El público dibuja un colorido manto de melfas frente a la pantalla que está punto de apagarse hasta el año que viene. Sobre las enormes alfombras desplegadas en la arena árida del campamento de refugiados saharauis de Auserd (Tindouf) apenas queda un hueco libre y las siluetas aplauden tras escuchar el nombre de la película ganadora del Festival de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara): Todo lo que fuimos. En el camión, convertido en el epicentro de cinco días de proyecciones, aparece por sorpresa la imagen de Javier Barden, uno de los productores ejecutivos del filme, habitual aliado de la causa saharaui siguiendo la estela de su madre, Pilar Bardem. 

Su rostro irrumpe en medio del desierto argelino, ante la mirada de decenas de refugiados saharauis y visitantes internacionales, para agradecer el galardón y dedicar unas palabras a quienes acumulan 50 años de espera en el exilio tras la ocupación marroquí de la excolonia española. Todo el público estaba pendiente de sus palabras, pero él solo se dirigía a los protagonistas de este particular festival: “Seguimos con vosotros”, arrancó tras una emotiva presentación del también actor Willy Toledo, quien durante los últimos días ha tratado de hacer posible la presencia en remoto de Bardem.

“Pese al abandono de todos los gobernantes de España, incluido Pedro Sánchez, que en el año 2022 volvió a abandonar al pueblo saharaui con esa traición (en referencia al cambio de posición de su Gobierno sobre el Sáhara Occidental)”, continuó Bardem. “El hecho de que este festival exista recuerda que estais y que nosotros somos vuestros hermanos. España es la potencia administradora del Sáhara Occidental y los españoles tenemos que cuidar de vosotros”, añadió, respondido por un aplauso en su mención a la responsabilidad de España en el proceso de descolonización inconcluso. 

“Sois un ejemplo de dignidad y tenéis a toda la sociedad española al lado. A toda. Los gobernantes no nos representan”, ha afirmado Bardem, quien ha afirmado sentirse “emocionado” durante la conexión en directo con el desierto argelino, que logra realizarse pese a las dificultades de conexión ligadas a las condiciones del campo de refugiados. 

Según la ONU, España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental, por no haber finalizado el proceso de descolonización tras la ocupación marroquí y el abandono por parte de España de su excolonia en los Acuerdos Tripartitos de Madrid, ilegales a ojos de las Naciones Unidas, firmados durante los últimos coletazos del franquismo. 

La cinta ganadora, Todo lo que fuimos, es un drama épico dirigido por Cherien Dabis que relata la historia de una familia palestina a través de tres generaciones, en un recorrido desde la Nakba de 1948 hasta la década de 2020. Bardem ha sido un firme defensor de la causa palestina y ha denunciado públicamente la situación en Gaza, alineándose con el mensaje de la película vencedora en la última edición del FiSahara, que este año ha reivindicado el derecho al regreao del pueblo saharaui a su tierra, coincidiendo con el 50 aniversario de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). 

El segundo puesto del galardón fue para el filme Mariem, dirigido por Javier Corcuera sobre la cantante saharaui Mariem Hassan. En tercer lugar, La recompensa, de Aicha Chej Blal.

Por si parte, el Premio Eduardo Galeano de Cine y Derechos Humanos fue para el documental La canción sami de supervivencia.

Más de un millar de personas procedentes de una veintena de países y de los distintos campamentos saharauis (wilayas) en el desierto argelino se han reunido durante los últimos cinco días bajo el lema Caminando a nuestra tierra: La esperanza radical del retorno, que pone el foco en el derecho internacional al retorno de los pueblos indígenas.

Para finalizar, el violín de Ara Malikian acompañó a un público que sabe lo que significa esperar. El músico creció entre la guerra del Líbano y encontró en la música una forma de seguir adelante, algo que evidencia en cada pieza. Durante ese rato, el festival cumplió su promesa: convertir un lugar marcado por el exilio en un espacio donde, al menos por unas horas, la espera se hiciese algo más llevadera.

Duberney Lanza no es el primer joven de la Amazonía peruana que creció sin conocer sus propias raíces indígenas. Nació en San Antonio del Estrecho (Loreto, Perú), un municipio situado a la orilla del río Putumayo, en la frontera con Colombia, en una región afectada por el narcotráfico, la tala y la minería ilegal. Duberney alcanzó la adultez bajo la ilusión del mestizaje. Nadie le aseguró tener sangre española, pero tampoco nadie le habló del pueblo originario Murui Bue, le inculcó sus prácticas culturales, le enseñó su lengua o lo vistió con las ropas tradicionales. No hubo una negación explícita del propio origen, sino silencio.

Duberney tiene 19 años y estudia Antropología en Iquitos. Con 500.000 habitantes, es la ciudad más grande del mundo no accesible por carretera y la capital de Loreto, la región más extensa del Perú. A pesar de su abundancia cultural y natural, la falta de acceso a servicios básicos y la mirada extractivista han escrito capítulos muy oscuros en la historia de Loreto.

La Fiebre del caucho (1880–1915) fue posiblemente el más terrible: conllevó la esclavitud, tortura, asesinato y desplazamiento forzado de miles de personas. En un flujo constante de exportaciones internacionales, Iquitos fue el epicentro de la comercialización y extracción de la goma natural en el Perú.

Pero de este tema a Duberney tampoco le habían contado mucho, a pesar de que su pueblo limita con la región más azotada por la actividad cauchera en el país: la zona entre los ríos Putumayo y Caquetá que, tras las disputas territoriales, pasó a ser colombiana. Ahí se encuentra la Chorrera, centro de actividad de la sanguinaria Casa Arana, tristemente célebre por esclavizar a la población nativa como mano de obra de su negocio cauchero.

Duberney, que empezaba a indagar en el tema, participó en un viaje organizado por la parroquia junto a otros jóvenes indígenas: “Nos invitaron a ir a la Chorrera para aprender el idioma e investigar sobre el lugar del que venimos y quiénes son nuestros ancestros”. A través de los apellidos, cada joven encontró su maloca, la casa comunal donde se reúne cada familia o clan.

El joven aprovechó para preguntar sobre la época del caucho. Le describieron unos tiempos de esclavitud con un sistema de endeudamiento que hacía imposible salir de la rueda de la explotación. Cuando algunos indígenas intentaban escapar, los barones del caucho les practicaban el castigo ejemplarizante: “Les torturaban delante de sus familiares. Les golpeaban, les cortaban dedos, la lengua…”. Siempre en nombre del progreso.

Duberney recuerda que “los abuelos de la Chorrera lloraban y procuraban no hablar de eso”. Este viaje marcó un antes y un después para él. Al poco tiempo se sumó al colectivo Tsɨuni, integrado por más de 40 personas de 11 pueblos originarios: una generación de jóvenes orgullosos de sus raíces y determinados a hacer justicia.

Tsɨuni, en lengua kukama, significa escuchar. El 17 de septiembre de 2025, en el Auditorio del Vicariato (Iquitos), la audiencia escucha. El colectivo presenta por primera vez su proyecto: una demanda contra el Estado peruano para exigir la creación de una comisión de la verdad que investigue los crímenes de la época del caucho. La idea surgió tras un encuentro del pueblo kukama, donde ancianos compartieron sus vivencias. Dana Gaviota, música y antropóloga kukama, relata el testimonio de una señora, Alejandrina, que recordaba los relatos sobre asesinatos sádicos, como la quema de personas vivas.

Nadie hoy vivo es víctima directa de los caucheros. Quizá por eso las heridas son complejas. Tienen que ver con la impunidad de la violencia, con la complicidad del Estado y con un relato insultante sobre el indígena, aún muy presente en el Perú. “La corrupción y el silencio se han ido fortaleciendo como modo de progreso, como forma de vida”, critica Patrick Murayari, fotógrafo kukama y activista.

Pasar a la acción

El 12 de octubre, Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural, el colectivo tsɨuni marcha por la Alameda del Caucho (Iquitos). Si bien la ciudad está muy marcada por la presencia indígena, también lo está por la época en que empresarios blancos la habitaron masivamente. Esa inmigración, promovida por el Estado, transformó lo que era un pequeño pueblo en la capital de la Amazonía peruana. Las casonas de estilo europeo son testimonio de ello y las calles con nombres de caucheros le rinden homenaje.

La corrupción y el silencio se han ido fortaleciendo como modo de progreso, como forma de vida

Patrick Murayari — Fotógrafo kukama y activista

“Como pueblos indígenas, la Alameda no nos representa”, expone Omar Navarro, un chico kukama de 18 años nacido en La Rioja (San Martín, Perú) y estudiante de Antropología en Iquitos. Por eso, Tsɨuni eligió este espacio para celebrar lo que Navarro llama Festival de la Memoria. “Hicimos una marcha pacífica para dar a conocer las atrocidades de la época del caucho. Muchos pueblos originarios se quisieron sumar y mucha gente quiso saber por qué tomábamos la Alameda”, comparte.

Pero la gran fecha llega al día siguiente. El 13 de octubre los activistas se reúnen en la sede en Nauta de Radio Ucamara, emisora comprometida con el colectivo, para marchar hacia el juzgado. Ocho activistas locales presentan la demanda ante el Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Justicia de Loreto. La base legal de la demanda es el derecho a la verdad, reconocido legalmente en Perú y exigible judicialmente. “El objetivo de la comisión de la verdad es que el Estado investigue los crímenes de la época del caucho, yendo a las comunidades y recopilando información sobre los pueblos, porque son necesarias sus voces”, explica Navarro. El colectivo sigue esperando la admisión de la demanda, pero ha asumido el compromiso de investigar, sea en colaboración con las instituciones o sin ellas.

Las denuncias anteriores

Quien ha dedicado su carrera a documentar el impacto de las caucherías en los pueblos indígenas es el antropólogo Alberto Chirif. Él sabe que no es la primera vez que estos crímenes llegan a instituciones judiciales. Ya en 1907, el periodista peruano Benjamín Saldaña los denunció en los diarios La Felpa y La Sanción. Reino Unido también investigó la cuestión, ya que la Peruvian Amazon Company, responsable de la mayor parte de la producción de caucho en Perú, estaba registrada como empresa británica. El cónsul británico Roger Casement, que viajó al Putumayo, confirmó las atrocidades en una serie de cartas. Otras voces también denunciaron los crímenes y los jueces Rómulo Paredes y Carlos Valcárcel, que sufrieron amenazas y ataques, condujeron la investigación, pero no se llegó a hacer justicia.

Chirif señala que el inicio de la Primera Guerra Mundial “creó un nuevo escenario de preocupaciones para Gran Bretaña” que apartó la mirada. Además, la extracción de caucho en la Amazonía inició su declive ya que, tras el robo de miles de semillas, se habían establecido plantaciones en las colonias británicas en Asia. La Peruvian Amazon Company se disolvió, los criminales quedaron impunes y sus crímenes, enterrados por el paso del tiempo.

Un Estado cómplice

“El Estado peruano ha tratado siempre de evadir responsabilidades”, asegura Chirif, que señala que nunca ha hecho un reconocimiento público de su implicación en los crímenes. En 2012, en el centenario de la presentación de las denuncias ante el Parlamento inglés, los antropólogos Alberto Chirif y Manuel Cornejo intentaron que se pidieran disculpas. Consiguieron que el ministro de Cultura y el presidente del Congreso escribieran cartas a título personal, “pero, al fin y al cabo, ellos no eran el Estado peruano”.

Alberto Chirif define la relación del Estado con los pueblos originarios como demagógica. A menudo, la presencia es insuficiente a la hora de cubrir necesidades básicas. Duberney reflexiona: “No es que en ese entonces el Estado tuviera olvidados los pueblos indígenas: ahorita pasa lo mismo”. Por ejemplo, ante la presencia de mafias extractivas en Loreto, que ocupan, violentan y contaminan el territorio indígena, la intervención es mínima. “La cuenca del río Nanay está toda contaminada por la minería, pero ellos no se mueven”, señala Omar.

Chirif afirma que hay una promoción de las actividades ilegales desde el Congreso: “Se han rebajado los estándares de contaminación y se han reducido las penas para los transgresores”. Opina que “la presencia estatal puede ser dañina, porque [las autoridades] se hacen presentes mediante leyes que destruyen la legalidad y los derechos que han logrado los indígenas”. Incluso ha habido ataques directos, como el bombardeo al pueblo Matsés en 1964 o los sucesos del Baguazo —los enfrentamientos entre policía e indígenas en 2009 en Bagua, en el departamento de Amazonas, en el que murieron más de 30 personas entre agentes y activistas—.

Un imaginario que mata

Detrás de la violencia y la desprotección contra los pueblos originarios, sus tierras y su cultura, se esconde una discriminación muy enraizada. A principios del siglo XX, los caucheros se servían del argumento civilizador: los nativos eran salvajes y caníbales que no creían en Dios y no hablaban castellano. Los empresarios, pues, asumían la tarea de civilizarlos y peruanizarlos. “He llegado a la conclusión de que se llegaron a creer el imaginario que ellos mismos habían creado sobre los indígenas y los trataban violentamente un poco por precaución”, comparte Chirif.

Con el paso del tiempo, la narrativa ha ido cambiando: “Ahora no sería correcto un imaginario que diga que los indígenas no son seres humanos, pero sí se puede actuar como tal a través de ataques o malos tratos”, reflexiona, y añade: “Al final, quienes van a salir siempre perjudicados serán los indígenas, con nuevos argumentos discriminatorios”.

Desde la fiebre del caucho, la discriminación y la violencia han condicionado la permanencia de las culturas originarias: “Hay pueblos que han desaparecido, otros han perdido la lengua y otros se han visto reducidos a su mínima expresión”. La gran mortalidad de esos años fue un factor importante, especialmente cuando afectó a figuras clave para la transmisión cultural.

“Por ejemplo, las sociedades huitoto estaban estructuradas en clanes, regidos por un curaca, que era el portador de la palabra tradicional y la transmitía a su primogénito, y así sucesivamente. En la medida que estos personajes van desapareciendo, se va cortando la transmisión cultural”, cuenta Chirif. Sin el curaca, los pueblos huitoto tuvieron que transgredir su propia cultura para procurar su continuidad. “Eso nos lleva hoy en día a una sociedad que ha perdido el vínculo con su propia tradición espiritual y está desorientada”, explica.

Pueblos en silencio

La migración ha sido un fenómeno muy presente entre los pueblos supervivientes. Durante los años 20 y 30 los desplazamientos forzados marcaron el futuro de pueblos enteros. Hoy, ante la falta de servicios básicos en las comunidades, son habituales las migraciones a núcleos urbanos. “En el transcurso de migrar a las ciudades, los indígenas ya no están con su gente, no tienen con quién hablar su lengua y la van perdiendo”, comenta Duberney.

Las familias de Duberney y Omar han estado fuertemente marcadas por un corte en la transmisión cultural. Hoy, estos jóvenes adultos buscan reconectar con su herencia perdida. Omar no supo que parte de su familia era kukama hasta hace pocos años, cuando conversó con su abuelo acerca de la historia familiar. “Al padre de mi abuelo el patrón lo maltrataba por hablar una lengua diferente a la suya. Eso provocó que ya no quisiera hablar su lengua y, poco a poco, la olvidara”, comparte. El abuelo de Omar no llegó a aprender la lengua kukama.

La presencia estatal puede ser dañina, porque [las autoridades] se hacen presentes mediante leyes que destruyen la legalidad y los derechos que han logrado los indígenas

Alberto Chirif — Antropólogo

En la época del caucho, “los patrones veían la diversidad lingüística como un acto del demonio”, señala el joven. Hoy, los prejuicios los tiene una sociedad urbana “que sigue repitiendo discursos de odio”. Las lenguas indígenas son excluidas en la educación, las vestimentas son motivo de burla y los apellidos son motivo de desconfianza. Los indígenas urbanos a menudo renuncian a su identidad. “Intentan occidentalizarse”, reconoce Omar. De nuevo, el silencio.

“Las conversaciones con mi abuelo me ayudaron mucho a conocer mi árbol genealógico: yo tenía mucha curiosidad sobre de dónde venía”, explica Omar. “Resolver estas dudas me ayudó a compadecerme de mis antepasados; a entender que ellos tuvieron que cambiar para adaptarse a la sociedad. Conozco su tristeza”, comparte. Para él y para Duberney, conocer lo que la época del caucho supuso para sus pueblos ha servido para desenterrar una parte muy importante de su historia familiar, conocer su herencia indígena y repensar la propia identidad.

Las familias de estos jóvenes les apoyan en la creación de la comisión de la verdad, que quiere ampliar la documentación sobre uno de los mayores crímenes contra los pueblos originarios de la zona, desde la perspectiva de las víctimas; que busca revalorizar las culturas originarias amazónicas, aún hoy discriminadas; y que quiere contar unos hechos desgarradores para que nunca más se repitan. Duberney lo tiene claro: “Los ancianos ya no tienen la fuerza ni la voz para caminar, protestar y luchar. Ahora nos toca a nosotros”.

Revuelve en una caja para encontrar los recuerdos de sus días en el Sáhara español. Del cofre metalizado salen algunos papeles escritos en castellano, una hoja de un cuaderno Rubio de la escuela donde llevaba entonces a su hijo. El maletín naranja acumula lo poco material que conserva de los años en que su vida no se limitaba a esperar para regresar, pero Um El Fadli no encuentra su tarjeta de identidad española, la que le acreditaba como ciudadana de la que fuera la provincia número 53. No pensó que, tras décadas del abandono de España, la podría llegar a utilizar para solicitar la nacionalidad española.

Ahora, una proposición de ley impulsada por Sumar en el Congreso Español, ha avivado sus esperanzas. La mujer septuagenaria no había oído nada del proyecto legislativo que plantea el reconocimiento de la nacionalidad a los ciudadanos nacidos en el Sáhara Occidental durante la época colonial, pero su nieto asiente con entusiasmo al oír hablar de la iniciativa.

La abuela, al conocer los detalles durante los días en que se celebra en su campamento el Festival del Cine del Sáhara Occidental (Fisáhara), asiente para confirmar que, en caso de salir adelante la medida, pediría la nacionalidad española; pero estira su dedo índice, lo coloca delante de su rostro y lo mueve de un lado a otro para enfatizar su respuesta negativa a la pregunta que acaba de escuchar.

– Si obtuviera la nacionalidad, ¿querría vivir en España?

– No. No me iría. Me quedaría aquí. Quiero regresar a mi tierra, no quiero ir a ninguna otra parte. Y si no llega la independencia a tiempo, estaré aquí.

Ese “aquí” es el campamento de refugiados saharauis de Auserd, uno de los cinco asentamientos levantados por los propios saharauis en el desierto de Tinduf (Argelia), tras su huida de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y el posterior abandono español. Es la tierra árida, cedida por Argelia al Frente Polisario, donde sobreviven en condiciones climáticas extremas, bajo la dependencia total de la ayuda humanitaria. Es aquel lugar nacido para desaparecer, cuyas jaimas y casas de adobe fueron construidas bajo la promesa de provisionalidad, pero permanecen 50 años después, como también continúa la vida convertida en causa de Um El Fadli. Es aquí donde decide quedarse si pudiese marcharse, pero mira a su nieto y entiende que en su caso puede ser diferente.

Si Um El Fadli y otras personas nacidas en el Sáhara Occidental antes de 1975 querrían acogerse a su derecho de obtener la nacionalidad española, no es con el objetivo de dejar el campamento de refugiados donde viven y trasladarse a España, pese a sus complicadas condiciones de vida. Una decena de saharauis mayores responden negativamente cuando elDiario.es les pregunta por la posibilidad de migrar, pero todos ellos confirman su deseo de pedir igualmente la nacionalidad en caso de salir adelante la normativa que estudia el Congreso.

Más allá de los beneficios intrínsecos ligados a contar con un pasaporte europeo, los saharauis expulsados de la antigua colonia española hablan del reconocimiento de un derecho que consideran suyo, pero les fue arrebatado. “Es nuestro derecho. Yo tenía DNI español, convivía con los españoles, mi marido trabajaba para una empresa española y, de la noche a la mañana, desaparecieron, tuvimos que escapar y aquí estamos”, dice la señora de 70 años, sentada en una colorida jaima junto a su nieto, que tiene la edad que ella tenía cuando Marruecos inició la llamada “Marcha Verde”, que ellos bautizaron como “Marcha Negra”, y otras mujeres a su alrededor. Ya que España abandonó la antigua colonia al inicio de la ocupación marroquí, dice, ese pasaporte puede darles un respiro ante algunas de las necesidades que enfrentan en los campamentos. Con unos servicios sanitarios sin apenas recursos y una ayuda humanitaria recortada, las razones médicas son las más mencionadas entre quienes pedirían la nacionalidad española si saliese adelante la normativa planteada.

Algunas también mencionan las puertas que un pasaporte español les abriría a sus hijos o nietos para poder formarse, trabajar en España y , así, ayudar a la economía familiar. O, simplemente, contar con la mera posibilidad de viajar en determinadas ocasiones para visitar a seres queridos o alejarse por temporadas de la vida en el desierto. “Me gustaría tener la nacionalidad por si necesitase ir al hospital si enfermo, o para hacer más fácil que mi nieto pueda ir, porque allí es más fácil estudiar y encontrar un trabajo”, dice la señora, mientras el joven la mira y asiente.

