La guerra de Israel contra las ONG asfixia a los palestinos: “Es un intento cínico y calculado para impedir sus servicios”
Desde el comienzo de su brutal ofensiva contra Gaza, en octubre de 2023, Israel ha limitado e, incluso, suspendido del todo la ayuda humanitaria como castigo colectivo a la población de la Franja. En Cisjordania y Jerusalén Este ha cerrado o restringido servicios básicos para los palestinos.
Ahora, el Gobierno israelí va un paso más allá en su guerra contra las ONG y prohibirá por completo la actividad en los territorios palestinos de destacadas organizaciones humanitarias internacionales que han jugado un papel fundamental en los pasados más de dos años, mientras Israel perpetraba el genocidio contra los gazatíes –más de 71.000 han sido asesinados desde octubre de 2023 hasta la fecha–.
El Ejecutivo israelí ha anunciado esta semana que son 37 las ONG de más de 15 países que no han cumplido con los “requisitos de seguridad y transparencia” y que, en consecuencia, sus licencias para trabajar en el país han quedado suspendidas a partir del 1 de enero y sus actividades tendrán que cesar en un plazo de 60 días. El Gobierno ultraderechista había solicitado el pasado marzo a las organizaciones que proporcionaran información detallada sobre su financiación, sus operaciones y todos sus empleados, algo que las ONG consideraron que violaba su independencia y ponía en riesgo a los trabajadores, en concreto, a los palestinos.
Las ONG “fueron notificadas formalmente que sus licencias serían revocadas a partir del 1 de enero de 2026 y que deberán completar el cese de sus actividades antes del 1 de marzo de 2026”, ha informado el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, encargado del procedimiento de registro de las organizaciones. El Ministerio ha alegado que ese proceso burocrático es necesario para “prevenir la infiltración de agentes terroristas en las estructuras humanitarias”, acusando directamente a empleados de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) de tener vínculos con organizaciones armadas.
MSF lo ha calificado de “un intento cínico y calculado de impedir que las organizaciones presten sus servicios en Gaza y Cisjordania”. “Israel no solo está cometiendo un genocidio contra los palestinos, sino que además utiliza el hecho de que las ONG lo denuncien como pretexto para impedirnos prestar atención médica crítica a los palestinos, recurriendo a obstáculos burocráticos y acusaciones infundadas como medio para restringir aún más los servicios”, ha denunciado en un comunicado.
Seguir operando, a pesar del veto
Desde Ramalá (Cisjordania), Bushra Khalidi, responsable de Políticas en Oxfam, asegura que su organización y las demás que aparecen en la lista de las 37 van a seguir operando “bajo el registro de la Autoridad Palestina, porque técnicamente tiene el control sobre las zonas A, B y C” de la Cisjordania ocupada. “Tampoco reconocemos la jurisdicción de Israel sobre la Franja de Gaza”, agrega en declaraciones a elDiario.es.
“De acuerdo con la ley internacional, deberíamos poder seguir operando en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Para ello, vamos a trabajar más a través de nuestros socios locales y con empleados locales”, explica, ya que las ONG no van a poder mover al personal internacional sin los visados que expide Israel, ni introducir materiales. Khalidi destaca que, a día de hoy, Israel ya restringe considerablemente la entrada de materiales y de ayuda a los territorios palestinos. A partir de ahora, las restricciones serán mayores y las organizaciones tendrán que depender de los suministros que haya en el mercado local, añade.
“Estamos comprometidos a continuar con nuestro trabajo. Estas son nuestras comunidades, las comunidades en las que vivimos. Rechazo dejar de ayudar a mi comunidad”, dice Khalidi a este periódico, indicando que todas las ONG que han sido vetadas van a intentar seguir prestando asistencia a una población con crecientes necesidades.
Estamos comprometidos a continuar con nuestro trabajo. Estas son nuestras comunidades, las comunidades en las que vivimos. Rechazo dejar de ayudar a mi comunidad
Por su parte, el equipo que reúne a las agencias de la ONU y las ONG que operan en Gaza y Cisjordania ha alertado de que “la ONU no podrá compensar el colapso de las operaciones de las ONG internacionales”. “La labor de las ONG internacionales es insustituible”, ha afirmado el grupo, advirtiendo de que la medida tomada por Israel “tendrá consecuencias de gran alcance para el futuro de los territorios palestinos ocupados y, además, amenaza un frágil alto el fuego y pone en peligro inminente la vida de los palestinos, especialmente durante el invierno”.
“Es el desmantelamiento de la infraestructura humanitaria. Empezaron con la sociedad civil palestina hace años, luego fueron a por la UNRWA y [la persecución] se intensificó durante el genocidio en los pasados dos años; ahora van a por las ONG. ¿Qué será lo siguiente?”, se pregunta Bushra Khalidi de Oxfam.
“Israel actúa con total impunidad”, lamenta. “Tiene que haber consecuencias para Israel por sus violaciones de la ley internacional, por no cumplir con sus deberes como poder ocupante [que incluyen satisfacer las necesidades de la población ocupada], pero la comunidad internacional rechaza hacerlo”.
La decisión del Gobierno israelí llega en un momento en el que los habitantes de Gaza ya están sufriendo los efectos de un invierno más duro de lo habitual, especialmente en los campos de desplazados situados en la costa y en zonas inundables. Tanto las tiendas como los refugios temporales no protegen de la lluvia, el viento y el frío, y varios bebés han muerto a causa de las bajas temperaturas en el último mes.
