La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido al juez que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y ha autorizado que la Unidad Central Operativa (UCO) acceda no solo a sus datos bancarios sino a toda su información financiera para investigar si ejecutó un “soborno”, como dice la Fiscalía, a un directivo del Grupo Quirón. Los jueces toman esta decisión tras estimar un recurso de la Fiscalía al que ni siquiera la defensa del propio Alberto González Amador se había opuesto tras la petición de la propia unidad de élite de la Guardia Civil.

El juez Antonio Viejo asumió la doble investigación contra el comisionista sanitario después de la jubilación de la anterior titular del juzgado. La causa por fraude fiscal, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía piden condenas de cárcel por defraudar 350.000 euros usando un sistema de facturas falsas, se encuentra solo a la espera de fecha para el juicio. La segunda causa, en fase de instrucción, analiza si el empresario compró por medio millón de euros una empresa sin actividad ni medios de la esposa de Fernando Camino, un directivo de Quirón imputado desde hace dos semanas, a modo de “soborno” como sospecha la Fiscalía.

Esta segunda ramificación del caso ha avanzado con lentitud en el juzgado de Viejo, hasta el punto de que la propia UCO solicitó al instructor tener acceso a toda la información bancaria y financiera de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La respuesta del instructor, medio año después, fue autorizar solo el acceso a la información bancaria pero no a la relacionada con sus impuestos o sus pagos a la Seguridad Social. La Fiscalía recurrió al entender que acceder a esa información denegada era algo necesario y “mucho menos invasivo” que lo que ya había aceptado el juez. No tener acceso a la información tributaria de Alberto González Amador, dijo el Ministerio Público, “dificulta enormemente” la investigación.

La defensa de González Amador y sus empresas no se opuso a esta medida y la Audiencia Provincial de Madrid acaba de aceptar las alegaciones. “Resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social referente a dichas personas físicas y jurídicas”, razona el tribunal madrileño que supervisa la instrucción. El propio González Amador, recuerda este auto, “ha mostrado ya no sólo su conformidad sino incluso su interés en que se recabe dicha información tributaria y de la Seguridad Social con la finalidad de que se finalice con la mayor celeridad posible la investigación”.

Acusaciones de fraude fiscal y soborno

La investigación judicial contra Alberto González Amador es doble. En un primer momento, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, la Fiscalía acusó al comisionista sanitario de eludir el pago de 350.000 euros en los impuestos de sus empresas usando un sistema de facturas falsas por servicios no realizados. Una causa que avanzó lenta y en la que la magistrada intentó varias veces sin éxito tomar declaración a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El empresario ya fue procesado y se abrió juicio oral contra él con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, solicitando hasta tres años y nueve meses de cárcel para él. La causa se encuentra pendiente de que los tribunales pongan fecha al juicio.

Una segunda ramificación del caso, ahora impulsada por la Audiencia de Madrid, se centra en la relación de González Amador con Quirón, el gigante sanitario para el que trabaja a través de una de sus filiales. La Fiscalía considera que ejecutó un “soborno” al pagar medio millón de euros por una empresa fantasma de la esposa del directivo Fernando Camino, citado a declarar a principios del próximo mes de diciembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado cuatro de los cinco recursos que Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio presentaron contra las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria tras descubrir que habían intentado defraudar con una factura falsa, entre otras irregularidades fiscales.

La inspección fiscal descubrió en su momento que el estudio de arquitectura de Monasterio no realizó labor de asesoría alguna para la operación de venta de un edificio de lujo en Madrid de la que se ocupó Espinosa de los Monteros. Pese a ello, el estudio de Monasterio emitió una “factura falsa” por 169.400 euros, IVA incluido.

Los hechos están relacionados con la venta de un edificio en Madrid, en el número 3 de la calle General Castaños, en el elitista barrio de Justicia en pleno centro de la capital. El edificio era propiedad de familiares de Iván Espinosa de los Monteros, quienes recurrieron a la experiencia de este en la intermediación inmobiliaria para proceder a su venta. 

Espinosa de los Monteros alegó ante Hacienda que había contratado al despacho de arquitectos de su esposa para que realizara un estudio sobre las posibilidades del edificio. Pese a facturarlo e incluirlo en sus declaraciones y las de sus sociedades, el trabajo de Rocío Monasterio y Asociados (RMA) fue “una simulación”, esto es, jamás se realizó, según comprobó la Agencia Tributaria.

Posteriormente, el Tribunal Económico-Administrativo confirmó las conclusiones de la Agencia Tributaria. Los cinco recursos presentados contra esa decisión administrativa por Espinosa de los Monteros, dos de sus sociedades, Rocío Monasterio y su estudio de arquitectos recayeron cuatro de ellos en la Sección Quinta de la Sala de los Contencioso-Administrativo del TSJM, y un quinto, el que falta por dictar, en la Sección Cuarta. Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid explica que la Sección Cuarta aguardaba a que sus compañeros de la Quinta se pronunciaran sobre el grueso de la cuestión y que se resolverá en breve. 

Este periódico desveló las trampas del matrimonio halladas por Hacienda en 2023 cuando Espinosa de los Monteros era portavoz parlamentario de Vox y Monasterio candidata a la Alcaldía de Madrid. En julio pasado, los jueces se han pronunciado en cuatro recursos, a los que ha tenido acceso en su integridad elDiario.es. Todos culminan igual: “Desestimamos íntegramente el recurso contencioso-administrativo formulado”.

La Sección Cuarta condena en costas a los recurrentes en sus cuatro autos. Espinosa de los Monteros, su esposa y la representación de sus sociedades tenían un plazo de 30 días para recurrir desde la fecha de la notificación pero no lo han hecho, así que las resoluciones devinieron en firmes el pasado jueves, según la citada fuente del TSJM.

Espinosa de los Monteros no atendió la petición de aclaraciones por parte de este medio cuando publicó en 2023 que Hacienda le había descubierto defraudando. Solo cuando se publicó la información, intentó desacreditarla. El entonces responsable de Vox anunció, como había hecho por noticias anteriores, acciones legales contra elDiario.es. Y como ya había ocurrido, nunca llegó a ejercerlas. 

“La factura deducida es falsa”

El exportavoz parlamentario de Vox acompañó de diversa documentación sus recursos ante el TSJM, pero los jueces concluyeron el pasado 22 de julio lo siguiente: “No se ha aportado prueba alguna ni documento que pueda probar la tan decisiva participación de Rocío Monasterio y Asociados por la que dicha sociedad emite la factura controvertida. Asimismo, el análisis de la factura pone de manifiesto una serie de incongruencias que no hacen sino reafirmar la conclusión de que la factura deducida es falsa”.

La operación inmobiliaria investigada se desarrolló entre 2015 y 2016, cuando Iván Espinosa de los Monteros era secretario general de Vox. En el negocio, Espinosa de los Monteros implicó a dos de sus sociedades, Premium y Citrum, de las que es poseedor de más del 99% de cada una. La primera de ellas declaró unos ingresos por la operación inmobiliaria de 90.000 euros en 2016, y de 160.000 en 2017. Por su parte, Citrum declaró 375.000 euros de ingresos por la misma operación en 2017. En total, 625.000 euros para Espinosa por vender el edificio de sus familiares.

Una segunda inspección fiscal concluyó que el dirigente de Vox había dejado de ingresar una cuota de 268.676,79 euros en concepto de IRPF, al intentar atribuir a dos sociedades suyas un trabajo que en realidad había realizado él. Espinosa de los Monteros debió declarar los 625.000 euros de ingresos por la operación de venta del inmueble en concepto de IRPF y no como trabajos de sus sociedades Premium Capital Management SL y Citrum SL.

El TSJM concluye ahora que Espinosa de los Monteros “utiliza la personalidad jurídica de la sociedad de un modo ilícito, simulando la actividad de intermediación inmobiliaria efectuada en el caso sometido a decisión a la parte vendedora y abusando de la forma jurídica mercantil para eludir o minorar el pago de impuestos”. 

Según los jueces, el político traslada bases imponibles de una persona física —el interesado— con un tipo marginal muy superior al de una persona jurídica que tiene un tipo de gravamen fijo inferior, “con la única finalidad de conseguir una ventaja fiscal ilícita”.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Iván Espinosa de los Monteros y ha respondido que las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid “no tienen especial importancia, pues las increíbles acusaciones contenidas en esas sentencias están siendo enjuiciadas paralelamente en la Audiencia Nacional”. “Confío en que nuestros motivos de oposición sean estimados en la Audiencia Nacional”, ha añadido. Según la versión del antiguo responsable de Vox, “el proceso se bifurcó” y en la Audiencia Nacional se investigan los mismos hechos, asegura, pese a que las resoluciones de las que informa este lunes elDiario.es son firmes.

El resultado de la operación inmobiliaria que esconde el fraude adquirió notoriedad en 2021 cuando el comprador, Mabel Capital, puso a la venta las 11 viviendas que pasaron a integrar el edificio. Mabel Capital es un vehículo de inversión participado, entre otros, por un hijo del exministro del PP Abel Matutes o el tenista Rafa Nadal. Las viviendas se vendieron a razón de 20.000 euros el metro cuadrado, según publicó Expansión, medio que incluyó entre los compradores de un piso a Marta Ortega, heredera del imperio Inditex. Fuentes conocedoras de la operación inmobiliaria con el número 3 de la calle General Castaños aseguran que los familiares de Espinosa de los Monteros obtuvieron 25 millones de euros por el edificio.

Después de que elDiario.es desvelara el fraude de la pareja, Espinosa de los Monteros aseguró que no mantenía ninguna deuda con Hacienda porque hacía dos años, en 2021, que había abonado los “300.000 euros” que le reclamaba la Administración del Estado y que después de la resolución del TSJM ya no recuperará.

Con motivo del desahucio de Maricarmen, Espinosa de los Monteros llamó “jeta” a la mujer y añadió: “Yo que vivo en Madrid, con mis impuestos le voy a pagar el piso delante de El Retiro a Maricarmen. Es flipante”.

Renuncia al 29-N

Iván Espinosa de los Monteros abandonó todos sus cargos en Vox tras los resultados electorales de julio de 2023, los comicios generales en que perdió 19 escaños. Su marcha fue una de las crisis internas más graves de cuantas ha tenido que afrontar Santiago Abascal. Detrás de su marcha se encontraba un choque entre facciones del partido. Algunos analistas situaban a Espinosa de los Monteros al frente de un ala de corte más liberal. El pasado julio, el propio Espinosa de los Monteros anunció que Vox le había expulsado del partido, al que había seguido perteneciendo como militante de base.

Espinosa de los Monteros centra su actividad política ahora en la Fundación Atenea, un ‘think tank’ desde el que también valoró presentarse a las próximas elecciones generales. Este mismo fin de semana, Espinosa de los Monteros descartó esa posibilidad en una entrevista a El Confidencial. “El momento llama a la responsabilidad y la responsabilidad hoy principal es derrocar a Pedro Sánchez y yo no querría bajo ningún concepto contribuir a quebrar el objetivo principal”, afirmó. 

Más de 63 millones de euros heredados tras regularizar dinero opaco en la amnistía fiscal de 2012; multas de Hacienda por fingir su residencia en Andorra o Suiza o poner trabas a una inspección; y una inmobiliaria que ha anunciado más de 1.200 pisos de “flex living” (alquiler flexible de corta y media duración) en zonas del área metropolitana de Madrid, como Torrejón de Ardoz o Getafe.

Es el periplo de los multimillonarios hermanos catalanes Juan y Mercedes Escoda Huguet, que en 2016 crearon Twin Peaks Capital, definido en su web como “Family Office de origen español especializado en la inversión, promoción y gestión de proyectos inmobiliarios en España, principalmente en Madrid y Barcelona”.

La firma, inicialmente llamada Twobroscapital, se enfocó primero en alquiler y venta de vivienda de lujo para luego comprar suelos para su promoción y venta a fondos, como el alemán Patrizia, que le adquirió en 2021 un proyecto residencial build to rent (construir para alquilar) en Alcobendas (Madrid) por 50 millones. En los últimos años, se ha volcado en Madrid en el denominado flex living, definido por Expansión como “un nuevo imán para el inversor” y al que afectarían los decretos del Gobierno, que ponen límites de duración y reglas para evitar encadenar contratos de alquiler temporales, y prohíben a los fondos especular con vivienda hasta 2030.

En 2024 varios medios aún vinculaban a los dos hermanos con Twin Peaks, aunque Juan Escoda ya no forma parte de la firma, que se ha aliado este año con BlackRock para invertir 400 millones en este tipo de complejos. A finales de 2025 fichó como primer ejecutivo a Jesús Moler, hasta entonces directivo en España de esa gestora de fondos, la mayor del mundo. Ya han comprometido más del 50% del capital en tres proyectos con unas 1.200 unidades en municipios del norte y sur de Madrid, en suelos aportados por Twin Peaks. Según explicaron en marzo, esperan entregarlas en 2028.

Las regularizaciones y multas del Fisco a los Escoda Huguet tras la amnistía figuran en varias sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) rechazando sus recursos en 2023 y 2025. La investigación de la Agencia Tributaria la propiciaron unas diligencias penales sobre los asesores que aparentemente diseñaron la deslocalización de los hermanos.

El nombre de Juan ya figuraba en 2023 en un recuento de acogidos a la amnistía fiscal del PP, declarada inconstitucional en 2017 sin efectos para sus 30.000 beneficiarios, de los que ha trascendido poco más de un centenar. Él regularizó 617.030,76 euros de rentas de los ejercicios 2008-2010 procedentes de activos financieros que ocultaba en Suiza. También declaró 3.459.869 euros que compartía al 50% con su hermana, “depositados en Suiza, excepto unas acciones en Panamá y otras en Bahamas”, dice una de las sentencias. 

