La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia de los abogados de Carles Puigdemont para que se abra un procedimiento de infracción contra España por el supuesto incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley española de Amnistía. La institución europea ha señalado que “corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia”, negándose a hacer más comentarios sobre la denuncia de Puigdemont.

En un escueto comunicado, Bruselas apunta que “cuando se presentan denuncias se tramitan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión. Tras su recepción, las denuncias son examinadas, registradas y evaluadas antes de que se adopte una decisión. En esta fase no tenemos más comentarios que añadir”. El organismo explica que desde la recepción de la denuncia hasta la adopción de una decisión puede pasar hasta un año.

La respuesta oficial de la institución europea es parecida a la que ya dio del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, que dijo el pasado viernes que “ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la Ley de Amnistía. McGrath entonces recalcó que “la Comisión siempre respeta y acata las sentencias del Tribunal de Justicia, y por tanto tomamos nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal, incluida la relativa a la ley de amnistía española. Ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Seguiremos de cerca este asunto”.

Hace un año, la Comisión Europea puso en duda la norma española al declarar que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión” en su respuesta a las prejudiciales que mandó al TJUE a instancias del Tribunal de Cuentas.

Denuncia de Puigdemont

Puigdemont denunció a España ante la institución comunitaria por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

El pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma española y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, que además define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia del TJUE no tiene efectos inmediatos para Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que quedaron excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía porque el instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena en el Tribunal Supremo determinaron que se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que todavía tiene que dictar sentencia.

Sin embargo, la sentencia del TJUE es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio. El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

No deja de resultar asombroso cómo el calendario judicial de julio, con su sol de plomo y sus tardes de modorra, se las apaña siempre para desmontar las tramoyas más solemnes de nuestra política patria. Contemplamos estos días a don Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y autoproclamado guardián del Santo Grial de la ortodoxia constitucional, con la melancolía con la que se mira a esos hidalgos que, tras pasar años puliendo una armadura herrumbrosa, descubren que el torneo ha sido cancelado por falta de contendientes y, lo que es peor, por desinterés del público.

Durante meses, el bueno de don Emiliano ha recorrido los platós de televisión y los salones de Toledo con el gesto adusto del profeta que vislumbra el apocalipsis en cada enmienda parlamentaria. Su argumento era tan sencillo como efectista: la amnistía no era una medida de gracia para desatascar un conflicto político, sino una traición imperdonable, una bofetada a la igualdad de los españoles y, en definitiva, el fin de los días de la patria hispana. Se erigió en el único socialista con coraje para frenar la deriva sanchista, el Robin Hood de las esencias patrias que acudiría a los tribunales a desfacer el entuerto. Y, sin embargo, la realidad, que es una burócrata fría y carente de épica, le ha devuelto los papeles sin ni siquiera habérselos sellados.

Primero fue el Tribunal Constitucional, hace apenas unos días, el que despachó su recurso con la indiferencia con la que un bedel desestima una queja fuera de plazo. Pero el golpe de gracia ha llegado hoy mismo de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde Luxemburgo, unos señores con toga y sin especial apego a las tertulias madrileñas han dictaminado que la amnistía encaja perfectamente en las costuras del derecho comunitario. No hay drama, no hay quiebra de la civilización occidental, no hay fondos europeos en peligro. Solo hay política. Don Emiliano ha descubierto, a golpe de sentencia, que la justicia que él invocaba como escudo no comparte su visión melodramática de la existencia.

Para quienes intentamos analizar la realidad desde una óptica progresista, el caso de García-Page es el vivo retrato de una izquierda que se extravía cuando confunde rigor con punitivismo. Su error de cálculo no ha sido solo jurídico, sino fundamentalmente intelectual. Empezando por lo que se puede calificar como igualdad mal entendida, don Emiliano ha defendido una igualdad de cuartel, donde la ley solo sirve para castigar de manera uniforme, olvidando que la verdadera función del derecho en democracia es resolver los problemas de la convivencia, no cronificarlos.

Además, don Emiliano ha practicado el flirteo con el adversario, porque al adoptar el lenguaje y las tesis de la derecha más cerril, ha debido pensar que ganaba centralidad, aunque lo que ha conseguido es quedarse en tierra de nadie, y hoy es demasiado tibio para la oposición, y demasiado desleal para sus propias filas. Y como ultimo error, tenemos el de creer en el fetiche judicial, puesto que confiar la acción política exclusivamente a los tribunales es un juego peligroso. Cuando la judicatura te quita la razón de manera tan contundente, te quedas no solo sin argumentos jurídicos, sino también sin discurso político.

¿Qué le queda ahora al presidente castellanomanchego en este asunto? Le queda el regreso al palacio de Fuensalida, a la rutina de las inauguraciones de rotondas y las declaraciones de consumo interno. El problema de vestirse de salvador de la patria es que, cuando la tormenta escampa y el cielo se queda azul, el paraguas gigante que hace un momento sostenías con tanto esfuerzo se convierte en un artefacto ridículo.

La amnistía sigue su curso, Catalunya ensaya una nueva normalidad y Europa bosteza ante lo que nos dibujaron como los temores de la meseta. Don Emiliano se ha quedado sin recurso, sin el aval de Luxemburgo y, lo que es más grave para un político de su fuste, sin razón. Siempre nos quedará la duda de si, en el fondo de su corazón, no añorará aquellos días en que se creía el último baluarte de la sensatez, antes de que el TC y el TJUE le explicaran, con la paciencia que se le tiene a los niños tercos, que el mundo real funciona de otra manera.

Las últimas temporadas del procés están lejos de congregar las multitudes de sus inicios. Pero como todo, su final se acerca: en otoño el Tribunal Constitucional decidirá si corrige al Tribunal Supremo y le obliga a amnistiar al expresident Carles Puigdemont. La sentencia de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio.

El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

Lejos de la dureza y las consideraciones políticas del Supremo, el PP o la Comisión Europea para criticar la amnistía, el TJUE y el Constitucional comparten un lenguaje sosegado. Ambas instancias sitúan la norma en el objetivo de “reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Catalunya y facilitar un escenario de reconciliación”, en línea con el preámbulo de la ley aprobada en 2024.

La vuelta sin riesgo de detención de Puigdemont y la rehabilitación de Oriol Junqueras para presentarse como candidato a las elecciones son el cierre esperado a casi una década de conflicto político y judicial. La materialización de la amnistía se producirá con el independentismo en mínimos en el Parlament, con un problema en forma de auge de su extrema derecha, y sin visos de intentar echar un pulso al Estado próximamente.

Pese a la claridad de la norma (aspecto destacado por Luxemburgo), el Supremo encabezó las maniobras judiciales para que la crisis no se cerrara: mientras la mayoría de jueces amnistiaba sin ruido a policías y manifestantes, el Alto Tribunal fabricó una interpretación sobre la malversación para excluir de la ley a Puigdemont y Junqueras, sus dos primeros potenciales beneficiarios.

Los casos concretos que debe examinar a la vuelta del verano el Constitucional corresponden a las peticiones de amparo de Puigdemont, Junqueras y el resto de exconsellers no amnistiados contra la decisión del Supremo.

El tribunal de garantías ya ha respaldado la amnistía en líneas generales al rechazar los recursos de las autonomías del PP, Castilla La Mancha (PSOE) y las cuestiones de inconstitucionalidad del Supremo o el TSJ catalán. Ahora se adentra en los recursos más conflictivos.

Tradicionalmente, el Supremo no se ha tomado bien que el Constitucional le enmendara la plana. Los partidarios de la norma han trasladado este jueves la presión al Alto Tribunal. “El horizonte para la plena aplicación de la ley queda despejado”, ha declarado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El president de la Generalitat, Salvador Illa, y Puigdemont y Junqueras también han apremiado a los tribunales nacionales a no dilatar más la materialización de la norma.

En círculos independentistas prefieren no apostar, vistos los antecedentes del Alto Tribunal con el procés, aunque el sentimiento general es de confianza. La rotundidad de la sentencia del TJUE, argumentan, desactiva cualquier eventual maniobra del Supremo para mantener excluidos de la ley a los líderes de Junts y ERC.

En los centros de mando independentistas se ha subrayado en rojo un apartado de la sentencia del TJUE, que expertos independientes también han destacado. Se trata del punto 119, que insta a los tribunales nacionales que plantearon sus dudas (la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas) a archivar los casos, sin más dilaciones.

“La obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía”, reza la resolución del TJUE. En otras palabras: Luxemburgo no deja margen de maniobra a los tribunales españoles para no aplicar la norma.

En el optimismo independentista también pesa la valoración del final de la legislatura y de los numerosos casos judiciales que cercan al Gobierno, que han dejado en un segundo plano la crisis soberanista. Puigdemont ha sido el objetivo fallido del Supremo durante casi diez años. La amnistía provocó manifestaciones inéditas de togados. Ahora el foco judicial ha virado y mira a La Moncloa.

La ley de amnistía dio un trato “ostensiblemente privilegiado” a los independentistas catalanes y no era “idónea” para alcanzar la convivencia y dejar atrás el procés. Así se expresó el Tribunal Supremo en un durísimo auto de 2024 contra una norma recién aprobada y que provocó manifestaciones inéditas de magistrados vestidos con toga ante las sedes judiciales.

