan los crímenes y se señale a los responsables, que se inicie un verdadero proceso de rendición de cuentas, en el que se incluya también, desde luego, el expolio económico que ha sufrido el pueblo sirio”.

Subat apunta a los procesos de Suiza o Alemania, donde miembros del clan Asad sí han sido acusados de crímenes contra la humanidad. Destaca que ha habido en los últimos años muchos otros intentos de abrir causas contra el clan “pero que no ha habido hasta ahora una verdadera voluntad internacional. Ahora quizás veamos un cambio en ese sentido”.

Al preguntarle por qué ahora, Subat conecta estas medidas con las convulsiones que se viven actualmente en el interior del país y con la inestabilidad de las alianzas geopolíticas. Alude a la situación insostenible de la economía siria, a la imposibilidad cada vez más evidente de reconstruir el tejido económico y social bajo la actual estructura dirigente, y a las pugnas entre Asad y su hasta ahora intocable primo, Rami Makhlouf. En paralelo a la dificultad por mantener el control en el país y reflotar una economía devastada, el periodista apunta a los cambios, perceptibles para quien sigue de cerca su evolución, en los posicionamientos geopolíticos. “Estados Unidos acaba de aprobar la ”Ley César“, en referencia a los crímenes que se muestran en el archivo, e incluso el gobierno ruso da impresión de hartazgo con Asad”, señala.

Subat recalca el papel del archivo César, un conjunto de imágenes que muestra a miles de personas muertas bajo tortura en centros de detención gubernamentales sirios. Los documentos, verificados por expertos, han permitido reconocer hasta el momento a unas 7.000 personas, y 760 familias han podido identificar a sus seres queridos. El archivo demuestra, según Stephen Rapp, ex embajador itinerante de Estados Unidos contra los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, “de manera más sólida que incluso en casos como los que llevaron a la cárcel a los criminales en Ruanda o Sierra Leona, las atrocidades cometidas en Siria”.

Según Bunni, “puede haber factores internos o geopolíticos, pero lo cierto es que mucha gente lleva años trabajando en esto, al menos desde 2015, y por fin ahora comenzamos a ver resultados. Esto es fruto del esfuerzo sostenido de muchos sirios y sirias para poner en un primer plano estos crímenes, para acabar con la pasividad y la indiferencia internacional, y es sólo el principio”.

“Algo está cambiando”, insiste Subat. “Quizás empecemos a ver algo de justicia. Justicia es lo que reclamábamos cuando salíamos a la calle y justicia es lo que seguimos reclamando”.

El 25 de enero se cumplieron nueve años desde que la gente de Egipto tomara las calles para reclamar pan, justicia y dignidad. Hoy, el país es gobernado con mano de hierro por el general Abdelfatah Al Sisi, que accedió al poder en 2013 mediante un golpe de Estado que supuso el retorno del statu quo que la población había luchado por derrocar. Para mantenerse en el poder, el régimen egipcio ha articulado su mandato en torno a dos estrategias: represión interna y búsqueda de legitimidad exterior.

Según la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, que visitó Madrid el pasado 28 de enero para recabar apoyo a la defensa de los derechos humanos en el país, hay alrededor de 150.000 presos políticos dispersos en 60 cárceles. Muchos de ellos participantes en manifestaciones pacíficas, periodistas y defensores de derechos humanos. El propio director de la Comisión, Ahmad Abdalllah, fue detenido en abril de 2016, acusado de participar en manifestaciones contra el Gobierno.

“Una noche entraron en mi casa soldados de las fuerzas especiales equipados con ametralladoras. Empezaron a golpearme y a gritarme que les diese acceso a mis cuentas de correo y redes sociales como Facebook”, recuerda Abdallah, que desde su organización denuncia también las condiciones infrahumanas en las prisiones del país, donde la tortura es una práctica sistemática. También lo denuncia el informe anual del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que relaciona estas prácticas con la ausencia de garantías procesales, las detenciones arbitrarias, las confesiones forzosas y otras violaciones de derechos humanos.

Tras iniciar una huelga de hambre en prisión, Abdallah fue trasladado a una celda más amplia donde compartió largas horas con presos de distinta índole. Entre ellos, hombres de negocios detenidos por manipular la tasa de cambio de la libra egipcia y combatientes del grupo terrorista ISIS.

“Conseguimos que nos trajeran libros y durante ese tiempo compartimos lecturas. Imaginad qué tertulias, hablando del Contrato Social de Rousseau y de las ideas de Orwell con hombres de negocio por un lado y miembros de ISIS por el otro”, contó. “Fue una experiencia interesante, hasta que me cambiaron a régimen de aislamiento. Las autoridades dijeron que estaba manipulando al resto de presos con mi discurso de derechos humanos”.

Abdallah fue liberado en octubre de 2016, después de meses de presión internacional. “La presión, si se toma en serio, es efectiva”, recordó. Prueba de ello es también la liberación de los periodistas de Mada Masr, uno de los pocos medios independientes que continúa funcionando en el país, en el contexto de las redadas contra reporteros y defensores de derechos humanos a finales de 2019. “Los liberaron por presión estadounidense”, recalcó.

La presión internacional sobre Al Sisi

Abdallah considera que, a pesar de que la presión internacional es efectiva, esta no se está ejerciendo en torno a las numerosas violaciones de derechos humanos. Lo mismo señala Lucía Alonso Pérez, de Euromed Rights, organización de derechos humanos que aúna a ONG y trabajadores de derechos humanos de la región mediterránea.

“Miles de personas, entre ellos el reconocido ingeniero Alaa Abdel Fattah, continúan detenidos, sin que eso esté suponiendo apenas presión internacional contra las autoridades egipcias”, indica Alonso.

Lo cierto es que Europa continúa siendo uno de los principales inversores y socios comerciales del Egipto de Al Sisi. Hungría, Grecia, Chipre e Italia están entre los países europeos más cercanos al régimen, pero no lo son los únicos que buscan reforzar lazos con el estado egipcio en torno a cuestiones tan estratégicas como el gas y las migraciones.