En noviembre de 2013 llega esa millonaria herencia de su abuela. Juan Escoda recibe 31.529.356 euros en una cuenta en Banque Privée Edmond de Rothschild en Ginebra. No tributa por el Impuesto sobre Donaciones, ni en IRNR (Renta de No Residentes), porque asegura que desde ese año vive en Andorra, donde entonces no existía IRPF. Para intentar demostrar su residencia en el Principado, esgrime un contrato de trabajo con una consultora andorrana que supuestamente le pagaba 1.601,78 euros mensuales. Pero era falso.

“Las nóminas no se han aportado, no hay prueba alguna del trabajo desarrollado”, concluyó el TSJC. La relación, según la inspección, no fue “de empleado sino la de cliente”. El joven magnate, entonces veinteañero (nació en 1989), incluso pagaba a su supuesto empleador: “Se producen flujos dinerarios que en 2015, retornan a la empresa en un montante total similar a lo abonado mensualmente en concepto de nómina”, dice una de las sentencias.

Tras la millonaria herencia de la abuela, ambos hermanos se enzarzan con otros familiares (en especial, su tía) por la venta de acciones en un grupo empresarial por la que “corresponderían 100 millones al valor de las participaciones de cada uno de los hermanos”, recogió la inspección. En escuchas telefónicas, su asesor fiscal aludió a la “estrategia fiscal” que “debería seguirse en el momento de la transmisión, tanto por lo que respecta al país que se elija para fijar la residencia o la supuesta residencia”, como a la constitución de un “Family Office” para “colocar los fondos derivados de dicha transmisión”.

Juan Escoda defendió que en marzo de 2016 se mudó de Andorra a Suiza, como su hermana. Pero Hacienda comprobó que allí tampoco realizó “actividad económica alguna” mientras en España, “junto con los dividendos percibidos por cientos de miles de euros cada año, resulta que en el año 2016 ha participado en la constitución de una sociedad” junto a su hermana: Twin Peaks. Él aportó 28,7 millones en sus dos primeros años (su hermana, otros 15 millones), en una “repatriación” de fondos que se habían “remansado temporalmente en Suiza” y otra prueba de que “la base de sus actividades o intereses económicos” siempre estuvo en España.

Los hechos que sustentaron su culpabilidad son “evidentes, exuberantes y palmarios”, concluyó en febrero de 2025 el TSJC al confirmar que Juan Escoda urdió “una estrategia para aparentar la residencia fiscal andorrana y suiza, pese a permanecer en España la inmensa mayoría de sus activos e intereses económicos, sin que se haga constar para el supuesto desplazamiento una sola razón personal o familiar”. 

Hacienda comprobó que los Escoda tenían vivienda a su disposición en Barcelona y que él estuvo en España “cientos de días, en cada uno de los años 2013 a 2016”. Pasó “largas estancias” en Andorra y Suiza (aunque en 2013 estuvo en España “más de 183 días”, el mínimo que recoge la normativa), pero la mayor parte de sus intereses económicos radicaba aquí: “Resulta acreditado en base a cifras apabullantes, que evidencian la titularidad de un patrimonio multimillonario” y “rendimientos que no encuentran el más mínimo parangón en Andorra, ni en Suiza”, dijo el TSJC. 

La amnistía de su hermana consta en otra sentencia de febrero de 2025 que rechazó su recurso a una sanción de 100.000 euros por obstruir la labor de Hacienda. El Fisco le abrió en marzo de 2018 inspección para determinar si fue residente fiscal en Suiza de 2013 a 2016 y fue multada por no pagar IRPF esos años tras no contestar “la mayoría” de las 17 diligencias y requerimientos de información que recibió del Fisco, en una “deliberada y reiterada negativa” y “un comportamiento obstructivo, obstaculizante, paralizador y auténticamente de falta de colaboración”, con “distintas actuaciones tendentes a ocultar su continua presencia en España”.

“Por citar solo un par de ellos, el hecho de abrir una cuenta en Andorra donde se cargan los pagos de hasta 3 tarjetas de débito/crédito o la simulación de haber cesado en el arrendamiento de la vivienda que tenía a su disposición en Barcelona y en la que pasaba los cientos de días que ha estado en dicha ciudad durante el periodo comprobado”. Para el TSJC, esa sanción de 100.000 euros, la máxima posible, “cumple el principio de proporcionalidad”: “Pretende soslayar la recurrente que en fecha de 22.11.2013 recibió una donación de activos financieros por más de 30.000.000 euros -al igual que su hermano y en idéntica fecha- y que constan en el periodo multitud de operaciones con divisas y obtención de rentas que no se justifican a través de los requerimientos realizados”.

De Suiza a La Moraleja

A Mercedes Escoda El Confidencial la definía en diciembre como “una de las mujeres más poderosas del sector inmobiliario, gracias a su papel de presidenta y dueña de la promotora Twin Peaks”. Vanity Fair contó su mudanza en 2019 de Suiza a La Moraleja con su entonces marido, el financiero Joaquín Castellví, hijo del millonario y fallecido constructor homónimo del Distrito 22@, complejo de edificios en Barcelona que acoge a gigantes como Amazon, Indra, Ogilvy o WeWork. “En noviembre celebraron el cumpleaños de Mercedes en su casa y trajeron a todo el equipo de bailarines de LIO”, un exclusivo club de Ibiza. “La cena la sirvieron Ramón Freixá y Alberto Fabra”, recogía esa publicación en 2020.

Marcada por la muerte prematura de su madre por cáncer de ovario, hasta 2024 Mercedes Escoda fue patrona de la Fundación Fero, de investigación oncológica, junto a Sol Daurella (Coca-Cola), Eusebio Díaz-Morera (EDM Holding), Carlota Pi (Holaluz) o José Crehueras (Planeta). Al margen de la actividad inmobiliaria que heredó de sus abuelos, tiene una firma de productos de higiene femenina libres de tóxicos, MyAlma. Hace años fundó con una amiga Alma Santa (ropa sostenible).

En una entrevista emitida meses antes de recurrir en 2022 en el TSJC la multa de Hacienda que confirmó el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, se decía “feliz de pagar mis impuestos” y subrayaba su compromiso con la sostenibilidad: “Estamos en unos niveles de desigualdad inhumanos” y hay una “brecha social brutal”. “Las diferencias tan abismales no son buenas”. 

Explicó lo “bonito” de emprender empezando “desde cero” y lamentó que el precio del suelo en Madrid capital estaba ya “intocable”, aunque “es verdad que luego vienen los fondos y te lo compran todo”. Contaba que le asesoraba el gallego Julio César Díaz-Freijo, primer director de inversiones de Pontegadea (Amancio Ortega). Se declaraba “fan de la meditación” y el yoga. Y presumía de tener “una casa de cojones”.

En la cartera de Twin Peaks destacan 450 apartamentos que prevé en Torrejón, al este de la capital, junto al fondo suizo Partners Group y la gestora Meda; otros 430 en Las Rozas, donde en 2024 anunció más de 80 millones de inversión. “En el corazón de Valdemarín, barrio conocido como el Beverly Hills madrileño”, dice su web, prevé otros 125. En la menos pudiente Getafe, al sur de la capital, 210.

Hace unos meses adquirió Móstoles Smart Living SL, con una opción de compra sobre tres fincas en el sector PAU-5 de la segunda ciudad más poblada de Madrid. En TPC BM 2024 SL participa al 50% desde enero con los Arango, ex dueños de Vips, según las últimas cuentas de la firma, accesibles a través de Insight View. 

Con Mercedes Escoda volcada en Twin Peaks, su hermano ha cesado en los últimos años en casi todas las sociedades que administraba en España. Es consejero de Aquacorp, que ofrece soluciones de gestión tecnológica para el agua con varios clientes públicos. elDiario.es contactó con los Escoda Huguet sin obtener respuesta.

Ambos pertenecen al clan de los Huguet, a los que El Mundo sitúa en el puesto 422 de mayores fortunas de España, con 140 millones de patrimonio, vinculados a Misodi Rent (alquiler de habitaciones o apartamentos de corta y larga estancia en Barcelona), Mimeisa (que ha gestionado en las últimas décadas edificios míticos en Barcelona como el del Hard Rock Café, el Diagonal Beethoven o tiendas de lujo como la de Kenzo en el paseo de Gràcia) o Gesteide, de alquiler residencial y comercial en zonas exclusivas de Madrid. 

El caso contra José Luis Rodríguez Zapatero se mueve entre la parálisis y el desánimo, si se atiende a los intereses del expresidente del Gobierno. El último episodio es la revelación por parte de su defensa de que las joyas más valiosas de su ajuar proceden de un regalo del anterior rey de Arabia Saudí, que, por otra parte, es imposible acreditar desde hace tres meses. La ausencia de una respuesta de la monarquía saudí a la petición de Zapatero para que confirme que se produjo la dádiva fía el futuro de la pieza separada a que el juez acceda a enviar una comisión rogatoria al país y que este se decida a contestar, lo que no siempre ocurre. 

El escrito de Zapatero llega en el plazo de tres días que el juez José Luis Calama había concedido al expresidente para aportar la información que no ofreció en su declaración como investigado de junio y que tampoco había facilitado cuando fue entrevistado en TVE en julio. Por lo visto, Zapatero optó por dejar que el escándalo siguiera su curso de especulaciones y confiar en acallarlo con un documento que Riad no ha enviado. 

Ante el fracaso de sus gestiones con Arabia Saudí, la defensa del expresidente ha optado por solicitar al juez José Luis Calama que libre una comisión rogatoria internacional que recabe la confirmación del origen de las joyas.

El régimen saudí acumuló en el pasado un historial de prácticamente muy escasa colaboración con la justicia de países occidentales, entre ellos España, si bien fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que esa dinámica ha cambiado en los últimos tiempos y que se está produciendo “reciprocidad” a raíz de demandas de información de Riad que han sido satisfechas desde Madrid.

El expresidente del Gobierno permanece investigado en una pieza separada a raíz del hallazgo de alhajas y bisutería en una caja fuerte de su despacho que han sido valoradas en 1,3 millones de euros por una prestigiosa joyería madrileña. Los delitos que se le imputan en relación con las valiosas piedras son contrabando y delito fiscal. 

Una respuesta afirmativa de la monarquía saudí habría contribuido ya de forma decisiva a que se disolviera esa acusación. Zapatero afirma en el escrito presentado en la Audiencia Nacional que el rey de ese país le entregó en su “vivienda familiar” el regalo durante la visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007. El hecho de que se tratara de un regalo recibido en el Palacio de la Moncloa descartaría el contrabando porque Zapatero no habría introducido nada en España sin declarar. Las obligaciones fiscales, que Zapatero no atendió en su momento al no tributar por una donación tan valiosa, no serían delito atendiendo a la prescripción. 

La imputación del expresidente del Gobierno por tráfico de influencias en relación con el rescate de Plus Ultra implicó un terremoto político que alcanza a cuestiones propias de identidad para la izquierda en España, por tratarse Zapatero de un referente de sus políticas. Pero también una crisis tangible para el actual presidente Pedro Sánchez, que no solo reivindica el legado de Zapatero, sino que ha implicado al anterior presidente socialista en asuntos tan relevantes como la negociación política en Catalunya y la defensa pública de su gestión al frente del actual Ejecutivo. Todavía hoy Pedro Sánchez asegura contar con Zapatero para la próxima campaña electoral. 

El descubrimiento de las joyas no debería constituir el principal problema judicial de Zapatero, según el análisis de algunos juristas. El expresidente puede asegurar que las joyas son suyas, que fueron un regalo, y que sea la Audiencia Nacional quien deba demostrar, en su caso, que no es así y que suponen el pago por actuaciones propias del tráfico de influencias que se le imputa. De no alcanzarse esas conclusiones, las joyas quedarían en el futuro como un indicio de un enriquecimiento ilícito que no prosperó hasta convertirse en prueba. 

Pero el expresidente, consciente de la trascendencia pública que adquirió de inmediato el hallazgo, se comprometió a dar explicaciones en diez días. De ello han pasado casi tres meses. En el plano político, el escrito de Zapatero no contribuye al final de la crisis. Su Gobierno aprobó en 2005 el Código del Buen Gobierno, por el que los cargos públicos no debían aceptar los regalos cuyo valor superase los usos sociales y de cortesía. Los presentes deberían ser entregados a Patrimonio Nacional.

El expresidente reconoce en su escrito que recibió las joyas en 2007, dos años después de la aprobación de la norma, y el hallazgo el pasado mayo confirma que se las quedó. Reitera lo que ya dijo en TVE que las joyas no han tenido “uso ni destino alguno”, que tampoco tiene “conciencia de su valor material”, aunque en cualquier caso discrepa abiertamente del valor de 1,3 millones que estableció la joyería Ansorena. 

Zapatero coincide en que los tres juegos de collar, pulsera, sortija y pendientes que le habría regalado el rey Abdullah suponen más del 93% del valor de todo lo requisado por la Policía, que también se incautó de otras piezas de joyería y bisutería que el expresidente atribuye a la herencia familiar tanto suya como de su mujer, Sonsoles Espinosa. 

Sobre el origen de las alhajas puede arrojar luz el informe pericial que el juez ha encargado a los gemólogos y tasadores de la joyería Yanes, distinta de la que hizo la primera tasación. Estos expertos deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. Y con esos datos confrontar con las afirmaciones de Zapatero. 

En la pieza principal, la que atribuye tráfico de influencias a Zapatero, también oscila entre el estancamiento y las malas noticias para el expresidente. Su antiguo socio Julio Martínez le atribuyó en julio estar al frente de todas las mediaciones que él realizaba, sin concretar si eran delito o una labor de lobby. Los ex responsables de Plus Ultra dijeron al juez que ellos estaban convencidos de que Zapatero cobró por mediar en el rescate de la compañía, pero que no tienen pruebas de ello y que tampoco sabían cuánto.

