Lo que se ha demostrado sobre los pozos ilegales de la Casa de Alba “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y para contribuir a un daño sustancial”. Ésta es una de las afirmaciones que hace Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, en el recurso por el que solicita revocar el archivo del caso decretado por el juez instructor, al que reprocha que ha dejado de lado la investigación de la Guardia Civil para quedarse con la versión de la propiedad, que al final hasta se beneficia de una ilegalidad tan básica como la ausencia de contadores de agua en estos puntos de extracción.

La organización ecologista considera que es necesaria (y posible) una reconstrucción hidrogeológica que determine si se cometió un delito contra el medio ambiente con estas captaciones sin licencia. En este sentido, apunta en su escrito que “la falta de contadores fue una circunstancia de la explotación, no una razón jurídica para declarar imposible” esta prueba, con la que “puede reconstruirse” cuántos recursos se extrajeron y qué efecto tuvo esto en el entorno.

“Lo que no resulta admisible es que la ausencia del medio de control exigible [los contadores] beneficie probatoriamente a quien debía instalarlo”, continúa, y es que el juez esgrime la ausencia de este elemento obligatorio para argumentar que no se puede saber el volumen de agua extraído y, por tanto, no puede concluirse que haya delito ambiental. En este sentido, también lamenta que el instructor “opta por una de las lecturas técnicas enfrentadas y descarta la restante”, eligiendo así el informe que presentó la Casa de Alba por delante de los firmados por los expertos de la Guardia Civil.

“Hipótesis delictiva fundada”

En su recurso, Ecologistas en Acción considera que en el auto de archivo “atribuye alcance exculpatorio a informes administrativos que no lo tienen”, en relación con las actuaciones desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo estatal responsable de los derechos de agua. Y aunque admite que la investigación de la Guardia Civil puede tener “límites metodológicos”, insiste en que “permanece una hipótesis delictiva objetivamente fundada”.

El instituto armado cifra el daño ambiental en hasta 1,1 millones de euros, además de que la empresa Eurotécnica Agraria (integrada por los hermanos del duque de Alba y que se encarga de gestionar varias de las fincas familiares) habría obtenido un beneficio económico de 5,1 millones de euros por el “uso ilícito del agua”. En la finca Aljóbar, en el término del municipio sevillano de Aznalcázar y pegada a Doñana, fueron localizados nueve pozos sin licencia, sorprendidos en dos ocasiones en plena actividad.

Tras casi tres años de instrucción, el magistrado ha concluido que nada demuestra que se haya cometido un delito ambiental como el que imputaba la Fiscalía. Para la acusación particular, se pueden discutir aspectos de la investigación de la Guardia Civil, pero “lo que no cabe es negar la existencia de una conclusión técnica incriminatoria”, ya que se plantea una “hipótesis de riesgo relevante” que el juez no tiene en cuenta.

“Explotación abusiva”

Los ecologistas apuntan que la investigación ha puesto de manifiesto no pocas evidencias: había nueve pozos ilegales, funcionaban sin contadores, “existían pérdidas visibles de agua en las conducciones” –la Confederación llegó a definir la situación como de “despilfarro”– y se desconoce si se había superado el volumen autorizado, algo de lo que la Guardia Civil está convencida. El recurso también alude a que se hace referencia “a una explotación abusiva” y que hubo reincidencia en el uso de los pozos, datos que “no prueban por sí solos el delito” pero son “incompatibles” con que el juez los haya esgrimido como “acreditación positiva de ausencia de riesgo”.

A todo lo anterior hay que unir que se ha constatado un descenso en el nivel del acuífero del que bombean agua los pozos, el Aljarafe Sur, oficialmente declarado en buen estado aunque en los últimos años se ha constatado un creciente deterioro del que –según la Confederación– no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen de aquí. Para la acusación particular, la valoración conjunta de todos estos elementos “hace racionalmente posible la hipótesis de una captación prolongada, incontrolada y apta para contribuir a un daño sustancial”.

El magistrado que ha instruido la causa también basa el archivo en que la propia Confederación ha dado permiso a la Casa de Alba para cambiar el régimen de riego, lo que conlleva la legalización de sus pozos. Esto le lleva a deducir que, si se ha permitido esta regularización (que se puso en marcha al poco tiempo de ser descubiertos e iniciarse la investigación judicial), “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo”.

Una reconstrucción hidrogeológica neutral

Para los ecologistas, el visto bueno que ha recibido este proyecto “valora la compatibilidad futura” en base a los permisos de riego que tiene Eurotécnica Agraria. En cambio, “no acredita el caudal efectivamente detraído en años anteriores, no convalida retroactivamente el uso de pozos no incluidos en el título y no equivale a una declaración de inocuidad de la forma en que se explotaron” durante once años, según los cálculos de la Guardia Civil, y además en plena época de sequía.

Por ello, el recurso insiste en la necesidad de que peritos neutrales lleven a cabo una reconstrucción hidrogeológica de lo que ha ocurrido en Aljóbar para saber el volumen de agua que se extrajo “con el margen de incertidumbre que corresponda”. Esta operación la considera técnicamente viable, una petición que “no pretende prolongar indiscriminadamente la causa, sino cerrar de manera neutral la única controversia que el auto considera decisiva”. Para ello, concluye, habría que analizar datos como la superficie y evolución de los cultivos, las dotaciones hídricas, las características y potencia de las bombas y los consumos eléctricos.

Una ilegalidad que permite escaparse de un posible delito. Esta rocambolesca situación es una de las claves que ha permitido a la Casa de Alba esquivar el banquillo, después de que el juez haya archivado la causa por sus pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar, pese a admitir que existen. Hablamos de la ausencia del obligatorio contador de agua (una de las irregularidades asociadas a las nueve captaciones sin permiso localizadas por la Guardia Civil), que ha llevado al magistrado a concluir que al no existir es imposible saber cuántos recursos se han sacado sin permiso. Y como no se sabe esta cuantía, no puede acreditarse que haya delito contra el medio ambiente.

El de los contadores es uno, pero no el único elemento que esgrime el instructor en el auto en el que motiva su decisión de archivar el procedimiento por unas captaciones sin licencia a las puertas de Doñana. Hay otros dos factores importantes: el instructor se ha basado en informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (la CHG, el organismo estatal que ejerce de autoridad del agua) que no eran concluyentes, mientras que en paralelo ha dejado de lado estudios de la Guardia Civil demoledores para la Casa de Alba.

Lo de los contadores de los pozos es una pintoresca pescadilla que se muerde la cola, un argumento que ya esgrimió la propia defensa durante la instrucción: si no hay medidores de volumen, no se puede demostrar si se ha sacado más agua de la permitida o no. Lo chocante es que, entre otras cuestiones, es ilegal precisamente por la falta de estos contadores. La empresa Eurotécnica Agraria, que gestionan los Martínez de Irujo para llevar esta hacienda y otras de la familia, ha insistido en todo el proceso en que nunca ha extraído más recursos de los que tiene concedidos, y que no había nadie que pudiese demostrar lo contrario.

“No puede concluirse” un delito

El juez es de la misma opinión, y como no hay contador, pues es imposible determinar la existencia o no de un delito ambiental. “Ni los pozos autorizados ni los no autorizados cuentan con contadores volumétricos”, esgrime, lo que lleva a tener que hacer “cálculos de estimación” de las posibles extracciones de agua no autorizadas. Esto, unido a informes de la CHG no concluyentes sobre el daño al acuífero, le lleva a afirmar que “no puede concluirse, ni de manera indiciaria”, la existencia de hecho penal.

¿Y cuáles son estos informes y decisiones de la CHG que han jugado a favor de la Casa de Alba? Porque aquí hay otra paradoja, y es que fue la propia Confederación la que más ha batallado en este caso junto a la Fiscalía, pero los pasos que ha ido dando en paralelo le han venido bien a la defensa. En concreto, a petición del propio juez hizo dos análisis sobre la situación del acuífero Aljarafe Sur, del que bombean los pozos, y ambos llegaron a la misma conclusión: estas aguas subterráneas presentan cada vez peor estado, pero no se puede atribuir la “exclusividad” de la responsabilidad a Aljóbar porque hay otras fincas que también extraen en esta zona.

La otra decisión sí ha sido más controvertida, y es que en pleno proceso judicial ha permitido que la Casa de Alba iniciara el proceso de regularización de estos pozos para un cambio de régimen de riego. El paso –un derecho recogido en la Ley de Aguas– lo dio Eurotécnica Agraria al poco tiempo de que empezara la investigación judicial y cristalizó el pasado mayo en el correspondiente permiso oficial, lo que reforzó a la defensa para a renglón seguido reclamar el archivo de la causa.

“No parece” que hayan causado daño

Finalmente, este proceso ha sido esgrimido por el juez como un elemento exculpatorio. Si la Comisaría de Aguas ha procedido a la “legalización” de estos pozos, “no parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas del acuífero”, que en el actual Plan Hidrológico está catalogado como en buen estado. “No se cuenta con informe técnico que pueda determinar que esas extracciones, por sí mismas, hayan alterado o puedan alterar el balance hídrico del acuífero generando un riesgo de daño grave para el mismo”, concluye.

Pero el caso es que sí había informes que apuntaban en esta dirección, y han sido los elaborados por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que han sido muy contundentes en este sentido. Así lo apuntaron dos estudios elaborados por el instituto armado a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, y así lo ratificaron después las agentes en su declaración como testigos ante el magistrado.

La Guardia Civil considera que con estos pozos se extrajo más agua de la que tiene autorizada Eurotécnica, lo que le habría permitido multiplicar sus regadíos y obtener así hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal” tras bombear sin licencia hasta 6.600 millones de litros durante once años. A esto hay que añadir un daño ambiental que, en total, ascendería a 1,1 millones de euros. 

Sorprendidos dos veces funcionando

Al final, y en la práctica, el juez ha considerado estos análisis un informe de parte que viene a equipararse con el contrainforme que hizo la Casa de Alba para apuntalar su versión, anulándose el uno al otro. La defensa, de hecho, llegó a esgrimir que sus pozos ilegales han ayudado a mejorar el acuífero, ya que al aumentar los puntos de extracción se evita tener que ahondar a más profundidad que si el agua se obtiene de una sola captación.

El magistrado no ha llegado ni a entrar por lo tanto en el que era el principal argumento de la propiedad, que no había sacado más agua de la autorizada. Tampoco ha considerado agravante que los pozos fueran clausurados, se desprecintaran por orden judicial y fueran sorprendidos una segunda vez en pleno uso, con la investigación del Juzgado ya en marcha. Y asimismo no ha tenido en cuenta que durante varios de los años en los que habrían sucedido los hechos se sufrieron graves episodios de sequía, lo que agrava la cuestión, antes al contrario: esgrime que las últimas lluvias, tiempo después de lo ocurrido, han mejorado la situación de estas aguas subterráneas.

En última instancia, el magistrado concluye que nadie ha podido acreditar ni siquiera la posibilidad de que estos pozos hayan supuesto un riesgo para el medio ambiente. De hecho, considera que en realidad estamos ante una cuestión administrativa (la falta de licencia de unas captaciones) que acabó en la vía penal por la mala reacción inicial que tuvo la Casa de Alba, que cuando fueron a precintar los pozos impidió el acceso a la Guardia Civil y a la Comisaría de Aguas. Ahora, archivada la vía judicial, se reactiva la causa administrativa que ya inició la CHG y que puede derivar en una sanción que, llegado el caso, será infinitamente menor a la que habría llegado de la mano del Código Penal.

Atlantic Copper ha celebrado este lunes el acto inaugural de CirCular, su nueva planta de recuperación de metales procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos. El proyecto abre una nueva etapa en la trayectoria de la compañía al incorporar el reciclaje avanzado de metales a su actividad metalúrgica y ha supuesto una inversión de más de 550 millones de euros.

Según ha indicado la empresa en una nota de prensa, en el acto han participado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el director de la representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja; así como el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, y la consejera delegada, Macarena Gutiérrez. Asimismo, han asistido representantes de las administraciones públicas, instituciones europeas y otras entidades públicas y privadas.

La instalación, integrada en el complejo metalúrgico de Huelva, permite recuperar metales como el cobre, el oro, la plata, el paladio, el platino y el níquel esenciales para la transición energética, la digitalización y el desarrollo tecnológico, reforzando el compromiso de Atlantic Copper con la economía circular, la innovación industrial y el fortalecimiento de la cadena de suministro europea de materias primas fundamentales.

Con capacidad para procesar hasta 60.000 toneladas al año, CirCular situará a España y a Huelva en “una posición destacada” dentro del reciclaje tecnológico europeo, como líder de un proyecto industrial innovador y de referencia internacional. La nueva planta, que ha sido reconocida como estratégica por la Comisión Europea y por la Junta de Andalucía, será la primera del sur de Europa de estas características.

En este sentido, el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha destacado la “importancia” estratégica de un proyecto “que supone la evolución natural de la compañía, que lleva medio siglo contribuyendo al desarrollo industrial a través de la metalurgia, transformando las materias primas en metales esenciales para el progreso, y que hoy da un paso más incorporando el reciclaje avanzado para seguir construyendo industria, sostenibilidad y futuro para Andalucía, para España y para Europa”.

Targhetta ha remarcado el “orgullo” de poner en marcha una actividad “con visión de futuro”, que situará a España en “una posición de liderazgo, en un escenario en el que el acceso a los metales se ha convertido en un elemento clave en el equilibrio internacional por su importancia en los procesos de transformación de sectores industriales estratégicos”.

