El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios artículos de la Ley del Paisaje de La Rioja “por invadir competencias estatales” y suspende varios de sus artículos.

En concreto se refiere a los artículos 13.3, 14, 22.3, 23.6, 24 y 28 y disposición transitoria segunda de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del paisaje de La Rioja, únicamente en tanto que resulten de aplicación a las actuaciones de competencia estatal.

El Tribunal, tras haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de los citados artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso (1 de abril de 2026) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.

En su demanda, el Gobierno central sostiene que los preceptos impugnados podrían menoscabar las competencias estatales con incidencia territorial previstas en los artículos 149.1, 20a, 21a, 22a y 24a de la Constitución, así como la competencia estatal sobre legislación básica en materia de medio ambiente del artículo 149.1.23a.

Un veterano magistrado del Supremo comentó en mayo de 2025 el estado de la investigación abierta por supuesta revelación de secretos al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: “La comidilla entre los miembros de la Sala de lo Penal [encargada del caso] es que todos los periodistas que niegan que el fiscal general les filtrase el correo mienten amparados en el secreto profesional”. El comentario del prestigioso magistrado en activo suponía casi la crónica de una condena anunciada al fiscal general.

Si los magistrados encargados del caso (un instructor, tres integrantes de la sala de apelación y siete más miembros del tribunal que juzgaría el caso), situados en lo más alto de la pirámide judicial, creían de manera unánime que los periodistas mentían, el futuro de Álvaro García Ortiz estaba sentenciado. La realidad dejó fuera de esa “comidilla unánime” a uno de los tres miembros de la sala de apelación, Andrés Palomo, que defendió el archivo de la causa; y a dos de las magistradas del tribunal sentenciador, Ana Ferrer y Susana Polo, que apoyaron la absolución del fiscal general.

Aunque ellos (Palomo, Ferrer y Polo) sí creyeron a los periodistas y defendieron por eso la inocencia de García Ortiz, estaban en minoría en la Sala de lo Penal y su criterio fracasó.  

Meses después de aquel comentario del veterano magistrado, cinco de los siete miembros del tribunal condenaron al entonces fiscal general por revelación de datos reservados, despreciando el testimonio en contra de esa tesis que hicieron bajo promesa de decir verdad hasta seis periodistas de cuatro medios de comunicación distintos. La sentencia provocó una dura protesta de una parte del mundo jurídico.

“¿El reconocimiento de su derecho al secreto profesional puede llevar aparejado que deba restarse credibilidad a las manifestaciones de periodistas en un juicio donde están obligados a decir verdad?”, se preguntaron las magistradas Ferrer y Polo en su voto particular.

El Tribunal Constitucional deberá responder a esta pregunta ante los recursos de amparo presentados por la Fiscalía del Supremo y por el ex fiscal general donde denuncian la vulneración de hasta cinco derechos fundamentales y piden anular la condena. 

El recurso de la Fiscalía lo expresa así: “La sentencia impugnada concibe el secreto profesional que asiste a los profesionales de la información como una especie de habilitación constitucional para sustraerse a la obligación de decir verdad en un juicio criminal. Para el Tribunal Supremo, existe una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto (…) Tal interpretación supone, indirectamente, una grave coacción moral sobre los profesionales de la información, a los que se pone en la tesitura de revelar la identidad de su fuente para que su testimonio exculpatorio de la persona acusada tenga algún valor probatorio. Se genera, con ello, un riesgo grave para la efectividad de la libertad de información, que es, precisamente, el fundamento de la protección constitucional de la cláusula de secreto periodístico”.

Seis profesionales de La Sexta, la Cadena Ser, El País y elDiario.es aseguraron que el fiscal general del Estado no fue quien les reveló el secreto –la información– que ellos difundieron en sus medios. Algunos de esos periodistas señalaron incluso el lugar origen de la filtración, lejos de la Fiscalía General del Estado, sin identificar a sus autores.

Pero daba igual porque “la comidilla en la sala de lo Penal” se convirtió en fundamento jurídico para condenar al fiscal general del Estado.

Los firmantes de la sentencia señalaron en varias páginas del fallo que los periodistas tenían el legítimo derecho a no identificar a las personas que les contaron el secreto y recordaron la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional en defensa del secreto profesional, vital para una sociedad bien informada.

Pese al rotundo aval judicial al secreto profesional, el testimonio de los periodistas no servía como prueba de descargo, según la doctrina que impusieron Andrés Martínez Arrieta (presidente del tribunal y ponente de la sentencia), José Ramón Berdugo, Antonio Del Moral, Manuel Marchena, y Carmen Lamela.

Estos magistrados deslizaron en el texto del fallo la idea de que los periodistas podían mentir protegidos por su derecho al secreto profesional: “En esa situación el derecho constitucional al secreto periodístico, carente de límites en nuestro ordenamiento en tanto no se proceda a su regulación, también cubre con su manto protector al periodista, autorizándole a otro tipo de manifestaciones, aunque no sean totalmente fieles a la realidad, si les guía la necesidad de mantener oculta su fuente, lo que acentúa sus diferencias frente a otros secretos (como el propio de parientes). Se trataría de una actuación amparada por el ejercicio legítimo de un derecho constitucional”.

Los magistrados de la condena no ocultaron su desconfianza hacia el testimonio de los periodistas: “No es idéntica la forma de enfrentarse a un interrogatorio de alguien consciente de su derecho al secreto y su deber protegido constitucionalmente de lealtad a sus fuentes, que la de otras personas que carecen de válvulas de escape similares y que declaran conscientes de su deber de contestar a todas las preguntas que se les dirijan sin poder eludirlas, tampoco con subterfugios”.

Y para intentar justificar que la condena no restaba credibilidad al testimonio de los profesionales de la información, los firmantes cargaron la culpa sobre el fiscal general por no actuar con la prudencia que si demostraron los periodistas al no publicar la información antes de que García Ortiz la tuviera en sus manos: “Tenemos la firme convicción de que, en ningún caso, las respuestas [de los periodistas] se vieron afectadas en su veracidad por el ejercicio de ese irrenunciable derecho [al secreto profesional]. La decisión de no difundir su contenido literal [del correo electrónico], ya fuera por respeto a las indicaciones recibidas de su fuente, ya por planificación secuencial de la información de la que ya disponían, no hace sino marcar un acusado contraste entre su prudencia profesional y la precipitación con la que García Ortiz no dudó en hacer posible la difusión pública de las comunicaciones, siempre confidenciales, entre un abogado y fiscalía para llegar a un acuerdo de conformidad”.

Este argumento, confuso en su formulación, es contrario al utilizado por el mismo Tribunal Supremo para rechazar una querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por declarar el 13 de marzo de 2024 en los pasillos del Senado que el fraude fiscal de la pareja de Ayuso estaba vinculado al cobro de comisiones por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Montero hizo esa declaración cuando ese detalle aún no había sido revelado por ningún medio de comunicación.

El Tribunal Supremo, en una resolución firmada por algunos de los magistrados que luego han condenado al fiscal general, inadmitió la querella alegando que cuando Montero hizo esas declaraciones los detalles de los supuestos delitos cometidos por la pareja de Ayuso ya circulaban -aunque no se hubieran publicado aún- por los medios de comunicación. La resolución del Supremo evitó cualquier reproche a la ministra Montero al no apreciar en su conducta ningún tipo de “precipitación” en “hacer posible la difusión pública” de los negocios privados de la pareja de Ayuso antes de que lo publicaran los medios de comunicación.

El delito de revelación de secretos cuenta con dos actores principales: quien tiene el deber legal de guardar ese secreto –en este caso, el fiscal general del Estado– y quien lo difunde, en este caso los periodistas que conocen mejor que nadie quién cometió el delito.

Pero la investigación por parte de Ángel Hurtado, el magistrado encargado de la instrucción, avaló desde el principio “la comidilla en la Sala de lo Penal” según la cual los periodistas que se acogen a su derecho de no revelar las fuentes pudieron mentir, protegidos por la Constitución, en defensa del fiscal general.

Hurtado rechazó de un plumazo los testimonios de periodistas que obligaban a archivar la causa. Lo hizo mediante un párrafo de motivación escasa y absurda: “Se trata”, escribió, “de testimonios que no aportan datos objetivos y contrastan con otro de los testimonios prestados en la mañana del día 8, que niega que así hubiera sido″. Ningún testimonio del día 8 negó el relato de los periodistas que declararon ante el juez que ni el fiscal general ni nadie por orden suya les había filtrado el correo electrónico.

La sentencia del Supremo utiliza una cita de la jurisprudencia “anglosajona” para poner en valor el secreto profesional que permite a los periodistas informar en libertad sin temor a represalias que impidan una adecuada fiscalización del poder. “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. Sus fuentes se secarían. No se revelarían las malas acciones. No se podría desenmascarar a los charlatanes. Las injusticias quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, en las empresas o en los departamentos gubernamentales nunca se conocerían”.

García Ortiz fue condenado por difundir el correo electrónico de un abogado a la Fiscalía. El conocimiento de ese hecho permitía desmontar el bulo –envuelto en la filtración de otro correo distinto– difundido por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en defensa del empresario Alberto González Amador, procesado por dos delitos fiscales. El bulo de Rodríguez, publicado por varios medios de comunicación sin contraste alguno, consistía en atribuir a la Fiscalía la perversa intención de ofrecer al supuesto defraudador, pareja de la presidenta Ayuso, un acuerdo para evitarle la prisión a cambio de que confesara los dos delitos fiscales. Era justo al revés.

Conocidos los hechos, la cita anglosajona vinculada al caso del fiscal general español quedaría así: “Si se obligara a los periódicos a revelar sus fuentes, pronto se quedarían sin la información que deberían tener. No se revelarían las malas acciones, como la difusión de bulos por parte de un Gobierno a favor de un procesado por fraude fiscal que es pareja sentimental de la presidenta de ese Ejecutivo. No se podría desenmascarar a los charlatanes, como el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, quien manipuló a determinados medios de comunicación para atacar con mentiras a la Fiscalía. Las injusticias [como la condena a un fiscal general del Estado por combatir un bulo facilitando información ya conocida antes por los medios] quedarían sin remedio. Las fechorías en los pasillos del poder, nunca se conocerían”.

