La tercera vista del caso contra el presidente depuesto venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concluyó este miércoles en un tribunal federal de Nueva York tras apenas 18 minutos, y en la que el juez estableció de forma preliminar junio de 2027 como fecha de inicio del juicio y con la inmunidad como uno de los principales argumentos de la defensa.

Maduro, de 63 años, compareció ante el juez federal Alvin Hellerstein, de 91 años, junto a Flores, de 69, en una audiencia de seguimiento del proceso por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico.

El mandatario venezolano apareció más delgado pero con buen aspecto, mantiene su característico bigote y llegó caminando con normalidad, sin rastro de la cojera que había mostrado en anteriores audiencias.

Durante los 18 minutos que duró la vista se tocó repetidamente los auriculares, y siguió la sesión junto a sus abogados. A su lado, Cilia Flores también mostró una apariencia más saludable. Llegó detrás, con una coleta, gafas y el mismo mono de preso de color caqui que su esposo.

Maduro saludó antes de entrar en la sala y siguió la vista junto a sus abogados. Al finalizar la sesión, conversó con su defensa antes de abandonar el tribunal.

Antes de la vista, la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un escrito en el que propusieron al magistrado un calendario con dos rondas de mociones previas al juicio y situaron el comienzo del proceso en junio de 2027, cronograma que aceptó hoy el juez.

La defensa prevé presentar una primera batería de mociones antes de que concluya la entrega de pruebas, entre ellas un argumento de inmunidad para Maduro como jefe de Estado de Venezuela en el momento de su detención.

Según expuso Barry Pollack, uno de los abogados de Maduro, si esa moción es aceptada, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que se incluirán otras pruebas.

La Fiscalía, por su parte, prevé completar la mayor parte de la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y de las clasificadas el 15 de noviembre.

Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fueron capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York.

En su primera comparecencia, el 5 de enero, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos. Entonces, Maduro aseguró en español que era un “hombre decente” y el “presidente constitucional” de Venezuela.

En su segunda comparecencia, en marzo, Maduro apareció con el cabello más canoso, además de mostrar una ligera cojera.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores afronta cargos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

Ambos podrían enfrentarse a penas de cadena perpetua si son declarados culpables.

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha elevado a 50 la cifra de fallecidos españoles en el terremoto de Venezuela, “que sigue aumentando”, mientras que hay 139 desaparecidos.

A preguntas de los periodistas, antes de participar en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, ha asegurado que España va a estar “al lado” de sus compatriotas y de todo el pueblo venezolano “tanto tiempo como sea necesario”.

En este sentido, Albares ha apuntado que España es “una voz de solidaridad, de multilateralismo y de defensa de la diplomacia”.

Las últimas cifras que se conocían de españoles fallecidos en Venezuela, a raíz del seísmo de finales de junio, se facilitaron el pasado 13 de julio y ascendían a 41 personas, mientras que se mantiene el número de desaparecidos.

El balance total de muertos por el doble terremoto ascendió este domingo a 5.208. Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas sin viviendas en 17.907, según el Gobierno venezolano.

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ha ascendido este viernes a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, ha informado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también ha detallado que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.

Las personas sin vivienda se mantienen en 17.907, indica el balance oficial. Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, han atendido a 128.324 familias afectadas por los terremotos, mientras que 21.235 personas están en 107 campamentos transitorios.

Las autoridades creen que el número de personas sin hogar aumente a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños, por lo que estiman inicialmente en 25.000 las viviendas que se necesitarán. El Parlamento aprobó el martes un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria -que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final- busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un “proceso agresivo” de construcción de viviendas.

Acceso a recursos “propios” del FMI

Venezuela ha accedido a 346 millones de dólares de “sus propios recursos” del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de recuperación y reconstrucción, según informó el viernes la presidenta interina Delcy Rodíguez en un comunicado.

La mandataria explicó que los fondos permitirán “apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos” y agradeció a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, por “su respaldo y compromiso”.

La jefa de Estado informó el 8 de julio de una llamada con Georgieva para la liberación de “recursos bloqueados de Venezuela” en el FMI y exigió el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, su país necesita para el proceso de reconstrucción.

Desde abril, cuando el país caribeño y el FMI retomaron las relaciones, que estaban suspendidas desde 2019, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino han sido regulares para permitir que en el futuro el país pueda volver a acceder a instrumentos financieros del FMI.

Rodríguez también anunció recientemente el envío de una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro venezolano “retenido” en el Banco de Inglaterra.

El debat de les esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana que es desenvolupa a les Corts Valencianes està evidenciant una total sintonia entre el PP i Vox, fins al punt de posar-se d'acord per tombar una ajuda urgent de 5 milions d'euros per als damnificats de Veneçuela proposada pel PSPV. Una situació que no deixa de cridar l'atenció després de les diferents promeses d'ajudes, sense anar més lluny, de la direcció del partit.

Si bé és cert que recentment el Govern valencià va anunciar la mobilització de prop d'un milió d'euros a través del Comité Permanent d'Acció Humanitària i d'Emergència de la Comunitat Valenciana (CAHE) per a finançar 16 projectes d'ajuda destinats a la població afectada pels terratrémols registrats el passat 24 de juny a Veneçuela, no ho és menys que, tenint en compte la magnitud del sinistre, es podia haver tingut en compte una nova aportació proposada pels socialistes.

En concret, l'esmena rebutjada proposava dedicar 5 milions d'euros d'una partida de 8,7 milions d'euros assignada a un programa de “Cooperació internacional i desenvolupament sostenible” a l'enviament urgent d'ajuda al poble veneçolà, “a través de les ONGD, amb la finalitat de pal·liar les terribles conseqüències del doble terratrémol patit el 24 de juny de 2026, i posar en marxa així el pla especial de solidaritat amb Veneçuela des d'una comunitat com la valenciana que ha patit recentment una dana”.

Fonts populars i de Vox consultades per aquest diari han declinat fer valoracions. Per la seua banda, la portaveu de Cooperació del PSPV-PSOE a les Corts, Rocío Ibáñez, ha censurat la “insensibilitat” del PP i Vox envers el poble veneçolà, que pateix la catàstrofe humana més gran de la història recent, “simplement per pur sectarisme ideològic”. “El veto del PP a la nostra proposta és molt trist i molt lamentable, sobretot venint de representants del poble valencià, que tant hem patit la terrible urpada d'una catàstrofe natural, agreujada en el nostre cas perquè els responsables de la Generalitat se'n van anar de dinar i d'acte festiu, en lloc d'atendre les seues obligacions”.

A més, explica la diputada socialista, demanaven que l'ajuda d'emergència a Veneçuela, igual que la destinada a Gaza o a Ucraïna, “tinguera la condició de crèdits ampliables, és a dir, que no estiguera condicionada a l'existència prèvia de crèdit, i ens hem trobat amb un no rotund i inhumà de la dreta i de l'extrema dreta”.

Segons Ibáñez, “se'ls ompli la boca parlant de Veneçuela, però la realitat és que els veneçolans els importen ben poc, igual que tampoc els importen gens els espanyols que estan en terres veneçolanes i que pateixen les conseqüències del terratrémol”, es lamenta la parlamentària, que ha apuntat que PP i Vox “tenen temps de reflexionar i rectificar de cara al debat final dels Pressupostos de la Generalitat davant el ple de les Corts”.

Retallada de 100.000 euros als sindicats

D'altra banda, PP i Vox han acordat reduir en 100.000 euros les ajudes directes que rebien els sindicats UGT i CCOO (50.000 euros a cadascun) per a l'elaboració de plans d'igualtat, i redirigir aquests diners a una nova línia de subvencions destinada a impulsar l'ocupació en municipis en risc de despoblament. La formació de Santiago Abascal, que reclamava que la tisorada arribara també a la patronal, va arribar a anunciar que es retallaria “un 50% respecte de la quantitat inicial que rebien”.

L'esmena, a la qual ha tingut accés elDiario.es, retalla en 50.000 euros cadascuna de les dues línies del subprograma Condicions de Treball i Administració de les Relacions Laborals, orientades a promoure “la implantació efectiva a les empreses de la Comunitat Valenciana dels plans d'igualtat, tant de caràcter obligatori com voluntari” i els destinataris previstos de les quals eren tots dos sindicats.

D'altra banda, tots dos partits han acordat eliminar una disposició addicional del Pla Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista encaminada a fiscalitzar-ne el desenvolupament. En concret, la disposició que es retira estableix que “amb la finalitat d'implementar de manera eficaç i transversal el Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de Gènere, cada conselleria publicarà en la seua respectiva pàgina web els objectius del pacte que se li han assignat, el pressupost destinat i un seguiment de la seua execució”.

El debate de las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana que se desarrolla en las Corts Valencianes está evidenciando una total sintonía entre el PP y Vox, hasta el punto de ponerse de acuerdo para tumbar una ayuda urgente de 5 millones de euros para los damnificados de Venezuela propuesta por el PSPV. Una situación que no deja de llamar la atención tras las diferentes promesas de ayudas de ayudas, sin ir más lejos, de la dirección del partido.

Sin bien es cierto que recientemente el Gobierno valenciano anunció la movilización de cerca de un millón de euros a través del Comité Permanente de Acción Humanitaria y de Emergencia de la Comunitat Valenciana (CAHE) para financiar 16 proyectos de ayuda destinados a la población afectada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, no lo es menos que teniendo en cuenta la magnitud del siniestro se podía haber tenido en cuenta una nueva aportación propuesta por los socialistas.

En concreto, la enmienda rechazada proponía dedicar 5 millones de euros de una partida de 8,7 millones de euros asignada a un programa de “Cooperación internacional y desarrollo sostenible” al envío urgente de ayuda al pueblo venezolano, “a través de las ONGD, con la finalidad de paliar las terribles consecuencias del doble terremoto sufrido el 24 de junio de 2026, y poner en marcha así el plan especial solidaridad con Venezuela desde una comunidad como la valenciana que ha sufrido recientemente una dana”.

Fuentes populares y de Vox consultadas por este diario han declinado hacer valoraciones. Por su parte, la portavoz de Cooperación del PSPV-PSOE en las Corts, Rocío Ibáñez, ha censurado la “insensibilidad” del PP y Vox hacia el pueblo venezolano, que está sufriendo la mayor catástrofe humana en la historia reciente, “simplemente por puro sectarismo ideológico”. “El veto del PP a nuestra propuesta es muy triste y muy lamentable, sobre todo viniendo de representantes del pueblo valenciano, que tanto hemos sufrido el zarpazo terrible de una catástrofe natural, agravada en nuestro caso porque los responsables de la Generalitat se fueron de comilona y de evento festivo, en lugar de atender a sus obligaciones”.

