La Faes que preside José María Aznar ha justificado este miércoles la invasión de Irak de 2003, y en la que participó España al margen de la ONU, en que “Sadam [Husein] no dejó que los inspectores de la ONU comprobaran” si el país tenía las “armas de destrucción masiva” que EE UU, Reino Unido y España dijeron que tenía para justificar la guerra. Irak no acreditó “haber cumplido con sus obligaciones de desarme”, según Faes, que sí reconoce a regañadientes que “en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces”.

Faes arremete contra la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso para informar de las consecuencias de la guerra de Irán declarada unilateralmente por EE UU e Israel. Sánchez ha alertado de que los efectos de esta guerra serán “mucho peores” que los que provocó la intervención en Irak, y ha defendido su 'no a la guerra' frente a lo que hizo Aznar hace ahora más de dos décadas.

“Como Sánchez ni puede ni sabe gobernar, se dedica a hacer oposición retrospectiva con 23 años de retraso”, apunta Faes en una nota remitida a los periodistas. “Oírle 'argumentar' en el Congreso ha sido comprobar hasta qué punto carece de pudor a la hora de insultar la inteligencia del auditorio”, ha planteado, para lamentar que “el único recurso que le queda a este presidente sin presupuestos y sin vergüenza es 'la guerra de Aznar”.

El expresidente, a través de Faes, ha intentado explicar que Aznar tuvo el apoyo de los españoles para secundar a EE UU en la guerra de Irak en que el PP ganó las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003. “Al margen de sus mayorías relativas, el PP cosechó mayorías absolutas en 2.969 municipios, un número superior al que sumaron, juntas, las victorias absolutas y relativas de los socialistas. Si hubo una mayoría social 'contra la guerra', lo cierto es que, a dos meses de su comienzo, no hubo una mayoría electoral contra el PP”, dice Faes.

“Aznar no mandó tropas españolas a ninguna guerra en Irak”, dice Faes. “España no participó en la invasión y toma de control del territorio. Eso se hizo a cargo de tropas de Estados Unidos y británicas”, ha añadido. Faes reconoce que “España, sí, prestó un apoyo político avalando la interpretación de una Resolución de Naciones Unidas que podía darle curso” a la invasión. “Junto a muchos otros países de la UE y de la OTAN que apoyaron también esa decisión. La apoyó Portugal, la apoyó Italia. España mandó tropas cuando la ONU establece el plan de estabilización y de reconstrucción de Irak, bajo paraguas de Naciones Unidas y para misiones que no eran bélicas”.

“Mentir se parece mucho más a salvar esa distancia de un salto por pura conveniencia”, asegura el comunicado de Faes. “Sadam había tenido armas de destrucción masiva, las había utilizado contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después. No dejó que los inspectores de la ONU lo comprobaran acreditando así haber cumplido con sus obligaciones de desarme. De haberlo hecho, la intervención militar no se habría producido. Cierto que en el momento de la intervención no se encontraron esas armas y por tanto hay que pensar que no existían entonces. Pero el Gobierno de Aznar actuó en función de la información que tenía y de la lógica. Eso, ni es engañar ni es manipular”.

Las investigaciones posteriores a la invasión de Irak en 2003 concluyeron que no existían armas de destrucción masiva (ADM) en el país en ese momento. El Grupo de Investigación de Irak (ISG) y la CIA confirmaron que Sadam Husein no poseía arsenales de armas químicas, biológicas o nucleares activas, ni había reiniciado programas de producción.

El año 2026 se ha comenzado hablando mucho de algo de lo que no habíamos oído hablar: la baliza. La baliza de la que hablamos es el objeto que sustituye a los triángulos del coche en caso de avería o accidente. Es un objeto, normalmente circular, cabe en la palma de la mano, y viene equipado con luz y sonido estridente para avisar al resto de conductores de que estamos ahí parados. 

En los últimos días Europa ha dado luz verde a la baliza, el PP y Vox se han lanzado contra este cambio en un discurso que nos suena, porque tiene que ver con un ataque a todo lo que suponga una cierta intromisión a la libertad individual para garantizar la seguridad colectiva. Explicamos en qué consiste la baliza, desmentimos bulos y analizamos de qué manera la ultraderecha y la derecha en España elaboran grandes teorías que afirman que el gobierno nos controla, nos somete y nos roba. Lo hacemos con los periodistas de elDiario.es Carlos del Castillo y con José Precedo.

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Sostener que Begoña Gómez es una mujer trans o el “esposo” del presidente del Gobierno y que está vinculada al narcotráfico es “improvisación”. Ni injuria ni calumnia. Es repentizar y es libertad de expresión. 

Sostener que “ETA gobernará el País Vasco y Navarra en un año” es una “verdad incómoda”. Ni pronóstico, ni obsesión, ni lucubración. Es una certeza como que en las próximas elecciones “nos jugamos la Corona y la desagregación de España”.

Sostener en sede parlamentaria que el PSOE de Madrid está “jodío” es institucionalidad. Ni chabacanería ni mala educación. Es altura política y es propio de un liderazgo inigualable. 

Sostener ante un micrófono que uno conoce cuatro cosas del presidente del Gobierno que le obligarán a dimitir sin aportar ni cuáles, ni cuándo, ni qué pruebas hay al respecto es periodismo de calidad aunque de tal afirmación haya pasado más de uno año y no haya rastro ni de bombas de racimo ni de detonaciones informativas.

Un país en el que todo lo anterior se aplaude, se jalea, se premia y, además, se le otorga categoría de veracidad es un país en el que cada día gana espacio la bajeza moral y la vulneración de todos los estándares éticos, políticos y periodísticos sin que haya quien se escandalice por ello.

Son solo unos ejemplos. Pero hay muchos más: las inventadas cuentas en el extranjero de media docena de ministros, las minas de oro de un expresidente de Gobierno de las que no hay rastro, la reunión de Sánchez con Otegi en un caserío que no existió, el itinerante parador en el que en pandemia se pegó la juerga padre Ábalos, el dinero que Bolaños ofreció a Aldama por su silencio… 

Astracanadas que, de no ser acusaciones serias, serían dignas de carcajada y de materia para un buen libreto de Muñoz Seca. Se sostienen, se publican y se difunden por quienes siempre ven la paja en el ojo izquierdo pero nunca la viga en el derecho. Quienes se erigen en salvadores de una patria en la que solo caben ellos. Quienes destilan bilis en cada palabra que pronuncian. Quienes prefieren la gloria al rigor. Quienes quieren ajustar cuentas. Quienes no olvidan agravios. 

En política, en periodismo y en cualquier ámbito profesional se cometen errores a diario, pero una cosa es el yerro involuntario y otra muy distinta la manipulación, la insidia, la inquina o la ausencia de objetividad, que no es lo mismo que neutralidad. Acusar sin pruebas, contar historias a sabiendas de que son inciertas o dar pábulo a lo que se lee en redes sociales, cuenta algún represaliado o declara el primer delincuente confeso sin la más mínima comprobación puede ser el camino para un honor efímero, pero rara vez consolida trayectorias. 

La agitadora y tertuliana Pilar Baselga, que afirmó en un programa de Distrito TV en noviembre de 2022 que Begoña Gómez era una mujer transexual y la involucró en casos de narcotráfico, sabía que sus palabras eran susceptibles de demanda y, sin embargo, en el juicio celebrado contra ella por calumnias e injurias se ha escudado en que se hizo eco de “noticias publicadas” y que, con perspectiva, ahora entiende que lo que dijo fue “inadecuado”.

El exministro Jaime Mayor Oreja sabe que ETA dejó de matar hace 15 años, se desarmó hace 9 y se disolvió oficialmente hace 8. También que Bildu es una coalición de partidos legal, con representación parlamentaria y a la que han votado miles de ciudadanos vascos. Y aun así fantasea con un gobierno de etarras. No es desconocimiento, sino un enésimo y burdo intento de manipulación de los hechos construido desde la mentira a sabiendas de que lo es. 

José María Aznar sabe que si España es hoy una monarquía constitucional es porque, entre su alma republicana y su compromiso con la Constitución, hace ya más de 40 años que el PSOE eligió lo segundo. Si los socialistas un día abjurasen de ese contrato, en el Congreso de los Diputados habría una mayoría republicana. Felipe VI lo sabe, pero el expresidente del Gobierno y todo el PP se empeñan en dibujar a Sánchez como un peligro para la monarquía cuando en realidad la principal amenaza para el jefe del Estado es hoy la ultraderecha de Vox, socio y hermano de los populares.

Isabel Díaz Ayuso es la autora del “Pedro Sánchez, hijo de puta” y del “que te vote, Txapote”, además de la campeona de los eslóganes vacíos y la voz más injuriante de cuantas anidan en la conversación pública. Este jueves ha hecho mofa del HODIO, el instrumento que el Gobierno ha inventado para identificar la huella del odio en las redes sociales, para atacar al PSOE madrileño: “Veo que la herramienta se llama ‘jodío’, que es como lo llevan ustedes”. Y la sincronizada de guardia ha aplaudido la gracia y casi pedido el ingreso como académica de la Lengua por su conocimiento y dominio del castellano. No hay extravagancia, insulto, corruptela o boutade que no tape un buen pellizco en publicidad institucional. 

Pedro Sánchez, pese a una supuesta bomba de racimo que con toda seguridad iba a llevarle a la dimisión hace año y medio, sigue en el Gobierno. De momento, tampoco nadie ha aportado pruebas de algo que le implique en trama alguna de corrupción, pero ahí siguen los autores de tanta falsa exclusiva impartiendo lecciones de ética, de imparcialidad y de periodismo. 

El panorama, sin duda, es desolador porque estamos ante un verdadero derrumbe del debate público. Cuando en la conversación pública y publicada mandan el escándalo diario, la mentira, la confrontación y la ausencia de valores es que el pensamiento, el análisis y el diálogo constructivo se han esfumado definitivamente. Y llegará el día en que nos lamentemos por no haber hecho algo para evitarlo.

Toca hablar de odio. Porque el Gobierno ha anunciado una herramienta con la que rastrear la huella de los discursos de la abominación en las redes sociales. Porque la derecha se ha mofado de ella. Porque acabamos de recordar los trágicos atentados del 11M de hace 22 años. Porque el día de tan terrible efeméride, de repente, se abrió el telón y aparecieron Aznar y Mayor Oreja —¿qué puede salir mal?—. Porque conviene no olvidar las mentiras del Gobierno de entonces durante los días que transcurrieron entre los atentados y las elecciones generales. Y porque allí empezó todo: la negación de la verdad, los bulos, la deshumanización del contrario y lo que hoy conocemos como el discurso del odio.