Además, ha remarcado que gracias a esta planta, “Huelva se pone a la cabeza de la economía circular” y permitirá a España “reciclar el cien por cien de los aparatos” y a Europa “alcanzar el 65% de reciclaje que se había impuesto para el año 2026”

Por su parte, la consejera delegada, Macarena Gutiérrez, ha puesto en valor que CirCular es “fruto de la experiencia y el conocimiento que Atlantic Copper ha adquirido durante décadas, y del trabajo de cientos de profesionales, empresas colaboradoras e instituciones que han contribuido a hacerlo posible”.

Un proyecto que demuestra, según ha señalado la CEO, “una nueva capacidad industrial para Europa y el compromiso de la compañía de seguir creciendo desde Huelva, generando empleo e impacto económico, impulsando la innovación y demostrando que el liderazgo industrial es compatible con la eficiencia y la sostenibilidad”, ha señalado la Consejera Delegada.

“CirCular es mucho más que una planta industrial. Es una apuesta por el futuro y por una industria europea más competitiva, sostenible y resiliente; y, sobre todo, una demostración de lo que somos capaces de construir cuando combinamos experiencia, talento, innovación y colaboración”, ha concluido Gutiérrez.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido en el valor de la inversión realizada, “550 millones de euros que desde el minuto uno están generando empleo y riqueza”, por lo que ha definido a CirCular como “un proyecto de mucho calado, con un enorme valor añadido para Andalucía, que afianza un modelo industrial sostenible que incorpora los principios economía circular”.

Por ese motivo, ha señalado, “Andalucía apoya estos proyectos, que contribuyen a dar un salto en la escala de valores y situación estratégica de la comunidad en el conjunto de la economía”.

Así, ha considerado que se trata de “un modelo muy, pero que muy potente para el crecimiento empresarial e industrial de Huelva en Andalucía”, que demuestra que la economía circular no es solo un compromiso de sostenibilidad, sino también de actividad económica, desarrollo, progreso y bienestar para el conjunto de los ciudadanos, ya que impulsa capacidades industriales avanzadas, genera conocimiento tecnológico y crea empleo de calidad con un impacto positivo y duradero en el entorno“.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que CirCular “no es solamente una gran inversión”, sino “una declaración de intenciones”. “Es decirle a Europa que desde Huelva somos capaces de hacer las cosas de otra manera, que podemos crecer siendo más sostenibles, que podemos generar riqueza cuidando nuestro entorno, que podemos tener una industria de referencia internacional y, al mismo tiempo, avanzar hacia una ciudad más verde y con mayor calidad de vida”, ha indicado.

“Por eso quiero felicitar a Atlantic Copper y a todas las personas que han hecho posible este proyecto. Y además de felicitar, quiero agradecer a la compañía su continua apuesta por Huelva en todos los ámbitos, no solo desde su industria, sin olvidar que es la empresa que más contrataciones genera en Huelva; sino también desde su Fundación, siempre al lado de la cultura y el tejido asociativo onubense”, ha señalado.

“Si queremos que Huelva sea la capital verde del sur de Europa, necesitamos empresas valientes, innovadoras y comprometidas como Atlantic Copper. Y necesitamos seguir trabajando juntos: administraciones, empresas, universidades, trabajadores y sociedad civil para lograrlo”, ha finalizado la regidora onubense.

En el acto ha participado también el director de la representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, quien ha incidido en la dimensión europea de un proyecto “llamado a incentivar el reciclaje, que es en lo que consiste la economía circular: en pasar de una economía de usar y tirar a una economía circular a una en la que el residuo se convierte en un recurso”.

Calleja ha remarcado que, en una Europa que precisa aumentar las tasas de circularidad en su economía y que está embarcada en la construcción de un mercado único para la recuperación de residuos, “este proyecto tiene una repercusión que va mucho más allá de una inversión local y alcanza una trascendencia europea”, y, por eso, “ha sido designado como proyecto estratégico de interés europeo, porque los materiales que se van a reciclar, sea cobre, níquel o paladio son esenciales para la economía del futuro”.

“Hoy Huelva y Andalucía se convierten en punto de referencia para la economía circular europea. Europa necesita este tipo de proyectos, que generen valor económico y empleo cualificado, que contribuyan a alcanzar objetivos medioambientales, sean beneficiosos para industria y demuestren que competitividad y sostenibilidad son dos caras de la misma moneda, contribuyendo a una Europa más preparada para los retos del futuro”, ha finalizado.

El navegador del coche pasa de verde a negro. No es una ilusión óptica. Cuando el municipio onubense de Berrocal se aproxima tras una sucesión de curvas y contracurvas, el paisaje deja de estar dominado por los miles de árboles que hay a ambos lados de la carretera y pasa a ceniza y troncos calcinados. Eso lo nota también la pantalla del coche, que se convierte en una guía en blanco y negro hacia un pueblo de 300 habitantes que está en la UCI. Y no es una forma de hablar.

Quien acuña esa frase es Juan Romero, un maestro jubilado que es uno de los iconos del ecologismo en la provincia. Nació y siempre ha vivido en el pueblo, está al frente de Ecologistas en Acción, es activo en todos los órganos posibles de Doñana, y en 2004 fundó con otras personas Fuegos Nunca Más, la plataforma creada en el pueblo tras el fuego que se inició en Minas de Riotinto un 27 de julio y arrasó casi 28.000 hectáreas. Ahora, hace un mes, vino el que se bautizó como incendio de Niebla con casi 40.000, el más grande que se ha registrado este año en toda España, que se ha comido todo el campo en la zona sur del pueblo, y el de hace 22 años ya había arrasado el norte.

Como resultado, las casas de Berrocal están rodeadas de un paisaje yermo que tardará décadas en reverdecer, en parte porque las llamas de agosto quemaron lo poco que estaba renaciendo del otro gran incendio. “Dos incendios que han acabado con todo y ninguno empezó aquí: uno fue en Riotinto y otro en Niebla”. La plaza principal está presidida por una pancarta que proclama Fuegos Nunca Más.

Los últimos camiones de la cooperativa

El paseo con Juan por su pueblo da para mucho. Tiene muchas paradas y un denominador común: la desolación. Esa palabra cobra todo su cruento significado en la cooperativa de la localidad. Fue creada en 1976 para gestionar el oro de sus campos, el corcho. Los alcornoques siempre han dado un producto cuyo valor añadido se les ha escapado a los vecinos, hasta que hace 50 años crearon su cooperativa, que llegó a dar un beneficio de unos 600.000 euros anuales. Eso, un pueblo con 200 vecinos que tiene censados unos 100 más que viven en otros lugares, era riqueza y prosperidad.

Pero, precisamente, en el año del 50 aniversario de la cooperativa, toda su materia prima se ha quemado. Y recuperarla no va a ser cosa de unos días, unas semanas o unos meses. El árbol crece de forma lenta a partir de una bellota, y puede tardar 25-30 años para su primera saca o descorche. Este primer corcho es duro y rugoso, por lo que no sirve para tapones de vino, que es el destino del que se produce en Berrocal.

A los 9 o 12 años de la primera pela se realiza la segunda saca (corcho segundero, y la tercera se hace a los 40 años aproximadamente de vida del árbol. Un ejemplar puede ser descorchado entre 16 y 20 veces sin sufrir daños, pero para eso hacen falta al menos tres generaciones de agricultores. Y Berrocal no tiene tanto tiempo.

Ignacio Romero está en la cooperativa junto a dos operarios que están cargando. Es el último camión de corcho que sale de la histórica Cooperativa Corchera de Berrocal. Es socio y trabajador, y quienes están cargando el camión se llevarán el poco corcho que queda a Jerez de los Caballeros. Desde la propia cooperativa se pueden ver campos arrasados por el fuego.

“Lo de ahora ha sido terrorífico”

“Esto lo conozco de toda mi vida aquí. Llevo trabajando muchos años ya en el corcho y en la cooperativa con máquinas que tiene en el campo, pero la verdad es que la barbarie que nos ha pasado nunca la hemos visto”. Ignacio, que tiene ya la jubilación a la vista, intenta no pronunciar la palabra, pero le sale: “Imposible, va a ser imposible recuperar esto. Yo ya seguramente no lo voy a conocer. Lo de ahora ha sido terrorífico”.

El informe elaborado por la cooperativa tras el incendio de agosto refleja que la importancia del suceso trasciende la pérdida de una campaña concreta. “El Proyecto de Ordenación establece un turno ordinario de descorche de nueve años, contemplando excepcionalmente turnos de diez años para determinadas áreas. Esto significa que una afección grave sobre el alcornocal puede tener consecuencias económicas durante un periodo prolongado”.

En la campaña 2011/2012, la cooperativa produjo 95.510 kilos; en la siguiente 17.067, en la siguiente 115.870. Los números han ido oscilando. Este año la previsión se ha quedado en 35.357. No se sabe cuándo entrará de nuevo corcho en sus máquinas.

Dos tiendas, una farmacia y algunos niños

Las cifras en torno a Berrocal dan una idea de lo difícil que ya era su día a día antes del incendio de agosto, que ahora es una dificultad añadida para levantar sus persianas cada día y luchar para que el pueblo no se vacíe poco a poco. Todo el comercio se concentra en torno a su plaza principal. Tiene dos bares y una tienda con lo básico (en realidad son dos tiendas, porque uno de los bares también da servicio de desavío). Funciona una farmacia y consultorio médico en horas alternas. Si de noche hay una urgencia, queda esperar que llegue el 112 o salir hacia Zalamea la Real, a unos 20 minutos.

En uno de los bares del pueblo venden lotería de Navidad. Tiene tres números: el de la Cruz de Arriba, la de Abajo y el del bar. Los décimos los han comprado en Montequinto, en Dos Hermanas. Hasta para encontrar la suerte, los vecinos tiene que salir del pueblo.

Para la carne y el pescado fresco hay venta ambulante con furgonetas un día a la semana, y para el pan del día, un panadero que llega cada día temprano. En el colegio no hay ni diez niños, que en ciclos superiores se tienen que ir a Zalamea. Dos pequeños palestinos han aumentado algo la ratio este curso.

Y ninguna cifra es buena en el pueblo. Tiene 12.600 hectáreas aproximadamente y se ha quemado el 90-95%. “Tan sólo han quedado unas 1.500 hectáreas y una serie de islas y todo lo que es el cinturón que rodea el casco urbano. Lo demás está todo quemado. Pero hay que tener en cuenta que el pueblo se quemó en 2004, se quemó más de un 60% del término municipal, toda la zona norte-centro del término”, calcula Juan.

Ahora no hay campo alrededor del pueblo que no esté lleno de ceniza. Y es verdad que los cadáveres de alcornoques son lo más llamativo, pero el fuego se llevó por delante más de 2.000 colmenas, otra forma de sustento de Berrocal. Se pueden reubicar las colmenas, pero sin flores alrededor, la función de las abejas será imposible.

“No sabemos cómo vamos a vivir”

“El día a día, esa es la gran incógnita que tenemos, la asignatura pendiente. Los berrocaleños no sabemos cómo vamos a vivir ahora mismo con un medio de vida prácticamente destruido. El medio de vida era complementario, pero generaba actividades económicas que le permitían al pueblo vivir con cierta calidad”, lamenta, y eso que se intentaba recuperar poco a poco del incendio de 2004.

Ahora, además, hay que luchar contra la burocracia. Declarar Berrocal como zona gravemente afectada por una emergencia es la única forma de conseguir que llegue la ayuda, pero no va a ser fácil. Sin contar con la cooperativa, “una reconversión es crear un vivero. Un vivero forestal generaría puestos de trabajo y recuperaríamos nuestra naturaleza, pero si no existe apoyo institucional se pueden llevar a los 200 habitantes que somos aquí a cualquier bloque de pisos, que les sería más rentable. Y que se queden con el pueblo”. De fondo se le entiende perfectamente que retener en el pueblo a la gente joven va a ser una tarea imposible, y dentro de 50 años sus casas podrían estar vacías.

Juan lo explica mientras conduce una furgoneta Citroën C15 que, seguramente, sobreviva después de décadas en sus manos porque en Berrocal hay un taller con un mecánico que sigue siendo el talismán de los coches de sus vecinos.

Cuánto tardará también este mecánico en bajar la persiana puede ser cuestión de tiempo, pero lo que está claro es que el pueblo está herido de muerte, parece que sólo le falta la extremaunción... pero no tiene ni cura propio, porque el suyo lo comparte con otros pueblos. Dicen los creyentes que hay Iglesia donde hay dos personas hablando de Dios, pero hasta para eso, en Berrocal, los vecinos tienen que esperar que se acuerden de ellos un rato a la semana. Y por ahora, o hay un milagro en los despachos de los políticos, o el pueblo pasará de la UCI a la autopsia con una velocidad que no merece su gente.

Las balsas de fosfoyesos selladas en Huelva presentan “filtraciones de agua y humedades”. Así lo apunta el sexto informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, sobre el seguimiento y control de las medidas efectuadas para el proyecto de clausura de estas instalaciones, que alerta de “evidencias en todas las zonas estudiadas de un aumento de los procesos de erosión e inestabilidad generados por las lluvias”.

El documento, con fecha del 30 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press y adelantado por El País, recoge las conclusiones realizadas por Emgrisa, empresa pública encargada de la supervisión de las obras, en un informe del 16 de julio sobre el funcionamiento del cierre (tacón) perimetral del apilamiento 2. Este informe, además, ha sido elevado a la Audiencia Nacional sobre unas instalaciones cuyo sellado está acometiendo Fertiberia tras finalilzar su actividad.

De este modo, entre las conclusiones destaca que existen “evidencias” en todas las zonas estudiadas de “un aumento de los procesos de erosión e inestabilidad –grietas, cárcavas, deslizamientos– generados por las lluvias”, que, según el estudio, “comprometen la estabilidad y durabilidad del cierre perimetral”.

