El delito fiscal es el tipo penal de los ricos. Y no podía faltar en el juicio a los Pujol. La semana ha vivido un intenso duelo de peritos que ha provocado los mayores daños hasta ahora en las defensas. No porque la palabra y los cálculos de los funcionarios de la Agencia Tributaria supongan automáticamente una condena (el tribunal también ha escuchado argumentos de descargo de los expertos contratados por los abogados de los Pujol), sino porque se ha comprendido de qué se acusa a dos de los hijos del expresident. No es poca cosa.

La historia de los Pujol con Hacienda viene de lejos y durante décadas estuvo marcada por el ghosting. En su famosa carta de confesión, el expresident reconoció que su familia mantuvo oculta al fisco una fortuna familiar durante 30 años, incluidos los 23 de su mandato en la Generalitat. Según su versión, a la que solo sus acólitos dan credibilidad, era la herencia del abuelo Florenci.

Los hermanos regularizaron “deprisa y corriendo” los fondos en Andorra, tal y como declaró en el juicio el asesor fiscal de los Pujol, tras ver los saldos en la portada de El Mundo el 7 de julio de 2014 (brigada política del PP mediante). Oleguer, Pere, Marta y Mireia se pusieron, por fin, al día con Hacienda. Oriol ya había cedido el dinero años atrás a su hermano Jordi porque le incomodaba por su carrera política, según contó al juez instructor.

Habitualmente, los juicios por delitos fiscales terminan en conformidad, es decir, con un acuerdo entre la Fiscalía, Hacienda y las defensas. El poderoso acusado admite el fraude, evita así pasarse muchas horas en un sitio tan incómodo como un banquillo y se salva de la cárcel (un lugar donde abundan los pobres). A cambio, el Estado consigue un buen dinero gracias a las multas e indemnizaciones por los impuestos impagados.

La regularización de los fondos de parte de los hermanos Pujol, por la que pagaron sus correspondientes multas y recargos, implica que no estén acusados de delito fiscal. Tampoco el padre, pues su caso ha prescrito. ¿Por qué delitos se podía proceder contra ellos? Dos clásicos: asociación ilícita y blanqueo de capitales. Dos tipos penales con los que es más difícil llegar a un acuerdo que el fraude a Hacienda.

Aquí han empezado los problemas para la Fiscalía. El testigo clave de la acusación, el investigador jefe de la Policía encargado de sustentar la tesis acusatoria, no tuvo sus mejores días cuando le tocó declarar.

No todo hay que achacarlo a la torpeza policial: el silencio de clase empresarial ha permitido mantener el velo a muchas de las malas praxis del pujolismo. Y, aunque a veces se mezclen, una cosa es lo que se logra en un juicio y la otra el reproche ético al hombre que dio lecciones de moral desde el Palau de la Generalitat. El caso a los Pujol ha desnudado comportamientos familiares difícilmente compatibles, terminen siendo delito o no, con la rehabilitación política que pretende el expresident y que le brindan algunos de sus rivales.

El policía apenas mencionó al expresident y a los hermanos que no son Jordi Pujol Ferrusola, cuyos desmanes empresariales solo posibles por su apellido (cobró 14 millones de euros en ocho años, la mayoría procedentes de contratistas de la Generalitat) han monopolizado la vista.

El juicio a los Pujol es más bien el juicio a Jordi Júnior. Más allá del hecho conocido de tener un dinero oculto en Andorra, no se ha visto prueba (ni de cargo, ni de descargo) sobre el padre y la mayoría de hermanos.

En suma, más que solidificar los indicios del caso (como sí pueden hacer los policías en sus declaraciones), el investigador de los Pujol corroboró el carácter vaporoso de la acusación de asociación ilícita contra la familia.

Por el contrario, los peritos de la Agencia Tributaria que sustentan la acusación por delito fiscal contra Josep y Jordi sí aportaron una explicación clara sobre el fraude fiscal: ambos hermanos ocultaron parte de sus rentas al fisco y obtuvieron con ello ganancias no justificadas.

Los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de Hacienda, en funciones de auxilio judicial, defendieron con argumentos y datos su tesis, aunque con algunos reproches innecesarios al abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, a quien uno de los peritos afeó que le estaba sometiendo “a un examen”. El magistrado que preside el tribunal, José Ricardo de Prada, tuvo que volver a tirar de paciencia y talante y pedir tranquilidad a todo el mundo.

En el caso de Jordi, el engaño consistió, según los peritos, en que tributó a través de sus empresas y no por IRPF. Un clásico en las causas por delito fiscal. Más espectacular es el origen del fraude fiscal atribuido a Josep: mover 900.000 euros en metálico entre dos bancos andorranos, en una bolsa con 10.700 billetes de 50, 100, 200 y 500 euros que pesaba 10 kilos, y volver a ingresarlos en la cuenta inicial, para un préstamo que Hacienda cree simulado. Ocurrió todo el 9 de diciembre de 2009 en una plaza del principado.

Además de sus propios peritos, que negaron el fraude, las defensas presentaron al tribunal una batería de argumentos de descargo (la inspección de la Delegación de Hacienda en Catalunya favorable a sus tesis o la “expresa reserva” de las autoridades andorranas a que la información bancaria del país enviada a España se usara en investigaciones por este tipo penal). Sea cual sea la decisión del tribunal sobre el delito fiscal, al menos se entendió.

Una de las inspectoras de Hacienda que analizó la contabilidad de las empresas del primogénito del expresident de la Generalitat ha concluido que el año 2008, uno de los que forman parte de la acusación por fraude fiscal contra Jordi Pujol Ferrusola, ya está prescrito.

Así lo ha manifestado una inspectora de la Agencia Tributaria en el juicio que celebra la Audiencia Nacional al expresident Jordi Pujol, a siete hijos, a Mercè Gironés, exesposa del primogénito, y a ocho empresarios por supuestos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.

La perito ha indicado que con los datos que entonces tenían establecieron que en 2008 Pujol Ferrusola, como persona física, eludió a Hacienda una cuota a pagar de 89.244 euros, Imisa 55.162 y Project Marketing 4.375, pero estimaron que a efectos penales las deudas de este año habían prescrito.

La inspectora de Hacienda analizó las obligaciones tributarias de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (IMISA) y Project Marketing entre los años 2008 y 2011.

En la jornada de este lunes, han declarado cuatro inspectores de Hacienda de la Delegación de Catalunya de la Agencia Tributaria, pero no serán los únicos peritos del fisco en testificar: el tribunal también oirá peritos de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), una unidad de la Agencia Tributaria (AEAT), que también participó de la investigación del caso Pujol.

Hacienda dudó de si facturas que emitieron empresas de Jordi Pujol Ferrusola correspondían a servicios reales de asesoramiento e intermediación con empresarios acusados de pagarle supuestamente para cooperar en el blanqueo de la fortuna oculta de su familia en Andorra.

En su declaración, los peritos han señalado que detectaron ingresos que figuraban en las cuentas de estas empresas que en realidad debían corresponder a Jordi Pujol Ferrusola, a efectos del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), ya que eran servicios que prestaba con “carácter personalísimo”.

Ha hecho referencia a diversas facturas emitidas por las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola pagadas por empresas investigadas como Copisa e Isolux por servicios de intermediación y asesoramiento en diferentes oportunidades de negocio.

En concreto, ha puesto como ejemplos su mediación en operaciones de compraventa de un club de golf en Ronda (Málaga), la ampliación de la refinería del puerto de Cartagena (Murcia), un proyecto de plantas solares en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y otros para introducir empresas en diversos países como el de una planta de residuos en México o de instalaciones eléctricas en Gabón.

La Fiscalía mantiene que los pagos de estos empresarios a la familia Pujol eran producto del favorecimiento a los mismos para que resultaran adjudicatarios de concursos de la administración pública catalana.

La inspectora ha dicho que requirieron documentación a las empresas de Pujol Ferrusola, como actas de reuniones, correos electrónicos o contratos, que acreditara que el concepto de servicios de asesoramiento e intermediación que se ponía en las facturas que emitían era real.

Ha añadido que sin embargo “no se aportó” nada y tan solo tuvieron algunos documentos, como contratos, que entregaron las empresas que pagaban, como las mencionadas Isolux o Copisa.

Esto unido a que las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès solo tenían una persona empleada que compartían con una única oficina hicieron que sospechara de esos pagos.

Pero la inspectora ha aclarado que cuando realizó su informe en 2015 tenían la confirmación de las empresas pagadoras de que los mismos se llevaron a cabo y nada en concreto que lo desmintiera pues aún no había avanzado la investigación judicial y desconocían que representantes de sociedades que participaron en algunos de esos proyectos desmienten que Pujol Ferrusola intermediara en los mismos.

Ha reconocido que le pareció extraño que Pujol Ferrusola llegara a cobrar más de un millón de euros por intermediar y asesorar en algún proyecto, pero ha añadido: “Si nadie me aporta algo que demostrara que esa operación no era real, para mí era válida, y si alguien hubiera dicho otra cosa, habríamos adoptado otro criterio”.

Ha añadido que en los siguientes ejercicios en su propuesta de liquidación la cuota resultante a pagar para Pujol Ferrusola fue de 135.951 para 2009, 19.137 para 2010 y 16.232 para 2011; para IMISA 45.655, 113.824 y 70.092, respectivamente, mientras que para Project Marketing le salía a devolver 38.468 en 2009 y 887 en 2010, quedando 2011 en cero.

En su escrito de acusación el fiscal, teniendo en cuenta todos los informes periciales y la investigación policial, señala que Pujol Ferrusola dejó de ingresar a Hacienda 554.198 euros en el ejercicio de 2007, 1.358.428 en 2008, 1.727.183 en 2009, 2.122.454 en 2010 y 836.236 en 2012, para un total de 6.598.799 euros.

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

La magistrada Raquel Robles González acata de esta forma “lo ordenado por la superioridad”, según ella misma escribe en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Robles archivó la querella presentada por el PSOE, en primer lugar, a la que se sumaron El País y los periodistas de ese medio señalados por Rodríguez, pero la Audiencia Provincial corrigió su decisión y obligando a investigar.

Además de a Miguel Ángel Rodríguez, la jueza ha citado a un testigo y a los dos periodistas perjudicados en esa misma jornada del 6 de mayo. Asimismo ha ordenado que la Unidad adscrita de la Policía Nacional que presta servicio de escolta a la presidenta madrileña identifique a los agentes que ese día estaban de servicio. Los policías de la escolta de Ayuso identificaron en la calle a los periodistas señalados después por Miguel Ángel Rodríguez, que difundió sus datos pesonales e incluyó la fotografía de ambos.

En un primer momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Pero la Sección Quinta de la Audiencia Provincial consideró “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez. 

La Agencia Tributaria intensificará para 2026 el control sobre sectores considerados “especialmente expuestos al fraude fiscal”, entre ellos el inmobiliario, la construcción, el comercio electrónico y el negocio de los hidrocarburos. El refuerzo de la vigilancia forma parte de las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según el documento, el Ministerio de Hacienda quiere “aprovechar el aumento de información financiera disponible” —procedente de bancos, plataformas digitales y sistemas de pago— para detectar rentas y patrimonios ocultos, así como para combatir la economía sumergida y el fraude fiscal en actividades empresariales.

La Agencia Tributaria también intensificará las actuaciones sobre multinacionales, grandes empresas y personas con patrimonios relevantes, además de vigilar el uso de estructuras societarias diseñadas para reducir artificialmente la factura fiscal.

Para detectar el fraude

Una de las principales novedades del plan es el uso intensivo de nueva información financiera. A los datos que ya recibe la Agencia Tributaria sobre pagos transfronterizos y sobre ventas realizadas en plataformas digitales —en el marco de la directiva europea DAC7— se sumarán nuevas declaraciones informativas del ámbito financiero.

Entre otros aspectos, Hacienda contará con información mensual sobre los cobros realizados con tarjeta por empresarios y profesionales, así como datos actualizados sobre la titularidad de cuentas bancarias. Con ello pretende detectar posibles ocultaciones de actividad económica, el uso de sociedades pantalla o tramas de fraude de IVA.

La Agencia Tributaria también reforzará el control sobre el uso de cuentas en entidades financieras digitales, los llamados neobancos, que pueden emplearse para ocultar rentas o patrimonios en el extranjero.

Foco en el mercado inmobiliario

Uno de los ámbitos prioritarios será el sector inmobiliario, en un contexto de reactivación del mercado tras años de menor actividad. Hacienda prevé reforzar las actuaciones de control y prevención del fraude en todas las fases del negocio: desde la promoción y la construcción hasta la comercialización, intermediación y alquiler de inmuebles.

La inspección prestará especial atención a riesgos habituales del sector, como la deducción improcedente de gastos financieros o la utilización abusiva de subcontratas. También se vigilará la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, especialmente cuando intervengan entidades vinculadas o estructuras societarias complejas.

En el ámbito del alquiler, la Agencia Tributaria intensificará las comprobaciones sobre los rendimientos declarados, con especial atención a los arrendamientos gestionados a través de plataformas digitales y al mercado del alquiler turístico. El objetivo es detectar alquileres no declarados o fórmulas utilizadas para encubrir pisos turísticos como arrendamientos de temporada o de vivienda habitual.

Asimismo, Hacienda seguirá controlando el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) y las ganancias patrimoniales obtenidas por no residentes con operaciones inmobiliarias en España.

Vigilancia reforzada en el sector de hidrocarburos

El plan también prevé intensificar las comprobaciones en el sector de los hidrocarburos, donde en los últimos años se han detectado importantes fraudes de IVA. Tras las medidas adoptadas recientemente, que según Hacienda han reducido significativamente estas prácticas, la Agencia Tributaria pretende evitar que el fraude se desplace a otras figuras del sistema fiscal.

Para ello se extremará la vigilancia sobre la operativa de los depósitos fiscales y se endurecerán las condiciones para ser titular de estas instalaciones, además de comprobar que los operadores inscritos en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales siguen cumpliendo los requisitos para permanecer en él.

Creadores de contenido: control del negocio digital

El comercio electrónico seguirá siendo otro de los objetivos prioritarios del plan. La Agencia Tributaria analizará posibles esquemas utilizados por empresas que aparentan estar establecidas en la Unión Europea para modificar su tributación en el IVA de las ventas realizadas a través de plataformas digitales.

También se intensificará la verificación de la tributación de los creadores de contenido en redes sociales, incluyendo el análisis de su residencia fiscal.

En paralelo, se reforzará el control sobre contribuyentes que hayan operado con criptomonedas y no hayan declarado las rentas o ganancias derivadas de su tenencia o transmisión. Para ello se utilizarán herramientas de análisis y trazabilidad basadas en tecnología blockchain.

Economía sumergida y facturación irregular

El plan contempla además nuevas actuaciones para combatir la economía sumergida. La Agencia Tributaria seguirá realizando visitas a negocios para comprobar su situación censal y fiscal, con especial atención a los establecimientos que no admiten pagos con tarjeta.

