El Tribunal Supremo da cinco días a los ministerios de Exteriores y Presidencia para que envíen la lista de los 163.020 españoles que se acogieron a la ley de nietos a los que pide sacar del censo para las próximas elecciones, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.  

Los mismos jueces que mantienen paralizado desde hace semanas el voto de estas personas exigen esta información a ambos departamentos del Gobierno bajo advertencia de “una multa coercitiva” o incluso “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

Los autos conocidos este viernes cuentan con el voto particular de la misma magistrada que se viene oponiendo a las decisiones del Alto Tribunal sobre el voto de los descendientes de represaliados que accedieron a la nacionalidad a través de esa norma.

Los jueces especifican que tanto el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tienen cinco días para cumplir este mandato. Si no lo hacen, advierten, se exponen a “la imposición de multa coercitiva por importe de 1.000 euros” sin cerrar la puerta a “otras responsabilidades patrimoniales”. Las resoluciones mencionan incluso la posibilidad de “deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

91 'nietos' que pueden votar

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular. De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar si cuenta con un certificado del consulado. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar cada expediente. 

Hacer ese filtrado supone revisar miles de concesiones de nacionalidad. El auto revela que, a fecha 21 de octubre, la Administración únicamente ha revisado 31.390 de los 163.020 expedientes y que los cónsules han emitido solo 91 certificados. El tribunal considera “incomprensible” que la Administración General del Estado no haya facilitado aún la lista nominal de los 163.020 electores afectados, a pesar de que fue la Abogacía del Estado la que aportó esa “cifra exacta”.

Los jueces cargan duramente contra el Gobierno, al que hacen responsable de que estas personas puedan quedarse sin votar el próximo 29-N. “No se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado y, por aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración”, recoge uno de los autos.

Envío de papeletas

Por otro lado, el Alto Tribunal da instrucciones precisas a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral sobre cómo ejecutar sus medidas cautelares en la votación del 29-N. Así, da el visto bueno a la decisión de la JEC de remitir la documentación electoral a los 2,7 millones de electores inscritos en el censo exterior. Pero exige que ese envío recoja la “advertencia expresa” para los nacionalizados por la ley de nietos de que sólo podrán votar si cuentan con el citado certificado emitido por los consulados. 

Así, impone a la Oficina del Censo Electoral que cuando reciba la relación de los 163.020 españoles que se acogieron a la ley de nietos excluya del listado del CERA vigente para el 29-N a quienes no cuenten con el certificado. Ese listado también debe enviarse a los consulados. En el caso de que una persona no aparezca inscrita en dicho listado, los responsables consulares recibirán su voto pero no lo introducirán en la urna, sino que lo mantendrán aparte para enviarlo a la Junta Electoral Provincial competente, junto con el resto de la documentación electoral pero “debidamente diferenciada”. 

Para el escrutinio del voto de los electores inscritos en el CERA, las Juntas Electorales Provinciales deberán utilizar el listado que la Oficina del Censo Electoral les haya facilitado antes de esa fecha. “Únicamente introducirán en la urna los sobres de los electores que estén incluidos en dicho listado, debiendo guardar aparte, junto con el resto de su documentación electoral, los de quienes no lo estén, haciéndolo constar además en el acta de la sesión”, dicen los magistrados.

“La Sección Cuarta ha examinado el recurso de amparo y ha acordado admitirlo a trámite, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional ya que el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”.

Así se pronuncia el Tribunal Constitucional en su providencia de admisión a trámite de la demanda impulsada por la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, contra el procedimiento por el que se modificó el reglamento de las Corts en diciembre de 2025.

Los cambios en la normativa de funcionamiento del parlamento valenciano implicaron, entre otras cosas, la eliminación de cuatro comisiones: la de Derechos LGTBI, la de Derechos Humanos, la de Participación Ciudadana y la de Asuntos Europeos. También suprimió el lenguaje inclusivo en las publicaciones de las Corts, la regla de la cremallera que garantizaba la alternancia de mujeres y hombres en las mesas parlamentarias. Además, permite recortar por enmiendas parciales el presupuesto de los órganos estatutarios, como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Y cambió el régimen de control de las subvenciones de los grupos parlamentarios, que pasan a depender de una norma interna y no de la Ley General de Subvenciones.

Tal y como ha informado Navarro, el Constitucional ha requerido a la presidenta de las Corts que, en un plazo máximo de diez días, remita la decisión de la Mesa de tramitar la reforma por lectura única y la resolución de la Presidencia, de acuerdo con la Junta de Síndics, de incluirla en el orden del día del Pleno.

La diputada de Compromís ha subrayado la importancia de esta decisión, “que el Constitucional haya decidido admitir el recurso quiere decir que ve un problema real. Nosotros lo denunciamos desde el primer día, PP y Vox con esta reforma por lectura única vulneraron nuestro derecho de participación como diputados y diputadas”.

Compromís mantiene en el recurso que la reforma no cumple el requisito de simplicidad que exige el mismo Reglamento para utilizar la lectura única, es decir, modificar trece artículos y alterar de arriba abajo el funcionamiento de la cámara, eliminando comisiones legislativas, no se puede aprobar sin la posibilidad de presentar enmiendas y tener el debate democrático que merece una reforma de este calado.

“Una reforma de este alcance tenía que pasar por el procedimiento ordinario, con ponencia, enmiendas y debate en la Comisión de Reglamento”, ha recordado Navarro. Precisamente, la tramitación ordinaria tendría que haber pasado por la Comisión de Reglamento de las Corts, de la cual Carlos Mazón es portavoz del Grupo Popular. El PP lo designó para ese cargo justo después de su dimisión como presidente de la Generalitat en la misma semana que modificaban el Reglamento, en una comisión que no se reúne desde octubre de 2020.

“No es casual que coincidiera el nombramiento de Mazón como portavoz de la Comisión de reglamento y tramitaran la mega reforma sin que pasara precisamente por la comisión, evitando así que Mazón trabajara como portavoz y diera la cara y se ganara el sueldo. Es la manera burda de actuar del PP, premian a Mazón con una portavocía remunerada en la Comisión de Reglamento y, cuando llega la única reforma del Reglamento de la legislatura, la llevan directamente al Pleno para que Mazón no trabaje. Cobrar sin trabajar, y reformar sin debatir”, ha denunciado la portavoz adjunta.

“Al PP y VOX la democracia se les hace bola. Les molesta que la oposición presente enmiendas, les molesta debatir y les molesta que alguien les recuerde que las Cortes no son su cortijo, por eso impusieron esta reforma exprés ni más ni menos que del reglamento de las Corts, las normas básicas de la democracia y funcionamiento del parlamento valenciano.”, ha concluido Navarro.

El despacho del exjuez Baltasar Garzón, que representa a tres afectados por la suspensión del voto a miles de nacionalizados por la ley de nietos, busca ahora la vía para que el asunto regrese al Tribunal Constitucional tras su primera negativa a intervenir. El despacho ha presentado un incidente excepcional de nulidad de actuaciones en el que denuncia que se han vulnerado derechos fundamentales, según explica en una nota de prensa. 

La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Constitucional. El despacho defiende que las cautelares del Supremo “no se pueden revocar una vez adoptadas” y confirmadas. En consecuencia, sólo cabe solicitar su nulidad para, después, poder acudir de nuevo al tribunal de garantías. 

En el incidente de nulidad invoca la protección judicial del derecho fundamental de participación política. Argumenta el despacho que “la suspensión del derecho de sufragio activo (voto) está excluido de nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1995, cuando tan sólo podía imponerse de forma individualizada y justificada, nunca en masa, por sentencia penal firme”. 

Además de este derecho fundamental lesionado, se invocan otros tres. Se trata del principio de igualdad ante la ley y a no sufrir ningún tipo de discriminación, debido a que se ha suspendido el derecho a voto de extranjeros inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior, que adquirieron la nacionalidad por la condición de exiliados con motivo de la guerra Civil y el Franquismo, pero no de aquellos que la han adquirido por idéntica vía, pero viven en España.

Además, defienden que la decisión del Supremo vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva. Por un lado, debido a la indefensión padecida por los afectados, que solo fueron llamados a participar en el proceso cuando la resolución de las medidas cautelares fue firme. Y, por otro, debido a “la arbitrariedad de la decisión de adopción de las medidas, al tratarse la suspensión del sufragio activo de una medida contraria a la legalidad constitucional, no guardar relaciones con la cuestión del procedimiento principal y estar fuera de la competencia del Supremo”.

El pleno del Constitucional decidió esta semana, por diez votos contra dos, inadmitir la petición del Defensor del Pueblo para reactivar de forma urgente el voto de más de 160.000 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos. Los magistrados defendieron que el organismo presidido por Ángel Gabilondo pretendía intervenir de forma prematura en el proceso cuando todavía se está tramitando el caso ante el Supremo y no entraron a examinar el fondo del asunto.

El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la ley de las Corts Valencianes 3/2025, de protección y ordenación de la costa valenciana. La resolución judicial tumba los preceptos clave con los que la Generalitat pretendía amparar la conservación de las históricas edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuyas órdenes de derribo acumulaban resoluciones judiciales firmes y se encontraban pendientes de ejecución.

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, examina las alegaciones de la Abogacía del Estado en relación con este emblemático núcleo del litoral alicantino. Aunque el tribunal reconoce que la Comunitat Valenciana posee competencias para proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de sus núcleos costeros, advierte de que dicha protección “no puede limitar las facultades que corresponden al Estado sobre estos terrenos”.

El fallo declara la inconstitucionalidad —si bien sin llegar a declarar su nulidad— del artículo 17 y de la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre.