Durante toda su tramitación, la propuesta sufrió una ofensiva parlamentaria y en la calle por parte del PP, que ahora llama a “pasar página” del procés en vista a eventuales acuerdos con Junts, pero impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional.

Dos años después, el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al olvido penal del procés no se limita a un visto bueno jurídico. También se desmarca del relato contrario a la ley que alcanzó hasta al abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, quien llegó a tildar la ley de “autoamnistía”, en referencia al apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Estas son las claves de la sentencia:

La amnistía, una vía correcta

Sin trufar el texto de adjetivos ni frases subordinadas, el TJUE respalda la ley y sus objetivos. Remarcan los jueces europeos que la norma fue aprobada “para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación”, algo que, recuerdan, está dentro de la competencia de cualquier Estado Miembro de la UE.

Durante la vista del caso, el abogado la Comisión Europea negó que la ley respondiera al “interés general” al formar parte del acuerdo político para la investidura de Sánchez. En otra de sus resoluciones, la Sala de lo Penal del Supremo también consideró que había un “vínculo inseparable” entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura.

El TJUE se aparta de estas argumentaciones. El “objetivo de reconciliación nacional o la búsqueda de un compromiso político” detrás de la amnistía, dice la sentencia de este jueves, pasa por “no enjuiciar ciertos hechos determinados, incluso constitutivos de delitos graves”.

En suma, los jueces de Luxemburgo no respaldan que la amnistía sea un cambio de cromos para la investidura, sino que la conciben como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor”.

Sin margen para postergar la amnistía a los CDR y los gastos del 1-O

Uno de los puntos de la sentencia que el independentismo aguardaba era el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo podrían dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía. La respuesta es diáfana: ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal de Cuentas (las dos instancias que enviaron cuestiones prejudiciales) pueden demorar la aplicación de la amnistía a los casos de los CDR acusados de terrorismo y a los exaltos cargos encausdos por los gastos del 1-O.

Ahí la Comisión Europea obtiene otra derrota, pues había abogado por que la última palabra para determinar si la ley es demasiado “amplia o vaga” correspondía a los tribunales nacionales.

En cambio, el TJUE destaca que “la obligación” de los tribunales de archivar los casos que entran en la ley “es consustancial al principio mismo de la amnistía”. “Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluirlo con una resolución de extinción de la responsabilidad”, asevera la sentencia.

La norma acota tiempo y conductas

La resolución del TJUE recuerda que una ley como la de amnistía “se aparta de las normas jurídicas ordinarias”. Sus objetivos son excepcionales: detener los procedimientos judiciales y no ejecutar las penas ya impuestas.

Otra de las tachas que ponían los contrarios a la norma era su excesiva ambigüedad para permitir mayores beneficiarios de la misma. El TJUE descarta esta crítica, y remarca que la ley no presenta deficiencias técnicas. La norma, inciden los magistrados de Luxemburgo, “determina de manera objetiva y abstracta, conforme a los propios términos usados en su preámbulo, el ámbito de aplicación” y los beneficiarios y excluidos de la norma, limitada a los hechos que ocurrieron durante el proceso soberanista catalán entre 2011 y 2023

No hay peligro para el sistema judicial

La ley “circunscribe” su ámbito de aplicación a “la resolución del conflicto político en torno al proceso independentista catalán”. Al estar bien acotada en tiempo y conductas, los jueces europeos niegan que la amnistía “pueda generar problemas de tal envergadura que presenten carácter sistémico capaces de comprometer el buen funcionamiento del sistema judicial nacional”.

No se quiebra la igualdad ni la seguridad jurídica

Que la ley no fije “con detalle” el umbral de gravedad de los actos excluidos de la norma (como las violaciones graves de derechos humanos en actos de terrorismo) “no quebranta las exigencias del principio de seguridad jurídica”, señala la sentencia del TJUE sobre el caso de los CDR de la Audiencia Nacional, los principales beneficiarios del fallo de este jueves.

La ley de amnistía tampoco vulnera el principio de igualdad de trato ante la ley debido al “exclusivo contexto” en el que se aprueba, lo que hace que no sea “comparable” con otras situaciones, argumentan los magistrados de Luxemburgo. La norma tampoco “menoscaba” la Directiva Europea contra el terrorismo.

Sin afectar al presupuesto de la Unión

La negativa del Supremo a amnistiar la malversación y la duda enviada a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas versaba sobre la afectación de los gastos del procés en los intereses financieros de la Unión Europea.

El TJUE también es rotundo en negar esta tesis: “No puede apreciarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la Renta Nacional Bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y ha eliminado los últimos obstáculos para que todos los políticos y activistas encausados en el marco del procés puedan acogerse a la norma, como ya lo han hecho unas 300 personas. Sin embargo, la sentencia de este jueves no tendrá unos efectos inmediatos para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que deberán esperar a la resolución de los tribunales españoles.

Los de Puigdemont y Junqueras son los casos icónicos de la amnistía, por su gran trascendencia política. El Supremo negó a ambos representantes políticos la posibilidad de acogerse a la amnistía con una argumentación novedosa en siete años de procedimiento judicial y que rechazaron dos magistradas del propio tribunal.

El instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena determinaron que el expresident y los exconsellers debían quedar excluidos de la norma porque se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que se pronunciará, según se espera, en otoño.

Será entonces, y a la espera de si el Supremo da una última vuelta de tuerca e intenta un nuevo movimiento para sortear al Constitucional e impedir la amnistía a Puigdemont y frustrar su retorno, cuando la amnistía se habrá aplicado por completo.

Las prejudiciales enviadas por el Tribunal de Cuentas y otros tribunales al TJUE no versaban exactamente sobre la argumentación del Supremo, pero sí suponen un respaldo casi total al conjunto de la ley y refuerza al TC para dar amparo a los independentistas.

Por esta razón, después de escuchar al Tribunal europeo, Puigdemont, Junqueras y otra decena de exmiembros del Govern, deberán esperar a dos tribunales más: el Constitucional, que puede dejar muy determinada la aplicación de la amnistía, y de nuevo el propio tribunal sentenciador, es decir, el Supremo, que sería en todo caso el responsable de aplicar la medida del olvido penal, si así lo determinara el Constitucional.

Los beneficiados inmediatos: CDR y exaltos cargos

Los beneficiarios directos y más inmediatos de la decisión del TJUE son los 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos, y los 13 activistas de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en la causa por terrorismo de la Audiencia Nacional.

El aval rotundo de Luxemburgo a la norma no deja margen de maniobra al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia Nacional para amnistiar a los encausados, pese a las dudas que mostraron ambos tribunales al enviar sus cuestiones prejudiciales. Las defensas de los activistas de los CDR ya han reclamado a la Audiencia Nacional que aplique el olvido penal “de inmediato”.

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado la norma y ha descartado que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles.

El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, ha leído en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia supone un respaldo a la amnistía como forma de resolver el problema político y judicial que supuso el procés, y tan solo cuestiona dos aspectos menores y ya superados de la norma: la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE en 2024) y retirar toda medida cautelar mientras el TJUE resuelva una eventual cuestión prejudicial.

La resolución va en la línea de las conclusiones del abogado general del TJUE, una figura jurídica que orienta al tribunal, y que apoyó la legalidad de la amnistía al enmarcarla en “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

El fallo del TJUE desbarata una de las vías que encontraron algunos togados para oponerse a la norma. La mayoría de juzgados aplicó la amnistía (hay más de 300 beneficiados por la norma), pero una minoría se resistió a hacerlo en los casos más sensibles para los independentistas.

El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional optaron por enviar al TJUE en 2024 los casos de los gastos del 1-O y la acusación por terrorismo contra los Comités de Defensa de la República (CDR) con el objetivo de que Luxemburgo respaldara excluirlos de la amnistía. A ellos se sumaron el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Luxemburgo rechaza, tal y como sí mantenía el Tribunal de Cuentas, que los intereses financieros de la Unión “se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”.

En el caso del terrorismo, los jueces europeos destacan que ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea, ya que el olvido penal del procés excluye expresamente aquellos delitos de terrorismo que causaran graves violaciones de derechos humanos y daños físicos (algo que no ocurrió en el caso de los CDR).

Ahora los jueces nacionales están obligados a amnistiar a los encausados, una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por los gastos del procés y 13 activistas de los CDR acusados de terrorismo. Son los principales beneficiaros de la sentencia de este jueves.

Distinto es el caso de los dos protagonistas del procés. El Supremo optó directamente por negar la amnistía a los dos principales candidatos de la misma, el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Su caso depende de que el Constitucional corrija al Supremo. Esto ocurrirá a la vuelta del verano, si bien el fallo de Luxemburgo es un espaldarazo al tribunal de garantías ante una de sus resoluciones más decisivas.

En suma, para el retorno definitivo de Puigdemont (y la rehabilitación de Junqueras para presentarse a las elecciones) habrá que esperar por lo menos hasta otoño.