Pedro Trapote, fundador de las discotecas Pachá y Joy Eslava y dueño de la chocolatería San Ginés, volverá al banquillo acusado de fraude fiscal. La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la sentencia que absolvió al empresario de defraudar más de 500.000 euros en el Impuesto de Sociedades de una de sus empresas y ha ordenado repetir el juicio contra él y la sociedad con la que gestiona la chocolatería. Un proceso judicial y tributario que arrancó hace más de una década en el que Trapote acumula, además de este juicio pendiente de repetición, una condena por fraude fiscal y una absolución en un pleito millonario que ya está en manos del Tribunal Supremo.

Trapote (Valladolid, 1939), cuñado de Felipe González y amigo de Juan Carlos I, se coronó como rey de la noche madrileña en los años ochenta, cuando abrió la discoteca Joy Eslava en la calle Arenal dos días después del golpe de Estado fallido de Antonio Tejero. También cuando, a mediados de la década de los noventa, se hizo con el Teatro Barceló que alojó durante años la discoteca Pachá. Es el responsable, desde hace décadas, de la centenaria chocolatería San Ginés. Y su trayectoria empresarial se tambaleó cuando, a mediados de 2016, un juzgado de Madrid autorizó que los inspectores de Hacienda registraran ambas discotecas en busca de pruebas de fraude fiscal.

Esos registros derivaron en varias denuncias de la Fiscalía y diversas investigaciones penales contra Trapote, sus empresas y varios de sus socios bajo acusaciones de defraudar varios millones de euros entre el IVA y el Impuesto de Sociedades de 2013 a 2017. El empresario, enfrentado al fiscal Julián Salto, aceptó una primera condena de prisión en 2022 en su primer juicio por el IVA de tres años —donde se le aplicó la atenuante de reparación del año por devolver el dinero— pero su abogado, el exmagistrado Eduardo de Urbano, decidió cargar contra el origen de todas la causas judiciales: los registros de la Agencia Tributaria en 2016.

Después de esa primera condena firme aceptada en conformidad y ya por tanto irrevocable, Trapote se enfrentó en 2024 a su segundo y mayor juicio por defraudar a Hacienda, en el que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le acusaban de haber dejado de pagar 2,3 millones de euros en el Impuesto de Sociedades de su empresa Europea de Explotaciones entre 2015 y 2017. La Audiencia Provincial de Madrid, en ese juicio, anunció que la mayor parte de la documentación intervenida en ese registro había sido obtenida de manera ilegal y no podía servir para condenarlo. La Agencia Tributaria, dijeron entonces los jueces, “no había solicitado ni obtenido autorización judicial” para conseguir todos esos datos, solo una pequeña parte.

Esa absolución, todavía pendiente de ratificación por el Tribunal Supremo, tuvo eco en el tercer juicio al que se enfrentó Trapote por fraude fiscal. Los inspectores de Hacienda no solo encontraron documentación sobre la dudosa contabilidad de su empresa Europea de Explotaciones, sino también sobre otra de sus sociedades, Pasadizo SA, con la que gestiona la chocolatería del pasadizo de San Ginés de Madrid. Y Trapote volvió al banquillo de un juzgado de lo penal de Madrid a finales del año pasado acusado de defraudar algo más de medio millón de euros en el Impuesto de Sociedades de esa empresa. El resultado en esta derivada fue el mismo: absuelto por las irregularidades en los registros de la Agencia Tributaria de 2016.

Ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha anulado esta absolución y ha ordenado que otro juzgado de lo penal de la capital repita el juicio contra él, aunque sin entrar a valorar las pruebas que obtuvo Hacienda en sus discotecas hace una década. Los jueces explican que, tal y como argumentaba la Abogacía del Estado en su recurso apoyado por la Fiscalía, el juzgado no llamó a declarar a uno de los inspectores que firmó los informes clave del caso y eso produjo indefensión a la representación de Hacienda en el pleito. La defensa de Trapote pudo presentar un documento de más de 300 páginas argumentando la nulidad de las pruebas pero Hacienda, explican los jueces, solo tuvo a uno de los peritos del informe y no a los dos.

El resultado es que los juzgados de lo penal de Madrid tendrán que celebrar un nuevo juicio por dos delitos fiscales contra el dueño de la chocolatería San Ginés, pero con la presencia de este inspector jubilado de Hacienda. La nueva sentencia, aunque tenga en cuenta el testimonio de este segundo perito que no fue citado para el juicio, seguirá condicionada por la alegación de que los datos de la empresa Pasadizo se obtuvieron de forma irregular durante los registros en las discotecas de Trapote en 2016 mientras el pleito más voluminoso está ya en manos del Tribunal Supremo.

Hacienda lleva a Trapote al Supremo

Con su condena de 2022 ya declarada firme y su última absolución pendiente de repetición, la causa penal más abultada de este empresario está en manos del Tribunal Supremo y su sala segunda. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la Abogacía del Estado ha recurrido la sentencia que en 2024 marcó el fracaso de las causas contra Trapote al declarar las irregularidades de los registros de la Agencia Tributaria de 2016. Un juicio en el que Hacienda llegó a pedir que el empresario fuera condenado a seis años y medio de prisión y pagara multas que, junto con su empresa Europea de Explotaciones, sumaban varias decenas de millones de euros.

La decisión del Supremo pondrá a prueba las alegaciones de la defensa de Trapote de que las pruebas de fraude fiscal contra él se ven afectadas sin remedio por la doctrina del árbol envenenado: los inspectores entraron en la Joy Eslava y el Teatro Barceló y clonaron toda la información disponible en los TPV de las barras de las dos discotecas, donde había información sobre los delitos fiscales que investigaba el juzgado pero también sobre muchos otros e, incluso, sobre otras de sus empresas.

“La prueba que sirve de base a la acusación se obtuvo de forma conscientemente ilícita”, reprochó el tribunal en 2024. La Agencia Tributaria recogió un “exceso” de información para la que no tenía autorización judicial, y además ocultó esa información a los tribunales: “Lo guarda para su utilización posterior”. Esa sentencia recoge cómo Trapote, que durante la fase de instrucción llegó a reconocer parcialmente los hechos, vendió en 2022 el Teatro Barceló para hacer frente a estas deudas.

Un dividendo millonario que no está claro si se repartió; domicilios sociales contradictorios o que varían sin explicación de un año a otro; beneficios corregidos a posteriori por un pago a Hacienda fuera de plazo; o una empresa de alquiler turístico que dice arrendar locales industriales. Son algunas incoherencias de las cuentas de las sociedades de Alberto González Amador en los últimos años.

2025 no ha sido una excepción. La principal consultora sanitaria de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Maxwell Cremona, recoge en sus últimas cuentas el pago de un dividendo “con cargo a reservas por importe de 1.225.000,00 euros”, igual que en 2024, pero no está claro si ese reparto se llevó a cabo.

Podría tratarse de un error, ya que las reservas de la empresa se situaron en 2025 en 596.500 euros, que equivalen a la suma de las que tenía a cierre de 2024 (499.904) y los beneficios de ese ejercicio. Así que algo no cuadra en esas cuentas.

No es la única incoherencia. Masterman & Whitaker, relacionada con el presunto soborno de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid al ejecutivo de Quirón Fernando Camino que está siendo investigado por un juzgado de Madrid, afirma por su parte en sus últimas cuentas —también de 2025 y recién remitidas al Registro Mercantil— que “el domicilio social de la empresa es: Paseo de la Castellana, 157”. Sería una sorprendente vuelta a sus orígenes.

En esa vivienda tuvo su domicilio esta sociedad, entonces llamada Círculo Belleza SL, desde que en 2016 se trasladó de un pueblecito de León (La Pola de Gordón) hasta la capital. En ese inmueble en la principal arteria madrileña tenía su sede cuando a finales de 2020 González Amador se la compró a la esposa de Camino por medio millón de euros, tras ingresar dos millones por intermediar en la venta de mascarillas. Ese pelotazo lo propició la compañía gallega Mape, empresa administrada por su jefe, el presidente de Quirón Prevención.

Masterman encadena ya dos ejercicios con su facturación a cero, en paralelo a la lenta investigación judicial de esa extraña operación, y pese a que su dueño aseguró en su momento que tenía grandes expectativas puestas en ella.

En noviembre de 2022, durante la inspección que le va a llevar al banquillo por sus presuntos delitos fiscales, González Amador aseguró a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que esta empresa era “una apuesta” para un proyecto de “covid seguro” por su privilegiado acceso a la red de farmacias y los acuerdos “muy atractivos” que tenía con Quirón y Mape, explicaciones que no se creyó la inspección.

La AEAT calificó Masterman de pantalla o “sociedad interpuesta” para defraudar a Hacienda con los encargos que Quirón, principal pagador de González Amador hace años, le hizo a partir de 2021. No los podía asumir, como advirtieron primero Hacienda y luego la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, porque no tenía empleados ni medios materiales para prestar esos servicios.

Con esos encargos, los ingresos de Masterman empezaron a multiplicarse en 2021 gracias a Quirón hasta los 327.320 euros, según sus cuentas de ese año, que también contenían información errónea: decía dedicarse aún al comercio mayorista de “perfumería” o droguería y afirmaba que nada había cambiado desde que se creó en 2008, “no habiendo modificado su denominación social desde su constitución, ni la naturaleza de sus actividades”.

No era cierto: su actividad ya era otra y la habían rebautizado como Masterman & Whitaker Medical Supplies And Health Process Engineering SL. El contacto que figuraba en esas cuentas era un correo electrónico de su anterior propietaria y administradora, Gloria Carrasco, la esposa de Fernando Camino.

El nombre de la farmacéutica de León también figuraba como titular en las facturas de al menos 6.500 euros por el renting de un BMW que Masterman presentó a la AEAT durante la inspección, y correspondientes al ejercicio 2021. Según Quirón, fue otro error, ya que “solo es la referencia de la factura del antiguo usuario” y el vehículo estaba al servicio de González Amador, no de la esposa de uno de sus principales directivos.

Del Bernabéu a Atocha

Inicialmente, la pareja de Ayuso fijó el domicilio de Masterman en el que tenía Maxwell Cremona, un piso en la calle General Perón, cerca del estadio Santiago Bernabéu y el distrito de Azca. Luego lo trasladó a la cercana Avenida de Brasil. En sus últimas cuentas, Masterman dice una cosa y la contraria sobre ese domicilio.

Por un lado, menciona ese piso en la Castellana, que hasta enero pertenecía a la inmobiliaria Colonial, según el Registro de la Propiedad. Pero en varios formularios el mismo documento indica que su sede es otra, en la calle Comercio de Madrid, cerca de la estación de Atocha.

Probablemente, esta sea la información correcta, ya que la otra consultora de González Amador, Maxwell Cremona, notificó su mudanza allí al Registro Mercantil en octubre de 2024. Sin embargo, ese año sus cuentas (otra incoherencia más) incluían también su otro domicilio en General Perón, no muy lejos del piso en Chamberí en el que el empresario y comisionista ha vivido en los últimos años junto a Ayuso, que ahora ha puesto en venta junto al ático en la planta superior.

González Amador escrituró la compra de ese inmueble, por el que venía pagando un alquiler de 5.000 euros al mes, a finales del año pasado, días antes de lamentar en el Tribunal Supremo que le habían “destrozado la vida” y presentarse como víctima de una operación del Estado: “O me voy de España o me suicido”, dijo. En Chamberí, está también el famoso ático comprado en abril por 6,3 millones por el Gobierno regional.

No hay constancia de un cambio del domicilio social de Masterman en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Cabe recordar que las empresas están obligadas a presentar una declaración censal de modificación (modelo 036), “adjuntando la correspondiente modificación inscrita en el Registro Mercantil”, recuerda la AEAT.

Socio de aventuras

Según información del Registro de la Propiedad, la nueva sede cerca de Atocha de las consultoras sanitarias de González Amador es una vivienda que compró en marzo de 2021 César Nieto, colaborador de Maxwell Cremona y su compañero de aventuras empresariales hace años.

Nieto, que en 2017 heredó varios inmuebles en la misma finca, dirigió la empresa panameña que administró la pareja de Ayuso junto a Fernando Camino. También es socio de Amador en una empresa de alojamiento turístico en el popular barrio de Usera (Madrid), October Twelve Accommodation SL. La crearon en marzo de 2022, en paralelo a la liquidación de esa sociedad en Panamá.

En sus cuentas anuales de 2024, esa empresa afirmaba que alquila “locales industriales”, pese a acumular centenares de reseñas de usuarios en el portal de reservas Booking. En las de 2023 se definía como un “hospedaje en hostales y pensión”. Las de 2025 todavía no se han enviado al Registro.

Las que acaban de presentar las dos consultoras del empresario y comisionista incluyen un año más como contacto a una pequeña firma de asesoría en Ponferrada (León), la misma que se ocupaba de llevar esas cuentas durante los ejercicios 2020 y 2021, cuando defraudó presuntamente más de 350.000 euros a Hacienda.

En el caso de Maxwell Cremona, el año pasado facturó 710.000 euros, un 25% menos, pero el doble de lo que ingresaba que antes de empezar a disparar su cifra de negocios en 2020. Su plantilla se mantuvo estable en cinco empleados, después de que en 2024, tras trascender su escándalo de fraude fiscal, recortase sus ventas a la mitad, hasta algo menos de un millón, y contratase por primera vez personal.

