En las primeras horas del miércoles, hubo confusión sobre si el acuerdo de alto el fuego alcanzado por EEUU e Irán incluía también Líbano, pero Israel dejó claro que no es así con la mayor oleada de ataques desde el comienzo de su ofensiva contra el país vecino a principios de marzo. En este periodo, el ejército hebreo ha provocado la peor crisis humanitaria que sufre Líbano en más de dos décadas, siguiendo la misma estrategia que en la Franja de Gaza.

Después del anuncio de una tregua con Irán por parte de Donald Trump, la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu decía que “el alto el fuego de dos semanas no incluye Líbano” y, en la noche del miércoles, él mismo reafirmaba en una comparecencia su intención de seguir golpeando el pequeño y frágil país árabe, a pesar de los llamamientos internacionales a no excluirlo del alto el fuego –ya que su éxito depende de una desescalada en todo de Oriente Medio–.

A primera hora de la tarde del miércoles, el Ejército israelí afirmaba en un comunicado haber lanzado “el mayor ataque coordinado en todo Líbano” desde el inicio de la actual guerra: un ataque de 10 minutos, simultáneo contra distintas zonas del país y “más de 100 centros de mando y bases militares de Hizbulá”. Después de esa oleada de bombardeos, los cazas israelíes siguieron atacando la capital y otras localidades libanesas.

El saldo de víctimas fue aumentando en la tarde del miércoles y este jueves por la mañana, el ministro de Sanidad libanés, Rakan Nasseredine, ha cifrado en 203 los muertos y más de 1.000 los heridos. La mayoría se registraron en Beirut y los suburbios meridionales de la capital, que han sido atacados repetidamente por Israel porque en esta zona densamente poblada tiene una fuerte presencia el grupo chií Hizbulá. Pero los ataques del miércoles no se limitaron a los barrios de población chií y sacudieron otras áreas de la ciudad.

El Ejército israelí ha alegado que Hizbulá se ha movido “al norte de Beirut y los barrios mixtos” (con población suní o cristiana), según el portavoz Nadav Shoshani. En una rueda de prensa virtual ha justificado que el Ejército no hubiera alertado de los ataques con antelación para que los residentes pudieran huir –como suele hacer, aunque no en todos los casos– porque “el factor sorpresa es relevante” en su ofensiva contra Hizbulá.

Los dirigentes políticos y militares israelíes alegan que las operaciones contra Líbano buscan detener los ataques de Hizbulá contra el Estado hebreo, pero lo cierto es que muchas de las víctimas son civiles. Desde el 2 de marzo, Israel ha matado a más de 1.500 personas, entre ellas, 130 niños y niñas, sin contar con los asesinados este miércoles.

Por su parte, Hizbulá no lanzó inicialmente ataques tras la entrada en vigor del alto el fuego entre EEUU e Irán, pero ha asegurado que tiene “el derecho natural y legal” de responder a los de Israel. Tras la que calificó de “agresión bárbara” de Israel, el grupo chií ha anunciado que ha respondido con el lanzamiento de cohetes al norte de Israel en la madrugada del jueves. “Esta respuesta continurá hasta que cese la agresión israelo-estadounidense contra nuestro país y nuestro pueblo”, ha señalado en un comunicado.

Desde Irán, fuentes anónimas dijeron el miércoles que Teherán podría responder a lo que considera una “violación del alto el fuego por parte de Israel”, ya que el Gobierno iraní ha dicho en todo momento que un acuerdo para poner fin a la guerra debía abarcar todos los frentes abiertos en Oriente Medio, incluidos los de la “resistencia” (Hizbulá en Líbano, los hutíes de Yemen y las milicias proiraníes en Irak). El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha afirmado que ya se han violado algunos de los puntos del acuerdo, como “el alto el fuego en Líbano”.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchi, ha instado a Washington en X a elegir entre la escalada o cumplir con todos los términos del acuerdo. “EEUU debe elegir: alto el fuego o una guerra continua a través de Israel. No puede tener ambos”, ha afirmado. “La pelota ahora está en el tejado de EEUU y el mundo está mirando si va a cumplir sus compromisos”.

Israel pone en peligro el acuerdo regional

El director del programa de Israel y Palestina del centro de análisis International Crisis Group, Max Rodenbeck, señala que, mientras Hizbulá había dejado de disparar a las fuerzas israelíes el miércoles por la mañana, Israel ha continuado sus ataques contra Líbano e, incluso, los ha ampliado. “Puede que los líderes israelíes estén descontentos con la actuación de Estados Unidos a sus espaldas, pero de este frágil alto el fuego regional dependen demasiadas cosas —incluida la salud de la economía global— como para que las ambiciones de Israel en Líbano lo pongan en peligro”, escribe Rodenbeck. “Quizás sea hora de que Estados Unidos ponga freno a su aliado”.

De momento, no parece que eso vaya a ocurrir ya que la Casa Blanca y el propio Donald Trump han afirmado que Líbano no estaba incluido en el acuerdo con Irán, alcanzado con la mediación de Pakistán –que sí dijo en un primer momento que el alto el fuego se aplicaba también al país árabe–. Todo indica que Washington no va a pararle los pies a Netanyahu, al menos en Líbano, aunque el primer ministro ha tenido que acatar a regañadientes el cese de las hostilidades contra Irán.

Egipto –que ha participado en la mediación junto a Pakistán, Turquía y Arabia Saudí– ha denunciado que “las flagrantes violaciones israelíes son totalmente contrarias al espíritu constructivo y positivo que ha surgido en la región” tras el acuerdo de alto el fuego. El Ministerio de Exteriores egipcio ha ido más allá y ha apuntado a una “intención premeditada de frustrar los incansables esfuerzos de las partes regionales e internacionales para reducir la escalada y promover el diálogo y la diplomacia, y representan un nuevo intento de Israel de sumir a la región en el caos total”.

La coordinadora especial para Líbano de Naciones Unidas, Jeanine Hennis, también ha lamentado que Israel haya abortado la posibilidad de poner fin al conflicto. “La ola de ataques del ejército israelí llegó justo cuando las esperanzas de que terminen la violencia y la destrucción estaban aumentando. Esto no puede continuar”, ha afirmado en X, instando a todas las partes a cesar las hostilidades.

Las autoridades libanesas se han mostrado igual de frustradas. El presidente Josep Aoun ha arremetido contra Israel, no sólo por los ataques de este miércoles sino por sus violaciones de la tregua con Líbano sellada en noviembre de 2024, con la mediación de EEUU y Francia. “Durante los quince meses que duró el acuerdo de alto el fuego, hemos sido testigos de la magnitud de las violaciones cometidas sin ningún tipo de disuasión. Hoy, los israelíes vuelven a intensificar su agresión, perpetrando una nueva masacre que se suma a su historial de atrocidades, desafiando flagrantemente todos los valores humanos e ignorando todos los esfuerzos por calmar la situación y lograr la estabilidad”, ha denunciado en un comunicado.

Israel ya había lanzado otra ofensiva contra Líbano en 2024, al mismo tiempo que perpetraba el genocidio contra los palestinos en Gaza, y después del alto el fuego con Hizbulá las tropas hebreas permanecieron en cinco puntos del territorio libanés y violaron de forma constante el acuerdo, hasta el nuevo estallido de las hostilidades este mes de marzo.

En esta ocasión, Israel ha anunciado que pretende ocupar una amplia franja del sur de Líbano para establecer un “zona de seguridad” junto a su frontera norte, para evitar así el lanzamiento de proyectiles contra su territorio. Con el supuesto objetivo de eliminar la presencia de Hizbulá, Israel planea vaciar de civiles y arrasar toda la zona –como hizo en varias partes de Gaza–. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha repetido en varias ocasiones que el ejército aplica en Líbano “el modelo de Gaza” y no parece dispuesto a detener sus planes ahora.

El Ejército hebreo ha reiterado este miércoles que siguen en vigor las órdenes de evacuación de toda la población del sur de Líbano, hasta el río Zahrani, donde residían unas 600.000 personas. Debido a las órdenes militares de Israel, más de 1,2 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares en todo el país en las pasadas semanas.

En medio de la confusión que siguió el anuncio del acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán, algunos de los desplazados libaneses regresaron a sus hogares el miércoles, antes de que Israel lanzara sus brutales ataques. Una doctora de urgencias de la organización Médicos Sin Fronteras relata que en Tiro (sur de Líbano) “se respiraba un renovado aire de esperanza y optimismo tras las conversaciones sobre un alto el fuego”.

“Ha habido familias libanesas que han regresado al sur para comprobar el estado de sus hogares, pensando que la zona ya era segura”, lamenta Thienminh Dinh en un comunicado. Al Hospital Jabal Amel de Tiro ha llegado una de esas familias que había regresado y cuya casa fue bombardeada unas horas después. “Atendimos a unas hermanas cuyos cuerpos estaban acribillados por la metralla. Había una niña de siete años que tenía frío, lloraba, gemía y llamaba a su mamá y a su papá. Tenía heridas abiertas en la cara, el ojo y el cuero cabelludo”, detalla la doctora.

“Y esta tarde, las bombas han seguido cayendo a nuestro alrededor, haciendo temblar las paredes de los hospitales a los que prestamos apoyo, y los cuerpos han seguido inundando el hospital. Cada vez está más claro que no hay ningún lugar seguro para la población civil del Líbano”, concluye la trabajadora de la ONG.

No sólo en el de Tiro, sino en todos los hospitales libaneses, se han vivido escenas similares, con el personal médico desbordado por la gran cantidad de heridos. El sistema sanitario ya estaba bajo mucha presión por los ataques israelíes de las pasadas semanas, que han golpeado decenas de centros sanitarios en todo el país, sobre todo en el área meridional sujeta a las órdenes de evacuación.

La sociedad riojana vuelve a salir a la calle este domingo, 12 de abril, para sumarse a una movilización internacional de solidaridad con el pueblo palestino. Bajo la coordinación de Acampada por Palestina La Rioja, se han convocado marchas en las principales ciudades de la región para respaldar la salida de la Global Sumud Flotilla, que zarpa ese mismo día desde el puerto de Barcelona con destino a la Franja de Gaza. Los organizadores denuncian la “incapacidad” de los mandatarios internacionales para detener lo que califican como un genocidio perpetrado por el Estado de Israel, haciendo un llamamiento a la acción civil para frenar la ocupación ilegal y la actual ofensiva militar que se extiende ya al Líbano e Irán.

En el caso de Logroño, la movilización partirá desde la emblemática plaza del Espolón, rebautizada simbólicamente como Plaza Palestina Libre, y recorrerá el centro de la capital hasta alcanzar el embarcadero del parque de La Ribera. Esta acción busca visibilizar el apoyo al corredor humanitario marítimo en un momento en el que las organizaciones sociales exigen medidas reales y contundentes para detener la “ignominia” que sufre la población civil en los territorios ocupados, apelando a la responsabilidad de la ciudadanía desde su “posición privilegiada”.

Por su parte, Calahorra mantiene su pulso reivindicativo con una marcha que comenzará en la plaza Miguel Ángel Blanco. El recorrido, de aproximadamente una hora de duración por las calles de la ciudad, concluirá con un acto final en la fuente de la plaza de las Víctimas del Terrorismo. Con esta convocatoria conjunta, el movimiento pro-Palestina en La Rioja busca reafirmar su compromiso con la resistencia del pueblo palestino y enviar un mensaje de apoyo directo a los activistas que integran la flotilla en su intento de romper el bloqueo sobre la Franja.

Las guerras en Ucrania, Gaza, Líbano e Irán comparten rasgos estructurales que sugieren que no son guerras aisladas, sino expresiones de un nuevo modelo bélico global. Israel, guiado por una doctrina sionista cada vez más ofensiva bajo liderazgos de extrema derecha, participa en tres de los cuatro escenarios, lo que revela la existencia de un actor con una estrategia de guerra permanente y multipolar. Todos estos conflictos han sido además esencializados, puesto que sus protagonistas los presentan como luchas existenciales en las que cualquier concesión equivale a una rendición identitaria, lo que clausura el espacio para el pragmatismo político y convierte la negociación en una forma de traición. La religión refuerza este marco como legitimador supremo —el sionismo mesiánico, la yihad, la ortodoxia rusa bendecida por el Kremlin, el evangelismo redentor de Trump—, situando la violencia por encima de cualquier argumento jurídico o humanitario. Las narrativas de “gran destino histórico” completan el andamiaje ideológico que justifica la guerra indefinida. Putin invoca la lucha contra el nazismo para legitimar la invasión de Ucrania; Netanyahu apela al Holocausto para justificar operaciones que causan decenas de miles de víctimas civiles. Estas narrativas no son solo propaganda, sino que estructuran profundamente la percepción que los propios actores tienen de sí mismos, inscribiendo cada acción bélica en un arco temporal mítico que refuerza la disposición al sacrificio y hace políticamente imposible cualquier concesión en el presente.

Estos conflictos son además profundamente internacionalizados, funcionando como campos de batalla subrogados de rivalidades geopolíticas globales, garantizando a los beligerantes el suministro continuo de armas, financiación y legitimidad política. Esta internacionalización no solo prolonga las guerras, sino que hace enormemente difícil cualquier mediación, porque resolver el conflicto local implicaría también resolver las tensiones entre las potencias que lo alimentan desde el exterior. El enfrentamiento entre Irán y sus proxies (guerras indirectas por procuración) de un lado, e Israel y sus aliados del otro, es la columna vertebral del sistema de seguridad de Oriente Medio, mientras que la guerra en Ucrania es el escenario principal de la disputa entre Rusia y Occidente por el control del espacio postsoviético y el orden de seguridad europeo. La disuasión nuclear actúa como telón de fondo paradójico en todo este sistema, ya que impide la escalada directa entre grandes potencias, pero permite que las guerras convencionales se prolonguen indefinidamente. Esta geometría nuclear garantiza que los conflictos se mantengan por debajo de cierto umbral de intensidad, pero también que se estanquen en equilibrios de destrucción que nadie tiene incentivos claros para romper.

El dominio del espacio aéreo —cazas de quinta generación, misiles de precisión y, sobre todo, drones de distintas categorías—, se ha convertido en la variable militar determinante de estos conflictos. Esta preferencia por el poder aéreo responde a varias lógicas simultáneas: minimiza las bajas propias, permite operar a distancia, dificulta la atribución de responsabilidad jurídica y genera un efecto de terror y agotamiento sobre las poblaciones civiles. Los drones, en particular, han “democratizado” parcialmente esta capacidad, permitiendo a actores no estatales como Hezbolá o Hamás disponer de una dimensión aérea antes exclusiva de los Estados. La ocupación territorial y la reingeniería demográfica completan la dimensión espacial de estos conflictos. Rusia ha procedido a la anexión formal de cuatro regiones ucranianas, ha deportado a cientos de miles de personas y ha borrado sistemáticamente la identidad cultural ucraniana en los territorios que controla. Israel ha intensificado la construcción de asentamientos en Cisjordania, declarados ilegales por el derecho internacional, ha ocupado y destruido el sur del Líbano, y en Gaza ha aplicado una política de destrucción sistemática orientada a hacer la Franja inhabitable para su población original. Esta combinación de conquista militar con transformación demográfica revela que el objetivo final no es simplemente ganar la guerra, sino rediseñar el mapa humano de la región de forma irreversible.

