La Policía Nacional ha desalojado este domingo una parte del campamento de migrantes en el Puerto de Ceuta con el objetivo de comenzar a desmantelar algunos de los centros provisionales levantados por el Gobierno para alojar y filiar a las personas llegadas en la entrada masiva de finales de julio. Cientos de marroquíes han sido trasladados de las tiendas del campamento al CATE, desde donde decenas de ellos han sido retornados a Marruecos.

Aunque desde el Ministerio del Interior se asegura que se ha aplicado la fórmula del retorno “voluntario”, las circunstancias del traslado apuntan a que muchos de los retornos han sido forzados. elDiario.es ha podido observar que algunos migrantes desalojados, después de una parada en las instalaciones policiales del CATE, han sido acompañados por la Policía Nacional agarrados del brazo hacia la puerta de la valla localizada en la zona de seguridad de la frontera, un paso no habilitado.

La ministra Elma Saiz había anunciado el inicio del desmantelamiento de algunos centros de acogida temporales creados en Ceuta para filiar a los migrantes, en su defensa de que la ciudad autónoma se acerca a “la normalidad”. El tiempo corre antes de las elecciones del 29 de noviembre, y el Ejecutivo ha acelerado la retirada de algunos campos mientras aún hay cientos de personas en las calles de la ciudad y algunos migrantes denuncian ser expulsados de los campamentos antes de culminar el proceso de asilo.

“El Gobierno trabaja en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en distintas operaciones en la ciudad de Ceuta para recuperar la total normalidad cuanto antes”, afirman fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta. “Dentro de las previsiones del Gobierno para desmantelar recursos temporales, hoy se ha desarrollado un primer operativo desalojando por completo las 50 carpas de la AECID ubicadas en muelle de Poniente, donde se procederá a la limpieza y el desmantelamiento de las mismas”.

Según el Ejecutivo, no es un operativo puntual. “El proceso, que hoy se ha desarrollado con éxito, continuará con próximos traslado de personas migrantes que se encuentran en dispositivos temporales, con el objetivo de optimizar las plazas disponibles en otros emplazamientos”, han añadido las mismas fuentes.

Los migrantes acogidos en las carpas desalojadas se han despertado con las luces de las sirenas de los furgones de antidisturbios que han rodeado esta zona del campamento. “Tenemos problemas en nuestro campamento. Enviaron a los más jóvenes y a los mayores a Marruecos”, ha denunciado Annas, un joven marroquí alojado en las carpas grandes del campo, la zona que por el momento no ha sido desmantelada. Según cuenta otro hombre acogido allí, varias personas han sido derivadas del área pequeña de carpas a la zona más grande, con capacidad para la acogida de unas mil personas. Ni Interior ni Delegación del Gobierno aportan cifras oficiales sobre el número de personas alojadas actualmente en este espacio, ni de la cifra de migrantes retornados a Marruecos en el operativo. Tampoco aclara si las personas que han regresado a su país aún contaban con un proceso de asilo pendiente de respuesta o recurso.

El campamento creado en el puerto de la ciudad es uno de los que más quejas generó por parte de los vecinos ceutíes, debido a que advertían de que su ubicación conllevaba posibles riesgos de seguridad por su ubicación portuaria, no es casualidad que el Ejecutivo haya empezado por aquí.

Las terrazas estaban llenas pasadas las ocho de la tarde de este viernes en el centro de Ceuta cuando Maryam (nombre ficticio) caminaba con unas amigas nada más salir de trabajar. La mujer ceutí, musulmana, iba a cruzar la calle a la altura de la Gran Vía cuando un cartel luminoso llamó su atención. En él aparecía la imagen de Abdellah Mustafa, reconocido líder vecinal en una de las barriadas de la periferia ceutí, quien recientemente ha dado el paso de ser candidato independiente del Frente Amplio para el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La mujer dice que simplemente miró la pantalla, y eso bastó para que un hombre, desatado, empezase a gritar numerosos comentarios cargados de racismo contra ella y contra otra mujer con hijab que la empezó a defender. 

“Le vais a votar para seguir viviendo de nuestros impuestos. Promarroquí, eres una promarroquí”, le empezó a chillar en pleno centro de la ciudad a la joven que, desconcertada desde la otra acera, le respondía que ella era ceutí como él. También trató de decirle que no era “promarroquí”. Pero el hombre no dejaba de repetir ataques de corte racista contra la mujer, la única que llevaba hijab del grupo de amigas. “Trabaja, que cobras el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, le decía.

“Yo no defiendo a Marruecos y soy española. ¿Le enseño mi DNI? Me va a hacer enseñarle mi DNI?”, respondió Maryam, mientras sus amigas le afeaban sus comentarios, algunas con risa nerviosa ante el espectáculo generado por el señor en la vía pública. “Si cobra más que usted, señor”, le espetó una de sus amigas. El hombre señalaba la pantalla situada en la Gran Vía de Ceuta cada vez que aparecía el rostro del candidato del Frente Amplio, Abdella Mustafa, presidente de la asociación de vecinos de la barriada de Sidi Embarek. El joven, musulmán, gestionó un campamento improvisado para acoger a cientos de mujeres durante más de dos meses.

Cuando la imagen de Mustafa regresaba a la pantalla de publicidad, el agresor se enfadaba y aumentaba la intensidad de los ataques a Maryam. El líder vecinal, de 26 años, irá como independiente dentro de la coalición de Senado de Progreso de las formaciones de izquierdas, después de que el PSOE aceptase retirar a su candidato.

“Coge el carro [de la limpieza]”

elDiario.es presenció la agresión unos minutos después de su inicio y, ya avanzados los hechos, comenzó a grabar la escena. En el momento en que el agresor observó el móvil grabando, caminó hacia la periodista y comenzó a amenazarla con violencia, cruzando la calle, intentando agarrar el móvil y hasta encararse de manera agresiva a centímetros de la reportera que firma esta información. Varios vecinos ceutíes comenzaron a increparle para evitar una posible agresión física.

Cuando varios vecinos le separaron ante su actitud violenta, pidió que este medio le grabase. “¿Ya estás grabando? ¡Iros a la mierda!”, espetó el hombre, a lo que varias mujeres le respondieron. “¡Miserable!”, le dijo una de ellas. Tras ello, el hombre se acercó de nuevo con agresividad hacia otra ceutí musulmana que había intervenido para defender a la agredida. El señor señaló un carro de la limpieza que se encontraba cerca de ellas y le gritó: “Mira, coge el carro. Trabaja. Que estáis cobrando el Ingreso Mínimo Vital”, afirmó el hombre hacia las mujeres que llevaban pañuelo, relacionando de forma racista el hecho de que fueran musulmanas con el cobro de ayudas. 

“Caballero, yo no cobro el Ingreso Mínimo Vital. Yo acabo de salir de trabajar”, le decía Maryam, vecina de El Príncipe, que trabaja como odontóloga. “Ya le gustaría cobrar lo que ella cobra”, comentaba después una amiga. El agresor, acompañado por un vecino que trataba de tranquilizarlo, acabó cruzando de nuevo al otro lado de la calle Gran Vía y permitió a las mujeres continuar con su tarde.

“Yo no llegué ni a decir nada. Solo me quedé mirando el cartel, el de Abdellah, porque me llamó la atención. Y se puso loco”, comentaba la odontóloga mientras, arropada por sus amigas, se alejaba del lugar de los hechos tratando de volver a retomar lo que estaba haciendo cuando el hombre ceutí empezó a acosarla en plena calle. Mientras se alejaba un poco más para recuperar la calma antes de emprender la vuelta a su barrio, la mujer rompió a llorar. Sus acompañantes trataban de animarla mientras le caían las lágrimas después de varios minutos de tensión que la obligaron a gritar para defenderse en pleno centro de Ceuta.

“Acababa de salir de trabajar hace un rato y me dice que cobro el ingreso mínimo vital”, repetía la mujer, aún sin comprender lo sucedido. “No tienes por qué justificarte y explicar si trabajas o no. Es un racista”, le respondió una vecina de la barriada de Los Rosales, que la acompañó para consolarla. “Ahora, después de todo lo que ha pasado, se está quitando la máscara mucha gente en Ceuta. Y están sacando todo su racismo”, añadió. Su percepción es compartida por muchos ceutíes musulmanes con los que ha hablado elDiario.es.

Los ataques contra Adellah Mustafa

El paso adelante de Adellah Mustafa, cocinero de profesión, ha ilusionado a un sector progresista de la ciudad y a los ciudadanos musulmanes de la periferia, con la esperanza de robar un escaño en la Cámara Alta a la derecha ceutí, que suele arrasar en los comicios de la ciudad. Irá como independiente dentro de la coalición conjunta de Senado de Progreso de las formaciones de izquierdas, la primera vez que eso sucede en Cámara Alta y una colección de primeras veces también para él. Pero también ha enraizado en los ceutíes más conservadores, en un momento en que los episodios de racismo han aumentado en una ciudad donde hay un 50% de población musulmana, lo que también apunta a cada vez una mayor brecha social entre musulmanes y cristianos.

La decisión de Mustafa ha incrementado los ataques contra el líder vecinal en la ciudad, especialmente por parte de la extrema derecha. El portavoz local de Vox, Juan Sergio Redondo, tildó de “impresentable” al presidente de la asociación de vecinos de Sidi Embarek, acusándole de “promarroquí” por haber dado atención humanitaria a cientos de mujeres -incluidas embarazadas- y niños, cuando el Gobierno tardó más de dos meses en habilitar un campamento oficial para ellas. Su actuación voluntaria evitó que durmiesen y deambulasen en la calle durante semanas, con el consiguiente riesgo de abusos sexuales dada su extrema vulnerabilidad.

Por su parte, el candidato independiente defiende su gestión social y humanitaria, y destaca el peso que ha tenido la periferia de Ceuta en la respuesta a la crisis migratoria. Reconoce que ha sido duro y Ceuta no puede responder sola a la llegada de más de 70.000 personas, pero con un enfoque humanitario que huye del odio cada vez más presente en los discursos de las áreas más adineradas de la ciudad, como el centro, donde vive una mayor proporción de cristianos. Mustafa sostiene que su salto a la política busca frenar los discursos de la ultraderecha y dar voz a las barriadas y a los colectivos más abandonados institucionalmente en la ciudad autónoma.

El despliegue policial sorprendía hasta en Ceuta. El centro de la ciudad atardeció con varias calles cortadas por decenas de furgones de antidisturbios. Algunos vecinos, sorprendidos, preguntaban si debían preocuparse por algún suceso. Muchos se enteraron entonces: el agitador ultra Vito Quiles visitaba Ceuta. El dispositivo parecía anunciar una afluencia masiva, pero resultó ser un fiasco: apenas unas decenas de asistentes para un centenar de uniformados repartidos en un dispositivo de seguridad que en la práctica impedía el acceso a personas racializadas o de ideología de izquierdas ante la convocatoria de una contramanifestación antifascista. 

El acto no empezó a la hora marcada. Los organizadores retrasaron su inicio y, desde las puertas del Parador, miraban el exterior con la esperanza de la llegada de más seguidores del ultraderechista, pero esto es Ceuta y la visita no cuajó. El agitador aguardó en el interior del hotel durante más de media hora a la espera de una masa de personas que nunca apareció. Quiles acabó saliendo del hotel, micrófono en mano, pero su discursó no superó los 10 minutos. Tras su breve intervención, dio la palabra al influencer Juan Ruiz, un joven ceutí conocido por sus vídeos de corte xenófobo en los asentamientos de migrantes de la ciudad durante la crisis migratoria, que ha sido apoyado por distintos grupos ultras como Revuelta.  

El agitador deslizó que el dispositivo policial, que controlaba la entrada de personas por todos los accesos de la Plaza de África, estaba detrás de la baja asistencia a su acto. Sin embargo, el operativo restringía el acceso a la zona de quienes “parecían” estar en contra de las ideas de Quiles, ante la difusión de una convocatoria de una concentración antifascista en contra de la presencia del ultra en Ceuta. 

En la práctica, se tradujo en el bloqueo a la entrada de personas que parecían racializadas o de ascendencia árabe, que generó críticas, pero no entre los escasos seguidores del agitador, quienes sí lograron acercarse. El filtro para decidir permitir el acceso era la presencia de símbolos considerados de ideología de izquierda o la “estética”. Pero esa “estética” también negó la entrada a personas musulmanas, como han denunciado varias vecinas ceutíes. 

“Tengo unas amigas musulmanas que intentaron ir porque no querían que viniese a vomitar su odio a Ceuta y no las dejaron pasar. No dejaban pasar a todo el que parecía moro”, ha dicho una joven ceutí a elDiario.es. “Todas estas personas que son racializadas y musulmanas les ha impedido la Policía pasar”, ha denunciado la activista Hanan Alcalde en un vídeo publicado en su Instagram. “Tienes que ser blanco y cristiano”, ha añadido la influencer, que ha incluido el testimonio de una mujer musulmana que aseguraba no haber podido acceder a la plaza. “No entiendo por qué en otras ciudades se permite el derecho de poder expresarse la ciudadanía y a nosotros no. El centro también es nuestra ciudad, es Ceuta”, se ha quejado esta señora. 

En la convocatoria de su acto Quiles decía “defender España y a los ceutíes”. En una ciudad con la mitad de la población musulmana, la visita del ultra, cuyo discurso suele atacar a quienes profesan esa religión o quienes cuentan con ascendencia magrebí, no suele generar un rechazo evidente. En agosto, el agitador fue expulsado por vecinos ceutíes de una de las manifestaciones celebradas en la ciudad tras la crisis migratoria. El influencer los llamó “radicales islamistas”. 

Ante las críticas que recibe por parte de la población ceutí, en los diez minutos de acto, Quiles ha defendido no tener “ningún problema con ninguna religión” sino que solo iba en contra de “los invasores”. “No tenemos ningún problema con los ceutíes, con la gente de Ceuta, sea cristiano, musulmán, católico, de otra religión, rece como rece”, ha afirmado. 

Sin embargo, unas horas después, el ultra subió un extraño vídeo en una lancha, con una litrona en la mano, en el que decía escapar de los “marroquíes de Ceuta” a los que acusó de organizarse para supuestamente querer atacarle en el ferry, lo que le habría empujado a cruzar el estrecho en lancha privada, algo que no coincide con ninguna información oficial ni con el ambiente de la ciudad tras la finalización de su breve discurso. Aunque unas decenas de personas intentaron mostrar su rechazo a la presencia del agitador y no lo lograron, la ciudad retomó la tranquilidad tras el fracaso del evento y no se produjeron disturbios.

Carmen esperó en los alrededores del acto hasta el final. Su estética despistaba, y eso era precisamente lo que buscaba. Gabardina beige, camisa de rayas, bandera ceutí y española a su espalda. “Me he vestido así para poder entrar”, decía entre risas. Su honestidad con sus valores, sin embargo, impidió engañar a los agentes que decidían quién entraba y quién no. “Me han preguntado por mi ideología, no sé por qué tengo que responder a esa pregunta. Pero me preguntaron si apoyaba a Vito Quiles y he dicho la verdad, no podía decir que sí, así que no me han dejado pasar”, decía la joven, vecina del centro de la ciudad autónoma. También portaba un cartel que pedía que ningún agitador sembrase el odio en su localidad y solicitaba la convivencia frente al racismo. “Me han dicho que esta pancarta ataca, ¿dónde lo ven?”, se preguntaba la integradora social.