Maxwell se anotó en 2025 pérdidas de 26.236 euros. Las primeras desde el quebranto de 101.489 euros que declaró a toro pasado para el ejercicio 2022 al presentar sus cuentas de 2023. Con esa maniobra contable, el beneficio récord inicial de casi 1,9 millones se convirtió en números rojos, tras intentar regularizar su dueño su fraude fuera de plazo, con la inspección de Hacienda que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra él ya muy avanzada.

Presentado en su día en la prensa rosa como “técnico sanitario” y definido hace tiempo por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como un “ejecutivo de empresa brillante”, a González Amador la AEAT le reprochó durante su inspección sus “explicaciones farragosas” y “divagaciones”, las “incongruencias manifiestas” sobre la evolución de sus ingresos o la aportación de documentación “contradictoria”, según la inspección.

“Mucha palabrería sin aportar datos relevantes y pruebas contundentes”, resumía el informe final que le denunció a la Fiscalía. El procedimiento reveló que el empresario también intentó desgravarse gastos no relacionados con su actividad profesional: una reparación de su Porsche, la compra de un reloj de lujo, pelotas de pádel o un saxofón.

González Amador y Nieto, el nuevo casero de sus empresas, también figuran como directores de Burnet & Brown, empresa en Miami que crearon en octubre de 2022, aparentemente vinculada al negocio inmobiliario. Su nombre remite a la identidad falsa (Alberto Burnet González) que Quirón le ha dado tras el escándalo a la pareja de Ayuso, “Director de Proyectos” en su intranet, pese a que siempre alegó que es un proveedor externo.

Ese nombre inventado también remite a la identidad falsa (Burnett, con dos t) que usaba en sus operaciones encubiertas (haciéndose pasar por un traficante de drogas) el detective Sonny Crockett, protagonista de la serie Corrupción en Miami, muy popular en los años 80, al que encarnaba el actor Don Johnson. Suya era esta frase: “Tienes que conocer las reglas antes de poder infringirlas. De lo contrario, no es divertido”.

La Hacienda foral de Bizkaia investiga a un abogado con una relevante actividad en los tribunales que no habría pagado impuestos, como mínimo, desde 2021. Se trata de una persona cuya identidad no ha trascendido. 2021 no es una fecha casual: cinco años es el máximo en que se puede investigar el fraude fiscal, ya que todo lo anterior estaría prescrito. El letrado habría participado en al menos 32 procedimientos, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La Hacienda de Bizkaia, que depende de la Diputación, solicitó formalmente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que le entregara la identidad de los clientes de este abogado precisamente en los 32 casos analizados. Según justificaron los inspectores fiscales, “dicho letrado se encuentra inmerso en un procedimiento de comprobación de ingresos y [...] se precisan tales datos para efectuar la correspondiente regularización tributaria”.

La investigación, en todo caso, tendrá que buscar otra vía para conseguir conocer el patrimonio del abogado defraudador. Las resoluciones judiciales son públicas, pero se ofrecen “anonimizadas”, es decir, sin datos personales. El deseo de la Hacienda vizcaína era que el Superior le diera los documentos originales para conocer a los clientes del abogado, contactar con ellos y analizar los pagos que les exigió. Entendía que no era preciso obtener “consentimiento” alguno.

Sin embargo, el magistrado presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, Luis Garrido, ha frenado las expectativas de la Diputación. El juez recalca que Bizkaia pide “la identidad, con todos sus datos identificativos, de los clientes”, no del investigado. Y entiende que “tales clientes no son los obligados tributarios” y, “sin serlo, podrían verse obligados a desvelar datos personales por posibles incumplimientos tributarios de un tercero”. Es un “profesional contratado” y la normativa fiscal a la que apela Hacienda no deja “clara” la “existencia de una obligación” para desvelar esa información confidencial.

En concreto, se menciona que el artículo 93.3 de la norma foral general tributaria de Bizkaia obliga a jueces y tribunales a “facilitar datos con trascendencia tributaria”, pero el magistrado Garrido recalca que “habría de entenderse que la norma se refiere a datos de obligados tributarios, no de terceros”. “En definitiva, los clientes del letrado no son obligados tributarios ni deben verse inmersos en una investigación” que les es ajena, argumenta Garrido. La sala de gobierno del Superior ha mostrado su “conformidad” con esta tesis y ha comunicado a la Diputación que no le dará la información. Nada más se sabe del caso.

Masterman & Whitaker, la empresa vinculada al presunto soborno de Alberto González Amador al ejecutivo de Quirón Fernando Camino que está siendo investigado por un juzgado de Madrid, encadenó en 2025 dos ejercicios consecutivos sin ingresar un solo euro, en paralelo al lento desarrollo de la investigación judicial sobre esta firma. Las cuentas anuales que acaba de remitir al Registro Mercantil recogen que cerró el ejercicio sin facturación ni empleados, como en 2024. Sus pérdidas rozaron los 13.000 euros.

Masterman & Whitaker es la antigua Círculo Belleza SL, empresa de tratamientos de estética en León sin apenas valor por la que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pagó a finales de 2020 medio millón a la farmacéutica Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, su principal pagador, y clave en el ascenso profesional de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El juzgado de instrucción 19 de Plaza de Castilla (Madrid) investiga esa extraña operación por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal o blanqueo de capitales por parte de González Amador y la esposa de Camino. Masterman tuvo también un papel relevante en los presuntos delitos fiscales del empresario y comisionista, como pantalla para desviar parte de los encargos extra que le hizo Quirón a partir de 2021 y defraudar supuestamente a Hacienda.

El juez Antonio Viejo autorizó en junio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar las cuentas de González Amador, del ejecutivo de Quirón y de la esposa de este, y advirtió de que las diligencias practicadas apuntaban de forma “indiciaria y provisional” a que la adquisición de Círculo Belleza SL pudo tener como verdadera finalidad “satisfacer una comisión” de González Amador a Camino.

Los cero euros de ventas que vuelve a presentar Masterman & Whitaker se suman a los resultados que acaba de remitir al Registro la principal empresa de consultoría sanitaria de la pareja de Díaz Ayuso, Maxwell Cremona, que en 2025 declaró pérdidas de algo más de 26.000 euros, a la espera del juicio contra su dueño por sus presuntos delitos fiscales, por ahora sin fecha señalada.

La facturación de las empresas de consultoría de González Amador supera así ya los 7,5 millones desde que trascendió su relación en 2021, y se aproxima a los 10 millones desde el pelotazo con mascarillas que dio en 2020, en lo peor de la pandemia, y que propició Fernando Camino. Unas cifras impensables hasta ese ejercicio.

La cifra de negocios de las empresas de González Amador, sin embargo, va a la baja. Ha pasado de 2,37 millones en 2023 (cuando todavía no había trascendido su escándalo fiscal) a 944.836 euros en 2024 y 709.738 euros en 2025. Con todo, su empresa Maxwell Cremona —cuyas cuentas de 2025 aseguran que se ha procedido al pago de otro dividendo de 1,225 millones “con cargo a reservas” para su dueño, aunque no está claro que se haya repartido— todavía factura el doble que en 2019. Ese año, anterior a los ejercicios por los que se le acusa de defraudar a Hacienda tras disparar sus ingresos con la pandemia, ingresó algo más de 350.000 euros.

El pasado ejercicio, el peor para sus empresas en los últimos años, González Amador ejecutó la compra del ático en Chamberí (el barrio donde creció Ayuso, una de las zonas más caras de Madrid), en el piso superior al que adquirió en julio de 2022, tras defraudar supuestamente más de 350.000 euros al fisco. Ese ático estaba a nombre de Babia Capital SL, empresa administrada por su fiscalista. González Amador pagaba un alquiler mensual de 5.000 euros con derecho a compra.

Ahora, ha puesto a la venta ambos inmuebles, y espera ingresar un total de 3,42 millones, coincidiendo con el escándalo del ático de ultralujo en Chamberí adquirido por el Gobierno de Ayuso con gran secretismo por 6,3 millones. Ese inmueble supuestamente iba a destinarse a “reuniones”, aunque no puede convertirse en oficinas, y tampoco puede ser una residencia oficial porque lo prohíbe la normativa municipal. El Ejecutivo madrileño ha anunciado que lo pone en venta al destaparse su existencia para “ayudar” en la reconstrucción tras la catástrofe de los incendios en la Sierra Oeste. El dinero no puede destinarlo directamente a ese fin. La fórmula para hacerlo es con el reparto de dividendos de la empresa pública que lo adquirió, Planifica Madrid, como confirmó públicamente el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. Un juzgado de Madrid se ha hecho cargo del caso tras la presentación de varias denuncias.

Escritura y lamentos

Según el Registro de la Propiedad, González Amador escrituró la compra de su ático el pasado 29 de octubre. “Me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró el 4 de noviembre en el Tribunal Supremo, en su alegato final en el juicio que acabó con el anterior fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración en 2024 de un correo electrónico en el que el abogado del empresario admitió ante la Fiscalía sus delitos fiscales.

En esa declaración González Amador se presentó como víctima de una operación del Estado contra él. Poco después, su empresa Maxwell Cremona cerró 2025 con una facturación casi un 25% inferior a la de 2024.

Por su parte, Masterman & Whitaker ha vuelto a quedarse a cero en 2025. La empresa dice dedicarse al “desarrollo de planes para sector farmacéutico, normas y regulaciones, así como comercialización y asesoramiento técnico de productos e insumos”, o a la “comercialización de sistemas y aplicaciones de telefarmacia, software de gestión de historia clínica, para la seguridad y salud laboral, control de infraestructuras, etc”.

Es la descripción que figura en la destartalada web de las consultoras de González Amador, definido hace tiempo por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como un “ejecutivo de empresa brillante”. En esa web, más propia de un sitio de Internet de finales de los 90 que de 2026, no hay una dirección, mail ni teléfono de contacto. Estuvo en blanco hasta que en octubre de 2024 (cuando ya habían salido a la luz sus supuestos delitos fiscales) se actualizó con la escueta información que muestra.

Cuando la compró González Amador, Círculo Belleza no facturaba ni 30.000 euros. Su activo se limitaba a un ordenador portátil amortizado en 2013 y tres aparatos de depilación y remodelación corporal, también amortizados. El medio millón que pagó por ella González Amador contrasta con los 16.000 euros que abonó tres meses antes Gloria Carrasco por el 40% que hasta entonces tenían su marido y su hermano.

“Nos hacía de enlace”

González Amador justificó ante la Agencia Tributaria el sobreprecio en el supuesto acceso privilegiado a la red de farmacias de Círculo Belleza SL en que le iba a permitir implantar un proyecto de “covid seguro”. Durante la inspección, expuso que esta firma tan valiosa que ahora no factura nada “hacía de enlace con las farmacias para implantar el Covid Seguro. Además, esta empresa tiene un contrato con MAPE”, la empresa gallega que propició el pelotazo de 2 millones con mascarillas que dio en 2020 y de la que fue consejero Fernando Camino hasta su venta en 2025.

“Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo Belleza SL con estas empresas, dado que en ese momento resultaban muy atractivos”, aseguró a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) González Amador, que tras adquirirla y cambiarle el nombre por el de Masterman & Whitaker Medical Supplies And Health Process Engineering SL, la usó como “mera sociedad interpuesta”, según Hacienda, para canalizar de forma “ficticia” los encargos extra que recibía de Quirón.

La UCO advirtió de que esta empresa facturó a Quirón por trabajos que le era imposible hacer, ya que “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” al gigante sanitario.

Por ahora han declarado en este caso como investigados González Amador y Gloria Carrasco. Los tiempos del actual juez prometen que Camino no lo haga hasta dentro de meses. La UCO refleja que Círculo Belleza declaraba ya en 2014 “cobros únicamente de MAPE” y “pagos por compras” a Massias Kuhn, antecesora de Maxwell Cremona. Las relaciones que apunta las prohíbe el código ético de Quirón.

En el marco de las diligencias previas de esta pieza, han aflorado sendas inspecciones de la AEAT a Fernando Camino y a su esposa, adicionales a las abiertas a Quirón Prevención y a Helios Healthcare Spain SL, cabecera de los negocios de Fresenius en España.

La UCO ha pedido “ampliar el periodo de análisis” de las relaciones comerciales entre González Amador y Carrasco hasta 2014. Y elaboró un mapa de relaciones entre ambos que incluía también a Camino, a Quirón Prevención, a Círculo Belleza, a Mape Asesores y a Maxwell Cremona. Ese mapa de la UCO omitía por ejemplo otra sociedad que vincula al comisionista y su jefe, Inversiones Random SL, que fue constituida en mayo de 2005 por el directivo de Quirón y liquidada este año. La pareja de Ayuso pactó pagarle 2.000 euros anuales nada más crear Maxwell Cremona en 2017 por ponerle publicidad en un velero de su propiedad.

Además, en enero de 2019, Maxwell Cremona y Círculo Belleza SL firmaron un contrato por el que, mientras González Amador realizaba auditorías de los hospitales de Quirón que le encargaba Fernando Camino, su empresa recibiría “asesoramiento” de esa compañía. Tras comprar esa empresa, la pareja de Ayuso pagó al menos 6.500 euros por el renting de un BMW a nombre de la esposa de su jefe en Quirón.

Maxwell Cremona, la consultora sanitaria de Alberto González Amador, declaró unas pérdidas contables de 26.236 euros en 2025, a la espera del juicio por los presuntos delitos fiscales por los que está procesado el empresario y comisionista, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y para el que todavía no hay fecha de celebración.

La compañía, de la que González Amador es propietario y administrador único, declaró el pasado ejercicio una facturación de 709.738 euros y entró en números rojos, tras presentar un beneficio de 93.678,73 euros en 2024.