Para investigar un delito de revelación de secretos difundidos por numerosos medios de comunicación, el Tribunal Supremo decidió que el testimonio de los periodistas carecía de valor probatorio porque se acogieron al secreto profesional que les permite hacer manifestaciones “aunque no sean fieles a la realidad” y las autoriza a utilizar “subterfugios” que se niegan a otros testigos en un juicio.

El derecho constitucional a no revelar la identidad de las fuentes de información se convierte, en manos del Supremo, en una prueba principal de cargo contra el implicado en una supuesta revelación de secretos.

El Tribunal Constitucional resolverá por primera vez en su historia uno de los casos más polémicos de la historia judicial de España. Y deberá contestar a la pregunta de si despreciar el testimonio de periodistas que se acogen a su derecho al secreto profesional vulnera el derecho a la presunción de inocencia del procesado por revelar secretos a esos mismos periodistas.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a tuitear este lunes a media tarde. En su mensaje, el polémico dirigente ha vaticinado que el Tribunal Constitucional absolverá al ex fiscal general del Estado, condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados. Y en la misma frase, ha aprovechado para insultar a los votantes socialistas. “El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido”, ha escrito Rodríguez a través de su perfil personal de la red X.

Pocos minutos después, lanzaba más descalificaciones: “Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.

Las publicaciones de Rodríguez llegan el mismo día en el que el ex fiscal general del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

Además, el viernes la Fiscalía presentó su propio recurso pidiendo también que anule la sentencia del Supremo y solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. El Ministerio Público defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”.

El próximo 6 de mayo Miguel Ángel Rodríguez, tendrá que declarar como investigado ante el juez por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, incluso a “niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha reclamado al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. En su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, García Ortiz afirma que el Alto Tribunal “hizo una valoración irracional y arbitraria de los indicios” y vulneró sus derechos fundamentales durante el proceso y en la propia sentencia que suscribieron cinco de los siete miembros del tribunal. 

El Alto Tribunal consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. Su condena implicó una inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general –cargo que él mismo abandonó días después–, el pago de una multa y una indemnización.

La Abogacía del Estado, que representa en este proceso al fiscal general, denuncia que en la sentencia que firmaron los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela se hizo una valoración arbitraria de la prueba, dado que “la imputación de la autoría” se sustentó “en meras inferencias abiertas, omitiendo prueba de descargo”.

“La sentencia construyó la condena mediante un análisis fragmentado y parcial, prescindiendo de hechos y pruebas de descargo que cuestionaban la inferencia incriminatoria”, dice el escrito, que hace alusión, en este punto a los testimonios de los periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024 o que negaron categóricamente que el fiscal general fuera su fuente. 

Esos testimonios no fueron tenidos en cuenta en la sentencia, en lo que la defensa de García Ortiz considera “una nueva delimitación del ámbito del secreto profesional” que le permite omitirlos. Y recuerda que la jurisprudencia constitucional se centra en una concepción del secreto como un derecho a no revelar sus fuentes y a guardar silencio que es también una garantía al servicio del derecho a la información. 

Borrado del teléfono de García Ortiz

El escrito denuncia, por otro lado, que el Supremo infringió el derecho a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo de García Ortiz. Así, critica que el tribunal utilizara el borrado del teléfono móvil del entonces fiscal general como un indicio de autoinculpación. “La interpretación que recoge la sentencia vulnera el derecho a no declarar contra uno mismo, ya que el borrado equivale a un silencio por parte del acusado, más aún cuando no existe ninguna prueba de que la supuesta filtración fuera hecha por alguno de los terminales borrados”, sostiene el recurso. 

El recurso defiende, asimismo, que la nota de prensa que hizo pública la Fiscalía para desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la Comunidad de Madrid fue un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Sostiene que su objetivo no era incriminar, sino desmentir una información “absolutamente falsa e infundada” y que representaba una grave descalificación de la neutralidad política y servicio al principio de legalidad que deben caracterizar la actuación de la Fiscalía. 

El recurso también cuestiona el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, que califica de “desproporcionado”. Sostiene que la orden del juez instructor de ordenar ese registro y la incautación de mensajes y correos, al principio con pocos límites temporales, fue una medida “de gran ambigüedad en cuanto al material concreto a incautar”. Critica, por ejemplo, que esta ausencia de modulación incrementó la desproporción, al no excluir ni siquiera aquello que claramente estaba protegido, como las comunicaciones privadas familiares, datos médicos o materiales ajenos al caso. 

Interpretación “expansiva y novedosa”

El recurso expone, por otro lado, que el objeto de la acusación “se ha modificado en varias ocasiones” a lo largo de la instrucción: fluctuó entre la filtración del correo, el envío a presidencia del Gobierno y la propia nota de prensa. Y que eso llegó hasta el punto de “no llegar a saberse en concreto qué hechos eran objeto de la investigación y posteriormente de enjuiciamiento e impidiendo su defensa”. 

Por último, la Abogacía del Estado acusa al Supremo de realizar una interpretación “expansiva y novedosa” del delito de revelación de secretos al considerar delictiva la mención en un comunicado oficial de datos que ya estaban en “el centro del debate mediático”, como la pretensión de la pareja de Ayuso de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. 

La Abogacía sostiene que solo puede ser delito revelar algo “ignorado o secreto”, y en este caso es imposible revelar jurídicamente una información que ya era de conocimiento público, al haber sido previamente publicada por multitud de medios de comunicación y autodivulgada por el propio investigado. 

La Fiscalía reclama al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de culpa del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal.

El recurso solicita amparo al tribunal de garantías al sostener que los magistrados de la Sala Segunda vulneraron cinco derechos fundamentales de García Ortiz tanto durante la investigación judicial como en la sentencia. Y defiende que el ex fiscal general se limitó a ejercer su deber de “informar verazmente” sirviéndose de datos que ya eran conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas aparecidas en los medios”. 

El Ministerio Fiscal denuncia que el Supremo vulneró el derecho a la presunción de inocencia de García Ortiz porque realizó una valoración “sesgada e irrazonable” de los testimonios de los periodistas que aseguraron tener el correo electrónico de la confesión de fraude fiscal del empresario antes de que lo obtuviera el fiscal general en la noche del 13 de marzo de 2024 o que negaron categóricamente que el fiscal general fuera su fuente. 

El recurso acusa a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela de hacer una interpretación del derecho constitucional de los periodistas a no revelar sus fuentes que supone “una grave coacción moral” sobre los informadores. Y cuestiona que para el Supremo exista “una suerte de licencia constitucional para mentir que inhabilita de antemano la credibilidad del testimonio de descargo prestado por un periodista que se ha acogido a dicho secreto”.

El escrito argumenta, por otro lado, que la condena se basó en una prueba indiciaria débil, excesivamente abierta y con explicaciones alternativas mucho más razonables que la culpabilidad. Así, la Fiscalía trata de rebatir algunos de los principales indicios que sustentan el fallo. Uno de ellos es la llamada de cuatro segundos que realizó a García Ortiz Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER al que, según la sentencia, filtró el correo. Según el Ministerio Público, esa llamada es compatible con un buzón de voz o una llamada no atendida. 

El periodista testificó en la vista que solo duró cuatro segundos, porque el fiscal general no respondió y saltó el buzón de voz. García Ortiz, por su parte, afirmó que en ese momento estaba hablando con la jefa de la fiscalía provincial de Madrid. 

El recurso ante el Constitucional se refiere también a la prisa por conseguir los correos, que es otro de los indicios que recoge la sentencia condenatoria. La Fiscalía defiende que la urgencia para reunir los correos se explica por la necesidad de desmentir un bulo propagado horas antes por el entorno de la Comunidad de Madrid, no por el deseo de filtrarlos. Y cuestiona la afirmación que hace la sentencia sobre el “círculo reducido” que pudo acceder al correo filtrado al sostener que circuló por multitud de carpetas compartidas a las que tuvieron acceso decenas de personas. 

El Supremo consideró que García Ortiz o alguien de su “entorno” filtraron un correo del abogado de González Amador a la prensa, además de difundir su confesión de fraude fiscal en un comunicado. En su recurso, la Fiscalía considera “impropia del razonamiento probatorio de una sentencia penal” esa “críptica referencia” al entorno del acusado y cuestiona que en la sentencia no se haga “el más mínimo esfuerzo en delimitar ese entorno”. 

El recurso también alega una vulneración del derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a un proceso justo en relación con el registro de la Guardia Civil en el despacho del fiscal general, que califica de “ilegal”. Sostiene que la orden del juez instructor de ordenar ese registro y la incautación de mensajes y correos, al principio con pocos límites temporales, fue una medida “indiscriminada y desproporcionada”, impropia para este tipo de delito y que no tuvo en cuenta la enorme sensibilidad de la información custodiada.

Asimismo, la Fiscalía considera que la sentencia vulneró el derecho de García Ortiz a conocer la acusación dado que introdujo de forma “sorpresiva” la condena como un delito autónomo por la nota de prensa que la Fiscalía emitió en marzo de 2024 para combatir los bulos del caso. Y también el principio de legalidad al haber condenado al entonces fiscal general por publicar una nota de prensa que contenía información que ya era de dominio público. A su juicio, eso desborda los límites del Código Penal, ya que no se puede “revelar” un secreto que ya circula en los medios. 

El plan de la Xunta de Alfonso Rueda para dificultar el derecho a las bajas médicas de los trabajadores se ha encontrado ya con críticas de los sindicatos, de los partidos de la oposición y del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tacha de ilegal y avisa de que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Considera que lo que hace el presidente gallego con las medidas anunciadas es poner en cuestión la profesionalidad de los sanitarios y “su propia gestión de la sanidad gallega”, además de privatizar este ámbito por el refuerzo de las mutuas.

Rueda hizo el anuncio durante su discurso en el debate sobre el estado de la Autonomía, en el que elevó a asunto “urgente” el de la cantidad y duración de las incapacidades temporales en Galicia. El motivo, que están “lastrando la productividad” de la economía. La Xunta va a poner el foco en ello con un “programa integral de abordaje” que va a implicar la creación de una unidad que controlará las bajas y que estará centrada en las más habituales, que son las derivadas de lesiones músculoesqueléticas y problemas de salud mental “menores”, expuso. Además, el Gobierno gallego anuncia que va a reforzar el papel de las mutuas privadas y que, si hacen una propuesta de alta, la inspección sanitaria la va a ratificar. Solo en caso de duda va a citar al trabajador o trabajadora para verificar su situación.