De aquellos polvos…. ¿Recuerdas? Un falso relato construido por la derecha y sus medios de referencia. Primero para ocultar la verdad sobre la autoría de los atentados con intención de manipular al electorado. Después, una campaña feroz con la que deslegitimar el resultado de las urnas que dio la victoria al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Mucho más tarde, llegaron las fake news, los bulos, los negacionistas, los pseudo medios, la fachosfera y el odio por encima de todo. Aquel 11 de marzo de 2004 fue el primer gran ensayo de lo que hoy padecemos. En la política, en los medios, en las redes sociales y en la conversación pública. 

Y, pese a todo, algunos protagonistas de aquel infame engaño aún reivindican el uso ilegal de la fuerza bruta como solución a los problemas. Aznar, el primero. El del apoyo a la guerra de Irak, el de las armas de destrucción masiva, el de “ha sido ETA”, el de las mentiras deliberadas tras la masacre y el que nunca pidió perdón por el engaño masivo, sale de nuevo a escena para legitimar otra invasión y certificar la defunción del orden internacional.

“Vivimos un cambio de era, no una era de cambio, sino un cambio de era en el que el orden internacional que hemos vivido hasta ahora se ha terminado. Se ha terminado, el viejo mundo se ha acabado. Yo creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales. Y un país como España debería estar al lado de los aliados, y no al lado de nuestros enemigos o de nuestros adversarios”. 

Son palabras del expresidente sobre la guerra en Irán desatada por los EEUU e Israel y sobre la negativa del Gobierno español a Trump para el uso de las bases de Rota y Morón.Y las ha pronunciado justo ahora, cuando entre los pliegues de la memoria colectiva aún asoma el dolor por los 193 fallecidos y más de 2.000 heridos en los atentados yihadistas del 11M que siguieron a aquella guerra ilegal. Si lo que pretende es expulsar aquel odio con más odio cuenta con el apoyo decidido de quien fuera uno de sus ministros de Interior y principal impulsor de la teoría de la conspiración sobre el 11M. Jaime Mayor Oreja ha escrito Una verdad incómoda: contra el silencio y la mentira (Espasa, 2026), donde insiste en que ETA “al menos” conocía que se iban a cometer los atentados de 2004 y desliza, sin prueba alguna, la participación del “Estado profundo” de Francia. Dos décadas después, los mismos embustes, el mismo odio y los mismos constructores de relatos alternativos.

Vindicar en el aniversario del 11M otra guerra ilegal o defender las teorías de la conspiración como hacen Aznar y Mayor Oreja es una dosis de recuerdo sobre hasta dónde es capaz de llegar la derecha para mantener el poder, deslegitimar al adversario, manipular a la opinión pública o esparcir aversión. De ahí la airada reacción de los populares y sus bots a la decisión del Gobierno de Sánchez de poner en marcha un medidor de la polarización en redes sociales. 

Se llama Huella del Odio y Polarización (HODIO) y es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del OBERAXE (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) que medirá y analizará la presencia de discurso de odio y polarización en Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook. El objetivo es generar un ranking público y transparente que permita comparar el nivel de exposición al odio entre plataformas. España se convierte así en el primer país europeo en implementar un sistema de medición sistemática de estas características. Sin embargo, las derechas no solo se mofan, sino que además no encuentran motivo para poner freno al odio que se cultiva y se promueve desde las redes. Será porque es un hábitat que dominan con soltura. Basta con echar un vistazo a sus cuentas oficiales en X, a las de su sincronizada de guardia o a las de sus altavoces habituales, donde el insulto, la manipulación, la deshumanización, el bulo y el escarnio campan a sus anchas. 

Y eso que las cifras hielan la sangre: 

HODIO hará que estas diferencias sean públicas y comparables de forma sistemática. Pero, además de visibilizar el problema como pretende esta herramienta, en algún momento habrá que romper este ciclo del odio que en España empezó con aquel 11M desde el Gobierno y sus terminales mediáticas y hoy se fabrica, cultiva y promueve en las redes sociales, donde la violencia verbal es alarmante.

Sin duda, hace falta regulación y no porque lo diga o crea Sánchez, sino porque en Europa ya hay un consenso generalizado, sobre todo en lo que respecta a la protección de los menores en el espacio digital. En Naciones Unidas también se aprobó el pasado septiembre una resolución para crear el primer panel de la historia que discutirá sobre la Inteligencia Artificial en lo que se entiende que será un primer paso para su regulación. 

La toxicidad en la palabra no es libertad de expresión es una seria amenaza para la convivencia de la que se benefician no solo los tecno oligarcas, sino también aquellos que son incapaces de convencer a la ciudadanía de la bondad de sus proyectos políticos salvo desde la mentira, el insulto, el odio al diferente y la manipulación, como acostumbran algunos políticos. 

¿La última? La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, a quien seguro no se conoce ni por su gestión ni por su pensamiento político, pero sí por difundir este miércoles un vídeo falso hecho con IA en el que se escucha al ministro Óscar Puente llamar “retrasada” a Isabel Díaz Ayuso en un montaje de una entrevista en TVE. Si lo que pretendía era hacer méritos con una ingeniosa descalificación sobre la herramienta HODIO anunciada por el Gobierno, lo que logró fue el bochorno de propios y extraños, además de la difusión de una trola de tamaño considerable. Así andamos.

El aniversario de los atentados del 11 de marzo ha sido precisamente la fecha elegida por el exministro Jaime Mayor Oreja, el expresidente del Gobierno José María Aznar y la expresidenta del PP vasco María San Gil para juntarse a presentar el libro de las memorias del extitular de Interior. Y en el acto, Mayor Oreja ha vuelto a repetir la teoría de la conspiración de que estuvieron involucrados los “servicios secretos” de otro país.

Mayor Oreja ha contado, sentado al lado de Aznar, un episodio que también relata en su libro, Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira: que Driss Basri, que había sido ministro del Interior de Marruecos durante dos décadas, le dijo en 2005 que “no tendrás dudas de que el atentado del 11-M fue obra de un servicio secreto”. Según explica Mayor Oreja en su libro, Basri le aseguró que “la lógica” es que fueran los servicios secretos marroquíes pero le añadió: “Como los he reclutado, formado y escogido yo, quiero decirte que son incapaces de organizar un atentado tan complejo y difícil como el que habéis padecido. Mirad hacia los servicios secretos de otro país vecino”. También cita otra conversación en la que se enteró por Jean Louis Debré, ministro del Interior francés, de la existencia “de un servicio secreto oculto, extraño, que no dependía del Ministerio del Interior galo”, dice en su libro.

“Son dos testimonios. Ni sumo, ni quito ni pongo nada. Yo lo que digo es que el atentado se hizo para cambiar la dirección política de España. Era un atentado para cambiar el rumbo, la dirección de España, y vaya si ha cambiado el rumbo de la dirección de España”, ha dicho Mayor Oreja este miércoles tras relatar esa historia. El público le ha aplaudido al final de esa intervención.

El exministro ha repetido en otras ocasiones esta teoría de la conspiración según la cual los atentados de 2004 en Madrid no fueron obra de islamistas sino una operación de servicios extranjeros de inteligencia para desestabilizar el Gobierno del PP. “El 11M fue un atentado que no fue islamista. Fue un atentado para cambiar el rumbo la dirección de España. Otra cosa es que fuesen islamistas los que lo protagonizaron, pero era un atentado mucho más propio de un servicio secreto para cambiar el rumbo y la dirección de España”, dijo en 2024.

Ni la investigación judicial ni la sentencia del caso permiten deducir que los servicios de espionaje de países vecinos participaran de alguna manera en el atentado que se llevó la vida de 193 personas. En 2007, la Audiencia Nacional confirmó la autoría islamista del ataque que hizo estallar múltiples bombas en varias estaciones del tren de cercanías de Madrid, condenó a 22 personas y descartó cualquier participación de ETA. Fue el Gobierno de José María Aznar el que mantuvo la autoría de ETA durante los días siguientes del ataque y dirigentes del PP, así como medios de la derecha, trataron de mantener viva esa teoría durante años, únicamente con el fin de atacar al PSOE y a la izquierda.

Esta presentación —Oreja ha dicho a Europa Press que la fecha es una coincidencia— se produce en pleno conflicto bélico abierto en Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, que han llevado a Sánchez a resucitar el 'No a la guerra' que acuñó en 2003 el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero contra la guerra de Irak y los pasos dados entonces por Aznar.

Sobre los posibles acuerdos entre PP y Vox, Mayor Oreja ha defendido que la alianza entre los dos partidos es “la mayoría natural” de España y “tiene la obligación de hacer gobierno”. “¿Que será dificil? Seguro. ¿Que unos quieren hacer el sorpasso a otros? Seguro. Pero es la mayoría natural”, ha zanjado

“La memoria no se diluye, la memoria se nombra”. 22 años después del mayor atentado de la historia de España, las víctimas del 11M luchan por evitar que la sociedad se olvide de las 192 personas que fallecieron y las más de 2.000 que resultaron heridas por la cadena de explosiones que provocó el horror en los Cercanías de Madrid aquel 11 de marzo de 2004 en el que cambió todo. El principal esfuerzo de los familiares de los asesinados y de los propios heridos que aún arrastran las secuelas de los ataques se centra, dos décadas después, en tratar de que sus experiencias sirvan a las nuevas generaciones en un momento en el que la polarización marca los discursos políticos y surgen nuevas formas de “radicalidad” que amenazan las democracias occidentales.

Juan Benito, actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo que el 11M perdió a su hijo Rodolfo, asesinado con tan solo 27 años, reconoce que “22 años después parece que todo ha sido muy reciente” y que la “ausencia” de su hijo “es notoria los 365 días del año”. En conversación con elDiario.es, Benito reivindica el proyecto educativo 'Memoria y prevención del terrorismo' que se ha promovido en las escuelas e institutos en la última década por su fundación y los Ministerios del Interior y de Educación con el objetivo de prevenir la violencia y la radicalización, así como para sensibilizar sobre las consecuencias del terrorismo en la vida de las personas y el conjunto de la sociedad.

