En julio de 2025, unos días después de que Donald Trump anunciara el tarifazo del 50% a Brasil, el presidente brasileño, Lula da Silva, divulgó en sus redes un mensaje con una frase: “O PIX é nosso, my friend”. PIX, el sistema público de pagos digitales desarrollado por el Banco Central de Brasil (BCB), estaba en el epicentro de la disputa comercial entre los dos países. Un día antes del post de Lula, la agencia federal responsable de la política comercial internacional del gobierno estadounidense había incluido a PIX en su investigación por “perjudicar la competitividad de empresas estadounidenses que actúan en esos sectores”, en alusión velada a las corporaciones de tarjetas de crédito VISA y Mastercard, a las que PIX ha arrebatado el liderazgo de los pagos electrónicos en Brasil.

Una semana después del tarifazo de Trump, el premio Nobel de economía Paul Krugman escribió un artículo en defensa de PIX, tecnología que definió como el dinero del futuro del mundo: “Las transacciones en PIX son casi instantáneas (tardan 3 segundos, frente a los dos días de las tarjetas de débito y 28 de las tarjetas de crédito). Los costes son bajos: el sistema es gratuito para personas físicas y cobra apenas el 0,33% del valor transferido para empresas (frente al 1,13% de la tarjeta de débito y el 2,34% de las de crédito)”.

En su texto, Paul Krugman destacaba que PIX “parece estar substituyendo rápidamente tanto el dinero como las tarjetas”. En efecto, el dinero físico casi ha desaparecido de Brasil. En las tiendas nadie tiene cambio. Apenas el 6% de los brasileños usa billetes y monedas, frente al 90,9% que utiliza PIX. En 2025, PIX pulverizó todos los récords: 35,32 billones de reales en transacciones (58,69 billones de euros) y 63.500 millones de operaciones. Además, PIX está incorporando nuevas funcionalidades, como el pago automático de la cuenta de la luz, el agua o Internet, entre otras cosas. “Como medio de pago preferido de los brasileños, PIX ha mostrado ser práctico, rápido y más seguro, especialmente evitando la necesidad de sacar dinero en los cajeros de los bancos”, explica a elDiario.es Frederico Glitz, abogado especialista en derecho internacional, fundador de Glitz & Gondim Consultoría Jurídica. Por si fuera poco, PIX va consolidándose como medio de pago en el mundo empresas. Las transacciones entre personas y empresas han aumentado del 30% a finales de 2022 al 55%, informa el Banco Central de Brasil a este medio.

PIX muere de éxito. Y su proyección internacional, a pesar de Donald Trump, es imparable: se prepara una especie “PIX internacional” (Proyecto Nexus) y una expansión de PIX al universo económico de los BRICS, el bloque de economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que busca contrapesar la influencia financiera y política de Occidente. 

Sistema público

Krugman destacaba en su artículo el carácter público de PIX: “La industria financiera de Estados Unidos no permitiría nunca que un sistema público compita con sus servicios, especialmente si el sistema público es superior”. Aunque otros países de los BRICS tienen sistemas de pago electrónico parecidos a PIX (SBP en Rusia, UPI en India, WeChat Pay en China), ninguno es 100% público. Por su parte, el Bizum de España fue lanzado por un consorcio de bancos. En la mayoría de los casos, las operadoras privadas acaban siendo favorecidas. En el UPI indio, la participación de empresas privadas acabó provocando la concentración de los pagos instantáneos en multinacionales como Google o Walmart.

Carlos Eduardo Brandt, considerado el padre del PIX, que en 2025 dejó el Banco Central do Brasil (BCB) para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), considera imprescindible el carácter público de los sistemas de pago. “Para alcanzar un ecosistema de pagos realmente inclusivo, lo más apropiado es tener un agente neutro. En el caso brasileño, el agente neutro por excelencia es el Banco Central de Brasil”, aseguró Brant a la BBC. 

Para la economista Carla Beni, profesora de la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), la administración Trump está incomodada con PIX porque no solo compite con las empresas de tarjetas de crédito, sino con las big tech, las grandes tecnológicas. “Sustituye gran parte del uso de tarjetas de débito y de crédito, especialmente tras el lanzamiento de servicios como PIX crédito (crédito) o Pix parcelado (pagar a plazos). También hubo reclamaciones de que el Banco Central habría impuesto barreras al WhatsApp Pay, algo que fue muy bueno para PIX y para Brasil, y eso acabó impactando negativamente también a Apple Pay y Google Pay”, asegura Beni en una conversación con elDiario.es.

¿Hacia un PIX global?

Una de las funciones de Carlos Eduardo Brandt como Experto Senior del Sector Financiero del FMI es estudiar cómo PIX puede aplicarse en una escala global. Simplificar los pagos instantáneos entre diferentes países es uno de sus cometidos. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira. Con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres, según Tobias Adrian, director del departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Brandt ha acompañado de cerca el sistema que pretende intercomunicar el sistema de pago de los dieciséis países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y el Proyecto Nexus, bautizado como el “PIX internacional”, que ya está siendo implementado en cinco países asiáticos (India, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia). Carla Beni considera que 2026 es el año de transición en el que PIX va a pasar de ser un sistema de efectuar pagos domésticos para ser una herramienta de integración global y geopolítica. La especialista cita como referencia el Proyecto Nexus, del Banco de Compensaciones Internacionales (BIS). “Va a interconectar los sistemas de pagos instantáneos de más de sesenta países, incluso algunos como Italia, de la zona euro”, matiza.

Frederico Glitz considera que, al margen de decisiones geopolíticas, la expansión internacional de PIX ya está en marcha. “El consumidor brasileño ya encuentra establecimientos extranjeros que aceptan PIX, porque permite una mayor simplificación de operaciones internacionales”, sostiene Glitz. En Argentina, existen incluso aplicativos como Belo o PagBrasil que ya permiten pagar vía PIX. Carla Beni también destaca el crecimiento del PIX en el exterior por medio del sector privado. “Algunos establecimientos comerciales en Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y España también aceptan pagar con códigos QR vía PIX, con conversión inmediata para el real brasileño”, afirma Beni.

Por si fuera poco, para desconsuelo de Trump, PIX ha sido el primer sistema de pagos digitales que tiene la tecnología lista para conectarse al sistema de pago BRICSPay, una especie de “Pix de los BRICS”, que aspira a acabar con la hegemonía mundial del dólar.

Nuestros sistemas de incentivos (económicos, políticos y sociales) parecen, a menudo, diseñados para premiar lo que genera daño. No es cuestión de mala fe individual, sino de un sistema que recompensa, con dinero, fama o poder, las malas prácticas. Se paga, se aplaude o se da visibilidad a aquello que, en teoría, todos deberíamos rechazar.

Pensemos en la salud. Las farmacéuticas obtienen grandes beneficios gracias a suministrar tratamientos crónicos para dolencias como la diabetes, la hipertensión o el colesterol. A esto se ha unido, desde hace unos años, la pastilla para el déficit de vitamina D. Raro es que vayas a hacerte unos análisis de sangre y no te salga carencia de dicha vitamina. Pero lo paradójico es que en una región como Andalucía, con sol a raudales, los sanitarios no te prescriban radiaciones solares, sino cajas de pastillas. El sistema de recompensas está montado de tal modo que mantener una dolencia crónica puede ser más rentable que curarla. La investigación se dirige hacia lo que garantiza ventas a largo plazo, no a lo que previene o cura definitivamente.

En la medicina privada, la lógica es similar: un hospital cobra por cada prueba, por cada visita, por cada intervención. Cuantos más pacientes, más ingresos. ¿Dónde está el incentivo a la prevención, a la educación sanitaria, a la vida saludable? La mayoría de médicos, por supuesto, actúan con ética. El problema no es moral, sino estructural: el sistema premia la enfermedad más que estar sanos.

Y este modelo se ha extendido a casi todos los ámbitos de la vida.

En el periodismo digital un titular engañoso, una declaración incendiaria o un bulo pueden generar millones de visitas, e ingresos publicitarios. En este modelo, la precisión, la serenidad o la verdad no se premia, la viralidad y el sensacionalismo sí.

Ni siquiera la ciencia o la academia escapan a esta lógica. Los investigadores son evaluados por métricas, en muchos casos absurdas, que priorizan la cantidad de artículos publicados, y no su impacto o contribución

En la política, los discursos moderados, que requieren matices, se pierden en el ruido mediático. En cambio, los mensajes simplistas y emocionales, los que prometen soluciones fáciles, triunfan en las urnas. La radicalidad da visibilidad; la calma, anonimato. En el juego de la confrontación política más carroñera ya sabemos que “cuanto peor, mejor”.

De igual modo, en el mundo de los influencers, los mensajes misóginos, teorías conspirativas o discursos de odio son los que logran fama y dinero, mientras los contenidos educativos, de análisis o más serenos apenas tienen repercusión. El algoritmo de plataformas como TikTok, Instagram o X premia los contenidos que más emociones intensas generan: rabia, miedo o indignación, y cuantos más adictos a las pantallas, más ingresos publicitarios obtienen.

La misma lógica opera en el mundo empresarial, las firmas tecnológicas que despiden a miles de empleados, como Meta, Amazon o Google, vieron sus acciones dispararse tras anunciar recortes. El mensaje implícito es claro: destruir empleo es un signo de éxito financiero.

Y qué decir de la industria alimentaria, los productos ultraprocesados se formulan para maximizar el bliss point, esa proporción perfecta de azúcar, sal y grasa que lo hace irresistible, activando la liberación de dopamina. En otras palabras, que lo hace adictivo, es decir, rentable, pero no porque sea nutritivo o saludable, sino porque fideliza. Nuevamente se constata que la rentabilidad se sustenta en la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, en el malestar ajeno.

La administración pública tampoco se queda atrás. Es notorio que muchos ayuntamientos utilizan las multas con afán recaudatorio, se incentiva aumentar sanciones, no mejorar la circulación o la seguridad vial. Por otro lado, los pluses que reciben algunos empleados públicos por la realización de horas extraordinarias puede ser otro ejemplo de “incentivo perverso”. En muchos países, incluyendo España, una parte del salario que recibe un bombero puede aumentar considerablemente por hacer horas extras durante las emergencias. Dicho de otro modo: si hay incendios, hay más ingresos, si la temporada es tranquila, se cobra menos. Nadie desea incendios, y el trabajo de los bomberos es admirable, heroico, pero el sistema recompensa la emergencia, no la prevención. Las tareas más importantes (limpieza de montes, vigilancia, formación, mantenimiento de cortafuegos...) son las menos reconocidas. La prevención, el esfuerzo silencioso por evitar un fuego no da titulares ni visibilidad, ni se remunera mejor.

Ni siquiera la ciencia o la academia escapan a esta lógica. Los investigadores son evaluados por métricas, en muchos casos absurdas, que priorizan la cantidad de artículos publicados, y no su impacto o contribución al bien común o a resolver problemas de nuestra sociedad. El compromiso social, que debería ser inherente en una universidad, no da rédito ni reputación.

La propuesta de la economía del bien común va en la dirección de premiar aquellas organizaciones que tienen un impacto social positivo, medido éste por su contribución al bien común y no sólo por su éxito financiero

¿Y qué hacer para evitar este círculo vicioso? ¿Cómo habría que proceder para que el éxito económico, político o mediático dependiera de mejorar la vida de la gente y no de aprovechar sus debilidades, de resolver problemas y no de cronificarlos?

Algunos países están experimentando con modelos que premien la prevención, la transparencia o el impacto positivo, en los que, por ejemplo, los sistemas de salud pública bonifiquen a centros que logren reducir las rehospitalizaciones o mejorar la calidad de vida del paciente. En Finlandia y Canadá se experimenta con contratos de “impacto social”: los inversores financian proyectos preventivos, por ejemplo, reducir la obesidad infantil, la pobreza o la exclusión, y sólo cobran si los resultados se consiguen.

La propuesta de la economía del bien común va en la dirección de premiar aquellas organizaciones que tienen un impacto social positivo, medido éste por su contribución al bien común y no sólo por su éxito financiero. Ventajas fiscales, créditos más baratos, privilegios en la compra pública, cooperación con universidades públicas en investigación y ayudas directas son ejemplos de lo que podríamos denominar “incentivos virtuosos”.

Necesitamos, por tanto, repensar nuestro modelo de sociedad, redefinir nuestros indicadores de lo que consideramos éxito, alinear nuestros incentivos con el bien común. En definitiva, diseñar sistemas en los que hacer el bien sea lo más rentable. Que curar sea más rentable que mantener enfermos. Que prevenir incendios dé más reconocimiento que apagarlos. Que informar con rigor genere más ingresos que manipular. Que la serenidad y la cooperación sean más virales que el conflicto. 

Que cuanto mejor… mejor.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha puesto en marcha una línea de financiación para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que tienen proyectos viables pero problemas para sellar créditos con la banca.

El proyecto, denominado ICO Crecimiento, estará dotado, inicialmente con 1.000 millones de euros y está pensado, por ejemplo, para pymes que tienen un alto endeudamiento y no pueden acceder más a la banca, pero sus proyectos son viables económica y financieramente. 

El programa, según indica el ICO, cuenta con un diseño “escalable”, que “permite financiar tanto proyectos de inversión como necesidades de liquidez ligadas a la actividad empresarial”. La financiación, según este organismo, tendrá un plazo de amortización de entre cinco y diez años, con periodos de carencia, matiza. 

Y el tipo de interés de referencia será el Euribor más un margen de entre el 1,75% y el 0,75%, en función del riesgo de la operación, pero puede ser inferior si hay cofinanciación con alguna entidad financiera.

Además, según fuentes del ICO, hay que cumplir condiciones para acceder a este programa. Tienen que ser pymes que cuenten, al menos, con cuatro años de antigüedad y que tengan las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios auditadas, o que cuenten con un aval público. Todo el proceso de solicitud, añaden las citadas fuentes, se tiene que hacer de forma online, a través del ICO, y las solicitudes tiene un plazo tope: el 31 de diciembre de 2027.

