Jaime Martínez Valderrama (Madrid, 1973) lleva más de veinte años estudiando la desertificación. Es científico titular de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC), ingeniero agrónomo y coautor, junto a otros diecinueve científicos, del artículo publicado en Nature que pide “doblegar la curva” de la degradación de la tierra a escala global. Vive en Almería desde 2008 y ha participado esta semana en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio mediterráneo', organizado por la Universidad de Murcia (UMU) y celebrado en Mazarrón.

En esta entrevista repasa qué es realmente la desertificación, por qué España —y muy especialmente la Región de Murcia— es uno de los territorios más afectados de Europa, y por qué considera que este problema ambiental se ha convertido también en una cuestión geopolítica de primer orden.

Lleva más de 20 años estudiando la desertificación. ¿Qué significa realmente que un territorio se desertifique? ¿Tiene marcha atrás?

Desertificarse es que un territorio empieza a adquirir características parecidas a las del desierto: la fertilidad natural que tiene —por el suelo, el agua, la biodiversidad— se va perdiendo por variaciones climáticas, como las sequías, pero sobre todo por una actividad humana inadecuada.

Revertirlo es muy complicado, porque en los territorios áridos la naturaleza trabaja muy despacio. Recuperar un centímetro de suelo fértil perdido puede llevar entre 800 y 900 años. Un acuífero que se vacía puede tardar 100 años en recuperarse. Y en zonas costeras, si se bombea demasiada agua, entra agua del mar y los acuíferos se salinizan: eso, a escala humana, es irreversible.

En agosto publicó en Nature, junto a otros 19 científicos, un artículo que defiende que hay que “doblegar la curva” de la degradación de la tierra. ¿Por qué?

Se hizo con motivo de la última COP, cuando coincidieron casi en el mismo periodo las tres convenciones —biodiversidad, cambio climático y desertificación—. Defendemos que hay que ponerlas en consonancia: si disminuyes la degradación de la tierra, disminuyes también las emisiones de CO₂, porque más de la mitad del carbono que circula en la atmósfera viene de malas prácticas agrarias, de liberar el carbono que estaba almacenado en el suelo.

¿Tiene sentido tratar la desertificación como un tema aislado?

No. Hay que afrontarlo todo de manera conjunta, sin trabajar en silos —el agua, por un lado, la tierra por otro, la biodiversidad por otro—. Cuando se actúa de forma aislada, sueles arreglar una cosa y estropear otra, como pasa en medicina: tratas un dolor de cabeza y afectas al estómago del paciente.

Se ha hablado de que el 75% de España es potencialmente desertificable y que el 20% ya tiene problemas avanzados. ¿Cómo se calculan esas cifras?

Esas cifras están desactualizadas. Hemos creado un Atlas de desertificación de España usando la estimación de zonas áridas del CSIC-IPE, según la cual las zonas áridas ocupan el 69% del territorio español. De esas zonas, el 61% —el 41% de todo el territorio español— está ya desertificado. No es que tenga riesgo: ya lo está.

Hasta ahora no existían mapas de desertificación fiables en el mundo, porque este proceso combina erosión, pérdida de biodiversidad, pérdida económica y degradación hídrica, y sumarlo todo de forma coherente es muy complicado. Nosotros hemos desarrollado un procedimiento alternativo, y con él hemos elaborado un mapa que es una novedad a nivel mundial.

Dice que el regadío puede ser parte del problema, ¿a qué se refiere?

Sostengo que no es una defensa. El error viene de asumir que la desertificación es 'el avance del desierto', algo muy extendido pero muy grosero. Si piensas así, la solución parece obvia: pones un regadío, y de repente tienes una mancha verde en un paisaje ocre. Parece que ganas la batalla. Pero para crear esa mancha verde has bombeado agua del subsuelo sin plantearte de dónde la vas a sacar a largo plazo, y eso te funciona 30 o 40 años —son los 'milagros económicos' del sureste, también en Murcia—, hasta que el acuífero se agota. Lo hemos visto en sitios más extremos, como el desierto arábigo, donde se cultivó alfalfa para vacas frisonas hasta que se agotaron los pozos y se acabó todo.

Se habla mucho del cambio climático como culpable, pero usted insiste en cómo se gestiona el territorio. ¿Qué pesa más?

Es la propia definición de Naciones Unidas: la desertificación es la degradación de zonas áridas por variaciones climáticas y actividades humanas. Sin actividad humana, no es desertificación, es otro problema. Doñana se seca y decimos 'qué sequía'', pero es que llevan veinte años cultivando fresas y agotando el acuífero que permitía su recuperación. Las calimas de África que nos ensucian el coche tampoco son desertificación: son un problema respiratorio.

Uno de los aspectos que mencionan en el artículo de Nature es que la clave estaría en cambiar el sistema alimentario global. ¿En qué sentido?

Cuatro de los cinco grandes paisajes de desertificación de España tienen que ver con la agricultura. Una de las medidas que planteamos es reducir el desperdicio alimentario: un tercio de lo que producimos no se consume. Publicamos un artículo sobre esto que tuvo una repercusión inesperada, poniendo números a cuántas frutas y hortalizas se tiran en España oficialmente. Un año se habló de 400.000 toneladas de limones tirados en Alicante, y en el registro oficial solo constaban 120.000.

También defendemos controlar el consumo de carne intensiva y fomentar la ganadería extensiva de calidad, porque favorece la economía de las zonas de interior y es buena para el medio ambiente. Apostamos por una dieta mediterránea equilibrada, con más vegetales, sin excluir la carne de calidad frente a las macrogranjas. El profesor Carlos Duarte propone además incorporar mucha más proteína marina a la dieta global.

En el curso de Mazarrón se habla de la desertificación junto a migraciones y conflictos, como un tema de seguridad. ¿Por qué cree que ha dejado de verse solo como un problema ambiental?

Porque la globalización genera dependencias excesivas, y con las últimas crisis lo estamos viendo: la guerra de Ucrania, la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. Cuando una agricultura depende tanto de insumos externos, luchar contra la desertificación es luchar contra la inseguridad alimentaria. Si gestionas mejor el suelo, necesitas traer menos urea de Dubai, menos fosfatos de Marruecos. Y cuando sube el precio de la energía —de la que depende buena parte de la agricultura, para bombear agua, fabricar fertilizantes, mover tractores— los costes se disparan: con la guerra de Ucrania, a Fertiberia dejó de salirle rentable producir nitrógeno. Si tienes el suelo en buenas condiciones, esa dependencia pesa mucho menos. Por eso creo que esta cuestión encaja con la geopolítica.

Centrándonos en la Región de Murcia: según el Atlas de la Desertificación, ¿cómo está la comunidad ahora mismo?

Si España está desertificada en el 91% de sus zonas áridas, en Murcia esa cifra sube al 95%, básicamente por las aguas subterráneas: prácticamente todos los acuíferos de la Región están deteriorados, como en Almería. Puedes mirar un paisaje con un bosque y pensar que no está tan mal, pero el acuífero de debajo puede estar contaminado o vacío. Como casi todo el territorio murciano es zona árida, está prácticamente todo desertificado en mayor o menor medida, algo que ocurre también en Albacete, Alicante y Almería, por la actividad agraria intensiva de los últimos cuarenta años. En Almería el problema se ha ido paliando con desaladoras, pero eso tiene costes impresionantes, y esa factura no la percibe tanto el productor, porque si tuviera que pagarla, no podría cultivar.

Esta semana ha estado en la Región la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica. Hay una disputa sobre el origen de la contaminación del Mar Menor: el Gobierno regional apunta al acuífero, y la comisionada, a las escorrentías agrícolas. ¿Qué opina?

Hay un informe muy bueno de la Fundación Nueva Cultura del Agua, cuya directora, Julia Martínez, colabora también en el Atlas de la Desertificación. Es, en el fondo, un problema del Campo de Cartagena: el uso masivo de fertilizante químico en un regadío superintensivo. Esa escorrentía eutrofiza el Mar Menor, hace proliferar algas y perjudica la vida bajo el agua. El problema ha sido la agricultura intensiva, que además se entiende: los problemas de desertificación se desencadenan casi siempre por buenas intenciones, la gente quiere prosperar. Pero eso exige al sistema más de lo que soporta, y acaba encareciendo la producción: si pierdes suelo, compras fertilizantes; si agotas el agua, tienes que invertir más. ¿Quién puede poner ese dinero? Cada vez más, los grandes fondos de inversión. En Almería, montar un invernadero cuesta unos 600.000 euros por hectárea, así que el pequeño agricultor queda excluido. Y si miras la renta per cápita de los municipios de España, varios de los más pobres tienen agricultura intensiva: Níjar en Almería, o Mazarrón y Águilas en Murcia. Es un negocio que no reparte bien el dinero, y el peaje de degradar un territorio suele pagarlo la parte menos favorecida.

Hay mucho debate también sobre si el agua desalada es buena para la agricultura.

Es agua prácticamente destilada, hay que tratarla, y eso encarece la producción. Por eso el agua desalada es muy cara: en Murcia está subvencionada, pero en Andalucía no. Porque si le retiras al regadío intensivo las ayudas encubiertas que tiene —diésel, electricidad y agua más baratos que los de un usuario normal— sería demasiado caro producir.

El debate del trasvase Tajo-Segura, la presión del regadío sobre el Mar Menor y los acuíferos se plantea siempre como que no hay suficiente agua. ¿Es un problema de cantidad o de cómo usamos el territorio?

Estamos en un modelo basado en la oferta hídrica, cuando la Directiva Marco del Agua europea obliga a gestionar desde la demanda. Somos sociedades adictas al agua. Existe la paradoja de Jevons: cuanto más eficiente eres usando un recurso, más acabas gastando de él. Si haces más eficiente el riego de una parcela, el agua que ahorras no se queda en el acuífero, se pone a regar otra parcela más. Cuando se anunció el trasvase Tajo-Segura, mi padre me contaba que inmediatamente se transformaron muchas hectáreas de secano en regadío: el propio anuncio generó una nueva demanda. Estoy en un proyecto de la Fundación BBVA elaborando un mapa de los conflictos hídricos en España, y todo el mundo quiere agua para todo —ahora se suman incluso los centros de datos—.

A partir de 2027, la reforma de los caudales ecológicos reducirá en torno a un 40% el agua que llega por el trasvase Tajo-Segura. ¿Cómo va a afectar esto a la Región?

Se va a complicar, sí, pero nunca ha habido tanta agua como se prometió al principio del trasvase, y cada vez hay menos. En muchas regiones, incluida Murcia, hay más derechos de agua concedidos a los regantes que agua realmente disponible: está todo sobredimensionado. Y al final, todas esas malas prácticas las acabamos pagando entre todos: si se agotan los acuíferos, son nuestros impuestos los que financian desaladoras, trasvases y nuevos embalses.

El Mar Menor y la Bahía de Portmán vuelven a ser este año los dos grandes puntos señalados en la Región de Murcia por el informe Banderas negras 2026, elaborado por Ecologistas en Acción, que denuncia los principales casos de contaminación y mala gestión del litoral español. Ambos espacios repiten con su inclusión en este documento anual; lo que refleja, según la organización ecologista, “la persistencia de problemas ambientales sin resolver desde hace décadas.”

El informe analiza todo el litoral español y otorga un total de 48 banderas negras, dos por provincia o ciudad autónoma. Cada territorio recibe una distinción por contaminación y otra por mala gestión. Su elección se basa en criterios como la gravedad del daño, su continuidad en el tiempo, la falta de soluciones efectivas y el impacto sobre los ecosistemas y la población.

Mar Menor: una crisis ecológica sin resolver

El Mar Menor vuelve a aparecer en el informe de Ecologistas en Acción, señala la organización, por la mala gestión de su cuenca vertiente. Ecologistas insiste en que la laguna continúa sufriendo una “crisis de eutrofización”, que define como fruto de la “negligente” gestión del territorio y la falta de control en toda la cuenca vertiente. Según el informe, el principal factor desencadenante de esta situación “es la entrada excesiva de nutrientes de origen agrícola y ganadero”, a lo que se suman también -añade- otras presiones como el urbanismo, el turismo o la navegación, que contribuyen al deterioro del ecosistema.

Pese a las medidas impulsadas en los últimos años, la organización considera que la recuperación del ecosistema sigue lejos y que persisten carencias importantes en la gestión del territorio y en el control de los aportes contaminantes.

Portmán y Sierra Minera: una contaminación heredada de la minería

Por su parte, la Bahía de Portmán y la Sierra Minera también han recibido una bandera negra por contaminación en el informe de Ecologistas en Acción. En este caso, apuntan desde la organización, el problema tiene un origen histórico ligado a la actividad minera desarrollada durante el siglo XX, “que dejó tras de sí una importante acumulación de residuos con metales pesados”.

El informe subraya que esta herencia industrial sigue condicionando el estado ambiental de la zona décadas después del cierre de las explotaciones. En concreto, señala que la actividad minera “dejó una importante acumulación de residuos con metales pesados”, un impacto que todavía no ha sido completamente revertido.

El documento pone sobre la mesa, además, que siguen abiertos los debates sobre el modelo de regeneración de la Bahía de Portmán y la ejecución de los planes de recuperación en la Sierra Minera, lo que mantiene el conflicto ambiental y social sin resolver.

Restauración ecológica como alternativa

Más allá de la denuncia, el informe de Ecologistas en Acción pone el foco en la restauración ecológica como vía para revertir parte del deterioro. En el caso del Mar Menor, apuntan, esto pasa por reducir de forma efectiva la entrada de nutrientes en toda la cuenca y recuperar ecosistemas que ayuden a filtrar y retener contaminantes.

En Portmán, las propuestas se orientan a la recuperación de suelos contaminados y la restauración del entorno costero, combinando actuaciones de descontaminación y renaturalización.

La organización enmarca estas medidas en un contexto más amplio, marcado por la nueva normativa europea de restauración de la naturaleza, que obliga a los Estados a planificar la recuperación de ecosistemas degradados en las próximas décadas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha llegado al Debate del estado de la comunidad autónoma con muchos frentes abiertos, pero sacando pecho de cifras y con un capazo de propuestas y promesas. “Confianza”, “certezas” y “estabilidad”, son las palabras que el presidente ha reiterado en un discurso en el que ha rehuido de hacer referencia de los titulares que han asolado a la Comunidad. Un debate que llega justo un mes después de la última sacudida política en la Región con la renovación del Gobierno murciano en plena crisis por el fraude de las prótesis vasculares.

