La viabilidad del acuerdo con el que Donald Trump ha conseguido que Venezuela le entregue 65.000 millones de barriles en reservas sigue generando muchos interrogantes. Pero algo resulta cada vez más evidente: Washington está tratando a Caracas como un protectorado de facto.

La concesión petrolera es la última de las dinámicas en las que Estados Unidos se dedica a plantear los acuerdos y anunciarlos, mientras el Gobierno interino de Delcy Rodríguez le sigue el paso. Después de que Trump anunciara la privatización del 22% de las reservas petroleras de Venezuela, un elemento crítico que incide sobre la soberanía del país, Rodríguez intentó paliar la noticia remarcando que Caracas obtendrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión.

“Si se legitima este acuerdo desde el punto de vista jurídico, se hipoteca el futuro del país a 100 años, más de lo que ya lo habían hipotecado tanto Chávez como Maduro con el desmantelamiento democrático”, advierte a elDiario.es Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA). La investigadora, que ha seguido de cerca la deriva del país desde que Estados Unidos intervino militarmente para deponer a Nicolás Maduro, señala que “Venezuela no está atravesando una transición democrática” y que este nuevo trato es una muestra más.

Francisco Rodríguez, académico venezolano y economista del Center for Economic and Policy Research, subraya cómo la dinámica entre Washington y Caracas “se asemeja” a “otras situaciones similares a protectorados, como Irak bajo la ocupación de EEUU, o a principios del siglo XX en Cuba, la República Dominicana y Haití”. Además, Dib señala cómo la prioridad del Gobierno de EEUU es afianzar “actores que cumplen con los deseos de forma incuestionable de la Administración Trump, y eso es lo que ha hecho Delcy Rodríguez”.

Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente

Laura Cristina Dib — Directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA)

El lunes por la noche, la Casa Blanca publicó un nuevo comunicado en el que detallaba que la empresa encargada de explotar los 17 campos petroleros para extraer esos 65.000 millones de barriles será la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP). La empresa, que estará asociada directamente con el Gobierno estadounidense, es propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por la justicia en España y Suiza por su supuesta participación en un esquema de lavado de miles de millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA –acusaciones que él rechaza–.

Dib opina que la confirmación por parte de la oficina presidencial de que se ligará a NABEP supone “institucionalizar aún más la corrupción, pero ahora con el apoyo de Estados Unidos”. Para la investigadora, que se haya cerrado un acuerdo de este calibre con una empresa va en contra de los supuestos objetivos de democratizar Venezuela. “Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente”, lamenta.

“Es cierto que ha habido cerca de mil excarcelaciones desde el 3 de enero para acá, pero también es fundamental, cuando uno hace este balance, ver qué es todo lo que no ha cambiado. Y realmente, cuando lo pones en una balanza, ves que Venezuela no está atravesando una transición democrática. Mi mayor miedo es que este acuerdo petrolero le da espacio a actores que sabemos que son responsables de la corrupción; por lo que se fortalece el sistema autoritario y cleptocrático”, sentencia Dib.

La asociación con la compañía de Betancourt incluye que el Pentágono, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, tendrá el 35% de la propiedad de la empresa matriz de NABEP. El Departamento de Estado, además, tendrá garantías para adquirir el 20% de la producción de todos los pozos petroleros operados ahora y en el futuro por la compañía venezolana, a precio de coste. Y tendrá prioridad de compra sobre el 80% del petróleo restante, “lo que proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”.

Posibles contratiempos

Más allá de que se tardarán décadas en restaurar la dañada industria petrolera para empezar a poder extraer el crudo, Dib apunta que, una vez este acuerdo llegue al Congreso estadounidense, aún puede haber más contratiempos. Especialmente, si después de las elecciones de noviembre los demócratas consiguen recuperar el control de ambas cámaras.

“Hay muchas preguntas desde el punto de vista jurídico sobre qué implicaciones tiene este acuerdo con un gobierno que no es legítimo”, advierte la investigadora, que subraya: “El artículo 12 de la Constitución venezolana prevé que los recursos minerales y petroleros le pertenecen a la República y, por tanto, tienen un marco jurídico distinto que lo regula”.

La Casa Blanca confirmó la concesión por 100 años otorgada a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP), del polémico empresario venezolano Alejandro Betancourt, para explotar parte del petróleo de Venezuela, y ofreció nuevos detalles sobre el acuerdo anunciado la semana pasada.

Según el pacto entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, NABEP tendrá derechos durante un siglo para perforar 17 campos petroleros que albergan unos 65.000 millones de barriles de crudo, equivalentes a cerca de una quinta parte de las reservas de Venezuela.

La Casa Blanca ha confirmado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tendrá una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP.

Por su parte, el Departamento de Estado dispondrá del derecho a adquirir, a precio de coste, el 20% del petróleo extraído para abastecer las reservas estratégicas estadounidenses.

NABEP se presenta como la segunda mayor productora de crudo de Venezuela, con una producción superior a los 200.000 barriles diarios. Betancourt ha sido investigado en España, Suiza y Estados Unidos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en operaciones relacionadas con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, acusaciones que él rechaza.

La compañía anunció que, con el nuevo acuerdo, busca elevar su producción hasta superar el millón de barriles diarios.

La Administración de Trump, que la semana pasada calificó el entendimiento como un “acuerdo histórico”, sostiene que este permitirá aumentar la producción petrolera y reducir el precio de la gasolina en Estados Unidos, encarecida por la guerra con Irán, un factor que amenaza con pasar factura a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre.

Según la Casa Blanca, NABEP invertirá cerca de 100.000 millones de dólares para recuperar la deteriorada infraestructura petrolera venezolana y pagará, durante los próximos 25 años, unos 200.000 millones de dólares en impuestos a las autoridades venezolanas.

Además, el Gobierno estadounidense tendrá derecho de veto sobre los nombramientos en el consejo de administración de NABEP.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso en enero pasado al presidente venezolano Nicolás Maduro, Washington ha tutelado al Gobierno encabezado ahora por Rodríguez y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Caracas.

El acuerdo petrolero ha despertado suspicacias entre sectores que consideran que la Administración de Trump no está verdaderamente interesada en impulsar una transición democrática en Venezuela, pese a que ese fue uno de los argumentos esgrimidos para justificar la captura de Maduro.

El reciente acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela ha desatado un largo reguero de críticas. Todavía no se conocen los términos exactos, pero sí lo suficiente como para constatar que el gobierno de Estados Unidos ha logrado un control efectivo sobre la gestión de gran parte del petróleo venezolano. Así, no se han cumplido las advertencias de Diosdado Cabello, ministro de Interior, que hace menos de un año afirmaba que no se entregaría “ni una gota” de crudo a los estadounidenses en caso de producirse una agresión. Finalmente, se produjo la intervención militar, incluyendo el secuestro del presidente, y se transferirá más de una gota de petróleo hacia Estados Unidos. Según el propio Donald Trump, el acuerdo es para 65.000 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de todas las reservas del país.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, es decir, de cantidades que son recuperables del subsuelo con la tecnología y precios actuales. Esa circunstancia geológica ha moldeado profundamente la política del país latinoamericano desde que se descubrieron los primeros yacimientos en 1914, cuando Venezuela llevaba ya un siglo siendo independiente, pero todavía era un país básicamente agrario y muy pobre. Merece la pena remontarse brevemente a ese momento porque, paradójicamente, guarda una similitud sorprendente con lo que está pasando ahora mismo.

La maldición de los recursos

Como muchos países en desarrollo saben, que un territorio sea abundante en recursos no significa que tenga un billete garantizado hacia el desarrollo económico. De hecho, es más habitual lo contrario, es decir, que las naciones más abundantes en recursos naturales sean también los más pobres. En economía se conoce como maldición de los recursos a una hipótesis que intenta explicar esa paradoja, y según la cual el problema principal es que el país se vuelca tanto en explotar ese sector abundante en recursos (por ejemplo, petróleo) que se 'olvida' de casi todo lo demás. En realidad, no es una cuestión de decisiones gubernamentales sino de la propia orientación del mercado, ya que tanto el capital internacional como el nacional fluyen, lógicamente, hacia ese sector abundante en recursos que, como es deseado por todo el mundo, genera tasas de ganancia más elevadas y deja de fluir hacia el resto. El país se convierte rápidamente en un exportador del recurso natural y la dinámica económica hace el resto (por ejemplo, el tipo de cambio se encarece y eso dificulta otro tipo de ventas al extranjero, como las industriales).

Cuando a comienzos del siglo XX se fueron descubriendo los yacimientos de petróleo por todo el mundo, solo unas pocas empresas estadounidenses e inglesas tenían la capacidad tecnológica y financiera para extraer el recurso y, además, refinarlo para convertirlo en un producto utilizable por la sociedad (por ejemplo, gasolina, lubricantes, productos petroquímicos, etc.). Aunque el petróleo estaba en el subsuelo venezolano, no había en el país ninguna empresa capaz de convertirlo en algo útil, de modo que se permitió que fueran las empresas multinacionales las que se encargaran de todo. El proceso ganó orden a partir de 1922, cuando el presidente Juan Vicente Gómez declaró los recursos del subsuelo propiedad del Estado y este pasó a controlar tanto las concesiones como los royalties e impuestos aplicables. Eran tales las reservas venezolanas que en los años treinta el país ya se había convertido en el principal exportador de petróleo del mundo.

Gracias a los impuestos aplicados a la actividad extractiva, el Estado fue capaz de desplegar una estrategia de creación de infraestructuras y servicios públicos que dinamizaron la economía, elevándose también el consumo de una emergente clase media, al tiempo que se fortalecía su autoridad sobre el territorio. El contexto de boom del petróleo favoreció que los países en los que las multinacionales extraían el recurso reclamaran una mayor porción de la tarta y Venezuela fue, además, pionera en la lucha y ejemplo posterior para países de Oriente Medio. La legislación de 1943 y, posteriormente, la consolidación del principio 50-50 (reparto por igual de los beneficios) hicieron que el Estado capturase una parte mucho mayor de los beneficios generados por la actividad petrolera.

En el contexto de posguerra, de intervencionismo económico y descolonización, se extendió el imaginario de que el desarrollo económico pasaba por controlar y explotar directamente los recursos naturales. La idea de desarrollo nacional y económico iban de la mano en un imaginario extractivista que se interpretaba como condición para igualar la riqueza de los países más avanzados. Tras los precedentes de Rusia en 1917 y México y Bolivia en los años treinta, en 1951 Irán fue el primer país de Oriente Medio en nacionalizar su petróleo y expulsar a las empresas occidentales. Pero solo dos años después el gobierno de Mossadegh fue derrocado por un golpe de Estado de Reino Unido y Estados Unidos.

En 1957, Irán permitió la entrada de la multinacional italiana ENI, que aceptó un acuerdo 75-25 que puso nerviosas al resto de multinacionales y demostraba que los países petroleros estaban interesados en captar mayores cuotas de las rentas del sector. En septiembre de 1960, algunos de estos países, a instancia de Venezuela, formaron la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para fortalecer sus demandas y elevar la participación del Estado al menos a una ratio 60-40. En los años setenta se producirían las primeras grandes nacionalizaciones de compañías occidentales, primero en Argelia y Libia, y luego, y de forma progresiva, en los países del Golfo Pérsico. Los llamados países productores demostraban tener ya la capacidad tecnológica y financiera para realizar la actividad ellos mismos y sin mediaciones, es decir, capturando completamente toda la renta petrolera.

La compañía estatal de Venezuela fue PDVSA, creada en ese contexto internacional en 1976. La renta petrolera era tan alta que los partidos políticos dominantes se repartieron su influencia en el denominado pacto del Punto Fijo. El sistema seguía siendo el mismo: un desarrollo económico totalmente dependiente de las rentas petroleras, donde el gobierno tenía un margen enorme para decidir qué hacer con ellas (con una fuerte autonomía de PDVSA respecto del poder político y problemas crecientes de corrupción) y consecuentemente muy vulnerable a las caídas del precio del petróleo. Durante esas décadas fracasaron todos los intentos de diversificar la estructura productiva, como la industrialización por sustitución de importaciones, que logró crear determinadas capacidades industriales, pero no consiguió modificar sustancialmente la dependencia estructural de la renta petrolera. La caída de los precios a mediados de los años ochenta llevó al país a una crisis económica que fue gestionada a la manera neoliberal, desembocando en una profunda crisis política que duró hasta que en 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones.

El chavismo se construyó sobre el rentismo petrolero

La victoria de Chávez no gustó a las élites que habían gestionado la renta petrolera hasta entonces, razón por la cual sufrió el golpe de Estado de 2002. Tras superarlo gracias al apoyo popular y de los militares, y tras un paro patronal de la empresa PDVSA, Chávez despidió a miles de trabajadores y gestores de la empresa y tomó un control mucho más activo sobre sus decisiones. Los precios del petróleo acompañaron y el gobierno logró poner en marcha políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza y redujeron de manera muy notable la desigualdad. Sin embargo, todo el sistema seguía dependiendo en última instancia de las rentas petroleras.