Asimismo, se intensificará la detección de entramados de facturación irregular mediante herramientas informáticas capaces de identificar toda la cadena de defraudación. Estas redes suelen basarse en sociedades sin actividad real que emiten facturas falsas para permitir deducciones indebidas de IVA o inflar gastos ficticios.

Más asistencia al contribuyente

Junto al refuerzo del control, el plan incluye mejoras en la asistencia al contribuyente. Hacienda ampliará el uso de herramientas digitales como “Censos Web”, que permiten gestionar trámites relacionados con el inicio o modificación de actividades económicas.

Además, se reforzará la atención presencial y telefónica mediante la incorporación de personal específico y la implantación de un sistema de cita en el mismo día, siempre que haya disponibilidad.

En materia de pagos, los contribuyentes podrán abonar deudas tributarias con tarjeta también en las oficinas de la Agencia Tributaria y por teléfono, sumándose a opciones ya disponibles como el cargo en cuenta o el pago mediante Bizum a través de la sede electrónica o la aplicación móvil.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó el pasado 19 de diciembre al juez Antonio Viejo autorización para acceder a la información de las empresas y las cuentas bancarias de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, sin que los agentes hayan recibido respuesta hasta el momento, revelan a elDiario.es fuentes del caso. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegan la enorme carga de trabajo para el magistrado, una vez se hizo cargo del juzgado en octubre por jubilación de su antecesora.

La anterior titular del Juzgado encargado de las diligencias, Inmaculada Iglesias, trasladó el 25 de julio de 2025 a la UCO de la Guardia Civil la orden para que elaborase un informe sobre el presunto soborno de González Amador al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, para obtener una comisión de 2 millones de euros en mascarillas que luego se habrían repartido ambos. 

La jueza Iglesias había dictado un mes antes el auto en el que adoptaba la decisión de involucrar a la UCO en las pesquisas. La Fiscalía y la acusación popular le habían solicitado la incorporación al caso de la unidad especializada de la Guardia Civil y la jueza lo acordó “atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”.

Inmaculada Iglesias se jubiló en verano y el cambio de titular en el juzgado, que instruye en estos momentos varias causas complejas, retrasó la investigación a Alberto González Amador. El nuevo juez, Antonio Viejo, se incorporó durante el mes de octubre. Hasta el 31 de ese mes no llegó a la UCO la primera parte de la información de la causa por corrupción en los negocios y administración desleal contra la pareja de Ayuso. Una semana después, el 6 de noviembre, el juzgado completó la remisión de documentos a la Guardia Civil.

La UCO comenzó a analizar la información que consta en la causa y en diciembre solicitó al magistrado que librara los correspondientes mandamientos judiciales para acceder a cuentas bancarias y sociedades de González Amador. Pero sin la autorización del juez, el trabajo de los agentes no ha podido completarse.

Las fuentes del TSJ consultadas por elDiario.es explican que Antonio Viejo ha tenido que “empezar de cero” en el Juzgado de Instrucción número 19. El motivo de la marcha de su antecesora, por jubilación, no obligaba a esta a redactar un inventario de causas para su sucesor, como ocurre cuando se dan otro tipo de ceses del titular de un juzgado. Esto ha provocado, añaden, que Viejo haya tenido que catalogar las causas una a una y haya priorizado las que tienen a investigados en situación de prisión provisional (“causas con preso”) u otras que considera afectan de lleno a la vida de los perjudicados, como las grandes estafas o las que tienen que ver con herencias, aunque no tengan relevancia mediática.

A los motivos del retraso en la firma del juez, las fuentes del TSJ suman la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la Ley de Eficiencia en los juzgados, que incluye una reestructuración del trabajo de los funcionarios para la que —según denuncian los sindicatos— no se han proveído medios ni planificación, y que tampoco ha contado con la colaboración en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una de las que tiene transferida las competencias de Justicia, suman otras fuentes jurídicas.

González Amador no se sentará en el banquillo hasta 2027

En fecha por concretar, probablemente en 2027, el empresario y comisionista Alberto González Amador se sentará en el banquillo por otra investigación, ya concluida. La Fiscalía le pide 3 años y 9 meses de cárcel dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos. 

El informe pendiente de la UCO no tiene que ver con estos delitos sino con otros dos que se investigan en una pieza separada, de corrupción en los negocios y administración desleal. El atestado de la UCO podría complicar aún más el horizonte judicial de González Amador y abocarle a un segundo juicio, donde los delitos que se le atribuyen acarrearían una petición de pena de cárcel aún más alta que la que ha motivado el doble fraude fiscal. 

El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”. 

Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino utilizó otro cargo que tenía distinto del que mantiene en Quirón, concretamente en una empresa gallega llamada Mape, para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera. 

La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino. 

La segunda tesis apunta a que ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.

González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año. 

Órdenes precisas de la anterior jueza a la UCO

Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la jueza Iglesias concretó a la UCO dónde quería que escarbara. La magistrada pidió en julio aclarar el “incremento patrimonial” de González Amador, un empresario con discretos resultados hasta que la comisión en 2020 disparó su carrera. Los agentes, detalló la jueza, deberían centrarse en analizar la obtención de esa comisión y el resto de ingresos de Alberto González Amador. 

En este sentido, daba una instrucción precisa para que la UCO escudriñara la operación de compra de Círculo de Belleza SL por parte de González Amador a Gloria Carrasco. Con posterioridad, la pareja de Ayuso rebautizó la empresa con el rimbombante nombre de Masterman & Whitaker. La Agencia Tributaria y la Fiscalía creen que utilizó la sociedad para facturar encargos de Quirón que en realidad realizaba su empresa principal, Maxwell Cremona SL, y obtener así ventajas fiscales de forma irregular. La jueza pedía a la UCO que le informara sobre el posible “uso instrumental” de sociedades de González Amador. 

Asimismo, la jueza Iglesias solicitó a la UCO el análisis de todos los flujos financieros relacionados con González Amador y su empresa así como un posible delito de blanqueo de capitales, precisan las fuentes consultadas. Esta última instrucción de la jueza ofrecía una pista de por dónde puede crecer el caso, ya que esa dinámica delictiva no había sido contemplada hasta ese momento por la jueza. Ocurre igual con la mención a la trama compleja en la que participó presuntamente González Amador y que podría derivar en una nueva imputación por integración en grupo criminal.

El empresario y comisionista Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sostiene ahora que no cometió los delitos fiscales por los que será enjuiciado. Antes había admitido de manera oficial todo lo contrario: confesó a través de su abogado el doble fraude fiscal ante los inspectores de Hacienda en octubre de 2023 cuando descubrieron múltiples engaños en sus declaraciones tributarias, intentó devolver lo defraudado cuando ya no podía, y acordó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en junio de 2024 un relato de hechos donde admitía dos delitos a cambio de ver rebajada la petición de cárcel a sólo ocho meses.

Entre la admisión de su culpa y la defensa de su inocencia ha pasado más de un año y un juicio en el Supremo donde cinco de los siete magistrados del Tribunal condenaron sin pruebas al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador. El fiscal general del Estado difundió una nota en la que informaba que el comisionista había propuesto un acuerdo de conformidad en el que admitía los delitos cometidos. De esa manera, el fiscal general desmentía el bulo lanzado por el entorno del novio de Ayuso y publicado por determinados medios de comunicación para denunciar en falso una cacería política de los poderes del Estado contra González Amador.

La defensa del novio de Ayuso dedica la mitad del escrito presentado el jueves en el juzgado a detallar la sentencia del Supremo que inhabilita al fiscal general del Estado por revelar el dato reservado de la confesión de culpa del empresario. Los abogados plantean esta circunstancia para denunciar que se ha vulnerado la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de su cliente ante el juicio que tiene pendiente por dos delitos fiscales.

El Tribunal Supremo dedicó dos páginas de su sentencia a argumentar por qué la condena al fiscal general no podía utilizarse para pedir la anulación del juicio a González Amador por el doble fraude: “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho sobre las pretensiones acusatorias, en su caso, articuladas. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido. Y que, en consecuencia, saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”, señala el fallo.

El origen de la causa penal abierta a González Amador es la declaración defraudatoria que presentó ante Hacienda en mayo de 2021, cuando ya mantenía una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La declaración del Impuesto de Sociedades de Maswell Cremona, la empresa propiedad de González Amador, incluyó unos gastos de 620.000 euros en 2020 por el pago de una supuesta comisión a una empresa mexicana, MKE. El contrato de colaboración con MKE que González Amador aportó a Hacienda establecía que eran necesarios nuevos contratos para abonar comisiones por cada negocio logrado en México. Pero nunca hubo nuevos contratos, ni tampoco negocios por los que pagar comisiones. Cuando la Inspección pidió explicaciones sobre esa factura, González Amador decidió anularla. Entonces, la Agencia Tributaria concluyó: “Se hizo para eludir parte de la tributación”.

El empresario había logrado como comisionista en 2020 el negocio de su vida en los peores meses de la pandemia. Ganó casi dos millones de euros como consecuencia de intermediar en una compraventa de mascarillas por la que facturó el 4,5% del monto de la operación. González Amador puso en contacto a una empresa gallega, MAPE, con la firma catalana FCS, que adquiría el material en China. Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, la firma a la que facturaba sus servicios González Amador antes del pelotazo de las mascarillas, era a su vez consejero de MAPE, la sociedad que adquirió el material a FCS en una operación que enriqueció al novio de Ayuso.

Cuando González Amador ya sabía que Hacienda le había abierto una inspección por las facturas falsas de MKE, presentó la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente y perpetró un engaño parecido. En este caso, presentó una factura por 922.585 euros a nombre de Gayani, una firma de Costa de Marfil que supuestamente había intermediado para conseguir que el novio de Ayuso vendiera vacunas al Gobierno de aquel país. González Amador nunca hizo ese pago a favor de Gayani; el Gobierno de Costa de Marfil nunca aceptó comprarle vacunas. Pero el novio de Ayuso se desgravó ese gasto inexistente, y otros menores de varias empresas andaluzas que también resultaron falsos. Todo para ahorrarse 155.000 euros y 195.000 euros en las declaraciones del impuesto de Sociedades de 2020 y 2021 respectivamente.

Hacienda acreditó estos engaños tras una inspección exhaustiva que duró casi dos años: “Esta reiteración de situaciones similares acontecidas en 2020 y 2021 lleva a la Inspección a considerar que no nos encontramos ante meros errores de registros contables y deducciones fiscales de facturas recibidas de gran importe en los ejercicios en los que la mercantil incrementa de forma significativa su facturación. Sino que este actuar puede responder a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación, eludida mediante la búsqueda, registro y deducción de facturas relativas a servicios no acometidos, no relacionados con la actividad y no pagados que se han deducido indebidamente y justificado como errores corregidos en ejercicios fiscales en curso y en el momento en el que la Inspección requiere su acreditación, conseguidos mediante la utilización de facturas que se acreditan falsas o falseadas”.

Cuando González Amador se dio cuenta de que Hacienda descubrió sus reiterados fraudes, intentó evitar el juicio por los dos delitos fiscales devolviendo las cantidades que había defraudado a través de la declaración del Impuesto de Sociedades que presentó en 2023. Pero ya era tarde porque la Ley establece con detalle que ningún contribuyente puede regularizar su situación una vez que tiene abierta una inspección fiscal.

Octubre 2023. González Amador, ante Hacienda: “No intenté cometer un fraude delictivo, cuando entendí la gravedad de los hechos ingresé esas cantidades en Hacienda”

Los inspectores fiscales que analizaron las declaraciones de González Amador concluyeron que “con la finalidad de eludir el incremento del pago de impuestos por su empresa decidió deducir fiscalmente gastos que no respondían a prestaciones reales”, para lo que el novio de Ayuso había utilizado “facturas falsas y falseadas emitidas por mercantiles carentes de medios humanos y materiales para la prestación de los servicios facturados”.

González Amador respondió a través de sus abogados:  “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo pero cuando entendía la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en Hacienda”.

Junio 2024. Ante la Fiscalía y Abogacía del Estado: “Declaré gastos en los que no incurrí para reducir el beneficio sujeto a tributación”

El novio de Ayuso pactó un escrito de conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la víspera de su declaración ante el juez, prevista para el 24 de junio de 2024. En ese texto, González Amador asumía que debido al aumento de beneficios derivados del incremento del volumen de negocios que había experimentado en los ejercicios 2020 y 2021, había hecho constar en sus declaraciones “gastos en los que en realidad no había incurrido para reducir el beneficio sujeto a tributación”. Además, reconocía que  “había obtenido de los acusados Maximiliano Eduardo Niederer González y David Herrera Lobato facturas que no reflejaban servicios reales para documentar así gastos que fueran deducible para el obligado tributario”.

Ese acuerdo nunca se llegó a aplicar porque el juzgado decidió abrir una nueva investigación por corrupción en los negocios tras la reclamación que hicieron las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid. González Amador compró por 500.000 euros una empresa sin apenas valor a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Esa operación, según las acusaciones populares, podría camuflar el pago de una comisión ilegal a Camino por haber facilitado al novio de Ayuso el negocio de dos millones de euros por la intermediación en la venta de mascarillas.

Febrero 2026. Ante el juez: “La deducción anticipada de un gasto real no merece reproche penal”

La mitad del escrito de defensa presentado por González Amador, procesado por un doble delito fiscal, defiende que no merece reproche penal el hecho de que el empresario comisionista incluyera en sus declaraciones gastos previstos pero que finalmente no tuvo pero que sirvieron para desgravárselos y pagar menos impuestos: “La Agencia Tributaria no considera que en estos casos de incorrecta contabilización temporal, el ingreso anticipado o la deducción anticipada de un gasto real merezca ningún reproche penal, como revelan las regularizaciones en vía administrativa de la activación de los gastos anticipadamente deducidos por BAYESIAN y por APA, lo que nos conduce a qué tratamiento tributario prevé el ordenamiento jurídico para estos supuestos. Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”.

Para apuntalar su defensa, González Amador contrató los servicios de un perito, ex inspector de Hacienda, cuyos cálculos sitúan el fraude cometido por debajo de los 120.000 euros en cada ejercicio, lo que descarta el delito. Y concluye: “Los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal”.

Posdata: Los abogados de Alberto González Amador señalan en la cuestión previa del escrito de defensa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló “a la Cadena Ser, al diario El País y a la opinión pública los correos electrónicos en los que se plasmaba la posición de conformidad de la defensa del ahora acusado D. Alberto González Amador y, específicamente, del email de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa señalaba que ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública”. Los periodistas de El País declararon en el juicio del Supremo que la información sobre el ofrecimiento de una conformidad por parte de González a cambio del pago de una multa y del reconocimiento de los delitos fue facilitada por personal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, sin relación alguna con el fiscal general del Estado. Sobre esa circunstancia aportaron pruebas durante el procedimiento que acreditaban que El País conoció esa información mucho antes de que García Ortiz comenzara a recabarla. La sentencia no desmintió estos hechos.

El empresario y comisionista Alberto González Amador esgrime la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado para solicitar ser absuelto de los dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos a los que se enfrentará en el juicio. Según el escrito de defensa presentado por su abogado, al que ha tenido acceso elDiario.es, Álvaro García Ortiz actuó con “intensidad delincuencial” contra González Amador desde incluso antes de que se abriera el procedimiento que le ha llevado al banquillo, vulnerando su presunción de inocencia y su derecho a la defensa, por lo que debe ser absuelto.

