Hacemos un repaso a los fragmentos de distintos discursos que, en los últimos meses, la reina Letizia ha hecho en actos públicos. Son discursos con calado político, con contenido, no son un mero acto de presencia por su parte. No vamos a decir que son de izquierdas, pero desde luego están despertando una corriente de opinión en ciertos sectores, más progresistas o incluso republicanos, que queremos analizar. No parece pura iniciativa personal. Lo cierto es que en los últimos meses la Casa Real ha decidido aprovechar a Letizia Ortiz como nunca en más de 20 años.

Lo hacemos con el sociólogo Borja Oliva que lleva años estudiando la figura de Letizia Ortiz. También con Aitor Riveiro, el periodista de elDiario.es que sigue más de cerca los pasos de la reina de España.

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

El grupo de jueces y juristas que desde 2022 reclama que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución o, en su defecto, que el Gobierno impulse una reforma de la Carta Magna para eliminar este privilegio, ha decidido dar un nuevo paso. Los 22 firmantes de la iniciativa, entre quienes se encuentran los exmagistrados José Castro y Juan Pedro Yllanes, han remitido dos nuevos escritos: uno dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro al máximo responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, con el objetivo de mantener la presión sobre ambas instituciones.

La iniciativa llega después de que Moncloa respondiera a su última carta sin entrar en el fondo de sus reivindicaciones. En lugar de pronunciarse sobre una eventual reforma legal o constitucional, el Ejecutivo, a través de un mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, se limitó a recomendarles que trasladaran su solicitud a la Casa del Rey -pese a tratarse de una modificación cuya iniciativa corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo- y que dirigieran al CIS la petición de incluir una pregunta sobre la inviolabilidad del jefe del Estado en sus barómetros.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas han optado por aceptar, de momento, una de las dos recomendaciones formuladas por el Gobierno. Así, solicitan a Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución -“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”-, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto constitucional al considerar que corresponde al Ejecutivo y a las Cortes impulsar una iniciativa de esta naturaleza.

Lejos de dar por zanjada la cuestión, los juristas solicitan a Félix Tezanos que el CIS mida el respaldo ciudadano a una reforma del artículo 56.3 de la Constitución, mientras que, en otra misiva, comunican a Pedro Sánchez que continuarán reclamando la modificación de este precepto

El colectivo sostiene, además, que el resultado de la consulta ciudadana que, a través de elDiario.es, promovió recientemente al respecto y en la que recabó en dos días cerca de 1.500 respuestas, el 99% de ellas favorables a reformar el artículo 56.3 para que el jefe del Estado responda ante los tribunales cuando los hechos investigados sean ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales. Un hecho que, aseveran, refuerza la necesidad de seguir adelante con esta iniciativa.

Los firmantes de la consulta cuidadana eran los 22 juristas Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

Aunque los propios juristas reconocen que ese sondeo carece de validez demoscópica al no cumplir los criterios científicos de selección ni estratificación de la muestra, consideran precisamente por ello que corresponde al CIS determinar, mediante una encuesta oficial, cuál es el verdadero grado de apoyo social a una reforma que pondría fin a la inviolabilidad penal del jefe del Estado por los actos ajenos al ejercicio de sus funciones institucionales.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir “el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Según los juristas, la modificación permitiría suprimir 'el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia', una circunstancia que -como aseveraban en una carta anterior-, puede provocar, 'entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas'

“Seguiremos insistiendo ante las instituciones”

En el primero de los escritos, remitido a Pedro Sánchez, los firmantes agradecen la respuesta enviada desde Presidencia del Gobierno, pero dejan claro que no comparten el planteamiento contenido en ella. La Moncloa les recomendó trasladar su petición directamente a la Casa del Rey, haciendo constar en su mensaje la página web de la Familia Real y la dirección postal del Palacio de la Zarzuela. Los juristas no descartan acudir a los monarcas en un futuro, aunque consideran que la iniciativa debe dirigirse prioritariamente a quienes ostentan la capacidad de promover reformas legales y constitucionales.

“Si lo hiciéramos, le enviaremos a usted copia del escrito, pero, aunque no lo descartamos, al tratarse de una reforma legislativa, seguiremos insistiendo ante las instituciones que nacen de la voluntad popular para legislar y gobernar”, señalan en la carta dirigida al presidente del Gobierno.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución.

En unas declaraciones efectuadas a El País, Calvo señalaba: “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia.

Los juristas recuerdan que la iniciativa nació tras conocer las declaraciones realizadas en 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien reveló que había mantenido conversaciones con la Casa Real para explorar una posible reforma del artículo 56.3 de la Constitución

Asimismo, en unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recogía el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca. Los firmantes lamentaban el tiempo transcurrido desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión”, sin que desde entonces se produjese avance alguno al respecto.

Aceptan la recomendación de acudir al CIS

Por otro lado, en el escrito remitido al CIS, los firmantes reclaman que el ente demoscópico incorpore en alguno de sus próximos barómetros una pregunta destinada a conocer si la ciudadanía considera que debe mantenerse la inviolabilidad del jefe del Estado o si, por el contrario, debería limitarse para que el monarca responda ante la Justicia por los actos privados ajenos al ejercicio de sus funciones constitucionales.

“Entendemos perfectamente que la presidencia del Gobierno nos recomiende dirigirnos al CIS, pues la Ley 39/1995 [de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas] incluye, entre otras funciones, la de realizar estudios que 'sirvan de orientación a los poderes públicos en sus iniciativas normativas y ejecutivas'”, aseveran.

A continuación, informan al organismo de la reciente recogida de casi 1.500 opiniones y, aunque reconocen que el sondeo no reúne los requisitos metodológicos exigibles a una encuesta científica, consideran imprescindible por ello que sea el CIS el que determine cuál es el grado real de aceptación social de una reforma que permita que el jefe del Estado responda ante la Justicia “en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña”.

En su misiva, los juristas confían en que el CIS atienda la petición e “investigue la opinión existente en la sociedad” sobre el texto vigente del artículo 56.3 de la Constitución, “si pudiera ser” -precisan- en los términos de la propuesta de reforma plantearon en ese primer sondeo.

¿Es compatible la inviolabilidad con la igualdad?

Los firmantes introducen además un argumento que ya figuraba en sus anteriores escritos, pero que ahora adquiere mayor protagonismo: la posible contradicción entre la inviolabilidad del jefe del Estado y el principio constitucional de igualdad. Tal como exponen, “sería del mayor interés” conocer también si la ciudadanía considera compatible la inviolabilidad “con la igualdad de todos los españoles ante la ley” que se establece en el artículo 14 del Título I de la Constitución.

Esperan -inciden- que el Gobierno impulse finalmente la reforma de “un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero”. Para los impulsores de la iniciativa, mantener una prerrogativa que impide exigir responsabilidad penal al jefe del Estado por cualquier actuación privada supone una excepción difícilmente conciliable con el principio de igualdad jurídica proclamado por la propia Constitución.

Los firmantes confían en que el Gobierno impulse finalmente la reforma de 'un texto que, quizás para la inmensa mayoría, cuestiona en la propia Constitución la igualdad ante la ley que figura en el artículo 14 de su Título Primero'

Una campaña iniciada en 2022

Los nuevos escritos constituyen un nuevo capítulo de una campaña iniciada hace cuatro años. Desde 2022, el mismo grupo de jueces y juristas ha remitido anualmente cartas al presidente del Gobierno reclamando que Felipe VI anuncie públicamente su renuncia a la inviolabilidad y que el Ejecutivo impulse la correspondiente reforma constitucional.

La inviolabilidad del monarca es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías -resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)-, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

Las investigaciones en torno a Juan Carlos I

Los firmantes sostienen, además, que la experiencia acumulada tras las investigaciones archivadas sobre Juan Carlos I y la interpretación que la Fiscalía y posteriormente el Tribunal Supremo han realizado del artículo 56.3 han puesto de manifiesto la necesidad de revisar una prerrogativa que, en la práctica, ha impedido exigir responsabilidades penales al anterior jefe del Estado por actuaciones ajenas al ejercicio de sus funciones institucionales.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

Del 6 al 12 de junio, el papa León XIV visita España en el que será el primer viaje de un pontífice en 15 años, después de la última visita de Benedicto XVI y que supone también el primero a un miembro de la Unión Europea desde que comenzara su papado. Uno de los puntos destacados de su agenda es la Santa Misa que ofrecerá en Madrid el domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles, y donde se usará una pieza con una curiosa historia.

Para esa Santa Misa del domingo, se va a usar el llamado Cáliz de la Reina, según ha confirmado la Archidiócesis de Madrid, y que recibió este nombre porque fue un regalo de la reina María de las Mercedes, primera esposa del rey Alfonso XII, a las Religiosas de la Asunción en 1878, porque les tenía mucho cariño, ya que había estudiado con ellas.

Esta pieza se encuentra actualmente en el Museo de la Catedral de la Almudena después de que el cardenal Carlos Osoro la donara al recibirla como regalo por parte de la Congregación de la Asunción en 2022 y la Santa Misa del papa León XIV este domingo 7 de junio será la primera ocasión en la que se use en una gran celebración religiosa.

El cáliz fue elaborado por los artesanos joyeros de la casa Ansorena como encargo de la monarca, y tiene un estilo propio de la segunda mitad del siglo XIX, de estilo neogótico, ornamentado con motivos vegetales, esmaltes y piedras preciosas, llamando la atención también detalles como la base, donde se pueden observar representaciones figurativas como las de Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Cecilia Mártir, Santa Rita de Casia y la Inmaculada Concepción, rodeadas por la imagen de un Cristo cruzificado.

Quién fue la reina María de las Mercedes

María de las Mercedes de Orleans y Borbón es una de las reinas consortes más desconocidas y con una historia más breve en la historia de España, que falleció con tan solo 18 años y pocos meses después de su matrimonio con el rey Alfonso XII, siendo la única reina que ha nacido y muerto en el Palacio Real de Madrid.

Si bien no es una de las reinas más conocidas de la monarquía española, su nombre sí que estuvo vinculado a la cultura popular debido a la película ‘¿Dónde vas, Alfonso XII?, donde la consorte fue interpretada por la actriz Paquita Rico.

María de las Mercedes fue la quinta hija del duque de Montpensier, Antonio de Orleans, y la infanta Luisa Fernanda, hermana de la reina Isabel II y segunda hija del rey Fernando VII. Si bien se casó con su primo el rey Alfonso XII, no contaba con la simparía de su suegra y tía, en parte por la relación de su padre con la monarca exiliada, que no asistió a la boda de los jóvenes en la Basílica de Atocha en enero de 1878. La joven fallecería tan solo seis meses después del enlace, el 26 de junio de ese mismo año en el Palacio Real de Madrid.

Promotora de la Catedral de la Almudena

A pesar de su corta existencia y su breve período como reina consorte de España, María de las Mercedes es considerada la impulsora de la Catedral de la Almudena, donde reposan actualmente sus restos mortales a los pies de la Virgen en el altar mayor. Estos fueron trasladados en el año 2000 por parte de Juan Carlos I para cumplir la última voluntad de Alfonso XII.

Diez años antes de su matrimonio, en 1868, se había demolido la iglesia de Santa María la Real de la Almudena y la Virgen no tenía casa, así que una delegación pidió a la joven reina ayuda en un encuentro. Sería a instancias de su esposa que el rey Alfonso XII cedió unos terrenos junto al Palacio Real, a escasos metros de dónde se situó la iglesia primitiva y que daría lugar a la actual Catedral.

En un principio se planteó una sencilla iglesia, pero a la muerte de la reina se decidió convertirla en proyecto de catedral, que fue encargado al Marqués de Cubas, que se encargó también de diseñar un mausoleo para albergar el cuerpo de la joven, que se enterró de forma provisional en el monasterio del Escorial, en el panteón de infantes. Actualmente, el Museo de la Catedral de la Almudena conserva varios retratos y objetos que pertenecieron a la reina como homenaje.

Gairebé set mesos després que una vintena de jutges i juristes de prestigi de Balears, entre els quals es troben els exjutges José Castro  i Juan Pedro Yllanes, remetessin una carta al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en què reclamaven, per quarta vegada consecutiva, que el rei Felip VI anunciés la seva renúncia a la inviolabilitat penal que li atorga la Constitució, la Moncloa ha respost sense entrar en el fons de la petició. Lluny de pronunciar-se sobre la possibilitat d'impulsar una reforma legal o constitucional en aquest àmbit, el Govern central ha recomanat als signants que traslladin directament la seva sol·licitud a la Casa del Rei.

“Gràcies per escriure al president del Govern. Li contestam en nom seu”, comença el missatge remès per la Secretaria General de Relacions Institucionals i Ciutadania. “Acusam recepció del seu escrit i li recomanam que, si així ho considera, el faci arribar directament a la Casa de Sa Majestat el Rei a través de la seva pàgina web. També pot fer-ho per via postal remetent una carta al Palau de la Zarzuela”, expressa la missiva adreçant-se a un dels signants, afegint tot seguit l'adreça on s'ubica la residència oficial de la Família Reial.

La carta també evita pronunciar-se sobre una altra de les peticions que els juristes havien dirigit exclusivament a l'Executiu central: que el CIS incorpori una pregunta sobre aquesta qüestió als seus baròmetres. “Atès que no hem rebut d'aquesta Presidència del Govern resposta a cap dels tres escrits que li enviàrem abans dels successius discursos de Nadal pronunciats des de 2022, amb la mateixa petició que aquí reiteram, volem sol·licitar també que, a partir de gener de 2026, el CIS inclogui entre les preguntes de les seves enquestes una que reculli l'opinió de la societat sobre si ha de continuar el privilegi que permet a l'actual cap de l'Estat situar-se al marge de l'acció de la Justícia en qualsevol circumstància”, comentaven els juristes en la seva darrera missiva.

Sondejar l'opinió pública

Els sol·licitants consideren en aquesta mateixa carta que sondejar l'opinió pública ajudaria a superar qualsevol incertesa sobre una possible reforma legal en aquest sentit: “Aquesta petició només depèn del Govern que vostè presideix [en referència a Pedro Sánchez] i la consideram important per resoldre els dubtes que poguessin existir entre els membres del Congrés i del Senat sobre la reforma legal d'un privilegi personal que es manté i les conseqüències reals del qual han estat molt negatives per a la nostra democràcia”.

En aquest sentit, la Moncloa es limita a respondre que també “pot enviar la seva sol·licitud en relació amb el qüestionari del Centre d'Investigacions Sociològiques a aquest mateix organisme”, facilitant tot seguit l'enllaç que condueix a la pàgina web de l'ens demoscòpic. “Li agraïm de nou que s'hagi pres el temps d'escriure al president del Govern. Per a ell és molt important conèixer les necessitats, inquietuds i reivindicacions de la ciutadania. Una cordial salutació”, conclou l'escrit.

La resposta remesa per la Moncloa ha generat perplexitat entre els impulsors de la iniciativa. Els promotors qüestionen que la Presidència del Govern els remeti a la Casa del Rei quan la seva reclamació no anava adreçada a la Corona, sinó a l'Executiu, que consideren competent per impulsar els canvis legals i constitucionals necessaris per posar fi a la inviolabilitat que empara el cap de l'Estat. En els seus escrits, els juristes no sol·licitaven una actuació personal de Felip VI, motiu pel qual consideren cridaner que la Moncloa eviti pronunciar-se sobre el fons de la petició i els convidi a adreçar-se precisament a la institució la situació jurídica de la qual pretenen modificar.