Más allá de ese programa que lleva a las víctimas a las escuelas para ofrecer sus testimonios, Benito reivindica que la realidad del terrorismo se pueda incluir en el currículum escolar “para que las nuevas generaciones conozcan lo que ha pasado”. El objetivo es que esos jóvenes sepan “que las víctimas del terrorismo son héroes de la democracia porque son víctimas de los ataques contra el Estado”. “No se debe olvidar y es importante que se conozca que España vivió cinco décadas de tragedias terroristas”, apunta, en alusión a ETA, otros grupos y Al Qaeda, la organización yihadista que provocó la masacre del 11M.

“Con un relato veraz se mantiene la memoria”, remarcan las víctimas consultadas por este diario, que lamentan que en los aniversarios destacados, como cuando se cumplieron los 20 años, la atención mediática fuera muy destacada y este año, al conmemorar los 22, sea más reducida.

Una lucha diaria

“La lucha con las instituciones es diaria”, remarca Montse Soler, que forma parte de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo. Las bombas de los terroristas yihadistas mataron a su hermana Susana. Inicialmente, fue trasladada con vida al hospital, pero murió en el quirófano. Soler la identificó gracias a un pendiente que le enseñaron los médicos. Bajo su responsabilidad quedaron su sobrino, que entonces tenía ocho años, y su madre, que contaba con 80. “La memoria es lo más importante para que lo ocurrido no se olvide”, destaca ella en conversación telefónica con este diario. 22 años después de la masacre, a su juicio, lo importante es que las instituciones promuevan “dignidad, memoria y educación para evitar cualquier radicalización”.

El lunes, con motivo de un acto por el Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo que se celebra este miércoles precisamente por los atentados del 11M, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que se conozcan los testimonios de las víctimas del ataque “como instrumento de prevención frente a la radicalización violenta y para neutralizar la narrativa terrorista”. “Sois la referencia ética de nuestro sistema democrático y de valores”, les dijo, antes de recordar “la vileza y el odio sin escrúpulos” al que se enfrenta la sociedad actual. “La lucha debe ser colectiva en defensa de la democracia y reclama a la determinación de avanzar siempre en la convivencia pacífica”, zanjó.

Quien durante años fuera la imagen visible de la tragedia, Pilar Manjón, que el 11M perdió en los trenes a su hijo Daniel, se vuelve a mantener en un segundo plano otro año más, después de lustros recibiendo insultos y amenazas por haber dado la cara en nombre de las víctimas. Durante años, el PP y la derecha mediática la culparon de que los populares perdieran el Gobierno solo tres días después de los atentados, el 14 de marzo de 2004. También la censuraron por exigir la verdad al entonces presidente José María Aznar que, durante días, sostuvo que el ataque no lo perpetró un grupo yihadista –como certificó el juicio– sino ETA, pese a que tenían las evidencias de la autoría islamista. Este miércoles se cumplen, por tanto, también 22 años de esa gran mentira de Estado que dio un vuelco a la política española.

Los condenados

En todo este tiempo muchos de los condenados por los atentados terroristas han ido recibiendo algunos permisos carcelarios y son solo tres, los que encajaron las mayores condenas, los que siguen en prisión. Se trata de José Emilio Suárez Trashorras, Jamal Zougam y Otman el Gnaoui. El primero, el único español condenado, fue sentenciado en 2007 a 34.715 años de cárcel al ser considerado colaborador de la masacre por haber suministrado los explosivos que usaron los yihadistas. Los otros dos, Jamal Zougam y Othman el Gnaoui, son ambos de nacionalidad marroquí y fueron considerados autores materiales de la masacre, por lo que fueron condenados a 42.922 años y 42.924 años de cárcel, respectivamente. Los tres estarán entre rejas hasta, al menos, 2044.

Este miércoles las distintas asociaciones de víctimas volverán a celebrar actos distintos en conmemoración de la tragedia. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se reunirá en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro junto a representantes institucionales del PP. La izquierda, además, asistirá al acto conjunto con CCOO, UGT, en Atocha, al lado de la cúpula exterior, como siempre. También habrá un acto en la calle Téllez junto al Mural-Memorial del 11M, otro en Santa Eugenia, frente a la estación de trenes y uno más en El Pozo, también frente a la estación. Los tres fueron los principales escenarios de la matanza hace 22 años.

Fue a finales del siglo pasado. Un grupo de empresas españolas, capitaneado por los grandes monopolios estatales, se lanzó a una expansión sincronizada en Latinoamérica. Aprovecharon su propia privatización para comprar al otro lado del Atlántico compañías muy semejantes de las que también salían sus estados. El proceso fue de tal dimensión que fue bautizado como la reconquista de América por la armada empresarial. Era una flota de una decena de empresas españolas comprando por toda la región. Treinta años después, aquella ola de adquisiciones se ha quedado prácticamente en nada; solo se libra Brasil.

Eran los felices años 90, cuando la generación del baby boom estaba en pleno rendimiento; ahora, se jubila en masa. España acababa de entrar en la Unión Europea (1986), se mostraba al mundo moderna y orgullosa (Barcelona y Sevilla 92) y se aprestaba a entrar en el selecto club del euro, que despegaría al país de la inestable peseta para engancharse a la nueva moneda heredera del marco alemán (1999). Entrar en la divisa europea requería disciplina germana en ratios clave, como inflación, déficit público, deuda pública y tipos de cambio y de interés. Para cumplirlos, el gobierno liberal de José María Aznar (1996-2004) culminó con enorme agrado todo un proceso de privatizaciones comenzado por el socialista Felipe González (1982-1996).

El proceso se repitió una y otra vez, con ofertas públicas de venta (OPV) de sucesivos paquetes de acciones de las empresas públicas, que también sirvieron para popularizar la bolsa como fórmula de inversión del ahorro familiar. Antes de entrar en este siglo, el Estado vendió los últimos paquetes, para con esos ingresos amortizar deuda pública y aprobar el examen de entrada en la Eurozona. Así es como Telefónica (1995-1999), Repsol (1989-1997), Endesa (1988-1998), Enagás (1997), Red Eléctrica (1999), Iberia (1999-2001) y la banca pública aglutinada en Argentaria (1993-1998), por reseñar las más grandes, acabaron en manos privadas. El Estado conservó pequeñas participaciones en Enagás (5%), Redeia (20%) e Iberia (2,5% de IAG, el holding) y ha retornado hace apenas un año a Telefónica (10%).

Estas empresas lideraron aquella marea inversora, que fue seguida por prácticamente todas las empresas privadas energéticas (Iberdrola, Unión Fenosa o Gas Natural) y por los grandes bancos Santander y BBV. Por eso, resulta un shock la rápida retirada de Telefónica, que en menos de un año ha vendido sus negocios en seis países (Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia y Chile), proceso que sigue a la retirada de Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua) entre 2019 y 2021, y que continuará este mismo año con la venta de México y Venezuela. Se salva Brasil, que de momento es considerado mercado estratégico.

El viaje de vuelta de las empresas españolas no obedece a un relato común, aunque sea una constante. La casuística va desde la expulsión por renacionalización, a las pérdidas continuadas, el mero cambio de estrategia con la llegada de nuevos accionistas o la necesidad de hacer caja para reinvertir en otros mercados.

En el primer caso está Repsol, que se vio obligada a revender a Argentina la petrolera pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), una compañía tan grande que llevó al cambio de nombre de la española a Repsol YPF. En 2012, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la renacionalización de YPF, lo que se hizo con la consiguiente contraprestación. Algo parecido le sucedió a Red Eléctrica Española, cuando en el mismo año el gobierno de Evo Morales le expropió la compañía Transportadora de Electricidad SA. La expropiación fue ordenada el 1 de mayo, Día del Trabajador, “como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos”, dijo Morales.

En 2013, Repsol vendió a la angloholandesa Shell sus activos de gas natural licuado en Perú y Trinidad y Tobago, y poco después se desprendería de los negocios en Ecuador. Este fue un proceso más voluntario y con parte de aquellos recursos compró la petrolera Canadiense Talisman. Repsol sigue conservando intereses en Brasil y Venezuela, un país que han cobrado una importancia y valor inesperados con la toma del país por Estados Unidos.

Un caso muy diferente es el de la que fuera la Empresa Nacional de Electricidad SA (Endesa), que acabó en 2009 en manos de la empresa pública italiana Enel. Cinco años después, los italianos traspasaron sin ningún recato las filiales de Endesa en Latinoamérica a la empresa matriz, para posteriormente vender los activos en Argentina y Perú, y quedarse en Brasil, Chile y Colombia, pero ya desenganchadas de España.

Enagás también ha protagonizado recientemente un repliegue de América a España. En 2022 vendió su participación en la chilena GNL Quintero; dos años después se deshizo de las participaciones en la mexicana Compresión de Soto La Marina y la estadounidense Talgrass Energy. Ya solo le queda un pleito en Perú por el que el Estado peruano tiene que compensarle con más de 300 millones de dólares por la cancelación unilateral del Gasoducto Sur Peruano. Todos estos recursos y más van destinados a financiar las inversiones de más de 4.000 millones de euros del plan estratégico de la empresa (2025-2030), de los que 3.125 millones van a infraestructura de hidrógeno verde.

Estos movimientos de los antiguos monopolios públicos se han visto acompañados por la salida de empresas privadas como Iberdrola, Naturgy o Acciona, que han hecho un repliegue notable. Pero hay dos excepciones que confirman la regla. Por un lado, los grandes bancos, Santander y BBVA, que siguen muy presentes en la región. Por otro, la apuesta brasileña, ligada al tamaño de país y de economía. Brasil suma 214 millones de habitantes, que es casi la suma de los tres siguientes: México (133 millones), Colombia (53 Millones) y Argentina (47 millones). Además, el país carioca cuenta con un PIB de 2,1 billones de euros, que es el equivalente al agregado de México (1,7 billones) y Colombia (0,4 billones).

La fuerte presencia de grandes empresas españolas en la región sirvió para ejercer de manera silenciosa y continuada el soft power del dinero, que tan bien acompaña a la diplomacia formal. La retirada de Telefónica y el resto de viejos monopolios deja al Gobierno de España menos palancas en su aproximación a Latinoamérica. Esto también lo sabe Donald Trump.