Algunos de sus amigos, cansados de esperar para hacerlo por la vía legal, se subieron a bordo de una patera desde Argelia. “Yo quiero irme para ayudar a mi abuela y a mi familia, pero le he prometido que solo iría si consigo un visado”, dice el joven poco después, ya sin Um cerca.

El proyecto de ley da un paso

Después de más de un año con el texto en un cajón, la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y sus descendientes –cumpliendo una serie de requisitos– puedan tener la nacionalidad española ha dado esta semana un paso más en el Congreso con la constitución de la ponencia de la iniciativa. También la posibilidad de que los hijos de quienes nacieron en el Sáhara español tengan más facilidades para obtener la nacionalidad: en un plazo de 5 años desde la inscripción en el Registro Civil de sus progenitores, ellos también podrían solicitar la ciudadanía. En caso de vivir en España, solo se les exigiría haber residido dos años en el país, el mismo plazo reducido que se les pide a los nacionales de otras excolonias españolas o países con fuertes lazos culturales.

En febrero de 2025, el Parlamento aprobó la toma en consideración de la medida con el respaldo de todas las fuerzas políticas excepto del PSOE. La diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, celebró el desbloqueo de la medida y aseguró que su partido tratará de acercarse al resto de formaciones con el objetivo de presionar al PSOE. “Con el Partido Socialista, en materia del Sáhara, hay que seguir presionándoles porque sabemos que no les es cómodo aprobar esta norma, por lo que sea, pero vamos a seguir ahí”, dijo la parlamentaria.

En el mismo campamento de refugiados donde nació y pasó sus primeros años Tesh Sidi, la wilaya de Auserd, algunos jóvenes saharauis o adultos de mediana edad asienten con cierta ilusión cuando se les pregunta por la iniciativa parlamentaria. “Ojalá salga adelante. Tengo todas mis esperanzas en esa ley y lo estoy siguiendo desde que salió”, dice una mujer, que prefiere no dar su nombre. Es madre de dos hijos que viven actualmente en España en un limbo legal a la espera de su petición de apatridia. “Mis hijos ahora no pueden trabajar. Si saliese eso, les ayudaría mucho”, dice la mujer, mientras el fuerte viento de un conato de siroco golpea la jaima donde se refugia.

También desde el desierto, a través de su móvil, conoció los cambios de la ley de regularización extraordinaria española, que, en la práctica, supuso otro golpe para los saharauis. “Me pareció muy injusto. Ellos pensaban que iban a conseguir los papeles. Llevan mucho tiempo esperando la respuesta [de la petición de apatridia] y ahora no pueden hacer nada”, explica la mujer.

La estabilidad de los saharauis que viven en el exterior impacta directamente en las condiciones de vida de sus familias en los campamentos y en muchos proyectos desarrollados por quienes pasan unas temporadas en España y otras en Tindouf. Pese a que todas las casas de adobe parecen similares unas de otra, su interior da pistas de quienes cuentan con seres queridos en otros países, la mayoría en España, y quienes no. Los baños, las telas que cubren las paredes de cada espacio, las cortinas, hablan de quienes tienen algún miembro de su familia en el exterior.

El nuevo paso de la iniciativa parlamentaria llega después de que el Gobierno decidiese en el último momento la exclusión de los solicitantes de apatridia –saharauis en su mayoría en España– de la regularización extraordinaria, por lo que la aprobación de esta ley podría suponer un contrapeso al que ha sido considerado como el último varapalo del Gobierno de Pedro Sánchez a la población procedente de la excolonia española.

Dahda Mohamed Mahmud transmite la presencia y tranquilidad habitual en las mujeres saharauis. La mujer, nacida en el Sáhara Occidental en época colonial. Frente a una bandeja, la señora intercambia los pequeños vasos del ritual del té y concentra las miradas de sus compañeras de jaima. Su caso ejemplifica la manera en la que afrontan las generaciones mayores la posibilidad de tener la nacionalidad española. La mujer, de 70 años, nacida en el Sáhara Occidental durante la época colonial, cuenta actualmente con la nacionalidad española, pero ese reconocimiento no ha cambiado su día a día. “He ido un par de veces a España. Tenía que estar presencialmente para arreglar los papeles. También fui para ver a mi hijo y hacer alguna revisión médica”, detalla. “Pero no me quedo mucho tiempo y siempre vuelvo, prefiero estar aquí con mi marido y mis hijas”, añade la saharaui.

Para los saharauis, tampoco es sencillo pedir la nacionalidad si ya viven en suelo español. Mientras los ciudadanos procedentes de otras excolonias o países con fuertes lazos culturales con España, como Guinea Ecuatorial o América Latina, tienen plazos reducidos debido a esas conexiones históricas, esta ventaja no se cumple con quienes proceden del Sáhara Occidental. En el asiento trasero de un todoterreno aparcado en la árida explanada donde estos días se levanta la infraestructura del Fisáhara, Brahim Chagaf explica a elDiario.es parte de su odisea para tratar de conseguir su derecho a la ciudadanía. El saharaui vive desde hace más de una década entre Navarra y los campamentos de refugiados saharauis. Hace poco más de un mes, cuenta, solicitó la nacionalidad española y se encuentra a la espera de la resolución.

A su llegada a España, presentó a varios abogados el DNI español de su madre para acreditar que sus progenitores nacieron en el Sáhara español. “Yo llevé la documentación de mi madre, pero no me ha servido de nada. De hecho les hacía un poco de gracia a los abogados con los que hablaba, diciendo que eso no valía”, explica el saharaui, quien fue director de la escuela de cine. “Creo que no es justo, siendo yo hijo de españoles. Mi madre tiene el DNI español. Si España lo haya hecho tan mal, debería repararse. No acepto que sean tan justos para unas cosas, con Irán y Palestina, y tan injustos para otra. La causa saharaui es un asunto por resolver, como lo son los crímenes del franquismo”, añade en referencia a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez con el Sáhara Occidental.

¿Ayuda o merma la causa?

“Yo no quiero ni la apatridia y no querría la nacionalidad. Las considero como herramientas. Yo quiero vivir libre y tener el derecho internacional de la libre circulación para cada persona humana, y eso no lo puedo tener sin tener primero la apatridia que me puede permitir estar 10 años en España para que pueda solicitar la nacionalidad española”, explica el saharaui en perfecto castellano. “Estamos hablando de un país que ha ocupado un territorio durante años. ¿No puedo ir cuando me da la gana? Entonces, España obligó a los saharauis a tener el DNI y estar bajo su control y ¿ahora no puedo vivir yo allí? Va más allá de si la nacionalidad nos sirve de algo o no”.

Hay quienes piensan que, si la ley de nacionalidad para los saharauis saliese adelante, la causa correría el riesgo de desinflarse, ante la posibilidad de que muchos jóvenes pudiesen abandonar los campamentos de refugiados de Tindouf. Fuentes del Frente Polisario rechazan esa idea, pues consideran que muchos decidirán permanecer, y creen que es una idea que trata de trasladar el PSOE para justificar su rechazo a la medida. “Son muchos los saharauis que irían y volverían. Pueden pasar temporadas allí, ir al médico o estudiar, pero no se desligarían de los campamentos ni de la causa”, dice Abdula Arabi, representante del Polisario en España, que considera que incluso puede dar más fuerza a sus denuncias.

“Nuestra lucha va a seguir. No necesitamos seguir en un desierto inhóspito, cuando la lucha pacífica aquí es insostenible. Creo que somos más cómodos calladitos aquí en el desierto. Podemos estar en cualquier sitio resistiendo y vamos a seguir reivindicando nuestro derecho al retorno a nuestra tierra. Quiero la independencia del Sáhara Occidental, quizá otros no, pero queremos votar en el maldito referéndum y decidir”, clama el saharaui. Y qué mejor manera para reivindicarlo que reconocer nuestros derechos. Y eso es simplemente lo que haría esa ley que estudia el Congreso, reconocer nuestros derechos“, concluye.

En Italia, donde la regularización de migrantes es un tema casi tabú con el actual Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, mucha gente sin papeles se ve abocada a la marginalidad en multitud de asentamientos informales que se extienden en gran medida por zonas rurales del sur del país. Foggia, provincia agrícola de la región de Apulia, reúne muchos desde hace ya décadas. Apartados de los centros urbanos y esparcidos en la ruralía de un área fértil necesitada de mano de obra, son barriadas paralelas donde las personas migrantes están en muchos casos sometidas a un modelo de explotación conocido como caporalato, descrito por los críticos como una forma de esclavitud moderna que Italia nunca ha erradicado por completo.

El mayor emplazamiento está cerca del pueblo de Borgo Mezzanone, en la pista de un antiguo aeropuerto militar usado en el pasado por la OTAN, donde se alza una masa caótica de chabolas, barracones y estructuras hechas con materiales de construcción baratos o reciclados. En invierno, unas 2.000 personas malviven en el lugar, que puede alcanzar los 5.000 residentes en verano, cuando se llena de migrantes llegados de otros puntos de Italia para cosechas clave como el tomate, concretan a elDiario.es fuentes de expertos locales y del sindicato CGIL-FLAI, que ofrece varios servicios en la zona cómo clases de italiano o asistencia jurídica.

Todo ello hace que este punto, al que incluso algunos de sus habitantes se refieren como “gueto”, sea considerado hoy el asentamiento informal de migrantes más grande de Europa. Es también paradigma de la vulnerabilidad a la que se ven sujetas muchas personas que recorrieron peligrosas rutas desde África o Asia para alcanzar suelo italiano, donde las dificultades para obtener un permiso de residencia o contrato de trabajo estable lleva a muchos a la irregularidad casi crónica.

“Sin papeles no se puede hacer nada”

“Sin permiso de residencia ni contrato, eres invisibile”, dice a elDiario.es Francesca Stella, coordinadora del comité de apoyo migratorio de la CGIL-FLAI de Apulia, también activo en Borgo Mezzanone, donde la presencia del Estado, los servicios básicos, el agua corriente, el acceso a baños, luz o electricidad brillan por su ausencia. Entre viejas roulottes reusadas, instalaciones alzadas con placas metálicas y madera o estructuras cubiertas con telas y plásticos, Stella camina por lo que ve como “una verdadera ciudad” que creció desde hace décadas por la constante llegada de migrantes sin papeles –pero también regularizados– que no tenían otra alternativa. 

Es ahí donde muchos pasan largas temporadas o incluso años, como Amin, un migrante de Gambia que llegó hace 14 años en Italia, pero que sólo obtuvo los papeles en 2025. Esto le condenó a trabajar en la economía sumergida durante más de una década, con la falta de derechos que esto implica, pero asegura a elDiario.es que no había otra forma. “Hay que hacer mucho para ser regularizado, pero es difícil. Sin papeles no se puede hacer nada ni trabajar. Qué tenemos que hacer, ¿robar?”, lamenta este gambiano. La oscuridad invade el barrio cuando se pone el sol, aunque se ven decoraciones por el ramadán, mes sagrado del islam que la mayoría de habitantes celebran. 

La tenue iluminación es visible en algunos fuegos que los migrantes encienden con leña para resguardarse del frío, y en todo tipo de comercios improvisados: hay peluquerías, tiendas de ultramarinos, ropa o zapatos, mecánicos, restaurantes y paradas de comida. También hay un café regentado por el togolés Assima Abdoul Djalou, de 53 años. Él mismo vive en el lugar desde 2014, cuando perdió su estatus de refugiado y se vio sin documentos, lo que le llevó de Milán a Borgo Mezzanone, como les pasa a muchos otros en condiciones similares.

En el asentamiento, las chatarras también son preciadas. Hay puntos donde adquirir piezas de recambio para coches o motos, así como muebles o electrodomésticos viejos. Con la provisión de materiales en la barriada o entornos, gente como Amin se hizo una cabaña. Él mismo la alzó con bloques de cemento gris. “Lo compré y construí todo”, remarca. Tras vivir siete años en el asentamiento, vivió en ciudades como Roma o Milán trabajando como albañil. Mientras sigue a la espera de otro empleo en el norte, por ahora permanece aquí, donde tiene contactos, consigue pequeños trabajos y vive en la estructura que convirtió en su propia casa.  

“Cuando me voy, cierro con llave”, comenta. Lo dice con un ojo medio hinchado, tras trabajar días atrás en un viñedo, donde una rama le causó una herida. Según cuenta, fue un trabajo sin contrato, como otros ofrecidos en la zona, de acuerdo con grupos como CGIL-FLAI y expertos, que denuncian que la economía sumergida es aún genérica entre muchos patrones de la zona. Inspección Nacional de Trabajo, el organismo de supervisión laboral en Italia, detectó irregularidades en más del 47% de empresas inspeccionadas en Foggia, algo que Stella ve preocupante. “Las instituciones no afrontan el problema pese arrastrarse desde hace años”, lamenta. 

El sistema del 'caporalato'

Alejado varios kilómetros del núcleo urbano de Borgo Mezzanone, fuera de la vista de autoridades y fuerzas de seguridad, para llegar al asentamiento hay que recorrer caminos de campo arenosos y llenos de baches que llevan a la pista del viejo aeropuerto militar. Ahí, bien cerca, se estableció en los 90 un Centro de Acogida para Solicitantes de Asilo (CARA) aún activo y a raíz del cual el actual asentamiento informal se desarrolló. 

Fue entonces cuando algunos expulsados del sistema de acogida fueron a vivir fuera del CARA, en un área que se convirtió en punto neurálgico para la economía sumergida ante la necesidad de mano de obra barata en el sector agrícola regional. Esto hizo surgir el asentamiento, cuenta a elDiario.es el sociólogo Leonardo Palmisano, docente de la Universidad de Foggia, experto en la realidad migratoria del lugar y autor de libros sobre ello.

Según agrega, otro gran problema incrustado en la agricultura del Mezzogiorno –y en el conjunto de Italia– es el caporalato, un sistema de dura explotación basado en intermediarios, los llamados capataces. Estos, en su mayoría miembros de la comunidad migrante, controlan los contactos del mercado laboral, tienen lazos con propietarios a los que envían trabajadores, y se quedan a cambio parte de su sueldo. En muchos casos, los empleados –el eslabón más bajo de la cadena– acaban con una cantidad irrisoria, mientras los “caporales” se lucran de ello quitándoles dinero por servicios de viaje, comida, agua o cualquier cosa que les puedan arrancar.

El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total

Yvan Sagnet — Fundador de la ONG No Cap

Este sistema está muy extendido en Borgo Mezzanone, donde “caporales” y migrantes viven en el mismo espacio, como en muchos otros asentamientos informales de Italia. Ahí, los capataces –ellos mismos extranjeros– sacan provecho de los irregulares en su rol de intermediarios con empresas y patrones agrícolas. “Se trata de un fenómeno criminal de tipo mafioso, como define la ley de 2016” aprobada para poner fin a ello, cuenta Palmisano. Según alega, la norma introdujo la opción de denunciar a empleadores y capataces, pero para acabar con el caporalato se requiere un cambio de modelo agrícola que incluya una regularización.  

Otra legislación que deja a los migrantes irregulares en un limbo es la conocida como Ley Bossi-Fini, que “vinculó la obtención del permiso de residencia a lograr antes permiso de trabajo, colocando a muchos automáticamente a la irregularidad, e impidiéndoles incluso acceder al alquiler legal de una vivienda, lo que ayudó a crear los primeros asentamientos informales” y a reforzar el caporalato, agrega el mismo sociólogo.

Uno de los que sufrió esta situación fue el camerunés Yvan Sagnet, quién en 2011 fue a trabajar al sur de Apulia tras perder una beca como estudiante universitario en Turín. Él también acabó en un asentamiento en condiciones deplorables, sujeto a un “caporal” que se quedaba gran parte de su sueldo como jornalero en la cosecha del tomate, donde de 14 euros ganados por una larga jornada apenas acababa con cuatro euros netos. “El 'caporal' nos quitaba 10 euros por transporte, bocadillo y agua. Era una situación de deshumanización total”, señala Sagnet, que lideró una huelga contra este sistema, que considera de esclavitud. Todo ello le llevó a fundar en 2017 la ONG No Cap, encargada de defender a los migrantes para luchar contra este sistema. 

“No puedo vivir así”

En la zona de Foccia también está Casa Sankara, iniciativa que inició el senegalés Mbaye Ndiay para ofrecer hogar a los migrantes, apoyarles en su regularización e integrarlos en el mercado laboral, fuera del caporalato. En la llanura de Foccia, Casa Sankara acoge hoy a 500 personas, con un proyecto autónomo de cultivo de 16 hectáreas donde desarrolla su propia marca de tomate, cultivo estrella de la zona que atrae a miles de personas migrantes en verano. Es entonces cuando los 17 asentamientos informales de todo el área se llenan aún más. 

El segundo más grande en la provincia es Torretta Antonacci. Como el asentamiento de Borgo Mezzanone, está situado en una zona remota, y en él viven unos 800 migrantes que pueden llegar a 2.000 en agosto. Muchos residentes cargan garrafas de un gran depósito donde recogen agua para cocinar, asearse o limpiar. Las condiciones también son muy precarias, lo que lleva a muchos a irse poco después de instalarse ahí. 

“Aquí es todo muy difícil, no puedo vivir así. Mañana me voy”, comenta a elDiario.es un migrante de Mali que llegó hace dos años en Italia por mar, hasta alcanzar la isla de Lampedusa. Desde ahí, inició un periplo que le llevó a trabajar en empleos agrícolas en distintas regiones, como muchos otros que siguen un circuito como temporeros que les llevan a estar en un movimiento casi constante.  

Vivir dentro de los guetos es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral

Stefano Campese — Abogado

Los rebuscados entramados de la burocracia italiana también sumergen a muchos en una zona gris, señala Stefano Campese, abogado que asiste legalmente a migrantes en la oficina de CGIL-FLAI. Según destaca, la mayoría son o fueron solicitantes de asilo, y muchos ven como la lentitud del proceso les impide acceder con rapidez a un permiso de estancia y trabajo. La situación es aún más compleja para los que no lo logran, amenazados ante una eventual expulsión, condenados al trabajo sin contrato y a vivir en los “guetos”, añade. 

“Aun así, obtener permiso de residencia no siempre da más opción de salir de los guetos. Fuera de ellos, es muy difícil tener contacto con los empleadores y sus intermediarios”, es decir, los “caporales”. “Vivir dentro es la única oportunidad para no quedarse al margen del mercado laboral”, remarca el letrado. A ello, según Stella, se añade la falta de voluntad política para resolver el problema del Ejecutivo de Meloni, que prometió medidas más duras contra el caporalato que por ahora no se perciben sobre terreno, mientras los “guetos” siguen ahí. 

Como Palmisano, Stella defiende la regularización de los migrantes sin documentos, que al fin y al cabo contribuyen a la economía en un país envejecido y necesitado de empleados en sectores clave como el agrícola. “No veo otra solución posible”, dice la sindicalista entre los campos de Foggia, una región fértil con grano, olivos o viñedos que concentra el 40% de producción de tomates de Italia, razón por la que atrae a tantos temporeros. 

Sin embargo, más allá del sur, los “guetos” se extienden por toda Italia. En un informe de hace casi cuatro años, el Ministerio de Trabajo contó 150 asentamientos en los que vivían unas 10.000 personas. A su vez, unos 339.000 migrantes viven sin papeles en el país, según la Fundación ISMU, que recaba datos sobre migración.

En 2022, el anterior Gobierno de Mario Draghi recibió 210 millones de euros de la UE como parte de su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR). La meta era acabar con los asentamientos y “promover la integración residencial fuera de ellos”, pero en Apulia, el actual Ejecutivo “decidió que el plan no era adecuado, por lo que el dinero volverá a Bruselas” y nada de ello se aplicará, explica Palmisano, que lamenta que las políticas hostiles a la migración del Gobierno están cronificando aún más una realidad enquistada sin vías de desaparecer.

Bucharaya Hamudi, primer ministro de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD), espera en una sala la llegada de la decena de periodistas internacionales que cubren durante esta semana el Festival de Cine del Sáhara Occidental. Como las jaimas levantadas en la hamada argelina a la que huyó una buena parte del pueblo saharaui tras la ocupación marroquí, en 1975, el carácter provisional del asentamiento también marca el día a día del desierto y el encuentro se adelantó por sorpresa, por lo que al líder saharaui le acabó tocando esperar. “Ya sabéis, que aquí todos los planes cambian”, se disculpó el representante del Frente Polisario que le acompañaba.

La entrevista grupal se ha realizado a través de las preguntas de periodistas nacionales e internacionales, entre las que se encuentra elDiario.es. El primer ministro, vestido con el tradicional pañuelo saharaui y pantalones militares, conversa con los periodistas con cercanía. El golpe de España al Sáhara Occidental, dice, fue una sorpresa, pero no ha afectado a la solidaridad y apoyo de su sociedad. Esta nueva edición del FiSáhara, defiende, es una prueba más. Por eso, Hamudi reitera su incomprensión a una decisión que achaca de manera “personal” presidente Pedro Sánchez, que considera “contradictoria” con respecto a la defensa del presidente español del derecho internacional en otras causas, como la palestina o la guerra en Irán.