El Supremo tomó la delantera contra la amnistía mediante una argumentación particular que fue criticada por dos magistradas. El Alto Tribunal dejó la malversación fuera de la aplicación de la ley porque, a su juicio, supuso un beneficio personal para sus impulsores al no financiar de su bolsillo el referéndum y porque ponía en riesgo la aportación de España a la Unión Europea. El TJUE desmiente este último extremo y descarta que el procés pusiera en riesgo los intereses financieros de la Unión.

La respuesta del Gobierno a la derogación de las leyes de memoria histórica autonómicas suma un nuevo capítulo. El Consejo de Ministros tiene previsto acordar en la reunión de este martes el recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de concordia de Extremadura, aprobada por PP y Vox el pasado octubre. En línea con la estrategia que ha desplegado contra otras comunidades que han hecho lo mismo, el Ejecutivo recurre a los magistrados para intentar paralizar una ofensiva que comenzó en Aragón en una fecha tan significativa como el 20 de noviembre de 2023, aniversario de la muerte de Franco.

Entonces, las derechas iniciaron la derogación de las leyes autonómicas de memoria y, en muchos casos, su sustitución por las llamadas leyes de concordia, un concepto tras el que reproducen el argumentario revisionista de la extrema derecha y apelan a la “reconciliación” entre españoles. Los pasos atrás consumados en esta materia fueron una de las medidas estrella de los pactos de gobierno de 2023 como exigencia de Vox a cambio de hacer presidentes a varios líderes del PP y se han convertido en moneda de cambio.

En el caso extremeño, la derogación se hizo efectiva el 9 de octubre de 2025 como último pago del PP de María Guardiola a la extrema derecha. Según ha podido saber elDiario.es, el Gobierno interpone ahora el recurso tras culminar el paso previo de negociación en la Comisión Bilateral obligatoria en estos casos y, como en otras ocasiones, reclama la suspensión cautelar mientras el Tribunal Constitucional resuelve. Hace escasos días, el tribunal admitió a trámite el recurso contra la supresión de la memoria en Baleares, con la consiguiente paralización cautelar.

Fuentes del Ejecutivo apuntan a que “existen motivos suficientes de inconstitucionalidad” en la anulación de la ley extremeña por dos motivos: “vulneración de derechos fundamentales” y también “diferencias competenciales” entre el Estado y la comunidad autónoma. “La ley [de concordia] podría vulnerar la dignidad y los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista porque limita sus derechos, especialmente el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, reconocidos por el Derecho Internacional”, apuntan las mismas fuentes.

El Gobierno recuerda que la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 es una norma de rango estatal que establece “el deber de memoria” a todas las administraciones, incluidas las autonomías. En este sentido, sostiene que la nueva ley extremeña “reduce la protección de los derechos reconocidos” por la legislación nacional y las normas internacionales y que, al derogar la de memoria histórica, hace desaparecer “los órganos y mecanismos necesarios para aplicar muchas de las actuaciones en favor de las víctimas”.

El recurso se suma así a la batería de impugnaciones impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a medida que los gobiernos de PP y Vox han ido desmantelando o reemplazando sus leyes de memoria. Tras Aragón, llegó el turno la Comunitat Valenciana, que aprobó la ley de concordia en un debate en el que el entonces president, Carlos Mazón, recurrió a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, para justificarla. Posteriormente el PP de Cantabria se apoyó en Vox para fulminar la ley y cumplir así una promesa electoral propia. La última en hacerlo fue Balears, donde las derechas evocaron a “los asesinados por las hordas rojas” para justificar la decisión.

Una ley que empieza en 1931

En Extremadura, la presidenta María Guardiola había dilatado la decisión frente a la exigencia de Vox por considerar que la extrema derecha pretendía “negar, olvidar y reinterpretar la historia”, pero la popular cambió de opinión cuando el apoyo de los diputados de los de Santiago Abascal fue indispensable para aprobar una rebaja fiscal. Entonces, ambas formaciones registraron un proyecto de ley conjunto que fue aprobado menos de un mes antes de que Guardiola adelantara las elecciones.

Ya sea dejando a las comunidades sin ley o sustituyéndolas por una “de concordia”, tras estas decisiones hay una narrativa que sostiene que la memoria histórica “provoca división y resentimiento” entre españoles. La norma aprobada en Extremadura —y recurrida ahora por el Gobierno— evita condenar el franquismo y lo equipara con la Segunda República, además de adelantar intencionadamente el marco temporal de aplicación y situarlo en 1931 y no en 1936, fecha del golpe de Estado e inicio de la Guerra Civil. Además, incluye a las víctimas del terrorismo perpetrado por “minorías violentas”, según reza el texto.

En ningún momento la ley nombra la sublevación franquista ni la palabra dictadura, sino que alude a un “clima de inestabilidad” y de “exclusión del adversario” durante la Segunda República que provocó que “la conversación pública saltara por los aires entre 1931 y 1936”. Sin mencionar el golpe, el texto prosigue y hace un salto hacia la Guerra Civil, que asegura: “Llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”. La norma solo alude al franquismo para afirmar que “nunca ha habido un relato consensuado” sobre el mismo, a pesar de que la historiografía no duda de la enorme escala de represión sistemática que marcó la dictadura.

La amnistía fue el pegamento que en 2023 permitió a Pedro Sánchez armar la mayoría para conservar la presidencia del Gobierno. Tres años después, la norma de olvido penal del procés conocerá el resultado de su examen más decisivo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emite este jueves su fallo sobre la norma.

El independentismo espera que la sentencia del TJUE sea el primer movimiento para deshacer el nudo en el que se ha convertido la materialización de la amnistía a los líderes del procés, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a causa de la negativa del Tribunal Supremo a aplicarla. El líder de Junts cumplirá nueve años en Bélgica en octubre, con el único paréntesis de su aparición y fuga en Barcelona de agosto de 2024.

Aunque formalmente el TJUE no ha examinado el caso de Puigdemont y Junqueras del Alto Tribunal, un aval de los jueces de Luxemburgo a la norma pondría en bandeja al Tribunal Constitucional español, que ya ha respaldado la ley en líneas generales, anular la negativa del Supremo a amnistiar a los líderes soberanistas.

Como en casi todo el mapa judicial del procés, hay que tener en cuenta varios planos:

Qué resolverá el TJUE este jueves

Los jueces de Luxemburgo responderán a las cuestiones prejudiciales que le enviaron cuatro juzgados españoles. Las más destacadas fueron las remitidas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Las dos instancias consideran que la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera la directiva europea de lucha contra el terrorismo.

El abogado general, una figura del TJUE que da a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo, avaló el grueso de la ley y rechazó los principales argumentos de la Comisión Europea, que se alineó con el PP, contra la norma. Sus conclusiones no son vinculantes, pero guían al TJUE en la redacción de la sentencia.

Lejos de tildarla de “autoamnistía”, como hizo el abogado de la Comisión en referencia al apoyo de los independentistas a la investidura de Sánchez, el abogado general concluyó que la medida de gracia encajaba en la normativa europea.

Al entrar al detalle de la ley, el abogado general la consideró “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación” y rechazó que buscara “proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales”.

Qué pasará en España... y en el Supremo

Los efectos prácticos más evidentes en España recaerán en los tribunales que enviaron las cuestiones prejudiciales: si el TJUE avala la norma en línea con el abogado general, el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional tendrán que absolver a la treintena de expolíticos y altos cargos del Govern por los gastos del 1-O y a los 12 CDR acusados de terrorismo, pues las resoluciones de Luxemburgo son de obligado cumplimiento para los juzgados nacionales.

Lo mismo ocurre con los otros dos tribunales que plantearon sus dudas al TJUE: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con los exaltos cargos de Economía Lluís Salvadó y Josep Maria Jové por los preparativos del 1-O y un juzgado de Vilanova de un ciudadano acusado de desobediencia.

Lo del Supremo con Puigdemont y Junqueras es distinto. El Alto Tribunal encabezó la negativa judicial a aplicar la amnistía. Mientras la gran mayoría de juzgados catalanes archivaban sin ruido las causas (afectaran a policías o a independentistas), tanto el juez Llarena como el tribunal presidido por Manuel Marchena rechazaron perdonar a Puigdemont, Junqueras y el resto de consellers.

Los dirigentes independentistas recurrieron la negativa del Supremo al Tribunal Constitucional. Su caso todavía no se ha estudiado, pues el tribunal de garantías ha priorizado resolver los recursos de las comunidades del PP y varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas desde varios tribunales. El aval a la norma ha sido casi total.

El espaldarazo del TJUE a la amnistía daría al Constitucional impulso para tomar una de las decisiones más delicadas de su historia reciente: deshacer la negativa del Supremo a amnistiar a Puigdemont, obligarle a aplicar la norma sobre el líder de Junts y retirar la orden de detención contra él vigente desde hace casi nueve años. El juez Llarena no la ha dejado sin efecto pese a los sucesivos reveses que ha recibido de tribunales europeos en sus intentos fallidos para extraditar al expresident.

