UGT denuncia irregularidades en las pruebas para seis plazas de Técnicos de Educación Infantil en Cantabria
El sindicato UGT ha denunciado una sucesión de posibles irregularidades en el proceso de selección convocado por la Sociedad Regional de Educación para cubrir seis plazas de Técnico Superior en Educación Infantil y crear una bolsa de empleo. Inscripciones únicamente presenciales, dificultades para reclamar, diferencias en las preguntas anuladas dependiendo del aula y una denuncia sobre la posible interferencia de un alto cargo, son algunas de las cuestiones que el sindicato considera necesario esclarecer.
Al examen se presentaron 750 personas y el propio consejero de Educación acudió al inicio de las pruebas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cantabria para hacerse fotos con los especialistas en Educación Infantil, acompañado por el director de la Sociedad Regional de Educación, Alfonso Santibañez.
La prueba, correspondiente a la oferta de empleo público de 2026, se celebró el pasado 5 de septiembre, pero las quejas comenzaron antes. Las personas aspirantes tuvieron que desplazarse físicamente hasta la sede para inscribirse, sin posibilidad de realizar el trámite electrónicamente - la empresa pública no dispone de sede electrónica- “y con un pantallazo del móvil personal de cada persona aspirante como prueba de inscripción”, explica el sindicato.
Los ejercicios selectivos consistieron en un examen tipo test de 60 preguntas para completar en 75 minutos. Después los aspirantes que superen la plaza pasan a la fase de valoración de méritos en un concurso que computa el 40 por ciento de la puntuación total, mientras que el examen supondrá el 60 % restante.
Durante el examen los aspirantes no recibieron una copia de la prueba realizada, una circunstancia que posteriormente ha dificultado comprobar las respuestas y formular alegaciones. Según advierte UGT, la autocopia de las respuestas se entregan en todos los procesos selectivos de la Administración general. “No olvidemos que una oposición no deja de ser un procedimiento administrativo y debe contar con garantías plenas”, subrayan en un comunicado.
A ello se suma una cuestión que UGT considera especialmente preocupante. El sindicato ha recibido quejas porque el número de preguntas anuladas de reserva el mismo día del examen habría sido diferente según el aula en la que realizaron la prueba los participantes. En unas aulas dijeron dos y en otras una, según los testimonios recabados.
Por ello, el sindicato exige que la empresa pública del Gobierno de Cantabria “explique y documente qué ocurrió y garantice que todas las personas aspirantes fueron evaluadas en igualdad de condiciones”.
Las dificultades continuaron durante las reclamaciones. El plazo para alegar fue de cinco días naturales -incluido un sábado- y las alegaciones tuvieron que presentarse nuevamente de manera presencial, con el inconveinete añadido de que la empresa pública no está abierta los sábados.
A estas incidencias se añade que UGT ha recibido una comunicación sobre la posible injerencia de un alto cargo en el proceso selectivo. La organización “no prejuzga responsabilidades”, pero considera imprescindible investigar lo ocurrido y determinar si existió alguna actuación que pudiera haber afectado a la independencia, imparcialidad u objetividad de la selección. “Porque en cuanto a la obligación de transparencia de toda selección pública no nos cabe dudas de que fue mejorable”, critican.
El sindicato ya trasladó algunos de estos hechos a la empresa en la reunión mantenida con el comité el 7 de septiembre. Ahora reclama una revisión integral del proceso antes de que sus resultados y la bolsa de empleo queden definitivamente consolidados, así como explicaciones claras sobre las incidencias detectadas. Si no obtiene respuestas satisfactorias, el sindicato anuncia que ejercerá las acciones administrativas y judiciales que correspondan para defender los derechos de las personas participantes.
Por ello, reclaman que el Consejo de Administración de esta empresa pública se reúna en sesión extraordinaria y acuerde el encargo de una auditoría externa de todo el proceso que aclare lo trasladado.
“La transparencia y la igualdad no son opcionales en un proceso selectivo; son garantías constitucionales y legales que deben cumplirse en todas y cada una de sus fases”, concluyen.
Estas pruebas a las que se suma una valoración de méritos determinan el orden de la bolsa de empleo para cubrir bajas y necesidades futuras en los centros de Cantabria. El consejero de Educación, Sergio Silva, aseguró que desde su departamento se ha creído necesario “estabilizar esa plantilla de técnicos de Educación Infantil” mediante este proceso.
En este curso escolar 2026-2027 habrá 112 técnicos superiores de Educación Infantil trabajando en 77 colegiosy en las aulas de dos años y de un año en Cantabria.
La Consejería lo niega
La Consejería de Educación no va a investigar ninguna de las cuestiones que denuncia el sindicato UGT. En su opinión, no se corresponde con la realidad de los hechos y explica que las cuestiones que se señalan como anomalías -el plazo de cinco días para reclamar o que solo se pudiesen hacer solicitudes presenciales- fueron aprobadas en las bases de la convocatoria con el voto favorable del representante de UGT en el Comité de Empresa.
A la vez, desmienten el resto de las presuntas irregularidades. “Todos los aspirantes conservaron una copia de su examen y pudieron anotar en ella las respuestas realizadas” -explican- aseguran que se anularon las dos mismas preguntas para todos y rechazan la interferencia de cargos públicos o responsables de la empresa pública en el proceso. “Puesto que la selección corresponde únicamente a un tribunal independiente”, concluyen.
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