Sin embargo, la única alusión del presidente al mayor escándalo sanitario de la historia murciana ha sido brindar su “respaldo” al manifiesto firmado este miércolespor los profesionales sanitarios de la Arrixaca: “[Los sanitarios] piden respeto y piden que se depuren las responsabilidades de las personas investigadas y acusadas por la justicia”, ha resaltado.

Así ha despachado la alargada sombra de la trama de las prótesis vasculares, que ha dejado un agujero en las arcas regionales de unos 6,9 millones de euros y trece investigados. Quedará por ver si, cuando llegue el turno de intervenciones de la oposición el próximo viernes, López Miras tendrá que tratar de convencer a sus adversarios políticos de que el fraude fue meramente económico, y que ninguna prótesis caducada llegó a implantarse en los pacientes. Una labor que ya tuvo que llevar a cabo la consejera de Salud en su comparecencia de la semana pasada.

Lo de las prótesis no ha sido el único escándalo sanitario de este año en la Región de Murcia. Un informe demoledor de Alianza por la transparencia, calidad y equidad en el cribado de cáncer de mama detectó un retraso “evitable” en el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama en Murcia. El por entonces consejero, Pedreño, despachó el documento asegurando que el informe estaba “politizado”. Ahora, López Miras ha anunciado la inminente presentación del Plan Oncológico de la Región de Murcia: “Un compromiso adquirido con esta Cámara y en cuya elaboración han participado 168 profesionales del Servicio Murciano de Salud y Asociaciones de Pacientes”, ha definido.

“Su objetivo es claro: diagnosticar antes, agilizar la atención y ofrecer un mejor acompañamiento a pacientes y familias durante todo el proceso. Porque en cáncer ganar tiempo es ganar oportunidades de vida”, ha abundado.

Lopez Miras ha anunciado que la Región de Murcia dejará de ser una de las nueve comunidades autónomas que aún mantienen el copago a las ayudas de la ELA: “La campaña de bulos en torno al copago de las prestaciones de los enfermos es una indignidad, porque no es una imposición de ninguna comunidad autónoma, porque la única y exclusiva responsabilidad es del Gobierno de Sánchez, de su Gobierno y de su ministra de Sanidad”, ha reprochado. El copago está contemplado por la normativa estatal de la Ley de Dependencia, que prevé la financiación especial de 500 millones para la ley ELA.

“Normalidad democrática”

López Miras ha atribuido a su gobierno una “normalidad democrática”, y ha sacado pecho de las cuentas autonómicas: “Hemos aprobado anualmente los presupuestos generales de la Región de Murcia”, ha presumido. Pendientes todavía de aprobar los presupuestos de este 2026, el Ejecutivo confía tenerlos “antes de agosto”.

El presidente ha presumido también de datos de empleo: “Al inicio de esta legislatura contábamos con 660.000 ocupados y hoy superamos los 711.000 mil murcianos y murcianas más trabajando desde el inicio de la legislatura”. Respecto a la tasa de paro, ha bajado “dos puntos” en los últimos ocho años, de 126.000 personas sin empleo a 72.500.

El presidente ha nombrado, además, la estrategia de impulso al empleo presentada este mayo y que está dotada de 400 millones de euros para alcanzar los 730.000 trabajadores ocupados en 2029 y reducir la tasa de paro por debajo del 10 por ciento.

Respecto al PIB, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma que más ha incrementado su PIB en la última década, un 56%, “solo superados por Madrid y Baleares”. Según López Miras, la economía regional creció un 4,5% en 2025: “La cifra más alta de España, lo que refleja una economía más abierta y competitiva; basado en un modelo basado en la industria, el emprendimiento y la simplificación administrativa”. Y ha cifrado en 13.728 millones de euros las exportaciones el pasado ejercicio, un 30% más que antes de la pandemia. Más de cinco mil empresas de la Región vendieron sus productos en el exterior, ha señalado.

2.000 plazas para FP y secundaria

En educación, López Miras se ha comprometido a poner en marcha el Plan de Climatización 2026-2030, con una inversión de 89 millones de euros para que “todas las aulas de los centros educativos de la Región de Murcia cuenten con la temperatura adecuada”. Se trata de una reclamación histórica por parte de padres y de la comunidad docente: esta semana las familias de los estudiantes del IES Cañada de las Eras de Molina de Segura llevaron el problema del calor en las aulas al Defensor del Pueblo, después de no recibir una respuesta “efectiva” por parte de la consejería de Educación.

Al tiempo, López Miras ha anunciado el lanzamiento de 2.000 plazas para “Secundaria, Formación Profesional y otros cuerpos” en la convocatoria de oposiciones de 2027.

Deducciones fiscales

“Hay quienes piensan que los problemas se solucionan con nuevos impuestos y quienes pensamos lo contrario: que las familias saben cómo administrar sus recursos; y ese ha sido el camino seguido por su Gobierno”, ha continuado el presidente en su discurso. López Miras ha destacado que la Región de Murcia es una de las comunidades con más deducciones fiscales para familias, autónomos y clases medias. Y ha concretado que cerca de 800.000 contribuyentes se han beneficiado en la última campaña de la renta de las 27 deducciones autonómicas existentes, con un ahorro conjunto de 45 millones de euros.

“Conviene detenerse en ello porque hay miles de personas que encuentran en estas medidas una ayuda real para afrontar el día a día”, ha apuntado al tiempo que ha dado un dato: nueve de cada diez contribuyentes beneficiados por estas deducciones tienen bases liquidables inferiores a los 24.000 euros anuales.

El presidente regional ha anunciado la extensión de la la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones a todo el grupo tercero de parentesco, mediante la incorporación al proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad. “Lo haremos progresivamente, empezando con un 25% de esa bonificación con aplicación inmediata”. La medida supondrá, según afirma, un ahorro de seis millones de euros y beneficiará a 3.200 ciudadanos. Una rebaja fiscal que ya se aplica, ha dicho, al impuesto de donaciones. “Avanzamos así en nuestro objetivo de que nadie tenga que pagar dos veces por el esfuerzo de toda una vida”.

El presidente ha concretado que 160.000 familias se han beneficiado de las bonificaciones en donaciones y sucesiones en la Región de Murcia. Y ha asegurado que el 97% de los expedientes corresponde a herencias inferiores a 50.000 euros, es decir, “a clases medias y trabajadoras que reciben el fruto de décadas de esfuerzo familiar”.

Con una frase, “libertad frente a intervención, crecimiento frente a conformismo”, ha querido resumir la política económica desarrollada durante los últimos años, “basada en generar confianza, reducir cargas para ciudadanos y empresas y construir una administración más cercana”.

40 millones en extinción de incendios

El Gobierno regional ha reforzado el sistema de emergencias y extinción de incendios con una dotación de 40 millones de euros, ha defendido López Miras, frente a los 28 del pasado ejercicio. Y ha previsto la incorporación de nuevos efectivos en las próximas semanas. El Ejecutivo ha subrayado la importancia de la planificación y la coordinación en la respuesta ante situaciones de riesgo e incendios.

En materia medioambiental, ha defendido la inversión de 306 millones de euros desde 2020 en la recuperación del Mar Menor y ha rechazado su utilización como elemento de confrontación política. Ha anunciado además nuevas actuaciones, como la licitación del Centro de Recuperación de Especies y la culminación de proyectos en El Carmolí.

López Miras ha vuelto a reclamar al Gobierno central mayor implicación en infraestructuras hidráulicas, energéticas y de transporte, así como la ejecución de obras pendientes en la Confederación Hidrográfica del Segura, la planificación de la red eléctrica y el avance en carreteras y autovías estratégicas para la Región.

Un total de 14 organizaciones ambientales, sociales y vecinales de la Región de Murcia (entre las que figuran SOS Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife y la federación vecinal FAVCAC) han exigido una regulación “más estricta” y un control “eficaz” de las motos de agua en el interior del Mar Menor. Las asociaciones denuncian que la proliferación de estas embarcaciones en la laguna salada está generando un rechazo creciente “debido al riesgo de accidentes en zonas de baño, las interferencias con deportes de vela o remo y la alteración física de un ecosistema altamente vulnerable”.

Los colectivos de defensa de la laguna denuncian la presencia masiva de motos acuáticas en el Mar Menor y alertan de que el problema ya no es exclusivo de los meses de julio y agosto, sino que se extiende desde marzo hasta noviembre. Según explican, la masificación se intensifica durante los fines de semana, “cuando se registran carreras ilegales y velocidades que superan los límites permitidos en las zonas costeras”.

Los activistas advierten de que estas embarcaciones llegan a circular a velocidades de más de 100 km/h en el interior de la laguna, una situación que -aseguran- ignora las restricciones impuestas por el Ministerio de Transportes en el artículo 6 del Real Decreto 118/2024, de 30 de enero, aprobado para la protección de este espacio amparado por la Red Natura 2000. Dicha regulación limita la velocidad en toda la laguna a un máximo de 20 nudos, una tasa que se reduce a los cinco nudos en zonas con una profundidad inferior a cuatro metros (como el entorno de las cinco islas protegidas) y a apenas tres nudos en las áreas de fondeo y salida de embarcaciones.

Según advierten los colectivos de protección, el uso de estos vehículos genera consecuencias “críticas” en el ecosistema. Los activistas alertan de una destrucción directa de los fondos marinos, ya que el arrastre y la turbidez de las turbinas “dañan gravemente la flora bentónica, amenazando la supervivencia del caballito de mar, la nacra y la recuperación de la Cymodocea nodosa” (una planta marina clave que produce oxígeno y de la que ya se ha perdido el 80% desde el episodio de la 'sopa verde').

Por otra parte, las asociaciones denuncian un impacto por contaminación acústica y química, argumentando que el ruido constante estresa a la fauna y que los vertidos de hidrocarburos resultan letales en un espacio con tan poca renovación de agua. Por último, apuntan a un problema de seguridad y convivencia en el litoral, sosteniendo que la cercanía de las motos a la orilla pone en peligro a los bañistas e interfiere con deportes sostenibles como la vela o el remo.

Campaña de recogida de firmas

Paralelamente, colectivos integrados en esta ofensiva como SOS Mar Menor han canalizado el malestar de los usuarios de las playas a través de una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org que ya suma más de 3.000 apoyos. La iniciativa está dirigida al Gobierno de España, al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y al Gobierno murciano y exige la modificación de la normativa para prohibir de forma permanente las motos náuticas en toda la laguna.

El daño medioambiental denunciado por los colectivos encuentra respaldo científico en el informe 'Primavera ruidosa (2): El impacto de las motos acuáticas sobre la salud de los ecosistemas marinos, la economía del turismo y la seguridad de las personas', elaborado por el biólogo Rafael Yus Ramos para el gabinete GENA-Ecologistas en Acción. Aunque se trata de un estudio de alcance general, el documento describe dinámicas críticas aplicables a la laguna. El informe constata que el ruido intermitente y aleatorio de estos motores dispara de forma aguda los niveles de cortisol (la hormona del estrés) en los peces y altera su sistema cardíaco, requiriendo hasta 40 minutos para recuperar sus constantes. Al tratarse de aguas poco profundas como las del Mar Menor, la investigación describe el denominado “efecto de aguas someras”, el cual impide a las especies escapar hacia el fondo y las obliga a una huida horizontal errática que multiplica el riesgo de colisiones entre los propios ejemplares.

Asimismo, el documento de Ecologistas en Acción constata alteraciones morfológicas en larvas y un impacto directo en las aves acuáticas, que se ven obligadas a abandonar sus zonas de alimentación si las embarcaciones se aproximan a menos de 100 metros. En el plano químico, el informe añade que una sola moto acuática con motor de dos tiempos puede llegar a emitir al medio marino más de 23 litros de combustible sin quemar en apenas dos horas de uso; un factor de contaminación que los activistas consideran letal para un ecosistema cerrado y con baja renovación de agua como el Mar Menor.

A este malestar se suman las quejas y solicitudes de intervención trasladadas formalmente a las autoridades competentes por parte de los vecinos de varias comunidades de propietarios de edificios y urbanizaciones de La Manga del Mar Menor, situados en la Playa de la Gola. Los residentes, en cuyas riberas se ubican las viviendas, recuerdan que estas acciones vulneran normativas estatales y autonómicas, como el Real Decreto 118/2024, el Real Decreto 259/2002 sobre el uso de motos náuticas y la Ley de Protección Integral del Mar Menor. Esta última legislación, junto a las ordenanzas municipales, prohíbe el repostaje en zonas de baño bajo sanciones que pueden alcanzar los 300.000 euros. Ante lo que consideran una “ausencia de respuesta” por parte de las administraciones locales y marítimas tras presentar de forma reiterada sus quejas, las comunidades de propietarios han solicitado formalmente que se revise la concesión otorgada a la empresa de alquiler y se valore la retirada de la actividad para garantizar la seguridad en la zona.

El reclamo de los activistas coincide con la reciente ofensiva de las autoridades. Según Capitanía Marítima de Cartagena, las motos náuticas ya concentran el 34% de todas las sanciones marítimas de la Región de Murcia, sumando 69 expedientes de denuncia en el último año principalmente por exceso de velocidad y navegar en zonas de baño. Ante este escenario, entidades como la Asociación para la Protección de Cabo de Palos (Procabo) han solicitado formalmente por carta al presidente autonómico, Fernando López Miras, que valore la prohibición de estos vehículos en el entorno de la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas.

En este sentido, y como medidas de contención transitorias, solicitan que la presencia de los servicios de inspección y control de las autoridades competentes sea constante desde marzo hasta noviembre, garantizando el estricto cumplimiento del plan de protección del Mar Menor en todo el espacio amparado por la Red Natura 2000. Este medio ha intentado ponerse en contacto con la Federación de Motonáutica de la Región de Murcia para recabar su postura y dar respuesta a estas reclamaciones, sin haber obtenido ninguna contestación.