“Yo soy ceutí y defiendo Ceuta, pero no con los lemas o las palabras que generan odio y rompen la convivencia”, concluye la joven ceutí. Cuando los agentes levantaron el cordón de seguridad, se sorprendió: “¿Ya ha acabado? ¿Solo eran esos?”, reaccionó ante la rapidez del acto que no fue tal y sobre el número de asistentes. Para quitarse la espina, quiso volver a entrar en la plaza pública a la que no le habían permitido el acceso. Aún más vacía, pero con un pequeño grupo de seguidores de Quiles presente, intentó dejar a la vista el cartel que algunos miraban de reojo como si incluyese un mensaje radical: retomar la convivencia y rechazar el odio en Ceuta.

La petición de España ha tenido efecto. La Comisión Europea mantiene a España entre los estados miembros “bajo presión migratoria” debido a “la situación migratoria general y, en particular, el incidente ocurrido en Ceuta”. Nuestro país se mantiene en el grupo de países, junto a Grecia, Italia y Chipre, que podrán acceder a la reserva de solidaridad, aunque Bruselas advierte de que “siempre que sigan aplicando las normas de responsabilidad”. Hubo dudas de que España estuviera en este grupo pese a la crisis migratoria de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, ha presentado este viernes el informe sobre el segundo ciclo anual de gestión de la migración en el que se refleja “una reducción sustancial de la inmigración irregular, una mayor cooperación entre los Estados miembros y unas asociaciones eficaces con terceros países”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mandó una carta al comisario europeo de Migraciones en la que le planteaba su “preocupación” ante la posibilidad de que España no fuese considerada dentro del grupo de “Estados sujetos a presión migratoria” con lo que no serían “beneficiarios de la solidaridad”.

En la anterior evaluación, en noviembre de 2025, España junto a Italia, Grecia y Chipre fueron considerados “bajo gran presión migratoria”, lo que permite activar el mecanismo para reubicar a los migrantes en otros estados de la UE o recibir mayores contribuciones financieras para políticas migratorias, según se recoge en el Pacto de Migración y Asilo. “Todos hemos sido testigos y hemos constatado la gravedad de lo ocurrido en Ceuta, de la presión migratoria extraordinaria sufrida por España”, argumentó el ministro en su carta.

Aunque Brunner ha admitido que el informe de Migraciones se refiere al periodo entre julio de 2025 y junio de 2026, con lo que la crisis migratoria de Ceuta no estaría en el tiempo analizado, pero que “España es, por supuesto, uno de los cuatro Estados miembros que se encuentran bajo presión migratoria, y ya lo estuvo el año pasado”

“Para que se hagan una idea, este año España ha concentrado alrededor del 20% de todos los cruces irregulares de las fronteras de la Unión Europea. Además, ha sido el tercer Estado miembro en número de llegadas tras operaciones de búsqueda y rescate en el mar, especialmente en las islas Canarias, pero también en Baleares. Y sí, también en Ceuta. La situación en Ceuta se ha tenido en cuenta en nuestra evaluación”, ha comentado Brunner.

Aviso de responsabilidad

Pero el comisario ha mandado un mensaje de advertencia ante la necesidad de responsabilidad de los países bajo presión migratoria que se puede leer como un aviso a España por las políticas que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, especialmente la última regularización masiva de inmigrantes, que ha provocado la oposición de varios países de la UE como Dinamarca, Italia o Polonia.

“Los Estados miembros que se enfrentan a una situación de presión migratoria significativa pueden contar siempre con la solidaridad y el apoyo de los demás. Corresponde a los Estados miembros que contribuyen decidir cómo quieren hacerlo, ya sea mediante aportaciones financieras, otro tipo de contribuciones, compensaciones de responsabilidad o reubicaciones. Al mismo tiempo, para beneficiarse de esa solidaridad, los Estados miembros deben cumplir siempre con sus responsabilidades. Y ese es precisamente el principio fundamental del Pacto: responsabilidad y solidaridad deben ir siempre de la mano”, ha señalado Brunner.

Llamada de atención a Italia

Sin embargo, ha sido Italia, uno de los estados más críticos con la política migratoria con España, la que se ha llevado una llamada de atención, ya que “aunque Italia ha avanzado en la aplicación de las normas de responsabilidad, todavía debe progresar más, una cuestión que será objeto de un estrecho seguimiento”.

En líneas generales, Brunner ha destacado que la situación migratoria en la UE “ha seguido mejorando de manera significativa”. Entre los datos que ha desgranado están que los cruces irregulares de las fronteras se han reducido a más de la mitad en los últimos dos años, con un nuevo descenso de más de un tercio durante el primer semestre de este año. También han disminuido considerablemente los movimientos no autorizados (-22% en 2025) y las solicitudes de asilo (-19% en 2025), mientras que la tasa de retorno en el conjunto de la UE ha aumentado hasta superar el 30%.

Las agresiones de militares a personas migrantes que duermen en las calles de Ceuta no cesaron tras las denuncias publicadas por elDiario.es ni Amnistía Internacional. Tampoco el Gobierno ha rendido cuentas sobre los avances de las supuestas actuaciones para acabar con estas prácticas, pese a que el Ministerio de Defensa anunció la apertura de una investigación hace más de un mes. Tras una nueva visita al terreno, la ONG ha documentado 18 nuevos episodios de palizas y malos tratos perpetrados supuestamente por soldados en servicio en la ciudad autónoma después de que el Gobierno anunciara la apertura de una investigación.

Este medio también ha recogido testimonios de nuevas agresiones a manos de los soldados durante el mes posterior de la revelación de las primeras denuncias por parte de elDiario.es. Sin embargo, varias fuentes apuntan a una posible reducción de este tipo de abusos por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas durante la última semana, debido a la disminución de la presencia militar en las calles ceutíes, sustituida por un mayor rol en las redadas migratorias por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que sí cuentan con funciones de seguridad ciudadana a diferencia de los militares, que solo cuentan con capacidad legal para realizar labores de vigilancia.

Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional relatan agresiones con porras, puñetazos, patadas y descargas eléctricas mientras dormían en la vía pública. El nuevo informe, apoyado en testimonios, documentación gráfica y audiovisual y partes médicos, sigue describiendo “un patrón de violencia” que se produce principalmente durante la noche. Según los relatos recogidos, los militares despiertan a las personas migrantes “a golpes” en los lugares donde duermen, en ocasiones cuando se encuentran indefensas y sin posibilidad de huir. Las lesiones documentadas incluyen “fracturas en extremidades y órbitas oculares, contusiones, hematomas, heridas erosivas y brechas en la cabeza compatibles con golpes de porra”.

La organización denuncia que la persistencia de estas agresiones evidencia que el anuncio de Defensa no ha servido para detener los abusos. “Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, era de esperar que cesaran los malos tratos, pero no ha sido así: son persistentes”, advierte Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. La entidad considera que los hechos reflejan “la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando”.

También recuerda la gravedad del contenido de los audios revelados por elDiario.es, en los que varios militares comentaban entre risas algunas de las palizas perpetradas contra los migrantes en Ceuta. Este medio no ha recibido ninguna comunicación por parte del juzgado ni la Fiscalía de Ceuta para entregar los audios originales.

Amnistía Internacional afirma que, tras dirigirse a la Fiscalía de Ceuta y al Ministerio de Defensa, “no tiene constancia de militares concretos investigados por torturas y malos tratos, ni tampoco de que hayan sido apartados del servicio ni de que se haya dado la debida protección contra represalias a víctimas o testigos de violaciones de derechos humanos”. La violencia por parte de militares ha continuado según la investigación de la ONG, que coincide con la información recabada por elDiario.es, pero entre los abusos documentados antes al 30 de septiembre se encontraban los casos más graves. La organización “lamenta desconocer la respuesta de las autoridades hasta el momento ante un crimen de derecho internacional como la tortura” y añade que “de haberse dado, no ha impedido la comisión de nuevos actos de violencia contra personas migrantes en Ceuta”.

La organización destaca que algunos de los migrantes entrevistados han reconocido a los militares que presuntamente les agredieron en ocasiones anteriores. Según sus testimonios, los mismos efectivos continuarían en sus puestos y habrían llegado a amenazarles para evitar que denuncien lo sucedido. “Hemos hablado con personas migrantes que no logran dormir en toda la noche por miedo a que los militares les despierten a porrazos, puñetazos y patadas”, explica Beltrán.

Uno de los episodios más recientes documentados por Amnistía Internacional ocurrió sobre las tres de la madrugada del 24 de octubre. R., padre de tres hijos, dormía en la carretera de Sidi Embarek cuando, según su relato, un militar le aplicó varias descargas con un dispositivo taser directamente en el pecho. Aturdido por la descarga, intentó levantarse para escapar, pero tropezó con las mantas y cayó de bruces. “Me mareé, vomité y me desvanecí, pero nadie me llevó al hospital”, contó a la organización. Cuando recuperó el conocimiento se marchó andando y decidió no contar lo sucedido a su familia por miedo a preocuparla.

También en octubre, el tunecino M., de 40 años, asegura que fue golpeado mientras dormía en la playa Benítez junto a otros tres jóvenes marroquíes. Según explicó, cuatro soldados le propinaron puñetazos en la cara hasta provocarle un hematoma que le impidió ver por uno de los ojos durante dos semanas. El hombre afirmó que no era la primera vez que sufría abusos. En un episodio anterior, relató, un soldado rajó su tienda de campaña y le sustrajeron el teléfono móvil, la documentación, 50 euros y otras pertenencias.

Otro de los testimonios recogidos corresponde a H., de 27 años, que asegura que el 5 de octubre un grupo de entre seis y ocho militares le condujo a un callejón sin salida en los alrededores de un supermercado Mercadona. Allí, cuando comprobaron que nadie les observaba, comenzaron a golpearle con porras, patadas y puñetazos y le rociaron con espray pimienta en los ojos y la cara. Recibió parte de los golpes cuando ya estaba en el suelo, según recoge la organización. Tras la agresión fue atendido por miembros de una ONG y trasladado al hospital. “Desde entonces siento temor y procuro no estar cerca de ellos”, relata.

Menores migrantes, también entre las víctimas

La investigación presta especial atención a la situación de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en las calles de Ceuta. Amnistía Internacional estima que todavía hay al menos 500 menores durmiendo a la intemperie, más de tres meses después de la entrada masiva de personas desde Marruecos. La cifra convive con los 3.626 menores que, según datos del Gobierno de la ciudad recogidos por la organización, ya han sido registrados y sacados de las calles.

Los menores entrevistados relatan golpes mientras dormían, amenazas, humillaciones y la destrucción o sustracción de sus teléfonos y documentación. Uno de los casos es el de Z., de 17 años, que asegura haber sido agredido en dos ocasiones, los días 18 y 23 de octubre. Durante el primer episodio, mientras dormía entre coches en la zona de Los Rosales. “Varios militares aparecieron por detrás y le golpearon en la cabeza con una porra”, indica la ONG. Consiguió escapar, pero acabó cubierto de sangre y tuvo que acudir al hospital, donde recibió diez puntos de sutura, según recoge su parte médico.

Cinco días después, según su testimonio, volvió a ser golpeado con una porra, esta vez en las piernas, mientras trataba de huir. M., de 15 años, también denuncia haber sufrido agresiones. Cuenta que a comienzos de septiembre un militar le dio un rodillazo en la boca y trató de romperle una pierna golpeándola en sentido contrario al movimiento de la articulación. También asegura que le rompieron el teléfono móvil, el único medio que tiene para comunicarse con su madre. “Cuando les pregunté por qué me lo rompían dijeron que me callara o me rompían a mí también”, relata.

Cuatro episodios “de especial gravedad”

Además de las nuevas agresiones, Amnistía Internacional ha documentado otros diez casos de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes anteriores al 30 de septiembre, fecha en la que publicó su primera investigación sobre la violencia contra personas migrantes en Ceuta. Cuatro de estos episodios son considerados “especialmente graves” por la organización y siguen un patrón similar: la detención de las víctimas, su traslado en vehículos militares a lugares apartados, la inmovilización de sus manos con bridas y posteriores agresiones físicas y humillaciones. Este patrón también ha sido documentado por elDiario.es: entre ellos destaca el caso de Mohamed, uno de los que ha sido denunciado ante la Policía Nacional.

Uno de los casos es el de A., que fue trasladado junto a otro migrante a una zona boscosa. Ambos denuncian haber sido amordazados, maniatados y transportados en el maletero de un vehículo militar. Una vez allí, los ataron a un árbol y, según su testimonio, les propinaron una paliza con porras y puñetazos. Cuando los soltaron, dicen, todavía llevaban las bridas en los brazos. La entidad también ha recogido testimonios sobre posibles malos tratos por parte de miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que considera que deben ser investigados.

En el pasillo exterior que hay a la entrada del Centro San Antonio, donde la Fundación Cardjn aloja a personas migrantes en Ceuta, pasan la tarde sentados Mouhamed y Mounder Maboute. El primero, padre del segundo, le hace carantoñas, le coge su pequeña mano agarrotada. Mounder, con una severa parálisis cerebral, sonríe. Lo vuelve a hacer cuando una chica trans también alojada en el espacio que gestiona la Fundación pasa a su lado y contonea el pelo. El niño solo tiene tres años y ya es hermano mayor de una bebé, Laian, que nació en Ceuta hace apenas unas semanas con graves complicaciones en los riñones y también problemas óseos en las caderas, por lo que permanece postrada en el aula de informática del centro de acogida donde la familia espera una respuesta a su solicitud de asilo y un lugar donde vivir en mejores condiciones.

Con ayuda de una joven que habla inglés y árabe, Mouhamed Maboute atiende a elDiario.es. Al rato se incorpora a la charla su esposa, Fatna El Bidi, jovencísima madre de tan solo 21 años que llega de ser atendida en el Hospital Universitario de la localidad.

Naturales de Larache, acudían con el pequeño Mounder a un médico en la ciudad marroquí de Mequínez. La gravedad de los problemas del niño les llevaron a tomar una decisión drástica. Debían cruzar a Ceuta: “Antes no nos lo habíamos planteado. Estábamos yendo al médico con el niño y seguíamos su tratamiento, pero llegó un momento en que en Marruecos ”se había acabado su medicación“ y él necesita tomarla todos los días. ”La única opción que nos quedaba era venir a España, solo así podría salvarlo. Si no, iba a morir“, cuenta con crudeza Mouhamed.

En su caso, que entraran el día 30 de julio —cuando a Ceuta llegaron decenas de miles de personas desde Marruecos— fue mera coincidencia y necesidad. La operación no era sencilla, Fatna estaba embarazada y Mounder no puede caminar, mucho menos nadar. Ella se lanzó al mar, detrás fue él, con el pequeño en brazos “envuelto en un plástico”. Tuvo que llevarlo por el agua sobre su cabeza, sorteando el espigón del Tarajal: “Confiamos en dios y no nos quedaba otra alternativa. Llegábamos vivos o moríamos en el intento”, insisten.

Agradecen además que la Guardia Civil les socorriese cuando estaban cerca de tocar tierra. “Nos ayudaron. Cuando abrieron el plástico y vieron el estado del pequeño, se quedaron sorprendidos”, recuerdan. A Mounder se lo llevaron al hospital y sus padres deambularon por el centro de la localidad. Ya con el niño de regreso junto a ellos tuvieron que dormir en la calle, comiendo de lo que les daba la gente, y cuando les sacaron de la zona más céntrica, acudieron a “un espacio boscoso”. Pronto se corrió la voz de que había un campamento para mujeres en Sidi Embarek, organizado por los propios vecinos.

