Abelardo de la Espriella llegó a la presidencia de Colombia el 7 de agosto con una premisa clara: cualquier acercamiento a Venezuela pasaría por Washington. El nuevo mandatario ultraconservador dejó en manos de su principal aliado el rumbo de la relación con el vecino, evitando así tratar con un régimen al que fustigó en campaña. Sin embargo, Donald Trump rompió sus previsiones al reunirse, antes de lo presupuestado, con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. Hoy, mientras la Cancillería en Bogotá trata de redefinir su posición, algunos empresarios ya se anticipan a buscar oportunidades en la apertura gradual de Caracas.

Trump recibió a Rodríguez el pasado 22 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Fue su primer encuentro cara a cara, más de ocho meses después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una quirúrgica operación militar y dejara a la hasta entonces vicepresidenta al frente del país bajo su supervisión.

La Casa Blanca, de hecho, ya había enviado otra señal seis días antes. En su informe anual sobre drogas, Estados Unidos excluyó a Venezuela, por primera vez desde 2005, de la lista de países que, a juicio de Washington, han “fallado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico. Colombia, en cambio, permaneció en ella, aunque con algunas salvedades, junto a países como Afganistán y Birmania.

El nuevo gobierno del radical De la Espriella apenas ha explicado cómo encajan todas estas fichas en su relación con Venezuela. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, fijó en agosto una borrosa posición oficial: “Nuestra aproximación es a través de los Estados Unidos”. Para la politóloga Pilar Gaitán, la frase coincide con una la incertidumbre diplomática. “Estamos en un momento de transición en el poder, en una informalidad total, en una diplomacia que no sabemos hacia dónde va”, explica a elDiario.es.

Delcy Rodríguez y los multimillonarios Gilinski

Mientras Bogotá trata de definir su orientación diplomática, una parte del gran capital privado ya ha avanzado en sus negociaciones con Caracas y Washington. El banquero Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia, según Bloomberg, negoció con la petrolera estatal venezolana PDVSA un contrato a 25 años para explotar el campo Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El camino hacia el contrato pasó sin falta por Washington. Su hijo, Gabriel Gilinski (de 39 años), viajó a la capital estadounidense para tramitar ante el Departamento del Tesoro la licencia que exigían las sanciones vigentes para cerrar un acuerdo petrolero. El terreno ya estaba abonado: el heredero del banquero había visitado Caracas más de diez veces desde su primer encuentro con Delcy Rodríguez, en marzo.

Las negociaciones culminaron el 4 de septiembre en un acto televisado en Venezuela y encabezado por la propia Rodríguez, que invitó a otros empresarios colombianos a seguir sus pasos.

Apenas unas horas después de la firma, y sin desembolsar un solo dólar, según el portal Bloomberg, la familia Gilinski convirtió sus derechos sobre el campo Bare en un paquete de acciones de la petrolera GeoPark valorado inicialmente en 515 millones de dólares.

El canje fue directo: el conglomerado colombiano aportó la estructura contractual que da acceso al proyecto venezolano a cambio de nuevos títulos que le otorgarán, una vez completada la operación, más del 56,3% del capital de la petrolera. GeoPark, con sede administrativa en Bogotá y domicilio legal en Bermudas, asumirá en solitario la inversión para financiar la recuperación del yacimiento.

La compañía tiene hasta diciembre para cumplir las condiciones pactadas con las autoridades venezolanas. La operación depende, por tanto, de las autorizaciones estadounidenses y de la ejecución del acuerdo con Caracas.

Por todo ello queda claro que el ímpetu del avance empresarial colombiano contrasta con la indefinición del Ejecutivo. La internacionalista Sandra Borda lo describe: “Es muy particular que los que estén incentivando la llegada comercial a Venezuela sean los gremios, el sector privado, pero que no le oigas ni una palabra al Gobierno”.

Otra de las escuetas señales oficiales llegó el 1 de octubre. Reunido en Bogotá con la ministra de Minas y Energía, el vicepresidente Restrepo anunció, de nuevo, una agenda para impulsar la inversión en Venezuela: “en el marco de ese relacionamiento Colombia-Estados Unidos-Venezuela”.

Por ahora, la agenda no incluye proyectos concretos. Solo se sabe que se celebrará una ronda de inversión que reunirá en noviembre a empresarios de los tres países en Nueva York, según la prensa colombiana.

El reinicio de las relaciones comerciales avanza, en todo caso, a dos velocidades. Mientras algunos inversores intentan desembarcar cuanto antes, otros sectores de la industria y los servicios exigen certezas jurídicas a largo plazo. Como recuerda Borda: “hacer negocios sin instituciones sólidas es hacer negocios de corto plazo”. El economista venezolano Luis Pacheco sintetiza el dilema con una imagen: “No te puedes dar el lujo de no ir a Caracas, de no tomarte una foto. Pero tampoco ganas nada con tirarte a la piscina si aún está medio vacía”. 

Quienes mejor han capitalizado la apertura, quizás, son las petroleras que nunca se marcharon: Chevron, la española Repsol, la italiana Eni o la francesa Maurel & Prom. E incluso estos gigantes han pisado con cautela: según el economista Pacheco, Chevron solo reinvierte hoy lo que gana en Venezuela sin “arriesgar capital fresco”. La desconfianza tiene raíces hondas que resume así: “Han pasado 27 años de un desastroso manejo corporativo y apenas ocho meses de un nuevo e incierto enfoque”.

Entre las 'trochas' y la apertura de Trump

Venezuela no es un mercado cualquiera para Colombia. Durante la primera década del siglo fue su segundo socio comercial, solo por detrás de Estados Unidos. En 2008, el mejor año de la relación, el intercambio superó los 7.000 millones de dólares.

Pero los roces políticos y los cierres fronterizos redujeron después el comercio. El choque entre Hugo Chávez y el derechista Álvaro Uribe, entonces presidente, terminó en una ruptura de relaciones. Más tarde llegaron el cierre de la frontera decretado por Nicolás Maduro en 2015 y una nueva ruptura diplomática en 2019, esta vez con el conservador Iván Duque en el poder.

Desde entonces, buena parte de la actividad económica saltó a las trochas, como se conoce en la región a los pasos ilegales de la frontera, muchos de ellos controlados por grupos armados. En 2020, durante la pandemia, el intercambio legal tocó fondo: apenas 222 millones de dólares.

La reapertura fronteriza en 2022, tras la llegada del izquierdista Gustavo Petro al poder, cambió la tendencia, pero no devolvió el esplendor perdido. En 2025, el intercambio sumó 1.170 millones de dólares, casi todo en una sola dirección: Colombia exportó 1.071,9 millones. Pero Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá, matiza la recuperación. Más que un crecimiento real, sostiene, hubo un proceso de formalización: “Ese comercio lo empezamos a sacar de las trochas y lo empezamos a pasar por los puentes formales”.

Entre enero y julio de este año, el intercambio creció un 12,8% respecto al mismo periodo de 2025, según la Cámara Colombo Venezolana. El repunte, sin embargo, no garantiza que las empresas colombianas conserven las ventajas que adquirieron durante el aislamiento venezolano.

Rodríguez cita el caso de las golosinas y las bebidas gaseosas colombianas, que ganaron espacio en los anaqueles venezolanos en los últimos años. A su juicio una mayor apertura a los productos estadounidenses podría desplazarlas. Por eso, subraya que las medidas de Trump ofrecen oportunidades, pero también suponen mayor competencia en un mercado que Bogotá aspira a recuperar.

Una realidad bajo la alfombra

La apertura económica tampoco despeja los problemas de seguridad. Para Pilar Gaitán, los más de 2.000 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela representan una realidad que se ha metido “debajo de la alfombra”. Los desplazamientos cotidianos de la población, el contrabando desbordado y los capitales ilícitos mantienen su propia dinámica. Según la politóloga, ninguno de los dos Gobiernos ha activado con eficacia los mecanismos binacionales de seguridad.

Organizaciones criminales y guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) encuentran refugio en territorio venezolano, según ha documentado la inteligencia colombiana. La analista Sandra Borda afirma que la ausencia de presión militar por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas ha permitido que estos grupos se fortalezcan mediante la minería ilegal y el contrabando.

Esta permisividad, sostiene Borda, no responde a un simple descuido de las fuerzas de seguridad venezolanas. Si en un principio pudo estar vinculada a afinidades ideológicas de izquierda, con el tiempo habría evolucionado hacia una alianza de conveniencia económica: una tolerancia mutua que facilita el control de las economías ilegales en la frontera.

Se trata de un equilibrio que, ennopinión de la analista, le permite a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, preservar sus vínculos con los mandos militares, algunos de ellos señalados por su presunta participación en negocios ilícitos y sancionados por Estados Unidos. A Washington, por su parte, le permite mantener el flujo de crudo sin comprometer la estabilidad regional. “El único para el que este equilibrio no es un buen negocio es Colombia”, concluye Borda.

El ELN, además, hace años ya no es un huésped de paso en Venezuela. Ronal Rodríguez explica que la organización criminal ha echado raíces al otro lado de la frontera y hay expertos que explican que se trata de una “guerrilla binacional”: “No andan con fusil al hombro en campamentos, están metidos entre la sociedad civil”. En un reciente foro coordinado por el investigador, el diagnóstico de los expertos fue que “muy pocas cosas han cambiado a través de los años en la frontera”.

Ese es uno de los mayores retos que afronta el presidente De la Espriella, quien prometió arrollar a los grupos armados ilegales y no tardó en sumar a Colombia al Escudo de las Américas, la iniciativa antinarcóticoas impulsada por Trump. 

Mientras la emergencia humanitaria en la frontera colombo-venezolana sigue abierta, el nombramiento del nuevo embajador de Bogotá en Caracas trasluce las prioridades que el Gobierno de ultraderecha mantiene fuera de la agenda oficial. El designado es Jorge Jaller, un ejecutivo sin experiencia en la carrera diplomática cuya trayectoria proviene del Grupo Éxito —la mayor cadena de supermercados de Colombia, propiedad de la francesa Casino hasta 2024—, donde llegó a ocupar la vicepresidencia de retail. 

Además, desde septiembre cuenta con un asiento en la junta directiva de la petrolera estatal Ecopetrol, la compañía más grande del país. Su perfil, netamente corporativo, traza un nuevo rumbo para una de las delegaciones más delicadas de la diplomacia colombiana.

La analista Pilar Gaitán resume la elección de De la Espriella: “El nombramiento es muy diciente. ¿Qué se busca en Venezuela? Negocios”.

La Audiencia Nacional celebra desde este lunes el juicio contra la metalúrgica asturiana Duro Felguera por el presunto pago de comisiones y sobornos millonarios a funcionarios públicos venezolanos que le permitieron adjudicarse la construcción en Caracas de una central termoeléctrica en 2009. Anticorrupción señala que el presidente y el CEO de la compañía española entregaron 105 millones de dólares a quien fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, a través de empresas interpuestas para que este usara su capacidad de influencia en la administración en beneficio de la empresa española.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal fue elaborado por José Grinda, quien fue uno de los objetivos de la presunta trama que se investiga en el caso Leire Díez. Las pesquisas de la UCO se dirigen a saber si pudo haber un acercamiento a Nervis Villalobos por parte de la exmilitantes socialista con el objetivo de que facilitara información comprometedora contra el fiscal a cambio de ayudarle con procesos abiertos en España (este caso Duro Felguera) y de agilizar su expediente de concesión de nacionalidad española. Según refleja un auto del caso Leire Díez, Nervis Villalobos pudo ser quien posibilitara que la trama contactara con Miriam Serrano, la joven que denunció al fiscal Grinda.

Ahora, además de Villalobos, la Audiencia Nacional juzgará también a otro viceministro venezolano: Javier Alvarado Ochoa. Recuerda la Fiscalía que su papel junto al del presidente de la petrolera PDVSA Rafael Ramírez fue clave también a la hora de que la UTE de la que formaba parte Duro Felguera se hiciera con ese megacontrato valorado en 1.500 millones de dólares.

La Fiscalía imputa a Duro Felguera y a quienes fueron sus principales directivos Juan Carlos Torres y Ángel Antonio del Valle un delito continuado de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Para la metalúrgica reclama la imposición de una multa de 160 millones de euros y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, y para ser contratada por el sector público durante dos años.

Mientras, para el que fuera viceministro venezolano, Nervis Villalobos, la Fiscalía solicita la pena de 8 años y 9 meses de cárcel por los delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Además de una multa que supera los 3,6 millones de euros. Su esposa, Milagros Coromoto Torres también se enfrenta a una pena de 2 años y 9 meses de cárcel.

Benito Pérez Buñuel, película dirigida por Luis Roca y producida por Marta de Santa Ana, tendrá estreno en Venezuela. Lo anunció el pasado jueves el periódico El Nacional, haciéndose eco de la rueda de prensa del 30 Festival de Cine Español de Caracas, que arranca el próximo viernes, 16 de octubre. Como adelantó El Nacional, Benito Pérez Buñuel compartirá cartel con las películas más relevantes del cine español reciente, entre ellas, La bola negra, candidata por España este año a los Premios Oscar, El ser querido, Los domingos, Cerrar los ojos y Mi amiga Eva. 

El Festival de Cine Español de Caracas está organizado por Queirós Publicidad y la Embajada de España en Venezuela. Fue presentado la pasada semana en Caracas con presencia, entre otros, del embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete, y el director del festival, José Pisano.

Benito Pérez Buñuel inaugurará las proyecciones del festival el viernes 16 de octubre. Tendrá una segunda proyección el lunes 19. Es la única producción canaria seleccionada en el certamen y la primera vez que un documental canario participa en el festival. La sede del 30 Festival de Cine Español de Caracas es la sala Trasnocho Cultural, principal referencia de la cultura cinéfila de Caracas. 