El caso Montoro podría ser uno de los mayores episodios de corrupción de la historia de la joven democracia española. El exministro de Hacienda está acusado de utilizar su despacho de abogados para cobrar cerca de diez millones de euros en comisiones de grandes empresas de gas y electricidad a cambio de normativas fiscales favorables. La investigación en curso aventura que el despacho, que escogió el aséptico e inexpresivo nombre de Equipo Económico, canalizó comisiones disfrazadas de informes de asesoramiento fiscal para desviar cincuenta millones de euros a distintos paraísos fiscales. A pesar de la gravedad del caso, apenas se habla de él en los medios y los jueces no parecen tener prisa. El procedimiento contra el exfiscal Álvaro García Ortiz discurrió con la rapidez de un monoplaza de la Escudería Ferrari, mientras que el caso de Montoro avanza con la lentitud de un tractor con el motor medio gripado. Mientras tanto, el exministro de Hacienda descansa plácidamente cada noche, como los ejecutivos de Los canallas duermen en paz, la famosa película de Akira Kurosawa estrenada en 1960. Cuando escalas la cima del poder con una poderosa red preparada para protegerte de cualquier traspiés, la sensación de impunidad no altera los ritmos circadianos. 

Montoro se parece extraordinariamente al Sr. Burns, el malvado propietario de la planta nuclear donde trabaja Homer Simpson. Su media sonrisa, sus manos de seminarista acostumbrado a sobar las cuentas de un rosario y su mirada burlona de sapo semienterrado en el fango producen los mismos escalofríos que el Nosferatu de Murnau, calvo, demacrado y con orejas puntiagudas. Los malos no suelen tener miedo, pues juegan con ventaja. En España, la separación de poderes solo es un subgénero de la literatura fantástica. La judicatura no oculta su simpatía por la derecha ni su inquina por la izquierda. De ahí que algunos investigados ahuequen su almohada cada noche con la tranquilidad del que no teme al futuro, pues saben que las togas de Mordor velan sus sueños. El poder de la Tierra Negra, un paisaje salpicado de volcanes, cenizas y extrañas criaturas, es invencible, providente y ubicuo. 

Lo cierto es que las togas de Sauron nunca se dan por vencidas. De ahí que la sección cuarta de la Audiencia de Valencia haya ordenado abrir juicio a Mónica Oltra en contra del criterio del juez y la Fiscalía. En cambio, la justicia ha pospuesto el juicio contra Alberto González Amador para después de las elecciones de 2027, alegando que no quiere interferir en las dinámicas electorales. Imagino que en Villa Quirón, la residencia de la feliz pareja compuesta por Isabel Díaz Ayuso y Alberto Burnet, secreto admirador de Lon Chaney, el hombre de las mil caras, las noches son sumamente tranquilas. Aunque Ayuso se ha convertido al catolicismo después de romper con su ateísmo de joven rebelde, no creo que vivir en pecado le obligue a recurrir a los hipnóticos para conciliar el sueño y su novio, un bigardo con la voz de Gracita Morales, seguramente duerme a pierna suelta, soñando que recorre las calles de Mónaco con su flamante Maserati. No sé si su mente a veces le juega malas pasadas y, así como algunos sufrimos la pesadilla recurrente de perder nuestras titulaciones por un suspenso retrospectivo, él se despierta bañado en sudor, pensando que vuelve a trabajar como un simple empleado de El Corte Inglés del Paseo de la Castellana. Si es así, seguro que Ayuso le consuela, asegurándole que Miguel Ángel Rodríguez, su Luca Brasi particular, triturará a los periodistas que han sacado a luz su irresistible ascensión a la cúpula del imperio Quirón. 

Estoy convencido de que José María Aznar también duerme a pierna suelta. No sé si ha afeitado su bigotito de Charlot para borrar de su rostro esa expresión de villano de spaghetti-western, aficionado a disparar por la espalda. Ahora prefiere cultivar la imagen de hombre de negocios feliz y satisfecho. Es el ex presidente de España con un patrimonio más abultado y sigue despertando el fervor de los votantes de la derecha, que añoran su hiperliderazgo y su espíritu libre de complejos. Aznar no se avergüenza de su fervor juvenil por José Antonio Primo de Rivera ni de que 12 de los 14 ministros con los que formó gobierno en 2002 hayan sido imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales. Y nunca se ha planteado que cometió una vileza al implicar a España en la segunda invasión de Irak con el falso pretexto de las armas de destrucción masiva. Piensa que gracias a su colaboración con el amigo americano, España recobró el lugar que le correspondía en el mundo. La famosa fotografía de las Azores con George Bush y Tony Blair quizás le parece tan épica y admirable como el abrazo entre Franco y Eisenhower o el retrato ecuestre de Carlos V en Mühlberg pintado por Tiziano. Probablemente, considera que dejar correr el bulo de que el atentado del 11-M había sido obra de ETA no fue una maniobra perversa, sino un ejemplo de astucia política. Al igual que diplomático florentino que alcanzó la fama con El príncipe, un clásico sobre el arte de gobernar al margen de la ética, Aznar ha comprendido que “un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son labrará su propia ruina”. 

Aznar, uno de sus hijos y su yerno han aparecido en los papeles de Epstein. Imagino que ese detalle no ha perturbado el sueño del expresidente, que solo necesita leer unas páginas de Roca Barea o Pío Moa para sumirse en un dulce descanso. Dudo que Pablo Iglesias e Irene Montero pasen unas noches tan reparadoras. Quizás todavía resuenan en sus cabezas los pitidos, caceroladas e insultos de la horda que durante meses rodeó su chalet de Galapagar, un hogar de clase media y no una mansión de lujo. Aquel episodio, con algo de asedio medieval, puso de manifiesto que en España los rojos y los “perro-flautas” no duermen en paz, sino sobresaltados por el temor de que Abogados Cristianos, HazteOír, Manos Limpias, el PP o Vox les pongan una querella por asociación ilícita, apropiación indebida, desobediencia, cohecho, financiación ilegal o supuestas cuentas en paraísos fiscales. Basadas en recortes de periódico o rumores, estas querellas no suelen prosperar, pero al menos no dejan dormir tranquilos a los políticos de izquierdas, las cabezas visibles de esa anti-España que abre las puertas a la invasión islámica, ayuda a materializar los planes de ETA o pervierte a los niños al incluir la diversidad sexual en los planes de estudio. 

La España Negra que retrató el pintor Gutiérrez Solana sigue viva y no ha cambiado de ropajes. Los obispos continúan ostentando sus mitras, los guardias civiles pasean sus tricornios en ceremonias y actos oficiales, los jueces se enorgullecen de sus puñetas, muchos periodistas siguen hundiendo sus manos en el fondo de reptiles y los políticos comparten mesa con banqueros, prebostes y aristócratas ociosos. Como las encuestas vaticinan un triunfo abrumador del tándem PP-Vox en las próximas elecciones, yo ya he comprado una caja de melatonina para poder dormir en la España distópica que se avecina, con hospitales colapsados, escuelas con telarañas y goteras, policías patrióticas y actos de afirmación nacional en la Plaza de Colón, con Toni Cantó como maestro de ceremonias y Mario Vaquerizo y sus Nancys rubias berreando el himno de la Legión con acordes de electropop y rock petardo.  

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará este próximo sábado en Ávila el primer gran acto de apertura de campaña electoral (del 27 de febrero al 13 de marzo) para apoyar la reelección de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León.

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy también participarán en algunos actos programados por el PP de Castilla y León dentro de una campaña que será clausurada el 13 de marzo en Valladolid con la presencia de Feijóo y Mañueco, quienes horas antes de su inicio estarán este viernes en Vitigudino y Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Eslogan

Con el eslogan 'Aquí, certezas', la presidenta del Comité de Campaña, la vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, ha desgranado este lunes en Valladolid los ejes de una campaña durante la que Feijóo visitara las nueve provincias de Castilla y León.

Más de 110 actos han programado los populares para explicar en todo el territorio autonómico las 1.031 medidas con que el PP aspira a seguir gobernando en Castilla y León, lejos de ruidos, enfrentamientos y de la 'política espectáculo': “Vamos a hablar de lo que interesa a las personas”, ha recalcado Blanco.

Cinco caravanas recorrerán la comunidad autónoma del 27 al 13 de febrero encabezadas respectivamente por Feijóo; Mañueco; líderes nacionales y representantes de otras comunidades autónomas cuyos nombres no ha detallado; consejeros de la Junta de Castilla y León; y la última formada por candidatos, diputados provinciales y alcaldes.

Aval de gestión

“Queremos visitar y llegar hasta los 2.248 municipios en una campaña de cercanía, pegada al territorio y que piensa en las personas, con un balance de gestión que nos avala y el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres primeras comunidades autónomas donde mejor se vive”, ha precisado Blanco.

Desde esa gestión, ha proseguido, “queremos mantener lo que ya hay y trabajar para consolidar el resto de indicadores” más allá del trabajo realizado en Educación y Asuntos Sociales, aspectos en los que Castilla y León es referente nacional, y también de un sistema sanitario “que es el segundo mejor valorado por los usuarios”, ha apostillado.

Ruido y espectáculo

Y todo ello, ha proseguido Blanco, lejos “del espectáculo en que se ha convertido la política durante los últimos tiempos, un mal espectáculo que es lo que crea esa desconfianza y desconexión con los políticos”, porque “nosotros no queremos ruido y enfrentamientos sino certezas que se construyen con medidas y propuestas”, ha remachado.

En este contexto ha inscrito Isabel Blanco ha inscrito el lema electoral de 'Aquí, certezas', cuyo significado ha remitido “a un proyecto, una realidad: no venimos a experimentar, sabemos lo que tenemos que hacer y cómo, con seriedad, rigor y responsabilidad”.

“Esto va de Castilla y León, de la vida real, de lo que importa a las personas y a las familias, de lo que sostiene una familia, una casa un pueblo...” y en un territorio, ha añadido, “donde sí importan las distancias y donde los servicios públicos pegados al territorio son una realidad que mantener, consolidar y potenciar”.

Por último, respecto a las encuestas publicadas desde diferentes instancias, se ha limitado a decir que el PP “espera ganar en las urnas” y no en los sondeos, y que la del CIS “es muy poco precisa” al establecer 'horquillas' de resultados de hasta diez puntos, un excesivo margen en su opinión.

El expresidente del Gobierno José María Aznar y el periodista Carlos Herrera han visitado al rey emérito Juan Carlos I en Abu Dabi. El exmonarca les ha asegurado a ambos que se encuentra “excelentemente bien” de salud, que está en un momento feliz y que tiene intención de regresar a España en un futuro cercano.

Así lo ha trasladado el periodista de la COPE, que publica la información en un momento de especulaciones sobre el estado de salud del exjefe de Estado, que no acudió al funeral de su cuñada Irene de Grecia.

El monarca ha pedido a Herrera que agradeciera en su nombre a todos los que se han preocupado por su estado y aunque ha reconocido sufrir los problemas de achaques normales“ de su edad, también ha asegurado encontrarse en buena forma. ”Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo“, ha bromeado con el periodista.