Els juristes no sol·licitaven una actuació personal de Felip VI, per la qual cosa consideren cridaner que Moncloa eviti pronunciar-se sobre el fons de la petició i els convidi a dirigir-se precisament a la institució la situació jurídica de la qual pretenen modificar

Així mateix, els signants mostren la seva estranyesa pel fet que la resposta es formuli com si es tractàs d'una iniciativa individual, malgrat que tots els escrits remesos fins ara identificaven expressament els membres del col·lectiu i els juristes que donen suport a la reivindicació. Al seu parer, la contestació no aclareix si el Govern comparteix la necessitat de revisar aquest privilegi constitucional, si contempla alguna reforma en aquest àmbit o si, per contra, descarta qualsevol modificació.

Davant la manca de pronunciament de la Moncloa, els juristes han decidit obrir el debat a la ciutadania mitjançant una columna d'opinió a elDiario.es en què expliquen que, abans de decidir les pròximes passes de la iniciativa, desitgen conèixer el parer de la societat sobre la reforma constitucional que venen reclamant des de 2022. La columna està signada per Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes i María Durán.

La proposta de Carmen Calvo que mai no va prosperar

La inviolabilitat del rei és una prerrogativa la interpretació de la qual ha estat ampliament discutida per experts en Dret Constitucional i altres juristes, que consideren que aquesta figura hauria de suprimir-se completament o limitar-se exclusivament als actes realitzats en l'exercici del càrrec -i no a l'àmbit privat-.

En la seva darrera missiva, a la qual va tenir accés en primícia elDiario.es, els impulsors de la iniciativa recordaven que l'actual presidenta del Consell d'Estat, Carmen Calvo, va reconèixer el maig de 2022 que, com a vicepresidenta del Govern, havia dut a terme gestions davant la Casa Reial per conèixer l'opinió del cap de l'Estat sobre la possibilitat d'una reforma legal destinada, segons els juristes, a “suprimir el privilegi personal que li permet cometre tota mena d'abusos sense retre comptes davant la Justícia”, una circumstància que, asseguren els signants de la carta, pot provocar, “entre altres conseqüències no desitjables, la indefensió de persones afectades”.

Sense citar-les expressament, al·ludien a les manifestacions que Calvo va fer a El País en un article publicat al maig de 2022. “Jo ho vaig plantejar, es va valorar, es va posar damunt la taula i no es va veure l'oportunitat en aquell moment, ni per part del president del Govern, ni per part del PP, ni per part de la Casa Reial”, va manifestar. Pedro Sánchez li havia encomanat un any abans la tasca de posar en marxa un nou “marc d'actuació” més transparent, modern i actualitzat de la monarquia, però, finalment, els canvis varen quedar limitats a una sèrie de mesures de transparència. En unes jornades celebrades a principis de 2022, segons recollia el mateix mitjà, Calvo va emfatitzar la necessitat d'establir, sense necessitat de reformar la Constitució, “en què és inviolable i en què no” el monarca.

Els signants de la carta lamentaven que haguessin transcorregut més de tres anys i mig des que es va conèixer “el fracàs d'aquella gestió” sense que des de llavors s'hagi produït “cap avenç en la justa reforma plantejada per qui fou vicepresidenta del Govern”. Per això, reiteraven la seva petició perquè el cap de l'Estat, durant el discurs televisat que va pronunciar el passat 24 de desembre, inclogués la seva renúncia al privilegi de la inviolabilitat.

Carmen Calvo va assegurar que el Govern central va estudiar la possibilitat de modificar la inviolabilitat del rei: 'Jo ho vaig plantejar, es va estudiar, es va posar sobre la taula i no es va veure l'oportunitat en aquell moment, ni per part del president del Govern, ni per part del PP, ni per part de la Casa Reial'

El precedent de Joan Carles I

“Una decisió que estam convençuts que seria acceptada per una majoria suficient dels representants elegits en les darreres eleccions generals”, subratllaven els juristes. “El mateix any en què celebram les primeres passes cap a la democràcia després de la desaparició del dictador ens sembla un moment molt adequat perquè comenci la reforma d'un privilegi personal que mai no hauria d'haver estat traslladat a la Constitució de 1978 en els termes que varen permetre la realitzada pel Fiscal Anticorrupció el març de 2022”, remarcaven.

Es referien, concretament, a la decisió adoptada aquell any per la Fiscalia del Tribunal Suprem, que va arxivar les investigacions dirigides a seguir el rastre dels 100 milions de dòlars que va percebre Joan Carles I del seu homòleg a l'Aràbia Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, així com dels diners que els seus benefactors varen emprar per pagar-li centenars de milers d'euros en despeses personals i que mai no varen passar per les mans de l'Agència Tributària. Les claus de la seva exoneració residien, principalment, en la seva inviolabilitat.

Tal com ha informat aquest diari, l'anterior rei d'Espanya va guardar la seva fortuna en un banc suís i a nom d'una fundació domiciliada a Panamà. Si hagués ingressat els diners en un banc espanyol i hagués declarat aquella donació davant Hisenda, Joan Carles hauria aportat 51 milions d'euros a les arques públiques.

El maig de 2025, a més, el Tribunal Suprem va blindar el rei emèrit davant dels tribunals després de rebutjar la querella amb què intel·lectuals i juristes cercaven imputar el monarca per frau fiscal i blanqueig de capitals. Els magistrats varen emprar uns arguments que barren el pas a qualsevol iniciativa legal present o futura contra ell, emparant-se en les resolucions d'arxivament signades per la Fiscalia el 2022 i que “tanquen la porta a l'obertura d'una investigació judicial” sobre els seus diners. Es tracta d'un desenllaç que, a la pràctica, situa el monarca fora de l'abast del Dret penal en qualsevol circumstància, fins i tot per actes estrictament privats.

El Suprem va blindar el rei emèrit davant dels tribunals després de rebutjar la querella amb què intel·lectuals i juristes buscaven imputar el monarca per frau fiscal i blanqueig

Rex non potest peccare

La inviolabilitat del monarca, emparada per l'article 56.3 de la Constitució de 1978 -“la persona del rei és inviolable i no està subjecta a responsabilitat”-, és un dels aspectes més controvertits de l'arquitectura constitucional espanyola. Es tracta d'una figura jurídica que abasta tant els actes oficials del cap de l'Estat com els privats i que enfonsa les seves arrels en la sacralitat reial de les antigues monarquies -resumida en l'aforisme llatí Rex non potest peccare (“el rei no pot pecar”)-, incorporada al constitucionalisme modern com un escut davant qualsevol responsabilitat penal o civil.

En els darrers anys, ha cobrat força el debat sobre l'abast d'aquesta prerrogativa i la impossibilitat d'exigir responsabilitats més enllà dels actes comesos pel rei com a cap de l'Estat. La controvèrsia es va intensificar arran de l'esclat del cas Nóos, en què, per primera vegada en la història judicial espanyola, un membre de la família reial, la infanta Cristina, es va asseure al banc dels acusats. La causa va obrir seriosos interrogants sobre la suposada intervenció que Joan Carles I hauria tingut en els fets investigats i va posar en qüestió fins a quin punt el seu blindatge hauria pogut emparar decisions o comportaments que, en el cas d'altres ciutadans, haurien estat objecte de responsabilitat penal.

Precisament sobre això, el jutge que va instruir la causa, José Castro, assegurava en una entrevista concedida a elDiario.es que hauria investigat el rei emèrit si no hagués existit l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la immunitat legal del cap de l'Estat.

El jutge que va instruir el cas Nóos, José Castro, assegurava que hauria investigat el rei emèrit de no haver existit l'article 56.3 de la Constitució, el que blinda la immunitat legal del cap de l'Estat

Diverses sentències del Tribunal Constitucional (TC) han posat de relleu, a més, la tensió existent entre la inviolabilitat del rei i el control parlamentari. Una d'elles és la que va anul·lar part d'una resolució del Parlament de Catalunya que reprovava Felip VI pel seu discurs després del referèndum de l'1-O de 2017 i que qualificava la monarquia d'“institució caduca”: segons els magistrats, la reprovació vulnerava l'article 56.3 de la Constitució perquè atribuïa al Rei una responsabilitat política que la Carta Magna no li permet assumir.

Altra sentència, que va anul·lar la creació, per part de la Cambra autonòmica catalana, d'una comissió parlamentària d'investigació sobre la monarquia, va dictaminar que allò que es pretenia era indagar en activitats del rei que, d'acord amb la Constitució, estan protegides per la seva inviolabilitat i no estan subjectes a cap responsabilitat. Ambdues resolucions posaven així de manifest que la inviolabilitat no és un simple blindatge simbòlic, sinó un límit legal que impedeix que qualsevol òrgan parlamentari pugui exercir control polític o investigar penalment el rei.

Els sondejos de Suárez a favor de la III República

Cal recordar que el mateix grup de juristes que reclama que el rei renunciï a la inviolabilitat va remetre el gener de l'any passat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en què li reclamen que es desclassifiqui tota la informació relativa als sondejos que suposadament l'expresident del Govern Adolfo Suárez hauria encarregat, diversos anys abans de l'aprovació de la Constitució espanyola, per conèixer si l'opinió pública, en el context de la Transició, preferia un Estat monàrquic o republicà. Els sondejos donarien la victòria a la proclamació d'una nova República a Espanya, però els detalls que envolten aquest assumpte romanen en el forat negre dels secrets oficials.

La confecció i els resultats de tals sondejos havien dormit el somni dels justos durant diverses dècades fins que un 'resbaló' del mateix Suárez va jugar en contra seva. En una entrevista inèdita que la periodista i biògrafa oficial de la Transició, Victoria Prego, va realitzar el 1995 a l'expolític i que seria desvelada per La Sexta Columna el novembre del 2016 –res menys que 21 anys després–, Suárez va reconèixer que, quan el 1977 va impulsar la Llei per a la Reforma Política que eliminaria jurídicament les estructures de l'aparell franquista, hi va introduir les paraules 'rei' i 'monarquia', amb disposicions com “el Rei sanciona i estén les lleis” o “el President de les Corts i del Consell del Regne serà nomenat pel Rei”.

“Quan la major part dels caps de Govern estrangers em demanaven un referèndum sobre monarquia o república... fèiem sondejos i perdíem”, va comentar tapant-se el micròfon que portava a la corbata. “Vaig ficar la paraula rei i la paraula monarquia a la Llei i així vaig dir que havia estat sotmès a referèndum ja”, va justificar literalment l'expolític, qui, d'aquesta manera, evitava una consulta expressa sobre monarquia o república i s'assegurava la permanència de la institució dinàstica sense tan sols haver estat sotmesa a votació popular.

En diciembre de 2022 nos dirigimos por primera vez al presidente del Gobierno para pedirle que Felipe VI, durante su discurso de Navidad, anunciara su renuncia al privilegio que le permite incumplir responsabilidades tanto civiles como penales, pues no está obligado a rendir cuentas ante la Justicia.

El motivo que nos convocó fue la declaración de Carmen Calvo en El País del 9 de mayo de ese mismo año, gracias a la cual supimos que el Gobierno se había planteado reformar el citado privilegio, pero que se descartó “tras discutirlo con el PP y la Casa Real”. De las palabras de la hoy presidenta del Consejo de Estado, que nadie ha desmentido, se deducía que la respuesta de la “Casa Real” había sido contraria a la reforma.

La consecuencia principal de tal negativa resulta evidente: Felipe VI sigue disfrutando del mismo derecho a actuar al margen de la ley que disfrutó Juan Carlos I durante su reinado, un privilegio con el que, como juristas, no podemos estar de acuerdo y que solo se puede entender como un producto del legado franquista.

Por nuestra parte, al no recibir respuesta a nuestro primer escrito, volvimos a dirigirnos al presidente del Gobierno en 2023, 2024 y 2025 insistiendo en la misma petición tocante a la renuncia y agregando la conveniencia de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluya en el ámbito de sus encuestas una pregunta relativa al mantenimiento o supresión del privilegio real. Diversos medios se hicieron eco de nuestras sucesivas peticiones.

Por fin, el pasado 20 de mayo recibimos la primera respuesta a nuestros escritos desde la presidencia del Gobierno. En esta nos propone que nos dirijamos directamente a la Casa Real y al CIS.

Antes de tomar una decisión queremos conocer la opinión de la sociedad sobre la reforma constitucional que venimos reclamando desde 2022, por lo que le pedimos nos ayude respondiendo a una pregunta disponible al final de este artículo.

Le agradeceremos su participación. Por nuestra parte, daremos cuenta de la evolución y resultados de esta iniciativa.

Listado de firmantes: Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

*Es posible que tengas problemas para responder la encuesta desde la aplicación para el teléfono de elDiario.es. Puedes votar sin problemas desde el ordenador.

¿Debe aprobarse la reforma necesaria para que el jefe del Estado tenga que responder ante la Justicia en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña?

Casi siete meses después de que una veintena de jueces y juristas de prestigio de Balears, entre quienes se encuentran los exjueces José Castro y Juan Pedro Yllanes, remitieran una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclamaban, por cuarta vez consecutiva, que el rey Felipe VI anunciase su renuncia a la inviolabilidad penal que le otorga la Constitución, Moncloa ha respondido sin entrar en el fondo de la petición. Lejos de pronunciarse sobre la posibilidad de promover una reforma legal o constitucional en este ámbito, el Gobierno central ha recomendado a los firmantes que trasladen directamente su solicitud a la Casa del Rey.

“Gracias por escribir al presidente del Gobierno. Le contestamos en su nombre”, arranca el mensaje remitido por la Secretaría General de Relaciones Institucionales y Ciudadanía. “Acusamos recibo de su escrito y le recomendamos que, si así lo considera, se lo haga llegar directamente a la Casa de Su Majestad el Rey a través de su página web. También puede hacerlo por vía postal remitiendo una carta a Palacio de la Zarzuela”, expresa la misiva dirigiéndose a uno de los firmantes, añadiendo a continuación la dirección donde se ubica la residencia oficial de la Familia Real.

La carta también esquiva pronunciarse respecto a otra de las peticiones que los juristas dirigieron exclusivamente al Ejecutivo central: que el CIS incorpore una pregunta sobre esta materia en sus barómetros. “No habiendo recibido de esa presidencia del Gobierno respuesta a ninguno de los tres escritos que le enviamos antes de los sucesivos discursos de Navidad pronunciados desde 2022, con la misma petición que aquí reiteramos, queremos solicitar también que, a partir de enero de 2026, el CIS incluya entre las preguntas de sus encuestas una que recabe la opinión de la sociedad sobre si debe continuar el privilegio que permite al actual jefe del Estado situarse al margen de la acción de la Justicia en cualquier circunstancia”, comentaron los juristas en su última misiva.

Sondear a la opinión pública

Los solicitantes consideran en esa misma carta que sondear a la opinión pública ayudaría a superar cualquier incertidumbre sobre una posible reforma legal en este sentido: “Esta petición solo depende del Gobierno que usted preside [en referencia a Pedro Sánchez] y la consideramos importante para resolver las dudas que pudieran existir entre los miembros del Congreso y del Senado sobre la reforma legal de un privilegio personal que se mantiene y cuyas consecuencias reales han sido muy negativas para nuestra democracia”.

En este sentido, Moncloa se limita a responder que también “puede enviar su solicitud en relación al cuestionario del Centro de Investigaciones Sociológicas a ese mismo organismo”, facilitando acto seguido el enlace que conduce a la página web del ente demoscópico. “Le agradecemos de nuevo que se haya tomado el tiempo de escribir al presidente del Gobierno. Para él es muy importante conocer las necesidades, inquietudes y reivindicaciones de la ciudadanía. Un cordial saludo”, concluye el escrito.

La respuesta remitida por Moncloa ha generado perplejidad entre los impulsores de la iniciativa. Los promotores cuestionan que Presidencia del Gobierno les remita a la Casa del Rey cuando su reclamación no iba dirigida a la Corona, sino al Ejecutivo, al que consideran competente para impulsar los cambios legales y constitucionales necesarios para poner fin a la inviolabilidad que ampara al jefe del Estado. En sus escritos, los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar.

