Otra concejala de Vox dimite en el municipio murciano de Las Torres de Cotillas. La responsable de Hacienda, Isabel María Zapata, ha presentado su dimisión dos semanas después de que se hiciera público que está siendo investigada por prevaricación administrativa. Tal y como adelantó este medio, la edila, junto a la de Festejos, presuntamente contrató de forma irregular más de 274.000 euros en las fiestas patronales de 2023 de la localidad.

Tras la publicación del caso el concejal de Vox de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Pablo Alberto Ruiz Sánchez, abandonó el partido de Abascal. El edil ha asegurado que alertó al partido del presunto caso de prevaricación, pero que le pidieron desde la dirección nacional que “no hiciera ruido” porque “había que terminar la legislatura”.

En sus redes sociales manifestó su “firme e inequívoca desvinculación respecto a los hechos que están siendo objeto de investigación judicial en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas”. De confirmarse el caso, Ruiz Sánchez subrayó que “estaríamos ante prácticas absolutamente incompatibles con los principios de legalidad, transparencia y buena gestión pública que deben regir a cualquier responsabilidad institucional”.

“Contratos de palabra”

La jueza apreció en la contratación de estas fiestas “características que permiten presumir la posible existencia de delito”. De acuerdo con la denuncia interpuesta por el PSOE de la localidad, los contratos, presuntamente, fueron hechos de palabra, sin dinero reservado para pagarlos y dividiéndolos para evitar la celebración de un concurso público y, así, adjudicarlos a dedo.

Para esquivar este posible escrutinio, los contratos fueron presuntamente fragmentados. De acuerdo con la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, un contrato menor de servicios, presupuestado por menos de 15.000 euros, se puede adjudicar por invitación, no es necesario que se licite. “A un mismo proveedor, por ejemplo, se le pagó presuntamente más de 150.000 a través de once contratos menores”, detalló el PSOE de las Torres de Cotillas. “Esos trabajos deberían haberse contratado juntos, pero se partieron en varios contratos pequeños, posiblemente para evitar controles y no tener que sacar el servicio a concurso público”.

El proceso extraordinario de regularización de migrantes ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre el Partido Popular y la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia. Este martes la Federación de Municipios, presidida por el popular Víctor López, y el representante del Ejecutivo estatal en la Comunidad, Francisco Lucas Ayala, han protagonizado un duro cruce de acusaciones. El encontronazo ha tenido lugar tras el grupo de trabajo entre los consistorios locales para abordar y mejorar la respuesta de los Servicios Sociales municipales en la gestión de los trámites de regularización.

El presidente de la Federación de Municipios ha abandonado de forma abrupta el encuentro, calificándolo de “una falta de respeto”: “Nos han puesto un PowerPoint para explicarnos el Real Decreto, cuando llevamos casi dos semanas aplicándolo y solucionando las dudas por nuestra cuenta”, ha lamentado al diario local La Verdad.

También ha afeado la ausencia de Lucas Ayala, aunque fuentes de Delegación han aclarado que debido a la naturaleza técnica de este encuentro asistieron la jefa de Extranjería y la secretaria general de la representación del Ejecutivo estatal en la Comunidad.

Por su parte el delegado del Gobierno ha defendido que las oficinas habilitadas están funcionando “con total normalidad”: “El sistema de citas previas y los refuerzos también están funcionando correctamente”, ha explicado.

Lucas Ayala ha apuntado a que en ayuntamientos socialistas de la Región, como Alhama de Murcia, el proceso de regularización se está llevando “sin ningún tipo de problemas”, mientras que los del Partido Popular “están boicoteando el proceso de regularización”.

“El proceso de regularización es un hito histórico y es un proceso de justicia necesario. Estamos hablando de conceder derechos y obligaciones a personas que ya viven y trabajan en la Región de Murcia”, ha subrayado el delegado.

Por último, ha invitado al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a demostrar “el verdadero cristianismo y humanidad”: “Siempre lo vemos cuando llegan las procesiones. Le emplazo a que se deje de confrontar y de utilizar este proceso de regularización y que se ponga a trabajar”.

El senador del PP por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha lanzado este lunes un mensaje al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de su cuenta de X. “En unas horas comenzamos la comisión de investigación del sistema ferroviario. Y no tengáis ninguna duda de que vamos a llegar hasta el final. Caiga quien caiga; toma nota, Puente. Buenos días y que tengáis una estupenda semana”, ha escrito y posteado a las seis de la mañana.

Lo sorprendente es que Bernabé no se ha limitado a escribir estas líneas a Puente y le ha hecho llegar el mensaje a través de un vídeo que se ha grabado al volante, mientras él mismo conducía. “Lunes 27 de abril, a las seis de la mañana, arrancamos motores y salimos rumbo a Madrid”, cuenta él mismo mirando a cámara.

El código de circulación, en su artículo 18, prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. El senador usa el manos libres, no lleva cascos, ni toca el móvil en ningún momento, por lo que no estaría cometiendo ninguna infracción, pero sí que retira por momentos la atención de la carretera durante los 18 segundos que dura la grabación.

Más polémicas

Francisco Bernabé ha estado rodeado de varias polémicas, especialmente durante su etapa como delegado del Gobierno en Murcia en 2017 y 2018, marcada por el conflicto del soterramiento de las vías del tren.

En ese contexto, fue muy criticado por su gestión de las protestas vecinales, que reclamaban el enterramiento total de las vías. Los enfrentamientos verbales en X -entonces Twitter-, la represión policial y las numerosas multas impuestas a los vecinos le dieron mala prensa en la capital murciana. En especial, trascendió una sanción en la que se recriminaba a un residente estar comiendo pipas y mirar de forma desafiante a la policía.

También en esos años surgió el apodo de 'Paco Uvas', después de que asegurara que al año siguiente se tomaría las uvas en el tren de alta velocidad, una promesa que no llegó a cumplirse en los plazos previstos y que fue utilizada de forma irónica por los manifestantes.

La portavoz de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha exigido en el pleno de control al Ejecutivo autonómico de este jueves explicaciones al consejero de Salud, Juan José Pedreño, a raíz del informe publicado por la Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad en el Cribado del Cáncer de Mama, “que evidencia retrasos diagnósticos en el programa de mamografías en la Región de Murcia”, denuncia Podemos en una nota de prensa.

“Señor Pedreño, en la Región el programa de cribado de cáncer de mama detecta la mitad de cánceres que en el resto de España. En caso de duda, se llevan a cabo la mitad de ecografías y otras pruebas complementarias que la media de todo el país, y desconocemos el número de biopsias que se realizan, porque los datos se ocultan”, ha enumerado la portavoz, exponiendo una serie de datos que vienen reflejados en el informe.

Marín ha puesto el foco durante su intervención, asimismo, en la situación, a su juicio, “más grave”: que en la comunidad murciana se detectan tres veces más cánceres de intervalo —aquellos que no son detectados en el cribado y que dan la cara meses después— que en el resto de España. “Y sabemos por qué sucede esto”, ha evidenciado. “Porque el Servicio Murciano de Salud ha externalizado el programa de cribado por un precio cerrado, un sistema que no incentiva la realización de exploraciones adicionales porque no son rentables para la sanidad privada”.

“Estamos hablando de centenares de mujeres que podrían estar siendo diagnosticadas de su cáncer con retraso”, ha proseguido Marín. El informe publicado el miércoles constata que hasta 180 mujeres podrían haber sido diagnosticadas de forma más precoz en la última década.