La salud del Mar Menor sigue siendo frágil. Un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) revela que en 2025 la laguna estuvo al borde de otra crisis ambiental. El fenómeno más preocupante es el de una masa de agua turbia y blanquecina, identificada como la mancha blanca —denominada técnicamente whiting— que se sitúa al sur de Los Alcázares y hasta la isla Perdiguera. Se trata de una precipitación de carbonato cálcico (partículas microscópicas de calcita) que enturbia el agua de forma permanente y que los científicos vinculan, aunque sin certeza, con descargas subterráneas. El informe reconoce que su origen “alberga enorme complejidad”.

Lo que sí está claro es su impacto: en la zona descrita la turbidez es extrema la mayor parte del año, además los niveles de clorofila son más altos que en el resto de la laguna y la vegetación bentónica (del fondo) ha desaparecido. Los niveles de nitratos y fosfatos también han sido más elevados allí que en otros puntos en 2025.

Inquieta a los científicos que la mancha sigue creciendo. Según el informe, “hacia finales de año, su superficie mostró una tendencia creciente”, una dinámica que “arranca tras el paso de la dana Alice”. Y los investigadores advierten de que si esa expansión se mantiene “podría tener consecuencias nefastas para el ecosistema lagunar”.

El episodio más grave

El episodio más grave se registró en octubre, tras la dana Alice. La entrada masiva de agua continental cargada de sedimentos y nutrientes estratificó la columna de agua, bloqueando la mezcla vertical e impidiendo la llegada de oxígeno al fondo. El informe describe cómo “el agotamiento progresivo de la concentración de oxígeno” llegó “hasta niveles de anoxia (0 mg/l)”, extendiéndose “sobre una amplia superficie del fondo de la cubeta sur”. La situación duró siete días.

El IEO constituyó un gabinete de crisis con las autoridades. Según relata el informe, los científicos observaron peces bentónicos migrando hacia la superficie, el mismo comportamiento registrado antes de las mortandades masivas de 2019 y 2021. La situación se resolvió cuando los vientos de poniente rompieron la estratificación y reoxigenaron el agua.

Aunque las consecuencias no llegaron a las de las riadas de 2017 o la dana de 2019, el episodio confirmó que los aportes de agua continental cargada de nutrientes son el detonante principal de la eutrofización —el proceso por el que el exceso de nutrientes provoca el crecimiento descontrolado de algas y agota el oxígeno— que pone en jaque a la laguna desde hace décadas.

2025, el segundo año más cálido desde 1982

El informe confirma también “un calentamiento progresivo” que sitúa a 2025 como el segundo año más cálido en el Mar Menor desde que se iniciaron las mediciones en 1982. La laguna se calienta por año a un ritmo de 0,036 °C y en 2025 registró 108 días de ola de calor marina. A finales de mayo, en solo cinco días, la temperatura del agua pasó de 20 a 25 °C y llegó a los 30 °C el 30 de junio, elevándose a un ritmo de 0,16 °C diarios.

Esas temperaturas hicieron que se disparase el fitoplancton hasta 7 mg/m³ de clorofila, muy por encima de la media habitual. Y en la zona central, el oxígeno bajó de 4 mg/l casi a diario en julio, con valores puntuales inferiores a 1 mg/l provocando un círculo vicioso: el calor acelera el crecimiento del fitoplancton, su descomposición consume grandes cantidades de oxígeno y se reduce la capacidad que tiene el agua para disolver ese mismo oxígeno.

Aunque la crisis no se materializó al remitir el calor, este episodio ha permitido concluir a los investigadores que el calor, por sí solo, es ya capaz de empujar al ecosistema al límite. En sus palabras, el evento “ilustra el potencial del incremento de la temperatura como factor detonante de procesos disruptivos en ausencia de aportes de nutrientes”.

Tres advertencias urgentes

Todos estos episodios ha generado, además, según el informe, una pérdida mayor de la luz en el fondo de la laguna, más intensa y más duradera que en los años 2023 y 2024 y que amenaza la recuperación de las praderas de Cymodocea nodosa, la hierba marina que tapiza el fondo y cuya restauración es considerada clave para la salud del ecosistema.

El informe concluye que 2025 fue “un año anómalo” pero no catastrófico, y lanza tres advertencias: la interacción entre cambio climático y eutrofización es el principal factor de vulnerabilidad del Mar Menor; es imprescindible reducir los aportes de nutrientes y sedimentos de la cuenca vertiente; y hay que investigar con urgencia el origen y la dinámica de la mancha blanca.

Apenas unos minutos. Es lo que ha durado este miércoles la sesión en la Audiencia Provincial de Cartagena en la que el Mar Menor iba a comparecer por primera vez en un proceso judicial con voz propia. La ausencia del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, autor de uno de los informes periciales en los que se sustenta la acusación, ha obligado a suspender el juicio, en una decisión respaldada por la acusación particular, la Fiscalía y la defensa.

Burillo, perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, no ha podido acudir por motivos personales. Y su comparecencia estaba considerada como una de las piezas clave del procedimiento. Las acusaciones habían planteado la posibilidad de celebrar su declaración en una sesión separada para mantener el calendario previsto, pero el tribunal ha optado por aplazar la vista y celebrarla íntegramente en una nueva fecha.

“Una suspensión nunca es el objetivo, no es una buena noticia, pero es entendible porque una de las pruebas principales no podía practicarse”, ha explicado a las puertas de la Audiencia Sergio Marco, portavoz de los abogados del Mar Menor. “No podíamos renunciar a una prueba pericial fundamental”.

Esta decisión ha frustrado la celebración de una de las citas judiciales más esperadas por los colectivos que llevan años reclamando responsabilidades por el grave deterioro ambiental de la laguna. Decenas de activistas se habían concentrado desde primera hora frente al tribunal con pancartas y consignas como “El Mar Menor no es un contenedor” o “Justicia y derechos para el Mar Menor”.

La acusación particular la ejercen la Alianza por el Mar Menor (Amarme), el Pacto por el Mar Menor y organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife, además de varios ayuntamientos del entorno lagunar.

El Mar Menor cuenta con personalidad jurídica desde la aprobación de la Ley 19/2022, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas en toda España y en otros países. La norma, aprobada definitivamente por el Senado en septiembre de 2022, reconoce a la laguna y a su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en los tribunales.

“El testimonio de Burillo es fundamental”, ha coincido también Pedro Eugenio Madrid, abogado de las empresas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. “Es quien ha hecho el informe principal de la acusación, que rechazamos porque entendemos que hay errores”. Sobre la posición de su cliente, ha dicho que “se considera inocente” porque en el período en que se le acusa por los vertidos, entre 2015 y 2017, no tenía las desaladoras en funcionamiento. “Es un error que han cometido las acusaciones pero esperamos que la sala no lo cometa”. El informe de Burillo, ha abundado, no se basa en datos reales, “sino en unas estimaciones, y se le acusa de haber vertido al Mar Menor una cantidad de salmuera que no es cierta; ni la cantidad ni que se vertiese al Mar Menor porque el rechazo iba a un EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) en Cabo de Palos”.

Marco, sin embargo, ha insistito en que “los acusados, sin autorización, se apropiaron de agua de manera ilícita, la desalaron, y vertieron las aguas salobres al medio ocasionando un grave perjuicio, lo que constituye un delito y queremos que se les castigue y que se repare el daño ecológico”.

“Si estamos aquí y se ha abierto el juicio, entendemos que no tenemos una prueba sino una multitud de pruebas convergentes, directas y concretas que sostienen la autoridad de los hechos”, ha considerado el letrado.

El juicio, que ha atraído hasta Cartagena a la prensa internacional, llega más de seis años después de la imagen de miles de peces agonizando por falta de oxígeno en las orillas del Mar Menor en octubre de 2019.

“La sentencia puede crear jurisprudencia”, ha dicho antes de arrancar el juicio la abogada de Seo Bird Life, Katarzyna Wasowicz. “Hay que tener en cuenta que este caso tiene un impacto europeo y mundial; es el primer ecosistema dotado de personalidad jurídica, un movimiento que se está expandiendo a otros países, donde ya se aplican soluciones semejantes en sus legislaciones internas”.

El juicio se enmarca el caso Topillo, una macrocausa que investiga el impacto de presuntos vertidos contaminantes vinculados a explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto sobre el Mar Menor. En el centro del procedimiento aparecen las salmueras con altas concentraciones de nitratos y el uso de desalobradoras que habrían contribuido a uno de los episodios de degradación ambiental más graves del Mediterráneo, con episodios de eutrofización, anoxia y mortandad de fauna marina.

En el banquillo se sienta D. M. P., administrador único de las mercantiles Ecosarete S.L. y Datelio S.L., acusado de presuntos delitos contra el medio ambiente por el funcionamiento de instalaciones de desalobración entre 2015 y 2017. Según la acusación, estas explotaciones habrían generado y vertido grandes volúmenes de salmuera con elevada carga de nitratos que, a través de distintos sistemas de drenaje y filtración, habrían terminado alcanzando la cuenca del Mar Menor.

La Fiscalía sustenta su acusación en informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que atribuyen a la explotación investigada la generación de más de 162.000 metros cúbicos de salmuera procedente de una desalobradora presuntamente clandestina. A ello se suma el informe pericial del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, que concluye que la actividad se realizó con conocimiento de sus posibles efectos y que estos vertidos habrían contribuido de forma relevante al deterioro del Mar Menor.

Prisión, multas e indemnización

En el plano penal, el Ministerio Público solicita siete años de prisión y una multa cercana a los 9.000 euros, además de una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado, en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre y del dominio público hidráulico presuntamente afectados, con responsabilidad civil subsidiaria de las mercantiles investigadas. Frente a ello, las organizaciones personadas como acusación particular sostienen que esa compensación debería destinarse directamente a la recuperación del propio humedal.

“Consideramos que la indemnizacion debería ir a la víctima, al Mar Menor, para que se repueda ir recuperando”, ha explicado la abogada Katarzyna Wasowicz. “Es una de las diferencias respecto al Ministerio Fiscal”, ha continuado la letrada que ha matizado, sin embargo, que en esta ocasión la incoación del auto de apertura se produjo en julio “unos meses antes de la proclamación de la personalidad jurídica del Mar Menor, que fue en septiembre”.

EPara las organizaciones ambientales “hoy es un día histórico porque es la primera vez que un ecosistema se presenta en un juicio como víctima y acusación particular”, ha dicho Joaquín Nieto, portavoz de Seo BridLife. “Y cuando se pueda presentar el informe pericial demostraremos que el daño al Mar Menor ha existido; el mensaje es que no se puede contaminar al Mar Menor así como así, ahora tiene instrumentos propios para defenderse y requerir que ese daño se repare”.

La laguna del Mar Menor se convierte este miércoles en protagonista de un juicio sin precedentes en Europa. Por primera vez, este ecosistema comparece en un proceso como víctima y como parte acusadora. El juicio, que tendrá lugar en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena, se enmarca en una de las piezas del conocido como caso Topillo, una macrocausa que investiga presuntos vertidos contaminantes procedentes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en el Mar Menor. El procedimiento analiza el uso de desalobradoras y la gestión de salmueras con altas concentraciones de nitratos que habrían terminado en la laguna.

La vista no solo examinará estos hechos concretos, sino que inaugura un escenario inédito en Europa. El caso se ha convertido en uno de los procesos más simbólicos en torno a la crisis ecológica del Mar Menor.

Un juicio sin precedentes: el Mar Menor como víctima

La figura del Mar Menor como sujeto de derechos lo equipara a otros ecosistemas reconocidos en Nueva Zelanda, Ecuador o Colombia, donde algunos ríos y otros espacios naturales han conseguido una protección jurídica específica.

La gran incógnita es si esta innovación legal, todavía reciente en España, podrá traducirse en condenas, reparación ambiental y precedentes para futuros litigios ecológicos. “No va a ser un camino de rosas”, valora Teresa Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia (UMU) y una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgarle Personalidad Jurídica al Mar Menor. “Es una figura completamente nueva, yo misma tuve que ir a la escuela del Poder Judicial para explicarla a los jueces”.

Lo “fundamental”, para Teresa Vicente es “que todo esto no es ya solo una teoría filosófica sino una ley que forma parte del ordenamiento jurídico español”. Y aunque “son todo conceptos nuevos, estamos bien preparados”. Si hay que recurrir, “recurriremos, no somos perezosos ni nadie nos paga; en cinco años que llevamos con todo este proceso no ha entrado ni un solo euro”.

El Mar Menor cuenta con personalidad jurídica desde la aprobación de la Ley 19/2022, respaldada por una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas en toda España y en otros países. La norma, aprobada definitivamente por el Senado en septiembre de 2022, reconoce a la laguna y a su cuenca como sujetos de derecho con la capacidad para ser representados en los tribunales.

La “novedad”, relata Eduardo Salazar, abogado y uno de los promotores de la ILP, “es que el Mar Menor se puede personar, puede pedir pruebas, aportar informes y puntos de vista a través de los abogados, puede acusar y ejercer acciones judiciales propias, incluso impulsando procedimientos penales al margen de la posición de la Fiscalía” aunque en este caso el Ministerio Público sí sostiene la acusación.

Lo “histórico”, sostiene Salazar, es que el daño ambiental ya no se entiende solo como algo abstracto: “Solo conozco un caso similar, el del Rio Macarena en Colombia, al que se reconoció como víctima en un caso de justicia restaurativa, pero no es lo mismo que actuar en nombre propio en un procedimiento”.

La degradación del ecosistema

El Mar Menor ha atravesado en la última década continuos episodios de degradación ambiental. En 2016 ya se detectaron los primeros signos de eutrofización (aumento de la concentración de compuestos de nitrógeno en el agua), pero fue en octubre de 2019 cuando la llegada masiva de nutrientes desencadenó un episodio de anoxia con mortandad de peces en la laguna. En agosto de 2021 se vivió un nuevo colapso, otra vez con miles de animales muertos en las orillas tras la pérdida de oxígeno en el agua. Desde entonces, la laguna ha ido encadenando fases de turbidez extrema y proliferación de algas y la conocida sopa verde, alterando su equilibrio ecológico.

Qué es el caso Topillo

El caso Topillo es una macroinvestigación judicial que pone el foco en los presuntos vertidos contaminantes de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena y su posible impacto en la laguna salada. La causa analiza el uso de las desalobradoras y cómo se gestionaron las salmueras con alta concentración de nitratos del regadío intensivo. El nombre del caso, Topillo, hace referencia a las perforaciones en la tierra de este animal comparándolas con las redes subterráneas investigadas durante la instrucción.

