El Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid, al que le ha correspondido juzgar a Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsificación de documentos, advierte en un escrito que el señalamiento de la vista se realizará “considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el Juzgado y cuando razones de agenda lo permitan”. La situación de los juzgados de lo penal de Madrid ya apuntaba a que el juicio contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso no se celebraría nunca antes de 2027, siete años después del presunto delito fiscal y las facturas falsificadas.

La providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso elDiario.es, llega como consecuencia de otro escrito en el que su titular fija la prueba que se verá en el juicio, una suerte de guion de la vista por el que acepta o rechaza las declaraciones de testigos e informes que solicitaron las distintas partes.

En el caso de la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, la magistrada ha rechazado todas las testificales propuestas, lo que supone que no declarará como testigo Fernando Camino, directivo de Quirón. Ya solo resta que la agenda del juzgado permita señalar la vista del juicio y que este se celebre.

El horizonte judicial de Alberto González Amador es sombrío. Contra él pesan las evidencias de un extenso informe de la Agencia Tributaria: 19 meses de inspección que ponen negro sobre blanco dos fraudes a Hacienda en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas para llevarlos a cabo.

La Audiencia Provincial avaló en noviembre de 2025 la decisión del juzgado de enviarlo al banquillo y solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel que se conocería en la fecha señalada para la vista.

González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros por lo que la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial.

Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. González Amador nunca ha declarado por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos, alegando en varias ocasiones compromisos laborales con Quirón.

Y mientras el supuesto fraude fiscal y la falsificación de documentos están abocados al juicio continúa la instrucción de la pieza separada por el presunto soborno de la pareja de Ayuso al directivo de Quirón Fernándo Camino. Ambos habrían acordado en secreto repartirse una comisión de 2 millones de euros en mascarillas y encubrir dicho reparto con la compra fraudulenta de una empresa de la mujer de Camino por medio millón de euros pese a no tener apenas valor.

La Ertzaintza no ha llevado a cabo “en los últimos cinco años” ninguna investigación por fraude fiscal, según ha admitido al Parlamento Vasco en un escrito el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, en respuesta a una pregunta del representante de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea. Meses atrás ya trascendió también que la unidad especializada en delitos económicos o de corrupción de la Policía autonómica, el equivalente a la UCO de la Guardia Civil o a la UDEF de la Policía Nacional, solamente tiene seis efectivos.

En concreto, Zupiria indica que no ha habido ninguna operación relacionada “directamente” con las conductas descritas en el artículo 305 del Código Penal, que según recuerda él mismo regula el fraude a Hacienda -sea estatal, foral o local- y “castiga a quienes defraudan a la Administración eludiendo el pago de impuestos, disfrutando de beneficios fiscales indebidos o evitando ingresos a cuenta”. Sostiene el consejero de Seguridad que es “clave” para interpretar los datos que hay un “umbral” que hace que solamente sea delito cuando el fraude supera los 120.000 euros “por año o período impositivo”, aunque no precisa si se han descartado actuaciones porque las cuantías eran inferiores.

Planteaba Ortiz de Guinea en su iniciativa que la Ertzaintza es una “Policía integral” y que, por ello, “tiene capacidad para investigar delitos fiscales”. La puesta en valor de las capacidades de la Ertzaintza es algo que se repite constantemente también en los mensajes que lanza el Gobierno.

Fue el propio representante de EH Bildu el que pidió, en primavera, los datos de dotación de personal de varias unidades especializadas. En el caso de la sección central de delitos económicos, como recogió este periódico en abril, son solamente seis los ertzainas disponibles y ahora, además, han asumido algunas tareas de apoyo en la investigación de tramas con criptomonedas y ciberdelitos. El grupo está encabezado por un suboficial, al que acompañan tres cabos y dos agentes. La UCO de la Guardia Civil disponía en 2025 de una plantilla de entre 500 y 600 efectivos.

Precisamente, eclipsado en buena medida por otros puntos, esta semana los Gobiernos central y vasco han tratado en la junta de seguridad un asunto relevante sobre los delitos económicos. El Estado va a garantizar acceso de la Ertzaintza al denominado SEPBLAC, el organismo estatal para el combate del blanqueo de capitales.

Era 21 de noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama acababa de 'tirar de la manta' y había implicado en el cobro de mordidas en el caso Mascarillas tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor ministerial Koldo García. Los pormenores de la declaración cundieron por el 'zulo' —así se suele llamar de manera coloquial a la sala de prensa en la que trabajan una veintena de periodistas en la Audiencia Nacional—. Y con esos detalles, se hizo una primera llamada a una de las fuentes del caso. Lo que dijo entonces ya era revelador: “Siempre supe que Aldama era el eslabón más débil”.

Dos años después, el tiempo y una sentencia puede que hayan echado por tierra esa reflexión. Quizá no era el más débil y sí el más avispado: tras su declaración fue puesto en libertad —había sido detenido por otra causa, un fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos— y hoy, a juzgar por algunos programas televisivos a los que acude, es presentado casi como un prócer de la nación, el 'campeón' contra la corrupción.

Si uno se da una vuelta por su cuenta de Instagram pareciera que a Aldama le quiere hasta el papa León XIV. Durante la visita del pontífice a España, el empresario colgó una foto de un rosario que había sido bendecido por Prevost. “Un regalo muy especial recibido de manos del Santo Padre”, colgó en el post. Su figura ha cogido tal vuelo que le paran para hacerse 'selfies' por la calle, le escoltan los 'chicos' de Dani Desokupa y hasta le aclaman en manifestaciones como la del pasado 23 de mayo, apoyada por el PP y Vox contra “el Gobierno corrupto”. Allí, ya con el juicio finalizado y pendiente de sentencia, clamaba ante un reportero: “El pueblo es el que gana al final”. Buena parte de la sociedad ya ha encontrado a su vellocino de oro. Pero, ¿quién es realmente Víctor de Aldama?

Los inicios en la informática

Personas de su entorno, consultadas por elDiario.es, indican que el empresario, que se crio en Móstoles —es hijo de un peluquero de caballeros con un toque especial— arrancó haciendo sus pinitos en la informática. Pronto cayó en que con el ladrillo podía ganarse la vida bien y se enganchó a un buen 'mentor' que le llevó de la mano. “No tiene estudios universitarios o, para decirlo de otro modo, tiene la misma carrera que Begoña Gómez”, dicen quienes le conocen desde hace décadas. Consideran que tampoco era el más avezado del mundillo inmobiliario y argumentan que de 20 negocios le salía uno. Eso sí, “siempre se supo subir al carro”.

Para algunos de los consultados, el empresario se tiene en una alta estima, suele priorizarse sobre los demás y siempre le ha gustado vivir rodeado de lujos. Otros, más cercanos, le califican como “un padrazo” al que le pierden los coches y el deporte —llegó a ser presidente del Zamora CF—. Es visceral, apuntan, pero “una persona normal e íntegra”. ¿Que fuera calificado por la UCO como el nexo corruptor de la organización criminal por la que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel? “Nada más alejado de la realidad”, dicen, argumentando que cuando conoció a Koldo y a Ábalos ya era rico. Le buscaron ellos a él, explican, por su capacidad de contacto. También destacan que Aldama “se batió el cobre” durante años en América Latina afrontando proyectos de envergadura en países como México y Colombia. Ahí se hizo con una buena agenda de políticos relacionados con el ladrillo.

Ahora, con una sentencia a sus espaldas, no ha tenido que entrar en prisión. Todo gracias a que los magistrados del Tribunal Supremo premiaron de forma ejemplarizante su colaboración con la justicia —le libraron incluso de pagar una multa de 3,7 millones al absolverle del delito de uso de información privilegiada—. Quienes vivieron el momento en el que se le comunicó la decisión en el Alto Tribunal explican que hubo lágrimas y abrazos. El ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, había logrado tejer una unanimidad que ponía el foco en una corrupción sistémica con la que había que acabar. El tanto se lo apuntó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, padre de esa idea.

“Un compromiso moral”

Aldama y sus allegados salieron del trago pensando que le había echado “muchos cojones”, que “se había plantado ante el sistema y había salido vivo”. Y por eso, ahora entiende que ha adquirido “un compromiso moral” con la eliminación de la corrupción en el país. Sí, todo un corruptor 'pasándose el juego' en poco más de un año y gracias a una instrucción en el Supremo que tenía tintes de 'blitzkrieg' por aquello de la velocidad, la sorpresa y la fuerza masiva. “Le ha cogido el gusto a eso de ser conciencia, es el nuevo Pepito Grillo”, dicen.

En la faceta empresarial, a juzgar por lo que dicen hombres de negocios prestigiados consultados por este periódico, tampoco le pasan factura ni la condena ni las causas en las que continúa siendo investigado. Que se haya aprovechado de una pandemia mundial para poner el cazo (6,6 millones en comisiones) y hacerse con adjudicaciones públicas gracias al pago de mordidas mensuales que rondaban los 10.000 euros no es óbice para que tenga tirón entre el empresariado español.

“Tiene un grandísimo mérito, es una persona que se ha equivocado en su vida pero se ha arrepentido”, indican para añadir que, ante amenazas de muerte —se ha hablado de tres tiros en su coche blindado y de una extraña visita en la cárcel— ha sido “valiente”. “Todo el mundo se puede equivocar, me da más asco ZP haciendo campaña en Andalucía, ese sí es un delincuente”, indica el empresario, vinculado antaño con el partido Ciudadanos, para luego añadir que “si arrepentirse no sirviera de nada, San Pablo nunca habría llegado a santo”.

Otro de los cercanos a Aldama va más allá en eso de los negocios y habla de que ya hay importantes directivos del Real Madrid que le tienen en “gran estima” y que están a la expectativa de entablar negocios con él. “Tiene muy buenos quereres, una gran respuesta social, se hizo 70 fotos en Jerez en la feria”.

