Un grupo de 19 países de la Unión Europea, liderados por Italia y Dinamarca, han pedido por carta que se acelere la implementación de centros de deportación en terceros países, como ha quedado recogido en el Pacto de Asilo y Migración.

“Ahora necesitamos mostrar resultados concretos que marquen la diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible”, señala la carta. Este grupo de países pone como ejemplo los centros que Italia ha puesto en marcha en Albania como ejemplo.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2025 el modelo de deportaciones del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a través de Albania por la designación de “países seguros” para el retorno de los inmigrantes y en Italia ha tenido varias sentencias en contra. Esta fórmula siempre ha tenido el beneplácito de la actual Comisión Europea y ha conseguido el respaldo de la mayoría del Eurocámara, tras el seguidismo del PP Europeo a las imposiciones de la ultraderecha en políticas migratorias. Italia volvió a apelar al TJUE por su normativa, que está a la espera de sentencia

La Unión Europea dió luz verde el pasado 1 de junio a los centros de deportación de emigrantes en terceros países. Tras varias semanas de retraso, el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo fue acordado entre el Consejo Europeo, la Comisión y los legisladores del Parlamento. Europa sigue la estela que ha marcando la ultraderecha en su ataque a las personas migrantes tratando de dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. La nueva normativa abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

Aunque la misiva tiene la firma de estos dos países junto a Austria, Bulgaria, República Checa, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Bélgica, Chipre, Estonia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Eslovenia, también es relevante que países como España o Alemania y Francia no hayan rubricado la carta.

El argumento de los 19 países es que “siempre debe ser una decisión democrática quién puede entrar y permanecer en nuestros países. Es fundamental que sigamos desafiando el 'statu quo', donde los traficantes de personas se enriquecen y la migración se instrumentaliza”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló este jueves a su llegada a la cumbre de líderes de 27 países de la UE que “España ha manifestado su rechazo a la política de retornos que ha aprobado el Partido Popular con la ultraderecha en el Parlamento Europeo. Es malgastar recursos económicos y las políticas de crear de externalizar la política migratoria a terceros países es absolutamente ineficaz y hay un problema reputacional de valores donde el mensaje que está trasladando Europa no es precisamente el correcto”.

Sánchez, tuvo que hacer frente a las críticas de varios líderes de la Unión Europea por la regularización extraordinaria de migrantes en España y su posible impacto en el resto de socios, durante una discusión a puerta cerrada el jueves en el Consejo Europeo en Bruselas, según informa Europa Press.

El rifirrafe se produjo en la primera sesión del primer día de cumbre en la que los líderes recibieron a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, cuya institución había dado la víspera luz verde a la controvertida reforma. Tras la felicitación a Metsola por el éxito de la votación, Sánchez tomó la palabra para mostrar su oposición a los centros de deportación, una medida que va en contra de la política migratoria de España.

Según las mismas fuentes, los reproches habrían venido por parte del primer ministro belga, Bart de Wever, o la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen. En un primer momento se señaló también a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pero tanto la delegación española como la italiana desmintieron que hubiera ninguna discusión entre ambos líderes.

Los datos del padrón apuntaban a esa dirección, pero ahora se confirma. La mayoría de migrantes que ya han pedido la regularización extraordinaria no han tenido que cruzar una frontera de manera irregular, sino que han entrado a España en avión. Según el primer balance provisional del origen de los solicitantes, al que ha accedido elDiario.es, un 65% de las más de 900.000 peticiones registradas procede de Latinoamérica. Y entre ellas destaca una nacionalidad sobre todas las demás: la colombiana, con un 30% de las solicitudes.

Detrás de Colombia, aunque lejos en proporción, se encuentra Marruecos, de donde proceden el 14% de los expedientes registrados hasta el momento. La marroquí es la única nacionalidad africana que sobrepasa el 10% de las solicitudes. Le siguen, en porcentajes similares, los ciudadanos de Venezuela, que superan el 10%, y Perú, que se sitúa en torno a un 9% del total de peticiones, según los datos provisionales. Más allá de las nacionalidades específicas, el 65% de los expedientes recibidos por el Gobierno provienen de personas latinoamericanas.

Los datos coinciden en su mayoría con las principales nacionalidades recogidas en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de los últimos años, que incluyen los países de procedencia de los residentes en España a través de los registros en el padrón. En 2022, Colombia se convirtió en el principal país de origen de los nuevos inmigrantes, quedando Marruecos en segundo lugar. Las llegadas de ciudadanos colombianos continuaron en aumento en 2023 y 2024, hasta cristalizar en un histórico “sorpasso” migratorio, por el que los residentes en España nacidos en el país latinoamericano superaron a los nacidos en Marruecos.

Pese a que la colombiana lleva años siendo el principal origen de las llegadas a España, la diferencia en las cifras de entradas con respecto a los venezolanos y marroquíes no era tan abultada como sí se refleja en el balance provisional de la regularización.

Los porcentajes iniciales sí muestran un salto importante entre la principal nacionalidad y el resto, que puede entenderse por varios factores. El hecho de que los venezolanos representen un 10% de las peticiones de regularización, 20 puntos menos que sus vecinos, se explica a través de la política migratoria aplicada en España en los últimos años con respecto a Venezuela: para los venezolanos, hasta esta semana, era más fácil lograr un permiso de residencia por la vía habitual

Desde 2018, el Gobierno activó una vía exprés para los ciudadanos venezolanos que pedían asilo, a los que se les concedía un permiso de residencia por razones humanitarias. Mientras los venezolanos, en cuestión de meses, solían lograr una autorización para vivir y trabajar en España; el resto de demandantes de protección, entre los que se encontraban muchos colombianos, tenían que esperar una respuesta durante años, generalmente negativa. Decenas de miles de venezolanos que llegaron en los últimos años no necesitaban acogerse a un procedimiento extraordinario, pues ya tenían sus permisos.

Muchos solicitantes de asilo: “Nos da estabilidad”

A Diego Castro no le sorprende que su nacionalidad sea la más numerosa entre los solicitantes de la regularización. “El otro día fui a votar por correo en las elecciones de Colombia y muchos de ellos me contaron que también estaban en trámite. Cualquiera que me encuentro por la calle que sea colombiano, si no lleva muchos años, lo ha pedido”, comenta el veinteañero, qué migró a España por la discriminación y amenazas que asegura que sufrió en su región por ser homosexual. Es uno de los cientos de miles de colombianos que ha registrado su petición de regularización. Lo hizo el pasado 27 de abril y aún espera la respuesta.

Muchos de los colombianos que se han acogido al procedimiento extraordinario habían pedido anteriormente protección internacional a su llegada a España al ser una vía rápida para lograr la residencia mientras se estudia la petición, sin embargo, la reforma del reglamento de extranjería añadió trabas a la regularización de quienes ven denegada su petición de refugio. Castro lleva más de dos años esperando la respuesta. “El asilo nos daba la posibilidad de trabajar y estar aquí, pero siempre teniendo la incertidumbre de recibir una denegación. Si me llegase a pasar y me tengo que ir, yo ya he creado aquí una vida”, explica Castro, que vive y trabaja en Santander en el ámbito sanitario, dado de alta en la seguridad social. Pero, si recibiese el rechazo del asilo, perdería los papeles y, con ello, su empleo. Por eso, dice, decidió acogerse a la regularización.

“En cuanto tuve el permiso de empleo empecé a trabajar. Estás aportando al país y quieres salir adelante. Y también quieres contar con todas las garantías como ciudadano, porque la tarjeta roja te limita para muchas cosas”, continúa el colombiano, que ha trabajado en diversas clínicas como auxiliar de enfermería.

Colombia era una de las nacionalidades que más solicitaban protección internacional en España, según el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sin embargo, en 2026, las solicitudes se han desplomado drásticamente, con caídas de más del 60%, debido a la reforma del reglamento y el elevado número de rechazos. La tasa de denegación para solicitantes colombianos ronda el 85%, convirtiéndose en uno de los colectivos más afectados por el rechazo de expedientes, recoge la ONG.

Récord de peticiones registradas

A menos de dos semanas de la finalización del plazo de la regularización extraordinaria, el Gobierno ha recibido 908.288 solicitudes, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión. El número supera ya las proyecciones iniciales del Ejecutivo, situadas en las 750.000 peticiones registradas, de las que calculaban que lograrían una respuesta positiva unas 500.000 personas. También alcanza un récord en el número de peticiones ligadas a los anteriores procesos de regularización de migrantes impulsados en España.

Una de las razones que pueden explicar el número de solicitudes es la mayor flexibilidad de los requisitos en el actual programa de regularización, dado que los anteriores procedimientos exigían contar con un precontrato de trabajo para obtener los papeles, mientras que en este procedimiento existían otras vías, como el informe de vulnerabilidad o la justificación que se trata de una unidad familiar, con hijos o padres a cargo.

Del total de solicitudes presentadas, por el momento la Administración ha admitido a trámite 359.255, según el Ministerio de Inclusión. Cientos de solicitantes de la regularización extraordinaria han denunciado sufrir retrasos en la admisión a trámite de la solicitud. Los retrasos en el envío de la comunicación de la admisión a trámite, un documento que en la práctica supone la confirmación de la concesión del permiso de residencia y trabajo provisional mientras se estudia la petición, están marcando el procedimiento, según una decena de migrantes afectados, varios abogados y ONG colaboradoras consultadas por elDiario.es.

El juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha ordenado a la dirección policial del Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid, donde migrantes sin papeles son encerrados para proceder a su expulsión, que facilite el acceso de los internos al procedimiento de regularización extraordinaria, tal y como habían solicitado las ONG. El magistrado, en sus labores de vigilancia CIE de Aluche, ha exigido a la Policía habilitar un espacio en las propias dependencias de este centro “para su uso como despacho desde el que se realicen tales gestiones”, para evitar su exclusión del procedimiento extraordinario -cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio-. Hasta ahora, los internos solo podían pedir la regularización a través del pago de un abogado privado, lo que a juicio de las organizaciones incurría en discrimnación de trato.

Varias ONG habían denunciado ante los juzgados de control la falta de una vía para que las personas internas en el CIE de Aluche pudiesen informar sobre el proceso de regularización y realizar las gestiones oportunas para presentarlo, un trámite que a su vez podría librarles del retorno, dado que el procedimiento extraordinario no ha frenado la maquinaria de expulsión y estos centros siguen encerrando a personas que pueden cumplir los requisitos. Las organizaciones que han registrado la queja son Pueblos Unidos/SJM, Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, el Centro para la Documentación de la Tortura, Asociación Mundo en Movimiento y la Coordinadora de Barrios.

Aceptada su queja, los magistrados de contol del CIE han exigido a la dirección del centro la creación de un espacio en las propias dependencias del centro, “para su uso como despacho desde el que se realicen tales gestiones” y al que puedan acceder “ordenadamente y con la seguridad precisa” aquellos internos que pudieran estar interesados en la regularización “y, en principio, cumplan los presupuestos exigidos por la norma habilitante”, según el auto al que ha accedido elDiario.es.

Según los jueces, el espacio deberá contar con el material ofimático preciso para realizar el trámite que la regularización necesita, lo que incluye un escáner, ordenador, impresora y fotocopiadora, añade el escrito. La petición de las organizaciones que atienden a los internos en el CIE fue registrada el pasado 27 de abril, pero ha sido respondida este jueves 18 de junio, cuando solo quedan 13 días para la finalización del plazo.

En su escrito, las ONG habían alertado al juzgado de la exclusión al procedimiento sufrida por las personas internadas en el CIE de Aluche, una situación que se está repitiendo en todos los centros de internamiento para extranjeros de España. El escrito presentado al juzgado recordaba que el acceso al procedimiento se lleva a cabo, o bien de manera presencial, o bien por vía telemática, pero los internos no tenían una vía para poder presentarlo por ninguna de las dos vías -solo si tenían contacto con un abogado-. “La mayor parte de los internos no cuentan con un certificado digital que les permita acceder al proceso y, por otra parte, no existe un procedimiento para que puedan acceder de manera presencial”, explicaban las organizaciones. “El hecho de que la única vía de acceso para las personas internas sea pagar por unos servicios constituye no sólo un agravio comparativo respecto al resto de personas extranjeras, sino también y de facto, una exclusión del acceso al procedimiento respecto a quienes no pueden costear un servicio privado”, añadían.

La queja recalcaba en la discriminación resultante de dicha sutuación: “Esta diferencia de trato resulta especialmente problemática desde la perspectiva del artículo 14 de la Constitución Española, que consagra el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, en tanto que no existe una justificación objetiva y razonable que legitime la exclusión o dificultad de acceso al procedimiento por el mero hecho de encontrarse en situación de internamiento administrativo”. Las ONG recordaron que “el internamiento tiene como única finalidad asegurar la expulsión de la persona extranjera, pero no puede implicar una restricción adicional de derechos administrativos que no guarden relación directa con dicha finalidad”.

Desde Pueblos Unidos, una de las organizaciones que denunciaron la falta de acceso de los internos al procedimiento, sospechan que en este tiempo han podido ser expulsados migrantes que podían haber optado a la regularización. “No tenemos acceso a todas las personas internas en estos tres meses, pero nos consta que muchas tenían un perfil de regularización y que han tenido que recurrir a otros apoyos, incluso pagando por algo que debería ser gratuito”, cuestiona Iván Lendrino Tejerina, coordinador equipos de los CIE de Pueblos Unidos y el Servicio Jesuta de Migrantes. “Y muchas otras personas habrán sido deportadas durante estos dos meses sin sin acceder a la posibilidad de solicitar esta esta regularización”, apunta.

