La salud del Mar Menor sigue siendo frágil. Un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) revela que en 2025 la laguna estuvo al borde de otra crisis ambiental. El fenómeno más preocupante es el de una masa de agua turbia y blanquecina, identificada como la mancha blanca —denominada técnicamente whiting— que se sitúa al sur de Los Alcázares y hasta la isla Perdiguera. Se trata de una precipitación de carbonato cálcico (partículas microscópicas de calcita) que enturbia el agua de forma permanente y que los científicos vinculan, aunque sin certeza, con descargas subterráneas. El informe reconoce que su origen “alberga enorme complejidad”.

Lo que sí está claro es su impacto: en la zona descrita la turbidez es extrema la mayor parte del año, además los niveles de clorofila son más altos que en el resto de la laguna y la vegetación bentónica (del fondo) ha desaparecido. Los niveles de nitratos y fosfatos también han sido más elevados allí que en otros puntos en 2025.

Inquieta a los científicos que la mancha sigue creciendo. Según el informe, “hacia finales de año, su superficie mostró una tendencia creciente”, una dinámica que “arranca tras el paso de la dana Alice”. Y los investigadores advierten de que si esa expansión se mantiene “podría tener consecuencias nefastas para el ecosistema lagunar”.

El episodio más grave

El episodio más grave se registró en octubre, tras la dana Alice. La entrada masiva de agua continental cargada de sedimentos y nutrientes estratificó la columna de agua, bloqueando la mezcla vertical e impidiendo la llegada de oxígeno al fondo. El informe describe cómo “el agotamiento progresivo de la concentración de oxígeno” llegó “hasta niveles de anoxia (0 mg/l)”, extendiéndose “sobre una amplia superficie del fondo de la cubeta sur”. La situación duró siete días.

El IEO constituyó un gabinete de crisis con las autoridades. Según relata el informe, los científicos observaron peces bentónicos migrando hacia la superficie, el mismo comportamiento registrado antes de las mortandades masivas de 2019 y 2021. La situación se resolvió cuando los vientos de poniente rompieron la estratificación y reoxigenaron el agua.

Aunque las consecuencias no llegaron a las de las riadas de 2017 o la dana de 2019, el episodio confirmó que los aportes de agua continental cargada de nutrientes son el detonante principal de la eutrofización —el proceso por el que el exceso de nutrientes provoca el crecimiento descontrolado de algas y agota el oxígeno— que pone en jaque a la laguna desde hace décadas.

2025, el segundo año más cálido desde 1982

El informe confirma también “un calentamiento progresivo” que sitúa a 2025 como el segundo año más cálido en el Mar Menor desde que se iniciaron las mediciones en 1982. La laguna se calienta por año a un ritmo de 0,036 °C y en 2025 registró 108 días de ola de calor marina. A finales de mayo, en solo cinco días, la temperatura del agua pasó de 20 a 25 °C y llegó a los 30 °C el 30 de junio, elevándose a un ritmo de 0,16 °C diarios.

Esas temperaturas hicieron que se disparase el fitoplancton hasta 7 mg/m³ de clorofila, muy por encima de la media habitual. Y en la zona central, el oxígeno bajó de 4 mg/l casi a diario en julio, con valores puntuales inferiores a 1 mg/l provocando un círculo vicioso: el calor acelera el crecimiento del fitoplancton, su descomposición consume grandes cantidades de oxígeno y se reduce la capacidad que tiene el agua para disolver ese mismo oxígeno.

Aunque la crisis no se materializó al remitir el calor, este episodio ha permitido concluir a los investigadores que el calor, por sí solo, es ya capaz de empujar al ecosistema al límite. En sus palabras, el evento “ilustra el potencial del incremento de la temperatura como factor detonante de procesos disruptivos en ausencia de aportes de nutrientes”.

Tres advertencias urgentes

Todos estos episodios ha generado, además, según el informe, una pérdida mayor de la luz en el fondo de la laguna, más intensa y más duradera que en los años 2023 y 2024 y que amenaza la recuperación de las praderas de Cymodocea nodosa, la hierba marina que tapiza el fondo y cuya restauración es considerada clave para la salud del ecosistema.

El informe concluye que 2025 fue “un año anómalo” pero no catastrófico, y lanza tres advertencias: la interacción entre cambio climático y eutrofización es el principal factor de vulnerabilidad del Mar Menor; es imprescindible reducir los aportes de nutrientes y sedimentos de la cuenca vertiente; y hay que investigar con urgencia el origen y la dinámica de la mancha blanca.

Apenas unos minutos. Es lo que ha durado este miércoles la sesión en la Audiencia Provincial de Cartagena en la que el Mar Menor iba a comparecer por primera vez en un proceso judicial con voz propia. La ausencia del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, autor de uno de los informes periciales en los que se sustenta la acusación, ha obligado a suspender el juicio, en una decisión respaldada por la acusación particular, la Fiscalía y la defensa.

Burillo, perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, no ha podido acudir por motivos personales. Y su comparecencia estaba considerada como una de las piezas clave del procedimiento. Las acusaciones habían planteado la posibilidad de celebrar su declaración en una sesión separada para mantener el calendario previsto, pero el tribunal ha optado por aplazar la vista y celebrarla íntegramente en una nueva fecha.

“Una suspensión nunca es el objetivo, no es una buena noticia, pero es entendible porque una de las pruebas principales no podía practicarse”, ha explicado a las puertas de la Audiencia Sergio Marco, portavoz de los abogados del Mar Menor. “No podíamos renunciar a una prueba pericial fundamental”.

Esta decisión ha frustrado la celebración de una de las citas judiciales más esperadas por los colectivos que llevan años reclamando responsabilidades por el grave deterioro ambiental de la laguna. Decenas de activistas se habían concentrado desde primera hora frente al tribunal con pancartas y consignas como “El Mar Menor no es un contenedor” o “Justicia y derechos para el Mar Menor”.

La acusación particular la ejercen la Alianza por el Mar Menor (Amarme), el Pacto por el Mar Menor y organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife, además de varios ayuntamientos del entorno lagunar.

El Mar Menor cuenta con personalidad jurídica desde la aprobación de la Ley 19/2022, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas en toda España y en otros países. La norma, aprobada definitivamente por el Senado en septiembre de 2022, reconoce a la laguna y a su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en los tribunales.

“El testimonio de Burillo es fundamental”, ha coincido también Pedro Eugenio Madrid, abogado de las empresas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. “Es quien ha hecho el informe principal de la acusación, que rechazamos porque entendemos que hay errores”. Sobre la posición de su cliente, ha dicho que “se considera inocente” porque en el período en que se le acusa por los vertidos, entre 2015 y 2017, no tenía las desaladoras en funcionamiento. “Es un error que han cometido las acusaciones pero esperamos que la sala no lo cometa”. El informe de Burillo, ha abundado, no se basa en datos reales, “sino en unas estimaciones, y se le acusa de haber vertido al Mar Menor una cantidad de salmuera que no es cierta; ni la cantidad ni que se vertiese al Mar Menor porque el rechazo iba a un EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) en Cabo de Palos”.

Marco, sin embargo, ha insistito en que “los acusados, sin autorización, se apropiaron de agua de manera ilícita, la desalaron, y vertieron las aguas salobres al medio ocasionando un grave perjuicio, lo que constituye un delito y queremos que se les castigue y que se repare el daño ecológico”.

“Si estamos aquí y se ha abierto el juicio, entendemos que no tenemos una prueba sino una multitud de pruebas convergentes, directas y concretas que sostienen la autoridad de los hechos”, ha considerado el letrado.

El juicio, que ha atraído hasta Cartagena a la prensa internacional, llega más de seis años después de la imagen de miles de peces agonizando por falta de oxígeno en las orillas del Mar Menor en octubre de 2019.

“La sentencia puede crear jurisprudencia”, ha dicho antes de arrancar el juicio la abogada de Seo Bird Life, Katarzyna Wasowicz. “Hay que tener en cuenta que este caso tiene un impacto europeo y mundial; es el primer ecosistema dotado de personalidad jurídica, un movimiento que se está expandiendo a otros países, donde ya se aplican soluciones semejantes en sus legislaciones internas”.

El juicio se enmarca el caso Topillo, una macrocausa que investiga el impacto de presuntos vertidos contaminantes vinculados a explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto sobre el Mar Menor. En el centro del procedimiento aparecen las salmueras con altas concentraciones de nitratos y el uso de desalobradoras que habrían contribuido a uno de los episodios de degradación ambiental más graves del Mediterráneo, con episodios de eutrofización, anoxia y mortandad de fauna marina.

En el banquillo se sienta D. M. P., administrador único de las mercantiles Ecosarete S.L. y Datelio S.L., acusado de presuntos delitos contra el medio ambiente por el funcionamiento de instalaciones de desalobración entre 2015 y 2017. Según la acusación, estas explotaciones habrían generado y vertido grandes volúmenes de salmuera con elevada carga de nitratos que, a través de distintos sistemas de drenaje y filtración, habrían terminado alcanzando la cuenca del Mar Menor.

La Fiscalía sustenta su acusación en informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que atribuyen a la explotación investigada la generación de más de 162.000 metros cúbicos de salmuera procedente de una desalobradora presuntamente clandestina. A ello se suma el informe pericial del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, que concluye que la actividad se realizó con conocimiento de sus posibles efectos y que estos vertidos habrían contribuido de forma relevante al deterioro del Mar Menor.

Prisión, multas e indemnización

En el plano penal, el Ministerio Público solicita siete años de prisión y una multa cercana a los 9.000 euros, además de una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado, en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre y del dominio público hidráulico presuntamente afectados, con responsabilidad civil subsidiaria de las mercantiles investigadas. Frente a ello, las organizaciones personadas como acusación particular sostienen que esa compensación debería destinarse directamente a la recuperación del propio humedal.

“Consideramos que la indemnizacion debería ir a la víctima, al Mar Menor, para que se repueda ir recuperando”, ha explicado la abogada Katarzyna Wasowicz. “Es una de las diferencias respecto al Ministerio Fiscal”, ha continuado la letrada que ha matizado, sin embargo, que en esta ocasión la incoación del auto de apertura se produjo en julio “unos meses antes de la proclamación de la personalidad jurídica del Mar Menor, que fue en septiembre”.

EPara las organizaciones ambientales “hoy es un día histórico porque es la primera vez que un ecosistema se presenta en un juicio como víctima y acusación particular”, ha dicho Joaquín Nieto, portavoz de Seo BridLife. “Y cuando se pueda presentar el informe pericial demostraremos que el daño al Mar Menor ha existido; el mensaje es que no se puede contaminar al Mar Menor así como así, ahora tiene instrumentos propios para defenderse y requerir que ese daño se repare”.

La laguna del Mar Menor se convierte este miércoles en protagonista de un juicio sin precedentes en Europa. Por primera vez, este ecosistema comparece en un proceso como víctima y como parte acusadora. El juicio, que tendrá lugar en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena, se enmarca en una de las piezas del conocido como caso Topillo, una macrocausa que investiga presuntos vertidos contaminantes procedentes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en el Mar Menor. El procedimiento analiza el uso de desalobradoras y la gestión de salmueras con altas concentraciones de nitratos que habrían terminado en la laguna.

La vista no solo examinará estos hechos concretos, sino que inaugura un escenario inédito en Europa. El caso se ha convertido en uno de los procesos más simbólicos en torno a la crisis ecológica del Mar Menor.

Un juicio sin precedentes: el Mar Menor como víctima

La figura del Mar Menor como sujeto de derechos lo equipara a otros ecosistemas reconocidos en Nueva Zelanda, Ecuador o Colombia, donde algunos ríos y otros espacios naturales han conseguido una protección jurídica específica.

La gran incógnita es si esta innovación legal, todavía reciente en España, podrá traducirse en condenas, reparación ambiental y precedentes para futuros litigios ecológicos. “No va a ser un camino de rosas”, valora Teresa Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia (UMU) y una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgarle Personalidad Jurídica al Mar Menor. “Es una figura completamente nueva, yo misma tuve que ir a la escuela del Poder Judicial para explicarla a los jueces”.

Lo “fundamental”, para Teresa Vicente es “que todo esto no es ya solo una teoría filosófica sino una ley que forma parte del ordenamiento jurídico español”. Y aunque “son todo conceptos nuevos, estamos bien preparados”. Si hay que recurrir, “recurriremos, no somos perezosos ni nadie nos paga; en cinco años que llevamos con todo este proceso no ha entrado ni un solo euro”.