La clave: el margen de maniobra de los jueces nacionales

Uno de los puntos a tener en cuenta de la sentencia será el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía. Si la sentencia se sitúa en los planteamientos del abogado general, los jueces españoles no podrán ignorar la norma. En cambio, si el fallo del TJUE apoya parte de la tesis de la Comisión, la última palabra para determinar si la ley es demasiado “amplia o vaga” en el caso de los CDR correspondería a la Audiencia Nacional, que ya anticipó su rechazo a amnistiarles.

Para saber qué ocurre con Puigdemont habrá que esperar a lo que diga el Constitucional y una eventual maniobra del Supremo para desoír al tribunal de garantías y mantener sin amnistía a los líderes del procés. En círculos independentistas no descartan una nueva pirueta del Alto Tribunal similar el argumento de que Puigdemont y sus consellers no pagaron el procés de su bolsillo, que sirvió para dejarles fuera del olvido penal.

La dinámica política ha cambiado respecto a 2024, cuando el Supremo se negó a amnistiar a Puigdemont: aunque con contestación interna en su partido, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abogó hace dos semanas por pasar página del procés después de encabezar en la calle y los tribunales la oposición a la amnistía, en vistas a posibles acuerdos con Junts tras las elecciones generales del año que viene.

En suma, con la sentencia de este jueves empieza el último capítulo para cerrar, de una vez por todas, una década de procés, rehabilitar por completo a sus líderes y permitir el regreso de Puigdemont a España sin riesgo de ser detenido. Siempre que el Supremo no quiera añadir un epílogo.

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha salido con un doble rapapolvo del intento de cuestión de inconstitucionalidad elevado al Tribunal Constitucional sobre un inciso de la normativa vasca de empleo público de 2022 que indica que “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico”. Por un lado, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, pidió inadmitir el debate porque el planteamiento de los jueces vascos sobre las exigencias de euskera era “notoriamente infundado”, al no estar en riesgo el castellano. Por otro lado, el auto de inadmisión a trámite, cuyo ponente ha sido el magistrado conservador Enrique Arnaldo, apunta que ni siquiera entrar en el fondo cambiaría nada sobre lo que debe resolver el Superior vasco, que es un recurso de Vox sobre la aplicación concreta de un decreto de 2024 que desarrollaba esa ley.

Así, el asunto se ha zanjado en la corte de garantías sin que el Constitucional avale o no avale la política lingüística vasca, como deslizó el Gobierno de Imanol Pradales en una primera reacción luego de que 'Gara' adelantase la decisión judicial, del 23 de junio y que no fue nunca hecha pública. Lo que se ha hecho es no admitir a trámite la cuestión de inconstitucional y acordar que no se analizará en ningún caso el artículo sobre la exigencia en “todos los puestos” de un perfil. Es más, el Superior queda ahora con las manos totalmente libres para seguir tramitando el recurso de Vox contra la “globalidad” del decreto de desarrollo de 2024.

El Constitucional afea la forma de proceder del Superior vasco al elevar un artículo sin una razón “concreta” para la resolución que luego ha de dictar. Dice textualmente el auto que “cabría la posibilidad de que aún desestimándose la cuestión y declarándose la constitucionalidad del precepto, dicho pronunciamiento no fuera relevante, en la medida en que el tribunal [Superior] podría declarar la nulidad de la totalidad del decreto 19/2024”.

Vox, el partido que instó el recurso inicial que dio pie a esta cuestión de inconstitucionalidad, ha hecho una interpretación 'sui generis' y asegura que un Constitucional “absolutamente politizado y escorado hacia la parte progresista” ha emitido un auto “esperable”. “⁠⁠Pedro Sánchez pone todas las instituciones del Estado al servicio de sus propios intereses y los de su partido, en este caso utiliza al Tribunal Constitucional para pagar y blindar el apoyo del PNV, para mantenerse en La Moncloa sea cual sea el precio que se le exija”, ha clamado la única parlamentaria vasca, Amaia Martínez Grisaleña, sobre la resolución redactada por Arnaldo, muy significado por su posición conservadora.

De su lado, el PSE-EE ha ironizado que quienes “hasta ayer denunciaban la ofensiva judicial contra el euskera, hoy encuentren motivos de satisfacción en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, en referencia a PNV y EH Bildu. El euskera es precisamente el gran punto de fricción actualmente entre los socialistas y sus socios de Gobierno el PNV. Y es que hace unas semanas se aprobó una reforma de esta misma ley de empleo público para blindar las exigencias de euskera. Lo hizo el PNV en solitario, aunque gracias a la abstención de EH Bildu. El PP deslizó que quiere llevar al Constitucional esos cambios, de modo que la pelota podría volver a la corte de garantías nuevamente.

El Tribunal Constitucional ha acordado no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad elevada por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación con las exigencias de euskera de la antigua redacción de la normativa autonómica de empleo público, de 2022. Según ha informado 'Gara' y ha comprobado este periódico, la decisión se adoptó el 23 de junio y no se había hecho pública.

El inciso recurrido decía que “todos los puestos de trabajo existentes en las administraciones públicas vascas, sus instituciones y organismos, incluidos aquellos de naturaleza temporal o coyuntural, tendrán asignado su correspondiente perfil lingüístico, determinado según las características y necesidades comunicativas atribuidas a dichos puestos de trabajo y a las destrezas lingüísticas exigibles a dicho fin”. Sin embargo, hace apenas unas semanas el Parlamento Vasco aprobó una reforma de esa ley de empleo público para modificar lo relativo a las exigencias idiomáticas precisamente por la judicialización de las convocatorias. Se eliminaron los índices generales para fijar el porcentaje de plazas perfiladas dando autonomía a cada institución convocante. Era una propuesta del PNV, el socio de Gobierno, el PSE-EE, la rechazó, pero salió adelante merced a la abstención de EH Bildu.

En una primera valoración, fuentes del Gobierno vasco han indicado sobre la resolución del Constitucional que “a falta de comunicación oficial” y “a la espera de conocer en profundidad la fundamentación jurídica del auto”, esta decisión del Tribunal Constitucional “viene a respaldar el modelo que las Administraciones vascas han construido durante años con amplios consensos”. “Se trata, por tanto, de una noticia positiva, ya que el modelo en su conjunto continúa quedando salvaguardado, al margen de los recursos presentados por el PP y Vox”, abundan. Los 'populares', en todo caso, manifestaron su deseo de recurrir la reforma recién aprobada.

Según el Ejecutivo, “la modificación aprobada recientemente en el Parlamento responde precisamente a la necesidad de ofrecer una solución a la inseguridad jurídica existente en relación con dichas convocatorias”. “La reforma aprobada establece tres criterios para determinar los perfiles lingüísticos con criterios de proporcionalidad. Estos criterios se inspiran en la doctrina y la jurisprudencia desarrolladas hasta la fecha en esta materia, la realidad sociolingüística, la naturaleza y funciones del puesto de trabajo, así como la planificación y los objetivos de normalización lingüística de cada administración y un modelo que ofrece mayores garantías para el conjunto de la ciudadanía”, opina el Gobierno de Imanol Pradales.

“Hoy contamos con una buena noticias: quedan preservadas las bases del modelo lingüístico de las administraciones públicas vascas; y además el Parlamento ha aprobado una modificación de ley para dotar de más seguridad jurídica sin más exigencias”, abundan estas fuentes oficiales.

Desde EH Bildu también lo ven como una “muy buena noticia”. “Es una muy buena noticia para quienes defendemos la igualdad refectiva del euskara y para quienes queremos avanzar en la normalización de nuestra lengua”, ha dicho el parlamentario Josu Aztiria. Sin embargo, a la vez entiende que “la ofensiva contra el euskara no ha cesado”. “Seguiremos trabajando para dotar a nuestra lengua nacional de un nuevo estatus”, compromete la coalición abertzale.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno de Castilla-La Mancha presentó en octubre de 2024 contra la Ley Orgánica aprobada meses antes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para la normalización institucional, política y social en Catalunya, denominada como 'Ley de Amnistía'.

La sentencia aplica la doctrina establecida en resoluciones anteriores del Tribunal, como la que avaló esta normativa del Gobierno de manera parcial y que ya resolvió las principales cuestiones de constitucionalidad planteadas respecto de la Ley de Amnistía.

En relación con la impugnación de la ley en su conjunto, la sentencia se remite a la doctrina conforme a la cual de la Constitución no se deriva una prohibición de amnistiar. Asimismo, recuerda que el legislador no incurrió en arbitrariedad al aprobar esta Ley y que, por tanto, “no vulnera la reserva de jurisdicción ni los principios de separación de poderes, solidaridad e igualdad territorial y seguridad jurídica”.

El Tribunal desestima igualmente la alegación que el Gobierno de Castilla-La Mancha hizo referente a que el Estado carezca de competencia para aprobar una ley de amnistía. La sentencia señala que los recurrentes “no suscitan una verdadera controversia competencial ni identifican competencia autonómica alguna que hubiera resultado vulnerada”, sino que reiteran la tesis de que la amnistía “solo podría incorporarse al ordenamiento mediante una previa reforma de la Constitución”.

Asimismo, rechaza que la ley vulnere las competencias que la Constitución atribuye al Rey y al Gobierno en materia de derecho de gracia.