Cambie o no cambie de posición, reitera, España sigue manteniendo una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental. “No sabemos qué acuerdo mercantil han hecho con Marruecos, pero su responsabilidad seguirá mientras que España no concluya el proceso de descolonización que dejó inconcluso en su día”.

El presidente español, Pedro Sánchez, se ha convertido en uno de los líderes de izquierda que más ha mostrado su rechazo a la guerra de Irán, así como del genocidio palestino, en defensa del derecho internacional. Sin embargo, con la causa saharaui, Sánchez mantiene su apoyo a la posición marroquí, desde el giro anunciado hace cuatro años.

Su posición no la entiende ni en España. No la entiende ni el Parlamento, ni fuerzas políticas, ni su población. Es una contradicción flagrante. No sé cuáles serán las razones. Cuando un presidente del Gobierno toma una decisión que no está apoyada ni por el Parlamento ni por las fuerzas políticas, ni por su pueblo, evidencia que hay una presión de por medio. Hay un chantaje.

La posición de Pedro Sánchez se contradice con la ideología y filosofía del socialismo real. El socialismo que defiende el “No a la guerra”, el derecho internacional, que condena el genocidio palestino, pero, sin embargo, apoya la posición de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Pero ese giro no va a cambiar ni va a mermar el apoyo de la sociedad española a la causa saharaui. Ahora que todas las propuestas parlamentarias en España se dividen entre derecha e izquierda, en el caso de las que tienen que ver con apoyar la causa saharaui, es respaldada por todos menos excepto el PSOE. No se entiende esa posición personal de Pedro Sánchez.

¿Cómo ha afectado el cambio de la posición del Gobierno español con respecto al Sáhara Occidental?

Sinceramente, nos sorprendió, pero no va a cambiar la naturaleza del conflicto. Se ha demostrado en estos cuatro años, que la sociedad española sigue apoyando al pueblo saharaui. La fuerza solidaria y política sigue igual, pero no sabemos qué acuerdo mercantil han hecho con Marruecos, no sé qué le ha cobrado, pero la resolución de la ONU que mantiene a España como potencia administradora del Sáhara Occidental seguirá ahí. No desaparecerá mientras que España no concluya el proceso de descolonización que España dejó inconcluso en su día.

¿Qué opina de que el Gobierno español haya excluido a los solicitantes de apatridia y, por tanto, a los saharauis, del proceso de regularización extraordinaria? ¿Y sobre la propuesta legislativa de Sumar con la que se pretende otorgar la nacionalidad a los saharauis que nacieron en el Sáhara Occidental?

¿Estamos pidiendo al Gobierno de España la nacionalidad de los saharauis? En absoluto. Lo que pedimos es que España concluya el proceso de la autodeterminación del pueblo saharaui que dejó inconcluso, pero sobre la política de residencia y nacionalidad de España, no entramos. Los saharauis tienen su derecho a solicitarlo y les corresponde a ellos reclamar su situación en el país.

¿Cuál es la situación actual de las hostilidades en los alrededores del muro tras la suspensión del alto el fuego en 2020?

En 1991 terminó la guerra, se acordó celebrar el referéndum y se firmó un alto el fuego que duró hasta 2020. En esos 29 años, Marruecos bloqueó el referéndum y aprovechó para afianzar la ocupación, fortalecer la ocupación y ha utilizado la Misión de la ONU para el Sáhara Occidental para fortalecer la ocupación. La misión, en lugar de caminar hacia la solución, va hacia el lugar equivocado. En 2020, Marruecos rompió el fuego de forma unilateral. Desde entonces, las hostilidades siguen, no al nivel anterior, pero siguen las confrontaciones, los bombardeos. Marruecos utiliza en el frente una tecnología avanzada, como los drones de ataque.

Todo el mundo reclama fin de las hostilidades, nosotros también, pero mientras no desaparezcan las causas de la ocupación, no van a acabar. El instrumento para ello es el reconocido por el derecho internacional: la celebración de un referéndum.

¿Tienen cifras actualizadas de muertos y heridos en esas hostilidades?

No tengo cifras. Los marroquíes se encuentran en posiciones fijas. Cualquier ataque a esas posiciones, va a suponer una baja, y por eso hay constantes muertos y heridos. Nuestra forma de luchar es en un movimiento constante. Podemos atacar a las tres de la tarde, en verano. En un desierto, conocer el terreno, es una ventaja para nosotros. El muchacho marroquí que está movilizado en el Sáhara, que viene de Rabat, no sabe qué esa causa por la que lucha es una causa justa. Solo se defiende, y no sabe cuando va a estar atacado. Y sabemos que eso les está desgastando.

Ese soldado, acostumbrado al Mediterráneo, está 50 grados, mientras que él está acostumbrado y necesita una forma de vida que no ha tenido el saharaui. Nuestra ventaja (frente a la tecnología marroquí) es que el soldado marroquí no puede competir en esta circunstancia como el guerrillero saharaui. Si fuese Rabat el lugar atacado, se sacrificaría para defender Rabat. Pero está en el desierto y no está allí para defender nada. Está para resistir, para no morir.

¿Qué otras soluciones del conflicto saharaui apoyaría el Frente Polisario si fuesen apoyadas por el pueblo saharaui?

El Frente Polisario apoyará cualquier solución que acepte el pueblo saharaui. Que se le presenten las distintas alternativas, pero que dejen que sea el pueblo saharaui que decida. Si decide la autonomía del Sáhara que propone Marruecos, lo apoyaremos.

Los recortes de EEUU han afectado a muchos proyectos de las agencias de la ONU en losa campamentos de refugiados saharauis. ¿Cómo ha afectado?

Ha habido recortes muy drásticos porque las agencias del financiamiento de la ONU se han visto recortadas. Sus presupuestos fueron bastante reducidos, y estamos tratando de remediar mediante la búsqueda de apoyo de otros financiadores. Se nota en el suministro de agua, en el acceso a la alimentación, el agua y la salud. Entra dentro de la presión que sufre el pueblo saharaui.

Pero siguen cooperando otras fuentes de financiación, como los movimientos solidarios españoles, y la ayuda oficial del Gobierno se mantiene en este sentido.

El avión está a punto de despegar, pero un asiento está ocupado y no debería. Alguien se acerca a la persona que lo ocupa para indicarle que parece que está sentado donde me corresponde. Su respuesta recuerda el lugar al que nos dirigimos: “Da igual. Puede ser que ese sea tu sitio, pero aquí da igual”, responde Aziz con amabilidad, a sabiendas de que, subidos en ese vuelo chárter, ya se empieza a respirar la calma y la irreverencia de quienes llevan 50 años esperando. Ya empezamos a estar un poco en los campamentos de refugiados saharauis, donde este martes ha empezado el Festival de Cine del Sáhara Occidental (Fisahara).

En ese avión donde empezaba a “dar igual” viajaba un centenar de personas, entre organizadores, artistas, técnicos y periodistas, para montar un cine en medio del desierto argelino donde hace medio siglo huyeron cientos de miles de refugiados saharauis tras la ocupación marroquí de su pais. A veces, ni los promotores del Fisahara saben cómo logran sacar adelante cada edición, pero las palabras de Aziz pueden señalar claves sobre cómo acaba siendo posible.

Si sale adelante es porque saben que cada problema de los muchos que surgen acaban “dando igual”, porque hay algo mucho más importante que supera cualquier puntualidad, programa o perfección técnica. Aquí el cine sirve de canal y excusa para lo importante: poner el foco en el Sáhara Occidental y las consecuencias de la ocupación marroquí, mientras las actividades, películas o talleres entretienen y nutren a una población que vive hastiada de esperar por un referéndum de autodeterminación acordado por la ONU en 1991. Lejos de haberse celebrado, las presiones marroquíes y los últimos movimientos de EEUU parecen alejar el objetivo.

“Cada festival es recibido como un impulso de calor humano”, describió la gobernadora del campamento de refugiados de Auserd, uno de los que componen la totalidad de los asentamientos en una región de Tindouf, cedida por Argelia, histórico enemigo de Marruecos, al Frente Polisario. “Con cada inyección de moral que hacéis en cada visita nos decís que no estamos solos. Nos decís que ”nos desmarcamos de esta política injusta con los saharauis“, ha dicho para definir la forma en que, a su juicio, los saharauis reciben cada edición.  

“Y este festival eso. Más que festival es una actitud solidaria y humana, que nos da inyección para salir adelante”, ha añadido. 

El tiempo pasa, son ya 50 años de exilio, y son ya varias generaciones completas que nunca han pisado el suelo al que anhelan regresar. Fati camina con su madre por la explanada dedicada al Festival. Cuenta que el ambiente en este punto, próximo a algunos de los comercios existentes en este campo de refugiados, contrasta con lo que observamos a nuestro alrededor. La calma y tranquilidad suelen reinar, frente al ambiente animado de los días de Festival. “Nos gusta venir, conocer gente de distintos lugares, y ojalá ayude a no estar tan olvidados”, dice la joven, de 28 años. Otra veinteañera saharaui, en un perfecto español, explica que le gusta aprender de todas las actividades programadas durante los siguientes días. 

Entre ellas, además de las decenas de películas, destaca el concierto del violinista Ara Malikian, que se encuentra entre los artistas que han viajado a los campamentos durante esta edición. Entre los invitados también se encuentran la actriz Patricia López Arnaiz y el director Fernando León de Aranoa. 

“El único festival con vocación de desaparecer”

Quizá si los detalles técnicos “dan igual” estamos ante un festival que no busca existir para siempre. Durante décadas, cualquier mejora de las condiciones de vida en los campamentos, como cambiar el adobe por cemento o la llegada del wifi o la electricidad, generaba entre algunos cierto recelo de que pudiese simbolizar la permanencia en un lugar que quieren abandonar. “Es el único festival con vocación de desaparecer”, dijo el delegado del Frente Polisario en España, en una charla informativa. “Es un festival hecho para luchar por la independencia del pueblo saharaui”, indicó.

“Por eso, cuando desaparezca, estaremos hablando de un Sáhara libre e independiente”, dijo el representante político, quien aprovechó la oportunidad para señalar los últimos golpes recibidos por el pueblo saharaui por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. “Mientras vemos un alegato del cumplimiento del derecho internacional, también asistimos a una hipocresía política. Esos mismos derechos que defienden no lo cumplen con el pueblo saharaui”, ha dicho. 

Todo está preparado para la inauguración del Festival, pero esta semana produce con horas de retraso de la hora programada. No pasa nada, porque estamos en un campamento de refugiados, y quienes vienen aquí lo saben: además de los participantes y periodistas, son voluntarios de ONG, activistas prosaharauis, familia que han tenido niños saharauis acogidos en sus casas. También acude el presidente de la República Árabe Saharaui, Brahim Gali, a las jaimas desplegadas en el centro del espacio, que representan la vida nómada de muchos saharauis en la zona liberada del Sáhara Occidental. 

Las películas tampoco empezaron ni acabaron a la hora pactada. Pero “da igual” porque el proyector se encendió y, hasta la madrugada, decenas de refugiados saharauis se sentaron frente a un camión convertido en pantalla sin mirar el reloj. Varias artistas conectarán con la causa saharaui durante la próxima semana. Y, durante, unos días, se hablará un poco más del Sáhara Occidental. 

En la foto, Emma sonríe. A su lado, Mario levanta la mano y dibuja con los dedos el símbolo de la victoria. La imagen llega por WhatsApp a primera hora de la mañana, después de pasar la noche a la intemperie. Han conseguido entrar en los servicios sociales municipales de Madrid y lo celebran. La desorganización del proceso les ha empujado a hacer horas de cola para solicitar el certificado de vulnerabilidad que necesitan para iniciar el proceso de regularización. Durante unas horas, creen que han resuelto el trámite que está entorpeciendo la medida. No era así, y lo sabrán dos días después.

Cuando el matrimonio acude a otra ventanilla del Ayuntamiento de Madrid para validar el documento se topan con una respuesta inesperada: no pueden emitir su informe de vulnerabilidad. Nos han dicho que no estamos empadronados en el municipio y, sin ese requisito, el informe no puede validarse“, dice Emma. Acaba de percatarse de que la madrugada en la calle no ha servido de nada. Toca empezar de nuevo: ”El Ayuntamiento nos ha dicho que tenemos que ir a una ONG“.

La exigencia del llamado informe de vulnerabilidad —exigido a los migrantes sin papeles que no vivan con hijos a cargo o no prueben una vinculación laboral anterior o futura— ha abierto un frente inesperado en el proceso de regularización. Este requisito es el principal responsable de las largas colas, noches a la intemperie o choques entre el Gobierno central y muchos ayuntamientos, especialmente los del Partido Popular. Su elaboración corresponde en primer lugar a los servicios sociales municipales pero, a sabiendas de que estos trámites suelen traer problemas, el Gobierno añadió la posibilidad de que estos documentos fuesen validados por las llamadas ONG colaboradoras, incorporadas a un listado oficial. Y, mientras muchas oficinas municipales aún no han empezado a emitir estos documentos o validan solo unas decenas al día, las ONG de pequeño y mediano tamaño, pese a sus escasos recursos, se desloman para entregar el mayor número de informes posible.

Tras el varapalo recibido en el Ayuntamiento de Madrid, tras horas de llamadas, derivaciones y puertas cerradas, Emma y Guillermo escuchan hablar de la organización Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Cuentan su caso, cuando la trabajadora de la organización asiente, suspiran. Emma agarra la carpeta que arrastra desde hace una semana por medio Madrid y gesticula su alegría contenida. Llegado su turno, Isabel, con cercanía, pregunta sobre su situación en España. Sin papeles, sin trabajo estable y con dificultades para pagar el alquiler de la pequeña habitación donde viven, la ONG valida su certificado de vulnerabilidad. Emma y Guillermo clavan su mirada en el sello que la trabajadora estampa en el papel. Se miran cómplices y sonríen.

No es la concesión de la regularización. No es el registro de su petición. Es un simple formulario, un requisito de las decenas de documentos que tienen que presentar para optar al proceso extraordinario. Pero cuánto les ha costado conseguir el último papel que les queda para entregar su expediente a su abogado e iniciar el trámite. Tenían todo preparado desde hace semanas, y esta exigencia de última hora desbarató sus planes y les avivó el miedo de quedar excluidos de la medida.

Con el documento sellado en sus manos, Emma se emociona: “Hemos sufrido mucho, por eso agradecemos tanto tenerlo en nuestras manos por fin”. Mientras escucha a su esposa, Guillermo se rompe: “No entendemos como, hasta para una medida esta, nos hacen pasar por todo esto. Por qué lo ponen tan difícil de repente, por qué nos tienen que hacer pasar por tantas horas de cola, por ir de un lado a otro, casi suplicando, para conseguir este último requisito”, dice el salvadoreño, antes de abandonar la ONG entre decenas de palabras de agradecimiento.

Desde la semana pasada, la sede de la ONG Rumiñahui en Madrid amanece con cientos de personas esperando en su puerta. Tras la publicación de varios post en su Instagram que anuncian la emisión de cientos de certificados de vulnerabilidad cada día, se ha corrido la voz. La organización ha elaborado un sistema ágil para emitir de manera rápida, y obviamente gratuita, el mayor número de informes posibles. “Hemos habilitado varias salas y organizamos grupos de unas 80 personas. En ellas, durante una hora, les damos una charla. En grupo, les explicamos las distintas casuísticas de vulnerabilidad y, así, hablando en común, les vamos indicando la casilla que les corresponde marcar. Una vez comprobado todo, los validamos.

La organización está sacando adelante alrededor de 600 informes al día en cada sede. La oficina de servicios sociales de Puerta de Toledo, permite cada día realizar el trámite a unos 80. La ONG, apoyándose en trabajadores y voluntarios, atiende casos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, aunque no es su horario habitual. Según varios testimonios recabados, las oficinas de servicios sociales municipales que el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado para poder hacer dicho trámite, atienden estas peticiones hasta las 12 de la mañana aproximadamente, durante unas tres horas.

La misma organización, Rumiñahui, realizó este viernes una misión en Lorca, municipio con un alto porcentaje de población migrante, la mayoría empleada en el campo. “Hay unas mil personas en la cola, ya hemos validado unos 600 informes de vulnerabilidad”, explica por teléfono desde allí Vladimir Paspuel, presidente de la entidad, a elDiario.es. En otros lugares, muchos ayuntamientos aún no han empezado a sellar los informes, por lo que la labor está recayendo en muchas organizaciones que no dan de sí: “En Andalucía, nos estamos encontrando muchos municipios que directamente se niegan a realizar este documento, o dan citas para junio. No puede ser que las ONG, que además suelen ser las pequeñas o medianas, hagan más informes que los servicios sociales. Tienen que habilitar más recursos, sean del estado o municipales, para reforzar esa atención”, sostiene Diego Boza, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

El 'Centro de Empoderamiento de Trabajadoras de Hogar' de Sedoac suele abrir sus puertas solo de jueves a domingo para recibir a mujeres empleadas domésticas, a quienes apoyan a través de talleres o distintas actividades. Ahora, el espacio se ha convertido en una suerte de oficina de servicios sociales. En una sala, dan cita. En otra, sellan informes o registran expedientes urgentes. “Con todo esto, hemos ampliado el horario”, dice Edith Espínola, portavoz de Sedoac. Es martes, acaba de salir de una entrevista y mira el reloj apurada. Es su día libre en su trabajo y quiere aprovecharlo para sellar informes de vulnerabilidad y registrar algunas peticiones. “Tengo ya a gente esperando en la puerta”, dice antes de tomar un taxi para empezar cuanto antes. Ella es una de las integrantes más activas del movimiento que lleva seis años de lucha por la regularización, conoce lo que está en juego y el significado de cada papel.

Sentada en la mesa, empieza a atender a quienes esperaban. No son muchos. Aún no se ha corrido la voz de que Sedoac ha empezado a sellar el documento por el que cientos de personas hacen fila en los servicios sociales. Primero empezaron con las mujeres a las que atienden en sus proyectos, pero ya han abierto sus puertas para todo el que lo necesite. Espínola atiende cada caso sin importar el tiempo, conoce de primera mano lo farragoso del proceso y la importancia de comprender cada detalle. Además de sellar el documento, se interesa por el caso específico de quienes se sientan frente a ella.

Ante la falta de un sistema de coordinación estatal, estas organizaciones con escasos recursos van adaptándose en función de la demanda. Ese martes, Sedoac recibió a unas 30 personas. El miércoles fueron 150. El jueves, algo más. El viernes, la organización decidió rediseñar su sistema, exigiendo cita previa. Como saben que aunque el plazo finaliza el 30 de junio, no todos pueden esperar a registrar su petición, la organización permite cierta flexibilidad en determinados casos que requieran urgencia: como la previsible caducidad de otro de los documentos recopilados, como los antecedentes penales; o ante situaciones laborales específicas, como los complejos horarios de las empleadas domésticas internas.

“Tú te lo sabes mucho mejor que mi abogado, y le he pagado 300 euros. Él no responde mis dudas, y tú me lo explicas muy fácil, paso a paso”, se sorprende una mujer que llegó a este punto de casualidad y se fue con su informe validado después de varios días en una suerte de juego de la oca en busca del certificado de vulnerabilidad. Espínola, con cierto sonrojo y humildad, baja la mirada y sonríe: “Bueno, es que yo he pasado por esto, lo he vivido”, responde la paraguaya. La activista vivió durante seis años en España sin papeles y se enfrentó al enjambre de trámites exigidos para lograr un permiso de residencia. Sabe de lo que habla.

Desde que se anunció la regularización extraordinaria, Partido Popular y Vox han insistido en lanzar el mensaje de que la medida dará los papeles a personas delincuentes, algo que choca con los requisitos de la norma que lo regula. Si en un primer momento aseguraban que el Gobierno no exigiría la carencia de antecedentes penales, algo que es falso. Luego, se aferraron a una supuesta falta de revisión de los antecedentes policiales, que tampoco era tal. En los últimos días, una instrucción dirigida a instituciones penitenciarias ha vuelto a activar el relato que conecta la regularización con la delincuencia. Sin embargo, las exigencias establecidas en la norma, y en la propia Ley de Extranjería, establece varios filtros para impedir que esto suceda.

“No tiene que pasar un filtro, sino tres. Y la experiencia en extranjería nos dice que, incluso en los puntos que dejan un margen a la interpretación de los funcionarios, estos suelen aplicarlo de manera restrictiva”, sostiene Patricia Fernández Vicens, abogada experta en inmigración. “Es un escrutinio muy severo”, añade.

1) No tener antecedentes en España

El primero de esos filtros son los antecedentes penales en España, uno de los pilares del procedimiento, una exigencia iineludible blindada por la Ley Orgánica de Extranjería. La norma exige carecer de condenas firmes por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico español. “Con antecedentes penales es un rechazo asegurado. No hay vuelta de hoja. Aunque sea algo menor y haya un arraigo fuerte, no es aceptada. Y esto siempre ha sido así en la normativa española”, sostiene Vicens.