Las consecuencias humanitarias de este modelo son catastróficas y, en gran medida, deliberadas. Los civiles y las infraestructuras esenciales (hospitales, redes eléctricas, sistemas de agua, mercados, escuelas), son objetivos militares sistemáticos, no daños colaterales inevitables. Esta táctica de guerra total contra la población civil busca quebrar la voluntad de resistencia y generar condiciones de vida insostenibles que fuercen el desplazamiento o la capitulación. Los desplazamientos masivos de población son su consecuencia más visible. En muchos casos estos desplazamientos no son efectos secundarios, sino objetivos deliberados, destinados a crear hechos demográficos consumados difícilmente reversibles. La devastación económica que acompaña a todo ello opera en múltiples escalas: en Gaza la economía ha sido destruida prácticamente en su totalidad; Ucrania ha perdido una fracción enorme de su PIB y sus infraestructuras energéticas han sido sistemáticamente arrasadas; los países vecinos absorben millones de refugiados y soportan el impacto de la inestabilidad en los precios de la energía y los alimentos. Esta dimensión económica raramente aparece en los análisis estratégicos, pero es con frecuencia la que determina la capacidad de resistencia de las poblaciones y, por tanto, la duración real de los conflictos.

Todo esto ocurre en un contexto de colapso progresivo del orden jurídico internacional. El derecho humanitario y los Convenios de Ginebra son ignorados abiertamente por todos los actores principales. El Tribunal Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin por la deportación de niños ucranianos, e Israel enfrenta procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia acusado de genocidio, pero ninguna de estas instancias posee mecanismos coercitivos efectivos frente a potencias militarmente significativas o protegidas por aliados con derecho a veto. La ONU ha sido marginada hasta la irrelevancia operativa. El Consejo de Seguridad está paralizado por vetos cruzados —Estados Unidos bloquea resoluciones sobre Gaza; Rusia y China, sobre Ucrania—, las resoluciones de la Asamblea General carecen de fuerza vinculante y las misiones de paz de la ONU en el Líbano han sido atacadas directamente por fuerzas israelíes. Esta marginación deliberada de la ONU no es accidental, sino el resultado de una estrategia consciente de los actores más poderosos, para preservar su libertad de acción militar sin rendición de cuentas internacional, convirtiendo a la organización en testigo impotente de catástrofes que su carta fundacional fue diseñada precisamente para prevenir. El desprecio hacia el derecho internacional no es simplemente una consecuencia de la guerra: se ha convertido en una herramienta más de la estrategia bélica, un mensaje deliberado dirigido tanto al adversario como a la propia opinión pública nacional.

Lo más revelador de este nuevo paradigma es su lógica política interna, que combina varios elementos mutuamente reforzantes. Los liderazgos extremistas que protagonizan estos conflictos —Netanyahu con su coalición de ultraderecha religiosa, Trump y su tecnofascismo, Putin con su nacionalismo imperial mesiánico, Hamás y Hezbolá con sus ideologías intransigentes—, obtienen réditos políticos internos de la continuación de la guerra, lo que hace que la paz no sea simplemente difícil sino activamente inconveniente para quienes detentan el poder. Cualquier líder que muestre disposición al diálogo se arriesga a ser eliminado políticamente por los sectores más duros de su propio campo. Esta dinámica explica la ruptura sistemática de negociaciones ya iniciadas y la ausencia de mediaciones efectivas. La preferencia por la fuerza como primera opción, y no como último recurso, y la búsqueda de una victoria militar total en lugar de un acuerdo negociado, completan este cuadro, pues los actores más poderosos no buscan resolver las guerras, sino gestionarlas, porque la continuación del conflicto les permite debilitar al adversario y consolidar posiciones sobre el terreno que de otro modo serían inviables políticamente.

La construcción sistemática de imágenes de enemigo y la deshumanización del adversario son los mecanismos culturales que hacen socialmente sostenible todo lo anterior. Los aparatos de propaganda estatales, los medios afines y las redes sociales trabajan para presentar al adversario como encarnación del mal absoluto: los palestinos como terroristas innatos, los israelíes como colonizadores genocidas, los rusos como bárbaros imperialistas, los ucranianos como instrumentos del nazismo, los ayatolás iraníes como encarnación del mal. Cuando el adversario es descrito en términos animales o patológicos, se crea el marco psicológico que permite justificar crímenes de una magnitud que de otro modo resultaría intolerable. Esta deshumanización no es un epifenómeno de la guerra, sino una de sus condiciones de posibilidad. El resultado acumulado de todos estos procesos es la militarización progresiva de las sociedades y del discurso político global: los presupuestos de defensa se disparan en todo el mundo, Europa debate su remilitarización acelerada, las economías se reconvierten en máquinas de guerra y la lógica de la fuerza se normaliza como principio ordenador de las relaciones internacionales. Si estos cuatro conflictos anuncian efectivamente el perfil de las guerras del siglo XXI, lo que revelan es una crisis sistémica del orden internacional (jurídico, diplomático y moral), que ninguno de sus actores principales parece capaz, ni verdaderamente dispuesto, a revertir.

Millones de niños y niñas se han visto sumidos en una crisis debido a la guerra en Oriente Medio. Además de la muerte de cientos de menores y de los desplazamientos forzados a gran escala que sufren en Líbano, hay informaciones sobre niños soldado en Irán.

De acuerdo con los datos de Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, más de 340 menores han muerto y miles han resultado heridos desde que Israel y Estados Unidos comenzaron los ataques contra Irán, que ha respondido bombardeando a los países de la región.

Hasta la fecha, el día más letal para la infancia fue el primero, cuando un ataque de misiles estadounidenses contra un colegio iraní mató como mínimo a 160 estudiantes y profesores. La invasión israelí de Líbano, y los continuos ataques israelíes en Gaza y en la Cisjordania ocupada, han agravado el derramamiento de sangre. Son más de 1,2 millones los niños desplazados en toda la región.

“Los niños de la región están expuestos a una violencia atroz, con los sistemas y servicios diseñados para mantenerlos a salvo también bajo ataque”, dice Catherine Russell, directora ejecutiva de Unicef.

A continuación, algunas de las formas en que la guerra está afectando a los niños.

Desplazamiento forzoso en el Líbano

Según las estimaciones de Unicef, los bombardeos israelíes y las órdenes de evacuación en el Líbano han forzado el desplazamiento de más de 1,1 millones de personas, de las que casi 400.000 son niños. Casi el 90% de esas personas viven fuera de los centros de acogida, y muchas de ellas duermen en la calle.

Nidal Ahmed, de 52 años, y dos de sus hijos han tenido que desplazarse dos veces. Un bombardeo destruyó su casa en Tiro en el segundo día de la guerra de Israel contra Hezbolá. Entonces huyó a la casa de su hermano en un suburbio del sur de Beirut, pero pocos días después Israel ordenó el desalojo de la zona. Ahora viven en Biel, el barrio de la vida nocturna de Beirut, en una tienda de campaña y dentro de un campamento improvisado con cientos de familias.

“Son las 5:00 de la tarde y hoy no hemos comido nada”, dice Ahmed. Zahraa, su hija de ocho meses, está sentada frente a él con el body manchado. “Solo hemos podido darles té y un poco de pan a los niños; no es bueno que una niña tan pequeña coma pan, ¿pero qué podemos hacer?”, añade, señalando las migajas de pan duro que Zahraa ha estado masticando.

Intenté cubrir la lona para protegernos de la lluvia, pero todas las mañanas nos despertamos con los colchones empapados

Ahmed — Vive con sus dos hijos en una tienda de campaña

Tras un mes fuera de su hogar, Ahmed se ha quedado sin dinero para alimentar a sus hijos. Depende de organizaciones locales que aparecen de forma irregular: distribuyen comida la mayoría de los días, pero no todos.

El hombre dice que las condiciones del desplazamiento son “humillantes”, mientras señala la tienda que levantó para él y sus hijos: una lona azul improvisada sobre un armazón de madera y sujeta con piedras. “Intenté cubrirla para protegernos de la lluvia, pero todas las mañanas nos despertamos con los colchones empapados”.

Ahmad, su hijo de tres años, jugaba con otro niño en un terreno baldío. El niño explicó que se duchaba los viernes, cuando su padre los traslada 30 minutos en coche hasta la casa de un amigo que les permite usar el baño. Para las necesidades más inmediatas, un solo baño y cientos de familias que hacen una cola de media hora antes de usar un retrete sin agua corriente.

Marcoluigi Corsi, representante de Unicef en Líbano, advirtió en marzo de los efectos duraderos que el desplazamiento tendría sobre los niños. “Este ciclo implacable de bombardeos y desplazamientos está agravando gravemente las secuelas psicológicas, arraigando un temor profundo y amenazando con causar daños emocionales profundos y a largo plazo”, dijo.

Ahmed ya ha visto algunos de estos efectos en sus propios hijos. Cuando los aviones israelíes rompen la barrera del sonido o bombardean Beirut, su hijo empieza a correr tratando de esconderse de la bomba que cree que va a caer sobre él.

El hombre está agotado. Tuvo que dejar a su esposa y a su hija de 17 años en el hospital de Tiro, heridas durante el bombardeo del hogar familiar. Muestra una foto de su esposa en coma en una cama de hospital. Fractura de cráneo en 33 puntos, hemorragia interna y lesiones en la columna vertebral. “Dicen que no va a sobrevivir”, afirma, mirando a sus hijos. “Ahora los niños están ocupados, están jugando, pero cuando vuelvan a casa y no encuentren allí a su madre, será un desastre”.

Muertes, heridos y duelo en Palestina

Aunque en Gaza rige un alto al fuego desde hace más de cinco meses, las autoridades sanitarias de la Franja cifran en 50 el número de palestinos a los que el Ejército israelí ha matado desde el comienzo de la guerra de Irán el 28 de febrero. Se desconoce el número exacto de niños fallecidos, pero entre los seis palestinos muertos el 29 de marzo por bombardeos israelíes contra puestos de control había una niña, según los servicios de rescate locales.

La Franja de Gaza no se ha recuperado de los 23 meses de bombardeos israelíes que mataron a decenas de miles de personas y destruyeron hospitales y colegios en lo que una investigación de una comisión de la ONU ha calificado como genocidio. Hasta octubre de 2025, de media, un niño palestino moría cada hora. Según la ONG Save The Children, el número total de niños asesinados hasta finales de 2025 por las fuerzas israelíes en su guerra contra Gaza superó los 20.000.

La guerra de Irán no abrió un nuevo frente en Gaza, pero empeoró la inseguridad y provocó que se intensificaran las operaciones militares israelíes. Israel ha impuesto en la Franja cierres y restricciones de movimiento que interrumpen el acceso a servicios básicos y obligan a cerrar colegios. Durante los primeros días de la guerra se cerraron también los pasos fronterizos hacia Gaza, bloqueando la entrada de ayuda humanitaria y mercancías.

Desde el inicio de la guerra con Irán, los colonos israelíes y las fuerzas de seguridad han intensificado la violencia contra los palestinos de la Cisjordania ocupada, causando la muerte de al menos tres niños.

El 15 de marzo, la policía israelí mató a tiros a dos hermanos palestinos y a sus padres en Tamoun. Regresaban en el coche familiar después de hacer la compra para el Ramadán cuando los israelíes dispararon contra ellos. Murieron Mohammed, de cinco años, y Othman, de siete, que era ciego y tenía necesidades especiales. También murieron su madre, Waad Bani Odeh, de 35 años; y su padre, Ali Bani Odeh, de 37.

Sobrevivieron otros dos hermanos. Khaled, de 11 años, fue uno de ellos. Explicó que oyó llorar a su madre y rezar a su padre antes de morir. También, que la policía fronteriza israelí lo sacó a rastras de los restos del coche tras el tiroteo. Se burlaron de él y lo golpearon. “Hemos matado a unos perros”, le dijo un agente, según relató.

En Israel, al menos cuatro niños han muerto por los misiles lanzados en la represalia de Irán. Uno de los peores ataques tuvo lugar el 1 de marzo, cuando un misil iraní sacudió la ciudad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país.

Niños de 12 vigilando puestos de control en Irán

Las denuncias contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán por utilizar a menores de solo 12 años para vigilar puestos de control han hecho saltar las alarmas sobre el uso niños soldado. En un informe de finales de marzo, Human Rights Watch publicó que la Guardia Revolucionaria estaba reclutando a niños como “combatientes en defensa de la patria”.

El 26 de marzo, un responsable del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria dijo que la campaña de reclutamiento de civiles “Combatientes en defensa de la patria por Irán” había fijado los 12 como edad mínima. En el cartel de la campaña se ve a un niño y a una niña junto a dos adultos, entre ellos un hombre con uniforme militar.

Human Rights Watch, con sede en Nueva York, ha explicado que que el reclutamiento militar y el uso de niños constituyen violaciones graves de los derechos de los menores, además de un crimen de guerra cuando tienen menos de 15 años. “No hay excusa para una campaña de reclutamiento que tenga como objetivo alistar a los niños, y mucho menos si son de 12 años”, dice Bill Van Esveld, subdirector de derechos de la infancia en Human Rights Watch. “Las autoridades iraníes parecen dispuestas a arriesgar la vida de los niños a cambio de mano de obra adicional”.

Informaciones apuntan a que Alireza Jafari, un niño iraní de 11 años ya ha muerto por un bombardeo israelí en un puesto de control de seguridad. Sadaf Monfared, su madre, dijo al periódico local Hamshahri que su hijo ayudaba en las patrullas y puestos de control Basij, una milicia voluntaria subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

“Las autoridades implicadas en esta política censurable están poniendo a los niños en riesgo de daños irreversibles y graves, y a ellos mismos en riesgo de incurrir en responsabilidades penales”, dice Bill Van Esveld. “Los altos cargos que no pongan fin a esto no pueden sostener que se preocupan por los niños de Irán”.

Ataques contra escuelas y pérdida de la educación

El 28 de febrero, un bombardeo estadounidense contra un colegio de primaria en Minab causó la muerte de decenas de personas, en su mayoría niñas de entre siete y 12 años. Se trata hasta la fecha de la peor matanza en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Una “grave violación” del derecho internacional, según la Unesco.

En toda la región, los implacables ataques están destruyendo y dañando instalaciones e infraestructuras imprescindibles para los niños, entre las que figuran hospitales, colegios y sistemas de agua y saneamiento. Según La Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, 316 centros médicos y 763 colegios han sido destruidos o dañados gravemente por los ataques israelíes respaldados por Estados Unidos.

Estos ataques y el ambiente de violencia generalizada han dejado en suspenso la educación. Según la ONG Save The Children, al menos 52 millones de niños en edad escolar de toda la región han visto interrumpida su educación, pasando a la enseñanza por Internet o quedándose sin ella por completo. Unicef estima que 364 de los 669 refugios colectivos que hay en Líbano son colegios públicos. En gran parte de Israel, los colegios han tenido que cerrarse una y otra vez.

“En todos los coflictos, las aulas suelen ser las primeras en cerrar y algunos de los últimos lugares en reabrir”, dice Ahmad Alhendawi, responsable para Oriente Medio, el norte de África y Europa del Este de Save The Children.

“Cada clase perdida agrava las secuelas de la guerra: no todos los niños pueden escapar de la violencia ni permitirse pasar a la enseñanza por Internet; sabemos que muchos de los niños más vulnerables nunca volverán una vez que han interrumpido el colegio”, dice. “Las escuelas son lugares protegidos y los ataques contra ellas podrían constituir graves violaciones del derecho internacional humanitario, deben respetarse las leyes de la guerra”.