Se suele hablar de PDVSA como una suerte de para-Estado porque asumió proyectos que no tenían nada que ver con su función económica, como programas sociales o proyectos de infraestructuras urbanas. Así, el endeudamiento de la empresa quedó no sólo vinculado a su actividad inversora y extractiva sino también a la necesidad de acometer proyectos sociales ajenos a la entidad. Por otro lado, la cualificación de los nuevos dirigentes parecía estar lejos de las capacidades de los anteriores. Además, políticamente era una forma de llevar a cabo una intervención pública que no pasaba por los controles habituales de la asamblea nacional. Algunos o todos estos elementos ayudan a entender por qué la empresa PDVSA ya se encontraba en niveles de actividad económica y financieros muy bajos antes de que llegaran las primeras sanciones estadounidenses en 2017. Las sanciones no crearon el deterioro de PDVSA, que ya era evidente antes de 2017, pero sí contribuyeron posteriormente a profundizarlo.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el peso del petróleo en las exportaciones siempre ha sido muy alto en Venezuela. Curiosamente, la mayor dependencia del petróleo se produce durante el período chavista, con niveles por encima del 95%, lo que da muestra del fracaso de las estrategias de diversificación industrial. Eso sí, durante el período de Hugo Chávez, el PIB por habitante fue recuperándose desde los niveles anteriores, lo que es congruente con otros indicadores sociales que también mejoraron durante ese período.

Lo cierto es que durante el chavismo las rentas petroleras, en vez de financiar opulentos modos de vida de una minoría de la población vinculada a las elites y los burócratas de PDVSA, sirvieron para combatir la desigualdad y la pobreza. No obstante, sin la erradicación completa de la corrupción. Pero en ambos casos las rentas servían para garantizar la estabilidad social y política de los tiempos de 'vacas gordas'. Cuando las rentas se secaban, devenían los problemas.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un modelo económico extremadamente dependiente del petróleo y, un año después, el desplome de los precios internacionales del crudo desencadenó una crisis económica de enorme magnitud. El apoyo electoral al chavismo se fue debilitando y, tras perder la mayoría parlamentaria en 2015, el Gobierno respondió mediante una creciente concentración del poder institucional y una progresiva erosión de los mecanismos democráticos. Mientras tanto, la gestión de la renta petrolera quedó crecientemente en manos de fracciones militares leales al gobierno. Lejos de abandonar el modelo extractivista, en el año 2016 Nicolás Maduro aprobó el proyecto del Arco Minero del Orinoco, pensado para extraer oro y otros minerales de una inmensa área de Venezuela. El objetivo declarado era fomentar las exportaciones de estos minerales, algunos de los cuales son importantes en la transición energética hacia energías renovables, y con una fuerte participación de empresas estatales y actores vinculados a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, en la actualidad la producción petrolera venezolana se encuentra muy por debajo de su potencial y de sus niveles históricos. La coyuntura de precios internacionales, la mala gestión de la empresa y las sanciones provocaron un desplome de la actividad petrolera que privó de las rentas al Estado venezolano. En esas condiciones, Venezuela vuelve al comienzo, es decir, a la necesidad de atraer capital extranjero para realizar las inversiones necesarias para extraer el combustible fósil.

El papel de Estados Unidos

Para Estados Unidos el petróleo venezolano es especialmente importante, porque se trata de un tipo de crudo pesado que necesitan para una parte importante de la capacidad de refino estadounidense, pero cuya producción doméstica no basta para abastecerla. Aunque Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor mundial de petróleo gracias, entre otros factores, al desarrollo del fracking, siguen siendo importadores netos de petróleo pesado. Y no parece casualidad que sus dos principales fuentes de petróleo pesado hayan sido hasta hace poco Canadá y Venezuela, países con los que está tratando de redefinir su relación (con una guerra comercial en el primer caso, y con la violencia en el segundo). En el caso de Venezuela, como podemos ver en el siguiente gráfico, la caída de importaciones fue progresiva durante el gobierno de Hugo Chávez y terminó desplomándose después. Con los nuevos acontecimientos, la Casa Blanca se ha asegurado que ese flujo se reactiva.

Aunque habrá que esperar a conocer los términos exactos del acuerdo, los cálculos preliminares parecen indicar que la captura de la renta que hará el Estado venezolano del sector petrolero será notablemente inferior a la que existía incluso durante el período del Punto Fijo. En este sentido, Estados Unidos ha logrado capturar una parte sustancial de esa renta que hasta hace unos años era impensable; y lo ha logrado a través de las sanciones, que han terminado de machacar la débil capacidad productiva de PDVSA, y de la violencia ejercida contra otro país soberano.

Por otro lado, merece la pena remarcar de nuevo que durante el chavismo la renta petrolera permitió una importante redistribución social y una mejora de numerosos indicadores de bienestar, pero no consiguió transformarse en una diversificación productiva suficiente capaz de reducir la dependencia del petróleo. El apoyo popular al chavismo era real y está claramente acreditado, y sobre bases razonables, pero todo el sistema se sostenía sobre los precios del petróleo, de modo que cuando se agotó el flujo extraordinario de rentas comenzó también la deslegitimación ciudadana. El economista Edward Barbier señalaba, reflexionando sobre la paradoja de la maldición de los recursos, que para que un país se desarrolle no sólo es necesario tener recursos abundantes y extraer renta de ellos sino, y muy especialmente, reinvertir esas rentas en diversificar la actividad económica y crear encadenamientos (de modo que las industrias se necesiten unas a otras). Este último paso es el que no ha sido capaz de completar Venezuela en los últimos cien años. Y tampoco el chavismo, a pesar de haberlo proclamado.

En realidad, hay un irónico componente cíclico en todo esto. Porque primero fue el capital extranjero el que explotó un recurso sobre el que el Estado apenas tenía capacidad efectiva de intervención. Después, a través de impuestos, nacionalizaciones y finalmente la creación de PDVSA, el Estado fue capturando una parte cada vez mayor de esa renta hasta hacerse prácticamente con su totalidad. El chavismo heredó ese modelo de rentismo estatal y utilizó sus extraordinarios ingresos para redistribuir la riqueza, pero no consiguió transformar de manera suficiente esas rentas en una estructura productiva diversificada. Cuando la producción y los precios se desplomaron, también lo hizo la capacidad del Estado para sostener ese modelo. Y ahora, un siglo después del comienzo de la explotación petrolera moderna, Venezuela vuelve a necesitar capital extranjero para explotar su principal recurso. Es como si varias décadas de luchas políticas y sociales en torno a la captura de renta por actores extranjeros hubieran desaparecido de golpe. Y al menos Venezuela sigue sin saber responder a qué hacer con la renta que genera un producto, el petróleo, que además tiene los días contados. El problema adicional es que ahora ni siquiera lo deciden ellos.

El opaco acuerdo anunciado el pasado fin de semana por Donald Trump para dar acceso privilegiado a Estados Unidos al petróleo de Venezuela tiene derivadas españolas. Una es el impacto que puede tener para Repsol el nuevo panorama energético que se abre en ese país; otra, el relevante papel que se atribuye en la operación al controvertido magnate local Alejandro Betancourt, investigado por un presunto desfalco multimillonario en la petrolera estatal PDVSA y con importantes intereses económicos en España.

No está claro si Repsol formará parte de lo que Trump define como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, sin “coste alguno para el contribuyente estadounidense”, según el actual inquilino de la Casa Blanca. Del pacto, muy criticado por la oposición venezolana, se conocen solo algunas grandes cifras: EEUU tendrá el control mayoritario de 17 yacimientos no identificados que representan más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano, un 21,7% de los 300.000 millones de barriles estimados en el país, que tiene las mayores reservas de crudo del planeta.

Se desconoce qué empresas participarán, cuáles serán exactamente los campos incluidos ni de qué forma EEUU ejercerá ese “control mayoritario”. Tampoco se sabe quién o quienes asumirán las inversiones necesarias y cómo se desglosará la participación de Estados Unidos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha asegurado que el acuerdo supondrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión para poner al día la maltrecha infraestructura petrolera del país, que mantendrá la “soberanía sobre sus recursos”.

El pasado sábado, la sustituta de Nicolás Maduro, encarcelado desde enero por EEUU, aseguró que tendrá una vigencia de 25 años y permitirá elevar la producción del país por encima de 1,5 millones de barriles diarios, frente a los 1,2 millones actuales. “Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell o BP, entre otras. Queremos ser una potencia energética”, aseguró Rodríguez.

La española, que no comenta el posible impacto del acuerdo anunciado por Trump, llegó a revalorizarse este lunes más de un 3% y lideró las subidas en el Ibex con un alza del 2,6%, impulsada por la cotización del Brent. El petróleo de referencia para Europa llegó a superar los 90 dólares durante la sesión tras reanudarse los ataques entre EEUU e Irán por primera vez desde julio, en una tendencia que, unida al encarecimiento del gas o el euríbor, ha propiciado la cuesta de septiembre más dura en años en España.

Repsol, que es la compañía más alcista del Ibex este 2026 (sus acciones han repuntado más de un 80%), catapultada por la crisis en Oriente Medio y su impacto en los precios energéticos, recuperó en abril el control de sus operaciones petroleras en Venezuela. En junio firmó un acuerdo de intenciones con el Ministerio de Hidrocarburos y la estatal PDVSA para analizar la posibilidad de explorar y desarrollar Horcón, una nueva zona petrolífera situada al sureste del lago de Maracaibo con “grandes expectativas”, según dijo en julio a los analistas el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

En enero, días después del secuestro del anterior presidente venezolano, Imaz trasladó a Trump en un encuentro en la Casa Blanca que la compañía estaba preparada para invertir de manera significativa en Venezuela. Repsol asegura que puede triplicar su producción de hidrocarburos en el país caribeño en tres años, hasta los 135.000 barriles diarios, con un incremento de la producción bruta de petróleo en un año y un aumento del 10% en la producción de gas, si se dan las condiciones adecuadas, y utilizando los ingresos que se obtengan en el país (el pago en especie con cargamentos por la producción).

En mayo Repsol recibió el primer cargamento de gas procedente de Venezuela al amparo de las nuevas licencias de exportación de EEUU y del marco acordado con el gobierno venezolano, vinculado a la producción de gas del yacimiento Cardón, y prevé cuatro cargamentos adicionales para 2026: uno destinado a financiar la inversión necesaria para aumentar la producción de gas [clave para la generación eléctrica en el país] en aproximadamente un 10%, y otros tres para monetizar la producción actual.

La multinacional española opera en Venezuela desde 1993. Produce gas en el activo Cardón IV, operado al 50% con la italiana Eni, que se destina exclusivamente para uso interno en el país: proporciona más del 30% del suministro de gas de Venezuela, y sirve para abastecer las plantas de generación de energía eléctrica del país. También produce petróleo, con una producción bruta aproximada de 45.000 barriles diarios, principalmente en el activo Petroquiriquire, cuya propiedad es 60% PDVSA y 40% Repsol.

La petrolera española lleva años intentando cobrar una millonaria deuda en Venezuela. A junio, las cuentas comerciales pendientes de PDVSA con Repsol alcanzaban 4.080 millones, de los que 3.295 millones permanecen provisionados, mientras que la financiación concedida asciende a otros 1.036 millones, con provisiones de 622 millones.

El polémico 'bolichico'

En el acuerdo entre Caracas y Washington sí se da por descontada la participación de Alejandro Betancourt, uno de los principales exponentes de los denominados 'bolichicos', la generación de empresarios venezolanos con conexiones políticas que se hicieron multimillonarios con Hugo Chávez, y que en España tiene una investigación abierta en la Audiencia Nacional por blanqueo.

Conocido por ser el principal accionista de Hawkers, multinacional de gafas de sol fundada en Alicante y presente en una veintena de países, a Betancourt, de 46 años, se le acusa, junto con sus socios, de haber sobornado a tres funcionarios de la petrolera estatal venezolana con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo. Ese dinero, según pretende demostrar la justicia española, acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España.

Entre 2009 y 2011, en época de Chávez, y a través de una empresa sin experiencia previa, Derwick Associates, Betancourt se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas en plena emergencia energética en el país. El sobreprecio de los contratos, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones de dólares. Varias de esas plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive todavía hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

Hace unos meses, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Santiago Pedraz a reabrir la investigación contra Betancourt que el magistrado había archivado en marzo al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. Esa causa deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo de capitales, que a su vez proviene de una investigación en Estados Unidos donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

Hasta mayo de este año, Betancourt tenía prohibido abandonar el Reino Unido (donde está afincado hace años) mientras peleaba para evitar una petición de extradición de Suiza. El Washington Post reveló el pasado jueves que altos funcionarios estadounidenses intervinieron directamente para resolver la causa penal suiza contra él sin que enfrentara cargos y levantar las restricciones de movimiento que le mantenían encerrado en sus dos mansiones en Reino Unido.