Los juristas no solicitaban una actuación personal de Felipe VI, por lo que consideran llamativo que Moncloa evite pronunciarse sobre el fondo de la petición y los invite a dirigirse precisamente a la institución cuya situación jurídica pretenden modificar

Asimismo, los firmantes muestran su extrañeza por el hecho de que la respuesta se formule como si se tratara de una iniciativa individual, pese a que todos los escritos remitidos hasta ahora identificaban expresamente a los miembros del colectivo y a los juristas que respaldan la reivindicación. A su juicio, la contestación no aclara si el Gobierno comparte la necesidad de revisar este privilegio constitucional, si contempla alguna reforma en este ámbito o si, por el contrario, descarta cualquier modificación.

Ante la falta de pronunciamiento de Moncloa, los juristas han decidido abrir el debate a la ciudadanía mediante una columna de opinión en elDiario.es en la que explican que, antes de decidir los próximos pasos de la iniciativa, desean conocer el parecer de la sociedad sobre la reforma constitucional que vienen reclamando desde 2022. La columna está suscrita por Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes y María Durán.

La propuesta de Carmen Calvo que nunca prosperó

La inviolabilidad del rey es una prerrogativa cuya interpretación ha sido ampliamente discutida por expertos en Derecho Constitucional y otros juristas, quienes consideran que esta figura debería suprimirse por completo o limitarse exclusivamente a los actos realizados en el ejercicio del cargo –no al ámbito privado–.

En su última misiva, a la que tuvo acceso en primicia elDiario.es, los impulsores de la iniciativa recordaban que la actual presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, reconoció en mayo de 2022 que, como vicepresidenta del Gobierno, había llevado a cabo gestiones ante la Casa Real para conocer la opinión del jefe del Estado sobre la posibilidad de una reforma legal destinada, según los juristas, a “suprimir el privilegio personal que le permite cometer toda clase de atropellos sin rendir cuentas ante la Justicia”, una circunstancia que, aseveran los firmantes de la carta, puede provocar, “entre otras consecuencias no deseables, la indefensión de personas afectadas”.

Sin citarlas expresamente, aludían a las manifestaciones que Calvo realizó a El País en un artículo publicado en mayo de 2022. “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”, manifestó. Pedro Sánchez le había encomendado un año antes la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, pero, finalmente, los cambios quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia. En unas jornadas celebradas a principios de 2022, según recoge el mismo medio, Calvo enfatizó la necesidad de establecer, sin necesidad de reformar la Constitución, “en qué es inviolable y en qué no” el monarca.

Los firmantes de la carta lamentaban que habían transcurrido más de tres años y medio desde que se conoció “el fracaso de aquella gestión” sin que se haya producido desde entonces “ningún avance en la justa reforma planteada por quien fue vicepresidenta del Gobierno”. Por ello, reiteraban su petición para que el jefe del Estado, durante el discurso televisado que pronunció el pasado 24 de diciembre, incluyese su renuncia al privilegio de la inviolabilidad.

Carmen Calvo aseguró que el Gobierno estudió la posibilidad de modificar la inviolabilidad del rey: 'Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real'

El precedente de Juan Carlos I

“Una decisión que estamos convencidos sería aceptada por una mayoría suficiente de los representantes elegidos en las últimas elecciones generales”, subrayaban los juristas. “El mismo año en el que estamos celebrando los primeros pasos hacia la democracia tras la desaparición del dictador nos parece un momento muy adecuado para que comience la reforma de un privilegio personal que nunca debería haberse trasladado a la Constitución de 1978 en los términos que permitieron la interpretación realizada por el Fiscal Anticorrupción en marzo de 2022”, recalcaban.

Se referían, en concreto, a la decisión adoptada ese año por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó las investigaciones dirigidas a seguir el rastro de los 100 millones de dólares que percibió Juan Carlos I de su homólogo en Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud, así como del dinero que sus benefactores usaron para pagarle cientos de miles de euros en gastos personales y que nunca pasaron por manos de la Agencia Tributaria. Las claves de su exoneración residían, principalmente, en su inviolabilidad. 

Tal como ha informado este periódico, el anterior rey de España guardó su fortuna en un banco suizo y a nombre de una fundación con domicilio en Panamá. Si hubiera ingresado el dinero en un banco español y declarado aquella donación ante Hacienda, Juan Carlos habría aportado a Hacienda 51 millones de euros.

En mayo de 2025, además, el Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo. Los magistrados utilizaron unos argumentos que cortan el paso a cualquier iniciativa legal presente o futura contra él al ampararse en las resoluciones de archivo firmadas por la Fiscalía en 2022 y que “cierran la puerta a la apertura de una investigación judicial” sobre su dinero. Se trata de un desenlace que, en la práctica, sitúa al monarca fuera del alcance del Derecho penal en cualquier circunstancia, incluso por actos estrictamente privados.

El Supremo blindó al rey emérito frente a los tribunales tras rechazar la querella con la que intelectuales y juristas buscaban imputar al monarca por fraude fiscal y blanqueo

Rex non potest peccare

La inviolabilidad del monarca, amparada por el artículo 56.3 de la Constitución de 1978 –“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”–, es uno de los aspectos más controvertidos de la arquitectura constitucional española. Se trata de una figura jurídica que abarca tanto los actos oficiales del jefe del Estado como los privados y que hunde sus raíces en la sacralidad real de las antiguas monarquías –resumida en el aforismo latino Rex non potest peccare (“el rey no puede pecar”)–, siendo incorporada al constitucionalismo moderno como un escudo frente a toda responsabilidad penal o civil. 

En los últimos años, ha cobrado fuerza el debate sobre el alcance de esta prerrogativa y la imposibilidad de exigir responsabilidades más allá de los actos cometidos por el rey como jefe del Estado. La controversia se intensificó a partir del estallido del caso Nóos, en el que, por primera vez en la historia judicial española, un miembro de la familia real, la infanta Cristina, se sentó en el banquillo de los acusados. La causa abrió serios interrogantes sobre la supuesta intervención que Juan Carlos I habría tenido en los hechos investigados y puso en cuestionamiento hasta qué punto su blindaje habría podido amparar decisiones o comportamientos que, en el caso de otros ciudadanos, habrían sido objeto de responsabilidad penal.

Precisamente sobre ello, el juez que instruyó la causa, José Castro, aseguraba en esta entrevista concedida a elDiario.es que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado.

El juez que instruyó el caso Nóos, José Castro, aseguraba que habría investigado al rey emérito de no haber existido el artículo 56.3 de la Constitución, el que blinda la inmunidad legal del jefe del Estado

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han puesto de relieve, además, la tensión existente entre la inviolabilidad del rey y el control parlamentario. Una de ellas es la que anuló parte de una resolución del Parlament de Catalunya que reprobaba a Felipe VI por su discurso tras el referéndum del 1‑O de 2017 y que calificaba la monarquía de “institución caduca”: según los magistrados, la reprobación vulneraba el artículo 56.3 de la Constitución porque atribuía al Rey una responsabilidad política que la Constitución no le permite asumir. 

La otra sentencia, que anuló la creación, por parte de la Cámara autonómica catalana, de una comisión parlamentaria de investigación sobre la monarquía, dictaminó que lo que se pretendía era indagar en actividades del rey que, de acuerdo a la Carta Magna, están protegidas por su inviolabilidad y no están sujetas a responsabilidad alguna. Ambos fallos ponían así de manifiesto que la inviolabilidad no es un simple blindaje simbólico, sino un límite legal que impide que cualquier órgano parlamentario pueda ejercer control político o investigar penalmente al rey.

Los sondeos de Suárez a favor de la III República

Cabe recordar que el mismo grupo de juristas que reclama que el rey renuncie a la inviolabilidad remitió en enero del año pasado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le reclaman que se desclasifique toda la información relativa a las encuestas que supuestamente el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez habría encargado, varios años antes de la aprobación de la Constitución española, para conocer si la opinión pública, en el contexto de la Transición, prefería un Estado monárquico o republicano. Los sondeos darían la victoria a la proclamación de una nueva República en España, pero los pormenores que rodean a este asunto permanecen en el agujero negro de los secretos oficiales.

La confección y los resultados de tales encuestas habían dormido el sueño de los justos durante varias décadas hasta que un 'desliz' del propio Suárez jugó en su contra. En una entrevista inédita que la periodista y biógrafa oficial de la Transición, Victoria Prego, realizó en 1995 al expolítico y que sería desvelada por La Sexta Columna en noviembre de 2016 –nada menos que 21 años después–, Suárez reconoció que, cuando en 1977 impulsó la Ley para la Reforma Política que eliminaría jurídicamente las estructuras del aparato franquista, introdujo en ella las palabras 'rey' y 'monarquía', con disposiciones como “el Rey sanciona y promulga las leyes” o “el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey”.

“Cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república... hacíamos encuestas y perdíamos”, comentó tapándose el micro que llevaba en la corbata. “Metí la palabra rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, justificó literalmente el expolítico, quien, de este modo, evitaba una consulta expresa sobre monarquía o república y se aseguraba la permanencia de la institución dinástica sin tan siquiera haber sido sometida a votación popular.

Un ujier cerró las puertas del Alcázar mientras los mensajeros corrían hacia los aposentos reales. La noticia de la muerte de Carlos II empezó a pasar de boca en boca entre cortesanos, criados y embajadores que llevaban meses pendientes del estado del monarca. Nadie podía señalar a un heredero nacido de la sangre del rey y cada conversación terminaba en la misma disputa sobre el futuro de la Corona.

Algunos funcionarios revisaron documentos y sellos antes del amanecer, temiendo que cualquier retraso abriera nuevas peleas dentro de palacio. Fuera de Madrid, otras cortes europeas ya calculaban qué podía ganar cada dinastía con el vacío dejado por el último Habsburgo español. Noviembre de 1700 convirtió una sucesión dinástica en el arranque de una guerra que alteró el equilibrio político del continente.

Felipe de Anjou recibió la Corona tras largas presiones

La guerra de Sucesión española enfrentó entre 1701 y 1714 a las principales potencias europeas por el control de la Monarquía Hispánica. Según History Encyclopedia, el conflicto arrancó tras la muerte sin descendencia de Carlos II y acabó con Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, confirmado como Felipe V de España.

Frente al candidato borbónico apareció el archiduque Carlos de Austria, respaldado por la Gran Alianza formada por Inglaterra, la República Holandesa y el Sacro Imperio Romano Germánico. La disputa se extendió por Europa, América y el Mediterráneo mientras cada potencia intentaba impedir que su rival reuniera demasiado poder.

Antes de la guerra, Luis XIV y Guillermo III habían intentado evitar un choque continental mediante acuerdos secretos. El Primer Tratado de Partición apostó por José Fernando de Baviera como heredero de consenso, aunque su muerte obligó a negociar otra salida.

En el Segundo Tratado de Partición, Francia y las potencias aliadas llegaron incluso a plantear el reparto de territorios españoles entre distintas coronas europeas. La nobleza española reaccionó con hostilidad ante esa posibilidad y presionó a Carlos II para dejar intacta la monarquía. Poco antes de morir, el rey nombró heredero a Felipe de Anjou con la intención de impedir el desmembramiento territorial del imperio.

Felipe V dividió Europa y abrió la guerra continental

La proclamación de Felipe V alarmó a las cortes europeas. Francia veía la ocasión de ampliar su influencia continental mediante la llegada de un Borbón al trono español, mientras Austria defendía la continuidad de la Casa de Habsburgo. Inglaterra y Holanda rechazaban tanto la supremacía francesa como el regreso del dominio dinástico austríaco y defendían una política de equilibrio entre potencias.

Dentro de la Monarquía Hispánica también aparecieron divisiones. Castilla respaldó mayoritariamente a Felipe V con la esperanza de reforzar una estructura política más unificada, mientras gran parte de Aragón apoyó al archiduque Carlos por temor a perder sus fueros e instituciones propias.

Luis XIV decidió mover primero sus tropas en 1701 y envió ejércitos a los Países Bajos españoles y al norte de Italia. Los franceses ocuparon plazas importantes y amenazaron la Barrera Holandesa, una cadena de fortalezas creada para proteger las Provincias Unidas.

El emperador Leopoldo respondió enviando al príncipe Eugenio de Saboya, que frenó a los franceses en Italia, mientras John Churchill, duque de Marlborough, organizaba un ejército multinacional en los Países Bajos. History Encyclopedia recoge que Marlborough buscaba una batalla decisiva contra Francia, aunque los oficiales holandeses preferían avanzar mediante asedios y capturas de fortalezas.

Marlborough derrotó a Francia durante la batalla de Blenheim

La guerra cambió de ritmo en 1704. Marlborough recorrió unos 400 kilómetros para unirse al príncipe Eugenio y detener el avance franco-bávaro hacia Viena. Winston Churchill, primer ministro británico muchos años después y descendiente del duque, describió aquella marcha como “una oruga escarlata” que avanzaba por Europa arrastrando la guerra consigo.

La batalla de Höchstädt, conocida también como Blenheim, terminó con una derrota severa para Francia y Baviera. Los aliados causaron miles de bajas y capturaron a numerosos soldados enemigos, incluido un comandante francés. Aquella victoria salvó Viena, apartó a Baviera del conflicto y destruyó la fama de invencibilidad de los ejércitos de Luis XIV.

El conflicto siguió creciendo durante los años siguientes. El archiduque Carlos desembarcó en Lisboa en 1704 para abrir un frente en la península ibérica y una fuerza anglo-holandesa arrebató Gibraltar a los españoles. Francia intentó recuperarlo por mar y provocó la batalla naval de Málaga, aunque ninguna flota consiguió imponerse con claridad.

En Flandes, Marlborough obtuvo otra victoria importante en Ramillies en 1706, mientras el príncipe Eugenio rompía el asedio francés sobre Turín. Pese a esos reveses, Felipe V mantuvo apoyos suficientes dentro de España y la guerra empezó a desgastar a todos los contendientes.

Luis XIV rechazó expulsar a Felipe V del trono

La batalla de Malplaquet, en septiembre de 1709, mostró hasta qué punto el conflicto había agotado a Europa. Los aliados vencieron, aunque perdieron cerca de 22.000 hombres en ataques frontales contra las posiciones francesas. El príncipe Eugenio resultó herido y el ejército de Luis XIV logró retirarse sin quedar destruido.

Mientras crecían las bajas y el cansancio político, las conversaciones de paz se rompieron cuando los aliados exigieron que Francia ayudara a expulsar del trono español al propio Felipe V. Luis XIV, su abuelo, rechazó esa condición y la guerra continuó.

Todo cambió en 1711 con la muerte del emperador José I. El archiduque Carlos heredó el título imperial y británicos y holandeses empezaron a temer una unión entre Austria y España parecida a la que habían intentado evitar con Francia.

El Tratado de Utrecht confirmó a Felipe V en España

Las negociaciones desembocaron en el Congreso de Utrecht y, finalmente, en el Tratado de Utrecht de 1713 y los acuerdos de Rastatt y Baden de 1714. Felipe V conservó el trono español, aunque renunció a sus derechos sobre Francia. Gran Bretaña salió reforzada con Gibraltar, Menorca y privilegios comerciales en América, mientras Austria recibió territorios italianos y los Países Bajos españoles.

Francia logró colocar a un Borbón en Madrid y aquella dinastía continúa en el trono español más de tres siglos después, aunque la guerra dejó al reino francés con el tesoro exhausto y al borde de la quiebra.

Juan Carlos I llegó este miércoles a Galicia con motivo de las regatas de la clase 6 Metros que se disputan este fin de semana en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Así, sobre el mediodía de esta jornada el padre de Felipe VI aterrizó en Vigo, en la que es su segunda visita a la Comunidad gallega en lo que va de año, informa Europa Press.

Según la información recogida en la web de la Federación Gallega de Vela, Juan Carlos I figura inscrito a bordo del Bribón, junto al resto de la tripulación, para participar en la competición.