El impacto psicológico

El derramamiento de sangre y la vorágine de la guerra exponen a los niños a acontecimientos traumáticos. La exposición prolongada a episodios de inestabilidad y violencia tiene efectos de largo plazo sobre el desarrollo cerebral, la regulación emocional y la salud mental.

Aunque Irán ha bloqueado casi por completo Internet, se sigue recibiendo la señal de las emisoras de televisión por satélite. El canal Iran International, con sede en Londres, ha comenzado a emitir entre sus boletines informativos un segmento con consejos para lidiar con los miedos y la ansiedad de los niños.

“Toda guerra es una guerra contra los niños”, dice Alhendawi, de Save The Children. “Los niños viven con miedo, atrapados en el fuego cruzado de esta guerra de adultos; las guerras tienen sus leyes, y los niños deben quedar fuera de todo conflicto”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Las violencias del genocidio han atravesado las vidas de palestinos y palestinas de manera desgarradora. En el caso de las mujeres y las niñas palestinas, en particular, experiencias como la menstruación, el embarazo o el parto se han convertido en una auténtica pesadilla. Miles de mujeres palestinas se han visto forzadas a parir en condiciones extremas, sin acceso a cuidado pre o postnatal, en un escenario de devastación y falta de los insumos más básicos.

Todos los datos que dibujan la realidad de la salud sexual y reproductiva de las palestinas en tiempos de genocidio resultan abrumadores: aumento de los abortos espontáneos en hasta un 300%, casos de cesáreas sin anestesia o post mortem, incremento en las tasas de mortalidad en el parto de mujeres y sus bebés por condiciones prevenibles –como preeclampsia o diabetes–, histerectomías (intervenciones quirúrgicas para la extracción del útero) por falta de acceso a medicamentos para tratar infecciones, desnutrición, deshidratación y anemia que, entre otras cosas, impiden la lactancia.

A esto se suman las consecuencias derivadas de la falta de acceso a agua y a productos de higiene básicos –incluyendo los de higiene menstrual– en un contexto de bloqueo, desplazamientos sucesivos, hacinamiento y precariedad. Mujeres y adolescentes palestinas se han visto obligadas a improvisar compresas de ropa o con tela de tiendas, exponiéndose a un sinnúmero de enfermedades. “A veces necesito compresas y jabón mucho más de lo que necesito comida”, resumía una joven gazatí.

'Reprocidio'

Estos impactos no han sido una consecuencia más de la ofensiva israelí, ni un daño colateral. Investigaciones de expertos de Naciones Unidas, entidades feministas y académicas palestinas y, más recientemente, también ONG israelíes han denunciado la utilización sistemática y deliberada de la violencia reproductiva en el marco del genocidio. Una violencia que se caracteriza por afectar la capacidad de reproducción física y social de la población palestina. Para enfatizar el uso de este tipo de violencia se ha recurrido al término de “genocidio reproductivo” o al concepto “reprocidio”, como plantea la académica gazatí Hala Shoman, subrayando que lo que hay detrás es una estrategia deliberada para eliminar el presente y el futuro de una comunidad, a través de violencia directa y estructural, con efectos inmediatos y a largo plazo.

“Mientras el genocidio extingue las vidas de las personas que existen, el ‘reprocidio’ se asegura de que muchas vidas potenciales no existan nunca”, subraya Shoman. Esta violencia conecta así con las políticas y lógicas de la colonización, ocupación y apartheid impuestos por Israel en Palestina. La violencia reproductiva observada en Gaza se entiende así como una continuación e intensificación de las políticas del colonialismo de asentamiento israelí en su batalla demográfica contra la población palestina.

Aunque la magnitud de esta violencia es inédita en el marco del genocidio, no se trata de una violencia nueva en el contexto palestino, tiene precedentes históricos y tampoco se ha limitado a Gaza. Ejemplo de ello son los impactos del sistema de segregación, control y restricciones de movimiento impuestos por Israel en Cisjordania, que afectan de manera especial a la salud física y mental de las mujeres embarazadas, en especial a medida que se acerca la fecha del parto; o las estrategias de vigilancia de las tasas de natalidad de la población palestina que tiene ciudadanía israelí.

Desde un prisma de justicia reproductiva, se ha insistido también en que las políticas israelíes no solo han comprometido las posibilidades de la población palestina de procrear, sino también las opciones de decidir no tener hijos –por ejemplo, por la falta de anticonceptivos– y las posibilidades de una crianza en un entorno seguro y digno

En el contexto de genocidio en Gaza se han documentado ataques a infraestructuras sanitarias que han afectado a centros de salud materno-infantil y han comprometido el acceso a atención de salud sexual y reproductiva que necesitan más de medio millón de mujeres y niñas palestinas en edad fértil. A pesar de la reducción relativa de la violencia desde el alto el fuego de octubre de 2025, OCHA advertía este mes de la precaria situación que continuaban afrontando decenas de miles de mujeres embarazadas de la Franja.

Las crecientes restricciones impuestas por Israel al trabajo de organizaciones humanitarias en Gaza amenaza la labor de entidades como Médicos Sin Fronteras, que viene desarrollando un papel clave, en especial en la asistencia a los partos en la Franja.

Las reflexiones en torno a la violencia reproductiva han puesto el foco en el ataque israelí que en diciembre de 2023 afectó al principal centro de fertilidad asistida de Gaza. Más de 4.000 embriones –la última oportunidad para concebir para muchas familias– fueron destruidos en el bombardeo contra la clínica Al Basma, un episodio que ha reforzado las acusaciones contra Israel por “imponer medidas tendientes a prevenir los nacimientos de un grupo”, uno de los cinco crímenes contemplados en la Convención contra el Genocidio.

Desde un prisma de justicia reproductiva, se ha insistido también en que las políticas israelíes no solo han comprometido las posibilidades de la población palestina de procrear, sino también las opciones de decidir no tener hijos –por ejemplo, por la falta de anticonceptivos– y las posibilidades de una crianza en un entorno seguro y digno.

La campaña israelí ha arrasado con recursos vitales para sostener la vida y ha expuesto a la población a una lucha diaria por la supervivencia. Los duelos inconclusos, la incertidumbre diaria sobre si podrán proteger o alimentar a sus hijos e hijas y la frustración por la incapacidad de ofrecerles un horizonte de seguridad y esperanza, la carga de cuidados –incluyendo miles de niños y niñas mutilados–explican en parte los cuadros de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental, en una población palestina afectada por un trauma duradero, repetitivo, colectivo y transgeneracional.

Fracturar y subyugar

Los retos parecen difíciles de dimensionar cuando las heridas son tan profundas, cuando se estima que la práctica totalidad de los niños y niñas de Gaza requiere atención psicológica, cuando la infancia palestina implica vivir con una sensación de muerte inminente.

El marco de la violencia reproductiva también obliga a atender las consecuencias físicas y psicológicas, a corto y medio plazo, de la violencia sexual. Su uso también ha sido documentado y denunciado en el marco del genocidio, entre otras voces por una comisión internacional de investigación independiente de la ONU, que ha alertado sobre su incremento e intencionalidad: fracturar y subyugar al conjunto de la población palestina.

Hay evidencias que indican que la violencia sexual se ha ejercido con el aliento implícito o explícito de autoridades civiles y militares israelíes

La violencia sexual y de género ha sido utilizada como forma de castigo e intimidación colectiva y ha afectado en particular a prisioneras y prisioneros palestinos, objeto de abusos y violaciones registrados en vídeos y fotografías difundidos en redes sociales. La violencia sexual como mecanismo de tortura también ha sido denunciada en el último informe de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, quien ha exigido responsabilidades a altos cargos del Gobierno israelí.

Hay evidencias que indican que la violencia sexual se ha ejercido con el aliento implícito o explícito de autoridades civiles y militares israelíes. Las fuerzas israelíes también han explotado los códigos de género con el propósito de humillar a las mujeres y adolescentes palestinas durante sus incursiones y registros, por ejemplo, obligándolas a exponerse en ropa interior frente a su comunidad a sabiendas de que, por el contexto social y religioso, estas prácticas son especialmente degradantes para las mujeres; y conscientes, también, de que muchas palestinas serán reacias a denunciar abusos de carácter sexual por vergüenza, temor a respuestas negativas o a ser culpabilizadas.

Desde una mirada de género también cabe atender otras violencias invisibilizadas en el contexto de genocidio. Entre ellas, el aún infradocumentado incremento de los matrimonios de menores palestinas –principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania–. Organizaciones feministas palestinas que vienen trabajando desde hace años en tareas de sensibilización e incidencia para erradicar esta práctica de la sociedad palestina han alertado sobre el aumento de los matrimonios precoces como una estrategia negativa de afrontamiento y que responde, en parte, a la preocupación por cuestiones de “honor”. Las dificultades económicas, el hacinamiento y la convivencia de jóvenes de ambos sexos en espacios reducidos y las complejas perspectivas de educación –en parte por la masiva destrucción de escuelas y universidades y el uso de instalaciones educativas como refugio, en el caso de Gaza– han aumentado las presiones sociales para que menores palestinas contraigan matrimonio antes de los 18 años.

En un escenario de supervivencia, a muchas niñas palestinas se les presenta esta opción como una vía para conseguir seguridad y estabilidad. Muchas adolescentes palestinas se asoman con pavor a esta posibilidad ante los riesgos asociados a embarazos tempranos y las reticencias a abandonar sus proyectos y aspiraciones. Otra forma más de violencia que trunca futuros y mina los cuerpos de las mujeres y las niñas palestinas. Violencias que no pueden ni deben ser silenciadas ni normalizadas.

Pamela Urrutia Arestizábal es investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Maribel Roldán enredó una kufiya a su cuello y salió a la calle. Un gesto que, por pequeño que fuera, atraía las miradas de quienes compartían con ella la procesión del traslado de las imágenes titulares de la Hermandad de Los Javieres el pasado mes de enero. Una prenda que entraña una declaración de intenciones como es la condena del genocidio del pueblo palestino a raíz del conflicto bélico contra Israel. Una guerra cuya paz, frágil, ha dejado tras de sí cientos de miles de muertos, el destrozo de hogares y una hambruna a la que apenas puede atender la cooperación internacional. Frente al horror, la sevillana pide un posicionamiento público de su propia hermandad y del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, como espacios que reflejan e imprimen su carácter en la sociedad.

“La hermandad siempre ha sido una institución tanto religiosa como civil que ha servido para articular a la sociedad y tengo la sensación de que hay cierta parálisis que no cuestiona el orden establecido”, analiza la hermana en conversación con este medio. En pleno casco histórico de Sevilla, salta a la vista que la ciudad está en vísperas de la Semana Santa y se engalana para acoger tanto las celebraciones del culto religioso como a los miles de visitantes que tiemblan fascinados por la emoción que vibra en las calles. Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, los cortejos superará las expectativas de años anteriores, contando con hasta 3.000 nazarenos en seis cofradías. Con tal aluvión de integrantes, reitera que el llamamiento, ya no solo sobre el conflicto en Palestina, sino en tantos otros de calado internacional, movilizaría a una ingente cantidad de personas, de una forma u otra.

“La Semana Santa ha tomado unos derroteros de espectacularización total y parece que deja tras de sí un vacío ideológico o más bien de preocupación social, cuando en otras épocas ha luchado por la situación de los colectivos más desfavorecidos”, mantiene. Entre estas causas, se encuentra la Hermandad de los Negritos, fundada en el año 1393 por el arzobispo de Sevilla con el propósito de acoger a la población negra de la ciudad, en su mayoría esclavizada, o también la Hermandad de los Panaderos, cuyo origen gremial se remonta a finales del XVI y se articuló como lugar de reunión. Incluso, los Javieres invitaron en marzo de 2002 a procesionar a los bomberos de Nueva York que participaron en las tareas de rescate de los atentados del 11-S y, así, compartieron el dolor que cambió por completo el tablero internacional a principios de este siglo.

“Abrir un debate”

No sería la primera vez que las cofradías atendieran a una causa social, germen de su propia función. Sin embargo, Roldán no recibió respuesta en ninguna de las ocasiones en las que se dirigió tanto a Los Javieres como al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. “Yo no voy a cambiar nada: esto es solo un intento por abrir un debate”, reflexiona, demostrando que las inquietudes que hay entre los integrantes son amplias, ya que hay diversidad de géneros, ideologías y formas de convivir con la fe o sin ella, frente a una “narrativa dominante” —que se indigna por asuntos mediáticos, como la presentación de una estampa del Sagrado Corazón de Jesús por la humorista Lalachus.

Cuando despertó el 7 de octubre de 2023 y vio los ataques de Hamás contra Israel, lo que luego desembocaría en una ataque sin cuartel, quiso visibilizar lo que ocurría a través de la movilización para “atender al más desfavorecido”, uno de los preceptos de la doctrina católica. De alguna manera, pensó que su hermandad podría ser pionera de esta incursión, como ocurrió en la década de los 80 cuando nombraron a la primera hermana mayor. Más tarde, la negativa, o más bien el silencio a sus escritos, caería como un jarro de agua fría. No duda de que la atrocidad ha removido a sus hermanos y hermanas de forma individual, pero desea que los atentados que se siguen perpetuando contra la población palestina sigan discutiéndose en la esfera pública.

Esta ambigüedad no es una impresión aislada que extrae Roldán por lo vivido como hermana, sino un comportamiento cada vez más presente entre las cofradías, tal y como analiza Daniel Marín, profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Dedicado al mundo cofrade, su más reciente artículo, publicado en Aposta. Revista de Ciencias Sociales, trata sobre el perfil que abunda en el cofradierismo, cada vez con mayor presencia femenina, menor peso juvenil y creciente incorporación de perfiles profesionales cualificados pertenecientes a las clases medias. Una observación que también se nutre del día a día, de sus paseos, actividades, incluso, de las procesiones a las que acude, como ocurrió el día en que vio a una mujer vestida con un pañuelo palestino.

Homogeneidad

“Iba con mi hija y me llamó la atención, es más, me ha sorprendido que se haya tardado tanto en que alguien lo diga”, apunta en declaraciones a este medio. Con esta escena, le surgieron varias preguntas: ¿por qué las hermandades no se pronunciaban ante la guerra o por qué las hermandades no comentan nada, en general? Una actitud contraria a los principios fundacionales que dieron lugar a estas corporaciones tal y como las conocemos y que tienen su origen en el siglo XVI y el Concilio de Trento. La función asistencial, concebida para ayudar a los más vulnerables, permaneció en su ADN hasta principios del XIX, momento en el que “emerge la función social hasta la actualidad”. Fue entonces cuando la hermandad, fruto de distintas identidades, actuaba como lugar de acogida para los desclasados, para aquellos que, sin amparo social, encontraban en ellas un refugio.

Sin embargo, el sociólogo sitúa entre las décadas de los 60 y 70 el inicio de una transformación paulatina e imparable: “Mientras que antes era normal que acogieran muchas disidencias, ahora son homogéneas. En la sociedad posmoderna, las organizaciones básicas de socialización, como son la familia, la escuela y el templo, se deshacen y la gente intenta construir nuevas identidades, donde las hermandades van a ser fundamentales”.

La lucha obrera, la consecución de los derechos democráticos, el movimiento feminista o del colectivo LGTBI son alguna de las rupturas más evidentes en una España que vivía los estertores en el franquismo. En tal periodo, las cofradías actuaban “en el atrio de los gentiles”. En la tradición judía, este sería un espacio a la entrada del templo reservada para los gentiles, es decir, los no creyentes, donde aportaban sus conocimientos al debate moral de la comunidad. Desde fuera, aunque siendo escuchados. “Las hermandades funcionan mucho desde esta posición”, opina el profesor, “ya que, si aceptas las normas doctrinales de la Iglesia, el espacio será flexible contigo, así, se fomenta una religiosidad bisagra”, como acuñó la especialista Renée de la Torre. Así, el fervor religioso y la práctica no están alienadas y se vive con mayor libertad la integración dentro de la organización cristiana, tanto es así que la exigencia mínima de las hermandades es tener la partida bautismal.