El Mar Menor cuenta con personalidad jurídica desde la aprobación de la Ley 19/2022, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas en toda España y en otros países. La norma, aprobada definitivamente por el Senado en septiembre de 2022, reconoce a la laguna y a su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en los tribunales.

La “novedad”, relata Eduardo Salazar, abogado y uno de los promotores de la ILP, “es que el Mar Menor se puede personar, puede pedir pruebas, aportar informes y puntos de vista a través de los abogados, puede acusar y ejercer acciones judiciales propias, incluso impulsando procedimientos penales al margen de la posición de la Fiscalía” aunque en este caso el Ministerio Público sí sostiene la acusación.

Lo “histórico”, sostiene Salazar, es que el daño ambiental ya no se entiende solo como algo abstracto: “Solo conozco un caso similar, el del Rio Macarena en Colombia, al que se reconoció como víctima en un caso de justicia restaurativa, pero no es lo mismo que actuar en nombre propio en un procedimiento”.

La degradación del ecosistema

El Mar Menor ha atravesado en la última década continuos episodios de degradación ambiental. En 2016 ya se detectaron los primeros signos de eutrofización (aumento de la concentración de compuestos de nitrógeno en el agua), pero fue en octubre de 2019 cuando la llegada masiva de nutrientes desencadenó un episodio de anoxia con mortandad de peces en la laguna. En agosto de 2021 se vivió un nuevo colapso, otra vez con miles de animales muertos en las orillas tras la pérdida de oxígeno en el agua. Desde entonces, la laguna ha ido encadenando fases de turbidez extrema y proliferación de algas y la conocida sopa verde, alterando su equilibrio ecológico.

Qué es el caso Topillo

El caso Topillo es una macroinvestigación judicial que pone el foco en los presuntos vertidos contaminantes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en la laguna salada. La causa analiza el uso de las desalobradoras y cómo se gestionaron las salmueras con alta concentración de nitratos del regadío intensivo. El nombre del caso, Topillo, hace referencia a las perforaciones en la tierra de este animal comparándolas con las redes subterráneas investigadas durante la instrucción.

A comienzos de 2023, la Audiencia Provincial de Murcia decidió dividir el caso en dos grandes bloques: por un lado, una pieza centrada en posibles delitos de prevaricación por la actuación u omisión de cargos públicos en materia de control e inspección ambiental; y por otro, el enjuiciamiento de los presuntos delitos contra el medio ambiente atribuidos a empresas agrícolas y autónomos.

El tribunal consideró que no existía una conexión suficiente que obligara a juzgarlos de forma conjunta, lo que llevó a fragmentar aún más la investigación en decenas de procedimientos repartidos entre distintos juzgados.

Esa decisión “fue el primer antitopillo, en el sentido de que fue la primera decisión desacertada por parte de la Audiencia”, considera Salazar. Al dividirlo, “en lugar de tener un caso global con una suma de acciones, nos quedamos con acciones separadas de las puñaladas al cadáver del Mar Menor”.

“Este es el primero de los casos Topillo en el que la acusación no es solo del fiscal, sino que parte también del Mar Menor, es una parte más, y tiene que dar su consentimiento para los acuerdos si es que los hay”, anota el abogado.

Los hechos de esta pieza concreta

La pieza de este miércoles se centra en la actividad de varias explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena entre los años 2015 y 2017. Según la acusación, estas instalaciones habrían generado grandes cantidades de salmuera con una elevada concentración de nitratos que terminaron en la cuenca del Mar Menor. El procedimiento examinará si existió una gestión ilegal de esos residuos y si las mercantiles investigadas incurrieron en delitos contra el medio ambiente.

D. M. P., administrador único de las mercantiles Ecosarete SL y Datelio SL, se sentará en el banquillo de los acusados frente a tres magistrados. “La defensa niega todos los hechos, pero los informes del perito sí que estiman que la contaminación fue clave para la contaminación del Mar Menor; ahora tendrá que convencer a la audiencia”, apunta Salazar.

Este periódico ha intentado recabar la versión del despacho Madrid Abogados Cartagena, que representa a las empresas, sin obtener respuesta en el momento de la publicación de este artículo.

La clave del juicio: demostrar la causalidad ambiental

La clave del juicio se concentra no solo en la existencia de los vertidos al Mar Menor, sino en su impacto real en la salud del ecosistema. “Hay que probar esa causalidad de los vertidos hacia el colapso de la laguna salada”, incide Salazar. La Fiscalía fundamenta su acusación en un informe pericial del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, en el que se concluye que la explotación de las instalaciones sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura se realizó con conocimiento de sus posibles efectos.

Quién acusa y quién defiende

El proceso lo juzgarán tres magistrados y la acusación particular la Alianza por el Mar Menor (Amarme), Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO-Birdlife, a través de cuatro letrados. Además, se han personado los ayuntamientos de Los Alcázares, Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Un proceso que, según Salazar, puede encontrarse con algunos límites al carecer los tribunales de justicia “de una formación especializada en medio ambiente”.

Qué está en juego

El Ministerio Público reclama en su escrito de acusación una pena de siete años de prisión y una multa cercana a los 9.000 euros. Además, solicita una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado, con la responsabilidad civil subsidiaria de las dos empresas. La acusación se apoya en los informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que atribuyen a la explotación investigada el vertido de 162.345 metros cúbicos de salmuera.

Si las mercantiles agrícolas resultan condenadas, el destino de la posible indemnización marcaría una diferencia respecto a otros procedimientos similares. El Ministerio Público plantea que la cantidad reclamada se ingrese en las arcas del Estado, en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre y del dominio público hidráulico presuntamente afectados. En cambio, las organizaciones personadas como acusación particular sostienen que los 506.137,44 euros deberían destinarse directamente a la recuperación del Mar Menor como ecosistema perjudicado.

“Este miércoles por fin vamos a escuchar la voz del Mar Menor y creo que lo que nos va a decir es que es importante que se restaure lo contaminado, con una condena ejemplarizante”, concluye el abogado Eduardo Salazar. “Se trata del éxito de un proceso ciudadano para revertir un ecocidio, y se lo tenemos que agradecer a su impulsora, Teresa Vicente, y todas las personas que se dejaron la piel para recoger firmas durante la pandemia; es muy reconfortante y trascendental”.

“Histórico y sin precedentes en Europa”. Así califican las organizaciones ecologistas que están detrás de la acusación particular, el juicio que se celebrará el próximo miércoles en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena. En la vista se procesará una de las piezas separadas del caso Topillo con la laguna personada como acusación particular y víctima de los daños provocados presuntamente por vertidos contaminantes. Será la primera vez que un ecosistema comparezca en un proceso penal europeo con personalidad jurídica propia.

Esta es una de las casi 40 piezas en la que se dividió la segunda parte del denominado caso Topillo, por vertidos de salmuera al Mar Menor, en la que hay personadas varias asociaciones e instituciones de defensa del medio ambiente y cuatro ayuntamientos regionales como perjudicados.

“Estamos ante un hecho histórico”, insiste al otro lado del teléfono Julia Albaladejo, presidenta de la Alianza por el Mar Menor (Amarme). “Nunca antes un ecosistema se había personado en un juicio como víctima y parte”, continúa al tiempo que añade que es una victoria de la Ley 19/2022 que reconoce la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, aprobada en septiembre de 2022 y que se aprobó tras una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas.

Coincide Ramón Pagán, portavoz de Pacto para el Mar Menor, que junto con Amarme, Greenpeace, Ecologistas en Acción o Seo/BirdLife están detrás de la acusación particular, a la que se han unido los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. “Tenemos mucha esperanza, es la primera vez que en Europa un ecosistema se presenta como acusación particular en defensa de su protección y recuperación y para ejercer su derecho de no ser dañado por actividades empresariales; en este caso, de vertidos de agua contaminada por nitratos”.

“Esperamos que se llegue a un dictamen justo y ejemplarizante y que se reparen los daños que ha sufrido la laguna salada”, continúa Pagán. “En este caso, lo novedoso es que hemos conseguido ser acusación particular”.

La Audiencia Provincial de Murcia tiene previsto juzgar a las mercantiles agrícolas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. por su posible implicación en delitos contra el medio ambiente vinculados a vertidos contaminantes de explotaciones ubicadas en el Campo de Cartagena. Según la acusación, en la explotación agrícola Mar de Cristal operaron entre 2015 y 2017 varias desalobradoras sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La investigación apunta a que dichas instalaciones se utilizaban para tratar el agua extraída de pozos destinada al regadío, generando a su vez importantes volúmenes de salmuera con altos niveles de nitratos. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, se habrían procesado 649.000 metros cúbicos de agua, lo que habría dado lugar a unos 162.000 metros cúbicos de residuo salino concentrado. Según la acusación, esos vertidos acabaron llegando a la cuenca del Mar Menor.

“Espero una sentencia condenatoria”

“Que podamos celebrar el juicio y quede visto para sentencia sería ya un éxito para mí”. Habla Sergio Marco, uno de los abogados de la acusación particular y coordinador de los órganos de gobernanza del Mar Menor. “Si sale adelante, será la primera vez que en Europa un ecosistema se siente en un juicio como parte acusadora, como persona de derecho que va a un procedimiento penal denunciando que se han vulnerado sus derechos”.

La acusación particular reclama sanciones económicas que superen el millón de euros, así como la inhabilitación para desarrollar la actividad durante un periodo de tres años y la adopción de actuaciones concretas orientadas a la recuperación del entorno afectado. Y lo hacen acogiéndose a los artículos 325, 327 y 330 del Código Penal, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El pasado mes de marzo se celebró una vista preliminar vinculada también al caso Topillo que generó controversia después de que el juzgado no convocara de forma oficial a los representantes legales de la laguna. Fiscalía y defensa alcanzaron un acuerdo que supuso la rebaja de la condena a un agricultor investigado por vertidos contaminantes. Una decisión que ha sido recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“En esta ocasión no puede haber conformidad porque ya hemos sido reconocidos como parte acusadora y, a la vista de cómo está siendo tramitado el proceso, hay evidencia de que no cabe duda de que el Mar Menor sí que puede ejercer sus derechos”, asegura Sergio Marco, quien confía en que haya una sentencia condenatoria.

Unas 9.000 hectáreas de regadíos ilegales en el entorno del Mar Menor, en Murcia, han cesado ya su actividad, lo que ha evitado que se viertan a la laguna salada unas mil toneladas de nitratos desde que se puso en marcha el proceso de detección, clausura y restitución de estos cultivos.

Es una de las conclusiones que ha dado a conocer este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras la reunión de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, en la que ha participado también el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, así como los representantes de los municipios ribereños.

En una rueda de prensa tras el ecuentro, Morán ha destacado que esas 9.000 hectáreas conforman el total de regadíos ilegales que había en la zona, por lo que todos están ya localizados y con expedientes de cierre en marcha. De ellas, más de 7.000 hectáreas han sido ya intervenidas por la comunidad autónoma y se está llevando a cabo su proceso de restauración ambiental, principalmente convirtiendo esas superficies en cultivos de secano.

Además, las medidas puestas en marcha para la restitución de los suelos mineros en la cabecera de la cuenca sur del Mar Menor evitaron durante la dana Alice que llegaran a este ecosistema unas 1.800 toneladas de metales contaminantes.

Ambas actuaciones forman parte de la amplia batería de medidas del Marco de Actuaciones Prioritarias para la protección del Mar Menor, dotado con 675 millones de euros, de los que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha movilizado ya unos 589 millones, el 85 por ciento del total, ha detallado Morán.

En concreto, están ya comprometidos 278 millones de euros, el 41 por ciento, y certificados otros 133 millones, el 20 por ciento del total.

Entre las iniciativas más ambiciosas puestas en marcha de manera conjunta por el Estado y la comunidad autónoma, tanto Morán como el consejero Vázquez han destacado el proyecto de recuperación del humedal de El Carmolí, en fase de ejecución y que va a actuar sobre unas 350 hectáreas.

En concreto, la comunidad autónoma está llevando a cabo las tareas de restitución de la superficie original del humedal, de unas 300 hectáreas en las que se han invertido 850.000 euros para la retirada de unos 8.000 metros cuadrados de pavimentos y superficies artificiales y la eliminación de especies invasoras y plantación de unos 18.000 ejemplares de vegetación autóctona.