Diversos medios han señalado a Betancourt como pieza clave entre las negociaciones entre EEUU y Venezuela para lo que Financial Times definía este lunes como un “inusual” acuerdo que puede convertir a este empresario en el “virrey” petrolero de Trump en el país caribeño a través de su empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), de la que el gobierno estadounidense va a tomar un 35% del capital, según The Wall Street Journal.

Esta compañía, con sede en Barbados, fue cofundada en 2024 por Betancourt y Harry Sargeant III, un magnate energético de Florida y donante republicano. NABEP es uno de los principales operadores privado del sector petrolero en Venezuela. Hace unos días, anunció el fichaje como nueva responsable legal de Sara Chouraqui, ex jefa de la división de fraude y corrupción de la Serious Fraud Office británica.

Además de por su paquete en Hawkers, en España Betancourt es conocido por haber estado vinculado a Auro New Transport, una de las principales compañías propietarias de licencias VTC, de la que fue fundador y Uber compró el 30% en 2025 en una operación que se ha cifrado en más de 200 millones de euros. El denominado virrey petrolero de Trump en Venezuela también fue uno de los socios fundadores del Banco de Dakar, impulsado por Alberto Cortina y otros multimillonarios españoles hace más de una década. Betancourt invirtió asimismo en Playtomic, una plataforma digital para organizar partidos de pádel; en la empresa de pagos digitales Easy Payment Gateway o en la web de búsqueda de empleo Jobandtalent.

Entre sus propiedades inmobiliarias más conocidas en España figura la finca de El Alamín, en Toledo, que cuenta con un castillo y una superficie de 1.400 hectáreas, y que en su día fue subastada por unos 24 millones tras ser expropiada al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, dueño entonces de la quebrada Viajes Marsans.

En 2014 un juez de Nueva York absolvió a Betancourt de las acusaciones de corrupción que había formulado un ex alto diplomático estadounidense contra él y otro empresario venezolano, Francisco D'Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto más conocido del dictador Francisco Franco. Últimamente D'Agostino se dedica a promover corridas de toros en Mallorca.

El diputado Nicolás Maduro Guerra ha hecho públicas este domingo unas nuevas imágenes de su padre, el presidente venezolano Nicolás Maduro, depuesto tras un secuestro exprés por militares estadounidense y actualmente encarcelado en Nueva York.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, reza el mensaje que acompaña las imágenes, que tienen fecha de 25 de junio, y en las que se ve a Maduro con un pantalón y sudadera gris en dos fotografías.

Maduro, visiblemente más delgado, aparece sonriente en una de las instantáneas con lentes, el cabello más canoso y haciendo la V de victoria con ambas manos. En una segunda imagen, ya sin lentes, hace la V con una mano y se observa que usa en la otra un reloj.

El presidente derrocado y su esposa Cilia Flores están detenidos en una prisión de Nueva York desde que fueron secuestrados en una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 3 de enero.

En Nueva York se enfrentan un proceso judicial por conspiración, narcoterrorismo y delitos relacionados con posesión de armas.

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años, luego de la captura de Maduro.

El sábado, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, informó que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

“Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética”, señaló la mandataria en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio. “En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”, indicó.

Rodríguez agregó que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco - una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este del país-, con regalías mínimas de 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %, lo que, consideró, permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela.

Igualmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.

“Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, subrayó la mandataria encargada, tras defender que en este acuerdo “cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”.

La presidenta destacó que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para “adelantar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por las sanciones”.

En ese contexto, afirmó que los venezolanos “tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores”.

Una empresa privada conjunta

Este sábado, un funcionario estadounidense señaló a la cadena CBS que el acuerdo entre ambos países incluiría el otorgamiento de una concesión de 100 años a una empresa conjunta privada.

El Gobierno estadounidense, de acuerdo a este funcionario, controlaría el 55 % de esta compañía conjunta, repartido entre la participación accionaria en el proyecto y la capacidad de obtener petróleo del mismo a precio de costo. La fuente describió a la firma conjunta como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas de petróleo del mundo, pero se reservó dar nombres en específico.

El viernes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron este acuerdo por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano. Delcy Rodríguez detalló que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo”.

Por su parte, Marco Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un “histórico” acuerdo con Venezuela para controlar sus reservas petroleras que duplicará las reservas petroleras del país norteamericano. En su red Truth Social, lo calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y declaró que el convenio asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió. Trump describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado” que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela también confirmó horas después el “histórico acuerdo” petrolero con Estados Unidos y agradeció “altamente” a Trump y a Rubio por “su disposición en el desarrollo” de una alianza que describió como “un hito histórico en las relaciones bilaterales”. En un comunicado, la líder chavista, al frente del Gobierno venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas por parte de EEUU en enero de este año, aseveró que el acuerdo permitirá “incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados”.

La mandataria expresó que el convenio fue suscrito gracias al “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo pasado tras siete años de ruptura, y tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela. Además, facilitará un “importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” de la industria de los hidrocarburos de la nación suramericana, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

“Venezuela consolida así una nueva etapa de recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad para nuestro pueblo”, agregó la presidenta encargada, quien el pasado lunes había dicho que su país produce hoy 1,23 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, su nivel más alto desde febrero de 2019.

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”. Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”. “Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de ”Estados Unidos primero“: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, dijo.

Desde el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

¿Qué se sabe del acuerdo?

Aunque aún faltan muchos detalles del trato, Delcy Rodríguez ha precisado que supondrá el desarrollo de 17 campos estratégicos en el país con las mayores reservas de crudo probadas del mundo y una inversión de más de 100.000 millones de dólares. El millonario acuerdo anunciado, tras meses de negociaciones, en torno a un sector estratégico clave, cimenta la relación entre las dos Administraciones sobre la que Trump ha declarado en varias ocasiones que Estados Unidos “está a cargo” de Venezuela.

Empresas estadounidenses explotarán la mayor parte de unas reservas con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que, según Trump, supondrá duplicar con creces las reservas probadas petroleras de Estados Unidos que contaba con 46.400 millones de barriles de crudo y condensado al cierre de 2023, según la Administración de Información Energética (EIA).

Venezuela, cuya industria petrolera representa el corazón de su economía, cuenta con reservas de 303.806 millones de barriles, según el Ministerio de Hidrocarburos. Por tanto, el volumen acordado entre ambos países, de unos 65.000 millones de barriles, representa más del 21 % del total de reservas del país suramericano.

Según Rodríguez, las operaciones aportarán más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado, mientras que Trump destacó que el acuerdo no tendrá coste para el contribuyente estadounidense y reducirá los precios de la gasolina en medio de un aumento por la guerra de Irán.

Según medios estadounidenses, Chevron, que opera en Venezuela, sería una de las petroleras implicadas en el acuerdo.

Flexibilización de sanciones

Trump valoró desde el principio a Rodríguez como una interlocutora fiable. Pronto flexibilizó las sanciones impuestas a Venezuela mediante excepciones aunque mantuvo la base sobre el Gobierno y la petrolera estatal PDVSA.

A finales de enero, autorizó a “entidades estadounidenses establecidas” a comprar, levantar, exportar, transportar, almacenar y vender con condiciones crudo o productos venezolanos; en marzo habilitó ciertas transacciones con PDVSA y este 27 de agosto actualizó la autorización de operaciones de petróleo y gas para seis compañías: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell, y sus subsidiarias.

Reformas oportunas en Venezuela

La Venezuela de Rodríguez cedió el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir las puertas al capital privado y extranjero al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

Esa reforma, que se aprobó el mismo enero en que fue detenido Nicolás Maduro, ha permitido la llegada de nuevo capital: según Rodríguez, se ha suscrito medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en “más de 76 áreas productivas de hidrocarburos”.

Rodríguez también anunció que su país está produciendo hoy 1,23 millones de bpd, su nivel más alto desde febrero de 2019. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de barriles por día (bpd) de crudo.

Yacimientos de crudo pesado

La Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este), contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en “la mayor reserva de crudo en el mundo”, con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos, según Pdvsa. Esta zona fue descubierta en 1936 y nacionalizada en 2007 por el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez (1999-2013).

Sin embargo, los yacimientos petroleros venezolanos son difíciles de explotar al tratarse de principalmente de crudo pesado, que requiere de procesos complejos para extraerse y refinarse, especialmente con una infraestructura en mal estado. El mismo Trump, en su anuncio, advirtió que el suministro de petróleo venezolano ayudará a Estados Unidos “a largo plazo”.

El Gobierno de Canarias ha incorporado a 3.988 nuevos beneficiarios a los programas de ayudas de alimentación y medicamentos destinados a la población canaria y sus descendientes residentes en Venezuela, tras los terremotos que afectaron al país el pasado mes de junio.

Un mes después de los seísmos, la Viceconsejería de Acción Exterior publicó una resolución con la selección de 8.356 beneficiarios de las tarjetas de alimentos y 5.711 de las tarjetas de medicamentos, ampliando así la cobertura inicialmente prevista para atender también las necesidades de las personas más afectadas por la emergencia.

Durante su visita a Venezuela, el director general de Emigración, José Téllez, acompañado por la delegada del Gobierno en el país, Dayana Morales, ha hecho entrega de 3.213 nuevas tarjetas de alimentos y 2.543 de medicamentos a un total de 2.760 personas residentes en los estados de Carabobo, Aragua, Yaracuy, Mérida, Guárico, Barinas, Portuguesa y La Guaira.

Nuevas tarjetas de alimentos y medicamentos para Caracas y Anzoátegui

La distribución continuará próximamente con la entrega de nuevas tarjetas a 1.228 beneficiarios de Caracas y Anzoátegui.

Téllez ha señalado que su visita era necesaria para “trasladar el afecto y la ayuda del Gobierno de Canarias” en los “duros momentos” que atraviesan Venezuela y la comunidad canaria residente en el país.

El director general aprovechará además su estancia para conocer de primera mano la situación de las entidades canarias y estudiar un plan de ayudas dirigido especialmente a aquellos centros e infraestructuras que desarrollan programas sociales, consultorios médicos o centros de día.

La convocatoria de estas ayudas, gestionada por la Dirección General de Emigración, recibió 8.539 solicitudes desde su apertura el pasado mes de febrero.

Inicialmente, el programa contemplaba 6.291 beneficiarios de tarjetas de alimentación y 4.033 de medicamentos, pero estas cifras fueron ampliadas posteriormente por el Gobierno de Canarias como parte del refuerzo de su respuesta a la emergencia provocada por los terremotos.

Con esta ampliación, la cobertura de los programas destinados a los canarios y sus descendientes en Venezuela aumenta un 44,7 % respecto a 2025.

Para financiar estas medidas, el Ejecutivo autonómico ha elevado hasta 1.272.622 euros los recursos destinados a las tarjetas de alimentos y medicamentos. De esta cantidad, 812.322 euros corresponden al programa de alimentación y 460.300 euros al de medicamentos.

El objetivo del Gobierno de Canarias es extender la cobertura a todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos y reforzar el apoyo a la comunidad canaria en Venezuela ante la situación de emergencia generada por los seísmos.

Pocos pensadores han hecho tanto en los últimos años por desplazar el centro de gravedad de la economía política crítica hacia el petróleo —y, con él, también hacia Oriente Medio— como Adam Hanieh, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres (SOAS) y figura de referencia en el cruce entre los estudios sobre el golfo Pérsico, la crítica ecológica y el marxismo contemporáneo. Autor de una trilogía imprescindible sobre la región pérsica —Capitalism and Class in the Gulf Arab States (2011), Lineages of Revolt (2013) y Money, Markets, and Monarchies (2018)—, Hanieh se ha volcado en demostrar que esa zona del mundo es uno de los núcleos productivos y financieros más activos e innovadores del capitalismo global.

Crude Capitalism: Oil, Corporate Power, and the Making of the World Market (Capitalismo del crudo: petróleo, poder empresarial y el nacimiento del mercado global, Verso, 2024) es, en cierto modo, la culminación de su obra, una historia del desarrollo capitalista escrita desde el petróleo. No desde el petróleo como combustible o como botín geopolítico, sino desde el petróleo como sustrato material de una forma específica de vida social, la que ha hecho posible la mecanización de la producción, la aceleración del tiempo de rotación del capital, la urbanización del automóvil, la arquitectura financiera del dólar y, sobre todo, la silenciosa colonización petroquímica de los objetos cotidianos, que vuelve al crudo omnipresente y, al mismo tiempo, invisible.

Hanieh habla con elDiario.es sobre cómo esta narrativa histórica puede arrojar luz sobre un presente, el nuestro, marcado por los límites y posibilidades de la transición ecológica, la guerra contra Irán, el genocidio en Gaza o los dilemas estratégicos del internacionalismo de izquierdas.

Crude Capitalism sitúa el petróleo como la mercancía clave del capitalismo contemporáneo. ¿Por qué?

Desde mediados del siglo XX, el petróleo ha sostenido la producción industrial, ha apuntalado la supremacía militar, ha modelado los patrones de urbanización y de transporte, y ha proporcionado la materia prima para innumerables petroquímicos, plásticos, fertilizantes y bienes manufacturados. El petróleo es, además, central para la arquitectura financiera del capitalismo global. La fijación del precio del crudo en dólares, el reciclaje de los petrodólares a través de los bancos y los mercados financieros internacionales, y el papel de los ingresos petroleros en el sostenimiento tanto de los centros financieros occidentales como de los fondos soberanos del Golfo: todo ello ha vinculado profundamente el petróleo a la configuración de las finanzas modernas.