“Las alianzas internacionales pueden ayudar a cambiar la vida de la gente en Egipto. Apoyar campañas como la que pide que la Cruz Roja pueda acceder a las prisiones en Egipto es clave, y debería introducirse en los encuentros bilaterales con Al Sisi a la hora de firmar acuerdos sobre otros asuntos”, recalca Alonso, que expresa el deseo de que España, desde el nuevo gobierno, aborde esta cuestión y demuestre su compromiso con los derechos humanos.

“La UE está en estos momentos en procesos de negociación con Egipto en materia de cooperación”, señala. “Egipto no quiere que se incorporen cuestiones de derechos humanos, pero tendrán que aceptar ciertas concesiones si hay suficiente presión. España puede ejercerla, condicionando sus acuerdos al respeto a organizaciones de sociedad civil que defienden los derechos humanos en el país”.

El reciente asesinato en Bagdad del general iraní Qasem Suleimani, responsable de una unidad de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, ha generado numerosos análisis, muchos de ellos centrados en dicotomías en torno a su figura: ¿Era Suleimani el azote de ISIS o una amenaza para la paz en la región? ¿Debemos lamentar el asesinato del hombre fuerte de Irán o celebrar el fin de un terrorista peligroso?

En lo que respecta a Oriente Próximo, los análisis suelen girar en torno a intereses geopolíticos que obvian las dinámicas internas de cada contexto y sus consecuencias sobre la población. Visiones de tablero de ajedrez, de guerras proxy o por intermediación, en las que suelen estar ausentes las víctimas civiles de los conflictos. Sus verdaderos protagonistas. Quienes siempre pierden y siempre pueden perder más en los juegos de las grandes potencias.

¿Qué supone para las poblaciones de la región el asesinato de Suleimani? ¿Y qué implica que sea la administración estadounidense quien, unilateralmente y sin juicio, lo haya asesinado?

Condenar a Suleimani, honrar a sus víctimas

Muchos atribuyen a Suleimani el haber contribuido a la derrota militar de ISIS en la región. Sin desestimar su participación en una lucha en la que tuvieron un papel clave las fuerzas kurdas, la presencia del general en la región es muy anterior al surgimiento del grupo y se encuadra en la política expansionista iraní, de búsqueda de hegemonía chií en Oriente Medio, frente a la agenda de hegemonía suní de Arabia Saudí.

Uno de los principales objetivos del general, en el marco de esa agenda, fue reprimir desde el inicio con todas las medidas a su alcance el descontento popular contra los Gobiernos y regímenes que forman parte del eje iraní en la región.

En Siria, su papel fue clave en dar forma a una guerra en la que todas las líneas rojas se han traspasado, los mecanismos de protección de civiles brillan por su ausencia y la impunidad ha llegado al punto de normalizar los ataques a hospitales, colegios y otras instalaciones civiles. Physicians for Human Rights (PHR), un grupo de derechos humanos que monitorea los ataques a instalaciones médicas en Siria, ha documentado cientos de estos ataques desde 2011. PHS denuncia también el asesinato de cientos de trabajadores sanitarios y la tortura sistemática de personal médico.

Es difícil imaginar el devenir del conflicto sirio sin el papel clave de Irán en su apoyo al régimen sirio y sus violaciones de derechos humanos, entre ellas las medidas de “cambio demográfico o sectario”, reubicaciones forzosas de grupos de población basados en su confesión religiosa. Según el portal de noticias sirio AlJumhuriya, “pocos individuos han causado en Siria el nivel de sufrimiento que ha causado Suleimani, el poderoso señor de la guerra iraní”. Entre sus tácticas más infames está el uso del asedio y la hambruna, conocidas popularmente por las fuerzas del general como al-joo’ aw al-rukoo’ (“morir de hambre o someterse”). Unas tácticas, ilegales según el derecho internacional, responsables de aterrorizar a grupos de población siria aislándolos e impidiendo su acceso a alimentos y medicinas en barrios como Yarmouk, Ghouta, Qusair y Muaddamia.

No es sorprendente por tanto que en Idlib, el último reducto fuera del control directo del Gobierno de Asad y sus aliados rusos e iraníes, la muerte de Suleimani fuese recibida con alivio, entre protestas contra las masacres por parte de las fuerzas de Irán, Rusia y Asad y el rechazo de autoritarismos locales como el que ostenta el grupo HTS (Hayat Tahrir al-Sham, escición de Al-Qaeda) en la región.

“En Irán sabemos cómo lidiar con las protestas”

También en Irak ha dejado su huella Suleimani, responsable de la represión de manifestaciones que desde hace meses sacuden el país, en protesta tanto contra la corrupción y la pésima gestión de las autoridades como de la injerencia extranjera en el país. Más de 500 manifestantes han sido asesinados sólo en los últimos meses. Pese a todo, las manifestaciones no han cesado.

El 5 de enero, poco después del asesinato del general, cientos de jóvenes iraquíes tomaron las calles para expresar su condena tanto a la injerencia estadounidense como a la iraní.

Suleimani ya era célebre por su brutalidad en la represión de manifestantes en su propio terreno, Irán. “En Irán sabemos cómo lidiar con las protestas”, afirmaba unos meses antes de morir jactándose de la represión por la que eran conocidos los cuerpos de la Guardia Revolucionaria. El general replicó sus tácticas en Bagdad.

Ya a finales de los años 90 del siglo pasado, durante la revolución estudiantil que estalló en Teherán, el general destacó como uno de los firmantes de una carta en la que se exigía al presidente Jatami que “aplastase la rebelión estudiantil”, y que de no hacerlo, el propio Suleimani se encargaría de sofocarla, amenazando también la propia permanencia en el poder de Jatami.

Desde entonces, y hasta las protestas más recientes, la represión no ha cesado. Amnistía Internacional denunciaba en diciembre la “masacre de manifestantes desarmados”, el asesinato de más de 300 personas, la desaparición forzosa y tortura de manifestantes, algunos de ellos menores de 15 años. Entre ellos, periodistas como Mohammad Massa’ed, el activista kurdo por los derechos de los trabajadores Bakhtiar Rahimi, la estudiante Soha Mortezaei y defensores de los derechos de las minorías como Akbar Mohajeri, Ayoub Shiri, Davoud Shiri, Babak Hosseini Moghadam, Mohammad Mahmoudi, Shahin Barzegar y Yashar Piri.