En cuanto a la recogida de biomasa, una de las actuaciones prioritarias que desempeña el Gobierno murciano para evitar la proliferación de lodos y la pérdida de oxígeno en el Mar Menor, a lo largo de 2025 se retiraron 8.821 toneladas, un 34 por ciento más que en 2024, y hasta el 8 de abril de este año se han eliminado ya 4.663 toneladas, el doble de las recogidas en las mismas fechas del año pasado, ha informado Vázquez.

A ello se suman otros proyectos como la instalación de fondeaderos ecológicos en las zonas de protección alrededor de las islas del Mar Menor, que serán los únicos que podrán usar las embarcaciones para hacer sus fondeos este verano, o el proyecto piloto de modelos de desnitrificación de aguas superficiales y subterráneas. 

La Costa Cálida se extiende a lo largo de aproximadamente 250 kilómetros en el sureste de España, entre El Mojón, en el límite con la provincia de Alicante, y las Cuatro Calas, en Águilas, muy cerca de la frontera con Almería. Su litoral combina playas abiertas, calas discretas, zonas urbanizadas y espacios menos desarrollados, ofreciendo a los visitantes una diversidad de paisajes y experiencias. Esta heterogeneidad se refleja también en la configuración de la costa, donde se alternan arenales extensos, formaciones rocosas y humedales.

El clima es otro de los elementos que distingue a la región. La Costa Cálida disfruta en la Región de Murcia de un microclima con una temperatura media anual de alrededor de 18 grados, más de 3.000 horas de sol y precipitaciones muy escasas. Estas condiciones permiten que las playas sean accesibles durante gran parte del año, favoreciendo tanto actividades recreativas como deportes acuáticos. Además, la región cuenta con múltiples playas con Bandera Azul que garantizan servicios, limpieza y seguridad a los visitantes.

El litoral no solo es un destino natural, sino también cultural e histórico. Ciudades como Cartagena permiten combinar el contacto con la playa con el recorrido por restos romanos y murallas púnicas que se conservan desde hace más de dos milenios. Al mismo tiempo, pequeños pueblos pesqueros como Los Alcázares, San Javier o San Pedro del Pinatar aportan un enfoque tradicional, donde la actividad pesquera convive con el turismo, ofreciendo una visión integral de la vida en la costa murciana.

La singularidad del Mar Menor y La Manga

Uno de los rasgos más característicos de la Costa Cálida es el Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa. Sus aguas poco profundas alcanzan temperaturas superiores a las del Mediterráneo, lo que permite disfrutar de baños durante gran parte del año. Esta laguna está separada del mar abierto por La Manga del Mar Menor, una franja de arena de más de 20 kilómetros que concentra puertos deportivos y escuelas de vela. Allí se practican actividades como paddle surf, kayak o vela ligera, y se dispone de zonas recreativas adaptadas para distintos niveles de experiencia.

El Mar Menor no solo destaca por su accesibilidad, sino también por su valor ambiental. Sus playas abiertas permiten actividades al aire libre en condiciones calmadas, mientras que la franja de La Manga ofrece un contraste con el Mediterráneo, más profundo y con oleaje moderado. Esta dualidad convierte a la zona en un espacio idóneo tanto para quienes buscan descanso como para quienes prefieren un turismo más activo.

Playas y calas del litoral

A lo largo de toda la Costa Cálida se distribuyen más de 200 playas que varían en tamaño, forma y nivel de urbanización. En el norte, localidades como Los Alcázares y San Pedro del Pinatar cuentan con arenales urbanos dotados de todos los servicios, mientras que hacia el sur, en Mazarrón y Águilas, la costa alterna playas amplias con pequeñas calas escondidas entre formaciones rocosas. Ejemplos de este litoral más salvaje son Cala Cerrada o La Higuerica, reconocidas por su entorno natural y calidad de agua.

Mazarrón destaca por ofrecer tanto playas con servicios turísticos como rincones más discretos, como los de Bolnuevo o Percheles. En Bolnuevo se encuentran las Erosiones, también conocidas como “las gredas”, formaciones rocosas moldeadas por viento y agua que constituyen uno de los paisajes más singulares del litoral murciano. Por su parte, la costa de Lorca permanece menos desarrollada y ofrece calas casi vírgenes como Puntas de Calnegre o Baños de Mujeres, ideales para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Hacia el sur, en Cabo de Palos y Cartagena, se combinan pequeñas calas con acantilados bajos y arenales abiertos. Este entorno permite la práctica de deportes acuáticos como piragüismo, windsurf y buceo, aprovechando los fondos marinos de la zona, así como largas jornadas de playa en condiciones de seguridad y servicios básicos.

Localidades costeras y patrimonio

Además de su oferta natural, la Costa Cálida alberga ciudades y pueblos con un fuerte componente histórico. Cartagena constituye un punto cultural clave, con restos de la muralla púnica, el Foro Romano y un teatro romano, todos accesibles al público. La ciudad permite comprender la evolución de la región durante más de dos mil años, desde su fundación por los cartagineses hasta su integración en la Hispania romana.

Otros municipios, como Águilas y Mazarrón, combinan la tradición pesquera con la actividad turística. Sus costas muestran desde amplias playas hasta pequeñas calas entre rocas, y sus festividades locales, como el carnaval de Águilas, reflejan la vida cultural ligada al mar. San Pedro del Pinatar y Los Alcázares aportan además espacios naturales protegidos, como salinas y humedales, donde se puede observar aves migratorias y disfrutar de amaneceres sobre el Mediterráneo reflejados en el agua.

Actividades y experiencias en la Costa Cálida

El litoral murciano permite adaptar la visita según los intereses del viajero. Las playas abiertas ofrecen condiciones para deportes acuáticos y actividades al aire libre, mientras que las calas y zonas menos urbanizadas permiten paseos y exploración de la naturaleza. En Cabo Tiñoso, Cabo Cope o Puntas de Calnegre, por ejemplo, se combinan paisajes marinos con fondos submarinos de interés ecológico.

Además, la gastronomía local se relaciona con la actividad pesquera de la región. La oferta de pescado y marisco fresco está presente en los restaurantes de pueblos costeros, reflejando la economía ligada al mar que ha marcado la vida de estos municipios durante generaciones. Esta combinación de playas, patrimonio y tradición convierte a la Costa Cálida en un destino variado y accesible para distintos tipos de visitantes.

Las más de 4.000 toneladas de biomasa retiradas de la orilla en las playas del Mar Menor en los primeros tres meses de 2026 —el equivalente a más de 150 camiones de gran tonelaje cargados de algas y restos vegetales marinos— no son un buen síntoma medioambiental para la laguna salada. Así lo explican tanto científicos como ecologistas que trabajan en el entorno de este ecosistema. “La retirada de la biomasa es necesaria para evitar la pestilencia de la putrefacción y la proliferación de fangos, pero es insuficiente”, afirma al otro lado del teléfono Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, quien no se muestra extrañado por la cantidad de biomasa que las patrullas de limpieza se apuran por retirar de la playa este año. “Llevamos unos meses muy intensos de lluvias, lo que ha generado más arrastre de contaminantes, en especial fertilizantes”.

Desde enero se ha recogido ya el 45% de toda la biomasa retirada en 2025. Desde el Gobierno regional vinculan este aumento de la biomasa con las fuertes lluvias de este año hidrológico. Desde el 1 de octubre, cuantifican, han entrado al Mar Menor por la rambla del Albujón 7,31 hectómetros cúbicos de agua, 2.925 piscinas olímpicas, “más del doble que en el mismo período del año anterior”, apuntan las mismas fuentes. Esta tarea va aparejada a un contrato plurianual con una inversión de 13,2 millones de euros para el periodo 2025-2026, con dos posibles prórrogas de un año cada una de ellas, según fuentes del Ejecutivo murciano, que cifran en más de 224 millones de euros la inversión realizada en conservación y mejora del Mar Menor en los últimos cinco años.

Un paseo por Los Nietos, Los Urrutias o las playas de Los Alcázares basta para darse cuenta de la “gran cantidad de algas filamentosas que se extienden por la costa formando una gruesa capa”, da fe Pagán, quien compara la retirada de las algas con el mito de Sísifo y su eterno castigo a empujar una piedra cuesta arriba en la montaña. Para salir del círculo, añade, “hay que invertir en la prevención, por mucho que se esté destinando del presupuesto regional a la limpieza”. En su opinión, se está fallando en materia de control de nitratos: “El problema en origen sigue sin corregirse y cada vez será peor; la Comunidad autónoma apunta a que la causa está en las lluvias, pero ha habido danas desde que existe el Mar Menor y el asunto no es la entrada del agua, sino lo que transporta, lo que lleva disuelto”.

“El problema es que hay una disponibilidad de nutrientes muy alta, que hace que la producción primaria sea incluso más elevada que antes, lo que explica la presencia de grandes cantidades de biomasa, especialmente de las especies más oportunistas, como el alga Caulerpa. La retirada de biomasa es, por tanto, una medida que se enfoca en las consecuencias del problema, pero no en el problema en sí, que son las entradas de nutrientes a la laguna y su origen en cuenca”, apunta el investigador del IEO-CSIC Juan Manuel Ruiz.

“El Gobierno regional -apuntala Pagán- no está haciendo cumplir la normativa referente a los fertilizantes en los campos y está perjudicando a otros sectores como el de la hostelería, la restauración, el precio de los alquileres en el entorno del Mar Menor o los veraneantes que vienen a estas playas”.

Otros indicadores preocupantes

“Es cierto que han entrado muchos nutrientes por las riadas que ha habido en 2025”, analiza Gonzalo González Barberá, del Comité Científico del Mar Menor. El investigador advierte de que algunas consencuencias “son más inmediatas que otras” y señala que hay algunos indicadores “preocupantes”, como el nivel medio de clorofila, que es más alto que el año pasado por estas fechas, casi el doble, “y hace frío todavía”. En este sentido, recuerda que se han producido varias crisis de anoxia en los últimos años “y que tenemos que estar vigilantes” de cara al verano y el aumento de las temperaturas.

Gonzalo González pone el acento en que no solo son los nutrientes lo que afecta a la laguna: “Cuando no hay lluvias es lo que lleva el acuífero, pero con las danas la entrada de fósforo también es descomunal, lo que genera la proliferación de algas y el proceso eutrófico (al incrementarse los organismos planctónicos por el exceso de nutrientes se disminuye radicalmente la llegada de la luz al fondo)”.

Desde el Ejecutivo advierten de que el Mar Menor “se mantiene en una situación de estabilidad dentro de la cautela”: la salinidad continúa en valores bajos para la época, entre uno y tres puntos por debajo de lo habitual en años anteriores; el oxígeno se sitúa en 6,11 miligramos por litro, la clorofila en 0,90 miligramos por metro cúbico, con un descenso del 48 por ciento, y la transparencia alcanza los 4,31 metros.

Un contexto en el que hay que mantener la vigilancia “y actuar con anticipación, especialmente ante la llegada de los meses de primavera y verano, cuando el aumento de las temperaturas puede agravar los efectos de la acumulación de nutrientes y de la menor salinidad”.

Equilibrio del ecosistema

En este sentido, apuntan que continuarán con la retirada de la biomasa “para garantizar el equilibrio del ecosistema junto con la monitorización continua mientras que no se ejecuten las actuaciones necesarias para reducir el caudal constante de agua dulce que llega al Mar Menor a través de la rambla de El Albujón y el acuífero cuaternario, todas ellas, competencia del Gobierno de España”.

En opinión del científico del IEO-CSIC Juan Manuel Ruíz, “está claro que los aportes a través de Albujón y del acuífero son importantes, pero los procesos que desencadenan episodios distróficos son las olas de calor y las lluvias torrenciales, como se ha visto en 2025 y en años anteriores”. Y concreta que los eventos de lluvias torrenciales como los de la dana Alice en 2025 aportan no solo agua, “sino cantidades masivas de elementos como fósforo que son limitantes de la producción primaria de la laguna”.

El arrastre de estos elementos, añade, se produce a nivel de cuenca debido a la erosión de los terrenos por los que pasa el agua, “especialmente los terrenos agrícolas, que son particularmente vulnerables a los efectos erosivos de estos episodios extremos de precipitacion” por lo que en este problema, “enormemente complejo”, las soluciones no pueden enfocarse en un único punto, considera: “En cualquier caso, hay que tomar decisiones en base a datos y modelos lo más realistas posibles, así como justificar con datos objetivos la efectividad de las medidas que se apliquen”, concluye.

