El proyecto ‘Protagonistas: mujer, cohesión social y territorial’ se va a desarrollar en 32 municipios de La Rioja Alta a lo largo de los próximos tres años con el objetivo de “empoderar a las mujeres, fortalecer su participación social y fomentar la cohesión e inclusión en un territorio en riesgo de despoblación”, según se ha presentado hoy en Haro, que actuará como municipio “vertebrador y facilitador de actividades y herramientas”.

El proyecto está impulsado por la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta (ADRA), la Fundación “la Caixa” y el Ayuntamiento de Haro y fue uno de los 63 proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural: Abordar el reto demográfico para frenar la despoblación’, de Fundación “la Caixa” de los más de 400 que concurrieron a nivel nacional en 2024.

Principios e identidad del proyecto

El proyecto se articula sobre cinco ideas clave: mujeres, territorio, cohesión, inclusión y sostenibilidad.

1. Conciencia y participa (Hasta julio de 2026)

2. Formación (Hasta julio de 2027)

3. Actúa (Hasta julio de 2028)

España y otros trece países de la UE elevan la presión para evitar la tentación de la Comisión Europea de cambiar la fórmula con la que financia la cohesión europea. A las puertas de la presentación del próximo presupuesto europeo, los 14 países han circulado un documento -non paper en la jerga comunitaria- en el que apuestan por “un presupuesto diferenciado y sólido y una metodología de asignación regional que refleje los diferentes niveles de desarrollo de las regiones” ante la posibilidad de que el gobierno comunitario centralice la entrega de los fondos a través de las capitales.

En la preparación del Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034, la Comisión Europea planteó la posibilidad de gestionar los fondos de cohesión con los que la UE trata de generar una cierta igualdad entre las regiones con un modelo similar al que se empleó con los Next Generation de la pandemia. Esa fórmula supondría que fueran los estados miembros los que reciban el dinero de Bruselas y sean los gobiernos los que decidan cómo distribuir el dinero, que en el periodo 2021-2027 ascendió a 42.556 millones de euros.

“Reafirmamos nuestra opinión común de que solo un presupuesto distinto y sólido y una metodología de asignación basada en las regiones, que refleje los diferentes niveles de desarrollo de las regiones, junto con una legislación específica e independiente en materia de política de cohesión, pueden garantizar que el próximo MFP aporte unidad, competitividad y convergencia a largo plazo en todas las regiones de la UE”, señala el documento, que firman esos 14 países y que persigue evitar que la propuesta de presupuesto que presentará la Comisión Europea el próximo 16 de julio recoja finalmente la centralización.

Además de España, secundan el documento Bulgaria, República Checa, Grecia, Croacia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, que son los principales receptores de fondos de cohesión.

Las comunidades y entidades locales también están en pie de guerra. 149 regiones de 20 estados miembros, entre ellas las 17 comunidades autónomas españolas, se han revuelto contra esa opción también. “Estamos en el corazón de Europa, y hemos demostrado ser los más eficientes a la hora de invertir los recursos de la UE de forma eficaz y selectiva, haciendo avanzar el proyecto de integración europea”, señalan en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el vicepresidente de Cohesión, Raffaele Fitto; la vicepresidenta Roxana Minzatu, y el comisario encargado del presupuesto, Piotr Serafin.

En la misiva recogen, además, una advertencia sobre el auge de las fuerzas ultraderechistas y euroescépticas: “Los resultados de las elecciones europeas del año pasado revelaron una creciente falta de confianza en la integración europea. ”La política de cohesión es el principal vínculo entre los europeos y la UE. La política de cohesión no es sólo el fundamento de la integración europea, sino también la base de la resiliencia económica, social y territorial de la Unión Europea. Reforzar la política regional es un requisito previo para el funcionamiento eficaz del mercado único de la UE“, agregan.

Así, reclaman “un reglamento específico para todos los diferentes instrumentos dedicados a la política de cohesión, que garantice y respete sus principios fundamentales, a saber, un enfoque territorial, basado en el lugar, la asociación y la subsidiariedad”. “Es necesario otorgar a las regiones europeas un papel primordial en el proceso de programación y aplicación, mediante una gestión compartida y una gobernanza multinivel, que garantice la negociación directa entre las regiones y la Comisión Europea”, señalan.

Igualmente, demandan “un presupuesto específico para la política de cohesión y la definición, a nivel de la UE, de asignaciones regionales indicativas de recursos basadas en la actual metodología consolidada que tiene en cuenta indicadores sociales y económicos”.

En junio la ciudadanía de los países integrados en la Unión Europea está llamada a las urnas para renovar el Parlamento europeo. Unos comicios en los que hace cinco años votaron el 50,66% de los electores europeos. En España la participación fue sensiblemente mayor, con un 60,73%.

Carlos González-Villa es profesor titular doctor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). En una entrevista abordamos la situación en la Unión Europea, en plena campaña electoral hacia la cita con las urnas que definirá el nuevo mapa político tras cinco años marcados por acontecimientos tan importantes como el Brexit, la pandemia de coronavirus o la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Cuando le preguntamos por la Unión Europea del presente dice que hay que valorar su situación “en los términos de los objetivos que ella misma se puso, en la última década y especialmente en los últimos cinco años”. Explica que su objetivo ha sido “posicionarse como un actor geopolítico relevante a nivel global”, pero no lo ha conseguido. “De acuerdo a su propia vara de medir estamos ante una Unión Europea subordinada a nivel geopolítico”.

El papel de Europa es como mucho, el de una potencia regional que intenta mantener a su vecindario dentro de su órbita

En su opinión, la Unión Europea es un actor “dependiente de la dinámica entre EEUU y China y al mismo tiempo está subordinada a los intereses norteamericanos” y su papel en el contexto mundial es “como mucho, el de una potencia regional que intenta mantener a su vecindario -norte de África, Oriente Medio y Europa Oriental-, dentro de su órbita y siempre en el marco de un proyecto más grande, el de Estados Unidos”.

Su impresión es que “tiene muchas dificultades sobre cómo debe manejarse en la arena global”, sobre todo, abunda, teniendo en cuenta lo que denomina “el esquema de globalizaciones en competición” entre China y EEUU en el que Europa no cabe.

“La UE se ha quedado desfasada en tecnologías maduras y en las que serán disruptivas”

Tampoco es optimista sobre otro de los grandes retos europeos. “Hay muy pocas razones para pensar que la Unión Europea conseguirá una autonomía estratégica porque el elemento que define la competición geopolítica a día de hoy, y para los próximos 20 años, es el elemento tecnológico”.

En este aspecto explica que, cuando se trata de tecnología, “la Unión Europea se ha quedado desfasada en cada uno de los indicadores relevantes sobre las tecnologías maduras y en las que serán disruptivas”.

La Unión Europea es un actor relevante en cuanto a la normativa de la IA y se interesa por los aspectos éticos, pero regula algo que viene de fuera. Eso es incompatible con la soberanía tecnológica

Se refiere a las patentes sobre computación cuántica, inversión en I+D -los países europeos ya fueron sobrepasados por China-, publicaciones en revistas prestigiosas de Física y Matemáticas en las que, apunta, “ya se cuela hasta alguna universidad de Singapur” o la inversión y publicaciones científicas en inteligencia artificial (IA).

Se detiene en particular en lo que tiene que ver con la IA. “La Unión Europea es un actor relevante en cuanto a la normativa de la IA, sabe regularla, se interesa por los aspectos éticos, pero regula algo que viene de fuera. Eso es incompatible con un objetivo ambicioso y ampuloso que ella misma se impuso, la soberanía tecnológica”.

El profesor reconoce que determinados objetivos que se impuso la Unión Europea en 2019, tras las elecciones de hace cinco años, no se han cumplido, entre otras cosas por el largo plazo autoimpuesto.

Es el caso del Pacto Verde Europeo, por el que la Unión Europea se comprometía a conseguir la neutralidad climática para 2050 y a reducir las emisiones en un 40% para 2030. “Esto no es el problema, pero sí lo es el hecho de que se haya quedado rezagada en cuanto a su capacidad para cumplirlos de manera autónoma”.

¿Se puede ser una potencia verde mundial desacoplándose de China? El problema no es que China produzca demasiado, es que Europa lo hace muy poco

Pone el foco en la reciente política europea de “desacoplamiento” de China, siguiendo la estela de Estados Unidos. “¿Se puede ser una potencia verde mundial dejando a un lado a China, una de las grandes potencias de la tecnología verde?”, se pregunta. El gigante asiático produce dos tercios de los coches eléctricos del mundo.

“El desacoplamiento obliga a prescindir de lo que la presidenta de Comisión Europea Ursula von der Leyen denomina, de manera acusatoria, ‘la sobreproducción china’. Eso es una amenaza para Europa. El problema no es que China produzca demasiado, es que Europa lo hace muy poco y por otro lado Estados Unidos tiene sus propias prioridades”.

El Partido Popular Europeo “ya no le hace ascos” a la ultraderecha

En este año 2024 el mapa político interno y externo en la Unión Europea puede verse notablemente afectado, dependiendo del voto. Y es que hay previstos decenas de procesos electorales, tanto en varios de los estados miembros como en Reino Unido, en la India o en Moldavia. Este último país podría incorporarse a la Unión Europea. “Estas elecciones son muy importantes porque a los países de Europa Oriental se les ha obligado a elegir entre candidatos rusos o candidatos occidentales”.

Carlos González-Villa recuerda que “los últimos cinco años barrieron a las extremas derechas de orientación o rusófila y por otro lado hay una parte de estos partidos que ya no son eurófobos. Algunos decían que Europa es una máquina de destruir naciones, pero por ejemplo este ya no es el discurso de Marine Le Penn”.

A eso se suma, añade, que buena parte del Partido Popular Europea, entre otros el de Alberto Núñez Feijóo o la propia Von der Leyen que aspira a ser reelegida, ya “no le hace ascos” a la ultraderecha de forma abierta.