El conflicto surge porque la norma autonómica no se limita a reconocer el valor etnológico de estos enclaves, sino que permite aprobar planes especiales y los incorpora al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano. Esto impone obligaciones de conservación y restricciones a la demolición que, según el Alto Tribunal, entran en colisión con la legislación estatal al “impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar su integridad y recuperación”. No obstante, al no ser declarados nulos, ambos preceptos podrán seguir aplicándose en los demás espacios del litoral donde no exista conflicto competencial.

Por su parte, la disposición adicional cuarta ha corrido peor suerte, ya que el tribunal la ha declarado inconstitucional y nula de pleno derecho. Dicho apartado permitía a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados dentro del dominio público. Los magistrados argumentan que esta facultad invade las competencias exclusivas del Estado, al que compete en exclusiva determinar qué superficies forman parte de dicho dominio, así como decidir sobre su deslinde y eventual desafectación.

La resolución cuenta con el voto particular anunciado por los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías . Con este pronunciamiento, el futuro de las emblemáticas viviendas de Babilonia queda abocado al cumplimiento de los mandatos judiciales de derribo previos, al decaer el paraguas normativo autonómico que frenaba su ejecución.

Lluís Puig regresó este miércoles, y Toni Comín ha vuelto a España este jueves. El exconseller de Salud ha escogido una vía de retorno más práctica que simbólica: tras nueve años en Bélgica, su vuelta ha consistido en acudir a la Junta Electoral Central (JEC), con sede en Madrid, para acatar la Constitución y poder recoger así su acta como eurodiputado electo de Junts.

Comín no había podido tomar posesión de su cargo porque, pese a haber sido escogido en las urnas en 2024, la JEC le exigía que acudiera personalmente a Madrid para prometer la Constitución. Pero el eurodiputado no podía hacerlo, porque hasta la semana pasada el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no le retiró la orden de detención en España, vigente desde 2017.

El eurodiputado ha empleado el catalán para cumplimentar el trámite y ha remarcado que acataba la Carta Magna “por el mandato del 1 de octubre y por imperativo legal”.

Una vez completado el trámite con la JEC, Comín prevé volver a Francia y regresar a Catalunya, a pie por la frontera, este domingo, en un acto en el que le acompañarán familiares y allegados.

En declaraciones este jueves a RAC-1, Comín ha explicado que cruzó la frontera este miércoles en coche. “Fue impresionante. Tuve la sensación física de haber ganado”, ha manifestado. “Cuando conducía por la autopista pensé que era precisamente el momento que había impedido el Estado durante nueve años. Han fracasado en el intento de que pudiera entrar en plena libertad”, ha aseverado.

Desde Bruselas, este martes el exconseller avanzó sus planes para volver a España y comparecer a la citación que le había enviado la JEC para prometer la Constitución. “Pero voy a dejar muy clara una idea: ir a Madrid no es regresar del exilio. Volver del exilio es volver a casa... a Catalunya, y eso será el día 25”, matizó, al tiempo que reiteró que la visita a la capital de España se limitaría a “hacer un trámite necesario”.

El exconseller tiene abierto un proceso interno en el Parlamento Europeo a raíz de una denuncia de acoso sexual contra él por parte de un exasesor suyo en la Eurocámara, que Comín siempre ha calificado de “falsedad absoluta”.

Con la vuelta de Comín y Puig a España, Carles Puigdemont es el único de los dirigentes que permanecían en Bélgica desde 2017 que no ha regresado. A la espera de que el Tribunal Supremo le aplique de forma definitiva la amnistía, Puigdemont ya puede volver sin riesgo a ser detenido porque sobre él ya no pesa una orden de arresto, pero el expresident quiere alejar todo lo posible su retorno de la precampaña y no prevé emprender la vuelta a casa hasta pasadas las generales del 29 de noviembre.

El portazo del Tribunal Constitucional a intervenir en el debate sobre el voto de los nacionalizados con la ley de nietos ha devuelto el foco al Tribunal Supremo. Los mismos jueces que hace varias semanas dejaron en el aire el derecho de sufragio de 160.000 personas para las elecciones generales se reúnen de nuevo para estudiar los mecanismos con los que los consulados y la Junta Electoral Central trabajan para cumplir con sus medidas cautelares. Mientras tanto, los afectados tienen de plazo hasta este viernes para presentar sus propias alegaciones ante la duda de si podrán o no votar el próximo 29 de noviembre. 

El pleno del Constitucional llegó dividido a la votación de este miércoles. Una minoría de dos magistrados del sector progresista defendió que el tribunal tenía que, por lo menos, entrar a examinar las alegaciones del Defensor del Pueblo. Los argumentos de Ramón Sáez y el exministro Juan Carlos Campo quedarán reflejados en un voto particular, pero al final del pleno se impuso la mayoría: el recurso del organismo dirigido por Ángel Gabilondo es “prematuro” y ni siquiera debe ser admitido a trámite. 

La negativa del tribunal de garantías devuelve la pelota al tejado del Supremo. Este mismo jueves la sección de lo Contencioso-Administrativo que impuso las medidas cautelares tiene prevista una nueva reunión para analizar cómo los consulados y la Junta Electoral Central están dando curso a sus indicaciones. Y, en concreto, sobre cómo van a garantizar que el próximo 29 de noviembre solo voten quienes cuenten con un certificado de la autoridad consular que acredite que aportaron documentos del exilio de sus antepasados para acceder a la nacionalidad.

Distintas fuentes tanto del Tribunal Supremo como de la Junta Electoral explican desde hace días que las medidas cautelares impuestas y confirmadas por la Sala Tercera son de muy difícil cumplimiento, tanto por la falta de tiempo como por la dificultad de examinar todos esos expedientes, más de la mitad sin digitalizar, según los datos que maneja el Gobierno. Una de las últimas decisiones de la Junta Electoral Central fue dar la orden de remitir la documentación electoral a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior, junto con la advertencia de que algunos de esos sufragios podrían no ser válidos. 

De acuerdo a los plazos marcados por la ley electoral, ese envío debe hacerse entre el 24 y el 30 de octubre. La razón técnica de este envío masivo es que las oficinas provinciales del censo no tienen capacidad informática en sus bases de datos para distinguir qué elector accedió a la nacionalidad por la vía tradicional y quién lo hizo mediante la presunción de exilio de la instrucción de 2022 que cuestiona el Supremo. Con esta decisión, los consulados tienen más tiempo para localizar y certificar los miles de expedientes que el Alto Tribunal ha puesto bajo sospecha. 

Fuentes diplomáticas consultadas por elDiario.es explican que las embajadas y consulados no funcionan como mesas electorales ni realizan el escrutinio. Únicamente reciben la documentación con los datos del elector, registran quién ha entregado el voto y remiten las sacas con los votos por valija diplomática a España. Por tanto, el veto a los electores afectados por las cautelares del Supremo debería llegar con cierto margen de tiempo para realizar la criba antes del envío a España. 

Según datos de Exteriores, hasta este martes un total de 48 de los 157 consulados españoles repartidos por el mundo habían conseguido ya volcar total o parcialmente los datos necesarios sobre los afectados que podrán votar o no el 29N. La Oficina del Censo Electoral (OCE) —el órgano encargado de la formación del censo— es quien debe recibir las certificaciones necesarias para poder discriminar a los electores y levantarles la suspensión cautelar. 

Las alegaciones de los afectados

Los jueces, que no han alcanzado la unanimidad en este asunto y cuentan desde el principio con el voto particular contrario de una de las magistradas de la Sala, tienen además encima de la mesa las alegaciones de las partes. Iustitia Europa, el partido que presentó la primera queja sobre este asunto, ha reclamado que el Supremo amenace con multas y responsabilidades penales a los responsables si no se cumple la orden en 24 horas o, incluso, que se suspenda todo el voto CERA.

Cerrada la puerta del Constitucional, por tanto, la gestión del caso vuelve a manos del Supremo mientras los consulados intentan cumplir con la medida cautelar y sin expectativas de que los jueces resuelvan el fondo del asunto antes de la cita electoral del 29N. Mientras, algunas fuentes apuntan a que también queda en manos de los propios afectados enfrentarse al laberinto burocrático y judicial: solicitar un certificado en el consulado y acreditar que cumplen con las condiciones o directamente presentar alegaciones ante el Alto Tribunal. 

“La decisión del Constitucional deja todo el peso sobre los afectados. Antes se discutía sobre memoria, ahora también sobre el voto. Y, una vez más, no son ni las instituciones ni los poderes los que defienden a los afectados, sino que son ellos mismos de manera privada los que tienen que buscar una solución”, lamenta el abogado Eduardo Ranz, quien ha presentado en el Tribunal Supremo alegaciones a las cautelares en representación de varios afectados y del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), una asociación que engloba a españoles exiliados y a sus familiares.

“Ciudadanos de segunda categoría”

Entre tanto, desde el Gobierno se sacuden las críticas del PP y aseguran que, “desde el primer minuto”, el Servicio Exterior de España trabaja contrarreloj para dar cumplimiento a la orden del Supremo. “Todo el Servicio Exterior de España, los cónsules, los consulados, la Dirección General de Consulares, están cumpliendo escrupulosamente el auto del Supremo y lo están haciendo con toda diligencia”, dijo el ministro José Manuel Albares este miércoles en una entrevista en TVE en la que detalló que buena parte de los funcionarios de los departamentos consulares han suspendido sus vacaciones y sus libranzas para poder avanzar en la complejísima burocracia. 