La creación de un Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM2), presentado como un “complejo científico de primer nivel al servicio de la recuperación del ecosistema”, es el último as en la manga del Gobierno de la Región de Murcia para afrontar el desastre ecológico crónico provocado por décadas de contaminación agraria, urbanización masiva y falta de gestión medioambiental de la laguna salada más importante de Europa, en estado crítico.

La iniciativa, presupuestada en unos 12 millones de euros y que será financiada con fondos europeos y de la propia comunidad autónoma, ha sido anunciada por el presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), quien augura que se convertirá en “una herramienta clave para la conservación de la biodiversidad” del Mar Menor.

Según el Ejecutivo autonómico, el centro, que se construirá en la antigua terminal de aeródromo de San Javier, se orientará a la investigación, reproducción y reintroducción de especies, así como al seguimiento científico del estado ecológico del Mar Menor. El proyecto se enmarca en el discurso institucional que apuesta por la innovación tecnológica y la ciencia como pilares de la recuperación ambiental.

Sobre el papel, la propuesta resulta difícilmente cuestionable: reforzar la investigación, dotar de infraestructuras científicas y proteger la biodiversidad son medidas necesarias para poner freno a lo que muchos consideran un ‘ecocidio’. Sin embargo, el contexto en el que se produce este anuncio obliga a ir más allá de su formulación y preguntarse si se trata de un cambio de rumbo real o de una estrategia política que prioriza el impacto mediático frente a las soluciones estructurales.

Una crisis ecológica prolongada

Para valorar la eficacia potencial de este nuevo centro, es imprescindible recordar la situación actual del Mar Menor, que lleva más de una década sumido en una profunda crisis ecológica.

La laguna ha sufrido episodios recurrentes de eutrofización, provocados principalmente por la entrada masiva de nutrientes (especialmente nitratos) procedentes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena. Este exceso de nutrientes genera proliferaciones de fitoplancton que reducen la transparencia del agua, alteran el equilibrio ecológico y, en episodios extremos, provocan anoxia (falta de oxígeno).

Las consecuencias han sido dramáticas: mortandades masivas de peces y crustáceos en 2019, 2021 y otros episodios posteriores, colapso de hábitats submarinos, desaparición de praderas de fanerógamas marinas y una pérdida generalizada de biodiversidad.

A ello se suman otros factores como la urbanización intensiva del litoral, la presión turística, la alteración de ramblas y cauces naturales, y el impacto del cambio climático, que agrava los episodios de lluvias torrenciales y escorrentías contaminantes.

En este contexto, la pregunta clave es evidente: ¿puede un centro científico revertir una crisis que tiene causas estructurales profundamente vinculadas al modelo productivo y territorial?

La voz de la ciencia y el ecologismo

Para Julia Martínez Fernández, doctora en Biología, profesora asociada de Ecología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, donde coordina la actividad científico-técnica de dicha entidad, dedicar recursos a la conservación y a la recuperación de la biodiversidad —en este caso de las especies del Mar Menor— “es siempre una buena noticia”.

Ahora bien, la eficacia real de esa inversión depende de varios factores, explica Martínez. “No es lo mismo disponer de una nueva instalación que disponer de una nueva instalación que funcione realmente”. Es decir, “sabemos que el edificio costará doce millones, pero conocemos mucho menos o nada de cuál va a ser la inversión anual garantizada para dotar a ese edificio de todo el personal científico, técnico y administrativo necesario”.

Para la experta, si atendemos la trayectoria del Gobierno regional en materia de financiación de la investigación y, sobre todo,de la que tiene que ver con los profesionales dedicados a la gestión ambiental, “la verdad es que hay muchas dudas de que el capítulo de personal esté garantizado de forma suficientemente amplia y consolidada a largo plazo”.

Otra de las reflexiones de Martínez tiene que ver con uno de los objetivos importantes del futuro centro: la conservación ex situ, o sea, fuera de la laguna, de especies amenazadas como el caballito del mar o la nacra (Pinna nobilis), para que puedan ser reintroducidas en la laguna. Al respecto, opina que “no conviene olvidar que la estrategia más eficaz, económica y con menor riesgo ambiental para recuperar la biodiversidad es la restauración natural y la conservación in situ. ”La prioridad debe ser eliminar las presiones que afectan a la laguna y que sea la propia dinámica del ecosistema lagunar la que recupere la buena salud de las especies“, insiste Martínez.

Esta reconocida investigadora también pone el foco en las “incoherencias” del Gobierno regional en relación con la biodiversidad del Mar Menor: “por un lado está dedicando doce millones de euros a la construcción de este centro, mientras el mes pasado votó en contra de la propuesta del Gobierno central de declarar la anguila europea en peligro de extinción y, por tanto, protegerla”.

Hablamos de una especie clasificada en peligro crítico de desaparición por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza desde 2008. La única población de esta especie en la Región de Murcia está, precisamente, en el Mar Menor, donde este pez migratorio pasa una de las etapas de su vida. “Como custodios temporales de esta especie, tenemos una responsabilidad internacional muy importante para evitar su extinción, y el Ejecutivo de López Miras se aparta de ella”, se lamenta Martínez. “Ahí se demuestra que la política ambiental de la comunidad autónoma no es integral ni coherente”, concluye.

Francisca Giménez Casalduero, catedrática de Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante, atesora más de tres décadas de experiencia en la investigación y la gestión de las zonas marinas y costeras, contaminación marina y los efectos de las actividades humanas sobre los sistemas biológicos. Para esta experta,el anuncio del OM2 es “muy positivo” en tanto constituye la continuidad del proyecto del Banco de Especies del Mar Menor, impulsado por el Acuario de la Universidad de Murcia (UMU) y el Gobierno Regional para mantener el “stock genético” de las especies más emblemáticas de la laguna a raíz de las crisis de eutrofización, y que considera “exitoso”. La experta también cree un acierto la reutilización de una infraestructura ya existente. Otro de los aspectos loables de esta inversión —en el que coincide con Julia Martínez— es la labor divulgativa que puede hacerse del ecosistema lagunar.

A pesar de ello, también considera que si las actuaciones para la recuperación de la biodiversidad de la laguna se limitan en exclusiva a la creación de este centro “serán insuficientes”. “Esta es una acción importante y necesaria, pero debe ser complementaria a otras que deben realizarse. Y las primeras son disminuir las presiones externas”, asegura.

Para José Antonio García Charton, doctor en Biología, profesor de Ecología e investigador responsable del grupo ECOMARE —enfocado en los efectos ecológicos de la protección en reservas marinas del Mediterráneo— en la Universidad de Murcia, el futuro OM2 puede llegar a ser “una infraestructura de muchísimo valor para impulsar la investigación científica, sobre todo en función de los proyectos que se desarrollen”.

Sin embargo, para García Charton “nada sustituye a una verdadera gestión integrada de la laguna”. Todo lo que tenga que ver con la conservación de especies fuera de su medio y sin tener en cuenta la protección del Mar Menor y los impactos que recibe, sería un esfuerzo inútil. Por eso, espera que la inversión “no se desconecte de la investigación en el medio natural ni de la toma de decisiones respecto a la situación de la laguna”.

Como él, otros especialistas también han alertado de que la reproducción en cautividad y la reintroducción de especies, aunque útiles en determinados contextos, no garantizan la recuperación si el ecosistema sigue degradado. Reintroducir especies en un medio hostil equivale, en palabras de algunos investigadores, a “llenar un vaso roto”.

Por su parte, desde organizaciones ecologistas se ha advertido en repetidas ocasiones del riesgo de apostar por soluciones “cosméticas” o tecnológicas que no abordan las causas profundas. En este sentido, la creación de un centro de especies es algo “a priori positivo”, aunque hay dudas de que más allá de financiar la obra luego se disponga de partida presupuestaria para dotar las instalaciones de suficiente personal científico y cualificado para su desarrollo.

Además, si no va acompañada de cambios estructurales como la reducción del aporte de nutrientes, el control del regadío ilegal, la restauración de zonas de amortiguación (como humedales y filtros verdes) y la eliminación de la expansión agrícola, no conseguiremos la recuperación real del ecosistema y de sus especies más amenazadas, y puede convertirse en otra medida ineficaz y multimillonaria más, que no sirva realmente para solucionar el problema, como resume Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción.

Responsabilidad política y conflicto de intereses

Y es que la crisis del Mar Menor no es solo ambiental; también lo es política. Durante años, diferentes administraciones han permitido —por acción u omisión— un modelo de desarrollo insostenible.

El Gobierno regional gobernado por el Partido Popular ha sido especialmente señalado por su falta de contundencia frente al regadío ilegal y por su defensa de los intereses del sector agrícola intensivo. A pesar de la aprobación de normativas para limitar la contaminación, su aplicación ha sido irregular y, en muchos casos, insuficiente.

Las posturas de determinados colectivos de regantes han contribuido a dificultar la adopción de medidas más estrictas. Parte del sector ha negado su responsabilidad en la degradación de la laguna o ha minimizado su impacto, atribuyendo la crisis a factores naturales o a episodios puntuales de lluvias.

Por su parte, partidos como Vox han adoptado posiciones aún más negacionistas respecto a la dimensión ambiental del problema, rechazando restricciones al regadío y cuestionando el consenso científico. En febrero de este año, el recientemente defenestrado por su partido, José Ángel Antelo, registró en la Asamblea Regional de Murcia una proposición de ley para reformar la actual Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor que, según la formación ultra, criminaliza a los agricultores.

En este contexto, el anuncio del centro científico puede interpretarse como un intento de desplazar el foco del debate: de la regulación del modelo productivo a la inversión en infraestructuras científicas. Sin embargo, sin una voluntad política clara para abordar los intereses económicos en juego, cualquier medida técnica corre el riesgo de quedarse en un parche.

Biodiversidad en riesgo: el caso del caballito de mar

El Mar Menor alberga una biodiversidad singular, con especies adaptadas a sus condiciones únicas de salinidad y temperatura. Sin embargo, los episodios de colapso que ha sufrido la laguna, y que la han llevado a convertirse en una verdadera 'sopa verde', han hecho que muchas de ellas se encuentren en retroceso.

Uno de los casos más emblemáticos es el del caballito de mar de hocico largo (Hippocampusguttulatus), cuya población ha sufrido un declive drástico en las últimas décadas. Este pequeño pez, convertido en símbolo del Mar Menor, depende de hábitats como las praderas de fanerógamas marinas, que han sido gravemente afectadas por la eutrofización.

La reciente decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de incluir al caballito de mar en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de vulnerable, refleja la gravedad de su situación. La pérdida de hábitat, la contaminación y las alteraciones del ecosistema han reducido sus poblaciones a niveles críticos: en sólo una década, se ha pasado de 196.000 ejemplares a apenas 800.

Aquí es, precisamente, donde iniciativas como el Centro de Especies podrían tener un papel relevante: programas de cría en cautividad, investigación sobre su biología y proyectos de reintroducción podrían contribuir a su conservación.

Sin embargo, la experiencia en otros ecosistemas muestra que estas medidas solo son efectivas si se restauran previamente las condiciones ambientales. Sin praderas marinas saludables, sin aguas limpias y sin estabilidad ecológica, el caballito de mar —y muchas otras especies— difícilmente podrán recuperarse de forma sostenible.

Europa vigila: advertencias y futuro incierto

La crisis del Mar Menor no ha pasado desapercibida en Europa. La Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción contra España por el incumplimiento de normativas ambientales, especialmente en relación con la Directiva de Nitratos.

Las advertencias europeas han sido claras: es necesario reducir la contaminación agrícola, mejorar la gestión del agua y garantizar la protección efectiva del ecosistema. Los fondos europeos, que ahora se presentan como una oportunidad para financiar el nuevo centro, también están condicionados al cumplimiento de objetivos ambientales.

Esto plantea una paradoja: Europa financia parte de la solución, pero al mismo tiempo exige corregir las causas del problema. Si las administraciones no cumplen con estas exigencias, no solo estará en riesgo la recuperación del Mar Menor, sino también la continuidad de la financiación.

De cara al futuro, el escenario sigue siendo incierto. Existen señales positivas, como el otorgamiento —gracias a una iniciativa legislativa popular— de personalidad jurídica al ecosistema lagunar del Mar Menor (y, por tanto, sujeto de derecho) o el aumento de la conciencia social. Sin embargo, los avances son lentos y a menudo se ven contrarrestados por la inercia de intereses económicos y políticos.

Así que la eficacia de este proyecto dependerá fundamentalmente de si se integra en una política ambiental coherente, basada en la reducción de la contaminación en origen, la regulación del modelo agrícola y la restauración de los ecosistemas.