A comienzos de 2023, la Audiencia Provincial de Murcia decidió dividir el caso en dos grandes bloques: por un lado, una pieza centrada en posibles delitos de prevaricación por la actuación u omisión de cargos públicos en materia de control e inspección ambiental; y por otro, el enjuiciamiento de los presuntos delitos contra el medio ambiente atribuidos a empresas agrícolas y autónomos.

El tribunal consideró que no existía una conexión suficiente que obligara a juzgarlos de forma conjunta, lo que llevó a fragmentar aún más la investigación en decenas de procedimientos repartidos entre distintos juzgados.

Esa decisión “fue el primer antitopillo, en el sentido de que fue la primera decisión desacertada por parte de la Audiencia”, considera Salazar. Al dividirlo, “en lugar de tener un caso global con una suma de acciones, nos quedamos con acciones separadas de las puñaladas al cadáver del Mar Menor”.

“Este es el primero de los casos Topillo en el que la acusación no es solo del fiscal, sino que parte también del Mar Menor, es una parte más, y tiene que dar su consentimiento para los acuerdos si es que los hay”, anota el abogado.

Los hechos de esta pieza concreta

La pieza de este miércoles se centra en la actividad de varias explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena entre los años 2015 y 2017. Según la acusación, estas instalaciones habrían generado grandes cantidades de salmuera con una elevada concentración de nitratos que terminaron en la cuenca del Mar Menor. El procedimiento examinará si existió una gestión ilegal de esos residuos y si las mercantiles investigadas incurrieron en delitos contra el medio ambiente.

D. M. P., administrador único de las mercantiles Ecosarete SL y Datelio SL, se sentará en el banquillo de los acusados frente a tres magistrados. “La defensa niega todos los hechos, pero los informes del perito sí que estiman que la contaminación fue clave para la contaminación del Mar Menor; ahora tendrá que convencer a la audiencia”, apunta Salazar.

Este periódico ha intentado recabar la versión del despacho Madrid Abogados Cartagena, que representa a las empresas, sin obtener respuesta en el momento de la publicación de este artículo.

La clave del juicio: demostrar la causalidad ambiental

La clave del juicio se concentra no solo en la existencia de los vertidos al Mar Menor, sino en su impacto real en la salud del ecosistema. “Hay que probar esa causalidad de los vertidos hacia el colapso de la laguna salada”, incide Salazar. La Fiscalía fundamenta su acusación en un informe pericial del ecotoxicólogo forense Luis Burillo, en el que se concluye que la explotación de las instalaciones sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura se realizó con conocimiento de sus posibles efectos.

Quién acusa y quién defiende

El proceso lo juzgarán tres magistrados y la acusación particular la Alianza por el Mar Menor (Amarme), Pacto por el Mar Menor, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO-Birdlife, a través de cuatro letrados. Además, se han personado los ayuntamientos de Los Alcázares, Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Un proceso que, según Salazar, puede encontrarse con algunos límites al carecer los tribunales de justicia “de una formación especializada en medio ambiente”.

Qué está en juego

El Ministerio Público reclama en su escrito de acusación una pena de siete años de prisión y una multa cercana a los 9.000 euros. Además, solicita una indemnización de 506.137,44 euros a favor del Estado, con la responsabilidad civil subsidiaria de las dos empresas. La acusación se apoya en los informes del Seprona de la Guardia Civil y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que atribuyen a la explotación investigada el vertido de 162.345 metros cúbicos de salmuera.

Si las mercantiles agrícolas resultan condenadas, el destino de la posible indemnización marcaría una diferencia respecto a otros procedimientos similares. El Ministerio Público plantea que la cantidad reclamada se ingrese en las arcas del Estado, en su condición de titular del dominio público marítimo-terrestre y del dominio público hidráulico presuntamente afectados. En cambio, las organizaciones personadas como acusación particular sostienen que los 506.137,44 euros deberían destinarse directamente a la recuperación del Mar Menor como ecosistema perjudicado.

“Este miércoles por fin vamos a escuchar la voz del Mar Menor y creo que lo que nos va a decir es que es importante que se restaure lo contaminado, con una condena ejemplarizante”, concluye el abogado Eduardo Salazar. “Se trata del éxito de un proceso ciudadano para revertir un ecocidio, y se lo tenemos que agradecer a su impulsora, Teresa Vicente, y todas las personas que se dejaron la piel para recoger firmas durante la pandemia; es muy reconfortante y trascendental”.

“Histórico y sin precedentes en Europa”. Así califican las organizaciones ecologistas que están detrás de la acusación particular, el juicio que se celebrará el próximo miércoles en la sede de la Audiencia Provincial en Cartagena. En la vista se procesará una de las piezas separadas del caso Topillo con la laguna personada como acusación particular y víctima de los daños provocados presuntamente por vertidos contaminantes. Será la primera vez que un ecosistema comparezca en un proceso penal europeo con personalidad jurídica propia.

Esta es una de las casi 40 piezas en la que se dividió la segunda parte del denominado caso Topillo, por vertidos de salmuera al Mar Menor, en la que hay personadas varias asociaciones e instituciones de defensa del medio ambiente y cuatro ayuntamientos regionales como perjudicados.

“Estamos ante un hecho histórico”, insiste al otro lado del teléfono Julia Albaladejo, presidenta de la Alianza por el Mar Menor (Amarme). “Nunca antes un ecosistema se había personado en un juicio como víctima y parte”, continúa al tiempo que añade que es una victoria de la Ley 19/2022 que reconoce la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, aprobada en septiembre de 2022 y que se aprobó tras una Iniciativa Legislativa Popular que reunió más de 600.000 firmas.

Coincide Ramón Pagán, portavoz de Pacto para el Mar Menor, que junto con Amarme, Greenpeace, Ecologistas en Acción o Seo/BirdLife están detrás de la acusación particular, a la que se han unido los ayuntamientos de Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. “Tenemos mucha esperanza, es la primera vez que en Europa un ecosistema se presenta como acusación particular en defensa de su protección y recuperación y para ejercer su derecho de no ser dañado por actividades empresariales; en este caso, de vertidos de agua contaminada por nitratos”.

“Esperamos que se llegue a un dictamen justo y ejemplarizante y que se reparen los daños que ha sufrido la laguna salada”, continúa Pagán. “En este caso, lo novedoso es que hemos conseguido ser acusación particular”.

La Audiencia Provincial de Murcia tiene previsto juzgar a las mercantiles agrícolas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. por su posible implicación en delitos contra el medio ambiente vinculados a vertidos contaminantes de explotaciones ubicadas en el Campo de Cartagena. Según la acusación, en la explotación agrícola Mar de Cristal operaron entre 2015 y 2017 varias desalobradoras sin la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La investigación apunta a que dichas instalaciones se utilizaban para tratar el agua extraída de pozos destinada al regadío, generando a su vez importantes volúmenes de salmuera con altos niveles de nitratos. De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, se habrían procesado 649.000 metros cúbicos de agua, lo que habría dado lugar a unos 162.000 metros cúbicos de residuo salino concentrado. Según la acusación, esos vertidos acabaron llegando a la cuenca del Mar Menor.

“Espero una sentencia condenatoria”

“Que podamos celebrar el juicio y quede visto para sentencia sería ya un éxito para mí”. Habla Sergio Marco, uno de los abogados de la acusación particular y coordinador de los órganos de gobernanza del Mar Menor. “Si sale adelante, será la primera vez que en Europa un ecosistema se siente en un juicio como parte acusadora, como persona de derecho que va a un procedimiento penal denunciando que se han vulnerado sus derechos”.

La acusación particular reclama sanciones económicas que superen el millón de euros, así como la inhabilitación para desarrollar la actividad durante un periodo de tres años y la adopción de actuaciones concretas orientadas a la recuperación del entorno afectado. Y lo hacen acogiéndose a los artículos 325, 327 y 330 del Código Penal, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El pasado mes de marzo se celebró una vista preliminar vinculada también al caso Topillo que generó controversia después de que el juzgado no convocara de forma oficial a los representantes legales de la laguna. Fiscalía y defensa alcanzaron un acuerdo que supuso la rebaja de la condena a un agricultor investigado por vertidos contaminantes. Una decisión que ha sido recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

“En esta ocasión no puede haber conformidad porque ya hemos sido reconocidos como parte acusadora y, a la vista de cómo está siendo tramitado el proceso, hay evidencia de que no cabe duda de que el Mar Menor sí que puede ejercer sus derechos”, asegura Sergio Marco, quien confía en que haya una sentencia condenatoria.

Unas 9.000 hectáreas de regadíos ilegales en el entorno del Mar Menor, en Murcia, han cesado ya su actividad, lo que ha evitado que se viertan a la laguna salada unas mil toneladas de nitratos desde que se puso en marcha el proceso de detección, clausura y restitución de estos cultivos.

Es una de las conclusiones que ha dado a conocer este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras la reunión de la Comisión Interadministrativa del Mar Menor, en la que ha participado también el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, así como los representantes de los municipios ribereños.

En una rueda de prensa tras el ecuentro, Morán ha destacado que esas 9.000 hectáreas conforman el total de regadíos ilegales que había en la zona, por lo que todos están ya localizados y con expedientes de cierre en marcha. De ellas, más de 7.000 hectáreas han sido ya intervenidas por la comunidad autónoma y se está llevando a cabo su proceso de restauración ambiental, principalmente convirtiendo esas superficies en cultivos de secano.

Además, las medidas puestas en marcha para la restitución de los suelos mineros en la cabecera de la cuenca sur del Mar Menor evitaron durante la dana Alice que llegaran a este ecosistema unas 1.800 toneladas de metales contaminantes.

Ambas actuaciones forman parte de la amplia batería de medidas del Marco de Actuaciones Prioritarias para la protección del Mar Menor, dotado con 675 millones de euros, de los que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha movilizado ya unos 589 millones, el 85 por ciento del total, ha detallado Morán.

En concreto, están ya comprometidos 278 millones de euros, el 41 por ciento, y certificados otros 133 millones, el 20 por ciento del total.

Entre las iniciativas más ambiciosas puestas en marcha de manera conjunta por el Estado y la comunidad autónoma, tanto Morán como el consejero Vázquez han destacado el proyecto de recuperación del humedal de El Carmolí, en fase de ejecución y que va a actuar sobre unas 350 hectáreas.

En concreto, la comunidad autónoma está llevando a cabo las tareas de restitución de la superficie original del humedal, de unas 300 hectáreas en las que se han invertido 850.000 euros para la retirada de unos 8.000 metros cuadrados de pavimentos y superficies artificiales y la eliminación de especies invasoras y plantación de unos 18.000 ejemplares de vegetación autóctona.

En cuanto a la recogida de biomasa, una de las actuaciones prioritarias que desempeña el Gobierno murciano para evitar la proliferación de lodos y la pérdida de oxígeno en el Mar Menor, a lo largo de 2025 se retiraron 8.821 toneladas, un 34 por ciento más que en 2024, y hasta el 8 de abril de este año se han eliminado ya 4.663 toneladas, el doble de las recogidas en las mismas fechas del año pasado, ha informado Vázquez.

A ello se suman otros proyectos como la instalación de fondeaderos ecológicos en las zonas de protección alrededor de las islas del Mar Menor, que serán los únicos que podrán usar las embarcaciones para hacer sus fondeos este verano, o el proyecto piloto de modelos de desnitrificación de aguas superficiales y subterráneas. 

La Costa Cálida se extiende a lo largo de aproximadamente 250 kilómetros en el sureste de España, entre El Mojón, en el límite con la provincia de Alicante, y las Cuatro Calas, en Águilas, muy cerca de la frontera con Almería. Su litoral combina playas abiertas, calas discretas, zonas urbanizadas y espacios menos desarrollados, ofreciendo a los visitantes una diversidad de paisajes y experiencias. Esta heterogeneidad se refleja también en la configuración de la costa, donde se alternan arenales extensos, formaciones rocosas y humedales.

El clima es otro de los elementos que distingue a la región. La Costa Cálida disfruta en la Región de Murcia de un microclima con una temperatura media anual de alrededor de 18 grados, más de 3.000 horas de sol y precipitaciones muy escasas. Estas condiciones permiten que las playas sean accesibles durante gran parte del año, favoreciendo tanto actividades recreativas como deportes acuáticos. Además, la región cuenta con múltiples playas con Bandera Azul que garantizan servicios, limpieza y seguridad a los visitantes.

El litoral no solo es un destino natural, sino también cultural e histórico. Ciudades como Cartagena permiten combinar el contacto con la playa con el recorrido por restos romanos y murallas púnicas que se conservan desde hace más de dos milenios. Al mismo tiempo, pequeños pueblos pesqueros como Los Alcázares, San Javier o San Pedro del Pinatar aportan un enfoque tradicional, donde la actividad pesquera convive con el turismo, ofreciendo una visión integral de la vida en la costa murciana.

La singularidad del Mar Menor y La Manga

Uno de los rasgos más característicos de la Costa Cálida es el Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa. Sus aguas poco profundas alcanzan temperaturas superiores a las del Mediterráneo, lo que permite disfrutar de baños durante gran parte del año. Esta laguna está separada del mar abierto por La Manga del Mar Menor, una franja de arena de más de 20 kilómetros que concentra puertos deportivos y escuelas de vela. Allí se practican actividades como paddle surf, kayak o vela ligera, y se dispone de zonas recreativas adaptadas para distintos niveles de experiencia.

El Mar Menor no solo destaca por su accesibilidad, sino también por su valor ambiental. Sus playas abiertas permiten actividades al aire libre en condiciones calmadas, mientras que la franja de La Manga ofrece un contraste con el Mediterráneo, más profundo y con oleaje moderado. Esta dualidad convierte a la zona en un espacio idóneo tanto para quienes buscan descanso como para quienes prefieren un turismo más activo.

Playas y calas del litoral

A lo largo de toda la Costa Cálida se distribuyen más de 200 playas que varían en tamaño, forma y nivel de urbanización. En el norte, localidades como Los Alcázares y San Pedro del Pinatar cuentan con arenales urbanos dotados de todos los servicios, mientras que hacia el sur, en Mazarrón y Águilas, la costa alterna playas amplias con pequeñas calas escondidas entre formaciones rocosas. Ejemplos de este litoral más salvaje son Cala Cerrada o La Higuerica, reconocidas por su entorno natural y calidad de agua.