Las consecuencias de la política belicista de Trump

El debido honor a las víctimas no debe eclipsar la amenaza que supone también Trump para la región, y sobre todo para quienes siempre pierden en las guerras que dirigen las grandes potencias. Su belicismo desenfrenado, su empleo de la táctica de “asesinatos selectivos” que popularizó la ocupación israelí tras el estallido de la Segunda Intifada y su amenaza a bienes culturales y arqueológicos iraníes y de la humanidad.

El presidente Trump, como recuerda la relatora para ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, Agnes Callamard, ha violado probablemente la legalidad internacional con la operación contra Suleimani.

El presidente de EEUU ha declarado una guerra abierta a Irán que con toda probabilidad se librará, como lleva décadas ocurriendo, en la región de Oriente Medio y con consecuencias impredecibles. Y sufrirán quienes siempre sufren en las guerras que deciden otros: la población siria, asediada desde hace años por los ejércitos de Asad, Irán y Rusia; la población iraquí, atrapada entre la injerencia estadounidense y la iraní; la población kurda, rehén de Erdogán y de peligrosas alianzas con Estados Unidos y Rusia; y la población palestina, que suele pagar el precio de cualquier estallido en la región, entre otros.

Como señala el medio egipcio Al Shorouk en su artículo 'Los tres criminales: EEUU, Irán y Sadam', en el que analiza las reacciones al asesinato en Irak, parece seguro que la muerte de Suleimani derivará en un enfrentamiento global en la región, en el que la única esperanza es la unión de la población para “expulsar de una vez por todas a iraníes y estadounidenses, como los iraquíes llevan semanas haciendo”.

En palabras del investigador libanés Gilbert Achcar en su artículo 'Ni EEUU ni Irán': “A la luz de los acontecimientos parece que al menos el movimiento iraquí va a continuar. No deja de crecer el deseo de la mayoría de iraquíes, independientemente de su confesión religiosa, de poner fin a la instrumentalización que las distintas fuerzas hacen de su territorio como campo de batalla, para controlarlos”.

“La situación del mundo árabe en los últimos años ha tocado fondo. Vive bajo una férrea ocupación extranjera: sionista, estadounidense, rusa, iraní y turca. Cada una de estas ocupaciones cuenta con sus propios agentes árabes”, señala el autor. “Esperemos que en esta nueva década que comienza veamos el renacimiento popular en la región que comenzó en la década pasada en Túnez y que continuó recientemente en los movimientos populares de Irak y Líbano. Y que logremos la libertad y soberanía que tanto anhelan nuestros pueblos, sin las cuales será imposible alcanzar nuestras aspiraciones democráticas y sociales”, añade.

“Vladimir Putin desea a la población siria una feliz navidad y próspero año nuevo”. Así presenta el grupo sirio Kesh Malek el vídeo que muestra los efectos de los últimos ataques rusos contra Idlib, al norte de Siria. Unos ataques que sólo en los últimos días han causado cientos de víctimas y decenas de miles de desplazados.

Entre los grupos de desplazados se encuentra Amir Almuarri, un joven rapero sirio de la ciudad de Maarat al Numan (conocida coloquialmente como Maara) que ha ganado popularidad con su último vídeo, 'Contra todos los frentes', en el que muestra el sufrimiento de la población siria, atrapada entre los intereses de las grandes potencias y la presión de grupos locales.

“El martes pasado un misil alcanzó la casa en la que vivíamos, en Maara”, nos cuenta Almuarri, de veinte años, en conversación telefónica. “El impacto hizo estallar los cristales y se llevó parte de la fachada. Nos fuimos inmediatamente, con lo puesto, dejando todo atrás por miedo a que cayese otro misil”.

No es la primera vez que el joven se ve obligado a abandonar su hogar junto a su familia, a medida que los bombardeos se cebaban con la población civil del norte del país. “He perdido la cuenta de las veces que hemos sido desplazados desde 2011”, afirma Almuarri. “Nosotros tenemos un coche, pero mucha gente se ve obligada a irse caminando, cargando sus pertenencias y sin ningún lugar adonde ir”.

Según Naciones Unidas, en la región de Idlib viven alrededor de tres millones de personas, entre ellos un millón de niños y niñas. Alrededor de un 40 por ciento de estas personas son desplazadas de otras zonas controladas por grupos de oposición, obligadas a abandonar sus hogares tras bombardeos anteriores.

Para la mayoría de estas personas la situación es cada vez más extrema. “Los parques de los alrededores de Maarat se llenan de familias hacinadas en campamentos improvisados, a temperaturas que bajan de los cero grados durante la noche”, describe Almuarri. “Muchas de ellas llevan días sin comida ni medicamentos. Algunas intentan cruzar a Turquía, pese a que muchas de las que lo han intentado han sido abatidas durante el camino.”

Maarat al Numan, reducto de la Siria revolucionaria

Almuarri y su familia forman parte de las decenas de miles de personas desplazadas tras la última ofensiva del régimen sirio y su aliado ruso en el norte de Siria. Una ofensiva, centrada desde el 16 de diciembre en la ciudad de Maarat al Numan (punto estratégico que conecta Damasco con Alepo), con la que el régimen busca recuperar el control del norte del país.

La historia reciente de esta ciudad refleja las distintas etapas que ha vivido Siria desde el inicio de las protestas que sacudieron el país y la región en la primavera de 2011. Una fuerte oposición al régimen de Asad y cruentos enfrentamientos entre el régimen y el Ejército Sirio Libre llevaron a la liberación de la ciudad a finales de ese año. Desde entonces, la ciudad ha vivido represalias intermitentes por parte de las fuerzas del régimen y su aliado ruso, en un contexto de impunidad creciente en el que los bombardeos se han cebado con núcleos de población civil como hospitales y mercados. A los ataques aéreos se han sumado los intentos de grupos como Organización para la Conquista del Levante (HTS en sus siglas en inglés, una escisión de Al Qaeda) de imponer su agenda sobre la población local. La resistencia local contra las distintas formas de control, el de Asad por un lado y de grupos extremistas por otro, hace que a la ciudad se la conozca entre activistas sirios como uno de los reductos de la revolución siria.