No es “exigible” un acto del Rey refrendado por el Gobierno

Concretamente, la sentencia recuerda que la amnistía y el indulto son “instituciones distintas” y que, por su propia naturaleza, la amnistía solo puede ser establecida mediante una ley aprobada por el Parlamento, “sin que resulte exigible” un acto del Rey refrendado por el Gobierno para su concesión o aplicación.

El Tribunal también descarta que la ley “menoscabe” las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal. Razona que la imposibilidad de ejercer la acción penal respecto de los hechos amnistiados es “una consecuencia inherente a la extinción de la responsabilidad penal acordada por el legislador”,

El Gobierno castellanomanchego presentó este recurso de inconstitucionalidad en octubre de 2024 después de que en julio de ese mismo año el Consejo de Gobierno le diera luz verde, tras un informe del Consejo Consultivo a requerimiento del presidente regional.

Este es uno de los muchos frentes que Emiliano García-Page tiene abiertos con el Gobierno de Pedro Sánchez, que van desde una demanda judicial para exigir las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, hasta el modelo de financiación autonómica y la petición de elecciones generales anticipadas.

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado iniciar las negociaciones para intentar evitar que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) acabe en el Tribunal Constitucional. El acuerdo, publicado este lunes en el BOJA y en el BOE, abre formalmente la vía de diálogo prevista en la legislación para resolver las discrepancias detectadas por el Ejecutivo central antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Este paso da continuidad al procedimiento activado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de mayo, cuando inició los trámites para impugnar la norma impulsada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, como adelantó entonces elDiario.es. En un informe jurídico previo al recurso, el Ministerio de Política Territorial apreciaba posibles “injerencias” en la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y advertía de “incompatibilidades constitucionales” en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza.

La publicación del acuerdo se ha producido al día siguiente de la toma de posesión de Moreno como presidente de la Junta tras su pacto de gobierno con Vox. No obstante, fuentes de la Consejería de Presidencia consultadas por este periódico señalan que el Ejecutivo andaluz continúa en funciones y sitúan la puesta en marcha de las conversaciones una vez se constituya el nuevo Gobierno, previsiblemente el próximo jueves o viernes.

La vía para evitar el recurso

El acuerdo publicado este lunes es el paso previo a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Antes de impugnar la ley en cuestión, el Estado y la comunidad autónoma afectada deben abrir un proceso de negociación para tratar de “resolver las discrepancias” detectadas. Para ello, el procedimiento contempla la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación, el órgano de negociación entre ambas administraciones.

En este caso, las conversaciones se centrarán en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza, aprobada el pasado mes de febrero con el voto en solitario del PP y el rechazo de toda la oposición. Se trata de los mismos preceptos recogidos en el informe jurídico elaborado por el Ministerio de Política Territorial previo al recurso, en el que advertía de que la norma podría incurrir en “injerencias” sobre la autonomía universitaria e invadir competencias exclusivas del Estado.

El acuerdo prevé ahora la constitución de un grupo de trabajo encargado de proponer “la solución que proceda” a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación. La negociación tiene de plazo hasta finales de diciembre, según fuentes de la Consejería de Presidencia. Hasta entonces, el Estado y la Junta tratarán de alcanzar un acuerdo que permita evitar la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional.

No sería la primera vez que ambas administraciones evitan la vía judicial mediante un acuerdo. En 2022, el Estado y la Junta alcanzaron un pacto sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), después de que el Gobierno andaluz aceptara modificar varios aspectos que el Ejecutivo central consideraba invasivos de competencias estatales.

Ley cuestionada también por los rectores

La LUPA ha sido una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Moreno, aunque desde su tramitación ha recibido fuertes críticas tanto de los sindicatos como de las diez universidades públicas andaluzas. Los rectores ya alertaron de que la ley rozaba lo inconstitucional y pusieron “en entredicho su legalidad”, aunque no recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional por carecer de competencias para ello, según el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva.

Con todo, los rectores denunciaron durante la tramitación parlamentaria que la norma incurría en “una injerencia injustificada de la administración pública en el ejercicio de la autonomía universitaria” y advirtieron de que “vulnera” artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En esa misma línea, el informe jurídico del Ministerio de Política Territorial analiza la LUPA y argumenta posibles incompatibilidades con la normativa estatal y con la Constitución Española.

Entre los preceptos cuestionados figuran algunas de las principales novedades de la ley impulsada por Moreno, como es el caso del requisito obligatorio de graduarse con un nivel B2 en inglés (artículo 13 de la LUPA) o los requisitos generales para la creación y reconocimiento de universidades (artículo 116). Cabe recordar que la ley andaluza otorga por primera vez capacidad de voto a las universidades privadas en el diseño del sistema académico andaluz a través de la nueva composición del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria –antiguo Consejo Andaluz de Universidades (CAU)–.

“Discrepancias” detectadas en la norma andaluza

El Ministerio también negociará el artículo que recoge la creación de una figura contractual (profesor ayudante no doctor) “no prevista en el catálogo tasado de la LOSU con posible invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia laboral”, así como la figura del interventor, al considerar que “restringe el acceso al puesto al cuerpo de interventores de cualquiera de las administraciones públicas, condicionado la autonomía organizativa y económica financiera universitaria sin cobertura en la LOSU, que no impone tal restricción”.

Hay discrepancia igualmente con el hecho de que la LUPA “obligue a las universidades y centros adscritos privados” a destinar “al menos” el 3 % de su presupuesto a becas y ayudas, “afectando a la autonomía económica y financiera y potencialmente alterando el esquema de la LOSU, que prevé el establecimiento del sistema de becas como facultad de cada universidad”, según sostiene la cartera que dirige Ángel Víctor Torres.

Las disposiciones adicionales sobre las que el Ejecutivo central muestra recelos son la segunda (referida a la Universidad Internacional de Andalucía, sobre la que tampoco ve claro su papel como coordinadora de las políticas de internacionalización), la undécima (conciertos entre universidades e instituciones sanitarias y docentes no universitarias) y la duodécima (convenios para la cotización del personal de las universidades).

El informe del Ministerio sostiene, en resumen, que la LUPA introduce una regulación excesivamente intervencionista, que limita la capacidad de autoorganización de las universidades públicas andaluzas. Por eso, “con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad”, propone reformar la norma, ya sea mediante una solución negociada o, en su defecto, impugnando judicialmente los artículos que puedan vulnerar el orden constitucional.

Ante este escenario, las universidades públicas andaluzas han optado por ser “lo más prudente” posible en la adaptación de sus estatutos a la nueva ley universitaria autonómica. El secretario general de la Universidad de Sevilla explicó al Consejo de Gobierno que el recurso del Ministerio coloca al sistema universitario público andaluz en una situación “inédita”, al tener la “obligación” de adaptarse en el plazo de un año a una ley “cuya constitucionalidad está cuestionada”. El proceso de negociación abierto entre el Gobierno central y la Junta conduce a las universidades, según el cargo de la US, a una situación de “incertidumbre jurídica”.

La Junta de Extremadura ha acordado este martes iniciar los trámites para recurrir el nuevo Plan Estatal de Vivienda por entender que este invade competencias exclusivas de la comunidad autónoma y por imponer unas condiciones económicas y de gestión que no comparte. Se trata de un acuerdo adoptado por el consejo de gobierno en su reunió semanal, aunque no se encontraba en el orden del día.

La portavoz del Ejecutivo extremeño y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha precisado que se ha determinado iniciar dos requerimientos previos a la interposición de dos recursos, uno ante el Tribunal Constitucional y otro ante la jurisdicción contencioso administrativa al entender que la comunidad “tiene competencia exclusiva en materia de vivienda”, por lo que no van a aceptar que les impongan decisiones que le corresponde tomar a la región.

Además, la portavoz ha denunciado que el reparto económico que establece el citado plan estatal “es claramente desequilibrado”, ya que el Gobierno de España exige a las comunidades autónomas un esfuerzo financiero muy superior al que él asume. En ese sentido, ha precisado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incrementa su financiación 2,9 veces más de lo actual y obliga a Extremadura a multiplicar por siete su aportación, algo que consideran que “no es justo”.

Manzano ha precisado que de los 210 millones de euros que se establecen para Extremadura, esta tiene que poner 84 millones, “un esfuerzo económico con recursos propios que es absolutamente desproporcionado”.

Tras dejar clara que van a utilizar “todos los instrumentos legales previstos en el ordenamiento jurídico para combatir esta injusticia”, la portavoz de la Junta ha precisado que todo esto se hace “por lealtad, por la defensa incondicional de los intereses de nuestra comunidad autónoma y por responsabilidad institucional”.

A su juicio, la obligación recogida en el Plan Estatal de Vivienda de cofinanciar el 40% de todas y cada una de las actuaciones supone una imposición que invade las competencias autonómicas, mientras que la atención a zonas tensionadas hará que la aportación estatal a comunidades como Cataluña o el País Vasco “sea mucho mayor”.

Además, en el ámbito de la gestión, Manzano ha criticado que para cualquier actuación, las comunidades autónomas tendrán que contar con una autorización del Ministerio para su financiación, lo que supone, asimismo, una limitación a la autonomía financiera y política de Extremadura.