Reconoce que en esta ocasión el debate político en estas elecciones será “si el PP consigue minar un poco más a Vox y si aguantan o no Sumar y el presidente del Gobierno de España y esta no es la realidad europea porque después muchos de estos partidos votarán juntos”.

¿Somos conscientes los españoles y españolas de la importancia de las Elecciones Europeas?, le preguntamos. “Hay una paradoja y es que en España somos muy europeístas, pero por esa fe casi ciega hay cuestiones que ni se discuten” y pone como ejemplo unas declaraciones durante la campaña por el referéndum de la Constitución Europea en 2005. “Aparecía el grupo ‘Los del río’ para decir… ¿nosotros para que vamos a votar que no, si no nos la hemos leído?”.

Tras las elecciones deberán definirse los cuatro cargos más importantes de las instituciones europeas: la Presidencia del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, el Alto Representante para la Política Exterior de la UE y la Presidencia del Parlamento Europeo. “Tradicionalmente se intenta mantener un equilibro norte-sur y este-oeste, y luego entre familias políticas”.

¿Está en riesgo la estabilidad de las democracias con el avance de la extrema derecha?, preguntamos. “Es un peligro que existe y no me refiero solo a la extrema derecha. Recuerdo el caso del periodista español Pablo González, detenido desde hace dos años en Polonia. Su situación no ha cambiado ni con otro gobierno polaco”.

Sugiere prestar atención a las dinámicas migratorias a largo plazo. “Independientemente de quien gobierne parece que dependiendo del color de la piel del migrante se le recibe peor o mejor. ¿De qué nos sirve rasgarnos las vestiduras por que haya más extrema derecha? Y también habría que prestar atención a los partidos centristas sistémicos”.

España tiene cada vez menos posibilidad para reclamar fondos de cohesión o estructurales y eso se agravará con la ampliación de la UE en 2030. Hay que desarrollar las fuerzas productivas a nivel interno

En 2030 está prevista la entrada de Ucrania, Moldavia, Georgia, Montenegro, Albania, Serbia, Macedonia del Norte o Bosnia. “Parece algo urgente desde la perspectiva actual de los dirigentes de la Unión Europea”, comenta este profesor que sin embargo duda sobre “las condiciones en las que vaya a producirse”, en particular por la situación de guerra en Ucrania.

También pone el foco en el futuro de las ayudas europeas que, advierte, “no estarán ahí para siempre”. Nuestro país, dice, “tiene cada vez menos posibilidad para reclamar fondos de cohesión o estructurales y eso se agravará con la ampliación de 2030. Hay otros países con necesidades muy serias” y por eso aboga por “desarrollar las fuerzas productivas a nivel interno”.

Pese a todo, cree que la Política Agraria Común (PAC) seguirá siendo “un elemento importante” aunque advierte de la contradicción del mensaje de Von der Leyen con el exceso de producción de coches eléctricos y el subsidio al sector en aquel país. “Veremos más mensajes como ese en el futuro y entonces deberíamos pensar en nuestra PAC. La Unión Europea también protege y eso está bien. Por eso no debe ponerse el dedo en ojo ajeno únicamente. Es injusto y además nos pegamos un tiro en el pie”. Después, añade, “está la cuestión de a quién beneficia la PAC, si al gran o al pequeño propietario”.

La duda es si Castilla-La Mancha es una región europea como lo puedan ser Baviera o Lombardía o si forma parte de la gran metrópoli madrileña

Después está el papel de las regiones europeas. Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma poco poblada y muy dependiente de sectores como el agroalimentario y, últimamente, del logístico. Hay poca tecnología e industria.

“Hay espacio para defender las inversiones en Castilla-La Mancha y fortalecerla”, subraya González-Villa, quien por otro lado plantea la duda, “quizá no muy popular”, sobre si Castilla-La Mancha es, en realidad, “una región europea como lo puedan ser Baviera o Lombardía o si forma parte de la gran metrópoli madrileña. Basta fijarnos en las conexiones internas por AVE que solo son posibles entre Cuenca y Albacete”.

En este aspecto recuerda que la Unión Europea no solo distingue entre regiones sino entre los llamados conurbanos o grandes áreas metropolitanas. “Da la impresión de que en Europa es el momento de los grandes conurbanos que traspasan regiones”.

El Gobierno extremeño pondrá en marcha la Agenda para el Liderazgo, la Modernización y Avance de Extremadura (ALMA) para reclamar al Ejecutivo central, entre otras reivindicaciones, el pago de la deuda existente con la región “con números y plazos”.

Se trata de una estrategia “de resarcimiento y de reparación”, una ruta para el progreso que se expondrá al presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, y a sus ministros, ha anunciado la presidenta de la Junta, María Guardiola, durante su participación este lunes en el Foro Diario HOY, el que ha esbozado los retos de futuro de su gobierno. “España tiene una deuda con la región, y se le pondrán plazos y números, pues no se quieren promesas ni palabras sino certezas y hechos que no se eternicen, en infraestructuras, comunicaciones, industria, transformación digital, desarrollo sostenible o cultura”, ha aseverado.

La presidenta extremeña ha explicado que estos pasos ya se han empezado a dar en la Administración autonómica con la cuantificación de los recursos necesarios para que Extremadura converja con el resto de regiones, para lo que es “primordial” que se incremente el importe de reparto en materia de financiación autonómica. En este sentido, ha insistido en que España tiene una “importante” deuda histórica con Extremadura, cuya lealtad con el país “no ha sido recompensada en su justa medida”.

Un “abandono”, ha expresado, que lejos de resolverse se agrava en un momento actual en el que “España no tiene un proyecto común” y en el que Extremadura es la región “más agraviada, olvidada e ignorada”.

Guardiola ha explicado que esta igualdad que se pretende para Extremadura en el cómputo del país se buscará también dentro del propio territorio autonómico, para lo cual se registrará una ley de cohesión e igualdad territorial para que la región crezca de una forma coordinada. La igualdad de oportunidades entre los territorios extremeños o la creación de un fondo de cohesión que se repartirá entre los municipios son dos de las iniciativas dentro de esta estrategia. “Extremadura crecerá, y lo hará de una forma justa y solidaria, a una sola velocidad”, ha afirmado la jefa del Ejecutivo autonómico.

Dentro de este objetivo, Guardiola ha pedido el apoyo del empresariado, en cuyo beneficio la Administración ha puesto en marcha “múltiples iniciativas”, entre las que ha citado la rebaja fiscal y la tarifa cero para autónomos, con más de 5.000 solicitudes hasta la fecha.

La apuesta por la contratación de personas con discapacidad, las medidas en el ámbito sanitario y educativo, el pago de la Política Agraria Común (PAC) “en tiempo y forma” e iniciativas destinadas a la ganadería son algunas de las “muchas medidas para ayudar a Extremadura a crecer”, ha dicho.

Trece comunidades autónomas españolas, el 90% del territorio español, están entre las 100 regiones europeas más vulnerables a la transición ecológica, una profunda transformación del modelo económico y energético que, sin medidas compensatorias ni diálogo con las comunidades locales, puede “descarrilar” por el creciente apoyo en los territorios más afectados a partidos de ultraderecha escépticos con el cambio climático.

Así se desprende del reciente estudio 'The green transition and its potential territorial discontents', publicado en el Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, firmado por el español Andrés Rodríguez-Pose, profesor de Geografía Económica en la London School of Economics and Political Science, junto a otro experto de ese centro, Federico Bartalucci.

El paper “parte de una petición de la Dirección General de Crecimiento” de la UE, explica a elDiario.es Rodríguez-Pose. Este economista es una referencia en el área de crecimiento y desigualdades regionales. Ha trabajado para instituciones como la Comisión Europea, el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La gran aportación de este trabajo es un Índice Regional de Vulnerabilidad a la Transición Verde que clasifica más de 200 regiones europeas en función de su mayor o menor exposición a este proceso. Para ello, tiene en cuenta los impactos directos e indirectos que va a tener esta transformación en seis grandes áreas: dependencia de los combustibles fósiles y emisiones, turismo, energía, transporte, agricultura y uso de la tierra e industria.

Este indicador puede ser positivo o negativo. Un valor 0 indica que la región está en la media europea. Datos positivos indican mayor vulnerabilidad a la media y los negativos, más fortaleza.

Entre las diez regiones más impactadas no hay ninguna española y sí varias de Grecia, el Alentejo portugués o zonas mineras de Polonia y Bulgaria. Pero entre las 100 menos favorecidas aparecen trece comunidades autónomas. Las más afectadas están en el interior peninsular.

La región española más vulnerable es, según el estudio, Extremadura, en la posición 18 de ese ranking. Le siguen Castilla-La Mancha (22), Aragón y Región de Murcia (29 y 30). A continuación figuran Andalucía (34), Castilla y León (42), Illes Balears (55), La Rioja y Canarias (68 y 69), Comunitat Valenciana (77), Navarra y Galicia (85 y 86) y Principado de Asturias (89).

Estas regiones concentran más del 63% de la población española, casi 30 millones de habitantes, el 53,9% del PIB nacional y casi el 90% de la superficie de un país particularmente vulnerable al cambio climático, sobre todo aquellas regiones que dependen más del agua.

Las zonas más expuestas a la transición energética son aquellas cuyas economías, explica Rodríguez-Pose, destacan por su elevada especialización en sectores como el turismo, el transporte, la logística o la agricultura muy centrada en la exportación.

Un ejemplo reciente en el sector agrícola, apunta, son las fresas de Huelva y los problemas que ya tuvieron el pasado verano para exportar su producción a Alemania. Entre las actividades “que van a tener mayor vulnerabilidad de manera indirecta a todo el proceso de transición ecológica”, el académico cita también la industria especialmente intensiva en energía.