“Me parece lamentable y yo creo que los españoles tienen que sancionarlo duramente en las urnas, que el Partido Popular tenga la desenvoltura y el cuajo de intentar amedrentar y acosar con declaraciones públicas y que el señor Feijóo haya mentido sobre lo que están haciendo funcionarios. ¿Tanta desesperación tienen para cubrir lo que van a hacer con las pensiones, con la educación pública, la sanidad pública y la partida de becas, que a funcionarios del Estado que llevan toda su vida al servicio de los españoles tienen que intentar acosarles?”, respondió Albares. 

Desde la Moncloa, mientras, se limitan a acatar la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, aunque matizan que se trata de una medida adoptada únicamente por “motivos procedimentales que no aborda el fondo de la cuestión”. Y por eso el Ejecutivo reivindica la literalidad de la aplicación de la ley de nietos, incluido el derecho al voto ahora suspendido.

“El Gobierno continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto, el derecho más sagrado en democracia, tal y como establece la Constitución. En consecuencia, confiamos en que la decisión definitiva deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado y que no puede haber ciudadanos de segunda categoría con diferencia de derechos”, trasladó este martes la Moncloa en un comunicado a la prensa.

Con la solemnidad que envuelve a los discursos históricos, el profesor Manuel García-Pelayo defendió el 12 de julio de 1980 la idea de que el recién creado Tribunal Constitucional debía garantizar que la Política se sometía al Derecho y no al contrario. Elegido primer presidente de ese órgano, García Pelayo expresó en aquel acto inaugural sus prevenciones: “Si la jurisdicción constitucional es un desarrollo lógico y un perfeccionamiento técnico de la idea del Estado de Derecho, esta jurisdicción implica necesariamente un alto grado de sumisión de la Política al Derecho. Asegurar esta sumisión y no producir decisiones políticas en forma jurisdiccional es la delicada y alta tarea que se nos ha encomendado”.

Y avisó de los peligros que amenazaban al Constitucional: “Unos y otros hemos de renunciar a la tentación de hacer del Tribunal un órgano político, desvirtuando su auténtica naturaleza (…) Nuestras decisiones, aun elaboradas y fundamentadas en estrictos criterios jurídicos, tendrán efectos políticos tanto respecto a la acción del Estado como con respecto a las posiciones del poder de los distintos grupos políticos, pero esos efectos serán consecuencia necesaria del juego de las normas, nunca producto de una deliberada decisión política del Tribunal”.

El mandato de García Pelayo se prolongó de 1980 a 1986. En esos primeros seis años de vida del Constitucional, el presidente intentó demostrar imparcialidad de juicio. Con su voto de calidad avaló el decreto Ley de expropiación forzosa de Rumasa y rechazó por inconstitucional la Ley del Aborto, dos decisiones clave del primer Gobierno socialista.  

Cuarenta y seis años después, unos y otros (PSOE y PP) han cedido a la tentación. Ambos partidos trabajan intensamente para hacer del Constitucional un órgano político, desvirtuando así su auténtica naturaleza.

Cuando al Gobierno de Pedro Sánchez le tocó elegir a dos magistrados para renovar el Constitucional, designó a quienes habían sido ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y directora general de Asuntos Constitucionales, Laura Díez.

Muchos antes de aquellos controvertidos nombramientos, el PP había situado ya en el Tribunal a su diputado nacional más antiabortista, Andrés Ollero, y a un juez conservador, Enrique López, habitual de los eventos de FAES. López acabó como consejero de Justicia en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras dimitir como magistrado del Constitucional al ser condenado por conducir una moto ebrio -cuadruplicaba la tase de alcohol permitido- sin casco y saltándose un semáforo a las cinco de la madrugada en el Paseo de la Castellana. Hoy López aspira a magistrado de la sala penal del Supremo, dominada desde hace 25 años por la derecha judicial.

Con esos mimbres a uno y otro lado del Constitucional, es inevitable la sensación de que el Tribunal produce “decisiones políticas en forma jurisdiccional”, el riesgo anunciado muchos años antes por el profesor García-Pelayo.

Filibusterismo parlamentario

El Partido Popular ha tomado ahora la iniciativa en la batalla por el control de ese órgano clave para el funcionamiento de la democracia en España. Desde su poder absoluto en el Senado, la formación conservadora pretende someter el Derecho a la Política mediante un ejercicio de filibusterismo por el cual bloquea desde hace 10 meses la obligatoria renovación del Tribunal que corresponde a la Cámara Alta. Ha evitado así -o aplazado al menos- que una mayoría de magistrados de sensibilidad progresista siga controlando el Constitucional durante los próximos tres años.

Con esta maniobra de obstruccionismo parlamentario, el PP gana tiempo para intentar que las urnas del 29 de noviembre le premien con escaños suficientes ante una renovación del Constitucional que podrían decidir a su favor desde una posición más hegemónica en el Senado.

El PP incumple el mandato de la Constitución al bloquear la renovación de cuatro plazas del Tribunal cuya elección corresponde a la Cámara Alta. En una situación normal, el Senado habría designado hace 10 meses a dos magistrados elegidos por el PP y otros dos por el PSOE. De esa manera, el Constitucional funcionaría los próximos tres años con la misma mayoría que tiene ahora (siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores).  

El mandato de cada uno de los 12 magistrados dura nueve años. Este órgano se renueva por tercios (cuatro magistrados cada tres años). Un tercio le corresponde al Congreso, otro al Senado, dos magistrados son de elección directa del Gobierno central y otros dos corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Todas las elecciones, salvo la directa del Ejecutivo, se hacen con mayorías cualificadas lo que obliga a un consenso que, históricamente, ha dado como resultado un Tribunal de fuerzas equilibradas, pero con una suficiente mayoría conservadora o progresista. Siempre un desequilibrio mínimo (siete frente a cinco) decidido por el momento cada nueve años en que al Gobierno de turno le toca nombrar a dos de los 12 magistrados.

El PP tiene ahora 143 de los 266 senadores de la Cámara Alta, a sólo 17 escaños de los 3/5 necesarios (160) para no tener que repartirse con el PSOE las cuatro plazas del Constitucional que hay que renovar. Con diferentes excusas, a cual más pintoresca, el PP se ha negado hasta ahora a la renovación obligada por la Constitución. Su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional son designados por un período de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres años. Es la primera vez que se incumple ese mandato constitucional. El bloqueo ha llegado siempre de la mano del PP en 2007, 2019, 2022 y 2026.

El Gobierno de Pedro Sánchez sufrió durante sus primeros cinco años de mandato (2018 a 2023) a un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora y a la contra que le tumbó varios decretos ley, algunos tan simbólicos como los que establecían distintas medidas de excepción para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Pero con el nombramiento de los dos magistrados que le correspondían al Gobierno, las tornas cambiaron en el Tribunal Constitucional y con una mayoría absoluta de magistrados progresistas se desatascaron algunos conflictos mayores. Trece años después, el Constitucional desestimó el recurso que el PP puso en 2010 contra la Ley del Aborto, con el voto en contra de los magistrados conservadores. También se anularon sentencias del Supremo, aprobadas por la mayoría de la derecha judicial en ese órgano, que condenaron a cárcel al expresidente andaluz, José Antonio Griñán, por los ERE; o que sacaron del Congreso al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.  Además, el actual Tribunal Constitucional avaló la Ley de Amnistía pese al recurso del Supremo; derogó el pronunciamiento del mismo órgano que juzgó el proceso secesionista catalán y que consideró no amnistiable el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas.

La Sala de lo Penal del Supremo, corregida en sentencias clave, ha reaccionado acatando las resoluciones del Constitucional pero sin respetarlas. Manuel Marchena, magistrado de esa sala que presidió durante 10 años, firmó un auto donde considera una injerencia intolerable y una invasión de sus competencias estas resoluciones del Tribunal de garantías, al que acusa de incumplir su propia jurisprudencia. El Constitucional recuerda al Supremo que la Ley impide que sus sentencias sean criticadas o censuradas por otros órganos judiciales.

Pacto entre Feijóo y Abascal para el Senado

En esta situación de grave fractura entre instituciones clave, las elecciones generales del próximo 29 de noviembre tienen una batalla crucial a la que los principales partidos le han dado prioridad absoluta. El control del Tribunal Constitucional a través de la renovación de cuatro magistrados que corresponde al Senado es el objetivo de las estrategias de los grandes partidos.

El PSOE ha suscrito una alianza con el Frente Amplio sólo para las candidaturas del Senado con el objetivo de evitar una mayoría aplastante del PP que permita a este partido elegir a los cuatro magistrados cuya designación sigue pendiente desde hace 10 meses en la Cámara Alta.

El PP se dispone, una vez más, a sellar otro pacto con Vox. En este caso se trataría de sumar fuerzas en las listas del Senado. Atrás quedaron todos los recelos que durante años han expresado los líderes conservadores respecto a la ultraderecha que dirige Abascal. Hay un objetivo mayor: el control del Tribunal Constitucional durante el próximo sexenio.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido, por diez votos contra dos, inadmitir la petición del Defensor del Pueblo para reactivar de forma urgente el voto de más de 160.000 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos. Los magistrados entienden que el organismo presidido por Ángel Gabilondo pretende intervenir de forma prematura en el proceso cuando todavía se está tramitando el caso ante el Tribunal Supremo y no entran a examinar el fondo del asunto. El debate vuelve así a manos de la sala de lo contencioso del Supremo, que mantiene en suspenso el derecho a voto de los nacionalizados desde principios de septiembre.