Allí estuvieron durante tres días, recibiendo ropa y alimento de donaciones, hasta que finalmente, a través de Cáritas, fueron llevados al espacio de San Antonio, donde usan como dormitorio el aula de informática. La gestora del espacio, Nayat Abdeselam, alerta de la situación de colapso de un centro que normalmente tiene 16 plazas y que ahora mismo acoge a más de 50 personas y ha llegado a superar el centenar en los últimos meses.

“Hemos tenido que dejar de dar los cursos de formación que hacíamos y usar las aulas como habitaciones”, detalla. El perfil de los usuarios ha ido evolucionando desde el pasado 30 de julio hasta esta misma semana, cuando se cumplen tres meses del aluvión de entradas a la localidad. “En un principio hemos ido atendiendo a quien iba apareciendo, sobre todo jóvenes, algunos menores de edad y otros mayores, entre 14 y 30 años”. De ese primer perfil, la asistencia pasó a centrarse poco a poco en personas especialmente vulnerables: “Comenzaron a llegar personas del colectivo LGTBI a través de Andalucía y Ceuta Acoge. Poco a poco se ha ido corriendo la voz y han llegado más. Vieron que había mucha necesidad porque esta gente estaba sufriendo acoso y agresiones en la calle”, agrega la responsable del centro.

Ella pone el acento en los casos vulnerables. Uno de los más extremos es el de la familia de Mouhamed y Fatna, que ya llevan en San Antonio más de dos meses. Allí pueden contar con un espacio donde estar junto al pequeño Mounder que, además, dispone de su medicación diariamente. Justo el motivo que llevo a la familia a arriesgarlo todo para cruzar a España.

Sin embargo, al dar a luz de nuevo Fatna —hace apenas unas semanas—, surgió un nuevo inconveniente. “Cuando nació, nos dijeron que la bebé tenía un problema en el riñón y otro en las caderas. La llevaron a Cádiz para hacerle otras pruebas y después volvió aquí”, explica su padre. La niña, desde entonces, no ha podido salir del aula de informática, dado su precario estado de salud.

A pesar de las pruebas que le hicieron a la recién nacida en la localidad gaditana, no surgieron soluciones a sus problemas de salud: “Tras unos días, les dijeron que no podían hacer más por ellas y que tenían que acudir a una asociación para que las ayudara a regresar a Ceuta”, abunda Mouhamed.

Sin una solución habitacional en la que puedan vivir solos y atender a los pequeños, justo lo que reclama para ellos la representante de Cardjn, Nayat Abdeselam, ambos pasan los días en San Antonio cuidando a los bebés mientras esperan a que la petición de asilo salga resuelta de forma favorable. “Durante la entrevista nos dijeron que teníamos muchas posibilidades por nuestra situación, por lo que le ocurre a mi hijo. Nos daban un 95% de opciones”, celebran, asumiendo que el futuro vital de sus hijos solo pasa por permanecer en España y que reciban atención médica adecuada.

La esperanza aparece también en la conversación con Adeselam. Ella cuenta que los usuarios tienen “miedo a ser devueltos sin procedimiento”, algo que está sucediendo, según denuncian diversas ONG. Por el momento, en el caso de las personas del colectivo LGTBI, “los asilos están saliendo favorables”, confirma la mujer, que cifra en seis los expedientes ya resueltos. Ellos mismos, desde San Antonio, han llevado a las personas migrantes al Centro de Atención Temporal (CATE) a que sean filiadas e inicien los trámites. En el caso de los menores, los han ido trasladando a espacios de la Ciudad Autónoma, responsable de su tutela, “según han ido abriendo emplazamientos”.

Los ánimos, entre los más jóvenes, permanecen altos. “Esperan ansiosos a entrar a un centro, saben que al final del túnel hay luz”. Sin embargo, las cosas están más difíciles para los adultos. “Hemos tenido algunos que se han ido voluntariamente a Marruecos porque sabían que no tenían opciones”, resume Adbeselam, que ha llevado a una abogada al centro para que explique todos los pormenores a las personas migrantes que, como la familia de Mouhamed y Fatna, aguardan entre enormes dificultades a que se presente ante ellos un futuro más prometedor.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mandado una carta al comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que le plantea su “preocupación” ante la posibilidad de que España no sea considerada por la Comisión Europea dentro del grupo de “Estados sujetos a presión migratoria” con lo que no serían “beneficiarios de la solidaridad”. En la anterior evaluación, en noviembre de 2025, España junto a Italia, Grecia y Chipre fueron considerados “bajo gran presión migratoria”, lo que permite activar el mecanismo para reubicar a los migrantes en otros estados de la UE o recibir mayores contribuciones financieras para políticas migratorias, según se recoge en el Pacto de Migración y Asilo. “Todos hemos sido testigos y hemos constatado la gravedad de lo ocurrido en Ceuta, de la presión migratoria extraordinaria sufrida por España”, argumenta el ministro en su carta.

Marlaska apunta a que esta decisión de la Comisión Europea sería “doblemente errónea”, ya que “penaliza los esfuerzos realizados por España, en cooperación con los socios africanos, en materia de prevención de la migración irregular, que se reflejan en un descenso de las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) durante el periodo de referencia” y, por otro lado, “no tiene debidamente cuenta la dimensión cualitativa de los graves sucesos acontecidos en Ceuta los días 30 y 31 de julio de este año”, cuando 80.000 personas cruzaron la frontera entre Marruecos y España en una de las mayores crisis migratoria.

El Gobierno de España mantiene su “profunda discrepancia” por la posición de la Comisión ya que, “de no ser considerado en situación de presión migratoria, España sería el único país que cambiaría de categoría en este ciclo, quedando excluido de la solidaridad, en un año en el que han acontecido sucesos tan graves como los de Ceuta. En este contexto, es importante destacar que aún no se han materializado las contribuciones financieras en beneficio de España, correspondientes a la solidaridad del año 2026”.

Además de recordar la crisis migratoria del pasado verano, el ministro también hace alusión como “prueba de ese carácter estructural de la presión migratoria que afecta a las rutas de inmigración irregular hacia España, las 2.500 llegadas irregulares a Canarias registradas en las dos últimas semanas, que representan un 22% de las que se han producido a las islas en 2026 (11.470)”.

Marlaska puntualiza que si el próximo informe no tiene en cuenta “la excepcionalidad de la situación de Ceuta, y que, en consecuencia, no conlleve aparejada la decisión de considerar a España en situación de presión migratoria, no cumpliría con su función de ser una herramienta útil y eficaz para la gestión de la migración en la Unión”.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el pasado marzo que la Comisión Europea había aprobado la quinta modificación presupuestaria para España del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para el periodo 2021-2027. La Comisión aprobó un presupuesto extra de 244 millones para España, alcanzando un acumulado de 812 millones desde el inicio del programa. A esta cantidad se suman además los 82 millones de euros que España ha recibido en este periodo a través del mecanismo temático del Fondo FAMI, dedicado a prioridades estratégicas y necesidades urgentes.

Además de estas cantidades, España recibió 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia para contribuir a gestionar la situación en Ceuta, tras las entradas ilegales masivas por la frontera del 30 y 31 de julio. De hecho, Marlaska alega esta ayuda como prueba de la presión migratoria a la que se enfrenta España. “Negar que España se encontró bajo presión migratoria es negar una evidencia. Pone en cuestión todas las reacciones por porte de la UE y de los Estados miembros durante estos meses, así como las medidas anunciadas por la Comisión Europea, como consecuencia de dichos incidentes”, subraya el ministro.

A juicio del ministro del Interior, la decisión de la Comisión provocaría “un dilema” sobre “cómo evitar que Estados miembros que consiguen, de un año a otro, mejorar sus cifras en la lucha contra la Inmigración irregular, vean cómo esos logros se traducen en que no se tenga en cuenta el efecto acumulado y estructural de la presión migratoria que afrontan”.

“Comprensión de la situación migratoria alejada de la realidad”

“Después de años de esfuerzo y de largas negociaciones por alcanzar un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, no podemos permitirnos que la credibilidad del Pacto se vea comprometido por una comprensión de la situación migratoria alejada de la realidad y de los desafíos a los que nos enfrentamos, hoy y ahora, los Estados miembros”, insiste el ministro en su carta al comisario de Migraciones.

La regularización de inmigrantes irregulares que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez más la crisis de Ceuta ha colocado a España como un país incómodo para un grupo de Estados miembros de la UE cuyos Ejecutivos han abrazado las políticas más duras contra la inmigración. En el último Consejo Europeo, España, con el respaldo de Portugal, Luxemburgo y Francia, logró bloquear el intento de Dinamarca, Polonia e Italia para que se incluyera en la resolución del Consejo que se eviten medidas que puedan producir un efecto llamada, en clara alusión al proceso de regularización que llevó a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, y que la Comisión Europea tenga más capacidad de coordinar las políticas migratorias que pongan en marcha los miembros de la UE.

El Gobierno laborista confirmó este lunes que endurecerá los requisitos para obtener de residencia permanente para los trabajadores extranjeros que están legalmente en el Reino Unido. Las reglas, más suaves que la propuesta inicial de hace un año, se aplicarán de manera retroactiva también a quienes lleven años legalmente en el país y que ahora tendrán que esperar una década y cumplir más obligaciones para obtener un permiso de residencia indefinido. 

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunció como concesión que miles de empleados en el sector sanitario podrán conservar su estatus actual, con más facilidades para obtener el permiso, y redujo de 15 a 10 los años de espera respecto a su primer plan presentado el año pasado. Las reglas para los ciudadanos de la UE no cambiarán en cumplimiento del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión.

En los últimos cinco años, el Ministerio del Interior ha aprobado visados para 200.000 trabajadores sanitarios y especializados en cuidados, la mayoría durante los gobiernos conservadores. Ahora tienen que esperar cinco años para ser residentes permanentes y pueden llevar a sus familiares directos al Reino Unido. 

Mahmood presentó sus planes más duros el año pasado como ministra del anterior Gobierno laborista, del primer ministro Keir Starmer. Después de una consulta pública que ha recogido también las críticas de sindicatos, empresarios y organizaciones antirracistas, Mahmood ha suavizado sus planes, pero sigue añadiendo requisitos al permiso de residencia permanente.

“La residencia no tiene que ser automática, hay que ganársela”, dijo Mahmood este lunes en el Parlamento.

Así se establecen nuevos criterios más allá del tiempo transcurrido en el país, como hablar inglés “en un estándar alto”, haber cotizado durante al menos tres años, trabajar en sanidad o educación o, en algunos casos, cobrar más de 50.000 libras al año (59.000 euros). Quienes más cobran, por encima de las 125.000 libras (149.000 euros), podrán, en cambio, obtener la residencia permanente en solo tres años. El estándar para la mayoría será de 10 años en lugar de cinco.

Estos cambios se aplicarán a quienes no hubieran empezado el papeleo para solicitar la residencia permanente antes de mayo de 2025, cuando se publicaron las primeras propuestas. El Gobierno asegura a la BBC que, según el plan inicial de hace un año, casi 800.000 personas habrían tenido que esperar más para su permiso de residencia. Ahora serán unas 517.000 por las excepciones sobre todo para los trabajadores sanitarios.

Quienes lleguen como refugiados al Reino Unido tendrán que esperar 20 años para pedir el permiso de residencia permanente salvo circunstancias especiales. Quienes hayan entrado sin documentación y hayan logrado regularizar después su situación para quedarse en el país, tendrán que esperar 30.

La residencia permanente ofrece la posibilidad de vivir, estudiar y trabajar sin las restricciones habituales de un visado, y también facilita el acceso a la educación gratuita, prestaciones de desempleo y ayudas sociales, como la vivienda pública. Según la ministra, se trata de reformar el sistema para que sea “justo”.

Críticas a Mahmood

Algunos de los actuales miembros del Gobierno han criticado los planes de Mahmood en los últimos meses. La ministra de Energía, Miatta Fahnbulleh, dijo este septiembre que los planes de Interior habrían sido “difíciles” para su propia familia. Sus padres huyeron de Liberia al Reino Unido en los años 80. Los progenitores de la ministra Mahmood también son migrantes, en su caso de Pakistán.  

Sectores clave para el país como la sanidad, los cuidados y transporte siguen adoleciendo de falta de trabajadores, agudizada desde la salida del Reino Unido de la UE en 2020. Entretanto, el Servicio Público de Salud ha reclutado a trabajadores de fuera de Europa, pero siguen siendo insuficientes.

Mientras tanto, la migración neta, la diferencia entre las personas que llegan al país y las que se van, sigue cayendo. Los datos oficiales indican que fueron unas 171.000 personas en 2025, cerca de la mitad que el año anterior. El número de solicitantes de asilo fue de unas 93.000 personas entre marzo de 2025 y marzo de 2026, un 12% menos que en el mismo periodo del año anterior, pero el doble que antes de 2020.

Según las estimaciones del Instituto de Investigación de Políticas Públicas, un centro de estudios y organización sin ánimo de lucro de inclinación progresista, la contribución fiscal neta de los trabajadores migrantes en el Reino Unido que se espera obtengan el permiso de residencia permanente con sus familiares de aquí a 2030 ronda los 137.000 millones de euros.

“Huecos en la economía”

El primer ministro, Andy Burnham, dice ahora que hay que considerar que la migración legal compensa “huecos en la economía” por la falta de trabajadores. 

El laborista defiende ahora reabrir el debate de la libre circulación de personas con la Unión Europea que, cree, servía mejor a su país cuando los europeos entraban sin barreras y se quedaban menos tiempo para trabajar de camareros o transportistas, en algunos casos mientras aprendían inglés. “La migración y la migración ilegal han cambiado mucho con el Brexit y tenemos que ser sinceros sobre esto”, dijo. 

La versión más suave de las propuestas iniciales del Gobierno no ha aplacado las críticas de ningún lado. El Partido Conservador, que se ha ido más a la derecha por la influencia de Reform, el partido de ultraderecha, acusó a Mahmood de rendirse a la izquierda de su partido. Pero los críticos de estas políticas restrictivas con los trabajadores que han entrado al país de manera legal siguiendo todos los requisitos también atacaron el nuevo plan.

“Ahora van a aplicar una versión de la política que ya no tiene ningún sentido ni económico ni político porque creo que se han dado cuenta de que intentar copiar a Reform es una estrategia perdedora”, dice Jonathan Portes, economista experto en inmigración del King’s College de Londres.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el Gobierno trabaja para que las plazas temporales habilitadas tras la crisis migratoria en Ceuta se vayan desmontando, algo que esperan “tan pronto como sea posible”. Durante su intervención este lunes en Barcelona en el foro World in Progress (WIP) de Prisa, Saiz ha afirmado que desmontar estas plazas extraordinarias “será una señal muy importante” de que vuelve la normalidad en Ceuta meses después de la entrada masiva de migrantes.

Saiz ha reivindicado que, tras la crisis, se pasó de 500 plazas de acogida temporal a las más de 7.500 actuales, que se irán desmontando porque gran parte de los expedientes de retorno ya no deben concluirse, porque muchos de ellos ya han vuelto a Marruecos.

“Hay una importante cifra de retornos a Marruecos de en torno a 13.000 personas. Esos son expedientes que ya no tienen que concluirse porque se han producido esos retornos”, y ha destacado la colaboración con las entidades sociales que han gestionado estos centros de acogida.