La portavoz ha exigido la dimisión inmediata de Pedreño, después de que éste haya respondido, sin hacer referencia a ninguna estadística, que “el programa se ajusta a los procedimientos establecidos por el Ministerio de Sanidad y la Comisión Europea de Salud”, y le ha instado a “traer datos que contradigan este informe” a la Asamblea y a “presentarlos inmediatamente”.

“Hace meses denuncié mi propia experiencia y usted vino a decir que las mujeres afectadas que nos atrevemos a denunciar algo tan íntimo lo hacemos por intereses ocultos. En el PP me llamaron oportunista. Hoy tenemos todos los datos que ustedes han ocultado”, ha añadido Marín.

“Le aseguro que no voy a descansar hasta que la Comunidad Autónoma reconozca toda la verdad y dimita hasta el último responsable. Con las vidas de las mujeres de la Región de Murcia no se juega”, ha concluido.

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) registrará este miércoles a las 11:00 en la Asamblea Regional un comunicado respaldado por más de 1.300 firmas contra las declaraciones del diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, quien llamó a combatir “incluso con la violencia” derechos como el aborto y la eutanasia.

La iniciativa cuenta con el apoyo de más de un centenar de organizaciones feministas, sindicales y sociales, junto a más de mil adhesiones individuales procedentes de distintos puntos del país, evidenciando una respuesta amplia y transversal frente a lo que consideran una grave deriva del discurso político institucional.

La AFRM entregará el documento a todos los grupos parlamentarios y ha solicitado que la Comisión del Estatuto del Diputado analice si estas declaraciones vulneran el Código ético de la Cámara.

Desde la organización feminista subrayan que las explicaciones posteriores del diputado, en las que afirma que no se refería a violencia física sino a una “resistencia cultural”, no solo “no corrigen lo sucedido”, sino que “lo agravan”, al introducir la violencia como “concepto legítimo” en el debate político.

Cruzar una línea roja democrática

“Cuando se habla de violencia desde una institución, se cruza una línea roja democrática”, advierten.

Para la AFRM, este episodio no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia que “normaliza discursos incompatibles” con el Estado de derecho.

La organización hace un llamamiento a las instituciones a actuar y recuerda que “los derechos deben defenderse cada día, porque pueden retroceder”.

El proceso de adhesión sigue abierto en este link.

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia (AFRM) ha denunciado con “absoluta firmeza” las declaraciones realizadas en la sesión del Pleno de la Asamblea Regional el pasado 15 de abril por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, quien llamó a combatir “incluso con la violencia” derechos fundamentales como el aborto y la eutanasia. Lo hizo durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

Desde la AFRM han subrayado que “no se trata de un exceso verbal ni de una mala interpretación, sino de un hecho de especial gravedad institucional, al introducir la violencia como categoría en el discurso político desde la tribuna parlamentaria”.

Asimismo, la organización feminista considera que las posteriores declaraciones del diputado, en las que afirma que no se refería a violencia física sino a una “resistencia firme” en el ámbito de las ideas, no solo no corrigen lo sucedido, sino que “lo agravan”, al banalizar el uso del término violencia y contribuir a su normalización en el debate político.

Rechazo al intento de justificación

La AFRM también rechaza el intento de justificar estas palabras apelando a una supuesta “violencia institucional” o al contexto de polarización política. A su juicio, este tipo de argumentos desplazan la responsabilidad y forman parte de una estrategia que legitima “posiciones antidemocráticas”.

“Nombrar la violencia desde una institución es cruzar una línea roja democrática”, señalan desde la Asamblea Feminista, que advierte del riesgo de deterioro del debate público y de erosión de las instituciones.

En este sentido, la asociació feminista recuerda que los derechos como el aborto y la eutanasia “han sido aprobados democráticamente y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”.

Una “condena expresa” en la Asamblea Regional

Por todo ello, la Asamblea Feminista de la Región de Murcia exige que el diputado rectifique inmediatamente los términos “inequívocos” del diputado, al tiempo que pide una “condena expresa” por parte de todas las fuerzas políticas y la reafirmación institucional del rechazo “a cualquier forma de violencia” en el ámbito político.

También demandan que se active el Estado de derecho frente a “cualquier intento de degradación institucional” y que la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional evalúe si esta intervención se ajusta al código ético vigente en la Cámara.

Además, la AFRM ha abierto un proceso de recogida de adhesiones al comunicado, dirigido a organizaciones, colectivos, instituciones y personas individuales.

Finalmente, la Asamblea Feminista hace un llamamiento a la ciudadanía a “no normalizar este tipo de discursos y a defender activamente la democracia”. “Las feministas sabemos bien —como afirmamos con fuerza en Beijing +20— que los derechos hay que garantizarlos y lucharlos cada día, porque pueden ser amenazados o revertidos”, concluyen.

El juzgado de Instrucción de Molina de Segura ha abierto diligencias previas contra dos concejalas de Vox del municipio murciano de Las Torres de Cotillas por prevaricación administrativa. En concreto, se les va a investigar por la presunta contratación irregular de más de 274.000 euros en las fiestas patronales de 2023.

La jueza aprecia en la contratación de estas fiestas “características que permiten presumir la posible existencia de delito”. De acuerdo con la denuncia interpuesta por el PSOE de la localidad, a la que ha tenido acceso este diario, los contratos, presuntamente, fueron hechos de palabra, sin dinero reservado para pagarlos y dividiéndolos para evitar la celebración de un concurso público y, así, adjudicarlos a dedo.

Para esquivar este posible escrutinio, los contratos fueron presuntamente fragmentados. De acuerdo con la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, un contrato menor de servicios, presupuestado por menos de 15.000 euros, se puede adjudicar por invitación, no es necesario que se licite. “A un mismo proveedor, por ejemplo, se le pagó presuntamente más de 150.000 a través de once contratos menores”, detalla el PSOE de las Torres de Cotillas. “Esos trabajos deberían haberse contratado juntos, pero se partieron en varios contratos pequeños, posiblemente para evitar controles y no tener que sacar el servicio a concurso público”.

Otra posible fórmula para no someter las contrataciones a concurso se hizo mediante contratos de exclusividad. Según la ley de Contratos del Sector Público, este tipo de procedimiento negociado sin publicidad solo puede cerrarse bajo tres supuestos: “Que el contrato tenga por objeto una (...) actuación artística única; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial”, detalla la norma. “Ese mismo año el ayuntamiento cerró un concierto con Bertín Osborne, tiene sentido que sea con exclusividad. Lo que no es normal es que la contratación de un escenario también sea con exclusividad”, explica el PSOE torreño.

“Nulidad absoluta de las contrataciones”

“[Las concejalas] materializan este tipo de contratación fraudulenta con el perjuicio que este hecho ocasiona a otras empresas del sector que, de haber actuado por el procedimiento adecuado, podrían haber sido adjudicatarios de la contratación, dándose por ello y por la absoluta falta del procedimiento adecuado el supuesto de nulidad absoluta de las contrataciones”, se detalla en la denuncia.

Fueron las primeras fiestas que celebró el gobierno de PP y Vox, constituido después de cerrar un acuerdo de gobierno tras las elecciones municipales de ese año. En total, costaron al erario público casi 700.000 euros, siendo Las Torres un municipio que cuenta con un presupuesto total de casi 20 millones de euros. Según los socialistas, lo contratado de forma presuntamente irregular tuvo que pagarse con remanentes de superávit de años anteriores.