Riesgo, controlado

“Queremos ayudar a pymes en ámbitos que son menos financiables por la banca, como los activos intangibles, por ejemplo, hacer una prospección de mercado de cara a la exportación, que conlleva un riesgo, patentes, licencias, inteligencia artificial. Son proyectos que son viables, pero que las empresas a veces no pueden realizar por tener un alto endeudamiento”, explican las citadas fuentes. 

La previsión del ICO es llegar, inicialmente, a cerca de 10.000 empresas, con proyectos de entre 100.000 y 125.000 euros. “Somos prudentes, porque se va a ir paso a paso, luego se pueden ampliar” esas cifras, añaden. “La pérdida máxima es del 1%. Se calibra con modelos, para limitar la exposición al riesgo”. Además, apuntan como base la experiencia que ha desarrollado el ICO en los últimos años, con la financiación para mitigar, por ejemplo, el impacto del coronavirus.

“Son empresas que son solventes, aunque tengan una endeudamiento alto o riesgos”, argumentan. “No venimos a competir con la empresa privada, sino a cubrir un hueco de financiación. Y no queremos hacer operaciones bilaterales, solos, sino también en colaboración con la banca”. Además, los fondos pueden destinarse a “la compra de participaciones en el tránsito generacional de accionistas, por jubilación, por ejemplo, para que sea más fácil la transición”. Esto puede materializarse financiando la compra de autocartera o a través de una sociedad mercantil.

Desde la pasada crisis inmobiliaria y financiera que padecieron millones de personas, la atención sobre las decisiones y políticas llevadas a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales de cada país miembro, vienen siendo objeto de un mayor interés por parte de la opinión pública muestra de una creciente concienciación sobre las implicaciones que sus políticas tienen sobre la vida diaria de la gente. Este seguimiento de la actuación de los reguladores bancarios debe ser objeto también de escrutinio y control por parte de los representantes elegidos por la soberanía popular, y ello como parte de su desempeño y labor de servidores en pro de la ciudadanía.

Bajo esa premisa de fiscalización, el pasado mes septiembre varios diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional para obligar al Banco de España (BdE) a dar cuenta de la información que dispone, banco a banco, sobre el dinero público que les transfirió en concepto de intereses por depositar sus reservas en dicha institución en los años 2022 y 2023, y que había sido previamente denegada por el BdE aduciendo que esos datos estaban sujetos al secreto profesional.

La importancia de esta demanda ante la Audiencia radica en la utilidad de esta información detallada para hacer un buen diseño de la política fiscal, por ejemplo, para adaptar el gravamen temporal a la banca que a final de este año habrá que convertir en permanente. La cantidad a la que no referimos no es poca, en torno a 8.000 millones de euros obtuvieron las entidades de crédito en 2023 por dejar su liquidez en la facilidad de depósito del BdE. Esto representó el 65% de los beneficios que obtienen estos bancos en España a la vez que una merma para el propio BdE.

Hay que recordar que el ingreso de 2.000 millones que el BdE suele hacer anualmente en el Tesoro, procedente de sus beneficios, se redujo a cero el pasado ejercicio, lo que se tradujo en un importante menoscabo en las posibilidades de financiar iniciativas públicas. Es mucho dinero que debería estar bajo un riguroso control puesto que son ganancias de la banca privada que proceden de una transferencia con origen en el sector público. Asimismo, esta información daría transparencia al mercado de valores y sería muy útil para los inversores, pues no es equivalente a la hora de invertir, un banco que obtiene el 65% de su beneficio de la facilidad de depósito, que otro en el que ese 65% del beneficio se consigue de prestar a hogares y empresas.

La demanda planteada contra el BdE se sustenta en pétreos argumentos jurídicos, en tanto el derecho a obtener información ha sido reconocido en el ámbito internacional como un Derecho Fundamental, inherente y esencial para la libertad de expresión; así se señala en el artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, en el ámbito nacional, el Tribunal Constitucional ha considerado reiteradamente que el derecho de los parlamentarios a obtener información es un derecho de configuración legal que se integra en el contenido del artículo 23 de la Constitución y, por lo tanto, constituye un derecho fundamental.

Tras la primera respuesta negativa a los diputados escudándose en el secreto profesional, el BdE solicita ahora a la Audiencia la desestimación de la demanda apoyándose en una carta remitida por el todopoderoso Banco Central Europeo, en la que éste argumenta en un tono tajante y veladamente displicente con la justicia española, que la política monetaria, para ser eficaz, tiene que ser opaca, es decir, tiene que hacerse en secreto, a pesar de financiarse con dinero público. El BCE estaría dando con su argumento a este dinero el status de “fondos reservados” a algo que es obvio que no lo tiene.

Esto a su vez entra en colisión con un principio básico de los mercados eficientes, la transparencia. La información perfecta y simétrica para todos los agentes que participan asegura la eficacia de los mercados. Pues bien, el BCE quiere que su política monetaria financiada con dinero público opere al margen de la teoría económica de los mercados eficientes. Según el BCE para que la política monetaria sea eficaz, los inversores privados, por ejemplo, tienen que operar con una información parcial, al igual que los agentes públicos encargados de diseñar la política fiscal. Obviamente esto es un sin sentido. El BCE no puede basar una política tan importante como la monetaria en el secreto y la difuminación de la información con la que operan los mercados. Esto no es ni sólido, ni coherente.

Es, además, una falacia sostener que proporcionar información, banco a banco, sobre la transferencia de dinero público que reciben de la facilidad de depósito la estigmatizaría. En primer lugar, porque se puede aproximar el volumen individual de esta transferencia a partir de la dimensión de cada banco, habiéndose publicado varias estimaciones en este sentido, sin que tengamos noticias de que esto haya disuadido a ninguna entidad de ubicar su liquidez en la facilidad de depósito.

En segundo lugar, porque ya hay bancos que publican esta información en sus memorias, así pues la teoría de la estigmatización no parece muy sólida. En este mismo sentido, hay países, como el Reino Unido, que han solicitado esta misma información directamente a los bancos desde su Parlamento. Obteniendo una respuesta positiva y sin que esto se haya traducido en una estigmatización de la facilidad de depósito del Banco de Inglaterra.

Y, en tercer lugar, porque incluso si fuese cierto que revelar lo obtenido por cada banco hiciese menos eficaz la política monetaria, esto solo significaría que este instrumento no es suficientemente eficaz y que el BCE debería recurrir a otro -o en combinación con otro-, por ejemplo, la regulación del volumen de crédito.

Pese a la contundencia con que el BdE y el BCE exponen sus argumentos para denegar la información, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha manifestado en un reciente escrito su posición favorable a estimar la demanda, y ello pese a conocer los escritos de nuestro banco central y el del BCE. Así, el Ministerio Fiscal critica que el acuerdo del BdE impugnado no motive suficientemente su negativa a entregar la información solicita y se limite a “ofrecer una justificación formal con invocación de afectar a la ‘política monetaria-facilidad de depósito’ y al ‘secreto profesional’”, haciendo referencia a normas de derecho europeo, cuando dicha normativo “no regula, prohíbe ni impide que la información bancaria que pudiera constituir secreto profesional pueda ser facilitada a los diputados de los parlamentos nacionales cuando fuere recabada en el ejercicio de sus funciones parlamentarias”.

Además, la fiscalía recuerda que “los derechos fundamentales garantizados en los dos apartados del art. 23 CE encarnan el derecho de participación política en el sistema democrático consagrado por el art. 1 CE y son la forma esencial de ejercicio de la soberanía por el conjunto de los ciudadanos”, por lo cual pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que anule la resolución del BdE porque supone una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través de sus representantes parlamentarios, a acceder y participar en condiciones de igualdad a los asuntos, funciones y cargos públicos, en su vertiente funcional de acceso a la información de los poderes públicos.

Obviamente, compartimos la posición de la fiscalía y el fundamentado apoyo que ha dado a nuestra pretensión, que no es otra que la de velar por el interés público. Ahora ya solo queda esperar a la decisión que adopte la Audiencia Nacional, que entendemos debe ser plenamente acorde con los principios de transparencia y buen gobierno y sujeta a los intereses de la soberanía popular.

CriteriaCaixa, el holding inversor de la Fundación La Caixa y protagonista de las mayores compras del año en España, no esconde su querencia por las empresas con sede en el país. La sociedad liderada desde enero por el consejero delegado Ángel Simón, que ha presentado este lunes su Plan Estratégico 2025-2030, aspira a alcanzar al final de la década los 40.000 millones de euros en activos brutos, un aumento del 48%, con una mayor diversificación en sus inversiones y apuestas por firmas españolas de alcance global como ACS o Puig. 

La presentación del plan se ha llevado a cabo en Barcelona, a pesar de que La Caixa sacó sus sedes sociales de la ciudad en 2017. Pero fuentes de la empresa han quitado hierro a ese gesto y han asegurado que se sienten cómodos con su actual ubicación. 

La estrategia 2025-2030 de CriteriaCaixa, con Simón al frente, se prevé más agresiva que en la etapa anterior, según fuentes del propio holding, y eso incluye aumentar significativamente los activos y los dividendos que ingresa la Fundación La Caixa –el paraguas propietario de la inversora– y reducir la deuda de un 15% a un 10% (aunquen con posibilidad de subir al 20% en función de las necesidades del mercado). 

En cuanto a los activos, la previsión es pasar de 27.000 a 40.000 millones de euros en 2030, con unos dividendos para la fundación que se incrementen de los 400 millones actuales a los 700. De esta forma, la tasa de retorno a la Fundación pasaría del 3% a entre un 8% y un 10%, un objetivo que las propias fuentes de la empresa reconocen difícil de conseguir. 

Una de las principales novedades del plan son los cambios en el peso de sus carteras, unos movimientos que ya se empezaron a intuir al trascender sus compras recientes. El peso de la cartera llamada estratégica –que incluye CaixaBank, Naturgy, Telefónica o Agbar– se reducirá del 74% al 55% sobre el total, aunque en términos absolutos crecerá hasta los 22.000 millones de activos y estima unos dividendos de 12.000 millones. 

Por otro lado, la cartera denominada diversificada, en la que se enmarcan las adquisiciones en la constructora ACS o la multinacional de perfumería Puig, crecerá de los 3.000 a los 10.000 millones en activos brutos, lo que supone pasar de un 13% a un 25% en el peso dentro de este holding inversor español. 

El resto se distribuirá en un 10% para el capital privado –actualmente esta cartera está al 3%– y otro 10% para el inmobiliario. Este último no varía en porcentaje, pero CriteriaCaixa manifiesta su intención de retirarse de la gestión directa de una parte de su cartera de vivienda. Ahí se incluye su adquisición del 17% de la Socimi Colonial. Un importe de 350 millones de euros. 

Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, ha asegurado en su discurso de presentación del plan que entre sus propósitos está aumentar su “contribución económica al desarrollo del país, mediante la participación en empresas estratégicas”. Y sobre las adquisiciones recientes, ha reconocido que subyace en ellas su “preferencia” por “empresas con negocios consolidados”, “con posiciones financieras sólidas y con pago de dividendos ”continuo y creciente“.

Sin noticias de Naturgy y Telefónica

CriteriaCaixa se presenta con esta hoja de ruta como un “agente estabilizador de la economía española”, dada su apuesta por sectores estratégicos como la banca, la energía o las telecomunicaciones, pero en su acto de este lunes no ha aclarado en qué punto se encuentran algunas de sus operaciones de mayor calado. Respecto a Telefónica, en la que se espera que pasen de un 5% a un 10% de participaciones e igualen la del Gobierno, no confirman las informaciones publicadas. Lo mismo que respecto a Talgo y su posible papel en la opa que planteó la firma húngara Magyar Vagon. 

En cuanto a Naturgy, la gasista estratégica española en la que ostentan un 26,7%, y en la que trataron sin éxito de realizar una opa junto a un socio como el gigante de Emirates Árabes Unidos Taqa, tampoco hay novedad por ahora. Desde CriteriaCaixa aseguran que siguen buscando un socio estable, que les permita mantener el control de la empresa a largo plazo. Descartan prácticamente aliarse con IFM, que ostenta el 15% pero con la que no existe sintonía, pero sí insisten en que su intención es no ir en solitario en esta operación.

La cartera de inversiones diversificadas, que actualmente está constituida por unas 80 empresas cotizadas en todo el mundo, triplicará sus activos (de 3.000 a 10.000 millones), pero con un número más reducido de firmas. Cerca de 20 o 30, pero con más influencia en ellas, con mayores dividendos y también más rotación. Los sectores por los que apostarán son tecnológicas, farmacéuticas, biofarma y retail. En esa mayor rotación, que creen que podría ser de entre tres y seis años, enmarcan también su salida de Cellnex. 

“Queremos empresas en las que seamos influyentes y con rotación, porque queremos entrar en momentos en que estas tengan posibilidad de crecimiento”, ha señalado Simón. 

Sumar pide que se limite el reparto de dividendos y las recompras de acciones a los bancos y plantea otras “intervenciones” frente a sus beneficios “obscenos”. El grupo parlamentario del socio de Gobierno ha denunciado este martes que las ganancias extraordinarias de las entidades financieras no se deben a “una mejor gestión” ni al aumento del crédito —éste se ha contraído fuertemente—, y deben redirigirse “a recapitalazarlas y mejorar su solvencia” y a compensar a las familias y empresas dañadas por la austeridad monetaria del Banco Central Europeo (BCE).

“El BCE podría requerir que los bancos no distribuyan dividendos o al menos que lo limiten. Esto ya ocurrió entre 2019 y 2021 cuando el banco central recomendó no repartir dividendos hasta septiembre de 2021, o en todo caso limitarlo al 15% del beneficio”, argumenta Sumar en un informe titulado 'Emplear los beneficios extraordinarios de la banca para compensar a los hogares y reforzar la solvencia bancaria', que ha presentado el portavoz económico del grupo en el Congreso, Carlos Martín Urriza.