Además, explica la diputada socialista, pedían que la ayuda de emergencia a Venezuela, igual que la destinada a Gaza o a Ucrania, “tuvieran la condición de créditos ampliables, es decir, que no esté condicionada a la existencia con carácter previo de crédito, y nos hemos encontrado con un no rotundo e inhumano de la derecha y de la extrema derecha”.

Según Ibáñez, “se les llena la boca hablando de Venezuela pero la realidad es que los venezolanos les importan muy poco, igual que tampoco les importan nada los españoles que están en tierras venezolanas y que están padeciendo las consecuencias del terremoto”, se lamenta la parlamentaria, quien ha apuntado que PP y Vox “tienen tiempo de reflexionar y rectificar de cara al debate final de los Presupuestos de la Generalitat ante el pleno de las Corts”.

Recorte de 100.000 euros a los sindicatos

Por otra parte, PP y Vox han acordado reducir en 100.000 euros las ayudas directas que recibían los sindicatos UGT y CCOO (50.000 euros a cada uno) para la elaboración de planes de igualdad, y redirigir ese dinero a una nueva línea de subvenciones destinada a impulsar el empleo en municipios en riesgo de despoblación. La formación de Santiago Abascal, que reclamaba que el tijeretazo alcanzara también a la patronal, llegó a anunciar que se recortarían “un 50% respecto a la cantidad inicial que recibían”.

La enmienda, a la que ha tenido acceso elDiario.es, recorta en 50.000 euros cada una de las dos líneas del subprograma Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales, orientadas a promover “la efectiva implantación en las empresas de la Comunitat Valenciana de los planes de igualdad, tanto de carácter obligatorio como voluntario” y cuyos destinatarios previstos eran ambos sindicatos.

Por otra parte, ambos partidos han acordado eliminar una disposición adicional del Plan Valenciano contra la Violencia de Género y Machista encaminada a fiscalizar su desarrollo. En concreto, la disposición que se retira establece que “con la finalidad de implementar de forma eficaz y transversal el Pacto Valenciano contra la violencia machista y de género, cada conselleria publicará en su respectiva página web los objetivos del pacto que se le han asignado, el presupuesto destinado y un seguimiento de su ejecución”.

En el complejo de viviendas sociales y antiguo bastión chavista OPPE 25 (siglas de Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales), los cimientos de la revolución bolivariana ya se tambaleaban antes de que dos potentes terremotos los redujeran a un caos de hormigón y vidas destrozadas.

Gabriel González tiene 45 años y es obrero de la construcción. Todavía recuerda el júbilo con que recibió en 2013 las llaves de su piso nuevo en uno de los bloques de 12 plantas que el comandante Chávez había mandado construir en una zona acomodada de la turística Caraballeda. Cuando le entregaron la nueva vivienda, cerca de la playa, González llevaba dos años viviendo en un refugio de emergencia, tras perder su hogar anterior en unos deslizamientos de tierra letales. “Fue maravilloso”, recuerda González, que durante años fue un orgulloso simpatizante del PSUV (el partido socialista creado por Chávez). “El Gobierno de Chávez ayudó muchísimo a los pobres; todo el mundo estaba con Chávez por aquel entonces”.

Pero el líder venezolano falleció poco después de que González se mudara al OPPE 25, y sus sentimientos por el Gobierno, y los de muchos vecinos, comenzaron a agriarse. Un descontento generalizado que se agravó con los años de pobreza, hiperinflación y migración durante el régimen autoritario de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez. “Por desgracia, se convirtió en una dictadura”, dice González, cuyos hermanos tuvieron que emigrar a Brasil y EEUU. “Todo el mundo por aquí decía que la revolución bolivariana ya no existía, que ya no era lo mismo”.

Golpe a la maltrecha reputación del chavismo

El último golpe lo han dado los dos terremotos que asolaron la costa norte de Venezuela en junio, dejando al descubierto las ruinas de la revolución, mientras los herederos de Chávez se esfuerzan por dar respuesta a una catástrofe para la que parecen mal preparados. “No tenemos gobierno”, se queja González una mañana reciente junto a una tienda de campaña que le donaron. Allí es donde duerme, en un campo de golf cercano a su casa, que quedó destruida por completo. Han pasado dos semanas desde el desastre y siguen desaparecidos su hijo Daniel, de 22 años, y su suegra, Esmeralda. Su familia permanece junto a los escombros, esperando noticias.

Como muchos otros residentes del estado de La Guaira, el más afectado por la catástrofe, González critica la lentitud en la respuesta de la líder en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez (era la vicepresidenta hasta que Donald Trump secuestró en enero a Maduro). “Por desgracia, no he visto a nadie por aquí, no he visto a ningún gobernador, no he visto a ningún alcalde”, añade. González y Rosa, su mujer, pasaron 24 horas sepultados bajo los escombros del OPPE 25 antes de que los rescataran milagrosamente sin apenas un rasguño. La pareja depende ahora de los equipos de ayuda humanitaria y de los feligreses que traen paquetes de comida y rezan con ellos.

Cuando González termina de hablar, el pastor local Ismael Yarves abre una Biblia encuadernada en ante para leer el Salmo 46. Las palabras contrastan con la pobre respuesta del Gobierno. “Dios es nuestra esperanza y nuestra fuerza, un socorro siempre presente en la angustia”, lee Yarves. “Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble y aunque las montañas se hundan en medio del mar”.

Un suceso “verdaderamente extraordinario”

Los expertos coinciden en que pocos países habrían estado plenamente preparados para la asombrosa ferocidad del desastre del 24 de junio: en menos de un minuto se sucedieron dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que en cuestión de segundos derribaron edificios grandes y densamente ocupados, como el OPPE 25.

“Fue un suceso verdaderamente extraordinario”, dice Carlos Genatios, ingeniero de estructuras y especialista en planificación ante desastres naturales. En opinión de Genatios, que en 1999 ocupó el cargo de ministro de Ciencia y Tecnología tras la llegada de Chávez al poder, la energía liberada por los dos terremotos fue equivalente a la de 240 bombas atómicas como la de Hiroshima. “Fue mucho peor que el terremoto [de magnitud 7,0] de Haití, considerado el desastre más grave del siglo XXI”, explica Genatios, exiliado tras escribir artículos críticos con el régimen de Maduro.

A pesar de ello, Genatios cree que el gobierno tendrá que dar explicaciones por las cerca de 4.500 personas que han perdido la vida en la catástrofe, y las 17.000 que han salido heridas. ¿Por qué construir edificios así de grandes en una zona sísmica, con suelos blandos que temblaban como gelatina durante los terremotos? ¿Se construyeron correctamente las promociones de vivienda social como el OPPE 25 y otras propiedades de lujo cercanas, que también se vinieron abajo? ¿Eran adecuados los materiales? ¿Se siguieron estrictas normas de construcción? ¿Los gobernantes chavistas de Venezuela dotaron de manera suficiente a los servicios sismológicos, sanitarios y de emergencia la eventualidad de una catástrofe natural? ¿O estaban distraídos con su deseo de seguir en el poder?

En opinión de Genatios, una vez que se calmen las aguas habrá que encargar una investigación exhaustiva para asignar responsabilidades. Está convencido de que los sucesivos gobiernos podían haber salvado vidas si hubieran planificado mejor cómo enfrentar estos desastres. “Imposible que no hubiera víctimas, pero el número podía haber sido mucho menor”, dice.

“Precidenta Deisy Rodrigues [sic]: ayúdenos por favor”

La desolación se extendía por las calles en torno al OPPE 25 la semana pasada. Familias angustiadas y sin dormir excavaban a duras penas los escombros en busca de sus seres queridos en medio de un paisaje apocalíptico de bloques derruidos. De vez en cuando, los trabajos se interrumpían para observar a los equipos de recuperación de cadáveres, reconocibles por sus batas azules y cascos amarillos, extraer de entre los escombros cadáveres horriblemente desfigurados.

Los familiares de los sepultados bajo las ruinas han escrito peticiones de ayuda con pintura en las fachadas de sus casas. “Precidenta Deisy Rodrigues [sic]: ayúdenos por favor, mi hijo está aquí dentro”, decía un mensaje sobre un bloque de pisos a pocas calles del OPPE 25.

Muchos supervivientes aseguran que, en las horas y días cruciales que siguieron a la tragedia, la ayuda nunca llegó. Además del duelo, hay una sensación generalizada de profunda indignación por la lentitud e insuficiencia de la respuesta de las autoridades de Rodríguez. Los civiles tuvieron que tomar la iniciativa, remangarse y cubrirse de polvo para rescatar a las víctimas de los gigantescos montones de hormigón mientras las fuerzas de seguridad se quedaban de brazos cruzados con las armas en la mano.

“Aquí hay más rifles que picos y palas, y lo que necesitamos son picos y palas”, se queja Milagri Rodríguez Guanire, una de los casi ocho millones de personas que en los últimos años se han marchado de Venezuela. Tras el terremoto, cogió un avión de vuelta desde Chile para buscar entre los escombros del OPPE 25 a Ymelda, su madre.

Nos sacaron de la pobreza de la vida para llevarnos a la riqueza de la muerte

Marciel Edilberto Llarve — Superviviente de los terremotos

Las paredes del complejo están adornadas con propaganda ensalzando al “gigante eterno”, Hugo Chávez, y a su heredero, Nicolás Maduro, que en un mural es representado como “Súper Bigote”, un superhéroe con “mano de hierro”. Pero la indignación por la deficiente respuesta del Gobierno ha agrandado viejos agravios que, en los barrios obreros, antiguos bastiones de apoyo al régimen, llevan años acumulándose.

Muchos expresan su indignación y tristeza por el desmoronamiento de Venezuela. Tras los años de bonanza petrolera que vivió el país durante el Gobierno de Chávez, la caída en los precios internacionales del crudo, la corrupción, la mala gestión bajo el mandato de Maduro y las paralizantes sanciones de EEUU contribuyeron a hundirlo, pese a la riqueza de sus recursos energéticos, en una de las peores crisis económicas de la historia moderna.

“Un montón de mierda, tenemos que deshacernos de estas ratas”, dice furioso Roberto Dupuy, un cocinero de 65 años que perdió a su hija en el derrumbe de dos de las siete torres del OPPE 25. Las ruinas de las cinco construcciones restantes han quedado tan dañadas que también parecen a punto de caerse.