Con todo, en la visita anterior el exjefe del Estado no navegó a bordo del velero y siguió la regata desde una embarcación auxiliar, acompañado de su hija la infanta Elena.

El rey Juan Carlos de España ascendió al trono en noviembre de 1975, tras la muerte del general Francisco Franco. El dictador lo había designado como su sucesor en 1969, tras una tortuosa pugna entre seis posibles candidatos de sangre real. Los seis eran: los dos candidatos “legítimos” de la casa de Borbón, descendientes del último rey, Alfonso XIII: el conde de Barcelona, don Juan de Borbón y Battenberg, y su hijo, Juan Carlos de Borbón y Dos Sicilias; Jaime de Borbón y Battenberg, hermano mayor de don Juan, a quien se había convencido de que renunciara a sus derechos en 1933 debido a sus dificultades auditivas y del habla, pero que los reactivó en 1949 con la ayuda económica de Franco; el hijo de don Jaime, Alfonso de Borbón Dampierre; y dos candidatos de los pretendientes carlistas rivales al trono, don Javier de Borbón-Parma y su hijo Carlos Hugo de Borbón-Parma. De hecho, Franco había descartado en secreto a don Juan por ser demasiado liberal y a los dos carlistas nacidos en Francia por ser extranjeros, aunque eso no le disuadió en el caso de Juan Carlos, que había nacido en Italia. La misión manifiesta del ganador elegido como jefe de Estado era la perpetuación de la dictadura. En consecuencia, Juan Carlos fue recibido por la izquierda como un títere despreciable y por la extrema derecha como un liberal encubierto. Los temores de la derecha se hicieron realidad cuando, con considerable valentía y determinación, desempeñó un papel clave en liberarse de las ataduras de las leyes e instituciones del Caudillo. Para llegar al trono, Juan Carlos tuvo que pasar los veintiún años comprendidos entre 1948 y 1969 actuando, o siendo manipulado, como uno de los peones en el juego de sucesión ideado por Franco y su eminencia gris, Luis Carrero Blanco. El origen del juego, la Ley de Sucesión de 1947, fue un artilugio para convencer a los Aliados victoriosos de que Franco estaba libre del estigma del Eje y de que era más monárquico que falangista. En términos de política interna, el premio prometido de la sucesión ayudó a mantener unida la coalición de fuerzas de Franco. Para seguir contando con el apoyo de los falangistas antimonárquicos era necesario humillar periódicamente a los monárquicos alfonsistas y carlistas, algo que tenía la ventaja añadida de hacer las delicias del retorcido sentido del humor del Caudillo. Para Juan Carlos, todo el proceso supuso una infancia perdida y una adolescencia miserable cuando fue enviado a España como rehén, lo que en un principio parecía asegurar el puesto de su padre en la competencia por la sucesión. Franco finalmente nombró a Juan Carlos “Sucesor con el título de Rey” en 1969, tras desplazar gradualmente al legítimo heredero al trono, su padre, Don Juan de Borbón.

Cuando fue proclamado rey en 1975, Juan Carlos despertaba una profunda desconfianza tanto en la derecha como en la izquierda. El hecho de que fuera rey únicamente gracias a la Ley de Sucesión y de que su designación tuviera por objeto garantizar la supervivencia del régimen franquista explicaba las sospechas de la izquierda y la creencia generalizada de que sería “Juan Carlos el breve”. Como hijo del anglófilo Don Juan de Borbón, y debido a sus contactos con diplomáticos británicos, estadounidenses y alemanes, resultó ser igualmente sospechoso para la derecha franquista. Sorprendentemente, logró compaginar con éxito los objetivos aparentemente incompatibles de, por un lado, la fidelidad pública a los principios del Estado unipartidista franquista y, por otro, el compromiso tácito con el establecimiento de una monarquía constitucional democrática. Desde su ascensión al trono hasta 1982, Juan Carlos I defendió valientemente la democracia frente a la amenaza de una conspiración militar. En consecuencia, se convirtió en un héroe nacional y en una figura inmensamente popular tanto en España como en el extranjero, hasta que una caída en desgracia le obligó a abdicar en 2014.

Para el nuevo rey, los seis meses posteriores a su ascensión al trono fueron angustiosos. Su primera tarea consistió en neutralizar a los militares y otros partidarios de Franco, mientras su principal asesor, el brillante teórico constitucional Torcuato Fernández Miranda, preparaba un plan de reforma política dentro del marco legal de la dictadura. Esto supuso, en un primer momento, mantener en el cargo al presidente del Gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, con el fin de calmar los temores de la clase dirigente franquista. Al mismo tiempo, tuvo que intentar convencer a la izquierda de que estaba comprometido con la transición democrática. No fue hasta el verano de 1976 cuando el rey pudo elegir al joven y carismático Adolfo Suárez como un presidente de Gobierno más afín para que se hiciera cargo de la siguiente etapa del proceso. Torcuato Fernández Miranda dijo una vez que Juan Carlos fue el empresario del drama de la Transición, del que él mismo fue el guionista y, Adolfo Suárez, el actor principal. 

Tras las elecciones democráticas de junio de 1977, los problemas que se avecinaban eran, en sentido estricto, competencia del Gobierno elegido, pero había cuestiones políticas inmediatas que resultaban imposibles de resolver sin la intervención del rey. La violencia antidemocrática de los conspiradores militares decididos a reinstaurar la dictadura y las actividades terroristas de la organización separatista vasca ETA complicaron enormemente la tarea de construir un marco constitucional ampliamente aceptado. El apoyo del rey fue esencial para la consolidación de la democracia, ya que el gobierno necesitaba su ayuda constante como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así, tuvo que arriesgar constantemente su vida como una especie de bombero del inflamable sistema democrático. Juan Carlos se convirtió en el blanco de la hostilidad tanto de la extrema derecha como de ETA. Cuando Suárez dimitió a finales de enero de 1981, se ejerció una intensa presión militar para que se formara una coalición política encabezada por un general. Los líderes de los cuatro principales partidos —Leopoldo Calvo-Sotelo, de la UCD centrista; Felipe González, del PSOE socialista; Santiago Carrillo, del PCE comunista, y Manuel Fraga, de la Alianza Popular conservadora— se mostraron abiertos a esa solución atípica, pero Juan Carlos optó por la vía constitucional y nombró a Calvo Sotelo presidente de Gobierno. En circunstancias complejas, el 23 de febrero, el teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil, se hizo con el control del Congreso de los Diputados y, de hecho, mantuvo como rehén a toda la clase política. La tarea de derrotar el golpe militar fue dirigida por el propio Juan Carlos. 

En retrospectiva, el intento golpista del 23F marcó un punto de inflexión no solo en la transición a la democracia, sino también en el papel del rey. Su verdadera importancia en lo que respecta a la Corona se reveló el 27 de febrero. Tres millones de personas se manifestaron en las ciudades de toda España en apoyo de la democracia y del rey. El estado de ánimo en la mayor parte del país, sin embargo, lo resumió el novelista republicano Francisco Umbral, quien escribió en El País dos semanas después: “Cuando los españoles creíamos merecernos algo mejor que un rey, resulta que tenemos un rey que no nos merecemos”. La propia exasperación de Juan Carlos era perceptible en su respuesta a los líderes políticos que se reunieron para expresarle su gratitud por lo que había hecho. El texto que leyó [aquí la versión íntegra] iba más allá de los tópicos esperados: “La Corona se siente orgullosa de haber servido a España con firmeza y con la convicción de que la vida democrática y el respeto estricto de los principios constitucionales constituyen la voluntad mayoritaria del pueblo español. Sin embargo, todos deben ser conscientes, desde sus propias responsabilidades, de que el rey no puede ni debe enfrentarse, de forma reiterada y bajo su responsabilidad directa, a circunstancias de tan considerable tensión y gravedad”.

Más tarde reconoció que lo que había intentado decir era que “mi papel no era el de un bombero, siempre listo para apagar un fuego”. 

La postura de Juan Carlos contra el golpismo había dado a la democracia una segunda oportunidad. Tras la contundente victoria electoral socialista en las elecciones de octubre de 1982, Juan Carlos pudo dejar que el Gobierno de Felipe González se ocupara del problema de la subversión militar. A partir de entonces, se convirtió más en un jefe de Estado constitucional y también en una especie de embajador comercial itinerante. Su trayectoria en el trono entre 1975 y 1982 lo convirtió, sin duda, en uno de los mejores monarcas de España. Ese notable logro no era algo que necesitara ser resaltado ni que pudiera realzarse con dignidad alguna en una autobiografía. Lo que le había costado en términos de juventud perdida y estrés diario tal vez explique por qué ahora comenzaba a dar prioridad a lo que podría llamarse “el descanso del guerrero”. 

Durante los treinta años siguientes, la reputación del rey se fue desvaneciendo en una búsqueda de placeres y beneficios. A lo largo de la década de los noventa, al codearse con una serie de “bucaneros capitalistas” como José María Ruiz-Mateos, Mario Conde o Javier de la Rosa, su imagen se vio mancillada por su relación con los escándalos financieros que asolaron la vida política española. Las revistas del corazón sacaron mucho partido de su obsesión por la velocidad y los deportes caros en los que arriesgaba la vida y que con frecuencia le causaban lesiones graves. Esquiar, conducir coches de alta velocidad y motocicletas, pilotar helicópteros y aviones, junto con las regatas de yates, eran actividades que realzaban su reputación en algunos círculos y despertaban intensas críticas en otros. Lo mismo ocurría con su entusiasmo por la compañía de mujeres atractivas, que era objeto de gran atención en algunos sectores de la prensa semanal. Los rumores sobre crisis matrimoniales surgían con frecuencia. En 2012, mientras los españoles de a pie hacían frente a una dura crisis económica, Juan Carlos afirmó que la preocupación por el desempleo juvenil le quitaba el sueño. Sin embargo, el hecho de que hubiera estado en un safari en Botsuana, de un coste astronómico, se hizo público cuando fue trasladado en avión a Madrid para someterse a una operación de cadera tras un accidente. Se vio obligado a pedir perdón al país después de que los detalles de la escapada se hicieran públicos. Su acompañante en ese viaje fue la empresaria germano-danesa Corinna Larsen, exmujer del príncipe Casimir zu Sayn-Wittgenstein. El declive del rey se aceleró y, en junio de 2014, se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, ahora rey Felipe VI. En agosto de 2020, Juan Carlos abandonó España y se trasladó a Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en medio del escándalo por la transferencia de unos 65 millones de euros a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, tras recibir pagos de un contrato de tren de alta velocidad en Arabia Saudí. 

Antes de que el deterioro de su popularidad llegara al punto más bajo del exilio, en junio de 2016, Juan Carlos presidió la presentación de un libro en la Real Academia de San Fernando de Madrid, en la que su amigo el zar Simeón II de Bulgaria, exiliado, presentó su autobiografía, Un destino singular. Hacia el final del acto, un periodista le preguntó a Juan Carlos si alguna vez se plantearía escribir sus propias memorias, dada su agitada vida. Respondió en términos categóricos: “¡No, nunca las voy a escribir! ¿Para qué, para decir mentiras? La verdad no se puede contar, así que me lo guardaré”. En ese momento, hizo un gesto como si se tragara sus secretos y, señalando al cielo, añadió: “Y me lo llevaré allá arriba”. Sin duda, parecía una decisión sensata. Su considerable contribución a la transición de la dictadura a la democracia era tan conocida que solo podría verse menospreciada por unas memorias escritas a la defensiva. Al mismo tiempo, los escándalos financieros y sexuales habían sido investigados con tal exhaustividad por medios serios y por la prensa más morbosa que apenas quedaba margen para posteriores intentos de lavado de imagen.

La primera pregunta que suscitó el anuncio en 2025 de que, después de todo, habría unas memorias es: ¿por qué cambió de opinión? En los círculos editoriales españoles corrieron rumores sobre la magnitud sin precedentes del anticipo que, al parecer, se pagó por la edición española, *Reconciliación*, y la francesa, *Réconciliation*. Según el muy riguroso diario digital elDiario.es, es posible que la publicación de las memorias estuviera relacionada con este anticipo supuestamente cuantioso pagado por los derechos. En España se informó de que Juan Carlos había devuelto préstamos por importe de 4.395.901,96 euros, concedidos en 2021 por una docena de aristócratas anónimos y empresarios amigos, con el fin de regularizar su situación con la Hacienda española. Los préstamos debían devolverse en un plazo relativamente corto para que no se consideraran donaciones y, por lo tanto, estuvieran sujetos a impuestos adicionales. El reembolso de cuatro millones de euros o más en préstamos fue publicado en El Mundo el 6 de agosto de 2025 y en The Times el 7 de agosto de 2025. Las identidades de los prestamistas se publicaron en El Confidencial y elDiario.es el 6 de abril de 2021, y las copias de los contratos de préstamo fueron publicadas por elDiario.es el 15 de diciembre de 2025 y en El Periódico el 18 de diciembre de 2025. 

Más allá de la necesidad de un anticipo sustancial, resulta difícil discernir el propósito del libro. Para empezar, está el título. ¿Con quién pretende Juan Carlos reconciliarse? Según especulaban en The Times, “se dice que el título refleja el espíritu de la transición española a la democracia que él supervisó tras la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco, quien lo preparó para el poder”. Refiriéndose a sus declaraciones anteriores sobre no escribir nunca memorias, dice: “¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia”. Dado que abundan las biografías que le son favorables, es más probable que busque la reconciliación con el pueblo español, cuya mayoría en su día le adoraba, pero que ahora siente algo muy diferente. Sin embargo, el tono de estas memorias desmiente cualquier intención de ese tipo por su parte. Con un tono que oscila entre la autosatisfacción de quien se cree merecedor de todo y la autocompasión, difícilmente contribuirán a mejorar su imagen: “Me hiere un sentimiento de abandono. No puedo contener la emoción cuando pienso en determinados miembros de mi familia para quienes ya no importo y, sobre todo, en España, a la que tanto echo de menos. Hay días de abatimiento y de vacío. Vivo sin perspectivas, sin saber si algún día podré volver a establecerme en mi país”. Justifica la intensidad de este sentimiento de abandono con la extraordinaria afirmación de que “Devolví la libertad al pueblo español al instaurar la democracia, pero nunca pude disfrutar de esa libertad para mí”. Cuesta creer que alguien conocedor de la historia de la Segunda República, de la lucha de masas contra la dictadura franquista y de los pormenores de la transición a la democracia pudiera haber escrito esta frase (Reconciliación, pp.15–16). 

La indignación popular en España por sus actividades durante una grave crisis del coste de la vida no ha hecho más que intensificarse con algunas de sus justificaciones. Si uno de los objetivos no declarados de las memorias era limar asperezas con su propia familia, sin duda ha lanzado un mensaje conciliador a su esposa, de la que está separado, la exreina Sofía. La falta de armonía en la pareja se remonta a la década de 1970. Hay que reconocer que en las páginas de sus memorias aparecen muchos comentarios amables sobre ella; pero estos seguramente son insuficientes para compensar la bien documentada historia de sus infidelidades, a las que aquí se refiere simplemente como “mis deslices sentimentales” (Reconciliación, p. 408). Además, su mal disimulado rechazo hacia la reina Letizia difícilmente habrá ayudado a las relaciones con su hijo. A pesar de expresar un vago arrepentimiento por sus aventuras amorosas en términos generales, no menciona sus largas y muy publicitadas relaciones con tres mujeres cuyos nombres son bien conocidos en España. Tampoco, en su relato en el que profesa un servicio desinteresado y poco apreciado a la nación, explica, y mucho menos justifica, el uso de fondos públicos para la lujosa remodelación de La Angorrilla, un pabellón de caza. Del mismo modo, no explica el uso del servicio secreto para impedir que salieran a la luz los excesos de su vida privada, incluyendo acuerdos económicos realizados para apaciguar y silenciar al menos a una de sus amantes. 