Fuentes del Gobierno indican que “respeta” la decisión del Constitucional aunque destacan que “se limita a motivos procedimentales y no aborda el fondo de la cuestión”. El ejecutivo, destacan estas mismas fuentes, “continúa defendiendo que todos los nacionales españoles tienen derecho a voto” y confían en la sentencia que resuelva el fondo del asunto y “deje claro que no se puede suspender masivamente el derecho de voto con una medida cautelar, sin sentencia firme y sin audiencia a cada afectado”.

La sala tercera del Supremo anunció el pasado 9 de septiembre que estimaba la petición de medidas urgentes de Iustitia Europa y Vox y suspendía el derecho a voto, en la práctica, de las más de 160.000 personas nacionalizadas –tres veces menos que lo que alega la demanda– en base a la ley de nietos tras alegar que descienden de personas que abandonaron España para huir de la dictadura. La decisión, con un voto en contra de una magistrada discrepante, fue confirmada en fase de cautelares rechazando las alegaciones de la Abogacía del Estado.

El resultado es que el voto de estas 160.000 personas sigue en el aire a menos de mes y medio de las elecciones del próximo 29 de noviembre. El Tribunal Supremo, mientras resuelve el fondo del asunto, se ha limitado a dejar en manos de la administración electoral la gestión del asunto para que los nacionalizados que efectivamente desciendan de exiliados de la dictadura y la guerra lo puedan acreditar ante los consulados. La Junta Electoral, por su parte, acordó hace unos días remitir la documentación electoral a todas esas personas con el aviso de que no todos podrán votar el día de los comicios.

El pleno del Constitucional ha decidido directamente inadmitir el recurso por prematuro y eso implica que, directamente, los magistrados ni han entrado a debatir la solicitud de medidas cautelarísimas que hacía el Defensor del Pueblo para levantar de forma urgente la suspensión que pesa sobre el derecho a voto de estos 160.000 nacionalizados.

La aplicación de la amnistía al delito de malversación del procés ha desembocado en un cruce de acusaciones entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional con escasos precedentes. El auto de la Sala de lo Penal que aplica la ley de perdón al caso de varios exconsellers catalanes deja una docena de reproches al tribunal de garantías que van desde el fondo hasta la forma. Acusaciones de “injerencias” y dardos sobre la falta de unanimidad en el Constitucional en respuesta a las acusaciones de “contradicción interna” que este tribunal hizo al Supremo hace pocos días.

El pleno del Tribunal Constitucional aprobó, con los votos a favor de sus siete magistrados progresistas y en contra de los cinco conservadores, una sentencia sobre Dolors Bassa: la que ordenó por primera vez aplicar la amnistía al delito de malversación que pesa sobre los líderes del procés, tanto sobre los condenados como también sobre Carles Puigdemont. La sentencia, que tuvo como ponente a Cándido Conde-Pumpido, respondió a varias reclamaciones de la exconsellera de Trabajo en el Govern catalán. Las principales: que el Supremo había errado y vulnerado sus derechos al entender, en contra de lo afirmado en la sentencia del procés, que no solo malversaron dinero público, sino que se enriquecieron personalmente y que, además, afectaron a los intereses económicos de la Unión Europea.

La “contradicción interna” del Supremo

La sentencia del Tribunal Constitucional lanzó varios reproches al Supremo, el primero por interpretar “en un sentido claramente expansivo” cuándo la malversación no podía ser perdonada. Apuntó a continuación a una “contradicción interna” de la Sala de lo Penal: afirmar que Bassa y el resto de condenados se enriquecieron personalmente después de no afirmarlo en su sentencia. La decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación, añadió el Constitucional, “excede los límites de interpretación de la ley” y fue, en conclusión, una “interpretación impredecible” sin “nexo de coherencia”.

Más duros fueron los argumentos para reiterar, como ya hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes, que el procés no afectó a fondos comunitarios. Su sentencia de 2019, recuerda el Constitucional, destacó la “manifiesta inviolabilidad jurídica” y el carácter de “señuelo” del desafío independentista para presionar al Gobierno central. Los autos sobre la amnistía, sin embargo, constituyeron un “pronunciamiento recíprocamente irreconciliable”, una “contradicción interna” y algo “contradictorio, irrazonable y carente de sentido lógico”.

Estas no son las primeras críticas que llegan al Tribunal Supremo por su gestión de la amnistía y su aplicación a la malversación. Ana Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal que condenó a los líderes del procés, ya se pronunció en contra de sus propios compañeros en términos aún más contundentes. Acusó al resto de la Sala de hacer “deducciones artificiosas”, de “resquebrajar los diques de la lógica” y de introducir matices “novedosos y peligrosos”. “Retuerce los perfiles del ánimo de lucro”, llegó a decir esta magistrada.

La “injerencia” del Constitucional

El juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ya hizo una defensa de sus compañeros de Sala cuando levantó la orden de detención que pesa sobre Carles Puigdemont en aplicación de los criterios del Constitucional. Cargó, entre otras cosas, a la falta de “mesura” del Constitucional en sus argumentos sobre el tema. Unas críticas que ha desarrollado la Sala de lo Penal con un tribunal de tres magistrados con Manuel Marchena como ponente apuntando directamente a una “injerencia”.

Algunos dardos de este auto van dirigidos tanto a la falta de acuerdo interno del Constitucional, profundamente dividido entre bloques para sentenciar la amnistía, con constantes alusiones a “el grupo mayoritario” y a la existencia de votos particulares del sector conservador para reclamar expresiones menos contundentes a la hora de calificar sus argumentos sobre la amnistía. También hay críticas a cómo el Constitucional ha “ensanchado hasta límites históricos” su labor, consumando su “mutación” en una “última instancia con capacidad revisora de interpretación” de cualquier decisión del Supremo. Algo que, añaden, “está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978”. Se refieren a sí mismos como “jueces independientes, inamovibles, responsables ante la ley” frente a los del Constitucional, “quienes sin esas garantías y durante un período temporal cerrado de 9 años se ocupan de preservar las garantías constitucionales”.

Los argumentos del Constitucional no gustaron en el Supremo y las críticas del Supremo han sorprendido en el Constitucional, donde consideran que no se han expresado en términos más duros que en otras resoluciones referidas a otros tribunales. Según el Supremo, el Constitucional se apartó de la “contención” que contempla su Ley Orgánica y escribió “consideraciones manifiestamente prescindibles” y “absolutamente innecesarias” para desarrollar sus argumentos.

“La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”, afirma el Supremo en un auto que deja por escrito y a las claras la enemistad entre ambos tribunales después de una sucesión de reveses llegados a la Sala de lo Penal desde el Constitucional: ahora la amnistía, pero antes los ERE de Andalucía o el caso de Alberto Rodríguez, entre otros.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acaba de anunciar que aplica la amnistía a todos los condenados por malversación en el procés: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Lo hace, eso sí, entre críticas a los términos, la “injerencia” y la “innecesaria grandilocuencia” empleada por el Constitucional a la hora de sentenciar el caso: “Revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional”.

Se trata de la segunda decisión que toma el Tribunal Supremo sobre el caso después de que el Tribunal Constitucional declarase que la amnistía también abarcaba el delito de malversación de caudales públicos. El primero en mover ficha fue el instructor Pablo Llarena, que ha levantado la orden de detención nacional que pesaba desde 2017 sobre Carles Puigdemont. Ahora ha sido la Sala de lo Penal la que ha aplicado este fallo del Constitucional sobre los políticos catalanes que fueron condenados.

El juez Llarena ya incluyó algunas críticas contra los términos elegidos por el Constitucional para imponer su criterio al Supremo y ahora la Sala de lo Penal, con Manuel Marchena como ponente, eleva la intensidad del reproche. Apunta a “consideraciones que son manifiestamente prescindibles” y niega que el Supremo incurriera en una “drástica contradicción” a la hora de negar la amnistía a la malversación. “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”.

El Supremo no oculta su malestar por la decisión del Constitucional y tampoco por la dureza de la sentencia que se impuso en la aplicación de la amnistía. Llega incluso a destacar que la decisión del Constitucional sobre la amnistía no fue unánime, tal y como no lo fue la del propio Supremo. “El significativo número de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis que ahora rechaza la mayoría del Tribunal Constitucional hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida”.

Los jueces, con Marchena como ponente, lanzan varias críticas al Constitucional por su gestión de la amnistía después de acatar su criterio. “Se aparta de los precedentes”, añade, al “interferir en el núcleo de la potestad de juzgar” del Supremo. Tampoco cumple, añade, con el “deber de contención argumental” que establece la Ley del Tribunal Constitucional.

El final penal del procés

La resolución del Tribunal Supremo cargada de duras críticas al Tribunal Constitucional ponte punto y final a la mayor parte de la causa penal que arrancó en 2017 con una querella de la Fiscalía por rebelión contra los responsables políticos y sociales tanto del referéndum del 1 de octubre como de la Declaración Unilateral de Independencia. Las condenas iniciales de hasta 13 años de prisión impuestas en 2019 se encontraron en primer lugar con los indultos parciales firmados por el Consejo de Ministros en el verano de 2021. También con una reforma legal de los delitos de sedición y malversación que el Supremo aplicó a sus condenas.

Sin condena de cárcel por cumplir, los políticos catalanes condenados por el procés contaban con un último obstáculo para volver a la política: las condenas de inhabilitación asociadas al delito de malversación que no habían sido ni indultadas ni eliminadas con la reforma del Código Penal. Llegó entonces la ley de amnistía pero la interpretación del Tribunal Supremo también cerró esa puerta. Los jueces, con el voto en contra de la magistrada Ana Ferrer y contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, entendieron que la malversación del procés no cumplía con los requisitos de la ley de amnistía para ser perdonada.