La Xunta de Galicia acaba de anunciar que presentará recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto de las zonas de aceleración de renovables porque considera que invade competencias autonómicas. Abre con ello otra batalla con el Gobierno central por cuestiones de competencias, que ya han acabado judicializadas en casos como la normativa eólica o la gestión del litoral. El presidente gallego ha justificado la decisión como una “defensa del autogobierno en un sector especialmente sensible”.

El Gobierno gallego sostiene que el Estado tiene competencias en legislación básica en este sector, pero que el desarrollo corresponde a las comunidades, según recoge el Estatuto de Autonomía. El real decreto, añadió, es “tan detallado” que, “en la práctica, no deja margen de maniobra a la Xunta” para determinar dónde se pueden instalar los aprovechamientos de energías renovables.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, compareció junto a Rueda para explicar la decisión y aseguró que la norma lleva a que solo se podrían hacer estas instalaciones en el 0,16% del territorio, de manera “totalmente dispersa y contraria a lo que pide la Comisión Europea, que pide tener zonas suficientes y amplias”. Vázquez volvió a hacer referencia a que Galicia es la comunidad que más ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años, sin citar que la explicación está en que cerraron las dos centrales térmicas que funcionaban en la comunidad.

Las zonas de aceleración de renovables son zonas que se consideran especialmente adecuadas para la instalación de estas explotaciones. Según el decreto que ahora recurre la Xunta, la idea es dar prioridad a suelos industriales, urbanizados o artificiales, áreas degradadas, vertederos, canteras y minas clausuradas o corredores e infraestructuras energéticas o de transporte que ya existen. Los proyectos que se desarrollen en estas zonas no tendrán que someterse a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario ni simplificado, aunque deben adoptarse antes medidas preventivas y mitigadoras. Sí será necesaria una evaluación ambiental estratégica de los planes por los que se designa alguna zona de aceleración de renovables.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad relativa a la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) al norte del Duero, lo que implica una rebaja en su nivel de protección. Según informan fuentes judiciales, el alto tribunal gallego plantea la cuestión con respecto a dos disposiciones de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y lo hace por la posible vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica; del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en relación con los derechos de participación pública y de acceso a la justicia en materia medioambiental; y del artículo 45 de la Constitución, en relación con el principio de actuación conforme a la mejor y más reciente evidencia científica y el principio de no regresión del estándar ambiental.

En un auto, el TSXG explica que la modificación sobre la protección del lobo se introdujo mediante enmiendas en una ley destinada a prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, por lo que no detecta una relación suficiente entre el objeto de dicha ley y la regulación del lobo, y ello plantea dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de homogeneidad y congruencia exigidos en el procedimiento legislativo.

Así, indica que “no se discute que, desde la perspectiva formal de la jerarquía normativa, una norma de rango de ley aprobada por las Cortes Generales tiene rango suficiente para aprobar una modificación del LESPRE”, pero advierte de que “desde la perspectiva material del control de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos no se puede obviar que, efectivamente, se ha prescindido de esos trámites administrativos reglados e informes técnicos preceptivos previstos en la regulación del procedimiento administrativo de modificación del LESPRE, utilizándose el rango normativo legal para conseguir su elusión”.

El TSXG explica que, en este caso, se habría utilizado una norma de rango legal para evitar los trámites, informes técnicos y evaluaciones científicas exigidos para modificar el LESPRE.

Los magistrados recalcan en su auto que “se produce una elusión singular del procedimiento administrativo para la exclusión de una población de fauna silvestre del LESPRE, sin una específica referencia motivada a la razón de dicha exclusión”. Estas circunstancias, según subrayan, “impiden a priori valorar cuáles son las concretas razones que avalarían que se haya prescindido del trámite legal y reglamentariamente dispuesto para abordar ese tipo de modificaciones del LESPRE, que incorpora trámites administrativos e informes técnicos específicos para garantizar que su modificación venga avalada por la mejor información científica disponible”.

“En suma, con la modificación del LESPRE cuestionada, el legislador ha asumido mediante una ley funciones que correspondían -y de hecho siguen correspondiendo- a la Administración General del Estado”, señala el tribunal, al tiempo que añade que “existen dudas de la legitimidad constitucional de esa decisión”, pues entiende que debería “basarse en criterios científicos y técnicos verificables con un procedimiento administrativo reglado e impuesto en el marco de las exigencias del derecho ambiental de la Unión Europea”.

Con respecto al posible impacto sobre la tutela judicial efectiva, el TSXG advierte de que “no solo se obvia la competencia y procedimiento administrativos establecidos por la normativa con carácter general como cauce para las modificaciones del LESPRE, sino que ello repercute en las posibilidades de impugnación de asociaciones de defensa del medio ambiente que quieran cuestionar esa rebaja en el nivel de protección de la especie”.

Además, hace referencia en la resolución a una posible vulneración del principio de no regresión ambiental, porque la rebaja del nivel de protección del lobo podría suponer una regresión en la protección ambiental sin una motivación suficiente ni una ponderación acreditada de los datos científicos disponibles.

Por lo tanto, el TSXG suspende provisionalmente las actuaciones del procedimiento contencioso-administrativo iniciado por dos asociaciones ecologistas contra la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad.

El futuro de Álvaro García Ortiz está ahora en manos de dos instancias diferentes: el Gobierno y el Tribunal Constitucional. El primero debe decidir si indulta parcialmente su condena de inhabilitación por la filtración de información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el criterio en contra del Tribunal Supremo y a favor de la Fiscalía. El segundo anunciará en las próximas semanas si admite o no a trámite su recurso de amparo contra la condena que le impuso la Sala de lo Penal. Ninguna de las dos gestiones, según fuentes del caso, quedará zanjada definitivamente a corto plazo y mientras tanto el ex fiscal general del Estado seguirá ejerciendo como representante del Ministerio Público ante la sala del Supremo que estudia cada año miles de pleitos laborales.

La petición de indulto, planteada por terceras personas y apoyada públicamente por la Unión Progresistas de Fiscales (UPF), llegó al Ministerio de Justicia a principios de este año, apenas dos meses después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la condena. Dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general además de una multa de 7.200 euros, la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador y a pagar 39.000 euros más al comisionista por lo que había tenido que gastarse en abogados durante el proceso.

Justicia puso la maquinaria habitual en funcionamiento a finales de enero. Pidió un informe al Tribunal Supremo, otro a la Fiscalía y al propio González Amador. Además, solicitó, como es obligatorio, un informe de conducta a la Delegación del Gobierno en Madrid. Este documento fue entregado a Justicia el 21 de abril, según fuentes conocedoras del caso. El resto han sido incorporados más recientemente al expediente que maneja el departamento de Félix Bolaños. Poco después llegó la opinión de la Fiscalía, que tras pedir la absolución de García Ortiz en el juicio solicitó al Gobierno que, al menos, la condena de inhabilitación que le quedaba por cumplir fuera conmutada.

En ese informe, la Fiscalía destacó que la condena a Álvaro García Ortiz había tenido “consecuencias extrapenales desproporcionadas”. Y aunque ya había dejado su puesto en la planta noble de la Fiscalía General, un indulto parcial permitiría al menos acortar los plazos para cancelar sus antecedentes penales, algo que sí tiene consecuencias, según la Fiscalía, “en la vida civil y desarrollo profesional”. García Ortiz no se benefició personalmente desde el punto de vista patrimonial, y su finalidad en todo ese asunto fue “preservar la reputación” del Ministerio Público frente a las noticias manipuladas que se publicaban sobre su actuación en el caso de fraude fiscal de González Amador.

La respuesta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido la esperada. Los mismos jueces que firmaron la condena de García Ortiz y le atribuyeron la filtración —a él o a “alguien de su entorno”— entienden que no debe ser indultado, ni total ni parcialmente. A nivel general, la Sala considera que no hay razones de “justicia, equidad o utilidad pública” para otorgarle la medida de gracia, los parámetros legales en los que se mueven este tipo de decisiones. En el detalle, los jueces entienden que fue condenado por “hechos graves” que afectaron a “la institucionalidad del Ministerio Público”. El Supremo también afirma que, en realidad, su condena de inhabilitación ha tenido “una consecuencia jurídica de escasa relevancia”.

La negativa del Tribunal Supremo era esperable, igual que la negativa de Alberto González Amador todavía por conocer, pero sí tiene consecuencias. La decisión final está en manos del Consejo de Ministros, pero un informe desfavorable de los jueces que sentenciaron el caso elimina la posibilidad de que reciba un indulto total, tal y como establece la normativa de la medida de gracia del año 1870. La Fiscalía, en cualquier caso, apoya un indulto parcial y no uno total. La concesión de un indulto sin el criterio favorable del tribunal sentenciador o de la Fiscalía es relativamente habitual: desde 2011, según los datos oficiales, la mitad de las medidas de gracia se ha concedido en contra de la opinión de los jueces o los fiscales. Una minoría del 5% se concedieron, incluso, con la oposición de ambos.