El argumento central del libro nace de la insatisfacción con cierto modo habitual de hablar del petróleo, una suerte de determinismo de la mercancía, que pretende explicar el aparente poder del petróleo sobre nosotros a partir de las propiedades físicas de la mercancía misma, en lugar de situarlo en las relaciones sociales y en el tipo de sociedad y sistema económico en el que vivimos. Lo que intento hacer en el libro es justamente lo contrario: inscribir el petróleo en nuestro sistema social y comprender de qué modo sus propiedades físicas —la densidad energética, la portabilidad y demás— se enlazan con las dinámicas internas del capitalismo: la tendencia a una acumulación en expansión permanente, la aceleración del tiempo de rotación del capital, de la producción y del consumo, la mecanización, etcétera.

Desde mediados del siglo XX, el petróleo ha sostenido la producción industrial, ha apuntalado la supremacía militar, ha modelado los patrones de urbanización y de transporte y ha proporcionado la materia prima para innumerables productos

Su libro funciona como una elocuente narrativa sobre cómo la hegemonía estadounidense promovió el tránsito del carbón al petróleo, especialmente en Europa Occidental, y cómo el petróleo, a su vez, consolidó la influencia global de EEUU. ¿Cómo llegaron a entrelazarse el petróleo y la hegemonía estadounidense? ¿Qué papel desempeña el militarismo?

Petróleo y hegemonía estadounidense se entrelazaron en torno a la Segunda Guerra Mundial y esa relación cuajó en las décadas de posguerra. Hasta entonces, el carbón había sido el combustible dominante del capitalismo industrial, sobre todo en Europa. Pero el petróleo presentaba una serie de ventajas: era más denso en términos energéticos, más fácil de transportar y especialmente apto para la guerra mecanizada, el poder naval, la aviación y, después, el uso masivo del automóvil. Estados Unidos resultó decisivo en este viraje porque emergió de la guerra como el principal productor mundial de crudo y como la potencia capitalista dominante. Disponía de la capacidad industrial y del alcance militar necesarios para reorganizar el orden de posguerra en torno al petróleo.

Esto sucedió por varias vías. Estados Unidos contribuyó a reconstruir Europa Occidental sobre un modelo de crecimiento basado en el automóvil, el transporte por carretera, la petroquímica y la industria alimentada con petróleo. Al mismo tiempo, las compañías petroleras estadounidenses se expandieron por Oriente Medio, asegurando al capital occidental el acceso a crudo barato en condiciones favorables. La fijación del precio del crudo en dólares y el reciclaje de los ingresos petroleros a través de los mercados financieros estadounidenses ataron entonces los hidrocarburos a la arquitectura más amplia del poder financiero norteamericano, sobre todo a partir de los años setenta, tras la ruptura del vínculo entre el dólar y el oro.

El militarismo atraviesa toda esta historia. El giro hacia el petróleo estuvo impulsado en buena medida por la guerra, porque el crudo se volvió esencial para las nuevas máquinas militares: tanques, aviones, buques de propulsión petrolera... Pero el militarismo también contribuyó a sostener el orden petrolero una vez establecido. Estados Unidos construyó alianzas militares, bases e infraestructuras navales para asegurar los flujos de crudo y proteger las regiones estratégicas, especialmente el golfo. El petróleo quedó así profundamente imbricado con el poder coercitivo necesario para construir y reproducir el dominio global estadounidense.

Pese a la centralidad de EEUU, su relato es, en realidad, global. ¿Cómo influyeron —y desafiaron— la Unión Soviética y los países poscoloniales en el sistema petrolero mundial?

La estructura del sistema petrolero global se conformó bajo presiones, desafíos y alternativas constantes, provenientes tanto del bloque soviético como del mundo poscolonial. La URSS resultaba importante porque se situaba, en parte, fuera del orden petrolero dominado por Occidente. Desarrolló una industria petrolera propia a gran escala, suministró energía a Estados aliados y ofreció un polo alternativo de poder industrial y militar. Esto no derribó el sistema petrolero global, pero sí significó que el control sobre el petróleo estuviese siempre entreverado con las pugnas por la influencia que la Guerra Fría libraba en Europa, Asia, África y Oriente Medio.

El giro hacia el petróleo estuvo impulsado en buena medida por la Segunda Guerra Mundial, porque el crudo se volvió esencial para las nuevas máquinas militares. Pero el militarismo también contribuyó a sostener el orden petrolero una vez establecido

Los países poscoloniales fueron igual de importantes, en particular, los grandes Estados productores de Oriente Medio y América Latina. Tras la descolonización formal de la posguerra, esos Estados plantaron cara al poder extraordinario que las grandes petroleras occidentales habían ejercido durante décadas. La fundación de la OPEP a comienzos de los años 70 y la oleada de nacionalizaciones de los recursos en los 60 y 70 cuestionaron el viejo patrón colonial según el cual las firmas extranjeras controlaban la producción y se apropiaban de la mayor parte de la renta. Estas luchas contribuyeron a desplazar una porción mayor de los ingresos petroleros hacia los Estados productores y les confirieron un mayor peso geopolítico.

Pero aquí también había una contradicción. Estados productores clave, como Arabia Saudí, pudieron nacionalizar sus recursos petroleros, pero al mismo tiempo quedaron incorporados a las estructuras del poder estadounidense a lo largo de los años 70 y 80, sobre todo en el plano financiero. Estados Unidos garantizó la supervivencia de las monarquías del golfo a cambio de la estabilización de los mercados del crudo y de la recirculación continua de los excedentes financieros hacia los mercados estadounidenses. La nacionalización del petróleo, en otras palabras, alteró los términos en que los Estados productores participaban en la economía mundial, pero también ayudó a edificar un orden global que siguió dominado por Estados Unidos.

Dos episodios anclan la historia del petróleo en Oriente Medio a mediados del siglo XX: el golpe de Estado de 1953 contra Mohammad Mosaddeq en Irán y el ascenso y posterior disolución del movimiento 'Todo el petróleo árabe para los árabes' bajo Gamal Abdel Nasser en Egipto.

El golpe contra Mosaddeq supuso un punto de inflexión decisivo, porque demostró que cualquier intento de someter el petróleo a un control nacional pleno podía desatar la intervención imperial directa. La nacionalización por Mosaddeq de la Anglo-Iranian Oil Company representaba un desafío más amplio a las estructuras a través de las cuales las potencias occidentales habían dominado durante mucho tiempo los recursos de la región. El golpe, respaldado por Reino Unido y Estados Unidos, restauró el régimen monárquico y reafirmó la influencia extranjera sobre el sector petrolero iraní. Al hacerlo, instituyó un patrón que resonaría en las décadas siguientes: el petróleo era demasiado central para la economía mundial emergente y para el poder estratégico occidental como para dejarlo en manos de agentes verdaderamente autónomos. Irán solo se hizo con el control efectivo de sus recursos petroleros tras la revolución [islámica] de 1979.

El nacionalismo árabe, especialmente en el Egipto de los años 50 y 60, expresaba la esperanza, compartida por amplios sectores en Oriente Medio, de que el petróleo pudiera movilizarse como instrumento de soberanía, de desarrollo regional y de unidad antiimperialista. Pero ese proyecto chocó con límites políticos y estructurales considerables. La guerra de 1967 entre Israel y los principales Estados árabes constituyó una ruptura profunda: debilitó al nasserismo y asestó un duro golpe al proyecto panarabista en su conjunto, que había buscado poner el petróleo al servicio de una transformación a escala regional. Al mismo tiempo, el centro de gravedad de la economía petrolera se desplazaba hacia las monarquías conservadoras del golfo —con Arabia Saudí a la cabeza—, cuyo creciente peso en la OPEP contribuyó a alejar la política del petróleo de las ambiciones desarrollistas y panárabes de Nasser.

La nacionalización del petróleo, en otras palabras, alteró los términos en que los Estados productores participaban en la economía mundial, pero también ayudó a edificar un orden global que siguió dominado por EEUU

¿Qué papel juega el petróleo en el secuestro de Maduro por EEUU o la guerra contra Irán?

No creo que el secuestro de Maduro tuviera que ver con la captura directa del crudo venezolano, sino más bien con un intento más amplio por parte de Estados Unidos de reafirmar su autoridad en su esfera de influencia tradicional. Esto también se ha vuelto más urgente conforme China ha ampliado su presencia económica en América Latina. La presión sobre Venezuela busca, por tanto, demostrar que Washington sigue fijando los límites de lo política y económicamente posible en la región.

Irán se sitúa en el filo más afilado de este proceso. La guerra está vinculada al intento de restaurar la primacía estadounidense en Oriente Medio a través de Israel, impulsar la normalización entre Israel y las monarquías del golfo y consolidar un bloque regional alineado con el poder de EEUU. Irán obstaculiza ese proyecto. Y se ubica además en un espacio regional en el que China se ha convertido en el principal comprador del crudo del golfo y en una presencia diplomática y económica creciente, pese a que los excedentes financieros del golfo siguen profundamente enlazados con los mercados estadounidenses y con el sistema financiero centrado en el dólar.

¿Cómo reconfiguran estos nuevos conflictos la demanda global de combustibles fósiles?

El efecto inmediato de la guerra sobre la demanda de combustibles fósiles ha sido contradictorio. A corto plazo, los precios más altos, las disrupciones del transporte marítimo y la desaceleración de la economía mundial han deprimido el consumo. Pero el efecto político más amplio de la guerra apunta en sentido contrario.

Conflictos como estos refuerzan la centralidad estratégica de los combustibles fósiles, porque aceleran el rearme y empujan a los Estados a anteponer la seguridad energética a los objetivos climáticos

Conflictos como estos refuerzan la centralidad estratégica de los combustibles fósiles, porque aceleran el rearme y empujan a los Estados a anteponer la seguridad energética a los objetivos climáticos. El gasto militar global ya había alcanzado los 2.887 billones de dólares en 2025 —el undécimo aumento anual consecutivo— y esta guerra está intensificando esa tendencia, sobre todo en Europa, Oriente Medio y Asia. Los ejércitos modernos son instituciones extraordinariamente intensivas en el uso del petróleo y un mundo organizado en torno a la preparación permanente para la guerra es también un mundo más firmemente atado a los hidrocarburos.

Escribe que es falsa “la imagen popular de las grandes petroleras como dinosaurios arrastrados a regañadientes hacia el inevitable final de la era fósil” y que estas empresas “están desempeñando un papel protagónico en la determinación de las opciones energéticas futuras”. ¿De qué modos están configurando ese futuro?

Lo que quería cuestionar con esa frase es la idea reconfortante de que las petroleras se limitan a ir por detrás de un viraje energético inevitable. En realidad, las petroleras están configurando activamente el aspecto que adopta esa supuesta transición. Una de las vías es orientar la inversión hacia formas de energía que preserven su poder existente. El ejemplo más claro es el gas, en particular el GNL (Gas Natural Licuado). La Agencia Internacional de la Energía señaló a finales de 2025 que las decisiones finales de inversión en nuevos proyectos de GNL se han disparado, mientras que grandes compañías como Shell o TotalEnergies siguen presentando el GNL como una línea de negocio central en términos de crecimiento. Dicho de otro modo, el futuro que se está construyendo no desplaza los combustibles fósiles, los prolonga.

Las petroleras también están moldeando el futuro mediante un control selectivo sobre los términos que toma el proceso de descarbonización. En lugar de aceptar un repliegue rápido del petróleo y el gas, las grandes firmas se han concentrado en falsas soluciones: captura de carbono, hidrógeno vinculado al gas natural, biocombustibles, compensaciones y negocios eléctricos que conviven con la expansión continua de los hidrocarburos.

Cuando uno se detiene un instante, mira a su alrededor y advierte hasta qué punto el petróleo es ubicuo. Es una paradoja: el petróleo está en todas partes, pero no podemos verlo

Un último elemento es político. Las petroleras contribuyen a definir el horizonte de lo que los gobiernos consideran realista. Hacen lobby, se asocian con los Estados y atan a las economías a sistemas infraestructurales de larga vida útil basados en los combustibles fósiles. Una dimensión muy importante en este punto es el papel de Estados ricos en petróleo no occidentales, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que están desempeñando un papel destacado en la dirección de la política climática actual. Lo que distingue a estos Estados es que tienen un asiento fijo en la mesa donde se elabora la política climática.

El libro otorga un peso poco habitual a la petroquímica, a la omnipresencia —y relevancia— de plásticos, cauchos, pinturas o fertilizantes, una dimensión a menudo desatendida de la supremacía del petróleo.