La portavoz del Ejecutivo ha defendido la respuesta del Gobierno en Ceuta ante los que querían una respuesta desde el odio: “El gobierno de España, la respuesta que ha dado desde el primer momento, la ha dado desde algo tan elemental como la legalidad, por supuesto, pero también la humanidad”

Cuando el pasado 18 de octubre Mohammed (nombre ficticio) subió al autobús después del desalojo de las naves del Tarajal, pensó que podría acceder a un centro de menores. Sin embargo, el chico de 17 años terminó de nuevo en la calle, esta vez sin su tienda de campaña ni las mantas con las que se protegía del frío. Diez días después ha conseguido entrar en un recurso de acogida. No todos los menores desalojados han tenido la misma suerte. 

Vivía en las naves del Tarajal desde finales de septiembre. Fue uno de los jóvenes que se trasladaron a este punto de Ceuta tras el desalojo de la playa de Benítez y en búsqueda de un lugar más seguro. Aunque entró a Ceuta el pasado 30 de julio acompañado de otros amigos de su misma edad, todos han vuelto a Marruecos. “La vida es cada vez más difícil”, contaba a este medio la semana pasada.

“Pensábamos que nos iban a registrar en la comisaría para entrar en el centro de menores. A algunos sí que los han registrado, a otros no”, explicaba. Mohammed dejó allí su tienda de campaña, las mantas que le refugiaban del frío y la ropa de abrigo. Tras el operativo de la Policía Nacional y de limpieza, se quedó sin esas pertenencias. Varios días después de aquel desalojo, lo único que lo cobijaba de la lluvia, el frío y el viento era una sudadera negra con capucha que no se quitaba ni siquiera cuando había algunos rayos de sol. 

Mohammed llevaba cuatro noches durmiendo en los alrededores de la Jefatura de Policía, en la Dirección General de la Policía en Ceuta. Primero, en la acera de enfrente del lugar donde, durante las últimas semanas, se ha filiado a muchos de los menores que actualmente se encuentran en recursos de acogida. La noche siguiente, algo más abajo, y, la tercera noche, en la propia playa de la Ribera. A todos estos días de incertidumbre los han acompañado las lluvias y el frío. “El primer día me mojé la ropa y ha tardado mucho en secar. Por las noches hace mucho viento y frío. Cada vez es más difícil dormir”, insistía. 

El 20 de octubre, Mohammed y el resto de los menores que pernoctaban en las puertas de uno de los comercios del centro de Ceuta fueron obligados a abandonar el lugar. Agentes de la Policía Nacional los trasladaron inicialmente a una calle cercana, pero las quejas de varios vecinos provocaron nuevos enfrentamientos y un segundo desalojo hacia un espacio más alejado de la comisaría. Durante este último desplazamiento se produjeron varias cargas policiales. Mohammed fue uno de los afectados.

“No tenemos donde dormir, nos pegan”

Ese mismo día acudió al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Ceuta acompañado por un profesional de Médicos del Mundo. Según recoge el informe médico al que ha tenido acceso elDiario.es, el menor manifestó que “ha sido agredido por la Policía Nacional dándole con una porra en la frente”. Mohammed, además, señaló que llevaba varios días con fiebre. El hospital emitió también un parte judicial, consultado por este medio, en el que figura “agresión” y se recoge que los hechos habrían ocurrido en la puerta de la policía. Mohammed recibió el alta médica esa misma noche y volvió a dormir en la calle, sin un refugio seguro. “Nadie nos quiere aquí. No tenemos donde dormir, nos pegan, no nos dejan entrar en los centros. ¿Qué hacemos?”, se preguntaba. 

Ayoub (nombre ficticio), otro de los menores de 17 años que estaba con Mohammed durante el desalojo el pasado 18 de octubre, también tuvo que acudir al Hospital Universitario de Ceuta. Según el parte judicial, al que también ha tenido acceso elDiario.es, se hace referencia a “una agresión con violencia afuera de la policía”. Ayoub también volvió a la calle. Un día después, sujetaba el papel del parte y, en la parte de atrás, dejaba ver un cartel que ponía: ‘Soy menor’. Aquella mañana seguía en los alrededores de la comisaría. “¿Por qué los mayores entraron en las carpas, allí en el Puerto, y nosotros no? Somos menores”, insistía. 

Tras los desplazamientos policiales del 20 de octubre, durante los cuales Mohammed y Ayoub denunciaron agresiones que los llevaron a recibir atención hospitalaria, ambos jóvenes, junto con otros integrantes del grupo, terminaron desplazándose a una zona todavía más alejada de la comisaría. “Nos hemos bajado aquí, a la playa, porque no quieren que estemos cerca de las calles. Vamos a dormir aquí esta noche y mañana lo volveremos a intentar”, contaba Bashir (nombre ficticio), uno de ellos, desde la playa de la Ribera. 

Tengo una cama y un lugar caliente donde dormir. Las noches son cada vez más fría. Ahora voy a descansar

Mohammed — 17 años

Esa noche, el viento de poniente sopló durante horas y se prolongó hasta bien entrada la madrugada. Los jóvenes, de entre 16 y 17 años, intentaban protegerse del frío envueltos en algunas mantas que les habían proporcionado las organizaciones que trabajan en Ceuta. Otros aseguran haber caminado hasta las barriadas de El Príncipe o Los Rosales para recoger provisiones. 

A la mañana siguiente, Brahim (nombre ficticio) temblaba. Su rostro, marcado por las ojeras de una noche en vela, parecía consumido por el cansancio. Los primeros rayos de sol de la mañana del miércoles no eran todavía suficientes para calentar su cuerpo. Brahim tiene 16 años, a punto de cumplir los 17, y se enroscaba en un edredón de felpa mientras avanzaba por la parte inferior del paseo marítimo de la playa de la Ribera. Antes de llegar a comisaría, guardó el edredón en una bolsa de plástico y se sentó en el suelo, apoyado sobre la pared, mirando al sol. Seguía tiritando.

A lo largo de la mañana, los jóvenes que unos días antes fueron desalojados del Tarajal, retomaban los cánticos y vítores que lideraban también los grupos de menores en la playa del Trampolín. “Queremos centro de menores”, gritaban. Delante, un grupo de policías vigilaba la zona. “Centro de menores, centro de menores”, insistían. Algunos de ellos, junto a un cartel que reclamaba sus derechos, participaban en una pequeña y breve manifestación por el paseo del Revellín. 

Antes de la protesta, la Policía Nacional insistía a los jóvenes con un “aquí no podéis estar, hoy no vais a poder entrar”. Uno de ellos, cansado de dormir varias noches por la zona y tras haber perdido todas sus pertenencias, denunció: “¿Otra vez? Nos decís mañana y mañana nunca hay nada. Mañana, mañana y mañana”.

“Os olvidasteis de nosotros”

Diez días después del desalojo de las naves del Tarajal, Mohammed consiguió acceder a un recurso de acogida. El pasado lunes 26 de octubre, tras esperar mañana y noche junto a los grupos de menores que entraban a filiarse, pudo ser registrado. Ahora duerme bajo un techo metalizado en uno de los centros que hay dentro de las propias naves del Tarajal, cerca de donde estaba su asentamiento improvisado. “Tengo una cama y un lugar caliente donde dormir. Las noches son cada vez más frías”, explica a este medio. “Ahora voy a descansar”, añade.

Ayoub no ha tenido la misma suerte. Continúa en una calle que es cada noche más fría. Igual que Hamza (nombre ficticio), otro menor marroquí de 17 años, que también sigue durmiendo a la intemperie. Ahora teme que los nuevos operativos policiales en barrios como Los Rosales, El Príncipe y otros puntos de Ceuta, terminen por devolverle a Marruecos. En los últimos días, la Policía Nacional ha desplegado dispositivos para localizar a personas que aún no han sido filiadas y trasladarlas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Amin (nombre ficticio), otro adolescente que también había vivido en la calle consiguió acceder a un centro de acogida la tarde del martes 27 de octubre. Antes había creado una cuenta de Instagram, para visibilizar las condiciones en las que seguían viviendo sus amigos. “Os olvidasteis de nosotros”, dice. Aunque él ya está acogido, explica que continuará visitando a sus compañeros que siguen frente a la comisaría o en otros puntos de la ciudad, documentando su situación y publicando vídeos para que no caiga en el olvido. 

Preguntado por elDiario.es sobre la situación de los menores que permanecen en las calles tras los desalojos del Tarajal, el Ministerio del Interior asegura que los chavales no vuelven a la calle una vez filiados. Siempre se les deriva a la ciudad autónoma o a recursos de acogida. Sin embargo, esta respuesta no aborda la situación de los jóvenes que todavía no han completado el procedimiento de filiación y que, pese a haber sido trasladados a dependencias policiales, no han accedido a ellas y han terminado nuevamente a la intemperie. 

Sobre la falta de atención a estos menores, Interior atribuye la responsabilidad de su protección a la Ciudad Autónoma. Según explican, durante los desalojos realizados en zonas como El Trampolín, Benítez o El Guano “siempre ha habido una comunicación necesaria y precisa” con la administración ceutí para que pudiera hacerse cargo de los menores localizados. El departamento sostiene, además, que el Gobierno central ha asumido labores de atención que no le correspondían ante la falta de respuesta de la Ciudad Autónoma. 

Sin embargo, Interior no ha aclarado si antes de ejecutar los desalojos se comprueba que existen suficientes plazas de acogida ni por qué los menores que todavía no han sido filiados terminan nuevamente en la calle, sin un lugar en el que refugiarse. 

La madrugada del 24 de junio de 2022, Mahamat y centenares de personas más –la mayoría, sudaneses como él– se dirigieron desde Marruecos hacia la frontera con Melilla para pedir asilo. Más de cuatro años después, recuerda la contundente respuesta de la policía marroquí y la Guardia Civil para impedir que saltaran la valla y entraran en España. En ese dispositivo murieron 37 personas, 76 desaparecieron y unas 470 fueron devueltas sumariamente al país norteafricano.

Mahamat sobrevivió, llevó su caso a los tribunales y ahora un juzgado de la ciudad autónoma ha archivado provisionalmente su querella por torturas contra la Guardia Civil. El magistrado reconoce que los hechos “son constitutivos de infracción penal”, pero considera que no se pueden atribuir a ninguna persona concreta.

El centro de defensa de los derechos humanos Irídia ha anunciado este jueves, en un acto en Barcelona, que ha recurrido esta decisión judicial para intentar reactivar la causa. La entidad presentó en diciembre pasado una querella en la que acusa a los guardias civiles que participaron en los hechos y al teniente que los comandaba de delitos de torturas, lesiones agravadas, omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa, con las agravantes de racismo y abuso de la condición de agentes de la autoridad.

Mahamat ha relatado cómo le golpearon en la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico y la pérdida de consciencia. “Me hicieron perder la dignidad. Aun con las manos atadas a la espalda, me seguían golpeando. Me preguntaba cuál es el límite de esa crueldad”, ha explicado desde Barcelona.

Según ha añadido, en un momento dado mostró a uno de los guardias civiles su credencial como refugiado reconocido por ACNUR, pero el agente la rompió tras examinarla y le sustrajo el cargador del móvil. “Recuerdo el odio y la violencia en los ojos de los que deberían estar ahí para garantizar nuestra seguridad”, ha contado.

En el relato de la querella, describe cómo recibió insultos racistas como “negros de mierda”, “basura”, “iros a vuestro puto país y no volváis”, especialmente por parte de la policía marroquí.

El sudanés también ha asegurado que vio cómo la Guardia Civil impedía el acceso de la Cruz Roja para atender tanto a él como al resto de personas heridas que permanecían retenidas. “Había cientos de personas a mi alrededor. Algunas no se movían y quise pensar que habían sufrido alguna fractura, pero me di cuenta de que estaban muertas”, ha lamentado Mahamat.

Uno de los migrantes que no sobrevivió aquel día era su mejor amigo. Ambos se dirigieron al paso fronterizo juntos, hasta que Mahamat no le volvió a ver más. “Íbamos y soñábamos juntos. Me ha dejado un vacío que me hace preguntarme cuándo conseguiremos justicia”, ha reclamado el sudanés.

Caso archivado sin ordenar diligencias

La abogada de Irídia Laura Medina ha denunciado que el juzgado de Melilla tardara cinco meses a abrir el procedimiento y que ahora haya archivado la causa sin ni siquiera haber tomado declaración a Mahamat. La entidad también reprocha al juez que no haya practicado ninguna de las diligencias solicitadas para identificar a los agentes, como el análisis de las imágenes captadas ese día o el cuadrante del dispositivo. Asimismo, cuestiona que no haya respondido a la petición de acumular esta causa a otra investigación abierta por la misma tragedia.

Irídia suma a estas críticas la actuación de Fiscalía, a la que acusa de “dar la espalda” a la víctima al pedirle pruebas que, según denuncia, los mismos agentes le impidieron obtener.

Pese a ello, Medina –que trabaja en el caso junto al European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Pro Asyl y el Digital Freedom Fund– considera que aún hay margen para reactivar la causa. Si el juez mantiene el archivo, la decisión podrá recurrirse ante la Audiencia Provincial de Málaga, que tiene una sección para resolver los recursos de casos ocurridos en Melilla. En el acto celebrado en Barcelona para presentar el caso también han participado representantes del ECCHR y del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona.

Mahamat tenía solo siete años cuando huyó de la guerra en Sudán junto a su familia. Antes de llegar a la frontera de Melilla, pasó por los campos de refugiados de Chad, donde pudo estudiar Economía en la universidad, y volvió a escapar de la violencia de las milicias, hasta recalar en Libia. “Cuando viajamos no lo hacemos por gusto, sino huyendo de la guerra”, recuerda.

En este país norteafricano fue secuestrado por un grupo armado y detenido por participar en protestas contra las políticas migratorias represivas del gobierno. Tras escapar de un centro de detención y atravesar Argelia durante un mes, llegó a Marruecos en 2022 con la intención de cruzar la frontera.

Tras sobrevivir a la tragedia en la valla de Melilla, el joven sudanés consiguió llegar a la isla italiana de Lampedusa en una embarcación y en 2025 obtuvo finalmente un permiso de residencia con protección subsidiaria. Ahora vive en Roma, donde continúa su labor por la defensa de los derechos de las personas migrantes a través de la organización que fundó, Refugees in Lybia.

“No pararemos hasta que haya justicia y una reparación real, para los que llegaron y para los que se quedaron por el camino”, ha sentenciado.

La crisis migratoria de Ceuta y el giro político en Europa para endurecer las medidas contra la inmigración han llevado a la Comisión Europea a reforzar el papel de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con el objetivo de darle más protagonismo para expulsar a inmigrantes y consolidar la iniciativa de los centros de deportación en terceros países. Bruselas quiere ampliar este cuerpo hasta los 30.000 agentes e implantar una fuerza de reacción rápida con 17.000 agentes para intervenir en situaciones de crisis, como la ocurrida en la ciudad española los días 30 y 31 de julio. La iniciativa más polémica es que se otorgaría a estos agentes mayor capacidad operativa para organizar y ejecutar operaciones de retorno en terceros países, es decir, podrían trasladar a otros países a los emigrantes que han sido enviados a los centros de deportación que se pretende implantar en países no europeos.