Como era de esperar, el texto de Reconciliación elude los temas que han provocado la mayor hostilidad pública hacia Juan Carlos en España. Simbolizados por el escándalo de Botsuana, estos han sido, en conjunto, el despilfarro económico y la matanza de varias especies en peligro de extinción en la que participó. Quizás, más que la infidelidad conyugal que hizo posible, lo que más provocó la indignación pública fue el enorme coste del proyecto a gran escala en el Monte del Pardo, en los terrenos del Palacio de la Zarzuela, llevado a cabo en parte para facilitar una de sus relaciones extramatrimoniales, y lo que reveló sobre su pasión por la caza. El proyecto consistió en la conversión de La Angorrilla, un antiguo pabellón de caza construido inicialmente para Franco en los terrenos de El Pardo, en un lujoso pabellón, con una planta baja de mil metros cuadrados y una planta superior de setecientos metros cuadrados. Tardó dieciocho meses en completarse y su coste final de 3,4 millones de euros fue sufragado por el Estado a través de Patrimonio Nacional. En las paredes de diez metros de altura de la planta baja de esta monstruosidad se encontraban las cabezas disecadas de elefantes, rinocerontes y jirafas que había abatido en safaris en el extranjero. El coste del transporte de los cadáveres de estos animales y la posterior taxidermia debió de ser enorme. En otras partes del edificio había espacio para sus trofeos de ciervos, jabalíes, lobos y cabras montesas que había cazado en España. También había una sala blindada destinada exclusivamente a albergar la gran colección de valiosos rifles de caza del rey, algunos de los cuales, según se decía, valían centenares de miles de euros. Poco después del accidente de Botsuana, Juan Carlos encargó la fabricación de una silla ergonómica especial que le permitiera seguir disfrutando de su pasión por la caza, a pesar de sus lesiones. No fue hasta después de esa crisis cuando el foco de la publicidad hostil en España se centró en la costosa reforma del pabellón de caza, que también había servido de residencia para su amante en aquel momento. 

No hay nada en el libro que pueda conducir a una reconciliación con su hijo. Es de suponer que ni el rey Felipe ni la reina Letizia apreciarán el comentario de Juan Carlos sobre “nuestro desencuentro personal” ni lo que dice de ella en el libro: “La entrada de Letizia en nuestra familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares” (Reconciliación, p. 41).

En un primer momento, al recordar la disculpa televisada de Juan Carlos I a la nación cuando salió del hospital tras el safari de Botsuana, podría pensarse que su intención con las memorias era reconciliarse con el pueblo español. Sin embargo, el texto plantea la pregunta de ¿con qué españoles querría reconciliarse? ¿Con los franquistas? Aunque quizá la reconciliación ni siquiera fuera posible con ellos. Al fin y al cabo, podrían acusarle de traicionar a Franco al permitir la democratización de España. En cualquier caso, el daño a su reputación en 2012 causado por el episodio de Botsuana tuvo menos que ver con la revelación de la infidelidad conyugal y mucho más con la aparente insensibilidad del rey ante la crisis del coste de la vida que sufrían los españoles de a pie. Si Juan Carlos hubiera querido utilizar este libro para reconciliarse con sus súbditos en general, habría tenido que resistir la tentación de quejarse de su supuesta penuria —o de su gran decepción porque las autoridades fiscales españolas no le hubieran permitido quedarse con los dos Ferraris que el jeque Mohamed bin Zayed, de los Emiratos Árabes Unidos, les regaló a él y a su hijo. Aún más insensible resulta la inclusión en el libro de una queja sobre el hecho de que el exrey sea el único español que no percibe una pensión de jubilación. Dado su estilo de vida, ampliamente difundido, esto solo podía provocar la burla del español medio. 

La coautora o escritora fantasma de las memorias de Juan Carlos I es su admiradora de toda la vida, Laurence Debray. De los cinco libros que ha publicado, incluido este, cuatro tratan sobre Juan Carlos. El otro es una autobiografía que aborda principalmente su relación con sus padres, Régis Debray y Elizabeth Burgos, quienes se consideraban revolucionarios. En octubre de 2021, en París, publicó un retrato excesivamente indulgente de Juan Carlos titulado 'Mon roi déchu' (Mi rey caído). Su tercer libro sobre Juan Carlos expresaba la angustia de la autora por su exilio (1). En algunos pasajes se lee casi como una extensa carta de amor. El tono de ese libro queda plasmado en la frase: “Il était une fois un prince. Qui fut charmant puis maudit” (“Érase una vez un príncipe que fue encantador, pero luego maldito”).

A continuación, escribió sobre su “relación” con él: “Depuis plusieurs décennies, j’étudie, scrute, commente son destin. Une page se tourne aujourd’hui. Il est temps de questionner cette relation si durable et structurante que j’entretiens avec lui, cet attachement aussi platonique que fidèle. Qu’est-ce qui peut bien réunir ‘une fille de révolutionnaires’ et un roi?”. (“Durante varias décadas, he estudiado, analizado y comentado su destino. Hoy se abre un nuevo capítulo. Ha llegado el momento de examinar este vínculo duradero y fundamental que comparto con él, este apego tan platónico como fiel. ¿Qué podría unir a una ”hija de revolucionarios“ y a un rey?”).

Sobre lo que ella percibía como el vínculo entre ellos, escribió: “Sa vie est un roman; Juan Carlos est devenu ”mon“ roman. Il faut bien y mettre un point final. Puisqu’il a décidé de s’effacer avant de mourir, je dois moi aussi conclure” (“Su vida es una novela; Juan Carlos se ha convertido en ”mi“ novela. Hay que ponerle un punto final. Dado que él ha decidido borrarse antes de morir, yo también debo concluir”) (2).

Ella ha declarado en entrevistas que, para recopilar material para el libro, pasó muchos meses en Abu Dabi entrevistando a Juan Carlos. Hay numerosos indicios de que fue ella, y no Juan Carlos, quien redactó la mayor parte de estas memorias. Hay incluso pasajes en el texto que casi invitan a preguntarse: si él no escribió el libro, ¿se molestó siquiera en leerlo? Aunque Debray se esfuerza por presentarlo bajo la luz más favorable, sus esfuerzos por hacerlo a veces tienen, sin quererlo, el efecto contrario. Para empezar, contiene muchos errores fácticos y contradicciones. La forma en que el texto aborda los notorios escándalos, tanto los suyos propios como los de su exyerno, Iñaki Urdangarin, es sesgada y parece contradecir gran parte de la información que ahora es de dominio público. También resulta chocante que, en un intento por generar simpatía, la voz narrativa adopte con frecuencia un tono lacrimógeno. Por ejemplo, lo que se escribe sobre las supuestas penurias de su familia es demostrablemente falso. 

Un ejemplo llamativo es el relato de la vida de la familia real exiliada en Portugal. El 2 de febrero de 1946, Don Juan de Borbón y su esposa, Doña María de las Mercedes, se trasladaron a la elegante pero tranquila localidad costera de Estoril, al oeste de Lisboa. Era una zona de casinos y espléndidas mansiones construidas para los banqueros y armadores millonarios de la cercana capital. Para su gran consternación, Juanito, de ocho años, se quedó atrás en Suiza al cuidado de su austero tutor, el teórico monárquico Eugenio Vegas Latapié. En estas memorias no se menciona la inevitable sensación de abandono por parte de sus padres que bien podría haber contribuido a crear el vacío interior de Juan Carlos que explicaría gran parte de su existencia en los años posteriores a 1982. Los monarcas exiliados vivieron en tres mansiones diferentes, hasta que finalmente, a finales de 1948, se instalaron en Villa Giralda, que había sido construida en 1936 como club de golf de Estoril. A pesar de quejarse constantemente de la pobreza, Don Juan de Borbón había sido capaz tanto de adquirir la lujosa residencia como de pagar una cantidad equivalente al precio de compra para que fuera completamente reformada y se le añadiera una tercera planta. El palacio resultante estaba rodeado de espléndidos jardines y en su salón se celebraban fiestas con cientos de invitados. Representantes de la nobleza española se turnaban en Estoril como cortesanos. Doña María contaba con una dama de compañía. En las memorias, sin embargo, Villa Giralda se describe como “una casa de alquiler” (p. 69) que su padre compró a regañadientes. El lujoso yate, el Saltillo, que el millonario vasco Pedro Galíndez Vallejo prestó a la familia, se describe como un simple velero (“velero” [p. 69]), cuando en realidad era un gran buque oceánico, provisto de tripulación completa y con los gastos de funcionamiento cubiertos. Como marinero entusiasta y experimentado, Don Juan lo aprovechó al máximo. Además, él y Doña María, ambos aficionados a la caza mayor, disfrutaban de costosos safaris (3). Esto no pretende restar importancia al coste psicológico que supuso para Juan Carlos su infancia trastornada; pero la simpatía de los lectores por las auténticas penurias emocionales que sufrió de niño se ve mermada por el énfasis que se da en las memorias a las dificultades económicas que supuestamente padeció la familia.

Un aspecto del libro que ha suscitado una gran polémica en España ha sido la calidez con la que Juan Carlos habla de Franco. Sin embargo, es importante recordar que el propio padre de Juan Carlos lo trató mal, más como un peón político que como un hijo. Esto ayuda a explicar por qué, en muchas entrevistas, se ha referido a varias personas como si fueran “como un padre” para él. Es plausible que Franco, que tenía una hija, pero no un hijo, también llegara a sentir cierto afecto por Juan Carlos. Aun así, esto apenas justifica la insistencia de Juan Carlos en que, a finales de la década de 1960, el Caudillo ya había llegado a la conclusión de que el país necesitaba democratizarse y que Franco le dio permiso explícito para llevar a cabo esa reforma inevitable. Las pruebas en contra —de que Franco estaba decidido a bloquear la reforma— son abrumadoras. Para respaldar su punto de vista en las memorias sobre los deseos de Franco, Juan Carlos relata una visita a Franco en el hospital, días antes de su muerte:

“Tuve una última conversación con él. Sentado a su lado en la cama del hospital, me tomó la mano y, como en un último aliento, me dijo: 'Alteza, le pido una sola cosa: mantenga la unidad del país'. Esa fue su última voluntad. No me pidió mantener el régimen tal y como era, ni los principios del Movimiento Nacional. Tenía, por lo tanto, las manos libres para poner en marcha las reformas siempre y cuando no se cuestionara la unidad de España'' (203).

El hecho es que, en ese momento, Franco estaba moribundo y era poco probable que fuera coherente. Incluso si lo hubiera sido, era improbable que hubiera contradicho sus propias leyes fundamentales y sus propias declaraciones, realizadas con vehemencia ante aquellos de sus ministros que le habían instado frenéticamente a desconfiar de las tendencias democráticas de Juan Carlos. 

El 12 de febrero de 1974, cuando su primer ministro de línea dura, el que en su día fue conocido como “el Carnicero de Málaga”, Carlos Arias Navarro, pronunció un discurso sobre una liberalización mínima, el desconcertado Caudillo pidió aclaraciones al ministro-secretario del Movimiento, José Utrera Molina, con quien había establecido una relación paternal. Cuando Utrera le explicó lo que se había aclamado como “el espíritu del 12 de febrero”, un Franco profundamente alarmado respondió: “Si el régimen permite que se ataque a su doctrina sustancial y sus servidores no aciertan a defender lo fundamental, habrá que pensar en una cobarde voluntad de suicidio” (4). En julio de 1975, Franco, con el lenguaje beligerante propio de la década de 1940, instaba a una delegación de oficiales falangistas del ejército a defender hasta la muerte su victoria en la Guerra Civil. El 1 de octubre de 1975, en el trigésimo noveno aniversario de su ascensión a la Jefatura del Estado, se presentó por última vez ante una multitud en el Palacio de Oriente. Apenas capaz de hablar, encorvado sobre el micrófono, pronunció con voz ronca los mismos clichés paranoicos de siempre. El problema de España se debía, declaró, “a una conspiración masónico-izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión terrorista-comunista en lo social”. Ninguna de estas pruebas respalda el retrato del Franco liberal que se presenta en las memorias de Juan Carlos en Reconciliación.

En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe

Pero entonces, ¿por qué insiste tanto Juan Carlos en que Franco no se opuso a la reforma que él llevó a cabo? ¿Quizás está tratando de legitimarse como demócrata sin dar pie a que los franquistas lo acusen de traicionar al dictador? Es una idea razonable, aunque extraña, porque en otras partes del libro argumenta acertadamente que arriesgó su vida luchando por la democracia. Hubo numerosos complots militares que incluían el asesinato del rey. ¿Por qué iban a querer matarlo los golpistas si él simplemente estaba cumpliendo los deseos del dictador? De hecho, en lo que respecta a las cuestiones de legitimidad, el libro tiene un problema mucho mayor. En su afán por destacar su papel histórico, Juan Carlos acaba socavando no solo su propia legitimidad, sino también la de su hijo, Felipe.

Esto ocurre en un pasaje verdaderamente extraordinario del tercer capítulo. Juan Carlos relata que, en marzo de 2020, Felipe solicitó una reunión como parte del proceso que llevó a su padre a exiliarse. Cuando llegó al despacho de su hijo, Juan Carlos se llevó una sorpresa al encontrar allí también al jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín. Felipe y Alfonsín le informaron de que su asignación económica sería recortada. Juan Carlos afirma entonces que le dijo a su hijo y futuro sucesor: “No olvides que heredas un sistema político que yo forjé. Puedes excluirme personal y financieramente, pero no puedes rechazar la herencia institucional que te sustenta. Y solo hay un paso entre ambas cosas” (38–39). En otras palabras, Juan Carlos le espeta a Felipe: “Si eres rey, es gracias a mí. No pienses jamás que eres rey porque perteneces a la dinastía de los Borbones. Eres rey porque Franco me hizo rey”. El error cometido por Juan Carlos aquí es colosal. Franco siempre insistió en que el nombramiento de Juan Carlos como sucesor no implicaba ninguna restauración de la monarquía constitucional borbónica, sino que se trataba de una monarquía del Movimiento de nueva instauración, tal y como establecía la Ley de Sucesión. Una vez que Franco murió, ese fue el estigma deslegitimador del que Juan Carlos tuvo que deshacerse. Y, de hecho, lo consiguió el 17 de mayo de 1977, gracias al sacrificio que hizo su padre al abdicar en favor de Juan Carlos, otorgándole finalmente legitimidad dinástica. Sin embargo, es precisamente esa legitimidad la que Juan Carlos tira por la borda en este pasaje. Para cualquier monárquico, esa declaración de Juan Carlos debe de ser un trago amargo.

Juan Carlos desempeñó un papel clave en la Transición. Por supuesto que sí. Aunque la Transición fue un esfuerzo colectivo de muchos españoles, Juan Carlos nunca dejó de utilizar su posición como jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para promover la democratización del país. Si puede considerarse un gran rey, y yo diría que sí, es por esa razón.

Una cuestión clave que este libro no aborda es si Juan Carlos es, en lo personal, un demócrata. De hecho, la respuesta apenas importa, ya que actuó como tal, pues pronto se dio cuenta de que no había otra forma de garantizar la supervivencia de la monarquía. Aprendió de la experiencia de la familia de la reina Sofía en Grecia y escuchó los consejos que recibió de diplomáticos estadounidenses y británicos. Sin embargo, como mínimo, habría sido conveniente que se abordara este tema en el libro. Para que estas memorias fueran acogidas como una importante contribución histórica, habrían tenido que ofrecer un retrato de Juan Carlos I capaz de conciliar, por un lado, las auténticas dificultades de su infancia y adolescencia, y su inmensa contribución al establecimiento de la democracia y, por otro, las revelaciones de conductas cuestionables que culminaron en la abdicación del rey. El problema de esta épica autobiografía de quejas es que es poco probable que genere la empatía de cualquier español que haya sido lector habitual de los periódicos durante los últimos diez años. Además, si bien se espera que una autobiografía revele mucho sobre su autor y protagonista, en este caso puede que revele aún más sobre su coautora que sobre Juan Carlos.