Al límite a los dividendos, una decisión que es competencia comunitaria, Sumar dirige otras propuestas al banco central de la eurozona, como que inicie “cuanto antes la rebaja de los tipos de interés”, porque “está en el origen de los beneficios bancarios extraordinarios”. El aumento del 'precio' oficial del dinero ha disparado los márgenes de las entidades, gracias al encarecimiento de las hipotecas y la falta de pago por los depósitos.

Según explica el partido que lidera Yolanda Díaz, “la inflación que enfrenta Europa tiene su origen en la oferta productiva y la política monetaria no es eficaz ni adecuada para combatirla; pues el banco central puede imprimir billetes, pero no barriles de petróleo, metros cúbicos de gas, microchips o alimentos. La escasez o estrés momentáneo de los precios de estos productos es lo que ha provocado la escalada inflacionista. Cuando se han relajado, la inflación ha remitido”.

La tercera propuesta para el BCE es “elevar el coeficiente de reservas obligatorias que los bancos deben depositar en la institución, que actualmente es solo del 1% y desde diciembre del año pasado no se remunera”, añade el documento. El resto del dinero que los bancos de la eurozona 'aparcan' en el banco central recibe una compensación del 4% con fondos públicos, que también ha sido origen de buena parte de los “súper” beneficios de las entidades financieras en 2023 y 2022, según se explica en esta información.

A nivel nacional, y para resolver esta misma cuestión, Sumar pide al Banco de España que “eleve los requerimientos de capital de las entidades financieras”. Según considera, ésta “es otra manera de recuperar para la comunidad los beneficios extraordinarios de la banca con origen en el alza de tipos a hogares y empresas, y la importante transferencia pública que las entidades de crédito han recibido por sus depósitos en el banco central”.

“En torno al 65% de los beneficios bancarios procede de una transferencia pública. Proviene de los intereses por los depósitos que los bancos privados tienen en el Banco de España (en su facilidad de depósito) y que actualmente se remuneran al 4%”, incide Sumar. “El Banco de España no ofrece información banco a banco o, al menos, agregada sobre esta transferencia a pesar de su abultado volumen, que se puede estimar en 7.860 millones de euros. La transferencia es 6,5 veces superior a los 1.214 millones pagados por el nuevo el impuesto sobre las entidades de crédito”, prosigue.

“La importante transferencia desde el erario público a los bancos hace que el Banco de España registre pérdidas en 2023. Estas pérdidas son compensadas con provisiones en su cuenta de resultados, pero recortarán el patrimonio neto del banco. Sin embargo, tanto las pérdidas del año pasado, como las provisiones dotadas en los años precedentes con cargo a los beneficios del regulador, han supuesto un substancial recorte de los ingresos públicos por el recorte de los dividendos abonados por el Banco de España al Tesoro”, detalla el grupo parlamentario de Sumar.

Sobre el impuesto temporal a la banca, Sumar reitera que el Gobierno de coalición ha pactado transformarlo en un gravamen permanente. “Es una vía para recuperar una parte de los beneficios extraordinarios de la banca y destinarlos a proteger a los hogares y empresas más vulnerables de las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania”, comenta.

“En el futuro, el impuesto podría redirigirse e incrementarse para corregir el aumento de la exclusión financiera resultado del importante cierre de sucursales sobre todo en zonas rurales, pero también en algunos barrios. Y para compensar a los hogares por el cobro de comisiones que no les permiten (o les hacen muy gravoso) acceder una cuenta a la vista para domiciliar y pagar recibos (del gas, luz, teléfono, etc.) o realizar pagos por compras. Un servicio que antes la banca proporcionaba gratuitamente a todos los ciudadanos como parte de las condiciones de acceso a la importante concesión pública de la que disfrutan”, concluyen.

Carlos Martín Urriza, portavoz de economía y hacienda de Sumar en el Congreso, ha explicado que ha presentado sus propuestas al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y a la secretaria general del Tesoro. “También me he reunido con el gobernador del Banco de España, Pablo de Hernández de Cos”, ha aclarado en rueda de prensa. Próximamente, “el informe se sedimentará en una proposición no de ley para que el Congreso tenga la oportunidad de expresarse al respecto”,

La caída del negocio bancario surge como el elemento de presión defintivo para que el Banco Central Europeo (BCE) termine con las agresivas subidas de los tipos de interés oficiales en su lucha contra la inflación. El frenazo de la economía es ya una realidad y está recogido en todas las previsiones. Y se refleja directamente en el deterioro de mercado de las hipotecas y los préstamos en general, que se han encarecido hasta el punto de ser inaccesibles para muchas familias y empresas o, al menos, para que se hayan retrasado decisiones de compra o inversión que requieren financiación.

La austeridad monetaria del BCE está dañando críticamente a la economía. Según su propio dogma, para contener las subidas de precios es necesario ahogar el consumo y a las propias empresas. Una estrategia que asume el riesgo de una recesión profunda y de que se destruya empleo, pero el histórico aumento de los tipos de interés podría haber ido demasiado lejos.

De momento, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya ha admitido que “nuestros tipos han alcanzado niveles [del 0% de julio de 2022 al 4,5% actual] que, mantenidos por una duración suficientemente larga, harán una contribución sustancial al retorno oportuno de la inflación hacia nuestro objetivo [el 2%]”. El problema es que el golpe de la política monetaria se va filtrando poco a poco a la economía real. Y que se desconoce su dimensión.

Además, es paradójico que, recientemente, desde el propio BCE se renegó de la austeridad fiscal [los recortes en el gasto y los servicios públicos] con la que se dio respuesta a la gran crisis financiera de 2008. “Hemos pagado un alto precio por esto en forma de un crecimiento más débil, un mayor desempleo y un deterioro de las condiciones fiscales”, afirmó Fabio Panetta, miembro del comité ejecutivo de la institución hasta el 1 de octubre, cuando pasará a ser gobernador del Banco de Italia.

Algunos datos ya asustan. En julio, el número de hipotecas concedidas se hundió un 18,8% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) este miércoles. Esta fuerte caída internanual da continuidad a una racha de 6 meses consecutivos de retrocesos, en los que en los 5 últimos han profundizado más allá del 15%. Incluso, los bancos vendieron en mayo un 25% menos de estos préstamos para adquirir viviendas o fincas.

Hay otros datos que demuestran el deterioro del mercado hipotecario en España. Por ejemplo, la disminución del 2,6% del importe medio de los préstamos de estas características (hasta los 143.412 euros). La caída del dinero que pidieron las familias en julio es la quinta seguida. Si se observa el importe total concedido en comparación con el mismo momento del año pasado, el descenso supera ligeramente el 20%.

El mes pasado también se redujeron los préstamos que los bancos dieron a empresas: un 4,1%. En este caso, tras ocho meses consecutivos de caídas, según los datos que recopila el Banco de España. Estas cifras son similares en toda la eurozona.

Por un lado, son consecuencias de “la esperada corrección desde niveles que se consideraban insostenibles tras el afloramiento de la demanda embalsada durante la pandemia”, señala Santiago Martínez, jefe de análisis económico y financiero de Ibercaja. Por otra parte, “detrás del enfriamiento del mercado hipotecario, además de los elevados niveles de partida, se encuentra sin duda la subida del precio de los préstamos”, continúa este experto de la banca.

Efectivamente, el incremento de los tipos de interés está rebajando la demanda de financiación. Pero, asimismo, este encarecimiento ha compensado hasta ahora a los bancos, que pese a que viene realizando menos operaciones, han conseguido disparar sus beneficios en los últimos trimestres. “El BCE no debería endurecer más la política monetaria”, avisa Frederik Ducrozet, investigador jefe de macroeconomía de la entidad suiza Pictet Wealth Management.

“En las comparecencias públicas de las autoridades de política monetaria hay dos argumentos recurrentes. El primero es que, aunque se haya mejorado, aún se está lejos de mantener una inflación en torno al objetivo del 2%. El segundo es que cualquier decisión es difícil de anticipar. Esto significa que el enfoque es más contingente que nunca. Entre las razones está el propio reconocimiento de que no se sabe exactamente en la actualidad cuánto tiempo tardan en hacerse efectivas las decisiones de política monetaria como las que se están tomando”, reflexionan los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez en artículo publicado por Funcas.

“Traspira un cierto aire de que se está alcanzando el final de las subidas pero, hasta que la inflación no esté bajo control, no pueden descartarse nuevas elevaciones del precio del dinero”, añaden estos expertos.

La Reserva Federal condiciona al BCE

La semana pasada, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió pausar las subidas de los tipos de interés por segunda vez, aunque no descartó otro aumento. La Fed se tomó un primer descanso en junio y después las retomó en julio. Así, el banco central norteamericano ha dejado el 'precio' oficial del dinero en el rango entre el 5,25 y el 5,5%, un máximo de los últimos 22 años.

La Fed empezó el ciclo de incrementos del 'precio' del dinero en marzo de 2022 en el 0%-0,25%. Haber comenzado 4 meses antes que el BCE condicionó la agresividad de la institución que preside Christine Lagarde. 

La inflación interanual en Estados Unidos repuntó ligeramente en agosto al 3,7%, y se alejó del objetivo del 2%, tras caer hasta el 3% en junio y subir al 3,2% en julio. En estos mismos meses, en el conjunto de la eurozona, ha permanecido mucho alta, en el 5,5%, 5,3% y 5,2%, respectivamente.

La economía de España es una excepción en este contexto y está resistiendo mejor la ofensiva monetaria. Las medidas del Gobierno de coalición [como el tope al gas] han conseguido moderar más las subidas de precios y sostener, por tanto, las expectativas de crecimiento y de empleo, gracias al mayor alivio para los bolsillos de las familias y para la competitividad de las empresas en el exterior, al sufrir menores costes comparativamente con el resto de la UE, y de nuestro sector turístico.

Eso sí, el Banco de España calcula que la austeridad monetaria recortó 0,6 puntos porcentuales al crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) en 2022 y que en 2023 lo hará en otro punto. Mientras, el golpe ascenderá a 1,2 enteros en 2024, principalmente por el daño al consumo.

Los tipos de interés en Estados Unidos y el euro

La política monetaria de la Fed condiciona al BCE porque funciona como una aspiradora de dinero hacia el dólar. Al haber subido los tipos de interés más, y desde hace más tiempo, ha incrementado también más la rentabilidad que ofrece la deuda de Estados Unidos, considerado el activo más seguro a nivel internacional. Es decir, muchos euros se intercambian por dólares para conseguir ese mayor rendimiento.

La depreciación del euro, que a mediados del año pasado llegó a caer por debajo de la paridad con la divisa norteamericana, es inflacionista para la eurozona porque automáticamente encarece la factura de petróleo o gas de los países, ya que se comercian en dólares. Tanto cae el euro respecto al dólar, tanto suben en bruto la mayoría de materias primas. Este efecto del tipo de cambio obliga al BCE a perseguir a la Fed, al margen de su propia estrategia.

España ha dejado atrás el modelo de crecimiento económico basado exclusivamente en el monocultivo del ladrillo. La inversión de empresas y familias en “capital fijo” alcanza ya el 83% del máximo de la burbuja que estalló en 2008: 68.173 millones de euros, según el dato del segundo trimestre de este año de la Contabilidad Nacional. Pero lo hace con un peso muy inferior de la construcción y el inmobiliario.

El camino de la recuperación hacia los casi 82.000 millones de inversión del cuarto trimestre de 2007 está siendo muy lento porque se está recorriendo con la economía 'desenganchada' del ladrillo. España, además, sufrió el golpe general del shock de la pandemia, aunque el nivel de formación bruta de capital fijo (según denomina el INE a la inversión) previo a la COVID-19 (casi 63.000 millones en 2019) ya se superó en el primer trimestre de 2022 por el impulso del Plan de Recuperación y de la transición energética.

En cambio, la reconstrucción completa del PIB (Producto Interior Bruto) tuvo que esperar al primer trimestre de 2023, por el freno que ha significado la debilidad del consumo por el daño de la inflación.

Antes de 2008, la vivienda llegó a suponer 4 de cada 10 euros de la inversión en “capital fijo” en España y ahora solo es 2,8 euros de cada 10. La explicación está en el mayor peso de sectores relacionados con la innovación, la ingeniería o las energías renovables, favorecidos por los fondos europeos.

Dentro de la Contabilidad Nacional, el INE incluye en la inversión en “capital fijo” a la propia vivienda, al resto de la construcción (infraestructuras y otros edificios), material de transporte, maquinaria, bienes de equipo, sistemas de armamento, agricultura [definida por el organismo como “recursos bióticos cultivados”] y propiedad intelectual.

La construcción en total, sumando vivienda y el resto, atrajo casi 7 euros de cada 10 en la burbuja inmobiliaria. El peso de esta actividad en la inversión se hundió por debajo del 50% al final de 2013, justo después del rescate bancario y con el paro por encima del 20%. Desde ese suelo, ha ido reconquistando terreno hasta el 53% actual, según se observa en el siguiente gráfico.

“La economía española crece y crea empleo, a pesar de la atonía del ladrillo y del crédito”, observa el economista Ignacio Ezquiaga. Este investigador de AFI y Funcas destaca que “la construcción residencial está por detrás del potencial de creación de hogares, por culpa de la imposible asequibilidad que implican los precios para la mayoría”.

Por un lado, esta tendencia “es una llamada a hacer parque de vivienda pública”, continúa Ezquiaga. “La vivienda en este ciclo [de crecimiento económico] está más rezagada porque hay problemas de financiación a los hogares”, coincide Alejandro Inurrieta. Pero, por otra parte, también refleja un crecimiento económico más “sano”, admite el primer experto.