En su última canción, Almuarri, que eligió su apodo en homenaje al filósofo y poeta ciego Abul Alaa Almuarri, nacido en su misma ciudad en el siglo X, hace un repaso de esa historia reciente y señala a todos los responsables del sufrimiento de la población siria. Desde Asad y sus aliados rusos e iraníes hasta los grupos extremistas que han ido ganando control en la zona, pasando por el gobierno de Turquía, adonde su hermano trataba de huir cuando fue abatido al cruzar el paso fronterizo, en abril de 2018.

El enésimo desplazamiento de Almuarri y su familia ha truncado, de momento, el deseo del joven rapero de lanzar su próximo vídeo. Cuenta con la solidaridad de músicos como Mari Marisol, la artista de hip-hop rusa que en su última canción denuncia los bombardeos rusos contra la población civil siria.

“Desde Idlib agradecemos a quienes, desde Rusia y el resto del mundo, no miran para otro lado”, asegura Almuarri.

La vida de las mujeres está condicionada por siglos de imposiciones patriarcales, algo que resulta particularmente evidente en ejemplos tan visibles como los velos con que se cubren en distintos lugares del mundo. En espacios feministas es habitual escuchar afirmaciones como que el hiyab o velo islámico supone un acto de sumisión a los hombres, que cubrirse es un acto denigrante o que ninguna mujer elige libremente llevarlo. Y aunque es fácil entender la rabia contra estas prendas que nos ocultan, como si la propia presencia femenina conllevase algo censurable, no lo es que se pierda de vista algo fundamental: la empatía con quienes van cubiertas. El respeto y la escucha de quienes se cubren por una imposición explícita y también de las que afirman, aunque no guste escucharlo, que lo hacen porque lo han elegido.

En países como Irán o Arabia Saudí, negarse a ir completamente cubiertas supone un acto heroico, y el apoyo a quienes resisten esta imposición es más importante que nunca. Son emocionantes las muestras de solidaridad en todo el mundo con quienes se juegan la vida desafiando una prohibición, la de mostrar el cabello, que nos atañe a todas.

Sabemos, sin embargo, que los símbolos no son estáticos. La historia nos enseña cómo incluso los símbolos más cargados de connotaciones opresivas son reapropiados, revertidos, reivindicados desde lugares distintos, desde representaciones diversas. En cuestión de representaciones, si no queremos caer en dogmas, la clave es el contexto. La lectura de esta prenda no es la misma cuando la lleva una mujer iraní, donde el velo ha sido uno de los caballos de batalla de sometimiento de la mitad de la población por parte de los sectores más extremistas; cuando hablamos de otros contextos árabes o musulmanes donde el estado no impone la prenda y donde la diversidad de representaciones a través de la vestimenta es enorme; o cuando la viste una mujer musulmana en un país como Francia, donde hemos visto a mujeres sufrir la violencia de las autoridades, que les arrancaban la ropa con que se cubrían en la playa.

Reducir una cuestión tan compleja a la dicotomía que equipara mujer cubierta con sumisa y mujer descubierta con empoderada y libre es problemático y dañino. Borra de un plumazo la inmensidad de matices, de lugares desde donde alguien puede reivindicarse, silencia a mujeres basándose en su vestimenta, contribuye a alimentar el estigma contra quienes se cubren. Esta dicotomía obvia también la interseccionalidad que nos enseña hasta qué punto las mujeres estamos atravesadas por identidades diversas y sufrimos por ello distintos tipos de opresión, que requieren un acercamiento que no puede ser monolítico y que debe atender a las dinámicas de poder presentes en cada contexto. A quién se silencia, margina o vulnera, y quién tiene el poder de hacerlo, varía según ese contexto, y por eso desde el feminismo lo principal es escucharnos, incluirnos, no cuestionarnos o negarnos en base al rechazo visceral de una prenda que no para todas representa lo mismo.

Basta con escuchar a mujeres como Takwa Rejeb, la joven musulmana valenciana que se enfrentó a quienes querían prohibirle el acceso a su instituto público cubierta con un hiyab, un pañuelo que no impide ver su cara ni estorba su identificación, para ver hasta qué punto el modo en que cada mujer se afirma o se empodera no lo determina en términos absolutos una prenda. O a compañeras como Sirin Adlbi, politóloga decolonial y referente feminista para muchas. Resulta ofensivo plantear siquiera que su modo de vestir no sea el adecuado, cuestionarlas con el argumento de si son o no en el fondo libres en la representación de su identidad, como si tal pregunta no fuese aplicable al resto de elecciones de las mujeres.

La empatía y la solidaridad con y entre mujeres, la sororidad de la que tanto hablamos y que tanto necesitamos, no admite el señalamiento de compañeras que llevan velo, la exclusión de sus voces ni el cuestionamiento de si son o no feministas con base en su vestimenta. No admite no tratarlas como a iguales, como si estuviesen desprovistas de agencia, como si no fuesen más que la prenda que las cubre. Este distanciamiento, este nosotras frente a las otras, es lo que caracteriza a quienes imponen las normas y los límites sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, lo que queremos por encima de todo evitar. Entendiendo, como dice Vega Pérez-Chirinos, que somos todas hermanas, y que cada una se sacude el patriarcado como puede.

Desde finales de abril aviones rusos bombardean Idlib, en el norte de Siria, casi a diario, y las víctimas se cuentan por cientos. Sólo entre el 22 y el 23 de julio fueron asesinadas más de 60 personas y hubo en torno a 100 heridos en una ofensiva que la ONU describió como “la más letal contra civiles desde el aumento de los combates”. Las bombas se ceban con mercados, colegios y hospitales, y buena parte de las víctimas son mujeres y niños, muchas de ellas doble y triplemente desplazadas, ya que a Idlib, último lugar fuera del control de Asad, ha ido llegando en estos años gente que huía de otras zonas como Hama, Homs o Ghouta.

Una de estas personas es Muhammad Najem, un joven de 16 años que lleva casi la mitad de su vida viviendo y contando la guerra, compartiendo el día a día bajo las bombas en sus canales de Youtube, Twitter e Instagram. Primero en Ghouta Oriental, el barrio a las afueras de Damasco que en agosto de 2013 sufrió el primer ataque con armas químicas, un lugar descrito por la ONU en febrero de 2018 como “el infierno en la tierra”.