El Constitucional primero y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después rechazaron las alegaciones del Supremo y del PP contra la ley de amnistía y pasaron a resolver entonces los recursos concretos de cada condenado. Fue el caso de Dolors Bassa, con ponencia de Cándido Conde-Pumpido, el primero en salir adelante gracias a los votos de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, el que ha obligado al Supremo a amnistiar también la malversación. La única decisión pendiente está en manos de Pablo Llarena sobre si aplica el mismo criterio a la malversación atribuida a Puigdemont tras levantar su orden de detención.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha confirmado que la orden de detención de Carles Puigdemont queda levantada y puede volver a España sin riesgo de ser detenido, pero lo hace entre críticas al Tribunal Constitucional. El instructor de la causa del procés reprocha la falta de “mesura” del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido y asegura que las decisiones del Tribunal Supremo sobre la amnistía y la malversación no fueron “inadmisibles o imprevisibles”.

El juez de la Sala de lo Penal ya levantó de forma cautelar la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont desde 2017 nada más conocer la decisión del Tribunal Constitucional. La malversación del procés, en contra del criterio del Tribunal Supremo, también debía ser amnistiada, y eso llevaba a la eliminación de esa orden nacional de detención a la espera de que Llarena resolviera el fondo del asunto sobre el delito que todavía se imputa a Puigdemont.

La sentencia incluía una serie de críticas al Tribunal Supremo, sobre todo por no amnistiar la malversación del procés amparándose en argumentos como la afectación de los fondos de la Unión Europea o el enriquecimiento de los políticos catalanes, que al usar medios públicos para organizar el 1-O no tuvieron que poner el dinero de su bolsillo.

Ahora Pablo Llarena reitera que la orden de detención queda anulada pero sale en defensa del Tribunal Supremo, rechaza el recurso de la acusación popular de Vox, y carga contra los argumentos del Constitucional. Su doctrina, dice, debe aplicarse “aunque no se compartan las razones”, y se apoya en el voto particular del sector conservador del tribunal para afirmar que la discrepancia interna “aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura. Los adjetivos no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al Tribunal”.

Según Llarena, el criterio del Supremo y su interpretación de la amnistía estaba “jurídicamente fundada” y no fue “imprevisible o inadmisible”.

El Defensor del Pueblo ha decidido interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, tal y como ha informado el departamento que dirige Ángel Gabilondo este viernes a última hora.

En un comunicado, la institución explica que en su recurso Gabilondo ha solicitado medidas cautelarísimas y que se pronuncie sobre la interpretación del Tribunal Supremo (TS) acerca “de la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática”.

Ángel Gabilondo ha adoptado esta decisión tras haber recibido diversas peticiones de solicitud de amparo ante el TC de particulares y entidades, y tras haber analizado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó mantener la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada ley, para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales.

La ratificación por parte del Supremo de las medidas cautelares que congelan el derecho al voto de los descendientes de represaliados del franquismo amenaza con impedir la participación en las próximas generales de más de 160.000 españoles que se acogieron a la ley de nietos, cuenten o no con documentos que acrediten el exilio de sus antepasados.

En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular. De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de los consulados la tarea de cribar cada expediente. 

Pese a la decisión del Alto Tribunal, este jueves la Junta Electoral Central acordó dar la orden a la Oficina del Censo Electoral de enviar la documentación para poder votar el próximo 29N a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior. La documentación se enviará también, por tanto, a los 163.020 nacionalizados a través de la ley de nietos a los que el Tribunal Supremo ha pedido dejar fuera de estos comicios. Y por eso el acuerdo incluye un aviso de que habrá electores que no podrán votar de acuerdo al mandato del Alto Tribunal.

Este pasado miércoles el Tribunal Supremo (TS) ha dado a conocer su respuesta al incidente de nulidad de actuaciones que el exministro José Luis Ábalos suscitó contra la sentencia de la Sala Segunda que lo condenó por varios delitos a una pena de 24 años de privación de libertad. 

En dicha respuesta el TS considera que no se ha producido vulneración alguna de derechos fundamentales del exministro y confirma la sentencia cuya nulidad se insta. Con ello, queda agotada la vía judicial y el exministro puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. 

Aunque en el incidente de nulidad de actuaciones la defensa del exministro no se ha limitado a recurrir la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, es sobre la vulneración de esos dos derechos sobre la que tiene que articularse el recurso de amparo y sobre la que tendrá que dar respuesta en su sentencia el Tribunal Constitucional. Si se constatara la vulneración de ambos derechos, la sentencia del TS sería nula de pleno derecho y no sería necesaria argumentación alguna adicional sobre la vulneración de cualquier otro.

En el artículo 71, la Constitución reconoce la inviolabilidad de los Diputados y Senadores en el apartado 1, la inmunidad en el apartado 2 y el fuero jurisdiccional en el apartado tercero. Este último es el único que nos interesa: “En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”

Con esta decisión el constituyente excepciona la vigencia del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, “durante el periodo de su mandato” (art. 71.2 de la Constitución)  

Mientras el Diputado o Senador conserve el acta, la Sala Segunda del TS es el juez ordinario predeterminado por la ley de su conducta y es, además, juez de primera y única instancia. 

¿Qué ocurre en el momento en que el Diputado o Senador pierde el acta y deja de ser miembro de las Cortes Generales? ¿Seguirá siendo competente en las causas contra ellos la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo?

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal dicen nada al respecto. Ni ninguna otra norma del ordenamiento jurídico español o de los tratados sobre derechos fundamentales y garantías constitucionales en el proceso penal válidamente ratificados por España. 

La condición de Diputado o Senador es el presupuesto de hecho del fuero jurisdiccional. Sin dicha condición, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede ser competente en las causas contra ellos. 

Que yo sepa, esto no se ha discutido nunca por nadie. La pérdida de la condición de Diputado o Senador pone fin al fuero jurisdiccional y los exdiputados y exsenadores recuperan sus derechos al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a la segunda instancia en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos españoles. La extensión del fuero jurisdiccional vulnera el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución. 

No lo vulnera el fuero jurisdiccional, porque es una excepción querida por el constituyente. Pero sí lo vulnera la extensión del fuero jurisdiccional sin previsión constitucional que le dé cobertura. Esta vulneración de la igualdad constitucional sí deberá ser alegada en el recurso de amparo. 

José Luis Ábalos fue elegido Diputado en la jornada electoral del 23 de julio. Mantuvo su condición de Diputado hasta el 28 de enero de 2026. Desde el momento en que adquirió la condición de Diputado tras prometer o jurar la Constitución hasta el 28 de enero la Sala Segunda del Tribunal Supremo era el órgano judicial competente en primera y única instancia para entender de su conducta. ¿Lo continuaba siendo después del 28 de enero?

El TS no identifica ninguna norma con base en la cual se pueda justificar la prolongación del fuero jurisdiccional con la consiguiente excepción de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley y de la segunda instancia en el proceso penal. 

La Sala Segunda del TS hace descansar la retención de la competencia para entender de la conducta de José Luis Ábalos en un “Acuerdo” de un “Pleno no jurisdiccional” de la propia Sala Segunda de 2 de diciembre de 2014 que fijó “un criterio interpretativo constante y reiterado” sobre asignación de competencias. 

En dicho Acuerdo se decía que “en los casos de aforados, la resolución judicial que acuerde la apertura del juicio oral constituye el momento en el que quede definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a esa fecha se haya perdido la condición de aforado”.

Dado que el 25 de diciembre de 2025 el juez instructor había dictado el auto de apertura del juicio oral y que José Luis Ábalos perdió la condición de Diputado el 28 de enero de 2026, la Sala Segunda entendió que tenía la competencia para entender de su conducta y fijó para el 12 de febrero de 2026 “la vista de cuestiones previas”.

En su respuesta al incidente de nulidad de actuaciones, la Sala Segunda no explica qué lugar ocupa un Acuerdo de un Pleno no Jurisdiccional en el sistema de fuentes del derecho y cómo se puede con base en el mismo incidir en el ejercicio de dos derechos fundamentales que figuran en la Sección Primera del Capítulo II, que está reservado a la Ley Orgánica (arts. 53.1 y 81.1 de la Constitución). 

Entiendo que los magistrados de la Sala Segunda tienen un altísimo concepto de sí mismos, pero nunca se me había pasado por la cabeza que consideraran que podían ocupar el lugar del legislador que reforma la Constitución y ni siquiera del legislador de los derechos fundamentales.

Está claro que estaba equivocado. Será el Tribunal Constitucional el que decida si, con base en un Acuerdo de un Pleno no jurisdiccional, la Sala Segunda puede extender el fuero jurisdiccional y entender en primera y única instancia de la conducta de José Luis Ábalos tras haber perdido la condición de Diputado. 

Obviamente, la defensa del exministro podría solicitar al Tribunal Constitucional que dejara en suspenso la condena hasta tanto se pronuncia sobre el fondo del asunto. 

Más de dos años después de la aprobación de la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas ha aplicado la norma a los 35 excargos de la Generalitat encausados por los gastos vinculados al referéndum del 1-O y a la acción exterior del procés. Entre los beneficiados se encuentran los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig.

En una sentencia notificada este miércoles, la consejera de cuentas del ente fiscalizador Elena Hernáez absuelve a todos los dirigentes demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana y les devuelve la fianza de 4,1 millones que les impuso por los gastos efectuados entre 2011 y 2023.

Termina así la resistencia que ha mantenido el Tribunal de Cuentas a amnistiar su causa sobre el procés pese a la claridad de la ley. La resolución dedica decenas de páginas en justificar las cuestiones prejudiciales que la consejera de cuentas Hernáez envió a la Justicia europea para demorar la aplicación de la norma. Después le siguieron la Audiencia Nacional en el caso de los CDR y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la causa por los preparativos del referéndum.