“Frontex desempeñará un papel más importante en el ámbito de retornos. Debemos ser muy claros al respecto. Creo que nuestra política migratoria en su conjunto solo será creíble si la aplicamos efectivamente. Proponemos convertir a Frontex en el actor central de la UE en materia de retornos. Frontex será responsable de prestar apoyo en todas las fases del proceso, de principio a fin: desde la planificación estratégica hasta la realización de retornos más eficientes”, ha comentado el comisario de Migraciones, Magnus Brunner.

Para lograr este objetivo se va a crear el Centro de Coordinación de Retornos. Este es uno de los elementos clave para “convertir a Frontex en el brazo operativo de la UE” en materia de expulsiones de inmigrantes. “Permitirá a la Agencia coordinar y organizar de forma proactiva los retornos en toda la UE”, atendiendo siempre a las necesidades de los Estados miembros en lo que respecta a estas operaciones“, según informa la Comisión.

Los Estados miembros se verán obligados a informar cada año a Frontex, antes del 1 de noviembre, de su planificación indicativa en materia de expulsiones y de las necesidades de asistencia por parte de la Agencia. La idea es conseguir “maximizar la eficiencia” de expulsiones y que no haya países que se relajen en sus políticas contra la inmigración irregular con el argumento de “favorecer una aplicación coherente del sistema europeo común de retornos”.

Hasta ahora Frontex prestaba asistencia técnica a terceros países, principalmente mediante formación y desarrollo de capacidades. La propuesta de Bruselas permitiría que Frontex también organice y ejecute retornos, no solo desde estados miembros de la Unión Europea, sino también desde países no pertenecientes a la UE hacia otros países no pertenecientes a la UE. La UE ha aprobado la creación de este tipo de centros de deportación en terceros países, aunque cuenta con numerosas dudas legales y hay países como España que se han opuesto a su creación.

La Comisión admite que esta nueva competencia obligaría a adoptar un acuerdo específico a escala europea, aunque con la presión política por la inmigración que recorre Europa hay pocas dudas en las instituciones europeas de que saldrá adelante.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen ha pretendido dar una pátina política a la decisión de fortalecer a Frontex como organismo para las expulsiones de emigrantes. “Debemos dejar claro que la base de todo lo que tenemos en la Unión Europea son la libertad y la democracia. Necesitamos una protección más sólida de las fronteras. Recuerden lo que ocurría hace diez años, cuando hablábamos de la extrema derecha y de su auge. No teníamos normas, ni un sistema, ni control sobre lo que estaba sucediendo. La situación estaba sometiendo a una enorme presión a todo el sistema y a los sistemas de seguridad y eso alimentaba a la extrema derecha. Por eso queremos recuperar el control. Por primera vez tenemos un enfoque europeo común, ningún Estado miembro puede hacer frente por sí solo al problema de la migración irregular”.

Por su parte, Brunner ha subrayado que “el marco de protección de los derechos fundamentales de Frontex es uno de los más sólidos de todas las agencias de la UE y seguirá siéndolo tras esta revisión”.

Fuerza de Reacción Rápida

Respecto a la nueva Fuerza de Reacción Rápida, la idea es que Frontex pueda prestar apoyo de inmediato —por ejemplo, en un plazo de 24 horas— cuando un Estado miembro solicite su despliegue. Estos agentes “estarán preparados de forma permanente y podrán desplegarse con poca antelación para responder a necesidades operativas urgentes e imprevistas en las fronteras exteriores de la UE, así como en terceros países en los que Frontex lleve a cabo operaciones”.

Según la Comisión, la Fuerza de Reacción Rápida se desplegará por decisión del director ejecutivo de Frontex, previa solicitud de un Estado miembro, “durante un periodo limitado de un máximo de un mes”, aunque si la situación de crisis se prolonga, “podrá activarse una operación conjunta o una intervención fronteriza rápida”.

30.000 agentes y duplicar su presupuesto

Este nuevo papel de Frontex exige un fuerte incremento de plantilla. Actualmente, cuenta con casi 3.000 empleados en el Cuerpo Permanente, aunque ya estaba planificado que alcanzará los 10.000 agentes a finales de 2027.

Con las nuevas atribuciones, la Comisión duplicará gradualmente la plantilla propia de Frontex hasta alcanzar los 6.000 efectivos y se creará una nueva Reserva Europea de Fronteras y Retornos, que contará con 17.000 agentes. A estos efectivos se sumarán, como tercer componente, los 7.000 agentes destinados por los Estados miembros a la agencia.

Frontex tiene asignado actualmente un presupuesto de casi 6.000 millones de euros para el periodo correspondiente a 2021-2027. Con el incremento de personal y objetivos para el próximo presupuesto plurianual del periodo 2028-2034, el presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que se duplica hasta los 11.800 millones de euros.

También vigilará las redes sociales

Ante los “recientes intentos de desestabilizar las fronteras exteriores”, la UE también va a darle al servicio europeo de fronteras competencias en la vigilancia del entorno digital. En este sentido, se va a crear un nuevo Centro de Vigilancia y Respuesta en Línea.

Así, Frontex tendrá competencias jurídicas para actuar cuando detecte contenidos ilegales. Para ello, podrá enviar notificaciones a las plataformas y, si la autoridad nacional competente la designa como tal, actuar como alertador fiable (trusted flagger) en virtud del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). También podrá solicitar a las autoridades competentes de un Estado miembro que ordenen a una plataforma facilitar información o actuar contra contenidos ilegales.

La Audiencia Nacional acordó el lunes que Yaseen, un ciudadano yemení al que España había denegado la protección internacional, permaneciera en territorio español mientras se resolvía el recurso presentado contra esa decisión. Sin embargo, ese mismo día fue devuelto a Marruecos junto con otro compatriota cuya solicitud de asilo también había sido rechazada, tras un operativo de la Policía Nacional en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta.

El Ministerio del Interior ahora sostiene que la devolución se produjo antes de conocer la resolución judicial y anuncia que permitirá su regreso a España para cumplirla. 

La devolución se produjo cuando Yaseen ya había recurrido judicialmente la denegación de su solicitud de asilo. La abogada de la Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández Vicens, había presentado un recurso ante la Audiencia Nacional y solicitado una medida cautelarísima para suspender su retorno. En un auto del 26 de octubre, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo apreció la especial urgencia del caso y acordó otorgar la medida solicitada, consistente en “permanecer en territorio español hasta que se resuelva el presente recurso”, evitando así la ejecución de su devolución. 

La resolución no suponía el reconocimiento del derecho de asilo, sino una medida para garantizar su permanencia en España mientras se examinaba el recurso contra la decisión del Ministerio del Interior. El tribunal recordaba, además, la obligación de respetar el principio de no devolución, que protege a las personas frente al retorno a territorios donde puedan sufrir persecución o daños graves. Preguntado por elDiario.es, Interior sostiene que “la devolución fue por la mañana y la resolución llegó por la tarde”.

Además, Interior asegura que contactará con la representación legal de Yaseen para comunicarle que puede presentarse en el puesto fronterizo y que se le permitirá entrar en España. Si la abogada no consigue contactar con él, el Ministerio solicitará a la Embajada de España en Marruecos, a través de la Agregaduría de Interior, que realice las gestiones necesarias para localizarlo. 

“No sé adónde ir”

Yaseen terminó el mismo lunes en Marruecos, donde todavía permanece. Horas después de la expulsión, desde la provincia de Youssoufia, contactó con elDiario.es para denunciar las circunstancias en las que había sido trasladado. “Ahora estoy aquí sin refugio y no sé a dónde ir”, explica. Según su testimonio, ambos ciudadanos yemeníes fueron conducidos por la fuerza hasta la frontera, donde asegura que los sacaron esposados “por detrás de la valla española”. Asegura que, una vez en territorio marroquí, fueron trasladados en autobús por las autoridades del país vecino. “Todas nuestras pertenencias se quedaron allí, en el CETI”, denuncia. 

El ciudadano yemení asegura también que los agentes españoles rompieron los documentos que llevaba consigo relacionados con su solicitud de asilo. Según explica, ocurrió cuando intentaba advertirles sobre su situación: “Cuando dijimos que tenemos abogada, nos agarraron y nos pegaron con fuerza. Luego les di los papeles que demuestran mi situación con el asilo y rompieron el expediente”, relata en conversación con este periódico. Interior rechaza que se produjeran estas situaciones. 

Seis días antes de su devolución, Yaseen ya había relatado a este medio las dificultades que había atravesado para llegar a España y los motivos por los que temía regresar a Marruecos. Llegó al país vecino en 2025, procedente de Omán y con un visado. Permaneció siete meses en Castillejos, la localidad marroquí fronteriza con Ceuta, desde donde intentó cruzar hacia territorio español hasta en ocho ocasiones, todas ellas frustradas por la gendarmería marroquí.

Su familia continúa en Yemen, donde, según explica, sigue expuesta a los peligros del conflicto. Sin embargo, tampoco consideraba que Marruecos fuera una alternativa segura. “Marruecos no es un país seguro, en absoluto”, denunciaban Yaseen, Mahmood y otros solicitantes yemeníes durante las conversaciones mantenidas con elDiario.es antes de que se ejecutara la devolución de Yaseen. 

Durante su estancia en el país vecino, los entrevistados aseguran haber sufrido situaciones de precariedad, racismo y agresiones policiales. Algunos también cuentan que intentaron solicitar protección internacional, pero encontraron dificultades para acceder al procedimiento. “Vuelve a tu país”, recuerda uno de ellos que le dijeron durante su paso por territorio marroquí. 

Los solicitantes, tanto aquellos que todavía esperan una resolución como los que han recibido una denegación (y en el caso de Yaseen, una deportación), cuestionan que las autoridades españolas hayan dado más importancia a su estancia previa en Marruecos que a los motivos que los llevaron a abandonar Yemen. “Durante el procedimiento nos dijeron que nos olvidáramos de la situación en Yemen [a pesar de que son nacionales yemeníes] y que, aunque saben que no es un país seguro, tenemos que hacer el procedimiento en Marruecos”, explicaba Yaseen.

“Han cambiado toda la historia”

Otro de los principales reproches de los yemeníes se refiere a las entrevistas realizadas durante el procedimiento de asilo. Varios denuncian que los intérpretes hablaban dariya, el dialecto de árabe utilizado en Marruecos, y que no siempre comprendían correctamente el árabe estándar utilizado por los solicitantes. “Han traducido cosas que no son reales. Han cambiado toda la historia”, denunciaba Yaseen durante una entrevista con este medio. 

Otro solicitante asegura que en la transcripción de su entrevista quedó recogido un recorrido migratorio según el cual había viajado caminando desde Yemen hasta Egipto, algo que considera “logísticamente imposible”. Los entrevistados temen que estos problemas de interpretación hayan condicionado la valoración de sus solicitudes de protección internacional, al no reflejar correctamente sus experiencias, motivos de huida y circunstancias en el país de origen. Al conocer la noticia sobre la expulsión de Yaseen y otros compañeros a Marruecos, Bashir, también de origen yemení, y que todavía permanece en el CETI, no puede contener su nerviosismo. “Estamos atrapados”, asegura. 

Hui de Yemen después de que los hutíes emitieran una orden para perseguirme y encarcelarme bajo la acusación de negarme a ser reclutado por ellos

Mahmood — solicitante de asilo

Las denegaciones de las solicitudes de asilo afectan a varios ciudadanos yemeníes que llegaron a Ceuta a finales de julio. Entre ellos se encuentra Mahmood, quien descubrió el pasado 9 de octubre a través del Boletín Oficial del Estado que España le había denegado el asilo. “No tengo ningún documento, nos enteramos a través de la página web. Mi número de expediente aparecía rechazado”, explicaba a este medio. 

Mahmood llegó a la ciudad autónoma el 29 de julio, antes de los días del cruce masivo, después de atravesar Sudán (a donde voló hace unos años desde Yemen), Libia, Argelia, Mauritania y Marruecos. Originario de la gobernación yemení de Ibb, asegura que abandonó su país por las amenazas de los hutíes. “Hui de Yemen después de que los hutíes emitieran una orden para perseguirme y encarcelarme bajo la acusación de negarme a ser reclutado por ellos”, cuenta. Su oposición, añade, no se limitó a rechazar su incorporación a las milicias: “Aconsejé a la gente que no se alistara forzosamente y a salir de las zonas controladas por los rebeldes hutíes”. 

El trayecto hasta alcanzar territorio español estuvo marcado por las dificultades del camino en sí. “Cuando entré en Argelia pasé los días más difíciles de mi vida. Estuve a punto de morir”, recuerda. En Marruecos permaneció un mes y veinte días, durante parte de los cuales asegura que dormía cada noche en un lugar diferente. 

Su paso por Marruecos, sin embargo, se convirtió, según su testimonio, en uno de los argumentos utilizados por las autoridades españolas para justificar la denegación del asilo. “Dijeron que había dos razones. La primera es que la gobernación yemení de Ibb, de cuyas zonas rurales provengo, es segura. La segunda razón que dieron fue que antes estábamos en Marruecos, que también es un país seguro”, explica. 

Las denegaciones también han suscitado objeciones jurídicas. La abogada Patricia Fernández Vicens, que ha examinado varios de los expedientes, cuestiona el tratamiento de Marruecos como país seguro para los solicitantes y la valoración de los riesgos que afrontaría si fueran devueltos. La letrada advierte de la necesidad de distinguir entre un país de origen seguro y un tercer país seguro, dos conceptos diferentes en la normativa europea de asilo. 

La devolución de Yaseen se produce en un contexto en el que distintas organizaciones sociales, como Elín, han denunciado durante las últimas semanas entregas a Marruecos de personas procedentes de países en conflicto, como Sudán, y han alertado de posibles restricciones en el acceso a la protección internacional. 

Aunque Interior anuncia ahora que permitirá su entrada para cumplir la resolución judicial, no ha concretado cómo se facilitará el desplazamiento de Yaseen hasta el puesto fronterizo ni cuándo podrá regresar a Ceuta. 

“Si dejo de contestar, es que estoy en manos de la policía”. El mensaje lo ha enviado este lunes Ibrahim (nombre ficticio), un joven senegalés que permanece en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta. Su solicitud de asilo fue rechazada y teme que, en cualquier momento, los agentes entren en el centro para llevárselo. “Anoche volvieron a llamar nuestros nombres y creo que nos van a devolver a Marruecos. Yo no puedo volver a Marruecos, no es seguro para mí”, relata a este medio.

La Policía Nacional ha desplegado durante la mañana de este lunes, 26 de octubre, un operativo dentro y en los alrededores del CETI para localizar a personas migrantes susceptibles de ser devueltas a Marruecos, principalmente aquellas cuyas solicitudes de protección internacional han sido denegadas. El dispositivo ha contado con agentes de las unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR), además de varios autobuses destinados al traslado de los interceptados hasta la frontera del Tarajal. La presencia policial ha levantado el nerviosismo de las personas que todavía estaban dentro del CETI acompañados de gritos de “¡Marruecos, no!”.

Según Europa Press, el operativo contemplaba inicialmente la salida forzosa de unas 70 personas del centro, aunque finalmente solamente alrededor de una docena han sido trasladadas a la frontera con Marruecos, sin informaciones todavía sobre su paradero.

La Oficina de Asilo confunde el concepto de Marruecos como país seguro con el de tercer país seguro. La Unión Europea ha designado Marruecos un país seguro para sus nacionales, pero no para el resto de las nacionalidades

Patricia Fernández — abogada

Por otro lado, y según la información recabada por este medio, entre las personas sacadas este lunes del CETI también había solicitantes de asilo que habían presentado recursos contra las resoluciones desfavorables y que todavía esperaban una respuesta. Su traslado, como denuncian organizaciones como la asociación Elin, plantea interrogantes sobre las garantías jurídicas aplicadas durante el operativo y sobre la posibilidad de que algunas devoluciones se hayan ejecutado sin que se haya resuelto su situación judicial.

