La Asamblea de Murcia desafía la Constitución y recorta un parque regional para proteger una tradición que nunca estuvo en peligro

Durante casi cuatro décadas, treinta y seis ediciones desde 1984, un puñado de coches ha subido cada año a toda velocidad por la carretera que trepa hasta el santuario de La Santa, en pleno corazón de Sierra Espuña. La prueba de rallies se llamaba, con cierto sentido de la redundancia, la Subida a La Santa, y dejó de disputarse en el año 2023, cuando al fin se tuvo en cuenta el detalle de que cruzar a toda pastilla un espacio protegido por varias figuras ambientales no era, quizá, la más prudente de las tradiciones. Desde entonces, el PP y Vox no han parado de buscarle una vuelta al asunto que permita que siga celebrándose.

La última vuelta es una ley aprobada en febrero de este año que saca del Parque Regional 41 hectáreas alrededor del santuario: el recinto del Corazón de Jesús, el mirador del Ángel, la Virgen Blanca, el Convento de las Monjas y el tramo de la carretera RM-502 por el que, casualidades de la vida, discurría el rally. Desde el 8 de marzo, nada de eso forma parte del Parque Regional de Sierra Espuña; al menos, eso es lo que dice la Ley 1/2026 de 2 de marzo aprobada por la mayoría parlamentaria de PP y Vox, porque por encima de esa ley regional siguen en pie dos protecciones que la Asamblea de la Región de Murcia no puede levantar por su cuenta.

Esas 41 hectáreas continúan formando parte de la Red Natura 2000 europea, integradas en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Sierra Espuña, vigente desde 1998, y en la Zona Especial de Conservación (ZEC), declarada apenas unas semanas antes del recorte, el 12 de febrero de 2026. Ambas figuras nacen de directivas comunitarias y ni una mayoría parlamentaria regional ni la propia comunidad autónoma pueden derogarlas: quitar esa protección dependería de Bruselas, no de la Región.

Y este dato es importante: los servicios jurídicos de la Asamblea ya habían avisado de que no se podía sacar esos terrenos del parque. En un informe firmado a las 13:35 del 17 de febrero de 2026, declararon que la iniciativa “no cumple con los requisitos exigidos por la legislación básica estatal para la modificación de los límites de un espacio natural protegido”, y que excluir los terrenos “sin ningún tipo de estudio científico o justificación ambiental que lo avale” le confería “un cierto grado de arbitrariedad”. Cuarenta y ocho horas más tarde, con los votos de PP y de Vox, el Pleno la aprobó igualmente.

Cinco meses después, esa ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Y el pasado viernes 17 de julio, la Asamblea Regional acordó personarse para defenderla, encomendando las alegaciones a sus propios servicios jurídicos: los mismos que la habían desaconsejado por escrito. “Los servicios jurídicos que informaron de la ilegalidad de la ley ahora tienen que alegar contra su propio informe. Esto es kafkiano, surrealista total”, resume José Luis Álvarez Castellanos, coordinador de IU en la Región de Murcia y diputado de IU-Verdes en el Grupo Mixto, que votó en contra de la personación. “Solamente espero que la letrada que hizo el informe no sea la misma a la que le toque alegar, porque entonces ya no sé. Pobre mujer”.

Una ley en seis días

La proposición se había registrado el 14 de febrero de 2025, firmada por los portavoces del PP, Joaquín Segado, y de Vox, José Ángel Antelo, y llevaba un año criando polvo. Hasta que, en febrero de 2026, se aceleró de golpe: el 13 se pidió la urgencia del procedimiento; el 18 la avaló la Junta de Portavoces con el rechazo del PSOE y del Grupo Mixto, y el 19 salió adelante en el Pleno por lectura única. Seis días para una modificación de límites que la legislación estatal reserva a supuestos de evolución natural “científicamente demostrada” y somete siempre a información pública.

En esa misma semana, además, el Consejo de Gobierno había aprobado el 12 de febrero, un día antes de que se pidiera la urgencia, el Decreto 6/2026, que declara Sierra Espuña como Zona Especial de Conservación y aprueba su Plan Rector de Uso y Gestión, el instrumento que fija qué actividades pueden realizarse en el parque y bajo qué condiciones. No se publicó hasta el 4 de marzo y la ley se tramitó entera en ese hueco.