El largometraje canario sobre las confluencias entre Galdós y Buñuel continuará de gira en Caracas con dos proyecciones más. El 20 de octubre se proyectará en la Escuela Nacional de Cine y el 21 de octubre en el Hogar Canario de Venezuela, institución de referencia en Caracas por los vínculos de Canarias con Venezuela. En estas proyecciones estará presente Dayana Morales, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela. Todas las proyecciones de Benito Pérez Buñuel en Venezuela, único lugar del mundo con una escultura a Galdós de fuera de España, estarán acompañadas de presentación y coloquio por Luis Roca y Marta de Santa Ana.

“Orgullosa y feliz”

La productora, Marta de Santa Ana, se declara “muy orgullosa y feliz porque ”Benito Pérez Buñuel“ se estrene en Venezuela, un país tan importante para nosotros, con una película producida íntegramente en Canarias. Nuestro éxito es la revelación de las confluencias entre dos grandes de la cultura española que no fueron coetáneos, algunas por primera vez, su riqueza visual, profundidad en el estudio y también el amor que se ha puesto y se trasmite en la pantalla. En esta ocasión, quiero agradecer los apoyos de la Embajada de España, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, Fundación Mapfre y Autoridad Portuaria de Las Palmas”.

Para Luis Roca, “es un orgullo que la película siga proyectándose en festivales, proyecciones especiales y escuelas de cine. En el caso de las escuelas, como esta Escuela Nacional de Cine, es muy importante para mí, porque la película esconde una ”clase magistral“ sobre el documental contemporáneo en una de sus múltiples capas.” En junio pasado, la película se convirtió en la primera película canaria proyectada en el Parlamento Europeo, en Bruselas. La proyección contó con asistencia de 200 personas, entre europarlamentarios, representantes de embajadas, responsables de la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas, representantes de comunidades autónomas y canarios residentes en Bruselas. “Pero tan bonito como fue eso, es que la película haya servido de tema para exposiciones y seminarios en los ámbitos educativos de enseñanza secundaria y universitaria,” afirma Luis Roca.

Proyección en el Gabinete Literario

Tras la vuelta de Venezuela, los cineastas grancanarios estarán presentes la proyección de la película en el Gabinete Literario, entidad que frecuentó Galdós y de la cual es Socio de Honor. Será el jueves 29 de octubre a las 19 horas y coincidirá con la celebración del Congreso Internacional Galdosiano, donde participará Luis Roca en el seminario. Ya han confirmado su asistencia personalidades de los ámbitos empresariales, políticos y culturales de la isla. 

Benito Pérez Buñuel combina documental clásico con auto ficción, falso documental y cine de animación. Tras haber ganado tres premios en festivales internacionales y, fuera de España, ha tenido proyecciones en Argentina, EEUU, Uruguay, Colombia, Perú, China, Filipinas, Bélgica, Italia y Ucrania. En Gran Canaria, se ha exhibido en los 21 municipios de la isla. En su financiación han participado Televisión Española, Televisión Canaria, Telemadrid, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Gobierno de España, Ayuntamiento de Madrid, Diputación de Teruel, Ayuntamiento de Calanda, Crea SGR y Fundación Mapfre.

Nervis Villalobos es un exviceministro de energía venezolano que fue captado por la policía patriótica del PP en 2016 para conseguir información contra Podemos y contra dirigentes independentistas catalanes. Era un soldado más para la guerra sucia que desde el Ministerio del Interior se inició contra los adversarios políticos del Gobierno del PP. Los policías prometían la nacionalidad española al venezolano y a su familia a cambio de una determinada colaboración. Pero Villalobos no entregó el material que le pedían para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes o a Podemos, formación política que entonces amenazaba con sus votos la continuidad del PP en el Gobierno. La policía, con ayuda de la Fiscalía, tomó represalias contra él y terminó preso. Toda esta aventura se la contó Villalobos a los diputados del Congreso cuando acudió a declarar en la comisión de investigación sobre la denominada Operación Cataluña.

Aquella guerra sucia ejecutada por una mafia policial a las órdenes del Gobierno del PP sigue impune en los tribunales.

El exviceministro venezolano acabó en la cárcel en octubre de 2018 acusado de blanqueo de capitales por el supuesto saqueo de fondos de la petrolera pública venezolana y por supuestos sobornos en el caso de la empresa Duro Felguera. El juez Juan Carlos Peinado —el mismo que ha llevado a juicio a la mujer del presidente del Gobierno— decretó prisión preventiva para Villalobos. La Audiencia Provincial de Madrid le dejó en libertad unos meses después al considerar que las pruebas y los indicios aportados por el fiscal del caso y el juez instructor eran insuficientes para adoptar una medida tan extrema. El Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo que presentó el abogado de Villalobos y consideró que el auto de prisión que firmó el juez Peinado había vulnerado los derechos del exviceministro venezolano.

Cuatro años después de aquellos hechos, el exdirigente venezolano se cruzó en su camino con Leire Díez, exmilitante socialista imputada como cabecilla de una supuesta trama delictiva a la que el PSOE pagó, según la investigación, para “desestabilizar” procedimientos judiciales que afectaban a sus dirigentes (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) o a los familiares de su líder (esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez). Leire Díez presionó supuestamente a fiscales, jueces o guardias civiles para intentar que hablaran contra sus jefes o forzaran el archivo de las causas abiertas.

La exmilitante socialista utilizó a Villalobos para contactar con una menor que había denunciado al fiscal José Grinda por pedofilia, y para sonsacar al ex viceministro venezolano información sobre los manejos de la policía patriótica del PP en la denominada Operación Cataluña.

La Fiscalía y la UCO investigan ahora si se favoreció a Villalobos desde el Ministerio de Justicia facilitándole en 2025 la nacionalidad que el exviceministro venezolano llevaba solicitando desde 2017. La misma nacionalidad que le prometieron los policías al mando de las cloacas del PP.

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha imputado a Villalobos tal y como le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, y reclama al venezolano que aporte la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Histórica (certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela paterna de nacionalidad española).

La UCO interrogó hace varias semanas por su cuenta a dos funcionarios del Ministerio de Justicia a los que ahora el juez Pedraz cita como testigos. Son José Antonio Ruiz de la Hermosa, subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil desde marzo de 2025, y María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de Nacionalidad y Estado Civil hasta marzo de 2025. El atestado que la UCO de la Guardia Civil envió al juez con estos interrogatorios se fijó en un hecho ocurrido en 2020 sin aparente relación con lo ahora investigado. Fue cuando Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en 2020 y ahora secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, se interesó por el expediente de Villalobos, quien había solicitado la nacionalidad por residencia (llevaba más de dos años viviendo en España).

Cuando a Puente le contaron los antecedentes policiales de Villalobos, la directora general ordenó el 17 de julio de 2020 que se denegase la solicitud. El trato de favor que investigan el juez y la Fiscalía en relación con el caso Leire Díez no pudo ocurrir entonces. Pese a ello, el magistrado Pedraz ha citado como testigo a la subdirectora adjunta de Justicia que estaba en aquel momento y que es quien puede contar si antes de la entrada del Gobierno socialista, su departamento recibió algún tipo de presión por parte de dirigentes del Ejecutivo del PP para conceder la nacionalidad de Nervis Villalobos.

La supuesta trama delictiva de Leire Díez comenzó sus actividades en marzo de 2024. Es imposible que cuatro años antes, cuando no existía la supuesta red corrupta ni en la mente de sus creadores, influyeran en Justicia para favorecer a Villalobos.

El ciudadano venezolano siguió insistiendo en el ministerio para conseguir la nacionalidad. Una vez que el Gobierno socialista se la denegó por residencia, optó por acogerse a la Ley de Memoria Histórica (la llamada ley de nietos) y presentó de nuevo su solicitud el 1 de diciembre de 2023 como nieto de una española, María de Regla Montesquint Arcos, nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 1 de noviembre de 1894. Entre los documentos presentados ante el Registro Civil Central figuraba la fotocopia del pasaporte español de la abuela paterna de Villalobos adverada por un notario que daba fe pública de que ese documento coincidía con el original que se le mostró. El Registro Civil denegó el 7 de mayo de 2024 la solicitud al entender, con una interpretación muy restrictiva de la instrucción sobre la aplicación de la Ley de Nietos, que la abuela paterna de Villalobos no abandonó España entre 1936 y 1955 sino mucho antes y por tanto no se podía acoger a lo establecido en la norma. El exviceministro de Energía de Venezuela recurrió esa decisión y el 21 de abril de 2025 logró finalmente los papeles tras una resolución estimatoria a su recurso interpretando de manera textual lo que figuraba en la instrucción: “Tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo”.

La UCO de la Guardia Civil conoce todos estos detalles porque el pasado junio se presentó en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para recabar la documentación sobre el proceso de nacionalización de Nervis Villalobos.

La Fiscalía buscaría en este procedimiento, a juzgar por las diligencias que ha pedido, demostrar que Nervis Villalobos entregó una documentación falsa para lograr la nacionalidad y que el funcionario hizo la vista gorda. Esa tesis sería insostenible porque Justicia le denegó la solicitud con una interpretación muy restrictiva de la Ley de Memoria Histórica, independientemente de que los documentos mostrados fueran verdaderos o falsos.

El juez Pedraz interrogará a Villalobos el próximo 28 de octubre a las 10 de la mañana. Acudirá a la cita como investigado y con abogado; sospechoso de haber presentado documentación falsa para conseguir la nacionalidad. Si el ciudadano venezolano repite lo que ya contó en el Congreso de los Diputados y en la Audiencia Nacional, el magistrado que investiga una trama corrupta vinculada al PSOE deberá decidir si imputa a miembros de la policía política del PP y al fiscal José Grinda. Villalobos les acusa de ofrecerle todo tipo de prebendas —mejoras en su situación judicial o permisos de residencia para él y su familia— a cambio de airear trapos sucios contra los adversarios políticos del Gobierno del PP: independentistas catalanes y dirigentes de Podemos.

El caso Leire Díez se enreda entre bulos y nuevas revelaciones bajo sospecha. La causa abierta en la Audiencia Nacional investiga la existencia de una trama vinculada al PSOE y dirigida por la exmilitante Leire Díez, quien supuestamente maniobró con ayuda de otros entre abril de 2024 y mayo de 2025 para “desestabilizar” procedimientos judiciales en marcha que afectaban a exdirigentes socialistas (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) y a familiares del presidente del Gobierno (esposa y hermano). El juez Santiago Pedraz ha imputado a dos decenas de personas en este procedimiento, entre ellas a la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

La unidad encargada de investigar el caso, la UCO de la Guardia Civil, es la misma a la que la trama de Leire Díez intentó desacreditar buscando trapos sucios de uno de sus jefes principales, el teniente coronel Antonio Balas.

El último informe de esta unidad incorporado al sumario del caso ha sido utilizado ahora por numerosos medios afines a la derecha para fabricar un nuevo bulo que implica a la actual secretaria general del ministerio de Justicia, Sofía Puente, en el intento de nacionalización del exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, y de paso, su supuesta colaboración con la trama de Leire Díez. Ambas acusaciones son falsas.

El Mundo tituló inicialmente: “La hermana de Óscar Puente habría ayudado a la trama de Leire Díez, según una nota hallada por la UCO: 'Pregunta la directora'. Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica, se habría interesado por el proceso de nacionalización del exiliado venezolano Nervis Villalobos, quien habría colaborado con Díez en el acoso al fiscal Grinda”. Horas más tarde eliminó esa idea del titular, e incluyó una versión distinta dentro del texto. VozPópuli: “La hermana de Puente usó su cargo en Justicia para interesarse por la nacionalización de un exviceministro chavista. La UCO subraya que Sofía Puente seguía de cerca la tramitación del expediente de Nervis Villalobos, en la que pudo intervenir Leire Díez”. El Debate: “La UCO documenta el interés de Sofía Puente por la nacionalización de un exviceministro chavista en la que trató de influir Leire Díez”.

Todos estos medios, y otros como Libertad Digital u Onda Cero, basan su información tergiversada en el informe de la UCO, donde se recoge un correo electrónico que envía un funcionario del ministerio de Justicia contando que la entonces directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente, se interesó por la situación del expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos el 15 de julio de 2020. Ninguno de esos medios aclara que cuando Sofía Puente recibió la respuesta a su pregunta, con informes policiales sobre los antecedentes del exdirigente venezolano, la directora general ordenó expresamente el 17 de julio de 2020 que se le denegara la nacionalidad.

Pero es que, además, cualquier vinculación de esa actuación de Sofía Puente con la trama de Leire Díez, como se sugería en esos medios, es pura ciencia ficción porque cuando sucedieron los hechos —la denegación de la solicitud de Nervis Villalobos ocurre el 17 de julio de 2020— faltaban aún cuatro años para el nacimiento de la red delictiva vinculada al PSOE que ahora investiga la Audiencia Nacional. Ni siquiera estaba en proyecto. El primer contacto de Leire Díez con Nervis Villalobos se produce en el verano de 2024, según la propia investigación. 

La Guardia Civil pretendía conocer si hubo un trato de favor en la concesión de nacionalidad al exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, quien residía en España desde 2014. La UCO citó como testigo a un subdirector general de Justicia encargado de esos trámites e incorporó junto a su escrito con la transcripción del interrogatorio un correo electrónico de 2020 que acreditaba el interés de Sofía Puente por el expediente del dirigente venezolano. Pero esos hechos en ningún caso podrían tener relación con la trama que dirigía Leire Díez y que empezó a funcionar en abril de 2024, tras una reunión mantenida en la sede socialista de la calle Ferraz con quien entonces era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El interés del Gobierno del PP

Villalobos, según la investigación, colaboró a partir de 2024 con la trama de Leire Díez para desacreditar al fiscal José Grinda, quien a su vez había impulsado una causa penal que llevó al exdirigente venezolano a la cárcel, de la que salió posteriormente por decisión de instancias superiores.

Quién en realidad se interesó desde el principio por el expediente de Villalobos en Justicia fue el Gobierno del PP a través de la policía política que funcionó durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el ministerio del Interior. Villalobos solicitó la nacionalidad a mediados de 2017 y el Gobierno del PP acabó su mandato tras la moción de censura de julio de 2018 sin aprobar la solicitud del exdirigente venezolano. Desde entonces y ya bajo Gobierno socialista, el ministerio de Justicia ha denegado las distintas solicitudes de nacionalización de Villalobos hasta que en abril de 2025, a raíz de un recurso del venezolano demostrando que era nieto de española y acogiéndose a la Ley de 2022, el exviceministro de Energía en el Gobierno de Hugo Chávez consiguió la nacionalidad.