En este aspecto España tiene una gran oportunidad con las renovables, gracias a su disponibilidad de sol, viento y suelo. Pero los autores apuntan que hay ya evidencia científica de cómo la instalación de molinos eólicos y paneles solares repercute negativamente en el turismo. Y a la vista está la creciente contestación a las grandes plantas de energía renovable en muchos territorios.

La conclusión más clara del estudio es que existe un fuerte vínculo entre bajos niveles de renta y vulnerabilidad al proceso de transición energética. Como explica Rodríguez-Pose, las regiones más ricas, las grandes ciudades, “son las que por regla general van a concentrar los mayores beneficios”.

El motivo es que la transición es un proceso intensivo en capital, pero no tanto en mano de obra, e implica mucha innovación.

Esta innovación “no se va a hacer en Andalucía”, ni “probablemente” en Madrid ni en Barcelona, sino “en aquellas zonas de Europa donde hay ya capacidad para hacer innovación en transición ecológica: París, Lyon o Grenoble en Francia, el sur de Alemania, partes del Randstad en Holanda y la zona de Turín en Italia”.

“El 75% de las regiones europeas no concentran una sola patente verde”, añade. 

Liderar “con el ejemplo”

Rodríguez-Pose subraya que la UE debe liderar la transición ecológica “con el ejemplo”, tratándose de un polo histórico a la vanguardia de desarrollo en el planeta que ahora ha hecho una apuesta decidida para mitigar el cambio climático, la gran amenaza de nuestro tiempo.

Pero subraya que este proceso “se ha pensado como si fuera un experimento puramente aséptico, científico, en el que se dice: vamos a reducir las emisiones hasta llegar a cero emisiones netas en 2050 y a mantener el crecimiento de la temperatura a nivel global en 1,5 grados”, como recogen los Acuerdos de París.

“Eso implica que ahí va a haber cambios regulatorios, en las actitudes y formas de consumo de las personas” o en el uso del suelo que “no son neutros” desde el punto de vista territorial: sus costes y beneficios “se van a repartir de forma desigual” en Europa.

El experto destaca especialmente los impactos directos, relacionados con el abandono del carbón o los derivados de aumentos de la fiscalidad al queroseno de aviación o al diésel, que van a afectar menos a quienes viajan en coche eléctrico o en tren, y “eso implica que los territorios que dependen del turismo van a sufrir bastante más”. 

Y luego están los impactos indirectos, como los movimientos de fuerza laboral y capital derivados de la transición ecológica.

En su opinión, las medidas que se están poniendo en marcha para amortiguar el efecto de la reconversión del sector minero (con Polonia como caso paradigmático) con la llamada “transición justa”, cubren solo “la punta del iceberg”. El 20% del problema. “Con los factores indirectos, que es todo lo que está por debajo y es el 80% restante, nadie está haciendo nada”.

Un ejemplo es el impacto directo en el sector agrícola que, en parte, se traduce en protestas, como se ha visto en Países Bajos, con el Movimiento Campesino Ciudadano. Una factura que pueden pagar los pobres que “en el caso del sector agrícola suelen ser pequeñas explotaciones familiares que se enfrentan a todo un nuevo conjunto de restricciones medioambientales”.

Esta transformación ya es palpable en España a la hora de elegir qué cultivos y variedades plantar y está golpeando a las explotaciones más tradicionales, artesanales y familiares, como ha ocurrido en los últimos meses con los productores de almendra.

En el sector agrícola, el impacto más directo de la sequía y el cambio climático se percibe ya en la caída de la producción de aceitunas y el despegue de los precios del aceite de oliva, tras la peor campaña del siglo el año pasado, informa Cristina G. Bolinches.

Agravio territorial

Los autores del estudio advierten de que “el Pacto Verde Europeo puede terminar siendo un agravio territorial adicional”. Las zonas ya vulnerables, relativamente pobres o poco dinámicas, en muchos casos son también las que van a sufrir más los costes a corto y medio plazo.

Mientras, las más avanzadas “van a concentrar las rentas de toda la transformación que es necesaria para llegar a parar el proceso de cambio climático”, insiste el investigador español.

Al cargar esos costes sobre territorios que ya arrastraban problemas, sus poblaciones “se van a rebelar”. Estas zonas “están cada vez más votando a partidos extremos, que son negacionistas o escépticos del cambio climático”, con el consiguiente riesgo de hacer descarrilar la transición ecológica.

“Si no prestamos atención a los costes directos e indirectos y a la distribución de los costes y las oportunidades”, van a votar “a partidos que han visto una ventana de oportunidad, que son negacionistas o escépticos del cambio climático y van a intentar ralentizar la transición ecológica y a abrir una agenda que a lo mejor es contraria a ella”.

Un ejemplo “paradigmático” es Países Bajos. El voto al ultraderechista Wilders “ha aumentado de manera exponencial en zonas que llevan bastante tiempo en declive” y antiguas regiones mineras como la provincia de Limburgo. También ha habido un fuerte apoyo al Partido de los Agricultores, que hace cuatro años no existía, llegó a ser el más votado en las elecciones locales de abril y “se ha llevado siete diputados”.

“En España, partidos como Vox, allá donde tienen poder, lo primero que buscan es parcelas donde pueden influir más en ese tipo de electorado: las consejerías de Desarrollo Rural, Ganadería, las relacionadas con temas de Gestión Forestal… que son las que más se van a ver afectadas en un primer momento por esta transición ecológica”.

Más consulta

Para mitigar este riesgo, los autores recomiendan una mayor consulta con las comunidades locales sobre las políticas de transición energética, cuyas decisiones “se han tomado de manera política y tecnocrática a nivel no ya nacional, sino incluso europeo”, dice Rodríguez-Pose. Se trata de involucrar a los afectados y no dejar atrás a los más vulnerables.

En el caso de las renovables, “los conflictos están apareciendo a diario porque depende de los incentivos que les den a nivel local y muchas veces los beneficios acaban no en la población local, sino en las empresas eléctricas”.

Instituciones como el Banco de España ya han advertido del carácter inflacionista de esta transición. El Gobierno, en cambio, maneja cálculos que apuntan que su plan energético, plasmado en el nuevo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), va a rebajar especialmente las facturas de las rentas más bajas, gracias al enorme abaratamiento de la electricidad generada con las renovables.

Pero la transición genera resistencias. Buena muestra es cómo en la anterior legislatura quedó pendiente una reforma fiscal verde para acercar a España a la media europea que finalmente no se ha llevado a cabo. También medidas como el fondo para repartir el coste de las renovables más antiguas al conjunto de sectores energéticos, incluyendo los carburantes. Ambas habrían penalizado a las rentas más bajas.

El denominado 'Manifiesto de Guadalupe', impulsado por el Club Senior Extremadura, recoge la necesidad de que los distintos agentes de la sociedad extremeña, tanto públicos como privados, ofrezcan “una mayor implicación y responsabilización” en las tareas de solidaridad y cohesión territorial. Estas últimas son “imprescindibles”, según refleja el citado texto, para conseguir “mayores cotas de desarrollo económico y social”.

El 'Manifiesto de Guadalupe', firmado en esta población cacereña durante unas jornadas organizadas por el Club Senior a principios del pasado mes de junio, ha sido editado en formato libro, así como el contenido de las diversas mesas redondas celebradas. Los análisis y aportaciones de los participantes en este estudio hacen referencia al estado de la cohesión regional de Extremadura y el debate sobre los supuestos desequilibrios territoriales entre las dos provincias extremeñas.

Entre las conclusiones destaca la importancia de que los agentes sociales y políticos, la Universidad, los Colegios Profesionales, el movimiento asociativo y la sociedad extremeña en general promuevan instrumentos de cohesión y exijan a los poderes públicos que “los intereses generales de todos los extremeños prevalezcan sobre cualquier otro planteamiento que signifique diferenciación territorial, política o social”.

En uno de los capítulos del volumen se analiza el conjunto de indicadores socioeconómicos de ambas provincias (PIB, renta per cápita, infraestructuras, inversiones públicas, dotaciones sanitarias, etc.) con el fin de determinar las supuestas desigualdades provinciales. El análisis de los mismos permite observar cómo internamente la región presenta diferencias constatadas en las estadísticas oficiales. En ellas Cáceres, tanto en PIB como en renta familiar disponible, tiene niveles superiores. Igualmente la provincia de Cáceres, respecto del índice de productividad, supera a Badajoz y a la media de la región.

Sin embargo, el índice de bienestar social de los municipios de Badajoz es superior a los de Cáceres. “No es una gran diferencia, pero parece que, tomando este indicador, se produce un efecto de amortiguación de las diferencias que hay entre las provincias de Badajoz y Cáceres en cuanto a la renta, que es compensada por un mayor índice de bienestar de la provincia de Badajoz. ”Una hipótesis posible que explique esta situación es que las políticas públicas compensatorias ejercen un efecto de amortiguación de las diferencias provinciales, y por tanto contribuyen eficazmente a la cohesión territorial“, según se señala.

Otro de los asuntos de mayor interés abordados tanto en el libro como en los debates de la Jornada de Guadalupe se refiere a la fortaleza o debilidad de la identidad de Extremadura y su singularidad territorial a lo largo de la historia. A juicio del profesor Juan García Pérez, hasta mediados de los años setenta del pasado siglo, el regionalismo extremeño nunca logró sobrepasar los límites de un movimiento cultural o, a lo sumo, reivindicador de las peculiaridades socioeconómicas del territorio.

Por su parte, el también profesor de la UEX, Marcelo Sánchez-Oro opina que el fenómeno del regionalismo se caracterizó siempre en Extremadura por una extraordinaria debilidad y que la falta de continuidad se debe más a un puro mimetismo respecto a los movimientos surgidos en las llamadas nacionalidades históricas que a los apoyos ofrecidos al mismo por amplios sectores de la población extremeña.