Era todavía un niño cuando, atravesando la pantalla con sus grandes ojos azules, compartió sus primeras imágenes de los bombardeos que se cebaban con su barrio. Desde entonces lo haría prácticamente a diario, convirtiéndose prematuramente en fuente y reportero de una guerra que hace tiempo que dejó de ocupar portadas. Hoy lo hace desde Estambul, adonde llegó hace ocho meses y desde donde continúa alertando sobre la situación que se vive en Idlib y el resto de Siria.

“Espera, necesito escribir mis ideas para ordenarlas. Si no lo escribo, todo me resulta muy caótico”, contesta antes de responder a las primeras preguntas. Envía un gran archivo de imágenes, que combina fotos de edificios derruidos y escenas muy gráficas de los momentos después de un bombardeo, con instantáneas de niños jugando al futbolín o naranjos en flor que el fotógrafo muestra orgulloso a cámara.

Nos detenemos en una en la que se le ve a él estudiando a la luz de una vela, en pleno apagón en el barrio de Ghouta. Muy buen estudiante desde niño, Muhammad cuenta que desde que no tiene cerca a su hermana le cuesta más estudiar. “Se me resiste sobre todo el inglés, aunque sé que es muy importante estudiarlo para poder seguir contando al mundo lo que pasa en Siria”.

Doblemente desplazados

Muhammad vive ahora en Turquía, adonde logró llegar después de unos meses viviendo en Idlib. Lo acompañaban su madre y sus tres hermanos, de siete, cuatro y 25 años. Qusay Noor, el mayor, también es conocido por compartir a través de sus redes sociales el día a día bajo el asedio. “Fue él quien me enseñó a grabar, a hacer bien los selfies, a abrirme cuentas de internet...”, recalca Muhammad. Una cuarta hermana, embarazada de ocho meses, se quedó en Idlib por miedo a que el viaje supusiese demasiado riesgo. Ahora se arrepiente de no haber salido a toda costa y trata sin éxito de reunirse con el resto de la familia en Estambul.

“Cuando salimos de Idlib y vimos que íbamos a tomar un avión lloramos de emoción. Mi hermana pequeña no paraba de preguntarme si estaba seguro de que este no era el mismo avión que nos bombardeaba”, recuerda el adolescente.

Para buena parte de la población siria, sometida a años de ataques aéreos, avión es sinónimo de bombardeo. Muhammad los ha visto destruir todo lo que encontraban a su paso, arrasando terrenos y edificios y dejando secuelas imborrables en sus víctimas, especialmente en las más jóvenes.

“Con mis fotos y mis vídeos he intentado centrarme en el efecto en los niños”, cuenta. “En el ataque químico, muchos niños con los que convivía en Ghouta sufrieron quemaduras terribles, y años después seguían teniendo el rostro desfigurado. Eran quemaduras tan horribles que otros niños se asustaban y no querían jugar con ellos. Yo me quedaba jugando con ellos y al final terminaban olvidándose de todo y sonreían. Me gustaba mucho esa sensación”.

Su forma de contar lo ocurrido bajo el asedio combina imágenes de la crudeza del sufrimiento de la población con momentos cotidianos de relativa normalidad, acompañados de comentarios cargados de sensibilidad, ternura, humor negro, ironía y resiliencia. “Aquí los hijos de Ghouta. A pesar de los histéricos bombardeos, del infierno de la muerte, de la falta de vida, comida y medicinas… siempre sonriendo”, comenta junto a una foto en la que se le ve comiendo de un hornillo de gas rodeado de escombros y a la que añade la etiqueta '#Life_In_Graves' (vivir en tumbas).

Cuando la situación se volvió insostenible en Ghouta, Muhammad huyó con su familia a Idlib, lugar que ha ido acogiendo a familias desplazadas de todo el país. “Durante unos meses fuimos bastante felices allí. Me gustaba ir a visitar a familias que acababan de llegar como nosotros y que eran acogidos por quienes ya estaban allí, hacerles entrevistas… Esos meses en que no hubo bombardeos y los sirios podíamos vivir en una especie de libertad fueron buenos”.

La tregua a la que hace referencia Muhammad, acordada por Turquía, Rusia y el régimen sirio, no duró. Idlib, ubicada en la zona noroccidental de Siria, forma parte junto con algunas zonas de Alepo y Hama de la región controlada por una alianza en la que destaca el grupo Hayat Tahrir al-Sham, una escisión de Al-Qaeda que es responsable también de reprimir a la población local y de utilizar su poder para acallar las voces que cuestionen su autoridad.

Además del grupo, conforman el complejo entramado de la provincia activistas y opositores de todo el país. Un entramado que conlleva tensiones internas entre activistas civiles y grupos de carácter extremista, como muestran las manifestaciones en las que cientos de personas continúan reivindicando libertad y justicia, tanto frente a Asad y sus aliados como frente a quienes intentan ocupar su lugar anulando las aspiraciones de la población. A esta situación tan difícil se suman desde hace más de tres meses ataques aéreos centrados en acabar con el último resquicio de vida fuera del control de la dictadura.

Hablando con Muhammad es fácil percibir que, desde esos 16 años en los que ha visto y vivido escenas que la mayoría no ve en toda una vida, se siente en deuda con los niños que siguen dentro del país. “Ahora estoy a salvo, pero no me siento bien. Creo que debería estar dentro, compartiendo el destino del resto de niños y contando al mundo lo que está pasando y lo que vive la gente en mi país”.

Esa atención del mundo que busca Muhammad hace tiempo que remitió, y es cada vez menor la cobertura de la tragedia que continúa asolando a la población siria. Quienes seguimos de cerca la situación en el país nos enfrentamos a menudo a la pregunta: “¿Pero la guerra no ha terminado ya?”, y lo cierto es que el anuncio de “fin de la guerra” que lanzaron Asad y sus aliados en diciembre de 2018 no se corresponde con la devastación que continúan provocando en el norte del país, donde recientemente bombardearon un pozo que abastecía de agua potable a buena parte de la población local. Tampoco con el aumento de la tortura en las prisiones del régimen, donde se hacinan en condiciones infrahumanas los presos que sobreviven, después de años de ejecuciones sumarias que se han recrudecido en los últimos meses, una situación que han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional.