“Pronto volveré a visitar España”, ha declarado, para después despedirse con “un abrazo para todos”.

José María Aznar, por su parte, ha publicado una fotografía de ambos en Instagram, sonrientes en Abu Dabi, que ha acompañado de estas palabras: “Reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España”.

El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha defendido este jueves a través de FAES por aparecer en los denominados 'papeles de Epstein', la documentación del depredador sexual y financiero internacional Jeffrey Epstein, quien se suicidó mientras esperaba juicio y cuyas relaciones con los hombres más poderosos del mundo, y algunas mujeres, han supuesto un terremoto político en EE UU o Europa.

Aznar, su esposa, Ana Botella, el hijo de ambos y su yerno, Alejandro Agag, aparecen en los archivos de Epstein desvelados por el Departamento de Justicia de EE UU. De acuerdo con los archivos, los envíos de sendos paquetes a Moncloa y FAES ocurrieron en 2003 y 2004, varios años antes de la primera condena al depredador sexual.

Una circunstancia que fue utilizada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a cuenta de las acusaciones lanzadas por el PP contra el también expresidente, este del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. “Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones”, dijo Albares el pasado 3 de febrero.

Nueve días después, Aznar ha utilizado una de las habituales notas públicas de FAES para defenderse y amenazar a quien les relacione con Epstein. “Lo de contestar a las preguntas de la oposición con un 'también Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer acusaciones' es elevar el pellizco de monja a categoría política”, apunta la fundación.

“Esa hipócrita timidez podría comprometer la imagen del Gobierno como campeón del progreso y dique global de la marea reaccionaria”, prosigue la nota. “No hay que andarse con perífrasis. Si se cree que la mención de dos apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas y/o inmorales, dígase por derecho”, apunta.

La nota concluye con una amenaza nada velada hacia los miembros del Gobierno que hagan alusiones sobre el hecho cierto de que Aznar y su familia aparecen en los archivos de Jeffrey Epstein: “Si eso lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos, además, la oportunidad de aprender mucho: por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España”.

Prometía ser un encuentro literario de alto nivel, pero se ha convertido en el epicentro de una agria disputa. El ciclo de conferencias coordinado por el académico Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra fue cancelado tras una cascada de renuncias a participar.

Todo comenzó con la renuncia a participar de David Uclés, que expuso como motivo la presencia en el programa del expresidente José María Aznar y del exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Para Uclés, compartir espacio con figuras que, a su juicio, han vulnerado derechos fundamentales, supondría una traición a sus principios y a la honestidad de su obra. A esta renuncia le siguió la del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Tras este, le siguieron las de otras personalidades.

Siempre he tenido la duda de si participar en charlas o conferencias en las que, de partida, se blanquea el fascismo es un acierto o un error. Y es que el ciclo de conferencias comenzó mal con su título: “1936: La guerra que todos perdimos”.

Días después de que estallara todo, Pérez-Reverte escribió en su red social: “Sin duda hubo un bando vencedor y un bando derrotado; pero todos los españoles perdimos mucho: la libertad, la justicia, el progreso, los derechos civiles, la liberación de la mujer, la dignidad y la democracia”. Sin embargo, la realidad es que esa democracia, esa libertad, esos derechos humanos, los perdieron solo los que lucharon para defenderlos. Hubo una parte de la población que no perdió nada de eso porque no quería nada de todas esas cosas. 

A esto le acompañó un artículo titulado “La guerra que todos seguimos perdiendo”. Al decir que “todos perdimos” diluye la responsabilidad específica del bando golpista. Reverte presenta el conflicto como un “destino trágico” en lugar de como el resultado de decisiones políticas y militares concretas, lo que resta rigor al análisis histórico. El artículo fracasa en su intención de presentarse como un baluarte de la libertad de expresión porque no acepta la libertad de asociación. 

Hay cierto ejercicio de cinismo frente a las familias que, noventa años después, siguen buscando en cunetas y fosas los restos de sus familiares. No pierde igual quien escribe una columna en un gran diario nacional que quien debe recurrir a la justicia internacional para recuperar el cuerpo de un abuelo. Mientras los vencedores pudieron enterrar, honrar y dignificar a sus muertos desde 1939, una parte de España sigue perdiendo la batalla por el derecho al duelo. Para estas personas, la guerra no es una metáfora intelectual, es un duelo suspendido por decreto.

La “pérdida común” se desmorona con la pervivencia de la simbología franquista en el espacio público. No es una pérdida compartida cuando un familiar de un represaliado madrileño debe caminar cada día bajo una placa que reza “Calle de los caídos de la División Azul” porque un alcalde se niega a aplicar la Ley de Memoria Democrática. La existencia de estas calles es la prueba de que la guerra, para algunos, se sigue ganando (en forma de honor público) y para otros, se sigue perdiendo (en forma de humillación cotidiana).

Muchos acusan a Uclés de sectarismo e incoherencia por retirar su asistencia. Señalan que no tiene reparos en publicar con el Grupo Planeta (donde también publica Aznar) o en aceptar premios con nombres de raigambre falangista, como el Nadal. Estos argumentos son, cuanto menos, endebles. 

Que un escritor comparta una plataforma comercial (por ejemplo, una editorial) con alguien no implica que valide sus ideas. Bajo esa lógica, ningún autor podría publicar en grandes grupos editoriales, Amazon o vender en librerías donde existan libros de ideologías opuestas. Es una exigencia de pureza absoluta que haría imposible cualquier actividad profesional en el mundo contemporáneo para un escritor. Estar en el mismo catálogo editorial (Planeta) es una relación comercial indirecta. Uclés no colabora con Aznar por el hecho de que sus libros compartan almacén. La posible equiparación con el ciclo de conferencias sería si Uclés escribiese un libro junto a Aznar, pero no es el caso.

Respecto al argumento sobre el Premio Nadal, aunque su nombre rinde homenaje a Eugenio Nadal (redactor de la revista falangista 'Destino'), el premio ha evolucionado durante 80 años hacia una institución literaria plural. Ganar un premio no significa suscribirse a la ideología de la persona que le dio nombre hace casi un siglo. Los críticos intentan establecer un anacronismo: juzgar una decisión de 2024 basándose en el contexto de 1944. Además, rechazar el Nadal por su origen obligaría a rechazar casi cualquier institución española que sobreviviera o naciera durante la dictadura, lo cual es un argumento reduccionista. Por esa regla de tres no podríamos escuchar el Concierto de Año Nuevo ya que fue una creación nazi. Tampoco podríamos vestir ropa de Hugo Boss por haber hecho los uniformes de las SS, ni conducir un vehículo Volkswagen.

Se ha señalado las supuestas incoherencias de Uclés para presentarlo como un “izquierdista de salón”. Sin embargo, este argumento es igual de reduccionista que los anteriores. Sugiere que, para tener una posición ética sobre la memoria histórica, un autor debe vivir en la indigencia o fuera del sistema comercial. Es una forma de silenciar cualquier crítica social: si tienes éxito, eres un hipócrita; si no lo tienes, eres un resentido.

He llegado a leer columnas críticas con Uclés tituladas “El fascismo de los antifascistas” en las que la autora centraba la crítica en el supuesto ego del autor, evitando responder a la pregunta central: ¿es éticamente problemático que un congreso histórico sea copado por políticos en activo de ideología marcadamente sesgada? El artículo se centra en el ataque personal y no en la discusión de principios. Aunque lo más complicado de entender es lo de calificar de “fascismo” que un escritor decida, por voluntad propia, no asistir a un evento. Llamar “fascista” a quien ejerce su derecho a no compartir espacio con Aznar es una pirueta semántica que busca escandalizar más que analizar. 

Participar en un congreso, sentarse en la misma mesa y compartir un cartel publicitario sí implica una acción conjunta y una validación del espacio de debate propuesto. Por ese motivo, participar de este tipo de conferencias siempre me ha generado muchas dudas y pocas certezas.

La tesis principal de una de las participantes que renunció a asistir es que la cancelación supone una derrota para la convivencia. Grosso modo argumenta que evitar el encuentro empobrece la democracia, asume que cualquier foro es constructivo. Sin embargo, no aborda el argumento de fondo de Uclés: la diferencia entre un diálogo académico y un acto de propaganda. Al invitar a políticos en activo o de primera línea a un ciclo cultural, el diálogo corre el riesgo de convertirse en una plataforma de legitimación política. Para que un diálogo sea real, debe haber un consenso mínimo sobre la verdad histórica y un respeto escrupuloso por la libertad de los participantes. 

A pesar de todo esto, sigo teniendo más dudas que certezas respecto a la asistencia a este tipo de actos. Lo que sí tengo claro es que, noventa años después, la Guerra Civil sigue siendo una cuestión en la que el consenso sobre nuestro pasado sigue siendo una asignatura pendiente. Seguir creyendo que el proceso llamado 'Transición' cerró alguna herida es un error, mucho menos aún en los últimos tiempos en los que el revisionismo y blanqueamiento del franquismo es una realidad.

El departamento de Justicia de EEUU ha publicado más de tres millones de documentos con revelaciones sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein en el que entre muchas otras cosas se ha descubierto una testifical en la que se acusaba al presidente Donald Trump de haber obligado a una niña de 13 años a tener relaciones sexuales con el sátrapa norteamericano. También se incluyen otras situaciones monstruosas que ni siquiera me atrevo a replicar ni reproducir. Durante muchos años estos papeles han formado parte del mundo conspiranoico MAGA usándolo como martillo pilón contra demócratas y la izquierda como si ellos fueron los únicos consumidores de las perversiones que el pederasta ofrecía en las fiestas de sus islas. Ese tiempo ya pasó porque ahora afloran los indicios de una verdad que amenaza con incendiar el universo Trump. Pero no todo se queda en EEUU. 

El escándalo llega a España con una mezcla de prudencia responsable y silencio cómplice y temeroso. José María Aznar aparece en los papeles como receptor de dos envíos vía FedEX por parte de Jeffrey Epstein en septiembre de 2003. Uno de ellos a Moncloa y otro a la sede de FAES. Por esas mismas fechas el pederasta pagó un viaje por valor de 1.050 dólares a nombre de José María Aznar, sin poder saberse si el que viajara fue el padre o el hijo de los Aznar. Alguno tendrá que aclararlo. Según un correo de Jeffrey Epstein el pederasta habría asistido en 2015 a un acto del expresidente del gobierno organizado por la fundación “Friends of Israel”, un lobby que todavía mantiene a José María Aznar como socio honorario y que surge para defender los intereses de Israel en el mundo. No es nada extraño que el sionismo se vea mezclado en asuntos tan turbios. 