La defensa de González Amador incorpora la condena del Supremo a García Ortiz a los argumentos esgrimidos hasta ahora, consistentes en la legalidad de las facturas, para defender la legalidad de sus actuaciones y que no le habían servido para evitar el avance del procedimiento hasta ser enviado al banquillo. Según la pareja de Ayuso, el fiscal general participó “directamente en la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal desde antes de que existiera ningún procedimiento penal” y eso debería anular las acusaciones contra él. Sin embargo, la sentencia del Supremo cerraba la puerta a esta estrategia. En ella, el tribunal concluía que los jueces serán “plenamente conscientes” de que no se puede usar como prueba que hubiera mensajes “indebidamente difundidos”.

Alberto González Amador dejó de pagar a la Hacienda pública un total de 350.951 euros en el concepto de Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021. Para ello elaboró una trama de facturas falsas con las que aminorar la carga impositivo y engañar a Hacienda, según acredita un prolijo informe de la Agencia Tributaria cuyas conclusiones han avalado tres jueces de instrucción, los fiscales y la Audiencia Provincial. La defraudación se produjo después de que González Amador obtuviera casi 2 millones de euros por una comisión de material sanitario en el principio de la pandemia con la ayuda del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Entre los argumentos presentados en su escrito por el abogado Gabrierl Rodríguez Ramos figura que el segundo fiscal del caso, Diego Lucas, fue designado por Pilar Rodríguez, fiscal jefa de Madrid. Rodríguez estuvo imputada en el mismo procedimiento que García Ortiz –primer la nota de prensa que desmentía un bulo de El Mundo y después la publicación de un correo que acreditaba esa mentira– pero la causa contra ella resultó archivada. Según la defensa del comisionista, Rodríguez nombró a Lucas después de haberse abstenido fruto de su imputación.

Otro de sus argumentos es que a Pilar Rodríguez la represesntó la Abogacía del Estado, al igual que a García Ortiz, y que ese organismo representa a la acusación particular en la causa por el fraude fiscal, que es la Agencia Tributaria.

El abogado de González Amador incluye en su escrito declaraciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y de Óscar López, ministro de Transformación Digital, para defender que el Poder Ejecutivo también ha interferido en el procedimiento contra su cliente.

La causa, dice el escrito de defensa, es “la antítesis del procedimiento penal justo en un Estado Constitucional, democrático y de derecho y, en concreto, la perversión de cuantos mecanismos garantes de legalidad (como expresión inversa de la arbitrariedad) existen, hasta ser sustituidos por el delito, lo que hamás ha sido conocido ni en España ni en ningún Estado democrático de derecho que se considere como tal, siendo la víctima de los anteriores don Alberto González, y en relación a este procedimiento sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia”.

De otro lado, la defensa de González Amador reitera los argumentos esgrimidos hasta ahora acerca de la “realidad de la operación” de una de las facturas más abultadas, firmada en México, y de la que la investigación ha acreditado indiciariamente su falsedad, así como de la venta de vacunas en Costa de Marfil, igualmente cuestionada por la Agencia Tributaria.

“Respondiendo las facturas a servicios reales, esos gastos se habrían contabilizado (excepto en las cuantías abonadas) de forma incorrecta y anticipada por estar vinculados, al menos en parte, a la generación de ingresos que no se produjeron, debiendo haberse contabilizado cuando dichos ingresos se hubieran producido sin que lo anterior constituya actividad delictiva alguna”, recoge el escrito.

Para el juicio, la defensa de González Amador solo propone la declaración de su defendido y de los otros cuatro investigados por las facturas falsas, así como de dos peritos de parte que defenderán su tesis de la legalidad de las declaraciones tributarias.

González Amador se enfrenta a una petición de 3 años y 9 meses de cárcel por parte de la Fiscalía y otra idéntica que presenta la Abogacía del Estado.

Los tres investigados por fabricar facturas falsas para el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tratan de utilizar la condena al ex fiscal general para intentar anular la causa contra ellos. En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso elDiario.es, su letrado afirma que, a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Álvaro García Ortiz, la información que motivó la apertura del procedimiento de fraude fiscal contra el empresario y comisionista fue “obtenida de forma delictiva” y añade que, por tanto, toda la causa es “nula de pleno derecho”. 

González Amador y el resto de investigados por fabricar facturas falsas para él están procesados por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. Según la investigación tributaria que dio origen a esta causa, la pareja de Ayuso utilizó un total de 17 facturas falsas para aumentar su facturación y hacer creer a Hacienda que sus empresas habían tenido muchos más gastos, lo que le permitía rebajar el Impuesto de Sociedades. Así, evitó pagar a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales.

Las facturas falsas más abultadas corresponden a supuestos trabajos ficticios en Costa de Marfil y México, pero también hay otras facturas más pequeñas que condujeron a los inspectores de Hacienda a un pueblo de la Sevilla rural, Arahal. Allí encontraron un fraude de libro. Las empresas que le facturaron al comisionista González Amador estaban domiciliadas en casa de un camarero y el empleado de una panadería, ambos hermanos, o del presunto cerebro de esta subtrama, un pequeño empresario sin apenas actividad y vecino de los anteriores. Todos ellos acabaron investigados por los mismos delitos.

D.H.L, el pequeño empresario, se enfrenta a dos años de cárcel por emitir facturas con empresas pantallas. El abogado de los tres alega en su escrito de defensa su disconformidad con los hechos que se le imputan, que considera que no están “probados”.

El Supremo declaró probado el pasado diciembre que García Ortiz o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista. En su escrito de acusación en esa causa, González Amador defendió que su derecho a la defensa se había visto perjudicado de forma “irremediable e irreversible”, en una estrategia ahora seguida por otros de los investigados.

En otra parte del escrito, la defensa de los tres ciudadanos sevillanos alega que uno de ellos “estaba sometido a los efectos de sustancias psicotrópicas en el momento de los hechos”. Aporta un “informe de desintoxicación” y solicita un informe del médico forense.

La Fiscalía Financiera francesa ha anunciado este lunes que está llevando a cabo registros en la capital, París, relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

El Instituto del Mundo Árabe (IMA), presidido por Lang hasta hace nueve días, figura entre los locales registrados por los investigadores.

Tanto Jack Lang como su hija Caroline están bajo una investigación anunciada el pasado 6 de febrero por la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) por los cargos de “fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales”. El nombre de Lang y el de su hija aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein publicados a finales de enero.

Las pesquisas de las autoridades en el Instituto del Mundo Árabe se producen el mismo día en el que Lang se despedía oficialmente de la fundación tras 13 años en el cargo, del que dimitió el 7 de febrero pasado. Mañana, martes, está previsto que se celebre el Consejo de administración en el que se elegirá a su sucesor o sucesora.

El IMA es una prestigiosa fundación privada creada mediante un acuerdo internacional entre Francia y 22 países árabes y reconocida por el Estado francés por su interés público. Su presidente es nombrado por el jefe del Estado, pero debe ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios de Exteriores.

Un grupo de jueces investiga las ramificaciones del caso Epstein en Francia

Este sábado, medios franceses informaron del nombramiento por parte de la Fiscalía francesa de un grupo de magistrados para analizar “eventuales infracciones asociadas a ciudadanos franceses” en relación con el caso del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

La Fiscalía indicó que trabaja “en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera y con la dirección nacional de la Policía Judicial (...) con la meta de abrir investigaciones”.

'Le Parisien' aseguró hace dos días que la Fiscalía ya ha dado pasos concreto al proceder a “un nuevo análisis integral del dosier de instrucción” del antiguo agente de modelos Jean-Luc Brunel, fallecido en 2022 y allegado a Epstein. Brunel fue imputado en 2020 y 2021 por violaciones a menores y el caso decayó tras su muerte en prisión.

El objetivo de esta reapertura es la de “poder sacar cualquier elemento susceptible” que tenga una utilidad en “un nuevo contexto de investigación”.

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein tenía un vínculo especial con Francia, donde poseía un lujoso apartamento de 740 metros cuadrados en la exclusiva Avenida Foch de París.

Además del exministro socialista Jack Lang, en Francia hay sospechas de la implicación de un alto cargo de Exteriores, Fabrice Aidan, quien habría tenido una relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, declaró el pasado miércoles que no descarta que pueda haber más diplomáticos franceses en el caso Epstein, tras mostrarse “consternado” e “indignado” por descubrir la presunta implicación de este alto cargo de su departamento, actualmente en excedencia.

Entrevistado por la radio RTL sobre la posible presencia de otros casos de filtraciones de correos electrónicos en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el caso Epstein, Barrot respondió: “No puedo descartarlo”. “Nombres de diplomáticos parece que aparecen en los documentos sin que yo pueda sacar ninguna conclusión”, matizó.

El ministro señaló que los hechos que se le reprochan a Aidan son “extremadamente graves”, por lo que la víspera, además de remitir el caso a la Fiscalía, abrió una investigación administrativa y un procedimiento disciplinario en su contra.

El juez que investiga al empresario y comisionista Alberto González Amador ha concedido un plazo de diez días para que su defensa rebata los escritos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular presentados hace seis meses y que piden para la pareja de Isabel Díaz Ayuso diferentes penas de prisión por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos, entre otros. Con esta medida, el magistrado Antonio Viejo avanza en la tramitación de la causa que sentará en el banquillo a González Amador en una vista aún sin fecha de celebración.

La diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 19, a la que ha tenido acceso elDiario.es, tiene fecha de 26 de enero y en ella se advierte de que si González Amador y los otros cuatro acusados en el procedimiento no presentan sus escritos de defensa en el plazo indicado “se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuidico de la responsabilidad en la que puedan incurrir de acuerdo con lo previsto” en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden cada una de ellas 3 años de cárcel y 9 meses de cárcel, además de multa, para Alberto González Amador por haber defraudado 350.951 euros a la Agencia Tributaria en los impuestos de socidedades correspondientes a 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas. La acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, elevan la petición a los cinco años de cárcel sin poder pronunciarse sobre los delitos fiscales, en los que no pueden ejercer acusación porque están cometidos contra la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado.

Contra González Amador y el resto de acusados dictó el juzgado auto de apertura de juicio oral, que no se puede recurrir, lo que les aboca irremediablemente al banquillo. La fecha del juicio no está fijada y apunta a que se retrasará varios meses, pudiendo alcanzar incluso a 2027. La cuota defraudada señala que debe ser un Juzgado de lo Penal y no la Audiencia Provincial quien juzgue a la pareja de Ayuso y a sus presuntos colaboradores y estos tribunales destacan por su acumulación de vistas y retrasos.

Una investigación pendiente

Mientras, el mismo juzgado mantiene abierta una pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, por el presunto pago encubierto de una comisión por parte de González Amador a un directivo de Quirón, Fernando Camino. El presidente de Quirón Prevención habría facilitado, desde otra empresa a cuyo consejo de administración pertenecía, la compra de un material sanitario al principio de la pandemia a una sociedad que había acordado previamente con González Amador que se llevaría una abultada comisión. Para repartirse las ganancias en secreto, González Amador habría comprado por un precio desorbitado –medio millón de euros– una sociedad sin apenas valor a la mujer del directivo de Quirón.

González Amador ganó casi 2 millones de euros con la operación, consistente en poner en contacto a dos empresas españolas. La comisión supuso un salto exponencial en su carrera empresarial, pero la pareja de Ayuso no quiso pagar los impuestos que le correspondían y una inspección fiscal dio origen al caso.

Se da la circunstancia de que un día después de que Antonio Viejo concediera el plazo a la defensa de González Amador para presentar escrito de defensa en la primera de las causas, la de fraude fiscal, la acusación popular había presentado dos peticiones para agilizar los dos procedimientos frente al retraso que sufrían. Cuando PSOE y Más Madrid presentaron sus escritos aún no se les había notificado la decisión del juez Viejo.

La anterior magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, implicó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación más compleja, la del pago encubierto de la comisión al directivo de Quirón, pero los agentes no se pusieron a trabajar hasta noviembre porque la documentación del juzgado no llegó hasta entonces. Aún hoy siguen elaborando su atestado. La jueza Iglesias se jubiló en verano y eso provocó un retraso en la instrucción.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja desde el pasado noviembre en la elaboración de un informe sobre el presunto encubrimiento del reparto ilícito de una comisión entre Alberto González Amador y Fernando Camino, presidente este último de Quirón Prevención y quien habría favorecido desde otra empresa el pelotazo de casi 2 millones de euros que disparó la carrera empresarial de la pareja de Ayuso en los inicios de la pandemia.

Estos hechos centran la imputación por corrupción en los negocios y administración desleal a la que se enfrenta Alberto González Amador en el mismo juzgado que ya le ha enviado al banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. El informe de la UCO resultará clave para la acusación que pesa sobre la pareja de Ayuso, que puede desembocar en un segundo procesamiento y juicio por los delitos mencionados. En la orden cursada por la anterior jueza del caso a la UCO para que investigue ya se deslizaba la posibilidad de que afloraran otros nuevos delitos como el blanqueo de capitales y la pertenencia a grupo criminal.  

La anterior jueza del caso y el actual instructor, la Fiscalía y la acusación popular, que ejercen el PSOE y Más Madrid, consideran acreditado de forma indiciaria que Alberto González Amador pagó medio millón de euros por una sociedad de la esposa de Fernando Camino que apenas facturaba 30.000 al año y que ese desorbitado precio fue la forma de encubrir el reparto de la comisión de las mascarillas y el resto del material de protección. 

Además del cargo en Quirón, Camino ocupaba un sillón en el consejo de administración de una empresa gallega llamada Mape, que compró material sanitario por valor de 42 millones de euros a otra sociedad catalana, de nombre FCS, en mayo de 2020. González Amador había acordado con FCS que obtendría el 4,5% de las ventas que consiguiera. Así, Fernando Camino habría influido en la compra del material por parte de la empresa gallega para llevarse una parte de la comisión pactada en secreto y previamente con González Amador.

La pareja de Ayuso lleva trabajando desde 2017 para Quirón Prevención, presidida por Camino. El año que trascendió su relación con la presidenta madrileña, 2021, la sociedad principal de Alberto González Amador multiplicó por cuatro la facturación al Grupo Quirón, que a su vez obtiene cerca de 1.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid cada ejercicio gracias a la política de privatización de los servicios médicos que lleva a cabo el Gobierno de Ayuso. 

En junio de 2024, la Fiscalía y la defensa de González Amador ultimaban un pacto para que el empresario y comisionista se declarara culpable de dos fraudes fiscales y la petición de condena se rebajara a ocho meses, lo que evitaría entrar en prisión, además del pago de una multa. Justo a tiempo, la acusación popular presentó en el juzgado un informe en el que solicitaba que se ampliaran los delitos atribuidos indiciariamente a la pareja de Ayuso. Los abogados habían descubierto en las entrañas de la inspección fiscal una extraña operación de compra de una sociedad por González Amador y comenzaron a tirar del hilo. La posibilidad de pacto quedó frustrada.