Mazarrón destaca por ofrecer tanto playas con servicios turísticos como rincones más discretos, como los de Bolnuevo o Percheles. En Bolnuevo se encuentran las Erosiones, también conocidas como “las gredas”, formaciones rocosas moldeadas por viento y agua que constituyen uno de los paisajes más singulares del litoral murciano. Por su parte, la costa de Lorca permanece menos desarrollada y ofrece calas casi vírgenes como Puntas de Calnegre o Baños de Mujeres, ideales para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

Hacia el sur, en Cabo de Palos y Cartagena, se combinan pequeñas calas con acantilados bajos y arenales abiertos. Este entorno permite la práctica de deportes acuáticos como piragüismo, windsurf y buceo, aprovechando los fondos marinos de la zona, así como largas jornadas de playa en condiciones de seguridad y servicios básicos.

Localidades costeras y patrimonio

Además de su oferta natural, la Costa Cálida alberga ciudades y pueblos con un fuerte componente histórico. Cartagena constituye un punto cultural clave, con restos de la muralla púnica, el Foro Romano y un teatro romano, todos accesibles al público. La ciudad permite comprender la evolución de la región durante más de dos mil años, desde su fundación por los cartagineses hasta su integración en la Hispania romana.

Otros municipios, como Águilas y Mazarrón, combinan la tradición pesquera con la actividad turística. Sus costas muestran desde amplias playas hasta pequeñas calas entre rocas, y sus festividades locales, como el carnaval de Águilas, reflejan la vida cultural ligada al mar. San Pedro del Pinatar y Los Alcázares aportan además espacios naturales protegidos, como salinas y humedales, donde se puede observar aves migratorias y disfrutar de amaneceres sobre el Mediterráneo reflejados en el agua.

Actividades y experiencias en la Costa Cálida

El litoral murciano permite adaptar la visita según los intereses del viajero. Las playas abiertas ofrecen condiciones para deportes acuáticos y actividades al aire libre, mientras que las calas y zonas menos urbanizadas permiten paseos y exploración de la naturaleza. En Cabo Tiñoso, Cabo Cope o Puntas de Calnegre, por ejemplo, se combinan paisajes marinos con fondos submarinos de interés ecológico.

Además, la gastronomía local se relaciona con la actividad pesquera de la región. La oferta de pescado y marisco fresco está presente en los restaurantes de pueblos costeros, reflejando la economía ligada al mar que ha marcado la vida de estos municipios durante generaciones. Esta combinación de playas, patrimonio y tradición convierte a la Costa Cálida en un destino variado y accesible para distintos tipos de visitantes.

Las más de 4.000 toneladas de biomasa retiradas de la orilla en las playas del Mar Menor en los primeros tres meses de 2026 —el equivalente a más de 150 camiones de gran tonelaje cargados de algas y restos vegetales marinos— no son un buen síntoma medioambiental para la laguna salada. Así lo explican tanto científicos como ecologistas que trabajan en el entorno de este ecosistema. “La retirada de la biomasa es necesaria para evitar la pestilencia de la putrefacción y la proliferación de fangos, pero es insuficiente”, afirma al otro lado del teléfono Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, quien no se muestra extrañado por la cantidad de biomasa que las patrullas de limpieza se apuran por retirar de la playa este año. “Llevamos unos meses muy intensos de lluvias, lo que ha generado más arrastre de contaminantes, en especial fertilizantes”.

Desde enero se ha recogido ya el 45% de toda la biomasa retirada en 2025. Desde el Gobierno regional vinculan este aumento de la biomasa con las fuertes lluvias de este año hidrológico. Desde el 1 de octubre, cuantifican, han entrado al Mar Menor por la rambla del Albujón 7,31 hectómetros cúbicos de agua, 2.925 piscinas olímpicas, “más del doble que en el mismo período del año anterior”, apuntan las mismas fuentes. Esta tarea va aparejada a un contrato plurianual con una inversión de 13,2 millones de euros para el periodo 2025-2026, con dos posibles prórrogas de un año cada una de ellas, según fuentes del Ejecutivo murciano, que cifran en más de 224 millones de euros la inversión realizada en conservación y mejora del Mar Menor en los últimos cinco años.

Un paseo por Los Nietos, Los Urrutias o las playas de Los Alcázares basta para darse cuenta de la “gran cantidad de algas filamentosas que se extienden por la costa formando una gruesa capa”, da fe Pagán, quien compara la retirada de las algas con el mito de Sísifo y su eterno castigo a empujar una piedra cuesta arriba en la montaña. Para salir del círculo, añade, “hay que invertir en la prevención, por mucho que se esté destinando del presupuesto regional a la limpieza”. En su opinión, se está fallando en materia de control de nitratos: “El problema en origen sigue sin corregirse y cada vez será peor; la Comunidad autónoma apunta a que la causa está en las lluvias, pero ha habido danas desde que existe el Mar Menor y el asunto no es la entrada del agua, sino lo que transporta, lo que lleva disuelto”.

“El problema es que hay una disponibilidad de nutrientes muy alta, que hace que la producción primaria sea incluso más elevada que antes, lo que explica la presencia de grandes cantidades de biomasa, especialmente de las especies más oportunistas, como el alga Caulerpa. La retirada de biomasa es, por tanto, una medida que se enfoca en las consecuencias del problema, pero no en el problema en sí, que son las entradas de nutrientes a la laguna y su origen en cuenca”, apunta el investigador del IEO-CSIC Juan Manuel Ruiz.

“El Gobierno regional -apuntala Pagán- no está haciendo cumplir la normativa referente a los fertilizantes en los campos y está perjudicando a otros sectores como el de la hostelería, la restauración, el precio de los alquileres en el entorno del Mar Menor o los veraneantes que vienen a estas playas”.

Otros indicadores preocupantes

“Es cierto que han entrado muchos nutrientes por las riadas que ha habido en 2025”, analiza Gonzalo González Barberá, del Comité Científico del Mar Menor. El investigador advierte de que algunas consencuencias “son más inmediatas que otras” y señala que hay algunos indicadores “preocupantes”, como el nivel medio de clorofila, que es más alto que el año pasado por estas fechas, casi el doble, “y hace frío todavía”. En este sentido, recuerda que se han producido varias crisis de anoxia en los últimos años “y que tenemos que estar vigilantes” de cara al verano y el aumento de las temperaturas.

Gonzalo González pone el acento en que no solo son los nutrientes lo que afecta a la laguna: “Cuando no hay lluvias es lo que lleva el acuífero, pero con las danas la entrada de fósforo también es descomunal, lo que genera la proliferación de algas y el proceso eutrófico (al incrementarse los organismos planctónicos por el exceso de nutrientes se disminuye radicalmente la llegada de la luz al fondo)”.

Desde el Ejecutivo advierten de que el Mar Menor “se mantiene en una situación de estabilidad dentro de la cautela”: la salinidad continúa en valores bajos para la época, entre uno y tres puntos por debajo de lo habitual en años anteriores; el oxígeno se sitúa en 6,11 miligramos por litro, la clorofila en 0,90 miligramos por metro cúbico, con un descenso del 48 por ciento, y la transparencia alcanza los 4,31 metros.

Un contexto en el que hay que mantener la vigilancia “y actuar con anticipación, especialmente ante la llegada de los meses de primavera y verano, cuando el aumento de las temperaturas puede agravar los efectos de la acumulación de nutrientes y de la menor salinidad”.

Equilibrio del ecosistema

En este sentido, apuntan que continuarán con la retirada de la biomasa “para garantizar el equilibrio del ecosistema junto con la monitorización continua mientras que no se ejecuten las actuaciones necesarias para reducir el caudal constante de agua dulce que llega al Mar Menor a través de la rambla de El Albujón y el acuífero cuaternario, todas ellas, competencia del Gobierno de España”.

En opinión del científico del IEO-CSIC Juan Manuel Ruíz, “está claro que los aportes a través de Albujón y del acuífero son importantes, pero los procesos que desencadenan episodios distróficos son las olas de calor y las lluvias torrenciales, como se ha visto en 2025 y en años anteriores”. Y concreta que los eventos de lluvias torrenciales como los de la dana Alice en 2025 aportan no solo agua, “sino cantidades masivas de elementos como fósforo que son limitantes de la producción primaria de la laguna”.

El arrastre de estos elementos, añade, se produce a nivel de cuenca debido a la erosión de los terrenos por los que pasa el agua, “especialmente los terrenos agrícolas, que son particularmente vulnerables a los efectos erosivos de estos episodios extremos de precipitacion” por lo que en este problema, “enormemente complejo”, las soluciones no pueden enfocarse en un único punto, considera: “En cualquier caso, hay que tomar decisiones en base a datos y modelos lo más realistas posibles, así como justificar con datos objetivos la efectividad de las medidas que se apliquen”, concluye.

La creación de un Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM2), presentado como un “complejo científico de primer nivel al servicio de la recuperación del ecosistema”, es el último as en la manga del Gobierno de la Región de Murcia para afrontar el desastre ecológico crónico provocado por décadas de contaminación agraria, urbanización masiva y falta de gestión medioambiental de la laguna salada más importante de Europa, en estado crítico.

La iniciativa, presupuestada en unos 12 millones de euros y que será financiada con fondos europeos y de la propia comunidad autónoma, ha sido anunciada por el presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), quien augura que se convertirá en “una herramienta clave para la conservación de la biodiversidad” del Mar Menor.

Según el Ejecutivo autonómico, el centro, que se construirá en la antigua terminal de aeródromo de San Javier, se orientará a la investigación, reproducción y reintroducción de especies, así como al seguimiento científico del estado ecológico del Mar Menor. El proyecto se enmarca en el discurso institucional que apuesta por la innovación tecnológica y la ciencia como pilares de la recuperación ambiental.

Sobre el papel, la propuesta resulta difícilmente cuestionable: reforzar la investigación, dotar de infraestructuras científicas y proteger la biodiversidad son medidas necesarias para poner freno a lo que muchos consideran un ‘ecocidio’. Sin embargo, el contexto en el que se produce este anuncio obliga a ir más allá de su formulación y preguntarse si se trata de un cambio de rumbo real o de una estrategia política que prioriza el impacto mediático frente a las soluciones estructurales.

Una crisis ecológica prolongada

Para valorar la eficacia potencial de este nuevo centro, es imprescindible recordar la situación actual del Mar Menor, que lleva más de una década sumido en una profunda crisis ecológica.

La laguna ha sufrido episodios recurrentes de eutrofización, provocados principalmente por la entrada masiva de nutrientes (especialmente nitratos) procedentes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena. Este exceso de nutrientes genera proliferaciones de fitoplancton que reducen la transparencia del agua, alteran el equilibrio ecológico y, en episodios extremos, provocan anoxia (falta de oxígeno).

Las consecuencias han sido dramáticas: mortandades masivas de peces y crustáceos en 2019, 2021 y otros episodios posteriores, colapso de hábitats submarinos, desaparición de praderas de fanerógamas marinas y una pérdida generalizada de biodiversidad.

A ello se suman otros factores como la urbanización intensiva del litoral, la presión turística, la alteración de ramblas y cauces naturales, y el impacto del cambio climático, que agrava los episodios de lluvias torrenciales y escorrentías contaminantes.

En este contexto, la pregunta clave es evidente: ¿puede un centro científico revertir una crisis que tiene causas estructurales profundamente vinculadas al modelo productivo y territorial?

La voz de la ciencia y el ecologismo

Para Julia Martínez Fernández, doctora en Biología, profesora asociada de Ecología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, donde coordina la actividad científico-técnica de dicha entidad, dedicar recursos a la conservación y a la recuperación de la biodiversidad —en este caso de las especies del Mar Menor— “es siempre una buena noticia”.

Ahora bien, la eficacia real de esa inversión depende de varios factores, explica Martínez. “No es lo mismo disponer de una nueva instalación que disponer de una nueva instalación que funcione realmente”. Es decir, “sabemos que el edificio costará doce millones, pero conocemos mucho menos o nada de cuál va a ser la inversión anual garantizada para dotar a ese edificio de todo el personal científico, técnico y administrativo necesario”.

Para la experta, si atendemos la trayectoria del Gobierno regional en materia de financiación de la investigación y, sobre todo,de la que tiene que ver con los profesionales dedicados a la gestión ambiental, “la verdad es que hay muchas dudas de que el capítulo de personal esté garantizado de forma suficientemente amplia y consolidada a largo plazo”.

Otra de las reflexiones de Martínez tiene que ver con uno de los objetivos importantes del futuro centro: la conservación ex situ, o sea, fuera de la laguna, de especies amenazadas como el caballito del mar o la nacra (Pinna nobilis), para que puedan ser reintroducidas en la laguna. Al respecto, opina que “no conviene olvidar que la estrategia más eficaz, económica y con menor riesgo ambiental para recuperar la biodiversidad es la restauración natural y la conservación in situ. ”La prioridad debe ser eliminar las presiones que afectan a la laguna y que sea la propia dinámica del ecosistema lagunar la que recupere la buena salud de las especies“, insiste Martínez.

Esta reconocida investigadora también pone el foco en las “incoherencias” del Gobierno regional en relación con la biodiversidad del Mar Menor: “por un lado está dedicando doce millones de euros a la construcción de este centro, mientras el mes pasado votó en contra de la propuesta del Gobierno central de declarar la anguila europea en peligro de extinción y, por tanto, protegerla”.

Hablamos de una especie clasificada en peligro crítico de desaparición por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza desde 2008. La única población de esta especie en la Región de Murcia está, precisamente, en el Mar Menor, donde este pez migratorio pasa una de las etapas de su vida. “Como custodios temporales de esta especie, tenemos una responsabilidad internacional muy importante para evitar su extinción, y el Ejecutivo de López Miras se aparta de ella”, se lamenta Martínez. “Ahí se demuestra que la política ambiental de la comunidad autónoma no es integral ni coherente”, concluye.