Aldama ha sabido construir su personaje desde que en 2024 quedara en libertad provisional: cercanía con determinados medios y pseudomedios y pastelitos para los periodistas a la entrada del juicio. La baza en su travesía por los juzgados era ganarse, por un lado, a la Fiscalía —su abogado ayudó mucho con eso— y, por otro, a esa parte de la sociedad que no comulga con el presidente del Gobierno y que, a ojos de determinados políticos, se cuentan por votos. Por eso, utiliza el enfrentamiento directo en redes con políticos socialistas de la talla del ministro Óscar Puente.

La rueda sigue. Dado que está siendo investigado en más casos, debe alimentar su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. “¿Qué tienes contra Sánchez?”, le preguntó el periodista Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid hace escasos días. Aldama, contemporizando, le indicó que a eso no le podía contestar, pero pronto se sabría. A Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro, le echó un caramelo mejor que el que le soltó a Naranjo: “Ahora tras la sentencia, me da pie a contar más. Lo que he entregado es un aperitivo. Tengo mucho, contundente e importante”. Aldama, el antisistema, aspira a hacer caer un Gobierno y, por eso, a juzgar por estas declaraciones, sostiene una estrategia de colaboración a cuentagotas con la justicia.

Por delante, le queda afrontar la causa de los amaños de obra pública y la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos. Pero la sentencia del Supremo ya apuntaba a que su colaboración con la justicia había propiciado y favorecido el esclarecimiento de más procedimientos en curso, por lo que está por ver si sigue teniendo 'crédito' positivo en Fiscalía de cara a eventuales nuevas condenas.

Las causas pendientes

En el asunto de la obra pública, su aportación ayudó en mayor o menor medida a que el juez del Supremo Leopoldo Puente arrancara con unas pesquisas que resultaron en la imputación no solo de Ábalos y Koldo García sino también de quien era el número tres del PSOE Santos Cerdán. El político navarro acabó entrando en prisión provisional unos meses dado su papel protagónico en la trama que buscaba hacerse con mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama entregó una nota en la que aparecían comentarios escritos por Koldo García y que tenían relación con determinadas adjudicaciones. Esa causa reside ahora en la Audiencia Nacional dado que Ábalos dejó de ser aforado.

Aldama también consta en el juzgado de Santiago Pedraz como uno de los cabecillas, junto a su socio Claudio Rivas, de una trama que buscaba defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según describen los atestados de la UCO consultados por este diario, la operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Lograron una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel y con ella adquirieron a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos para, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales.

El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Esas mismas empresas interpuestas habrían sido usadas como “canales de blanqueo” para mover lo defraudado a terceros países “para alejarlo, ocultarlo y dificultar su trazabilidad”.

Además, según un informe reciente de la Agencia Tributaria presentado en la rama del caso de las Mascarillas que reside en la Audiencia Nacional, Aldama habría defraudado a Hacienda una cuota de 2,4 millones de euros. La cuota exigible al conseguidor es, en realidad, de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. La cantidad sobrepasa ampliamente la frontera que separa la falta administrativa del delito penal, por lo que indefectiblemente el empresario se enfrentará a un delito contra la Hacienda Pública.

Aldama sube un 'tiktok' bailando en la feria, se sienta en su casa a hacer directos para sus fans, se emociona, llora ante su público. Muchas de sus aseveraciones contra Pedro Sánchez o contra ministros como Ángel Víctor Torres nunca han sido probadas y han sido calificadas como simples bulos. Durante los 14 días de juicio llevó prendida de la solapa de su americana una cruz. Su amiga, una anticuaria, se la prestó para que le protegiera en su periplo judicial. Y, a juzgar por el resultado, de momento el amuleto 'le ha servido'. Está por ver si esa cruz tiene tirón también en el resto de causas a las que se enfrenta. Solo le falta un 'reality'.

La Hacienda foral de Navarra y el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF) se personarán como acusación particular en la causa judicial contra el expresidente del Club Deportivo Tudelano y del Ribera Fútbol Sala Ramón Lázaro, que está siendo investigado por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha señalado que el INDAF “ha tomado la decisión de iniciar el procedimiento para personarse como acusación particular en la causa”. “Al ser un organismo autónomo, se ha solicitado a la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra que remita y formule la correspondiente querella criminal al haberse apreciado la existencia de hechos y operaciones que puedan ser constitutivos de delito de fraude de subvenciones y falsificación documental, presuntamente porque podrían haberse alterado facturas u otros documentos mercantiles para acceder a un mayor volumen de subvenciones y porque presuntamente también estas subvenciones podrían no haberse destinado al objeto de la subvención de la convocatoria”, ha indicado.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha añadido que la Hacienda foral también se va a personar en la misma causa. Esnaola ha explicado que se revisarán los datos de la causa para tratar de determinar si los hechos afectan a la última temporada o a varias.

El juez que investiga al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro le sitúa al frente de una organización criminal, en la que también estarían implicadas su madre, su pareja, una prima suya, su asesor fiscal, un especialista en inversiones y otra persona que se encargaba de canalizar el dinero procedente del amaño de partidos, y que le sirvió para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello Lázaro habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha iniciado una operación, denominada 'Insulae', en doce provincias de seis comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario de empresas que prestan servicios de intermediación en la compraventa y alquiler de propiedades inmobiliarias.

La AEAT ha informado este lunes en un comunicado de que denuncias previas recibidas advertían sobre posibles cobros en efectivo no declarados y otras presuntas irregularidades en las inmobiliarias objeto de esta actuación.

La operación conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 49 sociedades y empresarios, así como a 18 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de funcionarios de la AEAT en 41 locales.

El dispositivo desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (7), Baleares (1), Canarias (4), Cataluña (5), Madrid (5) y la Comunidad Valenciana (19).

El fraude consistiría en la utilización de dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas o declaradas parcialmente y el cobro también de cantidades irregulares (como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda) que igualmente no se estarían declarando.

Asimismo, habría cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a viviendas.

La operación 'Insulae' ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 170 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

El Ministerio de Hacienda enmarca la operación en un momento de “crecimiento sostenido” en el que las agencias inmobiliarias ya participan en la intermediación del 70% de las operaciones de compra y alquiler de viviendas en España, detectándose denuncias que apuntan a una “posible existencia de una bolsa de fraude” en las sociedades objeto de la presente actuación operativa.

Un presunto fraude derivado de la utilización de “dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas” o de “cantidades irregulares como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda”, además de cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a la vivienda.

Asimismo, la Agencia Tributaria ha realizado un estudio de los socios que puedan presentar “signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas”, ante la sospecha de que las ventas ocultas se estén materializando en incrementos patrimoniales en los mismos.

De esta manera, mediante las acciones desarrolladas de forma simultánea en los locales seleccionados, Hacienda ha podido acceder a información de vital importancia para la realización de la labor inspectora (documentación e información contable o auxiliar real existente, en papel y en los sistemas informáticos de procesamiento de la información).

Así, las inspecciones se seguirán desarrollando en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas iniciales, con el fin de “regularizar todos los incumplimientos detectados”, apoyándose en las directrices del Plan de Control de la AEAT para 2026, que inciden en aquellos contribuyentes que realicen un uso intensivo de efectivo, o que ostenten signos de riqueza, patrimonio o rentabilidad, “incoherentes con sus rentas declaradas”.

Con esta intervención sectorial, la Agencia Tributaria suma 27 macrooperaciones sectoriales coordinadas en algo más de una década, con el objetivo añadido de “transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas”.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

El juez que investiga al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro le sitúa al frente de una organización criminal, en la que también estarían implicadas su madre, su pareja, una prima suya, su asesor fiscal, un especialista en inversiones y otra persona que se encargaba de canalizar el dinero procedente del amaño de partidos, y que le sirvió para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello Lázaro habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

En el auto en que ha dictado su puesta en libertad, el magistrado detalla una amplia red de delitos: pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes. Todos ellos cometidos durante su etapa al frente de los equipos CD Tudelano (de la Segunda: RFEF) y el Club Ribera de fútbol sala. Se da la circunstancia de que Lázaro vendió el Tudelano hace unas semanas y puso en venta el Ribera.

“Ramón Lázaro desde su llegada al CD Tudelano en 2022 y Ribera Futbol Sala en 2023 inició una amplia amalgama de actividades criminales destinadas exclusivamente a su enriquecimiento ilícito”, expone el juez en su auto en el que se recogen mensajes, llamadas interceptadas por la policía y el seguimiento de movimientos bancarios. Una operación de la Policía Nacional que ha contado con el apoyo de la Europol y la Interpol para el rastreo de los flujos de dinero internacionales con la compra de criptomonedas.

Y es que fue esa última operación que realizó Ramón Lázaro antes de que el magistrado emitiera la orden de su arresto el pasado 8 de junio. Según se recoge en el auto, de nueve páginas, Lázaro pretendía invertir en criptodivisas los 1,43 millones de euros que iba a percibir por la venta del CD Tudelano para “tenerlo debajo de la alfombra unos meses” y establecer “una segunda capa de seguridad” para que fueran inembargables, tal y como le explicó a su asesor financiero en una conversación telefónica intervenida.

Así, el 27 de mayo transfirió 900.000 euros y, posteriormente otros 530.000 euros, a una cuenta bancaria en Alemania que funcionaría, según el juez, como una “pasarela” para transferir el dinero al Reino Unido y a Irlanda del Norte con “la finalidad” de convertirlo en criptomonedas. Durante el registro de su domicilio el 8 de junio la Policía se incautó de un dispositivo con las claves de su monedero digital y el juez pudo bloquear y embargar 530.000 euros antes de que Lázaro llevara a cabo la operación.

Pero la mayoría de los delitos que se le imputan fueron cometidos presuntamente antes de la venta del equipo y que se remontan al año 2022, cuando lo adquirió. Entre ellos se encontraría el desvío ilícito de fondos del Tudelano y del Ribera Navarra, el otro club del que era propietario, para la compra de inmuebles que ponía a nombre de su mujer. En total cuatro inmuebles para los que utilizó 735.000 euros de las cuentas de los dos equipos de su propiedad.