La transición hacia un mundo sintético comenzó a mediados del siglo XX. Y supuso que productos naturales como la madera, el vidrio, el caucho natural o los fertilizantes se vieran desplazados sistemáticamente por derivados del petróleo: plásticos, fibras sintéticas, fertilizantes sintéticos y otros productos químicos de base petrolera. Esto hizo posible una expansión enorme de la cantidad y la diversidad de mercancías que podían producirse y consumirse, abarató la manufactura y redujo los costes laborales y aceleró el tiempo de rotación de la circulación del capital. Por supuesto, todo ello vino acompañado de consecuencias ecológicas desastrosas.

Ese momento fue fundamental para la consolidación del petróleo como principal combustible fósil del mundo, porque permitió que el crudo se convirtiera en el sustrato material de prácticamente todas las mercancías que nos rodean. Cuando uno se detiene un instante, mira a su alrededor y piensa de dónde proviene todo eso, advierte hasta qué punto el petróleo (y, cada vez más, el gas fósil) es ubicuo. Ha tejido los combustibles fósiles en nuestra vida cotidiana, pero de manera invisible. Es una paradoja: el petróleo está en todas partes, pero no podemos verlo.

Esto obliga a desplazar la conversación sobre el petróleo y sobre el origen de su aparente poder en una dirección distinta. Y también ayuda a pensar el problema de los plásticos de otro modo. La narrativa dominante sobre los plásticos sostiene que el problema radica en los residuos tóxicos y en la necesidad de mejorar el reciclaje. Es evidente que los residuos plásticos son un asunto enormemente importante, pero, cuando situamos la emergencia de la petroquímica en el cuadro más amplio de lo que aporta al capitalismo, el problema resulta ser mucho mayor. Esto ayuda asimismo a explicar por qué la demanda de petroquímicos y plásticos crece tan deprisa. Las estimaciones indican que el consumo de plásticos se triplicará para 2060.

Es evidente que los residuos plásticos son un asunto enormemente importante, pero, cuando situamos la emergencia de la petroquímica en el cuadro más amplio de lo que aporta al capitalismo, el problema resulta ser mucho mayor

A la luz del giro autoritario en EEUU y en tantos otros lugares del mundo, ¿se parecerá nuestro futuro a la situación actual de los países del golfo, con esa fusión entre sistema dictatorial, riqueza familiar y dependencia fósil? Trump no oculta su fascinación por el modelo saudí.

Hay similitudes, pero yo sería cauto con cualquier afirmación simple del tipo “Estados Unidos se está convirtiendo en Arabia Saudí”. Las monarquías del golfo descansan sobre una estructura social muy específica, con poblaciones de ciudadanos relativamente reducidas, una fuerte dependencia de la mano de obra no ciudadana temporal y sistemas políticos organizados en torno a la monarquía y a la distribución gestionada de la riqueza. Eso no es lo mismo que Estados Unidos.

Lo que sí parece comparable es la estrecha fusión entre política autoritaria, desigualdad espectacular, enriquecimiento personal y un desprecio cada vez más abierto por los procedimientos democrático-liberales. La relación de Trump con Arabia Saudí siempre ha sido reveladora a este respecto. Ha elogiado abiertamente al reino y ha profundizado los lazos empresariales con socios del golfo, incluidos importantes proyectos vinculados a Arabia Saudí. Esto no demuestra una imitación en sentido estricto, pero sí evidencia una afinidad con un modelo en el que la riqueza del Estado y la de la familia gobernante están estrechamente entrelazadas.

¿Y cuán estables son hoy los regímenes árabes del golfo Pérsico?

Ninguna de las monarquías del golfo parece estar al borde del colapso. Conservan aparatos coercitivos formidables, mantienen grandes reservas financieras y pueden absorber choques que desestabilizarían a Estados más pobres. Pero la guerra ha puesto al descubierto algunas vulnerabilidades reales. El golfo aparece ahora bastante menos seguro que la imagen pulida que se proyectaba antes de la guerra.

El conflicto ha agudizado, además, las tensiones internas del Consejo de Cooperación del Golfo. La decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP [el pasado abril] es un buen reflejo de estas fricciones. Por supuesto, estas divisiones no comenzaron con la guerra: ya eran visibles en los alineamientos políticos rivales y en los grupos armados respaldados por Emiratos y por Arabia Saudí en lugares como Yemen o Sudán. Pero la guerra ha vuelto esas fracturas más consecuentes.

¿Cómo se verá afectada la hegemonía estadounidense en la región por la guerra en curso?

El panorama es incierto. En cierto sentido, la guerra ha confirmado que Estados Unidos sigue siendo la única potencia exterior capaz de ofrecer protección militar a las monarquías del golfo. Arabia Saudí y Emiratos se han acercado a Washington a lo largo del conflicto. Pero la guerra también ha expuesto los límites del poder estadounidense. La asimetría militar entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por otro, es enorme. Y, sin embargo, Irán no necesita una paridad militar avanzada para infligir daños graves. Su capacidad para perturbar el tráfico marítimo en Ormuz –e imponer así costes mayúsculos a la economía global– muestra cómo una potencia más débil puede aún explotar las vulnerabilidades de un mundo articulado en torno al petróleo.

La capacidad de Irán para perturbar el tráfico marítimo en Ormuz –e imponer así costes mayúsculos a la economía global– muestra cómo una potencia más débil puede aún explotar las vulnerabilidades de un mundo articulado en torno al petróleo

El libro señala los diversos límites e insuficiencias de la apuesta por la bioenergía, los vehículos eléctricos y el hidrógeno verde como pilares de la transición verde, pero cuando trata de apuntar hacia una 'alternativa ecosocialista', las recetas parecen excesivamente lejanas, carentes de la acumulación de fuerzas necesaria. ¿Cómo debería la izquierda navegar la brecha entre la crítica estructural lúcida y una política capaz de jugar a la vez a corto y a largo plazo?

Creo que la izquierda tiene que rechazar la falsa disyuntiva entre lo que se siente inmediatamente realista y el replegarse a un maximalismo abstracto. La crítica estructural importa precisamente porque nos dice qué es lo que en última instancia hay que cambiar: el capitalismo. Pero esa estrategia tiene que partir de donde la gente realmente está. Eso significa construir demandas que mejoren la vida en el presente, al mismo tiempo que fortalezcan los movimientos a largo plazo. Por ejemplo: en lugar de reclamar más vehículos eléctricos como respuesta a la dependencia de los combustibles fósiles, deberíamos exigir sistemas de transporte público gratuitos y verdes y formas distintas de organizar la vida urbana.

A menudo, hay una confusión entre estrategia y táctica. Podemos sostener una estrategia anticapitalista orientada al cambio revolucionario y, al mismo tiempo, recurrir a un repertorio de tácticas modeladas por las circunstancias concretas en las que nos organizamos. Eso significa pensar en serio en cómo construir poder en el presente, sin perder de vista el horizonte más amplio de la transformación. Las tácticas variarán según los lugares y los momentos, pero la estrategia debe mantenerse clara respecto a la magnitud de la crisis y a la profundidad del cambio requerido.

Como parte de esto, la izquierda necesita ser mucho más audaz al articular tanto la visión como la posibilidad de una transformación social real. Una de las lecciones más nítidas del vaciamiento de la socialdemocracia convencional en los últimos años es que la timidez no nos protege. La política de la acomodación no ha frenado a la derecha ni ha inspirado movimientos populares duraderos. En muchos casos, no ha hecho más que ahondar en el desencanto y dejar el campo político abierto a las fuerzas autoritarias y nacionalistas.

Más de 15.000 canarios residentes en Venezuela se beneficiarán de las prestaciones sanitarias, de alimentación y medicamentos que ofrece el Gobierno de Canarias, tras haber resuelto la convocatoria de ayudas para 2026, que se ha reforzado debido al doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio y que dejó miles de fallecidos y heridos.

Según ha informado la Dirección General de Presidencia, la resolución de la Viceconsejería de Acción Exterior se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y, en total, son 8.356 los beneficiarios de las tarjetas de alimentos, 5.711 de las tarjetas de medicamentos y 1.126 personas recibirán asistencia sanitaria a través de la Fundación España Salud.

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, viajará a Venezuela durante la segunda semana de agosto para realizar un seguimiento sobre el terreno de las medidas puestas en marcha dentro del plan de trabajo activado para atender la emergencia generada por los terremotos del pasado 24 de junio, señala la nota.

Durante su estancia, visitará los estados más afectados para conocer de primera mano la situación de la población canaria y sus descendientes y comprobar el desarrollo de las actuaciones desplegadas desde Canarias tras la emergencia.

Asimismo, mantendrá reuniones con las entidades canarias presentes en el país, cuya colaboración está resultando esencial para detectar situaciones de vulnerabilidad, canalizar la atención y hacer llegar los recursos a las personas que los necesitan.

La visita permitirá además evaluar las nuevas necesidades surgidas tras los terremotos y determinar las actuaciones que deberán incorporarse al plan extraordinario de ayudas aprobado por el Gobierno de Canarias, dotado con 1,8 millones de euros para reforzar el escudo social de los canarios y descendientes residentes en Venezuela.

La nota precisa que la convocatoria de ayudas, gestionada por la Dirección General de Emigración, recibió un total de 8.539 solicitudes desde su convocatoria el pasado mes de febrero.

Inicialmente contemplaba la selección de 6.291 beneficiarios de tarjetas de alimentación y 4.033 de medicamentos, unas cifras que han podido ampliarse después de que el Gobierno de Canarias aprobara el pasado 6 de julio el refuerzo de estos programas como parte de la respuesta a la emergencia provocada por los terremotos, incrementando las coberturas que presta a los canarios y descendientes en el país en un 44,7 % respecto a 2025.

El Ejecutivo autonómico aumentó hasta 1.272.622 euros los recursos destinados a las tarjetas de alimentos y medicamentos, con el objetivo de extender la cobertura a los solicitantes que cumplieran los requisitos establecidos, y de esa cantidad 812.322 euros se destinarán al programa de alimentación y 460.300 euros al de medicamentos.

A este refuerzo se sumaron otros 381.293 euros para ampliar la cobertura sanitaria que se presta a través de la Fundación España Salud a canarios residentes en Venezuela mayores de 65 años, en situación de necesidad, que no perciben la prestación económica por ancianidad o incapacidad y carecen de seguro médico.

La resolución tendrá efectos desde este sábado, 1 de agosto de 2026, y hasta 31 de julio de 2027 e incluye una lista de reserva de 140 personas para la prestación sanitaria, que podrá ampliarse en función de la disponibilidad presupuestaria y de las condiciones previstas en el convenio.

Este plan extraordinario permitirá reforzar durante los próximos meses la respuesta social y asistencial en las zonas afectadas, atendiendo a la evolución de las necesidades y en coordinación con las entidades canarias sobre el terreno, concluye la nota.

Venezuela abrirá el 1 de agosto un nuevo proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, el octavo desde que el chavismo llegó al poder hace 27 años. Esta vez no hay facilitador —en el anterior, previo a las cuestionadas presidenciales de 2024, medió Noruega— y es Estados Unidos quien fija los negociadores, la agenda y los plazos.

La mesa llega en el peor momento y por decisión ajena. El 3 de enero, un bombardeo estadounidense dejó más de 100 muertos y terminó con el secuestro de Nicolás Maduro. Desde entonces, Washington controla los resortes del Gobierno y, sobre todo, la producción petrolera. El 24 de junio, un doble terremoto añadió más de 5.500 muertos y casi 18.000 personas sin hogar. Fue Estados Unidos, y no ningún actor venezolano, quien propuso volver a la mesa mientras las cuadrillas aún buscaban supervivientes entre los escombros.

La delegación opositora la preside Dinorah Figuera, una médica cirujana del partido opositor Primero Justicia, exiliada en Madrid. Dirige desde enero de 2023 la Asamblea Nacional de 2015, el Parlamento que la oposición ganó con holgura aquel año y que el chavismo fue vaciando de poderes. Esa asamblea sostuvo en 2019 el “gobierno interino” de Juan Guaidó, reconocido en su día por medio centenar de países, España incluida; cuando la propia oposición liquidó aquel experimento, Figuera lo relevó. Hoy dirige un cuerpo sin territorio ni poder real dentro de Venezuela, pero que Occidente aún reconoce como el último Parlamento legítimamente electo. Ese reconocimiento es su única baza: le da la representación legal de los activos venezolanos en el exterior —la petrolera Citgo, el oro depositado en el Banco de Inglaterra—, un patrimonio congelado por los litigios que la Asamblea custodia, pero que no puede gastar a su antojo.

Que Washington la escogiera sorprendió, porque Figuera no representa a la mayoría opositora. En Venezuela hay al menos tres oposiciones: la más votada, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática en torno a María Corina Machado —que ganó las primarias de 2023, fue inhabilitada y llevó al diplomático Edmundo González como candidato en 2024, y que el año pasado recibió el premio Nobel de la Paz—; la institucional de la Asamblea de 2015; y la de los moderados que han negociado con el chavismo o concurrido a las urnas, como Un Nuevo Tiempo o Avanzada Progresista. Estados Unidos eligió la segunda y apartó a las otras dos.