La jueza Inmaculada Iglesias rechazó al principio ampliar la acusación, pero ante el recurso de los partidos reculó y decidió investigar a Alberto González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal. A petición del Ministerio Público, la jueza Iglesias solicitó el pasado junio la implicación de la UCO en el caso. “Atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva” la jueza Iglesias recurría a la unidad especializada de la Guardia Civil.

Inmaculada Iglesias se jubiló poco después y el veterano magistrado Antonio Viejo se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 19. El retraso en la incorporación de Viejo a su nuevo desempeño provocó que la documentación de la causa, necesaria para que la UCO comenzara a investigar, no llegara a la sede de la unidad especializada hasta el pasado mes de noviembre. 

La UCO tiene en su poder la inspección fiscal realizada por la Agencia Tributaria a González Amador durante 19 meses y el resto de documentación incorporada a la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. En el marco de esa pieza declararon como investigados en abril del pasado año Alberto González Amador y Gloria Carrasco, la farmacéutica de León que vendió a la pareja de Ayuso su sociedad Círculo de Belleza S.L por 499.836 euros. 

Círculo de Belleza no tenía empleados y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil. Ante la jueza, la pareja de Ayuso justificó el medio millón desembolsado en que la adquisición le iba a “permitir desarrollar un proyecto de consultoría por numerosas farmacias y expandirse por Latinoamérica”. Lo que realmente hizo fue cambiar de nombre a Círculo de Belleza, que se transformó en Masterman & Whitaker, y adjudicarle trabajos que en realidad hacía Maxwell Cremona, la sociedad cabecera de González Amador. El objetivo era, según la investigación, obtener beneficios fiscales de forma fraudulenta.

El fiscal Diego Lucas habla de “soborno” de González Amador a Fernando Camino para que Mape comprara las mascarillas y él se embolsase en una sola operación 1.973.000 euros. Después, González Amador no quiso tributar lo que debía por este ingreso y organizó una trama de facturas falsas para engañar a Hacienda.  

Una operación en familia

La información obtenida por la Agencia Tributaria permitirá a la UCO unir la línea de puntos del encubrimiento de la comisión. Círculo de Belleza solo fue propiedad de Gloria Carrasco al 100% poco antes de vendérsela a González Amador. Apenas un mes después de que la pareja de Ayuso cobrase el segundo plazo de la comisión de 2 millones, el directivo de Quirón Prevención le vendió a su mujer el 20% de la sociedad. Lo mismo hizo el hermano de Carrasco, quien también vendió a Gloria su 20%.

Según declaró la farmacéutica de León a la jueza del caso, ella compró ese 40% a su marido y a su hermano por 8.000 euros (4.000 cada uno). La operación entre familiares se realiza en septiembre de 2020. Sólo tres meses después, la mujer le vende a Alberto González Amador la empresa por 500.000 euros. De acuerdo al precio de la venta, el 20% que Camino habría vendido a su mujer por 4.000 euros se habría convertido en 100.000 euros gracias a la generosidad de González Amador. 

Las declaraciones entre González Amador y Gloria Carrasco en sede judicial presentaron contradicciones, según apreció el fiscal en un escrito. La supuesta consultoría en Latinoamérica que justificaba el precio de Círculo de Belleza “no se llegó a hacer”. Carrasco, por su parte, defendía que el valor de su empresa residía “en el conocimiento sobre la forma de expandir el negocio de los propietarios de farmacias mediante el procedimiento de remitir a sus clientes a locales en los que podían disfrutar de tratamientos depilatorios y de remodelación corporal, consultoría que ya no se desarrollaba desde hacía años”, escribió el fiscal Diego Lucas. 

El punto de encuentro entre las declaraciones de ambos es Wilson Rodríguez, un empresario de Florida que se erige como cuarto protagonista de la trama de la comisión. González Amador asegura que para poner en contacto a las dos empresas españolas en la compraventa de mascarillas tuvo que recurrir a Inteccon, la sociedad de Wilson Rodríguez en Florida y que ese trabajo era parte de lo que justificaba su abultada comisión. 

Wilson Rodríguez, según reconoció Gloria Carrasco en el juzgado, es amigo suyo y de su marido. Así que González Amador recurrió a un amigo de la pareja para que la empresa en la que participaba uno de ellos, Fernando Camino, comprara a FCS el material por el que la pareja de Ayuso se embolsaría los 2 millones de euros. 

Antes de abandonar el juzgado, la jueza Iglesias presentó una segunda tesis sobre la operación de compraventa de Círculo de Belleza. La magistrada planteó la posibilidad de que el medio millón de euros desembolsado por González Amador encubriera la compensación a Camino por haber aumentado la facturación a Quirón Prevención. La acusación popular pidió la declaración como imputado de Fernando Camino, pero el juez Viejo está a la espera del informe de la UCO para acordar nuevas diligencias.

La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) ha emitido un comunicado en el que carga contra el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y su actuación en el caso de la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La institución que dirige Eugenio Ribón, denuncia esta asociación, “ha utilizado los recursos de toda la abogacía madrileña con la finalidad de conseguir la impunidad de una persona por el solo hecho de que se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

El ICAM interpuso la primera denuncia contra la publicación de un comunicado por parte de la Fiscalía con detalles del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, y fue una de las acusaciones del juicio que terminó con una condena para Álvaro García Ortiz. Un juicio en el que no solo pidieron cuatro años de cárcel para el entonces fiscal general sino que intentaron convencer al Tribunal Supremo de que la filtración de su confesión había contaminado a los jueces y hacía ineludible una condena por fraude fiscal para él.

Diversas asociaciones de juristas del espectro progresista presentaron recientemente una queja ante el organismo que preside el decano Eugenio Ribón. Esas quejas por la “sumisión” del ICAM a los intereses de la pareja de la presidenta madrileña tuvieron respuesta por parte del colegio, que defendió su actuación al margen de cuestiones “políticas o personales”. Ahora es la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) la que, en un comunicado, carga contra la institución que dirige Ribón.

Es “rotundamente falso”, dice ALA, que el ICAM haya actuado de forma imparcial en ese procedimiento y en aras del derecho de defensa. “Se ha esforzado en defender todas las tesis de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pretendiendo incluso la nulidad de su próximo enjuiciamiento”. También ha intentado, además, “limpiar la imagen pública” de González Amador, llegando a apoyar una “exagerada” indemnización para él.

El ICAM, concluye esta asociación que ya criticó en marzo de 2024 que el colegio defendiera los “intereses políticos” de Ayuso en los tribunales, “ha utilizado los recursos de toda la abogacía madrileña con la finalidad de conseguir la impunidad de una persona acusada de delitos contra el patrimonio público, por el solo hecho de que se trata de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

El Supremo negó la impunidad

Los abogados de González Amador defendieron a lo largo del procedimiento que esta filtración comprometió al límite su defensa en el caso de fraude fiscal, hasta el punto de considerarse ya condenado por adelantado después de que los jueces hayan sabido por los medios que intentó llegar a un pacto: “O me voy de España o me suicido”, llegó a decir. Una teoría que también defendió el ICAM a lo largo del proceso en una de las declaraciones más tensas de la instrucción del caso.

Fue el propio Eugenio Ribón, decano del ICAM, el que explicó esta teoría ante el juez Ángel Hurtado: “El escenario de defensa ya no es el mismo, la estrategia de defensa se ve absolutamente comprometida. De una u otra manera puede quedar contaminado”, afirmó. Una de las representantes de la Abogacía del Estado hizo entonces una pregunta que Hurtado cortó en seco: “¿Está cuestionando entonces la imparcialidad de un juzgador?”.

Tanto Ribón como Hurtado se llevaron entonces las manos a la cabeza y cortaron a la Abogada del Estado pero la alegación se repitió durante el juicio y fue la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la que frenó la teoría de González Amador se podía dar por condenado por fraude fiscal. Los jueces que estudien su caso, dijo la sentencia, serán “plenamente conscientes” de que esa conformidad abortada no es una prueba de culpabilidad contra él.

Dos pendrives guardaban el secreto más oscuro y andorrano de los Pujol. Y el asesor fiscal Joan Antón Sánchez Carreté los tenía en el despacho porque se lo entregaron los abogados de la familia en julio de 2014 después de la publicación del famoso 'pantallazo' con sus datos bancarios.

Fiel custodio de los datos que destrozarían la credibilidad de los Pujol, Sánchez Carreté ha explicado este lunes que regularizó los fondos ante Hacienda “deprisa y corriendo”, tal y como le pidieron los abogados, pero que fue “incapaz” de llevar a cabo la segunda petición de los letrados: trazar los movimientos de fondos de la familia. La tarea, que la propia Audiencia Nacional lleva casi una década intentando, la tuvo que encargar a un auditor especializado.

La vista contra el expresident de la Generalitat y sus siete hijos se ha retomado este lunes con una notable ausencia, la del empresario acusado Carles Vilarrubí, fallecido estas navidades. Con su muerte, se extingue su responsabilidad penal en la causa. Nuevo ejemplo de la tardanza de la Justicia en celebrar la vista.

En todos los juicios hay secundarios muy relevantes, y Sánchez Carreté lo es en la vista que intenta dirimir si la fortuna oculta de los Pujol es fruto de la corrupción o de un legado del abuelo: el expresident y su esposa, la fallecida Marta Ferrusola, eran sus clientes desde el año 1983. Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, también buscó su asesoramiento años más tarde para la fiscalidad de sus empresas. Y en 2014, cuando llegaron los problemas (“por circunstancias conocidas”, en palabras de Sánchez Carreté) conoció al resto de la familia.

Según ha declarado Sánchez Carreté, el 7 julio de 2014, el mismo día que El Mundo publicó la fotografía del pantallazo de los datos bancarios de la familia (que las defensas creen que se trata de una prueba obtenida ilegalmente por la brigada política del PP), recibió una llamada. Eran Albert Carrillo y Javier Melero, por entonces abogados de la familia Pujol.

“Me convocaron a una reunión para ver cómo se regularizaban los fondos en el extranjero no declarados”, ha rememorado Sánchez Carreté, que también apostó por admitir a Hacienda el fraude y realizar las declaraciones complementarias. “Me facilitaron una serie de documentación para preparar las complementarias y eso fue lo que hice”.

El relato de Sánchez Carreté explica los movimientos entre bambalinas de la familia en esas frenéticas fechas veraniegas de 2014 que no salieron a la luz hasta el comunicado público del expresident del 25 de julio. Regularizar los fondos fue la estrategia finalmente adoptada por la familia tras días de debate. El expresident creía que confesando el fraude obtendría el perdón de la sociedad catalana. No fue así entonces y una tormenta política y judicial, que solo ha amainado diez años después, se desató sobre los Pujol.

Sánchez Carreté se encargó de regularizar los fondos de la familia mediante declaraciones complementarias que, ha reconocido, se llevaron a cabo “deprisa y corriendo”. También fue el representante de la familia ante Hacienda. La documentación fue la que los abogados de la familia, en Catalunya y Andorra, le facilitaron a través de dos pendrives.

“Yo no recuerdo los números de cuenta, pero estaban ahí. No fui capaz de interpretarlos a pesar de 45 años de ejercicio y les recomendé otras personas”, ha ahondado el asesor fiscal, que ha dicho que hasta que se lo dijeron los abogados nada sabía del dinero sin declarar de los Pujol.

La Fiscalía Anticorrupción no ha querido indagar más, ni ha preguntado, por ejemplo, por algo que el asesor sí dijo en fase de instrucción, cuando recordó que Jordi Pujol le hizo una consulta en 2012 y le pidió consejo acerca de un amigo que aparentemente tenía fondos en el extranjero sin declarar. ¿Ese amigo en realidad era el propio expresident? La pregunta no se ha hecho y ha quedado sin respuesta.

El registro y la advertencia

La historia con los pendrives no terminó aquí. También protagonizaron el registro de octubre de 2015 en el despacho profesional de Sánchez Carreté. La Audiencia Nacional obtuvo esos datos gracias al registro y a la comisión rogatoria que Andorra respondió. Pero las defensas creen que el registro fue excesivo.

La razón estriba en que el auto del juez ordenaba incautarse de los datos de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès, su exesposa, y de tres de sus sociedades. Pero la Policía se terminó incautando de los dos pendrives, con los datos de toda la familia. Pese a que el acta de entrada y registro dejó constancia de la advertencia de Sánchez Carreté al secretario judicial que practicó el registro, este lunes, a preguntas de las defensas, ha dicho no recordarlo.

Carsten Hagg no es troba a Mallorca quan decideix vendre la seva luxosa casa per sis milions d'euros, 2,1 milions més cara que quan la va comprar. Tampoc quan Hisenda crida a la seva porta. És a Suïssa. Després a Abu Dhabi. Sobre el paper, l'operació sembla impecable. Però a la pràctica, els 630.601 euros que devia abonar en concepte d'impost de societats mai van arribar a les arques públiques. Anys després al·legarà que no parlava castellà quan es va dur a terme la venda i que tot ho portaven els seus advocats. L'Audiència Provincial de Balears, tanmateix, ha posat negre sobre blanc: el multimilionari alemany “va orquestrar tota una obra d'enginyeria econòmica per comprar i vendre un bé immoble sense abonar absolutament ni un cèntim a l'Administració Pública espanyola”.

Tretze anys després de la venda de la mansió, ubicada a Son Vida -una de les zones residencials més exclusives de l'illa i tradicionalment associada a grans fortunes i inversors internacionals-, l'òrgan judicial ha condemnat Hagg a dos anys de presó i a la devolució dels milers d'euros defraudats. Els fets no són aïllats, com tampoc la sentència que els descriu. De fet, Balears no és aliena a la constitució de grans estructures societàries utilitzades per eludir obligacions fiscals a Espanya, una pràctica que s'ha repetit durant anys al caliu del boom immobiliari, l'arribada massiva de capital estranger i la compra de propietats d'alt valor mitjançant societats interposades, moltes d'elles radicades fora del país.

En aquest cas, el protagonista és Carsten Hagg, un empresari alemany que ha conreat una imatge pública de gran inversor global fruit d'una extensa trajectòria internacional lligada a les transaccions immobiliàries, la consultoria i els projectes energètics. El seu rostre ha aparegut fins i tot a la portada de Forbes i a altres publicacions habituals a l'ecosistema mediàtic del capitalisme financer.

Carsten Hagg ha conreat una imatge pública de gran inversor global fruit d'una extensa trajectòria internacional lligada a les transaccions immobiliàries, la consultoria i els projectes energètics. El seu rostre ha aparegut a la portada de Forbes i a altres publicacions habituals en l'ecosistema mediàtic del capitalisme financer

D'inversor global a acusat per delicte fiscal

La sentència de l'Audiència Provincial -que no és ferma i ha estat recorreguda en cassació per l'acusat- ofereix, tanmateix, un retrat radicalment diferent al mostrat públicament: Hagg és un empresari que va utilitzar societats 'fantasma' -sense activitat real- a Suïssa i Espanya per comprar, gaudir i vendre un habitatge de luxe a Palma evitant durant anys el pagament d'impostos al país del qual es va beneficiar econòmicament. Davant d'això, l'empresari defensa la seva innocència i apunta a l'absència d'indicis contra ell malgrat les proves recopilades per les acusacions i els fonaments esgrimits pels magistrats. En declaracions a elDiario.es, assegura que l'estructura societària a través de la qual va adquirir i va vendre el xalet era transparent i que l'objectiu de la mateixa mai va ser eludir el pagament d'impostos.