Villalobos fue captado por la policía política del PP en 2016 para que aportara información sobre el dinero que Jordi Pujol ocultaba en la Banca Privada de Andorra o sobre los pagos del régimen venezolano a los dirigentes de Podemos. Estos hechos están acreditados en diferentes investigaciones judiciales. El exviceministro venezolano llegó a declarar en el Congreso de los Diputados: “A mí se me ofreció que si yo podía colaborar con la policía española se me podía ayudar con los trámites de residencia y nacionalidad, tanto míos como de mi familia”. Pero Villalobos nunca tuvo la información contra Podemos o Jordi Pujol que buscaba la policía política durante el mandato del PP para desacreditar a sus adversarios. Esos hechos, ahora resucitados por el informe de la UCO, siguen impunes en los tribunales de Justicia.

“Una reunión histórica”. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha difundido en X una foto, sonriente, con el presidente de EEUU, Donald Trump, del encuentro que han mantenido los dos en el hotel Lotte New York Palace, donde el presidente norteamericano ha organizado una recepción para los líderes que han acudido a la Asamblea General de la ONU.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad y otros asuntos de interés común”, ha dicho Rodríguez en X.

La presidenta interina, al tiempo que celebra la reunión con Trump y la califica de histórica, no menciona ni muestra intención de visitar al presidente de su país, Nicolás Maduro, en una cárcel de Brooklyn tras ser secuestrado por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero, en un ataque en el que murió un centenar de personas, entre ellos 37 soldados cubanos.

“Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su Gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de nuestro país en los espacios multilaterales. Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo. Seguiremos impulsando una diplomacia al servicio del interés nacional, orientada a alcanzar resultados concretos y beneficios colectivos para el pueblo venezolano”.

Al llegar a Nueva York este pasado domingo, afirmó Rodríguez: “Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones. En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento. Somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes”.

Fuentes de la Casa Blanca informaron de que en la reunión con Rodríguez, a puerta cerrada, participaron el presidente de EEUU, el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y Stephen Miller, asistente del presidente y subjefe de gabinete.

Y todo esto lo ha dicho la presidenta interina en un contexto en el que el presidente de EEUU calificaba este martes en la Asamblea de Naciones Unidas a Maduro como un “dictador fuera de la ley”, mencionó que cientos de presos políticos habían sido liberados desde su secuestro y presentó dicha operación como prueba de que Estados Unidos emplearía su “incomparable poderío militar” para proteger sus intereses.

“Al vencedor le corresponde el botín”, afirmó, describiendo el acuerdo petrolero que su administración firmó con Caracas el mes pasado como “quizás el mayor acuerdo jamás realizado”. Trump ha expresado su deseo de que fluyan 100.000 millones de dólares en inversiones hacia la industria petrolera venezolana.

Rodríguez llegó a Nueva York el lunes junto a una delegación que ha estado manteniendo conversaciones sobre energía, minería y deuda con funcionarios estadounidenses, organismos multilaterales de crédito y empresas, según diversas fuentes, informa Reuters.

El titular del Banco Interamericano de Desarrollo trabaja para lograr la aprobación de un préstamo de 2.500 millones de dólares para Venezuela, aunque se ha encontrado con la oposición de algunos miembros de la junta directiva de la institución.

La cita llega después del acuerdo por el que Venezuela ha cedido a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras. Es el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá, informa Efe.

Recientemente, se ha anunciado un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

Acercamiento de Rodríguez a Sánchez

La presidenta encargada de Venezuela se ha acercado este martes a saludar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde le ha pedido poder seguir hablando sobre la situación política en Venezuela. El presidente le ha garantizado el compromiso de España con su país y con el futuro de la región, según fuentes de Moncloa.

En principio, no está previsto que haya un encuentro entre ambos en Nueva York más allá de esta charla, que es la primera conversación cara a cara que mantienen ambos mandatarios, ya que hasta ahora solo habían trascendido dos conversaciones telefónicas desde que Rodríguez se hizo cargo de la presidencia del país en sustitución de Nicolás Maduro, secuestrado ilegalmente por Estados Unidos y actualmente preso en una cárcel de Nueva York.

La primera de ellas tuvo lugar el 9 de enero, y en ella Sánchez trasladó a la presidenta encargada venezolana el apoyo de España a una transición pacífica, dialogada y democrática en su país, y Rodríguez le planteó trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para España y Venezuela.

La segunda conversación tuvo lugar el pasado 25 de junio tras los terremotos sufridos por Venezuela y en ella Sánchez ofreció la ayuda que fuera necesaria por parte de España y le trasladó la solidaridad con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.

Delcy Rodríguez podría viajar a España el próximo mes de noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana que albergará Madrid los días 4 y 5 de ese mes.

Hotel rural con piscina; “zona wellness” y sala de conferencias; bodega, almazara para producir aceite con zona de catas, showroom o sala polivalente; picadero interior con grada y pabellón de caza; “edificio lodge, destinado a actividades cinegéticas y náuticas” a orillas del pantano de San Juan...

Son algunas características del proyecto enoturístico en suelo protegido que intentó promover en 2019 en Cebreros (Ávila) una empresa del millonario venezolano Pedro Trebbau, socio y primo del nuevo virrey petrolero de Donald Trump, Alejandro Betancourt, y reclamado como este oligarca por la Fiscalía española por un presunto fraude masivo para blanquear fondos procedentes de contratos multimillonarios obtenidos en la etapa de Hugo Chávez.

Trebbau, exponente de los denominados ‘bolichicos’ (jóvenes empresarios que se hicieron multimillonarios con la corrupción chavista), no vio materializarse el proyecto porque lo vetó el Ayuntamiento de Cebreros tras otorgarle la Junta de Castilla y León en marzo de 2020 una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la promotora y propietaria de la finca, Global Haswell SL.

Esta empresa es una de las sociedades que ha administrado en los últimos años para la pareja de primos venezolanos José Antonio Jordano, abogado cordobés con vínculos con el PP que fue clave en el desembarco de Betancourt en empresas españolas como Hawkers o Auro. Jordano apela a la confidencialidad de sus clientes y señala que a Trebbau “lo conoce todo el mundo en Cebreros”: “Ha hecho mucho por desarrollar la actividad y hacer cosas allí”.

Global Haswell no informa de quién o quiénes son sus dueños. Se creó en 2018, cuando ya habían salido las primeras informaciones sobre investigaciones contra Betancourt y su primo por posible blanqueo. En julio de 2018, con Jordano como administrador, y junio de 2019, adquirió sendas fincas rústicas en este municipio de 3.000 habitantes, conocido por ser la localidad natal del expresidente Adolfo Suárez y muy castigado por los incendios de este verano en la Sierra Noroeste de Madrid y Gredos.

El 2 de marzo de 2020, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta emitió DIA favorable al proyecto básico para construir un hotel rural con bodega, almazara para la producción de aceite e instalaciones para la producción de piñón en la finca Santa Leonor, a doce kilómetros del núcleo urbano de Cebreros. El proyecto de Global Haswell, con una superficie construida de unos 4.000 metros cuadrados, constaría de “seis edificios, o grupos de edificios”, de los cuales los dos módulos que conformarían el edificio principal y el denominado “lodge” serían de nueva construcción y el resto, rehabilitados.

El volumen principal tendría una superficie útil de 905 metros cuadrados, con recepción, seis habitaciones dobles y tres suites, salones privados o patio polivalente. En el volumen anejo, de casi 1.000 metros, se proyectaron las estancias de recepción auxiliar, salón cafetería, “zona wellness”, estancia destinada a alojar al personal, aseos, cuarto de instalaciones, garajes, zona de restauración o terrazas abiertas. “También contará con zona audiovisual para charlas, exposiciones y conferencias”, dice la DIA favorable que la Junta otorgó tras imponer una serie de condiciones pese a sus afecciones a la Red Natura 2000, por entender que este proyecto en zona ZEPA (de especial protección para las aves) era compatible con los objetivos de conservación establecidos en el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, y el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica.

Pese al aval del Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco, el proyecto no llegó a ver la luz. El Ayuntamiento de Cebreros paralizó la licencia tras una denuncia de Ecologistas en Acción, que argumentaba que estaba en peligro la conservación de un espacio protegido de 130 hectáreas de pinar. “Ese tema se paró”, confirma al teléfono el alcalde de Cebreros desde 2015, Pedro José Muñoz, histórico ex del PSOE (fue líder provincial y diputado nacional cinco legislaturas), expulsado en 2022 tras negarse a acatar la decisión del partido de apartarle de la portavocía de la Diputación abulense.

La finca de Global Haswell, bañada por los ríos Alberche y Cofio y el citado embalse de San Juan, está muy cerca de la que tiene allí el expiloto de rallies Carlos Sainz, hijo adoptivo de Cebreros junto a su hijo, el piloto homónimo de Fórmula 1. El año pasado, la empresa inició la tramitación urbanística para un proyecto de rehabilitación y ampliación de la vivienda existente en la finca. A partir de 2021 también inició varios expedientes de “legalización” de edificaciones ya construidas en “Las Cabreras de Santa Leonor”, que se publicita todavía hoy en una rudimentaria web: “Bienvenidos”, dice, y ofrece actividades de caza, paseos en barco y “opciones personalizadas para celebraciones y eventos”. El teléfono de contacto es un improbable “+1 (234) 567 890”. La dirección de mail devuelve los correos al remitente.

Comisión rogatoria

Según documentación oficial, en 2025 el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional prohibió cautelarmente disponer de la finca en el marco del procedimiento derivado de la Comisión Rogatoria 12/2025. Es posible que esa orden llegara tarde. Según el Registro de la Propiedad, las dos fincas de la empresa se hipotecaron a finales de 2024 en favor de Riscaldos Inversiones SL, Quinto Capital SL y Avanza Four Invex SL. El valor de subasta se fijó en 7.197.583,95 euros.

Jordano fue hasta 2024 representante de Global Haswell en otra mercantil cuyo nombre remite a esa localidad abulense, Rural Homes Cebreros SL. Al teléfono, reconoce que trabaja “hace muchos años” para Trebbau, como ha hecho para Betancourt y “muchos otros extranjeros que no están en España y necesitaban alguien que les lleve la gestión de la sociedad y firmar y la notaría y hacer las cuatro cosas de las obligaciones legales de las compañías”.

Jordano niega ser el “hombre de paja” de Trebbau en Global Haswell. “Tendría que ser yo el dueño de esa sociedad”, dice este abogado, que es hijo de Diego Jordano (fallecido ex presidente del PP de Córdoba y diputado cuatro legislaturas) y hermano de un asesor de confianza del alcalde popular de Córdoba. También es cuñado y socio en varias empresas de Jaime Pérez, director de Arquitectura del Gobierno de Murcia hasta hace tres años.

Sobre el procedimiento en la Audiencia Nacional, Jordano señala que “se decretó el archivo, que yo sepa y hasta donde yo conozca, porque yo no llevo temas procesales”. “Se ha presentado un recurso por el Fiscal contra el archivo y ahora tiene que resolver, pero a día de hoy la causa está sobreseída y archivada”.

Trebbau fue junto a su primo socio fundador de Derwick Associates, que entre 2009 y 2011 se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas que le adjudicó el chavismo para aliviar la grave crisis energética que aún hoy sufre Venezuela. El sobreprecio, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones. Varias plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

A ambos se les acusa de comprar turbinas de segunda mano y facturarlas como nuevas, y de sobornar junto a sus socios a tres funcionarios de la estatal venezolana PDVSA con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo.

Ese dinero acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España, según pretende demostrar Anticorrupción. Mientras Betancourt compró la finca El Alamín en Toledo, con castillo y plaza de toros privada, y que perteneció al expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, Trebbau adquirió esta finca en Cebreros a través de esa sociedad que administra Jordano.

Este abogado cordobés sustituyó a Trebbau en 2021 como administrador único de Eiffel Real Estate, que cerró ese año con activos de 7 millones. En 2019 era dueña de un lujoso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, tras el Museo del Prado. Aunque en teoría es una inmobiliaria, actualmente no tiene edificios ni suelos a su nombre, según el Registro de la Propiedad.

La Fiscalía española está encontrando fuerte resistencia de Estados Unidos en la investigación sobre Betancourt y su entorno que archivó en marzo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. La Sala de lo Penal obligó a reabrir hace unos meses esa causa, que deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo, que a su vez proviene de una investigación en EEUU donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

Juan Antonio Olazabal Gómez (1904-1963) fue interventor general del Departamento de Hacienda del Gobierno de Euzkadi. Nacido en Bilbao, poco se sabe de sus primeros años, aunque habría empezado a trabajar en el Banco de Vizcaya, quizá de botones, siendo joven. Prácticamente dos décadas después, en 1937 y ya en plena Guerra Civil, constaba como integrante del consejo de administración.

Cuenta el libro que el Departamento de Hacienda del consejero Eliodoro de la Torre estaba incrementando el control sobre los bancos. 'Juanito', como se le conocía, fue nombrado interventor general del departamento, con funciones como “inspeccionar y coordinar los servicios administrativos de los demás departamentos en relación con el de Hacienda”, cerciorándose de que se reducían las duplicidades y se ahorraban gastos.

Presentó su dimisión en mayo de ese mismo año alegando que había de incorporarse a filas, pero al parecer no fue aceptada. Si bien gran parte de los integrantes de Hacienda huyeron ante el avance de los sublevados, él se quedó en la capital vizcaína y formó parte de una delegación general del departamento creada entonces mismo.

En algún momento, escapó a Francia, donde se encontraba una vez concluida la contienda. Pergeñó planes para evacuar a centenares de personas a Venezuela, país al que él mismo arribó en agosto, con la encomienda de ejercer de delegado provisional tanto del Gobierno de Euzkadi como del PNV.