Exconcejalas del PP

Isabel María Zapata asumió la cartera de Hacienda en Las Torres de Cotillas en 2023, al tiempo que fue nombrada primera teniente de alcalde de este municipio murciano. Por su parte, Amalia Pérez Baño se hizo con la cartera de festejos. Tras interponer la denuncia, los socialistas pidieron la reprobación y dimisión de ambas concejalas en enero de 2024, aunque Pérez Baño no abandonaría la concejalía hasta abril. A causa de una reordenación de competencias del consistorio, esta concejala fue trasladada a la concejalía de Barrios y Pedanías, Edificios Públicos y Transparencia.

Antes de integrarse en las filas de Vox, ambas concejalas habían presentado su dimisión como edilas del PP en Las Torres de Cotillas. Paradójicamente, abandonaron sus cargos como protesta por el hecho de que Yolanda Muñoz, expresidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, encabezara la gestora local del partido mientras estaba siendo investigada por una presunta trama de corrupción en el Puerto.

Este medio ha intentado ponerse en contacto sin éxito con la concejala Isabel María Zapata. Por su parte, Pérez Baño se ha negado a responder las preguntas realizadas por este periódico.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado hoy en el Pleno de la Asamblea Regional que su Ejecutivo va a asumir el coste de la cuota de los autónomos durante los dos primeros meses de baja médica por enfermedad o accidente, a través de una ayuda directa que podrá alcanzar los 700 euros por beneficiario. Esta medida dará cobertura al conjunto de los 106.370 autónomos de la Región de Murcia, la cifra más alta de toda la serie histórica.

“Gracias a las ayudas del Gobierno de la Región de Murcia, los autónomos se van a poder poner enfermos”, subrayó López Miras, quien añadió que “ésta es una iniciativa justa y, además, que les protege en un momento de vulnerabilidad. Mientras unos persiguen a los que crean empleo, riqueza y oportunidades, otros trabajamos para hacer su día a día más fácil”.

López Miras añadió que “es una medida que atiende una preocupación real de los autónomos: la de quienes tienen que parar su actividad por una baja. Hasta ahora, esos autónomos tenían que seguir pagando su cuota durante los dos primeros meses sin ingresos, aunque su negocio no funcionase”.

Para poner en marcha esta iniciativa, el Gobierno de la Región de Murcia destinará una partida de dos millones de euros a través de una convocatoria que está ultimándose y que se publicará en las próximas semanas. 

El anuncio coincide con el Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra cada 16 de abril para reconocer y fomentar el espíritu emprendedor, la innovación y la creación de empresas como motores económicos.

El presidente resaltó que esta iniciativa se enmarca en la política del Gobierno regional de acompañamiento y generación de oportunidades para los trabajadores por cuenta propia, que ha permitido batir el récord de autónomos con un crecimiento superior al experimentado de media en España.

En este sentido, López Miras recordó el “éxito” de medidas autonómicas como la Cuota Cero Ampliada, que cubre los dos primeros años de cotización de nuevos autónomos y de la que se han beneficiado más de 3.300 personas desde 2025, así como los 2,7 millones de euros destinados a apoyar específicamente a los autónomos del comercio. 

Además, el máximo responsable regional avanzó que su Ejecutivo tiene ya ultimada la segunda Estrategia del Trabajo Autónomo, con el objetivo de alcanzar el umbral de los 111.000 autónomos en el año 2029.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha llamado este miércoles a combatir “incluso con violencia” la “aberración moral del aborto y la eutanasia”. Lo ha dicho durante el debate de una moción del PP en la que se exige al Gobierno una Ley de Cuidados Paliativos que no ha prosperado.

El político se ha preguntado “¿cómo puede el PP pensar que el Gobierno socialista, que quiere meter la cultura de la muerte en la Constitución, va a regular los cuidados paliativos a su gusto?”. Martínez Nieto, que no es la primera polémica que protagoniza en la Asamblea regional, se ha negado a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez “una ley para convertir los cuidados paliativos en un refuerzo de la eutanasia”.

“Tenemos el deber de combatir, incluso con violencia, la aberración moral del aborto y la eutanasia”, ha dicho tras hacer referencia al médico británico John Langdon Down, quien describió por primera vez el síndrome de Down. “Una verdadera civilización no se juzga por su poder o su tecnología, sino por su trato hacia los débiles que no pueden defenderse”, ha citado el diputado.

El político de ultraderecha ya ha protagonizado otras polémicas en la cámara regional. En febrero de 2025 calificó de “pepona travestida” a la ley LGTBI y dijo que solo hay que celebrar el 'Orgullo agrario'. Y unos meses antes, Un diputado de Vox en Murcia afirma que la pobreza está “alimentada por la ideología del parasitismo social”.

A 24 horas de la última dimisión en el grupo de Vox en el Parlamento murciano, la de la diputada Virginia Martínez, el expresidente de la ultraderecha en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha dejado abierta la posibilidad de que haya “nuevas fugas” en la formación, “tanto de concejales como de diputados”. Tras la incorporación de Virginia Martínez al Grupo Mixto, que comparten con los diputados de Podemos Izquierda Unida-Verdes, los ex de Vox suman dos miembros.

“Ahora mismo”, ha apuntado Antelo en declaraciones a los medios de comunicación, las fuerzas en el Grupo Mixto están equilibradas, “hay un empate, y tendrá que dirimir la Mesa de la Asamblea” cómo actuar a partir de ahora. “Voy a velar por mis intereses y los de Virginia, para tener la máxima posibilidad de dirigirme a los ciudadanos”. Sin embargo, ha esbozado, “aunque ahora somos cuatro, pero puede que en el futuro seamos más”, ha insistido.

Sobre su compañera Virginia Martínez, ha presumido Antelo, “es una de las mejores parlamentarias de la Asamblea, de las más duras con la inmigración irregular; yo mismo fui a buscarla a Londres, donde trabajaba en el sector finaciero con un jugoso salario, que dejó atrás para entrar en política porque creía que se podían cambiar las cosas y veía una alternativa en Vox”. Un partido, ha defendido, “cuya cúpula está absolutamente denostada”. Martínez, ha recalcado, “ha sido de las personas más contundentes contra el problema de la inmigración irregular en nuestras calles”.

Vox, “una S.L. más que un partido”

En opinión de Antelo, que ha comparecido ante los medios a las puertas de la Asamblea esta mañana, Vox “parece más un S.L. que actúa en beneficio propio que un partido con interés en cambiar las cosas y es urgente que se convoque un congreso, no se puede dejar al partido en la deriva en la que se encuentra en la Región de Murcia”. Vox, ha continuado, “se presentó a las elecciones enarbolando la bandera de la meritocracia y vemos que en el Ayuntamiento de Murcia se colocan a novias, en Águilas a nueras o al portavoz de Águilas en el Ayuntamiento de Cartagena como asesor”, aludiendo a las recientes polémicas por las contrataciones o nombramientos de personal de confianza del partido tras la salida de Antelo de la formación.

“Si sigue sin haber autocrítica y rectificación por parte de Vox, entiendo que puede haber personas que quieran impulsar otro proyecto”, ha esbozado, aunque “eso no quiere decir que yo vaya a estar en él”.

“Parece que la cúpula quiera a personas sumisas y dependientes, con un perfil bajo”, ha dicho el expresidente de Vox, quien ha asegurado que en el Grupo Mixto seguirá velando por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el PP a cambio de su apoyo a los presupuestos.