L'empresari defensa la seva innocència i apunta a l'absència d'indicis contra ell. En declaracions a elDiario.es, assegura que l'estructura societària a través de la qual va adquirir i va vendre el xalet era transparent i que l'objectiu de la mateixa mai va ser eludir el pagament d'impostos

La resolució judicial, a la qual ha tingut accés aquest diari -i avançada per Diario de Mallorca-, no ho considera així. Tal com recull la sentència, Hagg va constituir el 2007 una societat anònima a Suïssa i la seva filial illenca sota el nom Protagas Mallorca, l'objectiu formal de la qual era la promoció immobiliària. El real, tanmateix, era un altre. La intenció de l'empresari, asseveren els magistrats de la Secció Primera, era utilitzar-la com un instrument patrimonial al servei d'una operació concreta: comprar, gaudir i vendre un habitatge de luxe minimitzant -i finalment eludint- la tributació a Espanya. Aquell mateix any, el processat va contactar amb un advocat mallorquí -qui també es va asseure a la banqueta acusat per l'Advocacia de l'Estat -en representació de l'Agència Tributària- i va ser posteriorment absolt- perquè l'ajudés a buscar l'immoble desitjat, designant-lo administrador únic de l'empresa espanyola.

Hagg va trobar l'habitatge perfecte a Son Vida, símbol del luxe residencial a l'illa que, amb les seves més de 350 mansions, envoltat de tres camps de golf i amb dos hotels de cinc estrelles als seus voltants, s'ha consolidat com un dels enclaus més exclusius de Mallorca: el seu interior el conformen xalets blindats per la privacitat i la vigilància permanent, la majoria amb vistes a la badia, àmplies parcel·les, piscines i jardins. Un anunci publicat en un portal immobiliari recordava el passat estiu que la zona està considerada la 'Beverly Hills de Mallorca', on el mercat immobiliari es mou en xifres milionàries i gran part de les propietats pertanyen a grans fortunes estrangeres.

Hagg va trobar l'habitatge perfecte a Son Vida, símbol del luxe residencial a Mallorca que, amb les seves més de 350 mansions, envoltat de tres camps de golf i amb dos hotels de cinc estrelles als seus voltants, s'ha consolidat com un dels enclaus més exclusius de l'illa

Despeses personals emmascarades

El milionari alemany va desembossar per l'habitatge 3,4 milions d'euros i el va incloure com a actiu dins Protagas. La mansió, tanmateix, va passar a ser utilitzada des del primer dia com a residència familiar, especialment per part de la dona de Hagg i del seu fill, qui va néixer a Palma el 2008, quan la família ja vivia a l'immoble de forma continuada. La casa figurava, a més, com a domicili de referència en operacions bancàries i administratives. La comptabilitat de la mercantil revela que aquesta va ser utilitzada com a pantalla per emmascarar com a deduïbles -i així poder desgravar-los- les despeses personals derivades de la mansió, inclosos els salaris del personal que hi treballava, els relatius a la jardineria, els subministraments, les amortitzacions dels cotxes d'ús particular, els interessos de les hipoteques i fins i tot les multes de trànsit. També se'n va servir per eludir el pagament d'impostos a Espanya, sempre segons la sentència.

En aquest sentit, un pèrit de l'Agència Tributària va explicar durant el judici, amb base en la documentació analitzada i especialment a partir d'un esborrany d'un préstec participatiu, que la intenció de Hagg era comprar un immoble a Mallorca i posar en marxa la constitució de la societat de la forma més ràpida possible per evitar que la titularitat no fos personal, sinó de la mercantil.

Cinc anys després, el processat va decidir vendre el xalet. Ho va fer per sis milions d'euros, una quantitat ostensiblement superior al preu al qual el va adquirir. Durant el procés judicial, Hagg va sostenir que l'immoble havia estat objecte d'importants reformes, valorades en més de 570.000 euros, que justificarien part de l'increment de valor. Tanmateix, com apunta la resolució judicial, no hi ha rastre de factures, llicències ni projectes que acreditin aquests treballs; les suposades reformes no consten en la comptabilitat ni en les declaracions fiscals i els informes pericials aportats per la defensa es basaven en fotografies no verificades. L'Audiència conclou que l'empresari alemany va incrementar el preu de la venda en paral·lel al del mercat immobiliari de luxe a Mallorca i no a causa de millores dutes a terme a la mansió.

El processat va decidir vendre el xalet per sis milions d'euros, una quantitat ostensiblement superior al preu al qual el va adquirir. Durant el procés judicial, Hagg va sostenir que l'immoble havia estat objecte d'importants reformes, valorades en més de 570.000 euros, que justificarien part de l'increment de valor. La sentència assenyala que no hi ha rastre de factures, llicències ni projectes que acreditin aquests treballs

Enmig del procés de venda, l'administrador formal de Protagas Mallorca adverteix una i altra vegada que cal dotar de fons l'empresa per liquidar l'impost de societats. Els correus electrònics així ho acrediten. Però els diners finalment flueixen en una altra direcció: després de desfer-se de l'immoble, el benefici milionari acaba a mans de Hagg. La societat queda buida i sense fons per complir amb les seves obligacions amb Hisenda. El tribunal considera acreditat que no es va tractar d'un error ni d'una omissió administrativa, sinó d'una decisió conscient, adoptada, en un clar ànim defraudatori, per qui tenia el control efectiu de l'operació per no tributar a Espanya, el país on es va generar la plusvàlua milionària i del qual es va beneficiar econòmicament.

L'administrador formal de Protagas Mallorca va advertir una i altra vegada a Hagg que calia dotar de fons la seva empresa per liquidar l'impost de societats. Però els diners finalment van fluir en una altra direcció: després de desfer-se de l'immoble, el benefici milionari va acabar a mans de l'empresari alemany

Videoconferència des de Dubai

El passat mes de juliol, data en què va tenir lloc el judici per aquests fets, Hagg declara per videoconferència des de Dubai. Assegura que el règim jurídic dels Emirats Àrabs -i una disputa interna amb la seva exdona- li impedeix abandonar el país per afrontar el procés en persona. Sobre la compravenda, insisteix en diverses ocasions que no parlava castellà, que tot ho portaven els seus advocats i que en cap moment va donar instruccions per no liquidar els impostos generats per la plusvàlua de la venda, atès que, segons al·lega, l'advocat amb el qual va contactar inicialment i administrador de Protagas Mallorca no l'havia informat degudament de les seves obligacions fiscals.

Per part seva, l'administrador va al·legar que Hagg li havia demanat que “portés el paperam” a Espanya per adquirir un immoble a Mallorca. Segons va explicar, amb la venda de la mansió es va generar una plusvàlua de 2,1 milions d'euros per la qual s'havia de liquidar l'impost de societats de l'exercici 2012. Tanmateix, va explicar que no es podia realitzar el pagament perquè no hi havia fons a la societat i, segons va assegurar, l'empresari alemany estava disconforme amb la quota a pagar. El lletrat va recordar que havia reclamat en diverses ocasions a Hagg que aportés els fons necessaris atès que, encara que ell havia rebut poders per operar amb els bancs, no li corresponia la decisió de pagar el tribut. En no rebre els diners, va renunciar finalment al seu càrrec d'administrador únic.

A la seva sentència, l'Audiència subratlla que la seva conducta va ser la d'un gestor que va actuar sota les ordres i els límits imposats per l'empresari, incidint en què no va tenir el “domini funcional del fet”, ja que les decisions estratègiques -compra, finançament, venda de l'immoble i buidatge de la societat després de l'operació- van ser adoptades per Hagg. En aquest context, descarta que concorregués en ell l'element essencial del delicte fiscal: el dol. Per aquest motiu, i després de retirar l'Advocacia de l'Estat la seva acusació contra ell, l'advocat va ser finalment absolt.

Per la seva banda, després de posar-se elDiario.es en contacte amb Hagg, l'empresari -qui respon en alemany via email- lamenta que aquest procediment judicial s'hagi prolongat durant més de tretze anys, cosa que, amb independència del seu resultat, assevera que li ha provocat “importants càrregues personals i professionals” i “un greu perjudici reputacional”. Així mateix, fa èmfasi en què la sentència de l'Audiència Provincial no és ferma i contra la mateixa ja ha interposat el recurs pertinent. Afegeix, fins i tot, que “només es pot parlar d'una 'condemna' penal quan una resolució és ferma” -malgrat que sí que existeix una sentència condemnatòria contra ell, encara que encara no hagi adquirit fermesa- i que, fins aleshores -decideixi el Suprem confirmar la resolució o revocar-la-, “regeix sense restricció alguna la presumpció d'innocència”.

Hagg: “Confio en el sistema jurídic espanyol”

L'empresari es mostra “convençut” que la revisió del cas “aclarirà aquests punts de manera exhaustiva, objectiva i exclusivament sobre la base de fets demostrables”. “Confio en el sistema jurídic espanyol i en què les decisions judicials es basin únicament en fets acreditats, proves documentades i documentació verificable, i no en conjectures, insinuacions, suposicions, rumors o atribucions interpretatives”, afegeix.

Sobre el fons dels fets, considera “incomprensible” com “una persona sense càrrec orgànic, sense competències operatives, sense facultats de disposició i sense responsabilitat fiscal pot ser cridada a retre comptes” i no “el veritable responsable de les decisions ha estat absolt en la seva totalitat”, en al·lusió a l'advocat exonerat i en contra del criteri de l'Audiència. “Una constel·lació d'aquest tipus no pot ni ha de constituir una base sostenible en un sistema jurídic regit per l'Estat de dret”, insisteix.

“En cap moment vaig tenir un càrrec orgànic, ni funcions de direcció o administració, ni facultats operatives, bancàries o fiscals de disposició. No tenia facultat de signatura ni poder de disposició sobre comptes, no vaig emetre ordres de pagament, no vaig celebrar contractes, no vaig signar balanços i no vaig presentar ni promoure declaracions fiscals de cap tipus”, afegeix en el seu correu, en línia amb el que ja va argumentar davant el tribunal, que, en la seva resolució, deixa clar que l'ús d'un administrador formal i de poders notarials no desvirtua la seva responsabilitat penal i recorda que, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, “no és necessari ser un expert tributarista, ni dissenyar personalment l'operació, ni conèixer en els seus detalls els racons o regles de la retorçada fórmula jurídica posada al servei del frau”.

En cap moment vaig tenir un càrrec orgànic, ni funcions de direcció o administració, ni facultats operatives, bancàries o fiscals de disposició. No tenia facultat de signatura ni poder de disposició sobre comptes, no vaig emetre ordres de pagament, no vaig celebrar contractes, no vaig signar balanços i no vaig presentar ni promoure declaracions fiscals de cap tipus

Carsten Hagg — Empresari alemany

“El domini de fet funcional el tenia clarament [Hagg], amb independència que 'usés' [l'administrador de la mercantil] per a la signatura de contractes i escriptures a Espanya”, asseveren en aquest sentit els magistrats.

En el seu correu, l'empresari insisteix que “en cap moment” va ser propietari directe de la societat espanyola, participada per una societat estrangera. “Fins a la data, a més, ni tan sols s'ha determinat ni acreditat jurídicament, ni de forma aproximada, en quin percentatge concret jo devia haver participat en aquesta societat estrangera en el moment rellevant. La imputació de responsabilitat personal sense una prova sòlida de la corresponent quota de participació constitueix un punt central de controvèrsia jurídica, que ara és objecte dels recursos interposats”, insisteix a al·legar, negant que en cap moment es creés una “estructura complexa, encobridora o intransparent”. “L'estructura estava concebuda de forma oberta, comprensible i transparent. En cap moment es va tractar d'ocultar actius, difuminar competències o amagar circumstàncies fiscals”.

Segons assegura, atès que no domina el castellà i degut a la seva “absència de presència operativa, privada i fiscal a Espanya”, va ser “imprescindible” designar per a la societat “una persona responsable a nivell local” a qui “es va procurar conscientment transferir totes les tasques jurídiques, fiscals i administratives -inclosa l'estructuració fiscal i la comunicació amb autoritats i bancs-”, recriminant que, malgrat que aquest administrador va adoptar “totes les decisions operatives, jurídiques i fiscals”, va ser “absolt plenament en el procediment”.

En contra del criteri de l'Audiència, Hagg assegura que, atès que no domina el castellà i degut a la seva 'absència de presència operativa, privada i fiscal a Espanya', va ser 'imprescindible' designar per a la societat 'una persona responsable a nivell local', recriminant que, malgrat que aquest administrador va adoptar 'totes les decisions operatives, jurídiques i fiscals', va ser 'absolt plenament en el procediment'

Hagg sosté que, encara que existia un contracte de compravenda formalment tancat, només es va arribar a pagar al voltant del 30% del preu pactat, una discrepància que considera clau per valorar correctament l'operació i que, al seu parer, haurà d'aclarar-se en la revisió judicial en curs. Així mateix, assegura que, de forma paral·lela, va aportar un important dipòsit en efectiu que mai li va ser abonat i que segueix retingut al banc i que, segons els càlculs fiscals del propi administrador, hauria estat suficient per cobrir qualsevol obligació tributària si s'hagués utilitzat correctament. “Estic convençut que la revisió jurídica actualment pendent aclarirà aquests punts de manera exhaustiva, objectiva i exclusivament sobre la base de fets demostrables”, sentencia.

Tretze anys després de la venda de la mansió de Son Vida, el cas resumeix una realitat que ha generat la preocupació de ciutadans i entitats socials: capital internacional, societats interposades i beneficis que no arriben a les arques públiques. Mentre Hagg defensa la seva innocència i espera que els tribunals superiors revisin la condemna, l'Audiència ja ha deixat la seva conclusió per escrit. Amb una advertència implícita: el luxe, la distància geogràfica o la sofisticació jurídica no eximeixen de contribuir allà on s'obté el benefici.

Carsten Hagg no se encuentra en Mallorca cuando decide vender su lujosa casa por seis millones de euros, 2,1 millones más cara que cuando la compró. Tampoco cuando Hacienda llama a su puerta. Está en Suiza. Luego en Abu Dabi. Sobre el papel, la operación parece impecable. Pero en la práctica, los 630.601 euros que debía abonar en concepto de impuesto de sociedades nunca llegaron a las arcas públicas. Años después alegará que no hablaba español cuando se llevó a cabo la venta y que todo lo llevaban sus abogados. La Audiencia Provincial de Balears, sin embargo, ha puesto negro sobre blanco: el multimillonario alemán “orquestó toda una obra de ingeniería económica para comprar y vender un bien inmueble sin abonar absolutamente ni un céntimo a la Administración Pública española”.