Otros residentes de los complejos construidos por Chávez a lo largo de la costa caribeña de Caraballeda expresan su indignación por la sospecha de haber sido alojados en trampas mortales. Se preguntan por la solidez estructural de edificios mal construidos con finas paredes de cemento, donde los techos tenían goteras y los ascensores no funcionaban. “Eran edificios de mala calidad; por eso se derrumbaron y mataron a tanta gente”, dice el suegro de Gabriel González, Marciel Edilberto Llarve.

La casa de Llarve, en el complejo OPPE 33, se desmoronó junto con el bloque. Allí sigue su esposa, enterrada bajo los escombros. “Nos sacaron de la pobreza de la vida para llevarnos a la riqueza de la muerte”, dice Llarve. Para él, trasladarse junto a su familia de una choza destartalada en la ladera hasta el bloque de viviendas fue, sin saberlo, como ir a la guillotina. “Este edificio estaba hecho de gelatina”, dice.

Silencio por miedo a represalias

Muchos de los vecinos del OPPE 25 ocultaban sus opiniones políticas para que los miembros del comité de barrio del Partido Socialista no los delataran, según González. En una Venezuela donde Maduro desplegaba medidas cada vez más restrictivas para sobrevivir a las sucesivas oleadas de protestas y levantamientos, y hasta a un intento de asesinato, ser denunciado a las autoridades por las opiniones políticas podía significar perder de las prestaciones sociales, el trabajo o el hogar, o incluso ser detenidos.

La cuñada de González, Yolife Llarve, recuerda la euforia que experimentaron muchos venezolanos durante las elecciones presidenciales de 2024, cuando acudieron en masa al colegio electoral con la esperanza de destituir a Maduro. “La gente estaba emocionada, estaban felices, muchos pensaban que era el final, hasta que anunciaron los resultados estábamos seguros de que aquello era el final”, dice. Los resultados dieron la victoria a Maduro en lo que según la opinión generalizada fue un fraude electoral, donde el verdadero ganador habría sido el movimiento opositor liderado por María Corina Machado, hoy exiliada y premio Nobel de la Paz.

Tras su secuestro por fuerzas especiales estadounidenses en una dramática incursión del 3 de enero, Nicolás Maduro está recluido en una cárcel de Nueva York. Un mural cerca del OPPE 25 recoge la declaración de Maduro durante su comparecencia ante el tribunal, dos días después de ser capturado. “Soy inocente, soy un hombre decente y sigo siendo el presidente de mi país”, dice el texto del mural, parcialmente desmoronado por los terremotos.

Tras la captura de Maduro, Trump respaldó inesperadamente a Rodríguez. Dijo que era una “persona estupenda” y que estaba ayudando a que petroleras y mineras estadounidenses hicieran negocios en Venezuela, el país que hasta hace nada era la cuna del antiimperialismo y que ahora muchos ven como un protectorado. Pero el futuro político de la presidenta en funciones no está claro, a medida que crece la indignación por su gestión de los terremotos. Según una encuesta llevada a cabo tras la catástrofe, el 63% de los venezolanos suspende a Rodríguez y casi un 50% considera más urgente celebrar elecciones que empezar la reconstrucción, aunque también hay quien sospecha que los terremotos reducirán las presiones para organizar nuevos comicios.

Rodríguez defiende la respuesta “incansable” de su Gobierno ante la catástrofe y atribuye las críticas a una conspiración mediática maliciosa urdida en “laboratorios” de propaganda. Para rebatir la acusación de chapucería en la construcción de las emblemáticas promociones de vivienda de Chávez, la presidenta en funciones ha dirigido la atención hacia los desarrollos inmobiliarios comerciales, asegurando que son la mayoría de los edificios que han caído.

Genatios opina que los terremotos y sus consecuencias han puesto de manifiesto que “la revolución es una mentira”. “El Gobierno de Venezuela es un fracaso absoluto, tiene un apoyo popular cada vez menor”, sostiene. “La retórica revolucionaria sobre ayudar a los pobres es solo una fachada, completamente alejada de la realidad; ya no hay absolutamente ninguna revolución, la única motivación es dinero y poder, no hay revolución, nada, no existe”, insiste.

“Creo que la gente ya ha tenido suficiente, llevamos 27 años con esta plaga”, dice Rodríguez Guanire, refiriéndose al chavismo. En su opinión, el Gobierno caerá antes o después. “Siento que los terremotos fueron como una caja de Pandora, o la gota que colma el vaso, para que todo el mundo pueda entender que ya basta con lo que está pasando en Venezuela”, añade. Lleva una mascarilla blanca para protegerse del polvo tóxico y del nauseabundo olor a muerte mientras busca a su madre entre los escombros que bloquean la entrada de una torre derrumbada del OPPE 25.

Momentos después, una ambulancia del Gobierno se detiene frente al OPPE 33. Han avisado de que se ha encontrado a un superviviente atrapado bajo 12 losas de hormigón. En un lado del vehículo de emergencia hay un vinilo adhesivo con la imagen de un Maduro sonriente al que unos gamberros le han arrancado partes de la cabeza y la cara. Las ruinas de los edificios y la revolución de Chávez yacen alrededor.

Con información de Clavel Rangel.

Traducción de Francisco de Zárate

Trump parece desconocer decisiones fundamentales de su Administración en relación con la política exterior en América Latina. El presidente de EEUU que ha acuñado la “doctrina Donroe” como heredero del presidente Monroe, ha afirmado recientemente que desconocía qué estaba pasando con María Corina Machado.

“¿Le dijo a Machado que no volviera a Venezuela la semana pasada?”, pregunta el periodista. Y Trump responde, totalmente desorientado: “¿Te refieres a si se lo dije a él hace mucho tiempo?”

“No, no”, responde el periodista, “María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, ¿le dijo que no volviera?” Y contesta: “No, no, para nada. Es estupenda. Es una persona maravillosa”.

A continuación, Trump vuelve a exhibir su confusión: “Volvió, supongo”. Y el periodista responde: “No lo hizo, y se informó de que ella...”

“¿Lo hizo o no lo hizo?”, repregunta Trump al reportero, evidenciando su desconocimiento sobre hechos básicos. “No lo hizo”, contesta el periodista.

“Yo no le dije que no volviera”, ha asegurado el presidente de EEUU: “Creo que es una buena persona. Me concedió el Premio Nobel. ¿Cómo voy a tener algo en contra de ella? Me dio el Nobel. Dijo que el único que debería ganarlo es Trump”.

EEUU desbarata los planes de Machado

La conversación entre Trump y el periodista en el Air Force One, de regreso de la cumbre de la OTAN en Ankara, sobre Machado viene a raíz de que, según ha venido publicando la prensa estadounidense, la Administración Trump está desbaratando los planes de la líder opositora para volver ahora a Venezuela aprovechando los efectos de los terremotos, que ya suman casi 4.000 personas fallecidas.

Según ha publicado The Wall Street Journal, el plan de la líder de la oposición de regresar a su país tras los devastadores terremotos se vino abajo en pleno vuelo después de que EEUU le retirara el apoyo para viajar. De acuerdo con el periódico, un jet privado despegó de Virginia el viernes de la semana pasada para llevarla a la isla caribeña de Curazao, desde donde Machado tenía previsto iniciar su regreso a Venezuela después de haber huido del país en diciembre.

Pero, aproximadamente una hora después del despegue, el responsable de operaciones de la empresa que había fletado el avión ordenó a los pilotos que dieran la vuelta con el Hawker 800 sobre Carolina del Norte y regresaran a la zona de Washington, según el WSJ.

Se habían aprobado los planes de vuelo y los derechos de aterrizaje, así como el permiso para que Machado, cuyo pasaporte había caducado, aterrizara en Curazao, según el medio, que cuenta que, pensando que se trataba de un error, Machado envió un mensaje de texto a un alto cargo del Departamento de Estado.

El cambio de rumbo se produjo después de que las autoridades estadounidenses llegaran a la conclusión de que Machado planeaba regresar a Venezuela en barco desde Curazao, siguiendo de nuevo la ruta que utilizó para huir de su país el 9 de diciembre con el fin de recibir su Premio Nobel de la Paz en Noruega. Los mismos contratistas privados que la habían sacado del país en aquella ocasión ya se encontraban apostados en la isla.

Las autoridades neerlandesas, que se encargan de los asuntos exteriores de Curazao, creyeron que EEUU respaldaba su viaje, pero retiraron el permiso para que el avión aterrizara después de que Washington dejara claro que no lo apoyaba.

En relación con este episodio, Axios apuntaba al papel desempeñado por el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Chris Landau, quien avaló el viaje de vuelta de Machado a Venezuela sin contar con el visto bueno de la Administración Trump.

Así, las decisiones adoptadas por cuenta propia de Landau acabaron generando discusiones internas, confusión internacional y un aumento de las tensiones con los partidarios de Machado.

Landau es exembajador de EEUU en México e hijo de un exembajador de EEUU en Venezuela y, según Axios, altos cargos de la Administración Trump sospechan que no comparte la política estadounidense hacia Caracas y que mantiene una relación demasiado estrecha con el círculo más cercano de Machado, quien llamó a Landau al día siguiente del terremoto para decirle que quería regresar a Venezuela pasando por Curazao.

En una conversación con la embajadora de los Países Bajos en EEUU, Birgitta Tazelaar, Landau pareció abogar por el viaje de Machado a Curazao y, posteriormente, a Venezuela, según informa Axios. Al día siguiente, el 25 de junio, a Tazelaar le preocupó que EEUU no quisiera que Machado viajara a Curazao. Llamó al subsecretario de Estado de EEUU para el Hemisferio Occidental, Mike Kozak, quien le dijo que Estados Unidos no iba a ayudar a Machado a llegar a Venezuela. Tazelaar afirmó que estaba “completamente confundida” porque el día anterior Landau le había dicho “exactamente lo contrario”.

Las autoridades neerlandesas revocaron entonces el permiso para la llegada de Machado mientras esta se encontraba en vuelo, y su avión regresó a Manassas, Virginia.

Machado se quedó atónita al enterarse del cambio de decisión, y habló con Rubio, quien le reiteró la decisión de EEUU.

La misma confusión ocurrió horas después, cuando Machado intentó volar a Venezuela en un vuelo comercial. En esta ocasión, estaba implicado el ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien dejó constancia de su conversación sobre Machado en un mensaje de texto que envió a Landau.

El domingo 28 de junio, Machado se encontraba en Panamá e intentó volar a Venezuela con Copa Airlines, que se negó a transportarla cuando funcionarios de Washington y Caracas expresaron su descontento, dejando nuevamente en evidencia a Landau.