Si, por el contrario, se utiliza como un elemento de marketing político destinado a proyectar una imagen de compromiso sin afrontar las decisiones difíciles, el riesgo es evidente: que se convierta en otro anuncio grandilocuente que no cambie el rumbo del Mar Menor.Como advierten los expertos, la laguna no necesita solo más ciencia; necesita, sobre todo, más valentía política.

La Región de Murcia ha dado un paso decisivo hacia la protección de su ecosistema más emblemático con el anuncio del futuro Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor, denominado OM². Se trata de un ambicioso proyecto científico que se erigirá como una pieza fundamental para la gestión ambiental de la laguna salada, una nueva infraestructura diseñada específicamente para profundizar en el estudio de las especies marinas y sus ciclos vitales completos, permitiendo generar un conocimiento aplicado que se integrará directamente en las políticas de recuperación del entorno. El complejo se concibe como un centro de primer nivel que no solo servirá a la ciencia, sino también a la sociedad murciana en su conjunto.

El lugar elegido para albergar este vanguardista complejo es la antigua terminal del aeródromo de San Javier, unas instalaciones que serán transformadas para este fin conservacionista. El centro ocupará una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados, donde se distribuirán los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo su labor investigadora. Entre sus principales características físicas destaca la presencia de 21 tanques marinos con una capacidad total que supera los 1.100 metros cúbicos de agua. A estos se sumarán 17 acuarios interiores y cuatro tanques en condiciones de semilibertad, configurando un espacio técnico sin precedentes en la zona para el manejo de fauna marina vulnerable.

La construcción de este centro de recuperación supone una inversión económica de calado que asciende a unos 12 millones de euros. Esta financiación se articula a través de un modelo de cooperación administrativa, siendo cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en un 40% por la Comunidad Autónoma. El diseño del proyecto, liderado por el arquitecto José Manuel Chacón Bulnes, apuesta decididamente por la sostenibilidad y la integración total en el paisaje mediterráneo circundante. Además, se contempla la renaturalización de 1.600 metros cuadrados mediante soluciones basadas en la naturaleza y sistemas avanzados de gestión hídrica y energética.

El objetivo científico primordial del OM² es permitir el estudio riguroso de las especies del Mar Menor bajo condiciones estrictamente controladas para asegurar su supervivencia. Gracias a estas instalaciones, los investigadores podrán perfeccionar los protocolos de conservación existentes y aumentar significativamente las probabilidades de éxito en la reintroducción de ejemplares al medio natural. El centro funcionará como un laboratorio vivo donde se monitorizará el crecimiento y la reproducción de la fauna autóctona de forma continua y detallada. Esta capacidad técnica permitirá evaluar riesgos ambientales de manera anticipada y orientar las decisiones públicas basándose siempre en una evidencia científica propia y actualizada.

Este nuevo centro de especies no es una iniciativa aislada, sino la evolución lógica y natural del Banco de Especies impulsado en el año 2019 por el Gobierno regional y la Universidad de Murcia. Durante los últimos años, el equipo del Acuario de la UMU ha desarrollado una labor científica esencial que ahora encontrará un espacio mucho más amplio y dotado de mejores recursos. El trabajo previo ha permitido establecer grupos reproductores y protocolos de mantenimiento en cautividad que han dado resultados muy positivos para la biodiversidad local. La experiencia acumulada con el Banco de Especies servirá como cimiento sólido para que el nuevo complejo alcance su pleno potencial en el menor tiempo posible.

Investigación y educación

En cuanto a su equipamiento especializado, el OM² dispondrá de siete laboratorios avanzados que estarán dedicados exclusivamente a la investigación biológica y ambiental del ecosistema lagunar. Una característica innovadora del proyecto es que cuatro de estos laboratorios serán abiertos y visibles para el público que visite las instalaciones. De esta forma, se pretende acercar el trabajo de los científicos a la ciudadanía, fomentando la transparencia y el interés por la conservación marina. El centro se consolidará así como una fuente permanente de generación de datos que se integrarán en series temporales para comprender mejor la evolución del Mar Menor.

El componente educativo y de divulgación será otro de los pilares fundamentales que definirán la experiencia de los visitantes en este nuevo centro de recuperación de especies. Se ha diseñado un recorrido expositivo estructurado en tres grandes áreas temáticas: la Zona Oceánica, la Mediterránea y la específica del Mar Menor. Este itinerario sumergirá a los ciudadanos en un ambiente de progresiva oscuridad y humedad, simulando una inmersión real desde el mar abierto hasta la laguna. A lo largo del camino, los visitantes podrán descubrir la riqueza biológica a través de los diversos acuarios y tanques que conforman el complejo científico.

Entre las especies que recibirán una atención prioritaria en el centro se encuentran algunas tan emblemáticas como el caballito de mar, la nacra o el fartet. Actualmente, ya se cuenta con un stock de cerca de 4.000 ejemplares de caballito de mar obtenidos mediante programas de cruzamiento controlado en fases previas. También se trabajará intensamente con singnátidos que sufrieron una gran regresión tras las inundaciones de 2019 y con la Pinna nobilis, especie en peligro crítico. Las nuevas instalaciones permitirán mantener a estos individuos en condiciones de semilibertad, facilitando su adaptación progresiva antes de ser devueltos a su hábitat natural definitivo en el Mar Menor.

Los intentos de desprotección de nuestra laguna salada han sido una constante en la práctica de nuestra administración regional auxiliada por la ultraderecha en los últimos años. Otra vuelta de tuerca en la desprotección y desregulación del Mar Menor es la reforma de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor; propuesta por el PP a las órdenes de Vox y registrada en la Asamblea Regional en diciembre pasado. Los diferentes colectivos sociales, políticos, conservacionistas y ecologistas que batallan por un Mar Menor vivo han expresado su rechazo absoluto a la pretendida reforma denunciando el hecho de que es una expresión exclusiva de pactos políticos e intereses empresariales.

Las implicaciones de la modificación legislativa son muy graves para el futuro del ecosistema, que se encuentra en un frágil equilibrio. La propuesta de reforma parte de un compromiso político del Partido Popular con la ultraderecha de Vox a cambio de que este último apoye los presupuestos regionales y garantizar su aprobación. No está elaborada para reforzar las protección ambiental del Mar Menor sino para el beneficio del sector agroindustrial, que es el principal responsable de la entrada masiva de nutrientes en la laguna y su eutrofización.

La laguna sigue en un equilibrio inestable, a pesar de la imagen de aparente estabilidad del Mar Menor en los últimos meses. Continúa en una situación crítica. La eutrofización derivada del exceso de nutrientes de origen agrícola y ganadero sigue siendo el principal problema estructural.

A esta contaminación estructural y crónica del acuífero se suman las entradas masivas de nutrientes por escorrentías durante estos últimos episodios de intensas precipitaciones, como se ha evidenciado. Este verano, la zona sur de la laguna sufrió un episodio de hipoxia y anoxia que, aunque no alcanzó la gravedad de otros anteriores, volvió a poner de manifiesto la fragilidad del ecosistema. Sin embargo, los mecanismos legales que incluye esta normativa no se han desarrollado en sus apartados más urgentes: medidas contra la contaminación por nitratos, la ordenación del territorio y la reducción de las escorrentías.

La modificación de la ley se ha querido presentar como una simple corrección técnica pero no lo es. El PP, junto con la ultraderecha, impulsó una comisión parlamentaria con comparecencias. Sin embargo, tras las intervenciones de los representantes del sector agroindustrial y técnicos próximos a sus intereses, en una maniobra filibustera, el calendario de comparecencias fue cancelado. Fue un proceso incompleto y sesgado, oyendo solamente a una parte, e impidiendo la participación de voces científicas, ambientales o sociales críticas.

La tramitación de esta reforma se hace con escasa transparencia, nula participación social y sin rigor técnico en su elaboración. No se ha consultado de una manera preceptiva al Consejo Económico y Social, al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente ni a la Tutoría del Mar Menor, encargada de velar por los derechos del ecosistema, establecida en Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor. Tampoco se ha consultado al Comité de Asesoramiento Científico, creado por la propia Ley 3/2020.

Esta propuesta de reforma legislativa supone una drástica disminución de las sanciones por incumplimiento, eliminando el carácter disuasorio de ellas y estableciendo un agravio comparativo frente a las empresas que cumplen la legislación. En definitiva, esta reforma otorgaría, aun más si cabe, una situación de impunidad a los mayores responsables de la contaminación del Mar Menor. Este cambio es manifiestamente incompatible con la protección de la laguna, responde más bien a la alianza política de la derecha y la extrema derecha junto a los intereses empresariales del agronegocio.

Se necesita un giro radical del Gobierno regional que haga desprenderse de la mochila de Vox y se dirija a la aplicación efectiva y plena de la la ley vigente, con el desarrollo de mecanismos y prácticas que eviten la entrada de nutrientes y sedimentos en la laguna, la eliminación de la contaminación por nitratos, una ordenación sostenible del territorio, un control exhaustivo de escorrentías que fluyen hasta la laguna.

Pero esto no lo va hacer, sería un cambio radical la sustitución de los intereses por la razón en su dinámica política. Es la movilización ciudadana y la crítica de la sociedad civil, en todos sus aspectos, la que puede conseguir un cambio o la eliminación de esta reforma. Es una tarea ambiental y de justicia social que nos concierne a toda la ciudadanía.

En la propuesta de reforma de la Ley de Recuperación y Protección Integral del Mar Menor presentada este lunes por el PP en el registro de la Asamblea regional se han introducido algunos cambios respecto de su último documento, de diciembre de 2025. En línea con los planteamientos de Vox y del sector agrario, una de las modificaciones que han incluido ha sido la de eliminar la obligatoriedad de que las explotaciones agrícolas y ganaderas que se encuentran en el Campo de Cartagena, en el entorno del Mar Menor, estén obligadas a certificar a través de una ECARM (Entidad Colaboradora de la Administración Agraria) que cumplen con la normativa medioambiental, en concreto en el capítulo de la contaminación por nitratos.

Este punto, que se recoge en la disposición adicional décima, es uno de los que ha defendido también la ultraderecha en su proposición de reforma de la Ley y una demanda apoyada por el sector agrario, ya que hasta ahora eran las explotaciones las que tenían que correr con los gastos de estas inspecciones.

La intención de la propuesta es que ya no sean preceptivas, pero sí voluntarias y que aquellas empresas del sector tanto ganadero como agrícola que continúen sometiéndose a las inspecciones anuales y el resultado sea favorable opten al Distintivo para la Agricultura Sostenible del Mar Menor de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la argumentación de la modificación, el PP recuerda que el Gobierno dispone de planes de inspección a las explotaciones agrícolas y ganaderas, que velan por el cumplimiento de la ley del Mar Menor: “La Administración ha asumido el control del cumplimiento de las medidas de la ley, por lo que es preciso adecuar el papel de las ECARM a las necesidades y realidad actual”.

Además, señalan que después de cinco años aplicando la ley, “el sector agrario regional ha realizado un esfuerzo para adaptar sus explotaciones agrarias, realizando importantes inversiones para la implantación de barreras vegetales, para el control de la fertilización, reduciendo sus ciclos de cultivo e implantando tecnologías de riego de precisión, así como otras relativas a la adaptación de la gestión de estiércoles y purines a lo previsto en la ley”.

En cuanto al régimen sancionador, no ha habido en esta nueva propuesta cambios con la anterior de diciembre y en la que ya se rebajaron las cuantías: “Durante cinco años -recogen en la exposición de motivos-, los titulares de las explotaciones agrarias han estado sometidos a un estricto régimen sancionador más exigente que la legislación estatal en la materia, entre otros aspectos, en lo referente a la potestad de imposición de sanciones accesorias”.

Con el cambio de marco se produce un descenso considerable de la cuantía económica de las sanciones: las sanciones leves con la actual legislación tenían multas de hasta diez mil euros, y con la modificación pasarían a una horquilla de entre 600 y 1.000 euros. 

Con esta del PP, ya son tres las propuestas de reforma registradas en la Asamblea regional. Las otras dos, de Podemos y Vox. En 2024 fueron cuatro los grupos que presentaron propuestas de reforma, pero ninguna salió adelante.

Han pasado 10 años desde el Mar Menor se tornó verde en un desastre ecológico sin precedentes al que le siguió las devastadoras mortandades de peces del año 2019 y 2021. Lo ocurrido vino acompañado de una gran movilización social, un movimiento que acabó otorgando a la laguna salada unos derechos pioneros con el reconocimiento de su personalidad jurídica en el año 2022.