La norma sí permite optar a la regularización si estos antecendentes han sido cancelados previamente, lo que implica haber cumplido la pena, haber dejado pasar los plazos legales sin reincidir y, por último, haber realizado el trámite de solicitar su suspensión. No basta, por tanto, con no estar en prisión: cualquier condena que siga vigente en los registros puede bloquear la solicitud.

La comprobación no depende de una declaración o documento presentado por la persona interesada. El solicitante en este caso no tiene que presentar nada, sino que la Administración consulta de oficio el Registro Central de Penados y cruza la información con otras bases de datos judiciales y policiales, según el real decreto de la regularización. Este cruce automatizado permite detectar antecedentes aunque no se hayan aportado o aunque exista algún error en la documentación presentada. No se limita a delitos graves: infracciones penales de menor entidad también suponen una negativa asegurada.

En la práctica, se trata de una criba inicial que deja fuera a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia española, pero también a quienes no han completado los trámites necesarios para cancelar sus antecedentes. Y suspenderlo puede ser un trámite farragoso que también implica conocer y gestionar un procedimiento administrativo adicional que no siempre resulta sencillo.

2) Certificado de antecedentes otros países

El segundo filtro, cuenta a su vez con una doble o incluso una triple comprobación. La legislación de Extranjería, como la norma de la regularización, lleva el control más allá de España y pone el foco en el país de origen. Para acceder a la regularización, es obligatorio presentar un certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades de esos países, debidamente legalizado o apostillado y, cuando corresponde, traducido. Sobre el papel, es un requisito estándar en extranjería. En la práctica, se convierte con frecuencia en uno de los principales obstáculos del proceso debido a la dificultad que conlleva obtener este documento, especialmente en determinados países.

Hacerse con el certificado de carencia de antecedentes penales implicar largos plazos, costes elevados y una burocracia compleja. En algunos casos, las personas solicitantes solo pueden tramitarlo presencialmente en su país, algo imposible para quienes no tienen documentos, lo que les obliga a recurrir a intermediarios o gestiones consulares que se alargan durante meses. A ello se suman las dificultades propias de algunos países: administraciones poco digitalizadas, registros incompletos o sistemas atravesados por prácticas arbitrarias.

No solo es suficiente probar que no tienen historial delictivo en su país de origen. En caso de que el interesado haya vivido en otros países, también tendrá que pedir el certificado en estos Estados, en concreto allí donde haya vivido en los últimos cinco años. “Estamos viendo casos de gente a la que le está costando mucho obtener estos documentos en terceros países, donde quizá no han vivido mucho tiempo”, sostiene Edith Espínola, miembro de la organización Servicio Doméstico Activo, una de las entidades colaboradores del proceso de regularización extraordinaria, con capacidad para registrar solicitudes.

La Administración española, más allá de aceptar el certificado presentado, puede contrastar la información, solicitar verificaciones adicionales o incluso recabar datos complementarios si existen dudas sobre la veracidad del documento, recuerda Diego Boza, letrado de extranjería en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. También se tiene en cuenta la equivalencia de los delitos: “Solo se valoran aquellos que también suponen un delito en España”, aclara Boza.

3) Informe de antecedentes policiales

El tercer filtro, y uno de los más controvertidos, es el de los antecedentes policiales, es decir, los registros que recogen detenciones o investigaciones, aunque no hayan terminado en sentencia. “Tener antecedentes policiales significa que te han detenido, y eso da un margen demasiado amplio”, resume el abogado de extranjería y penalista en la APDHA. Esos registros alimentan un informe policial para analizar si esta persona puede suponer un “peligro para el orden público, la seguridad o la salud pública” y, según los criterios policiales, decidirá si se trata de un perfil “favorable o desfavorable”. Posteriormente, ese documento será utilizado por la Unidad de Tramitación de Extranjería (UTEX), para vtomar la decisión de cada caso. Es este punto en el que el PP observa una supuesta grieta, pero la experiencia sostiene que este punto suele resolverse de forma restrictiva.

En la práctica, defienden ambos expertos, en los procedimientos habituales de extranjería, ese informe suele convertirse en un obstáculo determinante. “En general, esto significa que la persona para ser regularizada no puede tener ninguna detención”, señala Fernández Vicens, aunque el real decreto matiza que la mera existencia de antecedentes policiales no implica automáticamente una denegación. La experiencia, sin embargo, apunta a lo contrario: “Con antecedentes policiales no te dan ni residencia temporal por arraigo, ni temporal ni a veces incluso las renovaciones de una tarjeta ya concedida”, detalla la abogada, quien recuerda la experiencia de las decenas de casos denegados por esta razón.

Fernández Vicens menciona uno reciente: “Tengo un caso de un chico que fue detenido por conducir sin carnet, porque en ese momento no lo llevaba encima, pero lo tenía. Finalmente, fue absuelto. Aunque se había demostrado que no había cometido ese delito, los atancentes policiales se quedaron y su permiso de residencia fue rechazado”. Numerosas detenciones, aunque no derivenb en condena —como una identificación errónea o una sospecha que quedó en nada—, pueden acabar pesando en la decisión final, concluyen ambos expertos. A través de este informe policial, la administración puede detectar patrones de conducta como “una tendencia delictiva”, es decir, la reiteración en determinados delitos.

Para los letrados, la resolución negativa de la residencia en casos de personas sin una condena firme puede suponer una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. “Ese que tanto defienden el PP cuando uno de sus miembros está siendo investigado”, apunta Fernández Vicens. “Rodrigo Rato, por ejemplo, tiene antecedentes policiales pero no penales”, ejemplifica Boza.

La instrucción en las cárceles

La polémica más reciente surge a raíz de una instrucción interna remitida a centros penitenciarios para dar a conocer la normativa de la regularización entre la población reclusa extranjera, y permitir a estos que puedan registrar una solicitud como cualquier ciudadano, lo que ha sido interpretado por PP y VOX como una vía para facilitar la regularización de personas condenadas, pero no es así. Pueden pedirla, otra cosa será que esta sea aceptada, pues deberán cumplir los mismos requisitos.

“La instrucción no es más que una comunicación para informar a la población interna extranjera de la existencia del nuevo Real Decreto, mediante la difusión de copia del mismo en los tablones de anuncios de los diferentes departamentos, biblioteca, escuelas”, aclaran fuentes del Ministerio del Interior.

Desde Partido Popular y Vox, dirigentes y portavoces han vinculado esta instrucción con la idea de que el Gobierno pretende “dar papeles a delincuentes”, reforzando un mensaje que ya venían sosteniendo desde el anuncio de la medida. En el supuesto de que una persona privada de libertad iniciara una solicitud de regularización, el procedimiento seguiría sometido a los mismos tres filtros de antecedentes —en España, en el país de origen y en el ámbito policial—, que condicionan de forma decisiva el acceso a la autorización de residencia.

Solo en escenarios concretos, como el de personas en prisión preventiva que finalmente resulten absueltas y hayan limpiado de su expediente el antecedente policial en el momento del estudio de su solicitud, podría optar a regularizarse si cumplen el resto de requisitos, apunta el abogado Diego Boza, quien lanza el debate de fondo sobre el alcance del uso de los antecedentes policiales y su peso en las decisiones administrativas: “También hay que preguntarse si tiene sentido reiterar la residencia a alguien con este tipo de antecedentes, si por ejempolo ha podido cometer robos menores reiterados, cuando el hecho de no tener papeles, aumenta la exclusión y suele generar un mayor riesgo de este tipo de conductas que, en caso de estar regularizado, podrían terminar porque accedería a más medios de vida”, indica.

Una manta de borrego las abriga a las dos, tumbadas de espaldas, muy juntas y cómplices, frente a la verja cerrada de una oficina de los servicios sociales municipales de Madrid. Sobrepasa la medianoche y la escena parece extraída de cualquier momento de intimidad hogareño entre madre e hija, pero sucede sobre una colcha extendida en el suelo, a la intemperie, donde pasarán toda la noche para intentar conseguir un informe de vulnerabilidad, uno de los documentos exigidos a los migrantes sin papeles para optar a la regularización extraordinaria.

Son las segundas de una fila que, ocho horas antes de la apertura de puertas de la oficina municipal, supera las 80 personas. Pero la mayoría ni siquiera acaba de llegar. Para conseguir ese puesto, Hilary, de 18 años, y su madre guardan su turno desde las seis de la mañana de este martes, por lo que pasarán en total más de 24 horas hasta conseguir el papel. “Esta mañana llegamos a las 6 de la mañana, fue entrando la gente y, cuando dejaron de dar más informes, nos quedamos aquí, justo en la puerta”, explica delante de la verja.

“Esta oficina abrió sobre las 8:30 horas y a las 11 ya no han dejado entrar a más personas. En un caso así deberían tener más tiempo para que no se acumule tanta gente”, considera Hilary. Con 18 años recién cumplidos, señala una de las posibles causas que explican que cientos de personas se vean empujadas cada noche para conseguir un trámite necesario para la regularización: la falta de recursos suficientes para responder al aumento de la demanda durante los dos meses que durará la tramitación de la medida.

El documento, un formulario sencillo que necesita ser validado por los servicios sociales o las ONG colaboradoras, está detrás de las largas esperas o el peregrinaje de cientos de migrantes en busca de algunos de los puntos habilitados para concederlo. Se trata de un requisito exigible solo a los migrantes sin papeles que carecen de vinculación laboral o hijos a cargo. Además de Madrid, se han registrado filas similares en las oficinas municipales de distintos puntos del país, como Zaragoza, Valencia, Murcia u Hospitalet de Llobregat, entre otros. Además de los servicios sociales municipales, más de 400 organizaciones pueden validar estos documentos. Mientras los primeros días muchas aún no estaban organizadas, cada vez son más las que emiten cientos de certificados cada día.

Mientras el Gobierno acusa al Ayuntamiento de Madrid de boicotear la medida, el Consistorio madrileño critica que el Ejecutivo central no se coordinó con los ayuntamientos antes de introducir este requisito que en parte depende de ellos. “Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras la entrada en vigor de la regularización extraordinaria. Días después, el Consistorio empezó a atender a los migrantes que requerían dicho trámite sin cita previa en una decena de oficinas de la ciudad. Las colas no tardaron en formarse.

Historias de una cola

La espera por el trámite ha empujado a Hilary a saltarse las clases de la Formación Profesional (FP) de Estética. Cada día, la joven acude a las aulas de su FP sin la seguridad de recibir el título: “Sin tener papeles no puedo recibirlo, por eso la regularización es tan importante para mí”, dice, mientras sus compañeros de fila, unos chicos bangladesíes, preparan la bicicleta para que uno de ellos vaya un momento a casa para traer algo para cenar. Sobre su espalda, Delowar se coloca la típica mochila cuadrada naranja de una de las principales cadenas de delivery, donde suele trabajar de forma puntual a través de la cuenta de un amigo con papeles, un empleo habitual para muchas personas en situación irregular. 

Delowar, vestido con un moderno y colorido jersey de cuadros, sonríe entusiasmado al describir lo mucho que le gusta España en comparación con el país europeo en el que ha vivido el último año. Antes de llegar a Madrid, vivía con permiso de residencia en Finlandia y trabajaba en una empresa de electrónica, el ámbito donde ahora le gustaría, si logra la tarjeta de residencia, encontrar un empleo.

“Me fui de Finlandia por razones médicas relacionadas con el tiempo allí. Tengo algunos problemas de salud y el médico me recomendó que me venía muy mal vivir en un lugar tan frío”, explica en perfecto inglés el bangladesí, de 33 años. “Tenía dos opciones: volver a mi país o probar suerte en otro. Un compañero en la empresa finlandesa era español, era el que mejor me caía allí y me contaba cosas de su país… Decidí intentarlo aquí”, detalla el chico. Durante los primeros cuatro meses pudo vivir sin trabajar gracias a sus ahorros pero después empezó a trabajar de manera irregular en empleos puntuales, principalmente en el reparto de comida a domicilio. 

“Llegué a las 6 de la madrugada y los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”.

Según la Consejería de Servicios Sociales de Madrid, el Ayuntamiento ha pasado de 1.500 peticiones diarias en los centros de servicios sociales a 5.500. “Llegamos de madrugada pero los funcionarios nos dijeron que había que venir antes y esperar. Dijeron que la gente se está quedando a dormir y esa es la única manera para conseguirlo”, explica Jaqueline, resignada y casi sin quejarse. El colapso del sistema de citas y el hecho de que las personas sin papeles carecen de la clave pin que exige el trámite electrónico, complica que puedan hacer el trámite con cita previa. “Es imposible, no hay citas hasta mediados de mayo”, dice una señora.

El Gobierno pide “paciencia” y asegura que habrá tiempo para poder registrar las solicitudes, recordando que el plazo finaliza el 30 de junio. Pero hay más fichas en el tablero. Otros de los documentos exigidos, que algunos tienen preparados desde hace semanas, tienen fecha de caducidad. “Mi certificado de antecedentes penales expira en mayo, no puedo esperar a mayo”, continúa la mujer.

Confusión

Unos metros más allá Nora, también peruana, bebe café sentada sobre un sofá rosa infantil apoyado en la barandilla que separa la acera de la carretera. En uno de sus paseos para estirar las piernas, lo encontró junto a los contenedores y se lo llevó para pasar la noche de espera algo más cómoda. Lleva horas en la fila para conseguir un documento que, sin embargo, en su caso no necesita para pedir la regularización.

La mujer, trabajadora doméstica por horas en una casa de las afueras de Madrid, vive con su hija en una pequeña habitación. Tiene menores a su cargo y puede demostrar que vive con ellos, lo que le exime de presentar el certificado de vulnerabilidad, pero su abogada le ha asegurado que necesita ese documento por el que va a pasar la noche a la intemperie. Cuando este medio le enseña la información oficial que confirma que no tiene que presentarlo, muestra incomprensión: “¿Y por qué ella no sabe eso si le hemos pagado 300 euros por cada miembro de la familia?”. 

No decide irse a casa. “Ya que estoy aquí, ya me quedo. Me da miedo que me falte algo y si la abogada lo dice… ”, justifica la peruana. “He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”, defiende la mujer. La dificultad para obtener trabajo en situación irregular le ha empujado a vivir durante meses en albergues para personas sin hogar y en las salas en hospitales, cuenta.

“En servicios sociales me dijeron que si no conseguía un lugar donde vivir me iban a quitar a mi hija. Y yo decía: Pero si he venido a España para conseguir una mejor vida para ella, ¿cómo me la van a quitar?”, reflexiona Nora. La señora, hasta estabilizar su situación, dejó a su hija en un recurso temporal para menores de los servicios sociales, asegura, hasta que encontró un empleo estable a jornada parcial. “Ahora ya puedo pagarme una habitación para las dos y, por la tarde, estoy con mi niña”, añade, antes de recostarse en el pequeño sofá para descansar unas horas, cuando el frío de la madrugada empieza a meterse en el cuerpo.

“He sufrido mucho en España, no puedo arriesgarme ahora que tenemos esta oportunidad”

Autoorganización de las filas

En la pequeña comunidad surgida después de horas de espera, un rato en la fila es suficiente para identificar alguno de los roles tomados por quienes la integran. A Idaquele la llaman “la jefa”. Todo aquel que quiere añadirse en la cola, se acerca a esta señora peruana proclamada líder de la jornada. La mujer, después de confirmar que efectivamente “los nuevos” vienen para quedarse, anota un número en sus mano

“Alguien tenía que hacerlo. Si no se organiza un poco esto es un desastre”, dice Idaquele, junto a dos mujeres paraguayas con las que ya comparte bromas tras horas de espera. Todas comentan la picaresca de alguno de los compañeros de fila, a los que ya tienen fichados, que ya ha intentado colar a algunas personas en varios momentos del día.

La mujer peruana, que aparenta ser más seria de lo que es, camina con el ceño fruncido por la fila cuando alguien parece intentar colocarse en un lugar que no le corresponde. Todos cuentan indignados el intento de una mujer de introducir a 15 personas a las que decía estar guardando el sitio. “No es justo que se vayan a dormir y luego aparezcan diciendo que tienen un número apuntado en la mano. Porque los que estamos aquí pasando sueño nos podemos quedar fuera por una única persona”, dice Emma, salvadoreña, mientras come una ensalada sentada en una silla. Junto a su marido se ríen con Brayan, colombiano, y German, hondureño, con quienes han acabado juntándose durante la espera. Cada vez que hay un conato de tensión en la fila, o que alguien intenta colarse, se lo toman con humor pese a su preocupación.

El marido de Emma no ha dejado de trabajar en la construcción en el año y medio que lleva en España. “Trabajo... pero sin papeles”, dice en susurros, como si se avergonzase, cuando todas las personas de esa fila no tienen más remedio que trabajar en b para sobrevivir. “Por eso estamos aquí, para obtener los papeles, trabajar con contrato y cotizar”.

No entiende la exigencia de última hora del informe de vulnerabilidad. “¿Por qué el Gobierno decidió meter ese certificado? Teníamos todos los documentos preparados, lo fuimos haciendo con tiempo. Y, ahora, esta sorpesa nos tiene aquí en la calle esperando”, se queja el salvadoreño. El requisito, incluido a última hora por el Gobierno, es la fórmula que recoge la norma para justificar la vulnerabilidad que conlleva no tener papeles. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión defendió que la mera irregularidad suponía vulnerabilidad, pero el Consejo de Estado recomendó una mayor concreción para probar ese supuesto.

Pasa un coche de policía por la calle colindante a la larga fila de personas sin papeles. Cuando sucede, una voz se escucha en algún lugar determinado de la fila: “Ahora vienen y nos llevan a todos a extranjería”. El comentario genera algunas risas, pero cada vez que un vehículo policial se acerca, la mayoría se mantiene pendiente hasta que desaparece.

Pasadas las 8 de la mañana, la tensión aumenta. “Se han vuelto a intentar saltar la fila varias personas, pero se ha puesto orden”, cuenta Emma, que no deja de tomarse con humor la situación con sus compañeros. Temían no lograr conseguir el documento pese a la noche en vela, pero lo consiguieron. A las 12 horas, Germán envía una foto desde el interior de los Servicios Sociales. Ojerosos pero sonrientes, posan ante la cámara para retratar un paso más hacia la regularización. “Uno se encuentra grandes personas en el camino”, reflexiona el hondureño.

Son las 20 horas y ya hay cola frente algunas oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos de España. Salvo excepciones, cada una de las personas que aguarda su turno tiene tres palabras en mente: “Informe de vulnerabilidad”. El documento, un formulario sencillo que necesita ser validado por los servicios sociales municipales o las ONG colaboradoras, está detrás de las largas esperas o el peregrinaje de cientos de migrantes en busca de algunos de los puntos habilitados para concederlo. El Gobierno defendió que el trámite iba a ser rápido y no iba a tener complicación, pero se ha convertido en el principal escollo del procedimiento y en un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo central y las administraciones gobernadas por el PP. 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este martes a los ayuntamientos del PP de “boicotear” la regularización, a través de supuestas trabas a la tramitación de estos informes, debido a las “instrucciones racistas de Alberto Núñez Feijóo”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha asegurado que hay “ayuntamientos que, siguiendo directrices políticas del PP, están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes. Saiz ha citado las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que aseguró el pasado jueves que su consistorio “no va a colaborar” con la regularización. 

“Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar a una chapuza que falta el respeto a la dignidad de las personas”, dijo el regidor de la capital el día en que entró en vigor la medida. Declaraciones similares, que señalan, al menos de apariencia, la intención de algunas administraciones del PP de no cooperar con la regularización, a través de la imposición de trabas a la tramitación de los documentos emitidos por los servicios sociales municipales -como el informe de vulnerabilidad- que los migrantes necesitan presentar para cumplir con los requisitos de la medida del Gobierno. 

El llamado “informe de vulnerabilidad”, es un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar cómo la situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias en la vida del solicitante de la regularización. Se trata de un requisito incluido a última hora por el Gobierno, que no estaba recogido en los primeros borradores de la medida, que solo deben cumplir los migrantes sin papeles (no los solicitantes de asilo) que carecen de vinculación laboral o hijos a cargo. Quienes no cumplan uno de estos dos supuestos deben probar su condición de vulnerabilidad. En un primer momento, el Ministerio de Inclusión defendió que la mera irregularidad suponía vulnerabilidad, por lo que la intención inicial era no obligar a presentar ningún documento añadido para justificar esa precariedad. Sin embargo, el Consejo de Estado recomendó probar la vulnerabilidad de algún modo, por lo que finalmente se añadió como requisito el certificado por el que ahora cada madrugada esperan cientos de migrantes en largas colas frente a distintas oficinas municipales y a las entidades sociales que pueden emitirlo en España (este es el listado actualizado).