Las personas detenidas dentro del país incluyen numerosos desplazados internos, como el joven Tareq Abdul Hakim Kiwan, que desertó del ejército oficial y tras una larga temporada en Daraa regresó a Damasco buscando estabilizar su situación y reconciliarse con las autoridades. Fue detenido en el acto y murió bajo tortura a finales de julio, según la notificación recibida por su familia, una suerte que han corrido otras personas que han tratado de “reconciliarse con el régimen”. Otros detenidos son personas expulsadas de países adonde habían logrado huir, como Líbano o Turquía, y que al ser repatriadas son recibidas con condenas a muerte.

Muhammad tiene noticias de personas en Turquía a las que se está obligando a regresar a una Siria que no es segura para ellas, y dice no entender bien qué ocurre. “A mí y a las personas que conozco nos han tratado bien aquí, pero ahora dicen que hay muchos sirios que están aquí ilegalmente y deben volver. La mayoría no podremos volver mientras en Siria no haya libertad”, recuerda.

Shamima Begum, británica de padres bangladeshíes, tenía 15 años cuando decidió huir de la casa de su familia en Londres y viajar a Siria con dos compañeras de instituto para unirse al ISIS, convirtiéndose las tres en esposas de combatientes. Cuatro años después, en febrero de 2019, tras haber perdido a sus dos hijos y embarazada del tercero, Begum decidía regresar a Inglaterra para dar a luz. Se encontró entonces con que el Gobierno de su (hasta entonces) país pretendía revocarle la nacionalidad británica.

Al frente de la decisión, que implica que Begum no pueda ser juzgada ni condenada en Reino Unido, está Sajid Javid, del Ministerio de Interior británico, político conservador que afirma que con esta medida busca “frenar la radicalización”. Decía en declaraciones oficiales el 20 de febrero, refiriéndose a los británicos que se han unido al ISIS: “Digamos que están en el Reino Unido y radicalizan a otros. Podrían llevar a cabo ataques terroristas o incitar a otros a cometerlos”.

A quienes citan el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos –“toda persona tiene derecho a una nacionalidad y nadie puede ser despojado arbitrariamente de ella”– Javid responde que no es este el caso, ya que Bangladesh puede hacerse cargo de la nacionalidad de Begum, de modo que no llegue a ser una “sin Estado”. El Gobierno de Bangladesh, sin embargo, ya ha anunciado que Begum, que nunca ha puesto pie en el país, no es su responsabilidad.

Un precedente peligroso

El caso de Shamima Begum no es el primero en el país, aunque quizás sí el más mediático. Según The Guardian, unas 120 personas han sido despojadas de la nacionalidad británica desde 2016, la mayoría personas vinculadas a grupos extremistas.

Según el alcalde de Londres, Sadiq Khan, este tipo de decisiones supone una “abdicación de responsabilidad” y podría tener consecuencias para millones de personas de confesión musulmana o con familia en otros países. Se corre “el riesgo de crear ciudadanos de segunda clase, al poder revocarse la ciudadanía según el capricho de un político. Una vez se decide que un ciudadano no merece la ciudadanía que le corresponde por nacimiento, ¿dónde está el límite? ¿A cuántas personas más podría afectar esta medida?”

Los efectos del discurso de Sajid Javid ya se han hecho notar de modos distintos. Una galería de tiro en la que se juegan partidas de Airsoft en Wallasey, en el condado de Merseyside, ha instalado una imagen en tamaño de real de Shamima Begum como diana, después de que se registrase un número récord de demandas de los clientes. Lo califican como un modo de divertirse “de forma desenfadada”.

Al mismo tiempo, crece el miedo de los vecinos de Bethnal Green, donde se crió Begum, un barrio con una larga tradición de diversidad y activismo en el que las personas de confesión musulmanas se sienten señaladas e interrogadas.

Según Joey Ayoub, defensor de derechos humanos y editor del portal Global Voices, decisiones como esta envían un mensaje muy peligroso: “que Begum no es responsabilidad británica, que los Estados pueden lavarse las manos cuando alguno de sus ciudadanos viola las leyes o comete un crimen, que pueden poner distancia con los actos, por reprobables que sean, de su ciudadanía, en vez de asumir la responsabilidad de castigarlos y corregirlos.” Añade Ayoub que Begum “debe ser juzgada por la justicia británica por pertenencia a un grupo que ha cometido genocidio contra minorías como los yazidíes e incontables atrocidades en distintos países.”

Una medida habitual en países como Siria, Egipto o Bahréin

Reino Unido no es el primer país en implementar esta medida como modo de alejar, en vez de afrontar, cuestiones relativas a su ciudadanía. Sigue la estela de Estados totalitarios donde hace años que se lleva a cabo, como Siria, Egipto o Bahréin.

“Soy oficialmente un ”sin país“, decía en 2015 el defensor de derechos humanos Ali Abdulemam, en entrevista con eldiario.es, tras saber que Bahréin había revocado su ciudadanía. Abdulemam forma parte de una larga lista de personas, la mayoría activistas y opositores pacifistas, a las que la monarquía Al-Khalifa ha dejado sin Estado, tras acusarlos de poner en peligro la seguridad nacional.

Antes de Bahréin, Emiratos Árabes Unidos ya había revocado la nacionalidad a siete miembros del grupo islamista Al-Islah. En Egipto, bajo el régimen del general Sisi, que desde su ascenso al poder no ha dejado de recrudecer la persecución de toda forma de disidencia, se experimenta también con la nacionalidad como arma arrojadiza. El decreto presidencial aprobado en 2015, en plena polémica por la condena de tres periodistas de Al Jazeera a siete años de prisión, empujaba a personas de doble nacionalidad como Mohammed Fahmy a renunciar a la nacionalidad egipcia. En Siria, donde durante la década de los setenta fue habitual revocar la ciudadanía a personas de etnia kurda, la represión desatada desde 2011 ha incluido sistemas de renovación de identificación nacional al que sólo los sirios afines al régimen pueden acceder.

El efecto dominó que generan medidas de securitización incluye también Estados Unidos. Horas después del anuncio del departamento de Interior británico, el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, declaraba: “Hoda Mutahana no es problema de EEUU”, refiriéndose así a la joven estadounidense de padres yemeníes que acompañó a Shamima Begum en su periplo por el ISIS.