Amaños y apuestas

También se le atribuye el haber amañado partidos comprando a jugadores de equipos rivales y haber utilizado esos amaños para realizar apuestas ilegales. En el auto se recogen conversaciones de Ramón Lázaro con futbolistas a los que les dice cosas como que “con dinero se soluciona todo” o “el viernes voy a ir a un piso a hacer diabluras, les voy a dar 10.000 a cada uno”. El magistrado destaca un diálogo con un jugador del Oviedo B, equipo contra el que el Tudelano se jugaba el ascenso a Primera RFEF, y que le pedía a cambio 10.000 euros:

-Quiero (emoticono de dinero) pero no vale dejarme perder yo si quiero juegue o no juegue no meto gol a cambio de algo.

-Pues tú dirás a cambio de que (sic).

-Mira juegue de titular o no juegue de titular q (sic) no se sabe aún, dejarme ganar no me voy a dejar ganar, pero si me das pasta no meto gol yo.

-Yo el viernes 5000 euros y trato. Y luego vamos a follarnos a unas.

-Trato 5000 el viernes y sábado no meto gol. Trato cerrado. Si la tengo para empujar y meto te devuelvo la pasta y ahora marcho a dormir mañana hablamos, nos vemos el viernes.

Estos amaños, según el juez, eran utilizados a su vez por Ramón Lázaro para participar en apuestas deportivas. Así, se recoge una conversación que tiene con una persona que, según el magistrado, se dedicaba a trasladar el dinero proveniente de los amaños. Esta persona le pregunta si apuesta a “Tudelano todo?”, “osea (sic) los 6 mil”, antes del partido que va a enfrentar al Tudelano con el Ejea, con cuyos jugadores se había acordado el amaño (“localiza a 10 y os doy 1000 euros a cada uno”). Lázaro le responde que “Si” (sic).

Doblaje de patrocinios y subvenciones fraudulentas

El juez también le imputa haber organizado un sistema de “doblaje de patrocinios deportivos” para favorecer a empresarios locales que efectuaban importantes aportaciones, en concepto de patrocinio, que Ramón Lázaro “reintegraba gran parte, en efectivo, a dicho patrocinador, sin desde luego declarar tal operación a la Hacienda Pública”, apunta el magistrado. “Sabemos que todos los patrocinadores cogen dinero en B, o cantáis y nos decís que patrocinadores cogen dinero en B, o no negociamos”, se recoge en una de las conversaciones intervenidas. “Si no se hace con el regalo, no hay nadie”, apostilló.

También se le imputa un delito de falsedad documental por inflar facturas para poder acceder a subvenciones públicas. Una de esas subvenciones, concedida por el Gobierno de Navarra, fue utilizada según el juez “para su exclusivo lucro personal”. En concreto se refiere al intento de compra del Osasuna Magna (comúnmente conocido como Xota). El auto incluye una conversación de Ramón Lázaro con el gerente de este equipo en el que le informa de que ha cobrado “225.000 euros de la subvención” y tras revisar el contrato que ha realizado para la compra del Osasuna Magna, comprueba que el 31 de mayo de 2026 le vence “un pago de 100.000 euros”, con lo cual solo le restarían por pagar “35.000 euros”. El gerente le responde que están “mal de dinero” por lo que Lázaro realiza el pago de los 135.000 euros que quedan por pagar para formalizar la compra del club. “Por tanto, parece claro y evidente que de la subvención que ha cobrado Ramón Lázaro, 135.000 euros los va a destinar a la compra de otro equipo de fútbol sala, concretamente el Osasuna Magna, también conocido como Xota”, concluye el juez.

Con todo, tras prestar declaración, el juez ha decidido dejarlo en libertad provisional porque entiende que no existe riesgo de fuga porque le ha retirado el pasaporte, ni de destrucción de pruebas porque ya se han realizado los registros y se le han intervenido dispositivos y se le han bloqueado las cuentas bancarias.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado al Ayuntamiento de Madrid por la “revelación, transmisión y difusión” en medios de comunicación de los datos personales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Esos datos que saltaron a la opinión pública estaban incluidos en los expedientes que se le abrieron en 2022 para analizar la posible ilegalidad de las obras que llevó a cabo en el domicilio de Chamberí en el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Este es el segundo litigio que el comisionista y empresario gana al consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida en relación a esa vivienda. En abril de 2025 trascendió que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid falló a favor de González Amador al entender que la reforma integral que realizó sí se encontraba amparada por una declaración responsable que fue debidamente presentada.

La batalla administrativa entre el novio de Ayuso y el Ayuntamiento tiene su origen en julio de 2022, cuando el empresario adquirió la vivienda por 850.000 euros. La entrada fue de 350.000 euros (cantidad cercana a la que presuntamente esquilmó al erario público), y el resto del dinero, 500.000 euros, lo aportó mediante una hipoteca. Ya con las llaves en la mano, arrancaron las reformas que derivaron en la apertura de esos expedientes municipales. Y es que esas obras fueron de todo menos pacíficas para los vecinos: al restaurante ubicado en el bajo llegaron aguas fecales, las empresas de cristalería ocuparon la vía pública y hubo derribo de tabiques.

En mayo de 2024 trascendió a la prensa que el Ayuntamiento estudiaba la legalidad de esas obras, y fue justo un mes después cuando González Amador decidió poner una reclamación ante la AEPD contra el consistorio madrileño. Una acción que apoyó su pareja, Díaz Ayuso: “Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales ante la administración que sea”.

Tras meses de diligencias y de alegaciones por parte del equipo de Almeida, el asunto se ha resuelto con una sanción para el Ayuntamiento de Madrid por la vulneración de hasta tres artículos del Reglamento General de Protección de Datos. Pero esa sanción, al ir contra una administración pública, se queda solo en una suerte de apercibimiento para que se subsanen los agujeros de su sistema de protección de datos. Y eso que la norma recoge que las multas —que van dirigidas fundamentalmente a empresas— pueden ascender a 20 millones de euros.

Se da la coincidencia de que la AEPD dictó esta sanción un día antes (19 de noviembre de 2025) de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Esa causa del Alto Tribunal nacía también en González Amador y su fraude a las arcas públicas. La Fiscalía le pide tres años y 9 meses de cárcel por dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos.

La resolución de la AEPD, que ha podido consultar en fuentes abiertas elDiario.es a través del portal de la agencia, explica que el novio de Ayuso denunció que entre los datos que acabaron en poder de los medios estaba su nombre completo, su DNI, su dirección postal, su número de teléfono, la dirección de correo personal, y el contenido íntegro de los expedientes urbanísticos vinculados a su vivienda habitual. También lamentaba que terceros pudieron ver datos de la vivienda, como su distribución, la superficie, la ubicación de las entradas y salidas al exterior o datos como el presupuesto y coste de la obra. Explicaba en su denuncia que los datos difundidos en los medios “únicamente eran conocidos por el Ayuntamiento como organismo responsable de la tramitación del expediente urbanístico”.

Las dos aplicaciones

La Agencia, siguiendo el protocolo administrativo por el que se rige, trasladó la denuncia al Ayuntamiento, que respondió un mes después indicando que, tras estudiar el asunto, detectaban doce noticias que hacían mención o incluían literales de dos expedientes administrativos relativos a la vivienda en cuestión. Y que esa información había sido obtenida a través de dos aplicaciones distintas del consistorio.

La primera de esas aplicaciones, que en la resolución anonimizada aparece como 'Aplicación 1', es una herramienta de acceso público que sirve para consultar licencias y expedientes urbanísticos y que depende de la Agencia de Actividades. Y la segunda de ellas, la 'Aplicación 2', es de uso exclusivo del personal municipal autorizado. Con estas primeras pesquisas, el Ayuntamiento bloqueó la aplicación de acceso telemático público.

Tras esto, y a requerimiento de la Agencia, el consistorio indicó que no se podía calificar el incidente como “brecha de seguridad” porque no tenían constancia de la existencia de una violación de seguridad de los datos personales o accesos ilegítimos en relación con los sistemas de información gestionados por la IAM, Informática del Ayuntamiento de Madrid. Y sobre las medidas que se iban a adoptar, el Ayuntamiento explicó que ya había llevado a cabo una “desconexión temporal” de la aplicación pública para trabajar en la anonimización de datos sensibles y que se capó el acceso a la persona que había consultado en decenas de ocasiones la aplicación interna.

Con todos los datos sobre la mesa, los inspectores asignados por la Agencia iniciaron un largo procedimiento de meses que cristalizó en diciembre de 2024 con el arranque del procedimiento sancionador. Tras diversas alegaciones de los organismos municipales afectados, en agosto de 2025 la AEPD entendió que el Ayuntamiento había infringido el reglamento europeo de protección de datos y conminaba a Martínez Almeida a anonimizar todos los datos de carácter personal contenidos en la aplicación pública; a documentar las altas y las bajas de los usuarios que tenían acceso a bases de datos sensibles; y a la revisión periódica de los permisos de acceso a las bases internas.

En la resolución, la AEPD explica que si bien el derecho de acceso a la información urbanística “debe interpretarse conforme al principio de transparencia máxima”, esta “no es ilimitada y debe armonizarse con el derecho fundamental a la protección de datos personales”. Por eso, recuerda que no es permisible “la publicación indiscriminada de cualquier dato personal, sino únicamente aquellos realmente necesarios para la finalidad de (…) fiscalización”.

La Agencia concluye su resolución dándole seis meses al Ayuntamiento para que implemente todas las medidas que le exige, incluida la anonimización de datos personales en la aplicación que es de acceso público. El Ayuntamiento, en diciembre de 2025, recurrió la decisión de la AEPD, pero solo para matizar que la aplicación de acceso público no debía ser anonimizada totalmente porque esto sería contrario “al marco normativo aplicable en materia de transparencia y urbanismo”. Y la Agencia aclaró que se debían disociar solo los datos personales no pertinentes.

Mientras, la pareja Ayuso-Amador continúa disfrutando no solo del piso reformado sino también del ático de lujo del mismo edificio, adquirido por 950.000 euros por una sociedad denominada Babia Capital SL, que es administrada por el fiscalista de González Amador, Javier Gómez Fidalgo. El propio empresario declaró en una comparecencia judicial que Fidalgo se lo alquilaba por 5.000 euros al mes con derecho a compra, que finalmente ejecutó en noviembre del año pasado.