-----------

1 El primero fue 'La forja de un rey: Juan Carlos I, de sucesor de Franco a Rey de España' (Sevilla: Fundación El Monte, 2000). Le siguieron 'Juan Carlos de España' (Madrid: Alianza, 2016) y 'Mon roi déchu. Juan Carlos d’Espagne' (Paris: Éditions Stock, 2021).

2 Debray, 'Mon roi déchu', 8–10, amp. 13–14; todas las traducciones son de mi autoría).

3 Véase José María Zavala, 'El patrimonio de los Borbones. La sorprendente historia de la fortuna de Alfonso XIII y la herencia de Don Juan' (Madrid: La Esfera de los Libros, 2010), 111–13 & 171; José María Toquero, 'Don Juan de Borbón, el Rey padre' (Barcelona: Plaza y Janés/Cambio 16, 1992), 58–61; Rebeca Quintans, 'Juan Carlos I. La biografía sin silencios' (Madrid: Akal, 2016), 71;

4 José Utrera Molina, Sin cambiar de bandera (Barcelona: Editorial Planeta, 1989), 103.

--------

Reseña de las memorias de Juan Carlos I (con la colaboración de Laurence Debray), Reconciliación. Memorias (Barcelona: Editorial Planeta, 2025), 507 pp; edición francesa: Juan Carlos I, Réconciliation (Pars: Éditions Stock, 2025), 512 pp.

Juan Carlos I ha asegurado que las relaciones de su hijo, el rey Felipe VI, con el actual Gobierno español de Pedro Sánchez “deben ser muy difíciles”, en una entrevista que concedió hace una semana al diario Le Figaro al recibir un premio en París por sus memorias, y que se publica hoy sábado. “En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”, asegura el rey emérito en una entrevista que se hizo en el bar del hotel Plaza, uno de los más lujosos de la capital francesa y donde se alojó durante su visita el pasado fin de semana para recoger en la Asamblea Nacional el premio especial del jurado del libro político del año.

El exmonarca asegura que “los tiempos cambian y España ha cambiado”, al tiempo que se pregunta “¿en qué dirección?”, sin responder a la cuestión: “Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra”.

El hombre que reinó en España desde la muerte del dictador Franco en 1975 hasta su abdicación en 2014, asegura que toda su vida “ha estado dictada por las exigencias de España y del trono” y lamenta: “Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia, pero nunca me pude yo beneficiar de ella”. Defiende tradiciones como la caza o los toros: “La corrida es como la caza, quieren prohibirlas. Pero es una fiesta nacional”. También considera que la monarquía ha perdido peso en el día a día de la vida del país y recuerda que durante su reinado “todas las semanas tenía cita con el presidente del Gobierno” y que “ahora esos encuentros son menos frecuentes”.

Además, Juan Carlos I señala que en cada uno de sus viajes oficiales iba acompañado del ministro de Exteriores, algo que ya no sucede con su hijo. Juan Carlos no duda en defender la monarquía como sistema de Gobierno aunque reconoce que “es criticada en ciertos países”. “Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido”, señala. Y recuerda que “actualmente hay once monarquías en Europa, eso quiere decir algo”.

Leonor “tendría que estar más en primera línea”

El rey emérito considera que su nieta Leonor, heredera del trono, “tendría que estar más en primera línea” porque “da una muy buena imagen de la monarquía”.

Juan Carlos repasa también algunos hechos del pasado, como cuando el presidente socialista Felipe González (1982-1996) le pidió que intercediera entre los países árabes para que España pudiera reconocer el Estado de Israel: “Llamé al rey Abdalá (de Jordania) y cuatro meses más tarde me dijo: 'Adelante'”.

También rememora su primer discurso en la Asamblea Nacional francesa pronunciado en 1993 y como, al pasar entre la guardia con los tambores, le dijo al entonces presidente de la cámara, Philippe Seguin: “Esto me recuerda algo”, haciendo con la mano el signo de la guillotina.

Residente en Abu Dabi, el monarca también se refiere a la situación en Oriente Medio por la que siente “inquietud, como todo el mundo”. “Estuve presente en la ceremonia de celebración del 2.500 aniversario de la fundación del imperio persa en 1971. Iba dos veces al año, sobre todo cuando viajaba a China. Tenía una relación amistosa con el Sha”, rememora. “Recuerdo que su esposa dijo a la reina que estaba preocupada porque veía cada vez más mujeres con velo. Me apena ver a ese país así”, agrega.

También se refiere a la princesa María Carolina de Borbón Dos Sicilias, que ha oficializado su relación amorosa con el líder de la extrema derecha francesa Jordan Bardella, brazo derecho de Marine Le Pen: “Es la rama italiana pero lejana de la familia”.

El rey emérito de España, Juan Carlos I, ha afirmado que no se ve “abrumado” por el presente aunque ha admitido que “a veces” le entristece. Así se ha expresado este sábado el anterior jefe del Estado en su discurso tras recibir el Premio Especial del Jurado del Libro Político que otorga la Asamblea Nacional de Francia. “Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra”, ha apostillado.

La concesión del galardón a 'Reconciliación', una obra escrita en primera persona y en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray, ha sido por unanimidad por un jurado independiente presidido por la reputada historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, e integrado por una veintena de periodistas y ensayistas, informa EFE.

En el libro, Juan Carlos I, que permanece en Emiratos Árabes y regresa de forma ocasional a nuestro país sin rebasar el límite de 183 días para que Hacienda le considere residente fiscal, afirma que la Corona española “reposa enteramente” en él, como dice la Constitución, y se queja de que le han “robado” su historia. Las memorias están dedicadas a su familia, menos a Letizia, y a todos los que le acompañaron en la transición. Tienen 512 páginas y las narra en primera persona.

“No elegí al azar el título de mis memorias: 'Reconciliación'. Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa”, ha dicho el rey emérito al recibir el galardón en París.

Críticas de Urtasun

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reaccionado con críticas al discurso del rey emérito en Francia. Según Urtasun, “lo que tiene que hacer” Juan Carlos I es “pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España”

“La única cosa que tengo que decir sobre el rey emérito es que lo que tiene que hacer es pedir disculpas y rendir cuentas por todo lo que ha hecho en España”, ha dicho Urtasun en declaraciones a los medios antes de visitar Mad Games Show, la feria del videojuego español.

Juan Carlos reivindica su legado

Su discurso ha sido, igual que su libro, una reivindicación de su papel como jefe del Estado. En 1975, ha recordado, heredó, junto con el trono, todos los poderes que el régimen de Franco había concentrado en la jefatura del Estado. Desde esa posición, ha remarcado, los utilizó para devolverlos a “su legítimo propietario, el pueblo español”.

“He querido mostrar en mis memorias mi orgullo de ver cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles en el curso de mi reinado”, ha añadido el rey emérito, que ha leído sentado y con dificultades su discurso en francés. El monarca ha subrayado que ese proceso supuso una “ruptura radical” y ha recordado que el cambio quedó consagrado en la Constitución española de 1978.

En su intervención en la ceremonia organizada en la Sala de Fiestas de la Asamblea Nacional Francesa, el monarca ha asegurado además no verse “abrumado” por el presente aunque ha admitido que “a veces” le entristece.

“Ahora, cuando miro hacia atrás, el presente no me abruma, aunque a veces puede entristecerme. Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá juicios divergentes sobre todo. Pero siempre he tenido claro que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que quería obrar”, ha aseverado Juan Carlos I

En la ceremonia, Juan Carlos I ha estado acompañado por sus hijas, Elena y Cristina, así como de su nieto mayor, Felipe de Marichalar y Borbón, y de varios amigos cercanos.

En su discurso, ha reconocido que no es habitual que un rey escriba sus memorias, una práctica que, según ha recordado, su padre le desaconsejaba. Sin embargo, ha defendido la necesidad de ofrecer una visión en primera persona ante las “miles de páginas” escritas sobre su reinado, su figura y su actuación como jefe de Estado.

El rey emérito ha argumentado que su testimonio busca aportar un conocimiento directo sobre sus decisiones, motivaciones y experiencias, en un contexto en el que la figura del monarca está sujeta a un intenso “escrutinio” público. Asimismo, ha admitido los riesgos de publicar memorias, aunque ha considerado que en este caso la decisión ha sido acertada.

El ex jefe del Estado ha destacado la buena acogida de la edición francesa del libro, elaborada junto a la escritora e historiadora Laurence Debray, así como el éxito de la versión en español, lo que, a su juicio, refleja el interés por conocer su visión personal de los hechos.

Juan Carlos I ha combinado la reivindicación de los hitos de su reinado con el reconocimiento de errores y debilidades, y ha insistido en que su intención ha sido compartir tanto los aspectos de los que se siente orgulloso como aquellos que forman parte de su experiencia personal. “Desde niño mi destino coincidió con mi vocación: servir a mi país”, ha afirmado.

Ha expresado su agradecimiento por el galardón recibido en Francia, país al que ha dicho sentirse especialmente vinculado, y ha afirmado que este reconocimiento valora su testimonio personal sobre la transformación de España durante su reinado. Entre las autoridades francesas presentes estaban la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y los exprimeros ministros Manuel Vals y Elisabeth Borne, entre otros.

El reloj siempre fue considerado un signo de poder en la corte y los monarcas se encargaron de llenarla de ejemplares únicos, que casi pasaban por obras de arte en miniatura. Ese fue uno de los empeños de reyes españoles como Felipe II, Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII y también de su hija Isabel II. 

De hecho, Patrimonio Nacional conserva un conjunto de 740 relojes distribuidos por los Reales Sitios. Sin embargo, de la cantidad de ejemplares que se acumularon, llama la atención por encima de todos el Reloj de custodia con candil, obra del relojero flamenco Hans de Evalo, datado en 1583 y considerado el más antiguo de las Colecciones Reales. Un artilugio del que Felipe II no se separaba y que le era de lo más útil. 

Evalo tampoco fue cualquiera en la corte. Fue nombrado relojero del monarca el 18 de enero de 1580, según consta en un certificado de Ramiro de Zavalza, secretario y grefier de Felipe II. Puesto que desempeñó hasta su fallecimiento. En ese tiempo, fabricó varios ejemplares. 

Un reloj nocturno

El Reloj de custodia con candil fue obra del prestigioso relojero flamenco. Se trata de un reloj de sobremesa cuyo nombre (de custodia) deriva de su aspecto, porque, en la parte superior, al estar sustentada por una figura femenina que hace de vástago, ofrece la forma general que recuerda al viril de este objeto religioso. 

Se considera casi una obra de arte en miniatura, porque el maestro flamenco lo construyó en bronce dorado y lo dotó de una sola aguja de acero. Pero destaca no solo por su diseño, sino por su utilidad. De acuerdo con la Galería de Colecciones Reales, se trata de uno de los primeros ejemplares de reloj nocturno elaborado en toda Europa. Su firma no deja lugar a dudas y está tallada en la misma pieza, con una cartela con la inscripción “Hans de Evalo, F. En Madrid 1583”.

A falta de luz, este reloj de candil se iluminaba y lo hacía de una forma curiosa: en la parte baja, sobresalía una pieza abatible con forma de cabeza de león, que, al levantarse, permitía la salida de un candil que ilumina la esfera. ¿Pero cómo lo hacía? Un depósito de aceite, situado alrededor de la máquina, alimenta la mecha. 

De acuerdo con los historiadores del museo, este artilugio fue muy útil para Felipe II porque trabajaba hasta bien entrada la noche y este tipo de reloj le permitía continuar con su rutina diaria pese a la oscuridad. Además, el monarca estaba muy interesado en controlar el tiempo de día y de noche. De ahí, que se sospeche que colocó este reloj cerca de su cama, una forma de conocer la hora en cualquier momento. Casi un inseparable. 

Actualmente, el Reloj de custodia con candil, considerado como uno de los primeros ejemplares de reloj nocturno elaborado en toda Europa y el más antiguo de las Colecciones Reales, se exhibe de forma permanente en el ámbito dedicado a Felipe II en el propio museo. 

Relojes en la corte 

Fernando VII e Isabel II, entre otros, siguieron la estela de Felipe II. Tras la invasión napoleónica, el monarca adquirió relojes de escuela francesa con cajas fabricadas sobre todo en bronce dorado y pavonado, que respondían a los estilos que triunfaban en Francia. En aquel momento, la corte española contaba con cuatro relojeros de cámara en plantilla. Un ejemplo del interés de los soberanos por estas piezas. 

Su hija Isabel II no se quedó atrás. La reina también mantuvo este interés por la relojería gala, aunque amplió miras y también eligió relojes elaborados en Inglaterra, unos ejemplares que agrandaron aún más la colección de los monarcas.

Un 18 de marzo de hace quinientos años, un rey de Francia abandonaba Madrid después de casi un año como rehén. Hablamos de Francisco I, que ha sido considerado uno de los presos mejor tratados en la historia de España después de que Carlos I lo mantuviera en el Alcázar tras caer los franceses en la batalla de Pavía.

Cómo fue capturado el rey de Francia por Carlos I

Cinco siglos de uno de los episodios más curiosos, pero puede que no tan conocidos de la historia durante la dinastía de los Austrias. Nos situamos en un contexto en el que los Habsburgo y Francia buscan el dominio en Europa, y en esto, el Milanesado, que formaba parte del imperio de Carlos I de España y V de Alemania, fue intentado anexionar por parte de la corona francesa.

La lucha por el territorio del Milanesado duró cuatro años y provocó una guerra que tuvo en la Batalla de Pavía uno de sus puntos fuertes. Comenzó en febrero de 1525, y en ese momento las tropas francesas eran superiores en número y armas. Sin embargo, el hecho de que el litigio se alargara propició que el ejército de Carlos I resistiera hasta que obtuvo refuerzos que fueron clave desde Alemania.

Así, en uno de los golpes del ejército español al francés, la infantería suiza, clave dentro de la defensa de Francisco I, se retiró, dejando solos a los franceses, que se vieron rodeados. En eso, un soldado español, Juan de Urbieta, un guipuzkoano, capturó a una persona sin saber quién era, aunque intuía fuera un personaje principal por sus vestimentas, según los cronistas. Era el mismísimo rey francés.

El ‘lujoso’ cautiverio de Francisco I en Madrid

Así, tras ser capturado en la Batalla de Pavía, se considera que el rey francés llegó como cautivo a Madrid en agosto de ese mismo año, cuando todavía no era la capital, aunque sí una de sus principales urbes. Antes de ser prisionero en el Alcázar, se considera que el monarca estuvo en la Casa y Torre de los Lujanes y el Palacio de los Vargas.

La Torre de los Lujanes era uno de los edificios principales de la Madrid de entonces, con lo que se da a entender el rango del prisionero, que fue más tratado como un invitado de honor. Se situaba en la plaza del Salvador, que actualmente es la Plaza de la Villa, y que, construidas en el siglo XV, hoy componen el que es el edificio civil más antiguo de la localidad.

De aquí pasó a la Casa Palacio de los Vargas, que pertenecía a una de las familias importantes de la villa y que hacían tratos con el rey. Los historiadores, que no han confirmado del todo esta ruta de Francisco I, se basan en el hecho de que el monarca francés construyó una residencia inspirada en ella, el Bois de Boulogne, también llamado Castillo de Madrid. Esta residencia de los Vargas sería comprada por el hijo de Carlos I, Felipe II, que la usaría como casa de campo, de ahí que sus jardines sean conocidos actualmente como Casa de Campo.

El rey Francisco I finalizaría en el Alcázar un cautiverio que le hizo ser uno de los prisioneros mejor tratados de la historia de España. Y es que tenía aposentos de lujo, que lo hacían parecer más un invitado que un preso, de hecho, Carlos I ponía su atención a que estuviera cómodo. No solo eso, además tenía libertad de movimiento por Madrid, aunque acompañado por la guardia española, y así se le veía por el campo, bosques o acudiendo a cazar.