Trece años después de la venta de la mansión, ubicada en Son Vida -una de las zonas residenciales más exclusivas de la isla y tradicionalmente asociada a grandes fortunas e inversores internacionales-, el órgano judicial ha condenado a Hagg a dos años de cárcel y a la devolución de los miles de euros defraudados. Los hechos no son aislados, como tampoco la sentencia que los describe. De hecho, Balears no es ajena a la constitución de grandes estructuras societarias utilizadas para eludir obligaciones fiscales en España, una práctica que se ha repetido durante años al calor del boom inmobiliario, la llegada masiva de capital extranjero y la compra de propiedades de alto valor mediante sociedades interpuestas, muchas de ellas radicadas fuera del país.

En este caso, el protagonista es Carsten Hagg, un empresario alemán que ha cultivado una imagen pública de gran inversor global fruto de una extensa trayectoria internacional ligada a las transacciones inmobiliarias, la consultoría y los proyectos energéticos. Su rostro ha aparecido incluso en la portada de Forbes y en otras publicaciones habituales en el ecosistema mediático del capitalismo financiero.

Carsten Hagg ha cultivado una imagen pública de gran inversor global fruto de una extensa trayectoria internacional ligada a las transacciones inmobiliarias, la consultoría y los proyectos energéticos. Su rostro ha aparecido en la portada de Forbes y en otras publicaciones habituales en el ecosistema mediático del capitalismo financiero

De inversor global a acusado por delito fiscal

La sentencia de la Audiencia Provincial -que no es firme y ha sido recurrida en casación por el acusado- ofrece, sin embargo, un retrato radicalmente distinto al mostrado públicamente: Hagg es un empresario que utilizó sociedades 'fantasma' -sin actividad real- en Suiza y España para comprar, disfrutar y vender una vivienda de lujo en Palma evitando durante años el pago de impuestos en el país del que se benefició económicamente. Frente a ello, el empresario defiende su inocencia y apunta a la ausencia de indicios contra él pese a las pruebas recopiladas por las acusaciones y los fundamentos esgrimidos por los magistrados. En declaraciones a elDiario.es, asegura que la estructura societaria a través de la que adquirió y vendió el chalet era transparente y que el objetivo de la misma nunca fue eludir el pago de impuestos.

El empresario defiende su inocencia y apunta a la ausencia de indicios contra él. En declaraciones a elDiario.es, asegura que la estructura societaria a través de la que adquirió y vendió el chalet era transparente y que el objetivo de la misma nunca fue eludir el pago de impuestos

La resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico -y avanzada por Diario de Mallorca-, no lo considera así. Tal como recoge la sentencia, Hagg constituyó en 2007 una sociedad anónima en Suiza y su filial isleña bajo el nombre Protagas Mallorca, cuyo objetivo formal era la promoción inmobiliaria. El real, sin embargo, era otro. La intención del empresario, aseveran los magistrados de la Sección Primera, era utilizarla como un instrumento patrimonial al servicio de una operación concreta: comprar, disfrutar y vender una vivienda de lujo minimizando -y finalmente eludiendo- la tributación en España. Ese mismo año, el procesado contactó con un abogado mallorquín -quien también se sentó en el banquillo, aunque fue posteriormente absuelto- para que le ayudase a buscar el inmueble deseado, designándolo administrador único de la empresa española.

Hagg encontró la vivienda perfecta en Son Vida, símbolo del lujo residencial en la isla que, con sus más de 350 mansiones, rodeado de tres campos de golf y con dos hoteles de cinco estrellas en sus alrededores, se ha consolidado como uno de los enclaves más exclusivos de Mallorca: su interior lo conforman chalés blindados por la privacidad y la vigilancia permanente, la mayoría con vistas a la bahía, amplias parcelas, piscinas y jardines. Un anuncio publicado en un portal inmobiliario recordaba el pasado verano que la zona está considerada la 'Beverly Hills de Mallorca', donde el mercado inmobiliario se mueve en cifras millonarias y gran parte de las propiedades pertenecen a grandes fortunas extranjeras.

Hagg encontró la vivienda perfecta en Son Vida, símbolo del lujo residencial en Mallorca que, con sus más de 350 mansiones, rodeado de tres campos de golf y con dos hoteles de cinco estrellas en sus alrededores, se ha consolidado como uno de los enclaves más exclusivos de la isla

Gastos personales camuflados

El millonario alemán desembolsó por la vivienda 3,4 millones de euros y la incluyó como activo dentro de Protagas. La mansión, sin embargo, pasó a ser utilizada desde el primer día como residencia familiar, especialmente por parte de la esposa de Hagg y de su hijo, quien nació en Palma en 2008, cuando la familia ya vivía en el inmueble de forma continuada. La casa figuraba, además, como domicilio de referencia en operaciones bancarias y administrativas. La contabilidad de la mercantil revela que ésta fue utilizada como pantalla para camuflar como deducibles -y así poder desgravarlos- los gastos personales derivados de la mansión, incluidos los salarios del personal que trabajaba en ella, los relativos a la jardinería, los suministros, las amortizaciones de los coches de uso particular, los intereses de las hipotecas e incluso las multas de tráfico. También se sirvió de ella para eludir el pago de impuestos en España, siempre según la sentencia.

En este sentido, un perito de la Agencia Tributaria explicó durante el juicio, con base en la documentación analizada y especialmente a partir de un borrador de un préstamo participativo, que la intención de Hagg era comprar un inmueble en Mallorca y poner en marcha la constitución de la sociedad de la forma más rápida posible para evitar que la titularidad no fuera personal, sino de la mercantil.

Cinco años después, el procesado decidió vender el chalé. Lo hizo por seis millones de euros, una cantidad ostensiblemente superior al precio al que lo adquirió. Durante el proceso judicial, Hagg sostuvo que el inmueble había sido objeto de importantes reformas, valoradas en más de 570.000 euros, que justificarían parte del incremento de valor. Sin embargo, como apunta la resolución judicial, no hay rastro de facturas, licencias ni proyectos que acrediten tales trabajos; las supuestas reformas no constan en la contabilidad ni en las declaraciones fiscales y los informes periciales aportados por la defensa se basaban en fotografías no verificadas. La Audiencia concluye que el empresario alemán incrementó el precio de la venta en paralelo al del mercado inmobiliario de lujo en Mallorca y no debido a mejoras llevadas a cabo en la mansión.

El procesado decidió vender el chalet por seis millones de euros, una cantidad ostensiblemente superior al precio al que lo adquirió. Durante el proceso judicial, Hagg sostuvo que el inmueble había sido objeto de importantes reformas, valoradas en más de 570.000 euros, que justificarían parte del incremento de valor. La sentencia señala que no hay rastro de facturas, licencias ni proyectos que acrediten tales trabajos

En medio del proceso de venta, el administrador formal de Protagas Mallorca advierte una y otra vez de que hay que dotar de fondos la empresa para liquidar el impuesto de sociedades. Los correos electrónicos así lo acreditan. Pero el dinero finalmente fluye en otra dirección: tras deshacerse del inmueble, el beneficio millonario acaba en manos de Hagg. La sociedad queda vacía y sin fondos para cumplir con sus obligaciones con Hacienda. El tribunal considera acreditado que no se trató de un error ni de una omisión administrativa, sino de una decisión consciente, adoptada, en un claro ánimo defraudatorio, por quien tenía el control efectivo de la operación para no tributar en España, el país donde se generó la plusvalía millonaria y del que se benefició económicamente.

El administrador formal de Protagas Mallorca adviertió una y otra vez a Hagg de que había que dotar de fondos a su empresa para liquidar el impuesto de sociedades. Pero el dinero finalmente fluyó en otra dirección: tras deshacerse del inmueble, el beneficio millonario acabó en manos del empresario alemán

Videoconferencia desde Dubai

El pasado mes de julio, fecha en la que tuvo lugar el juicio por estos hechos, Hagg declara por videoconferencia desde Dubai. Asegura que el régimen jurídico de Emiratos Árabes -y una disputa interna con su exmujer- le impide abandonar el país para afrontar el proceso en persona. Sobre la compraventa, insiste en varias ocasiones en que no hablaba español, que todo lo llevaban sus abogados y que en ningún momento dio instrucciones para no liquidar los impuestos generados por la plusvalía de la venta, dado que, según alega, el abogado con el que contactó inicialmente y administrador de Protagas Mallorca no le había informado debidamente de sus obligaciones fiscales.

Por su parte, el administrador alegó que Hagg le había pedido que “llevara el papeleo” en España para adquirir un inmueble en Mallorca. Según explicó, con la venta de la mansión se generó una plusvalía de 2,1 millones de euros por los que debía liquidarse el impuesto de sociedades del ejercicio 2012. Sin embargo, explicó que no podía realizarse el pago porque no había fondos en la sociedad y, según aseguró, el empresario alemán estaba disconforme con la cuota a pagar. El letrado recordó que había reclamado en varias ocasiones a Hagg que aportara los fondos necesarios dado que, aunque él había recibido poderes para operar con los bancos, no le correspondía la decisión de pagar el tributo. Al no recibir el dinero, renunció finalmente a su cargo de administrador único.

En su sentencia, la Audiencia subraya que su conducta fue la de un gestor que actuó bajo las órdenes y los límites impuestos por el empresario, incidiendo en que no tuvo el “dominio funcional del hecho”, ya que las decisiones estratégicas -compra, financiación, venta del inmueble y vaciamiento de la sociedad tras la operación- fueron adoptadas por Hagg. En este contexto, descarta que concurriese en él el elemento esencial del delito fiscal: el dolo. Por ese motivo, y tras retirar la Abogacía del Estado, el abogado fue finalmente absuelto.

Por su parte, tras ponerse elDiario.es en contacto con Hagg, el empresario -quien responde en alemán vía email- lamenta que este procedimiento judicial se haya prolongado durante más de trece años, lo que, con independencia de su resultado, asevera que le ha provocado “importantes cargas personales y profesionales” y “un grave perjuicio reputacional”. Asimismo, hace hincapié en que la sentencia de la Audiencia Provincial no es firme y contra la misma ya ha interpuesto el recurso pertinente. Añade, incluso, que “solo puede hablarse de una 'condena' penal cuando una resolución es firme” -a pesar de que sí existe una sentencia condenatoria contra él, aunque aún no haya adquirido firmeza- y que, hasta entonces -decida el Supremo confirmar la resolución o revocarla-, “rige sin restricción alguna la presunción de inocencia”.

Hagg: “Confío en el sistema jurídico español”

El empresario se muestra “convencido” de que la revisión del caso “aclarará estos puntos de manera exhaustiva, objetiva y exclusivamente sobre la base de hechos demostrables”. “Confío en el sistema jurídico español y en que las decisiones judiciales se basen únicamente en hechos acreditados, pruebas documentadas y documentación verificable, y no en conjeturas, insinuaciones, suposiciones, rumores o atribuciones interpretativas”, añade.

Sobre el fondo de los hechos, considera “incomprensible” cómo “una persona sin cargo orgánico, sin competencias operativas, sin facultades de disposición y sin responsabilidad fiscal puede ser llamada a rendir cuentas” y no “el verdadero responsable de las decisiones ha sido absuelto en su totalidad”, en alusión al abogado exonerado y en contra del criterio de la Audiencia. “Una constelación de este tipo no puede ni debe constituir una base sostenible en un sistema jurídico regido por el Estado de derecho”, insiste.

“En ningún momento tuve un cargo orgánico, ni funciones de dirección o administración, ni facultades operativas, bancarias o fiscales de disposición. No tenía facultad de firma ni poder de disposición sobre cuentas, no emití órdenes de pago, no celebré contratos, no firmé balances y no presenté ni promoví declaraciones fiscales de ningún tipo”, añade en su correo, en línea de lo que ya argumentó ante el tribunal, que, en su resolución, deja claro que el uso de un administrador formal y de poderes notariales no desvirtúa su responsabilidad penal y recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “no es necesario ser un experto tributarista, ni diseñar personalmente la operación, ni conocer en sus detalles los recovecos o reglas de la retorcida fórmula jurídica puesta al servicio del fraude”.

En ningún momento tuve un cargo orgánico, ni funciones de dirección o administración, ni facultades operativas, bancarias o fiscales de disposición. No tenía facultad de firma ni poder de disposición sobre cuentas, no emití órdenes de pago, no celebré contratos, no firmé balances y no presenté ni promoví declaraciones fiscales de ningún tipo

Carsten Hagg — Empresario alemán

“El dominio de hecho funcional lo tenía claramente [Hagg], con independencia de que 'usara' [al administrador de la mercantil] para la firma de contratos y escrituras en España”, aseveran en este sentido los magistrados.

En su correo, el empresario insiste en que “en ningún momento” fue propietario directo de la sociedad española, participada por una sociedad extranjera. “Hasta la fecha, además, ni siquiera se ha determinado ni acreditado jurídicamente, ni de forma aproximada, en qué porcentaje concreto yo debía haber participado en esa sociedad extranjera en el momento relevante. La imputación de responsabilidad personal sin una prueba sólida de la correspondiente cuota de participación constituye un punto central de controversia jurídica, que ahora es objeto de los recursos interpuestos”, insiste en alegar, negando que en ningún momento se creó una “estructura compleja, encubridora o intransparente”. “La estructura estaba concebida de forma abierta, comprensible y transparente. En ningún momento se trató de ocultar activos, difuminar competencias o esconder circunstancias fiscales”.

Según asegura, dado que no domina el español y debido a su “ausencia de presencia operativa, privada y fiscal en España”, fue “imprescindible” designar para la sociedad “a una persona responsable a nivel local” a quien “se procuró conscientemente transferir todas las tareas jurídicas, fiscales y administrativas -incluida la estructuración fiscal y la comunicación con autoridades y bancos-”, recriminando que, a pesar de que este administrador adoptó “todas las decisiones operativas, jurídicas y fiscales”, fue “absuelto plenamente en el procedimiento”.

En contra del criterio de la Audiencia, Hagg asegura que, dado que no domina el español y debido a su 'ausencia de presencia operativa, privada y fiscal en España', fue 'imprescindible' designar para la sociedad 'a una persona responsable a nivel local', recriminando que, a pesar de que ese administrador adoptó 'todas las decisiones operativas, jurídicas y fiscales', fue 'absuelto plenamente en el procedimiento'

Hagg sostiene que, aunque existía un contrato de compraventa formalmente cerrado, solo se llegó a pagar alrededor del 30% del precio pactado, una discrepancia que considera clave para valorar correctamente la operación y que, a su juicio, deberá aclararse en la revisión judicial en curso. Asimismo, asegura que, de forma paralela, aportó un importante depósito en efectivo que nunca le fue abonado y que sigue retenido en el banco y que, según los cálculos fiscales del propio administrador, habría sido suficiente para cubrir cualquier obligación tributaria si se hubiera utilizado correctamente. “Estoy convencido de que la revisión jurídica actualmente pendiente aclarará estos puntos de manera exhaustiva, objetiva y exclusivamente sobre la base de hechos demostrables”, sentencia.