Una vez conocidas estas concluciones, las formaciones Mesa de la Ría y Con Andalucía han pedido este viernes la “paralización” de las obras de clausura de las balsas de fosfoyesos. Mesa de la Ría considera que esto evidencia, “una vez más”, que el proyecto Restore 20/30 de Fertiberia “no constituye una solución definitiva para el grave problema ambiental provocado por las balsas de fosfoyesos de Huelva”.

Porosidad y permeabilidad

El estudio señala también que se observa un aumento de la vegetación en todo el cuerpo del tacón pudiendo originar “porosidad e incremento de la permeabilidad”, además de que el ángulo de rozamiento interno “no cumple en cinco de las seis muestras analizadas”. Las grietas detectadas en el tacón “podrían estar reforzadas por este hecho, pudiendo comprometer la estabilidad del cierre perimetral”.

Por otra parte, el informe señala que algunas zonas del tacón “no cumplen como elemento de cierre perimetral debido a la ausencia de empotramiento de la base del tacón en el horizonte de los fangos de marisma, tal y como se define en proyecto”.

Asimismo, el documento del Ministerio recoge que se observan “evidencias de filtraciones de agua –salidas, precipitados salinos, etc.– a pie del talud exterior del tacón perimetral”, toda vez que en otras zonas “se detectan humedades en los últimos 40-50 centímetros del talud el tacón, así como franjas de precipitados de tonos lechosos en días secos”.

“No se pueden descartar problemas”

Por otra parte, el informe indica que los resultados de conductividad hidráulica K (m/s) del cierre perimetral del apilamiento 2 (10-7-10-8 m/s) son “superiores a los definidos en proyecto (10- 9 m/s)”. “Estos valores, obtenidos mediante ensayos hidráulicos realizados en los piezómetros instalados, difieren de los valores de la conductividad hidráulica K (m/s) obtenidos en laboratorio a partir de las muestras inalteradas recogidas en los sondeos realizados en el tacón (10-9 - 10-10 m/s)”.

Además, el documento concluye que “no se pueden descartar problemas de disolución en el seno del tacón a medio-largo plazo, debido al alto contenido en carbonatos de las arcillas del tacón (11-43%), pudiendo interaccionar con el agua ácida (pH de 2-3) proveniente de la masa de fosfoyesos”.

Una vez conocido este análisis, el Ministerio trasladó a Fertiberia, empresa encargada del proyecto de clausura de los fosfoyesos, del informe y solicitando que informe de “las actuaciones llevadas a cabo y medidas adoptadas a raíz de las deficiencias observadas en los escritos anteriores y, si procede, de aquellas modificaciones que se hayan podido suceder en el proyecto y plan de trabajo previsto”.

Fertiberia defiende sus trabajos

Por su parte, desde Fertiberia han indicado a Europa Press, que el proceso de restauración de los apilamientos de fosfoyesos se está desarrollando “conforme a la planificación prevista en el Proyecto Restore 20/30, con total transparencia y dentro de la normalidad propia de una obra de esta complejidad y envergadura”.

Además, la barrera perimetral diseñada en el proyecto se encuentra actualmente en fase de ejecución y, “como sucede durante el desarrollo de este tipo de infraestructuras”, es “objeto permanente de comprobaciones, controles y, cuando resulta necesario, de actuaciones de ajuste y refuerzo antes de su conclusión”.

El informe de la Dirección General “se encuadra en este contexto de normalidad” y “hace referencia a la presencia de filtraciones en una zona concreta de la barrera que se encuentra actualmente en construcción”. “Esta circunstancia está siendo analizada técnicamente para adoptar las medidas complementarias que permitan garantizar las condiciones de estanqueidad previstas en el proyecto para todo el perímetro de la barrera”.

“Estas actuaciones se enmarcan dentro del firme compromiso de Fertiberia con la ejecución rigurosa del proyecto y con su conclusión conforme a todas las garantías técnicas y ambientales exigibles y, al igual que con otras indicaciones técnicas recibidas previamente, serán comunicadas y valoradas por las administraciones públicas competentes antes de su implantación”, han remarcado desde la compañía.

Carpetazo judicial al caso de los nueve pozos ilegales descubiertos en una finca de la Casa de Alba, con los que según la Guardia Civil se extrajeron hasta 6.600 millones de litros de manera ilegal que generaron un “beneficio ilegal” de cinco millones de euros. El magistrado encargado de una investigación que se ha prolongado durante casi tres años señala que estas extracciones carecen de licencia, pero que en todo caso esa es una cuestión administrativa y la acusación no ha podido demostrar que se haya producido un delito contra el medio ambiente.

En un auto de siete páginas al que ha tenido acceso este periódico, el instructor subraya que las diligencias que se han practicado “generan importantes dudas” y, por lo tanto, “no permiten acreditar” que estas captaciones hayan podido dañar el acuífero Aljarafe Sur, del que la propia autoridad del agua (la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un organismo estatal) admite que su estado es bueno. Así las cosas, acuerda el sobreseimiento y el archivo de la causa, impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente en base a informes de la Guardia Civil.

La sentencia no es definitiva todavía, ya que las partes tienen ahora la posibilidad de interponer un recurso de reforma en tres días. A continuación, se abre también la puerta del recurso de apelación en un caso en el que se ha investigado el impacto ambiental de unas captaciones sin registrar que fueron clausuradas y sorprendidas una segunda vez de nuevo en uso en pleno proceso judicial.

Lo administrativo se convirtió en penal

La finca en la que fueron localizados estos pozos, Aljóbar, se ubica en el municipio sevillano de Aznalcázar, lindando con Doñana, y la existencia de estas extracciones sin permiso se conoció gracias a la denuncia de extrabajadores, ya que estaban ocultos con mallas que hasta dificultaban su teledetección. La bautizada como operación Irrigatio llevó a la Fiscalía a solicitar la imputación de varios de los hermanos Martínez de Irujo que son miembros del consejo de administración de la empresa Eurotécnica Agraria, que gestiona esta hacienda y varias más de la familia.

En su auto, adelantado por Diario de Sevilla, el magistrado expone que en Aljóbar se detectaron estos pozos sin autorización y sin contadores volumétricos, lo que llevó a la Comisaría de Aguas (dependiente de la Confederación) a decretar su precinto. “A partir de aquí, es fácil constatar que la negativa de la propiedad de esa finca a dejar entrar a la autoridad” para ejecutar esta medida lleva a la propia Confederación a trasladar el expediente a la Fiscalía, “judicializando lo que en principio parecía ser una infracción administrativa y a llevar a seguir una causa penal” por daños al medio ambiente “aún sin informes de impacto medioambiental”.

El juez recuerda que el Código Penal refleja penas de entre seis meses y dos años de prisión en los casos ambientales, un tipo de delito del que resalta su “complejidad”. Así lo considera ante las dificultades para determinar “qué se entiende por daños sustanciales o perjuicios graves” a elementos naturales o al ecosistema.

Falta de base “científica o técnica”

En el caso de Aljóbar, apunta que la supuesta gravedad de lo ocurrido “carece de una base verdaderamente científica o técnica sobre la que fundamentar la continuación del procedimiento y su enjuiciamiento”. En este sentido, da por hecho que el delito que imputaba la Fiscalía “no puede ser presumido ni automáticamente deducido” de la extracción de agua con pozos sin licencia, que en sí misma es sólo una infracción administrativa.

En la misma línea, apostilla que “no basta la transgresión” de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente para imputar un delito penal, que sólo es aplicable en base a la gravedad de la amenaza para el entorno. “Ese riesgo no puede presumirse”, concluye, a la luz de los informes técnicos emitidos a petición de la acusación pública o del propio instructor.

“Con los informes técnicos recabados en estas actuaciones, no puede concluirse, ni de manera indiciaria, que las extracciones realizadas en esa finca (...) hayan supuesto un peligro para el acuífero o su hábitat”. En definitiva, que estamos ante unas extracciones de agua sin licencia “sin que pueda considerarse que hayan podido causar un riesgo grave para el medio ambiente”.

Más de 400 personas se han movilizado la madrugada del viernes al sábado para cumplir con el ritual del anillamiento de los flamencos en la laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, una actividad que este año ha permitido marcar 600 ejemplares de los 15.500 pollos censados, el tercer mejor registro alcanzado en este humedal. La operación se ha completado en apenas cuatro horas.

En la operación han participado veterinarios, investigadores y técnicos de la consejería y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), así como profesionales del Zoológico de Córdoba, que este año ha colaborado en la atención y recuperación de las aves que puedan resultar heridas durante la captura. A ellos se han sumado miembros de Protección Civil, vecinos de Fuente de Piedra y voluntarios.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, ha estado presente en un anillamiento que, ha explicado, constituye “una de las expresiones más representativas de la unión entre la ciencia, la conservación y la participación ciudadana”. Por ello, ha agradecido la implicación de todas las personas que hacen posible una iniciativa de estas características. “Fuente de Piedra vuelve a demostrar que la protección de nuestro patrimonio natural es una tarea compartida, capaz de reunir en torno a un mismo objetivo a investigadores, profesionales, administraciones, voluntarios y vecinos”.

Cuarenta años de anillamientos

El anillamiento de flamencos comenzó en Fuente de Piedra en 1986, por lo que este año alcanza su 40 aniversario. Desde entonces y hasta 2025 se habían marcado 20.777 pollos con anillas cuyos códigos pueden leerse a distancia. Con los 600 ejemplares anillados en esta edición, la cifra acumulada supera los 21.000 pollos, de los cerca de 270.000 nacidos en la laguna desde que comenzó el seguimiento de la colonia en 1984.

Se trata de una de las principales acciones de conservación, investigación y educación ambiental en el territorio andaluz, en la que convergen el conocimiento científico y el compromiso social y ambiental de cientos de personas. La actividad permite en sólo unas horas capturar, identificar, medir y liberar a cada uno de los ejemplares, en una operación perfectamente coordinada.

“Cada una de estas anillas aporta información de enorme valor para conocer mejor a la especie y adoptar las decisiones necesarias para su conservación”, ha explicado la consejera, quien ha puesto de relieve los resultados obtenidos durante cuatro décadas de seguimiento científico. “Este conocimiento acumulado permite estudiar sus desplazamientos, su comportamiento reproductor, su supervivencia y la relación que mantienen con la red de humedales de Andalucía, el Mediterráneo y África noroccidental”, ha añadido.

Buen año de agua, buen año de cría

El marcaje individual de los pollos de flamenco común permite realizar un seguimiento exhaustivo de la especie sin necesidad de recapturas, lo que ofrece información de gran valor sobre su comportamiento reproductor, sus rutas migratorias o la utilización que hacen de los distintos humedales.

Más del 70% de las aves anilladas en Fuente de Piedra han sido leídas alguna vez, acumulando en estos 40 años más de 167.000 registros realizados en 23 países diferentes, desde Guinea-Bissau hasta Chipre. Eso sí, una parte importante de las lecturas, más del 30%, vuelven a hacerse en la misma laguna dada la fuerte filopatría de esta especie.

El año hidrológico 2025/26 ha sido el cuarto con mayor registro pluviométrico en la zona en el último medio siglo, con 663 litros por metro cuadrado hasta la fecha. Ello ha permitido que la laguna alcanzara un nivel máximo de 101 centímetros en marzo, cuando la mayoría de los años no supera los 50 centímetros de nivel, lo que ha favorecido que los territorios de cría presentaran unas condiciones óptimas de aislamiento.

La mayor cifra de parejas registrada

En la segunda quincena de febrero los flamencos accedieron a la isla de Senra, situada en el centro de la laguna, para realizar las primeras puestas. El asentamiento fue aumentando en número de parejas y a mediados de marzo empezaron a ocupar también los Canchones del Suroeste, repartiéndose la colonia entre dos territorios diferentes.

En total, se han contabilizado 35.177 parejas, la mayor cifra desde que comenzó el seguimiento de la colonia de flamencos en 1984. Desde entonces, han nacido en Fuente de Piedra 269.200 pollos de flamenco común. “Las cifras de esta temporada reflejan la extraordinaria importancia de la laguna para esta especie y refuerzan la necesidad de continuar cuidando un espacio natural que forma parte de la identidad ambiental y social de Andalucía”, ha afirmado la consejera.

La actividad ha comenzado de madrugada, con la entrada de los grupos de captura en la laguna para conducir a los pollos no voladores hacia el capturadero. Una vez en el corral, los ejemplares han sido trasladados individualmente a los grupos de marcaje, donde se les han colocado las anillas, además de tomarse medidas morfológicas, muestras biológicas y el peso, antes de su liberación.

Que se muevan, pero que no vuelen

El protocolo aplicado, que es casi un ritual fruto de cuatro décadas de experiencia, garantiza que el proceso se realice sin riesgo para los animales y con el máximo rigor técnico, consolidando esta práctica como una herramienta esencial para la investigación científica.

El dispositivo se ha organizado en seis grupos de marcaje en los que cada participante ha desempeñado una función previamente asignada. La fecha del anillamiento se determina en función de la evolución de la colonia, de manera que la mayoría de los pollos todavía no pueda volar y los ejemplares más pequeños tengan más de 50 días y puedan desplazarse por la laguna sin excesivo riesgo.

La laguna de Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga, está reconocida como Humedal de Importancia Internacional desde 1983 conforme al Convenio Ramsar, una clasificación que subraya su relevancia como hábitat para aves acuáticas. Además de su condición de Reserva Natural, forma parte de la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lo que refuerza su valor ecológico dentro de los espacios protegidos.

