Un país que envejece sin una red pública de residencias: “La empresa privada tiene un negocio increíble”

El tema se cuela cada día en más y más conversaciones, produce cierto temor en las personas que se acercan a la jubilación y supondrá un problema para aquellas con menos recursos. La inexistencia de una red pública de residencias para mayores y dependientes empieza a ser una de las cuestiones que con mayor ahínco preocupan a la sociedad española, donde la empresa privada ha encontrado un gran nicho que explotar ante la desidia de la administración pública.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente en España hay un 21,1% de personas mayores de 65 años. Para 2050, se prevé que la cifra supere el 30% y para 2076 la proyección se fija en el 30,9%. “Si ya es insuficiente el sistema, no me quiero ni imaginar cómo será dentro de unos años”, adelanta Carmen López.

Ella es portavoz de Marea de Residencias en la Comunidad de Madrid, desde donde hace años denuncian la dejadez por parte del Gobierno regional frente a la oferta de plazas en residencias públicas. “En España, en torno al 90 % de las residencias son de gestión privada. En Madrid estamos en un 94%”, aseguran desde el colectivo. De los casi 500 centros sociosanitarios que existen en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, tan solo 25 son públicas, a los que se suman 18 más de titularidad pública, pero de gestión indirecta.

López añade que el verdadero negocio está en las plazas concertadas por parte de la administración en residencias privadas. “Tienen una temporalidad de cuatro años y pueden suprimir estas plazas pasado ese tiempo. Esto conlleva un grave perjuicio al usuario, porque muchas veces tiene que cambiar de residencia, que es su casa y su barrio, sus compañeros, sus personas de referencia”, enfatiza la portavoz.

La Comunidad de Madrid ha intentado parchear el envejecimiento poblacional que se avecina en España y la necesidad de mayores cuidados que precisará gran parte de la sociedad con la construcción de nuevas residencias, aunque el modelo no convence a los activistas. “Levantan residencias en suelo público, muchas veces cedido por los ayuntamientos, cuya gestión conceden a una empresa privada por 75 años, y tampoco garantizan que las personas puedan mantener sus plazas de forma vitalicia”, se queja López.

Decenas de miles de plazas necesarias

En este sentido, Marea de Residencias reivindica la creación de un parque público de centros sociosanitarios que garantice a las personas más longevas un lugar en el que pasar sus últimos años de vida con calidad. Tampoco hay cifras sobre las que guiarse. A pesar de que numerosos artículos e informes toman como referencia una supuesta recomendación de la Organización Mundial de la Salud que indicaba que deben existir al menos cinco camas en residencias por cada cien mayores de 65 años, la entidad lo desmintió hace tres años.

Por su parte, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales informó este enero que la ocupación total en los centros supera el 82% de las plazas. Es decir, en España hay 339.655 personas que viven en residencias, 62.600 más que el año anterior. Sus estimaciones indican que todavía son necesarias más de 50.000 plazas para atender la demanda actual de personas con demencia severa y gran dependencia. Además, la cifra se doblaría hasta las 100.000 para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada 100 habitantes mayor de 65 años.

“Lo que no queremos es que la respuesta sea aumentar la colaboración público-privada, porque aquí solo tienen negocio si la administración hace dejación de funciones”, sostiene la portavoz madrileña de Marea de Residencias. “Mucho tienen que cambiar las cosas para llegar a esos mínimos que garanticen una asistencia de calidad a nuestros mayores. Parece que no hemos aprendido nada de lo sucedido durante la Covid”, enfatiza la misma López, quien cita el fatídico número 7.291: las personas que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid, que no fueron derivadas a los hospitales y fallecieron por el coronavirus en los peores meses de la pandemia.

Huir de las residencias macro

La situación no es mucho mejor en Segovia. Desde allí habla Carmen Santiago. En la provincia cuentan con 40 residencias, de las que solo cinco son públicas: dos de la Junta de Castilla y León y tres de la Diputación. En torno a otra decena son municipales, aunque algunas de ellas con la gestión privatizada. El resto son de gestión privada o concertada. Esta antigua enfermera lo tiene claro: “La empresa privada tiene aquí un negocio increíble. Son un sacacuartos. Hay que pagar unas cantidades inmensas de dinero para unos servicios que muchas veces dejan mucho que desear”, relata al teléfono.

Desde su punto de vista, el futuro tendría que estar puesto en una oferta pública, financiada junto al propio usuario, dentro de sus posibilidades y en modelos más personalizados. “Habría que huir de estas residencias macro, donde solo eres un número”, ilustra. Y añade: “A mí me preocupa muchísimo el envejecimiento. Es un éxito que muramos cada vez más tarde, pero también es importante vivir con calidad y, para eso, necesitamos más residencias públicas”.

El INE ha calculado que, en 2035, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 82,5 años en los hombres y los 87,4 en las mujeres. Estos valores serían en 2073 de 86 años para los hombres y de 90 años para las mujeres.

A Santiago le sigue Pilar López desde Castilla-La Mancha, comunidad gobernada por el socialista Emiliano García Page: “El problema aquí es que lo único que hacen es pagar con dinero público plazas en residencias privadas, donde se ejerce muy poco control”. Desde Marea de Residencias, calculan que en la región castellanomanchega existen unas 350 residencias, de las cuales 48 son de titularidad pública, aunque solo nueve de ellas estarían gestionadas por la propia Administración.

“Hace mucho tiempo que Page aplica políticas de derechas al externalizar y privatizar servicios públicos y sociales”, añade Pilar. Asimismo, el hecho de que la mayoría de la gestión sea privada también repercute en las inspecciones. Esta activista asegura que “es complicado que sancionen a un centro privado al que el Gobierno ha dado la gestión de una residencia porque, de alguna forma, ellos son responsables de las empresas con las que contratan”.

Reducción de plazas públicas

Jorge Félix Alonso habla desde Castilla y León, donde integra la llamada Plataforma Social. Las cifras que manejan sitúan en 9.102 las plazas públicas y concertadas en la región liderada por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y en 49.430 plazas totales residenciales ofertadas. Cataloga de “sorprendente” la ratio resultante. Si en la comunidad hay 226.545 personas de más de 80 años, existirían cinco personas por cada plaza residencial. El dato se multiplica por cinco si atendemos únicamente a las plazas públicas y concertadas. En ese caso, habría 25 personas por cada plaza ofertada de este tipo.

“Lo increíble es que se han ido reduciendo las plazas públicas en las últimas décadas. Tenemos 880 plazas menos en residencias públicas que en 1996”, concluye Alonso. Tal y como prosigue este activista, las subvenciones establecidas para hacer frente a una plaza privada tampoco son suficientes: “Ni siquiera dando todo el dinero que ingresas entre pensión y ayuda cubres el coste. Esto machaca a muchas familias que, solo si tienen dinero y se lo pueden prestar a su allegado, posibilitan que acceda a una residencia”.

Marea de Residencias Catalunya sostiene la misma opinión: el sistema público no está preparado para absorber la demanda que se avecina. Duvi Abril, integrante del colectivo, subraya que la espera para conseguir una plaza pública se alarga un año, como mínimo. “En Barcelona se han cerrado hasta residencias pequeñas por la especulación inmobiliaria”, apunta. De su boca emanan las demandas de un movimiento a nivel estatal que no se resigna a aceptar lo que hay, porque lo que hay no es ni será suficiente para colmar las necesidades de los más mayores: “Queremos residencias para todos, sin listas de espera y en condiciones dignas, con inspecciones sin aviso previo y que la alimentación, la limpieza y el personal estén a la altura de las personas que viven en ellas”.