“Boicot” de algunos ayuntamientos

En Zaragoza, el equipo de Gobierno de Natalia Chueca ordenó restringir todos los trámites relacionados con el proceso de regularización de inmigrantes a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Al obligar que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado de vulnerabilidad, y otro tipo de documentación, a una fila única del Ayuntamiento, forzaba a miles de personas a soportar largas filas desde la madrugada. El Consistorio solo permitía a estas personas a esperar en el exterior de las instalaciones municipales, pese a contar con espacio para ello en su interior, un gesto que el Grupo Municipal de Zaragoza en Común ha interpretado como un intento de “escenificar” el “supuesto caos”, informa Esther L. Chamorro. 

Pese a estas directrices, algunos funcionarios de las juntas de distrito se han plantado contra esta decisión y han optado por continuar con esta atención a los migrantes que aspiran a la regularización. “Es un trámite sencillo”, explica una de las trabajadoras públicas que han decidido seguir con la emisión de los documentos ligados a la medida del Gobierno. 

En Palma, varios funcionarios han denunciado órdenes del Ayuntamiento -dirigido por el PP con Vox como respaldo en los plenos- para impedir la movilización de personal de refuerzo en los servicios sociales municipales para atender el aumento de demanda por las peticiones de documentación ligadas a la regularización, informa Pablo Sierra del Sol. 

“Es flagrante que utilicen personas para una batalla política”, recriminaron los empleados públicos en un comunicado. Así, pese a las filas larguísimas formadas cada mañana frente a las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de Palma (OAC), estas personas eran atendidas por los mismos funcionarios de siempre debido a “instrucciones políticas”, siempre según la denuncia de los empleados públicos. 

Mientras algunos de sus ayuntamientos lanzan órdenes para impedir el refuerzo de estas ventanillas para entregar los trámites requeridos, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado el “caos generado” en los servicios sociales municipales. Según anunció este lunes, su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos del país en los que gobierna (más de 8.000) para exigir que se paralice el proceso de regularización extraordinaria. 

“Falta de instrucciones” del Gobierno

Sin embargo, las directrices y declaraciones de los ediles del PP en contra de la medida no son las únicas razones que explican las colas formadas para realizar dicho trámite, ni la gran dificultad a la que se están enfrentando miles de migrantes para conseguirlo. Durante los primeros días de la entrada en vigor de la regularización, cuando cientos de personas ya se acercaban a los servicios sociales a preguntar por el nuevo “informe de vulnerabilidad”, funcionarios de distintas oficinas de servicios sociales municipales, como Madrid o Barcelona, reconocían no haber recibido directrices del Gobierno central sobre cómo era necesario validar dichos documentos. 

“Parece un documento sencillo, pero no sabemos quién lo tiene que sellar o firmar”, decía a elDiario.es una emplada pública de una de las oficinas de Madrid. Desde el día anterior a la aprobación de la iniciativa habían esuchado de forma reiterada una misma pregunta que, según aseguraban, no sabían responder pues el real decreto de la regularización no especifica ciertos detalles técnicos que, defendían algunos trabajadores sociales, son necesarios para emitir este tipo de documentos. Antes de las declaraciones de Almeida, sus empleados públicos intentaron buscar una vía para ir registrando las peticiones de este documento, mientras aclaraban cómo emitirlos. Sus testimonios señalaban cierta descoordinación inicial por parte del Gobierno central, así como la falta de comunicación previa para poder ir organizándose. “Aprueban una norma, sale en los medios, dicen que lo tenemos que sacar nosotros y nadie nos avisa antes ni nos explica el procedimiento”, se quejaba una funcionaria. 

El Consejo de Trabajadores Sociales de Madrid ha emitido un comunicado en el que solicita al Gobierno la necesidad de consensuar “criterios técnicos, claros y homogéneos” para acreditar la vulnerabilidad a través del formulario creado por el Gobierno. “En relación con la exigencia de acreditar una situación de vulnerabilidad en determinados supuestos, el Colegio considera necesario reivindicar un uso riguroso y técnico del concepto de vulnerabilidad, evitando su aplicación genérica o simplificada”, indica. “No obstante, el Real Decreto no define de forma suficientemente precisa qué perfiles profesionales deben asumir esta función en las distintas administraciones y entidades implicadas, lo que puede generar desigualdades en la valoración y en el acceso al procedimiento, comprometiendo las garantías técnicas necesarias”. 

Por su parte, a nivel estatal, el Colegio General de Trabajo Social ha manifestado su “preocupación por el impacto organizativo que este proceso puede generar en los servicios sociales, ya sometidos a una elevada carga de trabajo”. También ha alertado “del riesgo de que se instrumentalice la intervención social reduciéndose a la mera emisión de certificaciones, desvirtuando la función propia del Trabajo Social como disciplina de acompañamiento, análisis y garantía de derechos”. 

A las preguntas de elDiario.es sobre qué instrucciones envió el Ministerio a los ayuntamientos y comunidades autónomas involucradas en la regularización, el departamento dirigido por Elma Saiz reconoce que estas comunicaciones han empezado este lunes, días después de la entrada en vigor de la medida, cuando ya se habían formado largas colas frente a las entidades municipales. “Desde el Ministerio se ha convocado a las administraciones locales, a través de la FEMP, para un encuentro que tendrá lugar próximamente”, sostienen fuentes de Inclusión. “La intención es promover la colaboración e instar a que, dentro de la propia autonomía de las entidades locales, se facilite información y se ayude en todo lo posible a las personas que acudan a formalizar el trámite”, añaden. 

La ministra ha recordado este martes en la rueda de prensa de Consejo de Ministros que el certificado de vulnerabilidad puede ser acuñado también por alguna de las 224 entidades colaboradoras. En algunas de sus sedes también se están formando largas colas para conseguir dicho documento. En los primeros días, muchas de las ONG registradas en este proceso empezaron a emitir este tipo de documentos únicamente a las personas que ya atendían anteriormente, pero otras tantas ya han abierto el trámite al resto de personas. De hecho, muchas ONG, incluso de escasos recursos, están emitiendo decenas de informes cada día. “Vemos como las pequeñas entidades sociales vuelven a llegar adonde no llega el Estado”, dicen desde el movimiento Regularizacíón YA.

El miedo

Más allá de la posible falta de organización inicial o las declaraciones que tratan de torpedear los trámites de la regularización, otras de las razones que explican las largas colas de personas, que incluso duermen delante de las sedes de ONG y ayuntamientos que emiten estos documentos es la propia necesidad de tener registrada la petición cuanto antes. El plazo finaliza el 30 de junio pero muchos migrantes aún se enfrentan al miedo diario de ser detenidos en un control policial y retornados por su situación administrativa irregular, dado que los vuelos de repatriación no han sido frenados. El registro de la solicitud, sin embargo, sí conlleva la suspensión (al menos temporal hasta la resolución) de cualquier procedimiento de expulsión. Muchos temen también, que cualquier imprevisto de última hora, pudiese dejarles fuera de la medida si retrasan el trámite.

Prefieren pasar una noche a la intemperie o esperar horas y horas bajo el sol a perder esta oportunidad de ver reconocidos sus derechos en un procedimiento más agil y sencillo de lo habitual. “Nos pueden agarrar en cualquier momento. Tengo miedo hasta de ir a buscar trabajo, pero tengo que hacerlo igualmente”, dice un hombre peruano que aún no ha logrado el certificado de vulnerabilidad, el último trámite que le queda para poder entregar toda la documentación a su abogado y recibir la salvaguardia de su permanencia en España. “Cuando tenga lo registre, sentiré paz”, añade.

El Gobierno ha acusado este martes al Partido Popular de “boicotear” los trámites que necesitan los migrantes para acceder a la regularización extraordinaria impulsada de las Moncloa impidiendo que los ayuntamientos gobernados por el partido de Alberto Núñez Feijóo hagan las gestiones oportunas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de migraciones y portavoz del Ejecutivo ha asegurado que hay “ayuntamientos que siguiendo directrices políticas del PP están boicoteando las esperanzas y los derechos” de los migrantes.

“El PP está solo y desdibujado en su boicot”, ha añadido Saiz, que ha matizado, no obstante, que “el procedimiento está perfectamente regulado”. Como ejemplo ha puesto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “que ha verbalizado que no va a colaborar con la regularización”. “¡Qué incoherencia!”, ha espetado, haciendo alusión al hecho de que el gobierno municipal madrileño presuma de acoger a miles de personas latinoamericanas. “Por encima de todo están la sociedad civil, la Iglesia católica, las entidades sociales y miles de ciudadanos que tienen ilusión”.

Saiz ha añadido que el de esta semana se están dando “los primeros días de un procedimiento enorme, muy garantista y muy trabajado”. “Quiero compartir mi empatía con las personas que están con un comportamiento ejemplar aguantando las colas”, ha dicho, además de lanzar su “agradecimiento a los funcionarios” y “también a los ayuntamientos que están colaborando, poniendo recursos, con garantía de servicio público”.

Este mismo martes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había reprochado a las administraciones controladas por el PP, especialmente a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que estén haciendo “lo posible y lo imposible” por “boicotear” el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Ejecutivo central. “Hemos escuchado con nitidez que el PP va a poner todas sus energías en boicotear un proceso tan justo, tan importante y tan positivo para la sociedad como es este proceso de regularización. Por lo tanto, lo que están encontrando son herramientas para hacerlo”, ha lamentado Martín en declaraciones a la prensa.

Martín ha explicado que los migrantes que quieran acogerse a la regularización deben demostrar un “proyecto laboral” o utilizar la vía familiar para quienes “tengan una familia o un proyecto familiar que pueda acreditar”. Al margen de estas dos posibilidades, el delegado ha recordado que existe la tercera vía que es la de la vulnerabilidad, para la cual las personas migrantes deben descargarse un modelo en la página web del Ministerio de Inclusión que tanto las entidades sociales como los servicios municipales de los Ayuntamientos pueden sellar.

En Gaza, la población civil sigue atrapada en un genocidio. En Ucrania, los bombardeos continúan golpeando infraestructuras esenciales. En Sudán, se han cumplido tres años de guerra y de la mayor crisis humanitaria del mundo. En Irán, la violenta represión sobre las protestas en enero de 2026 podría ser la más letal en décadas. Y, en EEUU, las políticas migratorias y la presión sobre organismos internacionales han encendido las alarmas sobre el retroceso democrático. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) constata que en distintas partes del mundo se repite un mismo patrón: se ha producido un deterioro de los derechos humanos.

El trabajo analiza la situación de 144 países y concluye que el mundo atraviesa uno de los momentos más críticos desde la creación del sistema internacional de derechos humanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La organización sostiene que ya no se trata de un deterioro progresivo, sino de un “ataque directo a los cimientos del sistema internacional basado en normas”.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, fue aún más contundente durante la presentación del informe: “La humanidad misma se encuentra bajo ataque”. Según explicó, el mundo ha entrado en una nueva fase en la que ya no se trata de advertencias, sino de una realidad consolidada: “Ya no estamos ante un colapso inminente, estamos dando cuenta de su llegada”.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, apunta que “vivimos un momento crítico para la humanidad”, marcado por la actuación de lo que define como “gobiernos depredadores” que buscan “control, impunidad y beneficios económicos” mediante violencias de derechos humanos.

Más guerra, impunidad y complicidad

El informe recién publicado por Amnistía Internacional documenta un aumento de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otras violaciones graves, en un contexto en el que los mecanismos de rendición de cuentas pierden eficacia. Entre los ejemplos más señalados, tanto en el informe como en la rueda de prensa de presentación del trabajo, figuran el genocidio contra la población palestina en Gaza, los ataques en Ucrania o la violencia extrema en Myanmar y Sudán.

Callamard describió este escenario como el resultado de un cambio de paradigma. “Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral”, apuntó, en referencia a Estados que vulneran sistemáticamente el derecho internacional.

Beltrán señala directamente a varias potencias: “EEUU, Rusia, Israel y, en cierta manera, China o Myanmar cometen violaciones de derechos humanos para imponer su dominio”. Según explica, estas dinámicas pasan por “declarar guerras ilegales, violar el derecho internacional e intentar dejarnos sin las normas que nos han regido durante los últimos 80 años”.

Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral

Agnès Callamard — Secretaria general de Amnistía Internacional

El informe sitúa en ese contexto a líderes como Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamín Netanyahu, a los que Callamard acusó de buscar “el dominio político y económico mediante la destrucción, la represión y la violencia a gran escala”.

El documento no solo pone el foco en los responsables directos de las violaciones, sino también en la actitud del resto de gobiernos cómplices. Según Amnistía Internacional, muchos Estados han optado por políticas de apaciguamiento, evitando confrontar a las potencias implicadas. “La mayoría de los gobiernos han optado por apaciguar a estos depredadores”, denunció Callamard, que criticó especialmente el papel de los países europeos. En la misma línea, Beltrán es tajante e incide en que “la mayoría de los gobiernos siguen políticas de apaciguamiento que echan más leña al fuego”.

Esta dinámica, advierte AI, tiene consecuencias directas sobre la población y la sociedad civil organizada. “Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo”, apunta Beltrán.  

Represión, control y crisis climática

El deterioro de los derechos humanos no se limita únicamente a los escenarios de guerra. A escala nacional, el informe describe un aumento global de prácticas autoritarias a través de, por ejemplo, una mayor represión en las protestas en Irán, Estados Unidos, Turquía y Reino Unido, la criminalización de la disidencia en Egipto y la India y la vigilancia digital y censura en países como Serbia y Kenia.

Callamard alertó de que este modelo está consolidando un nuevo orden y “un mundo donde la guerra y el asesinato de civiles se han normalizado como herramientas de gobierno”. En esa lógica, añadió, la sociedad civil pasa a ser tratada como un enemigo y la disidencia se silencia mientras “se criminaliza la solidaridad y se convierte la ley en un arma”.

Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo

Esteban Beltrán — Director de Amnistía Internacional en España

En muchos países, estas medidas se han traducido en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. La tecnología, según AI, está desempeñando un papel creciente en este proceso, al facilitar nuevas formas de control social.

Además, el informe vincula este deterioro con factores estructurales como la crisis climática y los recortes en la ayuda internacional a través del fin de la asistencia de USAID, la agencia humanitaria estadounidense. El mundo se encamina hacia un aumento de hasta tres grados en la temperatura global, lo que, según el informe, agravará problemas como la inseguridad alimentaria o los desplazamientos forzados.

La guerra con Irán y la figura de Trump

Uno de los ejemplos más claros de esta deriva es la escalada en torno a Irán. Según Amnistía, el conflicto se intensificó tras el ataque ilegal de EEUU e Israel en violación de la Carta de Naciones Unidas, al que siguieron represalias iraníes. Durante la presentación del informe, la responsable de la ONG advirtió de que esta dinámica ha desencadenado una espiral de violencia con consecuencias globales.

“El conflicto [en Oriente Medio] está poniendo en peligro la vida y la salud de millones de personas en toda la región”, señaló Callamard, que alertó de que sus efectos pueden extenderse más allá de la región, afectando al acceso a energía, alimentos o atención sanitaria en todo el mundo.

Además, la población iraní sufre una doble presión, por un lado, los ataques externos y, por otro lado, la represión interna. “Los iraníes son blanco de las bombas al tiempo que se enfrentan a una represión mortal por parte de su propio gobierno”, denuncia la secretaria general de la organización.

El informe también señala al papel de EEUU y, en particular, de Donald Trump, en el debilitamiento del sistema internacional. Callamard denunció que EEUU ha impuesto sanciones contra jueces y fiscales internacionales “por el simple hecho de estar haciendo su trabajo”, en referencia a las investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Estas medidas, según Amnistía, forman parte de un intento más amplio de convertir la justicia internacional en un campo de batalla y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas.

Espacios de resistencia y elogio a España

Pese al diagnóstico, el informe también recoge señales de resistencia. Callamard subrayó que “hay otra historia”, concretamente, la de millones de personas que se han movilizado, y se movilizan, en todo el mundo para defender los derechos humanos.

Desde protestas masivas contra la guerra en Gaza hasta acciones de trabajadores portuarios en países como España, Grecia o Marruecos para bloquear el envío de armas con destino a Israel, pasando por movilizaciones en defensa de derechos civiles como las que se dieron ante la prohibición de la Fiesta del Orgullo en Budapest para defender los derechos LGTBI. Beltrán también apunta que “la buena noticia es que hay una sociedad civil que se rebela, que lucha”.

En este sentido, Callamard destacó el papel de algunos Estados que han tratado de abrir grietas en la inacción general como, por ejemplo, España, al que definió como un país que, en los últimos años, ha hablado “alto y claro” sobre la importancia de la rendición de cuentas y ha evitado, a su juicio, el doble rasero que está erosionando el sistema internacional.

A través de los cristales de una oficina de Correos de Madrid se vislumbra una escena distinta a la habitual. Mientras varias personas esperan su turno con paquetes en sus manos, Valeria le pide a su abuela que entretenga a su bebé mientras entrega a una funcionaria fotocopias del pasaporte, billetes de avión y certificados de antecedentes penales. Otro empleado se acerca al asiento donde ya se acumulan varias familias de migrantes, la mayoría mujeres con niños pequeños, para comprobar que llevan todos los documentos requeridos antes de que les llegue su turno. Este lunes ha sido el primer día de atención presencial para registrar las solicitudes de la regularización extraordinaria y las ventanillas habilitadas en Correos han arrancado esta nueva labor con algún que otro retraso, pero con normalidad, en distintos puntos del país. 

Valeria sale de la oficina dos horas después de la hora de su cita previa para registrar la petición de regularización para ella y su bebé, pero no le importa el retraso. Ella, de origen colombiano, vivía en Madrid de forma irregular desde hace dos años. Su niña, nacida en España, no llega al año y tampoco tiene el permiso de residencia. Pero ahora sujeta en sus manos el documento que confirma el envío de la solicitud que, si nada falla, les concederá la ansiada autorización. “Llevaba soñando varios días con esta cita. Literalmente. Hoy he soñado que estaba aquí plantada. Y he tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, dice entre risas, para describir su alivio tras zanjar el trámite que la perseguía desde hace tiempo.

La escena de alegría, que se entrelaza con la actividad rutinaria de Correos sin grandes filas ni colapso, contrasta con la frustración de los cientos de migrantes que un día más han esperado varias horas de colas frente a las oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos del país, como Madrid, Barcelona, Valencia o Cartagena, para conseguir recopilar toda la documentación exigida. La situación de colapso también se ha repetido en las sedes de algunas de las ONG colaboradoras en el procedimiento de regularización. El principal escollo, el trámite que ha creado un cuello de botella en parte del procedimiento, es el llamado “informe de vulnerabilidad”, un requisito añadido en el último momento en el real decreto, que debe presentar un grupo concreto de personas sin papeles: aquellos que no tengan hijos a cargo o quienes no puedan justificar una vinculación laboral anterior o futura. 

Mientras cientos de personas aguardaban horas para conseguir este papel, después incluso de hacer noche frente a los espacios habilitados para validar los informes de vulnerabilidad, las oficinas de Correos y Seguridad Social de todas las provincias han comenzado a recibir este lunes con cita previa los primeros expedientes de migrantes y solicitantes de asilo que ya tenían todo preparado.

Algunas entidades que se dedican a acompañar a migrantes en este proceso consideran que, además del sistema de cita previa obligatoria que ordena el proceso, la tranquilidad que ha reinado en las oficinas de Correos también puede explicarse por el propio atasco en el sellado del nuevo informe: “Muchas de las personas que solicitaron la cita previa no se han llegado a presentar porque todavía no tenían el certificado de vulnerabilidad”, sostienen. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión asegura que la agilidad en los espacios habilitados para el registro presencial de la solicitud se debe únicamente a la activación de múltiples espacios para este fin y a la organización de las citas.

Como Valeria vive con una menor a cargo, no ha tenido que presentar el requisito que está entorpeciendo el procedimiento de los que sí. Con toda la documentación preparada, a ella el real decreto no le dio sorpresas de última hora y ha podido presentar por su cuenta la petición el primer día de atención presencial. Si todo va como espera, la ecuatoriana recibirá en 15 días la admisión a trámite de su solicitud. La mera admisión conllevará, además de la suspensión de cualquier posibilidad de retorno a su país, un permiso que ya la habilita para trabajar.

“Así solo puedo trabajar irregular, sin cotizar. Sin papeles, abusan más. Soy enfermera y ahora podré empezar a homologar mi título, que son dos años más”, celebra la mujer, de 26 años, ya pensando en el siguiente paso burocrático. A su lado, su abuela, asiente detrás del carrito de su bisnieta. Ella ya tuvo que pasar por lo mismo, aunque un proceso distinto y más sencillo entonces, casi tres décadas atrás, cuando llegó a España sin papeles. 

“Tardas más en enviar paquetes”

En Barcelona, tampoco se han registrado colas en prácticamente ninguna de las oficinas habilitadas de Correos ni Seguridad Social en las que se estaban dando citas previas para tramitar la regularización. “No he tenido que esperar nada de nada”, se ha sorprendido Karen. Tenía vez a las 8:30 y ha venido antes “por si acaso”. Pero no le ha hecho falta. El vestíbulo de la oficina acogía a muy poca gente. “Tardas más para enviar paquetes”, compara esta mujer ecuatoriana de 53 años.