A su juicio, no resulta exagerado afirmar que “en Extremadura la escasez y la fragilidad de las manifestaciones regionalistas han sido una constante histórica”. A la hora de explicar sus causas aparece como razón el supuesto carácter escéptico de los extremeños o las políticas centralistas aplicadas por el gobierno de Madrid. En su opinión, “el problema identitario no es algo que preocupe a los extremeños ni a sus élites en estos momentos”.

El Plan para la Recuperación y la Resiliencia de Extremadura, elaborado por el Gobierno regional, tiene como objetivo recuperar a la sociedad de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, a la vez que apuesta por la construcción de un modelo productivo sostenible y competitivo.

El Plan cuenta con tres grandes ejes: estrategia digital, transición ecológica y cohesión, igualdad y resiliencia.

El primero de ellos persigue el desarrollo de una Administración inteligente para la actualización de la función administrativa a la era digital, la transformación digital del tejido productivo y la conectividad de la región, que dote de infraestructuras públicas para el uso de las TIC y reduzca la brecha digital.

El segundo eje se centra en la mejora de la eficiencia energética y de la capacidad de generación de energías sostenibles.

En este sentido, Extremadura pretende generar el 20 por ciento de las energías renovables de todo el país, en el seno del Plan Integrado de Energía y Clima. Asimismo, los proyectos incluidos en esta estrategia se enfocan hacia un transporte y una movilidad sostenible y hacia la protección medioambiental.

El eje de cohesión, igualdad y resiliencia englobará proyectos que optimicen la adaptación al entorno educativo, que potencien la empleabilidad, fomenten la innovación e impulsen el tejido empresarial e industrial y mejoren la resiliencia y la eficacia de los sistemas de atención y salud, incluidas las infraestructuras sanitarias y sociosanitarias.

Construir un nuevo modelo

Por lo tanto, en la recuperación de Extremadura va a jugar un papel fundamental la tecnología, con una economía verde y circular, y una “sociedad innovadora y cohesionada territorial y socialmente”, con modelos educativos creativos y con sistemas de emprendimiento colectivo.

Así lo ha desgranado y expuesto la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, durante la reunión que ha mantenido este martes con los agentes sociales y económicos de la región.

Fuentes de la Junta han informado de que el proyecto extremeño se enmarca dentro de “la facilidad que otorga la UE a los estados miembros” y que tiene como objetivo controlar la pandemia, recuperar a la sociedad de las consecuencias económicas y sociales y, sobre todo, para construir un futuro más robusto, solidario y cohesionado.

Blanco-Morales ha explicado que el plan nacional que presentará España se configura como un proyecto de país. “No se trata de repartir los fondos entre las diecisiete comunidades autónomas, sino de concebir proyectos que respondan a cuestiones como la transición ecológica y digital y a la igualdad de género”, ha expuesto.

En este sentido, el proyecto extremeño está enfocado hacia la construcción de un modelo en el que la tecnología juegue un papel fundamental, con una economía verde y circular, y una sociedad innovadora y cohesionada territorial y socialmente, con modelos educativos creativos y con sistemas de emprendimiento colectivo.

Extremadura mantiene que, para garantizar una correcta ejecución de los fondos comunitarios, es imprescindible “un modelo de cogobernanza” en el marco de la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, en la que se establezcan los mecanismos y vías de cooperación en la coordinación e implementación del plan nacional.

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles cambios en los programas operativos de la Política de Cohesión de Castilla-La Mancha y de otras ocho comunidades autónomas que podrán destinar así unos 1.200 millones en conjunto a medidas para aliviar el impacto de la pandemia de coronavirus.

En particular, podrán reforzar sus sistemas sanitarios adquiriendo camas hospitalarias o comprando material farmacéutico y de laboratorio y equipos de protección personal. También podrán utilizar estos fondos europeos para poner en marcha medidas de estímulo económico o reorientarlos hacia el desarrollo tecnológico en educación y formación profesional.

Bruselas ya dio 'luz verde' a las modificaciones de los programas de Cohesión planteadas por Asturias, País Vasco, Cataluña y Navarra y está estudiando todavía las de Aragón, Murcia, Ceuta y Melilla, así como el Programa Plurirregional de España.

De esta forma, las comunidades autónomas obtienen el permiso del Ejecutivo comunitario para reasignar fondos de la Política de Cohesión a gastos que no previstos en el programa inicial.

Bruselas aprobó al comienzo de la pandemia normas para dar una flexibilidad excepcional a la gestión de los fondos de cohesión con el objetivo de que las regiones europeas pudieran utilizarlos para responder a las consecuencias de la pandemia. Las regiones, además, se benefician en este contexto de un aumento temporal de hasta el 100% en la confianciación de la Unión Europea.

“Me alegra comprobar que España está aprovechando las medidas de flexibilidad de la Política de Cohesión de la UE para apoyar a la ciudadanía, las empresas y el sector sanitario en su lucha diaria contra el virus”, ha expresado la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira.

Después de que los habitantes del medio rural salieran a la calle a finales del año pasado, a principios de este lo hacen los agricultores. No vamos a abordar en este artículo lo coyuntural, los acontecimientos que se han producido. Nuestro propósito aquí es más bien una reflexión estratégica, abordar el mar de fondo que está detrás de estas revueltas campesinas. Las mismas causas están provocando los mismos efectos. El malestar no es ni mucho menos exclusivo de nuestro país: también están desorientados, irritados, sublevados y se están manifestando agricultores de otros Estados miembros de la Unión como los alemanes, los holandeses, los franceses y los belgas.

Durante décadas, incluso antes de que entráramos en las Comunidades Europeas, las políticas públicas (agraria, regional, comercial, de competencia…) han promovido una agricultura productivista, capaz de ofrecer grandes volúmenes de producción a precios cada vez más competitivos. La verdad es que estas políticas fueron exitosas, en buena parte porque los agricultores supieron responder a este reto. Conozco pocos ejemplos de identificación tan plena entre los actores de un sector económico y las demandas que les transmitía la sociedad durante un periodo tan largo.

En este contexto, la política agraria disfrutó de una situación privilegiada frente a la política de competencia en el entramado jurídico comunitario. Los tratados fundacionales, en línea con la escuela de Friburgo, reconocen la existencia (por supuesto, no sin límites) de una excepción a la aplicación del derecho de la competencia para la agricultura y los productos agrarios.

Durante décadas, uno de los objetivos de la política económica en toda Europa ha sido la lucha contra la inflación y el asegurar los precios más bajos posibles a los consumidores. La política de competencia fue (y es) un instrumento privilegiado para conseguir este objetivo. Evitar los abusos de posición dominante y romper los cárteles que imponen precios son dos objetivos no solo loables, sino absolutamente necesarios. Pero en un sector como el agrario, con 800.000 agricultores y 4.000 cooperativas en España, el desequilibrio entre los distintos actores es un obstáculo al funcionamiento equilibrado de la cadena alimentaria. No se puede, como hacen algunos ayatolás del derecho de la competencia, considerar que una cooperativa agraria no es una empresa prolongación comercial de los agricultores, sino un cártel, al menos potencial, que debe estar sometido a las reglas generales (y restrictivas) que rigen esta clase de acuerdos.

Nuevo marco legislativo

Además, la Unión Europea ha hecho delEuropean Green Deal una de sus líneas maestras. La nueva PAC que está en discusión en Bruselas promoverá una agricultura más eficiente, más respetuosa con el medio ambiente, el bienestar de los animales y de los derechos de los trabajadores, un elemento esencial de la estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático. Un cambio de paradigma como este no se conseguirá en contra de los agricultores, que deben ser actores activos de primer orden de este cambio.

Pero al mismo tiempo, la Comisión ha propuesto en lasPerspectivas Financieras 2021-2027 disminuir su presupuesto para la agricultura y la política agraria común (PAC). Entre el brexit y la consiguiente salida de un contribuyente neto, las nuevas necesidades que se han de financiar para conseguir el Green Deal y consolidar el papel de Europa en el mundo, teniendo en cuenta las reticencias de un numeroso grupo de Estados miembros a aumentar su contribución al presupuesto europeo, el escenario más optimista que pudiera imaginar sería el de la congelación en términos nominales del presupuesto actual, lo que está lejos de ser conseguido.

Es verdad que se puede (y se debe) aumentar la eficacia y la eficiencia del gasto público en la agricultura, pero no todo puede venir por esta vía. La cuadratura del círculo, el deshacer el nudo gordiano debe venir de una mejora de los precios percibidos por los agricultores en el mercado. Un producto de calidad y con garantía debe tener un precio digno.

Por esto el construir un marco legislativo que contribuya a construir una cadena alimentaria creadora de valor y, a continuación, una distribución equitativa de este valor entre sus actores es, a mi juicio, una prioridad política de primer orden. Lo primero es conseguir un valor para luego poderlo repartir. A nivel europeo se han dado pasos importantes en este sentido. El Parlamento Europeo ha tenido una actitud muy proactiva que se ha reflejado en el reglamento (llamado en la horrible jerga burocrática bruselense ómnibus) que entró en vigor el 1 de enero de 2018. La Corte de Justicia Europea ha recordado al legislador la amplitud (y las limitaciones) de la excepción agraria al derecho de la competencia; la mencionada nueva directiva sobre prácticas comerciales desleales es otro hito; la Comisión Europea en sus propuestas de nueva PAC también ha hecho unos (tímidos) avances que conviene consolidar y ampliar, como señalo en el informe que presenté ante la Comisión de Agricultura del Parlamento europeo. Nuestros europarlamentarios y nuestros ministros tienen en esto una buena ocasión de transformar en hechos y acciones sus palabras y buenas intenciones. Por ejemplo, sería positivo que la normativa comunitaria permitiese, si así lo deciden, a las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias contribuir a ajustar en cantidad y calidad la oferta a la demanda.