El delito fiscal es el tipo penal de los ricos. Y no podía faltar en el juicio a los Pujol. La semana ha vivido un intenso duelo de peritos que ha provocado los mayores daños hasta ahora en las defensas. No porque la palabra y los cálculos de los funcionarios de la Agencia Tributaria supongan automáticamente una condena (el tribunal también ha escuchado argumentos de descargo de los expertos contratados por los abogados de los Pujol), sino porque se ha comprendido de qué se acusa a dos de los hijos del expresident. No es poca cosa.

La historia de los Pujol con Hacienda viene de lejos y durante décadas estuvo marcada por el ghosting. En su famosa carta de confesión, el expresident reconoció que su familia mantuvo oculta al fisco una fortuna familiar durante 30 años, incluidos los 23 de su mandato en la Generalitat. Según su versión, a la que solo sus acólitos dan credibilidad, era la herencia del abuelo Florenci.

Los hermanos regularizaron “deprisa y corriendo” los fondos en Andorra, tal y como declaró en el juicio el asesor fiscal de los Pujol, tras ver los saldos en la portada de El Mundo el 7 de julio de 2014 (brigada política del PP mediante). Oleguer, Pere, Marta y Mireia se pusieron, por fin, al día con Hacienda. Oriol ya había cedido el dinero años atrás a su hermano Jordi porque le incomodaba por su carrera política, según contó al juez instructor.

Habitualmente, los juicios por delitos fiscales terminan en conformidad, es decir, con un acuerdo entre la Fiscalía, Hacienda y las defensas. El poderoso acusado admite el fraude, evita así pasarse muchas horas en un sitio tan incómodo como un banquillo y se salva de la cárcel (un lugar donde abundan los pobres). A cambio, el Estado consigue un buen dinero gracias a las multas e indemnizaciones por los impuestos impagados.

La regularización de los fondos de parte de los hermanos Pujol, por la que pagaron sus correspondientes multas y recargos, implica que no estén acusados de delito fiscal. Tampoco el padre, pues su caso ha prescrito. ¿Por qué delitos se podía proceder contra ellos? Dos clásicos: asociación ilícita y blanqueo de capitales. Dos tipos penales con los que es más difícil llegar a un acuerdo que el fraude a Hacienda.

Aquí han empezado los problemas para la Fiscalía. El testigo clave de la acusación, el investigador jefe de la Policía encargado de sustentar la tesis acusatoria, no tuvo sus mejores días cuando le tocó declarar.

No todo hay que achacarlo a la torpeza policial: el silencio de clase empresarial ha permitido mantener el velo a muchas de las malas praxis del pujolismo. Y, aunque a veces se mezclen, una cosa es lo que se logra en un juicio y la otra el reproche ético al hombre que dio lecciones de moral desde el Palau de la Generalitat. El caso a los Pujol ha desnudado comportamientos familiares difícilmente compatibles, terminen siendo delito o no, con la rehabilitación política que pretende el expresident y que le brindan algunos de sus rivales.

El policía apenas mencionó al expresident y a los hermanos que no son Jordi Pujol Ferrusola, cuyos desmanes empresariales solo posibles por su apellido (cobró 14 millones de euros en ocho años, la mayoría procedentes de contratistas de la Generalitat) han monopolizado la vista.

El juicio a los Pujol es más bien el juicio a Jordi Júnior. Más allá del hecho conocido de tener un dinero oculto en Andorra, no se ha visto prueba (ni de cargo, ni de descargo) sobre el padre y la mayoría de hermanos.

En suma, más que solidificar los indicios del caso (como sí pueden hacer los policías en sus declaraciones), el investigador de los Pujol corroboró el carácter vaporoso de la acusación de asociación ilícita contra la familia.

Por el contrario, los peritos de la Agencia Tributaria que sustentan la acusación por delito fiscal contra Josep y Jordi sí aportaron una explicación clara sobre el fraude fiscal: ambos hermanos ocultaron parte de sus rentas al fisco y obtuvieron con ello ganancias no justificadas.

Los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de Hacienda, en funciones de auxilio judicial, defendieron con argumentos y datos su tesis, aunque con algunos reproches innecesarios al abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, a quien uno de los peritos afeó que le estaba sometiendo “a un examen”. El magistrado que preside el tribunal, José Ricardo de Prada, tuvo que volver a tirar de paciencia y talante y pedir tranquilidad a todo el mundo.

En el caso de Jordi, el engaño consistió, según los peritos, en que tributó a través de sus empresas y no por IRPF. Un clásico en las causas por delito fiscal. Más espectacular es el origen del fraude fiscal atribuido a Josep: mover 900.000 euros en metálico entre dos bancos andorranos, en una bolsa con 10.700 billetes de 50, 100, 200 y 500 euros que pesaba 10 kilos, y volver a ingresarlos en la cuenta inicial, para un préstamo que Hacienda cree simulado. Ocurrió todo el 9 de diciembre de 2009 en una plaza del principado.

Además de sus propios peritos, que negaron el fraude, las defensas presentaron al tribunal una batería de argumentos de descargo (la inspección de la Delegación de Hacienda en Catalunya favorable a sus tesis o la “expresa reserva” de las autoridades andorranas a que la información bancaria del país enviada a España se usara en investigaciones por este tipo penal). Sea cual sea la decisión del tribunal sobre el delito fiscal, al menos se entendió.

Una de las inspectoras de Hacienda que analizó la contabilidad de las empresas del primogénito del expresident de la Generalitat ha concluido que el año 2008, uno de los que forman parte de la acusación por fraude fiscal contra Jordi Pujol Ferrusola, ya está prescrito.

Así lo ha manifestado una inspectora de la Agencia Tributaria en el juicio que celebra la Audiencia Nacional al expresident Jordi Pujol, a siete hijos, a Mercè Gironés, exesposa del primogénito, y a ocho empresarios por supuestos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.

La perito ha indicado que con los datos que entonces tenían establecieron que en 2008 Pujol Ferrusola, como persona física, eludió a Hacienda una cuota a pagar de 89.244 euros, Imisa 55.162 y Project Marketing 4.375, pero estimaron que a efectos penales las deudas de este año habían prescrito.

La inspectora de Hacienda analizó las obligaciones tributarias de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (IMISA) y Project Marketing entre los años 2008 y 2011.

En la jornada de este lunes, han declarado cuatro inspectores de Hacienda de la Delegación de Catalunya de la Agencia Tributaria, pero no serán los únicos peritos del fisco en testificar: el tribunal también oirá peritos de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), una unidad de la Agencia Tributaria (AEAT), que también participó de la investigación del caso Pujol.

Hacienda dudó de si facturas que emitieron empresas de Jordi Pujol Ferrusola correspondían a servicios reales de asesoramiento e intermediación con empresarios acusados de pagarle supuestamente para cooperar en el blanqueo de la fortuna oculta de su familia en Andorra.

En su declaración, los peritos han señalado que detectaron ingresos que figuraban en las cuentas de estas empresas que en realidad debían corresponder a Jordi Pujol Ferrusola, a efectos del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), ya que eran servicios que prestaba con “carácter personalísimo”.

Ha hecho referencia a diversas facturas emitidas por las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola pagadas por empresas investigadas como Copisa e Isolux por servicios de intermediación y asesoramiento en diferentes oportunidades de negocio.

En concreto, ha puesto como ejemplos su mediación en operaciones de compraventa de un club de golf en Ronda (Málaga), la ampliación de la refinería del puerto de Cartagena (Murcia), un proyecto de plantas solares en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y otros para introducir empresas en diversos países como el de una planta de residuos en México o de instalaciones eléctricas en Gabón.

La Fiscalía mantiene que los pagos de estos empresarios a la familia Pujol eran producto del favorecimiento a los mismos para que resultaran adjudicatarios de concursos de la administración pública catalana.

La inspectora ha dicho que requirieron documentación a las empresas de Pujol Ferrusola, como actas de reuniones, correos electrónicos o contratos, que acreditara que el concepto de servicios de asesoramiento e intermediación que se ponía en las facturas que emitían era real.

Ha añadido que sin embargo “no se aportó” nada y tan solo tuvieron algunos documentos, como contratos, que entregaron las empresas que pagaban, como las mencionadas Isolux o Copisa.

Esto unido a que las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès solo tenían una persona empleada que compartían con una única oficina hicieron que sospechara de esos pagos.

Pero la inspectora ha aclarado que cuando realizó su informe en 2015 tenían la confirmación de las empresas pagadoras de que los mismos se llevaron a cabo y nada en concreto que lo desmintiera pues aún no había avanzado la investigación judicial y desconocían que representantes de sociedades que participaron en algunos de esos proyectos desmienten que Pujol Ferrusola intermediara en los mismos.

Ha reconocido que le pareció extraño que Pujol Ferrusola llegara a cobrar más de un millón de euros por intermediar y asesorar en algún proyecto, pero ha añadido: “Si nadie me aporta algo que demostrara que esa operación no era real, para mí era válida, y si alguien hubiera dicho otra cosa, habríamos adoptado otro criterio”.

Ha añadido que en los siguientes ejercicios en su propuesta de liquidación la cuota resultante a pagar para Pujol Ferrusola fue de 135.951 para 2009, 19.137 para 2010 y 16.232 para 2011; para IMISA 45.655, 113.824 y 70.092, respectivamente, mientras que para Project Marketing le salía a devolver 38.468 en 2009 y 887 en 2010, quedando 2011 en cero.

En su escrito de acusación el fiscal, teniendo en cuenta todos los informes periciales y la investigación policial, señala que Pujol Ferrusola dejó de ingresar a Hacienda 554.198 euros en el ejercicio de 2007, 1.358.428 en 2008, 1.727.183 en 2009, 2.122.454 en 2010 y 836.236 en 2012, para un total de 6.598.799 euros.