“Hay un cambio tecnológico en favor de la construcción industrializada, más ecológica, con menos cemento”, añade el profesor Juan Laborda. “En efecto, hay una desviación de actividad inversora hacia sectores de innovación, ingeniería y todo lo relacionado con energía renovables”, señala Inurrieta. “Por supuesto que es más sano, y se deja notar en el empleo. No solo creamos empleo en sectores de bajo valor añadido, sino en otros sectores punteros”, prosigue este último economista.

La fortaleza del mercado de trabajo en España se explica por la reforma laboral y por el despliegue del Plan de Recuperación y su impacto en sectores de mayor valor añadido, relacionados con las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) o la I+D (investigación y desarrollo). Así, aunque la tasa de paro sigue siendo elevada y se mantiene como uno de los grandes problemas estructurales, el empleo revela cambios de fondo, como se explica en esta información.

La transformación de la economía española está reflejada también en las cifras de inversión. El dinero dedicado a propiedad intelectual se ha estabilizado cerca del 17% del total, hasta superar los 11.000 millones de euros, tras duplicarse desde 2008.

Debilidad de la industria

A cierre del segundo trimestre de este 2023, la inversión en propiedad intelectual se ha quedado apenas 2.000 millones por debajo de la inversión en maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento, más relacionados con la industria tradicional, que sufre un 'frenazo' en toda la eurozona y que en España, concretamente, está muy relacionada con la marcha del sector del automóvil.

Según la encuesta PMI que realizan HCOB (Hamburg Commercial Bank) y S&P Global, el sector manufacturero de España registró en julio la mayor caída de nuevos pedidos en lo que va de año. Este indicador adelantado muestra una contracción de la demanda por cuarto mes consecutivo.

“Un factor clave en la caída de las ventas en total fue un deterioro más fuerte del mercado exterior. Los nuevos pedidos para exportaciones disminuyeron a un ritmo importante, que también fue el mayor en lo que va de año”, asegura el informe que acompaña a los resultados del sondeo.

La encuesta PMI de julio da continuidad a los avisos sobre la industria que ya se habían visto tanto en la Contabilidad Nacional del INE del segundo trimestre o en los datos de empleo de la EPA (Encuesta de Población Activa) del mismo periodo.

En el desglose del comportamiento del PIB por ramas, el INE reflejó una caída de la actividad del 1,6% en la industria, respecto al primer trimestre del año, por la debilidad de la demanda exterior y que fue solo más profunda en la agricultura por la sequía. En cambio, construcción y servicios crecieron.

Cinco personas voluntarias se han encargado de impartir sesiones para enseñar cultura financiera básica a más de 460 jóvenes castellanomanchegos, en la segunda edición del programa Finanza para Jóvenes en la región. Se realizó un total de 70 talleres. Los cinco voluntarios han sido los encargados de preparar y exponer las sesiones en las aulas. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la cultura financiera de los adolescentes, aportándoles conocimientos y herramientas que les permitan tomar mejores decisiones para su futuro. Para ello, todos los voluntarios del programa han recibido una formación previa, incluyendo consejos pedagógicos y una metodología de enseñanza por parte del Instituto de Estudios Financieros (IEF).

Los estudiantes que han participado en estas sesiones se han formado a través de cuatro grandes temarios. El primero de ellos ha girado en torno a la administración del dinero, en el que los alumnos han aprendido a gestionar un presupuesto, a planificar y a controlar los gastos cotidianos de una manera responsable y sostenible. El segundo bloque ha tenido como temática el endeudamiento y en él se les han mostrado los distintos tipos de endeudamiento y han reflexionado sobre el consumo responsable. El tercer gran temario ha sido la inversión inteligente, gracias al cual los alumnos han conocido el binomio riesgo/rentabilidad, las ventajas de la diversificación y las finanzas socialmente responsables. El último gran bloque ha sido sobre finanzas para la vida, en el que los estudiantes han visto la importancia de los objetivos vitales y el impacto de las decisiones financieras.

180 centros en toda España

Un proyecto consolidado de educación financiera para jóvenes A nivel nacional, durante este curso académico se han impartido 876 talleres entre 180 centros, lo que ha beneficiado a 7.405 alumnos y alumnas de 4º de ESO en nueve comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura y Región de Murcia). Este alcance ha sido posible, principalmente, gracias a la dedicación de alrededor de 200 voluntarios de CaixaBank en toda España.

Para este curso también se ha mantenido el Concurso Nacional de Infografías. Este galardón es un reconocimiento a los mejores trabajos de los jóvenes en materia de comunicación financiera, y tiene como objetivo potenciar la creatividad, la innovación y el diseño en este ámbito. Los premios este año han recaído en institutos de la Comunidad de Madrid y de Andalucía. El Instituto de Estudios Financieros (IEF) desarrolla proyectos de educación financiera básica a nivel nacional y europeo, dirigidos al conjunto de la sociedad. Es miembro colaborador del Plan de Educación Financiera promovido por el Banco de España y la CNMV y de otros foros internacionales como la OCDE y EBTN.

Ha realizado actividades formativas en las que han participado más de 120.000 profesionales de todos los ámbitos del sector. También ha intervenido en proyectos de la Comisión Europea y es el único miembro español de la Asociación Europea de Institutos Bancarios (EBTN), que integra los 40 institutos de formación financiera más prestigiosos de 32 países europeos.

Por su parte, CaixaBank trabaja en diversas iniciativas como el ‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera’, impulsado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y la Asociación de Cajas y Bancos creados por las Cajas (CECA). Además, impulsa actividades formativas que cubren necesidades específicas de jóvenes, mayores, emprendedores o personas en situación vulnerable, a través de talleres especializados, cursos de formación y conferencias.

Cómo gestionar el dinero es siempre uno de los grandes quebraderos de cabeza cuando viajamos. Y no ya por cómo lo gastamos, sino por cómo lo conseguimos. Si el viaje implica un cambio de moneda, peor todavía. Tradicionalmente se ha recurrido a las casas de cambio, en las que cambiar efectivo, e incluso a los cheques de viaje, una opción prácticamente extinta que ya suena al Pleistoceno. Desde que usamos las tarjetas bancarias y el pago por el móvil para todo, la cosa ha cambiado radicalmente. Hace tiempo que se acabó lo de llevar grandes cantidades de efectivo encima o las incómodas riñoneras con las que esconder los billetes bajo la ropa. Ahora, siempre que se pueda, basta con usar una tarjeta de plástico o pasar el smartphone para realizar una compra o sacar el dinero que necesitamos de un cajero automático.

Eso es cómodo, claro, pero no barato. Normalmente, la mayoría de los bancos cobran una comisión cuando utilizas sus tarjetas en un cajero que no es de su propiedad. Y si eso es algo que te puede pasar en tu ciudad, imagínate si el dinero lo quieres sacar en otro país. Y lo mismo sucede si utilizas la tarjeta para pagar en un comercio extranjero. De manera que tampoco sale muy a cuenta. ¿La solución? Recurrir a la tarjeta de un banco que no aplique comisiones, para así disponer de la comodidad del plástico o las tarjetas virtuales vayas donde vayas.

Tarjetas bancarias para pagar sin comisiones en el extranjero

Son varias las tarjetas sin comisiones a las que puedes recurrir; todas funcionan de una manera similar pero cada una aplica sus propias normas y condiciones. Tanto que a veces lo de “sin comisiones” hay que cogerlo un poco con pinzas, porque puede haber ciertos límites. Pero, por lo general, siempre terminan siendo más ventajosas que las tarjetas de tu banco si lo que quieres es pagar y sacar dinero en el extranjero.

Hemos de tener en cuenta que un cajero nos puede cobrar su propia comisión aunque nuestro banco no lo haga (siempre nos avisará antes de continuar con la operación) y, también, que a veces tanto cajeros como comercios ofrecen cobrarte en la moneda de tu país para luego ellos fijar el tipo de cambio que se te aplica, por lo que siempre es recomendable escoger que se te cobre en la moneda local para evitar esas comisiones ocultas y dejar que el banco de nuestra tarjeta sea el que haga el cambio de divisa.

Por lo que si quieres viajar con mayor tranquilidad, aquí tienes tres de las mejores tarjetas bancarias para viajar sin comisiones, con sus ventajas e inconvenientes, para que veas si te interesa alguna o varias dependiendo del uso que les vayas a dar.

N26

La tarjeta N26 puede ser una opción práctica si viajas al extranjero y te quieres ahorrar las comisiones de tu banco de siempre, aunque como ahora verás en sus condiciones dependerá del uso que le des, pues hay otras rivales que te pueden resultar más interesantes. N26 es un banco online, con sede en Berlín, que ofrece una cuenta con IBAN español a la que puedes hacer transferencias desde tu banco de siempre.

Pero N26 ofrece varios tipos de cuentas: Estándar, Smart, You y Metal. La única gratuita es la Estándar, a la que le corresponde una tarjeta virtual y no física, y aunque las demás tienen mejores condiciones la opción básica nos puede ser muy útil a la hora de viajar. Puedes gestionar tu cuenta y tu tarjeta fácilmente desde la aplicación móvil de N26.

Condiciones de N26: ventajas e inconvenientes

Si tienes la cuenta N26 Estándar puedes hacer tres retiradas al mes en cualquier país de la zona euro sin comisiones (si las usas todas te cobrarán una comisión de 2€), pero por cada retirada en moneda extranjera se aplica una comisión del 1,7% de la cantidad que saques. Eso sí, es muy interesante para hacer pagos en comercios porque no están sujetos a ninguna comisión, sea en la moneda que sea. La N26 estándar aplica el tipo de cambio de Mastercard, es gratuita y no tiene gastos de mantenimiento. 

Revolut

Revolut es todo un clásico entre las tarjetas sin comisiones y, aunque le ha salido competencia, sigue siendo una de las más interesantes para los viajeros. La tarjeta Revolut es de débito y pertenece a Revolut Bank, establecido en Lituania. Como ocurre con la N26, ofrece diferentes tipos de cuentas: Estándar, Plus, Premium, Metal y Ultra. La única gratuita es la Estándar pero, a no ser que realmente la vayas a utilizar mucho en el extranjero, gracias a sus condiciones puede ser suficiente. Además, si se te queda corta, siempre la puedes combinar con otra de las tarjetas de esta lista. La tarjeta será VISA o Mastercard dependiendo del país en el que la solicites.

Condiciones de Revolut: ventajas e inconvenientes

La tarjeta Revolut en su versión Estándar te permite sacar hasta 200€ al mes en un máximo de cinco retiradas en los cajeros automáticos sin aplicar ningún tipo de comisión. Si en ese mismo mes quieres sacar más, se te cobrará un 2% en cada transacción. Las compras con cambios de divisa no tienen comisiones de lunes a viernes hasta alcanzar los 1.000€ mensuales y los fines de semana sí se aplica un 1%. La tarjeta virtual es gratuita y el envío de la tarjeta física a casa tiene un precio de 6,99€.

Vivid

Vivid Money es un banco online que nació en 2020 y que tiene sede en Alemania, pero a pesar de su juventud es una de las referencias entre quienes buscan una tarjeta con la que pagar y sacar dinero sin comisiones. Trabaja con VISA y así serán por tanto los cambios de divisa. En este caso encontramos dos planes diferentes: el Standard y el Prime, el primero gratuito y el segundo con un precio de 9,90 euros al mes. La gestión es 100% digital y para crear nuestra cuenta lo haremos directamente desde su aplicación móvil. 

Condiciones de Vivid: ventajas e inconvenientes

Si nos centramos en el plan Vivid Standard, podremos retirar hasta 200€ en cajeros extranjeros sin pagar comisiones, sea en la zona euro o fuera de ella. Una vez superado ese límite las comisiones son del 3%. Y si lo que hacemos es realizar compras con ella, Vivid no aplica ninguna comisión por el cambio de divisa. Además, algo diferenciador es el Vivid Cashback, que por tus compras te devuelve el 4% de lo que gastes hasta recibir un máximo de 20€ euros al mes por el mero hecho de pagar con ella. La tarjeta es gratuita y si haces un primer ingreso de 200€ te ahorras los 9,90€ de su envío. El mantenimiento de la cuenta no tiene coste pero si durante 90 días se mantiene inactiva se te cobrará 0,90€ por mes, aunque en el momento que vuelves a hacer una operación de 10€ ese cargo se anulará.

Un banco quiebra en Estados Unidos y la economía europea sufre. Un sistema rebosante de dinero que, de pronto, resulta estar vacío. Una crisis que superaremos, pero que vuelve a ser un aviso de todas las lecciones que no hemos aprendido.

Hablamos con Diego Larrouy, periodista de la sección de Economía de elDiario.es, y con Daniel Yebra, también redactor especialista en información financiera.

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Nueva condena al banco ético holandés Triodos por el producto financiero CDA, una especie de participaciones que con la pandemia vieron congelada su negociación y que dejaron atrapados a miles de inversores sin poder recuperar su dinero. Si primero fue un juzgado de Pamplona, ahora un magistrado de Barcelona ha sentenciado que el banco incumplió con sus obligaciones contractuales y le ha obligado a devolver el dinero a un cliente.

En su sentencia, el juez estima la demanda que presentó un cliente de Triodos representado por el Col·lectiu Ronda, y condena al banco a devolver los 18.228 euros que el cliente invirtió en CDA, más las comisiones, los gastos de custodia y los intereses. El banco puede recurrir la sentencia ante la Audiencia de Barcelona.

Se trata de la primera sentencia conocida en Catalunya sobre el caso de los CDA. Estos títulos fueron la herramienta con la que Triodos financió y captó fondos para sus distintos proyectos. Los títulos corresponden a participaciones indirectas en el banco. Los clientes podían cobrar dividendos pero no tenían derecho a voto, que se mantenía en la fundación propietaria del grupo. Los títulos podían intercambiarse en un mercado interno del banco donde la propia entidad marcaba su valor en función de los resultados y la evolución del negocio, entre otros factores.