Pero en esta sociedad posmoderna hace aparición la “gentrificación simbólica”, apunta Marín. Por tanto, las clases menos pudientes son sustituidas gradualmente por las clases medias y, señala, una característica fundamental de esta parte de la población es el extremo centrismo ideológico que las acompaña, asociado a una mayor estabilidad, o una determinada indiferencia, a veces políticas o religiosa, a las cuestiones que suceden en su entorno. “De ahí, que se eviten ciertos temas, incluso doctrinalmente polémicos, como el aborto, porque son conscientes de que hay hermanos que sí están a favor”, señala.

Influir en el tiempo a vivir

Entre las funciones que recoge el derecho canónico para las hermandades, está la promoción del culto, el ejercicio de la caridad y “animar con espíritu cristiano el orden temporal”. “Quiere decir, influir católicamente en el tiempo que te ha tocado vivir”, una afirmación para la que se muestran de perfil en las cuestiones sociales, aunque los lazos con las instituciones públicas sigan estando intactos en lo que el investigador, en base a las teorías de Isidoro Moreno, llama municipal-cofraderismo. En este caso, las cofradías optan por un seguidismo de las proclamas de su obispo, “pero selectivamente”, resalta Marín. Volviendo al ejemplo de Lalachus, se correspondió a la llamada que hizo el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, al contrario de lo que sucedió con el apoyo expreso que hizo la Iglesia sobre la regularización extraordinaria de migrantes.

“En la medida en que las clases plebeyas se han ido arrinconando, los jóvenes que se incorporan a las hermandades reproducen el comportamiento de las clases medias que ya hay dentro, como ocurre con la estandarización de la vestimenta, y, por tanto, reproducen los discursos del núcleo”, sostiene. Una cuestión que preocupa al sociólogo debido a que, de esta forma, se rehúye del debate dentro de las hermandades, como ocurre con otros aspectos del consumo de masas, ya sea en la esfera de ocio, de las ideologías o de la atomización de las redes sociales, y que también afecta al colectivo: “Últimamente, se discute poco y se acepta la homogeneización”.

A preguntas de este medio, fuentes de la Hermandad de Los Javieres afirman que no están autorizados a sacar conclusiones o hacer declaraciones de asuntos políticos, como el relativo al de Gaza. En todo caso, dependen de la doctrina de la iglesia. Aun así, destacan su labor social, como la asistencia a madres solteras, menores sin acompañamiento, familias sin recursos o personas migrantes, “hacemos una labor social independientemente de la ideología o la raza”, señalan. Ponen de ejemplo la financiación de escuelas infantiles de verano en el barrio de Los Pajaritos o la distribución de alimentos entre aquellos que acuden a su servicio.

Mi primera estancia en Gaza fue entre noviembre y diciembre de 2024. Volví en noviembre de 2025 como responsable de actividades de enfermería de Médicos Sin Fronteras (MSF) y me quedé casi cuatro meses, hasta finales de febrero, cuando todo el personal internacional de las ONG afectadas por la cancelación de su registro tuvo que abandonar el territorio.

Prolongué mi estancia cuando supimos que Israel no permitiría la entrada de reemplazos internacionales. Como responsable de enfermería para el sur de Gaza, visité y supervisé varias instalaciones en el sur y también viajé al norte para supervisar uno de los hospitales a los que prestamos apoyo allí, el Hospital Al Helou, así como la clínica de la zona de Al Zeytoun, en Ciudad de Gaza.

Incluso durante lo que se viene denominando alto el fuego (desde octubre de 2025), nunca se ha tenido la sensación de que los combates hayan cesado realmente. Los drones sobrevuelan constantemente la zona. Se pueden oír ataques aéreos todos los días. El número de víctimas mortales puede haber disminuido en comparación con antes del acuerdo, pero la violencia nunca ha desaparecido.

Lo que he visto esta vez ha sido más destrucción aún. El sistema sanitario está devastado. Hay menos edificios en pie. Más tiendas de campaña. Más familias desplazadas y hacinadas en zonas cada vez más reducidas. La situación es inhumana y cada día vemos las consecuencias médicas que sufren las personas en Gaza debido a las condiciones en las que se ven obligadas a vivir.

Vemos infecciones respiratorias: neumonía, bronquiolitis, niños expuestos al frío invernal en tiendas de campaña improvisadas sin calefacción. Tratamos de forma incesante casos de gastroenteritis aguda porque el agua potable sigue siendo escasa. La gente hace cola todos los días solo para recoger agua, como lleva haciendo desde hace más de dos años. Las enfermedades de la piel están muy extendidas debido al hacinamiento y la falta de higiene.

Desde el 1 de enero de 2026, MSF no ha podido introducir ningún suministro en Gaza. Desde finales de febrero, todo nuestro personal internacional se ha visto obligado a abandonar Gaza tras la decisión de Israel de retirar la autorización a MSF y a otras 36 ONG para operar en Palestina

La necesidad de atención de heridas es abrumadora. En un momento dado, llegamos a realizar hasta 900 curas a la semana. Muchas de estas heridas tienen meses, son lesiones que nunca se curaron adecuadamente. Traté a jóvenes de 18 y 19 años que ahora están paralizados por heridas de bala en la columna vertebral, confinados en la cama, con úlceras por presión que se infectan fácilmente en estas condiciones de vida.

También vemos a muchos pacientes con fijadores externos aún colocados en sus extremidades, esperando cirugías que no se pueden realizar dentro de Gaza. Las evacuaciones médicas son extremadamente limitadas. Según la Organización Mundial de la Salud, 18.500 pacientes necesitan atención especializada que no existe en Gaza, pero no se les permite salir.

No puedo olvidar a Mohamed, un niño de tres años con desnutrición crónica y necesidades médicas complejas. Lo tratamos con leche terapéutica y mejoró, pero una vez que regresó a casa, su estado volvió a deteriorarse. La última vez que lo vi, había perdido mucho peso porque se negaba a tomar el producto a base de cacahuetes que se utiliza para tratar la desnutrición fuera del hospital. Es celíaco y tiene otras necesidades dietéticas especiales. Mohamed sigue esperando ser evacuado. Sin acceso a atención médica fuera de Gaza, los niños como él pueden no sobrevivir, por mucho que nos esforcemos.

Nuestro personal palestino vive esta misma realidad. Sufren la misma inseguridad, las mismas carencias y la misma presión psicológica que el resto de la población. La amenaza de un ataque nunca desaparece.

Nuestros colegas palestinos son quienes llevan adelante la respuesta de MSF. Pero apoyarlos en la distancia nunca será lo mismo que estar a su lado, siendo testigos y ayudando a quienes han mantenido en funcionamiento un sistema de salud devastado tras más de dos años de un trabajo sin descanso.

Nuestro personal palestino vive esta misma realidad. Sufren la misma inseguridad, las mismas carencias y la misma presión psicológica que el resto de la población

Mientras estaba sentada en el autobús que salía de Gaza, tenía un nudo en la garganta. Cada vez que volvemos, la destrucción es peor. Esta vez, me fui preguntándome cómo estará todo si nos permiten volver y cuándo.

Desde el 1 de enero de 2026, MSF no ha podido introducir ningún suministro en Gaza. Desde finales de febrero, todo nuestro personal internacional se ha visto obligado a abandonar Gaza tras la decisión de Israel de retirar la autorización a MSF y a otras 36 ONG para operar en Palestina. Esto tendrá consecuencias catastróficas para las personas que dependen casi por completo de la ayuda humanitaria, incluyendo agua, alimentos, atención sanitaria, saneamiento y educación. Las necesidades son enormes.

Los palestinos nos piden que hablemos de lo que hemos visto, de cómo viven, de la violencia y el bloqueo continuos que condicionan todos los aspectos de sus vidas. Eso es lo que puedo hacer ahora. Hablar. Y esperar que algún día MSF, y todas las demás organizaciones, puedan trabajar libremente, porque los palestinos de Gaza lo necesitan desesperadamente.

MSF sigue presente en la Franja con más 1.200 trabajadores palestinos y mantiene su compromiso de seguir prestando asistencia en Palestina durante el mayor tiempo posible.

El puerto de Barcelona volverá a ser el escenario de partida de la Global Sumud Flotilla, la misión humanitaria que intentará, de nuevo, romper el bloqueo humanitario que Israel aplica sobre Gaza. El 12 de abril zarparán los primeros barcos de un conjunto que espera superar las 100 embarcaciones y que contará con miles de personas.

“Será la mayor de la historia. Tendremos representantes de todas las naciones del mundo para hacer real ese cántico de que el mundo está contra el genocidio”, ha asegurado el activista Saif Abukeshek, en una rueda de prensa en el Parlament de Catalunya. El espacio, reservado para los partidos políticos, ha sido cedido a la Flotilla por el PSC, Comuns, ERC y la CUP.

El puerto de Barcelona será el lugar del que zarpará la mayor parte de la comitiva pero, igual que la última misión, habrá más embarcaciones y tripulación que se irán sumando de otros puertos europeos. Paralelamente, también partirá de Mauritania un convoy terrestre el 10 de abril. Este irá cargado de más material humanitario.

Otra diferencia respecto a la Flotilla que zarpó a finales de agosto de 2025 es que, en esta ocasión, habrá barcos y tripulación de Open Arms, que aportarán apoyo técnico, sanitario y logístico. El objetivo, además de contar con la presencia de una entidad con experiencia en este tipo de misiones, es incorporar a profesionales capaces de atender tanto a barcos como a personas que enfrenten dificultades. Este punto cubre una de las necesidades que se detectaron en el último intento de romper el bloqueo, durante el cual diferentes embarcaciones tuvieron que abandonar la ruta por problemas técnicos.

“Hemos asumido riesgos relevantes en el pasado. En 2024 abrimos un corredor marítimo, pero esa operación se interrumpió tras un ataque israelí que mató a diversos trabajadores humanitarios de World Global Kitchen. No posicionarse es permisividad. Por eso, nos sumamos a la Global Sumud Flotilla. Para actuar y no sólo para mirar”, ha asegurado Gerard Canals, jefe de operaciones de Open Arms.

Los organizadores de la misión todavía no han querido facilitar los nombres de activistas, políticos o personajes de la cultura que vayan a sumarse a la acción y aseguran que los irán anunciando cuando queden pocos días para el fin de semana del 11 de abril, durante el cual se realizarán diversas actividades culturales y reivindicativas para despedir a la flotilla.

Sí que han dado detalles sobre los perfiles de gente que se embarcarán. Además de activistas por los derechos humanos, en esta ocasión contarán con la participación de diversos profesionales que, consideran, son “imprescindibles para la reconstrucción de Gaza”. Habrá médicos, educadores, arquitectos, representantes legales e investigadores ecoambientales. “Durante dos años y medio de genocidio, Israel ha prohibido la entrada de expertos a Gaza y, por tanto, desconocemos el resultado de sus ataques”, ha apuntado Abukeshek.

Así, el objetivo de esta misión no es sólo entregar material humanitario sino “empezar a pensar y a hacer posible la reconstrucción” de Gaza. Ahora bien, los activistas no han querido dejar pasar la oportunidad para denunciar que el alto al fuego en la zona es “falso e inexistente” y que el proceso de paz “no tiene en cuenta los derechos palestinos. Lo que hace el gobierno sionista no ha cambiado en absoluto”, han remachado.

Un nuevo intento, ocho meses después

La última flotilla hacia Gaza partió, también de Barcelona, el 31 de agosto de 2025. En aquella ocasión, estuvo formada por una cuarentena de barcos y centenares de personas, entre las que se encontraron la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau o el concejal de ERC Jordi Coronas. A ellos se fueron sumando más embarcaciones y personas en diversos puertos europeos que formaban parte de la ruta hasta Palestina. La misión empezó ya con altibajos: el día previsto para la salida, los barcos tuvieron que regresar a puerto debido al mal tiempo y muchas embarcaciones no superaron los embistes del Mediterráneo durante la travesía.

Aunque algunos activistas también tuvieron que abandonar por el camino, la Flotilla consiguió acercarse a unas 70 millas náuticas de la costa palestina, pero durante la madrugada, se vio rodeada por unas 20 embarcaciones israelíes que detuvieron a los más de 300 activistas que navegaban para romper el bloqueo humanitario impuesto por Israel.

Los activistas denunciaron la detención como “un secuestro ilegal” porque sostienen que la zona de excepción que Israel les acusa de haber violado, fue declarada ilegal por diversos estamentos internacionales. Así, según apunta la ONG Adalah, que presta atención legal a los detenidos, Israel no tenía ningún derecho a intervenir sobre los barcos y estos no han incumplido ninguna ley al intentar llegar a Gaza. Finalmente, los detenidos de origen español regresaron a sus hogares después de cinco días detenidos.

Los misiles iraníes han matado al menos a 15 personas en Israel y herido a muchas más durante las tres primeras semanas de la guerra desencadenada por Israel y EEUU. Esto incluye a los 200 que resultaron afectados por los ataques nocturnos cerca de una instalación nuclear en el sur del país. Pero el apoyo público a la guerra no ha descendido en el país israelí.

Una abrumadora mayoría de los israelíes judíos respalda la decisión de iniciar el conflicto; el Instituto Israelí para la Democracia sitúa el apoyo en más del 90% en dos encuestas realizadas desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los bombardeos.

Pese al constante sonido de las sirenas antiaéreas, el cierre de escuelas, la cancelación de vuelos o las advertencias de que la campaña podría durar semanas, más de la mitad de los participantes en el sondeo también manifestaron que querían que EEUU e Israel continuaran bombardeando Irán hasta que cayera su Gobierno.

La oposición ha dejado a un lado la campaña de las elecciones parlamentarias previstas para este otoño y ha apoyado la decisión de atacar a Irán en lo que es una muestra casi unánime de unidad nacional.

Vuelta a las urnas tres años después

Las elecciones de este año serán las primeras en las que los israelíes podrán evaluar al Gobierno desde el comienzo de la guerra contra Gaza que siguió a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Netanyahu dejó estupefactos a sus aliados políticos tanto como a sus rivales por aferrarse al poder aquel día, el más sangriento en la historia de Israel. Se resistió a asumir la responsabilidad por el fallo de la seguridad, incluso cuando la práctica total de los principales responsables políticos, militares y de inteligencia en aquel momento pidieron disculpas y dimitieron.

Aunque ha conseguido mantener unida, pese a las disputas internas, a la coalición gobernante, las encuestas de opinión no han cambiado y siguen señalando que no podrá mantener el poder.

Muchos israelíes creen que Netanyahu consideraba que derrocar al régimen iraní, o debilitar su capacidad militar, era su mejor oportunidad para convencer a los votantes de que reconsideraran su legado, a pesar de que la guerra de 12 días contra Irán de junio de 2025 tuvo un impacto mínimo en su popularidad.

“Para Netanyahu, el camino a las urnas pasa por Washington y Teherán”, declaró un ministro cercano a Netanyahu al periódico Haaretz poco antes del inicio de la guerra. “Dio por hecho que destruir el eje del mal iraní rehabilitaría su imagen tras el 7 de octubre”, señaló.