Ella también tiene todos los documentos a mano, incluso el certificado de antecedentes penales, que había necesitado para un trámite anterior, así que ha podido realizar la solicitud sin complicaciones. Donde sí ha habido colas y rostros preocupados ha sido en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona, las encargadas de expedir los certificados de vulnerabilidad que, en algunos casos, son necesarios para regularizarse. 

Las oficinas de la Seguridad Social en Valencia atienden a una veintena de personas cada hora. La gente acude con los documentos ya cumplimentados, siguiendo la explicación de la web, comentan algunos empleados públicos. Es el caso de A. Mujica, un joven venezolano, de 23 años, que lleva siete meses en España. Es barbero y quiere iniciar su propio negocio en cuanto tenga los permisos para trabajar, por ello ha acudido con la declaración jurada que manifiesta su voluntad -que también exime de presentar el informe de vulnerabilidad“. ”Mi gestora me pidió la cita y gracias a Dios ha ido bien“, dice el hombre.

La Oficina de Extranjería de la Región de Murcia, ubicada en la pedanía murciana de El Puntal, es el punto clave para la gestión de trámites migratorios. Allí se encuentran María y Onofre [nombres ficticios], quienes viven en España desde hace cuatro y tres años, respectivamente. “No ha sido fácil”, reconoce Onofre, procedente de Guinea Ecuatorial. “Te ves limitado en casi todo, si quieres trabajar tiene que ser en negro. Pero no nos gusta, queremos cotizar”, añade María.

Ambos han llegado a una oficina prácticamente vacía, en contraste con las largas colas a las que están acostumbrados. Esta sede de Extranjería siempre está a rebosar, con colas que se extienden a lo largo de la jornada: “Hoy ha sido más ágil, se han abierto muchos puntos. Esto es una ayuda para todos, para los solicitantes y para el gobierno. Si hoy ha sido tan rápido, ¿por qué no se ha hecho antes?”, se plantea José [nombre ficticio], otro solicitante. Vino a España hace diez años desde Nicaragua, buscando una vida mejor: “He trabajado en el campo, en negro. Muy poca gente quiere trabajar allí y necesitan mucha mano de obra”, señala. “Debería haber más regularizaciones para que haya menos trabajo en negro”.

Roberto sale de una oficina de Correos de Sevilla tras casi media hora de espera: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”. Lleva desde enero atento a la regularización extraordinaria después de que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos. Un hito que cambió sus perspectivas, ya que, de repente, ha acortado el proceso de petición de asilo por razones humanitarias de casi dos años a apenas unos meses. El venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico. Al ser solcitante de asilo, no necesita el informe de vulnerabilidad que está trayendo por el camino de la amargura a quienes se lo exigen. Aterrizó en Sevilla tras intentar crear una nueva vida en Colombia y Santiago de Chile. La regularización le aportará, dice, una estabilidad en España que hasta ahora no había encontrado desde su salida de Venezuela.

Luisa sale un momento de la oficina de Correos de Madrid donde espera su turno para llamar a su madre y pedirle que recoja a la niña de la escuela infantil. La mujer peruana tenía cita previa, pero ha tenido que interrumpirla para imprimir un documento que le faltaba, por lo que teme que el proceso se retrase. “Me da miedo que al volver ya no puedan atenderme”, dice la mujer. Pero no fue así. Aunque el funcionario en un principio no sabía indicarle cuál era el papel que debía presentar, finalmente entre los dos lo averiguaron: “No son expertos en extranjería y, cuando intentaban ayudarme, se les veía un poco perdidos. Me han dicho ellos mismos que les han puesto a atendernos sin la formación suficiente”, se queja.

Después, el mismo empleado ha empezado a adelantarse a ese tipo de situaciones y comenzó a comprobar con antelación la documentación de las solicitantes que esperaban su turno, para que pudiesen aprovechar el tiempo en caso de que les faltase algún papel. “Se nota que es el primer día, pero los trabajadores están haciendo todo lo que pueden y tienen muy buena actitud. Al ver que lo que ha pasado con mis papeles, han intentado remediarlo con el resto”, dice la peruana, quien acude a solicitar los papeles para su hija de dos años. Ella no ha podido optar a la regularización, dado que había pedido un permiso residencia por la vía habitual y debe esperar la respuesta de esa solicitud. “Tampoco tiene sentido que la vía telemática solo se pueda presentar con un certificado digital: si no tenemos papeles, la mayoría no podremos hacerlo”, añade.

Colapso por el informe de vulnerabilidad

En Barcelona, Mohammed, un pakistaní de 26 años, se ha levantado muy temprano para llegar antes de las 5:30 horas de la mañana a una OAC a por ese documento. Y ya había gente esperando. Cuando han abierto, le han dicho que no quedaban citas disponibles y que no habría ninguna hasta el lunes que viene. Este joven sabe que cumple todos los requisitos, pero está preocupado por no poder llegar a juntar todos los documentos a tiempo.

Lleva desde 2019 en España y, aunque llegó con un permiso de deportista como jugador de hockey, perdió los papeles cuando tuvo que dejar de jugar para conseguir un trabajo. Desde entonces, ha ido encadenando empleos en la construcción y en tiendas de amigos de familiares suyos, que son quienes también le realquilan una habitación. Ahora, les ha pedido que le hagan un contrato de alquiler. Si lo presenta, podría presentar su petición sin el informe de vulnerabilidad que ahora parece inalcanzable para muchos. “Aunque sea momentáneo, incluso yo pagaría los impuestos. Pero no quieren ayudarme”, se lamenta Mohamed.

En Cartagena, a pocos metros de la tranquila oficina de Correos, algo más de un centenar de personas aguardan su turno en la sede de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Un funcionario municipal les recibe en la entrada para explicar las dudas de última hora sobre el proceso y para informar sobre el estado de la cola. “Hoy no cogemos más citas”, dice, mientras cuenta que este lunes se tramitarían más de 300 solicitudes para el informe.

Soy médica, pero en Sudán, durante los últimos tres años, eso ha significado mucho más que la medicina. Ha significado responder a llamadas de auxilio sabiendo que no puedes llegar hasta la persona que está al otro lado. Adentrarse en el peligro, no porque no tengas miedo, sino porque un paciente te está esperando. Llevar recuerdos que no se desvanecen, por mucho que intentes seguir adelante.

Lo que comparto aquí proviene de los primeros días de la guerra en Jartum, cuando todo se desmoronó de golpe, mientras las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) avanzaban en la ciudad, calle por calle. Ahí es donde comienza mi experiencia.

El día en que los teléfonos no dejaron de sonar

El 15 de abril de 2023 fui a trabajar como de costumbre. A las 9 de la mañana, todo había cambiado.

Estaba de pie junto a una ventana en la base central de ambulancias de Bahari, en el norte de Jartum, cuando vi a gente corriendo. Luego llegó el ruido: explosiones, intensos disparos. Un edificio justo enfrente fue bombardeado y, en cuestión de minutos, los vecinos llevaban a los heridos en brazos, gritando pidiendo ayuda.

Dentro, los teléfonos empezaron a sonar. Y no paraban. “Por favor, vengan”. “Está sangrando”. “Se está muriendo”. Lo intentamos. Pero no pudimos mover ni una sola ambulancia.

Las calles ya se habían vuelto demasiado peligrosas. Con los enfrentamientos estallando de forma impredecible, cualquier movimiento significaba arriesgar nuestras vidas.

Horas más tarde, algunas de esas mismas voces volvieron a llamar. “No vengáis”, dijeron. “Ha muerto”.

Hay algo dentro de ti que se rompe en ese momento. Porque eres médico. Y, de repente, no puedes llegar a las personas que más te necesitan.

Tres días atrapada... y la decisión de volver

Yo era la única mujer de guardia.

Había oído historias de Darfur —zonas de Sudán bajo el control de la milicia FAR— sobre violencia sexual y lo que ocurre cuando los grupos armados toman el control. Pero ahora, mientras los combatientes de las FAR avanzaban por Jartum, esos temores ya no eran algo lejano.

Estuvimos atrapados dentro de la base de ambulancias durante tres días, escuchando, esperando, sin saber qué vendría después. Después de evacuar, pasé una semana en Omdurman, una ciudad al otro lado del puente de Jartum.

Era festivo. Había un alto el fuego temporal. Por un breve momento, la gente intentó aferrarse a algo parecido a una vida normal. Pero incluso entonces, sabíamos que no duraría. Nos mantuvimos en contacto, llamándonos unos a otros, volviendo una y otra vez a la misma pregunta:

Si los hospitales están cerrados y las ambulancias no pueden moverse, ¿qué pasará con la próxima persona que resulte herida? Ya no había ningún sistema. Así que tomamos una decisión. Volveríamos.

Construir algo de la nada

Cuando le conté a mi familia mi decisión, se asustaron. Mi tío intentó detenerme. Le dije: “Es mi deber”. No por valentía. Sino por mi responsabilidad médica.

Teníamos un objetivo: junto con un pequeño grupo de colegas, reabriríamos el Hospital Universitario Bashair, al sur de Jartum. Reuniríamos al personal médico que aún se encontraba cerca —gente que conocía los barrios y podía desplazarse con mayor seguridad— y reanudaríamos los servicios, aunque fuera de forma limitada.

Empezamos casi sin nada. Unos pocos médicos. Unos pocos cirujanos. Enfermeras. Voluntarios. Abríamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Después, las puertas se cerraban por falta de recursos. Era el único hospital en funcionamiento de la zona.

Nos centramos en los traumatismos: heridas de bala, lesiones por explosiones. Víctimas de la guerra. El hospital ya no era solo un lugar de trabajo. Era un salvavidas.

Vivir con miedo

Al principio, me alojaba en una casa cercana. Pero las noches eran insoportables. Cada ruido me parecía un peligro. Cada silencio, una espera.

Regresaba a casa tarde —a veces cerca de la medianoche— y a menudo me paraban en los puestos de control. Preguntas. Sospechas. Imprevisibilidad. Al cabo de un tiempo, ya no me sentía segura fuera.

Algunos soldados empezaron a acercarse a mí, trataban de hablarme, incluso me proponían matrimonio. Me negué. Les dije que era una mujer casada, una madre. Pero negarme no garantizaba mi seguridad. Así que me mudé al hospital. Incluso allí, hombres armados iban y venían: fumaban en los pasillos, se movían por espacios que deberían haber estado protegidos, sin ningún respeto por la inviolabilidad del centro médico.

Éramos un equipo pequeño, trabajando bajo presión, tomando cada hora decisiones que podían significar la vida o la muerte.

Nos decíamos algo sencillo: si morimos, moriremos con dignidad. No fue valentía. Fue aceptación.

Cuando ya no estábamos solos

Durante semanas, mantuvimos todo a flote con casi nada: improvisando, estirando los suministros, tomando decisiones imposibles. Entonces, Médicos Sin Fronteras (MSF) llegó para apoyar al hospital. Poco a poco, algo empezó a cambiar.

Se notaba en el hospital. Los suministros se hicieron más fiables. La atención se organizó mejor y empezamos a recibir apoyo. Con MSF allí, era como si alguien se hubiera acercado a nuestro lado y nos hubiera dicho: seguid adelante, estamos aquí.

Los riesgos no desaparecieron. La guerra no se detuvo. Pero ya no estábamos completamente solos, y eso cambió lo que era posible.

Los momentos que nunca te abandonan

Una madre llegó una noche después de que soldados de las FAR entraran en su casa. Acusaron a la familia de apoyar al Gobierno sudanés. Lo saquearon todo. Mataron a su marido. Le dispararon a ella. La llevamos a quirófano, mientras su hijo —de no más de nueve años— se quedaba cerca, llorando. “Un día los mataré”, dijo el crío. En ese mismo momento, los soldados de las FAR estaban dentro del hospital. Recuerdo haber pensado: si lo oyen, también lo matarán a él.

Otro día, llegó una superviviente de violencia sexual. Me senté con ella. La escuché. Y luego lloré con ella. Incluso ahora, sigo viendo su rostro.

Y entonces, en medio de este caos, ocurrió algo sorprendentemente positivo. Llegó una mujer embarazada que estaba de parto. No teníamos servicios de maternidad. No estábamos preparados. Dio a luz en el quirófano de urgencias. En medio de la guerra, nació un niño.

Por un momento, todo se suavizó. Sonreímos. Recordamos cómo se siente la vida.

Por qué nos quedamos

Aquellos primeros días en Jartum fueron una cuestión de supervivencia. No solo para los pacientes, sino también para nosotros. Teníamos miedo. Estábamos agotados. Dudábamos de nosotros mismos. Pero nos quedamos.

Porque los pacientes seguían llegando. Porque, aunque no pudiéramos salvar a todos, al menos podíamos salvar a alguien. Porque a veces, en medio de todo, la vida siempre encuentra una manera.

Soy médico. Y en aquellos primeros días de guerra en Jartum, eso significaba quedarme, incluso cuando la ciudad, y parte de mí, se desmorona.

La autora es médica y asesora del coordinador de MSF en Jartum, Sudán.

La regularización llevaba solo media hora en marcha cuando las primeras cien solicitudes fueron registradas. Un día después, se superaban las 13.000 peticiones telemáticas presentadas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, llega a la redacción de elDiario.es con un punto de euforia contenida ante la “normalidad” que, defiende, ha caracterizado a la entrada en vigor de una medida que la derecha mira con lupa y ya intenta frenar en los tribunales.

“Cuando el Gobierno escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado”, dice la también portavoz del Ejecutivo para referirse a un proceso de negociación particular: tras el pacto con Podemos, el movimiento impulsor de la iniciativa, Regularización YA, ha sido otro de los actores clave en el resultado final de un real decreto que ha mantenido la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 personas, aunque ha acabado excluyendo algunas de sus demandas.

Elma Saiz hace balance en caliente de ese arranque y habla de los obstáculos a los que podrá enfrentarse la medida. La regularización, presentada como un hito por el Gobierno, nace también rodeada de resistencias: ayuntamientos que amenazan con no colaborar, críticas de la oposición y dudas sobre cómo aterrizará en la práctica un procedimiento que depende, en parte, de informes sociales y del acompañamiento de organizaciones sobre el terreno.

Acaba de entrar en vigor la regularización. ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es su balance?

Está yendo con total normalidad. Como estaba previsto, dando respuesta a la vía telemática y también a la solicitud de cita con total normalidad. A modo de anécdota, en la primera media hora de este proceso, que ha empezado a la medianoche, ya había 100 solicitudes telemáticas presentadas. Llevamos muchas semanas preparando este procedimiento con muchísimo cariño, sabiendo que tenía que estar a la altura de este hito para nuestro país.

Uno de los requisitos de última hora que está generando angustia a parte de los solicitantes es el informe de vulnerabilidad, exigido a los migrantes sin papeles [que no puedan probar vinculación laboral ni hijos menores], que deben ser por servicios sociales y ONG. Algunos ayuntamientos critican que no han recibido instrucciones por parte del Ministerio y mucha gente no logra conseguirlo. ¿Se ha coordinado este punto con todos los actores?

En este plan operativo se ha caminado de la mano del papel que tienen las entidades colaboradoras con el Ministerio, no solamente las entidades que ya vienen desde atrás colaborando, sino más allá, a través del nuevo registro de entidades colaboradoras de Extranjería, donde ya están más de 200 entidades que han dado un paso hacia adelante. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. El informe de vulnerabilidad va a ser un informe tipo, al que se puede acceder a través de la web del Ministerio, sencillo de rellenar y fácil, comprensible, accesible. A partir de ahí las diferentes entidades que tienen presencia en todo el país van a poder revisarlo y validarlo. 

Hemos sido muy conscientes de que no podíamos permitir que ningún trámite burocrático obstaculizara este importantísimo proceso que va a dar respuesta a muchísima gente. Vamos a mantener reuniones constantes con las entidades sociales para monitorizar cómo ir solventando cualquier dificultad que pueda aparecer en el camino.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que no va a colaborar en ningún trámite y otros ayuntamientos se han posicionado en ese sentido. ¿Temen que muchos ayuntamientos del PP puedan obstaculizar la emisión de esos informes sociales y que no sea suficiente con las ONG? ¿Hay un ‘plan B’ en este caso?

El boicot que pretenden hacer desde el Partido Popular es un boicot que no se lo hacen al Gobierno, se lo están haciendo a miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas, su dignidad, sus proyectos de vida detrás de este procedimiento. Esta medida es tan potente que va a salir bien a pesar del Partido Popular. 

Estamos hablando de un hito. No voy a permitir el boicot del PP ni de quien quiera poner piedras en el camino de esta regularización. Cuando, además, es absolutamente incoherente. Quiero recordar que el Partido Popular hace dos años dio luz verde a esta ILP de la que cogemos el testigo. Ese giro en política migratoria, por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales, no va a conseguir torpedear un procedimiento que nos hace mejor país y que da respuesta a miles de ciudadanos.

El Gobierno no solo ha mantenido en el cajón durante gran parte de la legislatura esta iniciativa legislativa popular, sino que llegó a calificar como inviable una regularización masiva. Han defendido ustedes en el pasado que las regularizaciones se estudiaran caso a caso. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora sí es viable?

La política migratoria del Gobierno de España es absolutamente coherente. Esta iniciativa se votó en el Congreso hace dos años con 310 votos a favor, solo votó en contra Vox. Pero el Partido Popular, con un giro de 180 grados en su política migratoria precisamente por ser preso de Vox la tenía paralizada. Por eso no teníamos el consenso suficiente para sacarla adelante. Este es un paso más de una política migratoria que es mucho más completa. Llevamos a cabo un procedimiento de regularización en Valencia tras la dana. Y todos los días damos respuesta y se regularizan a personas en nuestro país por las vías de arraigo, que ampliamos hace año y medio. El PP ha votado en el Congreso para eliminar la figura del arraigo. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar

El PP parece haber cambiado de opinión, pero es verdad que también hay una evolución sobre este tema en el discurso del Gobierno. Sus adversarios políticos dicen que esa evolución es oportunismo político.

Insisto, todos los días llevamos a cabo procesos de regularización caso a caso. Es muy importante que el texto haya visto la luz porque estamos viendo ese discurso racista y xenófobo que intenta abrirse camino. Y sabemos lo que quieren hacer porque cada vez que han tenido oportunidad han intentado implementar un discurso racista vinculando inmigración con delincuencia o poniendo piedras en el camino, negando servicios o documentos a personas que están queriendo regularizarse. Por eso hemos trabajado con rigor y por eso es tan importante ese aval recibido por parte del Consejo de Estado con un texto garantista, serio, riguroso.

Esta regularización fue negociada con Podemos en el marco también de un diálogo a tres bandas con Junts para la cesión de competencias migratorias. ¿Este proceso vuelve a abrir la puerta a esa negociación pendiente con Junts?

Yo querría separar las cuestiones. El Gobierno cumple sus acuerdos, que se trabajan muchísimo porque no son sencillos, son materias delicadas. Pero este texto coge el testigo de esa ILP que tiene una triple legitimidad: la de 900 entidades sociales y 700.000 firmas, la legitimidad política de 310 votos a favor y una legitimidad económica, porque la apoyan los empresarios. Lo hablamos con un grupo político como Podemos, que tiene un contacto especialmente intenso con determinados colectivos, y se alcanzó este acuerdo que hoy es una realidad y que nos hace ser un país mejor.

La derecha ha dicho que lo hacen para ganar votantes en el futuro, Feijóo ha calificado el texto de “inhumano” y ha llegado a decir también que ustedes van a darle papeles a hombres que han abusado de mujeres. 

Entiendo que el señor Feijóo desconoce que su propio partido también ha llevado a cabo procedimientos como estos o que está calificando de inhumano también a Aznar, que llevó a cabo bajo su presidencia un proceso de regularización. Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Ya está bien por parte del señor Feijóo de intentar comprar un discurso claramente xenófobo y racista. Así que no voy a entrar ni por un segundo en ese marco. Pediría al señor Feijóo que fuera un poco más responsable en sus declaraciones. 

No solo hay una ofensiva política, también judicial contra esta medida. El Supremo ha inadmitido las medidas cautelarísimas que pedía una asociación ultra. ¿Le inquieta desde un punto de vista meramente técnico, legal o jurídico lo que pueda suceder con la regularización en los juzgados?

Este es un texto sólido, riguroso, que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado. Afrontamos con total tranquilidad este procedimiento.

Han quedado fuera de la regularización los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?

Este procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, y es diferente. España es uno de los pocos países que, fruto de ese compromiso con el pueblo saharaui y de los acuerdos internacionales, tiene un estatuto específico desde el año 2001 para proteger la situación de los apátridas. Y de hecho, todos los años miles de personas que lo solicitan, muchas de ellas saharauis, tienen esa protección por ese estatuto. Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular. 

En el caso de los solicitantes, aún no son apátridas y no tienen esa protección que usted menciona. Su resolución suele tardar unos dos años. Por tanto, esa justificación no encaja con la protección real que tienen en el día a día los solicitantes de apatridia, que son quienes necesitan pedir la regularización. Si no se corrige la norma, ¿se plantea solucionar esa situación?