Las cuentas que acaba de remitir Maxwell Cremona al Registro Mercantil reflejan que su activo, que llegó a superar los 2,2 millones en 2023, sufrió otra drástica bajada en 2025. Pasó de 563.412,51 euros a 240.490,12 euros. También recogen el pago de un dividendo “con cargo a reservas por importe de 1.225.000,00 euros”. Ese mismo importe figuraba en las cuentas del ejercicio 2024, cuando la empresa pagó su primer dividendo.

En total, serían 2,45 millones para su propietario en solo dos años por esa vía. Aunque también podría tratarse de un error en las cuentas, ya que las reservas de la empresa se situaron en 596.500 euros, que equivale a la suma de las que tenía a cierre de 2024 (499.904) más los beneficios de ese ejercicio.

Fue el año pasado cuando González Amador ejecutó la compra del ático en Chamberí (el barrio donde creció Ayuso, una de las zonas más caras de Madrid), en el piso superior a la vivienda de lujo que adquirió en julio de 2022, tras sus delitos fiscales. Ese ático estaba a nombre de Babia Capital SL, empresa administrada por su fiscalista, a la que pagaba un alquiler mensual de 5.000 euros.

Ahora, el empresario ha puesto a la venta ambos inmuebles, por lo que espera ingresar un total de 3,42 millones. Los pisos han salido a la venta coincidiendo con el escándalo del ático de lujo (también en Chamberí) adquirido por el Gobierno de Ayuso con gran secretismo por 6,3 millones. Ese inmueble iba a destinarse a “reuniones”, según la primera explicación oficial, aunque no se puede convertir en oficinas y tampoco puede destinarse a residencia oficial porque lo prohíbe la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid.

El ejecutivo madrileño ha puesto a la venta esa propiedad al destaparse su existencia para “ayudar” en la reconstrucción tras la catástrofe de los incendios en la Sierra Oeste, aunque el dinero que obtenga no puede destinarlo directamente a ese fin. El PSOE va a llevar esta operación a la Fiscalía.

Según el Registro de la Propiedad, González Amador escrituró la compra del ático que adquirió a Babia Capital el pasado 29 de octubre. “Me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró el 4 de noviembre en el Tribunal Supremo, en su alegato final en el juicio que acabó con el anterior fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por la filtración en 2024 de un correo electrónico en el que el abogado del empresario admitió ante la Fiscalía sus delitos fiscales. En esa declaración, González Amador se presentó como víctima de una operación del Estado contra él.

Unas semanas después, su empresa cerró el ejercicio con una facturación casi un 25% inferior a la de 2024. No obstante, esos casi 710.000 euros duplican los poco más de 350.000 euros que ingresó la empresa en 2019, antes de empezar a disparar su cifra de negocios con la pandemia y de defraudar presuntamente al Fisco más de 350.000 euros en los ejercicios 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Desde que trascendió su relación con Ayuso en 2021, cuando fue presentado en la prensa rosa como “técnico sanitario”, González Amador ha facturado casi seis millones solo con Maxwell Cremona.

Un año más, las cuentas de esta empresa, una pyme con un capital de apenas 3.000 euros, no mencionan su litigio con Hacienda, pese a que la normativa contable obliga a las empresas a informar de las “contingencias de carácter fiscal” que tengan abiertas. Tampoco hay detalles del origen de los ingresos de la empresa, cuyo principal cliente desde su creación es el gigante sanitario Quirón, y en concreto su filial Quirón Prevención.

En junio, un informe de Hacienda incorporado a la otra causa que tiene abierta el empresario, por el supuesto reparto de una comisión al primer ejecutivo de Quirón Prevención, Fernando Camino, en el marco de una operación de venta de mascarillas en 2020, reveló que González Amador facturó 4,4 millones al gigante de la sanidad privada solo entre 2021 y 2023.

Tras iniciar su relación con Ayuso, el empresario y comisionista llegó a multiplicar por siete sus ingresos de la filial del grupo alemán Fresenius. Quirón es la principal beneficiaria de las privatizaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid, que le paga unos 1.000 millones al año gracias a sus conciertos con la Administración regional.

La plantilla de Maxwell Cremona se mantuvo estable en 2025, con cinco empleados, después de que en 2024, tras trascender su escándalo de fraude fiscal, recortase sus ventas a la mitad, hasta algo menos de un millón, y contratase por primera vez personal. Hasta ahora, no había presentado números rojos con excepción de un quebranto de 101.489 euros que declaró a toro pasado para el ejercicio 2022 al presentar sus cuentas de 2023.

Esa maniobra contable hizo que el beneficio récord que había declarado inicialmente en 2022, casi 1,9 millones, se convirtiera un año después en pérdidas, tras intentar regularizar González Amador su fraude fuera de plazo, y cuando ya estaba muy avanzada la inspección de Hacienda que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra él a principios de 2024.

Juicio sin fecha

El juicio por este caso todavía no tiene fecha. Hace unas semanas, el Juzgado de lo Penal 19 de Madrid, al que ha correspondido el caso del empresario, advirtió de que el señalamiento de la vista se realizará “considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el juzgado y cuando razones de agenda lo permitan”. La situación de los tribunales de lo penal de Madrid ya apuntaba a que el juicio no se celebraría nunca antes de 2027, siete años después de iniciarse los presuntos delitos fiscales.

La Audiencia Provincial de Madrid avaló en noviembre de 2025 la decisión del juzgado de enviar a González Amador al banquillo. Solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel, que se conocería en la fecha señalada para la vista.

González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros y la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial.

Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. González Amador nunca ha declarado por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos, alegando en varias ocasiones compromisos laborales con Quirón.

Mientras este caso está abocado al juicio, continúa la instrucción de la pieza separada por el presunto soborno de la pareja de Ayuso al directivo de Quirón Fernando Camino. Ambos habrían acordado en secreto repartirse una comisión de dos millones de euros en mascarillas y encubrirla con la compra fraudulenta de una empresa de la mujer de Camino por medio millón pese a no tener apenas valor. Tras eso, González Amador multiplicó los ingresos que recibía del gigante de la sanidad privada.

El Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid, al que le ha correspondido juzgar a Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsificación de documentos, advierte en un escrito que el señalamiento de la vista se realizará “considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el Juzgado y cuando razones de agenda lo permitan”. La situación de los juzgados de lo penal de Madrid ya apuntaba a que el juicio contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso no se celebraría nunca antes de 2027, siete años después del presunto delito fiscal y las facturas falsificadas.

La providencia del juzgado, a la que ha tenido acceso elDiario.es, llega como consecuencia de otro escrito en el que su titular fija la prueba que se verá en el juicio, una suerte de guion de la vista por el que acepta o rechaza las declaraciones de testigos e informes que solicitaron las distintas partes.

En el caso de la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, la magistrada ha rechazado todas las testificales propuestas, lo que supone que no declarará como testigo Fernando Camino, directivo de Quirón. Ya solo resta que la agenda del juzgado permita señalar la vista del juicio y que este se celebre.

El horizonte judicial de Alberto González Amador es sombrío. Contra él pesan las evidencias de un extenso informe de la Agencia Tributaria: 19 meses de inspección que ponen negro sobre blanco dos fraudes a Hacienda en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas para llevarlos a cabo.

La Audiencia Provincial avaló en noviembre de 2025 la decisión del juzgado de enviarlo al banquillo y solo un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, podría evitar la celebración del juicio, que no una condena con pena de cárcel que se conocería en la fecha señalada para la vista.

González Amador ha defraudado una cantidad inferior a los 600.000 euros por lo que la ley establece que debe ser un Juzgado de lo Penal –con un tribunal formado por un solo juez– y no la Audiencia Provincial –tribunal de tres– quien celebre la vista. La carga de trabajo de los juzgados de lo penal de Madrid es sensiblemente superior a la Audiencia Provincial.

Los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden 3 años y 9 meses de cárcel para el empresario y comisionista, y el de la acusación popular, que solicita 5 años, se presentaron en junio. González Amador nunca ha declarado por el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos, alegando en varias ocasiones compromisos laborales con Quirón.

Y mientras el supuesto fraude fiscal y la falsificación de documentos están abocados al juicio continúa la instrucción de la pieza separada por el presunto soborno de la pareja de Ayuso al directivo de Quirón Fernándo Camino. Ambos habrían acordado en secreto repartirse una comisión de 2 millones de euros en mascarillas y encubrir dicho reparto con la compra fraudulenta de una empresa de la mujer de Camino por medio millón de euros pese a no tener apenas valor.

La Ertzaintza no ha llevado a cabo “en los últimos cinco años” ninguna investigación por fraude fiscal, según ha admitido al Parlamento Vasco en un escrito el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, del PNV, en respuesta a una pregunta del representante de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea. Meses atrás ya trascendió también que la unidad especializada en delitos económicos o de corrupción de la Policía autonómica, el equivalente a la UCO de la Guardia Civil o a la UDEF de la Policía Nacional, solamente tiene seis efectivos.

En concreto, Zupiria indica que no ha habido ninguna operación relacionada “directamente” con las conductas descritas en el artículo 305 del Código Penal, que según recuerda él mismo regula el fraude a Hacienda -sea estatal, foral o local- y “castiga a quienes defraudan a la Administración eludiendo el pago de impuestos, disfrutando de beneficios fiscales indebidos o evitando ingresos a cuenta”. Sostiene el consejero de Seguridad que es “clave” para interpretar los datos que hay un “umbral” que hace que solamente sea delito cuando el fraude supera los 120.000 euros “por año o período impositivo”, aunque no precisa si se han descartado actuaciones porque las cuantías eran inferiores.

Planteaba Ortiz de Guinea en su iniciativa que la Ertzaintza es una “Policía integral” y que, por ello, “tiene capacidad para investigar delitos fiscales”. La puesta en valor de las capacidades de la Ertzaintza es algo que se repite constantemente también en los mensajes que lanza el Gobierno.

Fue el propio representante de EH Bildu el que pidió, en primavera, los datos de dotación de personal de varias unidades especializadas. En el caso de la sección central de delitos económicos, como recogió este periódico en abril, son solamente seis los ertzainas disponibles y ahora, además, han asumido algunas tareas de apoyo en la investigación de tramas con criptomonedas y ciberdelitos. El grupo está encabezado por un suboficial, al que acompañan tres cabos y dos agentes. La UCO de la Guardia Civil disponía en 2025 de una plantilla de entre 500 y 600 efectivos.

Precisamente, eclipsado en buena medida por otros puntos, esta semana los Gobiernos central y vasco han tratado en la junta de seguridad un asunto relevante sobre los delitos económicos. El Estado va a garantizar acceso de la Ertzaintza al denominado SEPBLAC, el organismo estatal para el combate del blanqueo de capitales.

Era 21 de noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama acababa de 'tirar de la manta' y había implicado en el cobro de mordidas en el caso Mascarillas tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor ministerial Koldo García. Los pormenores de la declaración cundieron por el 'zulo' —así se suele llamar de manera coloquial a la sala de prensa en la que trabajan una veintena de periodistas en la Audiencia Nacional—. Y con esos detalles, se hizo una primera llamada a una de las fuentes del caso. Lo que dijo entonces ya era revelador: “Siempre supe que Aldama era el eslabón más débil”.

Dos años después, el tiempo y una sentencia puede que hayan echado por tierra esa reflexión. Quizá no era el más débil y sí el más avispado: tras su declaración fue puesto en libertad —había sido detenido por otra causa, un fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos— y hoy, a juzgar por algunos programas televisivos a los que acude, es presentado casi como un prócer de la nación, el 'campeón' contra la corrupción.

Si uno se da una vuelta por su cuenta de Instagram pareciera que a Aldama le quiere hasta el papa León XIV. Durante la visita del pontífice a España, el empresario colgó una foto de un rosario que había sido bendecido por Prevost. “Un regalo muy especial recibido de manos del Santo Padre”, colgó en el post. Su figura ha cogido tal vuelo que le paran para hacerse 'selfies' por la calle, le escoltan los 'chicos' de Dani Desokupa y hasta le aclaman en manifestaciones como la del pasado 23 de mayo, apoyada por el PP y Vox contra “el Gobierno corrupto”. Allí, ya con el juicio finalizado y pendiente de sentencia, clamaba ante un reportero: “El pueblo es el que gana al final”. Buena parte de la sociedad ya ha encontrado a su vellocino de oro. Pero, ¿quién es realmente Víctor de Aldama?

Los inicios en la informática

Personas de su entorno, consultadas por elDiario.es, indican que el empresario, que se crio en Móstoles —es hijo de un peluquero de caballeros con un toque especial— arrancó haciendo sus pinitos en la informática. Pronto cayó en que con el ladrillo podía ganarse la vida bien y se enganchó a un buen 'mentor' que le llevó de la mano. “No tiene estudios universitarios o, para decirlo de otro modo, tiene la misma carrera que Begoña Gómez”, dicen quienes le conocen desde hace décadas. Consideran que tampoco era el más avezado del mundillo inmobiliario y argumentan que de 20 negocios le salía uno. Eso sí, “siempre se supo subir al carro”.

Para algunos de los consultados, el empresario se tiene en una alta estima, suele priorizarse sobre los demás y siempre le ha gustado vivir rodeado de lujos. Otros, más cercanos, le califican como “un padrazo” al que le pierden los coches y el deporte —llegó a ser presidente del Zamora CF—. Es visceral, apuntan, pero “una persona normal e íntegra”. ¿Que fuera calificado por la UCO como el nexo corruptor de la organización criminal por la que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel? “Nada más alejado de la realidad”, dicen, argumentando que cuando conoció a Koldo y a Ábalos ya era rico. Le buscaron ellos a él, explican, por su capacidad de contacto. También destacan que Aldama “se batió el cobre” durante años en América Latina afrontando proyectos de envergadura en países como México y Colombia. Ahí se hizo con una buena agenda de políticos relacionados con el ladrillo.