En este enclave encuentran condiciones óptimas, además del flamenco común, otras especies como la grulla común en su paso invernal, o la pagaza piconegra en época reproductora.

El 1 de julio de 2021, la Sierra de las Nieves entró en un club reservado a apenas 16 espacios naturales de todo el país. La declaración como parque nacional convirtió a este enclave malagueño en la tercera joya de la máxima protección ambiental en Andalucía, junto a Doñana y Sierra Nevada, y situó al mayor pinsapar de la península ibérica bajo un nuevo paraguas de conservación. Cinco años después, ese reconocimiento se traduce en más de 25 millones de euros de inversión, nuevas infraestructuras, más investigación y una creciente proyección turística, pero también en nuevos desafíos para preservar uno de los ecosistemas más singulares del Mediterráneo.

“Podemos estar cien años cuidando un entorno, pero la mala suerte o un despiste te lo puede quemar en tres horas”, recuerda el director del parque, Rafael Haro. Su reflexión explica por sí sola el momento que atraviesa la Sierra de las Nieves: consolidada como referente ambiental y orgullosa de haber dado el salto a la élite de la conservación española, pero todavía inmersa en la construcción de un proyecto que encara retos como el cambio climático, el riesgo creciente de grandes incendios, la falta de personal y la necesidad de seguir compatibilizando la protección del territorio con un turismo sostenible y el desarrollo de los municipios de su entorno.

La declaración como parque nacional supuso un punto de inflexión para un espacio que ya acumulaba décadas de figuras de protección -parque natural desde 1989, Reserva de la Biosfera desde 1995 o zona de especial conservación dentro de la Red Natura 2000-, pero que hasta entonces no había contado con el respaldo económico ni el reconocimiento que otorga la máxima categoría de protección ambiental en España.

Un lustro de desarrollo

Desde 2021, las distintas administraciones han movilizado 25,74 millones de euros para actuaciones de conservación, mejora de infraestructuras, uso público o dinamización socioeconómica, de los que 16,5 millones proceden directamente de la Junta de Andalucía. Entre las principales inversiones destacan el nuevo centro de visitantes de Conejeras, que abrirá próximamente sus puertas tras una inversión superior a los cuatro millones de euros, la nueva base del Plan Infoca en Istán, trabajos de mejora forestal y restauración de hábitats o proyectos de sostenibilidad turística impulsados por la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves.

Haro admite que el salto respecto a la etapa anterior ha sido “impresionante”. “En estos cinco años se han invertido más de 25 millones de euros. Una cosa absolutamente impensable cuando éramos parque natural”, explica. A su juicio, la principal diferencia no reside únicamente en el dinero recibido, sino en el lugar que ahora ocupa la Sierra de las Nieves dentro de la conservación española. “Somos 16 parques nacionales. La forma en que nos mira el Gobierno central, la Junta o la propia sociedad es distinta. Hemos conseguido entrar en la joya de la corona de los espacios naturales”.

Ese nuevo estatus también empieza a notarse fuera de los despachos. Aunque el director reconoce que todavía es pronto para medir el impacto económico del parque, asegura que el interés por conocer la Sierra de las Nieves no ha dejado de crecer. “Todo el mundo quiere conocer la joya de la corona. A nivel turístico ya se va notando, pero no podemos pretender que de la noche a la mañana esto se triplique o se cuadruplique. Todo necesita su tiempo”.

El pinsapo, la gran bandera de la sierra

Si existe un símbolo que explica por qué la Sierra de las Nieves terminó convirtiéndose en parque nacional, ese es el pinsapo. La sierra malagueña alberga alrededor de 2.000 hectáreas de esta reliquia botánica exclusiva del sur peninsular, la mayor superficie continua existente, una circunstancia que terminó inclinando la balanza para incorporar este sistema natural -hasta entonces ausente en la Red de Parques Nacionales- a la máxima figura de protección. “El pinsapo ha sido, es y será siempre la estrella del parque”, cuenta Haro.

Durante estos cinco años, buena parte de los esfuerzos se han centrado precisamente en mejorar el estado de conservación de estos bosques. Además de tratamientos selvícolas o actuaciones para favorecer la regeneración natural, el parque desarrolla actualmente un proyecto de 1,7 millones de euros destinado a retirar antiguos vallados de protección que ya han dejado de ser necesarios. “Hace décadas se instalaron para proteger la regeneración frente al pastoreo. Ahora esas plantas ya han salido adelante y estamos retirando alambradas, postes y plásticos. Es una mejora ambiental impresionante porque favorece la conectividad de la fauna y mejora muchísimo el paisaje”, explica.

A ello se suman otros proyectos destinados a naturalizar antiguas repoblaciones forestales, restaurar hábitats o mejorar enclaves de alta montaña como el Quejigal de Tolox, además del impulso que ha supuesto la incorporación a la Red de Parques Nacionales para la investigación científica sobre los procesos ecológicos del espacio protegido.

El fuego, el enemigo permanente

Pero si existe una amenaza que concentra buena parte de los esfuerzos de gestión, esa sigue siendo el fuego. El cambio climático, unido al progresivo abandono de los usos tradicionales del monte, ha incrementado la cantidad de combustible acumulado en buena parte de las sierras mediterráneas. Para Haro, ese fenómeno explica por qué los incendios forestales actuales son cada vez más difíciles de controlar. “Podemos estar cien años cuidando un entorno, pero una mala suerte, un despiste o una mala intención te lo puede quemar en tres horas”, advierte.

El director recuerda que el abandono progresivo de actividades como la ganadería extensiva o determinados aprovechamientos forestales ha permitido que el monte gane densidad de forma constante. “El monte sigue creciendo”, recuerda. Esa acumulación de biomasa, añade, convierte cualquier incendio en un potencial episodio de enorme intensidad, como ocurrió hace apenas unos años en Sierra Bermeja.

Para tratar de reducir ese riesgo, el parque ejecuta cada año tratamientos preventivos en las zonas consideradas más sensibles: limpieza de cortafuegos, desbroces, clareos forestales o eliminación de combustible vegetal. Sin embargo, Haro reconoce que las limitaciones presupuestarias impiden actuar simultáneamente sobre todo el territorio. “Quisiéramos limpiar todos los caminos todos los años, pero eso es inviable. Vamos actuando por prioridades y rotando las actuaciones según la disponibilidad económica”.

Las lluvias torrenciales registradas el pasado invierno también obligaron a destinar más de un millón de euros adicionales a reparar caminos e infraestructuras dañadas por las borrascas, una inversión extraordinaria que ilustra cómo los fenómenos meteorológicos extremos empiezan a condicionar también la gestión cotidiana del parque.

Un plan para el futuro

Cinco años después de la declaración, la Sierra de las Nieves sigue siendo, en cierto modo, un parque en construcción. Uno de los grandes objetivos inmediatos pasa por culminar la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), el documento que regulará desde los usos permitidos hasta la conservación de los recursos naturales o las actividades económicas compatibles con el espacio protegido.

“Nunca vamos a tener a todo el mundo contento”, reconoce Haro. “Pero es fundamental que ese plan salga con el mayor consenso posible y que los municipios se sientan partícipes”. El director insiste en que la declaración como parque nacional no debe entenderse como una limitación para los pueblos del entorno, sino como una oportunidad para generar empleo ligado a un modelo de turismo sostenible, similar al desarrollado en otros parques nacionales españoles.

“No buscamos un turismo masivo”, aclara. “Queremos un turismo que venga a disfrutar del parque, que genere riqueza en los municipios, que cree empleo y que siempre tenga como prioridad la conservación. Si no conservamos lo que tenemos, acabaríamos matando la gallina de los huevos de oro”. Pese al balance positivo, Haro no oculta que aún quedan asignaturas pendientes. Además de culminar la apertura del centro de visitantes y seguir mejorando infraestructuras, admite que el parque continúa funcionando con necesidades de personal, medios materiales y financiación. “Hemos hecho una bestialidad en estos cinco años”, concluye. “Pero falta más. Estamos todavía en cuadro de personal, de material y de inversiones. No podemos perder la ambición”.

“Jamás se han medido peces con tanto cobre y manganeso en todo el mundo”. La afirmación la hace el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo, investigador principal del nuevo estudio que reafirma la presencia de elevadas cantidades de metales tóxicos en la zona del Guadalquivir en la que vierte la mina Cobre Las Cruces. Los niveles detectados son en algunos casos “récord a nivel mundial”, y en otros igualan los máximos conocidos.

En concreto, los autores apuntan a que –al margen del cobre y el manganeso– hay presencia de cromo, níquel, plomo, selenio y zinc que igualan a las mayores concentraciones de las que se tienen registros en todo el mundo. En cuanto al arsénico y al cadmio, las cifras son incluso superiores a las que se midieron en el estuario del Guadalquivir en 1998 tras la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar.

El estudio es una actualización del que ya se presentó el año pasado, tomando como especie de análisis el albur, un pez que se consume de manera habitual en los municipios ribereños. Los datos que se manejan son los que una entidad independiente acreditada le aporta a la mina para conocer sus parámetros, que a su vez le son remitidos a la Junta de Andalucía, encargada de los permisos mineros y del control medioambiental. Es decir, no los han extraído directamente los investigadores sino que son cifras oficiales.

El calor favorece la bioacumulación

Desde la empresa minera alegan que, al desconocer el informe, “no podemos pronunciarnos sobre él”. Eso sí, apuntan a que anteriores estudios de Jesús Castillo “estaban basados en importantes errores científicos y no demostraban ninguna relación científica de sus afirmaciones con Cobre Las Cruces”. Y añade que cumple “escrupulosamente” la normativa ambiental y que hay una “presencia permanente” en sus instalaciones de técnicos del Gobierno y de la Junta, además de defender que las aguas tratadas que se vierten “son sometidas previamente a un tratamiento intensivo de depuración, con varios ciclos de control y análisis”.

El nuevo informe está firmado, además de por Castillo, por otros dos catedráticos de Ecología, dos investigadoras antropólogas y una estudiante predoctoral de la Universidad de la Sorbona de París. Si el anterior estudio se alimentó de los datos recopilados entre 2017 y 2023, esta actualización añade los de 2024 y los de 2025, y es en este último año donde los indicadores se disparan de manera sustancial con respecto a ejercicios anteriores.

¿Qué es lo que ha pasado para ello, teniendo en cuenta que la mina no está en producción desde 2023? Pues por un lado, que se siguen registrando vertidos que Castillo vincula a episodios de lluvia que inundan la corta minera, y por otro –y de manera muy significativa– que los datos del año pasado se recopilaron en el mes de junio, cuando lo habitual era hacerlo en fechas menos calurosas.

Albures... y otras especies

Es decir, que los albures capturados próximos a la zona de vertido (entre el municipio de La Algaba y el estadio de la Cartuja, ubicado a caballo entre Santiponce y la capital) concentran “altas cantidades de metales y metaloides en sus tejidos” porque “en junio se alcanzan altas temperaturas que favorecen la bioacumulación”. El alto nivel detectado “estaría causando daños ecotoxicológicos a los peces y podría estar afectando a otros muchos animales en el Guadalquivir”.

En esta línea, el informe apunta que si el calor es un factor que empeora la situación, la perspectiva no es nada halagüeña teniendo en cuenta “el escenario actual de calentamiento global, que podría estar aumentando el impacto de la contaminación metálica en el estuario del Guadalquivir”. Esto pondría en riesgo actividades tradicionales como la pesca artesanal, el marisqueo y la acuicultura, ya que esta contaminación “podría significar el inicio del sacrificio del Guadalquivir a la minería” y la consiguiente exclusión de otras prácticas

Esto está provocando la movilización de colectivos y ayuntamientos ribereños de Sevilla y Cádiz, preocupados por la posible afección a su ecosistema y a sus sectores productivos. Algunos de estos consistorios, de hecho, han puesto esta situación en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Otro de sus hallazgos es que “el riesgo cancerígeno fue mayor que el riesgo no cancerígeno debido al consumo de albures” procedentes de esta zona. En este aspecto, el cadmio “fue el contaminante que conllevó un mayor riesgo para la salud”, aunque los niveles de plomo que fija la Unión Europea para consumo de carne de pescado “se superaron en todas las muestras”.

Choque de cifras

Castillo señala también que, en pocos años, Cobre Las Cruces volverá a producir y se le sumará la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Minera Los Frailes), una acción conjunta que elevará hasta diez veces más los vertidos que se han producido hasta la fecha “y con el mismo sistema de depuración”. Aquí, Cobre Las Cruces contraataca con otro estudio de la Universidad de Sevilla, en este caso del Área de Ingeniería Química Ambiental, según el cual la compañía “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del estuario” y que “no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad” de esta empresa.

Adicionalmente, la Universidad de Sevilla, a través del Área de Ingeniería Química Ambiental, ha emitido un dictamen técnico que concluye que la actividad industrial de CLC “no ha generado impactos adversos en la calidad del agua ni en los sedimentos del Estuario” y que los niveles de metales en el estuario “se han mantenido muy por debajo de los valores de referencia ambiental”. Añade el estudio que “no se detectan efectos acumulativos a lo largo del tiempo, ni cambios atribuibles a la actividad de CLC”.

Con todos estos datos sobre la mesa, el estudio señala que las autoridades sanitarias andaluzas “deberían haber abierto un expediente para valorar si publicar una alerta alimentaria”, ya que el albur se consume tradicionalmente en la zona de estudio. Asimismo, concluye con una reivindicación que ya se ha convertido en recurrente: en aplicación del principio de precaución, debería establecerse una moratoria a nuevos vertidos mineros al Guadalquivir y crear un comité de expertos independientes que analice la situación en profundidad.