“Esta providencia muestra el abandono de los internos del CIE en su acceso a la regularización. Desde el principio se les tenía que haber tenido más en cuenta. Incluso se debería haber repensado durante este trimestre el internamiento de personas, especialmente aquellas con un perfil de arraigo clarísimo”, se queja el letrado. “Pero se ha seguido internando gente. Y lgunas han sido liberadas porque han recurrido, porque estaban intentando regularizarse. Pero entonces ha sido un sufrimiento inútil. Tenía que haberse evitado el internamiento en general”.

Lendrino Tejerina llama la atención sobre el hecho de que los juzgados dejan en las ONG, que no son parte de estos centros siino que apoyan a los internos desde el exterior, la labor de la orientación en el procedimiento de regularización. “La pelota se la trasla a las ONG de fuera, que por supuesto estamos encantadas de ir a tramitar, pero pensamos que quien se tiene que hacer cargo es el Ministerio del Interior, que tutela a las personas internas y debería haber hecho una circular interna -como sí hizo en las prisiones- y no lo ha hecho. Esto que se ha hecho para un CIE, y a través de los juzgados, tenía que haberlo hecho la Comisaría General de Fronteras para todos los CIE e instando a que cada CIE responsable de informar de este procedimiento, de identificar a quien sea susceptible del mismo y de facilitar el acceso al mismo en coordinación con Cruz Roja -la única organización que recibe una subvención para prestar servicio en el interior de estos centros-. Y no se ha hecho”, concluye.

Desde el inicio de las negociaciones sobre el impulso de sistema estatal de reubicación de menores migrantes entre comunidades autónomas, el Partido Popular y Vox tiraron de un argumento habitual: los traslados generarían un “efecto llamada” que provocaría un aumento de las llegadas irregulares de niños y adolescentes extranjeros no acompañados ante la mejora de sus condiciones de acogida. Los datos del registro oficial de menores, a los que ha accedido elDiario.es después de más de dos años sin ser difundidos, confirman un descenso continuado en las llegadas de estos chavales tras la aprobación de la medida y la tramitación de la reubicación de alrededor de 2.000 adolescentes.

En mayo de este año, la cifra de niños y adolescentes ha bajado a 13.964, recuperando los niveles de julio de 2024, según los últimos datos a los que ha accedido elDiario.es. La cifra marca un punto de inflexión respecto al pico registrado entre finales de 2024 y principios de 2025, cuando el sistema de acogida llegó a albergar a más de 16.000 menores extranjeros en pleno debate político por la reforma de la Ley de Extranjería, cuando Canarias y Ceuta acogían a más del triple de su capacidad.

[Gráfico: Raúl Sánchez]

Aplicación de los traslados

En marzo de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitía la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes de aquellos territorios declarados en “contingencia migratoria”, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantizó su tramitación parlamentaria. La medida pretendía reducir la presión de los sistemas de acogida cuya ocupación triplicase la capacidad ordinaria de acogida, a través de un mecanismo de reparto por comunidades autónomas basado en criterios como la población, la renta o el número de chavales extranjeros tutelados previamente. Canarias, Ceuta y Melilla cumplieron poco después los requisitos para solicitar los traslados de chavales a otros puntos del país, siempre que se cumpliesen una serie de garantías.

Tras su aprobación, los primeros traslados se llevaron a cabo en septiembre de 2025. Casi un año después, el Gobierno ha tramitado 2.000 expedientes de niños y niñas desde Canarias, Ceuta y Melilla, según los datos proporcionados la semana pasada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, detalló en marzo de este año que un total de 1.143 menores migrantes no acompañados ya habían sido reubicados en otras comunidades autónomas, mientras que “muchos de ellos” solicitaron quedarse en esas comunidades por razones de arraigo. Otros, afirmó, habían cumplido la mayoría de edad antes de haberse producido el traslado.

Causas del descenso

La reducción del número menores migrantes acogidos en los últimos meses tiene varias causas. Uno de ellos es el ciclo vital de los menores: en el último año, más de mil adolescentes han salido del sistema de tutela pública tras haber alcanzado la mayoría de edad. Por otro lado, el descenso generalizado de las llegadas irregulares en 2025, especialmente a través de la ruta canaria, es clave para enter la reducción en el número de niños y adolescentes extranjeros. Mientras unos cumplen los 18 años, no entran al sistema de acogida tantos chavales como lo hacían antes.

No obstante, los flujos migratorios dependen de otros muchos factores, entre los que también se incluye las circunstancias del origen, las políticas migratorias con terceros países; por lo que un hipotético ascenso de las entradas no confirmaría per se el 'efecto llamada' defendido por la derecha. Sin embargo, el descenso sí descarta que el sistema de distribución de niños y adolescentes por comunidades autónomas haya generado el incremento augurado por PP y Vox.

Las llegadas clandestinas a suelo español disminuyeron un 42,6% en 2025 con respecto al año anterior, alcanzando su cifra más baja desde 2019, según los datos del Ministerio del Interior. En el conjunto de la UE la tendencia también ha sido a la baja, con una caída del 26% en comparación con 2024, según apuntan los datos de Frontex. 

La realidad de estos jóvenes desmonta otro de los estigmas habituales que vinculan la migración juvenil con la exclusión social. La reforma del Reglamento de Extranjería que facilitó los permisos de trabajo y residencia para este colectivo facilitó su inclusión y tiene un impacto en el mercado laboral. Según las cifras del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) correspondientes a junio de 2025, el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social de los jóvenes extutelados se situaba en un 62%. Casi dos de cada tres jóvenes que salen del sistema de protección consiguen un empleo formal y cotizan, atendiendo a estos datos.

El goteo a la baja de las cifras desarma los argumentos que PP y Vox sostuvieron durante los meses de la crisis de acogida en Canarias y Ceuta (ambos gobernados total o parcialmente por el PP), los territorios que recibieron la declaración de “contingencia migratoria”, que permite la activación de los traslados a otras comunidades para asegurar condiciones de acogida con garantías. Ambas formaciones llegaron a condicionar pactos de gobierno y presupuestos autonómicos bajo la premisa de que la distribución de estos niños por la península actuaría como un imán para las redes de tráfico de personas.

Según anunció el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno de España aprobará un Real Decreto antes de agosto de 2026 con el que “se podrá prorrogar” la normativa con la que se regula el sistema de traslados de niños y adolescentes migrantes en caso de que otras comunidades autónomas vuelvan a necesitarlo, aunque su reactivación dependerá de un nuevo respaldo parlamentario.

Un registro cuestionado

Desde mediados de 2024, el Gobierno dejó de facilitar a la prensa los números de sus registros estatales alegando las deficiencias que caracterizan al sistema con el que España contabiliza los niños y adolescentes extranjeros no acompañados que acoge. Anteriormente, se trataba de unos datos que el Ministerio de Interior solía proporcionar a los medios con cierta frecuencia, cuando la prensa preguntaba directamente por ellos. No obstante, en 2024, durante las negociaciones sobre la reubicación de menores, el Ejecutivo central dejó de proporcionarlos.

El Gobierno reconocía entonces que no era fiable el único sistema utilizado para contabilizar los menores extranjeros no acompañados que acogía. No es ninguna novedad, se trata de un problema histórico ligado al mecanismo de registro de estos niños y adolescentes, reconocido por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior, y denunciado año tras año por el Defensor del Pueblo.

El único mecanismo estatal para contabilizar el número de menores migrantes albergados en cada comunidad es el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA), coordinado por la Fiscalía y gestionado por el Ministerio del Interior con los datos trasladados desde las comunidades autónomas.

El Defensor del Pueblo lleva años señalando las deficiencias detectadas en este registro. Su informe anual de 2019 profundizó en “la escasa fiabilidad de los datos” del registro de menores extranjeros no acompañados. “Las constantes quejas recibidas y las significativas carencias, reiteradamente comprobadas por esta institución en las actuaciones que realiza, deberían llevar a una revisión urgente del funcionamiento del citado registro”, señaló el documento de la institución dirigida entonces por Francisco Fernandez Marugán.

A dos semanas de la finalización del plazo de la regularización extraordinaria de migrantes, el Gobierno ha recibido 908.288 solicitudes, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión. El número supera las proyecciones iniciales del Ejecutivo, situadas en las 750.000 peticiones registradas, de las que calculaban que lograrían una respuesta positiva unas 500.000 personas.

Se trata de una cifra récord de solicitudes al superar las peticiones registradas en procesos de regularización anteriores, según ha adelantado 'El País' y ha confirmado elDiario.es. Una de las razones que pueden explicar el número de solicitudes es la mayor flexibilidad de los requisitos en el actual programa de regularización, dado que los anteriores procedimientos exigían contar con un precontrato de trabajo para obtener los papeles, mientras que en este procedimiento existían otras vías, como el informe de vulnerabilidad o la justificación de ser una unidad familiar.

Del total de solicitudes presentadas, por el momento la Administración ha admitido a trámite 359.255, según el Ministerio del Inclusión. Cientos de solicitantes de la regularización extraordinaria han denunciado sufrir retrasos en la admisión a trámite de la solicitud. Los retrasos en el envío de la comunicación de la admisión a trámite, un documento que en la práctica supone la confirmación de la concesión del permiso de residencia y trabajo provisional mientras se estudia la petición, están marcando el procedimiento, según una decena de migrantes afectados, varios abogados y ONG colaboradoras consultadas por elDiario.es.

No obstante, en dos semanas, la cifra oficial de peticiones admitidas a trámite ha dado un salto, pues ha pasado de cerca de 90.000 a más de 350.000 solicitudes admitidas.

Según ha aclarado el Ministerio de Migraciones sobre el número total de solicitudes recepcionadas, “se trata de una cifra todavía pendiente de filtrado”. Según detallan fuentes de la cartera dirigida por Elma Saiz, tal y como ocurrió en la regularización tras la DANA de Valencia, pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales.

El 16 de abril, el día que empezaba el proceso de regularización extraordinaria, amaneció con largas colas de personas que transitaban entre la ilusión y el desconcierto. Muchos no sabían exactamente qué documentos necesitaban ni cómo conseguirlos. Las administraciones locales se vieron desbordadas por la avalancha de solicitantes superados por el proceso burocrático. Las entidades encargadas de acompañarles también vivieron unos primeros días de “caos” y frustración porque “nada era tan fácil como parecía”.

Hoy, aunque esas colas han disminuido y los requisitos han quedado más claros gracias a la ayuda de las ONG, el proceso sigue siendo “complicado y confuso”, según las entidades. Ante esa situación, la cooperativa catalana Kloosiv ha creado Integra, una herramienta web pensada para simplificar el proceso.

La página da la bienvenida al usuario con un pequeño cuestionario para saber, en pocos segundos, si puede optar a la regularización y qué documentos necesita para pedirla. Es una herramienta gratuita y multiidioma que crea un expediente virtual, ligado a un código personal, que permite que los usuarios lleven todo el papeleo en sus teléfonos.

Se ha diseñado de tal manera que, al escanear los documentos, la app los lee y cumplimenta automáticamente los formularios del Ministerio e, incluso, guarda los documentos originales en el formato que pide Mercurio -el sistema oficial del Gobierno para los trámites de extranjería-. Los desarrolladores han tenido en cuenta el mínimo detalle, hasta el punto que su herramienta es capaz de alertar al usuario de que el documento que está introduciendo no es el adecuado, basándose en los metadatos del mismo.

Así, quien quiera solicitar la regularización extraordinaria puede asegurarse de que acude a su cita con todos los papeles y los requisitos en orden y digitalizados en un único lugar. “Algo tan simple como esto habría evitado muchas colas y muchos disgustos”, apunta Laura Ayala, una de las creadoras de la herramienta. Aunque esta web, a los ojos de un ciudadano de a pie, sea de todo menos simple, desde Kloosiv aseguran que carece de excesiva complejidad.

Es más, apuntan que podrían haber diseñado una app más completa, pero quisieron priorizar la rapidez. La tuvieron lista en menos de tres semanas desde que empezó la regularización. “Nos hubiera gustado hacerla antes, pero nadie estaba preparado para lo que sería”, explican desde la cooperativa, que se especializa en proyectos sociales para la economía social y solidaria.

Además de reducir tiempo de gestión, insisten en que Integra sirve para reducir trámites innecesarios y ponen de ejemplo el polémico certificado de vulnerabilidad, uno de los que más dolores de cabeza está causando. Muchos solicitantes han tenido que pasar incluso noches al raso para conseguirlo, sólo para después darse cuenta de que en realidad no lo necesitaban.

Integra está pensada para particulares, pero también para las entidades que se han acreditado como colaboradoras del Gobierno para asesorar a quienes quieran acogerse a la regularización. Se trata de ONG y asociaciones que han tenido que acompañar en un proceso que tampoco tenían claro. “Todas hacían lo que podían y cómo podían. Era necesario unificar criterios”, sostiene Ayala.

Desde la cooperativa insisten en que su app no sustituye “el ojo ni la sensibilidad humana”, pero sí facilita mucho el trabajo. “Lo que antes era una atención larguísima y requería diversas visitas, ahora se puede resolver con una cita de 10 minutos”. Eso, además de quitar presión a las entidades -siendo que muchas de ellas trabajan con personal voluntario-, también facilita la vida a los solicitantes que viven en zonas rurales y a personas sin hogar.

“Esta herramienta es utilísima, a la vez que fácil de usar. Es, simplemente, lo que debería haber hecho el Gobierno. Y que una cooperativa sin recursos haya sido capaz de lanzarla en sólo tres semanas, demuestra la incompetencia del Estado”, sostiene Omaima Blal, miembro de Regularización Ya y del Círculo de Migraciones de Coopolis, una de las entidades acompañantes.