Francisca Giménez Casalduero, catedrática de Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante, atesora más de tres décadas de experiencia en la investigación y la gestión de las zonas marinas y costeras, contaminación marina y los efectos de las actividades humanas sobre los sistemas biológicos. Para esta experta,el anuncio del OM2 es “muy positivo” en tanto constituye la continuidad del proyecto del Banco de Especies del Mar Menor, impulsado por el Acuario de la Universidad de Murcia (UMU) y el Gobierno Regional para mantener el “stock genético” de las especies más emblemáticas de la laguna a raíz de las crisis de eutrofización, y que considera “exitoso”. La experta también cree un acierto la reutilización de una infraestructura ya existente. Otro de los aspectos loables de esta inversión —en el que coincide con Julia Martínez— es la labor divulgativa que puede hacerse del ecosistema lagunar.

A pesar de ello, también considera que si las actuaciones para la recuperación de la biodiversidad de la laguna se limitan en exclusiva a la creación de este centro “serán insuficientes”. “Esta es una acción importante y necesaria, pero debe ser complementaria a otras que deben realizarse. Y las primeras son disminuir las presiones externas”, asegura.

Para José Antonio García Charton, doctor en Biología, profesor de Ecología e investigador responsable del grupo ECOMARE —enfocado en los efectos ecológicos de la protección en reservas marinas del Mediterráneo— en la Universidad de Murcia, el futuro OM2 puede llegar a ser “una infraestructura de muchísimo valor para impulsar la investigación científica, sobre todo en función de los proyectos que se desarrollen”.

Sin embargo, para García Charton “nada sustituye a una verdadera gestión integrada de la laguna”. Todo lo que tenga que ver con la conservación de especies fuera de su medio y sin tener en cuenta la protección del Mar Menor y los impactos que recibe, sería un esfuerzo inútil. Por eso, espera que la inversión “no se desconecte de la investigación en el medio natural ni de la toma de decisiones respecto a la situación de la laguna”.

Como él, otros especialistas también han alertado de que la reproducción en cautividad y la reintroducción de especies, aunque útiles en determinados contextos, no garantizan la recuperación si el ecosistema sigue degradado. Reintroducir especies en un medio hostil equivale, en palabras de algunos investigadores, a “llenar un vaso roto”.

Por su parte, desde organizaciones ecologistas se ha advertido en repetidas ocasiones del riesgo de apostar por soluciones “cosméticas” o tecnológicas que no abordan las causas profundas. En este sentido, la creación de un centro de especies es algo “a priori positivo”, aunque hay dudas de que más allá de financiar la obra luego se disponga de partida presupuestaria para dotar las instalaciones de suficiente personal científico y cualificado para su desarrollo.

Además, si no va acompañada de cambios estructurales como la reducción del aporte de nutrientes, el control del regadío ilegal, la restauración de zonas de amortiguación (como humedales y filtros verdes) y la eliminación de la expansión agrícola, no conseguiremos la recuperación real del ecosistema y de sus especies más amenazadas, y puede convertirse en otra medida ineficaz y multimillonaria más, que no sirva realmente para solucionar el problema, como resume Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción.

Responsabilidad política y conflicto de intereses

Y es que la crisis del Mar Menor no es solo ambiental; también lo es política. Durante años, diferentes administraciones han permitido —por acción u omisión— un modelo de desarrollo insostenible.

El Gobierno regional gobernado por el Partido Popular ha sido especialmente señalado por su falta de contundencia frente al regadío ilegal y por su defensa de los intereses del sector agrícola intensivo. A pesar de la aprobación de normativas para limitar la contaminación, su aplicación ha sido irregular y, en muchos casos, insuficiente.

Las posturas de determinados colectivos de regantes han contribuido a dificultar la adopción de medidas más estrictas. Parte del sector ha negado su responsabilidad en la degradación de la laguna o ha minimizado su impacto, atribuyendo la crisis a factores naturales o a episodios puntuales de lluvias.

Por su parte, partidos como Vox han adoptado posiciones aún más negacionistas respecto a la dimensión ambiental del problema, rechazando restricciones al regadío y cuestionando el consenso científico. En febrero de este año, el recientemente defenestrado por su partido, José Ángel Antelo, registró en la Asamblea Regional de Murcia una proposición de ley para reformar la actual Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor que, según la formación ultra, criminaliza a los agricultores.

En este contexto, el anuncio del centro científico puede interpretarse como un intento de desplazar el foco del debate: de la regulación del modelo productivo a la inversión en infraestructuras científicas. Sin embargo, sin una voluntad política clara para abordar los intereses económicos en juego, cualquier medida técnica corre el riesgo de quedarse en un parche.

Biodiversidad en riesgo: el caso del caballito de mar

El Mar Menor alberga una biodiversidad singular, con especies adaptadas a sus condiciones únicas de salinidad y temperatura. Sin embargo, los episodios de colapso que ha sufrido la laguna, y que la han llevado a convertirse en una verdadera 'sopa verde', han hecho que muchas de ellas se encuentren en retroceso.

Uno de los casos más emblemáticos es el del caballito de mar de hocico largo (Hippocampusguttulatus), cuya población ha sufrido un declive drástico en las últimas décadas. Este pequeño pez, convertido en símbolo del Mar Menor, depende de hábitats como las praderas de fanerógamas marinas, que han sido gravemente afectadas por la eutrofización.

La reciente decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de incluir al caballito de mar en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de vulnerable, refleja la gravedad de su situación. La pérdida de hábitat, la contaminación y las alteraciones del ecosistema han reducido sus poblaciones a niveles críticos: en sólo una década, se ha pasado de 196.000 ejemplares a apenas 800.

Aquí es, precisamente, donde iniciativas como el Centro de Especies podrían tener un papel relevante: programas de cría en cautividad, investigación sobre su biología y proyectos de reintroducción podrían contribuir a su conservación.

Sin embargo, la experiencia en otros ecosistemas muestra que estas medidas solo son efectivas si se restauran previamente las condiciones ambientales. Sin praderas marinas saludables, sin aguas limpias y sin estabilidad ecológica, el caballito de mar —y muchas otras especies— difícilmente podrán recuperarse de forma sostenible.

Europa vigila: advertencias y futuro incierto

La crisis del Mar Menor no ha pasado desapercibida en Europa. La Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción contra España por el incumplimiento de normativas ambientales, especialmente en relación con la Directiva de Nitratos.

Las advertencias europeas han sido claras: es necesario reducir la contaminación agrícola, mejorar la gestión del agua y garantizar la protección efectiva del ecosistema. Los fondos europeos, que ahora se presentan como una oportunidad para financiar el nuevo centro, también están condicionados al cumplimiento de objetivos ambientales.

Esto plantea una paradoja: Europa financia parte de la solución, pero al mismo tiempo exige corregir las causas del problema. Si las administraciones no cumplen con estas exigencias, no solo estará en riesgo la recuperación del Mar Menor, sino también la continuidad de la financiación.

De cara al futuro, el escenario sigue siendo incierto. Existen señales positivas, como el otorgamiento —gracias a una iniciativa legislativa popular— de personalidad jurídica al ecosistema lagunar del Mar Menor (y, por tanto, sujeto de derecho) o el aumento de la conciencia social. Sin embargo, los avances son lentos y a menudo se ven contrarrestados por la inercia de intereses económicos y políticos.

Así que la eficacia de este proyecto dependerá fundamentalmente de si se integra en una política ambiental coherente, basada en la reducción de la contaminación en origen, la regulación del modelo agrícola y la restauración de los ecosistemas.

Si, por el contrario, se utiliza como un elemento de marketing político destinado a proyectar una imagen de compromiso sin afrontar las decisiones difíciles, el riesgo es evidente: que se convierta en otro anuncio grandilocuente que no cambie el rumbo del Mar Menor.Como advierten los expertos, la laguna no necesita solo más ciencia; necesita, sobre todo, más valentía política.

La Región de Murcia ha dado un paso decisivo hacia la protección de su ecosistema más emblemático con el anuncio del futuro Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor, denominado OM². Se trata de un ambicioso proyecto científico que se erigirá como una pieza fundamental para la gestión ambiental de la laguna salada, una nueva infraestructura diseñada específicamente para profundizar en el estudio de las especies marinas y sus ciclos vitales completos, permitiendo generar un conocimiento aplicado que se integrará directamente en las políticas de recuperación del entorno. El complejo se concibe como un centro de primer nivel que no solo servirá a la ciencia, sino también a la sociedad murciana en su conjunto.

El lugar elegido para albergar este vanguardista complejo es la antigua terminal del aeródromo de San Javier, unas instalaciones que serán transformadas para este fin conservacionista. El centro ocupará una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados, donde se distribuirán los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo su labor investigadora. Entre sus principales características físicas destaca la presencia de 21 tanques marinos con una capacidad total que supera los 1.100 metros cúbicos de agua. A estos se sumarán 17 acuarios interiores y cuatro tanques en condiciones de semilibertad, configurando un espacio técnico sin precedentes en la zona para el manejo de fauna marina vulnerable.

La construcción de este centro de recuperación supone una inversión económica de calado que asciende a unos 12 millones de euros. Esta financiación se articula a través de un modelo de cooperación administrativa, siendo cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en un 40% por la Comunidad Autónoma. El diseño del proyecto, liderado por el arquitecto José Manuel Chacón Bulnes, apuesta decididamente por la sostenibilidad y la integración total en el paisaje mediterráneo circundante. Además, se contempla la renaturalización de 1.600 metros cuadrados mediante soluciones basadas en la naturaleza y sistemas avanzados de gestión hídrica y energética.

El objetivo científico primordial del OM² es permitir el estudio riguroso de las especies del Mar Menor bajo condiciones estrictamente controladas para asegurar su supervivencia. Gracias a estas instalaciones, los investigadores podrán perfeccionar los protocolos de conservación existentes y aumentar significativamente las probabilidades de éxito en la reintroducción de ejemplares al medio natural. El centro funcionará como un laboratorio vivo donde se monitorizará el crecimiento y la reproducción de la fauna autóctona de forma continua y detallada. Esta capacidad técnica permitirá evaluar riesgos ambientales de manera anticipada y orientar las decisiones públicas basándose siempre en una evidencia científica propia y actualizada.

Este nuevo centro de especies no es una iniciativa aislada, sino la evolución lógica y natural del Banco de Especies impulsado en el año 2019 por el Gobierno regional y la Universidad de Murcia. Durante los últimos años, el equipo del Acuario de la UMU ha desarrollado una labor científica esencial que ahora encontrará un espacio mucho más amplio y dotado de mejores recursos. El trabajo previo ha permitido establecer grupos reproductores y protocolos de mantenimiento en cautividad que han dado resultados muy positivos para la biodiversidad local. La experiencia acumulada con el Banco de Especies servirá como cimiento sólido para que el nuevo complejo alcance su pleno potencial en el menor tiempo posible.

Investigación y educación

En cuanto a su equipamiento especializado, el OM² dispondrá de siete laboratorios avanzados que estarán dedicados exclusivamente a la investigación biológica y ambiental del ecosistema lagunar. Una característica innovadora del proyecto es que cuatro de estos laboratorios serán abiertos y visibles para el público que visite las instalaciones. De esta forma, se pretende acercar el trabajo de los científicos a la ciudadanía, fomentando la transparencia y el interés por la conservación marina. El centro se consolidará así como una fuente permanente de generación de datos que se integrarán en series temporales para comprender mejor la evolución del Mar Menor.

El componente educativo y de divulgación será otro de los pilares fundamentales que definirán la experiencia de los visitantes en este nuevo centro de recuperación de especies. Se ha diseñado un recorrido expositivo estructurado en tres grandes áreas temáticas: la Zona Oceánica, la Mediterránea y la específica del Mar Menor. Este itinerario sumergirá a los ciudadanos en un ambiente de progresiva oscuridad y humedad, simulando una inmersión real desde el mar abierto hasta la laguna. A lo largo del camino, los visitantes podrán descubrir la riqueza biológica a través de los diversos acuarios y tanques que conforman el complejo científico.

Entre las especies que recibirán una atención prioritaria en el centro se encuentran algunas tan emblemáticas como el caballito de mar, la nacra o el fartet. Actualmente, ya se cuenta con un stock de cerca de 4.000 ejemplares de caballito de mar obtenidos mediante programas de cruzamiento controlado en fases previas. También se trabajará intensamente con singnátidos que sufrieron una gran regresión tras las inundaciones de 2019 y con la Pinna nobilis, especie en peligro crítico. Las nuevas instalaciones permitirán mantener a estos individuos en condiciones de semilibertad, facilitando su adaptación progresiva antes de ser devueltos a su hábitat natural definitivo en el Mar Menor.

Los intentos de desprotección de nuestra laguna salada han sido una constante en la práctica de nuestra administración regional auxiliada por la ultraderecha en los últimos años. Otra vuelta de tuerca en la desprotección y desregulación del Mar Menor es la reforma de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor; propuesta por el PP a las órdenes de Vox y registrada en la Asamblea Regional en diciembre pasado. Los diferentes colectivos sociales, políticos, conservacionistas y ecologistas que batallan por un Mar Menor vivo han expresado su rechazo absoluto a la pretendida reforma denunciando el hecho de que es una expresión exclusiva de pactos políticos e intereses empresariales.

Las implicaciones de la modificación legislativa son muy graves para el futuro del ecosistema, que se encuentra en un frágil equilibrio. La propuesta de reforma parte de un compromiso político del Partido Popular con la ultraderecha de Vox a cambio de que este último apoye los presupuestos regionales y garantizar su aprobación. No está elaborada para reforzar las protección ambiental del Mar Menor sino para el beneficio del sector agroindustrial, que es el principal responsable de la entrada masiva de nutrientes en la laguna y su eutrofización.

La laguna sigue en un equilibrio inestable, a pesar de la imagen de aparente estabilidad del Mar Menor en los últimos meses. Continúa en una situación crítica. La eutrofización derivada del exceso de nutrientes de origen agrícola y ganadero sigue siendo el principal problema estructural.

A esta contaminación estructural y crónica del acuífero se suman las entradas masivas de nutrientes por escorrentías durante estos últimos episodios de intensas precipitaciones, como se ha evidenciado. Este verano, la zona sur de la laguna sufrió un episodio de hipoxia y anoxia que, aunque no alcanzó la gravedad de otros anteriores, volvió a poner de manifiesto la fragilidad del ecosistema. Sin embargo, los mecanismos legales que incluye esta normativa no se han desarrollado en sus apartados más urgentes: medidas contra la contaminación por nitratos, la ordenación del territorio y la reducción de las escorrentías.