Ese convencimiento generalizado está detrás de las preguntas sobre las intenciones de Netanyahu poco después de que las primeras bombas cayeran sobre Teherán. La columnista del periódico Yedioth Ahronoth Sima Kadmon se preguntó si la guerra respondía a “una necesidad de seguridad o a una necesidad de coalición”.

La mayoría de los israelíes no compartieron ese escepticismo. Cuando Netanyahu declaró que había atacado Irán para eliminar una “amenaza existencial”, la mayoría le creyó, aunque no modificaran su intención de voto, según Dahlia Scheindlin, investigadora de la opinión pública con sede en Tel Aviv.

“Uno de los datos más importantes para mí es que, en junio de 2025, casi dos tercios de los israelíes creían que había actuado por motivos de seguridad verdaderos”, afirma.

“Esto marca la diferencia, dado que durante los dos años posteriores a los ataques del 7 de octubre se pensó que estaba tomando decisiones estratégicas importantes sobre la guerra de Gaza por motivos políticos”, explica Scheindlin.

El rechazo político a la guerra dentro de Israel ha venido principalmente de ciudadanos palestinos residentes en el país o de personas sin vínculos políticos previos, como Jonathan Shimriz, un candidato que se presenta por primera vez.

Lo que está claro es que no hay oposición. ¿Acaso alguien sabe cuándo terminará la guerra de Gaza? ¿Alguien sabe por qué entramos en ella? ¿Acaso alguien se hace preguntas?

Jonathan Shimri — Candidato opositor

El hermano de Shimriz fue uno de los rehenes capturados por Hamás el 7 de octubre y murió por los disparos de las fuerzas israelíes en Gaza. Decidió entrar en política tras fundar un movimiento popular de apoyo a las familias que perdieron a sus seres queridos en los ataques.

“Lo que está claro es que no hay oposición”, dijo en una publicación en redes sociales. “¿Acaso alguien sabe cuándo terminará la guerra? ¿Alguien sabe por qué entramos en ella? ¿Acaso alguien se hace preguntas?”, planteó.

El triunfalismo israelí contrasta ostensiblemente con la visión de la guerra que llega de fuera del país, donde la prensa advierte mayoritariamente del peligro de una escalada regional, el aumento vertiginoso de los precios de la energía y la parálisis de los sectores de la economía de la región del Golfo pérsico que dependen del turismo y la seguridad.

En la semana en el que el bombardeo de una escuela de niñas en Irán, probablemente por fuerzas estadounidenses, que dejó al menos 175 muertos, la portada del Jerusalem Post mostró a una piloto de combate israelí de la mano de una mujer iraní anónima. “Mujeres, Vida, Libertad. El estilo israelí”, rezaba.

Muchos en EEUU ven ecos de la invasión de Afganistán en la decisión de presentar los ataques aéreos como una campaña por los derechos de las mujeres.

Trump hizo campaña contra las intervenciones extranjeras, incluida esa guerra, y su cambio de postura no lo comparten todos sus votantes. La mayoría de los estadounidenses, incluidos los demócratas y un número notable de republicanos, se oponen a lo que consideran una guerra innecesaria, según las encuestas.

Trump combina ahora las amenazas de una misión terrestre con insinuaciones de que quiere poner fin al conflicto rápidamente. Pero lo que quiera hacer Irán también importa, y si el conflicto se prolonga, el mandatario podría buscar un cabeza de turco antes de las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre.

El crítico más destacado de la guerra dentro de la administración Trump, el exdirector del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, de extrema derecha, arremetió directamente contra Israel al anunciar su dimisión. “Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, escribió Joe en una carta publicada en X.

Si esta sensación se extiende —en un momento en que el apoyo bipartidista a Israel ya está en declive— podría dañar gravemente la relación diplomática más importante del país, afirmó un ex alto funcionario de inteligencia israelí.

“Creo que el mayor riesgo de esta guerra es perder el apoyo del pueblo estadounidense”, declaró, en referencia a las encuestas previas a la guerra que ya mostraban un descenso en el respaldo a Israel entre republicanos y demócratas.

“Si mueren muchos estadounidenses, los precios del combustible se disparan y esto no se percibe como una victoria, las tendencias contrarias a Israel que ya observamos en EEUU no harán más que reforzarse”, apuntó.

Si bien la relación entre EEUU e Israel amenaza con convertirse en un lastre para Trump y su partido, para Netanyahu representa una ventaja electoral, pues a menudo ha basado su campaña en su reputación como estadista internacional.

Está previsto que Trump visite Israel en mayo para recibir el Premio Israel, uno de los máximos honores del país. Si la guerra ha terminado, la ceremonia sería una valiosa oportunidad para demostrar la estrecha relación personal que mantiene con Trump antes de que los votantes emitan su voto en unas elecciones de gran trascendencia para Netanyahu.

Con el país sumido en una disputa sobre la naturaleza de la comisión nacional que investigará los atentados del 7 de octubre, la carrera política de Netanyahu, su legado y, potencialmente, también su libertad personal, podrían estar en juego.

El primer ministro se enfrenta a un largo proceso judicial por corrupción tras ser acusado de soborno, fraude y abuso de confianza. Si pierde el poder, comparecerá como ciudadano particular o, a lo sumo, como diputado de la oposición.

Netanyahu persigue un indulto preventivo con el entusiasta respaldo de Trump, hasta el punto de sacar el tema en su primera rueda de prensa sobre la guerra. El Ministerio de Justicia israelí se ha manifestado en contra de que se retiren los cargos.

No se puede confiar en que Netanyahu no aproveche la guerra y los logros del Ejército para su propia supervivencia política

Naama Lazimi — Diputada del Partido Demócrata

Los políticos israelíes que apoyan la guerra afirman que, pese a ello, temen que Netanyahu intente sacar provecho personal de los sacrificios hechos por la nación.

Naama Lazimi, diputada del Partido Demócrata, de centroizquierda, declaró: “Desde que Netanyahu está procesado, su conducta política depende cada vez más de su supervivencia personal. Por eso existen dudas legítimas de que, en ocasiones, sus circunstancias políticas puedan prevalecer sobre los intereses de seguridad nacional de Israel”.

“No cabe duda de que la amenaza iraní es existencial y debe abordarse con toda seriedad. Sin embargo, no se puede confiar en que Netanyahu no aproveche la guerra y los logros de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército del país] para su propia supervivencia política”, advirtió.

Esta guerra podría estar reorganizando todo Oriente Medio, y la opinión pública israelí apenas se inmuta

Dahlia Scheindlin — Investigadora de opinión pública en Tel Aviv

Pero si Netanyahu inició la guerra en Irán pensando, al menos en parte, en sus perspectivas electorales, la campaña de bombardeos no le ha dado el impulso esperado.

“No ha habido un repunte significativo de la confianza en el Gobierno, solo unos pocos puntos que rápidamente volvieron a los niveles previos a la guerra. Esta guerra podría estar reorganizando todo Oriente Medio, y la opinión pública israelí apenas se inmuta”, indicó Scheindlin.

Mientras tanto, la campaña contra Teherán ha silenciado la cobertura de la catástrofe humanitaria y los continuos ataques en Gaza, así como el aumento de violencia israelí en la Cisjordania ocupada.

Sin embargo, si las encuestas aciertan y los votantes israelíes eligen un parlamento sin mayoría absoluta, este conflicto podría volver a acaparar la atención.

Es probable que los partidos que representan a los ciudadanos palestinos de Israel sean bisagra para que la oposición forme gobierno. Los principales partidos de la oposición judía han prometido no aliarse con ellos y no ofrecen un programa que realmente difiera de Netanyahu en materia de seguridad nacional e internacional.

Entre los principales opositores se encuentra el ex primer ministro Naftali Bennett, que dirigió el consejo para los asentamientos israelíes ilegales en la Palestina ocupada. Todos se oponen al Estado palestino, a pesar del creciente apoyo y reconocimiento internacional del que goza.

A medida que aumentan las críticas mundiales a la guerra de Israel en Gaza —que, según académicos, organizaciones de derechos humanos y una comisión de la ONU, se ajusta a la definición de genocidio—, EEUU se ha convertido en un aliado diplomático y militar crucial para una nación cada vez más aislada.

Si la guerra con Irán causa un daño duradero a esa relación, cualquier triunfo militar podría resultar efímero. “¿Y si al día siguiente nos damos cuenta de que estamos solos?”, escribió Eli Leon, analista del diario Maariv, que advirtió: “Si el precio de derrocar al régimen iraní es romper la alianza con EEUU, la victoria supondría, en última instancia, perder nuestra capacidad de sobrevivir en esta región a largo plazo”.

Con información de Quique Kierszenbaum

El debate sobre la seguridad y el rearme ha vuelto con fuerza al centro de la política europea. La invasión rusa de Ucrania, la incertidumbre sobre el papel futuro de Estados Unidos en la OTAN y la creciente tensión geopolítica han alimentado la idea de que Europa debe reforzar urgentemente su capacidad militar. En ese contexto ¿sigue teniendo sentido hoy una posición pacifista en Europa? 

El rearme como nuevo sentido común europeo

En nuestras sociedades la defensa militar se ha convertido en un supuesto incuestionado. Se da por hecho que la seguridad depende de disponer de ejércitos capaces de disuadir mediante la amenaza de la fuerza. Este planteamiento suele presentarse como realismo político, como una respuesta técnica a un mundo peligroso. Sin embargo, en realidad es una opción histórica y cultural muy concreta, profundamente ideológica, que rara vez se somete a discusión ética o política. 

Cuando se debate sobre defensa nunca se cuestiona ese supuesto básico. Las discusiones se limitan a aspectos secundarios: cuánto gastar en defensa, qué alianzas mantener o dónde desplegar tropas. Pero la premisa de fondo (que la seguridad solo puede garantizarse mediante la capacidad de infligir violencia) permanece intacta. Bajo ese marco, imaginar formas alternativas de seguridad se considera ingenuo o irresponsable. 

El contexto geopolítico reciente ha reforzado esta lógica. En la Unión Europea se ha abierto paso un nuevo consenso: la idea de que Europa debe convertirse en una potencia militar más autónoma. La Comisión Europea impulsa instrumentos financieros para fortalecer la industria de defensa y fomentar la compra conjunta de armamento, mientras Emmanuel Macron, defiende una Europa capaz de ejercer plenamente su poder militar, incluida la dimensión nuclear. 

En España el debate ha adoptado un tono aparentemente pragmático y el Gobierno sostiene que es posible aumentar el gasto militar sin sacrificar el Estado del bienestar. Según esta lógica, si el presupuesto de defensa puede ampliarse sin recortes en sanidad, educación o políticas sociales, el dilema entre “cañones o mantequilla” quedaría resuelto. Pero ese razonamiento evita la pregunta fundamental: incluso si podemos pagarlo, ¿es realmente la vía adecuada para garantizar nuestra seguridad? 

El gasto en defensa no es neutral. No se limita a cubrir una necesidad técnica, sino que orienta la economía, fortalece determinadas industrias, condiciona la política exterior y, sobre todo, formatea las mentalidades, configurando una auténtica economía política de la seguridad armada. Por eso el debate democrático no debería limitarse a la aritmética presupuestaria, sino abordar cuestiones más profundas: qué amenazas consideramos prioritarias, qué tipo de defensa queremos y qué papel debe tener la fuerza militar dentro de una concepción más amplia de seguridad humana, social y ecológica.

El gasto en defensa no es neutral. No se limita a cubrir una necesidad técnica, sino que orienta la economía, fortalece determinadas industrias, condiciona la política exterior y, sobre todo, formatea las mentalidades, configurando una auténtica economía política de la seguridad armada

Esa reflexión exige también preguntarse qué significa exactamente “defender nuestro modo de vida”. Con frecuencia esta expresión funciona como un eslogan que agrupa prosperidad, libertades políticas y estabilidad institucional. Sin embargo, rara vez se reconoce que el modelo de vida europeo se ha construido históricamente sobre relaciones económicas coloniales y patrones de consumo que dependen de la explotación de recursos y trabajo en otras partes del mundo. Es lo que Nancy Fraser ha llamado “capitalismo caníbal”. Defender ese modo de vida sin cuestionarlo significa, en realidad, proteger militarmente una posición privilegiada en la jerarquía global. 

La defensa que destruye lo que dice proteger

Por otro lado, la forma en que se libran las guerras contemporáneas obliga a revisar seriamente la supuesta capacidad protectora de la defensa militar. Hoy los conflictos se desarrollan principalmente en ciudades densamente pobladas y en estos escenarios el uso de artillería pesada, misiles o bombardeos aéreos tiene consecuencias devastadoras para la población civil. Según informes de Naciones Unidas, hasta el 90 % de las víctimas en zonas urbanas son civiles. 

Además, el coste humano de la guerra va mucho más allá de las muertes directas en combate. La antropóloga Stephanie Savell muestra que las guerras posteriores al 11 de septiembre de 2001 han tenido un impacto humano mucho mayor del que suele reconocerse. En las guerras de Afganistán, Irak, Pakistán, Siria, Yemen y regiones relacionadas, se estima que el total de muertes asociadas a los conflictos podría situarse entre 4,5 y 4,7 millones de personas, de las que 3,6 millones corresponden a muertes indirectas, es decir, personas que no murieron por violencia directa en el campo de batalla, sino por las consecuencias estructurales de la guerra: colapso de servicios de salud, malnutrición, enfermedades prevenibles, falta de agua potable y desplazamientos forzados. Casos actuales como Ucrania, Gaza o Irán muestran con crudeza que la guerra contemporánea convierte a la sociedad civil en su principal víctima. 

En este contexto resulta imposible sostener la idea de que la guerra sirve para proteger la vida. La defensa armada se legitima como respuesta frente a una amenaza absoluta, pero los datos muestran que su funcionamiento real implica la destrucción masiva de vidas e infraestructuras civiles. Como ha señalado Judith Butler, las guerras también se libran en el terreno simbólico: determinan qué vidas son reconocidas como valiosas y cuáles pueden ser reducidas a cifras estadísticas o daños colaterales. 

Existe además una ilusión persistente sobre la guerra que también hay que cuestionar: la creencia de que en ella se dirimen valores como la justicia o la libertad. En la práctica, sin embargo, las guerras las ganan quienes disponen de mayor capacidad destructiva y más recursos materiales. La guerra premia la superioridad de la fuerza, no la legitimidad moral. Y esa acumulación de poder militar nunca es neutral: tiende a reproducir y ampliar las desigualdades existentes entre países y dentro de las propias sociedades. 

Aquí resulta especialmente pertinente recordar la advertencia de Audre Lorde cuando afirma que “las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo”. La violencia, las armas, los ejércitos son precisamente esas herramientas. Pretender construir un mundo más justo, más seguro o más humano mediante una intensificación de la fuerza armada equivale a reforzar el mismo principio que genera la opresión: la imposición del más fuerte sobre el más débil.

La gravedad del momento histórico también queda reflejada en un símbolo conocido: el Reloj del Juicio Final (Doomsday Clock) del Bulletin of the Atomic Scientists. Este indicador, creado tras la Segunda Guerra Mundial por científicos vinculados al Proyecto Manhattan, utiliza la metáfora de un reloj para representar la proximidad de la humanidad a una catástrofe global. En la actualidad el reloj marca apenas 85 segundos antes de la medianoche, una advertencia que refleja el aumento simultáneo de riesgos nucleares, crisis climática y tensiones tecnológicas. El mensaje es claro: el rumbo actual del sistema internacional es profundamente inestable y exige respuestas cooperativas a escala global.