Ríos de tinta se han derramado sobre lo ocurrido desde entonces, pero aún no hay consenso entre los distintos grupos sociales -y mucho menos entre las formaciones políticas- sobre por qué el Mar Menor acabó en condiciones tan críticas.

Jose María Egea, codirector del documental 'El Mar no cesa' e investigador del CSIC, insiste en que no pretende señalar con el dedo a los causantes de la contaminación de la laguna. No porque no pueda ni quiera, sino porque le faltarían manos: “Es un problema muy complejo porque son muchos los sectores implicados. No hay dos bandos claros, sino que hay muchas convergencias y divergencias, posturas que se acercan y se alejan en función de quién las dice”, explica.

De esa complejidad nace este largometraje de dos horas, que pretende, sin juicios de valor, contraponer las perspectivas de los distintos sectores implicados en el Mar Menor: los impactos del sector agrícola y ganadero, la red de saneamiento municipal, las estaciones depuradoras, el turismo, la minería, la influencia del nivel freático del acuífero, las consecuencias del sector pesquero y las consecuencias en las especies amenazadas.

“Hasta ahora todo lo que se había hecho en medios de comunicación o en documentales había sido muy sesgado y parcial, y dependía mucho de quien estuviera detrás de esa información”, observa Egea.

El documental se estrenará este domingo 25 de enero a las 17:00 en los cines de Centrofama en Murcia, y tendrá un segundo pase el lunes 26 a las 17:00 horas y el martes 27 a las 19:00 horas. Ha sido premiado por la 'Mejor edición' en el Festival Internacional de Cine Ambiental y Animal (FICAA) de Ciudad de México (México); y seleccionado en el Festival of Social and Environmental Cinema PLANET.Doc en Santa Catarnina (Brasil) y el Zuma International Film Festival en Abuya (Nigeria).

“Hemos hecho 40 entrevistas [Egea y Paco Portero, quien codirige el documental]. Recuerdo que, cuando empezamos a esbozar sobre el papel cómo queríamos que fuese el documental, hablábamos de diez imprescindibles. Diez personas que tuvieran una voz reconocida con autoridad y competencia. Pero cuando abrimos la puerta de este campo tan complejo y empezamos a tirar del hilo, decidimos que no queríamos dejar a nadie sin que pudiera dar su visión y su punto de vista”, ha explicado.

Todas estas voces, tan dispares entre sí, se conjugan en una especie de diálogo: “Quisimos hacerlo parecido a 'La pelota vasca, la piel contra la piedra', el documental de Julio Médem, en el que constantemente hay una réplica y contrarréplica en función de un tema concreto”, abunda.

Natalia Corbalán y Teresa Vicente

“Tenemos estas pugnas que nos parecen muy interesantes. Por ejemplo está Natalia Corbalán, que es la directora de la Fundación Ingenio; y Teresa Vicente, que es la promotora de la ILP y Premio Goldman, es como el Nobel del medio ambiente”, ejemplifica.

De entre las decenas de testimonios, muchos a primera vista irreconciliables, Egea ha asegurado que ha encontrado consenso: “Todos coinciden en que en este problema hay una sinergia, una influencia de todos los sectores. Quizás hasta ahora se ha perdido mucho el tiempo en intentar ver qué porcentaje de culpa tiene cada sector, cuando tal vez lo importante es el perjuicio que provoca la suma de todos ellos”, apunta.

“Lo que realmente está dañando y perjudicando al Mar Menor es lo que se llama efecto cóctel en salud humana. Cuando hablas de tóxicos en el cuerpo, muchas veces la clave no es la cantidad de cada uno de esos tóxicos, sino el cóctel que supone la presencia de todos juntos a la vez”, insiste el investigador.

“No se trata de ver quiénes son los culpables, sino de tomar medidas y de llegar esos acuerdos. Y sobre todo, yo creo que también hay un claro propósito de despolitizar el asunto y ver que esto no es una guerra entre administraciones locales o regionales o estatales, sino que es un problema que tiene que abordar la sociedad en su conjunto. Creo que la gente se ha dado cuenta de que salvar al Mar Menor es un trabajo de todos”.

“Las administraciones son las encargadas de tomar medidas y cada uno barre para su casa. Y el cortoplacismo de la política, que dura un intervalo electoral de cuatro años, hace que cueste tomar medidas a largo plazo, ya que existe el sentimiento de que el mérito se lo va a llevar otro”, señala Egea.

Desde los años 70 hasta nuestros días

De la misma forma que las causas de la contaminación de la laguna son innumerables por su complejidad, también es difícil establecer una cronología: “El documental empieza con testimonios de distintas personas que vivieron las mortandades [de 2019 y 2021]. Nos relatan en primera persona como vivieron esa tragedia que expuso la problemática ambiental al resto del panorama nacional. Pero esos episodios son la punta del iceberg, detrás de ellos hay un proceso lento y de degradación”, expone Egea.

“Desde las mortandades vamos desenmarañando lo que ocurrió a partir de los años 70, que es cuando se cambia de paradigma con la regeneración de playa, el aumento del urbanismo, el agua del trasvase, el boom del sector agrícola. El cambio brusco fue en los años 70 y a partir de ahí vamos contando un poco con la perspectiva de cada sector qué es lo que ha ido pasando”, describe el codirector del documental.

En la actualidad, Egea subraya cómo “de esa sopa verde y de esas mortandades, el Mar Menor se ha convertido en el ecosistema más monitorizado de este país. Hay muchos grupos tomándole el pulso constantemente, como si fuera un triaje de urgencias”.

“Con la presencia de todos los nutrientes que siguen llegando a la laguna cualquier cambio brusco en el entorno puede en cualquier momento desembocar en otros episodios de anoxia y de mortandad. Es lo que podríamos considerar un equilibrio inestable”, ha descrito.

La reforma de la Ley del Mar Menor, propuesta por Grupo Parlamentario Popular en la Región de Murcia y que rebaja las sanciones, podría vulnerar el principio de no regresión, fundamental en el derecho medioambiental: “Se está conculcando directamente el derecho de la laguna”, ha advertido Eduardo Salazar, abogado ambientalista e impulsor de la ley de personalidad jurídica del Mar Menor. De aprobarse la propuesta, Salazar ha advertido que la Tutoría del Mar Menor solicitará el recurso de la modificación, y no descarta que el Gobierno de España lo acabe presentando.

La reforma de la Ley del Mar Menor era la última de las exigencias que Vox impuso a los populares para la firma de los presupuestos regionales de 2025, rubricada en junio de este año. Se cumple este punto tarde, ya que el acuerdo de presupuesto indicaba que se iniciase “el procedimiento de revisión y reforma” de la Ley del Mar Menor “antes de octubre de 2025”.

Según la proposición de ley, a la que ha tenido acceso este diario, se extraerá el régimen sancionador de la normativa en materia de contaminación por nitratos para que figure en el futuro programa de actuación para la zona vulnerable del Campo de Cartagena. Mientras, los agricultores y ganaderos estarán sujetos a un régimen sancionador basado en el estatal, previsto en el artículo 27 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, en materia de nutrición sostenible en los suelos agrarios.

Con el cambio de marco se produce un descenso considerable de la cuantía económica de las sanciones: las sanciones leves con la actual legislación tenían multas de hasta diez mil euros, y con la modificación pasarían a una horquilla de entre 600 y 1.000 euros. “El Mar Menor está muy enfermo, en la UVI, hay plena justificación para darle mayor penalidad a unas conductas como son las agropecuarias que le están haciendo daño”, ha argumentado Salazar, miembro también de la Tutoría del Mar Menor, organismo designado para representar a la laguna salada tras la aprobación de la personalidad jurídica de este entorno.

La propuesta también modifica el artículo 83.4 relativo a la posibilidad de que las empresas sancionadas reciban subvenciones públicas. En su versión original, la normativa estipula que la comisión de infracciones graves o muy graves “conllevará” la pérdida del derecho a obtener cualquier tipo de ayuda o subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el plazo de dos años. Ahora, se propone matizar este apartado, por lo que la comisión de infracciones graves “podrá conllevar” la pérdida de ayudas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideran que la actual Ley del Mar Menor “limita la potestad del instructor de los procedimientos sancionadores” a la hora de decidir sobre la imposición de sanciones accesorias: “El instructor tiene que seguir el procedimiento sancionador, no está limitado en ningún aspecto. Eso que están diciendo es directamente incorrecto”, ha apuntado Salazar.

Los ecologistas podrían emprender acciones legales

En un escrito presentado por Ecologistas en Acción, el grueso de asociaciones en defensa de la laguna salada han mostrado su “indignación” por la proposición de ley de los populares. “Es significativo que precisamente se trate de sacar el régimen sancionador de la Ley, y justamente en un asunto tan primordial como el control del uso de nitratos, eliminando un merecido castigo a los infractores: que quienes incumplen la Ley no tengan derecho a subvenciones públicas por varios años”, han denunciado.

Respecto a los cambios propuestos en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, las organizaciones se han mostrado muy críticas: “Está claro que se trata de favorecer y proteger los intereses empresariales, y precisamente del sector con más responsabilidad en la eutrofización del Mar Menor. Es puro cinismo” ha declarado el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo. Por otro lado, el portavoz de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, ha advertido que la asociación está analizando el texto que ha presentado el Partido Popular, con sus consecuencias prácticas: “No descartamos emprender acciones legales y administrativas, que anunciaremos en breve”.

Por último, han afeado la fecha en la que se ha anunciado esta propuesta, “el día 23 de diciembre, a las puertas de la Navidad”: “Es un ”clásico“ que proyectos o normativas polémicos se tramiten en fechas navideñas o en agosto, aprovechando que la gente se encuentra de vacaciones, para reducir la contestación social y las protestas. Ese es el verdadero espíritu del Partido Popular en cuanto a la participación y la transparencia”. Las organizaciones han querido recordar que el próximo 28 de diciembre tenían convocada una protesta en el Palacio de la Justicia en Murcia, y que este asalto a la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor será uno de los temas principales de la misma.

Mientras se abre un nuevo frente entre el PP y Vox en Extremadura, los populares murcianos pueden decir que han cumplido la última de las capitulaciones que les mantenían atados a los de Abascal. Al menos, durante este año. El Grupo Parlamentario Popular en la Región de Murcia ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.

De acuerdo con el documento, al que ha tenido acceso este diario, se extraerá el régimen sancionador de la normativa en materia de contaminación por nitratos para que figure en el futuro programa de actuación para la zona vulnerable del Campo de Cartagena: “Una vez que se elabore y entre en vigor el nuevo programa de actuación, nada impedirá que, mediante la oportuna modificación legislativa, se redimensionen los contenidos agrícolas y ganaderos de la ley, pudiendo integrarse su régimen sancionador dentro del previsto en materia de protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos de origen agrario”, han defendido los populares en su propuesta.

En otras palabras, de salir adelante esta modificación, el régimen sancionador contra ganaderos y agricultores será “único” en toda la Región de Murcia. A la espera de que se apruebe el programa de actuación, los agricultores y ganaderos estarán sujetos a un régimen sancionador basado en el estatal, previsto en el artículo 27 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, en materia de nutrición sostenible en los suelos agrarios.

La reforma de la Ley del Mar Menor era la última de las exigencias que Vox impuso a los populares para la firma de los presupuestos regionales de 2025, rubricada en junio de este año. Se cumple este punto tarde, ya que el acuerdo de presupuesto indicaba que se iniciase “el procedimiento de revisión y reforma” de la Ley del Mar Menor “antes de octubre de 2025”.

“No se trata de permitir nada que no estuviera permitido, sino de establecer la misma cuantía de las sanciones que para el resto de España. No tiene sentido que aquí sean distintas cuando hay una norma estatal que las regula. Es como si por una infracción de tráfico se pagara más en la Región de Murcia que en el resto de comunidades autónomas”, defiende el Grupo Parlamentario Popular.

Rebajar las sanciones a los agricultores es una exigencia recurrente de Vox hacia los populares, previa a que los de Abascal rompieran el acuerdo de gobernabilidad y salieran del Gobierno de la Región de Murcia por el reparto de menores no acompañados en julio de 2024. Tres meses antes el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, puso sobre la mesa eliminar algunas sanciones consideradas como graves en la norma vigente, como que una explotación agrícola no esté inscrita en el registro de la Comunidad Autónoma o que ésta no disponga de operador agroambiental; además de una rebaja de la cuantía económica de algunas sanciones agrícolas de un 50%.