El secretario de Estado, Marco Rubio —a quien el New York Times ha llamado el “virrey” de facto del país latinoamericano—, justifica la elección de la contraparte opositora: las autoridades de 2015, argumenta, llegaron al poder tras “la última elección democrática del país”. Pero el mandato de este cuerpo caducó en 2021. Ante el malestar de los excluidos, Figuera aseguró en X que se convocaría a todos y que Machado tendrá un papel importante. El propio Rubio, preguntado por un periodista, admitió que la premio Nobel podría sentarse a la mesa, aunque lo dejó en condicional: “Podría”. Un miembro de la delegación del chavismo también asegura a elDiario.es: “Vamos a hablar con toda la oposición, no solo con la AN-2015”, y niega que haya imposición en la agenda por parte de Estados Unidos.

El politólogo Ángel Álvarez lo describe sin rodeos: el proceso no está propiciado, sino “impuesto por Estados Unidos”, que “decide cuándo, dónde, quiénes y sobre qué”. Lo compara con Vietnam del Sur durante la guerra, cuando “eran los militares y los políticos estadounidenses quienes decidían lo que aquel terrible y corrupto gobierno hacía en su territorio”. Lo permite la debilidad opositora, “que facilita que se impongan decisiones sin prácticamente ninguna resistencia”, y también la del Gobierno, “bajo la espada de Damocles”: desde el 3 de enero, dice, quedó claro que Washington “está dispuesto a usar la violencia extrema para castigar a quienes no le obedezcan”.

La elección de la Asamblea de 2015 tampoco es casual. El respaldo de Machado “es muy alto en las encuestas”, pero “no tiene un arnés jurídico”, porque nació de unas primarias sin valor legal; la Asamblea, en cambio, “tiene ese barniz de legalidad”. Washington escoge así “a alguien que puedas controlar más directamente”, pero con “una credibilidad mínima a nivel internacional”.

Una mesa demasiado “estrecha”

¿Para qué quiere Estados Unidos este diálogo? Álvarez lo atribuye a los inversores. Washington busca “un cierto nivel mínimo de apertura política para dar la impresión de que se avanza” hacia la liberalización, y lo que de verdad interesa a quien quiere invertir es “un orden jurídico que proteja sus inversiones”. De ahí que los magistrados del Tribunal Supremo encabecen la agenda, por delante del salario o la reconstrucción: “Si el Supremo tiene varios sectores políticos representados, es más fácil para un actor externo y poderoso incidir en sus decisiones”. El desenlace que anticipa es cosmético: un “refrescamiento de cara”, algunos magistrados “aparentemente más neutrales” y quizá un Consejo Nacional Electoral algo más plural, pero con el oficialismo aún al mando.

El calendario refuerza esa cautela. El politólogo cree que a Estados Unidos “no le conviene un cambio abrupto de gobierno, mucho menos antes de 2028”, así que el proceso “se puede prolongar”: el Gobierno de Rodríguez “puede aguantar perfectamente dos años”, y la cita electoral podría estirarse hasta 2030, cuando tocaría constitucionalmente la celebración de las presidenciales.

Los actores que quedan fuera insisten en que la mesa se amplíe. El diputado Ángel Medina, de Unión y Cambio, dice a elDiario.es que mantiene conversaciones “con la Plataforma Unitaria y con otros actores políticos, como Enrique Márquez o Alberto Galíndez”. Todos, reconoce, están “esperando a ver hacia dónde va esto”, pero fuera de la negociación formal. Márquez, exrector del Consejo Nacional Electoral y candidato presidencial en 2024, salió de la cárcel en enero tras meses como preso político y fue invitado de honor de Trump en su discurso del Estado de la Unión. Pero ni siquiera eso le ha dado un sitio en la mesa. Galíndez es el único gobernador opositor del país, en el estado de Cojedes.

¿Dónde está el dinero de la facturación petrolera venezolana? Ese dinero no es de Trump. Es de la república, del pueblo de Venezuela

Luis Augusto Romero — Miembro del partido opositor Avanzada Progresista

Lo que reclaman es una agenda menos estrecha. Medina advierte de que el salario, la inflación, el dinero para la reconstrucción y los servicios públicos no están en la mesa, y que “la agenda legislativa que se aprobó en enero se quedó corta” tras el terremoto y “tiene que transformarse de raíz”. Desde Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero suma la libertad de los presos políticos y la suerte de los damnificados “que padecen en los campamentos temporales sin soluciones dignas”, y recuerda a elDiario.es que la mejora económica prometida tras el 3 de enero “simplemente no ha ocurrido”.

Romero apunta al fondo del asunto: “¿Dónde está el dinero de la facturación petrolera venezolana?”. Según cifras de economistas, dice, Washington no transfiere la totalidad de esos ingresos. “Ese dinero no es de Trump. Es de la república, del pueblo de Venezuela”. Mientras Figuera y Rodríguez discuten magistrados, Estados Unidos administra los recursos que pagarían la reconstrucción.

El diálogo que arranca el 1 de agosto es, en el fondo, el que le sirve a Washington: una apertura institucional acotada que tranquilice a los inversores sin ceder poder. Y para quien lo imaginaba como antesala de unas elecciones, Trump ya avisó: Venezuela “no está preparada para una elección”.

El juez José Luis Calama ya sitúa a los hermanos Amaro Chacón entre los grandes pagadores a José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno a cambio de las “influencias ilícitas” que habría ejercido el ex presidente. Calama equipara Inteligencia Prospectiva, la sociedad instrumental de los Amaro Chacón, al nivel de Plus Ultra y Softgestor en el nivel de encargos e ingresos para Zapatero, en un auto en el que actualiza el estado de las pesquisas y autoriza a la UDEF a acceder a más de sesenta cuentas bancarias del antiguo mandatario, su familia, entorno y sociedades vinculadas al caso de la aerolínea española y su rescate.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes –Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor–, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, recoge el citado auto, con fecha de este miércoles, 29 de julio. En otro punto del auto, el juez llama a las tres sociedades mencionadas “fuentes de financiación encubierta”.

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son administradores solidarios de Inteligencia Prospectiva, antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada. Un informe del pasado mes de febrero de la ONIF concluye que su “operativa financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero”. Esos fondos procedentes del extranjero acabaron en “sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez”, advertía ya en mayo el juez Calama.

Entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias. Se trata, según la ONIF, de una “cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada”. De esa cantidad, un porcentaje muy importante fue al entorno de Zapatero. Análisis Relevante obtuvo de Inteligencia Prospectiva 368.258,72 euros. Es la sociedad de Julio Martínez en la que, según los investigadores, Zapatero juega un papel muy superior al que reconoce de trabajos de asesoría. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, obtuvo 561.440 euros de la misma empresa. Y Gate Center, con un consejo asesor presidido por Zapatero, cobró 266.200 euros.

Los hermanos Amaro, recogía el juez, “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”. Especialmente en Venezuela. En el teléfono de Julio Martínez aparecieron mensajes como “los chinos listos para comprar barcos” y “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo”. Los barcos hace alusión al traslado de petróleo y la “Dama” es Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, a la que atribuyen la “asignación directa” de esos barcos con crudo.

El auto de este miércoles de Calama recoge otra novedad. Son los pagos que recibió Zapatero de numerosas empresas por “supuestos servicios profesionales, como conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolitico...”. Zapatero nunca ha negado esos trabajos de consultoría y asegura que están declarados a Hacienda. Pero el juez incluye en su auto a cada una de las empresas y cuánto ganó el expresidente con ellas.

Así, en el auto del juez aparece Kreab Iberia (851.180 euros), Thinking Heads Group (649.552), Gate Center (352.980), Mimo Advisor (104.410), Focus Social Resarch (200.000), Chinalink (159.034), Talking Heads America (31.766), Kreab Worldwide (105.000), Bright Digital Solutions (53.000). Yuewee International Trade (49.758) y Zayed Award (47.210). A todas ellas hay que sumar los 490.780 euros recibidos de la sociedad Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez, entre 2020 y 2025.

De estos pagos, el juez se detiene esta vez en el de Focus Social Research, de 200.000 euros), “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”. El magistrado, sin entrar a valorar, añade que una cuenta del Banco Santander “funcionaba como receptora de fondos, redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”. Zapatero atribuye ese rápido movimiento a la venta de una vivienda con la que pudo cancelar la hipoteca de la otra.

Volvemos a escuchar un episodio al hilo de la imputación de Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, que le investiga por un delito de tráfico de influencias. Nos preguntamos por qué el ex presidente socialista, tras dejar el Gobierno, no hizo lo mismo que otros antiguos cargos públicos: fichar por empresas dedicadas a influir en decisiones políticas, si quería dedicarse a lo mismo que ellos. ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rud Pedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

*** Este episodio se emitió por primera vez el 21 de mayo de 2026***

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Ocurrió hace exactamente un mes. En apenas unos minutos, miles de familias venezolanas vieron cómo sus vidas cambiaban para siempre. El 24 de junio, dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron la región centro-norte del país, provocando una de las mayores emergencias humanitarias recientes del país. El balance dejado por los seísmos es devastador: según las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), alrededor de 1,3 millones de personas se han visto afectadas, con más de 5.000 víctimas mortales y más de 16.700 heridos.

Durante las primeras semanas, la prioridad fue salvar vidas. Equipos de emergencia, organizaciones humanitarias y voluntarios se volcaron en las tareas de rescate y en la atención de las necesidades más urgentes: garantizar el acceso al agua potable, distribuir alimentos, proporcionar atención médica y ofrecer refugios temporales a quienes habían perdido sus hogares o no podían regresar a ellos por el riesgo de nuevos desprendimientos.

Un mes después, la emergencia entra en una nueva etapa. Cuando desaparecen los focos de atención iniciales y las cámaras dejan de mirar hacia las zonas afectadas, comienza una fase igual de compleja: la reconstrucción. Recuperar viviendas, restablecer servicios básicos, reactivar la economía local y acompañar a las personas que han sufrido pérdidas materiales y emocionales son ahora algunos de los principales retos.

En este contexto, la Fundación “la Caixa” ha anunciado que destinará hasta un millón de euros a la reconstrucción de las áreas afectadas por los terremotos en Venezuela. La entidad ha puesto en marcha una campaña de solidaridad por la que se compromete a igualar las donaciones realizadas por particulares y organizaciones al Comité de Emergencia Español o a UNICEF España, hasta alcanzar un máximo de un millón de euros.

La iniciativa, disponible durante un año desde este viernes 24 de julio a través de la web Dona Reconstrucción Venezuela, permitirá canalizar la ayuda ciudadana hacia proyectos destinados a recuperar las condiciones de vida de las comunidades afectadas. De esta forma, la Fundación “la Caixa” aportará hasta 500.000 euros para igualar las donaciones recibidas por el Comité de Emergencia y otros 500.000 euros para las aportaciones dirigidas a UNICEF España.

Recuperar el futuro

La reconstrucción tras un terremoto no consiste únicamente en levantar edificios dañados. La recuperación de una comunidad implica restablecer las redes que permiten a las personas recuperar cierta normalidad: escuelas donde los niños puedan volver a estudiar, centros sanitarios que atiendan a la población, sistemas de agua y saneamiento seguros o mecanismos que permitan a las familias volver a generar ingresos.

En los próximos meses, el Comité de Emergencia Español, formado por Acción Contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision, destinará los fondos recaudados a diferentes líneas de actuación. Entre ellas se encuentran la rehabilitación de infraestructuras básicas y viviendas dañadas, la reactivación económica de las familias para recuperar su autonomía financiera, la instalación de aulas provisionales y la entrega de material escolar, además de programas de atención comunitaria y apoyo psicosocial para las personas afectadas.

Porque las consecuencias de un terremoto no terminan cuando deja de temblar la tierra. Muchas familias afrontan ahora el duelo por la pérdida de seres queridos, la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver a sus hogares y el impacto psicológico de haber vivido una situación traumática. La atención emocional y el acompañamiento social forman parte también de la reconstrucción.

Por su parte, UNICEF España dedicará los fondos obtenidos mediante esta campaña a la recuperación de servicios esenciales afectados por los seísmos. La organización centrará sus esfuerzos en ámbitos como la reconstrucción y mejora de escuelas, los sistemas de agua y saneamiento, la atención sanitaria, la nutrición y la protección infantil, con el objetivo de que niños, niñas y familias puedan volver a acceder a servicios básicos y recuperar progresivamente su vida cotidiana.

El camino hacia la recuperación

La experiencia demuestra que la fase posterior a una catástrofe natural puede prolongarse durante meses e incluso años. La reconstrucción física es solo una parte del proceso: también es necesario recuperar los medios de vida, reforzar la preparación ante futuros desastres y garantizar que las comunidades puedan volver a ser autónomas.

Un mes después del terremoto, Venezuela afronta ese largo camino. La emergencia inicial ha dado paso a una etapa en la que la solidaridad y la cooperación serán claves para transformar la ayuda recibida en oportunidades reales de recuperación. Cada vivienda rehabilitada, cada escuela que vuelve a abrir sus puertas o cada familia que recupera sus ingresos representa un paso más para que las zonas afectadas puedan volver a mirar hacia el futuro.