En términos generales y respecto a la gestión general de las solicitudes de asilo en Ceuta, la abogada Patricia Fernández Vicens denuncia “una rebaja de las garantías en el triaje y en el estudio de las solicitudes de asilo” que, según sostiene, impide valorar adecuadamente cada caso. “La Policía Nacional está deteniendo a solicitantes de asilo que tienen derecho de permanencia, bien porque todavía no han formalizado su solicitud o porque están pendiente de una decisión sobre medidas cautelares”, advierte.

La letrada también alerta de que, en algunas resoluciones, “la Oficina de Asilo confunde el concepto de Marruecos como país seguro con el de tercer país seguro. La Unión Europea ha designado Marruecos un país seguro para sus nacionales, pero no para el resto de las nacionalidades”.

La aceleración de los expedientes anunciada por Interior

Diez días antes del operativo, el pasado 16 de octubre, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, había anunciado que el Gobierno estaba preparado para “intensificar la formalización y resolución tanto de los expedientes de devolución como de las solicitudes de protección internacional”. El ministro explicó entonces que la entrada en funcionamiento del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) provisional y la activación de nuevos módulos policiales permitirían “incoar y formalizar hasta 100 expedientes diarios tanto de devolución como de protección internacional”.

Marlaska también adelantó las consecuencias que tendría esta aceleración administrativa: “Estoy convencido de que en las próximas semanas también se van a incrementar sustancialmente las resoluciones de los expedientes de protección internacional y la devolución de aquellos cuya pretensión haya sido desestimada”.

El despliegue policial de este lunes en el CETI se produce en el contexto de esa intensificación de los procedimientos, anunciada por Interior diez días antes. Sin embargo, organizaciones como Elín insisten en que lugares como el CETI son “un centro de acogida en el que no se deben de realizar estos procedimientos”, en referencia al propio despliegue.

Citas adelantadas y miedo a las denegaciones

La aceleración de los procedimientos también está afectando a quienes todavía no han formalizado sus solicitudes de protección internacional. Fuentes policiales confirman que se ha acelerado la tramitación de las peticiones de asilo, tras el refuerzo del Ministerio del Interior a esta área durante las últimas semanas. Ese impulso ha provocado que la Policía Nacional haya adelantado muchas de las citas programadas.

Hamza (nombre ficticio) tenía su cita de asilo prevista para principios de diciembre. “Me han dicho en el centro que todo se va a adelantar, ahora quieren correr. Y tengo la entrevista en los próximos días”, decía el hombre, temeroso de que fuese una “trampa” y supusiese su retorno a Marruecos antes de la formalización de su petición de protección.

Mi solicitud de asilo también ha sido rechazada, como la de otros tantos senegaleses. Nuestros abogados dicen que van a presentar recursos, pero hay abogados que ni siquiera nos responden. Si Marruecos acepta recibir subsaharianos, el siguiente seré yo

Abdoulaye

Lo mismo le ocurrió a Khalid. El joven marroquí cuenta temeroso la razón que le empuja a pedir asilo: “Soy homosexual”, dijo a este medio, casi sin atreverse a formular las palabras, con miedo a que alguien le escuchase. Está acogido en un centro que carece de atención especializada al colectivo LGTBI, pese al riesgo de violencia que sufren estas personas en Marruecos.

Él estaba tranquilo porque tenía su cita para mediados de noviembre y estaba en busca de una abogada especializada que pudiese acompañarle el día de la formalización de la solicitud. Pero en Ceuta todo parece improvisado, y de repente el personal del centro de acogida le anunció que se la adelantaban: “Ahora dicen que tengo que hacerlo ya. Están denegando a todo el mundo. Yo tengo razones y tengo mucho miedo”, reconoce.

“El siguiente seré yo”

“Mi solicitud de asilo también ha sido rechazada, como la de otros tantos senegaleses. Nuestros abogados dicen que van a presentar recursos, pero hay abogados que ni siquiera nos responden”, explica Abdoulaye (nombre ficticio), que esta mañana temía ser interceptado por la Policía en el CETI. “Si Marruecos acepta recibir subsaharianos, el siguiente seré yo y algunos de mis compatriotas”, añade.

Entre otros residentes del CETI que también temen las consecuencias se encuentra Khaled (nombre ficticio) que llegó a Ceuta a finales de julio y que todavía espera la resolución de su solicitud de protección internacional. Esta mañana, mientras observaba lo que ocurría en el CETI, se preguntaba “¿qué puedo hacer para evitar que me trasladen? Necesito el asilo. No puedo volver a Marruecos, tampoco a Yemen”.

El miedo se ha extendido entre todos los que llevan casi tres meses en Ceuta sin noticias ni respuestas. Otro joven senegalés describe el deterioro de las condiciones emocionales de los residentes del CETI ante la incertidumbre sobre su futuro: “Aquí estamos todos estresados. Ya no comemos bien ni dormimos por las noches por nuestra situación. Es realmente lamentable”, explica.

Un grupo de 16 solicitantes de asilo de distintas nacionalidades (Senegal, Costa de Marfil, Togo, Níger y Yemen, entre ellas) fue trasladado este viernes por la Policía Nacional desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta a la frontera del Tarajal para proceder a su expulsión a un país que no es el suyo, Marruecos, tras el rechazo de sus peticiones de protección internacional. Estas personas, sin embargo, continúan atrapadas en el otro lado de la aduana tres días después, sin que las autoridades alauíes permitan su entrada en el país: “Marruecos no nos acepta y la Guardia Civil no nos quiere ver”, dice uno de los senegaleses, bloqueados en la frontera. Fuentes de Interior confirman la expulsión y rechazan que se encuentren en “zona de nadie” sino que defienden que están en “territorio marroquí”, desentendiéndose por el momento del estado en que han quedado los migrantes tras su entrega a los gendarmes alauíes.

“Seguimos en las mismas condiciones. Estamos sufriendo aquí, no conseguimos comer con normalidad. Nos han dejado a un lado sin hacer nada por nosotros”, denuncia Mamadou (nombre fictio) desde la frontera del Tarajal, en el lado marroquí, en un audio enviado al líder de la comunidad senegalesa en Ceuta.

Los hechos han sido denunciados ante el Defensor del Pueblo por parte de la ONG Coordinadora de Barrios en una queja a la que ha tenido acceso elDiario.es. Según el escrito, el viernes 23 de octubre de 2026, hacia las 10:00 horas, agentes de la Policía Nacional acudieron al CETI de Ceuta y se llevaron a varias personas, entre ellas ocho nacionales de Senegal, dos de Costa de Marfil y personas de Togo, Guinea, Níger y otras nacionalidades. A las 18:20 horas de ese mismo día, según el testimonio, las personas seguían en dependencias policiales. Mantenían contacto con sus compatriotas hasta que los agentes les retiraron los teléfonos móviles, detalla.

A partir de ese momento la comunidad perdió el contacto con ellas, pero “uno de los afectados, conservó un teléfono móvil que logró ocultar”. Desde él se comunicó mediante mensajes de audio con el representante de la comunidad senegalesa de Ceuta, a los que ha tenido acceso elDiario.es. Según sus testimonios, tras ser conducidos a dependencias policiales en la ciudad autónoma, “se realizaron trámites, se les tomaron las huellas dactilares y se les ingresó en calabozos”. Durante la noche fueron subidos a vehículos policiales y trasladados hasta la frontera del Tarajal. Allí, incluye la queja, “fueron dejados a unos doscientos metros de la frontera, cerca del mar” en referencia a la puerta ubicada en la valla ceutí, un paso no habilitado.

Posteriormente, detallan, “mostraron a la policía marroquí los documentos que se les habían expedido en España y la acreditación de su estancia en el centro”. Sin embargo, “la policía marroquí no los admitió”, pero al otro lado de la frontera “la policía española tampoco los readmitió”.

Mientras las personas de distintas nacionalidades a la marroquí se quedaron bloqueadas en la aduana, las personas procedentes del país vecino que formaban parte del mismo grupo “fueron recogidas por la policía marroquí”. Agotados tras tres días abandonados en el lado marroquí de la frontera, los senegaleses piden auxilio. “Cuando nos recogieron, nos llevaron a la Policía de Ceuta, hicieron los trámites, nos tomaron las huellas y nos metieron en los calabozos. Por la noche nos subieron a un vehículo en dirección a la frontera. Desde entonces estamos aquí”, relata Mamadou en uno de los mensajes de voz intercambiados con el lider de la comunidad senegalesa en Ceuta, quien ha facilitado a elDiario.es los audios de sus conversaciones con el joven.

Los jóvenes se encuentran en la zona de control marroquí de la aduana, en un área utilizada habitualmente para recibir a las personas que entraron a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y que ahora regresan a Marruecos, desde donde son trasladadas en autobuses hacia el sur del país. Según el testimonio de uno de los afectados, Mamadou, las autoridades marroquíes no les permiten abandonar el lugar ni desplazarse libremente por el territorio. Este domingo, dos días después del traslado, el joven ha confirmado que siguen allí.

Pese a que Interior asegura que ya había cumplido el plazo para la presentación de los recursos de su denegación de asilo, algunos de ellos denuncian que sí habían presentado recursos contra estas decisiones, según afirma el responsable de la comunidad senegalesa en Ceuta en conversaciones con elDiario.es. En el caso de N.S., la denegación se produjo el 30 de septiembre y el 7 de octubre se interpuso un recurso, según su tetsimonio. El viernes 23 de octubre, más de tres semanas después de recibir la resolución, fue trasladado a la frontera con Marruecos.

Antes de estos hechos, los ocho habían estado alojados en el campamento de Loma Margarita, desde donde fueron trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La mayoría ingresó en el centro a principios de octubre, mientras que al menos uno de ellos llegó el jueves 22 de octubre. A primera hora de la mañana siguiente, el viernes 23, la Policía los despertó y, ese mismo día, los ocho fueron conducidos a dependencias policiales con sus pertenencias.

Una vez en Marruecos, los jóvenes fueron conducidos a una zona próxima a la costa, junto al paso fronterizo del Tarajal. Sin embargo, el procedimiento fue diferente para los ciudadanos subsaharianos que también habían sido trasladados desde Ceuta. Según, Mamadou los agentes marroquíes les preguntaron por qué se encontraban allí con sus documentos y les indicaron que permanecieran a un lado. Mientras tanto, se hacían cargo de los ciudadanos marroquíes que continuaban llegando desde territorio español para su posterior traslado en autobuses.

“Los marroquíes no quisieron recibirnos. Les enseñamos nuestros papeles, los documentos que habíamos recibido en España, pero no quisieron saber nada. No quieren aceptarnos, y los españoles tampoco”, explica el senegalés desde la frontera.

La documentación a la que se refiere incluye las tarjetas identificativas que utilizaban para acceder al campamento de Loma Margarita, donde habían permanecido alojados durante buena parte de su estancia en Ceuta, así como los resguardos de presentación de sus solicitudes de protección internacional. En el grupo de personas trasladadas también hay dos ciudadanos de Costa de Marfil, uno de Togo, uno de Yemen y otro de Níger. Durante el procedimiento, los agentes marroquíes habrían confiscado algunos de los teléfonos móviles.

A primera hora de la mañana, una decena de furgones de la Guardia Civil ha rodeado el edificio donde viven los miembro de la organización No Name Kitchen en Ceuta y la nave donde tienen su base los activistas del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo. Los agentes desplegados han entrado a la fuerza con orden judicial a ambas residencias para registrarlas y los voluntarios han sido “tumbados en el suelo y maniatados” mientras revisaban la vivienda, según una de las organizaciones. Aunque en el registro no se ha producido ninguna detención, horas después han sido detenidos a dos activistas, un hombre y una mujer, en Ceuta y Valencia respectivamente, según confirman fuentes del Instituto Armado en la Ciudad Autónoma. Se les acusa de incitación a la violencia y desórdenes públicos.

“De las actuaciones practicadas hasta el momento resultan indicios que permiten inferir, con el grado de probabilidad exigible en esta fase inicial de la investigación, que en las naves objeto de la solicitud se puden estar desarrollando actividades relacionadas con la tenencia y distribución de instrumentos peligrosos y, eventualmente, sustancias estupefacientes”, sostiene la orden del juzgado, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Fuentes del Instituto Armado confirman el operativo iniciado esta mañana contra estos dos colectivos que, además de repartir comida y realizar curas a migrantes heridos en la ciudad, realizan una función de vigilancia de posibles abusos de las fuerzas de seguridad contra las personas marroquíes que malviven en la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio. La operación ha consistido en el registro de las sedes de ambos colectivos, ubicados en la zona de la Almadraba y las naves del Tarajal. Los miembros desplegados de la Policía Judicial buscaban a unos activistas concretos que finalmente no han sido localizados. Supuestamente se les atribuye haber “incitado” a migrantes a actuar de manera “violenta” contra miembros de las fuerzas de seguridad, algo que las ONG niegan.

La ONG No Name Kitchen ha denunciado supuestas “irregularidades” en el procedimiento de registro y considera que el operativo es un “paso más” en una “campaña de criminalización” contra la organización, una de las que más denuncia de manera pública abusos cometidos contra los migrantes por parte de las fuerzas de seguridad. “Agentes de la Guardia Civil han entrado en el espacio de No Name Kitchen en Ceuta derribando la puerta, sin llamar, y sin ninguna comunicación previa. Los miembros del equipo han sido tumbados en el suelo y maniatados. Son personas voluntarias y defensoras de derechos humanos que realizan labores humanitarias básicas: distribuir comida, curar heridas y ofrecer acompañamiento legal a personas en situación de vulnerabilidad”, han explicado en un comunicado.

“Este registro no es un hecho aislado. Durante los últimos dos meses, la organización ha sufrido difamaciones y bulos sobre un supuesto reparto de sprays de gas pimienta y explosivos. Son acusaciones sin ningún fundamento que ya han quedado sobradamente desmentidas. Hace aproximadamente un mes, además, una patrulla del Ejército bloqueó el acceso a nuestro edificio”, recuerda la organización.

En el auto, el juez señala que un testigo asegura que una persona le entregó supuestamente un cuchillo y otros que alegan que les dieron “aerosoles de pimienta y armas blancas”, lo cual niega la organización.

Los supuestos sprays de gas pimienta que no encuentran

La investigación está en parte relacionada con la supuesta entrega de sprays de gas pimienta a migrantes, algo que no ha sido confirmado y que desde No Name Kitchen califican de “bulo”. Lo que sí quedó grabado es el reparto de este producto por parte del colectivo de corte ultraderechista Revuelta entre mujeres ceutíes el pasado 2 de septiembre.

En el operativo de desalojo de los asentamientos de distintos barrios de la ciudad autónoma desarrollado el domingo pasado, un migrante utilizó un spray de gas pimienta en el autobús custodiado por la Policía Nacional que trasladaba a decenas de marroquíes a la frontera para su supuesto “retorno voluntario”. Aunque la investigación sobre la supuesta incitación a la violencia por parte de las ONG se inició en agosto, fuentes de la Guardia Civil confirman que este último hecho ha acelerado el operativo desarrollado este jueves.