Ahora, la modificación del Partido Popular no conlleva rebajas en las sanciones al sector agrícola y ganadero, pero modifica el artículo 83.4 relativo a la posibilidad de que las empresas sancionadas reciban subvenciones públicas. En su version original, la normativa estipula que la comisión de infracciones graves o muy graves “conllevará” la pérdida del derecho a obtener cualquier tipo de ayuda o subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el plazo de dos años. Ahora, se propone matizar a este apartado, por lo que la comisión de infracciones graves “podrá conllevar” la pérdida de ayudas. En otras palabras, se convierte un punto sancionador de la ley que era una certeza en tan solo una posiblidad.

En la propuesta, los populares justifican esta modificación en que la actual Ley del Mar Menor “limita la potestad del instructor de los procedimientos sancionadores” a la hora de decidir sobre la imposición de sanciones accesorias. Es por ello que añaden este verbo transitivo, devolverle la potestad al instructor de elegir si privar o no al infractor de acceder a ayudas públicas, de la misma forma que se recoge en la normativa estatal.

Tras poco más de medio año desde que se constituyó la tutoría del Mar Menor y la Comisión de Representantes comenzase a velar por sus derechos, su presidenta, Teresa Vicente; y su secretario, Alfonso Manzano Ruíz, han dimitido. Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho y una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgarle Personalidad Jurídica al Mar Menor, ha denunciado que su Comité está “paralizado” por la administración regional y nacional: “Hemos tenido que recordar a la Administración que ellos habían jurado por el Mar Menor, que esa era una ley de los derechos del Mar Menor y que era una ley ciudadana. Que nosotros éramos la voz del Mar Menor”, ha explicado Vicente a este diario.

Aunque Vicente reconoce que la tutoría “va bien”, los comités marchan a dos velocidades: “El Comité Científico y el de Seguimiento funcionan, pero en el nuestro [el de representantes] todo han sido problemas con la administración regional y nacional”, ha resumido a este diario.

Tal y como explica en su carta de dimisión “se ha creado una especie de derecho de veto de las administraciones públicas -la Comunidad Autónoma y el Estado- de muchas de las iniciativas que se han presentado, por cuanto dichos representantes, nombrados por las administraciones, actúan más como defensores de la Administración, que como defensores de los derechos del Mar Menor, que es para lo que fueron nombrados”.

La catedrática apunta directamente al artículo 5.5 del Reglamento, que establece que “los acuerdos del Comité de Representantes serán adoptados por mayoría de sus miembros, con al menos el voto favorable de todas las personas representantes de una de las administraciones y cuatro de las personas representantes de la ciudadanía”. De acuerdo con Vicente, el reglamento ha provocado que representantes de la administración regional y nacional hayan “vetado” propuestas de los representantes de la ciudadanía.

“Nosotros no creíamos que fuera a pasar esto. Si lo hubiéramos sospechado habría recurrido el reglamento”, ha asegurado. Pero ha confesado que temía que la aplicación de la tutoría del Mar Menor se atrasase aún más. “No esperábamos que el gobierno socialista se uniera al otro [el del PP en la Región de Murcia] en contra nuestra. Pero ellos representan a la Administración y piensan como tal”.

Desde la consejería de Medioambiente han asegurado que respetan la decisión de dimitir por parte de Teresa Vicente y Alfonso Manzano Ruíz, pero que no comparten “las razones expuestas”. Han subrayado que “las administraciones públicas han colaborado de manera leal y en un clima de cordialidad en el Comité de Representantes de la ILP del Mar Menor y en defensa de la legalidad jurídica”. Han defendido el papel de los representantes de la Comunidad Autónoma en el Comité, “técnicos de la Consejería que trabajan de forma diaria para y por el Mar Menor”.

Sobre las acusaciones de veto, la consejería ha recordado que “se trata de un órgano que acaba de empezar su andadura, de hecho hoy mismo se ha aprobado el reglamento de funcionamiento de este órgano así como el reglamento de la gerencia”.

Para el Mar Menor, las ostras son utensilios de limpieza más eficaces que el mejor de los coladores. En cubetas llenas de agua y numeradas para llevar un control de la variabilidad genética, las ostras se reproducen y estudian en el criadero del Centro Oceanográfico de Murcia, en San Pedro del Pinatar (IEO-CSIC). Situado en un entorno privilegiado, al norte de La Manga del Mar Menor, en este espacio de investigación centenares de miles de larvas de ostra, al principio más diminutas que granos de arena, son cuidadas y alimentadas para que, conforme vayan creciendo, puedan ser reintroducidas en su entorno natural y cumplir su objetivo: ayudar a regenerar la laguna del Mar Menor, en la costa murciana.

Como todos los bivalvos, las ostras filtran el agua. Son bioextractores de nutrientes, según la definición técnica. “Se comen la sopa verde”, sintetiza Marina Albentosa, en referencia al término que resume el colapso y eutrofización de la laguna murciana: cuando hay un exceso de nitrógeno y fósforo en el agua, proliferan las microalgas que consumen oxígeno y, al bloquear la luz, no permiten que esta llegue al fondo. Esas microalgas son la base de la alimentación de estas ostras, aunque la capacidad real de filtración que pueden llegar a tener está todavía pendiente de evaluación. Pero es un ejemplo de que la naturaleza puede ser parte de la solución a la hora de regenerar un ecosistema tan amenazado como el Mar Menor.

Marina Albentosa es la responsable del Laboratorio de Ecofisiología de Bivalvos del IEO-CSIC en San Pedro y la coordinadora de la iniciativa para la recuperación de la ostra plana del Mar Menor. La medida busca recuperar la calidad ambiental del ecosistema, una herramienta más dentro de las posibles soluciones para paliar la degradación de esta laguna salada. “Esto es un proyecto de acuicultura restaurativa, un concepto que une los fines comercial y ambiental”, afirma la científica. ¿Y por qué las ostras? Marina explica que cuando en 1973 se abrió el canal de El Estacio, permitiendo que entrara agua del Mediterráneo al Mar Menor, cambió la salinidad de la laguna y tuvo grandes consecuencias. Una de ellas fue la entrada de diferentes especies como la nacra (Pinna nobilis) y la ostra plana (Ostrea edulis) que ahora sí podían sobrevivir dentro de este peculiar espacio natural.

Marina es didáctica y concreta cuando habla. Cuenta que en 1991 se hizo un muestreo y se estimaba en 135 millones de ejemplares la población de ostras en el Mar Menor, capaces de filtrar toda el agua de la laguna en 55 días. La extracción masiva, los episodios de contaminación y la eutrofización acabaron con esa presencia de los bivalvos endémicos, no solo de las ostras. También la nacra, la almeja o los berberechos prácticamente desaparecieron. “Nuestro objetivo es generar el conocimiento necesario para que se puedan recuperar las poblaciones de ostra en el Mar Menor. Queremos recuperar sus servicios ecosistémicos”, explica. Esto puede ser un incremento en la claridad y calidad del agua de la laguna, una mejora en la biodiversidad, más actividad pesquera o aumentar su valor cultural. Todo está relacionado entre sí.

La idea de utilizar los bivalvos para filtrar el agua del Mar Menor surgió en 2016 a raíz del episodio de “sopa verde” que supuso un momento clave en la degradación ambiental de la laguna. Marina, junto con otros expertos de todo el mundo que estudiaban bivalvos, se planteó la posibilidad de usar ostras en la laguna murciana, replicando otros casos similares que habían funcionado en EEUU, como Tampa Bay en Florida y Chesapeake Bay en la costa este. También en Suecia o los fiordos daneses se han utilizado mejillones para eliminar nutrientes del agua. En 2020 se lanzó la iniciativa de la mano de la alianza para la restauración de la ostra nativa europea (NORA), pero no fue hasta 2022 cuando se consiguió la financiación necesaria para desarrollarla en la Región de Murcia. Desde entonces, se van solapando diferentes proyectos.

La que se está criando desde esta iniciativa es una ostra nativa europea. Se encuentra en el Mediterráneo y en toda la costa del Atlántico, desde Europa del norte hasta Marruecos. Estas ostras planas (Ostrea edulis) son hermafroditas y pueden cambiar de sexo varias veces a lo largo de su vida. A partir de los tres años ya se pueden consumir, aunque llegan a vivir 10, 20 o incluso 30 años si las condiciones son idóneas. Como una etapa intermedia entre el criadero y el mar, las aguas de un canal salinero son el lugar ideal para las ostras. Situadas al norte de la laguna, las salinas de San Pedro del Pinatar ocupan aproximadamente dos tercios del parque regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Un canal salinero es el que distribuye el agua del mar entre las diferentes balsas, donde se irán decantando la sal y los sedimentos. La colaboración con las ostras va más allá de ceder el espacio sin coste alguno. Es poner en valor el espacio natural y a la actividad salinera como conservadora del medio ambiente.

Sobre una estructura flotante está el sistema de cultivo: unas líneas o bateas donde quedan sumergidos los bivalvos. El canal no llega a los dos metros de profundidad y se puede ver el fondo lleno de Caulerpa prolifera, como en la cercana laguna. En la superficie flotan ovas, otra alga verde brillante con forma de pelambrera enmarañada y que se extiende entre la orilla y la estructura. Marina se cambia las zapatillas por unas crocs y baja las escaleras hacia el agua, señalando las líneas donde están las ostras. “Venimos por la mañana, le damos la vuelta y las ponemos boca arriba, las ostras se cierran y sobreviven y todo el resto se muere. A las cuatro o cinco horas les damos la vuelta, y las volvemos a sumergir. Este sistema es muy interesante para la limpieza y para el endurecimiento del músculo, hace una ostra muchísimo más resistente. El objetivo es que mantenga mejor la circulación a través de los agujeros y que se desarrolle más. Al dejarla al aire, tiene que hacer el ejercicio de cerrar con el músculo. Entonces liberan algo que no sé decirte lo que es, pero los ostricultores dicen que el sabor es diferente, por sacarlas fuera del agua”.

“Esto es una técnica experimental, esta es la base del arrecife, lo hacemos aquí para luego ponerlo en el mar y que las ostras vayan creciendo, engordando y demás”. Esto también es parte del trabajo de investigación de cada proyecto: ver qué funciona y aprender de los errores.

Un ejemplo del que inspirarse y que desde la iniciativa están teniendo como referencia es la francesa laguna de Thau, en la región de Languedoc-Roussillon. Esta laguna también sufrió un importante episodio de eutrofización del agua y el papel de los ostricultores ha sido muy interesante en su recuperación.

La Plataforma ciudadana “Pacto por el Mar Menor”, una de las entidades promotoras de la Iniciativa Legisla Popular que otorgó de personalidad jurídica a la laguna salada en el año 2022, cumple diez años: “El primer éxito de este movimiento es su propia existencia como movimiento, rompiendo con el fatalismo que siempre implica abanderar la causa de la naturaleza. Basándose en conceptos y saberes científicos fueron capaces de darle voz a una laguna que, de lo contrario, se hubiera quedado en silencio con los desechos”, ha explicado el sociólogo Andrés Pedreño durante el acto de celebración que ha tenido lugar este jueves. “Estas mujeres y estos hombres emprendieron un conjunto de acciones para que ni el Mar Menor ni la naturaleza de esta Región fueran excluidas de la participación democrática. Por supuesto esto no lo hizo solamente el Pacto, a su lado estaban montones de asociaciones ciudadanas, ecologistas y vecinales”, ha abundado.

Pedreño ha explicado que la democracia es “un proceso en continua construcción”, y que por ello es vital el papel de los movimientos sociales: “En nuestra época hemos descubierto la gran exclusión de la naturaleza y la gran exclusión del Mar Menor. Y esta es la contribución del Pacto a la democracia murciana: romper ese cierre y esa exclusión, devolver la naturaleza a la esfera de la participación, devolver el Mar Menor al ámbito del derecho”.

“Hemos de pensar como un milagro la emergencia que supone el Pacto del Mar Menor porque nace a contracorriente de la dinámica de ocultamiento de las destrucciones ecológicas y que fue propiciada por el Gobierno regional, pero también por otro montón de actores de diverso cuño”, ha recordado el sociólogo. El Pacto nació en 2015, poco antes de que tuviera lugar en la laguna salada el fenómeno conocido como sopa verde, tras años de vertidos agrícolas. “El Mar Menor, o para ser más precisos, el colapso medioambiental del Mar Menor, es el lado oscuro de la democracia regional. Representa lo que quedó excluido de la construcción democrática del territorio de la Región de Murcia. Sus desechos”, ha definido.