Si bien, también los historiadores han apuntado que pudo sufrir depresión durante su cautiverio, por las cartas que envió a su madre y otros familiares. Con la firma del Tratado de Madrid se puso fin a su condición de preso en enero de 1526 y en marzo abandonó la ciudad. Con él, renunció al Milanesado, Nápoles, Flandes, Artois y Borgoña, aunque cuando volvió a París no cumplió lo pactado al declararlo nulo por “haber sido coaccionado” para firmarlo. La curiosidad es que, Carlos I pactó su matrimonio con su hermana Leonor de Austria, que fue su segunda esposa, a pesar de como terminó todo.

La monarquía es una institución conservadora por definición. Su éxito se basa en la permanencia histórica de un linaje familiar. Si nada cambia, su supervivencia es más sencilla. Pero en el último lustro, Felipe VI está perdiendo apoyos por el flanco más inesperado, precisamente por la derecha, a cuenta de tres posicionamientos nada novedosos en la corona española: su habitual papel neutral en la política, su respaldo a la causa palestina y su papel de interlocución con Iberoamérica.

La polémica más reciente se produjo este lunes. El jefe del Estado visitó la exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’, en el Museo Arqueológico Nacional, acompañado del embajador del país latinoamericano en España, Juan Nepomuceno. Una cámara les siguió durante el recorrido. 

En una conversación informal, Felipe VI muestra su interés por una exposición que, dice, “abre una ventana de conocimiento” y permite “conocer más a fondo esa historia antigua” de una civilización que se “encontró” con otra, la proveniente de Europa, “con sus momentos de lucha, conflicto y controversia”.

El rey sostiene en el vídeo que el “criterio de hoy en día” y los “valores” actuales “no pueden hacernos sentirnos orgullosos” de lo que hicieron los antepasados de los españoles. El monarca asegura que esos hechos “hay que conocerlos”. “En su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, con análisis objetivo y riguroso”, matiza, para concluir: “Y sacar lecciones. También ha habido controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. La reina Isabel [la Católica] con sus directrices, con las leyes de indias, [tiene] un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla y hay mucho abuso”.

La Casa del Rey no informó de la visita a la exposición ni distribuyó las imágenes por los cauces habituales. Publicó el vídeo íntegro que escondía estas afirmaciones de Felipe VI en Twitter. Y ahí lo dejó, hasta que saltó a los titulares. 

España y México buscan la forma de reconducir unas relaciones bilaterales maltrechas desde hace años. La actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitó al jefe del Estado español a su toma de posesión, y el Gobierno respondió con un plante total: nadie acudió oficialmente a la cita. 

Los intentos de arreglar las relaciones tienen una fecha clara en el horizonte próximo: La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, una de las citas más importantes en el ámbito internacional tanto para España como para el resto de países implicados. 

Esta edición se celebrará en noviembre en Madrid, y la intención del Gobierno, que era conocedor del tono del mensaje que iba a dar Felipe VI, es llegar a noviembre con todas las relaciones diplomáticas rehechas. La presidenta de México dijo este martes que valora con matices la alusión del Rey a los excesos de la conquista: “No es todo lo que hubiéramos querido”. Según publicó ‘El Periódico de Catalunya’, Sheinbaum ha invitado personalmente tanto al rey como al Gobierno al España-Uruguay del Mundial de Fútbol que se disputará el próximo 26 de junio en la ciudad mexicana de Guadalajara.

De los indultos y la amnistía a Gaza

Las palabras del rey provocaron la inmediata reacción de la derecha española por, según sus críticos, asumir la “leyenda negra” sobre la conquista de América. Con más cuidado desde la más alta dirección del PP, y sin ambages desde Vox.

Feijóo afirmó que “hacer un examen” ahora de lo que ocurrió en el siglo XV “es un disparate” y defendió que la conquista de América “ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional”. 

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, aseguró que “la empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal” y que se hizo “respetando todos los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la Corona”.

Otros perfiles relevantes, como Cayetana Álvarez de Toledo, rescataron antiguas intervenciones propias críticas con el revisionismo de lo ocurrido durante siglos de control español de buena parte de América. 

En redes sociales se multiplicaron las críticas contra Felipe VI, algunas lanzadas desde cuentas reales y otras desde usuarios falsos manejados de forma coordinada con una intencionalidad política. Redes de ‘bots’ que campan a sus anchas en Twitter, por ejemplo, por decisión de Elon Musk.

Las andanadas contra Felipe VI que llegan desde la derecha no son nuevas, y se remontan a 2021. El Gobierno concedió el indulto a los líderes del proceso independentista catalán. Y muchos confiaron en que el rey de España se negara a firmarlos antes de su publicación en el BOE.

Una decisión que hubiera hecho saltar por los aires los principios básicos de la monarquía constitucional y hubiera provocado una crisis institucional cuyas dimensiones son difíciles de calcular.

Fue entonces cuando se aplicó al jefe del Estado un mote que se ha consagrado entre la derecha más extrema: Felpudo VI. Tal y como analizó el experto Julián Macías, el origen está en usuarios muy próximos a Vox.

La tormenta contra el inquilino del Palacio de la Zarzuela se reavivó en 2023 con la investidura de Pedro Sánchez y la posterior aprobación de la ley de amnistía, que fue de nuevo sancionada por Felipe VI ante el estupor de quienes confiaban, otra vez, en un plante que no se produjo.

Al rey le criticaron primero por designar a Sánchez candidato a recibir el voto del Congreso pese a no haber ganado las elecciones del 23 de julio de ese año. Y eso que, previamente, Felipe VI había dado paso a Alberto Núñez Feijóo pese a saber que la votación sería fallida, como finalmente ocurrió.

Tras la investidura llegó la negociación de la amnistía y el llamado “noviembre nacional”, una serie de protestas, bastante minoritarias y de carácter violento, que protestaban contra la ley que iba a perdonar los delitos de los independentistas, pero también de policías que actuaron durante el referéndum de octubre de 2017

Uno de los objetivos de las críticas fue, de nuevo, el rey, quien estampó su firma en la norma emanada de las Cortes Generales para su publicación en el BOE en junio de 2024. Desde Vox le reclamaron un discurso contra la ley que había sancionado similar al que pronunció el 3 de octubre de 2017. Felipe VI hizo de su mensaje de Nochebuena un alegato a favor de la Constitución, que marca expresamente sus funciones.

También la posición en política internacional de España y su defensa de los Derechos Humanos más básicos en Gaza supusieron una lluvia de críticas contra Felipe VI. 

En enero de 2024, apenas unas semanas después de los ataques del 7 de octubre de 2023 que Israel usó como excusa para la destrucción total de Gaza, el rey ya pidió un “alto el fuego” e insistió en el reconocimiento del Estado palestino.

En septiembre de 2025, ante la Asamblea General de la ONU, Felipe VI exigió expresamente a Israel “detener ya la aberrante masacre” en Gaza, aunque no usó la palabra “genocidio”. Isabel Díaz Ayuso afirmó: “El rey reina, pero no gobierna”.

En esas mismas fechas, el jefe del Estado realizó una visita oficial a Egipto. Ante el presidente del país, Abdelfatah al Sisi, volvió a reclamar un Estado palestino que incluya Jerusalén. Estas declaraciones le valieron las críticas de un lobby proisraelí y de la extrema derecha. Este viernes, Feijóo será recibido en el Vaticano por el papa León XIV, quien también puso en duda el papel de los europeos en la conquista de América, siguiendo los pasos de su predecesor, Francisco.

Al PP le ha parecido buena idea salir a defender que ya es hora de que Juan Carlos I vuelva a España una vez que los documentos desclasificados del 23F no contradicen la versión oficial sobre su papel como garante de la democracia. Pero la Casa Real ha cortado de raíz este debate, al trasladar que Juan Carlos de Borbón puede volver cuando quiera siempre y cuando traslade a España su domicilio fiscal, que es lo mismo que cerrarle la puerta al regreso. En paralelo tenemos en el Reino Unido a un hijo de reina y hermano de rey al que se le retira el título de príncipe para frenar la sangría de popularidad que asola a la familia real británica tras el último escándalo de uno de sus miembros más destacados.

Con los periodistas de elDiario.es Aitor Riveiro y María Ramírez repasamos cómo se ha dado forma legal e institucional a la degradación oficial de una condición que se supone viene por herencia divina. Con María de la Serna, profesora del Máster en Dirección de Protocolo y Organización de Eventos de la Universidad Europea, analizamos cómo hacen las monarquías para mantenerse en sociedades democráticas y parlamentarias. 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Imagino a Felipe VI escuchando las alabanzas a su padre esta semana: otra vez la contribución democrática de papá, de nuevo su determinación contra el golpe… Pero ahora el concernido soy yo, ha debido de pensar. En efecto, él se la juega en este lance: un rey que ni debe traer a su padre ni abandonarlo. 

Juan Carlos se marchó en 2020, seis años después de abdicar forzado. Desde entonces, el rey Felipe ha mantenido con él una distancia abismal, hasta el punto de no invitarle a participar en el cincuentenario de su propia coronación, en noviembre pasado. Su ausencia fue como la de un muerto, pero más incómoda. Si esto fuera una serie se titularía “Los dos dilemas del heredero”. 

El primer dilema, el rechazo de la herencia, se refiere a hasta dónde Felipe VI puede repudiar a su padre. En su día se distanció de él, pero si hubiera roto del todo cuestionaría su propio reinado: su legitimidad procede de él. Le retiró la asignación pública, le apartó de todos los actos oficiales y renunció a la herencia monetaria: esos cien millones de la Fundación Lucum en Suiza, y otros 15 en el paraíso fiscal de Jersey, eran el cuerpo del delito. No podía cobrarlos. Pero la propia idea de rechazar la herencia deviene problemática para un rey: al fin y al cabo, el legado más evidente es la propia corona.   

El segundo dilema, el del castigo simbólico, se aviva con el debate de su regreso. El comportamiento fiscal de Juan Carlos fue tan antipatriota que merecía una condena. Regularizó una parte del dinero eludido al fisco, otra había prescrito y la tercera no pudo ser juzgada por los tribunales, porque él goza de inviolabilidad según la Constitución. Para resolver la sensación de impunidad sin tocar la arquitectura de la inviolabilidad, Felipe VI le impuso un castigo simbólico. Eso es Abu Dabi: la cárcel dorada en la que no se paga IRPF; el destierro gozoso que permite regatear en Sanxenxo… 

En ese equilibrio el rey había encontrado comodidad, que ahora trata de replicar con las dos condiciones que impone al padre para su regreso a España: que no viva en Zarzuela y que tribute en España. No parecen grandes exigencias: pagar como todos los españoles y no habitar en la residencia del jefe del Estado, puesto que no lo es. Pero Juan Carlos no quiere. Para Felipe VI esta situación genera una nueva estabilidad: no puede venir como quiera, pero sí cuando quiera.

Los dos dilemas, no obstante, siguen atando el nudo gordiano del reinado de Felipe VI. En cuanto al sentido de la oportunidad de Feijóo, no sé qué le dirá la reina cuando se encuentre con él la próxima vez. Para entonces Juan Carlos ya habrá aumentado la frecuencia de sus viajes a España, eso sí, manteniendo su residencia fiscal en Abu Dabi. Quizá nos avergüence de nuevo.

Hay algo que se me hace inaceptable en el debate de su regreso. Si pudo cometer sus abusos de poder y delitos fiscales fue gracias al capital simbólico que obtuvo durante la asonada golpista. Su papel fue crucial, por eso se miró para otro lado durante décadas. El hecho de que Feijóo tome pie en el 23F para pedir su regreso equivale a recuperar algo de aquella ingenuidad. El problema es que no podemos ver al emérito con los ojos del 81. Ahora sabemos que la inviolabilidad no es un concepto abstracto, sino millones de euros concretos eludidos al fisco, o sea, a todos.

Con el tiempo comprendimos que el apego democrático de Juan Carlos en 1981 se sustentaba en la simbiosis: él necesitaba la democracia para legitimarse y la democracia lo necesitó a él aquella larga noche de febrero. Hemos conocido esta semana, con precisión futbolera de minuto y resultado, que aquel día lo hizo todo bien. Pero seguimos sabiendo lo de después. Intuimos que, si sus convicciones hubieran sido profundas, a partir de 2008 se habría percatado de que la corrupción genera desafección democrática. Y habría prescindido de la cuenta en Suiza. Su hijo sí conoce ese rechazo. El día que el emérito fallezca deberá sólo medir la pompa exacta del funeral. Y entonces, por fin, Felipe VI podrá estar tranquilo: sus dilemas empezarán a disolverse. 

Hay un protocolo. No cualquiera puede llegar al santoral. Pero en la Iglesia Católica es compatible una vida de pecados con alcanzar la santidad. No puntúa la media, el día a día de una trayectoria vital. Tampoco descalifica el error, por grave que sea. Pero sí son imprescindibles dos cosas: el milagro y la virtud heroica. 

Se puede ser ladrón y después santo, como San Dimas. Pecadora y santa, como María Magdalena. O cruel perseguidor de los cristianos y luego santo, como San Pablo.

Es el modelo católico de santidad con claroscuros que hoy nos propone Alberto Núñez Feijóo para Juan Carlos de Borbón. El rey emérito cometió “errores innegables”, reconoce el líder de la oposición. Pero “paró el golpe de Estado” y debe “pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.

La tesis es clara. Y a ella se han sumado esta semana otros dirigentes del PP, aprovechando la desclasificación de la documentación del 23F que aún conservaba el Gobierno bajo secreto. Unos papeles escasos, incompletos y que aportan francamente poco, pero que la inmensa mayoría de los medios de comunicación han querido presentar como la prueba del milagro del santo rey Juan Carlos. La demostración definitiva de su virtud como gran salvador de la democracia española. 

Los agujeros en esa tesis siguen siendo enormes. Casi tan grandes como la documentación sobre el golpe de Estado que sigue sin aparecer y que probablemente fue destruida muchas décadas atrás. Solo han llegado al siglo XXI unos pocos pinchazos telefónicos de aquel 23 de febrero de 1981: las llamadas de la mujer de Antonio Tejero, lamentando el destino del “tonto desgraciao” de su marido; o la conversación que tuvo Tejero, desde el Congreso, con el ultra García Carrés. Son transcripciones de pinchazos telefónicos cuya existencia demuestra lo mucho que aún sigue oculto o se destruyó. Si estas llamadas se grabaron, ¿alguien cree que todas las demás no?

Sabemos ya mucho del 23F. Del papel del rey en sus comienzos, del que tuvo en su resolución. Es evidente que Juan Carlos de Borbón alimentó el caldo de cultivo del golpe, con sus desprecios al presidente Adolfo Suárez, sus presiones para que dimitiera, su calculada ambigüedad ante el malestar militar y su falta de firmeza democrática ante aquellos que le hablaban de un “golpe de timón”. También es innegable que la intervención del rey por televisión fue determinante y supuso el fracaso definitivo de la asonada. Y menos mal. Aquella madrugada, con los tanques en las calles de Valencia y el resto de las divisiones pendientes de su decisión, Juan Carlos de Borbón hizo lo correcto y evitó un mal aún mayor.

No hay ninguna prueba que demuestre que el rey estaba al tanto de lo que ocurriría el 23F. Pero sigue siendo una incógnita el verdadero papel que desempeñó el general Alfonso Armada, el hombre de la máxima confianza de Juan Carlos de Borbón. Si actuaba por libre, o a las órdenes del rey o solo inspirado por los reiterados desprecios contra Suárez del Borbón.

La sentencia del 23F condenó a Alfonso Armada a 30 años de cárcel, la misma pena que Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch. En 1988 fue indultado por el Gobierno de Felipe González. Salió poco después, con la excusa de su delicada salud. Una salud tan mala que pudo vivir otro cuarto de siglo tras su excarcelación.