Fuentes policiales dijeron entonces que investigarían a “quienes” habían entregado supuestamente el spray pimienta al migrante, dando por hecho que esa persona no lo había podido conseguir por sus propios medios, como lo hacen muchos vecinos ceutíes que han comprado este tipo de material en una tienda de productos de pesca de la ciudad autónoma. Es habitual encontrar a ciudadanos de Ceuta que portan sprays pimienta en su día a día debido a su percepción de inseguridad tras la crisis migratoria. Los muestran con naturalidad e incluso, algunas de estas personas se los han entregado a sus hijas menores durante sus primeros días de instituto. Este producto, por tanto, se puede conseguir en la ciudad autónoma.

Según No Name Kitchen, “el registro ha presentado graves fallos de procedimiento. No se han explicado los motivos ni los indicios que lo justificaban. No se designaron testigos reconocidos por la organización. Tampoco se entregó un acta del registro ni un inventario firmado de los objetos, incluyendo teléfonos y ordenadores, confiscados. ”No se ha encontrado ningún arma, explosivo ni spray de gas pimienta, porque la organización nunca ha tenido ninguno de estos objetos. En ningún caso se ha dado alojamiento a personas en situación administrativa irregular. Hacerlo no sería ilegal, pero nuestro espacio no tiene capacidad para acoger a nadie sin discriminar a otras personas que también lo necesitan“, resume la organización.

El pasado 15 de septiembre, elDiario.es publicó una de esas informaciones que debería despertar la indignación ciudadana y provocar unas cuantas llamadas entre las altas esferas. En ella, decenas de personas migrantes denunciaban palizas propinadas por militares en Ceuta. Firmado por Gabriela Sánchez, jefa de Desalambre del periódico y especialista en migraciones y derechos humanos, el artículo daba cuenta de diversos episodios en los que, según una veintena de testimonios, distintos grupos de militares golpeaban y humillaban a personas migrantes llegadas a la ciudad con el único objetivo de buscar un futuro mejor.

Fue, a la vez, la culminación a 15 días de investigación y el pistoletazo de salida a unas denuncias que han encontrado eco en organizaciones como Amnistía Internacional pero que, por el momento, ha recibido por parte del Gobierno una respuesta menos que tibia. El pasado lunes, sin ir más lejos, David de la Encina, delegado del Gobierno en Ceuta, emitió un vídeo en el que agradecía el trabajo a las Fuerzas Armadas y decía estar “muy tranquilo y muy seguro” del mismo. Para ese momento, el Gobierno ya sabía que algunas de estas palizas denunciadas obran ya en poder de los tribunales.

Para repasar cómo fueron los acontecimientos, qué se sabe, qué está en duda y qué no se sabe de unas informaciones que pueden cambiar el punto de vista de más de uno sobre quiénes son los agresores y los agredidos en Ceuta, la propia Sánchez ha hablado este miércoles con las socias y socios de elDiario.es en la redacción del periódico en Madrid. La charla, que ha estado moderada por Javier Biosca, jefe de Internacional del periódico, ha servido, en primer lugar, para que la periodista arroje una conclusión: “Se está haciendo la vista gorda. Ceuta son 18 kilómetros cuadrados. Las informaciones que hemos publicado están ahí, y sigue ocurriendo. Si esto se investigara con las mismas ganas que están investigando la entrada de migrantes, a lo mejor ya habría gente imputada y habrían frenado. De momento, que nosotros sepamos, no ha habido una sanción disciplinaria para que pare. Nos llega que continúa”. 

La de Sánchez es algo más que una opinión autorizada. La periodista se trasladó a Ceuta el pasado 1 de septiembre. Ya desde ese primer momento, le llegaron informaciones de que podía haber militares agrediendo a migrantes. Sin embargo, tal y como ha explicado, confirmarlo no era sencillo: podía tratarse de un hecho muy aislado o, simplemente, de acciones más o menos coordinadas de grupos de extrema derecha que visten con ropa militar. Con el paso de los días, sin embargo, la sospecha fue creciendo: “Vi a un niño pequeño diciendo a un militar que, cuando les veía, temblaba, y vi a otro militar contestándole que no, que a los niños no”. No pasó mucho antes de que le llegara la denuncia de migrantes que, según sus propios relatos, fueron obligados a raparse el pelo bajo la amenaza de que, si no lo hacían, serían expulsados de la ciudad: “Era una humillación. Me recordó a métodos del nazismo. Era una tortura. Ahí me di cuenta de que no era cosa de un día”.

Con los días, los episodios se acumularon: un traductor al que hubo que acompañar al hospital con la cara ensangrentada por una paliza y, finalmente, un grupo de legionarios que salieron en coche oficial después de golpear repetidamente en una casa abandonada a otro grupo migrantes: “Ahí mismo nos explicaron cómo había sido. Había menores”.

El silencio del Gobierno

“Ese fue el momento en el que supimos que lo teníamos. Habían pasado 15 días desde las primeras sospechas. Luego, chocamos con el silencio de Defensa hasta que llegaron ayer las palabras del delegado de Gobierno”, ha explicado Biosca. Y eso que no han faltado intentos precisamente por parte del periódico de recoger el punto de vista del Ejecutivo, quien es el responsable último de lo que está pasando en Ceuta: “Hay una falta de transparencia total. No nos han contestado ni una sola vez. Me da pena la conversación con la compañera de prensa porque estoy hablando yo sola. Nos dijeron que no nos iban a responder, aunque yo cumplo con mi obligación y les pregunto siempre antes de publicar. En un principio, Moncloa trasladó la preocupación por los hechos, que iban a investigar. Pero pasaron las semanas y no. Mandamos los vídeos. Volvimos a preguntar y siguen con lo mismo”, ha comentado Sánchez.

Detrás de un silencio tan atronador, una sospecha: como a mediados de septiembre solo lo había sacado elDiario.es, el Gobierno intentó dejarlo correr, que el tiempo hiciera lo suyo para que se olvidara en el trajín informativo diario. La estrategia, sin embargo, no funcionó. Tirando del hilo que elDiario.es tenía ya bien cogido y aprovechando parte de la investigación de Sánchez, Amnistía Internacional hizo sus propias pesquisas sobre el terreno. Su conclusión, emitida en un informe el pasado 30 de septiembre, fue clara: ha habido tortura y trato degradante contra los migrantes en Ceuta por parte de militares. La información coincidía con la de elDiario.es. Detrás de Amnistía llegaron muchos más medios. Ya no había forma de ocultarlo. Aún así, cuenta Sánchez, el Gobierno por ahora está abordando la cuestión arrastrando los pies: “No están siendo proactivos, simplemente han pasado informes. No nos han pedido todo el material que tenemos que no se puede publicar pero a partir del cual podrían investigar”.

¿Quiénes están detrás de las palizas? Por los relatos de las víctimas, Sánchez ha identificado a diversos grupos, entre los que figuran algunos de los cuerpos más reconocibles: legionarios y regulares: “Son los que tenemos más constatados, pero tiene trampa, porque también son los más identificables. Los regulares, por ejemplo, llevan una gorra roja. Hay víctimas que solo te pueden decir que iban de verde, y entonces es imposible especificar más. Y también es verdad que no son todos. Tenemos testimonios de militares que han llevado personas al hospital y que están en contra. Es muy difícil hablar con ellos, pero ves su cara o te deslizan que saben que es algo ilegal”. 

“¿Llamar a una ambulancia? Viva España”

Las denuncias de estas agresiones se están dando en una ciudad, Ceuta, que vive días de ambiente irrespirable. La propia periodista ha sido también víctima de ello: “Tras una manifestación, me acerqué a hablar con personas migrantes a las que habían insultado y empezaron a gritarnos que ojalá nos violen. Lo grabé porque creí que podía evidenciar el odio y el racismo que se está dando, que es el más puro y duro. Hay que decir que la persona con la que estaba hablando, además, era inglés”. Este odio, relata Sánchez, alcanza incluso a los más pequeños: “He notado silencios y miradas. Una señora me acusó de ‘ser de esas que los ayuda’ cuando me vio hablando con un menor cerca de una comisaría. Otro día pedí a un militar que llamara a una ambulancia porque a una persona migrante le estaba dando un ataque de asma y me contestó: ‘Viva España’. La deshumanización es tal que la gente no ve niños donde hay niños. Este es el contexto de esta agresiones”.

La situación se complica cuando se considera que Ceuta es una ciudad militarizada. La labor de las Fuerzas Armadas, ha ahondado Sánchez, está clara. Al menos, ha reflexionado la experta en migraciones, lo está sobre el papel: “La labor de los militares es quedarse parados. Tienen que evitar situaciones de inseguridad. Pero están haciendo eso y están haciendo otras muchas cosas según las denuncias, audios y vídeos que hemos publicado”.

Lejos de detenerse, piensa Sánchez, da la impresión de que los episodios se reproducen: “Pensé que pararía, pero nos han llegado actuaciones de hace apenas unos días. Me tiene muy descolocada, y hay muchas preguntas que habrá que resolver acerca de si hay órdenes genéricas de no hacer cómoda la estancia a los migrantes. Los militares ya deberían saber qué pueden hacer y qué no. No tienen funciones para nada de esto. Lo que hemos documentado es que lo hacen porque sí. Cuando veo que sigue, aumenta más mi preocupación. ¿Nadie les ha dicho que frenen? Hay muchas preguntas que resolver para saber por qué existe esta impunidad”.

Varios migrantes, algunos aparentemente menores, dormían en las calles de la barriada ceutí del Mixto, junto a las Murallas Meriníes, cuando cinco militares se acercan y les exigen que se vayan de allí. En un momento en que han sido desalojados todos los asentamientos improvisados y los migrantes que continúan en situación de calle sin plaza de acogida ya no saben dónde pasar la noche, la mayoría de migrantes, somnolientos, empiezan a recoger las mantas. Uno de ellos no reacciona con la agilidad exigida y es abofeteado en tres ocasiones por dos de los efectivos de las Fuerzas Armadas.

La escena ha quedado reflejada en un vídeo difundido por vecinos ceutíes, que recoge una nueva agresión de militares a un migrante. En concreto, las imágenes muestran varias bofetadas propinadas con fuerza por parte de dos soldados a un chaval marroquí aparentemente menor que dormía junto a otros compañeros cerca de las Murallas Meriníes, en la barriada ceutí del Mixto.

Los tortazos captados por la grabación se producen en el marco de una intervención de una patrulla perteneciente al Grupo de Regulares de Ceuta número 54. Según uno de los vecinos que ha difundido el vídeo, los hechos se produjeron durante la noche del lunes al martes. En la actuación, cinco soldados despertaron a varios migrantes, a los que exigen que recojan sus cosas y abandonen la zona. Uno de los uniformados empieza a elevar el tono contra uno de los migrantes que permanece en el suelo, en el lugar donde dormía, se desconoce si por rebeldía o porque aún estaba dormido.

“¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así!”

“Háblame, háblame. ¿No me oyes? ¿No me oyes?”, dice uno de los militares hacia el suelo, donde se encuentra el chaval. Le habla en dariya, el dialecto marroquí. “¿Me está hablando a mí?”, reacciona el chico. “¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo? ¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo?”, responde uno de los soldados.

Uno de los militares que habla dariya se dirige a él con cada vez más agresividad debido, según las palabras del uniformado, la supuesta pasividad del chaval. “¿Qué te pasa, que resoplas así? ¿Te crees muy listo o qué? Mueve el culo, amigo”, le dice el soldado. El chico se empieza a levantar, pero el uniformado acaba agrediendo al joven por la supuesta manera en la que le miraba: “Mira, no me mires así, con esa mirada. ¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así! ¡No me mires!”, le grita antes de soltar la primera bofetada. “Me voy a cagar en tu madre”, añade en dariya.

Después del primer tortazo, el militar vuelve a exigir al chaval que “no le mire” antes de pegarle de nuevo. “No te he hecho nada”, dice el chaval marroquí. “¡Venga, sígueme! ¡Venga, sígueme! ¡Sígueme! No tenéis sangre en las venas, sois unos desganados”, espeta el efectivo de los Regulares. Mientras insisten al migrante en que “si no sabe el árabe” o si “no entiende” al militar que acaba de abofetearle, el agredido insiste: “No he hecho nada, no he hecho nada. No me toques”.

“¡Venga, toma por culo de aquí!”, grita el uniformado, que vuelve a abofetearle. “¡Venga, toma por culo ¡Levántate! ¡Venga, sal de aquí! ¡No me mires! ¡No me mires!”.

Mientras el migrante golpeado ya se aleja del lugar donde se encuentran los solados, el militar continúa: “¡No me mires! ¡Y todavía sigues haciéndote el chulo, ¡Venga, sal de aquí!”, añade al tiempo que el migrante salta un vallado para alejarse de efectivo de las Fuerzas Armadas. “¡No entiendes la libertad, solo entiendes el hogra [humillación, represión]”.

Desde hace un mes, elDiario.es ha publicado distintas investigaciones sobre las denuncias de palizas de militares a migrantes en Ceuta. Como parte de este trabajo, este medio también ha verificado y publicados varios vídeos que confirman parte de la violencia que describen las personas entrevistadas.

Previamente, elDiario.es publicó los testimonios de más de una veintena de migrantes, acompañadas de fotos e informes médicos, así como varios casos de menores rociados con gas pimienta por efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras los chavales realizaban actividades cotidianas, como volver de comprar comida o dirigirse a su campamento.

La semana pasada, este medio también reveló una serie de audios en los que puede se escuchar cómo un grupo de militares españoles en servicio en la ciudad autónoma confirma y describe entre risas detalles de algunas de estas prácticas abusivas en una conversación durante una de sus misiones. El Ministerio de Defensa ha remitido al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía esta investigación.

La abogada Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, explica que en Ceuta se ha utilizado el hambre, la falta de acogida y la violencia contra las personas migrantes como instrumentos de disuasión. Fernández advierte de que la externalización de las fronteras ha permitido a otros Estados utilizar los movimientos migratorios como herramienta de presión política y denuncia la vulneración de derechos fundamentales.

Tras documentar testimonios de agresiones y torturas, la abogada señala la militarización de las calles en Ceuta, la desprotección de miles de menores y las devoluciones a Marruecos por pasos no habilitados. Hablamos con ella en el podcast 'Donde callan las armas' del Centre Delàs de Estudios por la Paz, que se emite en plataformas y en elDiario.es.

¿De qué manera las políticas migratorias europeas y españolas son leídas y entendidas por países a los que se cede soberanía para gestionar fronteras y políticas migratorias?

La actual política de externalización de fronteras, que ha sido fomentada por la Unión Europea y asumida por los distintos gobiernos en España, es utilizada por parte de los países que están llamados a gestionar nuestra frontera. Se ha dado la llave de nuestra casa a un vecino o a una vecina, que es quien ahora mismo tiene la responsabilidad y la encomienda de hacerlo a través de una serie de fondos de difícil seguimiento y de escasa transparencia.

Por lo tanto, tenemos un déficit democrático porque no podemos monitorear adecuadamente los fondos, pero también tenemos un déficit de soberanía porque, en realidad, algo que debería ser responsabilidad única del Estado español o de los Estados europeos, si pensamos en el marco de las fronteras europeas, se lo estamos transfiriendo a un tercero.

¿Qué hacen estos terceros, esos países?

En el marco de las relaciones bilaterales con el Estado español o con la Unión Europea, lo utilizan para su propio beneficio. Lo hemos visto muy recientemente con las declaraciones del rey de Marruecos en la apertura del año legislativo en la asamblea de Marruecos: esto forma parte de su propio ejercicio de soberanía.

