Polonia: nuevo Gobierno, viejas prácticas en el trato a los migrantes en la frontera

El caso de una mujer eritrea obligada a dar a luz sola en la zona fronteriza boscosa entre Polonia y Bielorrusia ha planteado dudas sobre la respuesta del nuevo Gobierno polaco a la prolongada crisis humanitaria en la frontera entre ambos países.

El anterior Ejecutivo de derechas, del partido Ley y Justicia (PiS), utilizó la migración para apuntarse tantos políticos y fue acusado de propiciar abusos contra los derechos humanos por parte de los guardias fronterizos, con denuncias de frecuentes “devoluciones en caliente” violentas de personas a Bielorrusia.

Desde diciembre, Polonia tiene un nuevo Gobierno comandado por el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk, que ha prometido revertir el retroceso democrático y los abusos contra el Estado de derecho de sus predecesores. Sin embargo, los activistas de derechos humanos afirman que, en lo que respecta al trato a refugiados y migrantes, ha cambiado poco.

“Las personas que encontramos en el bosque nos cuentan exactamente las mismas historias que escuchábamos antes. La mayoría de los que se encontraron con guardias fronterizos o soldados en el lado polaco de la frontera sufrieron empujones y violencia”, dice Aleksandra Chrzanowska, activista que lleva varios años trabajando en la frontera y forma parte del Grupa Granica, una agrupación de activistas y trabajadores de derechos humanos que ofrece apoyo a las personas que intentan cruzar la frontera.

Devuelta dos veces

En el caso de la semana pasada, a la mujer eritrea, cuyo nombre no se ha revelado, se le permitió finalmente entrar en Polonia y fue trasladada al hospital con su hijo recién nacido. El bebé tenía mucho frío, pues solo estaba envuelto en una sudadera de la madre, y tuvo que ser puesto en una incubadora.

Según los activistas que han hablado con ella, la mujer afirmó que había entrado en Polonia y que los guardias polacos la habían devuelto a Bielorrusia dos veces en las semanas anteriores, a pesar de estar en la recta final de su embarazo. Según ellos, el hecho de que finalmente fuera acogida es una excepción a la regla.

“Normalmente, las personas que se acercan a la valla y piden ayuda diciendo que tienen problemas médicos o que llevan días sin comer son ahuyentadas por los militares, a menudo con violencia”, dice Bartek Rumieńczyk, del equipo de comunicación de Grupa Granica.

Desde 2021, el régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia ha fomentado una ruta migratoria a través del país hacia Europa, como forma de presionar a la Unión Europea, y los guardias fronterizos bielorrusos a menudo golpean a las personas que son rechazadas desde Polonia, dejándolas atrapadas en bosques inhóspitos en una zona sin control y con violencia a ambos lados.

La misma retórica que la derecha

Tusk ha criticado en varias ocasiones las devoluciones desde que es primer ministro y ha dicho que es “inaceptable” que hayan muerto personas en el bosque tras cruzar a Polonia. Al mismo tiempo, ha afirmado que la solución no es acabar con estas expulsiones, sino reforzar aún más la frontera para garantizar que nadie pueda cruzarla, y ha utilizado repetidamente la retórica de la derecha sobre los peligros de la migración.

“La primera y más importante tarea del Estado polaco cuando se trata de la situación en la frontera es protegerla, también contra la inmigración ilegal. Es una cuestión de supervivencia de nuestra civilización occidental”, declaró Tusk a principios de año. Este mes, prometió “proteger a Polonia” contra el plan de la UE de reubicar a los migrantes procedentes de Italia y Grecia.

El Ministerio del Interior ha negado haber expulsado a la mujer eritrea, y en febrero el viceministro del Interior, Maciej Duszczyk, dijo que no era justo afirmar que las políticas del nuevo Gobierno son continuistas y parecidas a lo que ocurría en la frontera durante los años del PiS. “Nuestra tarea es combinar la seguridad de nuestro Estado con lo humanitario”, afirmó.

No obstante, los activistas afirman que las devoluciones siguen siendo la norma en los casos en los que no hay supervisión. Chrzanowska explica que en los últimos meses, si los activistas llegaban antes a las personas atrapadas en el bosque y las ayudaban a pedir asilo, por lo general sus solicitudes se tramitaban y se tenían en cuenta. “Pero quienes entraron en Polonia y se encontraron con guardias fronterizos sin testigos nos dicen que no tuvieron ninguna posibilidad de solicitar asilo”, señala. Estas personas afirman haber sufrido violencia física por parte de los guardias fronterizos y haber sido devueltas a Bielorrusia.

La semana pasada, Chrzanowska se reunió con un hombre etíope que afirmaba haber sido detenido unos días antes por la policía en Polonia y “golpeado con fuerza en las costillas, el hombro y la cara” antes de ser llevado a la oficina de los guardias fronterizos. Allí le amenazaron hasta que firmó una declaración en la que decía que no quería solicitar asilo en Polonia. “Entonces lo devolvieron a Bielorrusia. Después de eso, fue brutalmente golpeado por bielorrusos”, afirma la activista.

Algunos miembros de la coalición gobernante de Tusk se han mostrado inquietos por la falta de acción ante la situación en la frontera. Franek Sterczewski, diputado que ayudó a personas en la zona fronteriza durante el punto álgido del enfrentamiento en 2021, señala ahora que, en lugar de recurrir a la expulsión, las autoridades deberían poner en marcha un proceso rápido y transparente de revisión de las solicitudes de asilo. “Expulsarlos es una señal de que no tenemos el control, no lo recuperaremos hasta que dejemos de hacerlo”, dice.

Traducción de Emma Reverter.