Esta semana, diez países –incluidos Canadá, Francia, Reino Unidos y Japón– han emitido un comunicado alertando de que, con la llegada del invierno, los civiles en Gaza “se enfrentan a condiciones espantosas, con fuertes lluvias y temperaturas en descenso”. Por ello, piden a Israel que las ONG internacionales y organismos de la ONU puedan operar en la Franja ante el “nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza”.
El Gobierno de España también ha expresado su preocupación por “el severo impacto” del veto israelí “en la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza y el Territorio Palestino Ocupado” y ha pedido a Israel “revertir estas inaceptables decisiones que impiden trabajar a los actores humanitarios fundamentales, que salvan vidas y atienden las urgentes necesidades básicas de la población civil palestina y de los refugiados”.
Un impacto “catastrófico”
Además de Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre, Oxfam, Cáritas Internacional y Norwegian Refugee Council están entre las casi 40 ONG cuya labor es reconocida en todo el mundo y que Israel ha vetado de facto. Sus trabajadores no podrán entrar o salir de Gaza y Cisjordania ni introducir material o ayuda humanitaria sin el visto bueno de las autoridades israelíes, que controlan las fronteras y casi todo el territorio de ambas regiones palestinas.
En Gaza, el impacto será “catastrófico”, tal y como ha denunciado la ONU, debido a que casi la totalidad de los más de 2 millones de habitantes están desplazados y dependen de la ayuda humanitaria después de una guerra de dos años que ha destruido por completo la Franja y las posibilidades de vida en ella. Incluso desde la entrada en vigor de un muy frágil alto el fuego el pasado 10 de octubre, Israel sólo permite el acceso de una cantidad limitada y de unos suministros concretos de asistencia internacional.
La retirada de las ONG internacionales cerraría los centros de salud, detendría la distribución de alimentos, colapsaría las tuberías de los refugios y cortaría la atención vital
Por ello, más de 50 ONG han denunciado este viernes que las medidas de registro de Israel amenazan con detener las operaciones “en un momento en que los civiles enfrentan una necesidad humanitaria aguda y generalizada, a pesar del alto el fuego en Gaza”.
En un comunicado conjunto, 53 organizaciones han explicado cómo impactará la medida en la población palestina: “Las ONG internacionales distribuyen más de la mitad de la asistencia alimentaria en Gaza, gestionan o apoyan el 60% de los hospitales de campaña, implementan casi tres cuartas partes de las actividades de alojamiento y artículos no alimentarios, y proporcionan todo el tratamiento a los niños con desnutrición aguda grave. Su retirada cerraría los centros de salud, detendría la distribución de alimentos, colapsaría las tuberías de los refugios y cortaría la atención vital”.
Si bien la situación en la Franja es desesperada, también en Cisjordania “las nuevas restricciones reducirían drásticamente el alcance y la continuidad de la asistencia vital en un momento crítico”, en medio de la violencia desatada de los colonos judíos y las crecientes operaciones militares de las fuerzas israelíes en las ciudades palestinas.
Las 53 ONG (Amnistía Internacional, CARE International, Médicos del Mundo, Oxfam, etc.) han destacado que cumplen con los estándares exigidos por los donantes, que incluyen controles contra la financiación del terrorismo, y han defendido el hecho de no proporcionar los datos personales sensibles de sus empleados “a una parte en conflicto, ya que esto violaría los principios humanitarios, el deber de cuidado y las obligaciones de protección de datos”. En ese sentido, han recordado que más de 500 trabajadores humanitarios han sido asesinados desde el 7 de octubre de 2023 en Gaza.
No se trata de una cuestión técnica ni administrativa, sino de una decisión política deliberada con consecuencias previsibles
“No se trata de una cuestión técnica ni administrativa, sino de una decisión política deliberada con consecuencias previsibles”, han denunciado en el comunicado, advirtiendo de que el “el Gobierno israelí obstaculizará la asistencia humanitaria a gran escala” si se permite que aplique el veto a las ONG. Además, la medida “sentaría un precedente peligroso al extender la autoridad israelí sobre las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado”, socavando también el papel de la Autoridad Palestina, reconocida por la comunidad internacional como el Gobierno legítimo de Palestina.
Un nuevo golpe a la UNRWA
Además del veto a las ONG internacionales, Israel ha continuado con su ofensiva sin cuartel contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), a la que prohibió operar en el país desde principios de 2025, limitando considerablemente su margen de actuación de Gaza y Cisjordania.
Hace unos días, el Parlamento israelí (Knéset) dio el visto bueno a una reforma de la ley que prohibía las actividades de la UNRWA (aprobada en octubre de 2024) para endurecer la norma, que ahora pasa a despojar a los trabajadores de la agencia de su inmunidad y a sus locales de la inviolabilidad, ambas garantizadas por la ley internacional.
Es el desmantelamiento de la infraestructura humanitaria. Empezaron con la sociedad civil palestina hace años, luego fueron a por la UNRWA y ahora van a por las ONG
Tal y como detalla la Agencia EFE, las enmiendas autorizan al Estado de Israel y a las autoridades locales a embargar bienes inmuebles en posesión de la UNRWA o de representantes que actúen en su nombre en los territorios que Israel considera bajo su jurisdicción. También obliga a las autoridades estatales y otros organismos a revocar cualquier licencia, permiso, autorización o beneficio concedido directa o indirectamente a la UNRWA.
Esto supondrá, entre otras cosas, el corte de electricidad, agua y gas a los locales de la agencia situados en “territorio israelí”, es decir, prácticamente toda Gaza y parte de Cisjordania y Jerusalén Este, excepto las zonas que se encuentran bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina. Además, la ley recoge la prohibición expresa de prestar a la UNRWA servicios de telecomunicaciones, así como servicios financieros.
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