Estas propuestas son “absolutamente ilegales”, según la ministra de Trabajo, que considera que hay una invasión de competencias estatales. “Si esta medida se materializa, anuncio que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional”, insistió, en unas declaraciones a los medios antes de participar en un acto en A Coruña. Cargó, en concreto, contra la creación de un órgano específico de control y la intención de “privatizar aún más” algo sobre lo que quienes tienen competencia son, “en primer lugar, los médicos que decretan las bajas”. También recalcó que las materias sobre las que se anuncia un especial celo, relacionadas con salud mental y lesiones musculares, son “de mucha sensibilidad”.

La tensión institucional vuelve a situarse en el centro del debate por el bloqueo en la renovación de instancias clave de la Justicia. El Partido Popular mantiene paralizada la designación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado desde el pasado diciembre, mientras que sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retrasan nombramientos esenciales en el Tribunal Supremo. Esta estrategia, que prolonga la interinidad en instancias decisivas, evidencia el pulso de la derecha por tratar de mantener o ganar influencia en los tribunales. 

Cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, el progresista Cándido Conde-Pumpido, alcanzaron el final de su mandato el pasado 17 de diciembre. Su sustitución depende del Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta pero insuficiente para hacer esas designaciones: le faltan 15 votos. La renovación requiere el respaldo de tres quintos de la Cámara Alta (160 votos), por lo que pasa inevitablemente por un acuerdo con el PSOE, que cuenta con 91 escaños.

Es lo que ha venido ocurriendo históricamente: PP y PSOE se reparten esos cuatro puestos y cada formación propone dos nombres. Pero esa distribución no serviría para alterar la mayoría progresista de siete votos a cinco que ha inclinado la balanza en leyes relevantes, como la amnistía, lo que hace que el PP tenga pocos incentivos para llegar a un acuerdo. 

Fuentes del PP aseguran a elDiario.es que no tienen intención de dar un perfil pactista con el PSOE en un momento de contienda electoral, con las elecciones andaluzas a la vuelta de esquina y en plena pugna con Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo apuesta por dilatar el bloqueo, esperar a mejorar sus resultados en las próximas elecciones generales y acercarse a esa mayoría de tres quintos del Senado, ya sea en solitario o de la mano de socios habituales como Vox o UPN. Eso le permitiría nombrar a cuatro magistrados de sensibilidad conservadora, lo que daría un vuelco a la actual distribución favorable a la izquierda.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños. Fuentes de su departamento confirman que no se ha producido ningún contacto. 

La primera consecuencia de la decisión del PP es que los magistrados cuyo mandato está ya caducado seguirán en sus cargos hasta que lleguen sus sustitutos. Además de Conde-Pumpido, los magistrados salientes son la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, uno de los puntales de la derecha judicial, accedió al puesto en julio de 2024 y tiene la opción de ser reelegido.

No es la primera vez que el PP bloquea la renovación del Constitucional por cálculos políticos. Ya lo hizo durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el órgano debatía la sentencia sobre el Estatut de Catalunya que acabó prendiendo la mecha que derivó en el procés. Tampoco fue nada pacífica la última renovación del tribunal de garantías que tuvo lugar en 2022. En ese caso, el relevo correspondía hacerlo al CGPJ (dos magistrados) y al Gobierno (otros dos), lo que suponía recuperar la mayoría progresista en el tribunal una década después. 

Durante tres meses, un grupo de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces hizo imposible el acuerdo y retrasó el cumplimiento de la ley en un momento en el que beneficiaba a los progresistas. Finalmente, el sector progresista del CGPJ decidió conceder una victoria pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados a cambio de que el tribunal volviera a tener mayoría de magistrados de esa sensibilidad. Fue entonces cuando accedieron al tribunal el conservador César Tolosa y los progresistas María Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Díez, lo que permitió que las mayorías políticas del Parlamento tuvieran su reflejo en el tribunal.

El Constitucional como contrapeso

En la actual coyuntura política, es al PSOE a quien más le interesa una renovación que le garantice mantener la actual correlación de fuerzas del Constitucional, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores. En caso de que el PP consiguiera acceder a la Moncloa, el tribunal tendría la capacidad de actuar como contrapeso ante las eventuales políticas regresivas de un PP condicionado por la extrema derecha. 

El mandato de los 12 magistrados del Constitucional se alarga durante nueve años y se renueva por tercios cada tres años. Después del tercio del Senado, la renovación de los cuatro magistrados que elige el Congreso está prevista en 2028. Esa elección también requiere una mayoría de tres quintos, por lo que suele haber un reparto con dos integrantes de sensibilidad progresista y dos conservadores. 

Así, la conformación a favor de la izquierda estaría garantizada, en principio, hasta 2031, que es cuando le tocaría el turno al Gobierno y al CGPJ. Lo habitual es que el cambio de ciclo en el Constitucional se produzca con la renovación parcial de los dos magistrados que escoge el Ejecutivo y los otros que decide el órgano de gobierno de los jueces.

En los últimos años, la mayoría progresista del Constitucional ha blindado derechos como la eutanasia o el aborto y ha respaldado otras normas relevantes para el Gobierno de coalición como la ley de vivienda o la ley rider. También ha avalado la ley de amnistía. El órgano todavía tiene pendiente algunos asuntos de mucho peso, como el regreso de Carles Puigdemont o el posible recurso del ex fiscal general contra su condena por haber filtrado el correo autoinculpatorio de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Vacante en el Supremo  

Al bloqueo en la renovación del Constitucional se suma la intención de los vocales elegidos a iniciativa del PP en el CGPJ de dilatar la elección de una vacante en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzga a los aforados, como el ya ex fiscal general del Estado o el exministro socialista José Luis Ábalos. Esa Sala tiene sin cubrir desde hace casi dos años el puesto perteneciente al turno de juristas de reconocido prestigio y las fuentes consultadas coinciden en que su renovación no será ni mucho menos inmediata. 

Los vocales progresistas consideran imprescindible que esta plaza sea adjudicada a una mujer de sensibilidad progresista, dado que es una Sala muy masculinizada —hay 12 hombres y tres mujeres— y de abrumadora mayoría conservadora. Sin embargo, las negociaciones ni siquiera se han iniciado. 

La estrategia del grupo conservador pasa por esperar a que queden vacantes otros puestos de esa misma Sala para hacer una renovación en bloque. Para ello, sin embargo, habría que esperar varios meses. Los magistrados Andrés Palomo y Ángel Hurtado se jubilarán de manera forzosa el próximo junio y Juan Ramón Berdugo en septiembre. 

“Nosotros insistimos en que la plaza del turno de juristas exige una negociación independiente, pero sin mucha suerte”, sostiene un vocal de la izquierda. Pese a ello, el sector de vocales elegidos a iniciativa del PSOE y Sumar tampoco ha forzado llevar al pleno una votación sobre este puesto, lo que podría evidenciar la actitud obstruccionista del otro grupo. “Ellos saben que el déficit progresista y de mujeres en la Sala Segunda es alto. Y que esta plaza debería adjudicarse a una mujer progresista. Pero prefieren paralizarla. Los ritmos los marca la derecha”, lamenta otra voz progresista.  

A pesar de que las negociaciones no se han iniciado, en las conversaciones informales previas los vocales conservadores ya han dejado claro su veto a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo, una de las candidatas más valoradas por el sector progresista. Es una catedrática con un amplio currículum y que en 2015 formó parte del “grupo de expertos” que colaboró con el PSOE en la redacción del programa de las primeras generales a las que se presentó Pedro Sánchez. Además, es cuñada de la exvicepresidenta y actual comisaria europea Teresa Ribera. 

Los vocales conservadores repiten así la estrategia urdida hace un año, cuando descartaron la elección de las progresistas Ana Ferrer y Pilar Teso para la presidencia de esa misma Sala y también para la de lo Contencioso-Administrativo, las más delicadas del Supremo. Ambas acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros. Los progresistas transigieron y finalmente apoyaron de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador. 

Los nombramientos realizados durante el primer año de mandato evidencian que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, logró el 38% de las designaciones realizadas en la cúpula judicial. Es casi el doble de lo que consiguieron las otras tres asociaciones juntas. Además, la APM copó casi la mitad de los ascensos al Supremo, que son especialmente relevantes porque se mantienen hasta la jubilación. 

La Comunidad de Madrid ha empezado el año con mal pie en los tribunales. El Ejecutivo de Ayuso acumula varapalos desde que el 12 de enero el Tribunal Constitucional abriese la veda con la decisión de tumbar el veto del PP a las preguntas en la Asamblea sobre Miguel Ángel Rodríguez. Luego se han sumado varios rechazos a sus variopintos recursos contra leyes del Gobierno, la orden judicial para iniciar los trámites del registro de objetores del aborto y hasta la citación de su jefe de gabinete como investigado.

En enero, el Constitucional respondió a los recursos que había presentado la oposición por la forma en la que el PP se aprovecha de su control de la Mesa de la Asamblea de Madrid para frenar debates incómodos para Ayuso, como las amenazas de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, a una periodista de elDiario.es. El Constitucional lo zanjó con dos sentencias separadas por unos pocos días. La primera, del 12 de enero, estimó un recurso del PSOE y constató que la Mesa vulneró los derechos de los diputados al bloquear la tramitación de preguntas sobre Rodríguez después de que este periódico publicara la exclusiva sobre el caso de fraude fiscal de González Amador.

Solo dos días después llegó la segunda sentencia en el mismo sentido, en este caso para dar la razón a Más Madrid. El tribunal entendió que la Mesa de la Asamblea se excedió en sus funciones al vetar este tipo de iniciativas, que tendrían que tramitarse para su debate de forma pública. Con el rodillo de su mayoría absoluta, hurtó “la posibilidad, inherente a toda democracia deliberativa, de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas”, en palabras del Constitucional. Entre las cuestiones que la oposición quería debatir estaba examinar el modelo público-privado de la sanidad madrileña y el papel del gigante Quirón. Así zanjó Ayuso el debate sobre las iniciativas censuradas a la oposición: “Plantean preguntas absurdas”.