La marisma llena de agua, pero con un alto riesgo de que el fuego haga acto de presencia. Así afronta Doñana la temporada de verano, que ha arrancado con buenos datos de reproducción de aves y con bastante más recursos hídricos que en ejercicios anteriores, aunque con “riesgo elevado de incendios por las temperaturas y por la vegetación abundante por un invierno lluvioso”.

Así lo ha señalado el director de la Estación Biológica de Doñana-ITCS, Eloy Revilla, que ha apuntado que la época estival en Doñana comenzó el 1 de junio y “no coincide con el verano físico”. Eso sí, ha resaltado que está finalizando la campaña de reproducción de las aves acuáticas, sobre todo las garzas, que ha calificado de “buena temporada”, ya que “hay pajareras en múltiples lugares en Doñana”, algo que es “una buena noticia para Doñana”.

Asimismo, ha apuntado a que “la marisma se ha inundado, igual que el año pasado”, por lo que “aún hay agua”, por lo que “esa parte de Doñana se está recuperando, igual que la vegetación”. “La otra parte, que es la que depende del acuífero, eso va mucho más despacio, apenas se ha recuperado desde los mínimos al finalizar el periodo de sequía anterior. Estamos en un proceso en el que se está mejorando la gobernanza de la gestión del acuífero en el sentido de que se están cerrando explotaciones ilegales, se está haciendo un cambio en el uso del suelo, que es un proceso a medio y largo plazo”.

Al respecto, ha subrayado que “hay que reducir la demanda, además de llover”, ya que “la recuperación de un acuífero es un proceso de medio plazo, no es una cosa que ocurra de un día para otro”. “Por lo tanto, en las lagunas ha llovido y se ha cogido un poco de agua, pero enseguida esa agua ha bajado para abajo al acuífero”

Alto riesgo de incendio

Por otro lado, el director de la Estación Biológica de Doñana ha indicado que las temperaturas están siendo “muy altas, hay vegetación porque ha llovido este invierno”, por ello, “el riesgo de incendio es elevado”.

En cuanto, al incendio de mayo que se originó en la finca de Marismillas, Revilla ha explicado que se ha quemado “un componente de vegetación asociado a pinar de pino piñonero, matorral y pastizal”. “Es fundamentalmente lo que se ha quemado”, aunque ha insistido en que es “pronto” para “hacer una evaluación de cómo va a ir recuperándose”.

“Lo que sí que sabemos es que el fuego ha sido de intensidad media y baja, lo cual es bueno porque todavía quedaba humedad en la vegetación de cara a la intensidad de ese incendio. Se pudo controlar de una manera relativamente afortunada, porque era una zona con relativamente alta densidad de pinos, no se movió hacia el sur”, ha resaltado al respecto.

Portales web con datos hidrometeorológicos

Eloy Revilla ha hecho estas valoraciones durante la presentación de dos nuevos portales web con datos hidrometeorológicos en Doñana de acceso abierto para la consulta pública, de la ICTS-Doñana Infraestructura Científica y Técnica Singular dependiente de la Estación Biológica de Doñana-CSIC. El primero, Hidromet, se centra en el seguimiento de la hidrología y meteorología de la marisma del Parque Nacional de Doñana. Por su parte, Meteo Palacio proporciona acceso a una de las series meteorológicas históricas más extensas del espacio protegido, con registros continuos desde 1978.

Ambas plataformas ponen a disposición de la comunidad científica, los gestores, los medios de comunicación y la ciudadanía información ambiental de alta resolución, fundamental para el conocimiento del funcionamiento ecológico del humedal y su respuesta al cambio global. “Disponer de datos abiertos y detallados ayuda a conocer mejor los ecosistemas de Doñana y a seguir su evolución ante los cambios ambientales”. Además, “facilita tanto el trabajo de investigación como el acceso de la sociedad a esta información”, ha señalado el desarrollador del portal web del Equipo de Datos y Metadatos de la ICTS-Doñana, Eduardo Escobar.

En concreto, el portal de Hidromet integra datos obtenidos a través de una red de estaciones automáticas distribuidas en la Reserva Biológica de Doñana que registran variables clave como temperatura, precipitación, radiación solar, viento, humedad o nivel del agua. Con una resolución temporal de apenas cinco minutos, estos registros permiten analizar con gran detalle los procesos hidrológicos y climáticos que determinan la dinámica de uno de los sistemas naturales más valiosos de Europa.

Acceso abierto a los datos

Esta plataforma se complementa con Meteo Palacio, otro portal web que da acceso a la serie histórica de la estación meteorológica del Palacio de Doñana, con más de 45 años de registros continuos desde 1978. Esta es la serie de larga duración más completa de Doñana y su entorno, con datos de temperatura y precipitación recogidos mediante observación manual sistemática. “Constituye un recurso excepcional para analizar tendencias climáticas a largo plazo en el espacio protegido”.

Además de su utilidad científica, estos portales web proporcionan una fuente de información objetiva y actualizada para el seguimiento de fenómenos de interés público como el estado de inundación de la marisma en cualquier momento del año, episodios de sequía, inundaciones, olas de calor o cambios en los patrones de precipitación. Así, el acceso abierto a estos datos contribuye a mejorar la divulgación ambiental sobre el espacio protegido y acerca a la ciudadanía el conocimiento sobre una de las reservas de la biosfera de la Unesco.

En un planeta cada vez más resentido por las consecuencias del cambio climático, las compañías que no usan ningún tipo de producto químico o contaminante durante sus cadenas de producción son minoría. Desde Ecovalia, asociación profesional española de la producción ecológica, tratan que empresas y consumidores apuesten por productos totalmente orgánicos.

Según el último informe anual de Ecovalia, Andalucía es la comunidad autónoma con más superficie ecológica de España, con casi millón y medio de hectáreas, lo que supone un 49,3% del total. En materia de ganadería ecológica, la comunidad andaluza también lidera el ranking español, teniendo más de la mitad de la actividad ganadera del país. 

Respecto a la actividad industrial, Andalucía tiene el 30% de la industria sostenible española, y se estipula que hay unas 263 empresas ecológicas cada mil kilómetros. Pese a liderar la producción ecológica, los andaluces, con 62 euros al año, se encuentran lejos de ser los que más gastan en productos orgánicos, situándose en décimo lugar.  

Salinas el Alemán 

Un ejemplo de producción ecológica lo encontramos en el pueblo costero de Isla Cristina (Huelva), donde la familia Limón produce sal marina, flor de sal y escamas de sal de forma artesanal. Además, las Salinas el Alemán cuentan con un lago de magnesio y un fango salino, ambos “beneficiosos para la salud”, afirma Estefanía Limón, responsable del área de turismo y relaciones públicas.

Estas salinas con 70 años de historia son una herencia familiar de su abuelo a su madre, que aprendió la profesión y la enseñó a Sabina y sus dos hermanos, Alejandro y Estefanía. Aquí obtienen la sal del agua proveniente de las marismas, “recogemos el agua del caño a través de una compuerta y pasa a las diferentes balsas, donde se va calentando el agua de forma progresiva con el sol para aumentar su salinidad. La primera balsa es de retención, la segunda es el calentador, después el serpentín y por último el agua entra en la nave, donde se extrae la sal y se pone al sol para que se seque”, explica Estefanía. 

La sal de la que disponen depende de forma directa del mar, por lo que no tienen una producción anual fija. Para su venta emplean “un envase de cartón con un plástico interior que lo protege de la humedad de la sal, dejándola en perfectas condiciones”, lo que hace que el producto esté en su forma más virgen posible. Además, emplean parte de los recursos obtenidos para realizar productos cosméticos. 

Marsh Food

Próximo a estas salinas encontramos la huerta de Manolo Díaz, también en la localidad onubense de Isla Cristina. En su pequeña parcela, Manolo cultiva salicornia, una planta halófita conocida coloquialmente como “espárrago de mar”. Esta planta, normalmente denostada e ignorada, tiene un uso culinario, medicinal (en la prevención del ictus) y como filtro natural del nitrato de fósforo en el agua proveniente de la acuicultura.

Pionero en el cultivo de salicornia en España, Manolo descubrió la utilidad de esta planta en 2004, cuando era guía turístico, gracias a una mujer francesa que le comentó su uso culinario. Posteriormente, en 2013, estuvo un año estudiando las poblaciones locales de salicornia y la marisma, y en 2015, según explica el propio Manolo, estuvo “recolectando semillas de la marisma durante un año y conseguí 600 gramos, cuando la legislación lo permitía”. Dos años después, en la azotea de su casa, hizo su primer ensayo en tierra. 

Al no hacer una siembra directa de la salicornia, realiza una plantación previa en un vivero, y cuando tiene un tamaño adecuado, en unos tres meses aproximados, la pasa al terreno. “A la planta le afectan mucho las condiciones ambientales, la agricultura no es una ciencia exacta, entonces el tiempo de cultivo es muy variable”, afirma Manolo. Por otro lado, cuando su uso es para estudios universitarios emplea un cultivo de hidroponía.

Bodegas y Viñedos Garay

La pasión por el vino de Mario Garay y Ana González hizo que en 2008 decidieran comprar un pequeño viñedo en La Palma del Condado (Huelva). De una forma completamente ecológica, Mario y Ana son los que realizan todo el proceso, desde la recogida de la uva, hasta el embotellamiento y posterior venta del vino. 

La denominación de ecológico la obtienen porque no emplean ningún tipo de químico que adultere el vino, ni tan siquiera para el cultivo de la uva. Para obtener las diferentes variantes de licores que quieren hacen un trabajo de campo previo, lo que les permite saber que “si quiero un vino fresco, vendimio un poco antes, que lo quiero más contundente, vendimio un poco después”, explica Mario, que tiene la certeza de que “con una uva sana tienes el 90% del trabajo hecho”.

El tipo de uva que usan es la zalema, que según explica Mario, “tenemos la suerte de tenerla solo en Huelva y un poquito de Sevilla”. La versatilidad de esta uva les permite hacer desde un vino blanco espumoso, hasta una crianza oxidativa “que recuerda a un oloroso típico andaluz”. Sin embargo, también usan otras uvas autóctonas de la zona como la colombard o la listan del condado.

La Casa de Alba admite que sí, que tenía hasta nueve pozos sin licencia en su finca sevillana de Aljóbar, en término de Aznalcázar junto a Doñana, e incluso reconoce que estas instalaciones carecían del obligatorio contador de agua que permite saber qué volumen se ha extraído. Y lo hace porque a ello precisamente se agarra para poner el foco en que no hay manera de demostrar que haya sacado más recursos de los que tiene autorizados: sin aparatos de control volumétrico –algo que por sí mismo es una infracción– insiste en que ni la Fiscalía ni la Guardia Civil pueden demostrar nada.

Es decir, que se aprovecha de esta ilegalidad para argumentar que no se le puede acusar de un delito contra el medio ambiente. En paralelo, mantiene la piedra angular de su defensa, que es que nunca ha sacado más de los 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados. Aquí se vuelve a esta pescadilla que se muerde la cola: como no hay contadores, nadie ha podido certificar que haya bombeado más agua de la permitida, por mucho que los pozos no estuvieran legalizados.

La investigación judicial por delito ambiental se centra en la empresa Eurotécnica Agraria, cuyo consejo de administración copan los hermanos del duque de Alba y que se creó para gestionar varias haciendas de la familia. En 2023, cuando la Guardia Civil descubrió estas extracciones sin permiso, la presidenta de la compañía era Eugenia Martínez de Irujo, aunque pocos meses después (desde diciembre de ese mismo año) el máximo responsable es su hermano Cayetano.

“No tiene relevancia penal”

El juez, además de a la empresa en sí, ha imputado al administrador (y también consejero) de Eurotécnica Agraria, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, duque de Aliaga y primer nieto de Cayetana de Alba. Él fue precisamente el primero en admitir, en su declaración como investigado ante el juez en febrero de 2025, que los pozos ilegales de Aljóbar no tenían contador de agua.

¿Y por qué se reconoce sin problemas este extremo? Pues porque la defensa intenta diluir la posibilidad de una responsabilidad penal y reducir el caso a una cuestión meramente administrativa, siempre sobre la base de que considera que nadie ha demostrado que extrajese más agua de la permitida. Así lo apuntaba de hecho en el último oficio que remitió al juzgado, hace un mes, en el que se postula que lo único certificado es la existencia de pozos no autorizados.

Esto, como mucho, “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa por infracción, en cualquier caso, calificada como leve en la legislación de aguas: alumbramiento de pozos sin autorización”. Pero lo más importante para sus intereses es que interpreta que, de esta manera, sería una situación que “no tiene relevancia penal”.

“Se desconoce el régimen de explotación”

Ya en su primer informe crítico, elaborado para desautorizar la investigación de la Guardia Civil –que apunta a un daño ambiental que puede ser “irreversible”–, Eurotécnica Agraria subrayaba que todas las conclusiones de los agentes se hacían “a falta de datos procedentes de aparatos de control volumétrico”. Además, en un procedimiento administrativo paralelo amparado por la normativa de aguas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha dado permiso para regularizar estos pozos, lo que la empresa interpreta ante el juez como que así se “convalida el sistema de riego existente” y se “acredita que el mismo no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico” porque “en caso contrario no se autorizaría”.

La defensa esgrime también otro informe de la propia CHG, en el que el jefe del servicio de Control y Vigilancia admite la imposibilidad de “poder determinarse si se ha derivado un volumen superior al informado” ante la falta de contadores, unido a que “no se ha detectado riego en una superficie mayor a la autorizada ni de cultivos con una mayor demanda de agua”. De hecho, reconoce que “se desconoce el régimen de explotación”.