“Por mandato del EBB del PNV [la Ejecutiva del partido] encabezaba la comisión de control de la emigración vasca en aquel país”, señala el libro sobre sus atribuciones en Caracas. Estaba encargado, además, de vigilar las inversiones del Ejecutivo vasco en aquel país y fue también corresponsal del periódico 'Euzko Deya'. Mientras las autoridades franquistas lo sancionaban con una docena de años de destierro y la pérdida de todos sus bienes, él siguió impulsando negocios en Venezuela.

Estallada la Segunda Guerra Mundial, participó del Servicio Vasco de Información y de los acuerdos para brindar datos al espionaje estadounidense. “Se introdujeron en repetidas ocasiones en la Embajada española en Caracas, en cuya caja fuerte localizaban documentación de utilidad, la fotografiaban y la remitían a los norteamericanos”, apunta la obra.

Con dificultades para dedicarse a la propaganda política en Venezuela, estuvo más centrado en los negocios (con variopintas intentonas: papel, cemento, seguros...) y las inversiones. Boxeador y árbitro, fue uno de los fundadores de la federación de ese deporte en Bizkaia. Murió en Caracas, sin haber regresado nunca a casa, en 1963, a los 59 años.

Un abogado andaluz ha sido una figura clave en varios negocios en España del controvertido magnate venezolano Alejandro Betancourt, el nuevo zar petrolero de Donald Trump, al que la Fiscalía española investiga por blanqueo y un fraude multimillonario.

El abogado en cuestión se llama José Antonio Jordano, administrador de varias sociedades vinculadas a Betancourt y a su primo y socio Pedro Trebbau, otro de los denominados ‘bolichicos’ (jóvenes empresarios que se hicieron multimillonarios con la corrupción chavista) al que Anticorrupción atribuye también ese presunto fraude.

A Jordano, que está conectado con el PP por vía familiar, se le podría definir como el hombre en la sombra de Betancourt en España. Él lo niega. “Lo conozco desde hace años, he colaborado con él echándole una mano en las inversiones y operaciones que tenía aquí en España” y “sigo teniendo relación personal, pero a nivel profesional no tengo ya las sociedades que llevaba antes para él”, afirma al teléfono.

“Le tengo mucho cariño a él y a su familia, pero no tengo una relación de tú a tú”, dice Jordano, que asegura que nunca ha militado en el PP y que llegó a afiliarse “hace años” a Ciudadanos. “No sé qué conexión o relación puede haber entre la política y el desempeño privado que yo hago como abogado con clientes desde hace diez años”.

Este cordobés de 46 años (como Betancourt) fue director Legal de Auro, la empresa de VTC (vehículos sin conductor) de la que Uber compró un 30% en 2025 por 220 millones de euros. El oligarca venezolano (que ya no es accionista, según Jordano) invirtió en ella alrededor de 2017, tras hacerse de oro con multimillonarias adjudicaciones bajo sospecha en la etapa de Hugo Chávez.

Jordano también es secretario no consejero en Playtomic, start up para reservar pistas de pádel fundada por Betancourt y su amigo y socio en España Félix Ruiz, creador de Auro y de la extinta red social Tuenti. El nombre de Jordano figuraba en un reportaje de El Confidencial sobre “los verdaderos ganadores de las 'guerras del taxi”“ publicado en 2018.

Y fue uno de los primeros administradores (hasta abril de ese año) de la luxemburguesa Ming International, dueña del 84,54% de Saldum Ventures SL, matriz de la inversión más conocida de Betancourt en España, la marca ilicitana de gafas de sol Hawkers, que el venezolano preside y controla y en la que entró junto a Félix Ruiz y el cofundador de Tuenti, Hugo Arévalo, en 2016.

En mayo de ese año, Jordano fue nombrado director de la dueña del 100% de Ming International, Gainsboro Developments SA. También luxemburguesa, según sus últimas cuentas disponibles, que no ha presentado hasta este año, a cierre de 2023 tenía un 29,3% de Auro, el 23,8% de otra start up en la que invirtieron Betancourt y Ruiz, la plataforma de empleo Jobandtalent, o el 47,6% de Rosa de los Vientos Luxury Cars, que Jordano liquidó en enero (era su administrador único) y de la que fue socio único José Antonio Parrondo, expresidente de Auro y polémico exjefe del taxi que saltó al negocio de las VTC y acumula múltiples demandas y una detención policial en los últimos años.

En Luxemburgo, Jordano fue nombrado en mayo de 2016 administrador de Umber Overseas Investment, dueña de un 5% de Jobandtalent hasta que vendió su paquete en 2020. Varios medios la vincularon en su día a Betancourt. El cordobés niega que el oligarca estuviera tras esa firma luxemburguesa, liquidada en 2024 por orden judicial tras incumplir “gravemente” sus obligaciones, como presentar cuentas (nunca lo hizo), según documentación oficial en el Gran Ducado.

Jordano figuró como único accionista de Umber Overseas hasta 2017. Le sustituyeron dos opacas entidades panameñas, New Magic Group Inc y Beefield International Foundation, constituida en 2014 por una sociedad de Islas Vírgenes (Zumaque LTD). Según contó en 2019 Infolibre, la primera de esas entidades panameñas fue el vehículo utilizado en 2017 para inyectar dinero a Auro por Trebbau.

El primo de Betancourt, al que la Fiscalía también reclama en esa causa de supuesto blanqueo y fraude fiscal, era socio del nuevo virrey petrolero de Trump en la empresa que copó esas adjudicaciones milmillonarias del chavismo, Derwick Associates. Jordano sustituyó a Trebbau en 2021 como administrador único de Eiffel Real Estate, que cerró ese año con activos de 7 millones. En 2019 era dueña de un lujoso apartamento en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, detrás del Museo del Prado y cerca del parque de El Retiro. En teoría es una inmobiliaria, pero actualmente no tiene edificios ni suelos a su nombre, según el Registro de la Propiedad.

“En diez años que llevo trabajando con él y con Pedro, a mí nunca jamás me han llamado de Hacienda, ni de la Seguridad Social, ni de Fiscalía, ni de la Polícia”, dice Jordano.

Nexo con el PP

La vinculación de este abogado con personas de la órbita del PP alcanza varias empresas que administra junto a su cuñado, Jaime Pérez Zulueta, director general de Arquitectura del Gobierno de Murcia de septiembre de 2019 a septiembre de 2023.

Entre ellas, Boom Armmo Technologies SL, que constituyeron en Marbella el 26 de marzo. Su nombre remite al fabricante español de drones Armmo, con sede en la misma calle. Según Jordano, la montaron para una inversión que no se ha materializado al no haber acuerdo con el fundador de Armmo, el malagueño Jaime Abrisqueta. Esta empresa acaba de anunciar más de 20 millones de inversión en una fábrica en Zafra (Badajoz) que visitó en agosto el consejero de Economía extremeño.

El cuñado de Jordano comparte negocios con el marbellí Félix Ruiz, su socio hace años en franquicias de las tabernas Volapié. En febrero de 2019, poco antes de que se convirtiera en alto cargo del Gobierno del popular Fernando López Miras, Infolibre reveló que Pérez Zulueta, de profesión arquitecto, era socio minoritario de Auro. Su declaración de bienes tras el cese no está disponible en la web de Transparencia del Gobierno de Murcia. Su Consejería de Presidencia no ha atendido a este medio.

José Antonio Jordano está muy vinculado al PP por vía familiar. Su padre era el abogado especialista en derecho de la Empresa Diego Jordano, fallecido en 2023, presidente del PP de Córdoba (1986-1993), secretario general del PP andaluz (1990-1993) o diputado en el Congreso cuatro legislaturas (1986-2000). Su hermano Diego trabaja en el Gabinete del alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido. Hasta este año era coordinador general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que preside el primer edil cordobés. También consejero de la funeraria municipal, figura en la web del PP cordobés como miembro del consejo asesor de su comité ejecutivo provincial.

En Andalucía, José Antonio Jordano ha sido consejero y es secretario de Utamed, primera universidad privada online de la región, fundada por el fallecido consejero de Educación Javier Imbroda (de Ciudadanos), y que posteriormente fichó al exlíder de ese partido, Albert Rivera, para dar clases de liderazgo.

Sin relación con Betancourt o Félix Ruiz, y definida en 2023 por el PSOE andaluz como “el algarrobico del sistema universitario”, los informes en contra que acumulaba no impidieron el visto bueno del gobierno de Juanma Moreno. El presidente de Utamed es otro habitual del ecosistema andaluz de start ups, el malagueño Francisco Ávila, fundador de MEDAC, red de academias de FP que compró el fondo de inversión KKR.

elDiario.es contactó con el fondo con sede en Panamá que canaliza varias inversiones en España de Betancourt y los fundadores de Tuenti, O´Hara, sin obtener respuesta.

Opaco contrato

Con pasaporte venezolano e italiano, el nuevo “virrey” del petróleo venezolano ha sido clave para lo que Trump llama el acuerdo petrolero “más importante de la historia mundial”. El opaco contrato entrega a NABEP, empresa de Barbados controlada por Betancourt, la concesión para explotar 17 campos petroleros venezolanos con unos 65.000 millones de barriles de crudo, casi una cuarta parte de las reservas del país. El Pentágono recibe un 35% de la compañía y se asegura buena parte de ese crudo a precio de coste.

El acuerdo ha provocado enorme polémica dentro y fuera de Venezuela, entre otras cosas por la elección de un empresario con causas activas en España y Suiza y por cómo se hizo multimillonario antes de cumplir los 30.

Entre 2009 y 2011, Derwick Associates se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas que le adjudicó el chavismo para aliviar la grave crisis energética que aún hoy sufre Venezuela. El sobreprecio, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones. Varias plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

A Betancourt se le acusa de comprar turbinas de segunda mano y facturarlas como nuevas, y de sobornar junto a sus socios a tres funcionarios de la estatal venezolana PDVSA con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo.

Ese dinero acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España, según pretende demostrar Anticorrución, que está encontrando fuerte resistencia de Estados Unidos en la investigación que archivó en marzo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. La Sala de lo Penal obligó a reabrir hace unos meses esa causa, que deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo, que a su vez proviene de una investigación en EEUU donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

Hasta mayo, Betancourt tenía prohibido abandonar Reino Unido (donde está afincado hace años) mientras intentaba evitar una petición de extradición de Suiza. El Washington Post reveló que altos funcionarios estadounidenses intervinieron directamente para resolver la causa penal suiza contra él sin que enfrentara cargos y levantar las restricciones de movimiento que le mantenían encerrado en sus dos mansiones en Chelsea (Londres) y en la zona rural de Oxfordshire. 

En 2014 un juez de Nueva York absolvió a Betancourt de las acusaciones de corrupción que formuló un ex alto diplomático estadounidense contra él y otro empresario venezolano, Francisco D'Agostino, definido como figura clave en las operaciones de Derwick, y que asesoró al pederasta Jeffrey Epstein para inversiones petroleras en Venezuela.

Cuñado de Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto más conocido del dictador Francisco Franco, D'Agostino invirtió en un banco africano (BDK) junto a, entre otros, Betancourt, Alberto Cortina (ACS) y su hijo Pelayo Cortina Koplowitz, a su vez vinculado a la petrolera IPISA, también relacionada con Betancourt. IPISA logró asociarse con una filial de PDVSA. La pilotaba un abogado muy cercano al PP, el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, condenado en el caso Gürtel.

D'Agostino se dedica últimamente a promover corridas de toros en Mallorca. La tauromaquia también conecta este mapa de relaciones. En 2025 Félix Ruiz compró la plaza de toros de Puerto Banús (Málaga). La operación la asesoró Jordano, quien se ha alternado con su hermano en la gestión de Cosso Espacio Cultural SL, proyecto de restauración en la plaza de toros de Córdoba, de la que fue presidente once años su padre, gran aficionado al toreo. Diego Jordano lo promocionaba en 2012, poco después llegar el PP a la alcaldía.

En su finca toledana El Alamín, que cuenta con un castillo y 1.400 hectáreas, y subastada en su día por unos 24 millones tras ser expropiada al expresidente de CEOE Gerardo Díaz Ferrán, dueño entonces de la quebrada Viajes Marsans, Betancourt tiene una plaza de toros privada. La madre del oligarca y su hermanastra mantuvieron sendos noviazgos con el fallecido torero Palomo Linares y uno de sus hijos, Miguel.

La delegación de la oposición venezolana regresa a Caracas este martes 15 de septiembre para abrir la segunda ronda de negociaciones con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Jorge Millán, diputado opositor, cuenta que este es el octavo proceso formal en busca de una salida democrática para Venezuela. Los siete anteriores fracasaron. Millán cree que este no correrá la misma suerte, y esa confianza, con matices, la comparten hasta los analistas más escépticos.

Washington impulsó la mesa en agosto, siete meses después de la captura de Nicolás Maduro por una operación militar estadounidense. A un lado se sienta el Gobierno interino, con Jorge Rodríguez al frente; al otro, la Asamblea Nacional elegida en 2015, el último Parlamento con mayoría opositora, encabezada por Dinorah Figuera. Los ganadores de las elecciones de julio de 2024 no están. La primera ronda (Caracas, 6-12 de agosto) terminó con dos acuerdos: renovar por completo el Tribunal Supremo, cuyos magistrados responden al chavismo, y recuperar el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra para atender la emergencia de los terremotos (24 de junio).

Ahora las partes evaluarán los avances de la reforma de la ley del Tribunal Supremo y abrirán el capítulo de las garantías políticas: las inhabilitaciones que impiden a dirigentes opositores presentarse a elecciones y la judicialización de los partidos, la entrega por orden judicial de sus siglas y sus tarjetas electorales a directivas afines al Gobierno. Discutirán también la derogación de leyes como la Ley contra el Odio o la que controla a las ONG. Millán explica que cada ciclo dura una semana y va seguido de una fase de implementación. Más allá de eso, los detalles son escasos: las conversaciones son privadas y los negociadores solo hablan en términos generales.