Sostiene que el proceso de regularización ha sido “poco intuitivo e innecesariamente difícil”, cosa que ha derivado en que muchos solicitantes hayan tenido que recurrir a abogados especializados en extranjería para asegurarse de realizar el trámite correctamente. “Un proceso que tenía que ser gratuito se ha vuelto de pago para mucha gente. No tenemos nada en contra de acudir a profesionales, pero siempre que sea a precios adecuados y por voluntad propia, no porque el sistema no funciona”, lamenta Blal.

Temor ante una “avalancha” de requerimientos

Según los últimos datos oficiales (del 30 de mayo), el Ministerio ha recibido 550.000 solicitudes. De ellas, se han tramitado 146.700 y 92.000 habían sido aceptadas. Eso supone un 27% y un 18%, respectivamente. Desde las entidades lamentan que se trata de una cifra muy baja y les hace temer una posible “avalancha” de requerimientos.

“A partir del 30 de junio, empieza una segunda fase de la que nadie está hablando, que es cuando la administración empezará a paralizar solicitudes porque hay documentos que no se han presentado bien o porque faltan papeles”, pronostica Ayala, que insiste en que su app podría haber servido para evitar estos errores.

Por eso, se pusieron en contacto tanto con el Gobierno como con la Generalitat para que la recomendaran como herramienta desde las webs oficiales. Pero, por ahora, esa petición sólo ha sido escuchada por el Ayuntamiento de Barcelona. Esta falta de apoyo gubernamental, lamentan, ha hecho que Integra haya tenido menos usuarios de los esperados: a penas unos pocos centenares de particulares y algunas decenas de entidades.

Con todo, Ayala insiste en que el camino que queda todavía es largo y explican que ya están trabajando en una nueva versión de Integra que sirva para ayudar y atender a las entidades y solicitantes que reciban requerimientos.

Desde las ONG alaban el esfuerzo realizado por la cooperativa y destacan que el acompañamiento será casi más importante en esta segunda etapa. “Que te digan que algo no ha ido bien será angustiante para muchos. Así que tener una herramienta que deje claro qué necesitas y cuáles son los plazos va a ser esencial”, apunta Blal.

Asegura que las entidades se han sentido “muy solas y sobrecargadas” en este proceso y afean al Gobierno que no haya puesto las cosas más fáciles. “La regularización nació de una exigencia de la ciudadanía y, si sale adelante, también será por nosotras. Da un poco de vergüenza la gestión del Estado, pero es mejor quedarse con el orgullo de esta sociedad organizada”, remacha Blal.

Las calles del pueblo estaban ya casi guardadas en su memoria corporal. Su discapacidad visual le obligaba a memorizar el camino habitual de vuelta a casa, pero Jenny llevaba solo unos meses en Dosbarrios, el pueblo toledano donde vivía sin papeles, y una tarde se desorientó. Agobiada y nerviosa, la peruana trató de preguntar a su alrededor. Cuando supo dónde se encontraba, se calmó y sonrió: su cuerpo la había guiado y, sin saber cómo, había aparecido en la puerta de la señora Carmen.

No estaba cerca de su vivienda, pero había llegado a la que se ha convertido en su segunda casa en España. Ese nuevo hogar es una persona y se llama Carmen, una mujer española de 76 años que mira a Jenny con ternura y admiración. Una señora que extrañaba desde hacía demasiado tiempo ese tipo de amistad que acompaña cada día y se convierte en familia. Hasta que conoció a Jenny, que dejó su Perú natal para encontrar las oportunidades laborales que no tenía en su país debido a su discapacidad visual.

“Es como si nos conociéramos de siempre. Incluso una vez que me perdí, llegué exactamente a la puerta de su casa, pero yo no lo sabía, no identificaba dónde estaba. Había un coche afuera, pregunté al señor para que me orientase. Y, antes de hacerlo, él me había reconocido porque me había visto una vez y me preguntó: '¿Buscas a mi mamá?'”, detalla la joven sorprendida. Carmen interviene con una sonrisa: “¿Tú no crees que ahí hay algo mágico? De repente me la encontré tan apurada en la puerta de la calle hablando con mi hijo”.

Jenny llegó a España en agosto del año pasado. Un familiar suyo vivía en el municipio toledano de Dosbarrios. Con un techo garantizado, decidió migrar para conseguir la vida independiente que anhelaba a sus 30 años. No era fácil; sabía que tras llegar a Madrid como turista y expirar su visado, debía pasar un tiempo sin papeles hasta conseguir un permiso de trabajo, la fórmula utilizada por la mayoría de migrantes latinoamericanos.“Yo tengo discapacidad visual, tengo la visión muy baja y allá la inclusión más que todo es nombre, no se ve tanto en la práctica. Me decían que en España hay más políticas de inclusión, y podría encontrar mejores oportunidades laborales de las que tenía en Perú”, explica la treintañera, mientras Carmen escucha sus palabras.

Aún no ha conseguido su objetivo final, pero sí pasos importantes. El último, un permiso provisional de residencia que permite trabajar mientras se estudia su solicitud de regularización extraordinaria. La de Jenny es una de las 549.596 solicitudes registradas desde el inicio del procedimiento de la regularización, según los últimos datos del Ministerio de Migraciones. De ellas, al menos 91.905 personas han obtenido la autorización temporal con la que cuenta la peruana. En el proceso de regularización siempre ha estado una mujer mayor, bajita y risueña, que agarraba su brazo: la jubilada española, empeñada en acompañarla y animarla en cada una de sus gestiones administrativas.

"Ella me da el calor que yo necesitaba desde que vine, porque extraño mucho a mi mamá, y lo he encontrado en ella. Cuando estoy con Carmen me hace sentir protegida, mimada. Puede sonar infantil, pero todos necesitamos alguien que se interese por nosotros y nos cuide"

“Yo me sentía sola, y también la veía sola a ella. Ahora nos acompañamos”, dice la septuagenaria. “Ella me da el calor que yo necesitaba desde que vine, porque extraño mucho a mi mamá, y lo he encontrado en ella. Cuando estoy con Carmen me hace sentir protegida, me mima a veces... Puede sonar tal vez infantil, pero tengamos la edad que tengamos siempre es bonito sentir cariño, sentir que le interesas a alguien, sobre todo estando tan lejos de tu madre”, explica la peruana.

Su amistad surgió gracias a la costura, el oficio al que se dedicó Carmen y por el que aún hace algunos arreglos en el pueblo. “Necesitaba que me arreglasen una prenda de ropa. Me hablaron de ella y fui. Después, un día me vi en un aprieto en la calle y la persona a la que se me ocurrió llamar, no sé por qué, fue a ella. Ni corta ni perezosa vino, me dio la mano y nos pusimos a conversar”, describe Jenny. “Desde ahí se ha fortalecido nuestro vínculo”.

Carmen encontró en Jenny la compañía que anhelaba para paliar el aislamiento habitual de tantas personas mayores en la España vaciada. “En el pueblo me preguntan si es mi hija”, dice Carmen entre risas. “Yo digo que no me importaría, pero no; para mí es una amiga, aunque va más allá. Yo tengo a mis hijos, me quieren y los quiero. Pero ella ha venido en una etapa de mi vida en que me da lo que necesito: mucho cariño, conversación, me anima”. Mientras habla, rompe en lágrimas al recordar la falta que le hacía ese apoyo. Jenny, aunque no ve sus lágrimas, percibe el quiebro en su voz y le agarra la mano con fuerza.

“Mi marido me dice: 'Es que chica, te vas con esta muchacha y no te duele nada'”, sonríe la jubilada. La presencia de Jenny ha roto una rutina estanca. “En mi casa a veces no hablo más que con los gatos”, confiesa Carmen. Ahora, la treinteañera pasa horas en su casa y la ayuda en las tareas domésticas en las que pueden acompañarse, desde fregar hasta empaquetar la ropa de invierno en cajas. “Ver que tengo a alguien activo en casa me da un empuje. Es como si me hubieran metido una inyección de 'venga, Carmen, espabila'”.

El laberinto administrativo de la discapacidad

Sin embargo, el permiso provisional que Jenny lleva en el bolsillo es solo la primera llave de un laberinto complejo. Para una persona con discapacidad visual severa, los muros burocráticos no caen fácilmente. “Para los cursos de movilidad me pedían el permiso de residencia”, relata la joven. Ahora que tiene el NIE, el obstáculo ha cambiado de forma: al contactar con la ONCE, la respuesta fue que requería la nacionalidad española o, en su defecto, una acreditación oficial de discapacidad que aún no posee en España. Su único respaldo actual es un informe oftalmológico emitido hace apenas unas semanas en Toledo, cuenta la peruana.

Las trabas con las que se ha chocado Jenny reflejan una situación estructural. Las organizaciones especializadas llevan años señalando el limbo en el que se encuentran las personas sin papeles con discapacidad, ya que la normativa exige la tarjeta de residencia como requisito previo obligatorio para evaluar y reconocer oficialmente el grado de discapacidad. Al carecer de este documento, estas personas quedan desprotegidos ante el sistema e imposibilitados para acceder a los circuitos oficiales de empleo protegido o muchos programas de autonomía personal.

A Carmen le duele la desprotección que sufre su amiga por el hecho de ser extranjera. Su hijo fue el primero en sugerir que llamaran a la ONCE para buscar apoyo. “¿No estáis viendo lo difícil que es salir adelante?”, se pregunta Carmen, aludiendo a las grandes organizaciones. “¿Porque sea de otro país y estar en situación irregular no se le puede echar una mano? Una persona que tiene todas sus capacidades se mueve más fácil, pero con estas discapacidades tendría que haber un organismo que acelerara las cosas, porque ya bastante mal lo pasan”.

Una amistad que desmonta el odio

Carmen frunce el ceño cuando habla de quienes azuzan los discursos que criminalizan la migración. En Canarias, donde vivió una época junto a su familia, conoció de cerca a algunos jóvenes marroquíes que tardaban años en conseguir papeles. “Los españoles también hemos emigrado cuando acabó la guerra, a Argentina, a Rusia... ¿Qué hubiera sido de ellos si los hubieran puesto en alta mar?”, cuestiona. “Si tú eres una persona honrada y tus hijos tienen hambre, buscas el pan donde esté. Yo también lo haría”.

En las calles de Dosbarrios, cuentan, no sienten el odio que vomitan algunos políticos en televisión. El pueblo observa sus paseos como una estampa cotidiana. Cuando Jenny no acompaña a Carmen, las vecinas la buscan con la mirada. “Me preguntan: '¿Y la niña dónde está hoy?'”, relata Carmen con una sonrisa cómplice. Encontrarse cada día en la esquina, con una broma, se ha convertido en una motivación para ambas. No verlas juntas despierta extrañeza.

Su objetivo inmediato es conseguir un empleo en el que sienta que aporta todo lo que puede dar de sí misma. “Quizá necesito un poco más de tiempo para aprender y conocer el espacio, pero después puedo hacer muchos empleos como cualquier persona”, defiende la peruana, que actualmente subsiste dando clases online particulares de inglés, un idioma que domina.

Jenny presentó su regularización hace algo más de un mes con el apoyo de la ONG Servicio Doméstico Activo. Ese día, Carmen agarraba del brazo a Jenny, que portaba un bastón guía entre sus manos. Aunque vive en un pueblo de Toledo de la 'España vaciada', esperaban la apertura de una de las organizaciones que apoyan a los migrantes en el procedimiento extraordinario en Madrid. Era mediodía, pero se habían levantado a las seis de la mañana para tomar la combinación de transporte necesaria para llegar hasta aquí. Cuando Jenny le dijo a Carmen que conocía un lugar en la capital donde podrían ayudarla, no le importó la distancia ni la posible reacción de extrañeza de su marido, que la acabaría esperando en casa hasta el anochecer debido a las escasas conexiones de transporte público con Dosbarrios. “Yo voy contigo”, le dijo la septuagenaria a la peruana.

Ya en el interior del espacio de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), caminaban despacio y con precaución. La anciana, por su edad. La treinteañera, por su discapacidad visual. Ambas se acompañaban y ayudaban en el camino. Se hablaban con la dulzura y complicidad de dos amigas. La diferencia de edad es evidente pero de sus palabras no se percibía una relación asistencialista ni laboral: transmitía un apoyo mutuo. Una hora más tarde, ambas se sientan frente a Edith Espínola, que revisó su caso con detenimiento. “Expediente subido”, anunció la portavoz del colectivo. Otros migrantes de la sala, que entonces aún estaban recopilando trámites previos, aplaudieron y animaron a Jenny. Carmen la miraba con ilusión. No soltaba su mano.

El horizonte administrativo aún no está resuelto, pero la cocina de Carmen guarda un festejo pendiente. “Yo vivo cada paso suyo intensamente. Tengo una botella de champán en el frigorífico para el día en que consiga su primer contrato de trabajo”, lanza Carmen con desparpajo, despertando las carcajadas de Jenny. Saben que ese día, mientras su marido duerme, las amigas brindarán por el día en que Dosbarrios se convirtió en el lugar donde perderse significó la creación de un nuevo hogar.

Tras años de negociaciones, presión política y el avance de la extrema derecha, el pacto europeo que endurece la política migratoria comunitaria entra en vigor este viernes, pero los Estados miembros aún no han hecho todos los deberes. Finalizado el plazo concedido por Bruselas a los Gobiernos europeos para trasladar a su legislación el acuerdo y crear la infraestructura necesaria, varios Ejecutivos comunitarios, entre ellos España, aún no han sacado adelante los cambios normativos necesarios para su aplicación ni han anunciado cómo llevarán a la práctica las nuevas medidas.