Pero también se puede recorrer mucho camino a nivel estatal. Lo primero es la transcripción en el derecho español de la nueva directiva; lo segundo sería, como anunciado el ministro, la regulación efectiva de la venta a pérdidas y la recuperación del Observatorio de la Cadena Alimentaria, adormecido por culpa de los recortes presupuestarios. Es preciso transcribir plenamente en nuestro derecho español la nueva directiva sobre prácticas comerciales desleales; regular eficazmente la venta a pérdidas; favorecer las auténticas organizaciones de los productores que comercializan la producción de sus socios en línea con la reciente sentencia de la Corte de Justicia Europea sobre el caso endivias y/o promover interprofesionales donde se sienten todos los actores de la cadena, interprofesionales largas como se les llama en Francia.

En la misma línea, España se dotó de una de las primeras leyes de la cadena alimentaria, ley que sirvió de ejemplo y caso de estudio durante la elaboración de la directiva. Es práctica normal en la Comisión someter regularmente todas las leyes a una evaluación para saber en qué medida se ha alcanzado los objetivos perseguidos y los cambios que se deberían aportar. Esta ley española podría ser un magnifico campo de experimento para el desarrollo de la tan necesaria cultura de la evaluación continua de las leyes.

*Tomás García Azcárate es vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e investigador asociado del Centro de Estudios e Investtigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM).

[Este artículo ha sido publicado en el número 78 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La cohesión social, la igualdad y el acceso a los recursos públicos son las bases principales con las que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha comenzado a dibujar el “escenario presupuestario” de la presente legislatura, recién arrancada. En la reunión del primer Consejo de Gobierno, la nueva portavoz, Blanca Fernández, se ha estrenado en el puesto precisando que ha sido una sesión “intensa” donde se han marcado los objetivos de los próximos cuatro años, ya adelantados por el presidente, Emiliano García-Page, en su discurso de investidura.

Dicho esto, la portavoz también ha precisado otras líneas de trabajo prioritarias como favorecer la competitividad, seguir siendo la comunidad autónoma “que genera más confianza empresarial”, continuar creando empleo “a mayor ritmo que la media española” y reforzar la sostenibilidad, con unas cuentas públicas “justas” pero que volverán a cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria.  

Blanca Fernández ha subrayado que estos objetivos se llevarán a cabo “reconstruyendo” la región al tiempo que “afrontamos un cambio de modelo productivo”. Sobre este último punto, ha afirmado que habrá “noticias positivas” en el mes de septiembre, aunque no ha dado más detalles.

Presupuestos “con prudencia”

Tras el ejercicio actual de 2019 en el que la Junta ha trabajado con las cuentas de 2018 prorrogadas, en los próximos días se dará la orden de publicación de las instrucciones para la elaboración de los Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2020 para que el 1 de octubre el proyecto de ley esté registrado en las Cortes.

“Se realizará con criterios de prudencia”, ha afirmado, puesto que no están disponibles los datos de ingresos y de entregas a cuenta por parte del Gobierno central en funciones. Ha reconocido que la situación es de “incertidumbre”, pero que pese a ello, como en Castilla-La Mancha “hay estabilidad”, el proceso seguirá adelante.

En este primer Consejo de Gobierno no se ha contemplado la posibilidad de que haya nuevas elecciones generales en septiembre. “En principio la idea es cumplir con los plazos legales. Tenemos estabilidad para hacerlo”. Y ha querido enviar un mensaje a PP y Ciudadanos, los partidos de la oposición en las Cortes, para que “se sumen al trabajo” del Gobierno. Pese a la mayoría absoluta del PSOE, ha dicho, “les tendemos la mano desde el minuto uno para que se sumen, y que los presupuestos no se conviertan en el circo de siempre, como en pasadas legislaturas”.

El área de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha un proyecto de lavandería social en colaboración con una empresa privada.

El concejal Jacinto Ortega ha asistido este martes junto al propietario del local, Francisco Navarro, a la presentación de este proyecto, que consiste en facilitar un número de tarjetas a personas que no disponen de los suficientes recursos económicos para que puedan lavar y secar su ropa de forma totalmente gratuita.

La capital acoge esta iniciativa pionera, ya que es el primer establecimiento de estas características que entra en funcionamiento en España. 

El Ayuntamiento calcula poder entregar tarjetas para que las familias en una situación social vulnerable puedan realizar 960 lavados y secados mensualmente en lavadoras de 21 kilogramos, es decir, unos dos lavados y secados semanales y ocho mensuales. Los beneficiarios del servicio serán seleccionados por los servicios sociales municipales. 

Cohesión Social ha decidido poner en marcha el proyecto como experiencia piloto durante seis meses en el Distrito de Ciudad Alta, en la lavandería situada en el centro comercial Las Ramblas, con la idea de extenderlo, si los resultados son satisfactorios, al resto de Distritos del municipio. 

Ortega ha afirmado que “ponemos en marcha por primera vez en la ciudad y en el Estado una novedosa iniciativa social que permitirá que una treintena de familias que no disponen de los suficientes recursos económicos puedan lavar y secar su ropa mensualmente”.

“Nos parece una iniciativa socialmente interesante, porque además de permitir la realización de una tarea esencial del hogar, lavar la ropa en una lavandería de este tipo, facilita la posibilidad de relacionarse e interactuar con otras personas y familias”, ha reconocido el edil. 

El nuevo proyecto, del que se han beneficiado ya una veintena de personas, permitirá incrementar los servicios que se prestan a las familias como complemento a la intervención social que los trabajadores sociales realizan con las personas que acuden a las dependencias municipales y presentan una situación de fragilidad social. Además de propiciar el alcance de una buena calidad de vida de las personas, el objetivo es facilitar también una mejora de la autoestima. 

La Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (COPREPA) ha reclamado este sábado políticas decididas y financiación a la Unión Europea (UE) para reforzar la cohesión y que “ninguna región se quede atrás”.

Una premisa que abandera la Declaración de Zaragoza, un documento consensuado en la sesión plenaria del organismo celebrada hoy en la capital aragonesa, a la que han acudido ocho representantes institucionales de los parlamentos de Canarias, Aragón, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Extremadura y Asturias.

“Nuestra posición es firme ante las políticas de cohesión, fundamentales para acortar las distancias de las brechas de desigualdad”, ha manifestado ante los medios de comunicación la presidenta del foro institucional y del Parlamento de Canarias, Carolina Darias.

El documento alerta de que la UE no está siendo eficaz ante los “momentos convulsos” que está viviendo Europa tras “el Brexit, el irresuelto drama de los refugiados y el auge de fuerzas políticas abiertamente xenófobas”.

Y ante esta situación propone redoblar esfuerzos, luchar contra las desigualdades crecientes, fomentar la sociedad inclusiva y “seguir tendiendo puentes” ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

“Solo cohesionando los diferentes territorios seremos capaces de avanzar frente a discursos xenófobos, racistas y anti-europeístas que pugnan por salir adelante”, ha añadido por su parte la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba.

Barba, quien ha hecho de anfitriona en la reunión de este órgano interparlamentario, ha recalcado que la declaración suscrita aborda un tema tan crucial en la región aragonesa y en otras comunidades españolas como es la despoblación.

En este sentido, el documento cita expresamente que la despoblación figure como criterio para recibir financiación, dados sus condicionantes de envejecimiento de la población, la caída de la natalidad, la dispersión territorial y los retos del medio rural.

Por otra parte, las presidencias de las Cámaras autonómicas instan a las instituciones europeas a adoptar las decisiones “en el nivel más adecuado y cercano a las personas que sea posible”, ya que a su parecer los ciudadanos desean un proyecto europeo basado en “la solidaridad, la cohesión y la proximidad”.

“A veces pensamos que Europa nos queda lejos, pero a través de los comités regionales podemos acercarla al ciudadano”, ha expresado la presidenta de COPREPA.

Así, el organismo recuerda que la cohesión social sigue siendo “un valor esencial y una seña de identidad de la UE”, cuando se cumplen precisamente treinta años del comienzo de la Política de Cohesión.

Por ello, el texto suscrito por los representantes parlamentarios hace un llamamiento a las instituciones locales, nacionales y europeas para que fomenten esta unidad en el seno de “todas y cada una de las regiones”, especialmente, cuando la mayor parte de la ciudadanía europea admite que el desempleo es su principal preocupación.

Y para no poner en riesgo esa cohesión, el texto pide “fomentar las sociedades cohesivas e inclusivas independientemente de la etnicidad, la nacionalidad, el género, la orientación sexual, la religión y la discapacidad”, con el “respeto a la diversidad” como uno de los pilares de la Unión Europea.

A tan solo dos años de que concluya la Estrategia Europea 2020, desde el organismo de regiones instan a que se elabore y aplique cuanto antes una nueva estrategia global destinada a incorporar la Agenda 2030 a todas las políticas europeas, con especial atención en el desarrollo sostenible.

En este sentido, defienden la creación de asociaciones transparentes y participativas encaminadas a “erradicar las disparidades económicas, sociales y medioambientales”.

La Declaración de Zaragoza, adoptada por unanimidad, se presentará en diversas instituciones que incluyen el Consejo de Europa y Comité de las Regiones.

Ahora, la COPREPA prepara ya su posición común para la próxima cita del organismo en la Conferencia de las Asambleas Legislativas de Europa, que tendrá lugar en Las Azores (Portugal) el próximo día 21 de noviembre.

Hace un año, el Grupo PRÒLEG publicó una declaración reclamando a los partidos y formaciones políticas la supresión de la aplicación del artículo 155, la retirada de las actuaciones penales contra dirigentes políticos y representantes de entidades ciudadanas y, finalmente, la convocatoria de un referéndum pactado que permitiera a la sociedad catalana manifestar sus preferencias sobre las futuras relaciones entre Cataluña y el Estado.