Ahora, con una sentencia a sus espaldas, no ha tenido que entrar en prisión. Todo gracias a que los magistrados del Tribunal Supremo premiaron de forma ejemplarizante su colaboración con la justicia —le libraron incluso de pagar una multa de 3,7 millones al absolverle del delito de uso de información privilegiada—. Quienes vivieron el momento en el que se le comunicó la decisión en el Alto Tribunal explican que hubo lágrimas y abrazos. El ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, había logrado tejer una unanimidad que ponía el foco en una corrupción sistémica con la que había que acabar. El tanto se lo apuntó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, padre de esa idea.

“Un compromiso moral”

Aldama y sus allegados salieron del trago pensando que le había echado “muchos cojones”, que “se había plantado ante el sistema y había salido vivo”. Y por eso, ahora entiende que ha adquirido “un compromiso moral” con la eliminación de la corrupción en el país. Sí, todo un corruptor 'pasándose el juego' en poco más de un año y gracias a una instrucción en el Supremo que tenía tintes de 'blitzkrieg' por aquello de la velocidad, la sorpresa y la fuerza masiva. “Le ha cogido el gusto a eso de ser conciencia, es el nuevo Pepito Grillo”, dicen.

En la faceta empresarial, a juzgar por lo que dicen hombres de negocios prestigiados consultados por este periódico, tampoco le pasan factura ni la condena ni las causas en las que continúa siendo investigado. Que se haya aprovechado de una pandemia mundial para poner el cazo (6,6 millones en comisiones) y hacerse con adjudicaciones públicas gracias al pago de mordidas mensuales que rondaban los 10.000 euros no es óbice para que tenga tirón entre el empresariado español.

“Tiene un grandísimo mérito, es una persona que se ha equivocado en su vida pero se ha arrepentido”, indican para añadir que, ante amenazas de muerte —se ha hablado de tres tiros en su coche blindado y de una extraña visita en la cárcel— ha sido “valiente”. “Todo el mundo se puede equivocar, me da más asco ZP haciendo campaña en Andalucía, ese sí es un delincuente”, indica el empresario, vinculado antaño con el partido Ciudadanos, para luego añadir que “si arrepentirse no sirviera de nada, San Pablo nunca habría llegado a santo”.

Otro de los cercanos a Aldama va más allá en eso de los negocios y habla de que ya hay importantes directivos del Real Madrid que le tienen en “gran estima” y que están a la expectativa de entablar negocios con él. “Tiene muy buenos quereres, una gran respuesta social, se hizo 70 fotos en Jerez en la feria”.

Aldama ha sabido construir su personaje desde que en 2024 quedara en libertad provisional: cercanía con determinados medios y pseudomedios y pastelitos para los periodistas a la entrada del juicio. La baza en su travesía por los juzgados era ganarse, por un lado, a la Fiscalía —su abogado ayudó mucho con eso— y, por otro, a esa parte de la sociedad que no comulga con el presidente del Gobierno y que, a ojos de determinados políticos, se cuentan por votos. Por eso, utiliza el enfrentamiento directo en redes con políticos socialistas de la talla del ministro Óscar Puente.

La rueda sigue. Dado que está siendo investigado en más casos, debe alimentar su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. “¿Qué tienes contra Sánchez?”, le preguntó el periodista Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid hace escasos días. Aldama, contemporizando, le indicó que a eso no le podía contestar, pero pronto se sabría. A Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro, le echó un caramelo mejor que el que le soltó a Naranjo: “Ahora tras la sentencia, me da pie a contar más. Lo que he entregado es un aperitivo. Tengo mucho, contundente e importante”. Aldama, el antisistema, aspira a hacer caer un Gobierno y, por eso, a juzgar por estas declaraciones, sostiene una estrategia de colaboración a cuentagotas con la justicia.

Por delante, le queda afrontar la causa de los amaños de obra pública y la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos. Pero la sentencia del Supremo ya apuntaba a que su colaboración con la justicia había propiciado y favorecido el esclarecimiento de más procedimientos en curso, por lo que está por ver si sigue teniendo 'crédito' positivo en Fiscalía de cara a eventuales nuevas condenas.

Las causas pendientes

En el asunto de la obra pública, su aportación ayudó en mayor o menor medida a que el juez del Supremo Leopoldo Puente arrancara con unas pesquisas que resultaron en la imputación no solo de Ábalos y Koldo García sino también de quien era el número tres del PSOE Santos Cerdán. El político navarro acabó entrando en prisión provisional unos meses dado su papel protagónico en la trama que buscaba hacerse con mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama entregó una nota en la que aparecían comentarios escritos por Koldo García y que tenían relación con determinadas adjudicaciones. Esa causa reside ahora en la Audiencia Nacional dado que Ábalos dejó de ser aforado.

Aldama también consta en el juzgado de Santiago Pedraz como uno de los cabecillas, junto a su socio Claudio Rivas, de una trama que buscaba defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según describen los atestados de la UCO consultados por este diario, la operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Lograron una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel y con ella adquirieron a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos para, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales.

El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Esas mismas empresas interpuestas habrían sido usadas como “canales de blanqueo” para mover lo defraudado a terceros países “para alejarlo, ocultarlo y dificultar su trazabilidad”.

Además, según un informe reciente de la Agencia Tributaria presentado en la rama del caso de las Mascarillas que reside en la Audiencia Nacional, Aldama habría defraudado a Hacienda una cuota de 2,4 millones de euros. La cuota exigible al conseguidor es, en realidad, de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. La cantidad sobrepasa ampliamente la frontera que separa la falta administrativa del delito penal, por lo que indefectiblemente el empresario se enfrentará a un delito contra la Hacienda Pública.

Aldama sube un 'tiktok' bailando en la feria, se sienta en su casa a hacer directos para sus fans, se emociona, llora ante su público. Muchas de sus aseveraciones contra Pedro Sánchez o contra ministros como Ángel Víctor Torres nunca han sido probadas y han sido calificadas como simples bulos. Durante los 14 días de juicio llevó prendida de la solapa de su americana una cruz. Su amiga, una anticuaria, se la prestó para que le protegiera en su periplo judicial. Y, a juzgar por el resultado, de momento el amuleto 'le ha servido'. Está por ver si esa cruz tiene tirón también en el resto de causas a las que se enfrenta. Solo le falta un 'reality'.

La Hacienda foral de Navarra y el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF) se personarán como acusación particular en la causa judicial contra el expresidente del Club Deportivo Tudelano y del Ribera Fútbol Sala Ramón Lázaro, que está siendo investigado por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes.

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha señalado que el INDAF “ha tomado la decisión de iniciar el procedimiento para personarse como acusación particular en la causa”. “Al ser un organismo autónomo, se ha solicitado a la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra que remita y formule la correspondiente querella criminal al haberse apreciado la existencia de hechos y operaciones que puedan ser constitutivos de delito de fraude de subvenciones y falsificación documental, presuntamente porque podrían haberse alterado facturas u otros documentos mercantiles para acceder a un mayor volumen de subvenciones y porque presuntamente también estas subvenciones podrían no haberse destinado al objeto de la subvención de la convocatoria”, ha indicado.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha añadido que la Hacienda foral también se va a personar en la misma causa. Esnaola ha explicado que se revisarán los datos de la causa para tratar de determinar si los hechos afectan a la última temporada o a varias.

El juez que investiga al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro le sitúa al frente de una organización criminal, en la que también estarían implicadas su madre, su pareja, una prima suya, su asesor fiscal, un especialista en inversiones y otra persona que se encargaba de canalizar el dinero procedente del amaño de partidos, y que le sirvió para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello Lázaro habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha iniciado una operación, denominada 'Insulae', en doce provincias de seis comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario de empresas que prestan servicios de intermediación en la compraventa y alquiler de propiedades inmobiliarias.

La AEAT ha informado este lunes en un comunicado de que denuncias previas recibidas advertían sobre posibles cobros en efectivo no declarados y otras presuntas irregularidades en las inmobiliarias objeto de esta actuación.

La operación conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 49 sociedades y empresarios, así como a 18 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de funcionarios de la AEAT en 41 locales.

El dispositivo desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (7), Baleares (1), Canarias (4), Cataluña (5), Madrid (5) y la Comunidad Valenciana (19).

El fraude consistiría en la utilización de dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas o declaradas parcialmente y el cobro también de cantidades irregulares (como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda) que igualmente no se estarían declarando.

Asimismo, habría cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a viviendas.

La operación 'Insulae' ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 170 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera.

El Ministerio de Hacienda enmarca la operación en un momento de “crecimiento sostenido” en el que las agencias inmobiliarias ya participan en la intermediación del 70% de las operaciones de compra y alquiler de viviendas en España, detectándose denuncias que apuntan a una “posible existencia de una bolsa de fraude” en las sociedades objeto de la presente actuación operativa.

Un presunto fraude derivado de la utilización de “dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas” o de “cantidades irregulares como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda”, además de cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes o la realización de visitas a la vivienda.

Asimismo, la Agencia Tributaria ha realizado un estudio de los socios que puedan presentar “signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas”, ante la sospecha de que las ventas ocultas se estén materializando en incrementos patrimoniales en los mismos.

De esta manera, mediante las acciones desarrolladas de forma simultánea en los locales seleccionados, Hacienda ha podido acceder a información de vital importancia para la realización de la labor inspectora (documentación e información contable o auxiliar real existente, en papel y en los sistemas informáticos de procesamiento de la información).

Así, las inspecciones se seguirán desarrollando en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas iniciales, con el fin de “regularizar todos los incumplimientos detectados”, apoyándose en las directrices del Plan de Control de la AEAT para 2026, que inciden en aquellos contribuyentes que realicen un uso intensivo de efectivo, o que ostenten signos de riqueza, patrimonio o rentabilidad, “incoherentes con sus rentas declaradas”.

Con esta intervención sectorial, la Agencia Tributaria suma 27 macrooperaciones sectoriales coordinadas en algo más de una década, con el objetivo añadido de “transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas”.

La contratación pública de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia. Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario cuando los controles habían saltado por los aires. El decreto que impuso el Estado de Alarma en el país permitió comprar de emergencia a cualquiera y sin concurso cuando fallecían cientos de personas al día. No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector. Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023. Decenas de empresarios, algunos ni eso, se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.

La Fiscalía Anticorrupción alertó por escrito sobre este 'antisistema', perfecto para alimentar la corrupción: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal. Esta excepción [de la contratación de emergencia] tiene como fin que los compradores públicos adquieran suministros y servicios de primera necesidad en el plazo más breve posible (…) Este tipo de adquisiciones de emergencia son una herramienta de contratación que por sus características inherentes resultan vulnerables ante ciertas prácticas ilícitas”.

La pandemia dejó en España cientos de casos de empresarios o comisionistas que lograron, por la emergencia, un enriquecimiento obsceno pero legal. Como Víctor de Aldama, el nexo corruptor del Ministerio de Transportes que tras sobornar con dinero y regalos al ministro José Luis Ábalos y a su principal asesor, Koldo García, logró el primer gran negocio millonario de su vida con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.  

Soluciones de Gestión fue la empresa recomendada por Aldama, que para entonces ya pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro Ábalos. Logró vender 20 millones de mascarillas por más de 50 millones de euros al Ministerio de Transportes, al Ministerio del Interior y a las comunidades de Canarias y Baleares. De ese dinero público, 15 millones de euros se quedaron en los bolsillos del dueño de Soluciones de Gestión (nueve millones) y de Víctor de Aldama (seis).

Antes del juicio en el Supremo del caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción avisó de que no había nada anómalo en ese procedimiento: “La contratación pública efectuada en los contratos objeto de la denuncia no presenta irregularidades significativas, sin que se hayan detectado fallos como la falta de solvencia del adjudicatario en el cumplimiento de los requisitos exigibles en cualquier proceso de adjudicación de contratos públicos por emergencia y COVID-19”.

Durante el juicio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió que Aldama devolviera al menos los 3,7 millones de euros que había ganado por el material vendido al Ministerio de Transportes previo soborno a sus dirigentes. “Por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, multa de 3.713.981 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de dos meses en caso de impago, y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de un año”, escribió.

Los siete magistrados del Supremo que juzgaron el caso decidieron por unanimidad que Aldama no cumpliera los 4,5 años de cárcel de la condena y, además, le perdonaron la multa de los 3,7 millones de euros ganados. La sentencia considera poco relevante la información privilegiada con la que Aldama hizo negocio en el Ministerio donde tenía comprado a su principal responsable. “La relevancia de la información sobre la futura licitación, además de ser de muy escasa entidad dada la situación de la pandemia, el Estado de Alarma y normativa circundante, sucede que resultaba accesoria para la obtención del beneficio económico, que, como finalidad, establece el artículo 442 del Código Penal; pues la existencia de otros licitadores, como hemos descrito, en virtud de las influencias descritas, no eran ponderadas”, señala la sentencia.

Los magistrados creen y así lo defienden en el fallo que “no ha mediado prueba sobre que el suministro de mascarillas se haya pactado en condiciones perjudiciales para la Administración, ni que el precio fuera excesivo”. El empresario corrupto Víctor de Aldama vendió las mascarillas a 2,5 euros por unidad, lo que según el Supremo es prueba de que no se puso un precio excesivo y el suministro no se pactó en condiciones perjudiciales para la Administración.

El hermano de Isabel Díaz Ayuso, de nombre Tomás, se alió con un amigo de su pueblo que tenía una empresa de ropa infantil, Priviet, para suministrar a la Comunidad de Madrid hasta 250.000 mascarillas a seis euros la unidad, casi el triple que los precios ofrecidos por Aldama. El material era muy parecido, comprado en China a dos euros en las mismas primeras semanas de la pandemia en España.