Lo que puedo asegurar es que con este procedimiento se van a liberar recursos, con el compromiso de que haya una mayor celeridad, acortando plazos y siendo mucho más exigentes a la hora de poder tramitar y resolver expedientes. Es importante precisamente que esto se lleve a cabo para acortar esos plazos de los que me habla.

Durante este Gobierno ha habido varias decisiones que han afectado al pueblo saharaui, como el cambio de posición con respecto al Sáhara Occidental. Algunos saharauis y activistas dicen que puede deberse a una presión de Marruecos. ¿Tiene algo que ver?

De ninguna manera. Era una de las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado y era muy importante que este texto estuviera muy armado jurídicamente.

Hay otro colectivo sobre el que han mostrado preocupación las ONG: los migrantes con arraigo que están en estos momentos encerrados en los CIE. En elDiario.es hemos publicado varios casos de personas que tenían un arraigo documentado y que iban a ser igualmente expulsados. ¿Abrirán algún tipo de vía para que estas personas puedan pedirla con garantías para no ser discriminados?

Son personas que, si cumplen los requisitos, claro que van a poder pedir esta regularización. Estar en un CIE no es una decisión unilateral del Gobierno, sino que es una cuestión que viene de un procedimiento judicial. Pero efectivamente podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos. 

¿Cómo? Porque estando en el CIE es muy difícil acceder a toda esa documentación que se pide…

Hay muchísimas entidades acreditadas que van a poder dar respuesta. Y al margen de eso tenemos una vía telemática, una vía presencial y se establecerá la posibilidad de que, quien cumpla los requisitos, pueda acceder. De hecho, ha puesto usted un ejemplo [el de Oussama, que finalmente fue liberado a horas de su repatriación] que demuestra la colaboración interministerial. Somos un Gobierno. Esto es una regularización extraordinaria, un proceso de un Gobierno. Así que estaremos a la altura para dar respuesta a todos los que cumplan los requisitos.

La oposición critica también la regularización apelando a la economía. ¿Qué les dicen sus datos sobre cómo va a afectar el proceso de regularización al mercado laboral y también a nivel social?

En primer lugar, tras la última regularización con el presidente Zapatero se multiplicaron por cuatro las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Anualmente. En los últimos días, antes de la regularización, ya hemos batido récords en afiliación extranjera con 3,2 millones de afiliados extranjeros. Con su aporte, estamos consiguiendo las cifras de paro más bajas de los últimos 18 años y reducir la temporalidad. Todos los datos son positivos. El 42% del empleo creado desde la reforma laboral procede de trabajadores extranjeros con cada vez más presencia en sectores altamente cualificados. Esta es la España por la que estamos trabajando muchísima gente.

¿Qué España quiere el Partido Popular? Estas personas ya están aquí, ya llevan a sus hijos al colegio, ya caminan por nuestras calles, ya viven en nuestros barrios. El Partido Popular, que los quiere silenciados, escondidos, con miedo, sin derechos. Pues no.

¿Cómo lleva lo de ser portavoz y tener que meterse no solo en sus propios charcos, sino en los charcos de todo el Gobierno?

Me parece un honor contar la acción de un Gobierno, rendir cuentas, contestar a sus preguntas aunque muchas veces no sean fáciles. Le dedico mucho trabajo para estar a la altura. 

Con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto del juez Peinado que son inauditos y que van más allá de lo jurídico

Vamos a aprovechar ese honor para preguntarle por esos otros charcos. Óscar Puente ha hablado de la posibilidad de que haya instrucciones judiciales enfocadas a violentar a representantes elegidos democráticamente y no a hacer justicia. Lo decía en el contexto de la instrucción del juez Peinado sobre la pareja del presidente. ¿Usted cree que hay lawfare contra el Gobierno?

Yo creo en la inocencia de Begoña Gómez, en su trayectoria impecable, profesional y personal. Tengo formación jurídica, soy licenciada en Derecho y he ejercido la abogacía. Y con mis ojos jurídicos veo pasajes de este último auto que son inauditos y que van más allá de lo jurídico. 

¿Pero que un auto vaya más que lo jurídico, que es a lo que a lo que se debería ceñir un auto, no es otra cosa que prevaricar, no?

Mire, yo le digo que no solamente le hablo como ministra portavoz, sino desde mi formación jurídica: no son pocos los profesionales de mi mundo jurídico, también de su mundo periodístico, que coinciden en afirmar esto que le digo y que hay pasajes que son inauditos y que van mucho más allá de lo jurídico. Yo creo en la Justicia, en que la Justicia tiene que hacer su trabajo y en que lo hará.

No quiere decir entonces que el juez Peinado prevarique. 

Creo que he sido bastante clara con mis afirmaciones.

Apuesto a que, desde que usted es ministra portavoz, la pregunta que más le han hecho los medios es si va a haber Presupuestos.

Pues creo que gana usted la apuesta.

¿Y cuánto tiempo más lo vamos a tener que seguir preguntando?

Estamos dando respuesta a lo que necesita la gente con unos presupuestos prorrogados. No es lo mismo tener un presupuesto prorrogado de un Gobierno que recorta que un presupuesto prorrogado que está permitiendo, por ejemplo, desplegar un paquete de cinco mil millones de euros para proteger a la ciudadanía frente a la guerra de Irán. Dicho esto, vamos a presentarlos. 

¿No le parece una anomalía política que vayamos hacia el cuarto ejercicio sin ni siquiera presentar unas cuentas?

Lo que me parece una anomalía es que haya comunidades autónomas que, por esperar un acuerdo entre el PP y Vox, estén paralizadas y no estén poniendo en marcha medidas que acompañen este importante paquete que ha desplegado el Gobierno de España. Eso sí que es una anomalía, porque eso es hacer daño a la gente. Tener un presupuesto prorrogado no está siendo un problema para seguir teniendo una política social coherente, de acompañamiento y respuesta a la situación mundial que estamos viviendo tan complicada.

16 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas en lo que va de año. El caso de esta semana en Córdoba es bastante paradigmático de hasta qué punto hemos normalizado un fallo sistémico. La víctima hizo todo lo que se le 'pide': denunció y se dispuso a acudir a un juicio por malos tratos, pero fue asesinada en la víspera. ¿Qué está haciendo mal el Gobierno para que esto ocurra y además parezca que no pasa absolutamente nada?

No, no, sí que pasa. En este contexto todavía es más inexplicable que podamos estar viendo cómo el Partido Popular y Vox ahí donde gobiernan alcanzan acuerdos negacionistas de la violencia de género. Vox es un partido que no acude a los homenajes, a los minutos de silencio.

Intento extrapolar esta situación a cualquier otra consideración de asesinados o asesinadas y seguramente se paralizaría el país. Cuando una víctima hace todo lo que le estamos diciendo que tiene que hacer para proteger su vida y en el proceso la matan es que aquí están fallando la policía, los jueces, las administraciones públicas, el Gobierno central. Por eso le decía que la sensación es de fallo sistémico y no se paraliza nada. ¿No tiene la sensación de que minusvaloramos este asunto?

Lo que le puedo decir es que no podemos bajar los brazos, no podemos ser tibios, no podemos seguir como si nada pasara. Tenemos que ser mucho más contundentes, con pedagogía desde la educación de los más pequeños. No vamos a dejar de trabajar ni un minuto para acabar con esta lacra.

¿Cómo asiste al juicio contra su excompañero José Luis Ábalos, al que le piden 25 años de cárcel?

Lo veo con repulsa, con asco. Porque cuando hay mucha gente que se está dejando la piel por construir un país mejor y por demostrar que las políticas públicas sirven, funcionan y mejoran la vida de la gente, ver determinados comportamientos hace daño, porque hacen que la gente se aleje de la política, que nos metan a todos en el mismo saco y que haya un descrédito. Pero también siento orgullo de la contundencia con la que se responde en el PSOE ante cualquier atisbo de corrupción. Eso no es un eslogan, sino que es una realidad. El Partido Popular de hoy sigue celebrando y homenajeando a M. Rajoy.

Sobre las pensiones se está empezando a consolidar un debate de guerra generacional que sostiene que la culpa de que los jóvenes tengan bajos salarios es de los pensionistas que tienen una pensión digna. ¿Dónde se sitúa en ese debate? ¿Es necesaria una reforma de las pensiones o la sostenibilidad está garantizada?

Está garantizada. Y en ese debate me sitúo donde está el Gobierno, en el rigor de los datos. Puedo lanzar el mensaje de tranquilidad de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La reforma la hicimos con la mirada a largo plazo, no con la mirada cortoplacista de quien intenta embarrar también esto. ¿Sabe quién intenta enfrentar a nietos con abuelos? Los que defienden la privatización. Feijóo prometió a los autónomos bajarles la cuota si se abrían un plan de pensiones privado. Frente a quien quiere el descrédito de lo público y hace solamente política para unos pocos, datos, rigor y una reforma de pensiones que transmite certidumbre a los miles de pensionistas de hoy y también a los que los seremos un día.

A usted le ha tocado ser ministra-portavoz en un mundo en guerra. ¿Cómo vive la tensión diplomática con aliados tradicionales de España, como pueden ser Estados Unidos o Israel, ante la política exterior lanzada por su Gobierno del ‘no a la guerra’?

Me siento absolutamente orgullosa de pertenecer a un gobierno coherente que siempre ha defendido la paz, el multilateralismo, el respeto al orden internacional. Hemos alzado la voz y hemos llegado los primeros, pero cada vez nos siguen más países. España es un faro y cada vez que acudimos a un foro internacional son muchísimos los países de cualquier latitud que nos preguntan, que se interesan y que ponen como ejemplo al Gobierno de España y a sus políticas.

Volviendo a la regularización para acabar. Ha sido particular porque, además de Podemos, también ha tenido un gran papel el movimiento Regularización YA. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Este jueves hemos tenido un encuentro con el presidente del Gobierno donde estaban desde la Iglesia Católica, sindicatos, patronal, organizaciones de entidades del Tercer Sector y entidades colaboradoras en materia de extranjería. Y, viendo el unánime aplauso a esta iniciativa, me quedo con algo: lo importante que es para miles de personas. Esto demuestra que el Gobierno, cuando escucha a la sociedad civil, el éxito está garantizado. Y esa es la manera de gobernar. 

Un sobre. De esos que durante años han significado esperas y renovaciones, pero que ahora puede significar estabilidad. Un sobre que Sandy lleva guardando en la maleta cada vez que debía mudarse de una vivienda a otra donde trabajar como interna en el cuidado de ancianos. Un sobre donde, dice, guardaba todo lo que llevaba su nombre “por lo que pudiese pasar”. Tras recibir la llamada de su abogado, el mismo día de la publicación del real decreto en el BOE, metió la carpeta bajo el brazo y entregó más pruebas de las que se le exigía como solicitante de asilo. El jueves, horas después de la entrada en vigor de la norma, Sandy se convirtió en una de las primeras personas en registrar la petición de la regularización extraordinaria que tanto esperaba.

La carpeta que la acompaña no es nueva. Lleva tiempo creciendo a base de documentos que han ido marcando etapas: empadronamientos, citas, partes médicos, justificantes de trabajo. “Tenía todo muy preparadico. Al final guardé más cosas de las que necesitaba”, dice entre risas la mujer, con la tranquilidad de haberse quitado de la cabeza el trámite que la tenía pendiente desde que empezó a escuchar de la posibilidad de la medida en las noticias.

La regularización extraordinaria ha empezado a desplegarse sin mucho ruido en la calle, pero a buen ritmo. Durante las primeras 24 horas, el Ministerio de Inclusión recibió 13.500 solicitudes telemáticas por el sistema Mercurio, la plataforma de gestión de expedientes de extranjería, según el primer balance oficial. Por ahora, solo está habilitada la presentación de peticiones online, pero a partir de el lunes 20 de abril el proceso se abrirá a las oficinas presenciales habilitadas. Entre ellas, hay personas con nombres propios, que acumulan meses o años en la irregularidad o a la espera de una solicitud de asilo que no llega, con la constante incertidumbre de recibir la negativa y perderlo construido en años de vida en España.

Entre ellas, está Sandy, una trabajadora del hogar, atrapada en el bucle de los abusos y la precariadad durante años. También otros casos, descritos a elDiario.es a través de su abogado, Felipe Garroña, que ejemplifica la diversidad de los perfiles que esconden los expedientes que ya ha podido registrar de forma telemática. Habla de una temporera marroquí que, tras varias campañas viniendo a Huelva para recoger la fresa a través de los programas circulares, acabó quedándose en el país de forma irregular. O un vendedor ambulante que, tras meses vendiendo productos en las playas de Andalucía, ha solicitado la regularización con su compromiso de hacerse autónomo para oficilizar su actividad económica y empezar a cotizar.

Sandy no está en situación irregular, pero lleva casi cinco años viviendo como solicitante de asilo, a la espera de la respuesta de su solicitud. Llegó a España en 2021 y su itinerario administrativo ha sido el de tantas personas atrapadas en el limbo de la protección internacional: noches haciendo cola en comisaría, meses de espera entre entrevistas, y la llamada “tarjeta roja” como única vía de supervivencia mientras su expediente avanzaba lentamente. “Seguíamos con las ayudas de Cáritas, sobrevivimos con eso”, resume. “Nos tocó pasar muchas necesidades, penurias”.

Años de precariedad

Su trayectoria laboral en España ha estado marcada por esa misma precariedad. Durante estos años ha trabajado como interna en domicilios particulares, en ocasiones con contrato y en otras en la economía sumergida, encadenando cuidados de personas mayores en condiciones muy distintas. “Me pagaban una miseria”, recuerda sobre su primer empleo, en el que trabajaba de forma interna de domingo a domingo. En ese primer hogar, cuenta, llegó a sufrir situaciones de violencia verbal y física por parte de uno de los miembros de la familia.

La salida de aquel trabajo no supuso el final de la precariedad, sino el inicio de una cadena de empleos domésticos en los que se repetían patrones de sobrecarga, falta de descanso y dependencia total del hogar en el que trabajaba. En algunos casos, con contrato; en otros, sin él. “Me cansé de tanta cosa”, resume. “No hay más que hacer”.

La historia de Sandy es también la de una vulnerabilidad estructural en el trabajo doméstico, donde la frontera entre empleo y disponibilidad permanente se difumina con frecuencia. A lo largo de su relato aparecen jornadas extendidas, tareas acumuladas y dificultades para reclamar derechos básicos. “No podía salir”, explica sobre uno de sus empleos más recientes, en el que incluso la movilidad estaba condicionada por sistemas de alarma en la vivienda.

El desgaste acumulado terminó derivando en una baja médica y en un despido que ella considera injustificado. A partir de ahí, comenzó un proceso de reclamación laboral con apoyo de asesoría y denuncia ante la Inspección de Trabajo. “Me han querido tumbar mi dinero que he trabajado”, dice. “He trabajado con creces”.

La regularización llega ahora en ese punto de inflexión. Sandy ha presentado su solicitud con la documentación que ha ido acumulando durante años: empadronamientos, informes médicos, pruebas de residencia y trabajo. Lo describe como un proceso casi de archivo personal de su vida en España. “Tengo guardado desde que llegué todo lo que va a mi nombre”, explica.

Para ella, la medida supone algo más que un trámite administrativo. Es, sobre todo, la posibilidad de salir de un circuito de dependencia laboral en el que cree que ha podido influir el hecho de solo contar con un documento temporal, la tarjeta roja de los solicitantes de asilo, que cree que puede estar restándole oportunidadades en el mercado laboral. “Con la regularización uno puede exigir más sus derechos como ser humano”, resume, aunque cree que el racismo también forma parte de su experiencia en España. La mujer añade una idea que atraviesa todo su relato: la sensación de haber vivido durante años en una especie de suspensión vital: “Es como estar en una cárcel”.

Según explica el Minsterio en un comunicado, todas estas solicitudes se han presentado mediante certificado digital, y la mayoría se han registrado por parte profesionales habilitados, como en el caso de Sandy, y por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual. También se han recibido “por parte de las entidades y sindicatos inscritos en el Registro de Colaboradores (RECEX) y de otros representantes”, según los primeros datos.

Felipe Garoña es uno de los letrados que no ha parado de atender a clientes con la intención de presentar su regularización. Desde Huelva, el abogado y presidente de la Asociáción Extranjeristas en Red, explica que registró 20 expedientes el primer día: “Todos de solicitantes de asilo o personas que podían justificar una relación laboral, aquí en Huelva, sobre todo temporeras marroquíes que habían quedado en situación irregular”, explica. “Hemos priorizado los casos que ya teníamos preparados y para los que no ha habido ningún requisito sorpresa, como el informe de vulnerabilidad”, añade.

Se trata del documento exigido para acceder a la regularización a los migrantes sin papeles que no tengan menores a cargo o que no puedan presentar una oferta de contrato de trabajo o no puedan acreditar haber tenido una relación laboral anteriormente. El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en el obstáculo de los migrantes sin papeles que no pueden presentar su expediente de otro modo. Por eso, explican varios letrados contactados, están empezando a presentar los casos que no requieren de dicho papel: como los solicitantes de asilo o aquellos que pueden probar una vinculación laboral previa o futura; o aquellos que vivien con sus hijos menores o personas dependientes.

Ahora, con la solicitud ya presentada, Sandy piensa por primera vez en la posibilidad de algo que hasta hace poco quedaba fuera de cualquier plan: poder viajar. Volver a ver a su familia en Colombia sin el miedo a no poder regresar, sin la incertidumbre administrativa que durante años ha condicionado cada decisión. “Tengo cuatro años y medio que no puedo ir”, decía. “Ni cuando murió mi hermana. Sufrí todo ese dolor en la distancia. Ahora sé que, si le pasa algo a mis seres queridos, podrá ir a despedirme y eso me da mucha tranquilidad”, concluye, a la espera de la resolución de su solicitud.

Había mucha gente esperando la regularización extraordinaria y los datos lo demuestran. Durante las primeras 24 horas, el Ministerio de Inclusión ha recibido 13.500 solicitudes telemáticas por el sistema Mercurio, la plataforma de gestión de expedientes de extranjería. Por ahora, solo está habilitada la presentación de peticiones online, pero a partir de el lunes 20 de abril el proceso se abrirá a las oficinas presenciales habilitadas.

Según explica el Minsterio en un comunicado, todas estas solicitudes se han presentado mediante certificado digital, y la mayoría se han registrado por parte profesionales habilitados (abogados, graduados sociales y gestores administrativos) y por parte de los propios beneficiarios con una solicitud individual. También se han recibido “por parte de las entidades y sindicatos inscritos en el Registro de Colaboradores (RECEX) y de otros representantes”.

Inclusión recuerda que el requisito de cita previa es “imprescindible para la atención presencial”, que comenzará el 20 de abril. Según sus datos, en las primeras 24 horas se formalizaron y confirmaron 19.633 citas, presentadas a través de Cl@ve, del teléfono 060 y del formulario de la web en las primeras horas del procedimiento, sostiene el comunicado.

Si se realiza a través de Cl@ve, el beneficiario podrá elegir entre las oficinas más cercanas a él. Si en cambio, la petición se realiza vía telefónica o por formulario, “se le asignará automáticamente la más cercana en base a sus preferencias de datos y su código postal”, añade la información oficial. Las citas presenciales se atenderán en más de 370 oficinas de Correos, en más de 60 oficinas de la Seguridad Social y en cinco oficinas de extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Cada una de esas oficinas tienen un horario establecido, que puede comprobarse aquí.

Los datos confirman que la plataforma funciona con normalidad, aunque en los primeros días los obstáculos se están encontrando en relación a uno de los requisitos exigidos en algunos casos (no en todos): el informe de vulnerabilidad, aquel documento que deben presentar quienes no acrediten una vinculación laboral anterior o futura o quienes no cumplan los requisitos de la vía familiar. Este formulario, muy sencillo, debe de ser validado por los servicios sociales municpales o autonómicos o por alguna de las entidades colaboradoras de extranjería, cuyo listado oficial está colgado en la página web del Ministerio.

En las primeras horas, no está siendo fácil conseguir dicho trámite en algunas localidades. Varios abogados de extranjería confirman que solo han presentado aquellos casos que no requieren este documento, dado que muchos de sus clientes no lo han conseguido por el momento. En el caso de los servicios sociales, algunos trabajadores o Ayuntamientos cuestionan una supuesta falta de información y coordinación previa por parte del Ministerio, lo que está retrasando su emisión porque aseguran carecer de instrucciones claras. Por su parte, aunque hay un largo listado de ONG que pueden llevar a cabo este trámite, algunas están colapsadas, por lo que han empezado a atender solo los casos de las personas a las que ya atendían previamente, aunque aseguran que posteriormente continuarán con el resto.

El Ministerio pide “paciencia” en estos primeros días hasta que se engrase la maquinaria y todos los actores implicados en el proceso estén organizados, aunque no responde ante las criticas ante la supuesta falta de coordinación y la falta de información trasladada previamenta a los servicios sociales y las entidades colaboradores.