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

La magistrada Raquel Robles González acata de esta forma “lo ordenado por la superioridad”, según ella misma escribe en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Robles archivó la querella presentada por el PSOE, en primer lugar, a la que se sumaron El País y los periodistas de ese medio señalados por Rodríguez, pero la Audiencia Provincial corrigió su decisión y obligando a investigar.

Además de a Miguel Ángel Rodríguez, la jueza ha citado a un testigo y a los dos periodistas perjudicados en esa misma jornada del 6 de mayo. Asimismo ha ordenado que la Unidad adscrita de la Policía Nacional que presta servicio de escolta a la presidenta madrileña identifique a los agentes que ese día estaban de servicio. Los policías de la escolta de Ayuso identificaron en la calle a los periodistas señalados después por Miguel Ángel Rodríguez, que difundió sus datos pesonales e incluyó la fotografía de ambos.

En un primer momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Pero la Sección Quinta de la Audiencia Provincial consideró “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

La Agencia Tributaria intensificará para 2026 el control sobre sectores considerados “especialmente expuestos al fraude fiscal”, entre ellos el inmobiliario, la construcción, el comercio electrónico y el negocio de los hidrocarburos. El refuerzo de la vigilancia forma parte de las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el documento, el Ministerio de Hacienda quiere “aprovechar el aumento de información financiera disponible” —procedente de bancos, plataformas digitales y sistemas de pago— para detectar rentas y patrimonios ocultos, así como para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal en actividades empresariales.

La Agencia Tributaria también intensificará las actuaciones sobre multinacionales, grandes empresas y personas con patrimonios relevantes, además de vigilar el uso de estructuras societarias diseñadas para reducir artificialmente la factura fiscal.

Para detectar el fraude

Una de las principales novedades del plan es el uso intensivo de nueva información financiera. A los datos que ya recibe la Agencia Tributaria sobre pagos transfronterizos y sobre ventas realizadas en plataformas digitales —en el marco de la directiva europea DAC7— se sumarán nuevas declaraciones informativas del ámbito financiero.

Entre otros aspectos, Hacienda contará con información mensual sobre los cobros realizados con tarjeta por empresarios y profesionales, así como datos actualizados sobre la titularidad de cuentas bancarias. Con ello pretende detectar posibles ocultaciones de actividad económica, el uso de sociedades pantalla o tramas de fraude de IVA.

La Agencia Tributaria también reforzará el control sobre el uso de cuentas en entidades financieras digitales, los llamados neobancos, que pueden emplearse para ocultar rentas o patrimonios en el extranjero.

Foco en el mercado inmobiliario

Uno de los ámbitos prioritarios será el sector inmobiliario, en un contexto de reactivación del mercado tras años de menor actividad. Hacienda prevé reforzar las actuaciones de control y prevención del fraude en todas las fases del negocio: desde la promoción y la construcción hasta la comercialización, intermediación y alquiler de inmuebles.

La inspección prestará especial atención a riesgos habituales del sector, como la deducción improcedente de gastos financieros o la utilización abusiva de subcontratas. También se vigilará la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, especialmente cuando intervengan entidades vinculadas o estructuras societarias complejas.

En el ámbito del alquiler, la Agencia Tributaria intensificará las comprobaciones sobre los rendimientos declarados, con especial atención a los arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales y al mercado del alquiler turístico. El objetivo es detectar alquileres no declarados o fórmulas utilizadas para encubrir pisos turísticos como arrendamientos de temporada o de vivienda habitual.

Asimismo, Hacienda seguirá controlando el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) y las ganancias patrimoniales obtenidas por no residentes con operaciones inmobiliarias en España.

Vigilancia reforzada en el sector de hidrocarburos

El plan también prevé intensificar las comprobaciones en el sector de los hidrocarburos, donde en los últimos años se han detectado importantes fraudes de IVA. Tras las medidas adoptadas recientemente, que según Hacienda han reducido significativamente estas prácticas, la Agencia Tributaria pretende evitar que el fraude se desplace a otras figuras del sistema fiscal.

Para ello se extremará la vigilancia sobre la operativa de los depósitos fiscales y se endurecerán las condiciones para ser titular de estas instalaciones, además de comprobar que los operadores inscritos en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales siguen cumpliendo los requisitos para permanecer en él.

Creadores de contenido: control del negocio digital

El comercio electrónico seguirá siendo otro de los objetivos prioritarios del plan. La Agencia Tributaria analizará posibles esquemas utilizados por empresas que aparentan estar establecidas en la Unión Europea para modificar su tributación en el IVA de las ventas realizadas a través de plataformas digitales.

También se intensificará la verificación de la tributación de los creadores de contenido en redes sociales, incluyendo el análisis de su residencia fiscal.

En paralelo, se reforzará el control sobre contribuyentes que hayan operado con criptomonedas y no hayan declarado las rentas o ganancias derivadas de su tenencia o transmisión. Para ello se utilizarán herramientas de análisis y trazabilidad basadas en tecnología blockchain.

Economía sumergida y facturación irregular

El plan contempla además nuevas actuaciones para combatir la economía sumergida. La Agencia Tributaria seguirá realizando visitas a negocios para comprobar su situación censal y fiscal, con especial atención a los establecimientos que no admiten pagos con tarjeta.

Asimismo, se intensificará la detección de entramados de facturación irregular mediante herramientas informáticas capaces de identificar toda la cadena de defraudación. Estas redes suelen basarse en sociedades sin actividad real que emiten facturas falsas para permitir deducciones indebidas de IVA o inflar gastos ficticios.

Más asistencia al contribuyente

Junto al refuerzo del control, el plan incluye mejoras en la asistencia al contribuyente. Hacienda ampliará el uso de herramientas digitales como “Censos Web”, que permiten gestionar trámites relacionados con el inicio o modificación de actividades económicas.

Además, se reforzará la atención presencial y telefónica mediante la incorporación de personal específico y la implantación de un sistema de cita en el mismo día, siempre que haya disponibilidad.

En materia de pagos, los contribuyentes podrán abonar deudas tributarias con tarjeta también en las oficinas de la Agencia Tributaria y por teléfono, sumándose a opciones ya disponibles como el cargo en cuenta o el pago mediante Bizum a través de la sede electrónica o la aplicación móvil.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sin que los agentes hayan recibido respuesta hasta el momento, revelan a elDiario.es fuentes del caso. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.

La anterior titular del Juzgado encargado de las diligencias, Inmaculada Iglesias, trasladó el 25 de julio de 2025 a la UCO de la Guardia Civil la orden para que elaborase un informe sobre el presunto soborno de González Amador al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, para obtener una comisión de 2 millones de euros en mascarillas que luego se habrían repartido ambos. 

La jueza Iglesias había dictado un mes antes el auto en el que adoptaba la decisión de involucrar a la UCO en las pesquisas. La Fiscalía y la acusación popular le habían solicitado la incorporación al caso de la unidad especializada de la Guardia Civil y la jueza lo acordó “atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”.

Inmaculada Iglesias se jubiló en verano y el cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil.

La UCO comenzó a analizar la información que consta en la causa y en diciembre solicitó al magistrado que librara los correspondientes mandamientos judiciales para acceder a cuentas bancarias y sociedades de González Amador. Pero sin la autorización del juez, el trabajo de los agentes no ha podido completarse.

Las fuentes del TSJ consultadas por elDiario.es explican que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en el Juzgado de Instrucción número 19. El motivo de la marcha de su antecesora, por jubilación, no obligaba a esta a redactar un inventario de causas para su sucesor, como ocurre cuando se dan otro tipo de ceses del titular de un juzgado. Esto ha provocado, añaden, que Viejo haya tenido que catalogar las causas una a una y haya priorizado las que tienen a investigados en situación de prisión provisional (“causas con preso”) u otras que considera afectan de lleno a la vida de los perjudicados, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias, aunque no tengan relevancia mediática.

A los motivos del retraso en la firma del juez, las fuentes del TSJ suman la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que incluye una reestructuración del trabajo de los funcionarios para la que —según denuncian los sindicatos— no se han proveído medios ni planificación, y que tampoco ha contado con la colaboración en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una de las que tiene transferida las competencias de Justicia, suman otras fuentes jurídicas.

González Amador no se sentará en el banquillo hasta 2027

En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos. 

El informe pendiente de la UCO no tiene que ver con estos delitos sino con otros dos que se investigan en una pieza separada, de corrupción en los negocios y administración desleal. El atestado de la UCO podría complicar aún más el horizonte judicial de González Amador y abocarle a un segundo juicio, donde los delitos que se le atribuyen acarrearían una petición de pena de cárcel aún más alta que la que ha motivado el doble fraude fiscal. 

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino utilizó otro cargo que tenía distinto del que mantiene en Quirón, concretamente en una empresa gallega llamada Mape, para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis apunta a que ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Órdenes precisas de la anterior jueza a la UCO

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la jueza Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador. 

En este sentido, daba una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

El empresario y comisionista Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene ahora que no cometió los delitos fiscales por los que será enjuiciado. Antes había admitido de manera oficial todo lo contrario: confesó a través de su abogado el doble fraude fiscal ante los inspectores de Hacienda en octubre de 2023 cuando descubrieron múltiples engaños en sus declaraciones tributarias, intentó devolver lo defraudado cuando ya no podía, y acordó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en junio de 2024 un relato de hechos donde admitía dos delitos a cambio de ver rebajada la petición de cárcel a sólo ocho meses.

Entre la admisión de su culpa y la defensa de su inocencia ha pasado más de un año y un juicio en el Supremo donde cinco de los siete magistrados del Tribunal condenaron sin pruebas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador. El fiscal general del Estado difundió una nota en la que informaba que el comisionista había propuesto un acuerdo de conformidad en el que admitía los delitos cometidos. De esa manera, el fiscal general desmentía el bulo lanzado por el entorno del novio de Ayuso y publicado por determinados medios de comunicación para denunciar en falso una cacería política de los poderes del Estado contra González Amador.

La defensa del novio de Ayuso dedica la mitad del escrito presentado el jueves en el juzgado a detallar la sentencia del Supremo que inhabilita al fiscal general del Estado por revelar el dato reservado de la confesión de culpa del empresario. Los abogados plantean esta circunstancia para denunciar que se ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de su cliente ante el juicio que tiene pendiente por dos delitos fiscales.