El nuevo pacto introduce un endurecimiento de la política migratoria europea con más controles desde la llegada a frontera y una aceleración de los procedimientos de asilo y retorno. El acuerdo europeo da margen para fomentar más la detención, denegar las solicitudes de asilo rápidamente, retornar o expulsar a las personas migrantes más rápido. El sistema busca agilizar las decisiones sobre quién puede quedarse en la UE y quién debe ser retornado. Mientras el Ministerio del Interior asegura que empezará a aplicar el pacto este viernes, no ha desarrollado todavía el sistema ni la normativa exigida con ese fin y no da detalles de cómo se va a traducir la entrada en vigor del acuerdo en la actual política migratoria española. Por esta razón, varias ONG han exigido al Gobierno “mayor transparencia” en el proceso de implementación.

“A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas, los espacios de interlocución pública no se han materializado en una información precisa sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo para adaptar el Pacto al contexto nacional”, ha criticado el Grupo de trabajo de las entidades sociales sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que incluyen ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Amnistía Internacional, Red Acoge o Cáritas.

Según el último el balance de la Comisión Europea sobre la implementación del acuerdo migratorio, España ha logrado “avances significativos” en varias áreas, aunque también cuenta con varias tareas pendientes, como los retrasos en la resolución de las solicitudes de asilo o aumentar su infraestructura en los procedimientos fronterizos, además de la aprobación de la normativa pendiente, entre la que se incluye las reformas de la Ley de asilo y la que regula el sistema de acogida.

Uno de los cambios centrales que Interior asegura que empezará a aplicar este viernes es el nuevo sistema de triaje tras las llegadas irregulares en frontera. Según Interior, este procedimiento incluye controles de identidad, biométricos, sanitarios y de vulnerabilidad antes de decidir si la persona entra en el territorio o es derivada a otro procedimiento. El acuerdo europeo establece que, durante este proceso, las personas permanecen bajo “control administrativo”, sin autorización de entrada, mientras se determina si su caso se tramita como asilo o como retorno. Es decir, las personas se quedan en una especie de limbo, por la que podrían ser devueltas de manera más sencilla, pues el pacto europeo establece que aún no habrían entrado en España -aunque según la actual normativa española sí lo habrían hecho-, y las autoridades estudiarían cada caso, en función si sin solicitantes de asilo o no. Mientras se estudia cada caso, deben encontrarse localizables para proceder a su rápida expulsión si fuese necesario.

Hasta el momento, cuando una persona llega a España irregularmente es detenida durante un máximo de 72 horas para ser identificada y, posteriormente, queda en libertad. Generalmente, pueden ser acogidos en la red estatal de atención humanitaria durante un tiempo específico, pero pueden abandonar su plaza e irse por su cuenta con libertad. “No se ha planteado el internamiento”, aseguran fuentes del Ministerio. El Gobierno español defiende que por el momento descarta utilizar la privación de libertad durante ese tiempo posterior a la llegada irregular -tampoco su normativa se lo permite actualmente-, pero dice que se asegurará que estas personas se encuentren “localizables” tras el periodo máximo legal de detención de 72 horas. Este medio ha preguntado a Interior sobre el sistema que utilizarán para ello, pero no ha obtenido respuesta.

Las grietas del nuevo sistema

La Comisión Europea ha afirmado en sus informes que los Estados miembros deben establecer sistemas que eviten las “fugas” de los migrantes durante los controles iniciales. “Los programas pilotos de evaluación han puesto de manifiesto las dificultades para prevenir la fuga, lo que puede generar una situación en la que no es posible derivar al migrante al siguiente paso”, sostiene la institución comunitaria. “Debe ser una prioridad para los Estados miembros establecer medidas efectivas para prevenir las fugas”, indica. Según el documento, los países deben aprovechar el momento inicial en que la persona es interceptada por las fuerzas de seguridad para realizar los controles (identidad, seguridad y registro en Eurodac) y aplicar, de forma proporcional y respetando los derechos fundamentales, “las restricciones de movimiento o alternativas de detención” que permiten las nuevas leyes del Pacto.

Las personas que hayan pedido asilo también se encontrarán en libertad mientras se estudia su petición, según Interior. “A partir de ahora, las solicitudes podrán resolverse en frontera mediante procedimientos acelerados en determinados supuestos, como los casos de personas procedentes de países con tasas de reconocimiento iguales o inferiores al 20% en la UE. Si se deniega la protección, la decisión de retorno se activa dentro del mismo procedimiento, con el objetivo de agilizar las expulsiones”.

Para ello, al menos por el momento, el Gobierno pretende utilizar su red estatal de acogida habitual. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones describe un escenario de continuidad con el actual dispositivo. Según este departamento, España mantendrá “su actual red de acogida para migrantes con un número similar de centros, ubicaciones, entidades colaboradoras y prestaciones” tras la entrada en vigor del pacto. Para ello, la cartera dirigida por Elma Saiz ha puesto a disposición centros ya existentes para la aplicación del procedimiento fronterizo de protección internacional, con alrededor de 10.000 plazas.

El 12 de junio marca una fecha clave en este camino común, pero no es el punto final“, ha afirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fuentes de su departamento explican que el Ejecutivo empezará a aplicar ”parte“ del acuerdo este viernes, pero sigue trabajando en ”ajustes y mejoras“ del sistema.

En España, el Ministerio del Interior defiende que la aplicación del pacto se hará “con un enfoque garantista y respetuoso” con los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, aunque aún no detalle la manera en que lo hará. El ministro Grande-Marlaska ha reiterado su rechazo a la creación de centros de internamiento de migrantes en terceros países previstos en el próximo reglamento de retorno, al considerar que plantean “serias dudas” sobre su “legalidad y proporcionalidad”. También asegura que se mantendrán las prestaciones y el modelo de gestión a través de entidades autorizadas “como se ha venido haciendo hasta este momento”.

Además de los nuevos sistemas de identificación y la búsqueda de un sistema de retorno más rápido, el pacto europeo también pretende reforzar la conexión entre sistemas de información nacionales y europeos, con la ampliación del sistema Eurodac para registrar también a personas que entren de forma irregular en la UE. También se activa un mecanismo de solidaridad obligatoria entre Estados miembros, que prevé reubicaciones o contribuciones económicas cuando se considera que un país tiene baja presión migratoria.

Las organizaciones sociales agrupadas en el seguimiento del pacto advierten de que su entrada en vigor supone el inicio de “una nueva política migratoria común que amenaza los derechos de la población migrante y refugiada”. Denuncian la “falta de transparencia” sobre su aplicación en los distintos Estados. Según alertan, medidas como la ampliación de la detención o la externalización del control migratorio “debilitan gravemente derechos y garantías consolidados”. Para garantizar el respeto a los derechos humanos, reclaman al Gobierno español transparencia sobre los protocolos de aplicación, así como la participación de la sociedad civil en el seguimiento del sistema y el refuerzo del papel del Defensor del Pueblo “como mecanismo independiente de supervisión” con capacidad de investigación ante posibles vulneraciones.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de fútbol, dirigirá la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Aston Vila en Salzburgo (Austria) el próximo 12 de agosto.

“El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral”, afirma en un comunicado el presidente de la federación europea de fútbol, Aleksander Ceferin, para justificar la designación de Artan en virtud del convenio de colaboración entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Artan, de 34 años, fue premiado como el mejor árbitro de África el pasado año, lo que llevó a su inclusión en la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que empieza este jueves, pero la administración estadounidense no le permitió la entrada por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

“Unidad, igualdad y no discriminación”

La UEFA y la CAF comparten “el compromiso de desarrollar el fútbol en todos los niveles y promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no discriminación”, remarca el comunicado.

Tras las conversaciones mantenidas con la CAF y su presidente, Patrice Motsepe, la UEFA nombró al colegiado somalí para dirigir el partido que enfrentará a los ganadores de la Liga de Campeones y de la Liga Europa dentro del marco de colaboración que mantienen en diversas áreas, incluidas el arbitraje.

“Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano (…) Este es un gran honor para él y para los árbitros africanos y también un excelente ejemplo de cómo el fútbol puede unir a personas de África, Europa y el resto del mundo”, asegura Motsepe al agradecer el gesto de la UEFA y valorar “la excepcional capacidad arbitral y el respeto internacional del que goza” el somalí.

Durante cuatro horas, dos cuidadoras ugandesas, Sumayah Nakazibwe y Stella Ariokot, permanecieron atrincheradas en su casa, cerca de Crumlin Road, al norte de Belfast, mientras el humo se colaba en el interior y las llamas lamían las paredes de las propiedades vecinas.

“Todo empezó como si la gente simplemente estuviera manifestándose, chicos jóvenes de entre nueve y veinte años”, cuenta Nakazibwe. “Todos iban vestidos de negro y llevaban máscaras”.

Desde su ventana vieron cómo la turba prendía fuego a los neumáticos de un autobús. “Y luego recogieron los contenedores de basura que había fuera y empezaron a quemarlos también”, cuenta. “Entonces pensamos: ”Quizá la cosa no vaya a más“.

Pero entonces la multitud giró hacia su calle, donde también viven familias rumanas y nigerianas junto a familias británicas e irlandesas.

“Empezaron a prender fuego a los coches y a lanzarles cócteles molotov”, dice. “Así que, cuando empezó a salir el humo, se dirigía directamente hacia nuestras casas. Por eso llamamos a la policía y a los bomberos”.

"Cuando llegué allí, la verdad es que era espantoso: cuatro camiones de bomberos, agentes de policía antidisturbios, un grupo de tipos de pie, enmascarados con ladrillos en las manos y una ambulancia que tuvo que aparcar bastante lejos

Jack McKee — pastor de la New Life City Church

Había tantos incendios por toda la ciudad que los bomberos tardaron unos 30 minutos en llegar.

“Fue aterrador”, dice Nakazibwe, mientras las mujeres veían cómo las llamas se apoderaban de las casas vecinas. Los servicios de emergencia les dijeron que era demasiado peligroso intentar salir y les sugirieron que se pusieran sus uniformes de cuidadoras, por si eso servía para calmar a los alborotadores que entraran en la casa.

“Quien participa en los disturbios no sabe que la persona a la que ataca está cuidando de su madre o de su abuela”, dice Nakazibwe. “Por mi parte, dejé a mi madre en casa”.

En un momento dado, Nakazibwe se desmayó del susto. “Cuando empezaron a lanzar piedras contra nuestras ventanas, se desmayó”, explica Ariokot. “Tuve que quedarme al teléfono hablando con los de la ambulancia, que me iban indicando qué hacer, pero, gracias a Dios, se despertó”.

Solo cuando el párroco de su iglesia llegó al lugar y habló con los hombres, se consideró que era lo suficientemente seguro como para que fueran evacuadas de su casa.

El pastor Jack McKee, de la iglesia New Life City Church, no quería salir a la calle cuando comenzaron los disturbios, pero al enterarse de que uno de los feligreses estaba en apuros, se puso en marcha en su coche para acudir en su ayuda.

Quien participa en los disturbios no sabe que la persona a la que ataca está cuidando de su madre o de su abuela

Sumayah Nakazibwe

“Cuando llegué allí, la verdad es que era espantoso: cuatro camiones de bomberos, agentes de policía antidisturbios, un grupo de tipos de pie, enmascarados con ladrillos en las manos y una ambulancia que tuvo que aparcar bastante lejos, en la calle, porque ni siquiera podían llegar hasta la casa”, dice.

“Una casa quedó completamente calcinada; tuvimos que pasar por debajo de las mangueras para poder entrar en la casa y sacar a esas mujeres”, añade.

“Había como veinte tipos, todos enmascarados, con ladrillos en las manos, y parecía que estaban allí para armar jaleo, así que tuve que acercarme a hablar con ellos”, recuerda. “Les supliqué que me dieran diez minutos para sacar a esas mujeres de allí y subirlas a mi coche”.

“Me dieron esos diez minutos”, cuenta. “Algunos incluso dejaron caer los ladrillos al suelo, me dieron esos diez minutos y me dejaron subirlos al coche”.

Las mujeres, que pasaron la noche con McKee y su familia estaban “completamente traumatizadas”, dice. “Nunca pensé que tendría que ir a rescatar a cristianos que estaban siendo atacados en una comunidad protestante”.

“Entiendo que hay gente buena ahí fuera; las personas que realmente están provocando disturbios no representan a toda la comunidad… del mismo modo que el inmigrante que realmente cometió ese [ataque] no nos representa a todos”, dice Nakazibwe. Sin embargo, añade: “Yo no saldría. No es seguro”.

“Para mí era un lugar muy tranquilo hasta ayer”, explica. “Me ha hecho cambiar de opinión por completo. Es demasiado; sentí que quizá estaba tirando la toalla, que quizá ya era hora de volver a casa”.

En la calle que sale de Shankill Road, donde una familia rumana se vio obligada a abandonar su hogar, abundan los indicios de los disturbios de la noche anterior. En la calle se ve el chasis de un coche calcinado, que según los vecinos pertenecía a la familia, mientras que algunas ventanas están destrozadas y otras tapiadas.

Según los vecinos, la casa ya había sido objeto de ataques en dos ocasiones anteriores, la más reciente hace un par de meses. “Y no se marchaban, así que anoche fue la gota que colmó el vaso”, comenta uno de ellos.