No se puede sacar ninguna conclusión de ese envío. Nadie tiene culpa de que un delincuente haga un envío a nadie sin saber las causas, si había relación, por qué razón y saber qué incluía. Precisamente por eso es necesario que el interfecto responda a esas preguntas. Si conocía a Jeffrey Epstein, por qué razón le mandaba paquetes y qué incluían esos paquetes. Un mínimo. Lo normal. Nadie en el periodismo decente va a llamar pederasta a José María Aznar, ni acusarle de formar parte de esa trama infecta, primero porque con los hechos conocidos decir algo así sería mentir, difamar y calumniar, aunque tengo bastante claro cuáles serían las conclusiones que de esta información se sacarían si el receptor de ese paquete fuera José Luis Rodríguez Zapatero. La cobertura de este asunto sería omnipresente y no habría otro tema que opacara el nombre de Epstein en la opinión publicada de los fachos. 

He estado buscando en esos medios que dicen ser fiscalizadores del poder para ver si aunque fuera habían contado de manera aséptica la información. Los hechos sin más, que lógicamente tienen una relevancia indudable. Nada. Silencio absoluto. Nadie que lea esos medios se podrá enterar de un hecho de este calado. No les pedimos que lleguen a las conclusiones tan temerarias como suelen hacer cuando cualquier hecho, tenga la importancia que tenga, afecta a cualquier político o personaje de la izquierda. Simplemente que informen a sus lectores de que existen hechos indubitables sobre la relación del pederasta Jeffrey Epstein con un expresidente de nuestro gobierno tan relevante como José María Aznar.

La inconmensurable superioridad moral de la izquierda hará que todo lo relacionado con José María Aznar y Jeffrey Epstein sea tratado con cuidado, respeto y prudencia, haciendo preguntas, cuestionando las razones de la existencia de esos envíos hasta que haya respuestas. Pero sobre todo poniendo el foco en las relaciones a nivel global de esta gente y el capital social de una patota de millonarios que tenían como hobby los akelarres pederastas. Porque una de las certezas que afloran de la publicación de los papeles de Epstein es que la casta social de los millonarios es una degeneración moral. Paz entre pueblos y guerra de clases. Está todo en la doctrina.  

Teléfonos móviles y correos electrónicos en su agenda. Y envíos a Moncloa y la FAES. De entre los tres millones de páginas de los documentos del depredador sexual Jeffrey Epstein liberados este viernes por el Departamento de Justicia, hay algunos en los que aparecen los nombres de José María Aznar, Ana Botella, José Aznar y Alejandro Agag, tal y como ha adelantado El País y ha podido comprobar después elDiario.es.

De acuerdo con los archivos, los envíos de sendos paquetes a Moncloa y FAES ocurrieron en 2003 y 2004, varios años antes de la primera condena al depredador sexual. Y la presencia de estos nombres tampoco indica que tuvieran conocimiento de los abusos cometidos por Epstein por parte por la familia Aznar.

El entorno del ex presidente, contactado por El País, asegura que Aznar no tiene “ni idea” de qué son estos envíos, y añaden que “no conoce a ese señor”, en alusión a Epstein.

Quienes, además, aparecen en la agenda telefónica de Epstein son el hijo de Aznar, José, y su yerno, Alejandro Agag.

Esta semana se ha hablado mucho en España de diálogo y guerra civil. Arturo Pérez- Reverte había organizado unas jornadas en Sevilla tituladas “La guerra que todos perdimos”. Este título ya era problemático, pero la polémica estalló cuando uno de los asistentes, el escritor David Uclés, anunció que se retiraba. No quería formar parte de un cartel (y debatir) en el que están el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el fundador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. 

¿Y si salimos de ese bucle? ¿Y si dejamos de tratar la Guerra Civil Española como un debate entre nietos de republicanos y nietos de franquistas? ‘Historias Desobedientes de España' reúne a familiares de personas que tuvieron alguna responsabilidad en el franquismo. Pero no para glorificarles, sino para cuestionarles, para denunciar lo que supuso la dictadura que ellos ayudaron a sostener. Hablamos con tres de ellos: Anna Velasco, Loreto Urraca y Tomás Gil. 

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Hijos y nietos de franquistas que denuncian en público sus crímenes: “Me moriré tranquilo con mi conciencia”

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Podemos anunció este lunes un acuerdo con el Gobierno para llevar a cabo una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular. La candidata del partido, Irene Montero, estimó que esta medida beneficiará a en torno a medio millón de personas, una cifra que también ofrece el Ejecutivo y que la situaría como la segunda mayor regularización extraordinaria de la democracia.

Las regularizaciones extraordinarias como esta son una práctica habitual en la gestión migratoria desde los años 80 en España. Desde el primer proceso, lanzado por el gobierno de Felipe González en 1986, el país ha aprobado un total de siete, tres de ellos durante los mandatos de González, dos durante los gobiernos de José María Aznar y uno en 2005, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una ley para poner orden en Extranjería

La primera ocasión en la que se utilizó esta fórmula administrativa arranca durante el primer gobierno del Partido Socialista. En 1985 se aprobó la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, publicada en el Boletín Oficial del Estado en julio de ese año, y que sentaba las bases sobre los derechos y deberes de las personas extranjeras en el país. La Constitución llevaba seis años y medio en vigor y esta norma ampliaba a los no nacidos en el territorio español los derechos y deberes fundamentales recogidos en su Título I.

Hasta entonces, España no había tenido una ley que diese forma a la situación de los extranjeros a excepción de un Real Decreto de 1852 aprobado durante el gobierno de Juan Bravo Murillo, del Partido Moderado. Esa norma, que obligaba a determinar por ley sus derechos, añadía a la legislación española el supuesto de las mujeres españolas casadas con extranjeros, la distinción entre “domiciliados y transeúntes”, es decir, entre extranjeros que pasaban por el país y aquellos arraigados en el territorio, y los derechos y obligaciones de los mismos.

Con la aprobación de la ley, se habilitó la posibilidad de regular la situación legal de aquellos “insuficientemente documentados” en un plazo de tres meses, que posteriormente tuvo que ser ampliado. La regularización de estas personas se permitía siempre que no estuviesen implicadas “en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado”, que no hubiesen sido condenadas “dentro o fuera de España” por delitos sancionados con más de un año de cárcel o que carecieran “de medios lícitos de vida”, o ejercieran la mendicidad o actividades ilegales. En total, se normalizó la situación administrativa de un total de 38.294 personas no nacidas en el país.

Las primeras regularizaciones extraordinarias

En junio de 1991, ya durante el tercer mandato gubernamental de Felipe González, el Gobierno de entonces utilizó un método diferente para llevar a cabo una primera regularización extraordinaria. Ya en diciembre de 1990, el debate sobre la situación irregular de inmigrantes en el país, que estaba generando “bolsas de marginación”, según afirmó el propio Ejecutivo ante el Congreso de los Diputados.

El Congreso aprobó después, en abril del 91, una proposición no de ley presentada de forma conjunta por los grupos parlamentarios del PSOE, del Partido Popular, el grupo catalán (Convergència i Unió), el CDS, el grupo vasco (PNV) y el grupo mixto y que instaba al Gobierno a adoptar medidas para “completar el proceso de regularización” que se había iniciado en 1985. La propuesta no tuvo el apoyo de los 17 diputados de Izquierda Unida, que apostaban por reformar la Ley de Extranjería.

Finalmente, y tras el apoyo mayoritario de las Cortes a esta propuesta, el Consejo de Ministros aprobó el 7 de junio de 1991 un acuerdo para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular que estaban trabajando en España. La medida permitió regularizar su situación a aquellas personas extranjeras residentes en España desde antes de julio de 1985, o de aquellos que, hasta mayo de 1991, habían disfrutado de un permiso de trabajo y residencia en el país, tenían una oferta de empleo estable o habían realizado actividades lucrativas continuadas. Entre 1991 y 1992 se regularizó la situación de 114.423 migrantes.

En 1996, la situación de los inmigrantes sin papeles en el país no había quedado todavía resuelta, por lo que el Ejecutivo, que había puesto en marcha varias medidas relacionadas con las migraciones desde principios de los 90 como la modificación de la ley sobre asilo y refugio, la creación de la Comisión Interministerial de Extranjería, o de diversos programas de promoción e integración social que cristalizaron en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, llevó a cabo una reforma del Reglamento de ejecución de la ley aprobada en 1985.

Esta modificación, que ya inserta la norma en la legislación europea vigente, tras la entrada española en la Unión Europea y la ratificación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, establece en sus disposiciones adicionales el mecanismo para conceder documentación legal a quienes hubieran sido titulares de un permiso de residencia o de trabajo en alguna ocasión así como a sus familiares, siempre que hubieran residido en España con anterioridad al 1 de enero de ese año.

La norma, si bien fue aprobada mediante real decreto el 2 de febrero de 1996, todavía durante el último gobierno de Felipe González, no entraría en vigor hasta dos meses después. Apenas una semana después de su aprobación se convocaron elecciones anticipadas tras la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado presentada por Convergència i Unió, por lo que entraría en vigor ya con José María Aznar en La Moncloa, en abril de ese año. Se regularizó la situación de 21.294 inmigrantes.

Las regularizaciones masivas de Aznar

El siguiente proceso fue impulsado cuatro años después por el gobierno de José María Aznar en las últimas semanas de legislatura. El 11 de enero se aprobó una Ley Orgánica que regulaba los derechos y libertades de los extranjeros en España y que establecía, en su primera disposición transitoria, que el Gobierno aprobaría un procedimiento mediante Real Decreto para regularizar la situación de todos los extranjeros que se encontrasen en el país antes del 1 de junio de 1999 y que acreditasen haber solicitado permisos de residencia o trabajo en los últimos tres años o que lo hubieran obtenido.

Esta regularización extraordinaria fue la de mayor alcance hasta la fecha y recibió más de 244.000 solicitudes. En este caso, hubo una gran cantidad de peticiones rechazadas, más de 80.000, y en la segunda mitad del año 2000 se había normalizado la situación administrativa de 163.000 inmigrantes. Este número se ampliaría a lo largo de 2001 en 36.000 más tras revisarse de oficio estos expedientes.