“El PP lo tendrá más fácil con Vox que con nosotros”

En cuanto a la nueva configuración de la Asamblea, ha considerado Antelo, el PP va a tener más fácil negociar con Vox “que con nosotros, y me remito a los hechos porque Vox acaba de firmar que los centros de menores extranjeros no se desplacen a las afueras o que a los tres años reciban pagas”. Y ha rematado que “las pagas son para los nacionales y los menas (menores extranjeros) tienen que ir a Marraquech; no hemos venido a engañar a nadie y vamos a defender nuestro proyecto”.

Aun así, ha concedido, “yo estoy suspendido cautelarmente y votaré siempre a favor de los intereses de la Región de Murcia, si las iniciativas son correctas, las apoyaré”. Antelo ha exigido que se lleve ya a la Asamblea la reforma del Mar Menor, registrada hace meses, y se ha preguntado “por qué no se lleva a debate si es parte del acuerdo presupuestario”.

Por último, ha lamentado que en la Región de Murcia se haya “desmantelado” el partido, “el único lugar de España donde Vox podía ganar las elecciones, al menos hace un par de meses”.

El Parlamento murciano bien podría ilustrar el 'eterno retorno' de Nietzsche: la vida y sus acontecimientos se repiten infinitamente de la misma manera. De esta forma, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se ha ido encontrando con distintos 'díscolos' de Vox y de Ciudadanos con los que cincelar una mayoría absoluta que no ha obtenido en las urnas. Los líderes son reemplazables, pero los escaños son insustituibles, y en estos momentos Vox cuenta en la Región de Murcia con dos asientos menos. La salida del partido de extrema derecha por parte de la diputada Virginia Martínez puede suponer un descalabro mayor para los de Abascal que el cese de su antiguo presidente provincial, José Ángel Antelo. Tras su decisión el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitará el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos. Con las nuevas cuentas, Vox ha pasado de ser el mal necesario del Partido Popular.

La dimisión de Virginia Martínez se veía venir desde que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario: “Ha aprovechado para marcharse la ola de dimisiones que ha habido primero en Torre Pacheco y Cartagena”, apunta el politólogo y codirector del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), Ismael Crespo.

Martínez llegó a Murcia de manos de Ortega-Smith: “nadie la conocía en la Región”. Sabe cómo hacerse con el foco político: en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia y causó un gran revuelo en los medios. La describen como “tremendamente ambiciosa”.

En la carta que escribió para explicar su abandono del grupo parlamentario de Vox, la diputada expuso su desengaño de “un partido que venía a cambiar la política tradicional de redes clientelares”. Antiguos dirigentes del partido se muestran críticos con su antigua formación: “Después de predicar la meritocracia, al final esta va de colocar a la nuera o a la novia”.

“Estas gotas de agua que van cayendo sugieren que hay alguien detrás marcando los tiempos para desgastar al partido”, opina una fuente próxima a Vox. En el entorno de la formación creen que existen posibilidades de que surjan nuevas iniciativas en torno a Iván Espinosa de los Monteros, por un lado, o a Javier Ortega-Smith y Juan García-Gallardo y que la dimisión de Martínez sea parte de esta estrategia. “Otra posibilidad es que se integren en SALF o negocie para entrar en el PP, que está buscando una imagen más dura”. “Todas las opciones están encima de la mesa. [...] En España Vox tiene mil fuegos y llega un momento en que cuando todo se repite, se ve un patrón”, señalan otros.

Con esta nueva configuración parlamentaria, se le abre al Ejecutivo la posibilidad de ver aprobadas medidas clave, como la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno. La dimisión de Martínez llega en un momento “muy oportuno” para el PP, apunta el diputado por Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos: “Si la Ley se aprueba después de estar atascada desde enero, tendremos la prueba de algodón de que ha tenido lugar una operación por parte del Partido Popular para lograr los votos que le faltan”. 

No es la primera vez que al Partido Popular le caen votos del cielo en el seno de la Asamblea Regional. En el año 2021, una moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos amenazó la continuidad del gobierno popular. Pero tres diputados tránsfugas del partido naranja dinamitaron la moción, pasando a formar parte del Ejecutivo murciano: “Al menos Antelo, si quiere seguir en política, va a negociar”, ha señalado Crespo. “Tengo mis dudas sobre qué rédito puede sacar Antelo. Está en una situación comprometida, ni es un gran activo político ni tiene una experiencia estupenda. No tengo muy claro qué puede aportar al PP tras las elecciones autonómicas del 2027”, ha añadido el politólogo.

Queda por ver qué hará el Partido Popular ante estos potenciales socios de gobierno: “Puede pactar con los ex de Vox y sacarlo todo adelante, demostrar que pueden gobernar. También existe la posibilidad de que se mantengan en su parálisis habitual y continúen intentando pactar con Vox”, ha enumerado Crespo, que recuerda que los populares aún tienen pendiente las negociaciones con los de Abascal para formar gobierno en Extremadura. En el caso de que Antelo y Martínez estén considerando sumarse a alguna iniciativa, “van a enrocarse más que nunca en las ideas”, opinan desde el entorno de Vox.

Por su parte, Crespo no descarta que hayan podido influir factores interpersonales: “Con la salida de Antelo, Vox se ha quedado sin referente institucional. Pancorbo es el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, por otro lado, el líder parlamentario ha pasado a ser Alpañez, y es sabido que no es un individuo que genere consenso ni siguiera dentro de su grupo”.

“Vox es un partido extremadamente autoritario en sus formas y en su estructura, se dirige absolutamente todo a Madrid, los diputados realmente no pintan nada. Creo que puede despertar cierta frustración cuando alguien ajeno a la política entra a un proyecto y le dicen que solo está para que levanten la mano en las votaciones”, observa Crespo. “A veces vemos la política como una sucesión de cuestiones lógicas, pero en el fondo todos somos humanos. La dinámica del día a día puede llevarnos a decidir en un momento dado sin pensar tanto en cuestiones tácticas o estratégicas”.

El espejo de los díscolos de Vox

No es la primera vez que Vox se encuentra en esta situación. La formación politica sufrió un terremoto político similar en junio de 2020, cuando expulsó del partido a tres de sus cuatro diputados autonómicos de la Asamblea Regional de Murcia -Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera-, después de que estos quitasen de la titularidad de las cuentas de su grupo parlamentario a dirigentes nacionales como Ortega Smith y despidieran a cuatro trabajadores del grupo parlamentario.

En 2022 Abascal forzó la disolución del grupo parlamentario en la Asamblea Regional y Juan José Liarte, Francisco Carrera, Mabel Campuzano y Pascual Salvador acabaron en el Grupo Mixto. López Miras supo cabalgar la crisis y consiguió acercar a 'los díscolos de Vox' a sus posiciones. “Se trata de una geometría perfecta”, apunta una fuente próxima al partido de extrema derecha. “Vox quería gente de perfil alto, pero manipulables. Y el problema es que, esencialmente, son dos cosas contradictorias. Ahora, ya, buscan a gente dependiente”, añade.

Estos tres diputados permanecieron en su escaño hasta las elecciones de 2023, llegando incluso a asumir la cartera de la consejería de Educación en el año 2021 tras la moción de censura fallida presentada por PSOE y Ciudadanos. Antelo y Martínez no tienen tanto tiempo, puesto que los próximos comicios autonómicos están fechados para 2027. Pero, como los díscolos, conservan sus escaños como herramienta negociadora como el PP.