La importancia que los magistrados del Supremo dieron al precio fijado por Aldama fue, sin embargo, irrelevante para la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió archivar la investigación al hermano de Díaz Ayuso porque, según dijo un alto cargo de esa institución, “la avaricia no es delito”. Aquel expediente se cerró con una excusa administrativa: “Aunque Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido una relación comercial con Priviet por la que ha percibido una comisión, para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar aquel tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”.

Los correos electrónicos de la oferta de Tomás Díaz Ayuso iban a nombre del dueño de la empresa de ropa infantil, Priviet, y, por tanto, los funcionarios de la Comunidad de Madrid no podían saber que detrás de esa propuesta estaba el hermano de la presidenta, argumentaron los fiscales.

El Supremo destacó en su sentencia que 2,5 euros por unidad era un precio que se situaba por debajo de la media del precio medio pagado en España en marzo de 2020 (3,38 euros) y en abril (3,65 euros). De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro. 

El delito fiscal después del beneficio empresarial

La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia. Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas durante la emergencia intentaron después engañar a Hacienda para que su beneficio fuera aún mayor. Es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento (seis euros por mascarilla).

La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones por la operación. Sin embargo, Luceño fue condenado por fraude a Hacienda a casi tres años de cárcel y 3,5 millones de multa.

Algo parecido le ocurrió al novio de Isabel Díaz Ayuso, comisionista en una compraventa de mascarillas entre dos empresas privadas. Ganó dos millones de euros (el 4,5% de la operación) pero engañó a Hacienda con facturas falsas para ahorrarse el pago de 155.000 euros en impuestos, según determinó la Agencia Tributaria. Ahora se enfrenta a una petición de la Fiscalía de tres años y nueve meses de cárcel por dos delitos fiscales.

El juez que investiga al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro le sitúa al frente de una organización criminal, en la que también estarían implicadas su madre, su pareja, una prima suya, su asesor fiscal, un especialista en inversiones y otra persona que se encargaba de canalizar el dinero procedente del amaño de partidos, y que le sirvió para su enriquecimiento “ilícito” valiéndose de su posición de propietario de dos clubes deportivos. Para ello Lázaro habría recurrido, además de al amaño de partidos, al desvío de fondos de los equipos y al fraude en subvenciones públicas, entre otros presuntos delitos.

En el auto en que ha dictado su puesta en libertad, el magistrado detalla una amplia red de delitos: pertenencia a grupo criminal, corrupción entre particulares, estafa, apropiación indebida agravada, blanqueo de capitales, fraude en subvenciones, falsedad documental y alzamiento de bienes. Todos ellos cometidos durante su etapa al frente de los equipos CD Tudelano (de la Segunda: RFEF) y el Club Ribera de fútbol sala. Se da la circunstancia de que Lázaro vendió el Tudelano hace unas semanas y puso en venta el Ribera.

“Ramón Lázaro desde su llegada al CD Tudelano en 2022 y Ribera Futbol Sala en 2023 inició una amplia amalgama de actividades criminales destinadas exclusivamente a su enriquecimiento ilícito”, expone el juez en su auto en el que se recogen mensajes, llamadas interceptadas por la policía y el seguimiento de movimientos bancarios. Una operación de la Policía Nacional que ha contado con el apoyo de la Europol y la Interpol para el rastreo de los flujos de dinero internacionales con la compra de criptomonedas.

Y es que fue esa última operación que realizó Ramón Lázaro antes de que el magistrado emitiera la orden de su arresto el pasado 8 de junio. Según se recoge en el auto, de nueve páginas, Lázaro pretendía invertir en criptodivisas los 1,43 millones de euros que iba a percibir por la venta del CD Tudelano para “tenerlo debajo de la alfombra unos meses” y establecer “una segunda capa de seguridad” para que fueran inembargables, tal y como le explicó a su asesor financiero en una conversación telefónica intervenida.

Así, el 27 de mayo transfirió 900.000 euros y, posteriormente otros 530.000 euros, a una cuenta bancaria en Alemania que funcionaría, según el juez, como una “pasarela” para transferir el dinero al Reino Unido y a Irlanda del Norte con “la finalidad” de convertirlo en criptomonedas. Durante el registro de su domicilio el 8 de junio la Policía se incautó de un dispositivo con las claves de su monedero digital y el juez pudo bloquear y embargar 530.000 euros antes de que Lázaro llevara a cabo la operación.

Pero la mayoría de los delitos que se le imputan fueron cometidos presuntamente antes de la venta del equipo y que se remontan al año 2022, cuando lo adquirió. Entre ellos se encontraría el desvío ilícito de fondos del Tudelano y del Ribera Navarra, el otro club del que era propietario, para la compra de inmuebles que ponía a nombre de su mujer. En total cuatro inmuebles para los que utilizó 735.000 euros de las cuentas de los dos equipos de su propiedad.

Amaños y apuestas

También se le atribuye el haber amañado partidos comprando a jugadores de equipos rivales y haber utilizado esos amaños para realizar apuestas ilegales. En el auto se recogen conversaciones de Ramón Lázaro con futbolistas a los que les dice cosas como que “con dinero se soluciona todo” o “el viernes voy a ir a un piso a hacer diabluras, les voy a dar 10.000 a cada uno”. El magistrado destaca un diálogo con un jugador del Oviedo B, equipo contra el que el Tudelano se jugaba el ascenso a Primera RFEF, y que le pedía a cambio 10.000 euros:

-Quiero (emoticono de dinero) pero no vale dejarme perder yo si quiero juegue o no juegue no meto gol a cambio de algo.

-Pues tú dirás a cambio de que (sic).

-Mira juegue de titular o no juegue de titular q (sic) no se sabe aún, dejarme ganar no me voy a dejar ganar, pero si me das pasta no meto gol yo.

-Yo el viernes 5000 euros y trato. Y luego vamos a follarnos a unas.

-Trato 5000 el viernes y sábado no meto gol. Trato cerrado. Si la tengo para empujar y meto te devuelvo la pasta y ahora marcho a dormir mañana hablamos, nos vemos el viernes.

Estos amaños, según el juez, eran utilizados a su vez por Ramón Lázaro para participar en apuestas deportivas. Así, se recoge una conversación que tiene con una persona que, según el magistrado, se dedicaba a trasladar el dinero proveniente de los amaños. Esta persona le pregunta si apuesta a “Tudelano todo?”, “osea (sic) los 6 mil”, antes del partido que va a enfrentar al Tudelano con el Ejea, con cuyos jugadores se había acordado el amaño (“localiza a 10 y os doy 1000 euros a cada uno”). Lázaro le responde que “Si” (sic).

Doblaje de patrocinios y subvenciones fraudulentas

El juez también le imputa haber organizado un sistema de “doblaje de patrocinios deportivos” para favorecer a empresarios locales que efectuaban importantes aportaciones, en concepto de patrocinio, que Ramón Lázaro “reintegraba gran parte, en efectivo, a dicho patrocinador, sin desde luego declarar tal operación a la Hacienda Pública”, apunta el magistrado. “Sabemos que todos los patrocinadores cogen dinero en B, o cantáis y nos decís que patrocinadores cogen dinero en B, o no negociamos”, se recoge en una de las conversaciones intervenidas. “Si no se hace con el regalo, no hay nadie”, apostilló.

También se le imputa un delito de falsedad documental por inflar facturas para poder acceder a subvenciones públicas. Una de esas subvenciones, concedida por el Gobierno de Navarra, fue utilizada según el juez “para su exclusivo lucro personal”. En concreto se refiere al intento de compra del Osasuna Magna (comúnmente conocido como Xota). El auto incluye una conversación de Ramón Lázaro con el gerente de este equipo en el que le informa de que ha cobrado “225.000 euros de la subvención” y tras revisar el contrato que ha realizado para la compra del Osasuna Magna, comprueba que el 31 de mayo de 2026 le vence “un pago de 100.000 euros”, con lo cual solo le restarían por pagar “35.000 euros”. El gerente le responde que están “mal de dinero” por lo que Lázaro realiza el pago de los 135.000 euros que quedan por pagar para formalizar la compra del club. “Por tanto, parece claro y evidente que de la subvención que ha cobrado Ramón Lázaro, 135.000 euros los va a destinar a la compra de otro equipo de fútbol sala, concretamente el Osasuna Magna, también conocido como Xota”, concluye el juez.

Con todo, tras prestar declaración, el juez ha decidido dejarlo en libertad provisional porque entiende que no existe riesgo de fuga porque le ha retirado el pasaporte, ni de destrucción de pruebas porque ya se han realizado los registros y se le han intervenido dispositivos y se le han bloqueado las cuentas bancarias.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado al Ayuntamiento de Madrid por la “revelación, transmisión y difusión” en medios de comunicación de los datos personales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Esos datos que saltaron a la opinión pública estaban incluidos en los expedientes que se le abrieron en 2022 para analizar la posible ilegalidad de las obras que llevó a cabo en el domicilio de Chamberí en el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Este es el segundo litigio que el comisionista y empresario gana al consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida en relación a esa vivienda. En abril de 2025 trascendió que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid falló a favor de González Amador al entender que la reforma integral que realizó sí se encontraba amparada por una declaración responsable que fue debidamente presentada.

La batalla administrativa entre el novio de Ayuso y el Ayuntamiento tiene su origen en julio de 2022, cuando el empresario adquirió la vivienda por 850.000 euros. La entrada fue de 350.000 euros (cantidad cercana a la que presuntamente esquilmó al erario público), y el resto del dinero, 500.000 euros, lo aportó mediante una hipoteca. Ya con las llaves en la mano, arrancaron las reformas que derivaron en la apertura de esos expedientes municipales. Y es que esas obras fueron de todo menos pacíficas para los vecinos: al restaurante ubicado en el bajo llegaron aguas fecales, las empresas de cristalería ocuparon la vía pública y hubo derribo de tabiques.

En mayo de 2024 trascendió a la prensa que el Ayuntamiento estudiaba la legalidad de esas obras, y fue justo un mes después cuando González Amador decidió poner una reclamación ante la AEPD contra el consistorio madrileño. Una acción que apoyó su pareja, Díaz Ayuso: “Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales ante la administración que sea”.

Tras meses de diligencias y de alegaciones por parte del equipo de Almeida, el asunto se ha resuelto con una sanción para el Ayuntamiento de Madrid por la vulneración de hasta tres artículos del Reglamento General de Protección de Datos. Pero esa sanción, al ir contra una administración pública, se queda solo en una suerte de apercibimiento para que se subsanen los agujeros de su sistema de protección de datos. Y eso que la norma recoge que las multas —que van dirigidas fundamentalmente a empresas— pueden ascender a 20 millones de euros.

Se da la coincidencia de que la AEPD dictó esta sanción un día antes (19 de noviembre de 2025) de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Esa causa del Alto Tribunal nacía también en González Amador y su fraude a las arcas públicas. La Fiscalía le pide tres años y 9 meses de cárcel por dos delitos de fraude fiscal, equivalentes a 350.951 euros, y otro de falsificación de documentos.

La resolución de la AEPD, que ha podido consultar en fuentes abiertas elDiario.es a través del portal de la agencia, explica que el novio de Ayuso denunció que entre los datos que acabaron en poder de los medios estaba su nombre completo, su DNI, su dirección postal, su número de teléfono, la dirección de correo personal, y el contenido íntegro de los expedientes urbanísticos vinculados a su vivienda habitual. También lamentaba que terceros pudieron ver datos de la vivienda, como su distribución, la superficie, la ubicación de las entradas y salidas al exterior o datos como el presupuesto y coste de la obra. Explicaba en su denuncia que los datos difundidos en los medios “únicamente eran conocidos por el Ayuntamiento como organismo responsable de la tramitación del expediente urbanístico”.

Las dos aplicaciones

La Agencia, siguiendo el protocolo administrativo por el que se rige, trasladó la denuncia al Ayuntamiento, que respondió un mes después indicando que, tras estudiar el asunto, detectaban doce noticias que hacían mención o incluían literales de dos expedientes administrativos relativos a la vivienda en cuestión. Y que esa información había sido obtenida a través de dos aplicaciones distintas del consistorio.

La primera de esas aplicaciones, que en la resolución anonimizada aparece como 'Aplicación 1', es una herramienta de acceso público que sirve para consultar licencias y expedientes urbanísticos y que depende de la Agencia de Actividades. Y la segunda de ellas, la 'Aplicación 2', es de uso exclusivo del personal municipal autorizado. Con estas primeras pesquisas, el Ayuntamiento bloqueó la aplicación de acceso telemático público.

Tras esto, y a requerimiento de la Agencia, el consistorio indicó que no se podía calificar el incidente como “brecha de seguridad” porque no tenían constancia de la existencia de una violación de seguridad de los datos personales o accesos ilegítimos en relación con los sistemas de información gestionados por la IAM, Informática del Ayuntamiento de Madrid. Y sobre las medidas que se iban a adoptar, el Ayuntamiento explicó que ya había llevado a cabo una “desconexión temporal” de la aplicación pública para trabajar en la anonimización de datos sensibles y que se capó el acceso a la persona que había consultado en decenas de ocasiones la aplicación interna.

Con todos los datos sobre la mesa, los inspectores asignados por la Agencia iniciaron un largo procedimiento de meses que cristalizó en diciembre de 2024 con el arranque del procedimiento sancionador. Tras diversas alegaciones de los organismos municipales afectados, en agosto de 2025 la AEPD entendió que el Ayuntamiento había infringido el reglamento europeo de protección de datos y conminaba a Martínez Almeida a anonimizar todos los datos de carácter personal contenidos en la aplicación pública; a documentar las altas y las bajas de los usuarios que tenían acceso a bases de datos sensibles; y a la revisión periódica de los permisos de acceso a las bases internas.