Aunque la sentencia admite que en ningún momento del procedimiento abierto en 2021 se planteó que los gastos del procés provenieran de fondos europeos, Hernáez alega que como parte de la financiación de la Generalitat proviene de transferencias de la Unión Europea era “razonable” preguntárselo cuando se aprobó la ley de amnistía, que excluía a los encausados por afectar a los intereses financieros de la UE.

Luxemburgo rechazó, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión se vieran “afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

Pese a la claridad de la respuesta del TJUE, la consejera Hernáez insiste en una hipótesis que nunca fue real: que los gastos del procés se financiaran con fondos europeos. A criterio de la consejera, de la sentencia del TJUE “se desprende claramente que no se podría aplicar la amnistía en el caso de que los gasto se hubieran realizado con fondos provenientes del presupuesto de la UE”.

“En ese hipotético caso, la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea resultaría incuestionable”, insiste la sentencia, aunque el TJUE dejó claro que este supuesto no ocurrió.

Las altas instancias judiciales, empezando por el Tribunal Supremo, son las que más oposición han mostrado a la norma, en contraste por su normal aplicación ya en 2024 por parte de la mayoría de jueces y tribunales catalanes.

El Tribunal de Cuentas intentó que Luxemburgo respaldara excluir a los independentistas de la amnistía, pero se encontró con un aval rotundo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma. Gracias a la amnistía, Puigdemont, Mas y el resto de encausados se ahorran una sentencia que podría condenarles a devolver 5,3 millones de euros.

La consecuencia de la sentencia europea era clara, pero igualmente el Tribunal de Cuentas ha demorado casi tres meses la aplicación de la norma. En julio, la consejera Hernáez abrio un plazo de diez días de alegaciones para que las partes pudieran pronunciarse sobre el origen de los fondos empleados para organizar el 1-O. Tanto la Generalitat como los encausados solicitaron aplicar la norma sin más dilaciones, pero igualmente en septiembre el ente abrio otró plazo antes de, por fin, archivar la causa, algo que la Fiscalía tildó de “innecesario e improcedente”.

Solventada la causa del Tribunal de Cuentas, Puigdemont y Junqueras todavía esperan la amnistía en el caso procés abierto desde 2017 en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, pero en los próximos días tendrá que aplicarla después de que el Constitucional le obligara a rectificar.

El eurodiputado electo de Junts Toni Comín ha anunciado que prevé volver a Catalunya el 24 de octubre si el Tribunal Supremo materializa su amnistía, después de nueve años en Bélgica. En una carta enviada a su entorno, el exconseller dice que quiere regresar a pie desde Francia.

“La idea es cruzar a pie uno de los puertos que conecta la Catalunya del Nord con la Catalunya del Sud, el sábado 24 de octubre, sobre las 12 de la mañana”, afirma en la carta. El anuncio llega después de que esta semana finalice el plazo que el juez del Supremo Pablo Llarena dio a las partes antes de resolver sobre la amnistía.

Tras el fallo del Constucional que obligó al Supremo a aplicar la amnistía, Comín calificó este jueves de “victoria” el aval del tribunal de garantías a la norma, y consideró urgente volver a España para recoger su acta de eurodiputado.

Con su plan para volver una vez el Supremo le aplique la amnistía, Comín no regresará junto al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha decidido aplazar su vuelta a después del 29-N para no interferir en la campaña electoral y dotarla de mayor peso institucional.

“La amnistía es una gran victoria política del independentismo, y me atrevo a decir de todos los demócratas. Porque la amnistía es una rectificación de un Estado, de un poder legislativo que reconoce que la manera de gestionar el conflicto en una democracia europea en el siglo XXI no es la vía penal”, señaló Comín en declaraciones a la prensa en la sede del parlamento Europeo.

Comín hizo una reflexión política sobre la relación que ve entre el exilio y la decisión sobre la amnistía. Y consideró que la estrategia utilizada por Puigdemont y los exconsellers “ha funcionado”.

“El exilio ha permitido internacionalizar el conflicto, unas victorias judiciales que nos han servido para construir un consenso en Europa poco a poco”, dijo Comín, para quien “es impresentable gestionar un conflicto político a través de la represión y con un gobierno pacífico en prisión o enviado al exilio” indicó. “Ahora que el exilio se acaba, yo seguiré viviendo aquí pero ya no como exiliado, sino como diputado normal”, apostilló.

El exconseller, que en las elecciones europeas de junio de 2024 obtuvo un escaño como cabeza de cartel de Junts, no llegó a tomar posesión ante la Junta Electoral Central dado que para ello debía ir físicamente a la sede del Congreso, algo que evitó para no ser detenido.

Comín se refirió a la “urgencia” de recoger su acta de eurodiputado para dar representación en el Parlamento Europeo a las personas que le votaron en las elecciones de 2024. No obstante, se mostró prudente sobre el momento y añadió que aunque cree que ya están “en condiciones de retornar sin ningún riesgo”, consideró preferible hacerlo cuando se resuelva definitivamente el expediente en el Tribunal Supremo.¡

El exconseller aclaró que el proceso abierto en el Parlamento Europeo a raíz de una denuncia de acoso sexual contra el por parte de un asesor suyo en la Eurocámara, que calificó de “falsedad absoluta”, ha sido “cerrado” pero rehusó dar detalles al tratarse de un procedimiento “confidencial”.

La noticia se cuenta rápido. El Tribunal Constitucional ha afirmado que no fue “razonable” la interpretación que hizo la Sala Segunda del Tribunal Supremo al no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación. De hecho, afirma literalmente que esa interpretación es “manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la ley que se interpreta”. En sustancia, el Tribunal Supremo había afirmado que dicho delito supuso enriquecimiento personal de los condenados, caso que hubiera quedado exceptuado por la propia ley de amnistía. Ahora el Tribunal Constitucional afirma que algo así es contrario a la lógica, puesto que toda malversación posee ánimo de lucro, por lo que debe considerarse amnistiada, además de que la propia ley de amnistía considera amnistiable ese ánimo de lucro si está vinculado con las finalidades independentistas, como sin duda era el caso.

Por añadidura, aprovecha el Tribunal Constitucional para recordarle al Tribunal Supremo que en los autos en que se negaba a aplicar la ley de amnistía –que son los que se recurrieron en amparo– dispuso en contra de su propia sentencia de condena de 2019, cuando sostuvo que ninguno de los actos protagonizados por los independentistas eran idóneos para provocar la secesión, afirmando en esos autos, casi cinco años después, justamente lo contrario para sustentar su repercusión económica, tan fuerte como para poner en riesgo las finanzas de la Unión Europea, cosa que, además, ya ha descartado hace poco el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, el Tribunal Constitucional ordena al Tribunal Supremo declarar amnistiada la malversación, recordando, en un claro, directo e infrecuente aviso a navegantes, que en los propios autos del Tribunal Supremo “no se apreció la concurrencia de ningún otro motivo obstativo a la medida”, por lo que es obligado deducir que no cabría encontrarlo ahora. Es decir, que el Tribunal Supremo no puede poner más peros a la aplicación de la Ley de amnistía.

Siendo interesante lo anterior, lo es también que cinco magistrados, en su voto particular, además de desautorizar la sentencia, afirman que los siete magistrados restantes, es decir, los que han votado a su favor, estarían descalificando a los magistrados del Tribunal Supremo con falta de un “entendimiento elemental del debido respeto institucional”, y que, de hecho, les estarían descalificando a ellos mismos como fruto de su discrepancia. A tal efecto, se quejan porque esos siete compañeros motejen a las resoluciones del Tribunal Supremo como “contrarias a la lógica” o al “sentido común”, o que actuaran con carácter “manifiesto” contra el espíritu de la Ley de amnistía, o en “drástica contradicción” con la misma, añadiendo frases como “quiebra de racionalidad inconciliable” o “razonamientos que presenten de forma manifiesta un carácter contradictorio, irrazonable y carente de sentido lógico”.

En definitiva, el Tribunal Constitucional acusa al Tribunal Supremo de haberse apartado por completo del contenido de la ley cuya interpretación no presentaba dudas, cosa que evidentemente puede, y debe, corregir un Tribunal Constitucional cuando analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que le permite anular las resoluciones que no sean motivadas y fundadas en Derecho. Y obviamente no está bien motivada una resolución que le da la espalda por completo –drástica contradicción– a la ley. No es que el Tribunal Constitucional esté usurpando la labor del Tribunal Supremo como máximo intérprete de las leyes. Eso hubiera ocurrido si, entre las diversas interpretaciones razonables de la ley, el Tribunal Supremo hubiera optado por una, perfectamente razonable, y el Tribunal Constitucional hubiera decidido sustituirla por otra, también razonable. Eso sí sería, claramente, una usurpación. Sin embargo, cuando un tribunal dispone en “drástica contradicción” con lo que dice claramente una ley, el Tribunal Constitucional existe precisamente para resolver este tipo de quebrantos –entre otros– del orden constitucional que, en este caso, habrían puesto en cuestión la mismísima división de poderes, fundamento de nuestra democracia. Si en opinión del Tribunal Constitucional se ha producido ese peligrosísimo quebranto, no le queda otra opción que corregirlo.

Se preguntará el lector si lo que dice el Tribunal Constitucional que han hecho los magistrados del Tribunal Supremo, integra el delito de prevaricación. Pues bien, dicho delito requiere que la aplicación que el juez haga del derecho no resulte objetivamente sostenible según los métodos habituales de interpretación. Y en el caso de que las normas aplicables tengan un contenido más ambiguo, la existencia de prevaricación exige la demostración de que el juez tomó su decisión por razones ajenas a la voluntad que expresa el ordenamiento jurídico.