Como afirma Daniel L. Byman, del Center for Middle East Policy, “evadir la responsabilidad que un gobierno tiene con sus propios ciudadanos es un desastre a muchos niveles”. Explica que esto, además de admitir que el país es incapaz de gestionar su seguridad, supone dispersar a combatientes extranjeros, haciendo que supongan un riesgo aún mayor. Y añade: “Entre los terroristas del 11 de septiembre había, de hecho, muchos a los que no se les permitió regresar a casa”.

El mundo ha cambiado mucho desde aquellos largos años de Guerra Fría y, sin embargo, su sombra parece seguir marcando los posicionamientos (geo)políticos, anclando los debates sobre pueblos, regiones, sociedades enteras en esquemas bipolares. Uno de los ejemplos recientes más extremos de esa polarización es Siria, país que pocos conocen, con el que abundan los posicionamientos exprés y brillan por su ausencia los matices. También se da esa polarización, que ha sido muy evidente estos días, con Venezuela, que desata reacciones encendidas y muy alejadas de su realidad. Basta asomarse a cualquier canal de internet para comprobar cómo se abordan a vista de pájaro, sin matices, sin empatía, conflictos con múltiples dimensiones.

Cuanto más complejo es el contexto, más florecen los análisis reduccionistas, en clave de falsas dicotomías: radicales / moderados, sunitas / chiítas, imperialistas / anti-imperialistas, equipo Trump / equipo Putin, patriotas / traidores, ejes del mal / marionetas del imperialismo...

Como si sociedades complejas y diversas pudiesen encajar en categorías tan limitadas. Como si al sur (del Mediterráneo, de Europa, de Estados Unidos...) desapareciesen los matices, justo cuando más falta hacen, rodeados como estamos de autoritarismos, fascismos e injerencias geoestratégicas. Como si la lejanía permitiese un distanciamiento, mucho más que geográfico, que reduce al otro (Orientalismo, lo llamaba Edward Said) a una serie de estereotipos que dicen más de quien mira que de quien es mirado.

No hay matices en la visión del otro de los Trumps, los Bolsonaros y los Voxes del mundo, y tampoco parece haberlos en una parte de la izquierda, capaz de categorizar pueblos, países y regiones enteras como “imperialistas” y “antiimperialistas”. Un reduccionismo que quedó en evidencia en los posicionamientos exprés que generó el conflicto Maduro / Guaidó de estos días. O como dice la periodista Dima Al Khatib, corresponsal durante años de Latinoamérica para Al Jazeera, en conversación telefónica con Eldiario.es:

“Veo una simplificación enorme de lo que ocurre en Venezuela, como si las cosas fuesen blancas o negras. Es una situación enormemente compleja y espinosa, con elementos que se solapan, externos e internos. La polarización extrema con que se aborda hace desaparecer la verdad, mata el diálogo y la crítica”.

La complejidad como herramienta analítica

Para combatir estos simplismos, empecemos por asumir que el mundo es complejo. Que seguramente se nos escapen muchas claves, que debemos escuchar, leer, empatizar con quienes están viviendo y sufriendo ese contexto, sin pretender que sus luchas, tensiones o reivindicaciones encajen en el esquema que más nos convenga o más fácil nos resulte de digerir. Que no hay nada malo en escuchar durante días, semanas o meses sin dar una opinión contundente, que no hace falta posicionarse a los 15 minutos cada vez que surja un conflicto del que probablemente ignoremos múltiples dimensiones. O como dice Marianne Hernández, bloguera para Global Voices:

Gente que odio: la que opina sobre el futuro de mi país como si solo fuera una ficha en su conspiranoia anticapitalista personal. Es mi país, es mi hogar, mi infancia, mi pasado y mi futuro; es un lugar que no conoces y que no significa nada para ti. Ten un poco de respeto.

Entender la complejidad requiere de un análisis que, en contextos de gran relevancia geoestratégica, debe hacerse a varios niveles: local, regional, internacional... Un análisis complejo en el que se escuche a las voces locales sin dejar de tener presente el modo en que otras potencias tratan de capitalizar tensiones y conflictos. Un análisis en el que debe estar presente también la empatía.

No hace falta un desbordamiento de empatía para percibir lo ofensivo de calificar a todas las personas que se oponen a Maduro como traidores a la patria (para quienes todavía recurran a estos términos trasnochados), ni para observar que la situación en Venezuela se ha vuelto insostenible para buena parte de sus habitantes.

Esto no implica ignorar cómo potencias como Estados Unidos instrumentalizan la situación de caos en su beneficio. La empatía lleva a apoyar soluciones que alivien el sufrimiento de la población y no la aboquen a más violencia. La empatía es, hoy más que nunca, clave frente al golpismo histórico de la derecha pro-injerencias estadounidenses y también frente al “antiimperialismo sumario” de buena parte de la izquierda.

Que las potencias geopolíticas buscan avanzar sus intereses no es un secreto para nadie. Que los pueblos tienen sus propias dinámicas internas y no son solo títeres de Rusia o Estados Unidos debería ser igual de evidente. La legitimidad de Maduro o de Guaidó no la determina qué potencias se posicionan con cada uno (véase a Bolsonaro apoyando a Guaidó o a Erdogán animando a Maduro), y sí en qué medida son capaces de responder y representar las demandas de su población.

Distinguir y poner en valor estos aspectos parece más razonable que esa visión del mundo en dos ejes que obliga a elegir entre jalear al equipo Trump o al equipo Putin a la vez que ignora a las víctimas y protagonistas de los conflictos. Luchemos cuanto antes contra esa polarización que simplifica lo complejo y tratemos de entender cada contexto como lo que es y no como el espejo de nuestras proyecciones ideológicas.

“La deshumanización fue desde siempre una táctica del régimen, que trata el país y a sus habitantes como si fuesen de su propiedad”. Habla Anwar al-Bunni (Hama, 1959), destacado abogado sirio de derechos humanos, durante una conferencia celebrada en Madrid el 8 de diciembre. El evento, titulado Convoy por la liberación de los presos sirios, forma parte de la campaña mundial para liberar a las personas sirias detenidas de forma arbitraria tanto por el régimen sirio como por grupos como Hayat Tahrir al-Sham (la al-Qaeda siria). Allí se congregaron miembros de la sociedad civil, abogados internacionales y exprisioneros, cuyos testimonios ilustraron las palabras de al-Bunni.