Una vez recabados todos esos informes, la petición de indulto y su expediente vuelven a manos del Ministerio de Justicia, que tendrá que elevar una propuesta al Consejo de Ministros para que tome una decisión final. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la tramitación y decisión final no va a ser inminente, por lo que su análisis en Justicia se va a solapar con el recorrido final del caso: los recursos ante el Tribunal Constitucional.

Dos recursos pendientes de admisión

El Tribunal Constitucional tiene dos recursos encima de la mesa contra la condena de Álvaro García Ortiz. El que presentó la Abogacía del Estado en su propio nombre y el que presentó también la Fiscalía, ambos pidiendo anular su condena por vulneración de sus derechos fundamentales. El Ministerio Público entiende que el ex fiscal general se limitó a “informar verazmente” del caso de González Amador con datos ya conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas”. El propio García Ortiz y la Abogacía sumaron críticas al Supremo por hacer “una valoración irracional y arbitraria de los indicios”.

Los dos recursos ya están en manos del Tribunal Constitucional, pero, tal y como pasa con el indulto, su resolución no va a ser cosa de unas pocas semanas. La impugnación de la Fiscalía está en manos de la progresista María Luisa Segoviano en la Sala Segunda, y la de la Abogacía del Estado con la conservadora Concepción Espejel como ponente en la Sala Primera. Esto significa que todavía quedan varios pasos por delante hasta que sus alegaciones sean estudiadas en profundidad y exista una hipotética sentencia sobre el fondo del asunto.

Esas Salas pueden decidir por sí mismas si admiten o no a trámite los recursos, pero lo normal es que sean llevados al pleno, lo que retrasaría ese primer filtro. Y después, como es habitual en el resto de casos que estudia el tribunal de garantías, quedarían por delante varios meses de estudio y deliberaciones, en caso de ser admitidos a trámite, antes de que exista una sentencia con efectos reales sobre su caso.

Toda esta tramitación no tendrá una gran incidencia en la vida profesional actual de Álvaro García Ortiz. La Fiscalía General entendió que esa condena penal le inhabilitaba para ejercer como máximo responsable del organismo, pero no para seguir siendo fiscal según la ley, y tras unas pocas semanas obtuvo su destino: fiscal ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Su condena se ejecuta, pero solo afecta a una hipotética e improbable posibilidad de volver a ejercer como fiscal general, y la parte económica de la sentencia ya ha sido abonada.

La Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa que instruye la magistrada de Catarroja, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) el aforamiento del expresident Carlos Mazón.

Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana, ha criticado este viernes ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) el aforamiento de Mazón, así como el hecho de que continúe como diputado autonómico del PP. “Es inaguantable ya no solo él, sino todo el Consell”, ha afirmado.

“No solo hace mal su faena, sino que encima se le premia con una subida de sueldo”, ha dicho Toñi García en referencia a la comisión parlamentaria sin prácticamente actividad en la que el PP colocó a Carlos Mazón. “Todos sabemos que está más tiempo en la playa que ocupando su escaño”, ha apostillado.

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024, ha tildado de “ofensivos” los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell durante la catástrofe entregados por la vicepresidenta primera, Susana Camarero: “Nos están gobernando unos incompetentes”.

“Vamos a llegar donde haga falta para obtener verdad, justicia y reparación”, ha advertido Gradolí sobre el recurso ante el TC.

La abogada Míriam Salmerón, que ejerce la representación jurídica de la asociación, ha explicado que Mazón conserva su acta de diputado en las Corts “de manera espuria”, algo que, a su juicio, está teniendo “consecuencias muy negativas para la causa judicial” que se instruye en Catarroja, y ha advertido de que la personación del expresident es “una situación rocambolesca, alegal y que no está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

El “absentismo sistemático” de Mazón en las Corts

El recurso de amparo de la asociación considera que Mazón mantiene “de forma puramente artificial” el acta de diputado autonómico del PP valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca, tras su dimisión como president el pasado 3 de noviembre.

El escrito recuerda el “absentismo sistemático” por parte de Mazón en la cámara autonómica, su “renuncia material al derecho al voto” y la “inactividad absoluta” de la Comisión de Reglamento, de la que el expresident forma parte. También alude a sus “estancias en la playa en horas y días laborables”, tal como desveló este diario.

La misma acusación ya solicitó ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) la “inaplicación” del aforamiento por la “absoluta falta de vínculo funcional con el delito y el uso abusivo del acta parlamentaria”. Tras la decisión del alto tribunal autonómico de descartar la imputación de Mazón, la acusación planteó un recurso de súplica, iniciando así la vía del amparo constitucional.

El recurso recuerda, de entrada, que el aforamiento, lejos de erigirse en un “privilegio de carácter personal” o en un “derecho subjetivo de los ciudadanos que ejercen la política”, supone una “prerrogativa excepcional de carácter estatutario orientada de forma exclusiva a salvaguardar la independencia e inmunidad de las cámaras legislativas”.

Aplicación “formalista y ciega” del aforamiento

Así, la “aplicación automática, formalista y ciega” del aforamiento por parte del TSJ-CV “pulveriza” la “interpretación restrictiva” de esa figura en la jurisprudencia del TC y del Tribunal de Estrasburgo.

Los hechos del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos “fueron ejecutados en el exclusivo ejercicio de las funciones” como jefe del Consell, afirma el recurso de la asociación.

El escrito recuerda que Mazón, tras su dimisión como jefe del Consell a consecuencia de la “negligente” gestión de la emergencia “retuvo de forma nominal e ininterrumpida su escaño y acta de diputado autonómico por la circunscripción de Alicante”.

“Extender el fuero derivado de su escaño legislativo actual por la circunscripción de Alicante para archivar delitos ejecutivos pretéritos supone una analogía extensiva expresamente prohibida por la ley”, apostilla el escrito.

El antecedente de Miguel Ángel Gallardo

El recurso considera que “permitir” que el estatuto de diputado autonómico “opere como una inmunidad absoluta para delitos cometidos en el ámbito estrictamente ejecutivo y ajeno a la Cámara” vulnera la Constitución Española.

El escrito pide al TC que avale la no aplicación del aforamiento de Carlos Mazón al igual que se acordó por parte del TSJ de Extremadura con el líder socialista y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

“No existe una justificación objetiva ni razonable para que las víctimas de la dana vean restringido su acceso a una instrucción penal ordinaria frente a un gestor público que ya no ostenta responsabilidades de gobierno”, concluye.

El PP considera que el Tribunal Constitucional es una de esas instituciones “invadidas” por el ‘sanchismo’. Un órgano tomado al asalto por el PSOE para ponerlo al servicio del Gobierno con sentencias como la de la ley de amnistía. Su principal ‘infiltrado’ es el presidente del órgano, Cándido Conde Pumpido. Su mandato concluyó el pasado mes de diciembre, pero el PP bloquea su renovación desde hace meses. La última prórroga, hasta el 30 de septiembre, se debe a la cántabra Virgen de la Bien Aparecida.

Así figura en las actas tanto de la Mesa del Parlamento de Cantabria como del propio Senado. La asamblea autonómica aprobó el pasado 4 de mayo pedir a la Cámara Alta retrasar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta después del 15 de septiembre. Ese día es la festividad autonómica de la Virgen de la Bien Aparecida, y el calendario de plenos no suele empezar hasta después de esta celebración. 

La decisión se tomó con el visto bueno de todos los miembros de la Mesa oída la Junta de portavoces. El PSOE aceptó con naturalidad la decisión sin cuestionarse si la demora en la elección responde a un interés político en Madrid, informa Olga Agüero.

En el Senado la votación fue distinta, tal y como figura en el acta de la reunión del 12 de mayo. El PP usó su mayoría absoluta para aprobar una nueva prórroga del plazo para presentar candidatos con el voto en contra del PSOE. El documento recoge las quejas de los representantes socialistas, que consideraron que no se había “ofrecido la debida justificación” y que, en todo caso, el Parlamento cántabro tenía muchas semanas por delante antes del verano para hacer sus deberes. 

El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, zanjó el debate sin atender a estos razonamientos y aludió a una hipotética falta de acuerdo en el Parlamento Cántabro que no se había mencionado previamente, según el acta.

Un bloqueo con objetivo político

El Senado acumula así media docena de aplazamientos de la renovación del tribunal de garantías español, pese a que el PP lo ha puesto en su punto de mira como uno de los organismos que Pedro Sánchez ha “asaltado” para utilizarlo en su interés, con su presidente, Cándido Conde-Pumpido, como principal objetivo de las críticas de la derecha.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, y se renueva cada tres años por bloques de cuatro magistrados. Un tercio le corresponde al Congreso, otro al Senado y el tercero se lo reparten Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. La elección en las Cortes Generales requiere de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que ha obligado históricamente al entendimiento entre el PP y el PSOE, con momentos de participación de otros partidos.

En el caso del Senado, tres quintos representan 159 senadores. El PP tiene 143 (ha perdido alguno tras cedérselos a Vox en sus pactos autonómicos). Esos 16 senadores de diferencia explican el bloqueo al que la derecha somete al máximo órgano de interpretación de la Constitución española.