El Tribunal Supremo dedicó dos páginas de su sentencia a argumentar por qué la condena al fiscal general no podía utilizarse para pedir la anulación del juicio a González Amador por el doble fraude: “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho sobre las pretensiones acusatorias, en su caso, articuladas. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido. Y que, en consecuencia, saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”, señala el fallo.

El origen de la causa penal abierta a González Amador es la declaración defraudatoria que presentó ante Hacienda en mayo de 2021, cuando ya mantenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La declaración del Impuesto de Sociedades de Maswell Cremona, la empresa propiedad de González Amador, incluyó unos gastos de 620.000 euros en 2020 por el pago de una supuesta comisión a una empresa mexicana, MKE. El contrato de colaboración con MKE que González Amador aportó a Hacienda establecía que eran necesarios nuevos contratos para abonar comisiones por cada negocio logrado en México. Pero nunca hubo nuevos contratos, ni tampoco negocios por los que pagar comisiones. Cuando la Inspección pidió explicaciones sobre esa factura, González Amador decidió anularla. Entonces, la Agencia Tributaria concluyó: “Se hizo para eludir parte de la tributación”.

El empresario había logrado como comisionista en 2020 el negocio de su vida en los peores meses de la pandemia. Ganó casi dos millones de euros como consecuencia de intermediar en una compraventa de mascarillas por la que facturó el 4,5% del monto de la operación. González Amador puso en contacto a una empresa gallega, MAPE, con la firma catalana FCS, que adquiría el material en China. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, la firma a la que facturaba sus servicios González Amador antes del pelotazo de las mascarillas, era a su vez consejero de MAPE, la sociedad que adquirió el material a FCS en una operación que enriqueció al novio de Ayuso.

Cuando González Amador ya sabía que Hacienda le había abierto una inspección por las facturas falsas de MKE, presentó la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente y perpetró un engaño parecido. En este caso, presentó una factura por 922.585 euros a nombre de Gayani, una firma de Costa de Marfil que supuestamente había intermediado para conseguir que el novio de Ayuso vendiera vacunas al Gobierno de aquel país. González Amador nunca hizo ese pago a favor de Gayani; el Gobierno de Costa de Marfil nunca aceptó comprarle vacunas. Pero el novio de Ayuso se desgravó ese gasto inexistente, y otros menores de varias empresas andaluzas que también resultaron falsos. Todo para ahorrarse 155.000 euros y 195.000 euros en las declaraciones del impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 respectivamente.

Hacienda acreditó estos engaños tras una inspección exhaustiva que duró casi dos años: “Esta reiteración de situaciones similares acontecidas en 2020 y 2021 lleva a la Inspección a considerar que no nos encontramos ante meros errores de registros contables y deducciones fiscales de facturas recibidas de gran importe en los ejercicios en los que la mercantil incrementa de forma significativa su facturación. Sino que este actuar puede responder a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación, eludida mediante la búsqueda, registro y deducción de facturas relativas a servicios no acometidos, no relacionados con la actividad y no pagados que se han deducido indebidamente y justificado como errores corregidos en ejercicios fiscales en curso y en el momento en el que la Inspección requiere su acreditación, conseguidos mediante la utilización de facturas que se acreditan falsas o falseadas”.

Cuando González Amador se dio cuenta de que Hacienda descubrió sus reiterados fraudes, intentó evitar el juicio por los dos delitos fiscales devolviendo las cantidades que había defraudado a través de la declaración del Impuesto de Sociedades que presentó en 2023. Pero ya era tarde porque la Ley establece con detalle que ningún contribuyente puede regularizar su situación una vez que tiene abierta una inspección fiscal.

Octubre 2023. González Amador, ante Hacienda: “No intenté cometer un fraude delictivo, cuando entendí la gravedad de los hechos ingresé esas cantidades en Hacienda”

Los inspectores fiscales que analizaron las declaraciones de González Amador concluyeron que “con la finalidad de eludir el incremento del pago de impuestos por su empresa decidió deducir fiscalmente gastos que no respondían a prestaciones reales”, para lo que el novio de Ayuso había utilizado “facturas falsas y falseadas emitidas por mercantiles carentes de medios humanos y materiales para la prestación de los servicios facturados”.

González Amador respondió a través de sus abogados:  “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo pero cuando entendía la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en Hacienda”.

Junio 2024. Ante la Fiscalía y Abogacía del Estado: “Declaré gastos en los que no incurrí para reducir el beneficio sujeto a tributación”

El novio de Ayuso pactó un escrito de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la víspera de su declaración ante el juez, prevista para el 24 de junio de 2024. En ese texto, González Amador asumía que debido al aumento de beneficios derivados del incremento del volumen de negocios que había experimentado en los ejercicios 2020 y 2021, había hecho constar en sus declaraciones “gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación”. Además, reconocía que  “había obtenido de los acusados Maximiliano Eduardo Niederer González y David Herrera Lobato facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario”.

Ese acuerdo nunca se llegó a aplicar porque el juzgado decidió abrir una nueva investigación por corrupción en los negocios tras la reclamación que hicieron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. González Amador compró por 500.000 euros una empresa sin apenas valor a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Esa operación, según las acusaciones populares, podría camuflar el pago de una comisión ilegal a Camino por haber facilitado al novio de Ayuso el negocio de dos millones de euros por la intermediación en la venta de mascarillas.

Febrero 2026. Ante el juez: “La deducción anticipada de un gasto real no merece reproche penal”

La mitad del escrito de defensa presentado por González Amador, procesado por un doble delito fiscal, defiende que no merece reproche penal el hecho de que el empresario comisionista incluyera en sus declaraciones gastos previstos pero que finalmente no tuvo pero que sirvieron para desgravárselos y pagar menos impuestos: “La Agencia Tributaria no considera que en estos casos de incorrecta contabilización temporal, el ingreso anticipado o la deducción anticipada de un gasto real merezca ningún reproche penal, como revelan las regularizaciones en vía administrativa de la activación de los gastos anticipadamente deducidos por BAYESIAN y por APA, lo que nos conduce a qué tratamiento tributario prevé el ordenamiento jurídico para estos supuestos. Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”.

Para apuntalar su defensa, González Amador contrató los servicios de un perito, ex inspector de Hacienda, cuyos cálculos sitúan el fraude cometido por debajo de los 120.000 euros en cada ejercicio, lo que descarta el delito. Y concluye: “Los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal”.

Posdata: Los abogados de Alberto González Amador señalan en la cuestión previa del escrito de defensa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló “a la Cadena Ser, al diario El País y a la opinión pública los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad de la defensa del ahora acusado D. Alberto González Amador y, específicamente, del email de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa señalaba que ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública”. Los periodistas de El País declararon en el juicio del Supremo que la información sobre el ofrecimiento de una conformidad por parte de González a cambio del pago de una multa y del reconocimiento de los delitos fue facilitada por personal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sin relación alguna con el fiscal general del Estado. Sobre esa circunstancia aportaron pruebas durante el procedimiento que acreditaban que El País conoció esa información mucho antes de que García Ortiz comenzara a recabarla. La sentencia no desmintió estos hechos.

El empresario y comisionista Alberto González Amador esgrime la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado para solicitar ser absuelto de los dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos a los que se enfrentará en el juicio. Según el escrito de defensa presentado por su abogado, al que ha tenido acceso elDiario.es, Álvaro García Ortiz actuó con “intensidad delincuencial” contra González Amador desde incluso antes de que se abriera el procedimiento que le ha llevado al banquillo, vulnerando su presunción de inocencia y su derecho a la defensa, por lo que debe ser absuelto.

La defensa de González Amador incorpora la condena del Supremo a García Ortiz a los argumentos esgrimidos hasta ahora, consistentes en la legalidad de las facturas, para defender la legalidad de sus actuaciones y que no le habían servido para evitar el avance del procedimiento hasta ser enviado al banquillo. Según la pareja de Ayuso, el fiscal general participó “directamente en la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal desde antes de que existiera ningún procedimiento penal” y eso debería anular las acusaciones contra él. Sin embargo, la sentencia del Supremo cerraba la puerta a esta estrategia. En ella, el tribunal concluía que los jueces serán “plenamente conscientes” de que no se puede usar como prueba que hubiera mensajes “indebidamente difundidos”.

Alberto González Amador dejó de pagar a la Hacienda pública un total de 350.951 euros en el concepto de Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Para ello elaboró una trama de facturas falsas con las que aminorar la carga impositivo y engañar a Hacienda, según acredita un prolijo informe de la Agencia Tributaria cuyas conclusiones han avalado tres jueces de instrucción, los fiscales y la Audiencia Provincial. La defraudación se produjo después de que González Amador obtuviera casi 2 millones de euros por una comisión de material sanitario en el principio de la pandemia con la ayuda del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Entre los argumentos presentados en su escrito por el abogado Gabrierl Rodríguez Ramos figura que el segundo fiscal del caso, Diego Lucas, fue designado por Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid. Rodríguez estuvo imputada en el mismo procedimiento que García Ortiz –primer la nota de prensa que desmentía un bulo de El Mundo y después la publicación de un correo que acreditaba esa mentira– pero la causa contra ella resultó archivada. Según la defensa del comisionista, Rodríguez nombró a Lucas después de haberse abstenido fruto de su imputación.

Otro de sus argumentos es que a Pilar Rodríguez la represesntó la Abogacía del Estado, al igual que a García Ortiz, y que ese organismo representa a la acusación particular en la causa por el fraude fiscal, que es la Agencia Tributaria.

El abogado de González Amador incluye en su escrito declaraciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y de Óscar López, ministro de Transformación Digital, para defender que el Poder Ejecutivo también ha interferido en el procedimiento contra su cliente.

La causa, dice el escrito de defensa, es “la antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional, democrático y de derecho y, en concreto, la perversión de cuantos mecanismos garantes de legalidad (como expresión inversa de la arbitrariedad) existen, hasta ser sustituidos por el delito, lo que hamás ha sido conocido ni en España ni en ningún Estado democrático de derecho que se considere como tal, siendo la víctima de los anteriores don Alberto González, y en relación a este procedimiento sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia”.