Pensábamos que si se cumplían dichas condiciones se iniciaría una nueva etapa que contribuiría al progreso social, económico y cultural del país. Ha transcurrido un año. Ha cesado la aplicación del 155, han cambiado los gobiernos del Estado y de la Generalitat y se han restablecido los contactos regulares entre los dos Ejecutivos.

Pero siguen el encarcelamiento y la persecución penal de los dirigentes políticos y ciudadanos y está a punto de arrancar un juicio oral por rebelión que no encaja con la forma con que se tratan los conflictos políticos en la Europa comunitaria. Nuestra opinión rechaza claramente el encarcelamiento de los procesados y el tratamiento penal que se les aplica. Cuando se abra el juicio oral, se producirá además un incremento de la tensión política porque una gran mayoría de la opinión catalana lo interpretará como un error o como una venganza.

Por otra parte, mientras que el actual Gobierno del Estado ha reconocido errores gravísimos de su antecesor en el tratamiento de la cuestión y ha procurado enmendar algunos de sus efectos, el nuevo Govern de la Generalitat combina justificadas reclamaciones de diálogo con el Gobierno estatal con declaraciones que pasan por alto la responsabilidad de las equivocadas estrategias partidarias que condujeron a su fracaso e ignoran los graves daños que provocaron en la sociedad catalana.

Creemos que -si no se abandonan las visiones poco realistas que se empecinan en ignorar aquel fracaso y sus consecuencias- tardará más tiempo en llegar el restablecimiento de condiciones institucionales adecuadas para explorar alguna fórmula viable para superar el actual callejón salida. Este retraso será muy perjudicial para abordar de manera constructiva los cambios sociales, económicos y culturales que experimentan todas las sociedades europeas cuyos costes son más elevados para sus sectores más vulnerables.

Durante la etapa larga y compleja que nos aguarda, no desaparecerán las discrepancias políticas que reflejan la pluralidad de una sociedad como la nuestra. Por esta razón, reclamamos a quienes ocupan posiciones de autoridad institucional en el Estado y en la Generalitat una actuación rigurosa en la defensa del derecho de todos a mantener sus posiciones políticas, asegurando a la vez que el ejercicio de este derecho respete siempre el derecho de quienes no comparten las mismas opiniones y posiciones.

Se insiste a menudo en que la sociedad catalana se ha dividido en dos mitades. Y es cierto que padecemos tensiones que no habíamos conocido en épocas recientes. Pero nos parece asimismo que hablar de una división en dos mitades es una visión simplificada, a veces interesada, que no ayuda a comprender cabalmente lo que está ocurriendo. Las divisiones de la sociedad catalana dependen de factores diversos y no se condensan en una sola.

En todo caso, tenemos conciencia del riesgo de una polarización de posiciones que algunos contemplan con justificada alarma y otros parecen profetizar con extraña satisfacción. La consolidación de una polarización haría más difícil el futuro establecimiento de un diálogo político.

Por fortuna, sabemos de la existencia de grupos y entidades de carácter asociativo que mantienen vigentes los valores de cooperación y solidaridad en defensa de causas de interés común. En el mundo laboral, cultural, educativo, del cooperativismo, economía solidaria o del “tercer sector”, abundan las organizaciones que siguen trabajando en sus respectivos ámbitos. Constituyen la garantía de que el tejido social en Cataluña conserva su solidez, más allá de las discrepancias políticas por intensas que sean. Creemos muy necesario apoyar a este entramado social por lo que significa en sí mismo y por el papel constructivo que puede jugar en momentos difíciles como el actual. Resaltar su valor puede protegerlos de la contaminación partidista que le perjudicaría y le restaría potencial.

Toda sociedad democrática acepta sus discrepancias internas, pero evita convertirlas en barricadas insuperables y las somete a la competencia de los argumentos. Una sociedad pierde calidad democrática cuando estas discrepancias se convierten en descalificación del discrepante o incluso en la negación de su existencia. Esta perversa deriva es la que es menester evitar.

La gran mayoría de la ciudadanía catalana aspira a que los problemas planteados se resuelvan de manera democrática y quiere ante todo preservar la convivencia civil. Para conseguirlo, PRÒLEG considera la existencia de tres cuestiones prioritarias:

-La puesta en libertad de los presos, cuya situación resulta difícilmente justificable en términos legales y constituye un obstáculo de primer orden para una solución política del conflicto;

-El fomento de espacios de diálogo entre instituciones y fuerzas políticas, dentro y fuera de Cataluña, para explorar la viabilidad de una salida negociada que, llegado el momento, pueda ser refrendada por el pueblo catalán.

-El apoyo a las entidades y asociaciones que en ámbitos diferentes de la sociedad luchan en Cataluña por el progreso social y la solidaridad ciudadana y constituyen por ello una garantía de su cohesión.

El Grup Pròleg está formado por Jordi Amat, Marc Andreu, Marga Arboix, Laia Bonet, Joan Botella, Victòria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Gemma Lienas, Pilar Malla, Oriol Nel.lo, Raimon Obiols, Argelia Queralt, Lluís Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats, Josep M. Vallès.   

Aunque es un problema minoritario en comparación con otros países de Europa, en nuestra sociedad existe el racismo y la xenofobia y debemos de estar alerta. Por eso encuentro que vaciar de contenido y banalizar el término “racismo” con el único objetivo de hacer una acusación gratuita a un rival político nos perjudica a todos. Banalizar nos hace olvidar lo que significa el verdadero racismo, lo que realmente significa odiar a alguien solo por que tiene un acento, un color de piel o unos orígenes diferentes.

Resulta paradójico que estos ejercicios de banalización del racismo los hagan políticos que quieren reducirnos a una sola identidad y niegan las diferentes identitades nacionales que hay en el estado. Resulta paradójico que acusen al Govern de Catalunya de racista.

El equipo de Govern de la Generalitat lo formamos personas con orígenes e historias de vida diferentes, somos personas de muchas procedencias, con distintas lenguas maternas y de diferentes tradiciones políticas y culturales. Somos un gobierno diverso en muchos sentidos. Pero es que además, el Govern de Catalunya no solo no es racista por su composición o por la tradición política y cultural de sus miembros.

No lo es por que defiende la aplicación de la cobertura sanitaria a todos los ciudadanos de Catalunya, aunque la legislación española intenta impedirlo y por que no negamos la identidad cultural, nacional, política o social a nadie. Aspiramos a formar un pueblo cohesionado, respetando las identidades de cada uno. El Govern de Catalunya no puede ser racista por que la sociedad a la que representa es la primera en ofrecerse a acoger refugiados, por que nunca ha querido echar a nadie. La aspiración que tenemos como catalanes de ser libres como pueblo no tiene nada que ver con pisar los sentimientos y las identidades de nadie.

Todas las personas tenemos múltiples elementos de identidad, algunas transmitidas por nuestra familia o por nuestros orígenes, otras incorporadas en otros espacios de socialización como puede ser el barrio, la escuela, el lugar de trabajo, la universidad o las entidades donde hemos participado. Nuestra identidad está siempre en construcción y no puede reducirse a quienes son nuestros padres o donde hemos nacido. Ver la identidad desde solo uno de sus elementos que la configuran es reduccionismo.

Reducir la identidad a la lengua materna o los orígenes familiares niega el hecho que podamos adquirir más elementos de identidad. Niega que podamos identificarnos con nuevos idiomas que aprendemos o que podamos adquirir nuevos valores y tradiciones culturales. De hecho, los políticos que banalizan el racismo lo que hacen es jugar con las identidades y confrontarlas con el único propósito de sacar beneficio electoral sin preocuparse que esto sí puede fracturar la sociedad.

Tendríamos que exigir que se deje de banalizar el término racista, que no se aproveche lo que es un reto político muy complejo -como es el de decidir el futuro que queremos en Catalunya- para reducirlo todo a una imaginaria confrontación de identidades que no existe. Para algunos la unidad de España o sacar una ventaja electoral vale más que la cohesión social de Catalunya y eso sí que es intolerable.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha firmado este miércoles la adhesión de la comunidad autónoma a la Alianza por la Cohesión, una iniciativa impulsada por el Comité Europeo de las Regiones (CdR) para defender el futuro de esta partida presupuestaria de las cuentas europeas.

En un acto en Bruselas junto al presidente de la comisión de Cohesión Territorial y Presupuesto Europeo del CdR, Petr Osvald, Clavijo ha sellado la inclusión de Canarias en un documento al que ya se han adherido más de 750 representantes locales de toda la Unión Europea y 80 asociaciones de diversos campos.

“Es un ejemplo claro de que estamos, de que queremos estar y que para nosotros la solución pasa por una Europa más fuerte”, ha explicado Clavijo a Efe antes de la firma oficial de la adhesión canaria a la Alianza.

Para el presidente canario, estar en este manifiesto es “muy importante” para reivindicar que la UE dé respuestas a asuntos sociales, ya que la actual “crisis de identidad europea” está marcada por una mayor prioridad a los aspectos financieros y macroeconómicos.

“Está muy bien que discutamos sobre el tamaño de los juguetes o las medidas de seguridad, pero tenemos que dar respuestas a aspectos sociales vitales. No podemos perder esa referencia, porque (la UE) es algo más que un espacio donde circulan personas, capitales y mercancías, tenemos que ser algo más”, ha afirmado.

Clavijo ha formalizado la entrada de Canarias en la Alianza por la Cohesión tras defender ante una comisión del CdR un dictamen que insta a que las singularidades de las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) europeas se tengan en cuenta en todas las políticas europeas.

La política de cohesión, que cuenta con más de 630.000 millones de euros para el periodo 2014-2020 en las cuentas europeas, es un instrumento de inversión de la UE para suavizar los desequilibrios entre las diferentes regiones del continente.

La Alianza nació el 9 de octubre de este año para respaldar su continuidad, ya que esta política podría ser una de las partidas del presupuesto que se vea más afectada por el agujero que dejará la salida del Reino Unido de la Unión en marzo de 2019 en las cuentas comunitarias.