El mandato de los magistrados elegidos hace nueve años por el Senado concluyó el pasado mes de diciembre. Entre ellos está el actual presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, gran enemigo de la derecha ya desde los tiempos en que fue Fiscal General del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP ha acusado a Pumpido expresamente de tumbar sentencias o avalar leyes para favorecer al PSOE y al Gobierno (como el ‘caso ERE’ o la amnistía a los líderes del procés, por ejemplo). También la judicatura se ha lanzado contra el presidente del Constitucional por revertir sentencias del Supremo.

El PP tiene la mayoría absoluta del Senado, y cabría pensar que querría sacar a Pumpido lo antes posible de uno de los cargos institucionales más relevantes que existen en España. Pero no. Los de Alberto Núñez Feijóo han hecho lo posible por posponer el relevo con diferentes excusas.

Pumpido mandó una carta al Senado en agosto de 2025 para recordar que debían poner en marcha el proceso de renovación. La Cámara tenía por delante varios meses para hacerlo, pero el PP optó por el bloqueo. 

La primera excusa para posponer la elección llegó al filo de noviembre, María Guardiola anunció la disolución de la Asamblea de Extremadura y la convocatoria de elecciones para diciembre. El Senado elige a los magistrados del Constitucional a partir de las propuestas que le llegan de los parlamentos autonómicos. Y con el extremeño disuelto, el PP pidió la prórroga.

La excusa decae cuando se constata que el Senado esperó al 15 de diciembre de 2025 para abrir formalmente el plazo de presentación de candidaturas, apenas a dos días de la expiración de los mandatos de los magistrados, y sabedores de que el arranque de 2026 estaría plagado de convocatorias electorales autonómicas.

Los comicios extremeños llegaron el 21 de diciembre. En febrero, fueron los de Aragón. En marzo, los de Castilla y León. Y en mayo, los de Andalucía. Cada elección ha dado lugar a su respectiva prórroga, aplicable a todas las regiones pese a que tanto antes como entre medias ha habido oportunidades para que dichas asambleas legislativas cumplieran con su obligación constitucional.

Porque no solo estas cuatro han pedido prórrogas y están pendientes de enviar sus candidatos. La Asamblea de Madrid, por ejemplo, reclamó el pasado 17 de abril retrasar el plazo con el objetivo de disponer de más tiempo para negociar, proponer y consensuar los perfiles entre los grupos parlamentarios. Su petición fue atendida y sirvió para llevárselo a después del verano.

Otros sí han cumplido. El Parlamento Vasco aprobó el pasado 30 de abril nominar para el cargo a Xabier Arzoz Santisteban y a Javier García Roca. Esta es, junto con la catalana, la única cámara autonómica donde el PP es irrelevante a efectos de una mayoría cualificada.

Dar la vuelta a la mayoría progresista

La realidad, expresada por diferentes dirigentes del PP, es que Alberto Núñez Feijóo no quiere pactar con el Gobierno de Sánchez para evitar los ataques de Vox. El líder de la oposición no quiso dar un perfil pactista con “la mafia”, como llaman al Ejecutivo, durante los procesos electorales de la primera parte del año. Así lo han referido altos cargos del PP en los últimos meses cuando se les ha cuestionado por el bloqueo a la renovación. 

Pero la derecha sueña, además, con ampliar su mayoría en el Senado en las próximas elecciones generales, lograr esos 16 escaños que le faltan para alcanzar los tres quintos y elegir los cuatro nuevos magistrados sin contar con el PSOE.

De esta forma, el PP daría la vuelta a la actual mayoría progresista del Tribunal Constitucional y podría elegir al futuro presidente del órgano.

El pasado marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, denunció en el Senado que el PP “incumple la Constitución” por no renovar “en plazo” el tribunal de garantías. “Fijemos día y hora, señora portavoz, señores del Grupo Parlamentario Popular. Nos sentamos esta misma tarde para empezar a hablar de la renovación”, dijo Bolaños.

No ocurrió. Y sigue sin ocurrir, confirman desde el Ministerio de Presidencia, “lo que evidencia la nula disposición del PP”. El departamento de Bolaños asegura a elDiario.es que “queda clara la voluntad expresa de la mayoría del PP en el Senado para incumplir el mandato constitucional de renovar el Tribunal Constitucional en el plazo debido”, y recuerdan que el partido de Feijóo ya lo hizo con “el Consejo General del Poder Judicial por cerca de cinco años”.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia sobre la Ley 4/2025, de 1 de julio, del paisaje de La Rioja, en la que avala el grueso de la norma, que mantenía varios artículos suspendidos desde abril por un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central. El tribunal ha avalado parcialmente el recurso y únicamente declara inconstitucional y nulo un inciso del artículo 22.3, que hacía referencia a los planes aprobados “por acuerdo del Consejo de Ministros”. El resto de la normativa autonómica se mantiene intacta, condicionada eso sí a una interpretación conforme con la Constitucional.

El recurso, registrado en el Tribunal el 1 de abril de 2026, cuestionaba determinados instrumentos de protección paisajística previstos en la ley autonómica por considerar que podían resultar aplicables a actuaciones de competencia estatal y menoscabar competencias exclusivas atribuidas al Estado por el artículo 149.1 de la Constitución. Apenas quince días después, el 16 de abril, el Constitucional admitió a trámite la demanda y suspendió de forma cautelar la vigencia y aplicación de seis artículos (13.3, 14, 22.3, 23.6, 24 y 28) y de la disposición transitoria segunda en todo aquello que afectara a las actuaciones del Estado.

Cruce de competencias

La sentencia recuerda que cuando el Gobierno central y el autonómico comparten atribuciones sobre un mismo espacio, ninguna administración puede ignorar a la otra. Por ello, recoge el texto, “deben articularse mecanismos de cooperación y coordinación entre administraciones, sin perjuicio de que, en caso de conflicto irresoluble, prevalezca la competencia específicamente atribuida por la Constitución”.

En este sentido, el Pleno aclara que la comunidad autónoma tiene potestad para exigir un “plus de protección” para su entorno, pero no para “reproducir o duplicar trámites ya previstos en la normativa básica” ni añadir controles redundantes que sean “meramente procedimentales y carentes de contenido sustantivo propio”.

Bajo esta premisa, los magistrados han analizado las herramientas de la ley riojana: clasificación de proyectos por su impacto paisajístico, zonificación territorial, estudios de paisaje, estudios de integración paisajística, controles administrativos previos y régimen sancionador. La conclusión es que todas ellas son “compatibles con la Constitución siempre que se interpreten en el sentido de que no resultan aplicables a actuaciones estatales realizadas en ejercicio de competencias exclusivas del Estado ni pueden impedir o condicionar su ejercicio”.

En resumen, la resolución concluye que la protección del paisaje es un “objetivo legítimo” de las comunidades autónomas, pero recuerda que estos instrumentos regionales no pueden condicionar ni duplicar los trámites de las competencias exclusivas del Estado.

El fragmento anulado

Siguiendo este criterio, el Constitucional aprecia insconstitucionalidad y anula el fragmento “o por acuerdo del Consejo de Ministros” del artículo 22.3. El tribunal explica que ese inciso pretendía someter los planes y programas estatales al “Estudio de Paisaje” autonómico, imponiendo un requisito procedimental adicional respecto de actuaciones cuya evaluación corresponde al Estado, lo que resulta contrario al orden constitucional de distribución de competencias.

Respecto al resto de los artículos que el Gobierno de España recurrió y que provocaron la suspensión del texto en abril, el Pleno del TC ha decidido levantar el veto y declararlos constitucionales porque, según recoge la sentencia, “únicamente podrán desplegar efectos respecto de actuaciones sometidas a la competencia de la Comunidad Autónoma, sin afectar al ejercicio de las competencias exclusivas del Estado”.

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón, con Jorge Azcón al frente, contra la ley de amnistía al 'procés' usando los mismos argumentos por los que desestimó los recursos que interpusieron otras comunidades del PP.

Así lo ha comunicado el órgano de garantías en una nota de prensa, en la que ha detallado que en su sentencia, cuya ponente ha sido la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, el tribunal “aplica la doctrina establecida” en fallos anteriores.

Sobre la impugnación de la ley en su conjunto, el Constitucional explica que la sentencia se remite a la doctrina fijada en otras dos sentencias anteriores –una de ellas la que avaló casi la totalidad de la ley en junio de 2025– que acordaron que “de la Constitución no se deriva una prohibición de amnistiar”.

Asimismo, recuerda que “el legislador no incurrió en arbitrariedad” al aprobar la ley de amnistía “y que esta no vulnera la reserva de jurisdicción ni el principio de separación de poderes”. “En consecuencia, se desestiman las alegaciones formuladas contra la ley en su conjunto”, concluye.

El Ejecutivo aragonés “alegaba que la exclusión del ámbito de aplicación de la amnistía de quienes hubieran cometido los delitos amnistiados con la finalidad de oponerse al proceso secesionista catalán vulneraba el derecho a la igualdad”, indica el TC.

Desde el tribunal de la calle Domenico Scarlatti indican que “esta cuestión ya fue resuelta” en una sentencia anterior, “que declaró la inconstitucionalidad de dicho precepto”.

El TC ha comunicado que la sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados del sector conservador: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.