El martes por la noche lanzaron ladrillos contra la casa y metieron fuegos artificiales encendidos por el buzón. Otro vecino ayudó a la familia a escapar después de que unos hombres encapuchados derribaran la puerta.

“Les dijeron que se marcharan, los echaron dos veces y no se fueron”, dice la vecina. Afirma que no sabía adónde habían trasladado a la familia y añade: “Ahora ya no es nuestro problema, ya no están aquí”.

La casa de al lado, donde vive una familia negra, también tiene las ventanas rotas y tapiadas, y los vecinos afirman que el fuego se extendió hasta allí. Esa familia también huyó y un vecino puso su coche a salvo.

Al otro lado de la ciudad, en el este de Belfast, junto a Newtownards Road, varias casas han sido tapiadas, mientras que los escombros calcinados cubren las calles.

Según los vecinos, entre las personas que tuvieron que abandonar sus hogares había familias rumanas y sudanesas. “Había una turba en la calle y a la policía… la echaron de la calle. ¿Cómo es posible que, teniendo armas y todo eso, alguien te eche de una calle?”.

Un trabajador de una organización benéfica afirma que la policía ha puesto a salvo a las familias y que estas permanecieron con los agentes hasta que se les encontró un alojamiento temporal.

Un vecino afirma que se había atacado específicamente a viviendas en las que vivían familias pertenecientes a minorías étnicas y que algunos católicos habían acudido a esa zona, mayoritariamente unionista, para sumarse a los actos de violencia. “Es la primera vez que pasa”, dice el vecino mientras destaca que ambos grupos llevan 30 años luchando entre ellos.

Estados Unidos ha denegado la entrada al árbitro de fútbol Omar Abdulkadir Artan, que se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EEUU señala que el colegiado somalí fue “declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada”, tras aterrizar el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul.

No está claro por qué se le impidió la entrada, pero Somalia es uno de los países incluidos en la lista de prohibición de viajes introducida por la Administración de Donald Trump.

El Gobierno de Somalia ha considerado este martes “lamentable” la prohibición de entrada por parte de las autoridades de inmigración de EEUU a Artan, y ha exigido una explicación a Washington y la FIFA.

En un comunicado, el Ministerio de Juventud y Deportes señala que, junto con el Ministerio de Exteriores, está llevando a cabo “gestiones diplomáticas” y “hablando con las autoridades competentes de EEUU y la FIFA para obtener una explicación clara sobre este asunto”.

“Es lamentable que, al parecer, se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación”, señala. El Gobierno somalí destaca que Artan “ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción”.

También apunta que “su participación a nivel internacional es motivo de orgullo y honor para todos los somalís y refleja el progreso y los avances positivos que están logrando los deportistas y los responsables deportivos somalís en la escena mundial”.

Ciise Aden Abshir, asesor principal del Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia y excapitán de la selección nacional, explica a la agencia AFP que Artan tenía un visado válido para Estados Unidos.

“Mantengo una actitud positiva”

En un comunicado, el propio árbitro expresa su agradecimiento “a la familia del fútbol por sus mensajes” y desea “mucho éxito” a sus colegas en el Mundial.

“A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro. Quiero dar la gracias a la FIFA y a la CAF (Confederación Africana de Fútbol) por todo su apoyo y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro”, subraya Artan, que fue elegido árbitro masculino del año 2025 por la CAF.

Por su parte, la FIFA emitió otro comunicado este lunes explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados.

Somalia, país sacudido por la violencia, se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EEUU por parte del Gobierno del presidente Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

La Copa del Mundo se desarrollará en estadios de EEUU, México y Canadá y empezará este 11 de junio con el partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, correspondiente al grupo A. 

Cuando tenía 15 años, mi madre migró a este país buscando una oportunidad para sostener nuestra vida. Durante siete años no pudimos abrazarnos ni compartir una comida ni acompañarnos en los momentos difíciles ni vivir juntas lo cotidiano. Crecí viéndola a través de una pantalla, escuchándola por llamadas o audios, aprendiendo a extrañarla mientras intentábamos sobrevivir cada una desde lugares distintos.

Hace apenas seis meses pudimos reencontrarnos nuevamente. Y creo que fue ahí donde entendí una realidad de la que casi no se habla. Cuando hablamos de migración, muchas veces hablamos de fronteras, de papeles, de empleo, de racismo, de pobreza o de violencia institucional. Y está bien hacerlo. Pero hoy quiero hablar de una parte de la migración que casi nunca se nombra: de las hijas e hijos que se quedan. De quienes crecimos viendo a nuestras madres marcharse para intentar sostener la vida desde otro país. Porque detrás de muchas mujeres migrantes hay también una generación de niñas y niños creciendo con miedo, incertidumbre y una sensación constante de espera.

Esperar a que mamá consiga trabajo, que consiga papeles, que encuentre un alquiler, que pueda enviarnos dinero, que pueda traernos. Y mientras tanto, una aprende a vivir con dudas demasiado grandes para la edad que tiene.

Muchas hijas e hijos de mujeres migrantes crecimos con una ansiedad silenciosa que nadie nombraba. Vivíamos pendientes del teléfono. Con miedo a que le pasara algo a nuestra madre. Con miedo a que la deportaran. Con miedo a que enfermara sola. Con miedo a que no pudiera más. Y muchas veces intentando ser “perfectos” para no darle más preocupaciones.

Nos decían: “Estudia”; “compórtate”; “si vienes con estudios, todo será más fácil”. Y entonces muchas niñas y niños crecieron sintiendo que tenían que “merecer” el reencuentro.

La socióloga Arlie Hochschild habla de las “cadenas globales de cuidados”, explicando cómo las mujeres migrantes sostienen economías enteras cuidando a otras personas mientras sus propias familias quedan fragmentadas por la distancia. Y creo que ahí hay una gran verdad incómoda: el mundo se sostiene muchas veces sobre el sacrificio emocional de las mujeres migrantes y de sus hijos e hijas. Porque no solamente migran las madres. También migran los afectos, las maternidades y las infancias.

Educar desde un móvil

Hay algo muy duro de las maternidades transnacionales: tener que educar desde un teléfono móvil. Muchas madres atienden situaciones gravísimas a miles de kilómetros: casos de bullying, depresión adolescente, violencia, abandono escolar, problemas de salud mental. Están intentando sostenerlo todo a través de audios de WhatsApp después de jornadas agotadoras limpiando casas, cuidando personas mayores o trabajando en empleos profundamente precarizados.

Y uno se hace las preguntas: ¿Cómo se pone un límite desde otro continente? ¿Cómo se acompaña un duelo adolescente desde una videollamada? ¿Cómo se calma el miedo de una hija o hijo cuando la propia madre también está sobreviviendo?

La antropóloga Rita Segato dice algo muy importante: el sistema necesita romper vínculos comunitarios y afectivos para sostener determinadas formas de explotación. Yo creo que las políticas migratorias hacen exactamente eso: fragmentan familias, rompen tiempos afectivos, y convierten el derecho a vivir juntas en un privilegio burocrático.

A veces se habla de la migración como una oportunidad. Y claro que muchas madres migran para abrir oportunidades. Pero hay una parte del relato que suele ocultarse: el coste emocional.

La culpa

Porque muchas hijas e hijos crecimos sintiendo culpa por extrañar. Culpa por necesitar. Culpa por llorar. Culpa por reclamar presencia. Y entonces aprendimos a callarnos.

La socióloga Saskia Sassen explica cómo las migraciones actuales están profundamente vinculadas a desigualdades económicas globales y a sistemas que expulsan vidas del Sur global para sostener economías del Norte.

Pero detrás de esos macroanálisis existen historias concretas. Niñas que se dormían abrazadas a una camiseta de su madre. Adolescentes que crecieron viendo cumpleaños por videollamada. Jóvenes que aprendieron a hacerse adultos demasiado pronto.

Luego llega el reencuentro... y casi nadie habla tampoco de eso. Porque reencontrarse no siempre significa recuperar el tiempo perdido. A veces significa convivir con una madre a la que amas profundamente, pero a quien apenas conoces después de años separadas. A veces también significa migrar siendo adolescente, cambiar de idioma, de escuela, de cultura y de identidad de golpe.

Muchas hijas e hijos migrantes vivimos entre dos duelos. El duelo por el país que dejamos y el duelo por la infancia que no pudimos vivir junto a nuestras madres. Por eso creo que necesitamos empezar a hablar más de las infancias transnacionales. Necesitamos escuchar sus voces. Necesitamos políticas públicas que entiendan que la reunificación familiar no es un trámite administrativo: es salud mental, es protección emocional, es derecho al cuidado, es infancia digna.

Y también necesitamos una mirada feminista que deje de romantizar el sacrificio infinito de las mujeres migrantes, porque ninguna madre debería tener que elegir entre alimentar a sus hijos o abrazarlos.

La migración no solamente mueve cuerpos; también reorganiza afectos, miedos y formas de crecer. Deja atrás a miles de hijas e hijos que crecieron esperando tantos años, que aprendieron a hacerse fuertes antes de tiempo.

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Nota: Laura Valentina Castillo es psicóloga voluntaria en la organización vasca Ahurralde Fundazioa. Escribió este texto para el encuentro 'Desplazamientos forzados y derechos humanos', organizado por la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) - Aita Mari el pasado 29 de mayo en Donostia, donde lo compartió con los asistentes por primera vez. Castillo es colombiana y vive en Euskadi. Llegó hace seis meses a España, donde se reencontró con su madre, y se encuentra a la espera de la respuesta de su petición de regularización extraordinaria. Sus intereses se centran en la salud mental, los derechos humanos, los vínculos afectivos y el bienestar de las personas. Participa en iniciativas comunitarias y espacios de sensibilización social, convencida del valor de la empatía, la escucha y el compromiso colectivo como herramientas de transformación.

La ola contra la inmigración que recorre Europa está provocando situaciones propias de un relato del escritor Franz Kafka. Una mujer de nacionalidad marroquí, que reside en los Países Bajos con su cónyuge, de nacionalidades neerlandesa y marroquí, y con su hijo menor de edad, de nacionalidad neerlandesa, ha tenido que llevar su caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) frente a la amenaza de expulsión por parte de las autoridades neerlandesas y ante la negativa a darle un permiso de residencia porque ya se lo había concedido España.

Esta mujer, con nombre V para proteger su identidad, residió y trabajó legalmente en España desde 1999 hasta 2014. Ese mismo año se fue a vivir con su pareja y registraron su matrimonio en el Registro Civil del municipio neerlandés en el que residen. En 2015 nació el hijo de la pareja que tiene la nacionalidad neerlandesa y del que se ocupan ambos cónyuges, ya que no empezó a hablar hasta los cinco años y presenta dificultades de expresión que lo llevaron a seguir una enseñanza especializada, destinada a los alumnos que necesitan un apoyo específico.

La situación familiar es más complicada porque el marido de V no percibe ningún ingreso profesional debido a su estado de salud. El padre está parcialmente exento de la obligación de trabajar y percibe una prestación de asistencia social.

Cuando V fue a pedir la residencia en Países Bajos en 2020, las autoridades neerlandesas no solo le denegaron su solicitud al considerar que tenía derecho de residencia en España, además le ordenaron que se trasladara de inmediato a España y abandonara el territorio neerlandés. Antes esta situación de desamparo y con las claras consecuencias que podría provocar para la familia, V llevó su caso a los tribunales de primera instancia de Países Bajos, que inicialmente consideraron que existe una relación de dependencia entre V y su hijo menor de edad, ciudadano de la Unión Europea y neerlandés por lo que habría que concederle el permiso de residencia. Los magistrados neerlandeses decidieron elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para sostener su decisión.

Menoscabo de la unidad familiar y derechos del niño

La Justicia europea sentencia que se debería conceder a V un permiso de residencia derivado en los Países Bajos, ya que la denegación de ese derecho menoscabaría la unidad familiar y privaría al menor de la posibilidad de que ha gozado, desde su nacimiento, de mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre.

El Tribunal de Justicia añade que en el supuesto de que V siguiera teniendo derecho de residencia en España no excluye la posibilidad de que pudiera tenerlo también en Países Bajos. En caso de que se le denegara a V ese derecho de residencia, su hijo se vería entonces obligado a acompañar a su madre a España y, por lo tanto, a abandonar los Países Bajos, el Estado en el que reside y del que es nacional, lo que podría vulnerar algunos de sus derechos fundamentales.

Además, en la sentencia se subraya la importancia de respetar la vida familiar que este niño tiene actualmente en los Países Bajos con sus dos progenitores, de quienes depende y que existe un riesgo concreto de que dicha vida familiar no pueda continuar en España.

Por otro lado, los jueces europeos recalcan que el tribunal neerlandés también debe comprobar si un traslado forzoso del niño a España sería contrario a su interés superior, ya que el niño no habla español, sino neerlandés, y tienen problemas de expresión por lo que necesita educación especial, por lo que el interés superior del niño constituiría otro motivo para que deba concedérsele a V un derecho de residencia derivado en los Países Bajos.

Las posiciones contra la inmigración están desdibujando el sueño europeo. La Comisión Europea ha tenido que mandar un requerimiento a un grupo de países (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia) ante los continuos controles de las fronteras interiores por el endurecimiento de las políticas antiinmigratorias que está afectando a la libre de circulación de personas que se establece en el espacio Schengen.

La petición de la Comisión Europea coincide con el proceso de regularización de 500.000 inmigrantes sin papeles que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Tanto el Partido Popular como la ultraderecha en España y en la UE han tratado de crear una polémica política por la legalización de este colectivo de personas, que Vox llegó a calificar como “invasión”. El Partido Popular llevó a la Comisión Europea la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España para que analice si va en contra de los acuerdos de política migratoria europea.