Los derechos de la oposición también fueron protagonistas de la tercera y última sentencia del Constitucional. El tribunal censuró el procedimiento elegido por el ejecutivo de Ayuso para sacar adelante la norma que permitió al PP controlar Telemadrid sin enmiendas y sin debate parlamentario. El recurso cuestionaba la forma en la que se realizó ese cambio legal, no el contenido de la reforma.

Orden judicial para poner en marcha el registro de objetores

Ayuso aplicó con el registro de médicos objetores al aborto su particular manual de confrontación contra el Gobierno. Primero anunció que no cumpliría la medida, lo mezcló con la Guerra Civil, Hamás o los “narcoestados” y dejó una nueva proclama para resumir su posición sobre este derecho reconocido por la ley: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Y después recurrió a los tribunales.

La presidenta madrileña vio una nueva oportunidad de conflicto pese a que su Gobierno no había puesto ninguna pega a ese registro impulsado por el Ministerio de Sanidad, que obliga a que los médicos comuniquen que son objetores y rechazan practicar abortos. En un inicio, el Gobierno de Ayuso votó a favor de la medida en el Consejo Interterritorial en el que se aprobó. Cuando Sanidad abrió el plazo para que los registros de objetores se pusieran en marcha, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, criticó la medida aunque dijo que la cumpliría, pero la presidenta la corrigió en cuanto vio una nueva oportunidad de confrontar.

Es precisamente aquel voto a favor de la medida en el que ahora basa su decisión cautelar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta que haya decisión definitiva, la Justicia dice que hay que ir poniendo en marcha ese registro, entre otras cosas, porque habían votado a favor y porque el resto de territorios ya lo habían creado, y que es una obligación recogida en una ley orgánica. De momento, la Comunidad de Madrid ya ha dado el primer paso.

“El registro previsto en la ley tiene una finalidad organizativa destinada a mejorar la gestión de la prestación sanitaria y a garantizar tanto los derechos de las mujeres como los de los profesionales sanitarios”, argumentó el tribunal. No es la decisión definitiva, pero los argumentos de la resolución, que tiran por tierra las alegaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid, complican que salga victorioso de este proceso.

MAR investigado y el caso de Ana Millán, archivado

El todopoderoso jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tiene una cita marcada en el calendario: el 6 de mayo tendrá que declarar como investigado por haber difundido en marzo de 2024 los nombres y apellidos de dos periodistas de El País que trabajaban en una información sobre Alberto González Amador. Los dos reporteros habían sido identificados por un policía en el entorno del domicilio de Ayuso y su pareja.

Además de difundir sus datos y fotografía, afirmaba que reporteros de elDiario.es habían intentado entrar en casa de Ayuso encapuchados y se llegaba a decir que los dos periodistas de El País habían “acosado” a los vecinos, “incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”. Ese mensaje se envió a varios medios unos días después de que elDiario.es publicase en exclusiva que la pareja de Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros a Hacienda.

En un inicio, la jueza había archivado la querella en contra del criterio de la Fiscalía. La Audiencia Provincial ordenó que se reabriera porque los datos de los informadores que un agente de policía recibió en un primer momento “tenían un indudable carácter reservado” y eso justificaba “investigar si en la divulgación” existió una infracción penal. A mediados de marzo se confirmó su citación como investigado.

Unas semanas antes que Rodríguez tendrá que declarar el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano. Lo hará como testigo en la causa que investiga a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, por la filtración de un documento policial interno que el político utilizó para defender unas afirmaciones de Ayuso en las que vinculaba a un grupo de migrantes con delitos sexuales. La citación se ha retrasado tres veces y, de llegar a ocurrir, habrán pasado seis meses desde que la jueza acordó tomarle declaración. Serrano es, también, uno de los señalados por la exconcejala de Móstoles que se ha querellado por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y el PP. El número dos del PP madrileño fue el encargado de gestionar ese caso que ahora está en manos de los tribunales.

Otra estrecha colaborada de Ayuso involucrada en la gestión de esa crisis es Ana Millán, número tres de Ayuso, quien precisamente ha visto cómo a finales de marzo se archivaba la investigación por corrupción en su contra. La Fiscalía cambió de criterio por sorpresa y apoyó la petición de archivo de Millán con los mismos indicios que había contra la exalcaldesa de Arroyomolinos en los cuatro años que ha impulsado la investigación contra ella.

Batería de recursos contra leyes del Gobierno

Los tribunales también han comenzado a dar respuesta a la batería de recursos que presentó Ayuso como parte de su ofensiva contra leyes de todo tipo del Gobierno. La Comunidad de Madrid despidió el año pasado con la noticia de que el Constitucional rechazaba las alegaciones contra la ley de amnistía, con el voto en contra del sector conservador, y el arranque de 2026 no ha ido mejor para sus intereses. En febrero, la mayoría progresista de este mismo tribunal desestimó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda —que Madrid ni siquiera aplica— y avaló las competencias del Estado.

La Audiencia Nacional también ha desestimado un recurso de la Comunidad, en este caso contra la reforma judicial del ministro Bolaños que sustituye los antiguos juzgados unipersonales por tribunales de instancia. En concreto, el ejecutivo madrileño exigía que se condenase al Ministerio de Justicia a poner en marcha “mecanismos” para evaluar el “coste real” de la implantación de esa norma. La Comunidad de Madrid ha recurrido.

En un futuro próximo los tribunales tendrán que dar respuesta a otro frente abierto: la autorización del centro universitario del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió diligencias en febrero tras admitir a trámite un recurso del Gobierno y otro de los socialistas madrileños contra el centro del ICAM, acusación particular en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El escenario político riojano se tensa tras la decisión del Consejo de Ministros de promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección del Paisaje de La Rioja, aprobada el pasado año por el Ejecutivo de Gonzalo Capellán. La medida conlleva la suspensión automática de varios preceptos de la norma, al considerar el Gobierno central que la legislación autonómica invade competencias estatales básicas en materia de medio ambiente y seguridad jurídica.

Desde la oposición, el diputado regional Jesús María García ha recordado que ya durante la tramitación parlamentaria, y en su posterior debate en el pleno celebrado el pasado 27 de junio de 2025, el Grupo Parlamentario Socialista “intentó modificar buena parte de las cuestiones que hoy son objeto de recurso de constitucionalidad por parte del Gobierno de España”. García ha afirmado que “ya advertimos en repetidas ocasiones que, tal y como habían apuntado algunos expertos en sus comparecencias ante la comisión parlamentaria, existían varios artículos que podían ser inconstitucionales”. Pese a ello, el Gobierno de Capellán “desoyó todas nuestras aportaciones y no aceptó ni una sola enmienda de ningún grupo parlamentario”.

Jesús María García ha asegurado que el Gobierno de España “ha mostrado en todo momento la mejor intención para consensuar una modificación de la ley que respetara las competencias del Estado”. A pesar de ello, el Ejecutivo de Capellán “no se ha movido y, finalmente, el Estado ha planteado un recurso de inconstitucionalidad contra nueve artículos y dos disposiciones transitorias del texto legal”. Es decir, “esto es algo que afecta a más de la tercera parte de la ley”.

El diputado socialista ha señalado que una vez más “queda demostrada la falta de diálogo del Gobierno de Gonzalo Capellán con los grupos parlamentarios, con la sociedad y con el resto de las instituciones”. Esta ley “tenía como único objetivo atacar a determinados sectores estratégicos de la economía riojana”. Fue, ha dicho García, una ley “urdida contra el desarrollo de la energía fotovoltaica y en beneficio del uso de los derivados del petróleo, utilizando para ello el falsoargumento de un interés por preservar el paisaje”.

Jesús María García ha destacado que con esta ley “lejos de proteger el paisaje, lo que se hace es darle patente de corso al Gobierno de La Rioja para que, de forma habitual y excepcional, pueda pasar por encima de la propia norma, autorizando proyectos y excepciones altamente perjudiciales para el propio paisaje”. Estamos ante un texto legal que “va contra el desarrollo ordenado de las energías limpias o la minería tradicional”.

Desde el PSOE instamos al Gobierno de Capellán “a presentar una modificación de la ley ante el parlamento de La Rioja y a escuchar de una forma proactiva todas aquellas cuestiones que los agentes sociales tienen que decir al respecto en su tramitación”. Todo ello con el objeto de conseguir que esta ley “verdaderamente cumpla su objetivo fundamental que no es otro que proteger de forma efectiva los paisajes excepcionales de nuestra comunidad”.

IU pide una revisión “a fondo”

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha pedido hoy al Gobierno riojano “revisar a fondo” la Ley del Paisaje tras aprobar, ayer, el Consejo de Ministros su suspensión; una decisión que podría desembocar en la presentación de un recurso por inconstitucionalidad. Ollero ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha informado de que el Consejo de Ministros acordó ayer “promover un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Paisaje de la Rioja”.

Fue una decisión tomada, ha relatado, al considerar que “hasta seis artículos y una disposición transitoria podrían ser inconstitucionales, especialmente por invadir competencias estatales”. En el mismo, se acordó “la suspensión de estos preceptos por afectar a la legislación básica sobre Medio Ambiente, que son competencias estatales”. “Literalmente”, ha explicado, el Consejo de Ministros dice que la Ley del Paisaje “utiliza términos difusos y subjetivos”; algo que, ha recordado, desde Izquierda Unida ya denunciaron.

De hecho, ha señalado, fue este grupo el único que votó en contra de la ley, que contó con el voto a favor del Partido Popular y la abstención del resto (PSOE y Vox). El Consejo de Ministro, ha añadido, cree que “existe un posible menoscabo del principio de seguridad jurídica” con una “deficiente técnica legislativa”.

“Es una ley que no está bien hecha, como considera el Consejo de Ministros, por invadir competencias; pero también consideramos que es una ley que no está bien hecha porque no es un instrumento eficaz para proteger y defender el paisaje de La Rioja”, ha visto. A su juicio, el Gobierno de La Rioja “debe responder urgentemente a este acuerdo del Consejo de Ministros” y a “esta posibilidad de que exista un recurso de inconstitucionalidad contra la ley”.