No puede negarse que la variedad de epítetos y expresiones utilizados por el Tribunal Constitucional para describir la conducta del Tribunal Supremo están cerca del contenido de este delito, lo que es una pésima noticia para todos, empezando por los ciudadanos, que somos los que directamente padecemos el mal funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, no parece ni que fuera la intención de los magistrados del Tribunal Constitucional afirmar algo así, ni que nadie lo deba interpretar de ese modo. Varios juristas avalaron la interpretación de la ley realizada por el Tribunal Supremo, lo que hace imposible sostener que todos ellos –o siquiera algunos– estuvieran avalando como cómplices una supuesta prevaricación. Pero asumiendo –no sin generosidad– que la ley de amnistía podía tener alguna ambigüedad en el punto analizado por el Tribunal Supremo, es entre difícil e imposible probar que el tribunal hubiera actuado movido por razones ajenas al ordenamiento jurídico, como podría ser un interés político o personal que nada tuviera que ver con el proceso.

Por otra parte, si el Tribunal Constitucional hubiera observado prevaricación, lo habría dicho claramente en su sentencia y hubiera cumplido con su indudable obligación de darle traslado a la Fiscalía a los efectos de persecución del delito. Por tanto, descartemos que este sea un caso de prevaricación o, lo que es lo mismo, de lawfare. No es que quiera sentirme ingenuamente tranquilo con la limpieza de las instituciones del país en el que resido, sino que no es bueno para la salud de esas instituciones andar haciendo insinuaciones poniéndolas en cuestión, manoseándolas constantemente y utilizándolas para finalidades netamente políticas.

En definitiva, ojalá –ojalá– este sea un caso en que, por una vez, no se produzca el enésimo choque de trenes entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y sea, de una vez, la última hora de esta amnistía. Acéptese la corrección de este último tribunal, como corresponde en respeto a su función, y asúmase de una vez que la ley de amnistía ha pasado el filtro de la Comisión de Venecia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –en la no afectación de las fianzas de la Unión– y del propio Tribunal Constitucional. Que no se ha materializado, en absoluto, ninguno de los planteamientos apocalípticos para el orden constitucional que se profirieron cuando se estaba aprobando la ley. Y que, en definitiva, se puede estar ideológicamente a favor o en contra de dicha ley, pero no es legítimamente posible estar en contra de su cumplimiento. No se puede incumplir la voluntad de un parlamento, y mucho menos si es avalada por el Tribunal Constitucional y hasta por un tribunal supranacional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que incluso llegó a decir más en favor de esta ley de lo que se le había preguntado. Por algo sería.

“¡A la huelga general!”. Era el grito de muchas de las concentraciones por el derecho a la vivienda de los últimos días en España, una petición expresa del Sindicato de Inquilinas y que finalmente ha encontrado el respaldo de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, además de CGT, de ELA en Euskadi y la CIG en Galicia. La patronal ha puesto en duda la legalidad del paro, por una supuesta desvinculación con los intereses profesionales de los trabajadores y una “motivación política”, algo que, sin embargo, choca con múltiples precedentes de huelgas “mixtas” en las que hay reivindicaciones políticas y también laborales, y que han logrado el respaldo de la justicia.

De momento, sin convocatoria formal del paro por parte de CCOO y UGT, ni día asignado todavía para la movilización, la información disponible es el anuncio de la huelga general de las dos centrales sindicales mayoritarias. En él, los sindicatos comunican un paro de 24 horas en todo el país “para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna”, incorporando así “el conflicto de rentas en el marco de las grandes movilizaciones por la vivienda”.

Fuentes de CCOO y UGT destacan que los sindicatos llevan “mucho tiempo” incorporando la problemática de la vivienda a sus reivindicaciones y protestas laborales, así como a sus propuestas de políticas, tanto al Gobierno, como a los empresarios, a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que está aún pendiente.

Antonio Garamendi, reelegido líder de la patronal CEOE hace unos días, ha insistido este martes en que el paro general por la vivienda tiene un “claro componente político y electoral”, especialmente por el contexto electoral recién abierto, por lo que ha dudado de su legalidad. Las organizaciones CEOE y Cepyme han advertido de que analizarán la convocatoria cuando sea formal, reservándose la posibilidad de impugnarla en los tribunales, algo que también ha sostenido la patronal Conpymes.

Las huelgas pueden ser políticas, si tienen vinculación laboral

Fuentes de los empresarios se centran en la crítica a la motivación “política” porque la Ley de Huelga de 1977, previa a la Constitución, prohíbe las huelgas puramente políticas. La ley considera que una huelga es ilegal “cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, recoge su artículo 11.

Así, fuentes de CEOE insisten en que el paro general nace de una “motivación claramente política”, para “defender unas políticas públicas” de las administraciones, en las que “las empresas no pueden hacer nada”. Por ello, ponen en duda la legitimidad de la huelga, así como su encaje jurídico, subrayan. El contexto electoral consideran que es clave para concluir que existe “una motivación política”. “Tenían ocho años para haber convocado esta huelga, pero lo hacen ahora”, dicen en la organización empresarial.

Sin embargo, las interpretaciones de los magistrados —hasta el Tribunal Constitucional— amparan paros y huelgas con motivos políticos, pero que también estén relacionadas con los intereses de los trabajadores, lo que se suele denominar huelgas “mixtas”. Incluso con vinculaciones más indirectas con los trabajadores que el actual caso de la vivienda.

“Es una huelga perfectamente legal”, valora Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, que cita “los niveles y políticas salariales” o el poder adquisitivo de los trabajadores como dos posibles justificaciones sencillas que vinculan las reivindicaciones del acceso a la vivienda con “los intereses de los trabajadores”.

La Carta Magna, recuerda, “reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses” en su artículo 28.2. En opinión de Urías, dado “que existe esa vinculación laboral”, bajo su criterio “es imposible que prohíban la huelga”, añade.

Más allá de que el paro ya está bautizado como “la huelga general por la vivienda”, Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, precisa que “lo importante no son los titulares, sino el escrito que se presente para justificar los objetivos de la huelga”. Así, el jurista coincide en que los sindicatos pueden vincular el paro con motivaciones laborales, como los salarios. “En términos jurídicos tendrá que estar bien redactado y tendría cobertura jurídica”, valora.

Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid, añade además que “el derecho de huelga es un derecho fundamental”, por lo que “no debería estar sujeto a interpretaciones restrictivas”, siempre que cumpla “algunos requisitos formales (preaviso, mediación previa, entre otros) y también materiales, que vaya dirigido a tutelar un interés profesional y no sea abusiva”.

Los precedentes de huelgas “mixtas”

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de “huelga mixta” es el paro del 8 de noviembre de 2017 convocado por sindicatos minoritarios a favor de la independencia de Catalunya. Denunciada como ilegal por la patronal catalana, Foment, fue respaldada por los tribunales, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como el Supremo.

El catedrático Eduardo Rojo explica que es una muestra clara del respaldo de los tribunales, incluido el Constitucional, a “la huelga profesional-política”, que tiene componentes de ambos y que analiza en su blog. Así, aunque la huelga del procès fuera acompañada de un planteamiento claramente de ámbito político, los sindicatos también lo vincularon con los intereses de los trabajadores y la parte empresarial no pudo probar “el carácter ajeno al ámbito de laboral” ante la justicia.

Estas huelgas mixtas encuentran precedentes muy anteriores, indica Rojo, como el respaldo a “la huelga general del 14 de diciembre de 1988” contra el gobierno de Felipe González y sus reformas, en las que se avala el paro contra la regulación de un gobierno en materias relevantes para los trabajadores.

Luego, hay toda una serie de ejemplos de huelgas mixtas convocadas y celebradas con normalidad, no impugnadas en los tribunales por los empresarios. Por ejemplo, las huelgas feministas del 8M o los paros generales en solidaridad con Palestina ante el genocidio de Israel. En 2023, el sindicato de Vox convocó una huelga general contra la amnistía de políticos catalanes, y con apenas presencia a nivel estatal.

“El Tribunal Constitucional ha aclarado que la huelga es un instrumento de presión que puede utilizarse para 'la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos'”, subraya también la profesora Muñoz, citando la famosa sentencia 11/1981. “Y, en consecuencia, ha declarado la legalidad de las huelgas dirigidas a protestar contra la política social llevada a cabo por el Gobierno (STC 36/1993), reformas del mercado de trabajo, del sistema de protección social o del modelo de asistencia sanitaria”, añade.

“Son lícitas, por tanto, las huelgas político-laborales cuya finalidad es presionar sobre los poderes públicos con fines sociales o profesionales”, sostiene la jurista.

Ana Belén Muñoz destaca además que “el origen de las preocupaciones sobre las condiciones de la vivienda obrera se encuentra unida a la cuestión social”. Así, la problemática de “la insuficiencia de las viviendas y el riesgo de hacinamiento de las familias obreras con peligro para la salubridad” han sido reivindicaciones históricas laborales, recuerda. En el contexto actual, en el que la vivienda es origen de muchos problemas económicos e incluso de la pobreza de muchos hogares, Muñoz recuerda que la vivienda ha vuelto a estar más presente en las reivindicaciones laborales, por ejemplo en las propuestas de complementos y de subidas salariales en los acuerdos de negociación colectiva.