Sin embargo con la pandemia la entidad bancaria suspendió el mercado interno de cotización de los CDA y al reabrirlo había muchos más clientes que querían vender los títulos que no opciones de compra. Ello obligó a la entidad a impulsar un plan alternativo con la puesta en marcha de un mercado similar a una Bolsa de valores donde se podrían intercambiar estos títulos. Pero para entonces muchos clientes vieron que los títulos habían perdido gran parte de su valor, lo que se tradujo en varias demandas en los juzgados contra Triodos.

En la sentencia conocida este lunes, el juez de Barcelona es rotundo y declara que la nueva situación generada tras la crisis del COVID-19 ha provocado que los clientes que adquirieron CDA “estén sufriendo la materialización de unos riesgos imprevistos en el contrato, esto es, la imposibilidad de recuperar sus ahorros en el momento en que los necesiten y una pérdida de valor patrimonial inaceptable”.

Según expone el magistrado, la derivación que Triodos hizo de las opciones a un mercado secundario impidió a los clientes reclamar el dinero, lo que supuso un incumplimiento del contrato inicial.

En un comunicado, el abogado Òscar Serrano, del Col·lectiu Ronda, ha recalcado que a día de hoy, la situación de los clientes que adquirieron los CDA es “completamente diferente y ha dado un giro inesperado” al momento de su compra, ya que el banco modificó “unilateralmente” las condiciones causando un “grave perjuicio” a los usuarios.

La propuesta de Yolanda Díaz para implicar a las grandes cadenas de alimentación en un acuerdo que limite la subida de precios de productos básicos fue acogida con recelo por la mayoría de actores políticos, pero ha acabado convirtiéndose en un debate que trasciende ya al ámbito de la alimentación. La receta del Banco Central Europeo para afrontar unos datos históricos de inflación en toda Europa se ha concretado en una subida de los tipos de interés que encarecerá de manera significativa buena parte de las hipotecas. Y varios socios del Gobierno de coalición exigen medidas para paliar la tormenta perfecta que puede venirse encima de muchos hogares. 

Podemos, ERC y Bildu coinciden en el diagnóstico de que, con la cesta de la compra y los recibos de suministros básicos disparados, la subida de las hipotecas puede desencadenar un “riesgo masivo” de impagos para familias que no puedan afrontar la carestía de la vida. Un escenario que podría provocar problemas habitacionales para muchas de ellas e, incluso, un problema económico para las entidades de crédito. Y por eso le piden a Pedro Sánchez que actúe de manera urgente. 

“La gente no puede esperar meses a que convenzamos al PSOE, arriesgándonos a impagos masivos como ya pasó en 2012. Tenemos que actuar ya”, expuso la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en sus redes sociales. El partido de Belarra fue el primero en plantear esta semana una medida de choque contra la subida de tipos. En concreto, Podemos propone obligar por ley a los bancos a ofrecer a sus clientes la posibilidad de acogerse a una reducción, durante un año, del tipo variable a un 0,10%. “Esta medida se traduciría en una reducción de la cuota mensual de las hipotecas de entre 100 y 150 euros para familias con problemas económicos, evitando además situaciones de morosidad o impago a los propios bancos”, argumentan en la formación. Podemos también pide que la medida sea incluida en el decreto ley del Plan de Contingencia.

En la parte socialista del Gobierno, desde donde llovieron algunas críticas a la vicepresidenta segunda por su idea de acordar límites de precios a los alimentos básicos, prefieren esta vez ser prudentes en público con la propuesta de Podemos pero dejan claro que no la ven viable. “Comparto el análisis que hace Unidas Podemos y también UGT de que el endurecimiento de la política monetaria, que es necesario, no se traslade a un aumento de las hipotecas que ponga en más dificultades a las familias”, comenzó exponiendo Pedro Sánchez tras ser preguntado por ello durante su entrevista del martes en TVE. Sin embargo, y evitando en todo momento descalificar la propuesta, el presidente se apresuró a aclarar que esos topes “no están permitidos en el tratado de la UE”. Para proteger a las familias vulnerables, explicó Sánchez, “el Gobierno ha propuesto un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las empresas financieras y energéticas”.

“Las mismas excusas de siempre”

Una postura que en Podemos consideran una simple excusa. “Volvemos a escuchar las mismas excusas de siempre para no llevarla cabo: que la UE no nos deja”, replicó Ione Belarra. “No es cierto que en el Tratado de la Unión Europea no se permita limitar las subidas de las hipotecas. Esta prohibición no está en el Tratado y tampoco en la directiva europea que regula la materia. No existe ninguna disposición que prohíba esta medida”, aseguró. 

Desde el ala socialista del Gobierno, piden prudencia a su socio de coalición. “Hay que tener cuidado con las expectativas que se puedan crear para no generar frustración a los ciudadanos”, apuntan. Y afirman que “la preocupación por las consecuencias del aumento de las hipotecas” está en el seno “de todo el Gobierno”. Fuentes socialistas del Ejecutivo aseguran que no tenían conocimiento previo del plan de Podemos y que, en todo caso, los límites a los tipos de interés marcados por el BCE no son legales. “Si lo que plantean es poner topes, eso no se puede. Pero esa problemática se puede abordar de forma directa o indirecta y vamos a trabajar en ello”, apuntan esas mismas fuentes. 

Pero no es Podemos el único socio del Ejecutivo que exige medidas urgentes. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, calificó de positiva la propuesta de Podemos pero plantea, además, una idea alternativa. “Les hablé del precio de los melones, les sonó a chino y les dije que les iba a arrasar. Hoy hay gente que recibe con el mismo miedo el recibo de su hipoteca. Propuesta: fondo de rescate de hipotecas para las familias que desde ya no pueden pagarla”, le dijo al presidente del Gobierno durante su intervención en la sesión de control de este miércoles. 

Rufián había afeado anteriormente que las medidas del Ejecutivo sean, en su opinión, “rácanas y poco valientes”, y aprovechó una vez más para colar una crítica a Yolanda Díaz. “¿De qué sirve hablar de topar una cesta de alimentos más barata si no lo hablan ni entre ustedes, si algunos no lo hablan ni con su partido?”, apuntó en clara referencia la vicepresidenta. Sánchez, que decidió no usar su segundo turno para replicar a Rufián, había defendido antes que se estaban planteando en Europa diferentes intervenciones que el Gobierno de España viene defendiendo en las últimas semanas. “Si algo podemos concluir es que, en materia energética, no hay Gobierno más creíble en Europa que el Gobierno de España”, dijo el presidente en referencia a las críticas sobre sus medidas económicas. 

También desde EH Bildu le exigen al Ejecutivo políticas que frenen el impacto de la subida de las hipotecas. “Creemos que se puede hacer más, hay que atreverse a exigirles a los bancos que cancelen el alza previsto a las hipotecas. Y, si no lo quieren hacer, habrá que generar un procedimiento exprés como el de los desahucios para recuperar los 60.000 millones del rescate a la banca”, le pidió el portavoz vasco, Oskar Matute, a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Matute ahondó en su tesis de exigirle a los bancos “un código de buenas prácticas” e incluso planteó “intervenir el mercado inmobiliario y acabar con los desahucios para toda la gente sin alternativa habitacional”. “Eso es ponerse del lado de la gente y no ser un fortín de los privilegios de unos pocos”, apostilló. 

Que no se repitan los sufrimientos causados por los desastres bancarios. Es el mensaje lanzado este miércoles por la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, en la presentación de nuevas normas que vienen que a completar la puesta en marcha de los acuerdos de Basilea III (2017) sobre el sector financiero. “Hemos aprendido mucho de la crisis financiera, que causó grandes perturbaciones”, ha reconocido el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, “los bancos han afrontado bien la pandemia, pero sigue habiendo problemas porque se necesitan reglas globales, no puede haber actores aislados. Lo importante es completar las reformas, que esta vez tienen que ver en cómo los bancos miden los riesgos”.

En efecto, la Comisión Europea ha presentado este miércoles una regulación relativa a cómo miden los riesgos las entidades financieras. “Usar normas internacionales significa que los bancos pueden usar menos modelos internos para sus necesidades de capital. Es la clave de Basilea III, el llamado output floor. El output floor es una especie de ”cálculo común“ acordado en Basilea III en relación con el colchón de dinero que cada banco tiene que guardar por si las cosas se ponen feas. La idea es que haya un estándar a escala global de lo que los bancos tienen que apartar.

Frente a eso, los bancos franceses y alemanes se muestran reticentes, aluden a que tienen un negocio complejo y defienden sus “modelos internos” para calcular cuál es el riesgo real de su negocio y lo que tienen que tener como “colchón”, tal y como explicaba este fin de semana El Confidencial.

Según el acuerdo internacional, el output floor había que calcularlo como los activos ponderados por riesgos (que es el total de activos de un banco, multiplicado por sus respectivos factores de riesgo) o el 72,5% de los activos ponderados según una lista de métodos estándar. La propuesta de la Comisión establece llegar a ese 72,5% de forma progresiva en 2027.

“Se trata de reforzar la resiliencia de los bancos ante los shocks”, ha dicho Dombrovskis: “Hay que introducir paulatinamente este umbral, con las características de los bancos europeos, y dar más poderes a los supervisores con el fin de que los banqueros están a la altura. Además, los bancos deben contar con los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza”.

Según el vicepresidente económico de la Comisión Europea, la UE depende “de una banca fuerte y estable que financie la economía social de mercado, en favor de ciudadanos y empresas. Los bancos son claves en nuestras economías, que puedan seguir prestando a familias y empresas. Los bancos no son parte del problema, sino parte de la solución. Hace falta que sean fuertes y competitivos”. 

“Hemos dicho desde el principio que íbamos a aplicar el acuerdo de Basilea III de modo fiel, pero con especifidades europeas, siendo conscientes que no podía llevar a aumentos significativos de requisito de capital de más del 10%. La idea era que a largo plazo los requisitos de capital aumentaran un 8%-9%, en los primeros años ha sido del 3%.  En cada jurisdicción hay especifidades. La UE es la primera jurisdicción con propuestas legislativas sobre Basilea III. EEUU no lo ha hecho, tampoco Reino Unido”.

En efecto, si se aplicara Basilea III al pie de la letra obligaría a la banca a hacer un ajuste para 2030 del 18,5%, la mitad es el 9% que pide la Comisión Europea, unos 27.000 millones.

La comisaria McGuinness ha explicado que se están “aumentando los requisitos de capital para que se integre la gestión de riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza. Estamos dando más competencias a los supervisores para que puedan adoptar reglas de actitud y honorabilidad para comprobar si los directivos tienen cualidades para gestionar un banco. Estamos terminando el trabajo de hace más de una década. Queremos un sistema fuerte, robusto, competitivo”.

“Hemos aprendido la lección”, ha dicho la comisaria irlandesa: “A la hora de regular la supervisión hay que aprender, pero también prevenir las crisis. El paquete de hoy supone un refuerzo de los bancos para tener un sector fuerte, robusto, que impida las crisis del pasado. Mucha gente ha sufrido a causa de los desastres en el sistema financiero”.

Nuestra civilización occidental ha probado distintos sistemas socioeconómicos, habiéndose impuesto en la actualidad el modelo económico capitalista.

El capitalismo se ha impuesto sobre otros sistemas alternativos que han sido probados en momentos y lugares diversos. Quisiera revisar brevemente alguno de estos otros modelos, junto con el capitalismo en sí.

El sistema económico medieval, asociado al feudalismo, se basaba en la explotación de la tierra, mediante la cual los siervos conseguían unos excedentes que disfrutaban los nobles y el clero. Era un sistema inmovilista en el que los siervos, oprimidos, no podían abandonar la tierra. Cada estamento desempeñaba una función para el conjunto: los siervos se ocupaban de la producción, los nobles de la defensa y el clero de la salvación ultraterrena. Los pocos artesanos que había, estaban insertos en gremios que delimitaban estrictamente sus funciones, impidiendo la competencia y asegurando un lugar para cada uno. Este sistema resultaba poco productivo además de desigual, pero era estable y daba un lugar a cada persona.

Con el Renacimiento se impuso la gran cadena del ser, sistematizada en la antigüedad por Plotino. Los pilares de este sistema eran la “plenitud” (de un universo lleno de seres diversos), la continuidad (los distintos seres comparten rasgos en común) y la gradación lineal (ordenamiento jerárquico desde el ser más bajo hasta Dios). La servidumbre medieval desapareció progresivamente, resurgieron el comercio y las ciudades y la economía se flexibilizó y diversificó.

El mercantilismo no es un modelo socioeconómico sino una estrategia política, promovida en la corte de Luis XIV de Francia y en otras monarquías absolutas, basada en el intervencionismo y el proteccionismo económico por parte del estado, y en la acumulación de oro y plata en las reservas estatales.

El capitalismo se opone al inmovilismo medieval y al mercantilismo estatocéntrico proponiendo la propiedad privada de los medios de producción, la asignación de los recursos a través del mercado y la importancia del capital como generador de riqueza. Este modelo considera que los estados no deben competir por acumular la riqueza, sino que el libre mercado y el libre comercio, en manos privadas, producirán nueva riqueza, de la que se beneficiarán todos.

Con la aparición de las sociedades de responsabilidad limitada, mediante las cuales los inversores pueden arriesgar una determinada cantidad de dinero en una empresa (como montar una fábrica o fletar un barco comercial) con la seguridad de que no se les van a pedir responsabilidades que vayan más allá del dinero invertido, se facilita la obtención de fondos para proyectos, se moviliza el capital privado y se flexibiliza la economía. Con ello se puede aumentar la producción y combatir el hambre y la pobreza, lo que constituye la gran virtud del capitalismo.

Uno de los mayores problemas del capitalismo consiste en que se trata sólo de un sistema económico, no social. Las personas no tienen un lugar propio en él, sino que van a remolque de lo que determinen la economía y el mercado. La obsesión por la eficiencia y el beneficio intrínsecas al capitalismo, unidas al desarrollo de nuevos métodos de producción con las revoluciones industriales, provocaron la opresión de los trabajadores y un movimiento de reacción: el comunismo.