No hay dudas de que los controles de fronteras entre países de la UE responden a una posición más dura frente a la inmigración. De hecho, Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos internos y Migración, pide el levantamiento de los controles con el argumento del nuevo Pacto de Emigración y Asilo.

“La Unión Europea está llevando a cabo la mayor reforma de nuestro sistema de gestión migratoria. Nuestro nuevo enfoque ya ha dado resultados: los cruces ilegales de fronteras han disminuido otro 40 % en 2026. Estamos desplegando los sistemas de gestión fronteriza más modernos del mundo. Con estas condiciones, los Estados miembros están en posición de avanzar hacia la eliminación progresiva de los controles en las fronteras interiores”, ha explicado Brunner.

La UE aprobó este lunes el Pacto de Emigración y Asilo que endurece la política migratoria y abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE.

Controles que se alargán más de 12 meses

Aunque Bruselas admite que “los Estados miembros tienen derecho a reintroducir excepcional y temporalmente controles fronterizos cuando se enfrentan a una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”, el Derecho de la UE exige que la Comisión emita un dictamen “cuando dichos controles se prolongan durante más de 12 meses”.

La Comisión Europea recuerda que “la reintroducción de controles en las fronteras interiores tiene inevitablemente consecuencias para los Estados vecinos” con un “impacto negativo en los trabajadores transfronterizos y las comunidades locales”.

La institución europea aboga por “alternativas más eficientes y eficaces a los controles en las fronteras interiores: controles policiales no sistemáticos o las tecnologías de identificación biométrica móvil y seguimiento de vehículos”.

Henna Virkkunen, vicepresidenta europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, apunta que “Schengen es uno de los mayores logros de Europa. Simboliza la libertad de circulación para más de 450 millones de personas. Nuestros dictámenes envían un mensaje claro: cuando se reintroducen controles, estos deben seguir siendo temporales y excepcionales. Al reforzar la cooperación policial, el intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, podemos proteger a nuestros ciudadanos, preservar la confianza y mantener Schengen tanto seguro como realmente sin fronteras”.

La Unión Europea ha dado luz verde finalmente a los centros de deportación de emigrantes en terceros países. Tras varias semanas de retraso, el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo ha sido acordado este lunes entre el Consejo Europeo, la Comisión y los legisladores del Parlamento. Europa sigue la estela que ha marcando la ultraderecha en su ataque a las personas migrantes tratando de dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. La nueva normativa abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

Según la presidencia de turno de la UE, que la ostenta Chipre, “estos centros podrán funcionar tanto como destino final de las personas expulsadas como centros de tránsito destinados a facilitar su posterior retorno al país de origen o a otro tercer país. Por el momento, el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario y será reevaluado dos años después de la entrada en aplicación del reglamento”.

“El nuevo reglamento acelerará el proceso de retorno y aumentará las expulsiones de las personas que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea. La migración es una prioridad fundamental para la Presidencia chipriota y este acuerdo histórico refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE y complementa el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, siempre en cumplimiento de los derechos humanos”, ha declarado Nicholas A. Ioannides, viceministro de Migración y Protección Internacional de la República de Chipre.

Sin embargo, la medida no está exenta de polémica por sus numerosas dudas legales. Las ONG que defienden los derechos de los inmigrantes, como Picum, han avisado de que se pueden dar problemas de rendición de cuentas y supervisión de los derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena hacia países inseguros, detenciones arbitrarias y numerosas otras vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2025 el modelo de deportaciones del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a través de Albania por la designación de “países seguros” para el retorno de los inmigrantes y en Italia ha tenido varias sentencias en contra, esta fórmula siempre ha tenido el beneplácito de la actual Comisión Europea y ha conseguido el respaldo de la mayoría del Eurocámara, tras el seguidismo del PP Europeo a las imposiciones de la ultraderecha en políticas migratorias. Italia volvió a apelar al TJUE por su normativa, que está a la espera de sentencia.

Los conservadores alemanes están jugando un claro papel endureciendo sus posiciones frente a la inmigración ante el miedo de perder votos por el auge de los ultras del AfD. Alemania estaría al frente de un grupo de países (Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia) que estarían realizando gestiones con terceros países para establecer en ellos centros de retorno y de tramitación de solicitudes de asilo fuera de la UE a cambio de recibir ayuda al desarrollo o un mayor número de visados para sus nacionales, según ha publicado Politico.

Las dudas legales del modelo italiano ha llevado a los países a no identificar qué países podrían albergar los centros de deportación, fuentes diplomáticas aseguran que se ha sondeado a Uzbekistán y Kazajistán, pese a que Amnistía Internacional ha señalado en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos fundamentales en ambos países.

Durante este lunes se ha debatido la entrada en vigor de las medidas. Fuentes de la presidencia chipriota han explicado que los responsables de las instituciones europeas han acordado que “el reglamento comenzará a aplicarse inmediatamente después de su entrada en vigor (es decir, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial)”.

Ahora bien, como muchas de las disposiciones del reglamento requerirán medidas de implementación a nivel nacional, se permitirá a los estados miembros que estén adaptadas 12 meses más tarde. De esta manera, “se concede a los Estados miembros tiempo suficiente para preparar los cambios legislativos y reglamentarios necesarios, garantizar la adaptación de los sistemas informáticos cuando sea preciso y formar adecuadamente al personal encargado de su ejecución”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que no pondría en marcha ningún centro de deportación de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea.

Otras medidas contra la inmigración

A esta medida ya controvertida se uniría la introducción de “mecanismos de emergencia” que permitan a los Estados miembros ignorar garantías durante la detención, como limitar la revisión judicial de las decisiones de internamiento —incluidas las que afectan a familias y menores— cuando exista un número “excepcionalmente elevado” de personas pendientes de deportación, sin tener en cuenta las condiciones ni la saturación en la que se encuentren los centros de detención y deportación.

Silvia Carta, responsable de incidencia política de Picum, ha comentado que “este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación. En la última ronda de negociaciones, los legisladores de la UE redoblaron su apuesta por la represión y el castigo, y acordaron un texto que expondrá a cientos de miles de personas al daño y la violencia: desde encerrar a personas en centros de detención migratoria durante hasta 30 meses hasta separar familias y enviar a personas a países que ni siquiera conocen”.

Además de los centros de deportación en países fuera de la UE, la nueva normativa amplía la duración de la detención por motivos migratorios hasta 30 meses, si las autoridades consideran que existe “una posibilidad razonable de expulsión” o de riesgo de fuga, incluso en el caso de menores. También se anima a los Estados miembros a aplicar nuevas “medidas de investigación” que otorgan una amplia Convertir los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, a pesar del mayor riesgo de violencia y vulneraciones de derechos fundamentales, restringiendo aún más la capacidad de decisión y las alternativas disponibles para estas personas;

Por otro lado, la nueva norma exige a los Estados miembros que impongan restricciones geográficas u obligaciones de comparecencia a todas las personas sometidas a procedimientos de retorno. También se deja a decisión de los países miembros el tiempo de prohibición, que podrían llegar a ser permanentes por seguridad, o reducción de las ayudas financieras destinadas a reconstruir una vida tras la deportación e incluso sanciones penales para quienes no colaboren con su propia expulsión. En definitiva, se proponen excepciones específicas a los derechos fundamentales para las personas migrantes consideradas un riesgo para la seguridad nacional o el orden público.

“Al otro lado del Atlántico estamos viendo la violencia y el miedo generados por las brutales prácticas de control migratorio del ICE. Europa debería aprender de los daños causados por ese modelo, no construir su propia versión del mismo”, ha añadido la responsable de la ONG en defensa de los derechos de los migrantes

Hace un mes y una semana, Valeria y su bebé fueron las primeras personas en presentar su solicitud de regularización en una de las oficinas de Correos habilitadas en Madrid. La ecuatoriana salió sonriente empujando el carro de su hija: ya quedaba menos para tener los papeles. Si todo salía como esperaba, recibiría la admisión a trámite de la petición y el consiguiente permiso de residencia en 15 días, según el plazo establecido por el Ministerio de Inclusión. Pero ya suman 38 días desde entonces y el alivio inicial se ha ido mezclando con una nueva incertidumbre: ¿Habrá pasado algo? ¿Faltaría algo? ¿Harían algo mal en Correos al ser el primer día? ¿La habrán inadmitido? Son algunas de las preguntas que se hacen muchas de las personas que esperan la respuesta de la Administración una vez traspasado el periodo previsto.

Su caso no es anecdótico. Cientos de solicitantes de la regularización extraordinaria han pasado de la ilusión al miedo ante la falta de respuesta en los plazos prometidos, aunque se calman cuando conocen que otras muchas personas están en su misma situación. Los retrasos en el envío de la comunicación de la admisión a trámite, un documento que en la práctica supone la confirmación de la concesión del permiso de residencia y trabajo provisional mientras se estudia la petición, están marcando el procedimiento, según una decena de migrantes afectados, varios abogados y ONG colaboradoras consultadas por elDiario.es.

Los datos oficiales deslizan el alcance de los retrasos. Según los números trasladados por el Gobierno hace una semana, Inclusión ha recibido 549.596 solicitudes. Del total de expedientes, han sido “tramitados” 146.675, pero solo han enviado el justificante de la admisión a trámite a 91.905 personas, lo que genera un desfase de al menos 50.000 personas pendientes del documento que les permitirá empezar a trabajar. Según los cálculos de elDiario.es, la Administración ha recibido de media unas 100.000 peticiones semanales, por lo que el ritmo de admisión a trámite medio sobrepasaría con creces los 15 días comprometidos inicialmente.

No todas las peticiones están sufriendo retrasos. Según varias fuentes consultadas ligadas al procedimiento, no existe un patrón claro sobre los perfiles que están recibiendo la admisión a trámite antes y cuáles después. No obstante, los mayores retrasos confirmados por este medio, que superan los 38 días, corresponden a quienes solicitaron su petición a través de las oficinas presenciales. Algunos de quienes lo hicieron por la vía telemática, por su cuenta o a través de abogados u ONG (las personas sin papeles no pueden por sí mismos porque necesitan un certificado digital del que carecen), también han tenido que esperar más de la cuenta, pero no tanto tiempo como quienes depositaron sus documentos en persona.

“Las comunicaciones de admisión a trámite llegan como si fueran cartas enviadas desde 1950: lentas, irregulares y sin patrón alguno”, ha criticado Guillermo Morales, director del despacho de abogados especializado en extranjería Legalteam. “Quien presentó después ya tiene la suya. Quien la presentó antes sigue mirando compulsivamente el buzón electrónico, como si fuera a aparecer por arte de magia”, resume en un texto publicado en su blog. También las ONG colaboradoras están percibiendo la arbitrariedad en los retrasos. “Mientras algunas comunicaciones están llegando en pocos días, otras llevamos esperando más de tres semanas, sin poder identificar el patrón”, coincide Elena Muñoz, responsable jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Entre las personas que aguardaban su turno aquel primer día de la regularización presencial estaba también Loren, asesora en la consultora Acevedo Extranjería, acompañando a una mujer que iba a solicitar la regularización. Ella y su equipo tienen varias peticiones registradas por esta vía y confirma grandes retrasos en esos casos, especialmente entre los que la presentaron los primeros días. “Ninguna de las solicitudes que hemos acompañado a presentar presencialmente han recibido aún la admisión a trámite”, explica.

El Ministerio de Inclusión lanza un mensaje de tranquilidad a las personas que aguardan algunos de estos trámites. Según explican, los tiempos de la tramitación “pueden depender de varias cosas”. Por ejemplo, detallan, “hay muchas solicitudes que están pendientes de subsanación y, en estos casos, ”se paraliza el plazo para requerir a la persona la documentación que le falta“.

En otros casos, añaden, “hay documentación que tiene que ser revisada” y, en otros, “las solicitudes se presentaron de manera presencial y deben recibir la notificación por correo postal”. Fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz añaden que se encuentran “en plazo” y que el procedimiento “avanza según lo previsto”. “Todas las solicitudes que se hayan presentado correctamente, cumplan los requisitos y no estén pendientes de ningún trámite más, recibirán la autorización correspondiente a su admisión a trámite”, aseguran para tratar de lanzar un mensaje de calma.

Un mes de espera

Emma envió su expediente a través de un abogado el pasado 29 de abril. Un mes después, no tiene respuesta. Ella trabaja desde que llegó a España por temporadas en el cuidado de una señora mayor en Madrid. En los meses de verano, se traslada al lugar donde la mujer pasa el verano para atenderla también durante sus vacaciones. El permiso de trabajo le daría la seguridad para tratar de negociar mejores condiciones de trabajo y buscar mayor estabilidad. También desea empezar a cotizar para conseguir un permiso de larga duración y poder empezar los trámites para reagruparse con sus hijos, que continúan en el país.

Con todas esas necesidades en la cabeza y el estómago, la salvadoreña y su marido entran de vez en cuando al portal donde puede seguir el estado del procedimiento. Desde hace unos 30 días, se choca con el mismo mensaje: “En trámite”, según una captura enviada a este medio. Sin embargo, eso no significa que efectivamente haya sido admitida a trámite y, por tanto, ya pueda trabajar de forma regular.