Para ello, ha considerado, debe “negociar con el Gobierno central” en una comisión mixta y “modificar” la ley. Lo ha visto, además, como una oportunidad, dado que “Ley del Paisaje no sirve si permite llevar adelante proyectos empresariales como el de Manjarrés”. Ha concretado que, desde el Consejo de Ministros, se considera que “hasta seis artículos y una disposición transitoria, la segunda en concreto, invaden competencias estatales porque se refieren, sobre todo, a la distinta zonificación”. “Se refiere, también, a la elaboración de planes y proyectos que inciden en la evaluación de posibles impactos sobre el paisaje de nuestra comunidad autónoma que pueden invadir competencias estatales”, ha explicado.

Ha sumado que, como denunció Izquierda Unida, “se refiere también a una falta de claridad en multitud de términos que se utilizan en la ley, términos tan importantes como elevado impacto paisajístico que no se acaban de aclarar”. Así, “es difícil determinar hasta dónde llega la protección del paisaje si no se aclaran esos términos”.

El Gobierno ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra un apartado del decreto ley “de medidas urgentes en materias de puertos de la Generalitat y de minimización del impacto generado por la DANA al Parque Natural de L'Albufera” aprobado en julio del pasado año. La normativa queda así suspendida hasta que se resuelva el litigio.

Según el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha recurrido el artículo 2 del Decreto-ley 10/2025, de 8 de julio, del Consell. La normativa, elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, amplía la limitación temporal de las concesiones, fijada hasta la fecha en un máximo de 30 años, una cuestión que chocaría con la normativa estatal.

El texto modifica este artículo para que puedan llegar a prorrogarse durante 50 años, si la empresa que lo gestiona lleva a cabo una “inversión relevante no prevista en la concesión”. Entre los supuestos, la inversión debe “mejorar la integración entre el puerto, la ciudad y la costa, o la seguridad y la operatividad de las instalaciones u obras realizadas en virtud del título concesional, su productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias, o que supongo la introducción de nuevas tecnologías o procesos que incrementan la competitividad”. En todo caso, indica la redacción, “que sea superior al 20 por ciento del valor actualizado de la inversión prevista en el título concesional”. La norma afecta a las empresas que gestionen instalaciones portuarias autonómicas: restaurantes, chiringuitos, o puertos deportivos, entre otros.

En su recurso, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática considera que “la norma pretende introducir modificaciones en el régimen de las prórrogas concesionales de los puertos de competencia de la Generalitat, es decir, aquellos que no tengan la calificación de interés general por el Estado”. Concretamente, las modificaciones afectan a la prórroga no contemplada en el título de otorgamiento, concedida en atención a la realización de inversiones relevantes no previstas en la concesión.

Sin embargo, “la legislación estatal en materia de concesiones portuarias marca el límite de las potestades legislativas de la Comunidad Autónoma tanto en cuanto las concesiones portuarias de su competencia sólo podrán prorrogarse en los mismos términos y condiciones que los previstos en la legislación estatal de puertos de interés general”.

Por este motivo, se solicitó el preceptivo dictamen urgente al Consejo de Estado que concluyó en su Dictamen nº 186/2026, del Consejo de Estado, de 12 de marzo de 2026, “que existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la norma, por el que se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 32 de la Ley 2/2014, de 13 de junio, de Puertos de la Generalitat, con el alcance señalado en la propuesta”.

El Govern central posa objeccions a tota una sèrie de lleis de les quals el PP valencià, secundat per Vox, ha fet bandera. El mateix dia que el Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs contra la Llei de costes, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica l’acord per a analitzar un dels decrets de simplificació administrativa, dels primers amb la signatura de Juan Francisco Pérez Llorca, en què es colen nombroses reformes. Entre les quals —la més qüestionada—, una modificació de la llei d’ordenació del territori per a construir habitatge protegit en sòl destinat a equipaments.

En concret, l’executiu central qüestiona la creació de la figura dels “projectes residencials locals”, una eina a priori excepcional que permet construir habitatges en règim de protecció pública en solars vacants no executats, qualificats d’ equipament, o en solars vacants de patrimoni municipal. La llei preveu que la mesura haja de tirar avant amb majoria absoluta en un ple municipal, i implica poder construir habitatge en sòl destinat a usos escolars, sanitaris o esportius.

La norma, introduïda en un decret òmnibus, no especifica si l’habitatge ha de ser de promoció pública o privada (fins i tot en règim d’habitatge protegit), ni quina serà la fórmula: drets de superfície, permutes... Aquesta última, un intercanvi previst en la llei, és la preferida dels constructors i per la qual advoquen les administracions dirigides pel PP valencià, i ha generat polèmica en els últims mesos pel que fa al control del sòl i les adjudicacions. Apunta a més que la Generalitat podrà executar aquests projectes locals i l’adjudicació dels habitatges directament per la conselleria competent en matèria d’habitatge o a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.

El Govern central no entra en el fons de l’assumpte, només qüestiona si hi ha invasió de competències. Considera que aquesta regulació pot vulnerar normativa estatal perquè en sòl públic només pot haver-hi habitatge social; és a dir, habitatge de titularitat pública o habitatge cedit per a atendre col·lectius vulnerables. No és un habitatge protegit a l’ús.

Des de la Conselleria de Territori, dirigida per Vicente Martínez Mus, apunten que la figura del projecte residencial local busca utilitzar parcel·les inutilitzades reservades per a dotacions públiques per a habitatges. “Aquesta és una de les apostes de la Generalitat per a fomentar l’habitatge i l’objectiu és arribar a un acord perquè puga tirar avant”, afirmen. En l’executiu autonòmic veuen marge per a negociar amb el Govern central, com s’ha fet amb altres normes en què finalment no ha arribat el recurs d’inconstitucionalitat.

La Generalitat Valenciana va defensar en el seu moment que la reforma vol donar “eines als ajuntaments per a poder fer canvis més àgils quant al sòl dotacional i poder construir habitatges en sòls que en principi eren per a instal·lacions municipals amb el condicionant que es recupere aquest sòl en altres zones”, van apuntar des de la conselleria competent en territori.

Des del Ministeri de Política Territorial expliquen que la comissió bilateral és un procés per a evitar el conflicte. En el decret de simplificació —anomenat “mesures urgents contra la hiperregulació”— també es qüestionen altres articles que tenen a veure amb l’accés a arxius, documentació i qüestions en el marc acadèmic. Aquest procés no implica una suspensió de la norma, que segueix plenament en vigor. “L’aposta de la Generalitat per combatre la hiperregulació és claríssima, ja que entenem que cal eliminar burocràcia, agilitar tràmits i facilitar la vida a les persones”, apunten des de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, autora del decret llei.

Recurs sobre la Llei de costes

La publicació en el DOGV de l’inici de la comissió bilateral coincideix amb l’admissió a tràmit en el Tribunal Constitucional del recurs del Govern central contra la Llei de costes. L’alt tribunal suspén cautelarment els articles que protegeixen els habitatges construïts en les partions, que el Consell considera nuclis de valor tradicional i “d’interés etnològic del litoral”. L’executiu va impugnar una trentena d’articles i la major part van ser corregits en una comissió bilateral amb la Generalitat Valenciana, excepte aquests últims dos articles i una disposició addicional, sobre la qual es pronunciarà el Constitucional.

L’executiu autonòmic continua reivindicant la llei valenciana de costes com “una eina clau per a protegir habitatges, drets dels propietaris i el patrimoni cultural valencià en el litoral” i remarca es va defensar la norma fins al final davant el Constitucional, apunten fonts de Territori. El departament que dirigeix Vicente Martínez Mus apunta que nuclis costaners com els de la platja de Babilònia (Guardamar del Segura) o Torre la Sal (Cabanes) necessiten el suport que ofereix aquesta llei per a defensar les casetes de primera línia que es veuen “amenaçades” per la inacció del Govern, i recorden que el Constitucional va donar la raó a Galícia quan el Govern va recórrer contra una llei similar. El PP valencià insisteix que les partions no són una solució.

Modificacions en la llei trans

El Govern ja ha recorregut contra altres lleis valencianes aprovades pel PP i Vox, com les modificacions de la ‘llei trans’ valenciana, que dreta i ultradreta van retallar en el parlament valencià, obrint la porta a les teràpies de conversió. Segons una altra resolució publicada dimecres en el DOGV, continua sense haver-hi acord amb l’Administració autonòmica per a revertir les modificacions que afecten l’atenció sanitària de menors trans i els programes i els continguts educatius.

El Gobierno central pone reparos a toda una serie de leyes de las que el PP valenciano, apoyado por Vox, ha hecho bandera. El mismo día que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso contra la ley de Costas, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica el acuerdo para analizar uno de los decretos de simplificación administrativa, de los primeros con la firma de Juan Francisco Pérez Llorca, en el que se cuelan numerosas reformas. Entre ellas —la más cuestionada—, una modificación de la ley de ordenación del territorio para construir vivienda protegida en suelo destinado a equipamientos.

En concreto, el Ejecutivo central cuestiona la creación de la figura de los “proyectos habitacionales locales”, una herramienta a priori excepcional que permite la construcción de viviendas en régimen de protección pública en solares vacantes no ejecutados, calificados como equipamiento, o en solares vacantes de patrimonio municipal. La ley prevé que la medida tenga que salir adelante con mayoría absoluta en un pleno municipal, e implica poder construir vivienda en suelo destinado a usos escolares, sanitarios o deportivos.

La norma, introducida en un decreto 'ómnibus', no especifica si la vivienda ha de ser de promoción pública o privada (aun en régimen de vivienda protegida), ni cuál será la fórmula: derechos de superficie, permutas... Esta última, un intercambio previsto en la ley, es la preferida de los constructores y por la que abogan las administraciones dirigidas por el PP valenciano, y ha generado polémica en los últimos meses respecto al control del suelo y las adjudicaciones. Apunta además que la Generalitat podrá ejecutar estos proyectos locales y la adjudicación de las viviendas directamente por la conselleria competente en materia de vivienda o a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.

El Gobierno central no entra en el fondo del asunto, solo cuestiona si hay invasión de competencias. Considera que esta regulación puede vulnerar normativa estatal porque en suelo público solo puede haber vivienda social; es decir, vivienda de titularidad pública o vivienda cedida para atender a colectivos vulnerables. No es una vivienda protegida al uso.

Desde la Conselleria de Territorio, dirigida por Vicente Martínez Mus, apuntan que la figura del proyecto habitacional local busca utilizar parcelas inutilizadas reservadas para dotaciones públicas para viviendas. “Esta es una de las apuestas de la Generalitat para fomentar la vivienda y el objetivo es llegar a un acuerdo para que pueda salir adelante”, afirman. En el Ejecutivo autonómico ven margen para negociar con el Gobierno central, como se ha hecho con otras normas en las que finalmente no ha llegado el recurso de inconstitucionalidad.