Para Álvarez Castellanos, ahí está la prueba de que la operación se hizo a conciencia: existía un instrumento para regular la actividad con medidas correctoras, igual que se hizo con la romería, y se optó por no usarlo. “Sí se podía haber metido con equis medidas correctoras, y no lo hicieron”, sostiene. “Como no pueden ir por la vía de la autorización, alguna mente iluminada se le ocurre: bueno, pues saquemos el trozo, que es pequeñito, la carretera fuera y ya está. Así de simple”.

“Coches que pueden accidentarse o incendiarse”

La Subida a La Santa no es una carrera cualquiera. Puntúa para el Campeonato de España de Montaña, reúne a cerca de medio centenar de pilotos y se disputa sobre 3,8 kilómetros de la RM-502, con más de doscientos metros de desnivel: coches de competición lanzados por una carretera estrecha flanqueada por pinares. Dejó de correrse en 2023, cuando la dirección general competente en medio natural emitió un informe desfavorable, y volvió a suspenderse en 2024.

El biólogo Jorge Sánchez, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), lo resumía el año pasado a este medio: una cosa es la romería, “que tiene su raíz histórica”, y otra “una prueba deportiva con coches que pueden sufrir accidentes o incendiarse”, una presión que, explicaba, Sierra Espuña no puede soportar. Lo ilustra, sin quererlo, la propia Comunidad Autónoma: el pasado 20 de julio, ante la ola de calor, limitó las actividades en sus montes e incluyó de forma expresa, junto a los fuegos y la pirotecnia, las “pruebas de vehículos a motor”.

El elefante en la habitación

La exposición de motivos se explaya, casi rayando en pura literatura, en las romerías de Santa Eulalia, patrona de Totana desde 1644, en los naranjos y limoneros de los Huertos y en el sendero del Peregrino. Habla de todo menos de los hechos que la motivan. Aunque puertas afuera no se molestaron en disimular: cuando salió adelante, la propia dirección del PP la celebró como la ley que permitiría volver a correr el rally “como en las últimas 37 ediciones”.

Y lo hace invocando algo que nunca estuvo prohibido: la romería figura como uso preferente en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 1995, y el propio informe de los servicios jurídicos añade no saber qué impide hoy celebrarla ni si podría resolverse con condiciones específicas, en lugar de sacando el terreno del parque. “La romería se ha autorizado toda la vida, está incorporada a los instrumentos de gestión del parque y no ha habido nunca ningún problema”, apunta Rubén Vives, portavoz de Ecologistas en Acción en la Región. “Utilizan eso como ariete”. Álvarez Castellanos lo dice con otras palabras: “El rally es como el elefante en la habitación, que todo el mundo sabe que está ahí, pero del que nadie habla”.

“Yo estoy convencido de que probablemente el rally no se va a poder volver a hacer, desde luego no en el trazado tradicional”, admite Álvarez Castellanos. “Y están buscando una salida para poder decir: si al final esto no se puede hacer, no es culpa nuestra. De cara a la galería, parece que es el Gobierno regional el que prohíbe el rally ya que la prohibición sale de su propia Consejería de Medio Ambiente”. Lleva tres años suspendido por decisión de la dirección general competente, con informes técnicos en contra desde mucho antes.

Vives va más allá: cree que la ley no se escribió para prosperar, sino para construir un relato. “Ellos ya saben que esto tiene un riesgo, pero pequeño. No está pensado para convencer a nadie, sino para los suyos, para darle argumentos a su gente: ‘al final esto no se hace porque los ecologistas no quieren y porque el Constitucional está con los ecologistas’. Juegan al victimismo”. Y remata: “Se llenan la boca de legalidad y de Constitución, pero solo cuando les beneficia a ellos”.