El comunismo sí es un sistema socioeconómico, que pretende dar un lugar a los trabajadores: copropietarios de los medios de producción en una sociedad igualitaria donde el proletariado no queda enajenado de los frutos de su trabajo, sino que los disfruta.

Considero que el sueño igualitario y solidario del comunismo ha sido desbancado por la historia. Múltiples intentos de implantarlo han llevado de manera casi invariable a la ineficiencia productiva por un exceso de estatocentrismo y la falta de incentivo personal para el esfuerzo, a la disolución de la individualidad en la clase proletaria, a la opresión por parte de los mismos líderes revolucionarios que habían de dirigir el modelo y al derramamiento de sangre, de mucha sangre.

El precio pagado por los experimentos comunistas ha sido alto, pero ha servido para dulcificar algunos de los extremos del capitalismo, que siguiendo a Keynes, ha hecho concesiones sociales para evitar revoluciones de ideología comunista, conduciendo al llamado estado del bienestar.

En cualquier caso, tras la estela económica del capitalismo y su hipertrofia productiva se producen, además de daños ecológicos, fenómenos sociales y políticos orientados a abrir mercados a lo producido. El colonialismo (explícito en el pasado, más camuflado en el presente) en el exterior y el consumismo en el interior coinciden en subordinar, de manera deliberada, al hombre frente al sistema de producción. Desde este punto de partida es inevitable que el sistema excluya a las personas, en mayor o menor cuantía según los ciclos económicos. El ser humano no es un fin en sí mismo, sino un medio para otra cosa (una economía reificada). No es que esto sea malo, es que es el mal en sí, tal como lo define Kant.

Las sociedades de responsabilidad limitada, flexibilizadoras de la economía cuando se trataba de fletar un barco, se pueden usar para extraer petróleo en parajes naturales o para producir y vender armas de manera indiscriminada, blindándose los inversores frente a las consecuencias de los actos que les dan beneficios a corto plazo. Este es el mismo conflicto de intereses que provocó la “caída” de Goldman-Sachs y la crisis económica de 2008, sólo que las consecuencias, además de económicas, pueden ser sociales y ecológicas.

Desde una perspectiva darwinista, la extensión del capitalismo frente a los otros sistemas económicos le da un valor importante, pero esto no debe considerarse como una legitimación moral absoluta. También se extendieron los conejos en Australia y otras especies invasoras en distintos ecosistemas y eso no implica que su expansión sea conveniente.

Tras la crisis de 2008, y con las desigualdades tan tremendas que se están evidenciando en relación con la COVID-19, resulta obvio que el capitalismo, pese al maquillaje keynesiano, no funciona adecuadamente. El problema es que nos falta un modelo teórico, socioeconómico, con el que sustituirlo. No suele ser prudente tirar los tabiques de la casa antes de haber diseñado en plano la reconstrucción. No soy partidario de revoluciones, dado el resultado que han dado a lo largo de la historia; sin embargo así no podemos seguir. ¿Cómo avanzar, desde la teoría o desde la práctica? Ese es uno de los grandes retos de nuestro tiempo.

La economía está plagada de situaciones en las que las acciones de múltiples agentes son interdependientes; es decir, las consecuencias de la decisión de un agente dependen de la decisión que tomen otros agentes, y al revés. Cuando alguien decide sin tener en cuenta las consecuencias de sus propias acciones para los demás se produce una externalidad.

La mayoría de veces estas decisiones se toman sin coordinación, no tanto basadas en criterios infalibles, sino más bien especulando ante la incertidumbre radical de no saber qué harán los demás. Esto puede llevar a emprender ciertas acciones (o a una falta de acción) que se demuestran erróneas cuando sus consecuencias se materializan, generando amplios vaivenes económicos.

Un ejemplo clásico de la teoría de juegos analiza el “Dilema del prisionero”, en el que dos cómplices arrestados por un delito se enfrentan a un interrogatorio y deben decidir si confesar o negarlo todo sin saber qué va a hacer su compañero. Si uno lo niega todo y el otro confiesa, el primero saldrá indemne, mientras que el segundo será severamente castigado. Si los dos confiesan la pena se reparte equitativamente.

La conclusión es que haga lo que haga el otro preso lo mejor es negarlo todo, con lo que la policía inculpa a los dos no sólo por el delito sino, además, por falta de colaboración; mientras que si ambos hubieran confesado, hubieran recibido una pena con atenuantes. Una estrategia de cooperación hubiera conllevado un resultado mejor, pero la competencia empuja a los prisioneros hacia un equilibrio peor para ambos.

Podemos analizar la burbuja de crédito que precedió a la crisis financiera desde esta perspectiva. Para un banco individual tenía sentido aumentar el endeudamiento para maximizar los retornos sobre el capital (en nuestro ejemplo, negarlo todo). Sin embargo, que todos los bancos hicieran lo mismo contribuía a alimentar la burbuja especulativa, aumentando el riesgo sistémico y la probabilidad de crisis (una pena de cárcel mayor para todos).

No es necesario apelar a la avaricia o al egoísmo, sólo al instinto de supervivencia: si los demás bancos prestan de manera predatoria y comercian con derivados financieros, quien se niegue a hacerlo (quien confiese a la policía, en nuestro ejemplo) pronto tendrá retornos inferiores a los demás, los accionistas abandonarán el barco en favor de sus competidores y esos ejecutivos prudentes perderán su trabajo (recibirán una severa condena).

Aunque todo el mundo sea consciente de la tendencia especulativa del mercado, una posición responsable suele ser insostenible. Como dijo Keynes, el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que un inversor puede permanecer solvente. O como ilustró de manera gráfica el exCEO de Citigroup: mientras la música suene, te tienes que levantar y bailar.

Una característica crucial de los modelos económicos tiene que ver con la forma de representar estas interacciones. Una parte importante de las discrepancias entre las predicciones de las distintas teorías radica en qué implicaciones asumen que tiene una acción determinada en el conjunto de interacciones que configuran un mercado. Si esa acción suscita movimientos de signo contrario en otros puntos del mercado, de manera que si una desequilibra, las otras reequilibran, hablamos de sustituibilidad estratégica. Si una acción suscita movimientos del mismo signo, de manera que el desequilibrio se retroalimenta y amplifica, hablamos de complementariedad estratégica.

Muchos modelos económicos se construyen sobre la idea de sustituibilidad estratégica; por ejemplo, cuando cae la demanda, disminuye el precio del producto demandado y esto atrae a otros consumidores menos pudientes. Gracias a ello aumenta de nuevo la demanda y el mercado se estabiliza. En estos modelos el mercado es inherentemente estable y los precios son el principal mecanismo equilibrador.

En el caso del sistema financiero, sin embargo, las complementariedades estratégicas son generalizadas. La dependencia del crédito produce dinámicas de retroalimentación (positive feedback loop). Cuando aumenta la demanda de activos, aumenta su precio; esto enriquece a los propietarios y les permite pedir mayores préstamos, que suelen ir ligados al valor de los activos.

Los fondos que se consiguen a través de estos nuevos préstamos se reinvierten en la compra de activos, haciendo aumentar más el precio. La expectativa de un precio en aumento atrae a más compradores en busca de ganancias especulativas, ya que la inversión, al menos en el corto plazo, parece segura. La posibilidad de comprar a crédito lo hace golosamente accesible, ya que no es necesario aportar muchos fondos propios para invertir. Un mercado caracterizado por externalidades que se retroalimentan es intrínsecamente inestable.

Además, el mercado de crédito es un mercado particular; no se comercia con productos objetivamente verificables, idénticos y reproducibles, sino que se basa en la promesa de un deudor de devolver el dinero prestado, y en la confianza del prestamista de que así será. No es un mercado anónimo, la identidad del deudor y del prestamista importan, así como sus interdependencias y las garantías que se dan.

El mercado de crédito también es lo que se conoce como un “mercado de limones”. Cuando los bancos compiten para aumentar su cuota de mercado abaratando el crédito, reducen la calidad de la demanda: cuanto más barato es endeudarse, más proyectos de rentabilidad dudosa empiezan a ser viables, y más deudores de dudosa solvencia pueden acceder a él. Así se produce una progresiva degradación en los estándares y la calidad de los créditos.

La inestabilidad sistémica que se acumuló durante los 90 y los 2000 saltó por los aires el 15 de septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Con el shock financiero se invirtió la tendencia de los círculos viciosos, que se retroalimentaron y amplificaron esta vez en una espiral negativa.

Las interdependencias financieras suponen un riesgo de contagio y fugas que pueden provocar un hundimiento descontrolado del mercado. Si todo el mundo intenta vender los mismos activos a la vez, su valor se desploma, poniendo en apuros a sus propietarios, que necesitarán vender aún más para obtener los fondos necesarios para mantenerse a flote.

Si un banco entra en bancarrota, es poco probable que devuelva sus deudas, de manera que el valor de esas deudas (obligaciones financieras) en el mercado cae. Esas obligaciones son activos para otras entidades. Los otros bancos que habían invertido en esos activos se ven obligados a asumir las pérdidas de valor en sus hojas de balance. Esto pone presión sobre su solvencia, que a su vez hace que sus obligaciones pierdan valor, y así sucesivamente.

Al mismo tiempo, poner freno a esta espiral negativa es complicado. Aunque colectivamente no convenga provocar pánico, si hay dudas de que un banco no puede devolver sus deudas, tiene sentido que quien tiene obligaciones de ese banco intente poner cuanto antes los fondos a resguardo. Pero cuantos más agentes reclamen el dinero a la vez, menos probable es que el banco pueda hacer honor a sus deudas. Especialmente si el banco en bancarrota tiene importancia sistémica, para evitar que este espiral bajista se contagie es necesaria la colaboración para crear una salvaguarda común.

Este fue el caso del programa de rescate de activos tóxicos en EEUU (TARP, en inglés), en el que participaron todos los grandes bancos, aunque no lo necesitaran. Así se evitó que solicitar ayuda se convirtiera en un estigma, que hubiera puesto en aprietos a entidades ya vulnerables. Sin embargo, las afectaciones suelen ser asimétricas. Algunos bancos, por su mayor tamaño, capacidad y solvencia, no se verán tan afectados, y tienen todos los incentivos para aprovecharse de la debilidad de sus competidores, generando aún más inestabilidad.

La importancia vital de la provisión de crédito, las enormes externalidades del sistema financiero hacia la economía real y su inherente inestabilidad otorgan al sector público un importantísimo rol regulador y estabilizador. Así, a las redes de interdependencia financiera se añade otra capa de interacciones complejas: la de los bancos con el sector público.

La política monetaria se transmite a través del sistema financiero. Los bancos nacionales son los principales inversores en bonos del tesoro. El Estado es el principal responsable de la estabilidad del sistema financiero, garantizando depósitos, proveyendo liquidez o estableciendo mecanismos justos de resolución en caso de quiebra. Los problemas de solvencia de los bancos pueden poner en apuros la solvencia del Estado y viceversa.

Paradójicamente, la implicación del sector público supone a la vez un subsidio implícito para el sector financiero, que sabiéndose protegido, tiene incentivos para hacer apuestas más arriesgadas (lo que se conoce como riesgo moral). Una parte importante de la regulación financiera consiste en determinar hasta qué punto la necesaria mancomunación de riesgos (risk-sharing) reduce o aumenta el riesgo sistémico.

Finalmente, la integración financiera global también genera importantes interdependencias entre los Estados, encargados de su regulación y supervisión. De la misma manera que la competencia en el sector privado empujó a los bancos a aumentar su exposición al riesgo, la competencia por atraer fondos en un mercado de capitales internacional e hípermóvil propició una race-to-the-bottom regulatoria y una presión a la baja sobre los tipos de interés.

La desregulación del sistema financiero, la liberalización del mercado de derivados, o la creciente laxitud de la supervisión fueron la norma en la fase alcista del ciclo. Una vez estalló la burbuja, las respuestas descoordinadas y unilaterales para estabilizar el sistema bancario nacional, aumentando la garantía de depósitos y extendiendo líneas de crédito o garantías para activos de alto riesgo, obligaban a los demás países a hacer lo mismo, para que los fondos no huyeran al país más seguro.

Así como en caso de insolvencia de un banco, el supervisor debe garantizar una solución coordinada, cuando un país no puede estabilizar su sistema financiero sin entrar en una crisis de pagos debe haber coordinación externa para aliviar la presión y contener el contagio.

Sin embargo, aunque la estabilidad es un beneficio colectivo, su consecución requiere soluciones asimétricas; quien se encuentra en mejores condiciones debe aceptar un cierto subsidio hacia los actores más débiles.

Durante el rescate financiero, la Reserva Federal dejó que bancos no americanos pudieran beneficiarse de sus programas y extendió líneas de canje de dólares a otros bancos centrales, asumiendo ser el prestamista internacional de último recurso. Esto contrasta con la gestión en la Eurozona, cuya lentitud en reconocer sus interdependencias y la necesidad de una solución colectiva acabó por provocar una recaída en la recesión, a pesar de los ingentes desembolsos de dinero público de los Estados miembro para el rescate y la estabilización de sus sistemas financieros nacionales.

El sistema financiero está plagado de externalidades e interdependencias que se amplifican y lo hacen inherentemente inestable. Es preciso que los modelos económicos capturen bien estas dinámicas complejas para informar los procesos de reforma financiera que están en marcha.

Los múltiples fallos de coordinación y acción colectiva, así como los incentivos de actores fuertes de abusar de situaciones asimétricas, obligan a una fuerte regulación. Al mismo tiempo, la interdependencia reguladora configura un entramado continuo de poder soberano.

Si no hay instancias políticas que domestiquen, desde un interés común, los azotes de las economías globales fuertemente integradas, las soluciones del multilateralismo corren el riesgo de ser insuficientes, en el mejor de los casos, y en el peor, de ser poco democráticas.