La Generalitat Valenciana defendió en su momento que la reforma quiere dar “herramientas a los ayuntamientos para poder realizar cambios más ágiles en cuanto al suelo dotacional y poder construir viviendas en suelos que en principio eran para instalaciones municipales con el condicionante de que se recupere ese suelo en otras zonas”, apuntaron desde la Conselleria competente en Territorio.

Desde el Ministerio de Política Territorial explican que la comisión bilateral es un proceso para evitar el conflicto. En el decreto de simplificación —llamado “medidas urgentes contra la hiperregulación”— también se cuestionan otros artículos que tienen que ver con el acceso a archivos, documentación y cuestiones en el marco académico. Este proceso no implica una suspensión de la norma, que sigue plenamente en vigor. “La apuesta de la Generalitat por combatir la hiperregulación es clarísima, ya que entendemos que hay que eliminar burocracia, agilizar trámites y facilitar la vida a las personas”, apuntan desde la conselleria de Hacienda y Administración Pública, autora del decreto-ley.

Recurso sobre la ley de Costas

La publicación en el DOGV del inicio de la comisión bilateral coincide con la admisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central contra la ley de Costas. El Alto Tribunal suspende cautelarmente los artículos que protegen las viviendas construidas en los deslindes, que el Consell considera núcleos de valor tradicional y “de interés etnológico del litoral”. El Ejecutivo impugnó una treintena de artículos y la mayoría fueron corregidos en una comisión bilateral con la Generalitat Valenciana, salvo estos últimos dos artículos y una disposición adicional, sobre la que se pronunciará el Constitucional.

El Ejecutivo autonómico sigue reivindicando la ley valenciana de costas como “una herramienta clave para proteger viviendas, derechos de los propietarios y el patrimonio cultural valenciano en el litoral” y remarca se va a defender la norma hasta el final ante el Constitucional, apuntan fuentes de Territorio. El departamento que dirige Vicente Martínez Mus apunta que núcleos costeros como los de playa Babilonia (Guardamar del Segura) o Torre la Sal (Cabanes) necesitan del respaldo que ofrece esta ley para defender las casetas de primera línea que se ven “amenazadas” por la innacción del Gobierno, y recuerdan que el Constitucional dio la razón a Galicia cuando el Gobierno recurrió una ley similar. El PP valenciano insiste en que los deslindes no son una solución.

Modificaciones en la ley trans

El Gobierno ya ha recurrido otras leyes valencianas aprobadas por el PP y Vox, como las modificaciones de la 'ley trans' valenciana, que derecha y ultraderecha recortaron en el parlamento valenciano, abriendo la puerta a las terapias de conversión. Según otra resolución publicada este miércoles en el DOGV, sigue sin haber acuerdo con la administración autonómica para revertir las modificaciones que afectan a la atención sanitaria de menores trans y a los programas y contenidos educativos.

La aplicación de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha motivado la excarcelación de 24 detenidos en la operación Sombra Negra, que desmanteló hace meses una red que habría introducido 57 toneladas de cocaína en Europa, debido a que sus defensas no tuvieron suficiente información para impugnar la prisión al estar la causa secreta, informa Efe.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha tenido que poner en libertad a esos 24 investigados a la vista del criterio de la Sala de lo Penal, que ordenó hace semanas excarcelar a otro de los imputados en esta causa al considerar vulnerado su derecho de defensa por no haberle informado del “contenido de los indicios” que le llevaron a prisión provisional.

Para adoptar su decisión, la Sala tuvo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, establecida desde 2017 a través de diferentes sentencias, y reforzada el pasado mes de febrero en una resolución, que estableció que, en una causa secreta, el juez debe “concretar” no solo el listado de fuentes de prueba contra el investigado, sino también “los datos que permitan la identificación de dicha fuente”.

En su sentencia, el Constitucional constató que algunos tribunales habían interpretado erróneamente su doctrina, al entender que sólo debían informar al investigado del “tipo o clase de prueba de manera genérica, pero no su contenido efectivo”.

Algo similar ocurrió en la investigación de este caso de narcotráfico: la Sala concluyó que la jueza informó a uno de los imputados de su “participación concreta”, pero “no el contenido de los indicios” que motivaron su entrada en prisión. En concreto, no detalló el resultado de las vigilancias policiales, no proporcionó un resumen de la transcripción de los pinchazos telefónicos o detalles como con quién habló y cuándo en dichas conversaciones.

A la vista del criterio expuesto por la Sala en aplicación de la doctrina del Constitucional, ahora la jueza Tardón ha acordado la libertad de 24 detenidos, a quienes se les ha impuesto medidas cautelares.

Antidroga, preocupada por las excarcelaciones

El caso recuerda a lo ocurrido con otra importante trama de narcotráfico, en la que está procesado el exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez. El considerado cabecilla, Ignacio Torán, fue excarcelado en abril del año pasado junto a otros investigados por motivos similares, si bien meses después volvió a ingresar en prisión tras recabar los investigadores nuevos indicios en su contra.

Desde la Fiscalía Antidroga ven estas excarcelaciones con mucha preocupación, según admiten fuentes consultadas por Efe, que claman por una reforma legal que permita perseguir a este tipo de organizaciones criminales, de gran envergadura, con herramientas propias de la lucha contra el crimen organizado, como refleja la última hoja de ruta propuesta por la Comisión Europea.

Discrepan de la puesta en libertad de estos investigados, al considerar que sus defensas sí contaban con los datos necesarios para no mermar su derecho a defensa en una causa que está bajo secreto de sumario y que debe tener reservas por el buen futuro de la investigación.

Sienten además una profunda desolación por el lugar donde deja a los investigadores la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional a la hora de combatir el crimen organizado, en el que el secreto sumarial es esencial.

Golpe a la logística del narco en el Atlántico

La operación Sombra Negra supuso el desmantelamiento de una organización logística de apoyo al narcotráfico, con 105 detenidos en dos fases: la primera culminó en julio del año pasado en Canarias y la segunda finalizó en Andalucía en noviembre.

El operativo, que supuso un ataque al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar, derivó en la intervención de 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos 'hexacópteros' o megadrones, más de 800.000 euros y más de 150 móviles.

Según la investigación, el presunto líder de la organización, alias El Tapi, residiría en Dubai y se encargaría de la financiación de las partidas de droga que llegan a España. Su mano derecha, Hassan M.M., operaría desde Cádiz y se encargaría de dirigir y transmitir sus instrucciones, de acuerdo a documentación a la que ha tenido acceso Efe.

Otra persona identificada como “Escorpión” manejaba presuntamente desde Marruecos embarcaciones de alta velocidad cargadas de droga y daba las directrices sobre el lugar de entrega. Tendría el control de las narcolanchas que han transportado toneladas de cocaína hasta Canarias y la Península.

En el mismo escalón estarían los coordinadores, encargados de garantizar la entrada por las desembocaduras de los ríos, sobre todo el Guadalquivir, y dar provisiones a las embarcaciones que vienen desde mitad del Atlántico.

Después estarían los responsables del transporte de la droga y el personal en tierra que responde a órdenes de los coordinadores, y por debajo, las personas que, sin acceder directamente a la droga, se encargarían de alertar de la presencia policial o de dar salida a los beneficios del narcotráfico.

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por el PSOE contra la forma de tramitación de la Ley de Telemadrid, que se reformó en 2021 por el procedimiento de lectura única (sin enmiendas y sin debate parlamentario). La sentencia anula los acuerdos de la Mesa y el Pleno de la Asamblea de Madrid que propusieron al Pleno que acordase esa vía de tramitación y reconoce que se vulneró el derecho fundamental de los diputados recurrentes. 

La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías, alineados en el bloque conservador. 

El junio de 2022, el entonces secretario general del PSOE-M y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, informó de que los socialistas habían registrado un recurso a la reforma de la Ley de Telemadrid al tramitarse de “forma absolutamente opaca”. “Pretenden controlar de forma absolutista Telemadrid y ponerla al servicio de la presidenta [Isabel Díaz Ayuso]”, alegó Lobato. 

El recurso cuestionaba el procedimiento parlamentario, no el contenido de la norma. En consecuencia, la sentencia no entra a valorar el contenido de la reforma ni cambia automáticamente la estructura actual de Telemadrid. Tampoco hace ningún pronunciamiento sobre el Reglamento de la Cámara, que ya ha sido modificado por la propia Asamblea.

Esa reforma permitió al Gobierno de Ayuso designar al director general con mayoría simple en la Asamblea. Es algo que no permitía la anterior regulación aprobada por una amplia mayoría durante el Ejecutivo de Cristina Cifuentes, que obligaba a un entendimiento de gran parte de la Cámara regional, ya que esa designación debía ser refrendada por una mayoría de dos tercios.

El Govern portarà davant el Tribunal Constitucional uns quants articles i disposicions de la Llei de costes que tramita la Generalitat Valenciana. En concret, el Consell de Ministres va aprovar dimarts, amb el dictamen favorable del Consell d’Estat, sol·licitar al president del Govern la impugnació davant la instància judicial esmentada de l’article 17, la disposició final primera i la disposició addicional quarta de la Llei de protecció i ordenació de la costa valenciana.

L’executiu central considera que el que s’estableix sobre els conjunts d’edificacions residencials, comercials o vinculades a activitats econòmiques tradicionals incompleix la normativa estatal i invoca, així mateix, l’aplicació de l’article 161.2 de la Constitució Espanyola, a fi que es produïsca la suspensió dels preceptes impugnats.

La Comissió Bilateral en el si del procediment de l’article 33.2 de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional va acordar iniciar negociacions, sense arribar a acord en els preceptes que s’impugnen.

Segons l’executiu central, la normativa valenciana pretén crear un context jurídic en què es possibiliten ocupacions del domini públic no permeses per la Llei de costes, pretenent d’aquesta manera la substitució del règim jurídic dictat pel titular d’aquell per aquesta regulació autonòmica que, al seu torn, habilita les autoritats autonòmiques per a vestir d’una protecció els immobles —mitjançant la declaració com a nucli urbà d’especial valor etnològic— i fer-la inatacable davant les resolucions jurisdiccionals i administratives (estatals) sobre l’assumpte.