La ley de amnistía no debería haber sido necesaria, porque nunca debió el poder judicial entrometerse en un conflicto de naturaleza constitucional como el que se produjo en Cataluña en octubre de 2017. No se debió activar el artículo 155 de la Constitución, porque no era imprescindible para resolver el conflicto y, de activarse, debió hacerse con un acuerdo entre el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, que excluyera la intervención del ministerio fiscal y la consiguiente judicialización del conflicto.

La integración de Catalunya en el Estado con base en la Constitución española de 1978 únicamente puede resolverse a través de un pacto entre el Parlament y el Congreso de los Diputados, que tiene que ser sometido a continuación a referéndum de los ciudadanos de Catalunya. El constituyente consideró inexcusable la combinación de la democracia representativa, con intervención de dos parlamentos, y de la democracia directa para dar respuesta a un problema de esta naturaleza. Cuando la cuestión está planteada en estos términos, la intromisión del poder judicial no es posible por la propia naturaleza del problema.

El Estado español demostró el 1 de octubre de 2017 que tenía recursos de sobra para obligar a las autoridades de Catalunya a dejar sin efecto las decisiones que había tomado antes y después del 1 de octubre e imponerle que se reintegrara en el ordenamiento constitucional con la convocatoria de unas elecciones autonómicas. No hubo ni un solo minuto en que se produjera el más mínimo atentado a la integración territorial del Estado español y se afirmara la independencia de Catalunya. La Generalitat no consiguió que el Estado dejara de ejercer su poder soberano sobre el territorio de la Comunidad Autónoma en su totalidad.

Buena prueba de ello fue que no hubo que recurrir a las Fuerzas Armadas, sino que fue suficiente la activación de una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para desactivar la operación de depositar votos en las urnas, que, en ningún caso puede considerarse que fuera un referéndum, sino que era más bien un ejercicio anómalo del derecho de manifestación.

El Estado dispuso en todo momento de las bazas necesarias para dar políticamente una respuesta al desafío de Catalunya e imponer a las autoridades catalanas que tuvieran que dar marcha atrás en su desafío y reconocer ante sus propios ciudadanos que la alternativa independentista frente a la autonómica no era posible. No era necesario dejar la política y trasladar la respuesta al poder judicial.

El presidente del Gobierno no lo hizo y permitió que el Fiscal general del Estado decidiera que a la convocatoria del 1 de octubre había que dar respuesta mediante el poder judicial, calificando, además, dicha convocatoria como constitutiva del delito de rebelión.

Una vez expulsada la política, el conflicto constitucional dejaba de tener respuesta, ya que la Constitución únicamente posibilita una respuesta de esa naturaleza.

Han hecho falta nueve años, desde 2017 a 2026, para que esta evidencia haya podido abrirse paso. Porque esto es lo que significa la Ley de Amnistía. Para deshacer el entuerto generado por la intervención del poder judicial no eran suficientes actos gubernamentales, como los indultos, sino que era imprescindible un acto de Estado, del que únicamente las Cortes Generales mediante la aprobación de la ley podían ser protagonistas. Es lo que ha ocurrido en esta legislatura que ha estado dedicada en integridad, desde la investidura a la disolución, a la aprobación de la ley de amnistía y a la aplicación de la misma, desactivando la resistencia no solamente del poder judicial, pero sí fundamentalmente la del poder judicial.

El martes 6 de octubre se ha puesto punto final a la resistencia judicial y se ha devuelto de manera definitiva la integración de Catalunya dentro del Estado al terreno de la política del que nunca debió de salir. Ha sido necesario para ello la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional, ya que la resistencia numantina del poder judicial español en general y la del Tribunal Supremo en particular no ha podido ser vencida de otra manera.

Cabe esperar que se haya aprendido la lección.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha señalado este martes que la “decisión del Tribunal Constitucional derrota la estrategia de los poderes públicos españoles” y ha insistido en que se “ha acabado el margen para manipular y retorcer una ley vigente desde hace dos años y cuatro meses”. Ahora bien, Puigdemont ha asegurado que “en términos de relación Catalunya-España, hoy no se soluciona nada” y ha abogado por el “carácter irrenunciable del derecho de autodeterminación y a las acciones unilaterales de carácter democrático y pacífico que correspondan cuando se hayan agotado todas las vías e intentos de solución negociada”. Puigdemont no ha querido dar una fecha concreta de su vuelta a España aunque en su entorno dejaron claro que no se presentaría a las elecciones generales del 29 de noviembre.

“Pretender que vivimos en normalidad, reencuentro y concordia es mentir, es insultar el sufrimiento de tantas personas que, de cerca o de lejos, sufren las consecuencias de la represión en sus vidas”, ha asegurado el presidente de Junts. El mensaje es un claro señalamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que argumentó durante la mañana que la aplicación de la amnistía “ayuda a la sociedad catalana a mirar hacia adelante, aprender de los errores y avanzar. No lo hicimos pensando en un partido político ni en un político independentista. Lo hicimos pensando en la convivencia entre catalanes”. Sánchez recordó que defendieron “los indultos y la ley de amnistía. Y ahora Tanto el Constitucional como el Tribunal de Justicia de la UE han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía”, que va a acabar con “un sentimiento transversal de indignación” que había en Catalunya por las condenas a los líderes independentistas que organizaron el referéndum del 1 de octubre.

Puigdemont ha apuntado que la sentencia del Constitucional “obliga a poner fin a la etapa de represión política que venimos sufriendo desde hace más de nueve años por haber votado por la independencia” de Catalunya. El expresidente de la Generalitat ha realizado esta declaración institucional en Waterloo (Bélgica) tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que ha abierto la puerta para que pueda volver a España, cuando se van a cumplir nueve años de su huida para evitar la acción de la justicia tras la declaración unilateral de independencia cuando era president de la Generalitat de Catalunya en 2017.

Arropado por los exconsellers de su Gobierno, Toni Comín y Lluís Puig, Puigdemont ha hecho estas declaraciones en la conocida como Casa de la República, en la localidad belga de Waterloo, donde ha vivido en los últimos nueve años desde que dejó España para evitar la acción de la justicia española. Este 27 de octubre se cumple el noveno aniversario de la declaración unilateral de independencia que se aprobó por votación secreta en el Parlamento de Catalunya.

“Consecuencias personales, familiares, sociales y políticas”

El presidente de Junts ha señalado que pese al “fracaso de la estrategia para extraditarnos y para hacernos comparecer ante los jueces españoles, a pesar de que hoy es clara la derrota de los poderes públicos españoles, nueve años de represión han tenido consecuencias en todos los planos, tanto personal y familiar como social y político”.

“Hemos tenido que afrontar todas las campañas electorales en una clara desigualdad de condiciones o en condiciones de grave anormalidad que ha acabado teniendo consecuencias en los resultados electorales”, ha subrayado el presidente de Junts.

A pesar de estas consecuencias, Puigdemont ha querido también enviar un mensaje de agradecimiento porque hoy era “un dia muy especial para nuestras familias, para nuestros amigos, y para toda la gente que de manera incansable nos ha acompañado y nos acompaña desde el primer día.

Si sobre las 12 del mediodía se sabía que la mayoría progresista del Tribunal Constitucional había aprobado una sentencia que amnistía el delito de malversación atribuido a la exconsellera catalana Dolors Bassa y que abría la puerta al regreso próximo de Carles Puigdemont a España, solo media hora después el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, levantaba la orden de detención que pesaba sobre Puigdemont.

El magistrado instructor no ha esperado ni a que el Constitucional notifique su sentencia y ha aplicado el criterio del tribunal de garantías, lo que facilita que el expresident catalán pueda volver a España en cualquier momento. La medida de Llarena también afecta a Toni Común y Lluís Puig, cuyas órdenes nacionales de búsqueda y captura quedan levantadas.

El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la ley navarra de vivienda que blinda de forma permanente la calificación de las VPO de alquiler. La norma fue aprobada por el Parlamento foral en junio para impedir que 2.248 viviendas protegidas pierdan su calificación, que está próxima a vencer tras pasar 21 años desde su construcción.

“La ley navarra vulnera claramente la seguridad jurídica, y si no hay seguridad jurídica no se va a construir una sola vivienda en la comunidad foral. Ya los navarros están pagando de manera dramática las consecuencias de una política de vivienda sectaria e intervencionista que está practicando María Chivite, que es exactamente la misma que Pedro Sánchez está practicando a nivel nacional”, ha asegurado este el presidente de la gestora del PP de Navarra, Sergio Sayas. Navarra, donde los precios de los alquileres están topados en 21 municipios, es de las comunidades donde menos ha subido el precio de la vivienda.

Desde el Gobierno de Navarra han defendido la legalidad de la norma aprobada en el Parlamento navarro, que fue avalada “por informes jurídicos rigurosos y por jurisprudencia consolidada”. La consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha afeado al PP que pretenda dar “inseguridad jurídica” a las familias que residen en esas viviendas que iban a perder su calificación y que se han visto “beneficiadas” por la nueva ley.

Alfaro ha anunciado que si el Constitucional admite el recurso, el Gobierno de Navarra se personará para “defender a las familias”. “Ya le dejamos al Partido Popular la defensa de los buitres”, ha dicho para apostillar: “Si forma parte de una estrategia electoralista, será todavía más ruin”. El PP ha presentado el recurso un día después de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre y en pleno debate por los decretos de vivienda.

De las 2.248 viviendas de alquiler cuya calificación fue blindada con la nueva ley navarra, 123 la perderían en febrero del 2027 y otras 67 en agosto de ese mismo año. Según fuentes del Gobierno de Navarra consultadas, si el Constitucional adoptase como medida cautelar la suspensión de la norma a la espera de estudiar el recurso, esas viviendas se podrían ver afectadas por la pérdida de la calificación, si bien confían en que los magistrados no adopten esa medida.