Reconocer estos límites no implica negar la existencia de agresiones reales ni ignorar situaciones en las que la resistencia armada ha sido comprensible. La derrota del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial es el ejemplo más claro. Sin embargo, incluso esa victoria no eliminó la lógica de la fuerza en el sistema internacional; al contrario, inauguró un orden basado en la disuasión nuclear y la amenaza permanente de destrucción mutua. Se trata de una dinámica estructural del sistema internacional conocida como el “dilema de la defensa”. Cuando los Estados se arman para protegerse generan inseguridad en otros, que responden armándose también. De este modo se desencadenan carreras armamentísticas que refuerzan la percepción de amenaza. Este proceso se ve intensificado por el peso económico del complejo militar-industrial, que convierte la producción de armamento en un sector con poderosos incentivos para su expansión. 

Si para ser más fuerte que el amo tengo que convertirme en amo…

La pregunta de si “merece la pena” defenderse violentamente cuando eso exige volverse más fuerte e incluso más despiadado que el agresor nos sitúa ante uno de los dilemas más antiguos y perturbadores de la política: ¿en qué estamos dispuestos a convertirnos para sobrevivir? La cuestión no es simplemente estratégica, es moral. No se trata solo de ganar una guerra, sino de preguntarse qué tipo de sociedad y qué futuro emergen de esa victoria.

Cuando una comunidad decide defenderse, el objetivo declarado es preservar su forma de vida frente a una amenaza. Sin embargo, en el curso de esa defensa se introducen como “medidas excepcionales” prácticas que erosionan precisamente aquello que pretende proteger: limitación de libertades, concentración de poder, normalización de la mentira como herramienta política, deshumanización del adversario y, por extensión, del disidente interno. La historia muestra que las excepciones tienden a volverse permanentes y que la guerra, que comienza como reacción a una agresión externa, terminaa transformando el régimen desde dentro.

Si para derrotar a un régimen autoritario hubiera que adoptar sus métodos (represión sistemática, propaganda omnipresente, desprecio por el derecho internacional) la victoria sería más que ambigua: podría lograrse una superioridad militar, pero al precio de vaciar el proyecto político original. De forma análoga, si una democracia respondiera a un entorno internacional crecientemente iliberal imitándolo, “trumpizándose” o endureciendo sus propias reglas hasta diluir los contrapesos institucionales, podría obtener fortaleza a corto plazo, pero a largo plazo estaría debilitando su legitimidad y su estabilidad.

El problema no es solo moral; es también práctico. La crueldad tiende a producir efectos secundarios estratégicamente costosos. Alimenta ciclos de represalia, dificulta la construcción de alianzas, erosiona el apoyo internacional y fractura la cohesión interna. Una sociedad que adopta métodos despiadados necesita reforzar el control interno para sostenerlos. Y ese refuerzo (más vigilancia, menos transparencia, menor pluralismo) transforma la naturaleza misma del régimen: no hay más que mirar a los Estados Unidos de Trump y a la Rusia de Putin. 

Pensar la seguridad más allá de las armas

Frente a este paradigma, deberíamos explorar seriamente la defensa civil noviolenta. Este enfoque parte de una premisa sencilla: ningún régimen puede sostenerse únicamente mediante la coerción. Incluso los poderes más represivos dependen de la cooperación cotidiana de la población. Si esa cooperación se retira mediante huelgas, boicots, desobediencia civil o creación de instituciones alternativas, el poder puede quedar paralizado. 

La historia ofrece múltiples ejemplos de resistencia civil, de no cooperación, de retirada de legitimidad, de desobediencia organizada que hna erosionado regímenes violentos sin recurrir a la guerra. No son caminos fáciles ni exentos de costes, pero tampoco lo es la militarización permanente del mundo. La diferencia crucial es que la defensa civil noviolenta no convierte la violencia en principio, ni hace de la muerte del otro una condición de posibilidad para la propia supervivencia. Como proclamó Manuel Sacristán, “el pacifismo no consiste en no querer morir, sino en no querer matar”.

Cuestionar la supuesta bondad o inevitabilidad de la defensa militar no es negar los conflictos ni idealizar la paz. Es reconocer que el modelo dominante de seguridad ha fracasado, especialmente para quienes más sufren, y que insistir en él solo profundiza las dinámicas que nos han traído hasta aquí. Reivindicar la defensa civil noviolenta es apostar por una noción de seguridad que no se mida por la capacidad de matar, sino por la capacidad de cuidar, resistir y transformar sin renunciar a la dignidad humana.

El poder no reside en las armas, sino en la obediencia cotidiana. Cuando esa obediencia se retira de forma sostenida y colectiva, incluso los regímenes más violentos se ven debilitados, porque pierden la capacidad práctica de gobernar. La resistencia civil noviolenta no derrota al adversario destruyéndolo, sino dejándolo sin suelo. 

Este enfoque permite, además, introducir una reflexión crucial sobre quién puede resistir. La violencia armada es radicalmente excluyente. Se trata de una herramienta profundamente machista, pero también edadista y capacitista. Su uso “eficiente” está pensado para cuerpos muy concretos: varones jóvenes, en excelentes condiciones físicas, entrenados para soportar dolor, miedo extremo y estrés prolongado. Todo lo demás (mujeres, personas mayores, personas con diversidad funcional, cuerpos no normativos) queda relegado al papel de víctimas pasivas o de daños colaterales.

Más aún: la violencia no solo exige unas condiciones físicas específicas, sino también unas disposiciones morales muy particulares. Acechar, engañar, herir, mutilar o matar de forma sistemática requiere suspender, al menos temporalmente, rasgos éticos básicos como la empatía, el cuidado de la otra y el otro o el reconocimiento de la dignidad ajena. No es casual que los ejércitos inviertan enormes recursos en procesos de deshumanización del enemigo: sin ellos, la mayoría de las personas no podría matar. La violencia organizada se apoya en disposiciones psicológicas más cercanas a la sociopatía funcional que a una ética compartida de la vida.

Por eso, y esto es importante subrayarlo, la violencia es una herramienta al alcance de una minoría. No porque el resto de la población sea cobarde o incapaz, sino porque, afortunadamente, la mayoría de los seres humanos no está hecha para matar. El militarismo convierte esa limitación ética en un defecto; la defensa civil noviolenta, en cambio, la reconoce como fortaleza.

El problema es que estas alternativas suelen plantearse cuando la guerra ya ha comenzado, cuando la lógica militar domina la opinión pública y las decisiones políticas. Por eso la defensa civil noviolenta solo puede convertirse en una opción creíble si se construye con antelación, como una política pública organizada en tiempos de paz. 

La vieja máxima romana afirmaba: 'si vis pacem, para bellum', si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ha llegado el momento de invertir esa lógica. Si queremos realmente la paz, debemos comprometernos firmemente desde ahora en prepararla. 

El actor , director y productor estadounidense, Edward Norton, describió el pasado jueves un contexto global marcado por la sobreexposición constante a conflictos y crisis: “Sabemos que el mundo está jodido de formas sin precedentes en nuestras vidas”, aseguró en una entrevista en el Show de Stephen Colbert. “Pero al mismo tiempo, es muy difícil saber qué podemos hacer nosotros como individuos al respecto mientras avanzamos en nuestro día a día”, subrayó. Ante las dificultades para digerir y gestionar estas informaciones, Norton hacía un llamado a actuación: “Para mí, el único antídoto contra la ansiedad ha sido la acción . Ya saben, algún tipo de acción. Tenemos que alzar la voz en contra de la guerra, especialmente la guerra ilegal y asimétrica que se libra contra los civiles”.

El actor hizo referencia a algunos de los principales focos de tensión global que dominan la agenda informativa. Entre ellos, mencionó el genocidio en Gaza, donde Israel ha asesinado a más de 600 palestinos desde el alto al fuego: “Vemos cómo se nos transmite un genocidio en vivo”, aseguró. Mencionaba también el conflicto en Ucrania, que continúa tras la invasión rusa iniciada en 2022, la situación en Sudán, sumido en una guerra interna que ha derivado en desplazamientos masivos y una emergencia humanitaria de gran escala y hablaba además de la situación en su propio país: “Vemos a ciudadanos estadounidenses siendo asesinados por grupos paramilitares en nuestras propias calles por solidarizarse con sus vecinos. Sabemos que de alguna manera es bueno saber lo que realmente está pasando, saber lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, en Sudán y en Minneapolis”, refiriéndose a las actuaciones del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Además, Norton aludía al escándalo relacionado con Jeffrey Epstein y la publicación parcial de documentos durante la administración de Donald Trump: “Estamos viendo cómo se nos dosifican los abusos de Epstein”. Además, estas palabras en contra del gobierno de Estados Unidos, vienen después de conocerse que el Departamento de Justicia ocultó y eliminó algunos archivos de Epstein relacionados con Trump.

Ante esta saturación de noticias trágicas, Norton advirtió sobre los efectos del consumo constante de noticias: “Si me dedico a consumir noticias negativas compulsivamente y me quedo ahí, puedo caer en un pozo oscuro”. En otro momento de la conversación, Norton volvió a insistir en la necesidad de actuar como respuesta a la ansiedad: “Creo que para mí el único antídoto contra la ansiedad ha sido la acción”. Para ello, el intérprete reivindica el papel de cine, manteniendo su “convicción” de que las películas “no son una frivolidad que no podamos permitirnos en este momento”.

La plataforma 'No a la guerra' de Toledo ha organizado la 'Manifestación por la paz', que arrancará este domingo, 22 de marzo, a las 12.00 horas desde la Plaza de Zocodover, y que terminará en la plaza del Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto consensuado por todas las organizaciones.

'No a la Guerra' esta integrada por la Unión Popular de estudiantes; Mujeres de negro contra la Guerra; Marcha por Palestina; la Plataforma 8M Toledo; Izquierda Unida; el Partido Socialista; el Movimiento Sumar; Comisiones Obreras; la Asociación Vecinal La Cava; la Asociación Avalto; el Partido Comunista de España; la Asociación Patrice Lumumba; la Asociación de Vecinos Progresistas 'Amigos del Polígono'; la Federación de Asociaciónes de Vecinales, así como la Unión Popular de Inquilinos.

En rueda de prensa, la responsable de la plataforma, Maite García, ha hecho un llamamiento “a todas las asociaciones y organizaciones de Toledo a que se unan a la plataforma”, y a que participen en la manifestación convocada para este domingo, en la que se leerá un manifiesto y habrá un micro abierto para actuaciones culturales en la Plaza del Ayuntamiento.

De igual modo, ha invitado “a toda la ciudadanía” a que participe en la marcha, “para decir alto y claro que no a la guerra”. Se trata de la primera acción que se realiza desde la plataforma, que piensa seguir trabajando “en otras acciones” posteriormente.

Preguntada por los medios, sobre el plan de medida que el Gobierno de España dará a conocer este viernes, García ha indicado que se mantienen a la espera de conocerlas. “Tendremos en cuenta esas medidas y cómo va la situación y a partir de ahí, como plataforma, trabajaremos con ellas por si hay que pedir más”, ha concretado.

Se apuesta por una manifestación “coordinada a nivel regional”

En cuanto a la estructura de la plataforma, el coordinador de IU y Partido Comunista de España, Jorge Vega, ha aseverado que aunque pertenecen “a diferentes organizaciones”, “lo importante” es decir que todas las están “juntas por un tema en común”, señalando que esperan poder realizar también una manifestación “coordinada a nivel regional”.

Ha concluido explicando que la importancia de esta actividad es “confluir en un tema tan importante como es en el no a la guerra”, repitiendo, así, aquel momento del 2003. Espera esta vez “vaya a ser mucho más importante” y se vayan a conseguir “mejores resultados” que en aquella ocasión, penalizando, de esta forma a “todos los movimientos agresivos que hay en este momento”.

De su lado, el responsable de la Asociación Patrice Lumumba, Braulio Freire, ha subrayado que la situación “llega a límites impensables, sobre todo por la impunidad con que se está manejando a instancia internacional”. De ahí que se haya mostrado confiado en “una reacción de organismos internacionales y sobre todo de la opinión pública mundial”, e intentando, además, hacer de esta plataforma “lo más plural posible”, con el objetivo de reivindicar todas la causas.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la suspensión de las colaboraciones entre la Universidad de Granada y las universidades e instituciones israelíes. El alto tribunal zanjará así una cuestión que hasta ahora ha suscitado dos sentencias contradictorias: un juez avaló en primera instancia la decisión adoptada por la Universidad de Granada, pero luego fue corregido por el TSJA, que entendió que la decisión era discriminatoria y vulneraba los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y no discriminación y la integridad moral.

Ahora se pronunciará el Tribunal Supremo, que ha admitido el recurso de la Universidad de Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), al apreciar que el caso afecta a los límites de la autonomía universitaria.

Los magistrados evaluarán si una universidad puede adoptar acuerdos como la suspensión basados en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, incluso cuando estos impliquen suspender relaciones académicas con instituciones extranjeras. Asimismo, deberá determinar si este tipo de medidas puede calificarse como discriminatorias cuando no se dirige contra personas físicas, sino contra instituciones vinculadas a un determinado Estado.

Acuerdos universitarios en el punto de mira

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada acordó suspender sus programas de cooperación académica con universidades israelíes y reforzar la cooperación con universidades palestinas el 17 de mayo de 2024.

La Universidad acordó suspender la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores con universidades israelíes, así como los convenios de lectorado y cursos de verano con la Universidad de Bal-Illan y con la Universidad de Tel-Aviv; no firmar nuevos acuerdos, ni participar en nuevos proyectos internacionales con universidades israelíes; y suspender la cooperación científico-técnica en los consorcios de investigación promovidos por la Comisión Europea con socios israelíes. También acordó intensificar sus relaciones con las universidades palestinas y ayudar a acoger estudiantes, investigadores y profesores palestinos.

Habían pasado siete meses desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza tras los atentados del 7 de octubre. En ese momento, la ofensiva israelí ya había matado a unos 35.000 y herido a unos 75.000 gazatíes, la mayoría civiles, incluyendo alrededor de 15.000 niños. Israel también obliga al desplazamiento forzoso de 1,7 millones de personas fuera de sus viviendas, en torno al 70% de la población, hacinándolos en el extremo sur de la franja. Hasta el alto el fuego de octubre de 2025 los muertos superaron los 72.000 (de ellos, 21.000 niños y niñas) y los heridos alcanzaron 172.000, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, citadas por las agencias de la ONU.

Entre mayo y junio de 2024 las protestas contra las acciones de Israel en Gaza se sucedieron en las universidades españolas, y media docena de ellas (Valencia, Málaga, Granada, Burgos, Complutense de Madrid, País Vasco y Vigo) rompieron con el país. Varias fueron demandadas por la Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), un lobby sionista que esta misma semana ha demandado a varios periodistas, incluida Raquel Ejerique, adjunta al director de elDiario.es, por “invitar al odio e injuriar personal y públicamente a ciudadanos judíos españoles con significación pública”.

Los recursos de ACOM contra las universidades españolas han seguido una suerte dispar. Por ahora, ha ganado contra la de Granada y Valencia, y perdido contra la de Burgos. Los recursos ahora llegan a la cúspide de la jurisdicción española, que deberá zanjar la cuestión.

Neutralidad o autonomía universitaria

Para fundamentar su acuerdo la institución granadina recordaba que en la esencia de las universidades está promover la paz y que sus Estatutos recogen como fin “la transmisión de los valores superiores de nuestra convivencia (…) el fomento del diálogo, de la paz, del respeto a la diversidad cultural y de la cooperación entre los pueblos”. Pocos días antes, la Conferencia de Rectores y la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas habían pedido el cese de las operaciones militares del ejército israelí y de “cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamas”, así como que Israel respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda ayuda humanitaria.