Aquesta qüestió ja es va posar de manifest pel Consell Jurídic Consultiu (CJC), que, en el seu informe sobre el text legal, ja va advertir la Generalitat Valenciana que la nova figura dels nuclis urbans d’especial valor etnològic que crea la legislació no serviria per a decidir sobre el futur dels immobles inclosos dins del domini públic maritimoterrestre, per ser competència de l’Estat.

Segons l’articulat proposat en l’avantprojecte de la llei valenciana, “la Generalitat Valenciana, amb sol·licitud prèvia de l’Ajuntament en què radiquen o d’ofici, podrà declarar nuclis urbans amb especials valors etnològics els conjunts d’edificacions residencials, comercials o vinculades a activitats econòmiques tradicionals, que complisquen les dues característiques següents” en l’apartat B estableix: “Que estiguen integrats en l’entorn costaner de manera que la seua demolició o supressió suposara una pèrdua dels valors propis del patrimoni cultural, històric o etnològic”.

Sobre aquest tema, el CJC afirma que “res no obsta al fet que l’Administració autonòmica declare, en el marc de la Llei de patrimoni cultural valencià i en la norma projectada, nuclis urbans radicats en el litoral amb valors etnològics especials”. Ara bé, es remet a una sentència del Suprem per a advertir que, “quan la disposició addicional onzena de la Llei de costes es refereix als béns declarats d’interés cultural, no fa una invocació genèrica a tots els béns dotats d’algun règim de protecció en atenció a la seua rellevància cultural qualsevol que siga, sinó que utilitza una categoria legal específica, un concepte legalment delimitat, amb contorns perfectament definits, referit als béns culturals dotats del màxim nivell de protecció en els termes que hem explicat, que són els únics que, per ser els més rellevants del patrimoni històric espanyol, poden ser declarats béns d’interés cultural”.

Per al Govern, la inconstitucionalitat de l’article 17 i de la disposició final primera de la norma autonòmica s’emmarquen en “la situació de conflictivitat existent” en relació amb habitatges situats en primera línia de la platja de Babilònia a la localitat de Guardamar del Segura (el Baix Segura), davant l’enderrocament d’aquests ordenat per la Direcció General de la Costa i de la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco).

Pel que fa a la inconstitucionalitat de la disposició addicional quarta, el motiu de la impugnació és l’inventari de béns que pertanyen a l’Estat, de competència estatal. El Govern assenyala que la Generalitat podria sol·licitar a l’Estat la modificació en l’estatus jurídic dels terrenys que integren el domini públic maritimoterrestre en els termes previstos per la normativa estatal.

El Gobierno llevará ante el Tribunal Constitucional diversos artículos y disposiciones de la Ley de Costas que tramita la Generalitat Valenciana. En concreto, el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, solicitar al presidente del Gobierno la impugnación ante la mencionada instancia judicial del artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana.

El Ejecutivo central considera que lo establecido sobre los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales incumple la normativa estatal e invoca, asimismo, la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Española, a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos impugnados.

La Comisión Bilateral en el seno del procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional acordó iniciar negociaciones, sin alcanzarse acuerdo en los preceptos que se impugnan.

Según el ejecutivo central, la normativa valenciana pretende crear un contexto jurídico en el que se posibiliten ocupaciones del dominio público no permitidas por la Ley de Costas, pretendiendo de este modo la sustitución del régimen jurídico dictado por el titular de aquel por esta regulación autonómica que, a su vez, habilita a las autoridades autonómicas para vestir de una protección a los inmuebles –mediante su declaración como núcleo urbano de especial valor etnológico– y hacerla inatacable frente a las resoluciones jurisdiccionales y administrativas (estatales) sobre el asunto.

Esta cuestión ya fue puesta de manifiesto por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) que en su informe sobre el texto legal ya advirtió a la Generalitat Valenciana de que la nueva figura de los núcleos urbanos de especial valor etnológico que crea la legislación no serviría para decidir sobre el futuro de los inmuebles incluidos dentro del dominio público marítimo-terrestre, al ser competencia del Estado.

Según el articulado propuesto en el anteproyecto de la ley valenciana, “la Generalitat Valenciana, previa solicitud del Ayuntamiento en el que radiquen o de oficio, podrá declarar núcleos urbanos con especiales valores etnológicos aquellos conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales, que cumplan las dos siguientes características” en el apartado B establece: “Que estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de los valores propios del patrimonio cultural, histórico o etnológico”.

Al respecto, el CJC afirma que “nada obsta a que la administración autonómica declare, en el marco de la Ley de Patrimonio Cultural valenciano y en la norma proyectada, núcleos urbanos radicados en el litoral con especiales valores etnológicos”. Ahora bien, se remite a una sentencia del Supremo para advertir de que “cuando la disposición adicional undécima de la ley de costas se refiere a los bienes declarados de interés cultural no hace una invocación genérica a todos los bienes dotados de algún régimen de protección en atención a su relevancia cultural cualquiera que esta sea, sino que está utilizando una categoría legal específica, un concepto legalmente delimitado, con contornos perfectamente definidos, referido a aquellos bienes culturales dotados del máximo nivel de protección en los términos que hemos explicado que son los únicos que, por ser los más relevantes del patrimonio histórico español, pueden ser declarados bienes de interés cultural”.

Para el Gobierno, la inconstitucionalidad del artículo 17 y de la disposición final primera de la norma autonómica se enmarcan en “la situación de conflictividad existente” en relación con viviendas situadas en primera línea de la playa de Babilonia en la localidad de Guardamar del Segura (Alicante), frente al derribo de las mismas ordenado por la Dirección General de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Respecto a la inconstitucionalidad de la disposición adicional cuarta, el motivo de la impugnación es el inventario de bienes que pertenecen al Estado, de competencia estatal. El Gobierno señala que la Generalitat podría solicitar al Estado la modificación en el status jurídico de los terrenos que integran el dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos por la normativa estatal.

Ayer jueves se hizo público el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que rechaza el incidente de nulidad de actuaciones que Álvaro García Ortiz había interpuesto contra la sentencia que lo condenó no se sabe muy bien por qué, pero que lo condenó, poniendo fin con ello a su condición de fiscal general del Estado. 

Nadie tenía la más mínima duda de que la decisión del TS iba a ser la que ha sido, de la misma manera que tampoco la hubo de que la sentencia sería la que fue. La dimisión como fiscal general del Estado previa a la apertura del juicio oral era la única forma que tenía Álvaro García Ortiz de evitar la condena. No quiero decir que, si hubiera dimitido, no habría sido condenado, pero sí que, sin dimisión, la condena era segura. Los avisos de la Sala Segunda del TS no pueden no ser atendidos, pues es la credibilidad de la propia Sala lo que está en juego. Si no atiende el aviso y me obliga a llegar hasta aquí, allá usted. Esa es la manera de proceder de la Sala Segunda del TS. 

Obviamente, una vez que se ha dictado la sentencia, estaba claro que la Sala Segunda no iba a aceptar que la condena se había producido con vulneración de derechos fundamentales, a pesar de que se trataba de un caso para el que el incidente de nulidad de actuaciones viene como anillo al dedo, porque no creo que haya habido ningún otro en el que las vulneraciones de derechos fundamentales hayan sido tan numerosas y tan flagrantes. Con el incidente de nulidad de actuaciones la Sala Segunda podría haberse ahorrado el bochorno por el que va a tener que pasar con la fundamentación jurídica de la sentencia del Tribunal Constitucional.  

El Auto conocido ayer estaba, en consecuencia, “descontado”, por decirlo en términos de la información propia de las cotizaciones de acciones en la bolsa.

La buena noticia procede de que se haya dictado en un tiempo razonable. El riesgo para Álvaro García Ortiz residía en que la Sala Segunda se demorara en resolver, ya que no tiene fijado un plazo para dar respuesta al mismo. La interposición del incidente no tenía más finalidad que la de que se abriera la puerta al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Una vez abierta la puerta, no hay la más mínima duda de que la sentencia condenatoria de la Sala Segunda será anulada por vulneración de los derechos fundamentales que el TS no reconoce en su auto. 

Dada la velocidad con la que ha procedido la Sala Segunda del TS en la instrucción y en el enjuiciamiento del caso, cabe esperar que proceda de la misma manera el Tribunal Constitucional y que el recurso de amparo sea resuelto en un plazo acorde al que ha necesitado la Sala Segunda para dictar sentencia y para resolver el incidente de nulidad de actuaciones. 

La luz al final del túnel empieza a verse. Es una buena noticia para la justicia española. A pesar de todos los pesares, el Estado español va a poder demostrar que es un Estado democrático de Derecho. 

En pocas semanas se conocerá también la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía a la que seguirá la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación desviada de la misma por la Sala Segunda del TS a Carles Puigdemont. 

Todo parece indicar que esta primavera va a ser primavera en la Justicia española, respecto de asuntos que han generado un dolor inmenso y una desconfianza enorme en nuestro sistema de administración de justicia.   

El Congreso aprobará este martes la toma en consideración de una ley que busca eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía, que el PP reintrodujo en una ley en 2015 con el apoyo del PSOE y UPyD. Los socialistas en esta ocasión han aceptado debatir la ley aunque rechazan el fondo del asunto. La iniciativa del PNV también busca reducir las sanciones que introdujo el PP también en aquel año para los cargos públicos que incumplan las sentencias del tribunal de garantías.

La iniciativa ha salido adelante con los votos de la mayoría de investidura y el rechazo de la derecha y la extrema derecha. 175 a 171.

El texto es una iniciativa del PNV, presentada este martes por el diputado Mikel Legarda, que ha calificado la reforma introducida por el PP hace una década como un “auténtico veto político en manos de la oposición” con efectos perturbadores. “Supone el hecho de delegar en el Alto Tribunal la obligación de resolver entre los grupos parlamentarios los problemas políticos de fondo”, ha defendido desde la tribuna sobre la ley que pretende eliminar ese recurso. 

El recurso previo de inconstitucionalidad es una figura que permite al tribunal de garantías fallar sobre una reforma de un estatuto de autonomía antes de que sea refrendado por los ciudadanos de la comunidad autónoma en cuestión, lo que según los proponentes corre el riesgo de convertir al Tribunal Constitucional en una tercera cámara legislativa y caer “en la tentación de invadir la competencia del legislador”. 