Petro: “Me sorprendió que no supiera que aún estábamos en la lista OFAC”

Otro ejemplo del desconocimiento de Trump sobre asuntos básicos y fundamentales de sus políticas es un mensaje reciente del presidente colombiano, Gustavo Petro, en X: “Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC. Me prometió actuar en el tema”.

En efecto, según el presidente colombiano, Trump desconocía que Petro aún estaba en la lista del Tesoro de personas sancionadas.

El Gobierno de EEUU aprobó a finales de octubre de 2025 sanciones contra Petro, “por vínculos con el narcotráfico”, en lo que supuso un paso más en su escalada contra el presidente colombiano.

La medida se tomó en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apuntaba a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial, explica el Departamento del Tesoro, y llegó después de varios ataques personales de Trump a Petro y de que EEUU le retirara el visado al presidente colombiano por participar en una manifestación en Nueva York contra el genocidio israelí en Gaza en la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Gustavo Petro fue sancionado “por haber participado, o intentado participar, en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo de contribuir, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción”.

El Tesoro también sancionó al hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Fernando Petro Burgos (Nicolás Petro); a la primera dama, Verónica del Socorro Alcocer García; y a Armando Alberto Benedetti Villaneda (Armando Benedetti) “por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Gustavo Petro”.

La consecuencia de las sanciones es que “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas sancionadas también quedará bloqueada. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas sancionadas”.

En el mensaje de Petro hay otro detalle relevante que muestra el desconocimiento absoluto de Trump de la actualidad política. “Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella”, decía Petro, sobre el candidato ultraderechista apoyado por Trump que se impuso a Iván Cepeda, compañero de partido del aún presidente colombiano.

Las autoridades venezolanas han aumentado a más de 4.000 las víctimas fatales por los devastadores terremotos en Venezuela, según el último balance oficial dado a conocer el viernes en la noche. El informe registra 229 nuevos fallecidos, con lo que la cifra total, por ahora, alcanza los 4.118 muertos, 41 de ellos españoles, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740.

El Gobierno ha reafirmado que es su competencia “exclusiva” planificar y liderar la reconstrucción del doble terremoto y ya “ha activado” a sus empresas públicas, industria nacionales y sector privado para llevar a cabo este proceso.

La Cancillería venezolana ha reaccionado “con extrañeza” a las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que este viernes en un acto público aseguró que “la reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implica”.

Además, el ultraderechista aseguró que hoy que en una reunión con Estados Unidos plantearían “esta situación al gobierno norteamericano”.

El Gobierno venezolano ha alegado que De la Espriella “pretende atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos”, y ha insistido que “de ser necesario, el Estado venezolano, en ejercicio de sus atribuciones soberanas, establecerá alianzas de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales que contribuyan a las labores de recuperación y reconstrucción”.

El comunicado especifica que con el gobierno electo de Colombia “a la fecha no está prevista articulación alguna”.

Medidas para afectados que han perdido la vivienda

A partir de este sábado, el país elaborará un censo biométrico de las casi 18.000 personas que se quedaron sin vivienda a través de un sistema de lector de huella, informó el viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Estaremos realizando en los campamentos transitorios, en atención a un cronograma progresivo, el registro único de vivienda para conocer a detalle la situación de cada una de las personas”, dijo en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Además, Rodríguez aseguró que creó un fondo para apoyar a juntas de vecinos en las reparaciones de sus edificios.

En total, 89 campamentos transitorios se han habilitado en Caracas y los estados Miranda y La Guaira, la región más afectada, con derrumbes de numerosos edificios.

La líder chavista prometió el pasado 29 de junio que habrá viviendas para todos los afectados por el terremoto antes de que termine el año y esta semana convocó a empresas nacionales y extranjeras para una construcción “agresiva y rápida” de edificaciones y aseguró que ya están ubicando, con un grupo de expertos en suelo y subsuelo, los espacios donde tienen previsto construir “ciudades antisísmicas”.

El plan del Gobierno venezolano, apoyado por Naciones Unidas, es traer al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional, dijo a EFE el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitario, Tom Fletcher.

En estos momentos se encuentran desplegados 3.454 rescatistas internacionales y 30.076 efectivos movilizados. En La Guaira, donde la devastación es muy alta y los rescates de los equipos son insuficientes, familiares de personas atrapadas han denunciado que autoridades militares les impiden el ingreso de maquinaria para buscar a sus seres queridos vivos o muertos.

Según cifras del Ministerio de Exteriores, hay 11 españoles localizados bajo los escombros y 138 desaparecidos en estos momentos.

Eva Belkrin, quien busca a sus dos hijas, tras más de dos semanas de haber ocurrido los sismos, denunció a los periodistas impedimentos por parte de las Fuerzas Armadas para las labores de rescate y exigió que les “dejen trabajar”.

“La Fuerza Armada nacional no nos ha dejado trabajar. Los funcionarios responsables de este edificio no nos dejan trabajar”, dijo. “No se nos ha permitido, con la maquinaria en mano, la maquinaria humana y la maquinaria técnica, no se nos ha permitido ingresar al edificio Celtamar en búsqueda de nuestros familiares”, añadió.

Desde el 24 de junio, cuando los dos sismos causaron estragos, el país caribeño ha registrado 1.171 réplicas, entre ellas la de magnitud 3,9 que sacudió este viernes zonas del norte del país, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas.

Han transcurrido casi dos semanas desde que el 24 de junio dos terremotos sacudieran la zona norte de Venezuela, provocando una catástrofe humana y social de enorme magnitud. Los últimos balances hablan ya de más de tres mil personas fallecidas, más de dieciséis mil heridas y miles de familias que han perdido su vivienda, sus medios de vida o sus espacios cotidianos de seguridad.

Las cifras ayudan a comprender la dimensión del desastre, pero no alcanzan a decirlo todo. Detrás de cada número hay una vida interrumpida, una familia rota, una casa convertida en escombros, una comunidad que intenta reconocerse de nuevo entre el miedo, el duelo y la incertidumbre. Son los rostros, las historias y los testimonios personales los que nos acercan verdaderamente al sufrimiento vivido por tantas familias venezolanas.

Los medios de comunicación han recogido relatos que permiten intuir la hondura de lo ocurrido. La publicista Migdalia Carros fue rescatada bajo los escombros del edificio en el que residía, en el municipio de Chacao. Tras el rescate explicaba que había bajado al infierno en apenas 39 segundos, el tiempo que duró el temblor. Sobrevivió, pero perdió a su padre en el derrumbe. En una sola vida se concentra así la paradoja de tantas catástrofes: la alegría inmensa de seguir con vida y el dolor irreparable de la pérdida.

También es necesario reconocer la respuesta solidaria ofrecida desde distintos países, con el envío de equipos de rescate, bomberos, personal sanitario y ayuda humanitaria. A esta respuesta se suma el trabajo de muchas entidades sociales y humanitarias presentes en el propio territorio, entre ellas Cáritas Venezuela, cuya cercanía a las comunidades afectadas resulta especialmente importante.

En los primeros días, la urgencia se mide en horas: rescatar, atender heridas y asegurar agua, alimentos, refugio y medicamentos. Pero, como ocurre en los grandes desastres, con el paso del tiempo las esperanzas de rescate se reducen, los equipos internacionales comienzan a retirarse y los medios de comunicación desplazan su atención hacia otros acontecimientos.

Sin embargo, para las personas damnificadas, la emergencia no termina cuando desaparece de los titulares. En ese momento comienza una etapa más larga, silenciosa y menos visible: la reconstrucción de viviendas, la recuperación de medios de vida, la atención sanitaria y emocional, el acompañamiento del duelo y la protección de quienes han quedado en una situación de mayor desamparo. Cuando el ruido informativo se apaga, sostener la vida sigue siendo necesario.

Como recuerda el papa Francisco, “el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día”. Por eso, el área de Cooperación Internacional de Caritas Gipuzkoa mantiene activa su campaña de emergencia a favor de las personas y familias venezolanas damnificadas. Esta llamada se inscribe en la dimensión universal de la caridad, en el compromiso con la justicia global y en la comunicación cristiana de bienes. La solidaridad cristiana no se limita a una reacción inmediata ante el impacto de la tragedia; busca sostener procesos, acompañar comunidades y afirmar que ninguna vida queda fuera de nuestra responsabilidad común.

Desde esta mirada, la cooperación no se entiende como una ayuda distante, sino como una relación fraterna entre comunidades. Caritas acompaña a través de las Caritas hermanas y de las Iglesias locales, reconociendo su presencia, su conocimiento del territorio y su capacidad para estar junto a las personas afectadas antes, durante y después de la emergencia. Esa cercanía permite que la ayuda no sea solo respuesta puntual, sino también reconstrucción de vínculos, fortalecimiento comunitario y esperanza compartida.

En 2025, Caritas Gipuzkoa destinó más de 600.000 euros a proyectos de cooperación internacional en nueve países, orientados especialmente a la seguridad alimentaria, la educación, la promoción de las mujeres y el fortalecimiento de comunidades locales. Esta trayectoria expresa una convicción profunda: la caridad, cuando está unida a la justicia, no conoce fronteras y se hace concreta allí donde la vida está más amenazada.

Que la solidaridad con Venezuela no decaiga significa no pasar página demasiado pronto. Significa permanecer cerca cuando la urgencia deja paso a la reconstrucción. Significa acompañar el duelo, sostener la esperanza y ayudar a que las familias puedan recuperar, poco a poco, un lugar seguro donde vivir.

Porque cada gesto de apoyo, por pequeño que parezca, puede convertirse en una forma concreta de esperanza para quienes han perdido casi todo. Y porque, ante el sufrimiento de un pueblo hermano, la distancia nunca puede ser excusa para la indiferencia.

El Parlamento de Canarias ha guardado este martes un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela y ha hecho un llamamiento a la solidaridad de la comunidad internacional para que mantenga el apoyo humanitario al país y contribuya a su recuperación.

En una declaración institucional leída por la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, el Parlamento ha expresado su “más profundo pesar” y su solidaridad con el pueblo venezolano por una tragedia que, según ha recordado, ha causado numerosas víctimas, miles de personas afectadas y graves daños materiales.

La Cámara ha señalado que Naciones Unidas cifra las pérdidas económicas en cerca del 6% del producto interior bruto venezolano, lo que, ha indicado, refleja la magnitud del impacto sobre la población y la economía del país.

El Parlamento ha destacado que la sociedad canaria vive esta tragedia “con especial cercanía” por los vínculos históricos, familiares y culturales que unen a Canarias y Venezuela, destino de miles de emigrantes canarios durante generaciones.

Asimismo, ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de los ciudadanos canarios fallecidos y ha tenido un recuerdo especial para la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, fallecida en La Guaira.