“La política de cohesión entraña un claro valor añadido a la hora de crear puestos de trabajo, crecimiento sostenible e infraestructuras modernas, superar los obstáculos estructurales, potenciar el capital humano y mejorar la calidad de vida”, indica el manifiesto. 

El proyecto de ley instaura un cambio radical en la distribución de competencias para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento, que queda en manos de ayuntamientos y cabildos. Pasando del actual modelo bifásico a uno monofásico, en el que cada administración local aprueba su propio instrumento de ordenación.

Además, se establece que la evaluación ambiental sea responsabilidad de un órgano designado por la propia administración que aprueba definitivamente el plan, aspecto de dudosa legalidad. Como se sabe, hasta ahora esa función correspondía a un órgano de la comunidad, la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Ahora se crean 95 interpretaciones de la realidad ambiental, lo que tendrá graves consecuencias.

Nueva Canarias (NC) no comparte en modo alguno esta filosofía. Esta nueva distribución competencial solo conduce a una disgregación de nuestra tierra. No se debe desarticular Canarias en 88 planeamientos inconexos que rompen con la necesaria coordinación general o con siete visiones insulares debilitadas y al margen de la visión global de Archipiélago. Se renuncia intencionadamente a las competencias exclusivas de la comunidad canaria sobre “ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda” (artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía).

La nueva ley en tramitación renuncia a ese papel de gobierno y control del territorio y el medio ambiente por la comunidad canaria a través de cuatro decisiones sustanciales: derogación de las directrices; renuncia a la aprobación definitiva por parte del Gobierno de los instrumentos de planeamiento de ámbito local, cediéndolo a ayuntamientos y cabildos; limitación de la capacidad de planeamiento insular para determinar el modelo de isla; y, además, ni siquiera mantienen el informe vinculante respecto a la legalidad en la aprobación de los planes insulares y en la aprobación del planeamiento municipal. Veamos estos cuatro aspectos con más detenimiento.

Derogación de las directrices

En primer lugar, la derogación de las directrices de ordenación general. Hay que señalar que se suprimen a pesar de ser el único instrumento de ordenación territorial y de los recursos naturales de Canarias a nivel suprainsular. De las vigentes 143 directrices, sólo incorporan nueve, que son las de carácter declarativo, filosófico y de menor aplicación directa.

En las alegaciones presentadas hay mucho rechazo a esta gubernamental decisión. Igualmente, el Consejo Consultivo es rotundo al afirmar lo siguiente: “Debemos insistir en la eventual inseguridad jurídica que una derogación de tanta trascendencia (por la extensión y naturaleza misma de las directrices que se eliminan, piezas fundamentales del sistema de Planeamiento en Canarias) puede provocar”. Añade además que la “solución adoptada, en un ámbito como el de la ordenación del territorio y el urbanismo en el que convergen importantes intereses generales y particulares, puede generar un vacío normativo que podría afectar a la seguridad jurídica (artículo 9.3 de la Constitución)”.

En segundo, mediante la renuncia a la aprobación definitiva del planeamiento y atribución de esa potestad a ayuntamientos y cabildos, incluyendo la evaluación ambiental. Esto es cuestionado por los propios Servicios Jurídicos del Gobierno canario, que señalan que en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística confluyen intereses de distintas administraciones, “por lo que la aprobación de un Plan General en muchos casos puede incidir en intereses supralocales. Las competencias decisivas en esta materia no parece que puedan residenciarse en los municipios”, conforme a lo recogido en la Ley de Bases de Régimen Local.

En la misma línea, el Consejo Consultivo destaca, en una diplomática advertencia, que “podría resultar más acorde al derecho estatal básico un reforzamiento del informe vinculante de la Administración autonómica”.

Planeamiento insular

En tercero, limitando la capacidad de planeamiento insular para determinar el modelo de isla en aplicación del denominado ‘principio de contención’. Se reducen drásticamente el contenido de los instrumentos insulares de ordenación (PIO y planes territoriales). En el caso de los planes territoriales se le reconoce solo carácter vinculante de sus determinaciones sobre el planeamiento urbanístico cuando ordenen o ejecuten sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés insular. No se podrá determinar el modelo turístico y tampoco determinar la categorización del suelo rústico, y tampoco las políticas sectoriales económicas.

Todas estas restricciones del planeamiento insular son rechazadas en las alegaciones de los cabildos de Tenerife, Gran Canaria y El Hierro, así como por el grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote.

Y, en cuarto lugar, ni siquiera se mantiene el informe de legalidad emitido por órganos autonómicos en el procedimiento de aprobación del planeamiento municipal y de los planes insulares. Se elimina también la evaluación ambiental estratégica por parte de órganos de la Comunidad, aspecto cuestionado por el grupo parlamentario Socialista.

En definitiva, el Proyecto de Ley del Suelo de Canarias renuncia al proyecto común de Canarias; a su imprescindible cohesión política, económica y medioambiental. Renuncia al proyecto de isla. Ni simplifica ni es más segura ni menos judicializable. Frente a un planteamiento global, de país, se pasa a imponer una visión absolutamente fraccionada. Supone, en este sentido, un notable y grave retroceso en la construcción nacional de Canarias y una apuesta por la cantonalización del Archipiélago.

La portavoz municipal de Ciudadanos (C´s) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Correas, ha denunciado este viernes que el concejal de Cohesión Social y ex sindicalista, Jacinto Ortega, ha impuesto “la ley del silencio, al prohibir a los trabajadores que mantengan ningún tipo de comunicación con los representantes de la oposición”.

Correas lamenta en un comunicado que “en lugar de buscar soluciones a los problemas de su área, se dedique a imponer y a esconder su gestión para evitar la fiscalización por parte de la oposición”.

Por tal motivo, la edil ha invitado al concejal de Las Palmas de Gran Canaria Puede a que “predique con el ejemplo y ponga en práctica en su concejalía esa participación de la que van haciendo gala”, porque “estas imposiciones están más cerca de la dictadura, que de las asambleas participativas de las que tanto presumen”.

El PP propuso para el Pleno de las Cortes regionales de este jueves un debate relativo a la “defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España”, a cuatro días de las elecciones autonómicas catalanas. Sin embargo, este debate se realiza en Castilla-La Mancha, lejos no sólo territorialmente sino también de las cuestiones independentistas que se han derivado de forma inevitable de estos próximos comicios. Así también lo ha entendido Podemos. El diputado de la formación, José García Molina, ha señalado, nada más empezar su intervención, su “desconcierto” respecto a la naturaleza del debate. “No entendemos la necesidad de este debate”, señalaba el parlamentario, quien ha propuesto varios temas que considera más apropiados a los problemas propios de la Comunidad Autónoma.

Procedimientos de emergencia ciudadana, niveles de pobreza y desigualdad, cómo minimizar las cifras de desempleo, la mejora de los servicios públicos y el estado de la cultura fueron las propuestas del diputado de Podemos. “Pero no, ustedes quieren hablar de un marco que nos trasciende con mucho”, ha criticado García Molina quien también ha preguntado abiertamente cómo se explica a los castellano-manchegos que se debata este tema en las Cortes regionales. Finalmente, el parlamentario ha encontrado su respuesta: “Entiendo el oportunismo del debate. Me parece que esto es oportunista. Quizás han decidido no hacer campaña de Cataluña y llevarse el resto a los parlamentos”, ha señalado García Molina, quien también ha señalado que si intentan hacer campaña “disfrazada” para las generales es “más grave” aún.

“Entendemos España como un estado plurinacional, y la cohesión sólo es comprensible desde sus singularidades”, ha afirmado el diputado de Podemos, quien ha trazado una línea entre la situación de Cataluña y la entrada en política de nuevos partidos. “Ocurre exactamente igual con la democracia. Sólo el pluralismo político puede expresar la diversidad de las sociedades y eso les cuesta bastante”, ha afirmado el también secretario general de la formación en Castilla-La Mancha. García Molina ha advertido también al PP que “o empiezan a adaptarse a los cambios o lo tienen difícil para sobrevivir”. Podemos ha abogado también por generar contextos dentro del Estado que garanticen la pluralidad democrática, y ha ido más allá señalando que la cohesión territorial debe ir también de la mano de la cohesión social. Para el grupo parlamentario sentirse español es estar “orgullosos de nuestros niveles de igualdad y libertad”. García Molina ha rematado también advirtiendo al PP que “me resulta vergonzoso y doloroso ver como ponen sus intereses del partido por encima de la región”.

El PSOE ha seguido la línea de Podemos, lamentando que el PP “use las instituciones para imponer su doctrina” y ha acusado al Grupo parlamentario 'popular' de ocultar los debates “serios de la sociedad”, como los de los recortes, de las necesidades de quienes “lo están pasando mal”. “Quizás lo que pretendían es que nos lanzásemos las habituales dagas”, ha afirmado Rafael Esteban, quien ha advertido de que es el momento de “ofrecer soluciones” y de buscar la “participación de la gente” porque si hay un problema “hay que saber verlo”. “No sé para que se plantea este debate si no es con la intención electoralista”, ha señalado el socialista, quien ha pedido consenso y dialogo.

“España no se divide mientras el PP tenga responsabilidades”

La intervención de Ana Guarinos, diputada alcarreña del PP, ha empezado mostrando su pulsera de España. “Sentimos orgullo de ser españoles, de pertenecer a esta nación que se llama España, llena de singularidades y pluralidades”, ha afirmado la diputada. Guarinos ha atacado duramente en especial la intervención de José García Molina, a quien ha culpado de no tener interés en España y la Constitución. “A usted no le interesará pero a mi sí, a mucha honra soy española, es un debate muy serio”, ha afirmado la 'popular' quien también ha acusado al parlamentario de Podemos de querer vivir “al margen de la ley” y querer apostar por un estado plurinacional que es “ilegal e inconstitucional”.