La posibilidad de este recurso previo otorga, según los grupos que han apoyado la toma en consideración, una potestad a la minoría parlamentaria para frenar el procedimiento legislativo por el simple hecho de estar disconforme con lo aprobado. El recurso ya estuvo vigente hasta 1985 y, tal y como ha defendido Legarda en el Pleno, “su supresión en 1985 fue calificada generalmente por la doctrina como el restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre los poderes del Estado, en el funcionamiento del sistema parlamentario español y en el diseño constitucional del Alto Tribunal”. 

La iniciativa también pretende reducir las multas que permiten al TC actuar contra autoridades y funcionarios que no acaten sus decisiones, mediante un abanico de medidas que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión en el ejercicio de sus cargos.

En sustitución de ese régimen, los nacionalistas abogan por “imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar”.

“Hoy llega de nuevo una iniciativa para desmontar toda la artillería legal que aprobó el Partido Popular de manera unilateral hace ya una década contra la Catalunya”, ha asegurado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu para defender su apoyo a la iniciativa. Aunque no se ha quedado ahí: “A nosotros nos preocupa que lo pueda hacer [recurrir la norma] también después. Nunca ese tribunal debería poder revertir, impedir o revocar consensos amplios aprobados por los parlamentos. Eso va en contra de la soberanía parlamentaria, que exige un respeto”, ha dicho.

El texto ha contado también con el apoyo de Junts, que ha reprochado al PSOE que en varias ocasiones en legislaturas anteriores haya dado su apoyo a la toma en consideración de una norma similar pero la haya “guardado en un cajón” sin voluntad política para sacarla adelante. 

Precisamente los socialistas han recordado que se posicionaron en contra de la reforma que introdujo el PP para elevar las multas por incumplimientos, pero no así con la introducción del recurso previo, que apoyaron cuando se votó en el Congreso, junto a PP y UPyD. El diputado socialista, Artemi Rallo, ha defendido la posición de su partido en aquel momento, con el objetivo de “atemperar” y “mitigar” el “potencional conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad” de una reforma del Estatuto, como ocurrió con el catalán.

“No compartimos que se trate de un veto o un control político o que el TC se convierta en una tercera cámara”, ha dicho Rallo, que no obstante se ha mostrado abierto a debatir el texto y apoyar esa conversación con su voto a favor de la toma en consideración. 

Vox asegura que convocará un referéndum para “ilegalizar a los partidos separatistas”

El diputado de Vox Ignacio de Hoces ha asegurado dentro de este debate que su partido convocará un referéndum para “ilegalizar a los partidos separatistas”. “Señorías del PNV, Junts y ERC. Dicen que van a celebrar más referéndum para separarse e España. Les aseguramos que la respuesta no va a ser tan timorata y débil como la del PP en 2017. El único referéndum que van a querer votar va a ser el que vamos a convocar para que los españoles decidan si quieren ilegalizar a los partidos separatistas que quieren acabar con la unidad territorial de España”, ha dicho.

Hoces ha arremetido contra el PP en plena bronca con Vox por las negociaciones para las investiduras en Extremadura y Aragón. “Sabemos que el señor Feijóo considera que Galicia y Catalunya son naciones sin Estado. Los españoles queremos saber si van a seguir coqueteando con el separatismo o se van a unir a Vox para asfixiar al separatismo”, ha sostenido. El diputado ultra ha reclamado al PP “modificar leyes para que partido que apenas cuentan con 1% puedan condicionar la política nacional” o “recuperar el delito de sedición y de referéndum ilegal”. 

Hoces ha pedido “aumentar penas por conspiración contra la unidad y el ultraje a los símbolos nacionales. Y necesitamos un tipo agravado de malversación cuando vaya contra la unidad nacional”.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión provisional que había aplicado hace un mes a varios puntos de una ley gallega referidos a la repotenciación eólica y la equiparación entre dependencia y discapacidad. Esa suspensión se había aplicado de forma automática al admitir a trámite el recurso contra esa norma que presentó el Gobierno central, con el argumento de que invade competencias estatales.

El Alto Tribunal informó este martes de que la decisión de levantar la suspensión se tomó por unanimidad en el pleno, en el que se revisó la medida que afectaba a varios apartados del artículo 30 y a uno del artículo 45 de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó a los presupuestos gallegos de 2025. En el primer caso, la suspensión afectaba a la obligación de repotenciar los parques eólicos transcurridos 25 años y, en el segundo, el desacuerdo fundamental gira en torno a la equiparación que hace la ley gallega entre el reconocimiento de un grado de dependencia y uno de discapacidad.

Al admitirse a trámite el recurso del Gobierno, se aplicó el artículo de la Constitución que señala que la impugnación de una resolución adoptada por una comunidad autónoma produce su suspensión, pero el Constitucional debe ratificarla o levantarla en un plazo que no debe superar los cinco meses. La decisión definitiva queda pendiente de la sentencia, que se emitirá en los próximos meses.

El Constitucional señala que tanto la Xunta como el Parlamento de Galicia solicitaron levantar la suspensión con el argumento de que “no concurría la apariencia de un derecho en la pretensión del Estado” ni se producían perjuicios irreparables en el interés público o de particulares. El abogado del Estado sí reclamó que se mantuviese la medida.

En su nota informativa, el Tribunal considera que no hay perjuicios irreparables si se aplican los preceptos impugnados. Sobre la habilitación de zonas adecuadas para la instalación de parques eólicos argumenta que la creación de estas zonas depende de que se aprueben antes planes de ordenación del territorio, lo que hace que los posibles perjuicios para el interés del Estado sean “hipotéticos”. Tampoco ve daño grave en el punto que permite que se suspenda el plazo para obtener la autorización de explotación en los parques que hayan sido llevados ante la Justicia.

Analiza también el punto que habla de la repotenciación y concluye que hacerla efectiva defiende más el medio ambiente que impedir tal repotenciación.

Sobre el artículo que homologa los baremos de la discapacidad y de la dependencia, el Constitucional considera que los perjuicios para el interés público “no resultan ciertos ni actuales ni efectivos”.

La Xunta cargó en varias ocasiones contra el Gobierno central por haber recurrido varios puntos de su normativa. Antes de la impugnación, las dos administraciones se habían sentado a negociar, pero no lograron un acuerdo sobre todos los artículos y finalmente se presentó el recurso. El Gobierno gallego había anunciado que se personaría en el proceso y acusó al central de haber provocado la paralización del plan autonómico de agilización en la atención a la dependencia y de dejar en el aire la repotenciación de 16 parques eólicos, que pasarían de tener 572 a 112 molinos.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra varios preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, al considerar que el Estado tiene competencias para regular aspectos básicos. Se trata de la cuarta ocasión en la que el Tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de dicha norma estatal, informa Europa Press.

La resolución, que cuenta con cinco votos particulares discrepantes, esgrime que el Estado puede definir la vivienda como derecho subjetivo y quiénes son sus titulares, para garantizar la igualdad en su ejercicio en todo el país. Además, señala que también puede extender ese derecho a ciudadanos extranjeros, dentro de sus competencias para regular el estatuto jurídico de los extranjeros y las condiciones de igualdad. El Gobierno de Ayuso se niega a aplicar la ley que intenta, entre otros objetivos, reducir el precio de los alquileres en las zonas tensionadas.

El recurso del Gobierno madrileño, de carácter íntegramente competencial, reprochaba a los preceptos impugnados su falta de cobertura en los títulos invocados por el Estado para su aprobación, así como la correlativa invasión de las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid. Se centraba muy especialmente en la competencia sobre vivienda y urbanismo prevista en el artículo 26.1.4 de su Estatuto de Autonomía y en el de las competencias municipales en materia de urbanismo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado progresista Ramón Sáez Valcárcel, ha confirmado la constitucionalidad del artículo 8.a) de la Ley 12/2023, según el cual “todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, ya sea en régimen de propiedad, de arrendamiento, de cesión de uso, o de cualquier otro régimen legal de tenencia”.

Frente a lo señalado en la demanda, el Tribunal ha concluido que el legislador estatal goza de competencias, por una parte, para configurar a la vivienda como derecho subjetivo y delimitar el círculo de sus titulares, así como para, de otro lado, extender la titularidad del derecho a los ciudadanos extranjeros

En cuanto a lo primero, la sentencia concluye que tanto la naturaleza técnico-jurídica como la titularidad del derecho a la vivienda son extremos cuya determinación “resulta trascendental a la hora de garantizar la igualdad de todos los españoles en su ejercicio en tanto que derecho constitucional, finalidad a la que sirve la competencia reconocida al Estado en el artículo 149.1.1ª de la Constitución Española y que dota así de cobertura al precepto impugnado”.

Por lo que respecta a lo segundo, el Tribunal ha confirmado que el legislador estatal actúa en legítimo ejercicio de sus competencias al extender la titularidad del derecho de “todos los españoles” a “todos los ciudadanos” (alusión en la que podrían entenderse incluidos los ciudadanos extranjeros).

Señala que “el mencionado artículo 149.1.1ª le permite regular las condiciones básicas necesarias para garantizar la igualdad de todos los españoles, el artículo 149.1.2ª le habilita, en una lectura integrada con el artículo 13 CE y según ha establecido la doctrina constitucional (en especial, STC 87/2017, de 4 de julio), para fijar el ”estatuto jurídico del ciudadano extranjero“.

Aspecto este en el que se incluye, por lo que ahora especialmente importa, “la determinación, en cuanto cuestión más primordial del régimen jurídico del extranjero en España, de los derechos que, correspondiendo, en principio, a los españoles, deben ser extendidos a los ciudadanos de otras nacionalidades radicados en nuestro país”, o, lo que es lo mismo, a la fijación de las condiciones de igualdad entre extranjeros y españoles en la titularidad de los derechos constitucionales.

Desde el Ministerio de Vivienda celebran que la Justicia haya “avalado por cuarta ver la constitucionalidad” de la ley y reclaman a las comunidades autónomas que la apliquen. “Es plenamente constitucional y funciona, harían un favor al interés general si aparcaran sus intentos de zancadillear la acción del Gobierno y se sumaran a las soluciones, aprovechando todas las herramientas a su alcance”.