La declaración recuerda que en Venezuela residen alrededor de 70.000 canarios y sus descendientes y que existen 22 entidades canarias repartidas por el país, lo que hace que muchas familias del archipiélago vivan con preocupación las consecuencias de la catástrofe.

El Parlamento también ha deseado una pronta recuperación a las personas heridas y ha reconocido la labor de los equipos de emergencia, del personal sanitario y de los voluntarios que trabajan para atender a la población afectada.

Por último, la Cámara ha reafirmado los lazos de amistad y fraternidad entre Canarias y Venezuela y ha trasladado al pueblo venezolano un mensaje de “esperanza, cercanía y apoyo en estos momentos difíciles”.

Los efectivos del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz que han trabajado en labores de rescate tras el terremoto de Venezuela, ya de vuelta en la región, han destacado el apoyo recibido por la población del país, de la que no olvidarán “su mirada, abrazo y silencio”.

Así lo ha trasladado este lunes el jefe de guardia de Mérida, integrante de este equipo, Luis Moreno, quien ha agradecido durante un acto en la Diputación pacense el resapaldo recibido, así como el mostrado por efectivos de otras zonas españolas y otros países desplegados en la zona.

También de por parte de los bomberos del servicio provincial que se quedaron en Badajoz, “pues siempre estuvieron disponibles para ayudar en lo que hiciera falta, para mostrar así su cercanía e implicación”, ha expresado.

“Ha sido un privilegio formar parte de este equipo, en el que ha prevalecido el compañerismo y del que se trae a la provincia la satisfacción del deber cumplido”, ha dicho.

No obstante, ha reconocido, se regresa de Venezuela con “una profunda sensación de impotencia, ya que por mucho que se quisiera no se podía hacer más”, y de hecho no se logró experimentar la sensación de encontrar a alguna víctima con vida.

Uno de los momentos “más duros” de estos días, ha manifestado, fue cuando familiares de víctimas les reconocieron en un edificio derruido que eran los primeros bomberos que llegaban a ese espacio.

“La mirada, abrazo y silencio de los familiares en ese momento” siempre quedará en la vida de los bomberos, ha señalado.

En la recepción de los efectivos en el Paraninfo del Palacio Provincial ha participado, entre otros, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, quien ha agradecido la tarea realizada por los bomberos en el país caribeño.

El contingente ha estado integrado, además de Luis Moreno, por el responsable de Seguridad, José Manuel Bellorín; el jefe y el sanitario de la Unidad de Búsqueda y Rescate, Raúl Aza y Javier Muriel, respectivamente; los especialistas en rescate y apuntalamiento Carlos Estrella, Juan José Farrona y Carlos Coronado; el responsable de la unidad canina, Rafael González, y los integrantes de la Unidad de Logística y Apoyo Técnico José Manuel Guerrero y Martín Serván.

Junto a ellos también ha sido protagonista Luka, la perra de rescate que ha formado parte del operativo.

El Gobierno de Canarias ha pedido este lunes al Ejecutivo central la restitución de la autorización de residencia temporal “por razones humanitarias” para las personas venezolanas afectadas por la los terremotos ocurridos el pasado mes de junio en La Guaira, tras dejar de aplicarse con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Así lo ha expresado la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en una carta destinada a los titulares de los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior.

La solicitud se acordó después de la reunión que mantuvieron la consejera y el director general de Emigración, José Téllez, con la presidenta de la asociación Solidaridad Venezuela, Marcela Maspero, y otros miembros del colectivo.

El documento plantea que los terremotos “constituyen un hecho nuevo y sobrevenido que altera de forma sustancial las circunstancias existentes” cuando, el pasado 12 de junio, dejó de aplicarse este mecanismo de protección tras la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo y la modificación del Reglamento de Extranjería.

En un comunicado, la Consejería señala que el texto recoge que el departamento entiende que “la emergencia provocada por esta catástrofe natural presenta una naturaleza distinta de la crisis sociopolítica que motivó la aplicación de esta autorización desde 2018”. En consecuencia, considera que “queda desvirtuada la premisa de normalización de la situación venezolana que sustentó la supresión de este mecanismo”, al concurrir ahora una situación excepcional que genera, por sí misma, necesidades de protección humanitaria.

La crisis que hoy motiva esta solicitud no responde a la situación política de Venezuela, sino a una catástrofe natural de enorme magnitud que genera necesidades de protección por sí misma, con independencia del contexto político del país

En la carta se recuerda que el seísmo del pasado 24 de junio ha provocado víctimas mortales, miles de personas heridas y desaparecidas, graves daños estructurales y la afectación de infraestructuras críticas, dando lugar a una emergencia humanitaria que ha requerido un amplio despliegue de ayuda internacional.

Asimismo, se subraya que la restitución de esta autorización de residencia temporal cuenta con cobertura en el ordenamiento jurídico español. En este sentido, recuerda que los artículos 37.b) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, continúan contemplando la posibilidad de conceder autorizaciones por razones humanitarias, por lo que la recuperación de este mecanismo no exige una modificación legislativa, sino una decisión del Gobierno de España para reactivar una figura prevista en nuestro derecho interno.

Del mismo modo, la consejera considera que esta medida es “plenamente compatible” con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, ya que este armoniza las figuras de asilo y protección subsidiaria en el ámbito europeo, pero no impide que los Estados miembros mantengan o activen mecanismos nacionales de protección humanitaria ante circunstancias excepcionales como las derivadas de una catástrofe natural.

Por todo ello, la Consejería insta a “restituir la autorización de residencia temporal por razones humanitarias” para las personas venezolanas afectadas por el terremoto, con el propósito de ofercer “una respuesta jurídica viable, proporcionada y acorde con los principios de solidaridad, protección de los derechos humanos y atención a las personas especialmente vulnerables”, concluye el comunicado.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros con el objetivo de reforzar de manera urgente la ayuda a la comunidad canaria en Venezuela. Se trata de una nueva inyección económica que irá orientada a recursos de primera necesidad para daminificados por los terremotos.

Así lo ha señalado el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno, donde ha precisado que, entre otras, se reforzará la compra de medicamentos y alimentos, que serán distribuidos por las 22 entidades canarias en Venezuela, con las que se está en “permanente contacto”.

La modificación presupuestaria permitirá, asimismo, incrementar el número de beneficiarios de tarjetas de alimentos en Venezuela, que se elevará de los 6.291 actuales a los más de 8.000 beneficiarios. Lo mismo ocurrirá con las tarjetas de medicamentos, que elevará su presupuesto para pasar de los 4.033 a los 6.000 beneficiarios.

Además, el Gobierno de Canarias ampliará hasta diciembre la cobertura de seguros médicos a canarios y descendientes residentes en Venezuela a través de la Fundación España Salud.

Balance de la ayuda prestada

Con el inicio de la emergencia, el Gobierno de Canarias activó un dispositivo de seguimiento y respuesta en Venezuela para evaluar daños, identificar necesidades y canalizar recursos de atención urgente.

A partir de ese análisis inicial, se activaron consultorios médicos de emergencia en las entidades canarias que desarrollan este programa en nueve estados de Venezuela, con el objetivo de atender necesidades sanitarias básicas y recabar información directa sobre la situación de los canarios, descendientes y familias afectadas.

Posteriormente, y tras constatar que La Guaira y Caracas concentraban una parte importante de las afecciones, se reforzó el dispositivo en estas zonas. En Caracas se mantuvieron los consultorios médicos de emergencia, mientras que en el resto de estados se recuperaron las franjas habituales de atención según demanda.

Atención a afectados

En La Guaira, el Gobierno canario ha activado un consultorio médico de urgencia en la Unión Canaria de Venezuela, en Macuto, junto a una oficina de apoyo de la Delegación del Gobierno de Canarias en el país, operativa de 8:00 a 17:00 horas para ofrecer información, orientación y acompañamiento a las familias afectadas.

La Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela también ha habilitado un número de teléfono específico para atender consultas, canalizar solicitudes y orientar a las personas afectadas. Hasta el momento, las oficinas descentralizadas han registrado 70 llamadas y 30 asistencias presenciales, centradas principalmente en información consular y consultas relacionadas con la situación de emergencia.

Por su parte, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela ha atendido 61 llamadas vinculadas a trámites consulares, solicitudes de asistencia urgente de alimentos y medicamentos, información sobre posibles ayudas a la reconstrucción y consultas sobre la convocatoria de tarjetas de alimentos y medicamentos.

Reparto de alimentos y medicamentos

En paralelo, el Gobierno de Canarias inició el reparto de las primeras ayudas de emergencia en La Guaira y Caracas gracias a las donaciones canalizadas por particulares y empresas a través de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, que se ha establecido como centro de acopio y distribución. En esta primera intervención se distribuyeron 150 bolsas de alimentos e hidratación en La Guaira y 30 en Caracas.

También se continúa trabajando con las entidades canarias y la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela para ampliar la entrega de alimentos de emergencia, articular el reparto de medicamentos específicos y estudiar la incorporación de nuevos servicios en La Guaira en función de la evolución de las necesidades.

Según informa el Ejecutivo regional, la Dirección General de Emigración mantiene reuniones de coordinación con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y el Consulado General de España para actualizar la información, evaluar la evolución de la emergencia y ajustar el plan de respuesta de los próximos meses.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, informó este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas, respecto al sábado, mientras se intensifican las labores para sacar cuerpos de debajo de los escombros.

Según el balance oficial, 6.462 personas han sido rescatadas y 17.345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua. También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y las fuerzas de seguridad, mientras que habría un total de 27.482 voluntarios.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido. La iniciativa ciudadana 'Desparecidos Terremoto Venezuela', una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 31.000 personas a las que no se han podido contactar.

El terremoto más mortífero en medio siglo

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos. Los recientes seísmos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más damnificado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Este domingo, cuando se cumplen 11 días de los terremotos, los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

Cuando se cumple diez días de los los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en Venezuela, en el estado de La Guaira (norte del país, aledaño a Caracas), la cifra de muertos españoles se eleva ya a 35, según el último balance oficial de este domingo anunciado por el Ministerio de Exteriores. Entre tanto caos, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recibido en el aeropuerto de Gran Canaria a Carmen, una abuela gomera que tenía a toda su familia en la zona afectada, y que perdió a uno de sus nietos en la tragedia.

Torres, en una publicación en su perfil de 'X' cuenta que la hija de Carmen, Yérica, y su nieta, se han quedado sin casa y pudieron venir a España esta semana gracias a un vuelo habilitado por el Gobierno central.

Ya en Madrid, la compañía canaria Binter “se volcó para que pudieran viajar a La Gomera y que puedan descansar y estar juntas”, recalca el ministro y expresidente regional.