La Universidad citaba las palabras de la relatora de la ONU Francesca Albanese, quien días antes había lamentado que “el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas”.

ACOM recurrió el acuerdo por entender que vulnera los derechos fundamentales de la población e instituciones israelíes. En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada desestimó la demanda al entender que la Universidad actuó dentro de su autonomía, reconocida en la Constitución, y sin vulnerar derechos fundamentales. El juez razonaba que la decisión de la Universidad no se dirigía “contra el pueblo israelí”, sino que se refería a instituciones concretas, estableciendo una diferencia de trato justificada, proporcional, de efectos provisionales y basada en fines legítimos de la Universidad.

Sin embargo, el TSJA revocó la decisión el pasado septiembre, subrayando que la libertad de la Universidad para establecer o suspender convenios debe ajustarse a los principios de igualdad y dignidad de las personas. A diferencia del juzgado, el TSJA concluyó que el Acuerdo establece un trato desigual hacia estudiantes, profesorado y personal vinculado a universidades israelíes “sin motivación suficiente, sin individualización y sin examinar su concreta participación o posición respecto al conflicto”. Según esos magistrados, el Acuerdo implica una “estigmatización” al asociar a las personas vinculadas a las universidades israelíes con una responsabilidad en el “conflicto entre Israel y Palestina y Gaza”.

El asunto tiene relevantes aristas jurídicas, según reconoce el Tribunal Supremo, que ha visto una oportunidad para retomar la jurisprudencia en materia de acuerdos universitarios sobre cuestiones políticas.

En primer lugar, está el alcance del principio de neutralidad de las universidades públicas. El Tribunal Supremo se cuestiona si tiene el mismo alcance que en otras administraciones y dónde debe trazarse la frontera entre ese principio y el de autonomía universitaria, reconocido en la Constitución. A su vez, los magistrados se pronunciarán sobre si la suspensión de relaciones institucionales con entidades vinculadas a un Estado puede calificarse de “acto discriminatorio” pese a que no se refieran a personas físicas o colectivos.  

David Hatchwell, empresario judío cercano a Isabel Díaz Ayuso y cofundador de la organización ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) que afirma promover “la relación entre España e Israel y la lucha contra el antisemitismo”, ha presentado una serie de demandas de conciliación contra presentadores, colaboradores de televisión, periodistas, medios e incluso cadenas por supuestos delitos de injurias. Entre los nombres propios que figuran en las cuatro demandas interpuestas por Hatchwell, miembro de la comunidad judía, se encuentra la adjunta al director de elDiario.es Raquel Ejerique.

Además, entre los demandados están el columnista de este mismo medio, Antonio Maestre, las presentadoras de RTVE Silvia Intxaurrondo e Inés Hernand, así como políticos como Eduardo Rubiño y Pablo Padilla Estrada (Más Madrid), y laSexta, cadena de Atresmedia.

En un comunicado, la mencionada organización señala “ataques” inscritos “en un patrón sistemático y recurrente que ya se reprodujo con idéntica intensidad en septiembre y octubre del año pasado y que resurge ahora”. Sin concretar a qué “ataques” se refieren en su denuncia, afirman que “no es casualidad que en los momentos de mayor tensión en Oriente Medio emerjan en España campañas coordinadas de acoso, injurias e incitación al odio dirigidas específicamente contra personas judías relevantes y contra quienes apoyan a Israel en nuestro país”.

ACOM dice que los implicados “pertenecen mayoritariamente al entorno mediático y político del Gobierno de España” y que “la disciplina y simultaneidad de estos ataques revelan una movilización coordinada, no una coincidencia”. Enmarcan sus acciones legales en “un serio toque de atención” a los denunciados, de quienes afirman que “utilizan sus tribunas para invitar al odio e injuriar personal y públicamente a ciudadanos judíos españoles con significación pública”.

Las demandas de conciliación, presentadas en distintos juzgados de la Comunidad de Madrid, son cuatro: la primera de ellas a Silvia Intxaurrondo y a Raquel Ejerique, junto a las entidades Sukun Comunicación SL y elDiario.es; la segunda a Inés Hernand, al concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño y a Nadwa Abu-Ghazaleh, activista del movimiento BDS junto a Podium Prisa Podcast.

En sus siguientes procedimientos, todos ellos de conciliación, incluye a Antonio Maestre y a laSexta; y en el último a Pablo Padilla Estrada, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

2026 está siendo un año muy amargo para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Aunque nunca un ejecutivo comunitario había tenido tantos comisarios conservadores, la gestión de la política alemana en su segunda legislatura se está llenando de errores y fracasos. Este miércoles, como colofón a un salto inesperado que ponía patas arriba los principios fundamentales de la Unión Europea, Von der Leyen tuvo que rectificar y dar un paso atrás en su propuesta de relegar el sistema basado en reglas y el derecho internacional como ejes de la política exterior comunitaria.

No ha sido el único resbalón de la presidenta de la Comisión en este primer trimestre, que aún tiene empantanados el acuerdo con Mercosur y el préstamo para apoyar a Ucrania o ha provocado el enfado de los países miembros con actuaciones complacientes con el presidente Donald Trump.

Von der Leyen ha perdido el norte en su intento de adecuarse a las exigencias de Friedrich Merz, el canciller alemán, compatriota y compañero de partido (CDU). Merz pretende que Alemania recupere la antigua posición en la UE que le permitía dirigir la política comunitaria y ser el socio comercial preferente de EEUU para abandonar la atonía que azota la economía alemana. El problema es que Merz entiende que la vía para recuperar esa condición pasa por agradar al presidente Trump en su desordenada y vacilante política exterior. El canciller alemán llegó a decir que “no era el momento de dar lecciones a socios y aliados” sobre el derecho internacional, cuando el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que los bombardeos sobre Irán por parte de EEUU e Israel eran contrarios al derecho internacional, una postura que luego han seguido los líderes de países como Francia e Italia.

Solo así se puede explicar que Von der Leyen haya hecho este viaje de ida y vuelta sobre la política exterior de la UE en solo tres días. Los golpes en la mesa fueron contundentes. Primero, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, refutó todo su discurso con una contundente defensa de una política exterior multilateral, de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, avisó de su discrepancia con Von der Leyen con la advertencia de que es “muy peligroso entrar en un debate que parece cuestionar el derecho internacional”.

Los diplomáticos de los 27 Estados miembros mostraban su desconcierto por las palabras de la presidenta del Ejecutivo comunitario, a la que acusaron de asumir unas competencias que no le corresponden, mientras un grupo de miembros de equipos consulares avisó de las consecuencias que esta política podría tener para Ucrania.

Los europarlamentarios socialdemócratas, liberales y de la izquierda mostraron el rechazo a las palabras de la presidenta de la Comisión. Un rumor se elevó entre los pasillos de las instituciones europeas alrededor de una posible moción de censura con visos de prosperar, una vez que incluso algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) –el grupo de Von der Leyen– mostraron sus dudas de apoyar a una jefa del Ejecutivo que ponía en duda los tratados de la Unión.

Este jueves, en el hemiciclo de la Eurocámara, la soledad de Von der Leyen quedaba patente. Abandonada por los eurodiputados de su grupo parlamentario: ni siquiera asistió al pleno el líder el PPE, Manfred Weber, ya que es uno de los principales enemigos internos de la política alemana. La presidenta de la Comisión Europea se desdecía de sus palabras en una marcha atrás que no evitó que la mayoría de la Eurocámara le vapuleara en una veintena de intervenciones.

Polémica por la Junta de paz de Trump

No ha sido el único traspié de Von der Leyen. Los ánimos estaban ya bastante calientes por otras actuaciones que ha protagonizado. Solo hace 20 días la presidenta de la Comisión abría un cisma en la UE al mandar una comisaria a la inauguración de la Junta de Paz de Trump, pese a que Costa anunció que la UE no iba a participar. La decisión fue contestada por la mayoría de Estados miembros de la UE, ya que no avisó a los países, teniendo en cuenta que Von der Leyen carece del mandato necesario para actuar de esta manera unilateral ante una maniobra de Trump que podría infringir la legalidad internacional. Aunque este movimiento quedó en nada, fue la precuela del discurso contra el derecho internacional que ha hecho sonar todas las alarmas en la UE.

Silencio con Venezuela, tardanza con Groenlandia

Ya a principios de año comenzaron los problemas por la falta de contundencia de la presidenta de la Comisión Europea ante las actuaciones de Trump. ¿Dónde está la Unión Europea? Era la pregunta recurrente ante la respuesta tibia de la Comisión frente a las violaciones del derecho internacional y las amenazas del presidente de EEUU. A pesar de los discursos de Ursula Von der Leyen de convertir a la UE en un jugador de primera en el escenario global, la realidad es que Bruselas se quedó medio muda ante la operación del secuestro del presidente de Venezuela y las pretensiones anexionistas de un territorio perteneciente a un miembro de la UE, Groenlandia.

Mientras el silencio se mantuvo sobre Venezuela, solo tras las amenazas de Trump de aplicar aranceles a los países europeos que decidieron mandar tropas a Groenlandia como apoyo a Dinamarca, hubo una respuesta contundente por parte de la Comisión Europea, que finalmente acabó por frenar, de momento, las obsesiones anexionistas del presidente de EEUU por el territorio danés.

Sin préstamo a Ucrania ni nuevas sanciones a Rusia

Tampoco ha tenido suerte Von der Leyen en el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La Unión Europea sigue buscando su lugar para tener un peso decisivo en el final del conflicto. Europa está siendo ignorada por Washington, salvo para la compra de armamento de empresas estadounidenses, y es despreciada por Vladímir Putin. Entre otras cosas, la Comisión Europea no es capaz de sacar adelante las propuestas estrellas que había planteado este año.

Aunque Merz y Von der Leyen aseguraron que la única vía para financiar a Ucrania era la utilización de los activos congelados rusos, tuvieron que dar su brazo a torcer ante la negativa de Bélgica y lanzarse a por un préstamo de 90.000 millones apoyado en la deuda comunitaria. Sin embargo, el veto de la Hungría del ultranacionalista Viktor Orbán ha dejado tanto ese préstamo como el vigésimo paquete de sanciones sin aprobación definitiva. Hace dos semanas que Von der Leyen subrayó que el “préstamo del puercoespín de acero” para Ucrania saldría adelante, aunque todavía no hay fecha concreta para su ratificación.

El caos del acuerdo comercial con Mercosur

El devenir del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) ha sido otro dolor de cabeza para Von der Leyen. Tras 25 años de negociaciones, poco después de la firma por los responsables políticos de la UE y los cuatro países que forman Mercosur el pasado 17 de enero, el acuerdo comercial se quedaba en un limbo legal tras una votación del Parlamento Europeo que lo mandaba al Tribunal de Justicia de la UE para que analice si cumple los tratados de la UE. Entonces, representantes de varios países acusaron a la presidenta de la Comisión de no haber trabajado suficiente para conseguir el voto de europarlamentarios, incluso dentro del PPE, que inclinaron la balanza para tumbar temporalmente el tratado comercial.

A finales de febrero, Von der Leyen, arrastrada por las exigencias de Merz, anunciaba la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, una vez que tanto Argentina como Uruguay lo habían ratificado en sus respectivas cámaras parlamentarias. Este movimiento ha provocado un fuerte malestar institucional con el Parlamento Europeo y las protestas de los europarlamentarios, que veían en el movimiento de la presidenta de la Comisión un paso antidemocrático.

Inmiscuirse en las políticas energéticas nacionales

Otro resbalón esta semana ha sido la posición de Von der Leyen en defensa de la energía nuclear, ya que se ha inmiscuido en las políticas energéticas de los países miembros. La presidenta de la Comisión apuntó: “La reducción en la participación de la nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones”. La vicepresidenta de la Comisión Teresa Ribera salió al quite recordando que “no puede intervenir en la política energética” de los países miembros. “Mientras formé parte del Gobierno de España, no podía decirle al Gobierno francés qué hacer o qué no hacer. Y ocurre exactamente lo mismo como miembro de la Comisión Europea”, sentenció Ribera.

Paradójicamente, la puntilla le ha llegado de su compatriota Merz. El canciller alemán ha recordado que los anteriores Gobiernos federales habían decidido abandonar progresivamente la energía nuclear y que revertir esa decisión ya no era posible. La última central nuclear en Alemania se cerró en 2023. “Lo lamento, pero así son las cosas, y ahora nos estamos concentrando en la política energética que tenemos”, admitió Merz.

No hay que olvidar que el Gobierno alemán está formado por una coalición de conservadores junto a los socialistas del SPD. El ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider (SPD), mantuvo su posición contraria a la energía nuclear, ya que “si una tecnología arriesgada sigue dependiendo del apoyo estatal después de tres cuartos de siglo, y desde hace tiempo existen mejores alternativas, entonces deben sacarse consecuencias”.

El mundo volátil, lleno de violencia e incertidumbre que tratan de consolidar a su antojo Trump y Putin está desarbolando el papel de la presidenta de la Comisión Europea. 2026 no está siendo el año que soñó Von der Leyen. Estamos en el mes de marzo.

En julio de 2025, el Ministerio Público avalaba la apertura de unas diligencias previas en la Audiencia Nacional para investigar a la metalúrgica vasca Sidenor por haber vendido acero a una empresa clave para la industria armamentística israelí a pesar de ser un negocio no autorizado por el Gobierno español. Pero esa comunión entre la fiscal del caso, Manuela Fernández, y el magistrado instructor, Francisco de Jorge, ha durado poco. De hecho, la posición actual de ambos podría calificarse de enfrentada.

La tensión ha llegado a tal punto que en informes recientes del Ministerio Fiscal se solicita que sea la Sala de lo Penal directamente quien enmiende la plana al juez en, al menos, dos resoluciones: no está de acuerdo ni con el registro practicado en la sede de la metalúrgica vasca el pasado 10 de febrero, ni con la citación del médico palestino cuyo testimonio sobre cómo sufrió en primera persona el ataque de Israel sobre Gaza fue suficiente para que se aceptara su personación como acusación particular en la causa.

Quizá por lo crítico que puede ser para la investigación, el informe más relevante es el referido al registro que se produjo de las instalaciones de la metalúrgica en Basauri el pasado 10 de febrero. La fiscal afeaba en él que De Jorge hubiera dado luz verde a esa diligencia sin esperar siquiera a que fuera firme el auto por el que la acordaba y habiéndole notificado esa entrada “ni veinticuatro horas antes de su realización”.

Y es que Manuela Fernández no considera que se deba imputar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a los otros dos directivos el delito de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio, por lo que circunscribiría el asunto a un delito de contrabando. Con esa reformulación, entiende que el registro sobraba por “inadecuado y desproporcionado” dado que habría sido suficiente con requerir a la compañía toda la documentación referida al pedido tramitado por su delegación en Londres con Israel Military Industries (IMI).

“Sin apoyatura legal”

De hecho, la fiscal iba más allá y subrayaba que “toda la investigación se está realizando sin apoyatura legal alguna que la permita”, lo que se traduce en una “absoluta nulidad de todo lo practicado referido al delito de genocidio” porque el artículo 23.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que solo es perseguible en España “previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal”. Y recordaba que la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa sólo es acusación popular.