“Hay que esperar al justificante de admisión a trámite, que incluye el NIE, y mencionan el permiso provincial de residencia y trabajo”, aclara el letrado de extranjería Felipe Garoña. Emma escribe inquieta a su abogada, que la calma y le traslada que será avisada en cuanto llegue el escrito que espera. Pero cuando el reconocimiento de tantos derechos están en juego, es difícil calmarse del todo y no dejarse arrastrar por la ansiedad de las distintas posibilidades del retraso, traslada. A veces, se inquieta pensando en el supuesto de que hubiese habido algún problema en el envío o recepción del correo y que pudiera dejarla fuera del proceso. Después de algunos días de ansiedad, ha asumido que lo único que puede hacer es esperar y confiar en su abogado.

Cada retraso de cada trámite acaba alargando el proceso y entorpece el objetivo principal de quienes piden la regularización: encontrar un trabajo en condiciones dignas y darse de alta en alta en la Seguridad Social. Una vez recibida la admisión a trámite, la espera de muchos no acaba. Quienes van a tener residencia regular en España por primera vez y no han trabajado dados de alta anteriormente, no podrán trabajar hasta que no reciban su número a la Seguridad Social. Y esto tampoco está siendo fácil. “Cuando por fin llega la ansiada admisión a trámite, aparece la frase estrella: ”En unos días recibirá su número de afiliación social. Días que ya van camino de convertirse en semanas. Semanas que pronto serán meses“, cuestiona el abogado Guillermo Morales.

En cuanto Luisa confirmo la admisión de su solicitud, ya con papeles, empezó a enviar currículums a varias ofertas de marketing digital, el ámbito al que le gustaría saltar tras años como limpiadora en la economía sumergida. Pero para acceder a una de estas ofertas necesita el número de la Seguridad Social. El Ministerio de Inclusión explica a los solicitantes por correo electrónico que estos deben esperar a recibir por correo postal dicho número, indispensable para poder trabajar. Existen otras formas de obtenerlo, pero quienes no tienen el acompañamiento adecuado se fían de las indicaciones del Gobierno, que pide que no lo soliciten por su cuenta.

No quiere perder tiempo. Sabe que de su tiempo cotizado dependerá la renovación posterior del permiso que tanto le ha costado conseguir. “Siento que con el permiso provisional ya se me ha abierto el camino y quiero empezar a recorrerlo. Con este permiso de trabajo, ya empieza a contar mi año para renovar la tarjeta, así que he empezado a moverme”, explica desde Valencia, donde actualmente trabaja en la limpieza de cinco viviendas. Comprueba su buzón cada día y la carta no llega, por lo que ha decidido tratar de obtenerlo por la vía digital.

“Aún no me ha llegado, pero estoy intentando pedirlo de otra manera, a través del certificado digital”, explica la colombiana. “A ver si lo logro”, añade, pues acaba de recibir el permiso de residencia temporal. “Debe llegar una carta a la dirección postal o certificado digital de la persona interesada (no a su representante). Hay veces que se dan algunos retrasos en este envío, pero en la web de la Tesorería General de la Seguridad del Estado se puedo consultar el número asignado, o pueden solicitarlo ante la Seguridad Social”, detalla Muñoz. Al no explicar este procedimiento, quienes carecen de apoyo jurídico se están encontrando problemas en este punto.

La Casa Blanca ha lanzado un mapa de arrestos de personas migrantes alrededor de Estados Unidos, en un sitio web titulado “aliens”, cuya portada es una silueta caminando por el desierto a modo de burla sobre la idea de que el país guarde secretos sobre el espacio.

El portal se abre con un texto que se desplaza igual que el de las películas de la Guerra de las Galaxias, con bloques de texto que aparecen a medida que los usuarios se desplazan mientras caen estrellas de fondo.

“Caminan entre nosotros”, dice el sitio web. “Durante 60 años, el Gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida cotidiana. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal”.

En la parte baja de la página aparece un contador que muestra el número de los llamados “encuentros” realizados, cifra que asciende a 3,1 millones y sigue aumentando hasta la noche del jueves.

El nuevo mapa no especifica el período de tiempo de las capturas, pero debido a la cifra se podría tratar de los datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional en un informe que adjunta las detenciones desde septiembre de 2024 hasta abril del presente año. 

“Si has sido testigo de un abducción alienígena, no te alarmes. El alien está en buenas manos. Nosotros nos ocuparemos de él… y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”, dice la web.

La página incluye a continuación un enlace al formulario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para enviar denuncias, animando a informar sobre lo que Casa Blanca denomina “aliens sospechosos”.

La palabra 'alien'

En Estados Unidos, la palabra “alien” sigue siendo parte de la terminología oficial para referirse a cualquier persona que no sea ciudadana o nacional. Etimológicamente, deriva del latín alienus, que significa “perteneciente a otro” o “extranjero”.

“El término 'alien' tiene varios significados, ya que se refiere tanto a los seres extraterrestres procedentes del espacio exterior como a la clasificación jurídica de los migrantes como extranjeros u otros. Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos (INA), se define a un alien como 'cualquier persona que no sea ciudadano o nacional de los Estados Unidos”, explica en un artículo D. Ouellet, becaria del programa Weatherhead de la Universidad de Harvard.

Su uso está desfasado, además de ser lingüísticamente inadeduado, a su juicio. “En los últimos años, se ha impulsado un cambio gradual para dejar de utilizar el término 'alien' en los documentos oficiales y en el lenguaje normativo, y en algunas legislaciones estatales se ha sustituido por términos como 'no ciudadano' o 'ciudadano extranjero', que se consideran más precisos, lo que refleja un creciente reconocimiento de que el lenguaje conforma las realidades jurídicas y sociales”, escribe.

En este contexto, el término 'alien' , prosigue, “va más allá de servir de etiqueta para una categoría jurídica”. “Sirve para reforzar una narrativa de amenaza existencial: cuerpos que no pertenecen, que son fundamentalmente diferentes a nosotros, en los que no se puede confiar. La presencia y el uso continuado de esta etiqueta en el discurso actual sobre inmigración no es, podría decirse, meramente semántica; es ideológica. Codifica una percepción del no ciudadano no como un individuo que simplemente se ha trasladado desde otro país, sino como alguien fundamentalmente incognoscible, poco fiable y, lo que es más importante, indigno de derechos”, agrega.

Según indica la experta, términos como 'alien' “influyen en la situación jurídica, repercuten en la percepción pública, evocan respuestas emocionales y moldean el discurso político. De este modo, el lenguaje jurídico funciona no solo como una herramienta de clasificación, sino también como un instrumento de poder que define los límites de la pertenencia”.

Con información de EFE.

Tenía su ropa preparada en una bolsa en la celda del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Valencia. Tras haber sido detenido justo cuando se dirigía a presentar la petición de la regularización, pero sin que sus circunstancias hubiesen importado para la policía ni el juzgado, su retorno parecía irrevocable. Pero ahora, poco más de una semana después de su liberación, al marroquí Mounir se le escapa una carcajada nerviosa al describir el giro de acontecimientos de la última semana: en cuestión de días ha pasado de estar encerrado por no tener papeles y esperar su deportación inminente, a recibir un permiso provisional de residencia y trabajo. 

“Aún no lo creo”, dice Mounir por teléfono ya fuera del CIE donde estuvo privado de libertad dos semanas en un centro en el que, como confirman los hechos posteriores, nunca debería haber entrado. Solo cuatro días después de su salida del centro de detención para extranjeros, su abogado recibió un correo electrónico del departamento del Ministerio de Inclusión encargado de estudiar los permisos de residencia de extranjeros: el Gobierno había admitido a trámite su petición de regularización extraordinaria, esa que estaba a punto de registrar justo cuando fue detenido por la Policía y que finalmente presentó su abogado después de que él fuese enviado al CIE.

Como ya tenía todos los papeles preparados, pues tenía cita con su abogado cuando el coche en el que viajaba fue parado en un control policial de camino al despacho, su letrado, Álvaro Vico, pudo registrar con facilidad la documentación de Mounir pese a haber sido internado en el CIE. La semana pasada, cuatro días después de la liberación del marroquí después de que su caso fuese denunciado por la Plataforma CIEs No Valencia y difundido en medios de comunicación, su solicitud fue admitida a trámite, lo que conlleva la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo, según el documento oficial al que ha accedido este medio.

“Hace una semana y algo estaba preparando mi ropa para irme y ahora tengo papeles”, resume Mounir aún con cierta sorpresa.

En busca de trabajo en el campo almeriense

El marroquí no daba crédito cuando recibió la llamada del familiar que se lo comunicó. El teléfono sonó cuando acababa de subir en un autobús con destino Almería. Habían pasado solo cuatro días de su salida del CIE y Mounir ya se dirigía a la provincia andaluza para buscar trabajo, aprovechando el aumento de demanda de mano de obra por la campaña del melón y la sandía: “No pensaba que me iban a responder tan rápido. Llevaba semanas sin trabajar y necesitaba dinero. Un amigo vive en Almería y me dijo que allí, con la temporada, se podía conseguir trabajar días sueltos”.

Cuando subió a ese autobús, Mounir no tenía papeles. Cuando llegó a su destino, ya los tenía. “Me llamó mi familiar y me dijo que tenía papeles. No sabía qué hacer. Le dije: ¿Qué hago? ¿Me bajo y vuelvo a casa?”, describe Mounir con cierto tono de burla sobre su bloqueo inicial. “Estuve a punto de volver, pero ahora en Altea es más complicado encontrar trabajo y al tener ya pagado el billete, decidí mantener el plan de ir a Almería. Ahora hay más trabajo y necesito el dinero”. 

Mounir responde a las preguntas de elDiario.es desde la habitación que comparte con el amigo que le acoge en Almería. Ha pasado solo unos días de recibir el permiso y aún no ha encontrado un empleo en el que volver a cotizar, pero cuenta que ya ha empezado a buscar. “Lo que me importa ahora es conseguir algo con contrato, porque así será más fácil luego renovar los papeles y más posibilidades tendré de quedarme”, explica el joven. Mientras no lo logra, necesita seguir pagando sus gastos, por lo que acepta los jornales que le ofrecen por empleos puntuales pagados “en b” en el campo almeriense o en almacenes de la zona. “Si me llaman para descargar un camión o hacer algo puntual, lo hago. Pero lo principal para mí es volver a cotizar”. 

El día de la liberación: “Casi abrazo al policía”

El pasado 18 de mayo aún temía la posibilidad de ser deportado tres días después. Según le habían comunicado a su abogado, esa era la nueva fecha prevista para su salida. Pero esa tarde un agente se acercó a él: “Vas a salir hoy”, recuerda que le dijo. “Me puse tan contento que salté hacia él de la alegría y hasta quería darle un abrazo”, añade entre risas. Rondaban las 18:40 cuando salió del centro. 

Cree que su salida se debe a la unión de distintas personas que decidieron denunciar su caso y pedir su liberación. “Agradezco mucho a la gente que me ha apoyado. No esperaba tanto apoyo”, indica el marroquí, que a su vez recuerda a otros compañeros que se quedaron en el CIE, pese a tener una “situación parecida” a la suya (arraigo y falta de antecedentes). “Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

“Cuando me cogió la Policía y me llevó al CIE se sentía solo. Pero gracias toda la gente que me apoyó sé que, aparte de mi familia, no estoy solo, porque mucha gente buena me ha ayudado”, reflexiona.

“Me acuerdo de un argelino y un marroquí, que también tenían casi todo preparado. Pero ellos no tenían familia en España como yo, que buscase a un abogado o llegase a ONG o a los medios de comunicación, y no han tenido esta ayuda”, lamenta Mounir. 

Sus palabras evidencian un panorama que coincide con otros casos publicados por elDiario.es de migrantes encerrados en el CIE, en cuyo internamiento no se tuvo en cuenta ni el arraigo ni el hecho de que podían optar al proceso de regularización extraordinaria. Ya son tres los casos difundidos en medios con el tiempo suficiente para evitar el retorno (Mounir, Omar y Oussama) acabasen en su liberación, lo que en la práctica supone un reconocimiento oficial de que no deberían haber sido encerrados.

Criterio clave: el arraigo

En 2014, la Dirección General de la Policía, mediante una circular, estableció unos criterios a tener en cuenta para solicitar el internamiento de personas extranjeras en los CIE, entre las que se contemplan una serie de circunstancias personales genéricas a considerar, entre las que se incluye el arraigo en España, la existencia de domicilio conocido, hijos a cargo o consecuencias de la expulsión para la persona o sus familiares. Mounir estaba empadronado en Altea desde hacía más de un año, había estado dado de alta en un empleo y llevaba en su móvil toda la documentación que iba a presentar a la abogada para solicitar la regularización. No podía ir más preparado para demostrar su arraigo. Pero ni la Policía ni el juzgado de Benidorm que acabó aprobando el internamiento propuesto por los agentes lo tuvieron en cuenta. 

 “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan. Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”

Cuando se le pregunta qué supone para él tener papeles otra vez, Mounir habla de la tranquilidad de vivir sin miedo. “Para mí supone un alivio general. Ahora voy con la calle y no tengo que esconderme, no tengo que mirar detrás de mí, no tengo miedo por si me deportan”, responde desde Almería. “Me siento como una persona normal, puedo expresarme. Si veo un coche de policía, sé que ahora no me tiene por qué pasar nada”. 

Pero ese temor diario fue tan intenso que a veces el cuerpo tarda en asimilar lo que la mente confirma al obtener un permiso de residencia. El pasado domingo vio a unos agentes pasar a su lado y fue consciente del cambio. Aunque no se asustó, sí fue consciente de su presencia y se recordó que ya no tenía que esconderse por el mero hecho de existir: “Pasaron a mi lado y yo me quedé tranquilo”. 