La tercera vista del caso contra el presidente depuesto venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concluyó este miércoles en un tribunal federal de Nueva York tras apenas 18 minutos, y en la que el juez estableció de forma preliminar junio de 2027 como fecha de inicio del juicio y con la inmunidad como uno de los principales argumentos de la defensa.

Maduro, de 63 años, compareció ante el juez federal Alvin Hellerstein, de 91 años, junto a Flores, de 69, en una audiencia de seguimiento del proceso por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico.

El mandatario venezolano apareció más delgado pero con buen aspecto, mantiene su característico bigote y llegó caminando con normalidad, sin rastro de la cojera que había mostrado en anteriores audiencias.

Durante los 18 minutos que duró la vista se tocó repetidamente los auriculares, y siguió la sesión junto a sus abogados. A su lado, Cilia Flores también mostró una apariencia más saludable. Llegó detrás, con una coleta, gafas y el mismo mono de preso de color caqui que su esposo.

Maduro saludó antes de entrar en la sala y siguió la vista junto a sus abogados. Al finalizar la sesión, conversó con su defensa antes de abandonar el tribunal.

Antes de la vista, la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un escrito en el que propusieron al magistrado un calendario con dos rondas de mociones previas al juicio y situaron el comienzo del proceso en junio de 2027, cronograma que aceptó hoy el juez.

La defensa prevé presentar una primera batería de mociones antes de que concluya la entrega de pruebas, entre ellas un argumento de inmunidad para Maduro como jefe de Estado de Venezuela en el momento de su detención.

Según expuso Barry Pollack, uno de los abogados de Maduro, si esa moción es aceptada, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que se incluirán otras pruebas.

La Fiscalía, por su parte, prevé completar la mayor parte de la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y de las clasificadas el 15 de noviembre.

Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York.

En su primera comparecencia, el 5 de enero, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos. Entonces, Maduro aseguró en español que era un “hombre decente” y el “presidente constitucional” de Venezuela.

En su segunda comparecencia, en marzo, Maduro apareció con el cabello más canoso, además de mostrar una ligera cojera.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores afronta cargos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

Ambos podrían enfrentarse a penas de cadena perpetua si son declarados culpables.

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha elevado a 50 la cifra de fallecidos españoles en el terremoto de Venezuela, “que sigue aumentando”, mientras que hay 139 desaparecidos.

A preguntas de los periodistas, antes de participar en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, ha asegurado que España va a estar “al lado” de sus compatriotas y de todo el pueblo venezolano “tanto tiempo como sea necesario”.

En este sentido, Albares ha apuntado que España es “una voz de solidaridad, de multilateralismo y de defensa de la diplomacia”.

Las últimas cifras que se conocían de españoles fallecidos en Venezuela, a raíz del seísmo de finales de junio, se facilitaron el pasado 13 de julio y ascendían a 41 personas, mientras que se mantiene el número de desaparecidos.

El balance total de muertos por el doble terremoto ascendió este domingo a 5.208. Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, según el Gobierno venezolano.

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ha ascendido este viernes a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, ha informado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también ha detallado que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.

Las personas sin vivienda se mantienen en 17.907, indica el balance oficial. Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, han atendido a 128.324 familias afectadas por los terremotos, mientras que 21.235 personas están en 107 campamentos transitorios.

Las autoridades creen que el número de personas sin hogar aumente a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños, por lo que estiman inicialmente en 25.000 las viviendas que se necesitarán. El Parlamento aprobó el martes un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria -que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final- busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un “proceso agresivo” de construcción de viviendas.

Acceso a recursos “propios” del FMI

Venezuela ha accedido a 346 millones de dólares de “sus propios recursos” del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de recuperación y reconstrucción, según informó el viernes la presidenta interina Delcy Rodíguez en un comunicado.

La mandataria explicó que los fondos permitirán “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos” y agradeció a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, por “su respaldo y compromiso”.

La jefa de Estado informó el 8 de julio de una llamada con Georgieva para la liberación de “recursos bloqueados de Venezuela” en el FMI y exigió el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, su país necesita para el proceso de reconstrucción.

Desde abril, cuando el país caribeño y el FMI retomaron las relaciones, que estaban suspendidas desde 2019, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino han sido regulares para permitir que en el futuro el país pueda volver a acceder a instrumentos financieros del FMI.

Rodríguez también anunció recientemente el envío de una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro venezolano “retenido” en el Banco de Inglaterra.

El debat de les esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana que es desenvolupa a les Corts Valencianes està evidenciant una total sintonia entre el PP i Vox, fins al punt de posar-se d'acord per tombar una ajuda urgent de 5 milions d'euros per als damnificats de Veneçuela proposada pel PSPV. Una situació que no deixa de cridar l'atenció després de les diferents promeses d'ajudes, sense anar més lluny, de la direcció del partit.

Si bé és cert que recentment el Govern valencià va anunciar la mobilització de prop d'un milió d'euros a través del Comité Permanent d'Acció Humanitària i d'Emergència de la Comunitat Valenciana (CAHE) per a finançar 16 projectes d'ajuda destinats a la població afectada pels terratrémols registrats el passat 24 de juny a Veneçuela, no ho és menys que, tenint en compte la magnitud del sinistre, es podia haver tingut en compte una nova aportació proposada pels socialistes.

En concret, l'esmena rebutjada proposava dedicar 5 milions d'euros d'una partida de 8,7 milions d'euros assignada a un programa de “Cooperació internacional i desenvolupament sostenible” a l'enviament urgent d'ajuda al poble veneçolà, “a través de les ONGD, amb la finalitat de pal·liar les terribles conseqüències del doble terratrémol patit el 24 de juny de 2026, i posar en marxa així el pla especial de solidaritat amb Veneçuela des d'una comunitat com la valenciana que ha patit recentment una dana”.

Fonts populars i de Vox consultades per aquest diari han declinat fer valoracions. Per la seua banda, la portaveu de Cooperació del PSPV-PSOE a les Corts, Rocío Ibáñez, ha censurat la “insensibilitat” del PP i Vox envers el poble veneçolà, que pateix la catàstrofe humana més gran de la història recent, “simplement per pur sectarisme ideològic”. “El veto del PP a la nostra proposta és molt trist i molt lamentable, sobretot venint de representants del poble valencià, que tant hem patit la terrible urpada d'una catàstrofe natural, agreujada en el nostre cas perquè els responsables de la Generalitat se'n van anar de dinar i d'acte festiu, en lloc d'atendre les seues obligacions”.

A més, explica la diputada socialista, demanaven que l'ajuda d'emergència a Veneçuela, igual que la destinada a Gaza o a Ucraïna, “tinguera la condició de crèdits ampliables, és a dir, que no estiguera condicionada a l'existència prèvia de crèdit, i ens hem trobat amb un no rotund i inhumà de la dreta i de l'extrema dreta”.

Segons Ibáñez, “se'ls ompli la boca parlant de Veneçuela, però la realitat és que els veneçolans els importen ben poc, igual que tampoc els importen gens els espanyols que estan en terres veneçolanes i que pateixen les conseqüències del terratrémol”, es lamenta la parlamentària, que ha apuntat que PP i Vox “tenen temps de reflexionar i rectificar de cara al debat final dels Pressupostos de la Generalitat davant el ple de les Corts”.

Retallada de 100.000 euros als sindicats

D'altra banda, PP i Vox han acordat reduir en 100.000 euros les ajudes directes que rebien els sindicats UGT i CCOO (50.000 euros a cadascun) per a l'elaboració de plans d'igualtat, i redirigir aquests diners a una nova línia de subvencions destinada a impulsar l'ocupació en municipis en risc de despoblament. La formació de Santiago Abascal, que reclamava que la tisorada arribara també a la patronal, va arribar a anunciar que es retallaria “un 50% respecte de la quantitat inicial que rebien”.

L'esmena, a la qual ha tingut accés elDiario.es, retalla en 50.000 euros cadascuna de les dues línies del subprograma Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals, orientades a promoure “la implantació efectiva a les empreses de la Comunitat Valenciana dels plans d'igualtat, tant de caràcter obligatori com voluntari” i els destinataris previstos de les quals eren tots dos sindicats.

D'altra banda, tots dos partits han acordat eliminar una disposició addicional del Pla Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista encaminada a fiscalitzar-ne el desenvolupament. En concret, la disposició que es retira estableix que “amb la finalitat d'implementar de manera eficaç i transversal el Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de Gènere, cada conselleria publicarà en la seua respectiva pàgina web els objectius del pacte que se li han assignat, el pressupost destinat i un seguiment de la seua execució”.

El debate de las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana que se desarrolla en las Corts Valencianes está evidenciando una total sintonía entre el PP y Vox, hasta el punto de ponerse de acuerdo para tumbar una ayuda urgente de 5 millones de euros para los damnificados de Venezuela propuesta por el PSPV. Una situación que no deja de llamar la atención tras las diferentes promesas de ayudas de ayudas, sin ir más lejos, de la dirección del partido.

Sin bien es cierto que recientemente el Gobierno valenciano anunció la movilización de cerca de un millón de euros a través del Comité Permanente de Acción Humanitaria y de Emergencia de la Comunitat Valenciana (CAHE) para financiar 16 proyectos de ayuda destinados a la población afectada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, no lo es menos que teniendo en cuenta la magnitud del siniestro se podía haber tenido en cuenta una nueva aportación propuesta por los socialistas.

En concreto, la enmienda rechazada proponía dedicar 5 millones de euros de una partida de 8,7 millones de euros asignada a un programa de “Cooperación internacional y desarrollo sostenible” al envío urgente de ayuda al pueblo venezolano, “a través de las ONGD, con la finalidad de paliar las terribles consecuencias del doble terremoto sufrido el 24 de junio de 2026, y poner en marcha así el plan especial solidaridad con Venezuela desde una comunidad como la valenciana que ha sufrido recientemente una dana”.

Fuentes populares y de Vox consultadas por este diario han declinado hacer valoraciones. Por su parte, la portavoz de Cooperación del PSPV-PSOE en las Corts, Rocío Ibáñez, ha censurado la “insensibilidad” del PP y Vox hacia el pueblo venezolano, que está sufriendo la mayor catástrofe humana en la historia reciente, “simplemente por puro sectarismo ideológico”. “El veto del PP a nuestra propuesta es muy triste y muy lamentable, sobre todo viniendo de representantes del pueblo valenciano, que tanto hemos sufrido el zarpazo terrible de una catástrofe natural, agravada en nuestro caso porque los responsables de la Generalitat se fueron de comilona y de evento festivo, en lugar de atender a sus obligaciones”.

Además, explica la diputada socialista, pedían que la ayuda de emergencia a Venezuela, igual que la destinada a Gaza o a Ucrania, “tuvieran la condición de créditos ampliables, es decir, que no esté condicionada a la existencia con carácter previo de crédito, y nos hemos encontrado con un no rotundo e inhumano de la derecha y de la extrema derecha”.

Según Ibáñez, “se les llena la boca hablando de Venezuela pero la realidad es que los venezolanos les importan muy poco, igual que tampoco les importan nada los españoles que están en tierras venezolanas y que están padeciendo las consecuencias del terremoto”, se lamenta la parlamentaria, quien ha apuntado que PP y Vox “tienen tiempo de reflexionar y rectificar de cara al debate final de los Presupuestos de la Generalitat ante el pleno de las Corts”.

Recorte de 100.000 euros a los sindicatos

Por otra parte, PP y Vox han acordado reducir en 100.000 euros las ayudas directas que recibían los sindicatos UGT y CCOO (50.000 euros a cada uno) para la elaboración de planes de igualdad, y redirigir ese dinero a una nueva línea de subvenciones destinada a impulsar el empleo en municipios en riesgo de despoblación. La formación de Santiago Abascal, que reclamaba que el tijeretazo alcanzara también a la patronal, llegó a anunciar que se recortarían “un 50% respecto a la cantidad inicial que recibían”.

La enmienda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, recorta en 50.000 euros cada una de las dos líneas del subprograma Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, orientadas a promover “la efectiva implantación en las empresas de la Comunitat Valenciana de los planes de igualdad, tanto de carácter obligatorio como voluntario” y cuyos destinatarios previstos eran ambos sindicatos.

Por otra parte, ambos partidos han acordado eliminar una disposición adicional del Plan Valenciano contra la Violencia de Género y Machista encaminada a fiscalizar su desarrollo. En concreto, la disposición que se retira establece que “con la finalidad de implementar de forma eficaz y transversal el Pacto Valenciano contra la violencia machista y de género, cada conselleria publicará en su respectiva página web los objetivos del pacto que se le han asignado, el presupuesto destinado y un seguimiento de su ejecución”.

En el complejo de viviendas sociales y antiguo bastión chavista OPPE 25 (siglas de Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales), los cimientos de la revolución bolivariana ya se tambaleaban antes de que dos potentes terremotos los redujeran a un caos de hormigón y vidas destrozadas.