“Las recibí, junto a los responsables de la aerolínea, en su escala en Gran Canaria para darles todo el consuelo que se puede dar en estos momentos de devastación”, comenta.

Ángel Víctor Torres ha querido mostrar así todo su apoyo y cariño a la familia.

Según ha informado Europa Press este domingo, el departamento de José Manuel Albares insiste en que “todas las líneas de emergencia consular están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen”.

Por el momento, la sala de crisis del Ministerio ha atendido hasta 1052 llamadas y el Consulado ha atendido 1604 llamadas.

El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana eleva a casi 3.000 los fallecidos y a más de 16.500 los heridos.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha comunicado de que se trata en concreto de 2.954 los muertos y 16.592 los heridos como resultado los seísmos, que han dejado además importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos hundidos.

Las víctimas incluyen, además, 16.309 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.

Un doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 sacudió el noroeste de Venezuela el pasado 24 de junio, con al menos 2.595 fallecidos, 12.400 heridos y daños severos en infraestructuras. Ante la declaración de emergencia nacional, la comunidad venezolana en Euskadi -de más de 15.000 personas- ha activado diversas iniciativas de colaboración coordinadas con instituciones locales para gestionar el envío de suministros médicos y fondos económicos.

Osakidetza participa en este despliegue con dos profesionales que se han integrado en el Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias (START). Esta movilización, impulsada por la Agencia Vasca de Cooperación (eLankidetza), busca poner el conocimiento técnico al servicio de la respuesta internacional, según se ha publicitado.

En Gipuzkoa, la campaña Gipuzkoa Abraza Venezuela unifica los esfuerzos de varias entidades sin ánimo de lucro para clasificar la ayuda humanitaria. Isabel Martínez, directiva de la Asociación de Venezolanos en Guipúzcoa (Asovengui), le cuenta a este periódico que el Ayuntamiento de Donostia ha facilitado un espacio como centro de acopio para inventariar y encajar las donaciones. La logística, que cuenta con una plantilla de 67 voluntarios, prioriza en esta fase inicial la recolección de medicamentos y suministros médicos urgentes. A partir de este domingo, trabajarán “a puerta cerrada” para organizar los donativos y planificar su envío, el cual presenta complicaciones debido a las aduanas y comunicación entre estados tras la catástrofe.

Dentro de esta movilización en el territorio guipuzcoano, la asociación Choca los 5 por Venezuela, dedicada a la ayuda humanitaria al país, ha organizado un evento para este sábado con el fin de recaudar fondos . Carolina Nieves, tesorera de la organización, detalla que se llevará a cabo un “arepazo” solidario en la Sociedad Deportiva Lengokoak de Amara, en Donostia, entre las 13:00 y las 21:00 horas. La jornada incluirá “actividades para niños y música” para transformar el apoyo ciudadano en recursos para comprar insumos directamente en las zonas afectadas.

En Álava, la Asociación de Venezolanos en Álava (Asovenala) inició sus operaciones de socorro basándose en tres pilares: suministros para personas que perdieron sus tratamientos crónicos, material para emergencias traumatológicas en hospitales y una línea de alimentación. Dayana Frontado, tesorera de Asovenala, explica que la entidad trabaja con instituciones locales en Venezuela que aseguran la distribución del material a los destinatarios finales. Además, han priorizado el envío de ayuda en metálico debido a los altos costes de transporte y los retrasos en las aduanas.

Asovenala también gestiona una comunidad a través de grupos de mensajería para asistir a las familias residentes en Álava que han perdido a parientes en el seísmo. Frontado señala que la situación es “emocionalmente impactante”, mencionando el caso de una familia alavesa que ha perdido a cuatro de sus miembros en el desastre que describe como “un país que se cae en ruinas”.

Por su parte, la asociación Tierra de Gracia ha centralizado su respuesta en Bizkaia a través de transferencias económicas al Centro Vasco en Caracas y otras fundaciones para la compra directa de herramientas y alimentos. Carolina Jiménez, voluntaria de la entidad, le indica a este periódico que la ayuda se ha canalizado principalmente mediante vía económica para agilizar la actuación sobre el terreno. Mantienen esa línea con la recogida de fondos en Durango que se realizará este sábado, en colaboración de una asociación nicaragüense.

Los representantes de la diáspora venezolana en Bilbao han mantenido reuniones con Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, y Ander Caballero, responsable de Acción Exterior de la Presidencia Vasca. Estas conversaciones buscan establecer mecanismos oficiales para el transporte de ayuda y ofrecer acompañamiento psicológico a los venezolanos afectados residentes en Euskadi. Ahora, una psicóloga venezolana ya ha comenzado a ofrecer servicios de contención a través de la asociación para asistir a quienes tienen familiares desaparecidos o fallecidos.

El estado anímico de la comunidad se define por una profunda aflicción y la necesidad de mantener una coraza para seguir actuando. “Nuestro corazón está afligido, pero hemos dejado guardado ese sentimiento porque si nos quedamos allí, no actuamos”, confiesa Isabel Martínez. Los voluntarios describen una sensibilidad extrema al ver cómo “se acaba la patria”, admitiendo que es muy difícil desapegarse de las emociones cuando se reciben noticias de desaparecidos y fallecidos constantemente.

Esta tristeza se transforma en una rabia explícita al abordar la gestión de las autoridades venezolanas, a las que acusan de frenar acciones en pro del pueblo. Dayana Frontado denuncia que el Gobierno venezolano ha intentado parar la ayuda humanitaria y ha restringido la capacidad de acción de ciudadanos y rescatistas. Esto ha generado problemas entre voluntarios y miembros de las fuerzas armadas venezolanas, cuyos altercados se han publicado en redes sociales y medios de comunicación.

Frontado califica la gestión pública de “nefasta”, afirmando que “el chavismo no puede seguir”. Carolina Jiménez manifiesta su rechazo a colaborar con el consulado venezolano en Bilbao, debido a que su cónsul es Glenda del Valle Cabello, hermana del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. Jiménez declara que no permitirá que utilicen “el esfuerzo voluntario para lavarse la cara políticamente”.

El consulado, de su parte, ha sido visitado estos días por decenas de cargos institucionales como el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, el vicelehendakari, Mikel Torres, la delegada del Gobierno de España, Marisol Garmendia, dirigentes políticos de PNV, EH Bildu, PSE-EE, PCE, IU y hasta de la extinta Ezker Batua, representantes diplómaticos de otros países o incluso por la Guardia Civil. Los alcaldes de Donostia y Vitoria también han mostrado su solidaridad con Venezuela. Este sábado, por ejemplo, Maider Etxebarria ha estado un partido solidario de béisbol e incluso se ha animado a batear.

A pesar de la rabia, tristeza y contención por la tragedia, las asociaciones están agradecidas con la sociedad vasca por su solidaridad. Frontado destaca la cantidad de donativos recibidos por vascos, quienes lamentan la catástrofe vivida en Venezuela; Nieves denota como los vecinos y amistades se muestran apenados por la situación. Sin embargo, también piden que el apoyo no se detenga cuando la noticia deje de ser portada, puesto a que recalcan que la reconstrucción de las zonas afectadas requerirá un plan de acción de entre 5 y 10 años. Entendiendo el largo proceso. enfatizan que prioriza la transparencia mediante auditorías y grabaciones de las donaciones para asegurar que cada aporte llegue efectivamente a las víctimas.

Pasan los días de la emergencia –este sábado ya es el décimo–, pero en las calles de Venezuela la gente no deja de preguntarse quién ha sobrevivido y quién no a la tragedia que azota el país caribeño tras los dos terremotos que dejaron –al menos y por ahora–, según cifras del Gobierno, 2.645 personas muertas y más de 12.666 heridos. La esperanza de encontrar sobrevivientes se ha ido diluyendo y el país afronta el tercero de los siete días de duelo nacional decretados por el Gobierno mientras los rescatistas siguen recuperando cuerpos.

“La situación sigue siendo crítica. La mayoría de las organizaciones siguen tratando de salvar vidas porque hay miles de familias de las que todavía no se sabe nada”, dice a elDiario.es y desde el terreno Claudia González, gerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONG World Vision, que trabaja en el país desde antes de los terremotos.

La organización, una de las ocho integrantes del Comité de Emergencias Español, ha entregado agua, alimentos precocinados, refugio y protección a la infancia, y ha levantado una campaña para recaudar fondos para la crisis. Hasta ahora ha atendido hasta ahora a más de medio centenar de niños, niñas y adolescentes.

En las últimas horas, el rescate con vida de Hernán Gil, vigilante de un edificio que quedó atrapado durante ocho días en su garita de uno de los edificios derrumbados de Catia La Mar, ha puesto el foco internacional sobre el centenar de rescatistas que culminó con éxito una delicada operación de salvamento que se prolongó durante casi 72 horas. Este viernes, otro grupo de rescatistas ha desplegado una operación con drones y perros para salvar a Fabio, un niño de 9 años que permanece desde hace nueve días bajo un edificio en La Guaira, una de las zonas más afectadas, 30 kilómetros al norte de Caracas.

“Hemos pasado una primera etapa de búsqueda y rescate de gente atrapada”, dice desde Brasil a elDiario.es el responsable médico de Médicos Sin Fronteras (MSF) para Venezuela, Carlos Arias. Aunque hay que seguir buscando –“siempre hay milagros” y aún puede quedar algún herido con acceso a agua o aire–, la prioridad ahora es “el saneamiento, la gestión de cadáveres, la atención a los desplazados, evitar epidemias y la salud mental”.

Para Rafael Mattar, coordinador de la emergencia de Venezuela por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que lidera la respuesta en materia de protección y albergues, “en esta segunda etapa lo principal es identificar las necesidades de la población, tener un censo de las personas afectadas y, en paralelo, comenzar a diseñar una estrategia de largo plazo”.

La gestión de desplazados, una prioridad

El impacto del terremoto se hace más visible con el paso de los días, con miles de personas aún sin hogar, hospitales al límite y comunidades enteras desplazadas, en un país que ya estaba en crisis desde mucho antes del desastre. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, ha advertido que la situación humanitaria en las zonas afectadas “se ha deteriorado rápidamente”.

El Gobierno cifra sobre las 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras ACNUR, que también recauda fondos, ha documentado 16.000 ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir: muchas siguen durmiendo en las calles o espacios públicos, mientras otras se alojan con familiares o en refugios temporales como iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas.