Qué ocurre con el Grupo Mixto

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

Por el momento, Álvarez-Castellanos reconoce que la nueva configuración en el Grupo Mixto pone a IU-Verdes y a Podemos en una situación “compleja”: “A priori todo apunta que va a ser una situación de 50-50, un bloqueo que habrá que desatascar de alguna forma”.

Queda en el aire el papel que tomará Martínez dentro del Grupo Mixto: “Hasta el momento llevamos cinco plenos en los cuales Antelo no ha dicho esta boca mía, no ha pedido intervenir absolutamente para nada. Virginia [Martínez] no sé lo que hará, pero mi impresión es que no la veo muy por la labor de desarrollar una labor furiosa de desarrollo de iniciativas”

“No podemos descartar que esto vaya a ser algo más que que una división del grupo parlamentario Vox y que estén pensando [los ex de Vox] en formar otra formación política de cara al futuro. Si se da el caso, probablemente intervendrán más”, ha concluído el diputado de IU-Verdes.

El electorado murciano

La crisis de Vox, aunque ha hecho temblar a la composición parlamentaria, posiblemente no se haga notar en las urnas: “Al 60% del electorado murciano no le interesa la política, ni nacional ni regional. El otro 40% se maneja en ecosistemas informativos bastante segmentados. Posiblemente, una buena parte del electorado no se va a enterar; no creo que impacte mucho”, explica Crespo.

“Sí es posible que la crisis esté afectando a la idea de que Vox es un partido virgen [de escándalos] como parecía”, añade.

Las dimisiones en Vox en la Región de Murcia llegan por goteo, pero llegan. Este martes ha dimitido la diputada regional Virginia Martínez, tras sentirse “profundamente decepcionada” con el rumbo de la dirección del partido. De este modo, Martínez pasa a formar parte del Grupo Mixto junto al antiguo líder de Vox, el ya cesado José Ángel Antelo.

Tras esta decisión, el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitaría el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos y Vox perdería su papel decisivo en el Parlamento regional.

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

“Nos encontramos actualmente con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento”, ha denunciado Martínez.

La diputada fue la única que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario. Pese a su abstención, el partido no movilizó su expulsión: “Está en tierra de nadie”, definieron fuentes cercanas a Vox tras la votación.

A su salida, Martínez ha censurado la gestión de la actual dirección del partido. De acuerdo con la ex de Vox, el partido tiene múltiples “satélites” distribuidos por el país para ejercer su influencia: “Medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una fundación -Disenso- a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación -ISSEP-, que vive de la formación interna”. Todo ello, detalla “pagado con el dinero de los afiliados y con la financiación pública que se recibe a nivel nacional, autonómico y municipal”.

“Los ciudadanos votaron a Vox para que cerrásemos los centros de menas, no para que los abriésemos a las afueras; votaron a Vox para que cerrásemos las televisiones autonómicas, no para que nuestro director de comunicación cobrase un sueldo de una de ellas; votaron a Vox para que frenásemos la inmigración ilegal, no para que cobrasen ayudas a los tres años de haber llegado, y votaron a Vox por ser el único partido verdaderamente liberal en lo económico, no un partido estatalista”, ha defendido Martínez.

A su juicio, “la deriva ideológica reciente y los pactos mal gestionados están dando pie a acuerdos que no son reconocibles por aquellos que nos han votado”. Por ello, ha decidido “dar un paso a un lado y esperar que el partido se recomponga, ya que seguir en él sería avalar las malas actuaciones de unos pocos con mi silencio”.

Cuando la Asamblea Regional admita el traslado de Martínez al grupo Mixto, el PP podría contar con los dos votos de los exdiputados de Vox, lo que le permitiría sacar adelante diversos proyectos, entre ellos la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno.

La diputada del burka

No es la primera vez que esta diputada protagoniza el foco político. Cuando formaba parte de Vox, en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia. Una acción censurada a izquierda y derecha del hemiciclo: “Una cosa es combatir la opresión y otra muy distinta es convertir a cualquier mujer que lleva un velo en un problema de orden público”, opinó tras lo ocurrido el portavoz del PP, Joaquín Segado.

Dina Najim, la joven palestina de 25 años atrapada en Gaza junto a sus dos hijos mientras el resto de su familia espera en Murcia, tiene por fin una fecha en el horizonte. La Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior ha aprobado el expediente de extensión familiar de protección internacional presentado por su padre, Walid Mahmoud Nijim, que ampara también a los menores Omar y Abdelrahman. El expediente será ratificado por la Comisión correspondiente el próximo 7 de mayo, tras lo cual Dina y sus hijos podrán abandonar la Franja de Gaza e ingresar en España.

La historia de Dina es la de una familia disgregada por la guerra. Tal y como publicó elDiario.es el pasado mes de agosto, los Najim fueron saliendo de Gaza de forma paulatina durante años hasta que todos lograron instalarse en la Región de Murcia, a excepción de Dina, que se había quedado allí al casarse. Su marido, Belal, fue asesinado en un bombardeo israelí antes de que la familia pudiera completar los trámites para salir. Desde entonces, Dina ha seguido esperando en Nuseirat, cocinando al fuego ante la falta de gas, mientras sus hijos crecían entre escombros.

La resolución llega después de un proceso descrito por fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia como “muy complejo”. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, se habría implicado personalmente en el caso desde el principio, actuando como interlocutor entre la familia y el Ministerio de Interior para desbloquear un expediente que acumulaba meses de espera.

Con la aprobación del asilo, Dina y sus hijos cuentan ya con la cobertura legal necesaria para abandonar Gaza y entrar en territorio español. La Comisión del 7 de mayo dará carácter definitivo a esa autorización.

Hay diferentes tipos de corrimientos de tierras: deslizamientos lentos, en los que el suelo se mueve de forma casi imperceptible, mientras que, en otras ocasiones, se produce la caída de rocas, fragmentos de una ladera que se desprenden a mucha velocidad. Cuando ambas situaciones confluyen, como es el caso de Cartagena, se avista la posibilidad de una moción de censura. La expulsión forzada del antiguo líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, primero como presidente provincial del partido y después como portavoz del Parlamento murciano, hace casi un mes se sobrepone a las tensiones internas existentes en la coalición de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de esta localidad. De hecho, quien fuera vicealcalde de la ciudad portuaria, Diego Salinas, se solidarizó con la expulsión de Antelo de inmediato y se dio de baja de la formación ultra, mientras que su mano derecha, Beatriz Sánchez del Álamo, lo hizo ayer.

Si al asumir el bastón de mando en 2023, la alcaldesa popular de Cartagena, Noelia Arroyo, quiso gobernar una “legislatura del consenso” y tentó un gobierno minoría, enseguida se coaligó con Vox buscando la tan ansiada “estabilidad”, cuestión que vuelve a quedar en entredicha en estos momentos. Aunque este miércoles, Arroyo quiso circunscribir lo sucedido en Cartagena a una “crisis interna” de Vox, también se vio obligada a reconocer que no era una situación “cómoda”.

No dudó Arroyo en expresar de forma contundente su confianza en los cuatro ediles que sostienen la mayoría necesaria para formar gobierno -los dos que permanecen fieles a Vox y los dos que no, que se suman a los 10 concejales del PP-, pero lo cierto es que los movimientos de tierra también se sintieron en el pleno celebrado en la ciudad portuaria este miércoles y tanto Salinas como Sánchez del Álamo se sentaron al final de la bancada. La confianza tampoco parece tanta cuando la alcaldesa de Cartagena y responsable de la cartera de Turismo le pidió cuentas en mayo del año pasado a la delegada de la consejería, la propia Sánchez del Álamo, por impulsar la celebración de las Fallas en este municipio murciano, tal y como recogió en su momento el diario local La Opinión.