La modificación de la ley se ha querido presentar como una simple corrección técnica pero no lo es. El PP, junto con la ultraderecha, impulsó una comisión parlamentaria con comparecencias. Sin embargo, tras las intervenciones de los representantes del sector agroindustrial y técnicos próximos a sus intereses, en una maniobra filibustera, el calendario de comparecencias fue cancelado. Fue un proceso incompleto y sesgado, oyendo solamente a una parte, e impidiendo la participación de voces científicas, ambientales o sociales críticas.

La tramitación de esta reforma se hace con escasa transparencia, nula participación social y sin rigor técnico en su elaboración. No se ha consultado de una manera preceptiva al Consejo Económico y Social, al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente ni a la Tutoría del Mar Menor, encargada de velar por los derechos del ecosistema, establecida en Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica al Mar Menor. Tampoco se ha consultado al Comité de Asesoramiento Científico, creado por la propia Ley 3/2020.

Esta propuesta de reforma legislativa supone una drástica disminución de las sanciones por incumplimiento, eliminando el carácter disuasorio de ellas y estableciendo un agravio comparativo frente a las empresas que cumplen la legislación. En definitiva, esta reforma otorgaría, aun más si cabe, una situación de impunidad a los mayores responsables de la contaminación del Mar Menor. Este cambio es manifiestamente incompatible con la protección de la laguna, responde más bien a la alianza política de la derecha y la extrema derecha junto a los intereses empresariales del agronegocio.

Se necesita un giro radical del Gobierno regional que haga desprenderse de la mochila de Vox y se dirija a la aplicación efectiva y plena de la la ley vigente, con el desarrollo de mecanismos y prácticas que eviten la entrada de nutrientes y sedimentos en la laguna, la eliminación de la contaminación por nitratos, una ordenación sostenible del territorio, un control exhaustivo de escorrentías que fluyen hasta la laguna.

Pero esto no lo va hacer, sería un cambio radical la sustitución de los intereses por la razón en su dinámica política. Es la movilización ciudadana y la crítica de la sociedad civil, en todos sus aspectos, la que puede conseguir un cambio o la eliminación de esta reforma. Es una tarea ambiental y de justicia social que nos concierne a toda la ciudadanía.

En la propuesta de reforma de la Ley de Recuperación y Protección Integral del Mar Menor presentada este lunes por el PP en el registro de la Asamblea regional se han introducido algunos cambios respecto de su último documento, de diciembre de 2025. En línea con los planteamientos de Vox y del sector agrario, una de las modificaciones que han incluido ha sido la de eliminar la obligatoriedad de que las explotaciones agrícolas y ganaderas que se encuentran en el Campo de Cartagena, en el entorno del Mar Menor, estén obligadas a certificar a través de una ECARM (Entidad Colaboradora de la Administración Agraria) que cumplen con la normativa medioambiental, en concreto en el capítulo de la contaminación por nitratos.

Este punto, que se recoge en la disposición adicional décima, es uno de los que ha defendido también la ultraderecha en su proposición de reforma de la Ley y una demanda apoyada por el sector agrario, ya que hasta ahora eran las explotaciones las que tenían que correr con los gastos de estas inspecciones.

La intención de la propuesta es que ya no sean preceptivas, pero sí voluntarias y que aquellas empresas del sector tanto ganadero como agrícola que continúen sometiéndose a las inspecciones anuales y el resultado sea favorable opten al Distintivo para la Agricultura Sostenible del Mar Menor de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la argumentación de la modificación, el PP recuerda que el Gobierno dispone de planes de inspección a las explotaciones agrícolas y ganaderas, que velan por el cumplimiento de la ley del Mar Menor: “La Administración ha asumido el control del cumplimiento de las medidas de la ley, por lo que es preciso adecuar el papel de las ECARM a las necesidades y realidad actual”.

Además, señalan que después de cinco años aplicando la ley, “el sector agrario regional ha realizado un esfuerzo para adaptar sus explotaciones agrarias, realizando importantes inversiones para la implantación de barreras vegetales, para el control de la fertilización, reduciendo sus ciclos de cultivo e implantando tecnologías de riego de precisión, así como otras relativas a la adaptación de la gestión de estiércoles y purines a lo previsto en la ley”.

En cuanto al régimen sancionador, no ha habido en esta nueva propuesta cambios con la anterior de diciembre y en la que ya se rebajaron las cuantías: “Durante cinco años -recogen en la exposición de motivos-, los titulares de las explotaciones agrarias han estado sometidos a un estricto régimen sancionador más exigente que la legislación estatal en la materia, entre otros aspectos, en lo referente a la potestad de imposición de sanciones accesorias”.

Con el cambio de marco se produce un descenso considerable de la cuantía económica de las sanciones: las sanciones leves con la actual legislación tenían multas de hasta diez mil euros, y con la modificación pasarían a una horquilla de entre 600 y 1.000 euros. 

Con esta del PP, ya son tres las propuestas de reforma registradas en la Asamblea regional. Las otras dos, de Podemos y Vox. En 2024 fueron cuatro los grupos que presentaron propuestas de reforma, pero ninguna salió adelante.

Han pasado 10 años desde el Mar Menor se tornó verde en un desastre ecológico sin precedentes al que le siguió las devastadoras mortandades de peces del año 2019 y 2021. Lo ocurrido vino acompañado de una gran movilización social, un movimiento que acabó otorgando a la laguna salada unos derechos pioneros con el reconocimiento de su personalidad jurídica en el año 2022.

Ríos de tinta se han derramado sobre lo ocurrido desde entonces, pero aún no hay consenso entre los distintos grupos sociales -y mucho menos entre las formaciones políticas- sobre por qué el Mar Menor acabó en condiciones tan críticas.

Jose María Egea, codirector del documental 'El Mar no cesa' e investigador del CSIC, insiste en que no pretende señalar con el dedo a los causantes de la contaminación de la laguna. No porque no pueda ni quiera, sino porque le faltarían manos: “Es un problema muy complejo porque son muchos los sectores implicados. No hay dos bandos claros, sino que hay muchas convergencias y divergencias, posturas que se acercan y se alejan en función de quién las dice”, explica.

De esa complejidad nace este largometraje de dos horas, que pretende, sin juicios de valor, contraponer las perspectivas de los distintos sectores implicados en el Mar Menor: los impactos del sector agrícola y ganadero, la red de saneamiento municipal, las estaciones depuradoras, el turismo, la minería, la influencia del nivel freático del acuífero, las consecuencias del sector pesquero y las consecuencias en las especies amenazadas.

“Hasta ahora todo lo que se había hecho en medios de comunicación o en documentales había sido muy sesgado y parcial, y dependía mucho de quien estuviera detrás de esa información”, observa Egea.

El documental se estrenará este domingo 25 de enero a las 17:00 en los cines de Centrofama en Murcia, y tendrá un segundo pase el lunes 26 a las 17:00 horas y el martes 27 a las 19:00 horas. Ha sido premiado por la 'Mejor edición' en el Festival Internacional de Cine Ambiental y Animal (FICAA) de Ciudad de México (México); y seleccionado en el Festival of Social and Environmental Cinema PLANET.Doc en Santa Catarnina (Brasil) y el Zuma International Film Festival en Abuya (Nigeria).

“Hemos hecho 40 entrevistas [Egea y Paco Portero, quien codirige el documental]. Recuerdo que, cuando empezamos a esbozar sobre el papel cómo queríamos que fuese el documental, hablábamos de diez imprescindibles. Diez personas que tuvieran una voz reconocida con autoridad y competencia. Pero cuando abrimos la puerta de este campo tan complejo y empezamos a tirar del hilo, decidimos que no queríamos dejar a nadie sin que pudiera dar su visión y su punto de vista”, ha explicado.

Todas estas voces, tan dispares entre sí, se conjugan en una especie de diálogo: “Quisimos hacerlo parecido a 'La pelota vasca, la piel contra la piedra', el documental de Julio Médem, en el que constantemente hay una réplica y contrarréplica en función de un tema concreto”, abunda.

Natalia Corbalán y Teresa Vicente

“Tenemos estas pugnas que nos parecen muy interesantes. Por ejemplo está Natalia Corbalán, que es la directora de la Fundación Ingenio; y Teresa Vicente, que es la promotora de la ILP y Premio Goldman, es como el Nobel del medio ambiente”, ejemplifica.

De entre las decenas de testimonios, muchos a primera vista irreconciliables, Egea ha asegurado que ha encontrado consenso: “Todos coinciden en que en este problema hay una sinergia, una influencia de todos los sectores. Quizás hasta ahora se ha perdido mucho el tiempo en intentar ver qué porcentaje de culpa tiene cada sector, cuando tal vez lo importante es el perjuicio que provoca la suma de todos ellos”, apunta.

“Lo que realmente está dañando y perjudicando al Mar Menor es lo que se llama efecto cóctel en salud humana. Cuando hablas de tóxicos en el cuerpo, muchas veces la clave no es la cantidad de cada uno de esos tóxicos, sino el cóctel que supone la presencia de todos juntos a la vez”, insiste el investigador.

“No se trata de ver quiénes son los culpables, sino de tomar medidas y de llegar esos acuerdos. Y sobre todo, yo creo que también hay un claro propósito de despolitizar el asunto y ver que esto no es una guerra entre administraciones locales o regionales o estatales, sino que es un problema que tiene que abordar la sociedad en su conjunto. Creo que la gente se ha dado cuenta de que salvar al Mar Menor es un trabajo de todos”.

“Las administraciones son las encargadas de tomar medidas y cada uno barre para su casa. Y el cortoplacismo de la política, que dura un intervalo electoral de cuatro años, hace que cueste tomar medidas a largo plazo, ya que existe el sentimiento de que el mérito se lo va a llevar otro”, señala Egea.

Desde los años 70 hasta nuestros días

De la misma forma que las causas de la contaminación de la laguna son innumerables por su complejidad, también es difícil establecer una cronología: “El documental empieza con testimonios de distintas personas que vivieron las mortandades [de 2019 y 2021]. Nos relatan en primera persona como vivieron esa tragedia que expuso la problemática ambiental al resto del panorama nacional. Pero esos episodios son la punta del iceberg, detrás de ellos hay un proceso lento y de degradación”, expone Egea.

“Desde las mortandades vamos desenmarañando lo que ocurrió a partir de los años 70, que es cuando se cambia de paradigma con la regeneración de playa, el aumento del urbanismo, el agua del trasvase, el boom del sector agrícola. El cambio brusco fue en los años 70 y a partir de ahí vamos contando un poco con la perspectiva de cada sector qué es lo que ha ido pasando”, describe el codirector del documental.

En la actualidad, Egea subraya cómo “de esa sopa verde y de esas mortandades, el Mar Menor se ha convertido en el ecosistema más monitorizado de este país. Hay muchos grupos tomándole el pulso constantemente, como si fuera un triaje de urgencias”.

“Con la presencia de todos los nutrientes que siguen llegando a la laguna cualquier cambio brusco en el entorno puede en cualquier momento desembocar en otros episodios de anoxia y de mortandad. Es lo que podríamos considerar un equilibrio inestable”, ha descrito.

La reforma de la Ley del Mar Menor, propuesta por Grupo Parlamentario Popular en la Región de Murcia y que rebaja las sanciones, podría vulnerar el principio de no regresión, fundamental en el derecho medioambiental: “Se está conculcando directamente el derecho de la laguna”, ha advertido Eduardo Salazar, abogado ambientalista e impulsor de la ley de personalidad jurídica del Mar Menor. De aprobarse la propuesta, Salazar ha advertido que la Tutoría del Mar Menor solicitará el recurso de la modificación, y no descarta que el Gobierno de España lo acabe presentando.

La reforma de la Ley del Mar Menor era la última de las exigencias que Vox impuso a los populares para la firma de los presupuestos regionales de 2025, rubricada en junio de este año. Se cumple este punto tarde, ya que el acuerdo de presupuesto indicaba que se iniciase “el procedimiento de revisión y reforma” de la Ley del Mar Menor “antes de octubre de 2025”.

Según la proposición de ley, a la que ha tenido acceso este diario, se extraerá el régimen sancionador de la normativa en materia de contaminación por nitratos para que figure en el futuro programa de actuación para la zona vulnerable del Campo de Cartagena. Mientras, los agricultores y ganaderos estarán sujetos a un régimen sancionador basado en el estatal, previsto en el artículo 27 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, en materia de nutrición sostenible en los suelos agrarios.

Con el cambio de marco se produce un descenso considerable de la cuantía económica de las sanciones: las sanciones leves con la actual legislación tenían multas de hasta diez mil euros, y con la modificación pasarían a una horquilla de entre 600 y 1.000 euros. “El Mar Menor está muy enfermo, en la UVI, hay plena justificación para darle mayor penalidad a unas conductas como son las agropecuarias que le están haciendo daño”, ha argumentado Salazar, miembro también de la Tutoría del Mar Menor, organismo designado para representar a la laguna salada tras la aprobación de la personalidad jurídica de este entorno.

La propuesta también modifica el artículo 83.4 relativo a la posibilidad de que las empresas sancionadas reciban subvenciones públicas. En su versión original, la normativa estipula que la comisión de infracciones graves o muy graves “conllevará” la pérdida del derecho a obtener cualquier tipo de ayuda o subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el plazo de dos años. Ahora, se propone matizar este apartado, por lo que la comisión de infracciones graves “podrá conllevar” la pérdida de ayudas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideran que la actual Ley del Mar Menor “limita la potestad del instructor de los procedimientos sancionadores” a la hora de decidir sobre la imposición de sanciones accesorias: “El instructor tiene que seguir el procedimiento sancionador, no está limitado en ningún aspecto. Eso que están diciendo es directamente incorrecto”, ha apuntado Salazar.

Los ecologistas podrían emprender acciones legales

En un escrito presentado por Ecologistas en Acción, el grueso de asociaciones en defensa de la laguna salada han mostrado su “indignación” por la proposición de ley de los populares. “Es significativo que precisamente se trate de sacar el régimen sancionador de la Ley, y justamente en un asunto tan primordial como el control del uso de nitratos, eliminando un merecido castigo a los infractores: que quienes incumplen la Ley no tengan derecho a subvenciones públicas por varios años”, han denunciado.