La pasada semana el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) presentó los datos sobre los fondos globales destinados a cooperación: han sufrido un desplome sin precedentes que supone un mazazo para la vida de millones de personas en situaciones extremas. En los dos últimos años, el recorte acumulado ha superado el 30%; una auténtica irresponsabilidad en un mundo atravesado por crisis gravísimas. Las consecuencias serán incalculables.

Hay momentos en los que la historia nos obliga a elegir entre dejarse arrastrar por la vorágine o hacerle frente. Este es uno de ellos. Millones de personas sufren las consecuencias de decisiones ajenas, crueles e interesadas. Y, sin embargo, no se rinden: cada día se levantan, una y otra vez, y defienden sus derechos. En Ucrania, niños y niñas van a la escuela mientras continúan las bombas; en Sudán se inventan comidas sin alimentos; en Palestina, familias enteras se cuidan en medio del genocidio, “we teach life”, repiten y repiten. La vida —terca, tenaz, poderosa— sigue abriéndose paso, recordándonos que resistir no es una elección, sino una necesidad imperiosa.

En muchos lugares del mundo, quienes nos dedicamos a la cooperación, aprendimos que resistir es existir. El último Informe del Sector de las ONG de Desarrollo demuestra que, en un contexto extremadamente complejo, las más de 600 organizaciones que forman parte de La Coordinadora han fortalecido su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia y la paz en 100 países de todo el mundo.

De 2022 a 2024, el número de personas con quienes trabajamos pasó de 47 millones a casi 58,4 y los proyectos crecieron 8,5%. Realizamos más de 4.300 iniciativas en áreas tan importantes como la asistencia humanitaria, la alimentación, la educación o la construcción de paz. Se ha aumentado un 12% el número de oficinas fuera de España porque, en tales circunstancias, es imprescindible estar allá donde la vorágine golpea más fuerte.No es fácil. El riesgo es enorme. Pero, una vez más, eludirlo no es una opción; bien lo saben las organizaciones con quienes trabajamos cuyo compromiso no para de crecer a pesar de la adversidad.

Una apuesta por la vida

Personas como la saharaui Zahra Bujari, experta agrícola, o Pastora, comadrona maya kaqchiquel de Guatemala, cuyas historias se narran en el Informe, nos marcan el camino. Como también lo hace la ciudadanía española que, una vez más, demuestra su solidaridad: el número de personas y entidades que apoyan el trabajo de las organizaciones de desarrollo aumentó hasta 2,6 millones y el voluntariado subió casi un 4% hasta 18.000 personas. Esta tendencia, además, demuestra la confianza ciudadana en el trabajo que realizamos.

El apoyo ciudadano no siempre viene acompañado de decisiones políticas que estén a la altura. Ya mencionamos al inicio el enorme recorte global de los fondos para cooperación. España, según los últimos datos del CAD, sube hasta el 0,27% de su Renta Nacional Bruta para cooperación. Aumentar los fondos en un planeta con graves crisis, es una buena noticia, aunque no es suficiente. España no llega a la media europea (0,42%) ni se encamina al 0,7% marcado por la Ley de Cooperación. Es hora de tomar decisiones firmes que ayuden a cambiar el rumbo de una historia que se muestra desgarradora. España, en coherencia con una ciudadanía solidaria y sus propios compromisos, debe marcar el camino internacional en esa dirección.

Un esfuerzo colectivo

Este informe no es solo un compendio de datos. Es la historia de casi 35 años de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Es la narración de un trabajo sostenido en contextos hostiles, de alianzas con nuestras socias locales, de decisiones no siempre fáciles… Un esfuerzo colectivo que se refleja también en vidas que mejoran, contextos que avanzan en defensa de derechos humanos, sociedades que caminan hacia lugares más amables, sostenibles, pacíficos y justos.

Y así, mientras parece que el mundo se desmorona, seguimos apostándole a la vida, a los derechos y a la paz junto a más de 58 millones de personas de 100 países. No hay otro camino posible. Porque como cantaba La Negra Sosa, en palabras de Fito Páez “Hablo de cambiar esta, nuestra casa / De cambiarla, por cambiar nomás / ¿Quién dijo que todo está perdido?”

Sale de la oficina de servicios sociales con cara de desconcierto. Sobrepasa el mediodía de la primera jornada tras la entrada en vigor de la regularización y a Tarapder ya le cuesta enumerar todas las ONG y sedes municipales visitadas desde primera hora de la mañana. Se ha recorrido varios distritos de la ciudad de Madrid y no ha encontrado lo que buscaba. En todos ellos formulaba la misma pregunta: “¿Aquí puedo pedir el ”informe de vulnerabilidad“?”. Quienes le atendían, sabían a lo que se refería, ya habían pasado muchas personas migrantes con la misma petición, pero aún no tenían la respuesta. “Nos hemos enterado por los medios, no sabemos cuál es el procedimiento. Estamos esperando a que nos digan cómo hacerlo”, respondió una de las distintas funcionarias municipales que le atendió este jueves.

El bangladesí se refería al documento exigido para acceder a la regularización a los migrantes sin papeles que no tengan menores a cargo o que no puedan presentar una oferta de contrato de trabajo o no puedan acreditar haber tenido una relación laboral anteriormente. El llamado “informe de vulnerabilidad”, un formulario de apariencia sencilla que sirve para justificar que cualquier situación de irregularidad conlleva unas condiciones de vida precarias, se ha convertido en la piedra en el zapato de muchos de los migrantes que han salido a la calle en las primeras horas de la entrada en vigor de la medida que tanto necesitan.

Tarapder, de unos 30 años, tenía ya casi todos los documentos preparados incluso antes de la aprobación del real decreto. Desde el anuncio de la medida, él y su mujer empezaron a recopilar los trámites exigidos en el primer borrador. Tan precavidos fueron, que hace dos meses solicitaron los certificados que acreditan que no tienen antecedentes penales en su país, uno de los trámites más farragosos del proceso, para llegar a tiempo. “Suele tardar mucho, pero ya lo tenemos”, explica el bangladesí a elDiario.es en un autobús de camino al siguiente punto de la yincana en la que se convirtió el primer día de la regularización. El “informe de vulnerabilidad”, dice el hombre les pilló por sorpresa, tras ser incluido por el Gobierno debido a una recomendación del Consejo de Estado, que pedía añadir algún trámite para poder justificar la situación de precariedad extra vinculada a la irregularidad administrativa.

En teoría, según explicó el Ministerio de Migraciones, debería ser un trámite “sencillo”, que debería poder gestionarse en las oficinas de servicios sociales municipales y autonómicos, como aparece recogido en el real decreto. También puede obtenerse a través de las llamadas “entidades sociales colaboradoras en extranjería”, que incluyen a decenas de ONG de distintos puntos de España. El formulario es un modelo muy básico de preguntas simples, que no requiere burocracia añadida para quienes deben cumplimentarlo.

Sin embargo, en la práctica, al menos durante la primera jornada, conseguir ese papel se ha convertido en una suerte de juego de la oca para la decena de migrantes que han contado sus intentos infructuosos a elDiario.es en Madrid. En Valencia y Andalucía, también se han reportado obstáculos para acceder a este trámite.

Aunque la primera jornada de registro de solicitudes telemáticas se ha cerrado con aparente “normalidad” en cuanto a su funcionamiento técnico, varios abogados de extranjería confirman que por el momento, solo han podido presentar expedientes de solicitantes de asilo y de aquellos migrantes sin papeles que tienen hijos menores o pueden presentar una oferta de contrato de trabajo, es decir, quienes no necesitan presentar el informe de vulnerabilidad.

Los principales obstáculos están llegando por parte de algunos ayuntamientos, pero no todos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que “no va a colaborar” en la regularización de migrantes. “Nadie se ha reunido con nosotros para explicarnos qué es lo que tenemos que hacer. Pretenden que salga de nosotros, pero no nos vamos a responsabilizar de este proceso”, ha zanjado este jueves el líder del Ayuntamiento de la capital.

Lo primero que hizo Tarapder nada más levantarse es ir a Cáritas en Carabanchel, el distrito madrileño donde vive. No los hacían, al menos no todavía, cuenta el bangladesí. Se fue a otras asociaciones cuyo nombre no recuerda, y le recomendaron ir a Cruz Roja. No solo visitó una sede, sino varias. De Cruz Roja, otra de las “entidades colaboradoras”, le mandaron que fuese a preguntar al Ayuntamiento. No ha accedido a la información oficial publicada por el Ministerio de Inclusión. El bangladesí habla inglés y francés, además de su idioma natal, pero su nivel de español aún no es bueno. Migraciones publica todas las comunicaciones únicamente en castellano, algo que no ayuda en el proceso.

Después de esperar una larga fila de personas en la Junta de Distrito de Arganzuela, le dijeron que debía acudir a los servicios sociales municipales, así que se acercó a la oficina más cercana de la zona. “No era aquí, tenía que ir a la más cercana al lugar donde estoy empadronado”, dijo a la salida con resignación, mientras buscaba en Google Maps cómo llegar hasta el siguiente punto.

Allí, tras comprobar que estaba empadronado en ese barrio, le entregaron un formulario que avivó unas esperanzas que, después de los cinco minutos que tardó en rellenar el documento, volvieron a desvanecerse.

Confusión en los servicios sociales de Madrid

“Aún no sabemos cómo tenemos que proceder, quién lo tiene validar, el Ministerio no nos ha dado información”, le explicó una funcionaria. El documento no era el formulario que el Ministerio ha publicado en su página web (un modelo específico), sino un modelo básico que el Ayuntamiento utiliza únicamente para registrar las peticiones. Pero el bangladesí ni siquiera pudo finalmente oficializar su solicitud para pedir el informe. “Ante la falta de información, antes habíamos empezado a registrar la petición de esta manera, pero hemos recibido órdenes de la Junta de distrito para dejar de hacerlo por ahora, hasta que sepamos algo más”, le dijo la empleada, quien le invitó a regresar la semana que viene “a volver a preguntar”. Tarapder, sin entender la razón, se guardó el papel que acababa de rellenar y volvió a mirar su móvil para buscar la siguiente dirección donde probar suerte. “Ahora voy a una Cáritas en Puente de Vallecas”, dijo sin protestar.

La misma respuesta recibió Emilia, una mujer venezolana de 60 años que no ha logrado regularizarse desde su llegada a España en 2023. Menuda, dicharachera pero con carácter, la señora se acercó al mostrador de una de las oficinas de servicios sociales del centro de Madrid para preguntar por lo mismo que todos esa mañana: “¿Sabéis ya algo del informe de vulnerabilidad?”. La empleada negó con la cabeza: “¿Tú viniste ayer, no? Todo sigue igual”, respondió.

La mujer se acercó al corcho donde la oficina de servicios sociales ha colgado varios documentos con información oficial sobre el proceso de regularización. Entre ellos se encontraban las ONG colaboradoras, que pueden validar los ansiados informes de vulnerabilidad. Sacó un bolígrafo y una pequeña libreta y empezó a apuntar algunos de esos nombres para comenzar una nueva ruta.

La mujer migró a Madrid para reunirse con su hijo, quien ya tiene nacionalidad española. Ella podría haber pedido un permiso de residencia humanitaria, pero le aconsejaron que en su caso era preferible solicitar otro tipo de autorización, por arraigo familiar por tener un hijo español. Sin embargo, ella cree que, debido a una errónea orientación jurídica, la solicitud le fue denegada. Así, suma tres años en situación irregular. En este tiempo, ha sufrido un accidente que le tuvo varios meses sin apenas moverse.

Emilia se acercó a la Fundación Altius, donde también se formaron filas de grupos de personas migrantes en distintos momentos de la mañana, sobre todo bangladesíes y latinoamericanos. También, por el informe de vulnerabilidad. La respuesta, aunque suponía algo más que lo recibido inicialmente, tampoco calmó la ansiedad de Emilia: “Aún no estamos dando citas ni haciendo el informe, pero pueden rellenar este formulario y, cuando tengamos más información del Ministerio y nos organicemos, intentaremos ponernos en contacto con usted”.

Aunque las organizaciones colaboradoras pueden emitir el informe, durante la primera jornada muchas de ellas no tenían aún un sistema habilitado para organizar las solicitudes. Otras, como CEAR, han comenzado a emitir este tipo de documentos, pero arrancarán en primer lugar con las personas que atiende en la actualidad, luego continuará con aquellos que ha asistido en alguna ocasión en el pasado y finalizará con cualquiera que se lo solicite.

El trámite, por tanto, no es inmediato. Desde el Ministerio de Inclusión aseguran que todo funciona “sin incidentes”, aunque piden “paciencia” en estos primeros días hasta que la maquinaria se engrase y todos los actores involucrados se activen.

Tras recibir la última respuesta, Emilia frunció el ceño. Quería dejar zanjado el trámite ese día. Muchas personas migrantes viven este tipo de procedimientos con la angustia de sentir que no se pueden permitir el privilegio de dejar para el día siguiente trámites que marcarán la diferencia entre una vida en la clandestinidad y otra en la calma de ver sus derechos reconocidos. Tienen 75 días de plazo, ahora 74, y saben que en el camino pueden surgir nuevos problemas.

Felipe Garoña es uno de los letrados que no ha parado de atender a clientes con la intención de presentar su regularización. Desde Huelva, el abogado y presidente de la Asociáción Extranjeristas en Red, explica que ha registrado 20 expedientes: “Todos de solicitantes de asilo o personas que podían justificar una relación laboral, aquí en Huelva, sobre todo temporeras marroquíes que habían quedado en situación irregular”, explica. “Hemos priorizado los casos que ya teníamos preparados y para los que no ha habido ningún requisito sorpresa, como el informe de vulnerabilidad”, añade. Algunas ONG han decidio que no van a realizar este documento a los migrantes que presentará su solicitud con abogados privados. “Y eso puede ser un problema”, apunta.

Organizaciones como Andalucía Acoge critica la negativa de algunos Ayuntamientos de municipios andaluces que “están poniendo problemas” a este trámite. “No entendemos los obstáculos de algunos ayuntamientos, porque es un trámite súper sencillo y solo hace falta un poco de buena fé”, explica José Miguel Morales, presidente de la ONG, que asegura que sí están emitiendo este tipo de documentos. “También hay que decir que otros sí se están organizando y reforzando sus equipos para dar respuesta a estos casos. Vemos que es una cuestión de voluntad”, concluye.

Durante el atardecer, Tarapder escribe a elDiario.es para contar el resultado de su jornada.

-- Me dijeron que volviese la semana que viene.

-- ¿Dónde?

--- En todas partes. Mañana volveré a intentarlo.

“Se va a regularizar a un inmigrante que ha delinquido, ha abusado de una mujer, ha robado a un ciudadano, que ha incumplido varias veces la legislación española”. La frase la pronunció este miércoles el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Es una más de las muchas falsedades difundidas por el primer partido de la oposición y por Vox desde que el Gobierno anunció un proceso extraordinario para legalizar la situación de alrededor de medio millón de personas que viven y trabajan en España de forma irregular.

Feijóo mezcló dos ideas distintas para dar forma a la falsedad sobre la regularización de delincuentes. El líder del PP suele referirse habitualmente a que el Gobierno no exigirá un “certificado de antecedentes policiales” a las personas que apliquen para el proceso. Porque el real decreto pedirá “un certificado de antecedentes penales”, es decir, de condenas firmes contra una persona, no el de antecedentes policiales, que ni siquiera existe formalmente.

Lo que sí existen son registros policiales donde, dependiendo del cuerpo, figuran investigaciones que no necesariamente han derivado en una condena. Es decir, que no está probado judicialmente que sean ciertas. 

Así, cualquier persona condenada por haber “delinquido”, “abusado de una mujer” o “robado a un ciudadano” sí verá denegada su solicitud. De hecho, el real decreto aprobado por el Gobierno no solo exige a las personas estar libres de antecedentes penales en España. También en su país de origen, lo que supone una traba antes que un beneficio para las personas que buscan legalizar su situación.

El Gobierno endureció la redacción inicial del decreto para eliminar la posibilidad de que los solicitantes hicieran una “declaración responsable” de no contar con antecedentes.

Los inmigrantes generan inseguridad

La afirmación de Feijóo entronca con una de las principales afirmaciones de las derechas contra los migrantes: que generan inseguridad. Tanto el líder del PP como el de Vox, Santiago Abascal, no han dudado en señalar expresamente a estas personas como potenciales ladrones, violadores y okupas. 

La realidad es que los niveles de delincuencia se mantienen estables en España pese a la continua subida de la población, especialmente de la extranjera. Es decir, cuando más personas viven en el país, y más procedentes de fuera, la relación de delitos por habitante se mantiene estable. Y solo porque los delitos informáticos se han disparado. Los llamados “convencionales” han bajado.

Sí se ha registrado un aumento considerable de las “agresiones sexuales”, pero solo desde que se aprobó la ley del ‘solo sí es sí’, que precisamente eliminó el tipo penal de “abuso” para subsumirlo en el genérico de “agresión”. Algo de lo que Feijóo no es consciente, según su propia frase.

Premio a los “ilegales” frente a los “legales”

PP y Vox suelen señalar que el Gobierno “premia” con esta regularización a quienes entraron en España de forma “ilegal” frente a quienes lo hicieron siguiendo los supuestos circuitos legales y con un contrato de trabajo en origen. La realidad es que la inmensa mayoría de las personas extranjeras que viven en España y que no tienen permiso de residencia llegaron de forma legal. Y más de 9 de cada 10 lo hicieron por los aeropuertos en vuelos regulares.

El año pasado entraron en España de forma ilegal 32.925 personas. La mitad que en 2024. En ese año, el Estado contabilizó más de 1,2 millones de personas que llegaron a España.

Un dato añadido: pese a lo que dicen PP y Vox, Italia y Grecia siguen recibiendo más inmigrantes ilegales que España, según los datos oficiales.

Colapso de los servicios públicos

Otro de los falsos tópicos a los que recurre la derecha es que la regularización de personas migrantes va a “colapsar” unos servicios públicos ya de por sí saturados. El mismo martes, Vox colocó una carpa frente al Congreso para explicar a los viandantes los problemas sociales que implicaría el proceso.

Pero hay al menos dos matices que hacer a estas afirmaciones. La primera, que las personas migrantes, ya estén en situación regular o irregular, utilizan mucho menos los servicios públicos que los españoles, según un informe del Ministerio de Inclusión publicado el año pasado.

Pero es que, además, esas personas que residen en España sin permiso ya son usuarios de muchos de los servicios públicos que las derechas denuncian que se verán colapsados. Es decir, viajan en metro o tren, van al médico, usan las calles, llevan a sus hijos al colegio o tiran la basura cada noche en el contenedor de su casa.

Un detalle: la mayoría de los “servicios” que se verían colapsados dependen de las comunidades y ayuntamientos. La mayoría de las regiones tienen hoy por hoy gobiernos del PP, con apoyo directo de Vox en casi todos los casos. Esos gobiernos han rebajado los impuestos con los que se pagan los servicios, especialmente a las clases altas, que son además los principales receptores de las “paguitas” que denuncian las derechas.

Fraude electoral

PP y Vox denuncian con ahínco que el verdadero motivo de la regularización extraordinaria es la modificación del censo electoral. Feijóo lo ha dicho expresamente en la reciente campaña electoral de Aragón. Una acusación, la del ‘pucherazo’, que ha lanzado de forma indiscriminada desde que llegó a Madrid en abril de 2022.

La tesis, que propagan ‘influencers’ y ‘bots’ ultras por todas las redes sociales, es que esas personas con permiso de residencia votarán, sí o sí, a la izquierda. Una afirmación sin base sociológica, pero sobre todo sin base legal.

La realidad es que para votar en las elecciones generales y autonómicas, la ley exige la nacionalidad española. Y el proceso para lograrla es muy largo, imposible de cumplir antes de las próximas convocatorias previstas para 2027.

Cuestión distinta es la participación en elecciones municipales. Las personas residentes sí pueden participar en estos comicios, pero solo si España tiene un acuerdo de reciprocidad con el país de origen.

'Efecto llamada'

En las últimas horas se han propagado por Twitter y otras redes sociales los vídeos de una supuesta caravana de decenas de vehículos que llegan desde un lugar indeterminado del “África subsahariana” hacia Argelia con la intención de llegar a España. El vídeo tiene origen en un medio de comunicación que pertenece a la fundación de Vox.

El problema es que solo las personas que puedan demostrar que residían en España antes del 1 de enero de 2026 pueden regularizar su situación. Y nadie puede saber cuándo se producirá el próximo proceso extraordinario.

Pero desde el PP y desde Vox se alienta la idea del “efecto llamada”. Feijóo lo expresó así este miércoles: “Una inmigración a granel que venga simplemente un efecto llamada y que las mafias sigan traficando con seres humanos. Y que esto se convierta en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solamente en España, sino [de la] Unión Europea, no lo ha hecho ningún gobierno”.

El PP ya recurrió en 2005 a este miedo en otro proceso extraordinario abierto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los estudios posteriores muestran que la medida no modificó los flujos de llegada a España. Sí se han detectado efectos claramente positivos en la recaudación fiscal o en los derechos laborales de las personas que pudieron formalizar su situación.