En la resolución, la AEPD explica que si bien el derecho de acceso a la información urbanística “debe interpretarse conforme al principio de transparencia máxima”, esta “no es ilimitada y debe armonizarse con el derecho fundamental a la protección de datos personales”. Por eso, recuerda que no es permisible “la publicación indiscriminada de cualquier dato personal, sino únicamente aquellos realmente necesarios para la finalidad de (…) fiscalización”.

La Agencia concluye su resolución dándole seis meses al Ayuntamiento para que implemente todas las medidas que le exige, incluida la anonimización de datos personales en la aplicación que es de acceso público. El Ayuntamiento, en diciembre de 2025, recurrió la decisión de la AEPD, pero solo para matizar que la aplicación de acceso público no debía ser anonimizada totalmente porque esto sería contrario “al marco normativo aplicable en materia de transparencia y urbanismo”. Y la Agencia aclaró que se debían disociar solo los datos personales no pertinentes.

Mientras, la pareja Ayuso-Amador continúa disfrutando no solo del piso reformado sino también del ático de lujo del mismo edificio, adquirido por 950.000 euros por una sociedad denominada Babia Capital SL, que es administrada por el fiscalista de González Amador, Javier Gómez Fidalgo. El propio empresario declaró en una comparecencia judicial que Fidalgo se lo alquilaba por 5.000 euros al mes con derecho a compra, que finalmente ejecutó en noviembre del año pasado.

El delito fiscal es el tipo penal de los ricos. Y no podía faltar en el juicio a los Pujol. La semana ha vivido un intenso duelo de peritos que ha provocado los mayores daños hasta ahora en las defensas. No porque la palabra y los cálculos de los funcionarios de la Agencia Tributaria supongan automáticamente una condena (el tribunal también ha escuchado argumentos de descargo de los expertos contratados por los abogados de los Pujol), sino porque se ha comprendido de qué se acusa a dos de los hijos del expresident. No es poca cosa.

La historia de los Pujol con Hacienda viene de lejos y durante décadas estuvo marcada por el ghosting. En su famosa carta de confesión, el expresident reconoció que su familia mantuvo oculta al fisco una fortuna familiar durante 30 años, incluidos los 23 de su mandato en la Generalitat. Según su versión, a la que solo sus acólitos dan credibilidad, era la herencia del abuelo Florenci.

Los hermanos regularizaron “deprisa y corriendo” los fondos en Andorra, tal y como declaró en el juicio el asesor fiscal de los Pujol, tras ver los saldos en la portada de El Mundo el 7 de julio de 2014 (brigada política del PP mediante). Oleguer, Pere, Marta y Mireia se pusieron, por fin, al día con Hacienda. Oriol ya había cedido el dinero años atrás a su hermano Jordi porque le incomodaba por su carrera política, según contó al juez instructor.

Habitualmente, los juicios por delitos fiscales terminan en conformidad, es decir, con un acuerdo entre la Fiscalía, Hacienda y las defensas. El poderoso acusado admite el fraude, evita así pasarse muchas horas en un sitio tan incómodo como un banquillo y se salva de la cárcel (un lugar donde abundan los pobres). A cambio, el Estado consigue un buen dinero gracias a las multas e indemnizaciones por los impuestos impagados.

La regularización de los fondos de parte de los hermanos Pujol, por la que pagaron sus correspondientes multas y recargos, implica que no estén acusados de delito fiscal. Tampoco el padre, pues su caso ha prescrito. ¿Por qué delitos se podía proceder contra ellos? Dos clásicos: asociación ilícita y blanqueo de capitales. Dos tipos penales con los que es más difícil llegar a un acuerdo que el fraude a Hacienda.

Aquí han empezado los problemas para la Fiscalía. El testigo clave de la acusación, el investigador jefe de la Policía encargado de sustentar la tesis acusatoria, no tuvo sus mejores días cuando le tocó declarar.

No todo hay que achacarlo a la torpeza policial: el silencio de clase empresarial ha permitido mantener el velo a muchas de las malas praxis del pujolismo. Y, aunque a veces se mezclen, una cosa es lo que se logra en un juicio y la otra el reproche ético al hombre que dio lecciones de moral desde el Palau de la Generalitat. El caso a los Pujol ha desnudado comportamientos familiares difícilmente compatibles, terminen siendo delito o no, con la rehabilitación política que pretende el expresident y que le brindan algunos de sus rivales.

El policía apenas mencionó al expresident y a los hermanos que no son Jordi Pujol Ferrusola, cuyos desmanes empresariales solo posibles por su apellido (cobró 14 millones de euros en ocho años, la mayoría procedentes de contratistas de la Generalitat) han monopolizado la vista.

El juicio a los Pujol es más bien el juicio a Jordi Júnior. Más allá del hecho conocido de tener un dinero oculto en Andorra, no se ha visto prueba (ni de cargo, ni de descargo) sobre el padre y la mayoría de hermanos.

En suma, más que solidificar los indicios del caso (como sí pueden hacer los policías en sus declaraciones), el investigador de los Pujol corroboró el carácter vaporoso de la acusación de asociación ilícita contra la familia.

Por el contrario, los peritos de la Agencia Tributaria que sustentan la acusación por delito fiscal contra Josep y Jordi sí aportaron una explicación clara sobre el fraude fiscal: ambos hermanos ocultaron parte de sus rentas al fisco y obtuvieron con ello ganancias no justificadas.

Los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de Hacienda, en funciones de auxilio judicial, defendieron con argumentos y datos su tesis, aunque con algunos reproches innecesarios al abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, a quien uno de los peritos afeó que le estaba sometiendo “a un examen”. El magistrado que preside el tribunal, José Ricardo de Prada, tuvo que volver a tirar de paciencia y talante y pedir tranquilidad a todo el mundo.

En el caso de Jordi, el engaño consistió, según los peritos, en que tributó a través de sus empresas y no por IRPF. Un clásico en las causas por delito fiscal. Más espectacular es el origen del fraude fiscal atribuido a Josep: mover 900.000 euros en metálico entre dos bancos andorranos, en una bolsa con 10.700 billetes de 50, 100, 200 y 500 euros que pesaba 10 kilos, y volver a ingresarlos en la cuenta inicial, para un préstamo que Hacienda cree simulado. Ocurrió todo el 9 de diciembre de 2009 en una plaza del principado.

Además de sus propios peritos, que negaron el fraude, las defensas presentaron al tribunal una batería de argumentos de descargo (la inspección de la Delegación de Hacienda en Catalunya favorable a sus tesis o la “expresa reserva” de las autoridades andorranas a que la información bancaria del país enviada a España se usara en investigaciones por este tipo penal). Sea cual sea la decisión del tribunal sobre el delito fiscal, al menos se entendió.

Una de las inspectoras de Hacienda que analizó la contabilidad de las empresas del primogénito del expresident de la Generalitat ha concluido que el año 2008, uno de los que forman parte de la acusación por fraude fiscal contra Jordi Pujol Ferrusola, ya está prescrito.

Así lo ha manifestado una inspectora de la Agencia Tributaria en el juicio que celebra la Audiencia Nacional al expresident Jordi Pujol, a siete hijos, a Mercè Gironés, exesposa del primogénito, y a ocho empresarios por supuestos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.

La perito ha indicado que con los datos que entonces tenían establecieron que en 2008 Pujol Ferrusola, como persona física, eludió a Hacienda una cuota a pagar de 89.244 euros, Imisa 55.162 y Project Marketing 4.375, pero estimaron que a efectos penales las deudas de este año habían prescrito.

La inspectora de Hacienda analizó las obligaciones tributarias de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (IMISA) y Project Marketing entre los años 2008 y 2011.

En la jornada de este lunes, han declarado cuatro inspectores de Hacienda de la Delegación de Catalunya de la Agencia Tributaria, pero no serán los únicos peritos del fisco en testificar: el tribunal también oirá peritos de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), una unidad de la Agencia Tributaria (AEAT), que también participó de la investigación del caso Pujol.

Hacienda dudó de si facturas que emitieron empresas de Jordi Pujol Ferrusola correspondían a servicios reales de asesoramiento e intermediación con empresarios acusados de pagarle supuestamente para cooperar en el blanqueo de la fortuna oculta de su familia en Andorra.

En su declaración, los peritos han señalado que detectaron ingresos que figuraban en las cuentas de estas empresas que en realidad debían corresponder a Jordi Pujol Ferrusola, a efectos del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), ya que eran servicios que prestaba con “carácter personalísimo”.

Ha hecho referencia a diversas facturas emitidas por las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola pagadas por empresas investigadas como Copisa e Isolux por servicios de intermediación y asesoramiento en diferentes oportunidades de negocio.

En concreto, ha puesto como ejemplos su mediación en operaciones de compraventa de un club de golf en Ronda (Málaga), la ampliación de la refinería del puerto de Cartagena (Murcia), un proyecto de plantas solares en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y otros para introducir empresas en diversos países como el de una planta de residuos en México o de instalaciones eléctricas en Gabón.

La Fiscalía mantiene que los pagos de estos empresarios a la familia Pujol eran producto del favorecimiento a los mismos para que resultaran adjudicatarios de concursos de la administración pública catalana.

La inspectora ha dicho que requirieron documentación a las empresas de Pujol Ferrusola, como actas de reuniones, correos electrónicos o contratos, que acreditara que el concepto de servicios de asesoramiento e intermediación que se ponía en las facturas que emitían era real.

Ha añadido que sin embargo “no se aportó” nada y tan solo tuvieron algunos documentos, como contratos, que entregaron las empresas que pagaban, como las mencionadas Isolux o Copisa.

Esto unido a que las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès solo tenían una persona empleada que compartían con una única oficina hicieron que sospechara de esos pagos.

Pero la inspectora ha aclarado que cuando realizó su informe en 2015 tenían la confirmación de las empresas pagadoras de que los mismos se llevaron a cabo y nada en concreto que lo desmintiera pues aún no había avanzado la investigación judicial y desconocían que representantes de sociedades que participaron en algunos de esos proyectos desmienten que Pujol Ferrusola intermediara en los mismos.

Ha reconocido que le pareció extraño que Pujol Ferrusola llegara a cobrar más de un millón de euros por intermediar y asesorar en algún proyecto, pero ha añadido: “Si nadie me aporta algo que demostrara que esa operación no era real, para mí era válida, y si alguien hubiera dicho otra cosa, habríamos adoptado otro criterio”.

Ha añadido que en los siguientes ejercicios en su propuesta de liquidación la cuota resultante a pagar para Pujol Ferrusola fue de 135.951 para 2009, 19.137 para 2010 y 16.232 para 2011; para IMISA 45.655, 113.824 y 70.092, respectivamente, mientras que para Project Marketing le salía a devolver 38.468 en 2009 y 887 en 2010, quedando 2011 en cero.

En su escrito de acusación el fiscal, teniendo en cuenta todos los informes periciales y la investigación policial, señala que Pujol Ferrusola dejó de ingresar a Hacienda 554.198 euros en el ejercicio de 2007, 1.358.428 en 2008, 1.727.183 en 2009, 2.122.454 en 2010 y 836.236 en 2012, para un total de 6.598.799 euros.

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, para que declare como investigado por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre el fraude fiscal por el que está procesado Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

La magistrada Raquel Robles González acata de esta forma “lo ordenado por la superioridad”, según ella misma escribe en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Robles archivó la querella presentada por el PSOE, en primer lugar, a la que se sumaron El País y los periodistas de ese medio señalados por Rodríguez, pero la Audiencia Provincial corrigió su decisión y obligando a investigar.

Además de a Miguel Ángel Rodríguez, la jueza ha citado a un testigo y a los dos periodistas perjudicados en esa misma jornada del 6 de mayo. Asimismo ha ordenado que la Unidad adscrita de la Policía Nacional que presta servicio de escolta a la presidenta madrileña identifique a los agentes que ese día estaban de servicio. Los policías de la escolta de Ayuso identificaron en la calle a los periodistas señalados después por Miguel Ángel Rodríguez, que difundió sus datos pesonales e incluyó la fotografía de ambos.

En un primer momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid rechazó investigar a Rodríguez, en contra del criterio de la Fiscalía, y archivó la causa sin practicar diligencias. Pero la Sección Quinta de la Audiencia Provincial consideró “pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente difundió los mismos”.

Miguel Ángel Rodríguez se implicó de lleno en la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, después de que elDiario.es revelara que había sido denunciado por fraude fiscal. Rodríguez se dedicó durante esas semanas a atacar a los medios de comunicación que informaban sobre el caso.

El jefe de gabinete de Ayuso amenazó a elDiario.es difundiendo el bulo de que redactores de este periódico habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados. De otro lado, aireó entre periodistas los nombres y fotos de dos reporteros de El País que buscaban información del caso en las inmediaciones del domicilio de la presidenta y su pareja. “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”, afirmó.

El PSOE fue el primero en denunciar a Miguel Ángel Rodríguez por revelación de secretos, seguido de una querella presentada por el periódico y los dos periodistas. Todos acusaban a Rodríguez de haber expuesto de forma delictiva a los reporteros, añadiendo que había extraído esos datos de forma irregular de la Policía o alguno de los agentes que custodian la casa de la presidenta regional. La Fiscalía solicitó la apertura de una causa y que un periodista de El País testificara, además de aportar el mensaje de Rodríguez a la causa.

La respuesta del juzgado de instrucción 25 de Madrid fue rechazar la apertura de una causa contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. “La simple referencia al nombre y primer apellido de dos profesionales en modo alguno puede estar comprendido en el concepto de secreto, dato o información reservada, pues ninguna afectación a la esfera privada de los periodistas ha tenido lugar con su sola identificación nominal”, argumentó la magistrada para avalar la actuación de Rodríguez.