Pero el diputado da por hecho que esta vez sí funcionará. “Estamos optimistas con este proceso porque las cosas cambiaron después del 3 de enero. Está claro que no fue cualquier cosa: un presidente de facto fue apresado y hoy está ante la justicia norteamericana. Esa circunstancia redefinió la situación política venezolana. Creemos que el apoyo de Estados Unidos al proceso de diálogo es una garantía en sí misma para que tenga éxito”, dice a elDiario.es. Jesús Seguías, presidente de la encuestadora Datincorp, lo explica con menos entusiasmo. Los procesos anteriores fracasaron, sostiene, porque no había un garante con poder vinculante. Estados Unidos, que describe las conversaciones como facilitadas por Washington, tiene una capacidad de presión sobre las dos partes que ninguno de los mediadores anteriores tuvo.

La lista es larga. La OEA y el Centro Carter acompañaron una mesa tras el golpe de 2002; Unasur y el Vaticano mediaron en 2014; en 2016, un delegado del papa Francisco y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Zapatero siguió en Santo Domingo (2017-2018), donde las conversaciones se rompieron por las condiciones electorales. Noruega facilitó las rondas de Oslo y Barbados (2019) y las de México (desde 2021), que desembocaron en el Acuerdo de Barbados de 2023 sobre las elecciones de 2024, que el Gobierno se adjudicó sin publicar las actas. Ninguno de esos mediadores tenía intereses propios en Venezuela ni podía obligar a cumplir lo firmado.

El negocio antes que la democracia

Los dos entrevistados coinciden en que la Casa Blanca antepone sus propios intereses —la estabilidad, la seguridad energética, sus objetivos geopolíticos— a la democracia venezolana. Marco Rubio lo dijo ante el Senado el 28 de enero: el objetivo final es «una Venezuela amistosa, estable, próspera y democrática». El orden de los adjetivos no parece casual. Según explicó Seguías a elDiario.es: “Trump y Rubio no tienen preferencias personales entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado; ninguna satisface del todo a Washington, que quiere un país estable, con instituciones que funcionen y que produzca petróleo”.

La prueba más concreta de ese interés es el acuerdo anunciado por Trump este 28 de agosto, que da a Estados Unidos el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, en plena guerra con Irán y a dos meses de las elecciones legislativas estadounidenses. Detrás del acuerdo, según Seguías, está el pulso con China, que a su juicio es existencial para Estados Unidos, porque China controla el 70% de las tierras raras y Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. Para Washington, dice, Venezuela debe quedar alineada con Occidente en lugar de convertirse en aliada de China, Rusia o Irán. Los debates sobre la legitimidad democrática vienen después.

Trump y Rubio no tienen preferencias personales entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado; ninguna satisface del todo a Washington, que quiere un país estable, con instituciones que funcionen y que produzca petróleo

Jesús Seguías — Datincorp

Con esa lógica, Washington debería preferir a Machado, más afín a sus posiciones que Delcy Rodríguez; sin embargo, se entiende con la última. Seguías lo atribuye a un cálculo de viabilidad. Transferir de inmediato el poder a la oposición exigiría una de dos vías que Washington descarta: que opositores armados combatan al Gobierno, una fantasía, o que decenas de miles de soldados estadounidenses ocupen el territorio en una guerra irregular larga y costosa. Un núcleo de chavistas armados, aliados con las guerrillas colombianas, bastaría para destruir instalaciones petroleras y espantar cualquier inversión. Washington ha aprendido la lección, dice Seguías: “Desde Vietnam, Estados Unidos ha perdido todas las guerras asimétricas”. Rubio dijo al Congreso que no prevé nuevas acciones militares en Venezuela, aunque se reserva la fuerza. Por eso Washington prefiere entenderse con quienes controlan el poder y garantizan el orden, al margen de su legitimidad.

La paradoja, señala Seguías, es que los avances que Millán anticipa (el Tribunal Supremo, las inhabilitaciones, las tarjetas de los partidos) son posibles precisamente porque Estados Unidos se entiende con el chavismo. La oposición rechaza la idea de que actúa tutelada desde fuera e insiste en que quienes están en la mesa son luchadores por la democracia. Pero el acompañamiento estadounidense responde a un cálculo de estabilidad regional antes que a una afinidad ideológica. Estados Unidos necesita una Venezuela estable, alineada y productora de energía; la oposición necesita instituciones democráticas. Las dos demandas son compatibles, y en esa coincidencia de intereses se sostiene el proceso. Seguías añade una advertencia: después de 27 años de chavismo en el poder, el cambio viable pasa por acuerdos en los que las dos partes ganen algo, y eso exige abandonar la fantasía de una victoria total.

Fuera de la mesa, sectores de la oposición y más de una decena de ONG reclaman que el calendario electoral entre en la agenda, porque hasta ahora no está. Delcy Rodríguez sigue en el poder gracias a un fallo del Tribunal Supremo que evitó calificar la ausencia de Maduro como falta absoluta, lo que habría obligado a convocar elecciones este año. Varios consultores hablan de una “prueba de fuego”: tras el acuerdo petrolero, la mesa tendrá que mostrar resultados visibles. Millán confía en que los habrá.

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado, con la abstención de Vox, una proposición no de ley en la que se pide al Gobierno de España que se restituya la autorización de residencia temporal por razones humanitarias para las personas venezolanas afectadas por la catástrofe sísmica registrada el pasado mes de junio.

La iniciativa ha sido planteada por la diputada del PP Jennifer Curbelo, quien señaló que el sistema de residencia por razones humanitarias estaba vigente desde 2018 por la crisis sociopolítica venezolana, pero dejó de aplicarse el 12 de junio con la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo y la modificación del Reglamento de Extranjería, justo unos días después de los seísmos.

Curbelo argumentó que el terremoto supone una situación de emergencia excepcional que justifica la reactivación de este permiso.

La iniciativa plantea que para restituir esa residencia temporal no es necesario la derogación ni la modificación de ninguna ley, puesto que la ley reguladora del derecho de asilo prevé las autorizaciones de residencia por razones humanitarias, de manera que basta con una decisión del Gobierno de España.

La diputada del PP recordó que Canarias y Venezuela mantienen una relación histórica y humana muy estrecha, fruto de la emigración de miles de canarios en los siglos XIX y XX.

Los terremotos del 24 de junio que afectaron a Caracas y La Guaira, con más de 6.500 personas muertas y miles de edificios afectados, unido a la situación política y económica del país, justifican la restitución de la autorización de residencia temporal por razones humanitarias para los venezolanos afectados, defendió la diputada.

La propuesta contó con el apoyo de la oposición de PSOE y NC, aunque sus representantes advirtieron de posibles deficiencias técnicas y jurídicas en su formulación.

La diputada de Vox Paula Jover argumentó la abstención de su grupo en que la solidaridad no puede plantearse al margen de la limitación de los recursos públicos y que España no tiene capacidad para acoger a todas las personas que atraviesan situaciones dramáticas en tanto los españoles no tengan sus necesidades básicas cubiertas. 

“El mejor acuerdo petrolero de la historia”. Así llamó Donald Trump al convenio con Venezuela que anunció el 28 de agosto en su red Truth Social y que se firmó el 2 de septiembre en el Palacio de Miraflores, en presencia del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. El pacto entrega durante 100 años 17 campos petroleros a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP): nueve en la cuenca del Lago de Maracaibo, en el occidente del país, y ocho bloques en la Faja Petrolífera del Orinoco. Según la Casa Blanca, esos yacimientos guardan unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, cerca de una quinta parte de las reservas venezolanas. Varios de ellos estaban hasta ahora en manos de empresas rusas y chinas.

Puede que sea el mejor acuerdo de la historia, pero solo para EEUU. Su Gobierno recibe el 35% de la matriz de NABEP a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono; el derecho a comprar a precio de coste el 20% del crudo extraído para su reserva estratégica; una opción preferente sobre el 80% restante y poder de veto sobre el consejo de administración de la compañía. Venezuela, en cambio, renuncia a impuestos y regalías, cede sus campos sin licitación y firma un contrato que nadie fuera de las partes ha leído.

A ese diagnóstico llegan dos economistas venezolanos: Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver y antiguo jefe de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional, y José Guerra, exdiputado y antiguo economista del Banco Central de Venezuela. Los dos describen una operación que transfiere valor nacional sin contraprestación verificable y que, en declaraciones de Guerra a elDiario.es, hace que Venezuela “deje de percibir millones de dólares en ingresos fiscales”.

Una inversión que nadie sabe de dónde saldrá

El acuerdo descansa sobre una promesa de inversión de 100.000 millones de dólares cuya viabilidad es dudosa desde el principio. Rodríguez formula la pregunta central: “Si los contribuyentes estadounidenses no van a pagar nada, y Venezuela no tiene plata para pagar porque ya está quebrada, entonces ¿de dónde van a salir esos 100.000 millones de dólares?”. La cifra, además, ha bailado: Trump habló de 100.000 millones, la ficha informativa de la Casa Blanca dice “hasta 100.000 millones” y el Departamento de Energía ha manejado la cifra de 10.000 millones. “Esa elasticidad es sintomática de ausencia de compromisos verificables”, explica el economista a elDiario.es.

Si los contribuyentes estadounidenses no van a pagar nada, y Venezuela no tiene plata para pagar porque ya está quebrada, entonces ¿de dónde van a salir esos 100.000 millones de dólares en inversiones?

Francisco Rodríguez — Profesor de Economía de la Universidad de Denver

Guerra propone una comparación. Chevron, que opera en Venezuela desde 1923, anunció el mismo día de la firma en Miraflores que invertirá más de 7.000 millones de dólares en cinco años para llevar su producción a unos 600.000 barriles diarios. “Eso sí lo pueden hacer ellos. Pero los 100.000 millones no está claro de dónde pueden salir”, afirma. Para Guerra, la distancia entre lo que promete NABEP y lo que compromete una multinacional con acceso a los mercados de capital muestra que el acuerdo se ha construido sobre especulación, sin garantías.

Un ejecutor con causas abiertas

El encargado de cumplir esa promesa es Alejandro Betancourt López, de 46 años, conocido en Venezuela como uno de los “bolichicos” (de “chicos” y “bolivarianos”) que se enriquecieron con contratos públicos durante el chavismo. Betancourt fundó Derwick Associates, la empresa que recibió a dedo contratos para construir plantas eléctricas en plena crisis energética, y entró después en el petróleo con una participación en Petrozamora, en el Zulia, núcleo de la actual NABEP, que tiene su sede en Barbados.

La justicia suiza investiga las cuentas por presunto blanqueo de capitales vinculado a la petrolera estatal PDVSA, y la Audiencia Nacional lo tiene en España bajo la lupa en el llamado caso Atlantic por blanqueo de capitales. No pesa sobre él ninguna acusación formal, y la presidenta interina lo defendió esta semana con el argumento de que “no tiene causa en EEUU”.

Rodríguez es directo: “No hay un compromiso sólido identificable con actores relevantes, porque mañana Alejandro Betancourt desaparece, él vende esa compañía cuando le da la gana y entonces ¿quién le va a dar esos 100.000 millones de dólares a Venezuela?”. El país queda atado a unos términos desfavorables mientras depende de un actor sin capacidad probada de cumplir compromisos de esa magnitud.

Los beneficiarios

Mientras la inversión sigue siendo una promesa, los beneficiarios están claros. “Los grandes beneficiarios son NABEP y el Gobierno de EEUU, claramente”, insiste Guerra. NABEP produce hoy poco más de 200.000 barriles diarios, lo que la convierte en la segunda operadora del país después de Chevron, y con las nuevas concesiones aspira a superar el millón de barriles. La Casa Blanca ya la presenta como la segunda petrolera privada del mundo por reservas.

Los campos fueron adjudicados a dedo. No se hizo licitación como durante la apertura petrolera en 1992

José Guerra — Exdiputado y antiguo economista del Banco Central de Venezuela

Ese salto se produjo sin licitación pública. Durante la apertura petrolera de los años noventa, Venezuela adjudicó sus campos en rondas competitivas, con sobres abiertos y varias empresas pujando por cada área. Esta vez los campos se asignaron a discreción del Ejecutivo. “Los campos fueron adjudicados a dedo. No se hizo licitación como durante la apertura petrolera en 1992”, subraya Guerra. Rodríguez recuerda que el artículo 39 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, incluso tras la reforma de enero de este año, obliga a promover la concurrencia de ofertas para seleccionar a las operadoras, y se pregunta qué excepción justifica prescindir de ella cuando está en juego una quinta parte de las reservas del país.

A todo ello se suma la participación accionarial de EEUU y el 20% del crudo a precio de coste producido en los 17 campos petrolíferos. “Eso es un sacrificio fiscal muy fuerte para Venezuela”, resume Guerra.

Lo que pierde el Tesoro

El análisis fiscal permite poner cifras a ese sacrificio. La primera pérdida es la ausencia de bonos de participación. En una licitación competitiva las empresas pagan por acceder a los campos, y ese pago reconoce el valor del activo que se cede. “Venezuela ha podido tener ahí fácilmente 3.000 millones de dólares por los bonos, que es lo que se estila en los procesos de subasta de campos”, calcula Guerra. Al no abrir un proceso competitivo, el país renunció de entrada a esa cantidad.

La segunda es la ausencia de ingresos fiscales sobre el 20% de la producción que se entrega a precio de coste. En condiciones normales, Venezuela cobra una regalía del 16% y un impuesto sobre la renta que, sumados, se acercan al 40% del valor de mercado del crudo: unos 30 dólares por barril con el petróleo entre 75 y 80 dólares. Sobre los 40.000 barriles diarios que suponen hoy ese 20%, son 1,2 millones de dólares al día, unos 432 millones al año. A medida que la producción crezca hacia el objetivo de 1,5 millones de barriles, y a lo largo de los 25 años del proyecto, Guerra estima que la renuncia rondará los 13.000 millones de dólares.

Sumadas, las dos partidas rondan los 16.000 millones de dólares. Esa es la característica central del acuerdo: valor real, tangible y medible que sale de las arcas públicas a cambio de una inversión que aún no existe.