El PP y Vox lo cuentan de otra manera. El documento con el que la ponencia de ambos grupos propone defender la norma, adelantado por La Opinión de Murcia, niega que haya “una regresión material de la protección ambiental”: los terrenos excluidos “seguirán sometidos a las figuras de protección europeas y estatales, como la Red Natura 2000”, y son zonas pavimentadas, edificaciones y áreas de uso público intensivo que “nunca constituyeron el núcleo ecológico del espacio protegido. La ley no sacrifica la protección ambiental, sino que busca su convivencia mediante una delimitación más ajustada a la realidad territorial”, concluye.

El principio de no regresión

Todo este pleito gira, en el fondo, alrededor de una precepto legal: el principio de no regresión ambiental. Lo explica Eduardo Salazar, abogado ambientalista vinculado a Ecologistas en Acción: “Si tú proteges un espacio natural, no puedes ir para atrás. Si lo proteges y diste unas razones científicas para protegerlo, el principio de no regresión en derecho ambiental impide que puedas ir para atrás”. Su traducción legal es el artículo 52 de la Ley 42/2007: solo cabe sacar terreno de un espacio protegido cuando lo justifiquen cambios producidos en él por su evolución natural, científicamente demostrada. No por conveniencia, ni por tradición, ni por un rally.

Preguntado por qué debería haber hecho la Asamblea para que la reforma fuera legal, Salazar responde que, sencillamente, no había nada que hacer: “El Parque no se puede modificar así, ni por ley ni por nada; haría falta una pérdida de valor de origen no humano, acreditada físicamente”. Y pone ejemplos de la propia Región: no se puede desproteger Calblanque, ni se pudo con Cabo Cope. Los servicios jurídicos de la Asamblea habían llegado por escrito a la misma conclusión: la exclusión, sin justificación ambiental, incurre en “un cierto grado de arbitrariedad, vulnerando con ello el principio de no regresión ambiental, reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como del Tribunal Constitucional”.

“Aunque le quiten la definición de parque, aquello sigue siendo Red Natura, y eso no depende de ellos, depende de Europa, que no recorta límites así, a la ligera”, zanja Vives. Álvarez Castellanos le da la vuelta al argumento contrario: “Si me dicen que la figura de parque no añade ningún elemento de protección porque ya basta con la Red Natura, entonces eliminemos el parque regional entero. ¿Para qué nos sirve?”. Ni siquiera los números cuadran entre sí: la exposición de motivos habla de un 0,3% del parque y PP y Vox manejan 54,3 hectáreas, pero el anexo con las coordenadas (su delimitación con efecto jurídico) encierra 41, el 0,23% de las 17.804 que tiene Sierra Espuña.

La vía penal y la constitucional

Antes del Constitucional, Ecologistas en Acción probó la vía penal: el 10 de abril denunció ante la Fiscalía por presunta prevaricación a los seis miembros de la Junta de Portavoces que votaron la urgencia, por hacerlo a sabiendas del informe jurídico. La Fiscalía la archivó, y Salazar admite que no había caso: “No es prevaricación porque no está tipificado; una votación parlamentaria no lo es, no tiene tipo penal porque no es delito”. La denuncia fue más gesto que vía; la batalla de verdad está en el Constitucional.

Allí, el recurso lo presentó el Defensor del Pueblo, a instancia de los ecologistas. El Pleno lo admitió el 23 de junio, y de ahí nace el emplazamiento que ha llevado a la Asamblea a personarse. Sin embargo, la admisión no suspende la ley, así que la norma se aplica y los terrenos seguirán fuera del parque hasta que el tribunal resuelva lo contrario.

“No vamos a dejar que esto quede así”, avisan desde Ecologistas en Acción, que recuerdan Marina de Cope, Carrascoy y las Salinas de San Pedro. El precedente que todos citan es el primero: en 2012 el Constitucional anuló la desprotección de cerca de 15.000 hectáreas para el macroproyecto de Marina de Cope y pasaron once años hasta que el pleito por fin se resolvió.

Mientras tanto, cada 8 de diciembre la patrona seguirá bajando del santuario a Totana por un paraje que ya no es Parque Regional, pero sigue siendo Red Natura, por lo que la Asamblea Regional, con la mayoría derechista en ristre, se ha enfrentado a la Carta Magna de la nación para proteger una tradición que nunca estuvo en peligro, mientras su objetivo secundario, que era y es el rally de Totana, seguirá sin poder celebrarse.