Trece años después de la venta de la mansión de Son Vida, el caso resume una realidad que ha generado la preocupación de ciudadanos y entidades sociales: capital internacional, sociedades interpuestas y beneficios que no llegan a las arcas públicas. Mientras Hagg defiende su inocencia y espera que los tribunales superiores revisen la condena, la Audiencia ya ha dejado su conclusión por escrito. Con una advertencia implícita: el lujo, la distancia geográfica o la sofisticación jurídica no eximen de contribuir allí donde se obtiene el beneficio.

Pueden repetirlo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su estruendoso coro mediático e incluso él mismo ante el Tribunal Supremo. Y seguirá sin ser cierto. Alberto González Amador no es un “ciudadano particular”. Su periplo de año y medio por los juzgados y el tratamiento de algunos medios de comunicación han demostrado que está en las antípodas de eso.

Exactamente, desde el 26 de mayo de 2021, cuando la revista Lecturas anunció el noviazgo con un reportaje fotográfico en Ibiza y el locutor Federico Jiménez Losantos confirmó en Esradio que la relación llevaba meses. Losantos, poco sospechoso de alentar campañas contra Ayuso, reconoció algo más: la fuente de su información era la propia presidenta madrileña. El audio todavía puede escucharse aquí.

Las parejas de los presidentes, ministros y altos cargos, de diputados, senadores y líderes de partidos en España, más en el caso de que convivan, se consideran Personas Políticamente Expuestas (PEP), una figura sometida a controles financieros especiales, tanto en sus movimientos bancarios, compras de inmuebles, transferencias... Todas esas operaciones deben ser monitorizadas por los bancos que están obligados a aplicar una Diligencia Debida Reforzada (DDR). Traducido al castellano: incluso gestiones sencillas como hacer una transferencia al extranjero, comprar una casa o efectuar una donación a un familiar están vigiladas y requieren la aprobación de la alta dirección del banco, obligado a indagar en el origen de los fondos. En caso de movimientos sospechosos, las entidades están obligadas a avisar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Alberto González Amador desde que convive con Ayuso no es un ciudadano particular, sino una Persona Políticamente Expuesta.

Como todos los cargos públicos, la presidenta de Madrid tenía la obligación de comunicar a los bancos y entidades financieras la identidad de la persona con la que convive a través de una declaración jurada. Lo dice la regulación: “cónyuges, familiares cercanos (hasta el segundo grado) y convivientes”. Ni Ayuso ni su equipo de comunicación han explicado nunca si cumplieron con ese trámite. La condición de Persona Políticamente Expuesta que debió adquirir su pareja en el momento en que empezaron a convivir casa mal con las sociedades en Panamá, en Florida y algunas transacciones que González Amador ha realizado en los últimos años. Los bancos y el servicio antiblanqueo suelen estar encima de ese tipo de operaciones.

Pero más allá de eso, ¿es defendible que esté la pareja de un presidente vigilada por los bancos y no por el periodismo? En el universo Ayuso, una parte de los medios defienden que así es. Que no hay nada que mirar en los negocios de González Amador con Quirón, el principal adjudicatario de la Comunidad de Madrid, de la que ha recibido pagos por 5.000 millones de euros desde 2021. Lo escriben editorialistas y lo repiten locutores de radio y presentadoras de televisión por las mañanas.

No es el caso de elDiario.es. Gracias a las investigaciones de esta redacción, hoy sabemos que, lejos de ser aquel “técnico sanitario” que trató de presentarnos el eficaz aparato propagandístico de la Comunidad de Madrid, González Amador es un comisionista que se hizo con dos millones de euros gracias a una empresa donde estaba de consejero Fernando Camino, su jefe en Quirón, que es el mismo grupo sanitario al que Isabel Díaz Ayuso ha pagado en los últimos cuatro años, el doble de lo presupuestado.

Hoy sabemos también que en 2023, antes de que este medio destapase el escándalo del fraude fiscal, las facturas falsas y las empresas pantallas, Quirón y González Amador trataron de camuflar su relación construyendo una identidad falsa: Alberto Burnet González para que pudiera operar dentro del grupo. Y que todavía hoy, pese a estar imputado por corrupción en los negocios por pagar 500.000 euros a la esposa de su jefe en Quirón a cambio de una empresa sin empleados, infraestructura ni apenas facturación, González Amador figura en la intranet del gigante sanitario como Director de Proyectos. Pese a todo lo anterior tampoco se le aplica el código ético de la compañía.

Ni siquiera el Tribunal Supremo, en la controvertida sentencia que condenó sin pruebas directas al fiscal general de haber filtrado la confesión del doble delito fiscal de González Amador, ha comprado la tesis del ciudadano particular en su fallo: “Estamos no ante un estricto ciudadano anónimo, sino ante un personaje con notoriedad pública, aunque sea a su pesar”.

Tampoco es cierto que a Alberto González Amador le preocupen todas las filtraciones. Unas, como la publicación del correo en el que su abogado confesaba en su nombre un doble fraude fiscal, las denuncia en los tribunales. Otras las utiliza a conveniencia en las demandas que presenta. El juicio en el Supremo ha evidenciado que el primer correo que se publicó lo filtró el propio González Amador, a través del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, a El Mundo, el diario que llevó a su portada una noticia falsa que partía de la manipulación de la cadena de mails entre la pareja de Ayuso y el fiscal.

El Colegio de Abogados de Madrid, que puso el grito en el cielo y presentó una denuncia al ver en algunos medios el mail de la confesión de los delitos, no ha tomado ninguna medida contra el letrado de González Amador Carlos Neira, quien facilitó una parte de sus comunicaciones con la Fiscalía, entre ellas el correo que acabó publicado en El Mundo. Es el mismo Colegio Oficial de Abogados que protestó airadamente por la quiebra de confianza que supone airear las conversaciones entre el Ministerio Público y un letrado y apeló a la vulneración del protocolo firmado con la Fiscalía para las conformidades. Diferentes medios de comunicación han preguntado al colegio profesional si había adoptado alguna medida disciplinaria contra el abogado Carlos Neira por romper ese protocolo. No hay noticias de que lo haya hecho, pero ha aparecido alineado como acusación con la pareja de la presidenta y su abogado llegó a formular preguntas dictadas por el letrado de González Amador durante el juicio.

Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid y de cuyo departamento salió una filtración antes de que el correo de la confesión de González Amador llegase a manos de García Ortiz, se quejó en su día de que el Colegio de Abogados no expedientará a su colegiado tras la filtración original que dio lugar a esta causa. Tampoco porfió en ello a lo largo del procedimiento judicial.

Ahora se sabe que el mismo día que el Colegio Oficial de Abogados de Madrid mantuvo la acusación y pidió cárcel contra el fiscal general, la Comunidad de Madrid autorizaba al Colegio de Abogados de Madrid para convertirse en centro universitario, con el lucrativo negocio que supone. El proceso llevaba varios años en marcha, pero se cerró el mismo día que el juicio al fiscal general quedó visto para sentencia. La publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid puede revisarse aquí.

El triángulo se cierra así: la Comunidad de Madrid que preside Ayuso permite al Colegio de Abogados un centro universitario el 14 de noviembre, justo el día en que el mismo colegio profesional ratificaba en su escrito de conclusiones la acusación contra el fiscal general durante la última jornada del juicio. La semana siguiente, ese mismo colegio profesional celebra un curso por el que paga 90 euros por hora a tres miembros del mismo Tribunal ante el que ejercieron de acusación.

El Colegio Oficial de Abogados se ha visto obligado a sacar un comunicado para defender que su posición en el juicio contra el fiscal general del lado de la pareja de Ayuso nada tenía que ver con el centro universitario que la presidenta de Madrid le acababa de conceder.

Por si faltaban indicios sobre si González Amador opera realmente como un ciudadano particular, ahí va otra pista. El novio de Ayuso y su abogado Gabriel Rodríguez Ramos han venido utilizando para sus denuncias material reservado que solo tenía la policía y que también es secreto. Solo así puede entenderse que en una demanda figuren atestados policiales sobre las identificaciones que la escolta de la presidenta realizó en las inmediaciones de su vivienda a periodistas que trataban de averiguar en cuántos pisos vivía la pareja. ¿Cómo llegaron esos datos personales reservados de la policía a la demanda de un supuesto ciudadano particular? Es una vulneración de la protección de datos muy grave por la que nadie ha respondido todavía.

Alberto González Amador tampoco era un desconocido para una parte del Tribunal Supremo que juzgó su denuncia. El abogado que contrató, Gabriel Rodríguez Ramos -hijo del reputado penalista Luis Rodríguez Ramos y empleado en el bufete familiar- había estado preparando su tesis con Antonio del Moral, uno de los cinco magistrados que acabó condenando en la polémica sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Fuentes cercanas al bufete admiten que fue Rodríguez Ramos padre quien pidió al magistrado dirigir la tesis de su hijo. Así que el mismo día que el letrado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, leyó la tesis donde agradecía a su mentor, Antonio Del Moral, la “sabia guía” durante los años de investigación, la Sala del Supremo, en la que estaba el propio Del Moral, abría una causa contra la sexta autoridad del Estado por revelación de secretos, tras una denuncia del propio Rodríguez Ramos.

Del Moral fue además la persona que dirigió el curso pagado por el Colegio de Abogados de Madrid al que acudieron él mismo y otros dos magistrados, el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, y Juan Ramón Berdugo, en medio de la deliberación de un caso que tenía entre las acusaciones particulares, del lado de González Amador, al propio Colegio de Abogados.

Berdugo, Del Moral y Arrieta firmaron los votos a favor de la condena al fiscal general, junto a Manuel Marchena, el magistrado que, según el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, había que aupar a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo para “controlar desde atrás” la sala segunda, precisamente la que ha juzgado a García Ortiz y por la que pasan la gran mayoría de casos de corrupción. La quinta magistrada que se posicionó del lado de la condena, Carmen Lamela, también fue aupada al más alto tribunal del país por la mayoría del PP, que ha hecho de este sumario una causa general contra el propio presidente del Gobierno.

¿Explica esa maraña de relaciones que el muy particular ciudadano Alberto González Amador, que comparecía como testigo, dispusiese de un alegato final ante el Tribunal Supremo donde se permitió decir que la situación en la que estaba solo le dejaba dos salidas: suicidarse o huir de España (donde sigue acusado por la Justicia en dos procedimientos sobre delitos graves)? El presidente del tribunal, Martínez Arrieta, permitió al testigo soltar su discurso y lo más que hizo fue replicar con una ironía: “Le recomiendo consultarlo con su abogado”.

Es el mismo magistrado que consideró una amenaza, y así lo hizo saber desde la presidencia del tribunal, el dilema profesional sobre revelar la fuente (y quebrar la primera obligación del oficio, junto a decir la verdad) o permitir la condena de un inocente.

Si alguien cree que a un ciudadano particular se le permiten alegatos de este tipo en el Tribunal Supremo, sirva un consejo de los antiguos concursos de televisión: “No lo intenten en sus casas”. Quien tenga interés en comprobarlo, puede consultar los vídeos del juicio al procés y los interrogatorios del propio Marchena a los testigos independentistas.

Pero la evidencia más clamorosa de que González Amador no es un ciudadano particular fue la actuación de la Comunidad de Madrid desde que estalló el escándalo de sus comisiones millonarias y su fraude fiscal. El primer día, la presidenta trató de convertir una rutinaria investigación de Hacienda que derivó en denuncia, como hay miles, en una operación de “todos los poderes del Estado contra ella”. Y de acuerdo con semejante diagnóstico, puso a trabajar en su defensa a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, un alto cargo de la Administración con un sueldo público de 100.989 euros.

Rodríguez puso en marcha una campaña de intoxicación basada en mentiras, como él mismo tuvo que admitir en el Supremo, utilizando a medios de comunicación bajo su influencia, empezando por Telemadrid y una decena de diarios y radios que publicaron sus inventos sin ningún contraste.

Tras año y medio de ruido y muchísima propaganda, hoy sabemos que González Amador está procesado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental y que en otra causa separada se le investiga por cohecho y corrupción en los negocios. Le hemos visto acudir a los juzgados con peluca y utilizar un alias, Alberto Burnet, para operar con un cargo directivo en el grupo sanitario al que su pareja ha repartido 5.000 millones de euros en el último lustro.

En todo este tiempo ha tenido a su servicio al aparato de la Comunidad de Madrid, al Colegio de Abogados de Madrid y a distintas asociaciones ultras que se personaron como acusaciones en el delito de revelación de secretos. También ha usado en sus demandas información reservada en poder de la policía sobre identificaciones de la escolta de Ayuso a periodistas.

Mientras, Miguel Ángel Rodríguez y la presidenta de Madrid siguen intentando defender que es “un ciudadano particular”. Y un sector de la prensa que financian le sigue comprando la mercancía.

La condena de Álvaro García Ortiz pondrá rumbo al Tribunal Constitucional en las próximas semanas. El ex fiscal general se apoyará en el voto particular de las dos magistradas discrepantes para recurrir en amparo la sentencia que le culpa de la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, lo que abre un escenario diferente: un nuevo debate en un Constitucional dividido con un voto particular firmado por dos magistradas cuyo criterio se ha terminado imponiendo en casos como los ERE de Andalucía o la condena a Alberto Rodríguez.

La Abogacía del Estado tiene previsto poner en marcha cuanto antes la maquinaria necesaria para acudir al Constitucional. Primero tendrán que interponer un incidente de nulidad –con pocas probabilidades de éxito y con menos margen de acción que un recurso normal– ante la misma Sala de lo Penal que le ha condenado. Después ya podrán llevar sus reclamaciones al tribunal de garantías.

Los servicios jurídicos del Estado, que han defendido a García Ortiz en el proceso, siguen examinando una sentencia y un voto particular que suman más de 200 folios, pero fuentes del caso invitan a analizar todas las quejas que tanto la Abogacía como la Fiscalía han presentado ante el Supremo en el último año, en fase de instrucción con el juez Ángel Hurtado y durante el juicio ante la Sala de lo Penal.

Muchas de esas quejas arrancaron durante la investigación y ahora son pilares maestros de la condena de dos años de inhabilitación impuesta al ex fiscal general. Por ejemplo, la decisión de Hurtado de considerar delictiva la nota de prensa de la Fiscalía en contra del criterio de la sala de admisiones. O los registros ordenados por el juez y llevados a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de donde salieron las pruebas clave para la acusación. También la decisión del tribunal de entender que García Ortiz o su “entorno” filtraron el correo a la prensa, aunque ese “entorno” –sus colaboradores más cercanos– haya declarado en el caso sin que nadie, sino él, haya sido juzgado.

Los argumentos quedarán plasmados en un recurso que todavía tiene semanas por delante antes de ser terminado e interpuesto. Pero el previsible viaje del caso al Tribunal Constitucional anticipa un escenario que ya se ha vivido varias veces en los últimos años: casos penales de gran relevancia pública y política que no fueron sentenciados por unanimidad en el Supremo y que se zanjan con un correctivo en el Constitucional, también sin unanimidad.