Gabriel González tiene 45 años y es obrero de la construcción. Todavía recuerda el júbilo con que recibió en 2013 las llaves de su piso nuevo en uno de los bloques de 12 plantas que el comandante Chávez había mandado construir en una zona acomodada de la turística Caraballeda. Cuando le entregaron la nueva vivienda, cerca de la playa, González llevaba dos años viviendo en un refugio de emergencia, tras perder su hogar anterior en unos deslizamientos de tierra letales. “Fue maravilloso”, recuerda González, que durante años fue un orgulloso simpatizante del PSUV (el partido socialista creado por Chávez). “El Gobierno de Chávez ayudó muchísimo a los pobres; todo el mundo estaba con Chávez por aquel entonces”.

Pero el líder venezolano falleció poco después de que González se mudara al OPPE 25, y sus sentimientos por el Gobierno, y los de muchos vecinos, comenzaron a agriarse. Un descontento generalizado que se agravó con los años de pobreza, hiperinflación y migración durante el régimen autoritario de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez. “Por desgracia, se convirtió en una dictadura”, dice González, cuyos hermanos tuvieron que emigrar a Brasil y EEUU. “Todo el mundo por aquí decía que la revolución bolivariana ya no existía, que ya no era lo mismo”.

Golpe a la maltrecha reputación del chavismo

El último golpe lo han dado los dos terremotos que asolaron la costa norte de Venezuela en junio, dejando al descubierto las ruinas de la revolución, mientras los herederos de Chávez se esfuerzan por dar respuesta a una catástrofe para la que parecen mal preparados. “No tenemos gobierno”, se queja González una mañana reciente junto a una tienda de campaña que le donaron. Allí es donde duerme, en un campo de golf cercano a su casa, que quedó destruida por completo. Han pasado dos semanas desde el desastre y siguen desaparecidos su hijo Daniel, de 22 años, y su suegra, Esmeralda. Su familia permanece junto a los escombros, esperando noticias.

Como muchos otros residentes del estado de La Guaira, el más afectado por la catástrofe, González critica la lentitud en la respuesta de la líder en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez (era la vicepresidenta hasta que Donald Trump secuestró en enero a Maduro). “Por desgracia, no he visto a nadie por aquí, no he visto a ningún gobernador, no he visto a ningún alcalde”, añade. González y Rosa, su mujer, pasaron 24 horas sepultados bajo los escombros del OPPE 25 antes de que los rescataran milagrosamente sin apenas un rasguño. La pareja depende ahora de los equipos de ayuda humanitaria y de los feligreses que traen paquetes de comida y rezan con ellos.

Cuando González termina de hablar, el pastor local Ismael Yarves abre una Biblia encuadernada en ante para leer el Salmo 46. Las palabras contrastan con la pobre respuesta del Gobierno. “Dios es nuestra esperanza y nuestra fuerza, un socorro siempre presente en la angustia”, lee Yarves. “Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble y aunque las montañas se hundan en medio del mar”.

Un suceso “verdaderamente extraordinario”

Los expertos coinciden en que pocos países habrían estado plenamente preparados para la asombrosa ferocidad del desastre del 24 de junio: en menos de un minuto se sucedieron dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que en cuestión de segundos derribaron edificios grandes y densamente ocupados, como el OPPE 25.

“Fue un suceso verdaderamente extraordinario”, dice Carlos Genatios, ingeniero de estructuras y especialista en planificación ante desastres naturales. En opinión de Genatios, que en 1999 ocupó el cargo de ministro de Ciencia y Tecnología tras la llegada de Chávez al poder, la energía liberada por los dos terremotos fue equivalente a la de 240 bombas atómicas como la de Hiroshima. “Fue mucho peor que el terremoto [de magnitud 7,0] de Haití, considerado el desastre más grave del siglo XXI”, explica Genatios, exiliado tras escribir artículos críticos con el régimen de Maduro.

A pesar de ello, Genatios cree que el gobierno tendrá que dar explicaciones por las cerca de 4.500 personas que han perdido la vida en la catástrofe, y las 17.000 que han salido heridas. ¿Por qué construir edificios así de grandes en una zona sísmica, con suelos blandos que temblaban como gelatina durante los terremotos? ¿Se construyeron correctamente las promociones de vivienda social como el OPPE 25 y otras propiedades de lujo cercanas, que también se vinieron abajo? ¿Eran adecuados los materiales? ¿Se siguieron estrictas normas de construcción? ¿Los gobernantes chavistas de Venezuela dotaron de manera suficiente a los servicios sismológicos, sanitarios y de emergencia la eventualidad de una catástrofe natural? ¿O estaban distraídos con su deseo de seguir en el poder?

En opinión de Genatios, una vez que se calmen las aguas habrá que encargar una investigación exhaustiva para asignar responsabilidades. Está convencido de que los sucesivos gobiernos podían haber salvado vidas si hubieran planificado mejor cómo enfrentar estos desastres. “Imposible que no hubiera víctimas, pero el número podía haber sido mucho menor”, dice.

“Precidenta Deisy Rodrigues [sic]: ayúdenos por favor”

La desolación se extendía por las calles en torno al OPPE 25 la semana pasada. Familias angustiadas y sin dormir excavaban a duras penas los escombros en busca de sus seres queridos en medio de un paisaje apocalíptico de bloques derruidos. De vez en cuando, los trabajos se interrumpían para observar a los equipos de recuperación de cadáveres, reconocibles por sus batas azules y cascos amarillos, extraer de entre los escombros cadáveres horriblemente desfigurados.

Los familiares de los sepultados bajo las ruinas han escrito peticiones de ayuda con pintura en las fachadas de sus casas. “Precidenta Deisy Rodrigues [sic]: ayúdenos por favor, mi hijo está aquí dentro”, decía un mensaje sobre un bloque de pisos a pocas calles del OPPE 25.

Muchos supervivientes aseguran que, en las horas y días cruciales que siguieron a la tragedia, la ayuda nunca llegó. Además del duelo, hay una sensación generalizada de profunda indignación por la lentitud e insuficiencia de la respuesta de las autoridades de Rodríguez. Los civiles tuvieron que tomar la iniciativa, remangarse y cubrirse de polvo para rescatar a las víctimas de los gigantescos montones de hormigón mientras las fuerzas de seguridad se quedaban de brazos cruzados con las armas en la mano.

“Aquí hay más rifles que picos y palas, y lo que necesitamos son picos y palas”, se queja Milagri Rodríguez Guanire, una de los casi ocho millones de personas que en los últimos años se han marchado de Venezuela. Tras el terremoto, cogió un avión de vuelta desde Chile para buscar entre los escombros del OPPE 25 a Ymelda, su madre.

Nos sacaron de la pobreza de la vida para llevarnos a la riqueza de la muerte

Marciel Edilberto Llarve — Superviviente de los terremotos

Las paredes del complejo están adornadas con propaganda ensalzando al “gigante eterno”, Hugo Chávez, y a su heredero, Nicolás Maduro, que en un mural es representado como “Súper Bigote”, un superhéroe con “mano de hierro”. Pero la indignación por la deficiente respuesta del Gobierno ha agrandado viejos agravios que, en los barrios obreros, antiguos bastiones de apoyo al régimen, llevan años acumulándose.

Muchos expresan su indignación y tristeza por el desmoronamiento de Venezuela. Tras los años de bonanza petrolera que vivió el país durante el Gobierno de Chávez, la caída en los precios internacionales del crudo, la corrupción, la mala gestión bajo el mandato de Maduro y las paralizantes sanciones de EEUU contribuyeron a hundirlo, pese a la riqueza de sus recursos energéticos, en una de las peores crisis económicas de la historia moderna.

“Un montón de mierda, tenemos que deshacernos de estas ratas”, dice furioso Roberto Dupuy, un cocinero de 65 años que perdió a su hija en el derrumbe de dos de las siete torres del OPPE 25. Las ruinas de las cinco construcciones restantes han quedado tan dañadas que también parecen a punto de caerse.

Otros residentes de los complejos construidos por Chávez a lo largo de la costa caribeña de Caraballeda expresan su indignación por la sospecha de haber sido alojados en trampas mortales. Se preguntan por la solidez estructural de edificios mal construidos con finas paredes de cemento, donde los techos tenían goteras y los ascensores no funcionaban. “Eran edificios de mala calidad; por eso se derrumbaron y mataron a tanta gente”, dice el suegro de Gabriel González, Marciel Edilberto Llarve.

La casa de Llarve, en el complejo OPPE 33, se desmoronó junto con el bloque. Allí sigue su esposa, enterrada bajo los escombros. “Nos sacaron de la pobreza de la vida para llevarnos a la riqueza de la muerte”, dice Llarve. Para él, trasladarse junto a su familia de una choza destartalada en la ladera hasta el bloque de viviendas fue, sin saberlo, como ir a la guillotina. “Este edificio estaba hecho de gelatina”, dice.

Silencio por miedo a represalias

Muchos de los vecinos del OPPE 25 ocultaban sus opiniones políticas para que los miembros del comité de barrio del Partido Socialista no los delataran, según González. En una Venezuela donde Maduro desplegaba medidas cada vez más restrictivas para sobrevivir a las sucesivas oleadas de protestas y levantamientos, y hasta a un intento de asesinato, ser denunciado a las autoridades por las opiniones políticas podía significar perder de las prestaciones sociales, el trabajo o el hogar, o incluso ser detenidos.

La cuñada de González, Yolife Llarve, recuerda la euforia que experimentaron muchos venezolanos durante las elecciones presidenciales de 2024, cuando acudieron en masa al colegio electoral con la esperanza de destituir a Maduro. “La gente estaba emocionada, estaban felices, muchos pensaban que era el final, hasta que anunciaron los resultados estábamos seguros de que aquello era el final”, dice. Los resultados dieron la victoria a Maduro en lo que según la opinión generalizada fue un fraude electoral, donde el verdadero ganador habría sido el movimiento opositor liderado por María Corina Machado, hoy exiliada y premio Nobel de la Paz.

Tras su secuestro por fuerzas especiales estadounidenses en una dramática incursión del 3 de enero, Nicolás Maduro está recluido en una cárcel de Nueva York. Un mural cerca del OPPE 25 recoge la declaración de Maduro durante su comparecencia ante el tribunal, dos días después de ser capturado. “Soy inocente, soy un hombre decente y sigo siendo el presidente de mi país”, dice el texto del mural, parcialmente desmoronado por los terremotos.

Tras la captura de Maduro, Trump respaldó inesperadamente a Rodríguez. Dijo que era una “persona estupenda” y que estaba ayudando a que petroleras y mineras estadounidenses hicieran negocios en Venezuela, el país que hasta hace nada era la cuna del antiimperialismo y que ahora muchos ven como un protectorado. Pero el futuro político de la presidenta en funciones no está claro, a medida que crece la indignación por su gestión de los terremotos. Según una encuesta llevada a cabo tras la catástrofe, el 63% de los venezolanos suspende a Rodríguez y casi un 50% considera más urgente celebrar elecciones que empezar la reconstrucción, aunque también hay quien sospecha que los terremotos reducirán las presiones para organizar nuevos comicios.

Rodríguez defiende la respuesta “incansable” de su Gobierno ante la catástrofe y atribuye las críticas a una conspiración mediática maliciosa urdida en “laboratorios” de propaganda. Para rebatir la acusación de chapucería en la construcción de las emblemáticas promociones de vivienda de Chávez, la presidenta en funciones ha dirigido la atención hacia los desarrollos inmobiliarios comerciales, asegurando que son la mayoría de los edificios que han caído.

Genatios opina que los terremotos y sus consecuencias han puesto de manifiesto que “la revolución es una mentira”. “El Gobierno de Venezuela es un fracaso absoluto, tiene un apoyo popular cada vez menor”, sostiene. “La retórica revolucionaria sobre ayudar a los pobres es solo una fachada, completamente alejada de la realidad; ya no hay absolutamente ninguna revolución, la única motivación es dinero y poder, no hay revolución, nada, no existe”, insiste.

“Creo que la gente ya ha tenido suficiente, llevamos 27 años con esta plaga”, dice Rodríguez Guanire, refiriéndose al chavismo. En su opinión, el Gobierno caerá antes o después. “Siento que los terremotos fueron como una caja de Pandora, o la gota que colma el vaso, para que todo el mundo pueda entender que ya basta con lo que está pasando en Venezuela”, añade. Lleva una mascarilla blanca para protegerse del polvo tóxico y del nauseabundo olor a muerte mientras busca a su madre entre los escombros que bloquean la entrada de una torre derrumbada del OPPE 25.

Momentos después, una ambulancia del Gobierno se detiene frente al OPPE 33. Han avisado de que se ha encontrado a un superviviente atrapado bajo 12 losas de hormigón. En un lado del vehículo de emergencia hay un vinilo adhesivo con la imagen de un Maduro sonriente al que unos gamberros le han arrancado partes de la cabeza y la cara. Las ruinas de los edificios y la revolución de Chávez yacen alrededor.

Con información de Clavel Rangel.

Traducción de Francisco de Zárate