Tras convertirse Salinas en un concejal no adscrito y Gonzalo López Pretel le sustituyera como nuevo primer teniente de alcalde de la localidad portuaria, Sánchez del Álamo vio incrementadas sus responsabilidades y asumió las competencias de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica y Transparencia para poder entrar en Junta de Gobierno. Con ello, también vio un aumento salarial de 12.000 euros.

“Mercado persa”

Manolo Torres, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena, cree que Arroyo ha convertido el consistorio en un “mercado persa”, mientras que Vox se vislumbra como un partido “en descomposición”. El PSOE de la localidad se enfrenta a una situación complicada, ya que en 2019 se vio obligado a expulsar a seis concejales por rubricar un pacto de gobierno secreto con el Partido Popular y Ciudadanos.

“Para nosotros hoy [por ayer] no cambia nada”, señaló el líder del partido cartegenerista Movimiento Ciudadano (MC), Jesús Giménez Gallo, a este periódico. MC obtuvo se hizo con ocho concejales, aunque en la Junta de Gobierno cuenta con siete, ya que María Dolores Ruiz decidió apartarse del partido. Gallo reconoce que en enero de 2025 se produjo un conato de moción de censura en Cartagena: “Entonces nos buscó Vox”.

Tanto Giménez Gallo como Torres apuntan al “nerviosismo” que se percibe en el mundo político de la ciudad portuaria en esta semana de “pasión, muerte, y resurrección”. Ambos señalan la doble crisis que afronta la localidad portuaria, ya que indican a la subida de 10 de millones de déficit.

Crisis en Torre Pacheco

Estos últimos días también han abandonado Vox tres ediles de Torre Pacheco, entre ellos quien fuera vicepresidente del comité nacional de Garantías y exportavoz de la formación en el municipio, José Garre, tras decidir en el pleno del pasado jueves su entrada en el gobierno local, desoyendo directrices nacionales. Su incorporación en el ejecutivo del Partido Popular abre un nuevo frente de inestabilidad en la formación, evidenciando las dificultades de la dirección nacional para mantener la cohesión interna en uno de los municipios donde más se votó a la formación ultra en las elecciones generales de noviembre de 2019 y donde el pasado julio se produjeron disturbios racistas tras la agresión a un vecino.

La rápida integración de los exediles en el ejecutivo local, con la asignación de áreas de gestión relevantes, apunta a una operación política consolidada. Mientras que Garre tendrá la responsabilidad de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías; las exconcejalas de Vox Ana Belén Martínez López y Josefa Guillén se harán cargo, respectivamente, de Política Social y Transparencia, y de Sanidad y Medio Ambiente.

Por otra parte, se ha desmoronado el relato oficial de Vox sobre la salida de Garre en Torre Pacheco. Si hace apenas unos días la formación exigía el acta de concejal a Garre bajo la acusación de haber recibido 16.000 euros en transferencias “sin justificar”, una serie de mensajes de WhatsApp revelados por La Opinión de Murcia demuestran que la cúpula nacional de la formación ultraderechista no solo conocía esos pagos, sino que también los habría validado.

La concejala Merche Meroño, que se mantiene fiel a la formación, por su parte ha calificado el pacto con el PP como un “robo de acta” y una “traición al mandato de los votantes”. Meroño elevó el tono al asegurar que el acuerdo responde a intereses económicos, señalando que el sueldo de Garre pasará de 20.500 a 33.000 euros, mientras que el del alcalde popular subirá hasta los 56.000 euros.

También los doce integrantes del grupo municipal de Vox de Totana abandonaron al completo el partido tras la defenestración de Antelo.

El relato oficial de Vox sobre la salida de José Francisco Garre en Torre Pacheco se desmorona. Si hace apenas unos días la formación exigía el acta de concejal a Garre bajo la acusación de haber recibido 16.000 euros en transferencias “sin justificar”, una serie de mensajes de WhatsApp revelados por La Opinión de Murcia demuestran que la cúpula nacional de la formación ultraderechista no solo conocía esos pagos, sino que también los habría validado.

La dirección nacional de Vox, a través de la vicesecretaria de Acción de Gobierno, Montserrat Lluis, recibió el pasado 4 de marzo hasta diez capturas de pantalla que acreditaban que el Grupo Parlamentario estaba al tanto de cada euro transferido a Garre, quien además de concejal en Torre Pacheco había sido el número dos del Comité de Garantías del partido a nivel nacional. En esos mensajes, el propio Garre detallaba que los ingresos correspondían a trabajos jurídicos realizados desde 2020, cuando el partido carecía de estructura y él asumía en solitario la asesoría de numerosos municipios y procesos internos.

A pesar de que Lluis agradeció el envío de la documentación y que los pagos estaban acordados con figuras de peso como Rubén Martínez Alpañez (actual portavoz parlamentario tras la expulsión de José Ángel Antelo), Vox decidió lanzar públicamente la acusación de irregularidades económicas solo después de que Garre rompiera con el partido, junto a las ediles Ana Belén Martínez y Maria José Guillén, para formar gobierno con el PP en Torre Pacheco. Un pacto, justificado por Garre, que buscaba “desbloquear servicios esenciales, como limpieza y agua”, los cuales, según los concejales, estaban paralizados ante la falta de un equipo de gobierno sólido.

La cronología de los mensajes reforzaría la versión aportada por Garre, quien califica la actitud de su antiguo partido como una estrategia de “amedrentamiento”. Según el concejal, Vox estaba buscando un mecanismo de presión para evitar que explorara acuerdos de gobierno fuera del control de Madrid. Garre ha dicho que sabían “perfectamente” cuánto dinero y por qué se le estaba pagando, y asegura que incluso ha llegado a recibir disculpas de responsables nacionales por la carga de trabajo que había soportado durante años antes de que se profesionalizara el área jurídica.

Este nuevo capítulo agrava la crisis interna de Vox en la Región. Aunque el partido ha acusado a Garre de “venderse” al PP por supuestos intereses personales y de no justificar sus ingresos, las últimas informaciones apuntan a que todo estaba, previamente, en conocimiento de la cúpula de Santiago Abascal. Lo que Vox presentó como un expediente de expulsión por falta de transparencia parece haber sido, a tenor de las pruebas, una reacción de castigo ante la pérdida de control territorial en Torre Pacheco, que es una de las plazas fuertes del partido a nivel nacional y donde en las elecciones de 2019 llegaron a alcanzar el 38 por ciento de los votos. Por el momento, la dirección nacional de Vox no ha ofrecido una explicación coherente sobre por qué cuestionó unos pagos que sus propios dirigentes habían coordinado meses atrás.

Por su parte, fuentes de Vox afirman que el partido “no tenía constancia de los pagos que realizaba Antelo, ni de las contrataciones o acuerdos que él ejecutaba. Fue tras su cese cuando empezamos a conocer todos estos movimientos, cuya justificación no fue capaz de aportar”. Según añaden desde la formación: “Por eso, durante muchas conversaciones, se le solicitaron esas aclaraciones a Garre. Él, aunque se comprometía a facilitarlas y a colaborar, manifestando lealtad absoluta al partido, nunca lo hizo. En lugar de ello, aprovechó ese tiempo para pactar un acuerdo de gobierno con el PP a espaldas de la dirección nacional y regional”.