Eso sí, estas consideraciones las hacía tras resaltar que las captaciones sin autorización fueron descubiertas “sin control volumétrico alguno, con una explotación abusiva y con pérdidas de agua”, todo ello además en un momento en el que acuciaba la sequía. Junto a ello, llamaba la atención sobre la “reincidencia de los hechos”, ya que la propiedad fue sorprendida usándolos de nuevo después de que el magistrado levantara un primer precinto judicial.

Los pozos han 'beneficiado' al acuífero

La Casa de Alba reitera una y otra vez que “no ha sido acreditado” en los informes de la Guardia Civil que estas captaciones ilegales “hayan supuesto una extracción por encima del volumen autorizado”. Y no sólo eso, sino que considera que la existencia de estos pozos sin autorización “sin que se haya superado el caudal máximo concedido” es positiva, ya que “lo único que supone es que se reparte el caudal de extracción entre todos los pozos, mejorando así la hidrodinámica del acuífero”.

Entre las otras bazas que juegan a favor de los intereses de Eurotécnica Agraria están otros dos estudios de la Confederación del Guadalquivir que, realizados a petición del juez, certifican la cada vez peor situación del acuífero del que bombea Aljóbar. Eso sí, admite que no puede atribuir a los pozos ilegales de los Alba la “exclusividad” de los daños en una masa subterránea de agua (Aljarafe Sur) que oficialmente no ha sido declarado en mal estado. La defensa, además, abunda en que no hay impacto sobre Doñana, algo que ponen en duda tanto la Guardia Civil como el juez.

Los agentes del instituto armado, por su parte, han recogido en sus informes y han reiterado en su declaración ante el juez que en Aljóbar se ha sacado más agua de la permitida, con la base de que con la autorización que tienen “no riegan tantas hectáreas”. En todo caso, parece que en breve se conocerá qué rumbo toma el caso, ya que el propio magistrado ya ha señalado que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”.

El medio natural de Natalia Rodríguez es el agua. A los cuatro años contempló por primera vez el paso de los cachalotes en el Estrecho de Gibraltar, observó las ondulaciones en el mar, la línea de sus lomos y, aunque no lograba comprender tal imagen, supo que marcaría su devenir. “Sabía que era importante”, sonríe la adolescente de 17 años. Hace poco, logró bucear por primera vez junto a un tiburón en los fondos marinos de la isla de Tenerife, donde acompañó a un angelote que durante días se había escondido de la mirada de sus compañeros de ruta“. Se sumerge bajo la superficie, pero cada vez que asciende defiende el medioambiente. Esta pasión la llevó a ser nombrada como embajadora del Pacto Europeo por el Clima, un cargo dispensado por la Comisión Europea para el que tiene varias tareas que cumplir este 2026, como la protección de la vida marina en las costas andaluzas.

La protección por la biodiversidad marina viene de lejos, casi que desde que aprendió a hablar. Con el empeño de aprender a bucear, logró que sus padres la apuntaran al curso de iniciación después de recaudar el dinero de la inscripción mediante la venta de los collares de arcilla que hacía con forma de animales acuáticos. “Mi padre creía que con eso ya se me quitaría... Pero fue todo lo contrario”. El tesón que refleja la joven de Cádiz la llevó a ampliar sus conocimientos sobre el cuidado del ecosistema y divulgarlo a través de sus redes sociales. De tal manera, el cargo simbólico que ostenta a nivel europeo le ha permitido a lo largo de estos primeros seis meses desarrollar una labor encomiable que ha servido como inspiración para su generación y la ha llevado, entre otras cuestiones, a ser homenajeada en la Gala WITH Mujeres Líderes 2026, que celebró recientemente su cuarta edición en el Real Alcázar de Sevilla.

Amplía redes allá donde va con un propósito claro: “Proteger a los tiburones”. Esta especie, ubicada en lo alto de la cadena trófica, tiene un rol fundamental en la regulación de la vida acuática y en el control de la sobrepoblación de peces, sin embargo, está en peligro de extinción. Frente a los temores de la población, cuyo imaginario ha sido alimentado por toda una cultura popular en donde películas como Tiburón o sagas en los que muestran una faceta sanguinolenta eran protagonistas, Rodríguez prefiere “concienciar”. Para ello, escribió e ilustró el libro Sin aletas no hay paraíso, en el que profundiza sobre la práctica del finning en la que se corta las aletas a los animales para su consumo y luego se devuelven al mar. “Pronto saldrá la campaña de crowfunding para su publicación y, también, está proyectado otro cuento para los más pequeños que pude estrenar en un colegio”, indica.

“Una ITV del mar” en el Estrecho

Otra iniciativa puesta en marcha por la activista medioambiental es una petición en Change.org para el control del ruido de los fast ferris en el Estrecho de Gibraltar que provocan grandes perjuicios para los cetáceos. Con unas 1.500 firmas, la intención es dirigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una petición para que se reduzcan las velocidades de las embarcaciones y, por tanto, del ruido de las hélices con el fin de rebajar la contaminación acústica a la que se ven sometidos los delfines, las orcas, los cachalotes o los rorcuales en esta “autopista vital” de vida marina. “Como consecuencia, los cetáceos no se pueden comunicar adecuadamente entre ellos, se pierden y desorientan”, provocando la muerte de los especímenes.

Con picos que sobrepasan hasta los 132 decibelios, el ruido al que se ven sometidos en esta área clave para el tráfico mercantil es una “exposición crónica e insoportable que anula sus sentidos y los hace vulnerables”. Es más, no pide que se frene el ir y venir de los barcos, sino tan solo reducir las marchas a entre 10 y 12 nudos en tramos concretos y establecer “una ITV del mar” para comprobar que el daño a la biosfera no aumenta. Al respecto, toma ejemplos de acciones ya cometidas en el pasado, como las decisiones tomadas en 2004 cuando España aprobó una moratoria sobre los sónares militares en Canarias y erradicó los varamientos masivos de zifios.

Rodríguez ha sufrido más de una vez la infantilización debido a su edad en los entornos científicos o colaborativos en los que se ha presentado. Pese a ello, reconoce que “he tenido suerte” porque, a pesar del sobresfuerzo, poco a poco ha adquirido un reconocimiento cada vez mayor entre quienes investigan y obran por que haya un cambio en la comunidad. En busca de nuevas vías para contribuir desde su campo de actuación en un tablero geopolítico en el que las cumbres climáticas batallan para sacar acuerdos con los que frenar el sobrecalentamiento del planeta, estudia un ciclo de grado medio de cultivos en acuicultura que le deja conocer más de cerca prácticas sostenibles.

Frente al negacionismo

Habla de Cádiz, como podría hablar de cualquier ciudad: “Se podría hacer mucho más por el medioambiente, como más actividades al aire libre. Más allá de la Noche Europea de los Investigadores, por ejemplo, se podrían diseñar este tipo de actividades a lo largo del año”. Más en un momento en el que, cuando publica un vídeo en cualquiera de sus redes sociales, se encuentra con los comentarios de quienes niegan la crisis climática. “Sé que no puedo convencer a todo el mundo, pero intento hacer algo”. Además, conoce los peligros que entraña la defensa del entorno frente a los intereses mercantilistas y nombra al también joven activista Francisco Vera, quien tuvo que huir de Colombia por las amenazas recibidas y con el que ha logrado hablar sobre su estado actual. “Ojalá avanzáramos más y lográramos convivir todos de forma segura”, comenta la joven.

De su joven compañero de viaje extrae un término que la acompaña allá donde va: la ecoesperanza. “Si no fuera por la esperanza, no estaríamos aquí”, mantiene frente al catastrofismo y el pesimismo que recorren a su generación y la venidera. No da nada por perdido, todavía menos cuando conecta con quienes comparten su preocupación y su motivación para seguir actuando en mejorar las condiciones de sus regiones, como con los compañeros de Sea Shepherd France, un movimiento internacional de acción directa para la conservación de los océanos. “Estuve con ellos en Barbate, donde trabajan para proteger a la orca ibérica frente a los veleros que las dañan con bombas u objetos similares cada vez que se acercan a ellos. Vigilan el hábitat y avisan con tiempo a los veleros para que no pase nada”, comenta. Un trabajo conjunto para el que espera que pronto haya una respuesta de la administración. Mientras, Natalia continúa cada día viviendo y ofreciendo experiencias y conocimiento sobre el cuidado del mundo marino.

Lo que la ley protege, la ley también lo condena. Ésta es la “paradoja de conservación” que se está llevando por delante al piruétano, un árbol de pequeño porte más conocido como peral silvestre, que está en peligro de extinción en la mismísima Doñana pese a que la ordenación protege el suelo sobre el que se asienta. El problema es que, en paralelo, también blinda a los herbívoros que son su principal depredador, lo que unido al mal estado del acuífero y a los años de sequía lo aboca a la desaparición.

Así lo pone de manifiesto una investigación liderada por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) y publicada en Biological Conservation, que alerta del “declive generalizado” de esta especie en la zona “a pesar de la estricta protección que brinda el Parque Nacional”. De hecho, el estudio tiene un título más que significativo: Peras silvestres en peligro: ¿garantiza la protección de los parques nacionales la conservación de los árboles?

La respuesta es que no del todo, porque si bien la ley evita el cambio de uso de suelo, lo que blinda al árbol, “también ejerce una sobreprotección de los herbívoros que se alimentan” del mismo. De ahí que el piruétano ( endémico de la Península Ibérica y el norte de África) esté en una especie de bucle, una “paradoja de conservación” a resultas de la cual ahora mismo no es que le vayan muy bien las cosas.

“Escenario demográfico preocupante”

Los investigadores tomaron como referencia cinco poblaciones de peral silvestre en la zona, dos en el propio Parque Nacional y tres fuera (Rocina, Hato Ratón e Hinojos). En estas últimas, los ejemplares más jóvenes no sobreviven mucho por la desecación y el laboreo agrícola, mientras que en el interior de Doñana son los herbívoros los que dan buena cuenta de ellos. En general, las tasas de supervivencia son muy bajas.

El análisis plantea un panorama nada halagüeño para esta especie, “un escenario demográfico preocupante” en Doñana según la Estación Biológica. Por lo pronto, los ungulados (básicamente, ciervos y jabalíes) no sólo devoran al piruétano en sus inicios –cuando es una plántula o un plantón–, sino que encima destruyen buena parte de los frutos que producen, lo que a su vez reduce “de manera drástica” el número de semillas disponibles para su dispersión.

Esta última tarea la complica el declive de zorros y tejones en la zona, ya que son los principales dispersores de semillas. Por si todo lo anterior no fuese poco, resulta que la población de ciervos no deja de crecer, cuestión en la que tiene mucho que ver la “extinción local” de depredadores naturales como el lobo.

Al factor animal se unen otros elementos externos, como la “sobreexplotación” de las aguas subterráneas (que tiene en muy malas condiciones el acuífero que bombea vida al parque) y la “severidad” de las sequías estivales en los últimos años, algo que no tiene pinta de revertir a cuenta de los efectos de un cambio climático que cada vez se sienten más. Todo ello unido “agrava severamente el fracaso regenerativo” del peral silvestre en este espacio natural.

Reevaluar su estado en la Lista Roja

Así que ni la protección que ofrece un parque nacional puede ser suficiente para garantizar la supervivencia de una especie, por mucho que su función principal sea precisamente preservar la biodiversidad. “Sus prácticas de gestión pueden generar, inadvertidamente, efectos contrastados en diferentes componentes del ecosistema”, apunta al respecto José María Fedriani, investigador de la Estación Biológica y uno de los firmantes del estudio.

¿Y cómo se le puede dar la vuelta a esta situación para preservar el piruétano? Pues con cuestiones muy primarias: es “crucial” garantizar un “uso sostenible” del agua subterránea, controlar las altas densidades de ungulados (o restaurar el equilibrio depredador-presa) y mantener poblaciones sanas de dispersores de semillas. De hecho, la situación actual es tan negativa que los investigadores abogan por una “reevaluación” del estado de conservación de la especie en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), etiquetado como “preocupación menor”.

Los hallazgos en Doñana, apuntan, llevan a la conclusión de que esta calificación “puede subestimar la vulnerabilidad de la especie”. Por ello, la conclusión es que este árbol “se enfrenta a multitud de factores perturbadores”, por lo que confiarlo todo al amparo que le ofrece el parque nacional no es suficiente: “Una estrategia de conservación basada únicamente en la protección legal es improbable que asegure su viabilidad a largo plazo”.

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha convocado para el próximo miércoles, 17 de junio, una sesión plenaria extraordinaria en la que se abordará únicamente la adopción de un acuerdo plenario destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico para avanzar a su anulación. Ante este paso, el alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos), ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que tengan “altura de miras” de cara a articular una “solución definitiva” al “conflicto”, sentido en que espera el “respaldo” de ambas administraciones así como que se “compense del daño” sufrido a este pueblo costero.

La sesión plenaria, prevista a partir de las 9 horas, llega tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba luz verde a la propuesta de resolución del procedimiento. En concreto, se centra en el permiso concedido en enero de 2003 a Azata del Sol para posibilitar la construcción del inmueble en el paraje protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Según han indicado a Europa Press fuentes municipales, el asunto ha sido examinado este mismo miércoles en comisión informativa de Presencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía, donde ha contado con el voto favorable del alcalde, Salvador Hernández y dos ediles del PP así como con tres abstenciones: dos del PSOE y una del concejal no adscrito Felipe Cayuela.

El órgano validó el texto que se votará en la sesión plenaria con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso con el que se busca la restauración del paraje, ya declarado como no urbanizable en el planeamiento de Carboneras.