“En esta primera etapa, la prioridad ha sido brindar un lugar seguro donde las familias puedan acceder a campamentos temporales y servicios esenciales mientras avanzan las evaluaciones y las acciones de recuperación”, señala a elDiario.es la jefa en Venezuela de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Lía Poggio. Según ella, muchas personas desplazadas provienen de los municipios más afectados del estado La Guaira y permanecerán en estos espacios mientras se determina cuándo podrán regresar a sus comunidades o acceder a un alojamiento de mayor duración.

Hay mucha buena voluntad y eso vale mucho, pero en eventos de esta magnitud lo complicado es coordinar toda la ayuda

Rafael Mattar — Coordinador de ACNUR de la emergencia en Venezuela

“La gestión de los desplazados es una prioridad a corto plazo, señala Arias. Hay mucha gente que ha perdido sus casas, que necesitará un tiempo antes de volver, y será necesario habilitar alojamientos provisionales que eviten el hacinamiento y reduzcan el riesgo de enfermedades y epidemias”.

Acnur, que tiene presencia en Venezuela desde hace 35 años, ha levantado varios albergues temporales donde la población desplazada puede ir a refugiarse y recibe alimentos, ayuda psicosocial y atención en salud. “Es una asistencia un poco más estructurada, bajo la sombra –dice Mattar–, en espacios que han sido habilitados para su permanencia transitoria”.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, prometió hace dos días que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para quienes hayan perdido sus hogares.

“Venezuela ya era un país con recursos muy limitados porque no estaba ampliamente financiado por la comunidad internacional, aunque su población sí tenía necesidades graves”, dice a elDiario.es la portavoz del Comité de Emergencias Español, Eloisa Molina.

El sistema de salud, que ya enfrentaba dificultades antes de los sismos, ha quedado muy perjudicado, con 35 hospitales y cientos de centros de salud dañados, según MSF. La ONG ha apoyado, hasta ahora, ocho hospitales con kits para atender a unos 4.000 heridos.

“Los venezolanos han dejado atrás su propia emergencia para apoyar a quienes lo necesitaban”, dice Claudia González. “Ha sido una situación que nos ha unido como país, pero que también nos sume en una crisis mucho más profunda que antes del 24 de julio”.

“La ayuda se está organizando mejor”

El despliegue de 3.000 rescatistas procedentes de una treintena de países ha permitido salvar con vida, en los últimos seis días de operaciones, a 12 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. En total, casi 6.500 personas han sido recuperadas, según cifras del gobierno venezolano. Sin embargo, en algunos momentos de la emergencia la coordinación entre los equipos derivó en un complejo caos logístico.

“Hay muy buena voluntad y eso vale mucho, pero en eventos de esta magnitud lo complicado es coordinar todo esto y evitar que haya esfuerzos duplicados”, dice Mattar.

Médicos Sin Fronteras, presente en Venezuela desde 2015 y una de las primeras organizaciones en responder a la emergencia, se desplazó desde el primer momento a La Guaira. “No había nadie cuando llegamos”, dice Arias. “Al día siguiente, empezaron a llegar más actores y el fin de semana ya había muchas organizaciones intentando entrar en La Guaira; tardamos cinco horas en poder acceder”.

En los últimos días, dice Molina, la ayuda “se está organizando mucho mejor, con un control más exhaustivo de quién está entrando, cómo se va a apoyar y la coordinación entre las distintas organizaciones”.

Cifras discordantes

Un interrogante que desde el inicio de la crisis no ha logrado despejarse es la discordancia entre los números publicados por el Gobierno de Delcy Rodríguez y las estimaciones de víctimas fatales y personas desaparecidas. La cifra de fallecidos por el momento está muy alejada de la proyección inicial del Servicio Geológico de Estados Unidos, que estimó un mínimo de 10.000 muertos.

Por su parte, la ONG Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) calculó que los desaparecidos se acercarían a los 50.000, una cifra validada por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Se desconoce, además, cuántos de los desaparecidos habrían conseguido contactar con la familia, pero están bien, y cuántos de ellos están muertos.

Reconstruir Venezuela nos va a costar mucho y necesitaremos el apoyo de la comunidad internacional

Claudia González — gerente Relaciones Interinstitucionales de la ONG World Vision

Los responsables de las organizaciones consultadas, que trabajan en coordinación con el gobierno venezolano, coinciden en que esclarecer las cifras de fallecidos ahora es complejo y toman como base para sus labores los datos oficiales.

“El organismo público no puede certificar una muerte hasta haber finalizado todo proceso [de identificación] y todavía están removiendo cuerpos; en las próximas horas podremos tener una dimensión un poco más clara de la tragedia, que estimamos va a ser mucho más grande de lo que se ha mencionado”, dice Claudia González.

Según Carlos Arias, el cómputo lento de fallecidos es normal porque “depende de la capacidad de los países, la experiencia y la gestión de datos”.

“Mucha ayuda durante mucho tiempo”

El futuro, que por ahora sigue muy incierto, apunta a un escenario de reconstrucción “largo”, coinciden los cooperantes.

“Las necesidades van a seguir: habrá miles de heridos crónicos que requerirán rehabilitación; los problemas de salud mental también van a ser crónicos y urge la reconstrucción del sistema de salud que ha quedado muy dañado y costará mucho dinero”, apunta Carlos Arias. “Venezuela va a necesitar mucha ayuda durante mucho tiempo”.

No hay una cifra concreta del costo de la reconstrucción del país caribeño, pero serán miles de millones de dólares. “Reconstruir Venezuela nos va a costar mucho y necesitaremos el apoyo de la comunidad internacional”, dice Claudia González, que espera que la “reactivación petrolera” ayude en este camino.

“La idea –dice Eloisa Molina– es intentar recaudar lo máximo posible para fortalecer los proyectos locales y acoger dentro de estos a personas que hasta la fecha no los necesitaban, pero que ahora han quedado sin absolutamente nada”.

Para la portavoz y directora de Comunicación de World Vision también habrá que apoyar a los sistemas de vacunación y el regreso de la infancia a la escuela lo antes posible.

“La experiencia nos dice que los niños y niñas que durante un periodo prolongado no pueden volver al colegio, ya no vuelven a incorporarse al sistema educativo”.

De estos diez días de fatiga, tensión y angustia, Rafael Mattar rescata la anécdota de una señora que, apenas vio al equipo de Acnur en acción, se le acercó y le dijo que no sabía que “eso existía”. “No sabía que nosotros existíamos”. Sorprendida por cómo “tanta gente podía estar ayudando en una calamidad como esta”, le abrazó y le dio un beso. “Me conmovió profundamente, la verdad. Eso vale oro”.

Delcy Rodríguez ha completado seis meses al frente del Gobierno interino bajo una “situación excepcional” fuera de los procedimientos constitucionales formales, pero avalada por el Tribunal Supremo de Justicia. El balance revela una gestión fragmentada entre promesas económicas y debilidad estructural. Ahora, los terremotos han interrumpido cualquier ilusión de transición, según algunos expertos.

Para Ricardo Sucre, politólogo venezolano, la gestión de Rodríguez tiene tres fases claramente diferenciadas. Los primeros tres meses, de enero a marzo, funcionaron como un período de “ajuste y construcción de estrategia”. Durante esta etapa, Rodríguez definió dos grandes ejes que simulaban un alejamiento del modelo chavista: una apertura económica al capital extranjero, particularmente estadounidense, y una narrativa de reconciliación que reconocía públicamente “las heridas infligidas por décadas de conflicto político”. El anuncio de dos fondos —social e infraestructura— quedó en suspenso y los resultados visibles de este periodo fueron limitados. La distribución de 300 millones de dólares a través de la plataforma Patria (programa social) funcionó como gesto de voluntad redistributiva, pero insuficiente para alterar percepciones sobre su capacidad operativa real.

Lo que Sucre detectó entonces fue la grieta estructural que definiría los seis meses: “Una visión ideológica que no priorizaba capacidad institucional, sino narrativa”. Las instituciones heredadas del chavismo permanecían intactas en su centralización “represiva”, sus mecanismos de control y su “desprecio” por procedimientos democráticos, dice. Solo cambiaban los discursos. A partir de abril, sin embargo, Rodríguez aceleró las señales de liberalización económica: licencias energéticas concedidas, anuncios de regreso de aerolíneas internacionales —American Airlines, United, Qatar Airways— y apertura del sector petrolero a inversionistas privados. El país comenzaba a “activarse” en los términos permitidos por el modelo estadounidense: energía y movilidad. La narrativa internacional mejoraba ligeramente. La Administración Trump respaldaba la alianza con más énfasis.

Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense

Ricardo Sucre — Politólogo

Pero los indicadores estructurales contradicen el optimismo discursivo. “Los uniformes desgastados de bomberos y rescatistas y la ausencia de tecnología punta, entre otros, revelaban un Estado cuya concepción de la gestión pública permanece limitada por una visión ideológica que no prioriza capacidad institucional, sino narrativa”, sostiene Sucre. Los servicios públicos centralizados siguen colapsados. La represión informativa continúa. Los periodistas son criminalizados bajo denuncias de “espionaje” o “sedición”. El aparato “represivo”, lejos de desmontarse, se reorganiza, sostiene el politólogo.

Operación María Corina Machado

Tras los devastadores terremotos, Rodríguez se ha enfrentado a su verdadera prueba: demostrar capacidad operativa. Sucre cree que la respuesta fue lenta, tardía, insuficiente en recursos: “Familias excavaban con las manos mientras equipos de rescate internacionales llegaban días después. El Gobierno no pudo responder porque estructuralmente no tiene la capacidad: centralización de servicios de emergencia que antes funcionaban descentralizados, decisiones políticas que priorizaron control sobre eficiencia, una élite gobernante que legó instituciones débiles”.

La mandataria trató ayer de sacudirse las acusaciones de lentitud en la respuesta. El caos inicial, dijo en rueda de prensa, es achacable a “laboratorios mediáticos” que sembraron la desinformación. “La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue ‘bajen todos a La Guaira’ para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate”, lanzó.

Sin dar muchos detalles, calificó a los supuestos responsables de “miserables” y declaró que están “ubicados y determinados”. Admitió, no obstante, que los venezolanos “humanamente, y con razón, bajaron a buscar un familiar, bajaron a buscar a un amigo, bajaron a buscar un trabajador”.

Lo más revelador ha sido lo que el desastre ha expuesto de la estructura de poder. El intento de regreso de la opositora María Corina Machado revela lo que Sucre califica como “las verdaderas limitaciones de Rodríguez como gobernante”. Su incapacidad para permitir el ingreso de la opositora expuso que su autoridad es meramente administrativa, subordinada a decisiones tomadas en Washington, que ha obstaculizado el regreso de Machado.