Ese mismo año, el gobierno Aznar llevó a cabo un proceso extraordinario al que solo podían acogerse los ciudadanos ecuatorianos y que benefició a más de 20.000 personas, después de que 12 inmigrantes de Ecuador, que carecían de permisos de residencia y de trabajo, murieran en un accidente en Lorca (Región de Murcia) cuando un tren arrolló la furgoneta en la que se dirigían a su trabajo recolectando brócoli. Además de los 12 fallecidos, también resultaron heridos el conductor de la furgoneta y una niña de 13 años que también trabajaba en la plantación de Puerto Lumbreras.

Este proceso de regularización, el más amplio hasta el momento, fue superado apenas un año después, ya con el segundo gobierno de José María Aznar apoyado por el Partido Popular con mayoría absoluta en el Congreso. Se nombró como “regularización por arraigo” y proporcionó documentos a un total de 239.174 extranjeros en España, que tuvieron que demostrar que se encontraban en el país con anterioridad al 1 de enero de 2001 y acreditar su arraigo en el país. Para ello se aceptaban tanto contratos de empleo reales como potenciales, residencia regular en España o vínculos familiares con personas con permisos de residencia.

Finalmente, durante los dos gobiernos de Aznar se regularizó la situación de un total de 524.621 inmigrantes no comunitarios.

La gran “normalización” de Zapatero

Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la vuelta de los socialistas al poder, se volvieron a superar las regularizaciones extraordinarias previas. Mediante un Real Decreto, aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2004, el Gobierno sustituía el Reglamento de la Ley Orgánica que había sido impulsada por el gobierno de Aznar en el año 2000, incluyendo novedades respecto de la acogida de las personas que solicitaban asilo en España e iniciando un “proceso de normalización” de las personas inmigrantes residentes en España en situación irregular.

La norma establecía un plazo de tres meses para que los empleadores pudieran solicitar autorizaciones iniciales de residencia y trabajo para aquellas personas empadronadas durante más de seis meses desde su entrada en vigor, aquellos con contratos de trabajo vigentes de seis meses o más y 40 horas semanales. También se establecía un mecanismo para regularizar a las personas que realizasen trabajos en el ámbito del servicio doméstico.

Esta “normalización” generó un total de 691.655 solicitudes, la gran mayoría en la Comunidad de Madrid (171.321), Catalunya (139.480) o la Comunitat Valenciana (108.496), y de las que terminaron siendo aprobadas finalmente 576.506. La mayor cantidad de solicitudes correspondieron a ciudadanos de origen latinoamericano, especialmente ecuatorianos —se superaron las 120.000 solicitudes—, aunque también destacaron las solicitudes de personas de origen rumano o marroquí.

La iniciativa popular y el acuerdo con Podemos

Después de la pandemia de COVID-19, y tras las regularizaciones de inmigrantes indocumentados realizadas por países europeos como Italia o Portugal en los años 2020 y 2021, los colectivos sociales lanzaron una campaña de recogida de firmas con la intención de que se normalizase la situación de centenares de miles de migrantes en España. La campaña “¡Regularización YA!” logró recopilar desde diciembre de 2021 más de 700.000 firmas de ciudadanos españoles para impulsar una iniciativa legislativa popular y que fueron entregadas en el Congreso en diciembre de 2022.

La iniciativa ciudadana inició su recorrido parlamentario en 2023 en la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales, Inclusión y Migración y los trabajos se extendieron a 2024 tras el adelanto electoral de julio del 23. Tras ello, la iniciativa legislativa quedó bloqueada en el Congreso por la negativa de los grupos de derecha, PP y Vox, a los que se sumaron los independentistas de Junts. Ante este bloqueo, esta semana se ha desbloqueado la situación tras un acuerdo del Gobierno con Podemos que permitirá evitar la vía parlamentaria.

A esta última regularización podrán acogerse tanto solicitantes de asilo que hayan registrado su petición como cualquier extranjero que pruebe haber vivido en España un mínimo de cinco meses hasta la fecha tope del 31 de diciembre de 2025. Tanto Podemos como el Ejecutivo calculan que la medida podría beneficiar a cerca de medio millón de personas que actualmente ya residen y trabajan en el país de forma irregular.

El avance de la causa abierta contra el exdirigente socialista Santos Cerdán por un presunto delito de falso testimonio evidencia el desigual recorrido judicial de las denuncias por mentir en comisiones de investigación parlamentarias. Mientras en este caso la jueza ha decidido investigar los hechos apoyada en una querella de la asociación ultracatólica HazteOír y con el criterio en contra de la Fiscalía, otras querellas contra destacados políticos por hechos similares han sido rechazadas de plano.

Mentir ante una comisión parlamentaria, donde se sustancian investigaciones políticas y la asistencia es obligatoria, es un delito. Así lo establece el Código Penal, que castiga con entre seis meses y un año de cárcel este comportamiento. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha ido perfilando la aplicación de este delito y ha determinado que solo pueden ser castigados quienes falten “sustancialmente” a la verdad, lo que en palabras de los magistrados equivale a crear “una verdad en todo distinta a la material”. Además, la jurisprudencia requiere la existencia de indicios de que ese testimonio ha tenido efectos sobre la investigación. 

En el caso del que fuera secretario de Organización del PSOE, la magistrada de Madrid Lidia Paloma Montaño prevé tomarle declaración el próximo 5 de febrero por “faltar a la verdad” cuando compareció por primera vez, en abril de 2024, ante la Comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’. Cerdán afirmó que solo había contactado con Koldo García en dos o tres ocasiones, pero un informe policial reveló varias reuniones entre ambos. 

La citación se produce pese a que la Fiscalía se opuso a imputar al exdirigente socialista con el argumento de que los hechos descritos por HazteOír en su querella, incluso si fueran ciertos, no revisten las características de un delito. La fiscal se basa en la doctrina que el Tribunal Supremo argumentó en enero de 2023 cuando rechazó una querella contra Alicia Sánchez-Camacho, entonces senadora del PP, por las acusaciones de haber mentido en el Parlament de Catalunya durante otra comisión de investigación parlamentaria. 

El alto tribunal afirmó entonces que lo “decisivo” para medir la veracidad o falsedad de una respuesta es “la compatibilidad de la respuesta con los datos de los que dispone el compareciente en relación con los concretos hechos que se consideran que ocurrieron y que son, además, objeto de la investigación parlamentaria”.

En el caso de Sánchez-Camacho, la querella fue presentada por más de 30 diputados autonómicos de Junts, que denunciaron que mintió cuando dijo que la 'operación Catalunya' –puesta en marcha desde las altas instancias policiales y de Interior, supuestamente, para perjudicar a líderes políticos catalanes– no existía y que no había mantenido reuniones con la expareja de Jordi Pujol Ferrusola cuando existían grabaciones de una comida entre ambas celebrada en 2010 en un restaurante.

Según el juez, esas grabaciones demostraban la “inexistencia de una relación” entre ambas. A su juicio, además, el hecho de que años después manifestara en una conversación con un tercero que pudo tener dos contactos más sin ninguna trascendencia relacional no encaja en lo que la ley considera delito. 

Armengol y Aznar, exonerados

De forma más reciente, en noviembre de 2024, el Supremo rechazó una querella de HazteOír que acusaba a la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso Francina Armengol de mentir en una de las múltiples comisiones de investigación del caso Koldo. La asociación denunció que Armengol había dicho en el Congreso que las mascarillas que Balears compró a la trama durante la pandemia eran para uso “civil” cuando eran un equipamiento médico para los profesionales sanitarios. Los jueces rechazaron la querella con el argumento de que había una “patente falta de relevancia penal” en esas palabras.

Entonces, el Alto Tribunal insistió en que para que una afirmación falsa encaje en lo que la ley considera delito debe ser “incompatible con la realidad” o dar cuenta de una “realidad inexistente” y que, además, ese testimonio inveraz haya entorpecido significativamente la reconstrucción de lo acontecido. Esto es, que sea un caso palmario y que, además, haya indicios claros de que esa declaración ha tenido efectos sobre la investigación política que se está realizando. 

En ese mismo auto, los jueces aluden al “obvio paralelismo” entre el delito de falso testimonio ante comisión parlamentaria de investigación (artículo 502.3 del Código Penal) y el delito de falso testimonio en causa judicial (artículo 458 del Código Penal). La abundante doctrina relativa a este último recoge que para reprochar penalmente la falsedad del testimonio es necesario contar la verdad establecida previamente por los tribunales. Y eso no es posible en las comisiones de investigación, que solo pueden establecer la “verdad política”, dado que la “verdad” solo puede ser fijada por el Poder Judicial. 

A este respecto, el Supremo argumenta que si el falso testimonio en causa judicial requiere “la creación de una verdad en todo distinta a la material”, en el caso de las comisiones parlamentarias, el nivel de concordancia de lo testimoniado con la realidad asentada como verdad en sede de comisión parlamentaria “no puede ser superior”. 

Precisamente el alto tribunal tiene pendiente pronunciarse sobre una denuncia presentada el pasado octubre por el pseudosindicato ultra Manos Limpias contra Pedro Sánchez por falso testimonio. Según la organización que dirige Miguel Bernard, el presidente del Gobierno dijo hasta en 55 ocasiones en su comparecencia ante la comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’ expresiones como “no me consta” o “no tengo constancia” a pesar de que, a su juicio, “constan múltiples evidencias documentales y comunicacionales que acreditan su conocimiento directo de los hechos objeto de investigación”, según la denuncia recogida por ABC. 

Incriminación excepcional

Siguiendo el criterio de Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid también rechazó que se investigara al expresidente del Gobierno José María Aznar tras una denuncia de Podemos por sus declaraciones en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la presunta financiación ilegal del PP. Podemos denunció que había cometido delito de falso testimonio al “hacer manifestaciones que (...) no se compadecen con el contenido de la sentencia dictada en el caso Gürtel”. 

Aznar negó en varias ocasiones haber tenido relación o incluso conocer a Francisco Correa, cuando fue uno de los invitados a la boda de su hija. También puso en duda la existencia de una caja B del PP, cuya realidad acreditó la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. O afirmó que esa sentencia solo afecta a dos municipios de Madrid. Asimismo, rechazó la participación de soldados españoles en la guerra de Irak de 2003.

Los jueces de la Sección 29 confirmaron la inadmisión de la querella que había acordado un juzgado de Madrid al estimar que solo podía haber delito si esas manifestaciones hubieran sido “relevantes a los efectos de la investigación”. A su juicio, las respuestas de Aznar fueron “opiniones o interpretaciones” sobre una resolución judicial o un acontecimiento sin relevancia para el objeto de esa comisión de investigación. 