El pueblo de Carboneras, “perjudicado”

Ante este nuevo paso que se va a dar, el regidor, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que “el Gobierno y la Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado sólo hay uno, que es el pueblo de Carboneras”, ha valorado Hernández, quien confía en que ambas administraciones ayuden al municipio “a salir de esta situación de la mejor manera posible”.

“El Ayuntamiento de Carboneras cumple con lo que ordena la Justicia”, ha asegurado el alcalde, quien ha insistido en que la “obligación” municipal “es elevar a pleno la propuesta para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel” concedida en enero de 2003 y sobre la que el TSJA ordenó su revisión en 2021 al haberse edificado en suelos no urbanizables de especial protección.

En esta línea, el Consultivo concluía que la licencia resultaba “nula de pleno derecho” principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Convocatoria de la comisión Junta-Estado

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia. Tras este paso, la Junta de Andalucía ha anunciado que convocará la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

Cabe recordar que la propuesta instará al pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir a posteriori un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Ayuntamiento acordará así “determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente” qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

Doble negativa a la Casa de Alba por parte del juez que investiga un posible delito ambiental, por el daño que habrían causado los nueve pozos ilegales encontrados en su finca sevillana de Aljóbar, lindando con Doñana. Por un lado, ha rechazado su petición del archivo exprés de la causa tras conseguir el permiso oficial para regularizarlos, proceso que puso en marcha cuando fueron descubiertos por primera vez –luego hubo una segunda– a pleno rendimiento sin autorización. Y por otro, ha vuelto a denegar que se tome declaración judicial a un perito de parte que la defensa considera clave, hasta el punto de que en su recurso llegó a asegurar que esto deja a los acusados en una situación de “indefensión” porque su testimonio les ahorraría la “pena de banquillo”.

En un breve auto, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor vuelve a dar señales de lo que ya afirmó en el anterior, que la investigación “está prácticamente agotada”. En este caso no es tan explícito, pero sobre la petición de archivo sí le transmite a la defensa de Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de los Martínez de Irujo, hermanos del duque de Alba, que gestiona estas tierras) que, “en el momento procesal en que se resuelva el destino de esta instrucción, se dará respuesta”. Es decir, que por ahora no pero que se vislumbra que habrá resolución en breve.

Además de reseñar que la Fiscalía presentó un informe de impugnación oponiéndose a las peticiones de la defensa, el juez reitera que considera innecesario que comparezca el perito que realizó un estudio sobre el sistema de riego de la finca y las cosechas obtenidas. Sí testificó otro de los expertos a propuesta de Eurotécnica Agraria, que hizo un contrainforme ambiental para desmontar el análisis de la Guardia Civil, que cifra en cinco millones el “beneficio ilegal” e insiste en que se extrajo más agua de la autorizada.

El testimonio “no es de utilidad”

El magistrado recuerda que el informe pericial está incorporado a la causa, y que por tanto “su mayor o menor virtualidad probatoria, en esta fase de instrucción, no se va a ver afectado porque el perito ponga de manifiesto sus conclusiones ante ese instructor”. De hecho, en las ratificaciones precedentes (tanto de la Guardia Civil como de la defensa) “apenas se aporta nada relevante o de nuevo conocimiento” a lo que ya se incluía en la documentación previa, por lo que insiste en “no considerar de utilidad la ratificación de esa pericial”. En la misma línea, ya rechazó también la comparecencia de los extrabajadores cuya denuncia dio origen al caso.

Los abogados de Eurotécnica Agraria solicitaron el archivo y sobreseimiento de la investigación nada más conocer que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de agua) autorizaba cambios en el sistema de riego que implican la regularización de ocho de los nueve pozos sin licencia. El permiso impone diez condiciones específicas y 43 generales, ya aceptadas por la propiedad.

Este procedimiento administrativo es una opción que contempla la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, lo que en la práctica es una transmutación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas. La tramitación, eso sí, la puso en marcha la propiedad nada más iniciarse la investigación judicial.

Como mucho, sanción administrativa

La empresa considera que esta autorización de la Confederación “convalida el sistema de riesgo existente en la finca” y “acredita” que “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”, ya que en caso contrario no habría recibido la preceptiva luz verde. La defensa reitera que nunca ha sobrepasado la extracción de 605.000 metros cúbicos anuales que tiene autorizados en Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar.

Eso sí, admite la existencia de los pozos sin regularizar, pero que este extremo “no tiene relevancia penal”. A su juicio, y como mucho, todo esto puede acabar en una sanción administrativa por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”, como es “alumbramiento de pozos sin autorización”. Y reitera “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur” con sus instalaciones.

La Fiscalía, en cambio, considera que hay “base suficiente” para una acusación por un delito de medio ambiente, ya que considera que durante 11 años se extrajeran unos 6.600 millones de litros de manera ilegal. Esto, según los informes de la Guardia Civil, habría provocado un daño ambiental que puede ser irreversible, de hecho hasta el propio juez instructor ha llegado a apuntar que estas extracciones sin licencia pueden haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.

El Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un dictamen que resuelve la “nulidad de pleno derecho” de la licencia de El Algarrobico, el hotel inacabado en la playa del mismo nombre de Carboneras (Almería), paralizado por orden de un juez en febrero de 2006 por ubicarse en dominio público marítimo-terrestre y en pleno Parque Natural de Cabo de Gata. El Consejo resuelve que la licencia es nula por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido y por afectar a la servidumbre de costas.

La licencia fue concedida por el Ayuntamiento el 13 de enero de 2003 y sigue en vigor, lo que ha impedido su demolición durante más de veinte años, a pesar de que los tribunales han dictado en torno a medio centenar de resoluciones que constatan su ilegalidad. Entre ellas, sendas sentencias del Tribunal Superior de Andalucía, confirmadas luego por el Tribunal Supremo, que declaran que el suelo sobre el que se asientan debe declararse no urbanizable (algo que el Ayuntamiento cumplió hace apenas un año), y que debe revisarse la licencia, en lo que se está ahora. El Consultivo observa que esta dilación es “inadmisible”, aunque matiza que se debe a una actividad judicial que tiene su origen en la defensa legítima de los derechos del ayuntamiento y de las promotoras.

El dictamen, al que este medio ha tenido acceso, devuelve ahora la revisión al Ayuntamiento, al que el Consultivo pide que le comunique el fin del procedimiento en un plazo máximo de 15 días. El Ayuntamiento, gobernado sucesivamente por alcaldes del PSOE, PP y, ahora, Ciudadanos, ha arrastrado los pies durante décadas para cumplir las resoluciones judiciales que declaran reiteradamente la ilegalidad del hotel. La propia Junta de Andalucía le ha acusado de “prácticas dilatorias” y los tribunales han advertido a sus alcaldes con multas reiteradamente, sin llegar a imponerlas nunca. Estas demoras han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El Consistorio está obligado por los tribunales a revisar la licencia desde el verano de 2022, cuando el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia del TSJA dictada en 2021 que le obliga a ello. No inició el procedimiento hasta el pasado verano. El pasado 5 de diciembre, apurando el plazo máximo de seis meses que le da la ley, remitió el expediente al Consejo Consultivo, al que entregó un expediente incompleto, lo que obligó al Consultivo a requerirle para que lo corrigiera y demoró otros tres meses la resolución que se ha conocido hoy.

Ahora deberá terminar el procedimiento en los próximos 15 días, aunque el abogado José Ignacio Domínguez, que lleva todos estos años pleiteando en representación de las entidades ecologistas, desconfía: “Creo que el derribo ahora está más cerca por la vía de la nulidad de la licencia [que por la vía de la expropiación, que el Gobierno abrió en febrero de 2025], pero veremos por dónde salen. Es probable que ahora la promotora recurra, ya sea el dictamen, ya cuando el Pleno anule la licencia”, vaticina.

Licencia sobre un planeamiento “no adaptado”

El Consejo Consultivo asegura que su informe no sólo era preceptivo, sino también vinculante para el Ayuntamiento al tratarse de la revisión de un acto nulo. La licencia para construir ese hotel de 20 plantas y más de 400 habitaciones en plena playa de un parque natural sería un acto contrario al ordenamiento jurídico por el que “se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”, en la definición dada por la ley.

El órgano consultivo andaluz hace un repaso cronológico del polémico edificio, constatando que, aunque el suelo fuese urbanizable en las normas urbanísticas municipales y el propio Ayuntamiento concediera licencia para construir en él en 2003, estaba protegido desde 1994 por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata, y era servidumbre de protección de Costas desde 1988. A partir de entonces, debió aplicarse la Ley de Conservación de Espacios Naturales y la Flora y Fauna silvestres y la Ley de Costas, que impide construir en esos espacios protegidos o a menos de 100 metros desde la línea de ribera.

El Consultivo admite que eso no es obstáculo para que la promotora propietaria “en aquel momento” pudiese pedir una compensación por la desclasificación como suelo urbanizable. Pero no se hizo así, sino que se mantuvo el suelo como urbanizable y se acometieron obras “en una clara manifestación de política de hechos consumados” que ignoraba la protección del lugar. “Todas estas actuaciones posteriores (…) no dan validez a la licencia otorgada”, se resume en la resolución. Todo se hizo “sobre la base de un planeamiento no adaptado” a la protección ambiental y del dominio público marítimo-terrestre vigentes, incluyendo la licencia, que es nula.

Los ecologistas celebran el “fin de la impunidad”

Greenpeace, que ha impulsado durante todos estos años el derribo del hotel, ha celebrado el paso, asegurando que el dictamen es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, que en este tiempo ha mostrado una actitud dilatoria de todo lo relativo a la construcción, supuestamente por el temor a tener que compensar económicamente a la promotora, Azata del Sol.

“Hoy celebramos mucho más que la anulación de un permiso de obras; celebramos el fin de la impunidad en nuestras costas”, señala Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España. “Tras años de trampas y desobediencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras, ya no quedan más excusas: cada día que el hotel sigue en pie es una afrenta a la justicia y al patrimonio común. Es hora de que entren las máquinas y que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar recupere lo que nunca debieron arrebatarle. El dictamen no es una sugerencia, es el acta de defunción legal del hotel”, reclama Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía.

Los ecologistas consideran que con la licencia anulada (algo que, formalmente, aún no ha ocurrido mientras no se pronuncie el Pleno) se elimina el último obstáculo administrativo para demoler el mamotreto ilegal. “Greenpeace va a proceder a pedir la demolición de forma inmediata ante el Ayuntamiento de Carboneras”, advierte, antes de pedir que los próximos presupuestos reflejen las partidas necesarias para devolver la playa a su estado original. Calcula que el derribo y la restauración costarían unos siete millones de euros.

Ya existe un protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que establece un reparto de tareas: el Estado se encargaría de la demolición y el desescombro, mientras que la Junta asume la restauración ambiental y la gestión de los residuos.

En paralelo, discurre la vía de la expropiación activada por el Gobierno central en febrero de 2025, a la que por ahora no se ha sumado la Junta de Andalucía, y cuyo justiprecio ha sido recurrido por Azata. Greenpeace cree que la nulidad de la licencia es la “llave maestra” que permitiría acelerar este proceso sin que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga que hacer frente a una “indemnización abusiva”.

Los ecologistas razonan que si la licencia es nula, Azata no podría exigir indemnizaciones millonarias basadas en una «licencia válida», “ya que esta fue ilegal desde su origen”. “Esto protege las arcas públicas de las pretensiones de la empresa”, que llegó a pedir más de 70 millones de euros en su día, una pretensión rechazada por la Audiencia Nacional. “La Justicia ha dejado claro que quien construye en suelo protegido asume su propio riesgo, y la nulidad de la licencia refuerza que el Ayuntamiento nunca debió otorgar ese permiso”.

La Estación Biológica de Doñana-CSIC ha mostrado este martes su “preocupación” por la situación en el Parque Nacional de Doñana con un incendio que “afecta principalmente a las dunas y corrales de Marismillas”, en el sector suroeste de Doñana, una zona de “enorme valor ecológico” y “clave” para la biodiversidad.

Esta mañana, el Consejero de Emergencias Antonio Sanz se había mostrado confiado en controlar las llamas, subrayando que el incendio estaba perimetrado en una zona de unas 300 hectáreas de extensión. “Inicialmente se logró paralizar el avance del incendio, tanto desde la cola como en la cabeza”, pero “el incremento del viento previsto ha complicado las dos noches”, ha asegurado Sanz, quien también ha admitido la complicación por el incremento de la fuerza del viento y las dificultades para moverse en una zona de marismas, ya que hay humedales que dificultan la estabilidad.

El incendio se originó en la tarde del domingo y ha afectado ya a unas 400 hectáreas. El agravamiento de la situación ha motivado que la Junta de Andalucía haya solicitado más medios al Ministerio de Transición Ecológica, con la incorporación escalonada de diez aeronaves (siete helicópteros -3 pesados, 2 semipesados y 2 ligeros-, dos aviones anfibios pesados y un helicóptero pesado). También trabajan en la zona 130 bomberos forestales y siete autobombas.

La voz de alerta la ha dado la Estación Biológica de Doñana, que aporta una foto tomada el lunes 25 a las 13:10 por satélite donde se observa la zona afectada acompañada por un texto: “La nubosidad dificulta todavía una estimación precisa de la superficie afectada, aunque las primeras estimaciones de nuestro Laboratorio de SIG y Teledetección, a partir de la imagen de Sentinel-2 de ayer, apuntan a unas 400 hectáreas afectadas”.

Por su parte, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Enrique Mateos, ha dicho que se trata de un incendio que “está dentro del el Parque Nacional, dentro del área de máxima conservación, y es una zona bastante particular porque en muy poco espacio confluyen los grandes ecosistemas de Doñana”.