El principal apoyo del futuro recurso de García Ortiz contra su condena será el voto particular que han firmado dos magistradas progresistas del Supremo: Susana Polo y Ana Ferrer. Un voto discrepante que cuenta con un primer aspecto relevante desde la firma: Polo fue la ponente del auto que en octubre de 2024 decidió abrir la causa contra él. Y defiende, como máxima responsable de esa decisión y en contra de sus cinco compañeros, que el Supremo descartó entonces que hubiera delito en la nota de prensa por la que ahora es condenado.

El voto particular de estas dos magistradas rebate los puntos principales de la sentencia condenatoria. Desde la falta de pruebas y concreción de sus compañeros para atribuir la filtración a García Ortiz o un “entorno” inconcluso hasta las “muchas personas” que tuvieron acceso al correo antes que él pasando por la mayor importancia que da a los periodistas que testificaron en el juicio. Sin pasar por alto el hecho, como sí hace la sentencia, de tener en cuenta que el primero en difundir correos confidenciales de su caso fue el propio González Amador.

Dos magistradas discrepantes

En el Tribunal Supremo consideran que el relato de hechos probados corta el paso a que el Tribunal Constitucional pueda anular o matizar su sentencia sin entrar en terreno vedado y sin tener que comportarse como una segunda instancia penal para una sentencia que ya es firme. Un razonamiento extensible a cualquier sentencia de cualquier tribunal que aspira a que sus resoluciones sean confirmadas por instancias superiores o en amparo.

La publicación de la sentencia que condena al entonces fiscal general del Estado consagra esa causa especial como una de las más polémicas de la historia del Supremo. Desde el voto particular de uno de los magistrados de la Sala de Apelaciones –que entendió que la causa ni siquiera merecía llegar a juicio– hasta el voto también discrepante de dos magistradas que apuestan por la absolución. La nota habitual en un Tribunal Supremo que hace tiempo que dejó atrás la unanimidad del procés, dando paso a la división en casos como los ERE de Andalucía, la condena a Alberto Rodríguez o la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, entre otros.

Algunos de esos casos han terminado con sentencias del Constitucional que han cuestionado decisiones del Tribunal Supremo y varias tenían un punto en común: votos particulares de Polo y Ferrer contra las condenas. Sucedió en el caso de los ERE de Andalucía, cuando la mayoría progresista del pleno anuló buena parte de las condenas de los políticos andaluces, y sucedió en el caso de Alberto Rodríguez, cuando la queja de Susana Polo y Javier Hernández sobre la desproporción de la condena que le dejó sin escaño también prosperó.

El caso llegará al Tribunal Constitucional en un momento delicado para la institución. Tanto por la constante campaña de desacreditación lanzada por la derecha y extrema derecha de PP y Vox desde que la corte cuenta con una mayoría progresista de magistrados como por la próxima renovación de una parte de sus magistrados.

El Senado tiene pendiente poner en marcha el proceso para renovar a los cuatro magistrados que dependen de su criterio, entre ellos el propio Cándido Conde-Pumpido, que tiene por costumbre apartarse de causas que afectan a sus antiguos subordinados como fiscal general, entre los que se incluye García Ortiz. La posible renovación de un tercio de los magistrados, en la que por el momento no hay visos ni de negociación entre partidos, que se solapará con la tramitación de las alegaciones de García Ortiz contra la condena que le sacó de la Fiscalía General del Estado.

Este es el primer episodio de una pequeña serie de tres entregas donde ponemos en orden la que ha sido la gran historia política del año: el caso del fiscal general del Estado tras el fraude de la pareja de Ayuso. Tendremos tiempo de analizar los argumentos que el Tribunal Supremo ha considerado oportunos para condenarle… pero en esta serie huimos de la última hora para entender las cosas desde el principio. Porque solo entendiendo el principio, comprenderemos el final.

Nos remontamos al inicio de la investigación por parte de las técnicos de Hacienda: mayo de 2022. También, a la publicación de la exclusiva de elDiario.es el 6 de marzo de 2024. Con este titular: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. Ese día no solo desvelamos el qué, también el cómo. Repasamos, con sonido de archivo de Un tema Al día y con las voces de Ignacio Escolar, José Precedo, Pedro Águeda y Marcos Pinheiro, las claves del fraude de Alberto González Amador. 

La trama tiene un esquema bastante claro, con un informe de Hacienda que acredita facturas falsas, empresas pantalla y engaños a la Agencia Tributaria. Ante esto, hay una reacción decidida de Isabel Díaz Ayuso. Para defender a ese ciudadano anónimo, ese particular que no es nadie, en ese momento ya se ha puesto en marcha una operación en la que se acabaran embarcados el Partido Popular, varios medios de comunicación, Vox y Hazte Oír, liderados por el jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid: Miguel Ángel Rodríguez. Es lo que contaremos en la segunda entrada de este serial. 

***

Si te gusta este podcast, necesitamos tu apoyo. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/unsocioaldia

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a Álvaro García Ortiz tiene un trasfondo que va mucho más allá de lo jurídico. Los magistrados han constatado que Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, difundió una versión “absolutamente falsa” de la actuación de la Fiscalía en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pero concluyen que el Ministerio Público se excedió con el comunicado que usó para responder a ese bulo. El resultado, en uno de los casos de más alto voltaje político de la historia reciente, es la inhabilitación del fiscal general frente a un breve e inocuo tirón de orejas para el cargo público cuyas mentiras desencadenaron la causa.

La resolución que el Supremo hizo pública este martes menciona de pasada, en sus hechos probados, el papel que Miguel Ángel Rodríguez jugó en todo el caso. Un actor protagonista disfrazado de personaje secundario. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid difundió un bulo “sin otro fundamento que una especulación gratuita”. Más adelante, a lo largo de 180 páginas de sentencia, añade adjetivos a la versión que movió entre los medios: “Absolutamente falsa e infundada” o “fantasiosa e inexistente”, entre otros.

Los calificativos que emplea el Supremo para definir la acción institucional de uno de los más altos cargos de la Comunidad de Madrid no han traspasado la armadura de Miguel Ángel Rodríguez, curtido en mil batallas de la comunicación política desde sus tiempos a la diestra de José María Aznar. El Supremo no dice nada más ofensivo que lo que él mismo sentenció sobre sí mismo: “No tengo ninguna fuente”, afirmó tajante desafiante en el juicio cuando le preguntaron por el bulo. Incluso guardaba una mentira inédita para sus señorías: que Hacienda no había permitido a González Amador cerrar con un pacto su caso de fraude fiscal.

La sentencia pasa por encima del bulo y omite su contexto real y político del momento. Lejos de ser una afirmación “fantasiosa”, la mentira que Miguel Ángel Rodríguez alumbró ante decenas de periodistas era una pieza clave en su estrategia. El plan de defensa de su jefa y su pareja que él —cargo público de la Comunidad de Madrid– había asumido en primera persona para hacer frente a las exclusivas de elDiario.es.

En la tarde y la noche del 13 de marzo de 2024, Miguel Ángel Rodríguez empezó a explicar a los periodistas que el fiscal del caso, Julián Salto, había ofrecido un pacto a Alberto González Amador. Un acuerdo de los que no implican la entrada en prisión y sí una solución silenciosa al caso, a salvo de periodistas y de la opinión pública en los inaccesibles archivos de un juzgado de lo penal cualquiera. Todo ese secretismo había quedado abortado por “órdenes de arriba”. De la cúpula de la Fiscalía, decidida a arrastrar a la pareja de Ayuso por el barrio de un largo y público proceso penal.

El Supremo califica este bulo –que muchos medios ofrecieron como verdad en sus páginas– como una “especulación gratuita”, pero el mensaje que Rodríguez envió a decenas de medios ocultando que era un invento y no una noticia está lejos de ser gratuito. Un día y medio antes, elDiario.es había revelado que González Amador había sido denunciado por defraudar 350.000 euros usando facturas falsas y empresas pantalla y la presidenta madrileña se enfrentaba a un torrente político del que intentaba salir airosa con ese mismo mensaje: que ella y su pareja eran víctimas de un complot del Estado.

“Sánchez busca mi destrucción personal”, fue la primera reacción oficial de Isabel Díaz Ayuso a las informaciones de elDiario.es. Otras respuestas fueron cuestionar a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por haber sido alto cargo de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El bulo de su jefe de gabinete, diligentemente difundido por medios afines en la noche del 13 de marzo, no era una ocurrencia: era el intento de condicionar el debate político horas antes de que Ayuso compareciera, por primera vez desde que elDiario.es destapó el escándalo, ante la oposición en la Asamblea de Madrid.

Objetivo: desacreditar a la Fiscalía

La afirmación que Miguel Ángel Rodríguez hizo por escrito ante decenas de periodistas era una mentira desde todos los puntos de vista. Hasta entonces, de hecho, el comisionista había recibido un trato exquisito de la Fiscalía a través de su abogado Carlos Neira, experto en conformidades penales poco ruidosas de fraude fiscal. Pero la realidad que ocultaba el bulo era una bomba de relojería para Ayuso: mientras ella y el PP aseguraban que era víctima de una confabulación del Estado, su pareja reconocía sus delitos por escrito.

El objetivo de Miguel Ángel Rodríguez fue descrito en fase de instrucción por Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación con Pedro Sánchez: “Es evidente que Miguel Ángel Rodríguez, y esto es política, lo que pretendía es crear un determinado marco para condicionar la sesión de control en Madrid del día siguiente”. La sentencia del Supremo constata que la mentira del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha salido victoriosa en su duelo con el desmentido que la Fiscalía emitió un día después.

Los jueces conceden que la magnitud de la mentira que se estaba difundiendo justificaba el interés del fiscal general esa noche de marzo. “Resultaba totalmente justificado que el fiscal general del Estado, utilizando un conducto ordinario, recabase información sobre el asunto”, dice la sentencia. Que él y sus colaboradores sacaran al fiscal Julián Salto de un partido de fútbol para pedirle los correos que había cruzado con el abogado Neira en los últimos meses. Pero que él o alguien de su “entorno” filtrara el email y que la Fiscalía sacara un comunicado con los datos reales del caso está por encima del listón que estableció el propio Rodríguez esa noche.

“Informar a la opinión pública no es terciar en polémicas mediáticas asumiendo el sacrificio de los derechos que asisten a quien comunica al Fiscal su voluntad de llegar a un acuerdo de conformidad”, dice el Supremo. Explicar que la única oferta de pacto de ese caso de fraude fiscal corría a cuenta del propio González Amador era información “basada en documentos manifiestamente prescindibles” para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez.

El Supremo no entra –no tiene que hacerlo– en explicar cuál habría sido la opción correcta para desmentir el bulo de Rodríguez y las informaciones falsas que se publicaban a esas horas en diversos medios. “No eran necesarios los correos para negar públicamente que hubiera dado órdenes para que no se llegara a una conformidad en el asunto del Sr. González Amador”.

Una estrategia para “defender la reputación” de Ayuso

El voto particular de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer dan un papel más relevante a Miguel Ángel Rodríguez con aspectos que la sentencia mayoritaria omite: González Amador estaba “en el centro de la estrategia informativa que Rodríguez desarrolló”, dicen estas juezas, con un objetivo: “Defender la reputación de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”.

Esa “estrategia” que sí mencionan las magistradas discrepantes va mucho más allá de lo que describe la sentencia: Miguel Ángel Rodríguez amenazó a una periodista de elDiario.es con “cerrar” y “triturar” el periódico por destapar el caso y ha llegado a afirmar que dos trabajadores de elDiario.es intentaron colarse encapuchados en casa de la presidenta madrileña. Los siete magistrados, tanto los que condenan como las que piden la absolución, asistieron impasibles a cómo el jefe de gabinete de Ayuso acusaba a elDiario.es de mentir e inventar pocas horas antes de que la Justicia confirmara que González Amador será juzgado por fraude fiscal en los términos exactos destapados por este periódico.

El objetivo de Miguel Ángel Rodríguez, político y mediático, era proteger a Ayuso y coger la sartén del relato por el mango y la sentencia del Supremo constata su triunfo en ese sentido: el comunicado de la Fiscalía exponiendo la verdad del caso fue un delito frente al bulo impune del político y sus medios afines. El Ministerio Público no combatía en igualdad de condiciones. Para el tribunal, todo era una “polémica mediática” y la Fiscalía no podía acudir a un documento del caso para desmentir un bulo que atribuía una actuación claramente delictiva a la cúpula del organismo.

Los caminos del relato y de la realidad judicial en torno a González Amador siguen discurriendo en paralelo –a veces en direcciones opuestas– con una sentencia que constata la derrota del fiscal general ante el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Álvaro García Ortiz ha sido condenado, inhabilitado, multado y está a la espera de saber si, además, es expulsado de por vida de la carrera fiscal en la que, reconoce el Supremo, ha trabajado durante casi 30 años con “brillantez y dedicación”. Miguel Ángel Rodríguez sigue siendo uno de los más altos cargos públicos de la Comunidad de Madrid y sus mentiras solo aumentan su valor político en el PP, mientras constata que sus bulos, lejos de tener consecuencias, tienen premio.

El Tribunal Supremo responde en su sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la queja de la defensa de la pareja de Ayuso con respecto a que se ha visto mermada su posibilidad de defensa cuando se siente en el banquillo por fraude fiscal y falsificación de documentos. “Los jueces serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido”, argumentan, en referencia al correo del abogado del empresario en el que confesaba dos delitos fiscales.

El Supremo replica que “es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho”. Aunque reprochan que el contenido “nunca debió hacerse público”, los magistrados “saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”, continúan. Y, si fuese de otra forma, “tendrá la defensa medios para impugnar las decisiones que contradigan esa premisa”: “Si el proceso no se ajusta a las reglas de un juicio justo, allí deberá denunciarlo”.

Así, la sentencia argumenta que no hay motivo para dudar “sobre la profesionalidad” de ningún magistrado y su capacidad para atenerse “estricta y exclusivamente a las pruebas practicadas ante su presencia con todas las garantías”. “Cualquier juez o tribunal comprende con facilidad que no puede valorar en un proceso penal unas conversaciones confidenciales encaminadas a una conformidad cuando no se llega a un acuerdo”, añaden.

Rechazan que no se llegara a un pacto de conformidad por el hecho de que se hiciera público que González Amador estaba dispuesto a reconocer esos delitos, sino que parece obedecer“ más a la necesidad de contar con el consentimiento de todas las partes que a la difusión del mail o a ”unas fantasiosas e inexistentes órdenes de abortarlo“, como afirma el entorno de Ayuso, encabezado por Miguel Ángel Rodríguez.

La defensa del empresario alegaba que se había perjudicado de forma “irremediable e irreversible” a su derecho y posibilidad de defensa en ese procedimiento, que todavía no tiene fecha, así como a su derecho a la presunción de inocencia y, en último término, de su derecho a un proceso justo. Los magistrados del Supremo entienden que esta formulación se hizo “con tintes seguramente exageradamente tremendistas, aunque entendibles desde su posición de acusación y sus intereses”.

Pese a todo, el tribunal estima que “alguna cuota en esos perjuicios puede atribuirse a esa desafortunada difusión del 'email'” e impone al ahora ya ex fiscal general del Estado la obligación de indemnizar al empresario con 10.000 euros.