Hace año y medio supimos algo más, un detalle importante: lo que Juan Carlos de Borbón le contó en la intimidad de la alcoba a una de sus amantes, Bárbara Rey: “Armada estuvo siete años en la cárcel y jamás ha dicho una palabra”. Las preguntas son evidentes: ¿Qué sería eso, tan importante, que el general Armada se calló? ¿Tuvo que ver su silencio con el indulto que recibió?

En esa misma conversación con Bárbara Rey, donde elogia la lealtad del golpista Armada, Juan Carlos de Borbón también lamenta lo mucho que habló Sabino Fernández Campo, el jefe de la Casa Real durante el golpe. El exministro José Bono, en el último volumen de sus memorias, recoge una interesantísima conversación con Sabino, donde explica la reunión previa al golpe que el rey mantuvo con otro de los sublevados, el general Milans del Bosch.

“Sabino juzga extremadamente relevante esta audiencia. Cree que Milans «quizá entendió lo que dijo el rey de tal manera que pudo ser desencadenante involuntario del 23 de febrero. De lo que no tengo duda es de que el rey le dijo a Milans que la situación era insoportable, que había que tomar alguna decisión, porque esto se lo escuché con posterioridad. Es decir, le dijo lo que Milans venía a contarle. 

Continúa Sabino: «El rey lloró el 23-F cuando escuchó el tiroteo en el Congreso, y me dijo que no esperaba tiros. No esperaba disparos, pero ¿esperaba algo? Yo creo que esperaba algo acorde con la ley, porque Alfonso Armada le había llevado un escrito de un famoso catedrático de Derecho Constitucional que proponía que el rey se presentara personalmente en el Congreso de los Diputados y, después de un discurso en el que destacase la mala situación de España, propusiera un Gobierno presidido por un independiente, previsiblemente Armada. Al rey no le gustaba tener que ser él quien se presentara ante el Congreso. Le advertí de que se trataba de una proposición contraria a la Constitución, ¡menos mal que estaba yo allí!».“

¿Me dijo Sabino la verdad?“, se pregunta Bono en su libro. ”No puedo demostrarlo. De lo que estoy seguro es de que cuanto relato responde fielmente a sus declaraciones“.

Hay otra duda legítima, que tampoco resuelven estos documentos. ¿Qué habría pasado si Tejero hubiera aceptado el plan de Armada: un gobierno de concentración nacional bajo su presidencia? ¿Se habría emitido también ese mensaje del rey en defensa de la Constitución? El orden de los factores es importante. Esa condena televisiva del rey al golpe de Tejero solo se hizo pública cuando el golpe de Armada ya había fracasado. Siete horas después del asalto del Congreso.

Pero la beatificación del rey Juan Carlos que plantea Alberto Núñez Feijóo no solo hace agua porque estos nuevos papeles siguen sin aclarar las grandes incógnitas del 23F. El presidente del PP también olvida tres datos importantes cuando plantea que se permita al emérito regresar a España en esta última etapa de su vida.

El primer olvido: que no hay ninguna condena de destierro que haya que indultar. Juan Carlos de Borbón es un ciudadano libre que puede volver a España cuando le dé la real gana. De hecho lo hace habitualmente, pasa largas temporadas aquí.

El segundo olvido: que la razón por la que el rey se fue a Abu Dabi nunca fueron las dudas sobre su papel durante el 23F. Salió de España porque se lo pidió su hijo, Felipe VI, que hizo bien en marcar distancias con los fraudes ante Hacienda de su padre y esa fortuna millonaria que escondía en paraísos fiscales.

El tercer olvido: que el verdadero problema de su regreso a España es su residencia fiscal, como ayer puso sobre la mesa la propia Casa Real. Si duermes más de 183 días al año en España, es obligatorio tributar también en este país. Y declarar todos sus ingresos y patrimonio ante Hacienda.

En España los impuestos son bastante más altos que en Emiratos. Las donaciones de alguien que no es un familiar, como los millones que habitualmente le pagaban sus “hermanos” de las monarquías saudíes, tributan entre el 34% y el 81%.

El rey emérito también tendría que aclarar si ya ha devuelto los cuatro millones de euros que le prestaron algunos de sus amigos millonarios para así poder pagar las multas a Hacienda. Hace pocos meses, en elDiario.es desvelamos en exclusiva el contrato de uno de esos préstamos al rey. Firmó un 3% de interés anual y hay solo dos opciones posibles, ninguna buena para su asesor fiscal. Si el rey no ha devuelto ese dinero, ese préstamo podría ser considerado como una donación encubierta. Y si lo hizo, tendría que aclarar de dónde salió el dinero para pagar. 

La Iglesia católica solo perdona los pecados si hay arrepentimiento, algo de lo que el rey carece, a juzgar por lo publicado en sus memorias. Y en la tradición católica, la virtud heroica se acredita al final de la vida, no en un momento de gloria del pasado. Los santos pasan del pecado a la virtud, y no al revés. Feijóo propone exactamente lo contrario: beatificar al rey por lo que hizo hace cuatro décadas e ignorar lo que ha hecho desde entonces.

Juan Carlos de Borbón lleva sus últimos años en Emiratos Árabes Unidos, disfrutando de su fortuna, sin pedir perdón por nada. El milagro del 23F, si es que ocurrió, fue hace mucho tiempo. Y desde entonces, el santo ha caído.

Juan Carlos de Borbón puede regresar a vivir a España cuando él considere oportuno. Es una decisión personal, asegura oficialmente la Casa Real. Eso sí. Felipe VI le pone una condición clara a su padre: “Para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y críticas, y por consiguiente salvaguardar la de la Corona como institución, debería recuperar la residencia fiscal en España”. Así lo han comunicado fuentes oficiales del Palacio de la Zarzuela a elDiario.es.

El PP ha reabierto de forma unilateral el debate sobre el regreso del rey emérito a España desde su exilio voluntario en Abu Dabi, donde fijó su residencia para escapar de las posibles consecuencias judiciales que podían provocar sus negocios ocultos a la Hacienda Pública española y de otros países europeos.

En un mensaje publicado en Twitter, Alberto Núñez Feijóo reclamó la vuelta de Juan Carlos de Borbón a España. El motivo: la desclasificación parcial de documentos del 23F que, en opinión del líder del PP, “contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave”.

Feijóo comunicó a Zarzuela el contenido del mensaje que iba a publicar. La Casa Real dio acuse de recibo, pero fuentes oficiales descartan que el contenido estuviera “pactado”. “Solo se comunicó antes de su publicación”, zanjan las mismas fuentes.

Desde el equipo del actual rey se asegura que la decisión de fijar su residencia en Abu Dabi fue de Juan Carlos de Borbón. Emiratos Árabes tiene un sistema fiscal opaco y no tiene acuerdos de extradición con países como Suiza, cuya fiscalía investigó al ex jefe del Estado español por, supuestamente, ocultar allí su patrimonio mediante testaferros y vehículos financieros en los que también figuraban como beneficiarios su hijo y actual rey, Felipe de Borbón.

Esas investigaciones se cerraron. Juan Carlos I también saldó una deuda de cuatro millones con la Hacienda española. Aun así, su hijo le retiró el sueldo público que cobraba el rey emérito: 194.232 euros anuales. Lo hizo en marzo de 2020, el mismo día que entraba en vigor el confinamiento total de la población española por la pandemia.

La relación entre padre e hijo se ha deteriorado desde entonces, y Juan Carlos I ha ido desapareciendo paulatinamente de los actos oficiales de la Familia Real, a la que todavía pertenece legalmente. En 2023, Zarzuela lo dejó fuera de la jura de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón. Solo acudió a la celebración informal del 18 cumpleaños de la heredera, que se celebró en el Palacio de la Zarzuela.

Juan Carlos I tampoco participó en los actos que en 2025 celebraron el medio siglo de su propia coronación. Y este año fue excluido del homenaje a la propia Carta Magna que él firmó en 1978 al convertirse en la más longeva de la historia de España. Tres exclusiones que definen la relación entre padre e hijo.

PP: “Sería muy triste verle morir fuera de España”

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado este viernes que “sería muy triste ver al rey Juan Carlos morir fuera de España”, después de que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, dijera este jueves que “sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”. Todo, a cuenta de la desclasificación parcial de documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que, según el líder del PP, “debe reconciliar a los españoles con quien paró” el alzamiento militar.

García ha defendido la petición pública de Feijóo, quien comunicó previamente a la Casa Real lo que iba a comunicar a través de Twitter. Fuentes del entorno de Felipe VI aseguran que solo le dieron el acuse de recibo y no pactaron el contenido del mensaje con el líder de la oposición.

“Él mismo ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”, concluía el mensaje de Feijóo.

García ha abundado en la idea de su jefe de filas y ha sostenido durante una rueda de prensa que Feijóo “dijo lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles” y que “sería muy triste ver al rey Juan Carlos morir fuera de España”.

El rey emérito cumplió el pasado mes de enero 88 años y reside desde 2020 en Abu Dabi, donde huyó de las autoridades españolas y suizas, que investigaban sus negocios opacos a las haciendas públicas de ambos países. Juan Carlos de Borbón eligió un país con un sistema fiscal blindado y sin acuerdos de extradición con terceros países.

Aunque las investigaciones judiciales y administrativas se cerraron, Juan Carlos de Borbón permanece en la capital de Emiratos Árabes. Este viernes, la Casa Real ha advertido a Juan Carlos I de que deberá “recuperar la residencia fiscal en España” si quiere regresar.

Hace unas semanas, un grupo de personajes conocidos, entre los que estaban el expresidente del Gobierno José María Aznar y el locutor Carlos Herrera, visitaron al rey emérito en Abu Dabi. A su regreso a España, Herrera aseguró en la cadena Cope que Juan Carlos de Borbón dice gozar de muy buena salud.

García ha asegurado este viernes que la desclasificación de documentos del 23F “ha conseguido que sepamos que el rey tuvo un papel indiscutible para preservar la democracia y el Estado de derecho”.

Ayuso: “¡Que viva el rey!”

“¡Que viva el rey!”. Con estas palabras ha reaccionado este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la desclasificación de los documentos del 23F. En su opinión, el Ejecutivo pretendía “otra vez extender una nueva cortina de humo para desviar la atención” con la desclasificación y que “nada en el Gobierno de Sánchez es real y todo siempre es una trampa”.

“¿Qué hemos encontrado?”, se ha preguntado, durante una comparecencia en el municipio de Cenicientos (Madrid). “Nada. Que estamos muy orgullosos de esta institución que ha estado siempre al servicio de España, a la que queremos, a la que tanto debemos, tanto a la institución como a esta familia. Y por eso estamos profundamente orgullosos de lo que somos como nación”, ha zanjado.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, ha salido al paso de las críticas internas por la concesión del título de doctora honoris causa a la Reina Sofía, en unas declaraciones concedidas a Vanity Fair. En medio de un debate generado tras el manifiesto de profesores que cuestionan el galardón cuya entrega, prevista inicialmente para el 15 de enero en el Paraninfo Universitario, se aplazó por el fallecimiento de la hermana de la Reina, la princesa Irene de Grecia, y podría celebrarse el 20 de febrero. Esto también desconvocó una protesta prevista bajo el lema “No en mi nombre”.

Un grupo de unos quince docentes de la ULPGC publicó el pasado mes de enero el manifiesto titulado “¿Qué significa honrar a alguien en nombre de la universidad?”, argumentando que el honoris causa debe reservarse para méritos intelectuales y no para gestos protocolarios o linaje. Críticos como el profesor Germán Santana han ligado la figura de doña Sofía a el “historial” de la monarquía española, calificando la decisión como un descrédito para la institución.

Este martes, Lluís Serra ha defendido el procedimiento democrático seguido: “la propuesta se presentó al Claustro sin objeciones formales, y asegura que la inmensa mayoría de la Universidad, incluida la gente más joven, acepta con los brazos abiertos esta candidatura”. Subraya el apoyo histórico de la Reina Sofía a causas como la solidaridad, la justicia social, el desarrollo sostenible, la cultura, la ciencia y la educación“.

Serra insiste en que el honoris causa reconoce trayectorias de impacto social más allá de la producción académica estricta, y recuerda que no es la primera distinción de este tipo para doña Sofía, quien suele limitarse a un papel institucional sin discurso.

Antecedentes de la distinción

El Claustro de la ULPGC aprobó el nombramiento el 25 de noviembre de 2025, a propuesta del rector, en reconocimiento al “inquebrantable apoyo” de la Reina a iniciativas humanitarias, impulsado por el Banco de Alimentos de Las Palmas. Esta decisión se enmarca en otras concesiones recientes de la universidad, como al médico mexicano Julio Frenk y a la fotoperiodista palestina Fátima Hassouna (póstuma).

La Galería de las Colecciones Reales ha presentado este miércoles su programación expositiva para 2026, que contará con dos grandes exhibiciones: 'Tejiendo la vida cortesana' e 'Insólitas maravillas'. La primera se centrará en el universo textil de la corte y presentará tejidos, bordados, pasamanerías y encajes que formaron parte y configuraron el ceremonial y la vida cotidiana de la realeza. La segunda estará dedicada a la mirabilia que despertaron históricamente la admiración y curiosidad de artistas, nobles y eruditos. Reunirá una selección de objetos excepcionales por su origen, rareza o simbolismo. Con ellos propondrán una reflexión sobre la fascinación por lo singular, lo exótico y lo sorprendente dentro de los fondos reunidos por las dinastías reinantes españolas.

“Presentamos una de las mejores colecciones de textiles históricos del mundo y piezas insólitas que revelan la capacidad de los objetos culturales para seguir sorprendiendo al público”, ha descrito Víctor Cageao, director de la Galería y de las Colecciones Reales.

Una de las 'Exposiciones Monográficas' estará dedicada al pintor Fernando Brambila, cronista visual de ciudades y palacios reales en el primer tercio del siglo XIX. Fue el pintor de cámara de Fernando VI, que le encargó que retratara los Reales Sitios, y así lo hizo hasta su muerte en los años treinta. “Gracias a él conocemos cómo era la Granja de San Ildefonso, el Escorial, el Museo del Prado y otros lugares que han desaparecido”, ha detallado el responsable. Otra exhibición se centrará en las 'Miniaturas Reales', conformada por más de 150 piezas realizadas con esta técnica artística.

Dentro de las 'Colecciones Reveladas', que permiten disfrutar al público de piezas menos difundidas de Patrimonio Nacional, presentarán 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX'. Una muestra centrada en mecanismos históricos de medida horaria y gran refinamiento técnico, así como 'El arte de guardar', que reunirá cofres, arcas y contenedores de calidad y variedad artística. Ambas exposiciones profundizarán en colecciones poco visibles, ofreciendo nuevas lecturas sobre la historia material de la institución.

En una nueva colaboración con PhotoESPAÑA, este año será Isabel Muñoz la artista contemporánea que establecerá un diálogo renovado con las Colecciones Reales. En concreto, con el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Según ha detallado Víctor Cageao, Patrimonio Nacional adquirió en 2025 37 bienes culturales, por un importe de 920.000 euros, de los cuales 250.000 fueron abonados por el Ministerio de Cultura.

En 2026 seguirán reforzando las rotaciones dentro de la colección permanente y la ampliación del discurso museográfico, con el programa 'Patrimonio Nacional adquiere. Patrimonio Nacional restaura', que expondrá obras recientemente incorporadas o restauradas. Un retrato de Fernando VII por Vicente López, un Coxcie de especial relevancia histórica y un conjunto de esculturas barrocas procedentes del Monasterio de las Descalzas Reales, son algunas de las piezas que se exhibirán. Además, las Galerías reforzarán su recorrido con obras invitadas del Museo de Bellas Artes de Valencia, la Casa de Alba y la National Gallery de Londres.