Ana Guarinos también ha señalado que España debe ser una nación “única e indivisible”, y ha advertido que “a pesar de la irresponsabilidad, el país no se divide ni se trocea mientras el PP tenga responsabilidades”. Guarinos ha citado varios artículos de la Constitución, asegurando que se le “pone la piel de gallina”, y ha asegurado que no hay territorios por encima de las personas, desechando de cuajo un estado “federal o plurinacional”. En este sentido ha criticado los “delirios independentistas que van en contra de la Constitución”, asegurando que los Estatutos Autonómicos “no son la demanda del territorio”, sino que de la Constitución. Podemos ha criticado que la diputada no mencionara Castilla-La Mancha en su defensa del debate, a lo que Guarinos ha respondido que “hablar de España es hablar de la región”, y advirtiendo de que “primero somos españoles, luego somos castellanomanchegos”.

Desigualdad evidente después de tres años de reformas conservadoras: más empobrecidos y menos cohesionados.

La mayor desigualdad se corresponde con una menor cohesión social. Es una de las apreciaciones más notables al cumplirse los tres años de gobierno del Partido Popular. Se esfuerzan el ejecutivo y representantes del propio partido en explicar que lo peor ya ha pasado, que la cosa remonta y que no hagamos caso de esos discursos previsores de estancamiento o nuevas recesiones, que para eso hay “raíces vigorosas”; pero lo cierto es que los indicadores de mejora o recuperación en las coordenadas de la macroeconomía están en su sitio, o sea, en donde interesan a quienes tiene que interesar sin que penetren para bien en las tribulaciones de los más necesitados.

Si se toman en cuenta la imposición de los copagos, los recortes en sanidad, educación y dependencia y hasta la devaluación de las pensiones es sencillo colegir esa cohesión social debilitada. La fractura social se hizo carne y habita entre los españoles.

Que se lo pregunten a los estudiantes, que han sufrido los recortes de doscientos diez millones de euros en becas desde hace dos años. Que se lo digan a los científicos cuyos recursos públicos para investigación se han visto reducidos en un 27% desde 2011. Que lo contrasten los responsables de educación, con un 20% de disminución de consignación presupuestaria o con niveles de inversión en la materia similares a los de 2006.

Las restricciones en la sanidad son otra prueba de la fractura. Con siete mil doscientos millones de recortes en la sanidad pública y veintiocho mil quinientos sanitarios menos, parece que la meta trazada es la del desmantelamiento. Hay más datos aportados por la oposición socialista: la cobertura sanitaria pública ha sido suprimida en unas ochocientas setenta y tres mil personas, sin olvidar que también quedan fuera de ella quienes viajan al extranjero por un período superior a los noventa días. Que a estas alturas, treinta y seis mil personas carezcan de tarjeta sanitaria es significativo.

Los desmontes en el ámbito de la atención a las personas dependientes se palpan en la congelación de la Ley para nuevos beneficiarios, en la reducción de las partidas presupuestarias específicas y en la disminución del importe de la prestación para las personas con algún derecho reconocido. Si mencionamos las casi ciento setenta y tres mil personas dependientes en lista de espera, o la incertidumbre creada en las modificaciones legislativas con los profesionales del sector, es para asustarse.

Los pensionistas, por otro lado, no solo han probado el acíbar de una reforma que ha eliminado la revalorización conforme al Índice de un Precios al Consumo (IPC), fijando un suelo de revalorización en el 0,25% sino que han tenido que abonar un copago farmacéutico y la exclusión de determinados medicamentos.

En fin, en términos generales, desigualdad evidente después de tres años de reformas conservadoras: más empobrecidos y menos cohesionados. Aunque ello no se refleje en las coordenadas y los porcentajes de la macroeconomía y los aplausos de los gobernantes en sus cumbres terminen eclipsándolo.

“Los inmigrantes saturan los servicios sanitarios”, “los inmigrantes nos quitan el trabajo”, “los chinos no pagan impuestos” o, puestos a generalizar, “hay demasiados inmigrantes”. Son frases que quizás todos hemos oído alguna vez. Son estereotipos o prejuicios ligados a la presencia en la sociedad española de gente originaria de otros países. Barreras veladas hacia la distinción y la desigualdad entre personas. A partir de ahora, todos podemos hacer uso de una herramienta dirigida a generar una ciudadanía crítica contra esos clichés y otros muchos instaurados de alguna manera en determinados ámbitos y que no se corresponden con la realidad. Querer, en este caso, es poder hacer algo por la cohesión social.

Stop Rumores surge con ese objetivo a largo plazo pero que pretende que crezca poco a poco en la sociedad. Cada uno puede “plantar esa semilla”, como dice su coordinador, Ángel Madero, “y hacer ver a la gente que no todo lo que se dice es verdad”. ¿Dónde hacerlo? En nuestro día a día, en las conversaciones con amigos o familiares, en el bar, cuestionando a aquellos cuyas sentencias no se apoyan más que en una rumorología de la calle. ¿Cómo argumentar la equivocación del que se siente en posesión de esa verdad? Aquí, con datos, informes y fuentes científicas que sostienen lo erróneo de algunas afirmaciones generalizadas. Un ejercicio personal de transformación social.

A partir de un vistazo a la web de Stop Rumores, muy clara y accesible, podemos decir, con base, que la población china tiene las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía, que apenas una de cada diez personas empleadas en España es extranjera y que su presencia aporta muchos beneficios al mercado laboral pero sufren las consecuencias de la crisis con mayor intensidad que la población española, o que la estimación de gasto público en sanidad empleado en el colectivo inmigrante es del 6,5% del total. Para los más escépticos, profesionales de cada ámbito dan testimonio audiovisual y refuerzan los datos con su experiencia y su visión específica acerca de cada rumor, como este médico de familia de un centro de salud malagueño:

La visión de la inmigración, muchas veces, viene relacionada con las noticias que aparecen más en los medios de comunicación, sobre todo en los últimos años (llegada de pateras, saltos de la valla, ...). El rumor, en este caso, incide en la forma de llegada de las personas inmigrantes a España. Un alto porcentaje de la población cree que se producen llegadas masivas o “avalanchas” de personas extranjeras que llegan en pateras o cayucos, cuando la realidad es que esta vía supone tan solo el 1%. La inmensa mayoría llegó en avión: fue el medio de transporte elegido por el 62,7% de personas inmigrantes que llegaron a España en 2007, último dato disponible de la Encuesta Nacional de Inmigrantes.

“Los rumores se van acrecentando y la angustia de las personas que los sufren también”, explica Sylvia Koniecki, presidenta de Andalucía Acoge, una de las 18 asociaciones que ya se han adherido a la iniciativa y que tiene sus puertas abiertas a todas aquellas que quieran forman parte de ella. El trabajo en común es “fundamental”, según los impulsores de esta estrategia de comunicación, que insisten en que la palabra sinergia pueda cobrar realmente sentido. La finalidad es tejer una red de agentes diamizadores antirrumores “lo suficientemente fuerte” contra los estereotipos negativos que dificultan la convivencia en la diversidad, en este caso, en Andalucía y Melilla. Ese “caldo de cultivo” se aprecia “desgraciadamente” en el respaldo en aumento a partidos xenófobos, al menos en algunos países europeos, señala Koniecki.

El coordinador del proyecto apunta que en muchas ocasiones el rumor lleva “una carga emocional que es difícil de romper”. “Hay que desmontar los rumores también desde la emoción”, incide. La idea, además, es hacer la iniciativa “más grande” y llevarla a otros ámbitos que favorezcan la diversidad. En principio se dirige a la ruptura de prejuicios hacia la población inmigrante. Los rumores (a combatir) irán creciendo, ya que existe además la posibilidad de aportar personalmente historias inciertas sobre la inmigración a través de un formulario. La iniciativa le proporcionará al ciudadano un argumentario para que pueda desactivar ese rumor en su entorno.

Atajar los rumores entre “los no convencidos”

La transversalidad del proyecto hace que lo ideal es que la puesta en común de ideas entre las entidades participantes sean trasladadas a todos los niveles posibles (educativo, vecinal, etc.) y hacérselas llegar, principalmente, a “los no convencidos”, responde el coordinador ante la pregunta de si esta labor de concienciación podría correr el riesgo de quedarse exclusivamente entre personas ya sensibilizadas que trabajan con el colectivo inmigrante. “Hay que trabajar codo con codo para llegar a espacios donde sea necesario”, añade. Las redes sociales, aseguran, también cumplirán un papel importante, para lo cual cuentan ya con página de Facebook y perfil de Twitter (@stoprumores).

El proyecto, que cuenta con la financiación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la cofinanciación del Fondo Europeo para la Integración, ha contado durante su presentación con el director general de coordinación de politicas migratorias de la Junta, Luis Vargas, que ha puesto en valor que se le haya dado ya luz verde, “más tarde lo de deseable,” al Plan Integral para la Inmigración, insistiendo en la necesidad de llevar “a la vida cotidiana” la estrategia para evitar errores que se han instalado entre algunas personas.

Se trata, en definitiva, de “educarnos unos a otros”, de “construir estrategias para desactivar rumores” y “fomentar una mayor cohesión social”, apunta Koniecki. ¿Cómo se le puede responder a una persona de una localidad que espera recibir pronto a temporeros subsaharianos y que suelta que “van a venir aquí contagiar el ébola”?, plantea una participante durante la presentación de la iniciativa en Sevilla. “Primero, con paciencia, teniendo una actitud empática y positiva, y encontrar el momento para hacerle ver a esa persona a que se plantee su afirmación, que a cuántos africanos conoce con esa enfermedad, hacerle pensar en dos palabras; todos podemos ser agentes antirrumores”, señala Madero. Quizás esa semilla y otras similares puedan ir creciendo persona a persona.