“Rodríguez no gobierna Venezuela, sino que administra un territorio bajo tutela estadounidense”, concluye el analista. Sus decisiones políticas fundamentales requieren aval externo. Su narrativa de reconciliación se desmorona ante la realidad de que está gobernando desde la debilidad, incapaz de ejercer soberanía sobre asuntos tan elementales como permitir el regreso de una ciudadana a su propio país.

En opinión del experto, tras los terremotos, las elecciones están más lejos que antes. La reunión entre Machado y la oposición mayoritaria en Panamá, de donde salió una hoja de ruta, murió ante el intento forzado de la premio Nobel de la Paz de regresar al país para crear un crisis política en medio de la tragedia. Sucre denuncia que Corina Machado y su grupo iban a “montar un show” en La Guaira, epicentro de la devastación. Altos cargos del Gobierno de Trump calificaron el intento de Corina Machado de “oportunismo político grotesco”. “Quiere una foto distribuyendo nuestra ayuda”, denunciaba una de estas fuentes citadas por el medio Axios.

El Gobierno de Rodríguez también ha sido muy criticado por algunos sectores por su gestión del desastre. En un vídeo que circuló en redes se puede ver a Diosdado Cabello conversando con un rescatista estadounidense. “Hay alguien justo allá que estamos intentando ayudar. ¿No quieres que ayudemos a esa persona?”, le dice este último, mientras Cabello parece pedir despejar el camino. Por otro lado, Topos Chile, un grupo no gubernamental, denunció que soldados venezolanos han interrumpido constantemente su labor bajo sospecha de “espionaje yanqui”. Otros grupos internacionales de rescate han informado de dificultades para entrar en el país y alguno ha señalado que no ha podido hacerlo.

La cara de la represión

Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano y miembro de la Plataforma Democrática que apoya a Machado, dice en declaraciones a elDiario.es que cree que la oposición se mantendrá unida y que continuará apoyando el plan de tres fases del secretario de Estado de Estados Unidos: “estabilización, recuperación y transición”. Sin embargo, Trump ha afirmado desde el primer minuto que la apertura democrática del país no está entre sus prioridades.

La opositora denuncia la existencia de 500 presos políticos pese a la liberación de 800 y de la “falta de separación de poderes”. “El poder Ejecutivo y Legislativo está en manos del ‘Rodrigato’ [el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, es presidente de la Asamblea]”, dice Solórzano, que también sostiene que la permanencia de Cabello invalida toda narrativa de ruptura. “No podemos olvidar cómo desde el Mazo Dando, Cabello, de quien dependen los cuerpos represivos del Estado, amenazó a políticos, periodistas y activistas. Tiene a un ministro del Interior que en ese programa decía a quién se iba a encarcelar. El ministro de Interior amenaza desde un canal estatal”.

Carlos Correa, defensor de derechos humanos y la libertad de expresión, identifica lo que él considera el obstáculo más corrosivo para la legitimidad de Rodríguez: la persistencia de “represión” informativa bajo discurso de “apertura democrática”. Aunque hubo mejoras relativas —reducción en detenciones de periodistas, menor cierre de emisoras—, indica que el “ecosistema mediático venezolano permanece deprimido y debilitado”. Durante el terremoto, la desinformación ha sido absoluta. El secuestro de Maduro se conoció por comunicados extranjeros, no por transparencia estatal. “La persistencia de lógicas represivas hacia la prensa mina cualquier narrativa de 'apertura' que Rodríguez intente construir”, señala Correa.

La fractura de la comunicación es irreparable porque es estructural. Mientras el Gobierno “afirma gobernar con transparencia y reconciliación”, simultáneamente “mantiene portales informativos bloqueados, criminaliza a periodistas en zonas de desastre y controla la información de Estado con lógica partidaria”. Correa es categórico: “Sin construcción de 'ciudadanía civil' mediante información transparente, sin comunicación de servicio público que sustituya la comunicación de chuchería, la legitimidad seguirá siendo frágil”. La consecuencia de esta estrategia contradictoria es previsible: “Cualquier gestión exitosa permanecerá invisible, amplificada solo por medios oficialistas, lo que refuerza la percepción internacional de autoritarismo que contradice su posicionamiento político”.

El consenso entre Sucre, Correa y Solórzano revela una verdad incómoda para Rodríguez: es imposible proyectar un gobierno transicional cuando se perpetúan simultáneamente las estructuras anteriores. La apertura económica y las promesas de reconciliación coexisten con la “represión” y la permanencia de figuras como Cabello. El pragmatismo económico se contradice con la incapacidad operativa ante desastres humanitarios. Washington la respalda públicamente, pero ese apoyo expone su falta de soberanía. Los elogios de diplomáticos estadounidenses sobre su “transparencia y preocupación por la gente” generan desconfianza.

Con la entrada de Vox en el Gobierno de María Guardiola han desaparecido las ayudas de cooperación internacional y se ha enterrado la Agencia Extremeña de Cooperación, herramientas con las que la Junta podría estar ya ayudando a Venezuela tras los terremotos. Por eso, el PSOE ha preguntado este jueves en la Asamblea qué actuaciones se van a llevar a cabo para ayudar a ese país. Pero en el transcurso del debate, los socialistas han desvelado el coste que tuvo para las arcas autonómicas la toma de posesión de Guardiola como presidenta, que se celebró en el Anfiteatro de Mérida.

Según los datos hechos públicos por la portavoz del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, la ceremonia tuvo un coste total de 54.000 euros para apenas 20 minutos, lo que se traduce en una media de 1.800 euros por cada minuto de evento. Este gasto ha servido al PSOE para criticar la escala de prioridades del Gobierno de PP y Vox.

Gil Rosiña ha contrapuesto el coste de dicho protocolo con la decisión de la Junta de abandonar el Convenio de Cooperación Descentralizada con el Estado, un fondo dotado con 100.000 euros anuales que permitía coordinar la ayuda ante emergencias humanitarias internacionales, como los recientes terremotos de Venezuela.

Lejos de hacer referencia a ese dato, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha respondido con un duro ataque en el que ha asumido el discurso de la extrema derecha al asegurar que la Junta garantizará la ayuda de emergencia pero de forma directa, ya que a su juicio la cooperación internacional tradicional solo ha servido en Venezuela para enriquecer las arcas “de los jerarcas del régimen”.

Choque por las prioridades del gasto público

“La ayuda de los extremeños no va a ir a apuntalar el chavismo, como ustedes pretenden”, ha replicado Bautista a la portavoz socialista. En su intervención, el vicepresidente extremeño ha ido un paso más allá al exigir al PSOE que no dé lecciones en este ámbito, recordando que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra bajo investigación judicial por su vinculación con el régimen venezolano.

Frente al modelo de convenios estatales que defiende el PSOE, el Gobierno regional ha anunciado que toda la ayuda humanitaria destinada a paliar los daños de los seísmos del pasado 24 de junio se canalizará de forma alternativa a través de la Asociación de Venezolanos en Extremadura (Asovenex), garantizando así que llegue a los ciudadanos y no a estructuras gubernamentales.

Por su parte, los socialistas han insistido en que la salida de Extremadura de estos acuerdos de colaboración con el Gobierno de España despoja a la región de herramientas fundamentales de respuesta rápida. Según Gil Rosiña, con estas decisiones y la previa liquidación de la Agencia Extremeña de Cooperación (AEXCID), el Ejecutivo de Guardiola está desmantelando una “política pública esencial, perdiendo por el camino la especialización y la memoria técnica de décadas de solidaridad extremeña”.

Con este panorama, el PSOE ha exigido una rectificación inmediata para recuperar el convenio de acción humanitaria, mientras que el Ejecutivo da por cerrado el cambio de rumbo en la fiscalización de los fondos destinados al exterior.

El Gobierno de Canarias activará desde este jueves un servicio médico de urgencia de medicina general en La Guaira, Venezuela, para atender a los canarios y sus descendientes y a la población afectada por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Este nuevo recurso se pone en marcha a través de la Unión Canaria de Venezuela, en La Guaira, donde se ofrecerá atención sanitaria básica urgente y se habilitará también un servicio de información y consultas en la oficina descentralizada del Gobierno de Canarias ubicada en esas mismas instalaciones.

El Gobierno de Canarias informa de que el horario de atención será de 8:00 a 17:00 horas.

La consulta contará con equipo médico y con una persona de apoyo encargada de orientar a las familias afectadas, resolver dudas y facilitar la coordinación con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela.

La nota del Gobierno de Canarias indica que la puesta en marcha de este servicio forma parte del plan de actuación que el Ejecutivo autonómico está desarrollando para los próximos tres meses, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades más urgentes detectadas sobre el terreno, especialmente en las zonas más afectadas por los seísmos.

Asimismo, el Gobierno de Canarias inició este miércoles la distribución de las primeras 200 ayudas de emergencia, compuestas por alimentos de primera necesidad, agua y medicación.

Estas ayudas han sido posibles gracias a las donaciones realizadas por particulares, empresas y entidades colaboradoras, y están siendo canalizadas a través de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela hacia las familias y personas damnificadas.

Además en el plan diseñado por el Gobierno de Canarias está prevista la entrega de 100 bolsas de comida en zonas afectadas de Caracas, como El Paraíso y Catia, y otras 100 en La Guaira, en áreas como Tagoao, Las Salinas, Las Tunitas, Catia La Mar, Mosquera, Macuto, Caraballeda y Caribe.

El director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, ha afirmado que la consulta médica en La Guaira permitirá reforzar la atención urgente en una de las zonas más afectadas por el terremoto no solo desde el punto de vista sanitario, sino también para ofrecer acompañamiento y orientación a quienes necesitan saber a dónde acudir y cómo canalizar sus necesidades.

Téllez ha destacado la labor imprescindible que están realizando las entidades canarias en Venezuela y las oficinas descentralizadas, que son los ojos, las manos y la voz de Canarias sobre el terreno“.

Según explicó, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela se ha convertido en el centro logístico de referencia para coordinar la recepción, organización y distribución de las ayudas.

Además el Gobierno de Canarias agradece la solidaridad de las empresas, entidades y particulares que han colaborado para hacer posible esta primera distribución de ayuda de emergencia.

La nota añade que el Gobierno de Canarias mantiene un seguimiento permanente de la situación en Venezuela a través de la Delegación del Ejecutivo autonómico en el país, las entidades canarias y las oficinas descentralizadas.

Esta red está permitiendo canalizar la información, detectar necesidades prioritarias y organizar los recursos disponibles para responder a la situación de emergencia que viven muchas familias en estos momentos, especialmente en La Guaira, Caracas y Miranda.