De otro lado, la defensa de González Amador reitera los argumentos esgrimidos hasta ahora acerca de la “realidad de la operación” de una de las facturas más abultadas, firmada en México, y de la que la investigación ha acreditado indiciariamente su falsedad, así como de la venta de vacunas en Costa de Marfil, igualmente cuestionada por la Agencia Tributaria.

“Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”, recoge el escrito.

Para el juicio, la defensa de González Amador solo propone la declaración de su defendido y de los otros cuatro investigados por las facturas falsas, así como de dos peritos de parte que defenderán su tesis de la legalidad de las declaraciones tributarias.

González Amador se enfrenta a una petición de 3 años y 9 meses de cárcel por parte de la Fiscalía y otra idéntica que presenta la Abogacía del Estado.

Los tres investigados por fabricar facturas falsas para el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tratan de utilizar la condena al ex fiscal general para intentar anular la causa contra ellos. En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso elDiario.es, su letrado afirma que, a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Álvaro García Ortiz, la información que motivó la apertura del procedimiento de fraude fiscal contra el empresario y comisionista fue “obtenida de forma delictiva” y añade que, por tanto, toda la causa es “nula de pleno derecho”. 

González Amador y el resto de investigados por fabricar facturas falsas para él están procesados por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. Según la investigación tributaria que dio origen a esta causa, la pareja de Ayuso utilizó un total de 17 facturas falsas para aumentar su facturación y hacer creer a Hacienda que sus empresas habían tenido muchos más gastos, lo que le permitía rebajar el Impuesto de Sociedades. Así, evitó pagar a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales.

Las facturas falsas más abultadas corresponden a supuestos trabajos ficticios en Costa de Marfil y México, pero también hay otras facturas más pequeñas que condujeron a los inspectores de Hacienda a un pueblo de la Sevilla rural, Arahal. Allí encontraron un fraude de libro. Las empresas que le facturaron al comisionista González Amador estaban domiciliadas en casa de un camarero y el empleado de una panadería, ambos hermanos, o del presunto cerebro de esta subtrama, un pequeño empresario sin apenas actividad y vecino de los anteriores. Todos ellos acabaron investigados por los mismos delitos.

D.H.L, el pequeño empresario, se enfrenta a dos años de cárcel por emitir facturas con empresas pantallas. El abogado de los tres alega en su escrito de defensa su disconformidad con los hechos que se le imputan, que considera que no están “probados”.

El Supremo declaró probado el pasado diciembre que García Ortiz o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista. En su escrito de acusación en esa causa, González Amador defendió que su derecho a la defensa se había visto perjudicado de forma “irremediable e irreversible”, en una estrategia ahora seguida por otros de los investigados.

En otra parte del escrito, la defensa de los tres ciudadanos sevillanos alega que uno de ellos “estaba sometido a los efectos de sustancias psicotrópicas en el momento de los hechos”. Aporta un “informe de desintoxicación” y solicita un informe del médico forense.

La Fiscalía Financiera francesa ha anunciado este lunes que está llevando a cabo registros en la capital, París, relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

El Instituto del Mundo Árabe (IMA), presidido por Lang hasta hace nueve días, figura entre los locales registrados por los investigadores.

Tanto Jack Lang como su hija Caroline están bajo una investigación anunciada el pasado 6 de febrero por la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) por los cargos de “fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales”. El nombre de Lang y el de su hija aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein publicados a finales de enero.

Las pesquisas de las autoridades en el Instituto del Mundo Árabe se producen el mismo día en el que Lang se despedía oficialmente de la fundación tras 13 años en el cargo, del que dimitió el 7 de febrero pasado. Mañana, martes, está previsto que se celebre el Consejo de administración en el que se elegirá a su sucesor o sucesora.

El IMA es una prestigiosa fundación privada creada mediante un acuerdo internacional entre Francia y 22 países árabes y reconocida por el Estado francés por su interés público. Su presidente es nombrado por el jefe del Estado, pero debe ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios de Exteriores.

Un grupo de jueces investiga las ramificaciones del caso Epstein en Francia

Este sábado, medios franceses informaron del nombramiento por parte de la Fiscalía francesa de un grupo de magistrados para analizar “eventuales infracciones asociadas a ciudadanos franceses” en relación con el caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

La Fiscalía indicó que trabaja “en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera y con la dirección nacional de la Policía Judicial (...) con la meta de abrir investigaciones”.

'Le Parisien' aseguró hace dos días que la Fiscalía ya ha dado pasos concreto al proceder a “un nuevo análisis integral del dosier de instrucción” del antiguo agente de modelos Jean-Luc Brunel, fallecido en 2022 y allegado a Epstein. Brunel fue imputado en 2020 y 2021 por violaciones a menores y el caso decayó tras su muerte en prisión.

El objetivo de esta reapertura es la de “poder sacar cualquier elemento susceptible” que tenga una utilidad en “un nuevo contexto de investigación”.

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein tenía un vínculo especial con Francia, donde poseía un lujoso apartamento de 740 metros cuadrados en la exclusiva Avenida Foch de París.

Además del exministro socialista Jack Lang, en Francia hay sospechas de la implicación de un alto cargo de Exteriores, Fabrice Aidan, quien habría tenido una relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró el pasado miércoles que no descarta que pueda haber más diplomáticos franceses en el caso Epstein, tras mostrarse “consternado” e “indignado” por descubrir la presunta implicación de este alto cargo de su departamento, actualmente en excedencia.

Entrevistado por la radio RTL sobre la posible presencia de otros casos de filtraciones de correos electrónicos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el caso Epstein, Barrot respondió: “No puedo descartarlo”. “Nombres de diplomáticos parece que aparecen en los documentos sin que yo pueda sacar ninguna conclusión”, matizó.

El ministro señaló que los hechos que se le reprochan a Aidan son “extremadamente graves”, por lo que la víspera, además de remitir el caso a la Fiscalía, abrió una investigación administrativa y un procedimiento disciplinario en su contra.

El juez que investiga al empresario y comisionista Alberto González Amador ha concedido un plazo de diez días para que su defensa rebata los escritos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular presentados hace seis meses y que piden para la pareja de Isabel Díaz Ayuso diferentes penas de prisión por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos, entre otros. Con esta medida, el magistrado Antonio Viejo avanza en la tramitación de la causa que sentará en el banquillo a González Amador en una vista aún sin fecha de celebración.

La diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 19, a la que ha tenido acceso elDiario.es, tiene fecha de 26 de enero y en ella se advierte de que si González Amador y los otros cuatro acusados en el procedimiento no presentan sus escritos de defensa en el plazo indicado “se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuidico de la responsabilidad en la que puedan incurrir de acuerdo con lo previsto” en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden cada una de ellas 3 años de cárcel y 9 meses de cárcel, además de multa, para Alberto González Amador por haber defraudado 350.951 euros a la Agencia Tributaria en los impuestos de socidedades correspondientes a 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas. La acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, elevan la petición a los cinco años de cárcel sin poder pronunciarse sobre los delitos fiscales, en los que no pueden ejercer acusación porque están cometidos contra la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado.

Contra González Amador y el resto de acusados dictó el juzgado auto de apertura de juicio oral, que no se puede recurrir, lo que les aboca irremediablemente al banquillo. La fecha del juicio no está fijada y apunta a que se retrasará varios meses, pudiendo alcanzar incluso a 2027. La cuota defraudada señala que debe ser un Juzgado de lo Penal y no la Audiencia Provincial quien juzgue a la pareja de Ayuso y a sus presuntos colaboradores y estos tribunales destacan por su acumulación de vistas y retrasos.

Una investigación pendiente

Mientras, el mismo juzgado mantiene abierta una pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, por el presunto pago encubierto de una comisión por parte de González Amador a un directivo de Quirón, Fernando Camino. El presidente de Quirón Prevención habría facilitado, desde otra empresa a cuyo consejo de administración pertenecía, la compra de un material sanitario al principio de la pandemia a una sociedad que había acordado previamente con González Amador que se llevaría una abultada comisión. Para repartirse las ganancias en secreto, González Amador habría comprado por un precio desorbitado –medio millón de euros– una sociedad sin apenas valor a la mujer del directivo de Quirón.

González Amador ganó casi 2 millones de euros con la operación, consistente en poner en contacto a dos empresas españolas. La comisión supuso un salto exponencial en su carrera empresarial, pero la pareja de Ayuso no quiso pagar los impuestos que le correspondían y una inspección fiscal dio origen al caso.

Se da la circunstancia de que un día después de que Antonio Viejo concediera el plazo a la defensa de González Amador para presentar escrito de defensa en la primera de las causas, la de fraude fiscal, la acusación popular había presentado dos peticiones para agilizar los dos procedimientos frente al retraso que sufrían. Cuando PSOE y Más Madrid presentaron sus escritos aún no se les había notificado la decisión del juez Viejo.

La anterior magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, implicó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación más compleja, la del pago encubierto de la comisión al directivo de Quirón, pero los agentes no se pusieron a trabajar hasta noviembre porque la documentación del juzgado no llegó hasta entonces. Aún hoy siguen elaborando su atestado. La jueza Iglesias se jubiló en verano y eso provocó un retraso en la instrucción.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja desde el pasado noviembre en la elaboración de un informe sobre el presunto encubrimiento del reparto ilícito de una comisión entre Alberto González Amador y Fernando Camino, presidente este último de Quirón Prevención y quien habría favorecido desde otra empresa el pelotazo de casi 2 millones de euros que disparó la carrera empresarial de la pareja de Ayuso en los inicios de la pandemia.

Estos hechos centran la imputación por corrupción en los negocios y administración desleal a la que se enfrenta Alberto González Amador en el mismo juzgado que ya le ha enviado al banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. El informe de la UCO resultará clave para la acusación que pesa sobre la pareja de Ayuso, que puede desembocar en un segundo procesamiento y juicio por los delitos mencionados. En la orden cursada por la anterior jueza del caso a la UCO para que investigue ya se deslizaba la posibilidad de que afloraran otros nuevos delitos como el blanqueo de capitales y la pertenencia a grupo criminal.  