El coste de oportunidad

Rodríguez añade una tercera dimensión: lo que Venezuela habría podido obtener con una subasta. Un proceso competitivo habría permitido que ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Repsol o Eni pujaran por los campos con bonos de entrada más altos, regalías negociadas al alza y compromisos de inversión respaldados por empresas solventes. Según sus cálculos, en términos competitivos Venezuela habría podido capturar entre el 50% y el 60% del valor de la producción, frente al 10% o 15% que le corresponde con los términos actuales. En esa brecha se pierden decenas de miles de millones de dólares.

Un futuro gobierno que intente revocar el acuerdo podría enfrentar demandas ante tribunales internacionales

Francisco Rodríguez — Profesor de Economía de la Universidad de Denver

“¿Por qué no se subastaron estos campos? Eso es lo que hacen la mayoría de los países. Eso es lo que hizo Guyana, eso es lo que hizo Irak. Todos los países que hacen procesos de privatización hoy en día hacen subasta”, dice Rodríguez. Para él, esta decisión revela la decisión política de favorecer a un beneficiario privado sobre el interés nacional.

Guerra admite que la explotación generará regalías e impuestos sobre el 80% de la producción donde Venezuela conserva sus derechos fiscales, además de empleo y demanda de bienes y servicios. Pero advierte: “Ese beneficio es pequeño con respecto a lo que se ha podido lograr, porque primero no se hizo la licitación con bonos, entonces dejaste de recibir allí varios millones de dólares”. Los beneficios existen, pero son desproporcionados frente al valor de lo cedido.

Un contrato que nadie ha leído

Lo más preocupante, quizá, es que las pérdidas se blindan hacia el futuro. Rodríguez advierte de que el contrato contendrá, con toda probabilidad, cláusulas de arbitraje internacional: “Un futuro gobierno que intente revocar el acuerdo podría enfrentarse a demandas ante tribunales internacionales similares a las del caso [de la petrolera estadounidense] Citgo, dando como resultado que el Estado deba pagar compensaciones multimillonarias”, destaca. La ficha de la Casa Blanca confirma que el convenio entre el Gobierno estadounidense y NABEP se rige por el derecho de EEUU y queda sujeto a sus tribunales.

El procedimiento tampoco fue el que exige la ley. El artículo 150 de la Constitución venezolana establece que ningún contrato de interés público nacional puede celebrarse con Estados extranjeros o con sociedades no domiciliadas en el país, como es el caso de NABEP, sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Lo que ocurrió fue otra cosa. El 1 de septiembre, en sesión extraordinaria, el Parlamento de mayoría chavista aprobó con mayoría calificada un acuerdo de “respaldo al anuncio” del convenio, cuyo texto no se había consignado. Su presidente, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, aclaró que el debate sobre el contenido se daría “llegado el punto en que se firme el acuerdo binacional”. Al día siguiente se firmó en Miraflores. El texto sigue sin publicarse.

La Constitución establece que ningún contrato de interés público nacional puede celebrarse con Estados extranjeros sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Lo que ocurrió fue otra cosa

Esa unanimidad que esperaba el chavismo se rompió con el Grupo Parlamentario Libertad, la facción opositora que integra, entre otros, Henrique Capriles. Su portavoz, Luis Emilio Rondón (de la formación Un Nuevo Tiempo), salvó el voto de la bancada: “No estamos en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, no podemos suscribir un acuerdo que no conocemos”. Rondón pidió que el texto íntegro se entregara a los diputados para que lo revisaran técnicos, “no para alterar el texto del contrato, sino para darle claridad a la gente”, y sostuvo que eso es lo que reclama la mayoría de los venezolanos: “No es que tiene una duda caprichosa, sino que quiere saber definitivamente todos los detalles que este acuerdo engloba”.

Rodríguez sospecha que la opacidad no es casual. Si se conociera el texto completo, con sus cláusulas de arbitraje, “eso generaría muchas más reacciones negativas aún”.

Los dos economistas coinciden en el balance. Para Venezuela, el acuerdo transfiere valor de la tesorería nacional a EEUU y a NABEP sin inversión verificable que lo respalde, sin el aval que exige la Constitución y sin beneficio neto para el país. Las promesas son elásticas; las pérdidas, inmediatas: unos 16.000 millones de dólares en bonos y tributos, más las decenas de miles de millones que se dejan sobre la mesa por no haber convocado una subasta. Y el mismo contrato que garantiza esas pérdidas hace muy costoso que un gobierno futuro intente corregirlas.

La viabilidad del acuerdo con el que Donald Trump ha conseguido que Venezuela le entregue 65.000 millones de barriles en reservas sigue generando muchos interrogantes. Pero algo resulta cada vez más evidente: Washington está tratando a Caracas como un protectorado de facto.

La concesión petrolera es la última de las dinámicas en las que Estados Unidos se dedica a plantear los acuerdos y anunciarlos, mientras el Gobierno interino de Delcy Rodríguez le sigue el paso. Después de que Trump anunciara la privatización del 22% de las reservas petroleras de Venezuela, un elemento crítico que incide sobre la soberanía del país, Rodríguez intentó paliar la noticia remarcando que Caracas obtendrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión.

“Si se legitima este acuerdo desde el punto de vista jurídico, se hipoteca el futuro del país a 100 años, más de lo que ya lo habían hipotecado tanto Chávez como Maduro con el desmantelamiento democrático”, advierte a elDiario.es Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA). La investigadora, que ha seguido de cerca la deriva del país desde que Estados Unidos intervino militarmente para deponer a Nicolás Maduro, señala que “Venezuela no está atravesando una transición democrática” y que este nuevo trato es una muestra más.

Francisco Rodríguez, académico venezolano y economista del Center for Economic and Policy Research, subraya cómo la dinámica entre Washington y Caracas “se asemeja” a “otras situaciones similares a protectorados, como Irak bajo la ocupación de EEUU, o a principios del siglo XX en Cuba, la República Dominicana y Haití”. Además, Dib señala cómo la prioridad del Gobierno de EEUU es afianzar “actores que cumplen con los deseos de forma incuestionable de la Administración Trump, y eso es lo que ha hecho Delcy Rodríguez”.

Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente

Laura Cristina Dib — Directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA)

El lunes por la noche, la Casa Blanca publicó un nuevo comunicado en el que detallaba que la empresa encargada de explotar los 17 campos petroleros para extraer esos 65.000 millones de barriles será la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP). La empresa, que estará asociada directamente con el Gobierno estadounidense, es propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por la justicia en España y Suiza por su supuesta participación en un esquema de lavado de miles de millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA –acusaciones que él rechaza–.

Dib opina que la confirmación por parte de la oficina presidencial de que se ligará a NABEP supone “institucionalizar aún más la corrupción, pero ahora con el apoyo de Estados Unidos”. Para la investigadora, que se haya cerrado un acuerdo de este calibre con una empresa va en contra de los supuestos objetivos de democratizar Venezuela. “Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente”, lamenta.

“Es cierto que ha habido cerca de mil excarcelaciones desde el 3 de enero para acá, pero también es fundamental, cuando uno hace este balance, ver qué es todo lo que no ha cambiado. Y realmente, cuando lo pones en una balanza, ves que Venezuela no está atravesando una transición democrática. Mi mayor miedo es que este acuerdo petrolero le da espacio a actores que sabemos que son responsables de la corrupción; por lo que se fortalece el sistema autoritario y cleptocrático”, sentencia Dib.

La asociación con la compañía de Betancourt incluye que el Pentágono, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, tendrá el 35% de la propiedad de la empresa matriz de NABEP. El Departamento de Estado, además, tendrá garantías para adquirir el 20% de la producción de todos los pozos petroleros operados ahora y en el futuro por la compañía venezolana, a precio de coste. Y tendrá prioridad de compra sobre el 80% del petróleo restante, “lo que proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”.

Posibles contratiempos

Más allá de que se tardarán décadas en restaurar la dañada industria petrolera para empezar a poder extraer el crudo, Dib apunta que, una vez este acuerdo llegue al Congreso estadounidense, aún puede haber más contratiempos. Especialmente, si después de las elecciones de noviembre los demócratas consiguen recuperar el control de ambas cámaras.

“Hay muchas preguntas desde el punto de vista jurídico sobre qué implicaciones tiene este acuerdo con un gobierno que no es legítimo”, advierte la investigadora, que subraya: “El artículo 12 de la Constitución venezolana prevé que los recursos minerales y petroleros le pertenecen a la República y, por tanto, tienen un marco jurídico distinto que lo regula”.

La Casa Blanca confirmó la concesión por 100 años otorgada a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP), del polémico empresario venezolano Alejandro Betancourt, para explotar parte del petróleo de Venezuela, y ofreció nuevos detalles sobre el acuerdo anunciado la semana pasada.

Según el pacto entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, NABEP tendrá derechos durante un siglo para perforar 17 campos petroleros que albergan unos 65.000 millones de barriles de crudo, equivalentes a cerca de una quinta parte de las reservas de Venezuela.

La Casa Blanca ha confirmado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tendrá una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP.

Por su parte, el Departamento de Estado dispondrá del derecho a adquirir, a precio de coste, el 20% del petróleo extraído para abastecer las reservas estratégicas estadounidenses.

NABEP se presenta como la segunda mayor productora de crudo de Venezuela, con una producción superior a los 200.000 barriles diarios. Betancourt ha sido investigado en España, Suiza y Estados Unidos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal en operaciones relacionadas con la petrolera estatal venezolana Pdvsa, acusaciones que él rechaza.

La compañía anunció que, con el nuevo acuerdo, busca elevar su producción hasta superar el millón de barriles diarios.

La Administración de Trump, que la semana pasada calificó el entendimiento como un “acuerdo histórico”, sostiene que este permitirá aumentar la producción petrolera y reducir el precio de la gasolina en Estados Unidos, encarecida por la guerra con Irán, un factor que amenaza con pasar factura a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre.

Según la Casa Blanca, NABEP invertirá cerca de 100.000 millones de dólares para recuperar la deteriorada infraestructura petrolera venezolana y pagará, durante los próximos 25 años, unos 200.000 millones de dólares en impuestos a las autoridades venezolanas.

Además, el Gobierno estadounidense tendrá derecho de veto sobre los nombramientos en el consejo de administración de NABEP.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso en enero pasado al presidente venezolano Nicolás Maduro, Washington ha tutelado al Gobierno encabezado ahora por Rodríguez y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Caracas.

El acuerdo petrolero ha despertado suspicacias entre sectores que consideran que la Administración de Trump no está verdaderamente interesada en impulsar una transición democrática en Venezuela, pese a que ese fue uno de los argumentos esgrimidos para justificar la captura de Maduro.

El reciente acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela ha desatado un largo reguero de críticas. Todavía no se conocen los términos exactos, pero sí lo suficiente como para constatar que el gobierno de Estados Unidos ha logrado un control efectivo sobre la gestión de gran parte del petróleo venezolano. Así, no se han cumplido las advertencias de Diosdado Cabello, ministro de Interior, que hace menos de un año afirmaba que no se entregaría “ni una gota” de crudo a los estadounidenses en caso de producirse una agresión. Finalmente, se produjo la intervención militar, incluyendo el secuestro del presidente, y se transferirá más de una gota de petróleo hacia Estados Unidos. Según el propio Donald Trump, el acuerdo es para 65.000 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de todas las reservas del país.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, es decir, de cantidades que son recuperables del subsuelo con la tecnología y precios actuales. Esa circunstancia geológica ha moldeado profundamente la política del país latinoamericano desde que se descubrieron los primeros yacimientos en 1914, cuando Venezuela llevaba ya un siglo siendo independiente, pero todavía era un país básicamente agrario y muy pobre. Merece la pena remontarse brevemente a ese momento porque, paradójicamente, guarda una similitud sorprendente con lo que está pasando ahora mismo.

La maldición de los recursos

Como muchos países en desarrollo saben, que un territorio sea abundante en recursos no significa que tenga un billete garantizado hacia el desarrollo económico. De hecho, es más habitual lo contrario, es decir, que las naciones más abundantes en recursos naturales sean también los más pobres. En economía se conoce como maldición de los recursos a una hipótesis que intenta explicar esa paradoja, y según la cual el problema principal es que el país se vuelca tanto en explotar ese sector abundante en recursos (por ejemplo, petróleo) que se 'olvida' de casi todo lo demás. En realidad, no es una cuestión de decisiones gubernamentales sino de la propia orientación del mercado, ya que tanto el capital internacional como el nacional fluyen, lógicamente, hacia ese sector abundante en recursos que, como es deseado por todo el mundo, genera tasas de ganancia más elevadas y deja de fluir hacia el resto. El país se convierte rápidamente en un exportador del recurso natural y la dinámica económica hace el resto (por ejemplo, el tipo de cambio se encarece y eso dificulta otro tipo de ventas al extranjero, como las industriales).

Cuando a comienzos del siglo XX se fueron descubriendo los yacimientos de petróleo por todo el mundo, solo unas pocas empresas estadounidenses e inglesas tenían la capacidad tecnológica y financiera para extraer el recurso y, además, refinarlo para convertirlo en un producto utilizable por la sociedad (por ejemplo, gasolina, lubricantes, productos petroquímicos, etc.). Aunque el petróleo estaba en el subsuelo venezolano, no había en el país ninguna empresa capaz de convertirlo en algo útil, de modo que se permitió que fueran las empresas multinacionales las que se encargaran de todo. El proceso ganó orden a partir de 1922, cuando el presidente Juan Vicente Gómez declaró los recursos del subsuelo propiedad del Estado y este pasó a controlar tanto las concesiones como los royalties e impuestos aplicables. Eran tales las reservas venezolanas que en los años treinta el país ya se había convertido en el principal exportador de petróleo del mundo.