Tras ser consultados por elDiario.es Murcia, también han aportado un comunicado de la concejal en Torre Pacheco, Merche Meroño, quien califica el pacto con el PP como un “robo de acta” y una “traición al mandato de los votantes”. Meroño eleva el tono al asegurar que el acuerdo responde a intereses económicos, señalando que el sueldo de Garre pasará de 20.500 a 33.000 euros, mientras que el del alcalde popular subirá hasta los 56.000 euros.

Meroño sostiene que “desde la dirección nacional se le pidieron explicaciones hace semanas, pero no lo hizo”, una afirmación que choca frontalmente con los mensajes del 4 de marzo en los que Montserrat Lluis agradecía a Garre el envío de toda la documentación justificativa.

El goteo de bajas es incesante. Desde que estallase la crisis de Vox en la Región de Murcia y su antiguo líder, José Ángel Antelo, fuera a parar al Grupo Mixto del Parlamento murciano hace menos de un mes, la mayoría de gobierno en Cartagena quedó en entredicho con la salida de Vox en ese mismo momento de Diego Salinas, quien fuera el primer teniente de alcalde en la ciudad portuaria. Este miércoles también se ha dado de baja de la formación la concejala de Turismo, Nuevas Tecnologías y Transparencia, Beatriz Sánchez del Álamo, a quien el partido había presentado como número dos en la candidatura y que era su mano derecha.

En una publicación en X, Sánchez del Álamo ha hecho pública su dimisión haciéndose eco de los mismos términos con los que otros antiguos compañeros han abandonado la formación: “la deriva del partido”. La edila de Cartagena ha acusado a Vox de “dinamitar sus propios principios” y ha denunciado a la cúpula por “convertir el partido en un auténtido despropósito”. “Hasta aquí. No todo vale”, ha zanjado.

La situación de la alcaldesa, Noelia Arroyo, es, de este modo, más frágil, ya que los votos de Salinas y Sánchez del Álamo son clave para sostener al PP junto a los dos ediles que continúan fieles a Vox.

La duda que se plantea ahora es si Arroyo optará por una solución similar a la adoptada con Salinas, manteniéndola dentro del Gobierno, o si decidirá apartarla, asumiendo el riesgo de afrontar lo que resta de legislatura en minoría y bajo la amenaza de una posible moción de censura. En cualquier caso, la aritmética es compleja, marcada por las tensiones entre el partido cantonalista Movimiento Ciudadano (MC) y la edil no adscrita María Dolores Ruiz, así como por la necesidad de sumar apoyos como los de Salinas o la propia Sánchez del Álamo.

Sánchez del Álamo ha sido señalada en varias ocasiones por MC como una de las impulsoras de la fallida moción de censura contra Arroyo en enero del pasado año. Mantiene una estrecha relación con Salinas y, como él, está enfrentada con el actual portavoz local de Vox, Gonzalo López Pretel, a quien Arroyo ascendió a vicealcalde tras destituir a Salinas como primer teniente de alcalde. Pese a todo, la concejala ha participado este miércoles por la mañana en la reunión de la Junta de Gobierno.

Cartagena no es el único avispero de Vox en la Región: los doce del grupo municipal de Totana abandonaron al completo el partido tras la defenestración de Antelo y en Torre Pacheco, uno de los principales bastiones de Vox, el jueves pasado el grupo municipal del partido de ultraderecha alcanzó un acuerdo de gobierno con el PP, en contra del parecer de la dirección nacional.

Acto seguido, el antiguo vicepresidencia del Comité nacional de Garantías de Vox y antiguo portavoz en el municipio murciano, José Garre, abandonó su militancia de la formación ultraderechista y la crisis se amplió con la baja de otras dos concejalas, Ana Belén Martínez y Josefa Guillén. Mientras que ambas edilas permanecen como concejalas no adscritas y asumirán las áreas de de Política Social y Transparencia, y Sanidad y Medio Ambiente; Garre encabezará la Concejalía de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías.

El pacto de gobierno de tres de los concejales de Vox enTorre Pacheco ha desembocado en su salida a cuenta gotas del partido de la ultraderecha. En la noche del pasado jueves, los tres ediles firmaron un acuerdo de gobernanza municipal con el Partido Popular para “darle estabilidad” y sacar adelante los presupuestos, estancados desde 2024. El acuerdo, que se alcanzó sin el conocimiento de la cúpula nacional de Vox ni la dirección regional, ha provocado el abandono del partido de los tres concejales.

El primero en anunciar su salida este pasado viernes, pocas horas después de firmar el pacto, fue el portavoz de la formación de ultraderecha en el Ayuntamiento, José Alberto Garre, quien aprovechó para denunciar “comportamientos cuasi mafiosos” de la cúpula del partido de Santiago Abascal. El portavoz de Vox en Torre Pacheco ha declarado en diversas entrevistas que aunque no había puesto en conocimiento del partido el acuerdo con el PP sí que había solicitado en diversas ocasiones “permiso” para pactar, igual que habían podido hacer otros equipos de Vox en los ayuntamientos de Cartagena, Lorca, Molina de Segura o La Unión.

Y este lunes han seguido sus pasos Ana Belén Martínez y Josefa Guillén, que ocuparán respectivamente como concejalas no adscritas las áreas de de Política Social y Transparencia, y Sanidad y Medio Ambiente; mientras que Garre encabezará la Concejalía de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías. Con la salida de los tres ediles, Vox solo mantiene su representación en el Consistorio con la concejala Mercedes Meroño, quien se ausentó del pleno en el que se materializó el pacto para mostrar su lealtad al partido.

Tras la maniobra de los tres concejales en Torre Pacheco, el partido lanzó un comunicado el pasado viernes en el que se les acusaba de “traicionar a los votantes” aliándose con el PP “a cambio de intereses y ambiciones personales”. La dirección regional de Vox en la Región ha pedido que Garre, quien también era vicepresidente del Comité de Garantías del partido, y las concejalas entreguen sus actas. Desde la cúpula del partido de ultraderecha han acusado a Garre de corrupto y traidor. En este sentido, han apuntado al requerimiento, según Vox, para que justificase “el pago de 8.480 euros que le fue realizado por orden del entonces portavoz en la Asamblea, José Ángel Antelo, apenas días antes de que este traicionara también a Vox”. El mismo comunicado añade que “Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado por igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió”.

En una entrevista concedida a El País, Garre advierte de que presentará una querella por injurias y asegura que los pagos están “perfectamente justificados y declarados a Hacienda”.

Los movimientos en Torre Pacheco se unen a la fuerte crisis de Vox en la Región de Murcia, después de que el pasado 26 de febrero la dirección regional dimitiese en bloque para forzar la salida del partido de su presidente, José Ángel Antelo. Una ruptura que terminó de materializarse el pasado 5 de marzo con la expulsión del gallego del grupo parlamentario.

El hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Alberto Garre, ha anunciado este viernes su baja en el partido de la ultraderecha tras denunciar “comportamientos casi mafiosos en la cúpula” en unas declaraciones a la agencia Europa Press. Lo hace, además, pocas horas después de formalizar un acuerdo de gobierno municipal con el PP. Tras el pleno celebrado este jueves a última hora de la tarde, tres de los cuatro concejales de Vox en el Consistorio han entrado a formar parte del equipo de gobierno.

Abogado de profesión, Garre ha solicitado la baja del partido esta medianoche y ha explicado a Europa Press que mantendrá su acta en el Ayuntamiento, así como la portavocía del grupo, aunque ejercerá su actividad de manera independiente “como están, por ejemplo, Hermann Tertsch en Europa y también Juan Carlos Girauta”.