José María Roldán, recién renovado presidente de la AEB patronal de la banca, ha abierto la puerta este jueves a la subida de los salarios en España, pero siempre que se mantenga “la competitividad y el superávit exterior”. El directivo de la organización empresarial ha defendido que se tiene que pensar en una salida de la crisis “más inclusiva” ya que las diferencias generacionales en la salida de la crisis “serían inaceptables”.

Roldán, que ha sido renovado este jueves en el cargo tras la asamblea general de la organización, ha hecho estas declaraciones tras presentar los resultados de la banca española en 2017. El sector se ha anotado un incremento en el beneficio del 51%, hasta superar los 12.000 millones, su mejor resultado desde el año 2010. El incremento en el resultado de la banca española se ha visto impulsada por la integración de Popular en el Santander.

Las entidades financieras han logrado este resultado pese a que la situación de los tipos de interés sigue lastrando el negocio, a lo que se une que los créditos sigan en niveles bajos. “La actividad crece moderadamente, con menos volumen pero con clientes más saneados”, ha remarcado el directivo, quien ha celebrado que se haya terminado en el pasado año con el “tsunami regulatorio” tras los años de crisis.

Roldán, exdirectivo también del Banco de España, ha remarcado que se prevé una curva de los tipos de interés al alza, confiando en que el Banco Central Europeo vuelva a elevarlos a finales de este año y ha declarado que es “sorprendente” que el euribor haya sido incluso más bajo en 2017 frente a 2016.

El directivo ha solicitado además “como contribuyente” que el Estado debe “maximizar” todo lo posible la recuperación de las ayudas en Bankia, aunque ha aclarado que “tiene poco que decir” porque no es una entidad que esté integrada en la AEB.

Roldán ha defendido que “esperamos que los resultados se mantengan en los próximos años”, defendiendo la labor de mejora de la solvencia y rentabilidad en las entidades españolas. Ha argumentado, además, que la consolidación (fusiones y adquisiciones) en el sector en España ha sido más alto que en otros países europeos que deberían ahora acometerlo.

El dirigente ha negado que se vaya hacia un oligopolio en el sector por la unión de entidades, como la de Santander y Popular el pasado año. Roldán ha defendido además que la transformación digital va a permitir la entrada de nuevos competidores. Por ello, ha celebrado el banco de pruebas anunciado por el Ministerio de Economía la semana pasada. “Es bueno para nosotros y para las fintech”, ha subrayado.

El responsable de la patronal ha asegurado además que “no se puede descartar” que se siga produciendo el cierre de sucursales bancarias, aunque todo apunta a que la eliminación de puestos de trabajo “se ha suavizado. ”Somos el sistema bancario con más oficinas, y en la medida en que vayamos a un modelo más digital se mantendrá el cierre de sucursales“, ha subrayado.

En lugar de arreglar la banca, hemos de prepararnos para su final. Esta es la idea central de un libro elocuente y provocador que parte de la base de que la crisis financiera de 2007-2008 no fue una consecuencia inevitable de la codicia humana, sino el resultado de la pérdida de control sobre la voracidad de los bancos por parte de los reguladores. Los esfuerzos de estos por evitar los excesos del sistema, sostienen sus autores, sirvieron de muy poco debido al uso intensivo de las tecnologías de la información.

El fin de la banca (Taurus, 2018) explica que son precisamente los cambios provocados por la revolución digital los que servirán en un futuro para organizar un sistema financiero libre de bancos, aprovechando sus ventajas sin ser víctimas de sus peores consecuencias. “La tecnología de la información ofrece nuevas posibilidades que hacen que los bancos sean superfluos”, sostienen los autores. “Y el fin de la banca señalará el inicio de un sistema financiero moderno”. 

Tras el seudónimo Jonathan McMillan hay dos profesionales con amplia experiencia en economía y finanzas. Uno de ellos, que prefiere permanecer anónimo, trabaja en un gran banco internacional y conoce en profundidad los entresijos de las finanzas actuales. El otro es el académico y periodista Jürg Müller, especializado en el impacto de la regulación bancaria en la estabilidad macroeconómica y el bienestar. Ambos explican que el principal objetivo de su libro es mostrar cómo restablecer un sistema financiero que promueva la estabilidad, la productividad y la justicia distributiva de la economía. Ellos lo tienen claro: la existencia de un sistema financiero sin bancos es no sólo deseable, sino posible.

Motivo que hace urgente un cambio es, en su opinión, que el sistema bancario se ha convertido en “un proyecto público-privado disfuncional” en el que las garantías universales del Estado conviven con una regulación ineficiente. Ello permite a las entidades bancarias obtener inmensos beneficios a base de asumir riesgos cuando las cosas van bien, mientras que los Estados asumen las pérdidas cuando llegan los malos tiempos. Suena familiar, ¿no?

Y si no hay bancos, ¿cómo se organizará el sistema financiero? Para empezar, los escritores vaticinan que la banca tiene los días contados como institución dedicada a la creación de dinero a partir del crédito. En su lugar, los nuevos instrumentos surgidos de los avances tecnológicos, como los préstamos entre particulares (peer to peer, o P2P), los mercados virtuales y las monedas digitales, abren multitud de posibilidades para satisfacer la demanda de liquidez y de préstamos seguros. Prescindir de los bancos, por lo tanto, no pone el peligro la capacidad de los particulares y las empresas de administrar sus propios asuntos financieros. 

¿Y qué pasará con los bancos centrales? Los autores invitan a reflexionar sobre el papel que hoy desempeñan estas instituciones, en exceso ligada a las actividades de la banca privada, y proponen dos herramientas de política monetaria para sostener un sistema de precios funcional: la cuota de liquidez y la renta incondicional. En el nuevo sistema financiero sin banca, las funciones del dinero y del crédito estarían separadas y corresponderían al ámbito público y al ámbito privado, respectivamente. Los autores aseguran que establecer un marco legal para un nuevo sistema financiero sin bancos resulta más sencillo que desenmarañar el viejo sistema bancario. Reconocen que el cambio será difícil debido a que las décadas de descontrol bancario han creado una enorme red de “interdependencias financieras”. No explican, sin embargo, cómo será la transición de un sistema a otro, y tampoco entran a analizar los problemas internacionales o los efectos secundarios que la reforma traería consigo. Se centran en explicar cuál es, para ellos, el destino apropiado, no el camino para alcanzarlo.

La complejidad del sistema financiero actual, en el que algunos de los mejores economistas, físicos, matemáticos y abogados se afanan en crear productos imposibles de comprender para los profanos, hace imposible iniciar un debate político sobre la reforma financiera, señalan Müller y su anónimo colega, por no hablar de red de intereses que une al poder financiero con el político. Para los autores, lo que impidió que los políticos hicieran cambios radicales tras la crisis financiera fue la opacidad. Mientras persona muy formadas gran formación sigan teniendo dificultades para comprender qué sucede en la trastienda, afirman, la actividad bancaria descontrolada persistirá.

En este sentido, ambos se muestran pesimistas. Creen que aunque ha dejado de ser necesaria, la banca va a seguir dominando nuestro sistema financiero. Llevar a cabo actividades bancarias con todas las garantías del Estado, pero sin una regulación real, es demasiado rentable desde el punto de vista individual a pesar del tremendo precio que se cobra de la sociedad. Por eso, precisamente, quieren acabar con la banca.

Para saber más: Endofbanking.org

[Este artículo ha sido publicado en el número 56 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

La banca española es, tras la de Irlanda, la segunda del mundo que peor reputación tiene. La European Systemic Risk Board, en su informe de junio de 2015, muestra una preocupante caída en la imagen de los bancos españoles, al pasar del 31% en 2009 al 16% en 2014. Según la Autoridad Bancaria Europea, el 97% de los grandes bancos se han visto envueltos en litigios por malas prácticas y el 55% ha tenido que pagar más de 100 millones de euros por compensaciones. Manipulación de los índices de referencia del dinero, acuerdos colusivos para repartirse el mercado, colocación masiva e indiscriminada de productos financieros engañosos y de gran riesgo y abusos en las comisiones por servicios financieros son los casos más destacados.

La caída de la reputación bancaria en Europa ha coincidido con la crisis financiera y con la reestructuración del sistema financiero. La UE ha buscado incrementar la capitalización de los bancos mediante inyección de dinero público a través del Banco Central Europeo, además de las ayudas directas y los rescates. Esto, lejos de mejorar la reputación bancaria la ha empeorado, pues los ciudadanos lo han visto como un derroche económico a pagar entre todos.

Las malas prácticas bancarias han sido posibles, en parte, por los fallos en la supervisión y el control de las autoridades monetarias. Aunque el Banco de España no lo ha reconocido, el comportamiento no ético de los bancos ha sido permitido e incluso escondido. Y poco o nada se ha aprendido de la crisis y de los comportamientos abusivos de los bancos. La Autoridad Europea de Valores y Mercados muestra su preocupación porque los bancos puedan colocar de manera masiva como inversiones seguras los títulos de deuda anticrisis (de elevado riesgo) que han ido acumulando para cumplir con las exigencias de la UE.

En España, las medidas basadas en el aumento de la dimensión mediante fusiones bancarias han incrementado aún más la concentración del sistema financiero, pues apenas seis entidades dominan más del 95% de los depósitos. Además, con la desaparición de las cajas de ahorros, se ha consolidado un modelo de banca de gran dimensión y especulativo, más propenso a actividades financieras de mayor riesgo, que no le resulta rentable financiar a la economía productiva.

La diversidad financiera que propone la UE como condición necesaria para garantizar un sistema financiero sano y seguro está en peligro en España, lo que supone: 1. El aumento del riesgo sistémico, al crear bancos de grandes dimensiones que de caer tendrían graves consecuencias para el conjunto de la economía, lo que obligaría a nuevos episodios de saneamientos y rescates bancarios. 2. La concentración del sector perjudica a los consumidores, que ven reducidas sus opciones de elección y quedan sometidos al poder de los grandes bancos, que seguirán cometiendo abusos y malas prácticas.

En el contexto apuntado, la aplicación de códigos éticos por los bancos podría ser un revulsivo para la mejora de su reputación. La ética empresarial incluye pautas de comportamiento y conductas que benefician o perjudican a la sociedad; pautas que han de ser coherentes con los valores y principios humanos (respeto, tolerancia, justicia, igualdad...).

La ética ha estado alejada del sistema financiero y del comportamiento de la banca; muchos señalan que ética y banca son un oxímoron, dos conceptos contrapuestos. Sin embargo, la introducción de valores éticos puede repercutir positivamente en sus cuentas de resultados, al mejorar la satisfacción de sus clientes y su grado de fidelización. Cada vez más clientes buscan bancos con criterios éticos, lo que explica el crecimiento espectacular que están teniendo bancos como Triodos Bank o Fiare Banca Ética. El cliente bancario ya no sólo se fija en el precio del dinero y el pago de comisiones; le interesa saber qué hacen los bancos con su dinero y se preocupa porque no se utilice para fines poco éticos (blanqueo de dinero negro, financiación de empresas de armamentos, financiación de empresas que emplean mano de obra infantil…), sino para fines sociales (protección del medio ambiente, inversión en energías renovables, creación de empresas sociales…).

Compromiso con la sociedad

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) forma parte de la reputación empresarial e influye en su mejora. Ahora bien, la RSE no puede ser el objetivo final, sino su punto de partida. Es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar un cambio real y efectivo en el comportamiento de los bancos. En primer lugar, hay que separarla de acciones de marketing o estéticas; es más que eso, aunque su implantación puede repercutir positivamente en su imagen y puede traducirse en un incremento de su rentabilidad. La RSE ha de ser un compromiso real con el entorno y la sociedad. En segundo lugar, la RSE tiene una doble dimensión, interna y externa.

Externamente, además de las impactantes acciones de patrocinio de actividades culturales, deportivas, y artísticas, que apenas suponen un pequeño porcentaje de los sustanciosos beneficios económicos que obtienen, los bancos han de hacer un serio esfuerzo por implantar la transparencia. La transparencia es la asignatura pendiente de la banca y su carencia sustenta el fraude fiscal, el blanqueo de dinero negro y las evasiones de capitales, entre otros delitos fiscales y económicos. Algunos bancos son sostenedores/creadores de los paraísos fiscales y del uso de éstos por parte de sus clientes. La implantación de la transparencia en los bancos debería traducirse en el acceso a información relevante como el sobreendeudamiento de los clientes, los niveles de exclusión financiera a familias, trabajadores autónomos y pymes, número de desahucios producidos por impagos hipotecarios y personas afectadas, volumen de productos tóxicos colocados a clientes y sus efectos, cantidad de inversiones especulativas en deuda pública y en alimentos y materias primas, financiación de empresas armamentísticas, de sociedades que utilizan niños para fabricar sus productos y de compañías que agreden el medio ambiente, entre otros.

Otro eje clave en la dimensión externa es la inversión socialmente responsable. En este sentido, se debería considerar como axioma básico de cualquier banco (ético y no ético), el compromiso con la financiación de la economía productiva dejando de lado las actividades especulativas. Su verdadero cometido debería ser la concesión de préstamos y créditos a las empresas que generan actividad económica en el territorio. Muchos bancos que han recibido liquidez del Banco Central Europeo durante la crisis financiera, lejos de financiar actividades productivas, se han dedicado a la compra de deuda pública. Las operaciones especulativas que realizan los bancos (como actividades de trading o compra y venta de valores, bonos y otros activos financieros), de gran rentabilidad, tendrían que estar prohibidas o cuando menos ser transparentes y estar gravadas con una tasa (tasa Tobin).

La dimensión interna de la RSE tiene su influencia en las políticas de recursos humanos. Debe incluir acciones relacionadas con la situación de los trabajadores y con sus condiciones laborales y el ambiente y clima de trabajo. Las escalas salariales, que en los grandes bancos llegan a ser de 1:370, en la banca ética se sitúan en 1:10 y en algunos bancos cooperativos en 1:4. Las retribuciones variables (bonus) y las opciones sobre acciones forman parte de los sistemas retributivos de los bancos, son métodos no éticos para incentivar y motivar a sus trabajadores.