Gracias a los impuestos aplicados a la actividad extractiva, el Estado fue capaz de desplegar una estrategia de creación de infraestructuras y servicios públicos que dinamizaron la economía, elevándose también el consumo de una emergente clase media, al tiempo que se fortalecía su autoridad sobre el territorio. El contexto de boom del petróleo favoreció que los países en los que las multinacionales extraían el recurso reclamaran una mayor porción de la tarta y Venezuela fue, además, pionera en la lucha y ejemplo posterior para países de Oriente Medio. La legislación de 1943 y, posteriormente, la consolidación del principio 50-50 (reparto por igual de los beneficios) hicieron que el Estado capturase una parte mucho mayor de los beneficios generados por la actividad petrolera.

En el contexto de posguerra, de intervencionismo económico y descolonización, se extendió el imaginario de que el desarrollo económico pasaba por controlar y explotar directamente los recursos naturales. La idea de desarrollo nacional y económico iban de la mano en un imaginario extractivista que se interpretaba como condición para igualar la riqueza de los países más avanzados. Tras los precedentes de Rusia en 1917 y México y Bolivia en los años treinta, en 1951 Irán fue el primer país de Oriente Medio en nacionalizar su petróleo y expulsar a las empresas occidentales. Pero solo dos años después el gobierno de Mossadegh fue derrocado por un golpe de Estado de Reino Unido y Estados Unidos.

En 1957, Irán permitió la entrada de la multinacional italiana ENI, que aceptó un acuerdo 75-25 que puso nerviosas al resto de multinacionales y demostraba que los países petroleros estaban interesados en captar mayores cuotas de las rentas del sector. En septiembre de 1960, algunos de estos países, a instancia de Venezuela, formaron la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para fortalecer sus demandas y elevar la participación del Estado al menos a una ratio 60-40. En los años setenta se producirían las primeras grandes nacionalizaciones de compañías occidentales, primero en Argelia y Libia, y luego, y de forma progresiva, en los países del Golfo Pérsico. Los llamados países productores demostraban tener ya la capacidad tecnológica y financiera para realizar la actividad ellos mismos y sin mediaciones, es decir, capturando completamente toda la renta petrolera.

La compañía estatal de Venezuela fue PDVSA, creada en ese contexto internacional en 1976. La renta petrolera era tan alta que los partidos políticos dominantes se repartieron su influencia en el denominado pacto del Punto Fijo. El sistema seguía siendo el mismo: un desarrollo económico totalmente dependiente de las rentas petroleras, donde el gobierno tenía un margen enorme para decidir qué hacer con ellas (con una fuerte autonomía de PDVSA respecto del poder político y problemas crecientes de corrupción) y consecuentemente muy vulnerable a las caídas del precio del petróleo. Durante esas décadas fracasaron todos los intentos de diversificar la estructura productiva, como la industrialización por sustitución de importaciones, que logró crear determinadas capacidades industriales, pero no consiguió modificar sustancialmente la dependencia estructural de la renta petrolera. La caída de los precios a mediados de los años ochenta llevó al país a una crisis económica que fue gestionada a la manera neoliberal, desembocando en una profunda crisis política que duró hasta que en 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones.

El chavismo se construyó sobre el rentismo petrolero

La victoria de Chávez no gustó a las élites que habían gestionado la renta petrolera hasta entonces, razón por la cual sufrió el golpe de Estado de 2002. Tras superarlo gracias al apoyo popular y de los militares, y tras un paro patronal de la empresa PDVSA, Chávez despidió a miles de trabajadores y gestores de la empresa y tomó un control mucho más activo sobre sus decisiones. Los precios del petróleo acompañaron y el gobierno logró poner en marcha políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza y redujeron de manera muy notable la desigualdad. Sin embargo, todo el sistema seguía dependiendo en última instancia de las rentas petroleras.

Se suele hablar de PDVSA como una suerte de para-Estado porque asumió proyectos que no tenían nada que ver con su función económica, como programas sociales o proyectos de infraestructuras urbanas. Así, el endeudamiento de la empresa quedó no sólo vinculado a su actividad inversora y extractiva sino también a la necesidad de acometer proyectos sociales ajenos a la entidad. Por otro lado, la cualificación de los nuevos dirigentes parecía estar lejos de las capacidades de los anteriores. Además, políticamente era una forma de llevar a cabo una intervención pública que no pasaba por los controles habituales de la asamblea nacional. Algunos o todos estos elementos ayudan a entender por qué la empresa PDVSA ya se encontraba en niveles de actividad económica y financieros muy bajos antes de que llegaran las primeras sanciones estadounidenses en 2017. Las sanciones no crearon el deterioro de PDVSA, que ya era evidente antes de 2017, pero sí contribuyeron posteriormente a profundizarlo.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el peso del petróleo en las exportaciones siempre ha sido muy alto en Venezuela. Curiosamente, la mayor dependencia del petróleo se produce durante el período chavista, con niveles por encima del 95%, lo que da muestra del fracaso de las estrategias de diversificación industrial. Eso sí, durante el período de Hugo Chávez, el PIB por habitante fue recuperándose desde los niveles anteriores, lo que es congruente con otros indicadores sociales que también mejoraron durante ese período.

Lo cierto es que durante el chavismo las rentas petroleras, en vez de financiar opulentos modos de vida de una minoría de la población vinculada a las elites y los burócratas de PDVSA, sirvieron para combatir la desigualdad y la pobreza. No obstante, sin la erradicación completa de la corrupción. Pero en ambos casos las rentas servían para garantizar la estabilidad social y política de los tiempos de 'vacas gordas'. Cuando las rentas se secaban, devenían los problemas.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un modelo económico extremadamente dependiente del petróleo y, un año después, el desplome de los precios internacionales del crudo desencadenó una crisis económica de enorme magnitud. El apoyo electoral al chavismo se fue debilitando y, tras perder la mayoría parlamentaria en 2015, el Gobierno respondió mediante una creciente concentración del poder institucional y una progresiva erosión de los mecanismos democráticos. Mientras tanto, la gestión de la renta petrolera quedó crecientemente en manos de fracciones militares leales al gobierno. Lejos de abandonar el modelo extractivista, en el año 2016 Nicolás Maduro aprobó el proyecto del Arco Minero del Orinoco, pensado para extraer oro y otros minerales de una inmensa área de Venezuela. El objetivo declarado era fomentar las exportaciones de estos minerales, algunos de los cuales son importantes en la transición energética hacia energías renovables, y con una fuerte participación de empresas estatales y actores vinculados a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, en la actualidad la producción petrolera venezolana se encuentra muy por debajo de su potencial y de sus niveles históricos. La coyuntura de precios internacionales, la mala gestión de la empresa y las sanciones provocaron un desplome de la actividad petrolera que privó de las rentas al Estado venezolano. En esas condiciones, Venezuela vuelve al comienzo, es decir, a la necesidad de atraer capital extranjero para realizar las inversiones necesarias para extraer el combustible fósil.

El papel de Estados Unidos

Para Estados Unidos el petróleo venezolano es especialmente importante, porque se trata de un tipo de crudo pesado que necesitan para una parte importante de la capacidad de refino estadounidense, pero cuya producción doméstica no basta para abastecerla. Aunque Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor mundial de petróleo gracias, entre otros factores, al desarrollo del fracking, siguen siendo importadores netos de petróleo pesado. Y no parece casualidad que sus dos principales fuentes de petróleo pesado hayan sido hasta hace poco Canadá y Venezuela, países con los que está tratando de redefinir su relación (con una guerra comercial en el primer caso, y con la violencia en el segundo). En el caso de Venezuela, como podemos ver en el siguiente gráfico, la caída de importaciones fue progresiva durante el gobierno de Hugo Chávez y terminó desplomándose después. Con los nuevos acontecimientos, la Casa Blanca se ha asegurado que ese flujo se reactiva.

Aunque habrá que esperar a conocer los términos exactos del acuerdo, los cálculos preliminares parecen indicar que la captura de la renta que hará el Estado venezolano del sector petrolero será notablemente inferior a la que existía incluso durante el período del Punto Fijo. En este sentido, Estados Unidos ha logrado capturar una parte sustancial de esa renta que hasta hace unos años era impensable; y lo ha logrado a través de las sanciones, que han terminado de machacar la débil capacidad productiva de PDVSA, y de la violencia ejercida contra otro país soberano.

Por otro lado, merece la pena remarcar de nuevo que durante el chavismo la renta petrolera permitió una importante redistribución social y una mejora de numerosos indicadores de bienestar, pero no consiguió transformarse en una diversificación productiva suficiente capaz de reducir la dependencia del petróleo. El apoyo popular al chavismo era real y está claramente acreditado, y sobre bases razonables, pero todo el sistema se sostenía sobre los precios del petróleo, de modo que cuando se agotó el flujo extraordinario de rentas comenzó también la deslegitimación ciudadana. El economista Edward Barbier señalaba, reflexionando sobre la paradoja de la maldición de los recursos, que para que un país se desarrolle no sólo es necesario tener recursos abundantes y extraer renta de ellos sino, y muy especialmente, reinvertir esas rentas en diversificar la actividad económica y crear encadenamientos (de modo que las industrias se necesiten unas a otras). Este último paso es el que no ha sido capaz de completar Venezuela en los últimos cien años. Y tampoco el chavismo, a pesar de haberlo proclamado.

En realidad, hay un irónico componente cíclico en todo esto. Porque primero fue el capital extranjero el que explotó un recurso sobre el que el Estado apenas tenía capacidad efectiva de intervención. Después, a través de impuestos, nacionalizaciones y finalmente la creación de PDVSA, el Estado fue capturando una parte cada vez mayor de esa renta hasta hacerse prácticamente con su totalidad. El chavismo heredó ese modelo de rentismo estatal y utilizó sus extraordinarios ingresos para redistribuir la riqueza, pero no consiguió transformar de manera suficiente esas rentas en una estructura productiva diversificada. Cuando la producción y los precios se desplomaron, también lo hizo la capacidad del Estado para sostener ese modelo. Y ahora, un siglo después del comienzo de la explotación petrolera moderna, Venezuela vuelve a necesitar capital extranjero para explotar su principal recurso. Es como si varias décadas de luchas políticas y sociales en torno a la captura de renta por actores extranjeros hubieran desaparecido de golpe. Y al menos Venezuela sigue sin saber responder a qué hacer con la renta que genera un producto, el petróleo, que además tiene los días contados. El problema adicional es que ahora ni siquiera lo deciden ellos.

El opaco acuerdo anunciado el pasado fin de semana por Donald Trump para dar acceso privilegiado a Estados Unidos al petróleo de Venezuela tiene derivadas españolas. Una es el impacto que puede tener para Repsol el nuevo panorama energético que se abre en ese país; otra, el relevante papel que se atribuye en la operación al controvertido magnate local Alejandro Betancourt, investigado por un presunto desfalco multimillonario en la petrolera estatal PDVSA y con importantes intereses económicos en España.

No está claro si Repsol formará parte de lo que Trump define como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, sin “coste alguno para el contribuyente estadounidense”, según el actual inquilino de la Casa Blanca. Del pacto, muy criticado por la oposición venezolana, se conocen solo algunas grandes cifras: EEUU tendrá el control mayoritario de 17 yacimientos no identificados que representan más de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano, un 21,7% de los 300.000 millones de barriles estimados en el país, que tiene las mayores reservas de crudo del planeta.

Se desconoce qué empresas participarán, cuáles serán exactamente los campos incluidos ni de qué forma EEUU ejercerá ese “control mayoritario”. Tampoco se sabe quién o quienes asumirán las inversiones necesarias y cómo se desglosará la participación de Estados Unidos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha asegurado que el acuerdo supondrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión para poner al día la maltrecha infraestructura petrolera del país, que mantendrá la “soberanía sobre sus recursos”.

El pasado sábado, la sustituta de Nicolás Maduro, encarcelado desde enero por EEUU, aseguró que tendrá una vigencia de 25 años y permitirá elevar la producción del país por encima de 1,5 millones de barriles diarios, frente a los 1,2 millones actuales. “Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol, Eni, Shell o BP, entre otras. Queremos ser una potencia energética”, aseguró Rodríguez.

La española, que no comenta el posible impacto del acuerdo anunciado por Trump, llegó a revalorizarse este lunes más de un 3% y lideró las subidas en el Ibex con un alza del 2,6%, impulsada por la cotización del Brent. El petróleo de referencia para Europa llegó a superar los 90 dólares durante la sesión tras reanudarse los ataques entre EEUU e Irán por primera vez desde julio, en una tendencia que, unida al encarecimiento del gas o el euríbor, ha propiciado la cuesta de septiembre más dura en años en España.

Repsol, que es la compañía más alcista del Ibex este 2026 (sus acciones han repuntado más de un 80%), catapultada por la crisis en Oriente Medio y su impacto en los precios energéticos, recuperó en abril el control de sus operaciones petroleras en Venezuela. En junio firmó un acuerdo de intenciones con el Ministerio de Hidrocarburos y la estatal PDVSA para analizar la posibilidad de explorar y desarrollar Horcón, una nueva zona petrolífera situada al sureste del lago de Maracaibo con “grandes expectativas”, según dijo en julio a los analistas el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.

En enero, días después del secuestro del anterior presidente venezolano, Imaz trasladó a Trump en un encuentro en la Casa Blanca que la compañía estaba preparada para invertir de manera significativa en Venezuela. Repsol asegura que puede triplicar su producción de hidrocarburos en el país caribeño en tres años, hasta los 135.000 barriles diarios, con un incremento de la producción bruta de petróleo en un año y un aumento del 10% en la producción de gas, si se dan las condiciones adecuadas, y utilizando los ingresos que se obtengan en el país (el pago en especie con cargamentos por la producción).

En mayo Repsol recibió el primer cargamento de gas procedente de Venezuela al amparo de las nuevas licencias de exportación de EEUU y del marco acordado con el gobierno venezolano, vinculado a la producción de gas del yacimiento Cardón, y prevé cuatro cargamentos adicionales para 2026: uno destinado a financiar la inversión necesaria para aumentar la producción de gas [clave para la generación eléctrica en el país] en aproximadamente un 10%, y otros tres para monetizar la producción actual.