Respecto a los cambios propuestos en la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, las organizaciones se han mostrado muy críticas: “Está claro que se trata de favorecer y proteger los intereses empresariales, y precisamente del sector con más responsabilidad en la eutrofización del Mar Menor. Es puro cinismo” ha declarado el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo. Por otro lado, el portavoz de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, ha advertido que la asociación está analizando el texto que ha presentado el Partido Popular, con sus consecuencias prácticas: “No descartamos emprender acciones legales y administrativas, que anunciaremos en breve”.

Por último, han afeado la fecha en la que se ha anunciado esta propuesta, “el día 23 de diciembre, a las puertas de la Navidad”: “Es un ”clásico“ que proyectos o normativas polémicos se tramiten en fechas navideñas o en agosto, aprovechando que la gente se encuentra de vacaciones, para reducir la contestación social y las protestas. Ese es el verdadero espíritu del Partido Popular en cuanto a la participación y la transparencia”. Las organizaciones han querido recordar que el próximo 28 de diciembre tenían convocada una protesta en el Palacio de la Justicia en Murcia, y que este asalto a la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor será uno de los temas principales de la misma.

Mientras se abre un nuevo frente entre el PP y Vox en Extremadura, los populares murcianos pueden decir que han cumplido la última de las capitulaciones que les mantenían atados a los de Abascal. Al menos, durante este año. El Grupo Parlamentario Popular en la Región de Murcia ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.

De acuerdo con el documento, al que ha tenido acceso este diario, se extraerá el régimen sancionador de la normativa en materia de contaminación por nitratos para que figure en el futuro programa de actuación para la zona vulnerable del Campo de Cartagena: “Una vez que se elabore y entre en vigor el nuevo programa de actuación, nada impedirá que, mediante la oportuna modificación legislativa, se redimensionen los contenidos agrícolas y ganaderos de la ley, pudiendo integrarse su régimen sancionador dentro del previsto en materia de protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos de origen agrario”, han defendido los populares en su propuesta.

En otras palabras, de salir adelante esta modificación, el régimen sancionador contra ganaderos y agricultores será “único” en toda la Región de Murcia. A la espera de que se apruebe el programa de actuación, los agricultores y ganaderos estarán sujetos a un régimen sancionador basado en el estatal, previsto en el artículo 27 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, en materia de nutrición sostenible en los suelos agrarios.

La reforma de la Ley del Mar Menor era la última de las exigencias que Vox impuso a los populares para la firma de los presupuestos regionales de 2025, rubricada en junio de este año. Se cumple este punto tarde, ya que el acuerdo de presupuesto indicaba que se iniciase “el procedimiento de revisión y reforma” de la Ley del Mar Menor “antes de octubre de 2025”.

“No se trata de permitir nada que no estuviera permitido, sino de establecer la misma cuantía de las sanciones que para el resto de España. No tiene sentido que aquí sean distintas cuando hay una norma estatal que las regula. Es como si por una infracción de tráfico se pagara más en la Región de Murcia que en el resto de comunidades autónomas”, defiende el Grupo Parlamentario Popular.

Rebajar las sanciones a los agricultores es una exigencia recurrente de Vox hacia los populares, previa a que los de Abascal rompieran el acuerdo de gobernabilidad y salieran del Gobierno de la Región de Murcia por el reparto de menores no acompañados en julio de 2024. Tres meses antes el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, puso sobre la mesa eliminar algunas sanciones consideradas como graves en la norma vigente, como que una explotación agrícola no esté inscrita en el registro de la Comunidad Autónoma o que ésta no disponga de operador agroambiental; además de una rebaja de la cuantía económica de algunas sanciones agrícolas de un 50%.

Ahora, la modificación del Partido Popular no conlleva rebajas en las sanciones al sector agrícola y ganadero, pero modifica el artículo 83.4 relativo a la posibilidad de que las empresas sancionadas reciban subvenciones públicas. En su version original, la normativa estipula que la comisión de infracciones graves o muy graves “conllevará” la pérdida del derecho a obtener cualquier tipo de ayuda o subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el plazo de dos años. Ahora, se propone matizar a este apartado, por lo que la comisión de infracciones graves “podrá conllevar” la pérdida de ayudas. En otras palabras, se convierte un punto sancionador de la ley que era una certeza en tan solo una posiblidad.

En la propuesta, los populares justifican esta modificación en que la actual Ley del Mar Menor “limita la potestad del instructor de los procedimientos sancionadores” a la hora de decidir sobre la imposición de sanciones accesorias. Es por ello que añaden este verbo transitivo, devolverle la potestad al instructor de elegir si privar o no al infractor de acceder a ayudas públicas, de la misma forma que se recoge en la normativa estatal.

Tras poco más de medio año desde que se constituyó la tutoría del Mar Menor y la Comisión de Representantes comenzase a velar por sus derechos, su presidenta, Teresa Vicente; y su secretario, Alfonso Manzano Ruíz, han dimitido. Vicente, catedrática de Filosofía del Derecho y una de las promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular para otorgarle Personalidad Jurídica al Mar Menor, ha denunciado que su Comité está “paralizado” por la administración regional y nacional: “Hemos tenido que recordar a la Administración que ellos habían jurado por el Mar Menor, que esa era una ley de los derechos del Mar Menor y que era una ley ciudadana. Que nosotros éramos la voz del Mar Menor”, ha explicado Vicente a este diario.

Aunque Vicente reconoce que la tutoría “va bien”, los comités marchan a dos velocidades: “El Comité Científico y el de Seguimiento funcionan, pero en el nuestro [el de representantes] todo han sido problemas con la administración regional y nacional”, ha resumido a este diario.

Tal y como explica en su carta de dimisión “se ha creado una especie de derecho de veto de las administraciones públicas -la Comunidad Autónoma y el Estado- de muchas de las iniciativas que se han presentado, por cuanto dichos representantes, nombrados por las administraciones, actúan más como defensores de la Administración, que como defensores de los derechos del Mar Menor, que es para lo que fueron nombrados”.

La catedrática apunta directamente al artículo 5.5 del Reglamento, que establece que “los acuerdos del Comité de Representantes serán adoptados por mayoría de sus miembros, con al menos el voto favorable de todas las personas representantes de una de las administraciones y cuatro de las personas representantes de la ciudadanía”. De acuerdo con Vicente, el reglamento ha provocado que representantes de la administración regional y nacional hayan “vetado” propuestas de los representantes de la ciudadanía.

“Nosotros no creíamos que fuera a pasar esto. Si lo hubiéramos sospechado habría recurrido el reglamento”, ha asegurado. Pero ha confesado que temía que la aplicación de la tutoría del Mar Menor se atrasase aún más. “No esperábamos que el gobierno socialista se uniera al otro [el del PP en la Región de Murcia] en contra nuestra. Pero ellos representan a la Administración y piensan como tal”.

Desde la consejería de Medioambiente han asegurado que respetan la decisión de dimitir por parte de Teresa Vicente y Alfonso Manzano Ruíz, pero que no comparten “las razones expuestas”. Han subrayado que “las administraciones públicas han colaborado de manera leal y en un clima de cordialidad en el Comité de Representantes de la ILP del Mar Menor y en defensa de la legalidad jurídica”. Han defendido el papel de los representantes de la Comunidad Autónoma en el Comité, “técnicos de la Consejería que trabajan de forma diaria para y por el Mar Menor”.

Sobre las acusaciones de veto, la consejería ha recordado que “se trata de un órgano que acaba de empezar su andadura, de hecho hoy mismo se ha aprobado el reglamento de funcionamiento de este órgano así como el reglamento de la gerencia”.

Para el Mar Menor, las ostras son utensilios de limpieza más eficaces que el mejor de los coladores. En cubetas llenas de agua y numeradas para llevar un control de la variabilidad genética, las ostras se reproducen y estudian en el criadero del Centro Oceanográfico de Murcia, en San Pedro del Pinatar (IEO-CSIC). Situado en un entorno privilegiado, al norte de La Manga del Mar Menor, en este espacio de investigación centenares de miles de larvas de ostra, al principio más diminutas que granos de arena, son cuidadas y alimentadas para que, conforme vayan creciendo, puedan ser reintroducidas en su entorno natural y cumplir su objetivo: ayudar a regenerar la laguna del Mar Menor, en la costa murciana.

Como todos los bivalvos, las ostras filtran el agua. Son bioextractores de nutrientes, según la definición técnica. “Se comen la sopa verde”, sintetiza Marina Albentosa, en referencia al término que resume el colapso y eutrofización de la laguna murciana: cuando hay un exceso de nitrógeno y fósforo en el agua, proliferan las microalgas que consumen oxígeno y, al bloquear la luz, no permiten que esta llegue al fondo. Esas microalgas son la base de la alimentación de estas ostras, aunque la capacidad real de filtración que pueden llegar a tener está todavía pendiente de evaluación. Pero es un ejemplo de que la naturaleza puede ser parte de la solución a la hora de regenerar un ecosistema tan amenazado como el Mar Menor.

Marina Albentosa es la responsable del Laboratorio de Ecofisiología de Bivalvos del IEO-CSIC en San Pedro y la coordinadora de la iniciativa para la recuperación de la ostra plana del Mar Menor. La medida busca recuperar la calidad ambiental del ecosistema, una herramienta más dentro de las posibles soluciones para paliar la degradación de esta laguna salada. “Esto es un proyecto de acuicultura restaurativa, un concepto que une los fines comercial y ambiental”, afirma la científica. ¿Y por qué las ostras? Marina explica que cuando en 1973 se abrió el canal de El Estacio, permitiendo que entrara agua del Mediterráneo al Mar Menor, cambió la salinidad de la laguna y tuvo grandes consecuencias. Una de ellas fue la entrada de diferentes especies como la nacra (Pinna nobilis) y la ostra plana (Ostrea edulis) que ahora sí podían sobrevivir dentro de este peculiar espacio natural.

Marina es didáctica y concreta cuando habla. Cuenta que en 1991 se hizo un muestreo y se estimaba en 135 millones de ejemplares la población de ostras en el Mar Menor, capaces de filtrar toda el agua de la laguna en 55 días. La extracción masiva, los episodios de contaminación y la eutrofización acabaron con esa presencia de los bivalvos endémicos, no solo de las ostras. También la nacra, la almeja o los berberechos prácticamente desaparecieron. “Nuestro objetivo es generar el conocimiento necesario para que se puedan recuperar las poblaciones de ostra en el Mar Menor. Queremos recuperar sus servicios ecosistémicos”, explica. Esto puede ser un incremento en la claridad y calidad del agua de la laguna, una mejora en la biodiversidad, más actividad pesquera o aumentar su valor cultural. Todo está relacionado entre sí.

La idea de utilizar los bivalvos para filtrar el agua del Mar Menor surgió en 2016 a raíz del episodio de “sopa verde” que supuso un momento clave en la degradación ambiental de la laguna. Marina, junto con otros expertos de todo el mundo que estudiaban bivalvos, se planteó la posibilidad de usar ostras en la laguna murciana, replicando otros casos similares que habían funcionado en EEUU, como Tampa Bay en Florida y Chesapeake Bay en la costa este. También en Suecia o los fiordos daneses se han utilizado mejillones para eliminar nutrientes del agua. En 2020 se lanzó la iniciativa de la mano de la alianza para la restauración de la ostra nativa europea (NORA), pero no fue hasta 2022 cuando se consiguió la financiación necesaria para desarrollarla en la Región de Murcia. Desde entonces, se van solapando diferentes proyectos.

La que se está criando desde esta iniciativa es una ostra nativa europea. Se encuentra en el Mediterráneo y en toda la costa del Atlántico, desde Europa del norte hasta Marruecos. Estas ostras planas (Ostrea edulis) son hermafroditas y pueden cambiar de sexo varias veces a lo largo de su vida. A partir de los tres años ya se pueden consumir, aunque llegan a vivir 10, 20 o incluso 30 años si las condiciones son idóneas. Como una etapa intermedia entre el criadero y el mar, las aguas de un canal salinero son el lugar ideal para las ostras. Situadas al norte de la laguna, las salinas de San Pedro del Pinatar ocupan aproximadamente dos tercios del parque regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.

Un canal salinero es el que distribuye el agua del mar entre las diferentes balsas, donde se irán decantando la sal y los sedimentos. La colaboración con las ostras va más allá de ceder el espacio sin coste alguno. Es poner en valor el espacio natural y a la actividad salinera como conservadora del medio ambiente.

Sobre una estructura flotante está el sistema de cultivo: unas líneas o bateas donde quedan sumergidos los bivalvos. El canal no llega a los dos metros de profundidad y se puede ver el fondo lleno de Caulerpa prolifera, como en la cercana laguna. En la superficie flotan ovas, otra alga verde brillante con forma de pelambrera enmarañada y que se extiende entre la orilla y la estructura. Marina se cambia las zapatillas por unas crocs y baja las escaleras hacia el agua, señalando las líneas donde están las ostras. “Venimos por la mañana, le damos la vuelta y las ponemos boca arriba, las ostras se cierran y sobreviven y todo el resto se muere. A las cuatro o cinco horas les damos la vuelta, y las volvemos a sumergir. Este sistema es muy interesante para la limpieza y para el endurecimiento del músculo, hace una ostra muchísimo más resistente. El objetivo es que mantenga mejor la circulación a través de los agujeros y que se desarrolle más. Al dejarla al aire, tiene que hacer el ejercicio de cerrar con el músculo. Entonces liberan algo que no sé decirte lo que es, pero los ostricultores dicen que el sabor es diferente, por sacarlas fuera del agua”.

“Esto es una técnica experimental, esta es la base del arrecife, lo hacemos aquí para luego ponerlo en el mar y que las ostras vayan creciendo, engordando y demás”. Esto también es parte del trabajo de investigación de cada proyecto: ver qué funciona y aprender de los errores.

Un ejemplo del que inspirarse y que desde la iniciativa están teniendo como referencia es la francesa laguna de Thau, en la región de Languedoc-Roussillon. Esta laguna también sufrió un importante episodio de eutrofización del agua y el papel de los ostricultores ha sido muy interesante en su recuperación.