Los datos recopilados por la profesora de Derecho Penal en la Universidad Internacional de Catalunya Pilar Rey Peña en el artículo ‘La escasa persecución del delito de falso testimonio: una constatación paradójica’ dan una idea de los excepcionales que son las incriminaciones por falso testimonio en causa judicial en España. En 2015, solo en uno de cada 3.717 procedimientos judiciales se dio alguna declaración que revistiera indicios de falsedad y solo en uno de cada 13.000 esas diligencias dieron lugar a una condena por falso testimonio.

En 2024, de cuando son los últimos datos disponibles, hubo 249 condenas por este delito, según el INE. Se trata de una cifra bastante inferior a la de otros delitos de similares características, como es el de acusación y denuncia falsa, que registró 527 condenas ese año. Son datos que dan una idea de lo excepcional que resulta este delito en la práctica judicial, una rareza todavía mayor cuando se trata de declaraciones ante comisiones parlamentarias.

40 millones de euros de dinero público en préstamos, ayudas e inversiones, una empresa de corridas de toros de la que no tiene “ni idea” y aval de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su único activo en marcha, que usa como gancho entre inversores. 

Es la carta de presentación del fondo de inversión español Langur, de cuya junta directiva es miembro Germán Alcayde, ex jefe de gabinete del expresidente del Gobierno José María Aznar, excompañero de Ayuso y Pablo Casado en las juventudes del PP madrileño y ahora, en la nueva gestora del PP valenciano.

En 2020, elDiario.es contó la incursión en el emergente e incierto negocio del hidrógeno verde de una empresa de ese fondo, HVR Energy (Hidrógeno Verde Renovable), a la que Alcayde lleva vinculado desde su creación ese año, y que se ha adjudicado ayudas millonarias.

Entonces Alcayde se definía como “humilde consejero” de HVR: “Les ayudo en la parte más institucional y política”, decía. Según el Registro Mercantil, fue su consejero delegado de mayo de 2024 a febrero de 2025. Tras ese periodo de “transición” como CEO por un cambio accionarial, dice al teléfono, ahora es “consejero ejecutivo” de HVR, que acaba de mover su domicilio social de Madrid a un chalé en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Especializada en estaciones de repostaje de hidrógeno (hidrolineras) para movilidad sostenible, la empresa ofrece “soluciones listas para operar que reducen drásticamente los costes y facilitan la adopción del hidrógeno renovable en todo tipo de flotas” y “está construyendo corredores estratégicos de hidrógeno que conectarán los principales ejes logísticos del país, permitiendo el movimiento de vehículos de largo recorrido y asegurando suministro continuo y fiable”.

Con “uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de hidrógeno en Europa”, tener 75 hidrolineras operativas en España antes de 2030, prevé “al menos 55” hasta 2028. Para ello, explica HVR, “ya ha movilizado más de 6 millones” de inversión privada y “supera los 33 millones” entre “financiación y deuda pública”.

Desde su creación, ha captado unos 12,5 millones en subvenciones. La mayor parte, de Europa: dos ayudas del programa Connecting Europe Facility (CEF, por sus siglas en inglés), de 4,2 y 7,65 millones, “destinadas a impulsar el despliegue de su red de hidrolineras en España, en el marco de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T)”, explica por correo electrónico la empresa. “Solo dan el 30% de la inversión y el resto lo tienes que poner a pulmón”, matiza Alcayde, que subraya que esas ayudas se adjudican en concurrencia competitiva.

En España, explica HVR, “las subvenciones recibidas alcanzan los 712.796,19 euros, lo que representa el 38% de los costes subvencionables”, de 1,8 millones, a través de un programa del Plan de Recuperación gestionado por el Ministerio de Transporte.

“Plataforma de demostración”

A esto se suman 20 millones de financiación pública del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según la publicidad de la última emisión de bonos de HVR en la plataforma europea de financiación Enerfip, cerrada en diciembre a un tipo de interés del 12%. En esa web se explica que HVR “actualmente opera un proyecto de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde en Coslada (España). Esta primera instalación sirve como plataforma de demostración”. 

La única hidrolinera en marcha de HVR abastece a un autobús del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). La presentó Ayuso en marzo de 2023. “Tiene que ser la primera fase de un posterior despliegue a mayor escala”, recoge la nota de prensa que difundió la Comunidad de Madrid.

“Este proyecto pretende demostrar la viabilidad técnica, operativa y económica del uso del hidrógeno verde como combustible para el transporte”, dijo la presidenta en ese acto oficial, en el que afirmó: “Frente al autoritarismo que instrumentaliza el Medio Ambiente con impuestos y con prohibiciones, lo que hago es una defensa cerrada de la aspiración de prosperar en libertad y, por supuesto, siempre cuidando de nuestro patrimonio natural”.

El pasado martes, HVR anunció una alianza en Castilla y León apoyada por la Junta, otro feudo histórico del PP. Un acuerdo estratégico con H2Duero, de Redexis (de varios fondos de inversión, con un 80%) y la empresa pública Somacyl (20%) para iniciar la producción, compresión y carga de hidrógeno renovable en una planta en Garray (Soria) cuya construcción Somacyl adjudicó a Redexis en 2022 por 6,8 millones financiados con fondos de Desarrollo Regional de la UE.

El director general de Somacyl es José Manuel Jiménez Blázquez, alto cargo de la Junta que administró durante cinco años una empresa “inactiva”, según él, que ha obtenido 326.000 euros de beneficios.

H2Duero liderará la producción y operación de la infraestructura, incluyendo un electrolizador de 3 megavatios (MW). HVR Energy “aportará su red de hidrolineras y su modelo logístico de almacenamiento a alta presión, optimizando costes de inversión y operación, y acelerando la llegada del hidrógeno a las estaciones de repostaje. Además, pone a disposición del proyecto la demanda prevista en su plan de despliegue”.

El propietario de Langur y HVR es el financiero Luis Suárez-Olea, ex de Banco Popular, KPMG o Abengoa. HVR “más pronto que tarde” deberá ampliar capital para acometer las inversiones que necesita para desarrollarse en el hidrógeno, un negocio “a muy largo plazo”, subraya Alcayde. La empresa ha anunciado negociaciones con las firmas Arcano, Suma Capital, Dunas Capital, Aeex Capital, Buenavista Capital, Axon Partners y Q Energy. “Dos de ellas ya han enviado una LOI” [carta de intenciones].

El consejero ejecutivo de HVR, que inició su carrera política en Madrid, nació en Silla (Valencia) y forma parte de la gestora “transitoria” que el PP nacional creó el pasado 22 de diciembre para dirigir el partido en la Generalitat Valenciana tras dimitir Carlos Mazón. Presidida por su sucesor en el Consell, Juanfran Pérez Llorca, se reunió por primera vez el pasado jueves. Alcayde es nuevo responsable de “Sectores Productivos”.

Licenciado en Empresariales y Turismo, MBA del Instituto de Empresa con experiencia en multinacionales como BNP Paribas y Arval, Alcayde fue nombrado secretario general de Nuevas Generaciones del PP en la Comunidad de Madrid en 2008. En 2011, tras unos meses como diputado regional, Esperanza Aguirre le nombró director general de Formación, cargo que ocupó hasta que Aznar le fichó para sustituir a Pablo Casado como su jefe de gabinete.

En 2014, El País le definía como la “sombra” del expresidente, “guardián de su móvil y sus papeles”: “Sigue la tendencia de ayudantes de Aznar desde que lo fue el que hoy es su yerno, Alejandro Agag: joven, atildado y profundamente neoliberal”. Asesoró al expresidente hasta 2019, cuando le acompañó en una visita a Chile para presionar a favor del cigarrillo electrónico. 

Una fotografía suya de 2011 con Ayuso, Casado y Aguirre ilustraba un reportaje de ABC de 2022 sobre “la pandilla madrileña de Nuevas Generaciones” tras la traumática dimisión del líder del PP, al que Alcayde precedió como administrador único de Atlantic Basin. Esta mercantil ejerce la presidencia de Archery Capital, vinculada al fondo de defensa Hyperion, uno de los nombres de peso de este sector en auge, del exlíder del PP y Ricardo Gómez-Acebo, sobrino de la presidenta del Santander, Ana Botín.

“Me pidió ayuda y yo encantado de ayudar a mis amigos”, dice Alcayde, que en 2023 fue repescado por Aznar como director general de su deficitario centro de formación, el Instituto Atlántico de Gobierno, cuyos cursos dirige la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. También dirige una consultora que calcula la huella de carbono (Absorbe CO2) domiciliada en València y que, subraya, es ajena al fondo Langur.

Según el Registro Mercantil, también administra una empresa de espectáculos taurinos, Granatauro Toros, que no presenta cuentas desde 2020, aunque amplió capital en marzo de 2022, cuando Alcayde fue nombrado consejero (“Ni idea”, asegura) junto a varios socios de Langur, entre ellos, el presidente del fondo, que también preside Granatauro Toros.

Esta mercantil pertenece a otra empresa de nombre similar, Granatauro SL, que se ha adjudicado numerosos contratos menores por decenas de miles de euros para organizar festejos taurinos. Su administrador único es un torero segoviano y ganadero, Emilio de Frutos.

Langur tiene un fondo especializado en fútbol. Suárez-Olea y Alcayde formaron parte de la junta directiva de un modesto equipo de la sierra de Madrid, el Club Unión Collado Villalba, recién desaparecido. Lo patrocinaba la energética cotizada Enerside, de la que el dueño de Langur fue accionista y que preside la exministra de Aznar Anna Birulés, fichada en pleno boom de ese sector.

En 2020 el ex mano derecha de Aznar afirmaba que “la energía renovable, hidrógeno verde, eficiencia, no solo está muy de moda, es hacia donde va todo”: “El Gobierno lo va a apoyar, tienes los fondos europeos, es medioambientalmente eficiente, tienes a las grandes utilities, y a Repsol, BP, Cepsa, todas, viendo cómo con el barril a 30 dólares es imposible ganar dinero”.

Hoy, con el petróleo a 64 dólares, y algunas grandes empresas cancelando inversiones en hidrógeno verde (que sin ayudas no es competitivo), HVR tiene ambiciosos planes para este vector energético, que quiere ser la solución para descarbonizar sectores como el transporte pesado. “El cambio climático ha venido para quedarse”, dice al teléfono Alcayde, que asegura que la Agenda 2030, con la que su partido ha reculado en sus pactos con la ultraderecha en Castilla y León o Comunitat Valenciana, “no tiene color político”.