La multinacional española opera en Venezuela desde 1993. Produce gas en el activo Cardón IV, operado al 50% con la italiana Eni, que se destina exclusivamente para uso interno en el país: proporciona más del 30% del suministro de gas de Venezuela, y sirve para abastecer las plantas de generación de energía eléctrica del país. También produce petróleo, con una producción bruta aproximada de 45.000 barriles diarios, principalmente en el activo Petroquiriquire, cuya propiedad es 60% PDVSA y 40% Repsol.

La petrolera española lleva años intentando cobrar una millonaria deuda en Venezuela. A junio, las cuentas comerciales pendientes de PDVSA con Repsol alcanzaban 4.080 millones, de los que 3.295 millones permanecen provisionados, mientras que la financiación concedida asciende a otros 1.036 millones, con provisiones de 622 millones.

El polémico 'bolichico'

En el acuerdo entre Caracas y Washington sí se da por descontada la participación de Alejandro Betancourt, uno de los principales exponentes de los denominados 'bolichicos', la generación de empresarios venezolanos con conexiones políticas que se hicieron multimillonarios con Hugo Chávez, y que en España tiene una investigación abierta en la Audiencia Nacional por blanqueo.

Conocido por ser el principal accionista de Hawkers, multinacional de gafas de sol fundada en Alicante y presente en una veintena de países, a Betancourt, de 46 años, se le acusa, junto con sus socios, de haber sobornado a tres funcionarios de la petrolera estatal venezolana con 42 millones de dólares para defraudar supuestamente 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas canalizadas a través del petróleo. Ese dinero, según pretende demostrar la justicia española, acabó regado en empresas, inversiones e inmuebles de lujo en España.

Entre 2009 y 2011, en época de Chávez, y a través de una empresa sin experiencia previa, Derwick Associates, Betancourt se llevó al menos 11 contratos sin licitación por unos 5.000 millones de dólares para construir plantas eléctricas en plena emergencia energética en el país. El sobreprecio de los contratos, según Transparencia Venezuela, rondó los 2.900 millones de dólares. Varias de esas plantas nunca funcionaron como se prometió. Gran parte del país vive todavía hoy a oscuras y sin electricidad varias horas al día.

Hace unos meses, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al juez Santiago Pedraz a reabrir la investigación contra Betancourt que el magistrado había archivado en marzo al concluir que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. Esa causa deriva de otra abierta en Suiza por blanqueo de capitales, que a su vez proviene de una investigación en Estados Unidos donde sus supuestos cómplices ya fueron condenados.

Hasta mayo de este año, Betancourt tenía prohibido abandonar el Reino Unido (donde está afincado hace años) mientras peleaba para evitar una petición de extradición de Suiza. El Washington Post reveló el pasado jueves que altos funcionarios estadounidenses intervinieron directamente para resolver la causa penal suiza contra él sin que enfrentara cargos y levantar las restricciones de movimiento que le mantenían encerrado en sus dos mansiones en Reino Unido.

Diversos medios han señalado a Betancourt como pieza clave entre las negociaciones entre EEUU y Venezuela para lo que Financial Times definía este lunes como un “inusual” acuerdo que puede convertir a este empresario en el “virrey” petrolero de Trump en el país caribeño a través de su empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), de la que el gobierno estadounidense va a tomar un 35% del capital, según The Wall Street Journal.

Esta compañía, con sede en Barbados, fue cofundada en 2024 por Betancourt y Harry Sargeant III, un magnate energético de Florida y donante republicano. NABEP es uno de los principales operadores privado del sector petrolero en Venezuela. Hace unos días, anunció el fichaje como nueva responsable legal de Sara Chouraqui, ex jefa de la división de fraude y corrupción de la Serious Fraud Office británica.

Además de por su paquete en Hawkers, en España Betancourt es conocido por haber estado vinculado a Auro New Transport, una de las principales compañías propietarias de licencias VTC, de la que fue fundador y Uber compró el 30% en 2025 en una operación que se ha cifrado en más de 200 millones de euros. El denominado virrey petrolero de Trump en Venezuela también fue uno de los socios fundadores del Banco de Dakar, impulsado por Alberto Cortina y otros multimillonarios españoles hace más de una década. Betancourt invirtió asimismo en Playtomic, una plataforma digital para organizar partidos de pádel; en la empresa de pagos digitales Easy Payment Gateway o en la web de búsqueda de empleo Jobandtalent.

Entre sus propiedades inmobiliarias más conocidas en España figura la finca de El Alamín, en Toledo, que cuenta con un castillo y una superficie de 1.400 hectáreas, y que en su día fue subastada por unos 24 millones tras ser expropiada al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, dueño entonces de la quebrada Viajes Marsans.

En 2014 un juez de Nueva York absolvió a Betancourt de las acusaciones de corrupción que había formulado un ex alto diplomático estadounidense contra él y otro empresario venezolano, Francisco D'Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, el bisnieto más conocido del dictador Francisco Franco. Últimamente D'Agostino se dedica a promover corridas de toros en Mallorca.

El diputado Nicolás Maduro Guerra ha hecho públicas este domingo unas nuevas imágenes de su padre, el presidente venezolano Nicolás Maduro, depuesto tras un secuestro exprés por militares estadounidense y actualmente encarcelado en Nueva York.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, reza el mensaje que acompaña las imágenes, que tienen fecha de 25 de junio, y en las que se ve a Maduro con un pantalón y sudadera gris en dos fotografías.

Maduro, visiblemente más delgado, aparece sonriente en una de las instantáneas con lentes, el cabello más canoso y haciendo la V de victoria con ambas manos. En una segunda imagen, ya sin lentes, hace la V con una mano y se observa que usa en la otra un reloj.

El presidente derrocado y su esposa Cilia Flores están detenidos en una prisión de Nueva York desde que fueron secuestrados en una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano el pasado 3 de enero.

En Nueva York se enfrentan un proceso judicial por conspiración, narcoterrorismo y delitos relacionados con posesión de armas.

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años, luego de la captura de Maduro.

El sábado, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, informó que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que el acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos tendrá una vigencia de 25 años con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

“Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética”, señaló la mandataria en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio. “En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”, indicó.

Rodríguez agregó que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco - una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este del país-, con regalías mínimas de 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %, lo que, consideró, permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela.

Igualmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.

“Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, subrayó la mandataria encargada, tras defender que en este acuerdo “cada parte aporta aquello que puede hacer mejor”.

La presidenta destacó que Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa para “adelantar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por las sanciones”.

En ese contexto, afirmó que los venezolanos “tienen derecho a saber cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores”.

Una empresa privada conjunta

Este sábado, un funcionario estadounidense señaló a la cadena CBS que el acuerdo entre ambos países incluiría el otorgamiento de una concesión de 100 años a una empresa conjunta privada.

El Gobierno estadounidense, de acuerdo a este funcionario, controlaría el 55 % de esta compañía conjunta, repartido entre la participación accionaria en el proyecto y la capacidad de obtener petróleo del mismo a precio de costo. La fuente describió a la firma conjunta como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas de petróleo del mundo, pero se reservó dar nombres en específico.

El viernes, Estados Unidos y Venezuela anunciaron este acuerdo por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano. Delcy Rodríguez detalló que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo”.

Por su parte, Marco Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un “histórico” acuerdo con Venezuela para controlar sus reservas petroleras que duplicará las reservas petroleras del país norteamericano. En su red Truth Social, lo calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y declaró que el convenio asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió. Trump describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado” que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela también confirmó horas después el “histórico acuerdo” petrolero con Estados Unidos y agradeció “altamente” a Trump y a Rubio por “su disposición en el desarrollo” de una alianza que describió como “un hito histórico en las relaciones bilaterales”. En un comunicado, la líder chavista, al frente del Gobierno venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas por parte de EEUU en enero de este año, aseveró que el acuerdo permitirá “incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados”.

La mandataria expresó que el convenio fue suscrito gracias al “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo pasado tras siete años de ruptura, y tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela. Además, facilitará un “importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” de la industria de los hidrocarburos de la nación suramericana, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

“Venezuela consolida así una nueva etapa de recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad para nuestro pueblo”, agregó la presidenta encargada, quien el pasado lunes había dicho que su país produce hoy 1,23 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, su nivel más alto desde febrero de 2019.

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”. Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”. “Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de ”Estados Unidos primero“: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, dijo.

Desde el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

¿Qué se sabe del acuerdo?

Aunque aún faltan muchos detalles del trato, Delcy Rodríguez ha precisado que supondrá el desarrollo de 17 campos estratégicos en el país con las mayores reservas de crudo probadas del mundo y una inversión de más de 100.000 millones de dólares. El millonario acuerdo anunciado, tras meses de negociaciones, en torno a un sector estratégico clave, cimenta la relación entre las dos Administraciones sobre la que Trump ha declarado en varias ocasiones que Estados Unidos “está a cargo” de Venezuela.

Empresas estadounidenses explotarán la mayor parte de unas reservas con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que, según Trump, supondrá duplicar con creces las reservas probadas petroleras de Estados Unidos que contaba con 46.400 millones de barriles de crudo y condensado al cierre de 2023, según la Administración de Información Energética (EIA).

Venezuela, cuya industria petrolera representa el corazón de su economía, cuenta con reservas de 303.806 millones de barriles, según el Ministerio de Hidrocarburos. Por tanto, el volumen acordado entre ambos países, de unos 65.000 millones de barriles, representa más del 21 % del total de reservas del país suramericano.

Según Rodríguez, las operaciones aportarán más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado, mientras que Trump destacó que el acuerdo no tendrá coste para el contribuyente estadounidense y reducirá los precios de la gasolina en medio de un aumento por la guerra de Irán.

Según medios estadounidenses, Chevron, que opera en Venezuela, sería una de las petroleras implicadas en el acuerdo.

Flexibilización de sanciones

Trump valoró desde el principio a Rodríguez como una interlocutora fiable. Pronto flexibilizó las sanciones impuestas a Venezuela mediante excepciones aunque mantuvo la base sobre el Gobierno y la petrolera estatal PDVSA.

A finales de enero, autorizó a “entidades estadounidenses establecidas” a comprar, levantar, exportar, transportar, almacenar y vender con condiciones crudo o productos venezolanos; en marzo habilitó ciertas transacciones con PDVSA y este 27 de agosto actualizó la autorización de operaciones de petróleo y gas para seis compañías: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell, y sus subsidiarias.

Reformas oportunas en Venezuela

La Venezuela de Rodríguez cedió el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir las puertas al capital privado y extranjero al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

Esa reforma, que se aprobó el mismo enero en que fue detenido Nicolás Maduro, ha permitido la llegada de nuevo capital: según Rodríguez, se ha suscrito medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en “más de 76 áreas productivas de hidrocarburos”.

Rodríguez también anunció que su país está produciendo hoy 1,23 millones de bpd, su nivel más alto desde febrero de 2019. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de barriles por día (bpd) de crudo.

Yacimientos de crudo pesado

La Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este), contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en “la mayor reserva de crudo en el mundo”, con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos, según Pdvsa. Esta zona fue descubierta en 1936 y nacionalizada en 2007 por el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez (1999-2013).

Sin embargo, los yacimientos petroleros venezolanos son difíciles de explotar al tratarse de principalmente de crudo pesado, que requiere de procesos complejos para extraerse y refinarse, especialmente con una infraestructura en mal estado. El mismo Trump, en su anuncio, advirtió que el suministro de petróleo venezolano ayudará a Estados Unidos “a largo plazo”.

El Gobierno de Canarias ha incorporado a 3.988 nuevos beneficiarios a los programas de ayudas de alimentación y medicamentos destinados a la población canaria y sus descendientes residentes en Venezuela, tras los terremotos que afectaron al país el pasado mes de junio.

Un mes después de los seísmos, la Viceconsejería de Acción Exterior publicó una resolución con la selección de 8.356 beneficiarios de las tarjetas de alimentos y 5.711 de las tarjetas de medicamentos, ampliando así la cobertura inicialmente prevista para atender también las necesidades de las personas más afectadas por la emergencia.

Durante su visita a Venezuela, el director general de Emigración, José Téllez, acompañado por la delegada del Gobierno en el país, Dayana Morales, ha hecho entrega de 3.213 nuevas tarjetas de alimentos y 2.543 de medicamentos a un total de 2.760 personas residentes en los estados de Carabobo, Aragua, Yaracuy, Mérida, Guárico, Barinas, Portuguesa y La Guaira.

Nuevas tarjetas de alimentos y medicamentos para Caracas y Anzoátegui

La distribución continuará próximamente con la entrega de nuevas tarjetas a 1.228 beneficiarios de Caracas y Anzoátegui.

Téllez ha señalado que su visita era necesaria para “trasladar el afecto y la ayuda del Gobierno de Canarias” en los “duros momentos” que atraviesan Venezuela y la comunidad canaria residente en el país.

El director general aprovechará además su estancia para conocer de primera mano la situación de las entidades canarias y estudiar un plan de ayudas dirigido especialmente a aquellos centros e infraestructuras que desarrollan programas sociales, consultorios médicos o centros de día.

La convocatoria de estas ayudas, gestionada por la Dirección General de Emigración, recibió 8.539 solicitudes desde su apertura el pasado mes de febrero.

Inicialmente, el programa contemplaba 6.291 beneficiarios de tarjetas de alimentación y 4.033 de medicamentos, pero estas cifras fueron ampliadas posteriormente por el Gobierno de Canarias como parte del refuerzo de su respuesta a la emergencia provocada por los terremotos.

Con esta ampliación, la cobertura de los programas destinados a los canarios y sus descendientes en Venezuela aumenta un 44,7 % respecto a 2025.

Para financiar estas medidas, el Ejecutivo autonómico ha elevado hasta 1.272.622 euros los recursos destinados a las tarjetas de alimentos y medicamentos. De esta cantidad, 812.322 euros corresponden al programa de alimentación y 460.300 euros al de medicamentos.

El objetivo del Gobierno de Canarias es extender la cobertura a todos los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos y reforzar el apoyo a la comunidad canaria en Venezuela ante la situación de emergencia generada por los seísmos.