“En las cárceles sirias cuesta respirar. Nos turnábamos para aspirar algo de aire de una pequeña rendija. Los que tenían problemas respiratorios no sobrevivían. Éramos 123 personas en una celda de seis por cuatro con acceso tan solo a un grifo y a un agujero en la esquina de la celda”, relata Marwan al-Ash, arquitecto y superviviente de la cárcel, por la que pasó tanto antes como después del levantamiento popular de 2011.

Mucho antes de las protestas de 2011, Siria era ya conocida por sus tácticas de represión y tortura de presos políticos. Figuras como la desaparecida Razan Zaituneh, abogada de derechos humanos, o el propio Anwar al-Bunni, han trabajado en documentar esas violaciones, con un énfasis especial en el período conocido como 'la primavera de Damasco'.

La primavera de Damasco

“No se puede luchar contra el extremismo de forma individual. Para luchar contra él, hay que cuestionarse las estructuras, los climas que favorecen su florecimiento”, defiende al-Bunni en referencia a Daesh y otros grupos que se asentaron en la zona aprovechando el caos y la impunidad. Una impunidad que se relata con crudeza en El caparazón, libro publicado recientemente en el que el exprisionero Mustafa Khalifa narra la experiencia de un civil encarcelado durante el mandato de Hafez al-Asad.

En el clima de represión que caracteriza a la Siria de los Asad hubo a principios de siglo un breve período de esperanza conocido como la 'primavera de Damasco'. Ocurrió tras el fallecimiento de Hafez al-Asad y durante el ascenso al poder de su hijo Bashar, que se proponía como promotor de reformas en el país, abierto al diálogo y a las críticas. El espejismo duró poco, y quienes se confiaron lo pagaron caro. Durante esos meses de transición entre dictadores se celebraron a lo largo y ancho del país reuniones donde se debatía el futuro del país y se presentaban propuestas, se publicaron revistas como al-Domani, del dibujante Ali Ferzat (al que años después fuerzas del régimen rompieron las manos en represalia por sus dibujos), intelectuales comunistas perseguidos durante décadas se expresaron con libertad y contundencia. El país, con su capital a la cabeza, se contagió de una atmósfera de optimismo que propició que un grupo de intelectuales publicasen un manifiesto que constataba que “ninguna reforma, ya sea económica, administrativa o judicial, traerá la seguridad y la estabilidad si no va a acompañada de las requeridas reformas políticas”.

La reacción a la apertura prometida fue, tras la publicación de ese manifiesto, la detención de cientos de hombres y mujeres que habían liderado las iniciativas de petición de libertades y reformas. El recién nombrado presidente de la república hereditaria de Siria rechazó las críticas y comenzó una campaña masiva de arresto de los partícipes de la primavera de Damasco.

Las detenciones incluyeron a los principales miembros de la sociedad civil de entonces, como Walid al-Bunni y Kamal al-Labwani, a diputados independientes como Mamun al-Homsi y Riad Sayf, o al conocido opositor comunista Riad al-Turk, que había pasado 17 años en la cárcel y fue condenado a prisión de nuevo con 72 años. La defensa de varios de estos detenidos, incluido el propio Turk, la lideró Anwar al-Bunni, uno de los pocos que se atrevía a acometer una tarea que lo colocaba a él mismo en el centro de la diana.

Al-Bunni lleva desde los años 80 denunciando las condiciones infrahumanas de los detenidos y detenidas en Siria. Fue jefe del breve centro de capacitación en derechos humanos financiado por la Unión Europea en Siria, hasta que el Gobierno lo cerró en 2006. Convencido de la necesidad de su trabajo, a menudo financiaba la defensa de su propio bolsillo. Una de las más conocidas fue la de Aref Dalila, exdecano de la Facultad de Economía en la Universidad de Damasco.

Como miembro activo durante la primavera de Damasco, Dalila fue detenido en 2002 tras una conferencia en la que abogaba por una mayor transparencia en el Gobierno y medidas contra la corrupción. Al-Bunni denunció que Dalila había sido golpeado durante su interrogatorio, presentando como evidencia un pañuelo manchado de sangre. Tras la acusación, se prohibió a al-Bunni ejercer ante la Corte Suprema de Seguridad del Estado y Dalila fue condenado a diez años de prisión.

Más tarde, en 2006, el propio abogado fue encarcelado tras firmar la Declaración Beirut-Damasco, que respaldaba el respeto a la soberanía de Líbano, mientras recibía premios internacionales por su labor, como el que entrega Front Line Defenders a defensores de derechos humanos en situación de riesgo, o el de la Asociación Alemana de Jueces.

Defensor de la justicia universal

En 2014, tres años después del inicio de las protestas en Siria, al-Bunni decidió salir del país e instalarse en Alemania. Desde allí, junto con otras personas exiliadas y víctimas de torturas, estudia diferentes mecanismos políticos para perseguir a los perpetradores de abusos contra presos y presas en las cárceles sirias. Los abogados sirios luchan ahora para que se pueda llevar el caso a los tribunales europeos, ante la imposibilidad de hacerlo tanto en territorio sirio como a nivel internacional, por los vetos de Rusia y China.

Durante los años en los que al-Bunni trabajó defendiendo los derechos humanos en Damasco, se topó con la impunidad de un régimen que respondía a las críticas con más encarcelamientos, torturas y desapariciones. Durante sus años en el exilio no ha dejado de toparse con otro tipo de obstáculos: los que imponen países que por sus propios intereses arropan al régimen sirio. Al-Bunni asegura no perder la esperanza, sobre todo tras la aparición del archivo César, que incluye más de 28.000 imágenes que salieron a la luz pública mostrando a miles de personas víctimas de tortura y fallecidas bajo custodia del régimen.

De no haber esperanza, piensa, nadie estará seguro en los próximos años. “Si no se castigan estos crímenes, el clima de impunidad será cada vez mayor, con dictadores cada vez más fortalecidos. Nos interesa a todos, no solo a los sirios, que haya justicia frente a los crímenes contra la humanidad. Estos criminales no pueden ser parte de la solución”, recalca al-Bunni.

En esta lucha contra la impunidad, la campaña mundial para liberar a los detenidos proseguirá su andadura, siendo los supervivientes y los familiares de los desaparecidos el vivo testimonio de la tragedia que no cesa en Siria.