“El símbolo del caballito de mar, los abrazos al mar o aquel trabajo audiovisual con las historias de hombres y mujeres rememorando con imágenes familiares o infantiles sus vivencias originarias en el Mar Menor: fueron todas ellas acciones oportunas para generar energía emocional. Y este cemento emocional es el que posibilitó las grandes movilizaciones ciudadanas que se han desarrollado todos estos años en torno al Mar Menor”, ha analizado Pedreño.

Todo movimiento social, ha subrayado, necesita de esa argamasa emocional y el Pacto del Mar Menor ha sido “especialmente hábil” en construir energía emocional para que circulara y revitalizara la democracia murciana.

El sociólogo ha alertado que “no es casualidad que, en el actual momento, cuando la crisis climática anuncia el final de la naturaleza barata, surjan fuerzas políticas autoritarias que nos dicen que ahora toca democracia autoritaria porque hay menos que repartir y somos demasiados”.

“La gran exclusión de la naturaleza, sobre las que se fundamentaron las democracias occidentales de posguerra, nos ha conducido a la actual crisis ecológica. Pero la salida a esta crisis no puede ser una democracia autoritaria”, ha señalado Pedreño. “Si algo nos ha enseñado el Pacto del Mar Menor, todos estos años, es que para romper exclusiones y cierres necesitamos de más y mejor democracia. Este es el desafío: profundizar la democracia para construir una salida a la crisis ecológica”.

El sociólogo ha argumentado que las democracias occidentales tras la Segunda Guerra Mundial se construyeron sobre “el petróleo barato, los alimentos baratos, los minerales baratos. La naturaleza quedó privada de derechos. La gran exclusión de la naturaleza implicó una guerra tanto no declarada como no limitada contra la naturaleza. Y es esto exactamente lo que ha habido en esta Región”.

Pedreño describe como, en primer lugar, la laguna salada recibió los desechos de la minería llegados a través de las ramblas de la Sierra Minera de La Unión-Cartagena. Posteriormente, el boom turístico de los años 70 urbanizó la mayor parte de sus orillas y de ahí también recibió residuos de todo tipo. Pero lo que precipitó el colapso ambiental de esta laguna fue originado por los nitratos procedentes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena.

“La Región de Murcia se pensó desde sus mismos orígenes como una utópica comunidad de regadío, en la que si hay ”agua para todos“ crecería un vergel en el desierto. Y así fue. El héroe de esta transformación del desierto en un vergel fue el agricultor, el regante. Su esfuerzo fue celebrado y consiguió aportar un enorme caudal de energía emocional a la democracia murciana. Pero esta comunidad de regadío implicaba un cierre, una gran exclusión respecto a la naturaleza”, ha abundado.

En primer lugar, una dinámica estructural de apropiación y explotación desvalorizadora de la naturaleza: “Toda la naturaleza murciana quedó fuera del ámbito del derecho y puesta al servicio del proyecto regional de la gran comunidad de regadío, para su explotación y apropiación. El Mar Menor quedó fuera del ámbito del derecho y de la participación democrática. A un lado de la frontera, crecían exitosamente los cultivos de la huerta de Europa. Al otro lado, se morían los peces y praderas marinas del Mar Menor. Ambas imágenes componen la cara y la cruz de la democracia murciana”, ha explicado.

En segundo lugar, junto con la dinámica de explotación de la naturaleza, se abrió otra segunda de externalización y ocultamiento: “Se hizo todo lo necesario, y fue mucho, para ocultar de manera duradera las destrucciones ecológicas que quedaban ahí fuera. Durante décadas el Gobierno Autonómico de la Región de Murcia propició esta dinámica de ocultamiento”, ha concluido.

El fiscal del caso Novo Carthago, Juan Pablo Lozano, ha mantenido la acusación contra varios ex altos cargos de la Comunidad Autónoma por delitos de falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales. En sus conclusiones, el fiscal ha reconocido que, de ser condenados, ninguno de los acusados ingresará en prisión por los retrasos en el proceso.

En sus conclusiones, el fiscal ha aumentado en un grado las dilaciones indebidas, lo que ha reducido las penas a un máximo de un año de prisión. En un principio, la Fiscalía solicitó para el exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente tres años y medio de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo como presunto autor de los delitos de falsedad y prevaricación. Para el antiguo titular de Obras Públicas y también delegado del Gobierno entre 2011 y 2015, el ministerio público solicitó seis años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

 'Novo Carthago' investiga la recalificación ilegal de terrenos parcialmente protegidos cerca del Mar Menor para la construcción de un macrocomplejo de 10.000 viviendas, un campo de golf y hoteles de lujo promovido por Hansa Urbana y que se celebra casi veinte años después.

Lozano ha lamentado que, aunque la fase de instrucción del caso finalizó en 2018, han tenido que pasar siete años hasta el inicio de las vistas orales. Dado que las penas son inferiores a dos años, ninguno de ellos ingresará en prisión. El sistema penal español contempla la suspensión de pena para delitos no violentos, siempre que los condenados no tengan antecedentes y cumplan ciertos requisitos. Por otro lado, la inhabilitación para empleo o cargo público y las multas sí serán efectivas.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha confirmado la desaparición de la bolsa de anoxia que se había detectado en la zona sur del Mar Menor tras el paso de la dana Alice, pero ha alertado de que la zona central de la laguna mantiene indicadores de hipoxia, unos niveles de oxígeno anormalmente bajos.

El Mar Menor ha alcanzado “unas condiciones de estabilización”, tal y como indica el último informe del proyecto 'Belich' del IEO. Tanto la clorofila-a como la turbidez se han mantenido en valores incluso inferiores a los registrados en esta época del año en periodos anteriores de estabilidad: “Esta reducción ha favorecido una mayor disponibilidad de luz en el fondo, alcanzando niveles suficientes para garantizar el funcionamiento de las comunidades de macrófitos [plantas acuáticas], alejándose de los efectos disruptivos que se advertían en informes anteriores”.

Los valores de oxígeno disuelto, por su parte, se han mantenido en rangos “óptimos” en el grueso de la laguna, aunque el informe ha alertado de la situación en el fondo marino de la zona central de la laguna: “Se han registrado en el fondo valores correspondientes a una situación de hipoxia”, ha indicado el IEO.

“En la estación B (centro), los sensores de fondo han registrado valores notablemente más bajos que en el resto de la laguna, alcanzando con cierta frecuencia valores indicadores de una situación de hipoxia (4-2 mg/l) entre los días 20 y 25 de agosto”, ha detallado el IEO.

Aunque el Instituto ha observado que el cuadro general de la laguna “no es indicativo de riesgo de algún tipo de evento ambiental adverso”, ha anunciado que va a monitorear los valores anormalmente bajos de oxígeno en el área central afectada y su posible causa.

Migración de fauna local

Tras las precipitaciones de hace dos semanas, el frágil ecosistema de la laguna experimentó un nuevo deterioro. El 19 de octubre los valores estaban por debajo de 2 mg/L en la zona, que si bien no es anoxia completa, sus efectos sobre la fauna y flora acuáticas son ya tóxicos, y pueden desencadenar una situación de estrés extremo e, incluso, mortalidad si la exposición de los organismos marinos a estas condiciones es prolongada.

A consecuencia de este fenómeno, el 23 de octubre tuvo lugar una migración de la fauna local, que fue avistada huyendo del fondo marino hacia la superficie, en un intento de escapar de la masa de agua anóxica del sur de la laguna.

El Partido Popular de la Región de Murcia, ante el avance de la extrema derecha, se ha echado al monte, a imagen y semejanza de Díaz Ayuso, figura admirada por López Miras, que replica todas y cada una de las medidas que la presidenta madrileña aplica en su región. 

Así, ante la obligatoriedad por parte de las comunidades uutónomas de entregar los datos de cribado de cáncer, los consejeros y consejeras de Sanidad de las autonomías gobernadas por el PP, nuestra región incluida, con Juan José Pedreño a la cabeza, se levantaron de la mesa al comienzo de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, habiendo disfrutado, eso sí, del banquete previo. Ese desplante a la ministra García no ha sido un simple hecho simbólico, sino que es un desprecio a la salud de cientos de miles de mujeres que están a la espera de pruebas médicas para confirmar o descartar un cáncer de mama. Y no sólo eso, sino que esta espantada ha impedido aprobar que se destinen 2 millones de euros a la investigación y la vigilancia del cáncer en nuestro país. 

Otra ocurrencia del Partido Popular murciano es la de implantar el llamado 'modelo EGB' a los centros educativos a partir del curso 2026/2027 con la pretensión de que se imparta 1º y 2º ESO en los colegios, a imagen de los años 80, cuando su equivalente, los antiguos 7º y 8º de EGB, se daban en los centros de Primaria. Me parece que la Consejería de Educación no ha calibrado bien las consecuencias de tal decisión. ¿Se desplazará el profesorado de Secundaria a los colegios para impartir sus materias? ¿Tienen los colegios los medios adecuados para llevar a cabo dicho traslado de alumnado -laboratorios, talleres, aulas temáticas-? El consejero de Educación, Victor Marín, calificó esta medida, en una entrevista reciente, como de “acción moderna, realista y eficaz”, cuando es algo antiguo y cuya eficacia no está probada, siendo el medio de intentar solucionar la masificación de las aulas, pero sin invertir en la construcción de nuevos centros educativos públicos. El consejero aprovecha para cargar contra el sistema educativo, tachándolo de “modelo fracasado”, que “ha instalado la mediocridad, ha minado la cultura del esfuerzo y ha erosionado la autoridad del docente”, en una clara estrategia de desprestigiar la educación pública y continuar con su apuesta por la educación privada y concertada. 

El tercer frente abierto por el Gobierno regional en contra de los intereses de la mayoría lo encontramos en el tema de la vivienda. A imagen de su homóloga madrileña, López Miras se niega a aplicar la Ley de la Vivienda, en concreto en lo que se refiere a la declaración de zonas tensionadas, es decir, aquellas áreas urbanas en las que las familias deban dedicar al alquiler más del 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares en esa zona. El precio medio de la vivienda en la ciudad de Murcia se ha incrementado un 11% en el último año, y se prevé que siga subiendo otro 5% en este 2025. Además, el Ministerio de Vivienda ha detectado la presencia en la Región de Murcia de 1.402 pisos turísticos ilegales, una práctica especulativa que, en parte, es la causa del alza de los precios de la vivienda.

El medio ambiente es otro aspecto que el Gobierno regional continua sin poner en valor. Se sigue sin aprobar el Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor, en un momento en que vuelven a sonar las alarmas por el estado de anoxia que se comienza a percibir en la masa de agua, lo que hace temer que se repita la situación de los años 2019 y 2021. La aprobación de este plan acumula ya dos años de retraso desde que se le otorgó de personalidad jurídica a la laguna costera más importante del Mediterráneo Occidental, tal y como denuncia el Comité de Seguimiento del Mar Menor. Tampoco se ha aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, que regula las actividades de este espacio natural costero. La reducción de la contaminación atmosférica es otra asignatura pendiente del Gobierno de López Miras. Un estudio reciente de la UMU vincula los altos niveles de ozono, PM10 o dióxido de nitrógeno, junto a noches tropicales y olas de calor, con el aumento de la mortalidad en nuestra región.

A nivel local, el Partido Popular de la ciudad de Murcia ha llegado a descalificar públicamente a personas particulares, con nombres y apellidos, vecinos del barrio de Vistabella, para no reconocer las necesidades de un barrio emblemático de la ciudad reivindicadas de forma pacífica y festiva por unos centenares de vecinos y vecinas, usando el bulo y la mentira, en una maniobra más propia de organizaciones mafiosas que de un partido que gobierna. 

Las diferentes decisiones que está tomando el Gobierno regional en materias sensibles que afectan directamente a la vida de la ciudadanía, como la sanidad, la educación, el medio ambiente o la vivienda, no atienden a los intereses de la mayoría social, sino que responden a una estrategia acordada entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para hacer lo contrario de lo que acuerda el gobierno central, con una finalidad puramente partidista, aunque ello suponga el menoscabo de las condiciones de vida de murcianos y murcianas. ¿Cuándo se dará cuenta la sociedad de esta región de esta realidad?