La anterior jueza del caso y el actual instructor, la Fiscalía y la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, consideran acreditado de forma indiciaria que Alberto González Amador pagó medio millón de euros por una sociedad de la esposa de Fernando Camino que apenas facturaba 30.000 al año y que ese desorbitado precio fue la forma de encubrir el reparto de la comisión de las mascarillas y el resto del material de protección. 

Además del cargo en Quirón, Camino ocupaba un sillón en el consejo de administración de una empresa gallega llamada Mape, que compró material sanitario por valor de 42 millones de euros a otra sociedad catalana, de nombre FCS, en mayo de 2020. González Amador había acordado con FCS que obtendría el 4,5% de las ventas que consiguiera. Así, Fernando Camino habría influido en la compra del material por parte de la empresa gallega para llevarse una parte de la comisión pactada en secreto y previamente con González Amador.

La pareja de Ayuso lleva trabajando desde 2017 para Quirón Prevención, presidida por Camino. El año que trascendió su relación con la presidenta madrileña, 2021, la sociedad principal de Alberto González Amador multiplicó por cuatro la facturación al Grupo Quirón, que a su vez obtiene cerca de 1.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid cada ejercicio gracias a la política de privatización de los servicios médicos que lleva a cabo el Gobierno de Ayuso. 

En junio de 2024, la Fiscalía y la defensa de González Amador ultimaban un pacto para que el empresario y comisionista se declarara culpable de dos fraudes fiscales y la petición de condena se rebajara a ocho meses, lo que evitaría entrar en prisión, además del pago de una multa. Justo a tiempo, la acusación popular presentó en el juzgado un informe en el que solicitaba que se ampliaran los delitos atribuidos indiciariamente a la pareja de Ayuso. Los abogados habían descubierto en las entrañas de la inspección fiscal una extraña operación de compra de una sociedad por González Amador y comenzaron a tirar del hilo. La posibilidad de pacto quedó frustrada.

La jueza Inmaculada Iglesias rechazó al principio ampliar la acusación, pero ante el recurso de los partidos reculó y decidió investigar a Alberto González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal. A petición del Ministerio Público, la jueza Iglesias solicitó el pasado junio la implicación de la UCO en el caso. “Atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva” la jueza Iglesias recurría a la unidad especializada de la Guardia Civil.

Inmaculada Iglesias se jubiló poco después y el veterano magistrado Antonio Viejo se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 19. El retraso en la incorporación de Viejo a su nuevo desempeño provocó que la documentación de la causa, necesaria para que la UCO comenzara a investigar, no llegara a la sede de la unidad especializada hasta el pasado mes de noviembre. 

La UCO tiene en su poder la inspección fiscal realizada por la Agencia Tributaria a González Amador durante 19 meses y el resto de documentación incorporada a la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. En el marco de esa pieza declararon como investigados en abril del pasado año Alberto González Amador y Gloria Carrasco, la farmacéutica de León que vendió a la pareja de Ayuso su sociedad Círculo de Belleza S.L por 499.836 euros. 

Círculo de Belleza no tenía empleados y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. Ante la jueza, la pareja de Ayuso justificó el medio millón desembolsado en que la adquisición le iba a “permitir desarrollar un proyecto de consultoría por numerosas farmacias y expandirse por Latinoamérica”. Lo que realmente hizo fue cambiar de nombre a Círculo de Belleza, que se transformó en Masterman & Whitaker, y adjudicarle trabajos que en realidad hacía Maxwell Cremona, la sociedad cabecera de González Amador. El objetivo era, según la investigación, obtener beneficios fiscales de forma fraudulenta.

El fiscal Diego Lucas habla de “soborno” de González Amador a Fernando Camino para que Mape comprara las mascarillas y él se embolsase en una sola operación 1.973.000 euros. Después, González Amador no quiso tributar lo que debía por este ingreso y organizó una trama de facturas falsas para engañar a Hacienda.  

Una operación en familia

La información obtenida por la Agencia Tributaria permitirá a la UCO unir la línea de puntos del encubrimiento de la comisión. Círculo de Belleza solo fue propiedad de Gloria Carrasco al 100% poco antes de vendérsela a González Amador. Apenas un mes después de que la pareja de Ayuso cobrase el segundo plazo de la comisión de 2 millones, el directivo de Quirón Prevención le vendió a su mujer el 20% de la sociedad. Lo mismo hizo el hermano de Carrasco, quien también vendió a Gloria su 20%.

Según declaró la farmacéutica de León a la jueza del caso, ella compró ese 40% a su marido y a su hermano por 8.000 euros (4.000 cada uno). La operación entre familiares se realiza en septiembre de 2020. Sólo tres meses después, la mujer le vende a Alberto González Amador la empresa por 500.000 euros. De acuerdo al precio de la venta, el 20% que Camino habría vendido a su mujer por 4.000 euros se habría convertido en 100.000 euros gracias a la generosidad de González Amador. 

Las declaraciones entre González Amador y Gloria Carrasco en sede judicial presentaron contradicciones, según apreció el fiscal en un escrito. La supuesta consultoría en Latinoamérica que justificaba el precio de Círculo de Belleza “no se llegó a hacer”. Carrasco, por su parte, defendía que el valor de su empresa residía “en el conocimiento sobre la forma de expandir el negocio de los propietarios de farmacias mediante el procedimiento de remitir a sus clientes a locales en los que podían disfrutar de tratamientos depilatorios y de remodelación corporal, consultoría que ya no se desarrollaba desde hacía años”, escribió el fiscal Diego Lucas. 

El punto de encuentro entre las declaraciones de ambos es Wilson Rodríguez, un empresario de Florida que se erige como cuarto protagonista de la trama de la comisión. González Amador asegura que para poner en contacto a las dos empresas españolas en la compraventa de mascarillas tuvo que recurrir a Inteccon, la sociedad de Wilson Rodríguez en Florida y que ese trabajo era parte de lo que justificaba su abultada comisión. 

Wilson Rodríguez, según reconoció Gloria Carrasco en el juzgado, es amigo suyo y de su marido. Así que González Amador recurrió a un amigo de la pareja para que la empresa en la que participaba uno de ellos, Fernando Camino, comprara a FCS el material por el que la pareja de Ayuso se embolsaría los 2 millones de euros. 

Antes de abandonar el juzgado, la jueza Iglesias presentó una segunda tesis sobre la operación de compraventa de Círculo de Belleza. La magistrada planteó la posibilidad de que el medio millón de euros desembolsado por González Amador encubriera la compensación a Camino por haber aumentado la facturación a Quirón Prevención. La acusación popular pidió la declaración como imputado de Fernando Camino, pero el juez Viejo está a la espera del informe de la UCO para acordar nuevas diligencias.

La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) ha emitido un comunicado en el que carga contra el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y su actuación en el caso de la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La institución que dirige Eugenio Ribón, denuncia esta asociación, “ha utilizado los recursos de toda la abogacía madrileña con la finalidad de conseguir la impunidad de una persona por el solo hecho de que se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

El ICAM interpuso la primera denuncia contra la publicación de un comunicado por parte de la Fiscalía con detalles del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, y fue una de las acusaciones del juicio que terminó con una condena para Álvaro García Ortiz. Un juicio en el que no solo pidieron cuatro años de cárcel para el entonces fiscal general sino que intentaron convencer al Tribunal Supremo de que la filtración de su confesión había contaminado a los jueces y hacía ineludible una condena por fraude fiscal para él.

Diversas asociaciones de juristas del espectro progresista presentaron recientemente una queja ante el organismo que preside el decano Eugenio Ribón. Esas quejas por la “sumisión” del ICAM a los intereses de la pareja de la presidenta madrileña tuvieron respuesta por parte del colegio, que defendió su actuación al margen de cuestiones “políticas o personales”. Ahora es la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) la que, en un comunicado, carga contra la institución que dirige Ribón.

Es “rotundamente falso”, dice ALA, que el ICAM haya actuado de forma imparcial en ese procedimiento y en aras del derecho de defensa. “Se ha esforzado en defender todas las tesis de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pretendiendo incluso la nulidad de su próximo enjuiciamiento”. También ha intentado, además, “limpiar la imagen pública” de González Amador, llegando a apoyar una “exagerada” indemnización para él.

El ICAM, concluye esta asociación que ya criticó en marzo de 2024 que el colegio defendiera los “intereses políticos” de Ayuso en los tribunales, “ha utilizado los recursos de toda la abogacía madrileña con la finalidad de conseguir la impunidad de una persona acusada de delitos contra el patrimonio público, por el solo hecho de que se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

El Supremo negó la impunidad

Los abogados de González Amador defendieron a lo largo del procedimiento que esta filtración comprometió al límite su defensa en el caso de fraude fiscal, hasta el punto de considerarse ya condenado por adelantado después de que los jueces hayan sabido por los medios que intentó llegar a un pacto: “O me voy de España o me suicido”, llegó a decir. Una teoría que también defendió el ICAM a lo largo del proceso en una de las declaraciones más tensas de la instrucción del caso.

Fue el propio Eugenio Ribón, decano del ICAM, el que explicó esta teoría ante el juez Ángel Hurtado: “El escenario de defensa ya no es el mismo, la estrategia de defensa se ve absolutamente comprometida. De una u otra manera puede quedar contaminado”, afirmó. Una de las representantes de la Abogacía del Estado hizo entonces una pregunta que Hurtado cortó en seco: “¿Está cuestionando entonces la imparcialidad de un juzgador?”.

Tanto Ribón como Hurtado se llevaron entonces las manos a la cabeza y cortaron a la Abogada del Estado pero la alegación se repitió durante el juicio y fue la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que frenó la teoría de González Amador se podía dar por condenado por fraude fiscal. Los jueces que estudien su caso, dijo la sentencia, serán “plenamente conscientes” de que esa conformidad abortada no es una prueba de culpabilidad contra él.