Las dos semanas de detención estuvieron marcadas por la ansiedad de la deportación. “Estaba asustado, porque sabes que en cualquier momento te pueden llevar y se pasa mal. Aunque allí no me pasó nada malo, no tuve problemas con nadie, estar atrapado cuando quieres trabajar es muy agobiante”, explica. “Da miedo porque te sientes impotente. Yo hasta soñaba que estaba en Marruecos. No sabía qué hacer”, explica el jornalero.

Si hubiese sido expulsado, dice, habría vuelto a intentar venir a España. “Iba a volver a intentarlo aunque me costase la vida. Desde pequeño soñaba con venir, miraba el mar y pensaba en atravesarlo para vivir aquí”.

En los días en que tenía su regreso a Marruecos también pensaba en todo lo que le costó salir de allí. Antes de lograrlo, había pedido un préstamo de cerca de 5.000 euros para costear el viaje en una patera desde El Aaiun (Sáhara Occidental) a Canarias. “Me estafaron. Se fueron con mi dinero. Al principio no quería volver a casa, reconocer a mi familia lo que había pasado, pero me acabaron apoyando”.

Un año después, volvió a intentarlo por la frontera de Ceuta: “Nadé con otro amigo durante todo el día. Salí a las 8 de la mañana y llegué a las 12 de la noche”.

Mounir insiste en que quiere “volver” a cotizar. Dice “volver” porque ya estuvo dado de alta en la Seguridad Social. El marroquí había solicitado asilo tras su llegada a España en 2024. Después de que su petición fuera admitida a trámite, el joven obtuvo el permiso de residencia temporal habitual durante la tramitación del procedimiento. Con esa autorización, trabajó y cotizó durante cerca de cuatro meses como limpiador y ayudante de cocina en un restaurante en Altea. La respuesta negativa a su petición de protección internacional acarreó la pérdida de sus papeles y, por esa razón, la empresa tuvo que despedirle, como prueba la documentación a la que ha accedido este medio. 

“Trabajaba en el mismo restaurante donde yo trabajo y los jefes estaban encantados de con él”, dice Ahmed (nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato) que apoya a Mounir en España. Mientras trabaja en Almería, Ahmed le ayuda a buscar una una oportunidad laboral. Como había estado dado de alta anteriormente, él ya tenía número de la Seguridad Social, por lo que ya está preparado para reactivar su vida laboral en España.

El plan de Mounir pasa por quedarse una temporada en Almería y, si no consigue nada estable y con contrato, volver a Altea donde le encantaría volver a trabajar en la hostelería. “Me gustaba mucho vivir allí y trabajar en la cocina. Voy a ahorrar algo de dinero para después volver, mantenerme por mí mismo y buscar un empleo en el sector”, proyecta el marroquí, unas semanas después de haber dado por hecha su expulsión a las puertas de una regularización que, con muchas trabas, ha acabado logrando de forma provisional.

La vida de Missael se quedó en pausa cuando perdió sus papeles. Después de residir y trabajar en España durante más de un año, la respuesta negativa de su petición de asilo le empujó de nuevo a la economía sumergida y abrió un paréntesis en sus pasos recorridos en Huelva, la ciudad donde se asentó tras abandonar Perú. Hasta que a principios de mayo recibió un email de su abogado, que adjuntaba el documento que ansían recibir las cientos de miles de personas que, como él, han pedido la regularización extraordinaria. 

“Ha tenido entrada en esta Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería la solicitud de residencia temporal por circunstancias excepcionales”, rezaba el documento notificado por su letrado, Felipe Garoña. “El presente trámite de admisión implica la autorización, de forma provisional caso de que se encuentre en edad laboral, por cuenta ajena y por cuenta propia en todo el territorio , a la persona solicitante a residir y, en a trabajar nacional y en cualquier ocupación o sector de actividad ”, indicaba el escrito.

Con otras palabras: ese documento le reconocía su derecho a vivir y trabajar en España, al menos mientras se estudia a fondo su petición. Missael volvía a tener papeles. Él, como ya había trabajado, no tuvo que esperar a recibir el número de la Seguridad Social, cuyos retrasos están obstaculizando la inserción laboral de muchos inmigrantes con solicitudes admitidas.

El peruano quería cerrar “la pausa” en la que sentía vivir desde hacía ocho meses, aunque en realidad solo era un paréntesis a ojos del Estado, porque nunca Missael nunca dejó de moverse. Levantó el teléfono, dejó un par de currículums y la llamada no tardó en llegar. “La verdad que pasaron solo tres días hasta encontrar un trabajo donde volver a estar dado de alta y cotizar”, dice el hombre. Insiste en remarcar que para él fue quizá más fácil que para otros solicitantes de la regularización porque él ya había estado dado de alta previamente y, por tanto, contaba con un Número de Identificación de Extranjero (NIE) y no tuvo que esperar tampoco para recibir el número de la Seguridad Social. 

Más de 90.000 permisos provisionales

La de Missael es una de las 91.505 peticiones de regularización admitidas a trámite desde la entrada en vigor de la regularización, que llevan consigo la concesión de un permiso provisional de residencia y trabajo durante el estudio a fondo de su petición, lo que permite a los solicitantes activar su vida laboral cuanto antes sin miedo a ser expulsados, que podrán darse de alta siempre que hayan recibido el.numero de la Seguridad Social. Pese a que el Ministerio de Inclusión defiende que el envío del número es casi “automático”, muchos migrantes aún esperan recibirlo sobrepasados con creces los plazos establecidos.

Esas 90.000 admisiones a trámite son solo una mínima parte del total de solicitudes registradas desde el pasado 17 de mayo, que ya supera el medio millón, atendiendo a las cifras presentadas por el Gobierno ante el Supremo, que este viernes decidió rechazar la suspensión cautelar del procedimiento extraordinario de regularización, como pedían varios recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid o Vox, entre otros, apelando en ocasiones a argumentos falsos y tergiversados. 

De haberse paralizado la medida, como pedía el Gobierno de Ayuso, más de 90.000 personas que ya habían obtenido una autorización provisional habrían vuelto a la clandestinidad y su situación jurídica, igual que la del medio millón de solicitantes, habría quedado en un limbo. Fuentes gubernamentales afirman que también temían por la inseguridad jurídica a la que quedarían abocadas aquellas empresas que ya habían contratado a ciudadanos gracias a estos permisos temporales, como la pizzería donde ya trabaja Missael. 

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo y te lo deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ya ahora estoy otra vez dado alta. La verdad que tardé solo unos tres días".

“Después de ocho meses sin papeles, he vuelto a cotizar. Sin papeles todo es más duro. Es como si te quedas en una pausa. Cotizas, vas a un ritmo, te deniegan el asilo y te quedas sin nada. A esperar otra vez un permiso para trabajar. Pero ahora estoy otra vez dado de alta”, describe el peruano. Ha empezado a trabajar por las noches en una pizzería de Huelva, donde intercala turnos de repartidor y atención al público.

Con o sin papeles, nunca le ha faltado empleo desde que aterrizó en España. Missael ha trabajado como repartidor, cajero, peón de obra o socorrista en las playas de Punta Umbría. Durante el tiempo que estuvo sin autorización de residencia, tampoco paró, aunque en empleos menos estables y más precarios. “Obviamente sí trabajaba, ¿cómo iba a pagar mis gastos si no lo hacía? En esos meses me iban saliendo cosas, sobre todo de repartidor, pero sin cotizar”, detalla.

Una FP cuando estaba sin papeles

Él insiste en que fueron unos meses de vida “en pausa”, pero cuando perdió sus papeles, se matriculó en un curso de Formación Profesional de Telemecánica: “Como no podía trabajar a jornada completa, decidí no perder el tiempo y aprovechar para estudiar”. Por la mañana, iba a clase. Por la tarde, se subía en una bicileta para trabajar como ryder, en una de las compañías de delivery, una salida muy utilizada por las personas sin papeles para sacar dinero a través de otros compañeros dados de alta que les “alquilan” o “prestan” sus cuentas en la empresa, a cambio generalmente de una parte de las ganancias.

“Te permite sobrevivir, aguantar un poco de tiempo. No puedes gastar un dineral, pero te permite tirar. No me quejo porque es parte de un proceso y para mí no siempre ha sido así”, explica el hombre, que sigue cursando la formación que hasta ahora estudiaba sin la seguridad de obtener el título oficial, pues los adultos sin papeles pueden matricularse en los estudios pero no recibir la certificación. Ahora sí podrá.

“Mi plan es que, cuando el año que viene acabe la FP, dar el salto a ese sector. Después me gustaría hacer un Grado Medio para seguir avanzando”, explica.

Respuesta más rápida a quienes trabajaron

“Estoy muy agradecido. Yo sé que es muy difícil, no todas las situaciones son las mismas. Para otros compañeros que nunca han podido trabajar dados de alta, está siendo más complicado porque se están demorando en asignarles un NIE y un número de la seguridad social. En mi caso ha sido más rápido”, insiste.

La apreciación del peruano coincide con la tendencia que perciben varios abogados y ONG consultados por elDiario.es: el Gobierno no está respondiendo en los plazos establecidos sobre la admisión a trámite de la mayoría de solicitudes -de 15 días según el real decreto-, pero la contestación sí está llegando con más agilidad en aquellos casos de personas que habían cotizado con anterioridad. Muchos de quienes están obteniendo ya los permisos provisionales de residencia y trabajo fueron solicitantes de asilo, lo que les permitió estar dados de alta en el tiempo en que se estudiaba su petición de protección.

Además del reconocimiento de los derechos de cientos de miles de vecinos que, como Missael, ya vivían y trabajaban en España, distintos análisis económicos y sociológicos apuntan también a beneficios para la sociedad en su conjunto. Tras el anterior proceso de regularización, celebrado en 2005, la suma de las aportaciones de las 600.000 personas regularizadas entonces contribuyó a un aumento de la afiliaciones a la Seguridad Social y engrosó las arcas públicas con sus correspondientes cotizaciones. Un estudio publicado en 2021 por un grupo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) concluyó que cada inmigrante regularizado contribuyó entonces con una aportación de entre 4.000 y 5.000 euros al año solo con los impuestos sobre el salario.

Dos años en España

Tras abandonar Perú, Missael viajó a España con visado de turista, como suele hacer la mayoría de migrantes latinoamericanos asentados en el país. Cuando se le caducó, el joven se quedó sin papeles hasta que consiguió solicitar asilo, lo que conlleva un permiso temporal mientras se estudia la petición.

Su petición llegó antes de la reforma del reglamento de extranjería que ha obstaculizado en la práctica la regularización de las personas que veían denegada una demanda de protección internacional. Aunque muchas peticiones no estaban lo suficientemente fundamentadas y tenían muchas posibilidades de ser rechazadas, ante la falta de otras vías de regularización, la vía del asilo era en la práctica una fórmula utilizada para obtener un permiso de residencia mientras se estudiaba el caso, algo que era posible hacer debido a los largos retrasos de la Administración en su tramitación. El Ejecutivó zanjó esta posibilidad a través de la anterior reforma del reglamento de extranjería.

Missael recibió la negativa de su petición de asilo antes de la aprobación del real decreto por lo que cumplidos los dos años en España podría conseguir un permiso por arraigo por la vía habitual. Pero había un requisito que no llegaba a conseguir: no encontraba una empresa dispuesta a hacerle un precontrato de trabajo. “Es muy difícil que las empresas hagan ese trámite, sin saber cuándo vas a recibir el permiso, y te esperen”, explica.

“Yo me vine porque tengo una peculiaridad: cuando me encuentro en un lugar estancado, me gusta moverme y buscar otro sitio para superarme. Opté por España porque tiene una cultura muy similar. Y aquí siempre me he sentido muy a gusto”, celebra.

El Gobierno ha recibido en un mes 549.596 solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes, de las que 91.505 peticiones han sido admitido a trámite por el momento, según los datos aportados por el abogado del Estado, en representación del Gobierno, al Tribunal Supremo durante una de las cinco vistas que celebra este viernes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal para estudiar si paraliza de forma cautelar la medida extraordinaria, tal y como han solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros. Todas estas peticiones, y tantas otras que aún no han sido presentadas, penden de la decisión de la Justicia sobre los recursos del Ejecutivo de Díaz Ayuso y otras entidades.

En una de estas sesiones, en concreto para estudiar la solicitud de la Asociación Libertad y Justicia, el abogado del Estado ha dado cuenta de estos datos para defender que la admisión a trámite de las solicitudes, que implica la concesión de una autorización de residencia y trabajo provisional, no se hace de forma automática, como ha aludido la asociación recurrente.

Esta comunicación de admisión a trámite se produce, ha subrayado, después de un “chequeo” de los documentos aportados para acreditar que se cumplen requisitos esenciales. La gran diferencia entre el número de solicitudes registradas y admitidas a trámite se debe, según el Ministerio, a “una minuciosa revisión caso por caso”. Sin embargo, algunos solicitantes se quejan desde hace semanas del retraso en la admisión a tramite de las solicitudes, que la normativa da un plazo máximo de 15 días para su revisión preliminar.

Según ha aclarado posteriormente el Ministerio de Migraciones sobre el número total de solicitudes recepcionadas, “se trata de una cifra todavía pendiente de filtrado”. Según detallan fuentes de la cartera dirigida por Elma Saiz, tal y como ocurrió en la regularización tras la DANA de Valencia, pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales.

“El proceso se está desarrollando con total normalidad. Tras su minuciosa revisión caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España”, han añadido. “Todas las solicitudes que se han presentado correctamente, cumpliendo con los requisitos y no están pendientes de ningún trámite más, están recibiendo la autorización correspondiente a su admisión a trámite.