Así lo ha manifestado en declaraciones a la Cadena SER Huelva, recogidas por Europa Press, donde ha asegurado que el fuego cerca las marismas, las dunas y los cotos, “que es la parte que se está quemando desde hace un par de días” y que el nivel de preocupación es “alto” porque “es una zona de un enorme valor ecológico donde confluyen especies típicas de clima mediterráneo”.

“Se está quemando sobre todo zonas de pinar y monte bajo”, ha explicado. Según ha dicho, la zona está densamente cubierta de forraje y pasto por las abundantes precipitaciones del incendio. “En el momento que hay cualquier tipo de conato de incendio, esto es explosivo”, ha subrayado, añadiendo las elevadas temperaturas de estos días como factor que ha desembocado en un incendio “dificultoso”. “Es una zona que está muy cerca de la costa y ahí normalmente la velocidad del viento es alta”, ha advertido.

También ha señalado que el fuego está “entre comillas acotado, no desde el punto de vista de los medios técnicos, pero sí de la propia estructura de los ecosistemas”, porque no puede avanzar hacia las marismas por la alta humedad, ni hacia las dunas, por lo que avanza en la zona de transición entre los dos ecosistemas.

El presidente del Consejo de Participación de Doñana ha señalado que se trata de una zona “muy complicada” que no se puede atravesar con maquinaria“ por la marisma y porque ”estaría generando un impacto ambiental casi al mismo nivel del propio incendio. Cuestionado por si la zona está lo suficientemente protegida, Mateos ha manifestado que “seguro que no”, porque “siempre se puede implementar cualquier medida extra por el principio de precaución”, citando los problemas hídricos, como la sobreexplotación de los acuíferos y el deslinde.

Sobre una posible intencionalidad en la generación de este incendio, ha dicho que es “raro que aparezcan dos incendios o dos focos en poca distancia”. Aunque se trata de una zona transitada principalmente por agentes forestales o investigadores, estos días ha habido tránsito de peregrinos, si bien el incendio ha ocurrido días después.

La Justicia ha vuelto a fallar contra la gran depuradora de la zona norte de Málaga. Una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), notificada a las partes este miércoles, ha acordado dejar sin efecto las expropiaciones forzosas que la Junta de Andalucía ya había realizado en la Vega de Mestanza, unos terrenos en zona inundable que suman unas 13 hectáreas dedicadas desde hace casi un siglo al cultivo de cítricos, y donde estaba previsto ubicar la EDAR que depuraría las aguas residuales de unas 600.000 personas que viven en Málaga y su área metropolitana. Además, los magistrados imponen las costas a la Administración, unos 2.000 euros.

La resolución, que anula la convocatoria del levantamiento de las actas previas y por tanto, todo lo que vino después, es el corolario casi inevitable de otra sentencia previa, dictada hace ahora un año por el mismo TSJA, ordenando parar la obra cuando esta ya había arrancado. El TSJA estimó entonces el recurso de la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza y las Lomas de Cantarranas, concluyendo que la Junta de Andalucía había evitado comparar la idoneidad de esta ubicación y otras alternativas desde el punto de vista ambiental, guiándose exclusivamente por un criterio económico.

Esa decisión, que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por la administración autonómica, supuso un notable varapalo a la Junta de Andalucía, que llevaba años preparando el terreno legal para ubicar esta instalación y tiene adjudicada la obra desde finales de 2021 por 106,5 millones de euros. Es una obra declarada de interés general para Andalucía, con un presupuesto total de 138 millones de euros con cargo al canon autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas.

La futura depuradora recogerá unos 75.000 metros cúbicos (ampliables a 125.000) procedentes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Torremolinos y un par de barrios de Málaga (Campanillas, Santa Rosalía). Desde 2018 España está sancionada por Europa por la falta de depuración de un puñado de aglomeraciones urbanas. Algunas han ido rematando sus infraestructuras, pero la del norte de Málaga sigue siendo una de las manchas. La multa la paga la Junta, la administración competente de la depuración, que cada año abona 1,3 millones de euros a la Comisión Europea.

La administración esgrime que hacer esta obra es urgente. En su día, el consejero Ramón Fernández-Pacheco desdeñó el argumento ambiental que defiende la conservación de los árboles, de los cuales haría falta talar unos 20.000, según los vecinos, contraponiéndolas al daño que provoca la falta de depuración. “Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”.

Unos 150 propietarios expropiados

La Junta de Andalucía empezó las expropiaciones en cuanto pudo. Primero lo paralizó un juez, pero en cuanto se levantaron las medidas cautelares, empezó a citar a los propietarios, unos 150, a los que fue notificando la ocupación de sus fincas, sin esperar ni siquiera a abonarles el justiprecio, que fijó en seis euros el metro cuadrado. De inmediato, y con el acta de ocupación urgente, empezó a vallar los terrenos y a mover las primeras piedras, encontrando la resistencia de decenas de activistas, muchos llegados desde fuera de Málaga para proteger a los árboles de la tala.

Todo se paró el pasado 16 de junio, cuando el TSJA dictó su primera sentencia. Fue una resolución dura con el Gobierno andaluz, al que los magistrados acusaban de desdeñar el impacto ambiental de su decisión. Peor aún: los magistrados sugerían que la administración había pergeñado una evaluación de impacto vacía de contenido, una mascarada que no hacía un análisis mínimamente riguroso de por qué esa era, frente a otras posibles ubicaciones, la mejor posible desde el punto de vista ambiental. El TSJA ordenó a la Junta de Andalucía que parara y empezara toda la tramitación de nuevo.

La sentencia conocida ahora es la consecuencia inevitable de aquella. Si el proceso para colocar allí la depuradora es nulo, también decaen las expropiaciones que se hicieron para llevarlo a cabo. “La anulación judicial anterior del instrumento jurídico que en su día dio cobertura al procedimiento expropiatorio (…) hace que deba también decaer el mismo”, escriben los magistrados.

Depuración en una zona en crecimiento

Málaga y su área metropolitana hacia el norte necesitan una depuradora desde hace más de veinte años. Se trata de una zona en crecimiento, con municipios como Torremolinos y otros que en treinta años han duplicado su población (como Cártama, que bordea los 30.000 vecinos) o incluso la han triplicado, como Alhaurín de la Torre, con 45.000. La previsión es que sigan absorbiendo parte del crecimiento previsto en el área metropolitana de la capital y en la provincia, una de las que más crecerá en las próximas décadas según las proyecciones del INE.

Vega Mestanza es el lugar elegido desde 2009, pero el proyecto hibernó hasta que fue rescatado en 2021 por el actual Gobierno autonómico. Cuando lo hizo, se encontró con un imprevisto: una resistencia numantina de vecinos y tenedores de los terrenos, familias que viven de los naranjos, mandarinos y limoneros allí plantados, lideradas por una mujer incansable, Mari Carmen Mestanza, que en estos años ha difundido su causa en todos los foros posibles: por allí han pasado políticos de izquierda a (ultra) derecha, divulgadores científicos, estrellas de la televisión, activistas ecologistas… Ha ido a Bruselas a contar su caso y no hay mitin en Málaga en el que no esté, da igual el partido, siempre dispuesta a insistir al político de turno.

Descendiente de la familia Mestanza, que a principios de siglo compró estos terrenos a la familia Larios para plantarlos de frutales, alega que la actuación destrozará un paisaje histórico, que no se ha justificado por qué esta es la mejor ubicación, que es cinco veces más cara que otras alternativas y que el terreno es zona inundable, como queda demostrado cuando llueve con fuerza y se refleja en los mapas de inundabilidad del Ministerio.

La anulación de las expropiaciones devuelve formalmente los terrenos a los vecinos, pero Mari Carmen Mestanza, que el pasado viernes acudió al mitin de cierre de campaña del PP con una réplica en cartón de Moreno en tamaño real, sabe que el partido de verdad se juega ahora en el Tribunal Supremo: “Yo espero que allí también nos den la razón, pero con estos nunca se sabe”.

La Casa de Alba ha hecho un movimiento fulminante nada más saber que ya puede regularizar sus pozos ilegales, tras la resolución favorable recibida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de riego) y ha pedido al juez que directamente “acuerde el archivo y sobreseimiento” de la causa judicial abierta en un juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). La defensa entiende que esta autorización es un espaldarazo al sistema de riego en su finca de Aljóbar y que no se han provocado daños que justifiquen esta investigación por el juez.

En un oficio remitido al juzgado al que ha tenido acceso este periódico, los abogados de Eurotécnica Agraria –la empresa creada por los Martínez de Irujo para gestionar ésta y otras haciendas familiares– solicitan el fin de la instrucción ya que los pozos ilegales con el permiso de la CHG “quedan así legalizados”. A su juicio, la decisión de la autoridad del agua en el Guadalquivir “convalida el sistema de riesgo existente en la finca”: un caudal permitido de 605.000 metros cúbicos anuales que se acumula en la balsa de una finca en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, a tiro de piedra de Doñana.

Considera así que se avala el sistema que se ha estado empleando hasta la fecha, aunque en Aljóbar sólo tenía licencia para dos captaciones (una para consumo humano y otra para riego) y la Guardia Civil descubrió hasta otras nueve sin licencia, ocho de las cuales se legalizan ahora. Por ello insiste en que la luz verde recibida por la CHG “acredita” que el sistema de riego “no genera daño grave alguno al dominio público hidráulico”.

La propiedad lo que ha hecho es una transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, una opción que contempla la Ley de Aguas pero a la que sólo se acogió cuando fue descubierta regando con estas captaciones sin licencia no una sino dos veces. Pese a este permiso para sacar de la ilegalidad los pozos, tanto los expedientes sancionadores abiertos por la propia CHG por vía administrativa como la investigación judicial por pirateo de agua y daño ambiental siguen adelante.

“No tiene relevancia penal”

Eso sí, reconoce que el agua “se extraía de 10 pozos existentes en la finca”, con lo que admite este uso irregular, pero insistiendo en el que es uno de los pilares de la defensa: “En ningún caso se superaba el caudal máximo autorizado”. De hecho, llega a subrayar que “los propios denunciantes –antiguos trabajadores de la finca– indican en su denuncia que el riego se hacía de la manera indicada”, algo que “se comprueba con un mero cálculo aritmético”.

Esta versión choca frontalmente con la que defiende la Guardia Civil, que en dos informes periciales entregados al juez sostiene que se sacó más agua de la autorizada durante 11 años, en los que se habrían extraído ilegalmente hasta 6.600 millones de litros. Esto permitió a Eurotécnica Agraria obtener hasta cinco millones de euros de “beneficio ilegal”, además de provocar un daño ambiental que, en total, podría ascender a 1,1 millones de euros. 

La propiedad, en contra, señala que, como no bombeó más de lo permitido, nos encontramos con “la imposibilidad de haber producido daños al acuífero Aljarafe Sur”, y que además no se sacaron recursos subterráneos de otra ubicación, por tanto “no se ha podido generar daño alguno al dominio público hidráulico”. A ello une que la existencia de los pozos ilegales como mucho “podría dar lugar a la oportuna sanción administrativa” por una infracción “en cualquier caso calificada como leve en la legislación de aguas”.

En concreto, se estaría hablando de un “alumbramiento de pozos sin autorización”, cuestión que considera menor ya que la apertura de estas captaciones sin permiso “no tiene relevancia penal”. A ello une que estas extracciones y todo el sistema de riego “queda legalizado con la resolución” de la Confederación del Guadalquivir, a lo que suma que todo el caso se basa en la “presunción errónea e infundada” de que se sacaba más agua de la autorizada, un cúmulo de “meras inferencias o suposiciones” que en todo caso “resulta insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia”. Por ello, concluye pidiendo al juez el archivo y sobreseimiento de las diligencias previas.

“¿Para qué necesitan abogados defensores?”

Ecologistas en Acción, por su parte, ha recibido este miércoles de la CHG la resolución que valida estos pozos sin licencia, que no le había llegado todavía pese a estar personada la organización en este proceso administrativo, una decisión que a su juicio va a contribuir a que “los supuestos delitos queden en nada”. La legalización, además, se ha aprobado en plena investigación judicial –en la que Ecologistas ejerce la acusación–, “dándole argumentos a la empresa para pedir el archivo y sobreseimiento de la causa”, como así ha ocurrido a renglón seguido.

Así lo denuncia Antonio Amarillo, responsable del Área de Agua de la organización, que se pregunta de manera retórica que “¿para qué necesitan abogados defensores?” si es la propia Confederación la que está “permitiendo” estos supuestos bombeos “muy por encima de lo permitido”, tal y como insiste la Guardia Civil. Unas extracciones que “contribuyen al ya asumido empeoramiento de las masas de aguas subterráneas durante los últimos años y al incumplimiento de los objetivos ambientales fijados por la Directiva Marco de Agua”.

“Es imposible regar 200 hectáreas de naranjos con el agua concedida y obtener año tras año cosechas normales”, además en un contexto de sequía. Y a pesar de que se ha constatado el “deterioro” de esta masa subterránea (Aljarafe Sur) en los últimos años y del incremento del índice de explotación, “la CHG sigue sin ver la relación causa-efecto provocada por las extracciones en la finca Aljóbar”, tal y como ha recogido en hasta dos informes sobre esta cuestión.

En cuanto a la instrucción judicial, en su último auto (de principios de marzo) el magistrado denegó una nueva prórroga de seis meses como pedía la Fiscalía al considerar que “la investigación de los hechos se encuentra prácticamente agotada”. Las últimas diligencias han sido la declaración de las agentes de la Guardia Civil que hicieron el informe de daños y de un perito de la defensa que ha firmado un contrainforme para intentar desmontar la investigación de la Guardia Civil.