Algunos aspectos son poco cuidados: los sistemas de decisión participativos, la igualdad de género y de cualquier otra condición y la conciliación. Una contratación responsable debería potenciar el empleo estable y de calidad y eliminar los contratos temporales. Sin embargo, la destrucción de empleo ha sido otra de las características de la banca. Mediante ERE de dudosa legalidad, desde 2008 han despedido a más de 75.000 empleados, lo que representa un tercio del total de la plantilla del sector.

En tercer y último lugar, la RSE ha de formar parte de una estrategia más amplia de compromiso social. Aquí es donde se hace necesario plantear en qué términos se debería abordar la reforma del sistema financiero. El problema de fondo de los bancos no es la falta de capitalización, como pretenden las autoridades financieras, sino un problema de gobernanza y falta de transparencia. Las empresas en general y los bancos en particular deben gobernarse con criterios profesionales y con criterios éticos, pues viabilidad económica y ética son compatibles. Así, los bancos tienen que dotarse de un sistema de gobierno corporativo que garantice un funcionamiento profesional y responsable, centrando su negocio en la captación de depósitos destinados a financiar la economía productiva mediante préstamos y créditos concedidos de acuerdo con una gestión profesional y controlada del riesgo y eliminando las operaciones especulativas.

La Economía del Bien Común (EBC) puede ser un referente para la gobernanza de los bancos. Según la EBC, las empresas han de elaborar un Balance del Bien Común, a través del cual se determina su grado de compromiso desde el punto de vista de la responsabilidad social y de la ética. En este sentido, los bancos deberían comenzar a introducir la EBC en su funcionamiento y estructura. La mayoría de bancos éticos y de banca social (bancos cooperativos) ya lo hacen, y los bancos convencionales deberían también comenzar a implantarla. Sólo así podrán desarrollar una estrategia de sostenibilidad creíble por los ciudadanos y la sociedad y comenzar a recuperar su reputación.

Joan Ramon Sanchis Palacio es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia.

Vanessa Campos i Climent es profesora de Organización de Empresas de la Universidad de Valencia.

[Este artículo ha sido publicado en el número 53 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Un sistema financiero más débil de lo que se dice

“La banca española supera los test de estrés” ha sido el titular más frecuente en los medios de comunicación económicos españoles este mes de agosto. Respecto al sistema financiero europeo, el enfoque mediático ha sido algo menos condescendiente. Más o menos la idea ha sido que la banca europea tiene capital suficiente para afrontar un escenario de crisis económica ya que se ha recapitalizado en los últimos años. Parece que la consigna era no alarmar al ciudadano. El temor de que la economía europea pueda no tener capacidad para soportar una nueva crisis del sistema bancario era demasiado fuerte. La realidad sin embargo no parece complaciente.

La Unión Bancaria

El G 20 y el Foro de Estabilidad Financiera (FSB, Financial Stability Board por sus siglas en inglés) promovieron en 2009 -recuérdese que estábamos en plena vorágine de quiebras, crisis bancarias y nacionalizaciones como las de Lehman Brothers, Northern Rock, Fortis, Lloyds Bank y muchísimas más- una iniciativa denominada Basilea III cuyo objetivo era reducir el riesgo de crisis bancarias y conseguir entidades financieras más sólidas, capaces de resistir los impactos de dificultades externas. Como puede imaginarse hubo antes un Basilea II y un Basilea I, confirmando una vez más que los asuntos importantes no nacen nunca espontáneamente. Basilea III, en el marco del Banco Internacional de Pagos, un banco de bancos centrales, tenía como objetivo fortalecer el capital de los bancos para que estos dispusieran de recursos suficientes para hacer frente a potenciales perdidas si las hubiera.

La UE puso en marcha los principios de Basilea III mediante una directiva y un reglamento, ambos de junio de 2013, y al mismo tiempo -una vez comprobado que impulsar una moneda común sin una política financiera común era una tarea condenada al fracaso- puso en marcha la Unión Bancaria.

El Reglamento, al que hacíamos alusión, establece unos requisitos mínimos de capital, liquidez y riesgo de crédito para las empresas de inversión y entidades de crédito. De este modo, se pretende garantizar la solvencia de las entidades financieras estableciendo unos coeficientes de capital (fondos propios) entre activos ponderados por su riesgo. Esto significa que cuanto más arriesgados son los activos, más capital tendrá que reservar el banco.

La Directiva, a la que también hacíamos alusión, establece las normas sobre colchones de capital y fija además criterios de remuneración de los banqueros, supervisión prudencial y gobierno corporativo. Además de un requisito obligatorio del 4,5 % del capital de máxima calidad establecido en el Reglamento citado, todos los bancos deben mantener un colchón de conservación del capital y un colchón de capital anticíclico para garantizar que acumulen una base de capital suficiente en épocas de prosperidad que les permita absorber las pérdidas en caso de crisis.

Sobre esta arquitectura legislativa se puso en marcha la Unión Bancaria que se sustenta en dos pilares básicos.

El pilar I tiene que ver con el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) que asigna la función de supervisor bancario directo al Banco Central Europeo (BCE) con el objeto de garantizar que los mayores bancos europeos estén sometidos a una supervisión independiente y con normas comunes. El resto de bancos estarán supervisados por los bancos centrales nacionales bajo el seguimiento del BCE.

El pilar II se relaciona con el Mecanismo Único de Regulación (MUR). Este segundo elemento tiene por objeto garantizar que una situación de quiebra bancaria puede resolverse de una manera ordenada con costes mínimos para los contribuyentes. Esta voluntad de querer ahorrar a los contribuyentes los costes de las crisis bancarias ha exigido establecer una nueva Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias conforme a la cual se ha establecido el principio denominado “bail in”, según el cual son los accionistas y los acreedores quienes deben soportar inicialmente el coste de una crisis bancaria y solo en muy última instancia los contribuyentes debieran hacerse cargo de la misma.

¿Por qué fallan los test de estrés?

Recientemente - en agosto, viernes, a las 10 de la noche, con el cierre semanal de las bolsas- es decir con alevosía y premeditación, se han anunciado los resultados de unos nuevos test de estrés sobre los principales bancos europeos. Al principio todo parecía parabienes. La banca europea tenía capital suficiente para afrontar el peor de los escenarios. Según este test, solo el Monte dei Paschi de Siena, el banco más antiguo de Europa, y el Allied Irish Bank tenían problemas.

La alegría sin embargo duró poco. La realidad de la banca europea es bien distinta. En Italia, además del Monte del Paschi y el Unicredit, el resto de la banca pequeña y mediana tiene una situación precaria (Banca Popolare dell'Emilia Romagna, la Banca Popolare di Milano y el Banco Popolare). En Alemania, el Commerbank y el Deustche Bank tienen dificultades endémicas. En España, el Banco Popular ha tenido que recurrir a una ampliación de capital que no parece que va a resolver todos sus problemas. La banca francesa no parece tampoco muy boyante. Y para colmo, el test de estrés no ha analizado ni la banca portuguesa, ni la banca griega. Surgen entonces tres preguntas: ¿Porque los test de estrés no identifican bien los problemas del sistema financiero europeo? ¿Todo este andamiaje que se está montando va a servir para frenar la que puede avecinarse? ¿Qué se puede hacer? Intentemos contestarlas.

Por muy variadas razones no parece que los test de estrés estén dando los resultados esperados. Después de los test de 2010, se produjo la crisis de la banca irlandesa. Después de los test de 2011, el gobierno español tuvo que recurrir a un crédito (rescate) de 41.000 millones de euros. En 2014, alguien se tenía que haber preocupado cuando 25 entidades de las 130 analizadas mostraron un déficit de capital. Los resultados de los test de estrés de 2016 no han convencido a los mercados. Da la impresión que el escenario más adverso no ha recogido todos los problemas que arrastra la economía europea (el Brexit por ejemplo). Los test no han recogido tampoco el impacto de los tipos de interés negativos sobre la cuenta de resultados de la banca, ni han medido bien su nivel de concentración de riesgo que parece excesivo. Las entidades financieras no están consiguiendo mantener sus márgenes de intermediación porque tanto las familias como las empresas todavía no han dado por finalizado su proceso de desendeudamiento. Además, hay dudas -que afectan muy específicamente al sistema financiero español- sobre la consideración como recursos propios de cosas que no debieran serlo, como los activos fiscales diferidos. La puntilla final a la credibilidad de los test de estrés es que el Deutsche Bank parece que ha recibido un trato de favor al incluir en sus cálculos ingresos por ventas de activos que aún no estaban contabilizados en su balance.

¿Hacia dónde va el sistema financiero europeo?

Los resultados del primer semestre del ejercicio 2016 presentados por la banca europea, incluida la española, han sido francamente malos. Mucho peores de los esperados. Y las perspectivas no son mejores. Los bancos europeos parecen abocados al cierre de sucursales (sobre todo en el caso español), reducción de costes de personal (despidos o salidas pactadas) y ampliar sus ingresos mediante cobro de comisiones (hasta donde sea posible). Y como todo esto será insuficiente parece irreversible que asistamos a un nuevo proceso de fusiones bancarias, probablemente esta vez ya no sólo en el ámbito nacional, con el riesgo que creemos bancos más grandes con los mismos (o mayores) problemas que antes.

Mientras tanto, la normativa que se está poniendo en marcha en materia de coeficientes mínimos de capital, aunque muy exigente para los bancos, sigue siendo más necesaria que nunca. Los beneficios de un sistema bancario capitalizado compensan las dificultades que para cumplirlos pueden tener momentáneamente las entidades afectadas. Parece por otro lado bastante razonable pensar, y esta es la lógica de todo el proyecto, que cuantos más riesgos asuma una entidad, mayores deben ser sus requerimientos específicos de capital.

También la supervisión es más necesaria que nunca. Según todos los expertos, una supervisión fuerte es más importante incluso que la propia regulación. Una supervisión dirigida por autoridades independientes y mejor cuanto más alejadas estén del poder político. Tenemos muy reciente la noticia de que el Banco de España ocultó a los ciudadanos la situación de Bankia antes de su salida a bolsa en aras de no se sabe qué intereses generales. En este campo, parece que la máxima responsable del MUS, Danièle Nouy, ha demostrado autoridad suficiente como para poner firmes a los máximos responsables de los bancos españoles y leerles la cartilla, como se puso en evidencia con la llamada a capítulo del pasado mes de mayo.

Respecto a la directiva de reestructuración, a la que antes aludíamos, sería un fracaso sin paliativos si recién aprobada ya se hace la primera excepción con la banca italiana. Y no digamos con la alemana.

El modelo bancario del futuro

Los problemas se amontonan. La normativa que se está poniendo en marcha requiere un tiempo para su implantación y tiene un carácter preventivo, pero no puede esquivar los problemas presentes. A mi modo de ver, la solución está en el modelo de negocio. Él citado MUS ha establecido una metodología muy completa para evaluar anualmente a las entidades de crédito, denominada Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES por sus siglas en castellano, SREP en inglés). Es una metodología dividida en cuatro bloques, el primero de los cuales hace referencia precisamente al modelo de negocio. La clave del sistema está en que cada entidad defina con claridad cuál es su modelo de negocio y adapte su estrategia al mismo. Y no es una tarea fácil. Habrá que tener mucha claridad en lo que se busca. Pongamos algunos ejemplos ciñéndonos al sistema español.

¿Queremos mantener la red de oficinas? Para muchos analistas la red española es demasiado grande y costosa. Para otros, entre los que me encuentro, es precisamente una de sus fortalezas sobre las que se debe asentar la estrategia de futuro, al menos sí se quiere estar en el mercado minorista, incluso con el advenimiento de la banca digital. Los jóvenes, es verdad, pisan menos las sucursales bancarias pero también necesitan asesoramiento personalizado.

Respecto a la banca digital, ¿cómo va a afectar a la cuenta de resultados de los bancos la aparición de las fintechs? ¿cuál es la posición que se debe adoptar respecto a las mismas? ¿Colaborar o competir? Mi opinión es que la banca tiene medios más que suficientes para neutralizar el impacto de estas nuevas entidades.

Otra pregunta más, ¿qué hacemos con la estrategia de internacionalización? Hasta hace poco los bancos españoles sacaban pecho explicando cómo su cuenta de resultados se sostenía gracias a los beneficios obtenidos en el exterior. Ahora están empezando a ver las orejas al lobo, sin que su situación en España tenga visos de mejorar y compensar las pérdidas en el exterior. Países como Brasil, Reino Unido, México o Turquía ya no parecen la panacea de todas las soluciones. Ninguno de ellos precisamente son balsas de aceite. ¿Nos habremos precipitado? Mi opinión es que se tomaron en su momento decisiones demasiado a la ligera y de gran riesgo y que ahora se van a pagar. No siempre es posible clonar el modelo de negocio nacional en un mercado exterior. Lo que si debiera hacer la banca española es seguir a la empresa española en su estrategia de internacionalización.

En definitiva, el sistema financiero español (y europeo) está en una encrucijada y por el bien de la economía española (y europea) nos conviene que acierte en su proceso de toma de decisiones. Aquí van algunos consejos. No nos pongamos vendas en los ojos y afrontemos directa y rápidamente los problemas. Otro. No dejemos que se produzcan efectos contagio. Tercero, recuperar - si alguna vez la tuvieron- la credibilidad reputacional de los bancos después de tanto escándalo. No debiera ser difícil. La receta es conocida: enfoque estratégico claro, transparencia y honestidad en la gestión y compromiso con los clientes, los trabajadores y los accionistas. Por último, confiemos y proporcionemos empoderamiento a unas entidades de regulación y supervisión fuertes e independientes tanto en el ámbito nacional como europeo.