Cuando esto se hace, además, no sobre una frontera cualquiera, sino sobre la frontera hispano-marroquí –donde hay territorios en disputa y en litigio– la actual política de externalización de fronteras constituye una grieta de seguridad que, lógicamente, es aprovechada por los Estados del sur global en sus relaciones con Europa. No olvidemos que Marruecos no ha cesado en reclamar soberanía sobre Ceuta, sobre Melilla y sobre parte de las aguas jurisdiccionales canarias.

Con Ceuta hemos normalizado el Ejército en las calles, con soldados de infantería y vehículos blindados

En este marco hemos visto cómo se han dado casos de malos tratos y agresiones muy graves por parte de militares a personas migrantes. Usted misma ha estado muchas veces en Ceuta y Melilla.

Hay una consecuencia muy visible, que parece que no tiene trascendencia, pero que la tendrá en el futuro: se ha normalizado el Ejército en las calles. A las puertas de un comercio o de un supermercado de barrio en Ceuta no hay un vigilante de seguridad, ni un agente de la Policía Local, ni de la Policía Nacional, sino dos soldados de infantería con un vehículo blindado en la puerta.

Ese marco ahonda en la idea de la invasión y penetra de una manera muy importante en el imaginario colectivo de la sociedad ceutí. Se perpetúa un daño real que ha sufrido la sociedad ceutí, que ha vivido con miedo toda esta situación. En ningún caso el Ejército puede tener labores de seguridad ciudadana: no lo permite nuestra legislación ni, desde luego, la Constitución; pero es que además, otra de las variables que nos encontramos es que se otorga una responsabilidad a una institución del Estado que no ha sido formada para ello.

El Ejército no actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad, y tiene material de combate. Esto ha llevado a un incremento de la conflictividad y de las vulneraciones de derechos humanos, si atendemos al testimonio de las víctimas, que nos hablan de agresiones muy graves y muy severas, de una manera muy notoria contra las personas que han llegado recientemente a la ciudad de Ceuta. Hemos visto lesiones gravísimas y hemos visto testimonios que no nos hablan de una mera agresión, sino de torturas, porque se les castiga por el hecho de haber accedido a territorio europeo o a territorio español.

Se ha otorgado al Ejército una responsabilidad para la que no ha sido formado. No actúa bajo los principios de congruencia y oportunidad y tiene material de combate. Esto ha aumentado la conflictividad y las vulneraciones de derechos humanos.

Hay fotografías, pruebas gráficas y testimonios que, sin embargo, por el hecho de tratarse de personas migrantes, han pasado demasiado desapercibidos en algunos ámbitos. También hay otra cuestión: ¿Por qué desde el primer día no se aplicaron medidas para acoger a menores y construir espacios adecuados para todas las personas migrantes que llegaron?

Hemos visto imágenes que nos podrían recordar al campo de Argelès-sur-Mer. Hemos visto una playa con gente literalmente abandonada. Esto ha sido una estrategia de disuasión. En este conflicto que hemos vivido en la ciudad de Ceuta, en esta grave crisis de los derechos humanos, hemos visto cómo se ha jugado con el hambre como un arma.

Se han dado menos de 4.000 comidas diarias cuando teníamos aproximadamente 14.000 o 15.000 personas en situación de dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo diario que establece el Manual Esfera, un manual de estándares mínimos de atención en situaciones de crisis humanitaria. Ni siquiera se cumplía con el mínimo de calorías. Se ha jugado con la falta de atención para desesperar a la gente. Hemos visto gente pasando hambre, gente muy desesperada, porque la pretensión era la disuasión.

Hace años que venimos denunciando, a otros niveles, que los programas de acogida a personas migrantes forman parte también de la política migratoria del Estado y que se utilizan como manera de disuadir y de cortar rutas. Cuando la población siria empieza a llegar a Ceuta y Melilla en 2015 —no olvidemos que en el primer trimestre de ese año llegaron más personas sirias por Melilla que por la frontera este de Europa—, se dejaba a la gente hacinada en Melilla. No se le permitía transitar hacia el territorio europeo, hacia la península. Era una manera de cortar la ruta, de que les dijeran a sus vecinos o a sus compatriotas: «Por aquí no vengáis, que se pasa muy mal».

Esto se viene utilizando sistemáticamente. Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usa el hambre como estrategia de guerra y la violencia física como estrategia de guerra, en esta dialéctica de la guerra que se establece. Se ha utilizado para evitar la atención. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Se han dado menos de 4.000 comidas al día cuando teníamos 14.000 personas en dependencia. Las raciones ni siquiera alcanzaban el mínimo que establece el Manual Esfera. Hemos visto gente pasando hambre; la pretensión era la disuasión.

¿Cuál es la situación ahora?

A fecha de hoy, transcurridos más de 76 días desde las primeras entradas, tenemos 2.000 niños y niñas de entre 16 y 17 años que no han sido acogidos y que no esperan serlo. Ya han acudido a todos los dispositivos, han hecho colas, se han presentado y, sencillamente, hemos decidido que, como eran prioritarios los niños un poco más pequeños, los de 16 y 17 pueden esperar. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para personas adultas y se sacaban a los niños y a las niñas. Hemos visto cómo se abrían dispositivos para hombres y se dejaban fuera a las mujeres.

Se han alterado todas las lógicas de la intervención social y de la intervención humanitaria. Parecía que había una lógica que forma parte del imaginario de cualquier crisis: las mujeres y los niños primero. Esa lógica se ha roto en Ceuta. ¿Cuál era el planteamiento? No vamos a acoger, no vamos a acompañar, no vamos a garantizar derechos; vamos a agotar a las personas para que regresen voluntariamente. Cuando han visto que esto no ha ocurrido es cuando se han inventado estos retornos voluntarios.

Esa gente que está volviendo, ¿de qué manera lo está haciendo?

Hay gente que se acerca tranquilamente por la carretera del Tarajal y llega a la zona de la playa. Allí hay una puerta que da acceso a la parte trasera de las dependencias de aduanas, donde hay una escalerita que baja a la playa del Tarajal, a la zona de seguridad. Por allí caminan hasta la valla, no al puesto fronterizo. En la valla hay una puerta de servicio para gestionarla, y la gente cruza esa puerta, que ahora mismo permanece abierta.

Esa gente retorna de modo voluntario, en el sentido de que nadie la ha llevado hasta la frontera y ha decidido regresar porque no se han cumplido sus expectativas, porque está agotada. Luego tenemos muchas personas, demasiadas, que son trasladadas. Una sola ya era mucho, pero estamos viendo contingentes de personas que llegan en coches policiales o, últimamente, en autobuses.

Los desalojados de las playas del Trampolín, del Guano y de Benítez han llegado hasta allí. Vemos cómo los autobuses paran en el puesto fronterizo, pero no se les devuelve por él: se les introduce en su interior y se les saca por otra puerta a un paso que hay en el polígono industrial del Tarajal. Se abre otra puerta de la valla y se les entrega a las autoridades marroquíes, o se les deja transitar hacia donde están las personas marroquíes.

Estamos viendo personas desalojadas de las playas que son trasladadas en coches de policía o en autobuses hasta el puesto fronterizo marroquí y se les devuelve por la puerta de atrás, custodiadas por policías. Eso no es un retorno voluntario.

Van custodiadas por policías...

Esas personas acuden custodiadas: hemos visto a dos policías nacionales delante, tres detrás y un coche policial. Eso no es un retorno voluntario. Sobre todo, queremos llamar la atención por el hecho de que no se está haciendo por el puesto fronterizo: no es un tránsito regular de fronteras bajo custodia. Cuando una persona es expulsada de España o regresa a su país voluntariamente porque tiene un permiso de residencia en España y transita hacia Marruecos o hacia Argelia, lo hace siempre por un puesto fronterizo. Entonces España sabe quién entra y quién sale.

Lo que no podemos hacer es abrir la puerta de atrás para echar a las personas, ni siquiera para consentir que se vayan voluntariamente, si es que tal cosa fuera real, porque esto es hacernos trampas al solitario. No podemos penalizar a la gente porque cruza la frontera irregularmente y luego nosotros —me refiero al Estado español— habilitar un paso fronterizo irregular. Esto lo hacemos única y exclusivamente porque, entre otras muchas causas, en el origen de esta crisis está que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta.

Esta es una de las muchas causas de la crisis. Llevamos años gestionando la frontera por la puerta de atrás, gestionando la frontera de facto, y estamos solucionando la crisis con la misma medicina que nos ha causado la infección. Por lo tanto, esto es un cierre en falso de la crisis.

Lo que ha ocurrido en Ceuta es el paradigma de cómo se usan el hambre y la violencia física como estrategia de guerra. El caso más dramático es el de las niñas, los niños y las mujeres víctimas de violencia sexual.

Desde la Coordinadora de Barrios ustedes han señalado que la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta tiene también razones geopolíticas, pero que eso, evidentemente, no despoja de derechos a las personas migrantes ni las convierte en proyectiles o armas, como algunos han dicho.

Tenemos que ser conscientes de que, tanto cuando hablamos de crisis geopolíticas como cuando hablamos de mafias, las víctimas de esta historia son las personas migrantes, las personas en movilidad. De una crisis se sale siempre con más derechos y con más Estado de derecho. Esa es la receta para una crisis de estas características. Pero, al haber atropellado los derechos de las personas migrantes, las estamos tratando exactamente de la misma manera que las ha tratado Marruecos o como las tratan las mafias: como pura mercancía. Por lo tanto, si queremos acabar con las mafias que se aprovechan de las personas y con esos tránsitos irregulares de personas utilizados por los Estados con sus intereses geopolíticos, lo que tenemos que hacer es dotar de derechos a estas personas y protegerlas.

No podemos olvidarnos de que, entre las personas que han cruzado, hay aproximadamente 5.000 en necesidad de protección internacional, y estas 5.000 personas no tienen hoy por hoy garantizado el acceso a la protección internacional en España. Por lo tanto, un Gobierno que se erige en baluarte del multilateralismo ha cometido atropellos contra el sistema internacional de derechos humanos como no los habíamos visto en mucho tiempo.

Después de conocerse que el juzgado de Ceuta ha admitido a trámite varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de agresiones por parte de militares, el Gobierno, a través de su delegado en Ceuta, ha publicado un vídeo para apoyar a los soldados desplegados en la ciudad autónoma. El representante ceutí del Ejecutivo, David de la Encina, ha visitado este martes la sede de la Comandancia General para transmitir “el reconocimiento del valor, entrega y dedicación” de los efectivos de las Fuerzas Armadas de la guarnición ceutí. “Gracias especialmente a la labor que están desarrollando diariamente en Ceuta en la situación de interés para la seguridad nacional”, ha recalcado.

El delegado del Gobierno en Ceuta ha mantenido un encuentro con el Comandante General en Ceuta, Luis Jesús Fernández Herrer Frente, en el que afirma haber transmitido “el apoyo del Gobierno” a las Fuerzas Armadas. Tras su visita, David de la Encina ha difundido un vídeo para enviar un mensaje de reconocimiento a todos los militares con base en la ciudad. “En este lugar tan emblemático de Ceuta y para mí tan importante, he venido a testimoniar el apoyo del Gobierno de España y mío humano hacia las Fuerzas Armadas”, ha expresado.

“Gracias por los siglos de dedicación a la seguridad de España y gracias especialmente a la labor que están desarrollando diariamente en Ceuta en la situación de interés para la seguridad nacional nuestras fuerzas armadas”, ha indicado. “Estamos muy tranquilos y muy seguros por contar con unos profesionales de la vocación, de la profesionalidad y de la entrega de los miembros de la guarnición de la Comandancia General de Ceuta”, ha añadido de la Encina, tras las múltiples denuncias registradas en los juzgados por migrantes que aseguran ser víctimas de palizas por parte de militares en la ciudad autónoma. https://www.eldiario.es/desalambre/juzgados-ceuta-investigan-denuncias-agresiones-militares_1_13598445.html

Su mensaje de apoyo también llega días después de la publicación en elDiario.es de varios audios en los que militares comentan entre risas supuestas agresiones y posibles torturas a las personas que permanecen en las calles ceutíes tras la entrada masiva de finales de julio. En el vídeo, el delegado no ha realizado mención alguna a las denuncias, únicamente se limita a mostrar su apoyo a los uniformados con base en el enclave español.

Varias denuncias en los juzgados

La Justicia de Ceuta está investigando casos de palizas de militares a migrantes a través de distintas vías. Diferentes juzgados ceutíes “están investigando” por separado varias denuncias de migrantes que aseguran haber sido víctimas de estas agresiones, según ha confimado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a elDiario.es. Por otro lado, la Fiscalía indica que se han incoado las primeras diligencias por parte del juzgado encargado de la investigación abierta tras la remisión del informe de Amnistía Internacional sobre posibles torturas a personas marroquíes por parte de soldados españoles, a lo que ahora se añadirán los audios publicados por elDiario.es.

Ahora el TSJA confirma a este medio que “existen varias denuncias en varios juzgados” de la localidad y que los hechos “se están investigando” por separado en cada uno de los casos. Esto implica que los procesos se encuentran abiertos, habiendo otorgado la autoridad judicial credibilidad a las reivindicaciones de las personas migrantes. Las fuentes del Tribunal ven complicado precisar por el momento el número de querellas, en una respuesta que desliza que no se trata de pocos casos.

“Sin guantes mola más”

En los audios, al menos tres miembros de las Fuerzas Armadas comentan algunas de sus actuaciones en Ceuta, describiendo supuestas agresiones propinadas a los migrantes: “Lo que pasa es que [pegar] sin guantes mola más. Sin guantes se escucha el 'plas'”, dice uno de los militares, imitando con énfasis el sonido de un tortazo.

Los soldados admiten en las grabaciones haber participado de manera directa o indirecta en agresiones contra personas migrantes que, según trasladan, no suponían una amenaza para la patrulla.  “El man no se ha dado cuenta, porque le hemos dicho ‘póngase detrás del vehículo’ y se ha puesto así…”, dice uno de los uniformados, cuyo relato de los hechos es completado por uno de sus compañeros: “Y se la he dado sin que se la espere. Porque lo he mirado a él… Y ¡pam!”, añade, enfatizando el golpe que había pillado desprevenido a uno de los migrantes, según sus propias palabras recogidas en la grabación. 

Decenas de migrantes llevan meses denunciando agresiones, palizas y tratos vejatorios por parte de uniformados en Ceuta. Además de sus testimonios, varios vídeos confirman parte de estos abusos. Este domingo, elDiario.es publicó una reconstrucción de una de las grabaciones difundidas en redes sociales, a través de entrevistas con los migrantes que aseguran haber resultado heridos en la intervención militar.

La Comandancia de Ceuta a la que el Gobierno ha expresado su apoyo está formada por el Grupo de Regulares de Ceuta número 54, el Tercio Duque de Alba º de La Legión, el Regimiento de Caballería Montesa número 3, el Regimiento Mixto de Artillería número 30, el Regimiento de Ingenieros número 7, la Unidad Logística número 23 y el Batallón de Cuartel General General.

Además de la guarnición de Ceuta, varios regimientos con base en otros puntos del país han sido movilizados a la ciudad autónoma tras la situación de interés de seguridad nacional declarada tras la llegada irregular de cerca de 80.000 personas por la frontera del Tarajal.