En paralelo, a esa batalla por la entrada y registro de la compañía se sumaba un nuevo frente entre el juez y la fiscal: la comparecencia de Refaat Alathamna, el médico gazatí que solicitó personarse en el caso como acusación particular. La Fiscalía trató de evitar por todos los medios su testimonio y acabó elevando también el asunto a la Sala de lo Penal el pasado 6 de febrero.

Para el Ministerio Público el médico no puede tener el estatus de perjudicado o víctima directa del delito de genocidio a pesar de su relato sobre el asedio israelí de la Franja de Gaza y lo que supuso para él y su familia. “Ni puede ni debe servir para darle condición de perjudicado, pues entraríamos en el escenario de la desproporción más absoluta, si esa simple mención fuera suficiente para darle la condición de perjudicado en un delito de genocidio que se atribuye a los tres investigados (…). No ha sido sujeto pasivo de la acción delictiva, no puede ser acusación particular”, explicaba.

La realidad es otra. En un auto conocido esta misma semana, el juez acordaba tenerle por personado en la causa como acusación particular al entender que, tras escuchar su testimonio, “ha quedado suficientemente acreditada su condición de víctima directa de las acciones del ejército de Israel en Gaza”.

Ahora, tanto el juez como la fiscal deberán esperar a que sea la Sala de lo Penal quien tome postura y fije el criterio en esta pelea jurídica. La causa podrá seguir adelante porque la interposición de recurso de apelación no paraliza la investigación, aunque sí supone ponerle palos en la rueda a la instrucción del magistrado.

La gala de los Goya discurrió entre el glamour de la alfombra roja y los dardos reivindicativos característicos de este tipo de actos de la industria cinematográfica, en un día que amaneció con la noticia de las bombas caídas sobre Irán, fruto de un nuevo ataque preventivo, ilegal y unilateral de los EEUU y de su aliado Israel, provocando un nuevo conflicto que tiene al mundo en vilo. De hecho, la velada empezó con los presentadores, Luis Tosar y Rigoberta Bandini, luciendo ostensiblemente un pin con la bandera palestina en la solapa, para denunciar el genocidio en Gaza, y con una explícita condena de la violencia, marca de la casa, pues ya tuvo lugar algo similar en la misma ceremonia con motivo de las guerras de Irak o Ucrania, como se encargó de recordar el actor gallego. Bandini lamentó incluso la orden israelí de expulsar a las ONG de Gaza y Cisjordania, entre ellas a Médicos Sin Fronteras, que ha ahondado más si cabe en la crisis humanitaria que sufre la asediada población gazatí. 

Además, muchos de los asistentes a la gala lucían en su pechera chapas donde se leía el mensaje Free Palestine. Con una chapa de 'Free Palestine' recogió precisamente su Goya de honor una emocionada Susan Sarandon. También hizo lo propio Nagore Aramburu, la primera premiada de la noche como mejor actriz revelación por su papel en Los Domingos. Miki Esparbé, en una breve alocución, significó que “El mundo está muy mal (…) Tenemos que aprovechar esta alfombra roja para utilizar nuestro altavoz y recordar que la cosa sigue estando muy cruda allí”, en relación al conflicto de Palestina. “Parece que estemos en una especie de distopía donde hay unos señores jugando al Risk”, en velada referencia a Donald Trump y al conocido juego de estrategia sobre cómo conquistar el mundo.

Pero no en todas partes sucede lo mismo. Como si de un caso de justicia poética se tratara, la película Yellow Letters, del cineasta turco-alemán Ilker Çatak, sobre la censura de las autoridades turcas a una pareja de artistas, ganó hace unos días el Oso de Oro a la mejor película del festival de cine de Berlín. Y es que el prestigioso certamen estuvo marcado desde el inicio por las declaraciones del jurado presidido por Wim Wenders, en las que lejos de condenar la matanza de Gaza abogó por mantener a la Berlinale alejada de la política, en línea con la pusilánime actitud de gobiernos como el alemán y de la UE en el caso de Gaza, y anticipándose a la posición de los gobiernos teutón. Británico y francés en el caso de Irán. Y claro está, tanta tibieza no hizo más que enojar a gente como Arundhati Roy, autora de El dios de las cosas pequeñas, que canceló su visita a Berlín por entender que se estaba silenciando un crimen contra la humanidad. En este proceloso contexto, el director palestino-sirio Abdallah Alkhatib, premiado por la mejor Ópera Prima con Chronicles From the Siege al recoger su galardón acusó al gobierno alemán incluso de complicidad con el genocidio de Israel en la Franja. La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, tuvo que salir al paso al final diciendo que alzar la voz forma parte de la democracia. Pero al parecer esto no la ha salvado de estar en la cuerda floja pues puede que sea sustituida en cualquier momento. Quizás haya entendido que la libertad de expresión es un elemento que debe estar presente en la creación, y especialmente en el corazón de Europa en estos momentos. Lo contrario es el triunfo definitivo del autoritarismo de Trump, Putin o Xi Jingping. 

Además, el cine y la política van unidos desde siempre, todo lo contrario de lo que afirmó el admirado realizador de París Texas, para quien el cine —dijo— es el contrapeso de la política. Al contrario, como arte de masas, el cine ha contribuido a entretener, pero también a crear universos de poder simbólico como vehículo de propaganda de regímenes totalitarios —recordemos las películas de Leni Riefensthal al servicio del gabinete de propaganda de Goebbels o los noticiarios fascistas al estilo NO-DO de la España de Franco) o la cruda denuncia, ya en democracia, de conflictos como los de los Balcanes (En tierra de nadie), la guerra de Irak (En el valle de Elah o Fahrenheit 9/11) o Ucrania (Mariupol). Ciertamente, gran cantidad de películas del Hollywood actual —la saga de Star Wars, Independence Day, En tierra hostil o El francotirador— han cultivado la idea de que EEUU está librando una batalla en el marco de un choque de civilizaciones como el que preconizaba Samuel Huntington, en el que los malos son identificados con terroristas armados hasta los dientes y los buenos gozan de poderes especiales para salvar a la humanidad. Pero también ha habido en el cine preguntas profundas y de signo contrario, por ejemplo sobre la proliferación negativa de las armas y las matanzas indiscriminadas (Bowling for Columbine). La emergencia del cine independiente (indie) no deja de ser el resultado de la voluntad de separar el cine de arte de este Hollywood de moral uniforme. 

Existe, pues, una tradición cinematográfica crítica con las injusticias, las guerras o el poder de las grandes corporaciones. Quién no recuerda películas tan celebradas como Caballero sin espada, de Frank Capra, donde se proyectaba una imagen vigorosamente idealizada de la democracia en un país como el estadounidense, que no pasa por su mejor momento bajo la égida de Donald Trump. O las de denuncia de todo tipo de villanías públicas como Todos los hombres del presidente, de Alan J. Pakula, sobre el caso Watergate, o sobre la discriminación racial como Do the right thing o Malcom X de Spike Lee. O incluso filmes que evidencian el crecimiento de las desigualdades y del malestar por una prosperidad con grandes diferencias entre la población (El capital o Comportarse como adultos de Costa-Gavras, El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese, La Gran Apuesta de Adan MacKay, e Inside Job de Charles Ferguson).

En suma, si el cine es un vehículo que ha servido para evidenciar la corrupción, defender los derechos civiles o criticar el estilo de vida desaforado del capitalismo especulativo que exacerba los peores instintos, es lógico que en la gala de los Goya o en el festival de Berlín —o en los César, los BAFTA o los Gaudí— se quiera reflexionar sobre el pacifismo o denunciar las maldades de la geopolítica actual, a menos que una industria cultural tan potente como el cine se deje colonizar también por el creciente autoritarismo posdemocrático y el capitalismo falto de moralidad que desgraciadamente parecen regir nuestros destinos.

“Soy una de las miles de víctimas, he vivido en Gaza durante el genocidio y logré salir hace tres meses después de que declararan la supuesta tregua. He vivido todo, he venido a explicar todo lo que hemos vivido. Especialmente por esas empresas que están colaborando (con Israel) y para mostrar el gran daño que están causando (…)”. Éstas han sido las primeras palabras del médico palestino Refaat Alathamna al salir de su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que este lunes le había citado para escuchar su testimonio y decidir si admite su personación como víctima en el caso Sidenor, en el que se investiga tanto al presidente de esa metalúrgica vasca, José Antonio Jainaga, como a dos directivos por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio. 

El interrogatorio se ha extendido por 40 minutos, y a preguntas del juez ha explicado “el sufrimiento padecido durante dos años de bombardeos, pérdidas y destrucción”. “Vivía en el centro de Gaza, pero tuve muchos desplazamientos al sur y al norte, hasta doce veces. Yo soy médico y trabajaba en el Hospital Europeo, que fue saqueado y evacuado, y ahora ocupado bajo control de Israel. Como médico también he padecido mucha carga, con guardias pesadas. Ir al hospital era un peligro”, ha comentado. 

Para el abogado de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, David Aranda, que lleva el peso de la acusación, esta declaración servirá para clarificar “como se desarrolló el genocidio en Gaza y las condiciones materiales que sufrió Refaat y su familia”. Ha destacado, además, que “es la primera vez que una persona palestina que ha sufrido el genocidio declara ante un tribunal occidental” por los hechos sucedidos y considera que es “una primera piedra a nivel jurídico para otros futuros procesos que se puedan derivar”.

La Fiscalía, ausente

En este sentido, el letrado ha lamentado la actitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que ha echado en cara no sólo que recurriera esta declaración sino que además se haya ausentado de la misma. “El testimonio ha sido conmovedor y teníamos la esperanza de que la fiscal, tras escucharle, se pudiera retractar de sus propias palabras, no ha sido así”, ha añadido. 

Según la propia asociación, Refaat, que se formó en Bolivia y ejerció años la medicina en Argentina, se encuentra ahora tramitando el asilo en España, donde se trasladó junto a sus seis hijos y su mujer. Y con su declaración se pretende que pueda ostentar la condición de “agraviado” y apuntalar así la acusación contra los directivos de la metalúrgica por el delito de complicidad del genocidio. “Hay empresas que están colaborando (con Israel), muchas regalan armas y ayudan a pasar todo tipo de armamento a Israel, que es un estado genocida”, ha incidido.

En esta causa, el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga si los directivos de Sidenor delinquieron al vender partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI) con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.

Según apuntaba el magistrado en el auto por el que levantaba el secreto de las actuaciones, la venta de acero se habría llevado a cabo sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente, tal y como consta en un oficio de la Comisaría General de Información del pasado 10 de septiembre de 2025.

La espera y la incertidumbre son dos compañeras habituales del proceso penal, pero Víctor lo lleva bien. “El apoyo de mi organización, mi familia y mis amigos ayuda”, explica este joven militante de la Organització Juvenil Socialista (OJS). Es uno de los dos encausados por el lanzamiento de pintura a Pilar Rahola durante una conferencia de la periodista en La Garriga (Barcelona) en 2024.

Con una instrucción a punto de finalizar, el momento de la Fiscalía y del resto de acusaciones para concretar los cargos se acerca. Pese a que la protesta quiso señalar a Rahola por “sionista”, según rezaban las pancartas de la OJS, la investigación de los Mossos d’Esquadra, liderada por la unidad central de delitos de odio, ha concluido que se trata de una acción de “antisemitismo”.

En otras palabras, la policía catalana no atribuye a la acción contra Rahola un componente crítico con el Estado de Israel sino con la religión judía en su conjunto.

“De antisemitismo nada, eso es una banalización”, replica Víctor, que señala y reivindica los motivos de la protesta: “Se trataba de señalar a una de las personas que ha sido cómplices y han frivolizado con el genocidio en Gaza”. Recuerda además que en 2024 la ofensiva de Israel en la franja estaba en pleno apogeo y que faltaban meses para que se firmara el “falso” alto al fuego.

El abogado de Víctor, Martí Abril, muestra su preocupación por la inclusión en los atestados de los Mossos d'Esquadra de la agravante de discriminación y la consideración de la protesta como antisemita: “Se acaba usando para usos contrarios a los previstos la figura del delito de odio y la discriminación”.

La causa permanece abierta por delito de daños causados por la pintura en la ropa de Rahola y el auditorio de La Garriga, pendientes de peritaje pero cuyas facturas para arreglarse ascienden a unos 15.000 euros; y otro leve de amenazas por la expresión “no dejaremos de perseguirte, no te dejaremos respirar” que la policía atribuye a uno de los encausados.

Los Mossos añaden la agravante de “orientación política y antisemitismo”, lo que agravaría las penas en caso de condena, al considerar a Pilar Rahola “un personaje público en defensa de las políticas actuales del gobierno de Israel”.

El letrado incide en que esta figura está pensada para la protección de colectivos tradicionalmente discriminados (como judíos, homosexuales o gitanos). “Ahora nos encontramos que se emplea para perseguir a la disidencia política y a la solidaridad internacional con el pueblo palestino”, denuncia.

“Una cosa es ser consciente de que el derecho a la protesta, a veces, puede tener consecuencias penales, y saber a lo que te puedes enfrentar, pero hacer pasar esta acción por antisemitismo es demasiado”, agrega el letrado.

Los hechos se remontan al 8 de octubre de 2024. La periodista había acudido a La Garriga para dar la conferencia inaugural de la Fundación Universitaria Martí L'Humà, que pudo celebrarse después del ataque una vez Rahola se limpió de pintura roja. “Sé lo que es el fascismo. Mi familia sufrió la violencia del fascismo de derechas y de izquierdas. No me callarán nunca. Soy una ciudadana libre de un país libre”, manifestó la periodista en X después de los hechos.

En su declaración ante los Mossos semanas después, Rahola atribuyó el lanzamiento de pintura a una “señalización y odio” hacia su persona. Consideró que la OJS la escogió “por el hecho de ser una de las grandes referentes de la defensa del Estado de Israel, por el hecho de hablar de forma abierta sobre el conflicto Israel-Palestina e intentar un análisis más complejo del conflicto”.

La escritora agregó que el eco mediático de la acción la situó “bajo una diana en redes sociales”, donde se la tildó de “asesina” y se la amenazó con tuits, no identificados en el informe policial, como “la pintura tendría que haber sido explosiva”.

En el sumario del caso consta otro informe en el que los Mossos admiten que no han hallado “referencias de relación con grupos extremistas violentos” de los dos investigados. “No constan datos objetivos de polarización o motivaciones de odio o discriminatorias en los dos investigados”, recoge el documento policial.

El abogado de los dos investigados remarca que para llegar a estas conclusiones la policía catalana ha realizado un “análisis profundo de la actividad en redes sociales” de los dos jóvenes. “Ojalá tanta intensidad investigadora en todos los casos”, ironiza.

“El riesgo de estar encausado y lo que quiere el sistema es que te quedes aislado, pero hemos recibido apoyo y muchos mensajes justo después de la acción y también ahora”, explica Víctor, que ve en su causa “un intento de castigo por expresar la solidaridad con Palestina”. “¿Qué es un bote de pintura ante un genocidio?”, se pregunta este joven.

El futuro juicio no ha mermado las convicciones de este joven. “Somos jóvenes pero tenemos las cosas claras: el contexto global es duro pero hay que dar un paso al frente y mostrar que no nos quedaremos de brazos cruzados”, reivindica.

“Al final del día estoy tranquilo, porque no banalizo el genocidio ni criminalizo a los que lo denuncian”, concluye Víctor, que tiene grabada una frase de una canción de Pete Seeger que un día una profesora le puso en clase, Which side are you on? [¿En qué lado estás?]. “Pues eso, yo estoy con la mayoría contra el genocidio”.