Según el político, afín al entorno del expresidente de Vox regional José Ángel Antelo, ha tomado esta decisión después de quince días “brutales” de “intentos de amedrentamiento”, tras la expulsión del gallego como líder de la formación el pasado 26 de febrero. “Es un error tras otro”, ha considerado Garre en referencia a la toma de decisiones de la cúpula nacional, y se ha preguntado por qué se le propuso a Antelo en un primer momento la portavocía nacional de Deporte o ser candidato para las elecciones en 2027 “si sospechaban de él”.

Garre también ha anunciado que se desvinculará de la vicepresidencia del Comité nacional de Garantías de Vox, órgano cuya misión es velar para que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados.

“Yo creo que nunca se puede despreciar a nadie y mucho menos a compañeros que hemos estado aquí trabajando en muchos casos de forma altruista durante muchos años porque lo hacen por el proyecto y por España”, ha declarado a Europa Press en referencia a las manifestaciones de Santiago Abascal en las que afirmó que “los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer”.

Pacto de gobierno municipal en Torre Pacheco

A última hora de este jueves se confirmaba la entrada de Vox en el gobierno municipal de Torre Pacheco, “para dotarle de estabilidad”.  Lo que queda de legislatura, José Alberto Garre tendrá la responsabilidad de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías; mientras que las concejalas de Vox Ana Belén Martínez López y Josefa Guillén, se harán cargo respectivamente de Política Social y Transparencia, y de Sanidad y Medio Ambiente. Garre no ha aclarado, sin embargo, si seguirán sus pasos y abandonarán la formación.

Una cuarta concejala, Mercedes Meroño, se desvinculó de la decisión de sus hasta ahora compañeros y abandonó el pleno tras el anuncio del pacto, que se hizo al margen del conocimiento de la dirección nacional.

La ultraderecha gobernará en Torre Pacheco de la mano del PP tras una moción de urgencia aprobada esta noche en el pleno celebrado en el Ayuntamiento, uno de los principales bastiones de Vox en la Región de Murcia. Una decisión que según fuentes cercanas a la formación se ha tomado de “manera unilateral”, y “sin el conocimiento de la ejecutiva nacional”, y que argumentan en la “necesidad de dotar de estabilidad política al Ayuntamiento de Torre Pacheco”.

El grupo municipal de Vox, defienden en la moción, “ofrece su apoyo para aprobar los presupuestos (el último en vigor es de 2024) y otras iniciativas si se conforma un gobierno municipal” con el PP. Según el texto, en una reunión mantenida este miércoles entre los portavoces de ambos partidos formalizaron un acuerdo donde se suscribe “que apoyarán el presupuesto para 2026 y 2027”, y “ambas formaciones apoyarán los contratos de servicios públicos que requieran, por su magnitud, ser debatidos y aprobados en el pleno de la Corporación municipal”. Según ha podido confirmar este periódico, Vox entraría al gobierno municipal con tres ediles, que se sumarán a los ocho con los que el PP ha estado gobernando en minoría.

La decisión se ha tomado al margen de la dirección nacional del partido. “Pedimos permiso en reiteradas ocasiones para firmar los presupuestos y siempre nos han dado largas. Nos hemos cansado de que unos tengan trato de favor y otros no”, ha declarado a La Opinión José Francisco Garre, portavoz municipal de Vox en Torre Pacheco. Garre, afín a Antelo, se hará cargo de Emergencias, Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías;  Ana Belén Martínez López, de Política Social y Transparencia, y Josefa Guillén, de Sanidad y Medio Ambiente.

Mercedes Meroño, la cuarta edil de Vox en el municipio, no ha votado y ha abandonado el pleno. “Meroño, que sí que guarda lealtad al partido, no tenía conocimiento de la maniobra”, han asegurado fuentes presenciales. “Garre ha defendido en su intervención que desde el partido su formación le quieren imponer una serie de formas de actuar sin conocer la problemática del municipio”, han comentado las mismas fuentes, que han apuntado “que con toda probabilidad estos tres concejales sigan los pasos de Antelo y sean expulsados de Vox”.

Los movimientos en Torre Pacheco se unen a la fuerte crisis de Vox en la Región de Murcia, después de que el pasado 26 de febrero la dirección regional dimitiese en bloque para forzar la salida del partido de su presidente, José Ángel Antelo. Una ruptura que terminó de materializarse el pasado 5 de marzo con la expulsión del gallego del grupo parlamentario.

Torre Pacheco ha sido históricamente uno de los bastiones de Vox, donde en las elecciones nacionales de 2019 llegó a ser la fuerza más votada.

En julio de 2025 la localidad saltó a todas las portadas de la prensa nacional tras protagonizar una cacería de migrantes en el municipio alentada por organizaciones vinculadas a la extrema derecha como Deport Them Now tras la brutal agresión perpetrada contra Domingo, un vecino de 68 años de la localidad, por parte de tres jóvenes de origen magrebí.

En aquel momento, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, del PP, vinculó inmigración y delincuencia tras varios días de disturbios originados por el llamamiento de la ultraderecha a responder con violencia a aquella agresión.

Una ausencia médica ha evidenciado la fragilidad numérica del pleno cartagenero. Antes, los diez concejales del Partido Popular y los cuatro de Vox le otorgaban al gobierno de Noelia Arroyo una mayoría de 14 escaños de los 27 que componen la corporación municipal. Después de que el ex teniente de alcalde de la localidad, Diego Salinas, abandonase Vox, las cuentas no están tan claras.

El ex teniente de alcalde no se ha presentado hoy al pleno, dejando al Ejecutivo con los mismos 13 concejales que tiene la oposición. En el supuesto de que todos los grupos contrarios al gobierno local votaran lo mismo, habría empate. Si se diera lugar este supuesto, el Ejecutivo solo podrá inclinar la balanza a su favor con el voto de calidad de la regidora municipal.

Salinas, pese a que ha abandonado Vox y ahora es un concejal no adscrito, mantiene sus competencias en Desarrollo Económico, Empresa e Industria. Sí que ha dejado ejercer como teniente de alcalde, un puesto que ahora ostenta el portavoz de Vox en el municipio, Gonzalo López Pretel. Una maniobra en la que Arroyo confía en sortear esta crisis originada en el seno de sus socios de gobierno y un intento de espantar al fantasma de la moción de censura que comienza a atormentar al pleno.

Esta sacudida dentro de Vox se ha escenificado este miércoles en el Palacio Consistorial de Cartagena. El sitio que ahora corresponde a Salinas se encuentra junto a la concejala popular Belén Romero. Mientras, López Petrel ocupa el lugar designado al teniente de alcalde y la portavoz Suplente de Vox, Sánchez del Álamo, ocupa su asiento.

De acuerdo con Arroyo, Salinas no ha podido acudir a su cita con el resto de ediles en el Palacio Consistorial de Cartagena por motivos médicos, aunque el edil ha insistido en que no lo volverá a repetir.

Primer político en abandonar Vox tras el cese de Antelo

Salinas fue el primer político de Vox en la Región de Murcia que abandonó el partido tras el cese de su del expresidente provincial de Vox, José Ángel Antelo: “La deriva del partido y el trato dado a Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido”, publicó el ya ex teniente de alcalde en sus redes sociales. Salinas llegó a Vox de la mano de Antelo, cuando lo fichó en el año 2022, llegando a encabezar las listas de Vox en las elecciones municipales de 2023.